Post on 04-Oct-2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIAMinistro Miguel Rodríguez Torres MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAMinistra Pedro Calzadilla
AUTORIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDADRectoraSoraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo AcadémicoAimara Aguilar Vicerrector de Creación Intelectual y Vinculación SocialMaría Lucrecia HernándezSecretarioFrank Bermúdez Sanabria
CONSEJO EDITORIAL UNESRectora Soraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo Académico Aimara Aguilar Vicerrector de Creación Intelectual y Vinculación Social María Lucrecia Hernández Secretario Frank Bermúdez SanabriaSecretario Técnico del Consejo Editorial Agustín ArzolaDirectora de Gestión Comunicacional Mariela SilvaDirector General FundaUnes Ernesto Quijada
REVISTA COMUNES 2, noviembre 2012 - abril 2013Depósito legal pp201202DC4046ISSN 2343-5666
Consejo Editorial Soraya El Achkar, Máximo Sozzo, María Lucrecia Hernández, Carlos Hernaiz, Antonio González Plessmann y Luis Díaz PereiraDirectora María Lucrecia HernándezCoordinación editorial Eleonora SilvaDiseño gráfico Eleonora Silva y John MendozaCorrección José Manuel Guilarte y Nelba GarcíaFotografía Miguel Pereira
Impresión Imprenta Unes
El contenido de los artículos firmados y las opiniones vertidas son de estricta responsabilidad de sus autores y autoras, y no necesariamente reflejan la posición editorial de ComUNES.
Atribución-NoComercial-Compartir Igual. Todas y todos somos libres de compartir, copiar, distribuir y comunicar públicamente los contenidos de esta Revista; bajo las condiciones de reconocer la fuente y de hacerlo sin fines comerciales. De alterarla o generar obras derivadas, prelan idénticas condiciones.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)Dirección: Calle La Línea, zona industrial L, Catia. Apartado postal: Caracas 1030 – Venezuela | Caracas, mayo de 2013
WWW.UNES.EDU.VE
Presentación
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) es el resultado
de un largo itinerario de discusiones, luchas y aprendizajes en los campos de la
seguridad ciudadana, la reforma policial, los derechos humanos y los procesos
educativos orientados a la transformación social. Se trata de un proyecto, nece-
sariamente inacabado, lleno de retos y aprendizajes, que viene convocando a una
diversidad de actores –académicos, activistas de derechos humanos, funcionarios
de cuerpos de seguridad ciudadana, militantes de movimientos sociales y comu-
nitarios– que, desde las particularidades de sus trayectorias y opciones de vida, se
encuentran para cumplir los objetivos de la Universidad.
ComUNES es la revista académica de este proyecto. Desde sus páginas aspira a
contribuir a los debates y elaboración de propuestas y estrategias sobre cómo ha-
cer realidad y democratizar, en la vida de la población venezolana, el derecho a la
seguridad ciudadana. La Revista opta por la socialización de enfoques y análisis
que se inscriben en una perspectiva crítica, de la que nos animamos a hacer algu-
nas precisiones:
» Es impugnadora, ya que no solo devela y desacredita las racionalidades y
dispositivos estratégicos que naturalizan las desigualdades y la opresión y
que, por tanto, obstaculizan la construcción de una sociedad radicalmente
democrática y un Estado social de derecho y de justicia, sino que insta a pro-
cesos de transformación y creación.
» Es fecunda y creativa, ya que abre caminos a lo nuevo y evita la reproduc-
ción de las racionalidades que se quieren zanjar de los proyectos, programas
y políticas que el Estado o la sociedad se formulan, en su afán de transformar
la realidad.
3
» Está imbricada en procesos, ya que se relaciona de
distintas formas enriquecedoras con sujetos en lucha
y procesos de transformación social, todos orientados
a la búsqueda de la igualdad sustantiva y el protago-
nismo popular; a su vez, esta perspectiva crítica se
construye a partir de esta articulación.
» Es descolonizadora, ya que promueve los diálogos
Sur-Sur y el pensar desde las condiciones y contextos
de los sujetos y pueblos del Sur Global, en un diálogo
desprejuiciado con el Norte Global, que trasciende el
rol de meros comentaristas.
Las perspectivas que prioriza ComUNES son necesaria-
mente contrahegemónicas, ya que es notorio que en el
campo de la seguridad ciudadana y el control social, el
pensamiento conservador cuenta con mayor nivel de di-
fusión y aceptación y que ha cooptado los espacios aca-
démicos y de construcción de políticas. La privatización
de la seguridad, el aumento de la criminalización de con-
ductas, el aumento de la severidad de las penas y del en-
carcelamiento, así como la tendencia a la policialización
de problemas sociales, son algunos de los rasgos de este
pensamiento hegemónico asociado a la reproducción de
la desigualdad y del que claramente vamos a contravía.
» » »
Hemos querido dedicar el segundo número de la Revista
ComUNES a revisar la discusión de las políticas públicas
con enfoque de izquierda que se vienen dando en materia
de seguridad ciudadana. Pensar este tipo de política para
Venezuela y para cada país de Nuestra América, sigue
siendo hoy en día uno de los retos y deudas más impor-
tantes que el Estado tiene con la sociedad y esta para con-
sigo misma. Esta afirmación alcanza mayor relevancia
cuando reconocemos que América Latina es desde hace
una década el epicentro de una nueva ola de procesos so-
ciopolíticos de carácter contrahegemónico, con variados
grados de conflicto con el capitalismo. En este sentido, el
eje conductor del presente número avanza sobre el análi-
sis de las experiencias en la implementación de políticas
públicas de seguridad ciudadana en América Latina, así
como la discusión teórica en este ámbito.
CoNSEjo EDitoRiAL
4 | presentación
Contenido
ARTíCULOS Y ENSAYOS
9 Descolonización y poder punitivoRaúl Zaffaroni
25 La experiencia de prevención del delito en EuropaRossella Selmini
DOSSIER UNA MIRADA DE IZQUIERDA DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD
55 Seguridad y autocolonizaciónVera Malaguti Batista
71 La seguridad ciudadana y el modelo represivo de la derecha política venezolanaEdwin Rojas Mata
79 Un paso adelante, dos atrásEl kirchnerismo ante la cuestión policial (2003-2012)Marcelo Fabián Sain
119 Ideas para mirar la política de seguridad durante el gobierno del presidente ChávezMaría Lucrecia Hernández
151 Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva críticaAmadeu Recasens i Brunet
AVANCES DE INVESTIGACIÓN
171 La des/legitimación del delitoAproximaciones hacia una práctica ignotaMario Millones Espinosa
180 Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en VenezuelaDorennys Angulo García
184 Estudio sobre la construcción de la identidad profesional de la PNB desde los ambientes de formación inicialCaso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)Luis Díaz
191 Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experienciaYosjuan Piña Narváez, Eliseb Anuel, Joalbert Parra y Angie León
ENTREVISTA
201 MÁXIMO SOZZO Recursos de la izquierda para pensar alternativas
por Antonio González Plessmann
RESEÑAS Y COMENTARIOS
213 Comentarios al DLOSPICristóbal Cornieles Perret Gentil
218 Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos criminológicos.Carlos Avendaño
223 Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)Gabriel Salazar Pineda
DOCUMENTOS
227 Gran Misión A Toda Vida VenezuelaResumen borrador sometido a consulta pública
artíCulos y ensayos
Descolonización y poder punitivoRaúl Zaffaroni
La experiencia de prevención del delito en EuropaRossella Selmini
9
Descolonización y poder punitivo *RAÚL ZAFFARONI **
Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de
esta Universidad por el altísimo honor que me confieren.
Siento el enorme peso de la historia en esta cuna del pensamiento revo-
lucionario emancipador, en el centro difusor de las ideas de nuestras revo-
* Texto de la Lectio Doctoralis en ocasión de recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Real, Mayor y Pontificia de San javier de Chuquisaca, en Sucre, Bolivia, el 26 de marzo de 2012.
** Eugenio Raúl Zaffaroni es catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires y uno de los tratadistas más importantes de la ciencia penal iberoamericana. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral (1964) y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina desde 2003. Es además profesor emérito y di-rector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Doctor honoris causa de varias universidades de América Latina y Europa. Es au-tor de proyectos de reformas a los códigos penales argentino (1991), ecuatoriano (1969 y 1992) y costarricense (1991). Presidió la comisión de reforma integral al Código Penal de Bolivia. Ha publicado más de 25 obras, entre las cuales podemos destacar el Manual de Derecho Penal (editado también en México y Perú, y adaptado al derecho penal bra-sileño en coautoría con José Henrique Pierangeli), su Tratado de Derecho Penal en cinco volúmenes (reeditado también en México); En busca de las penas perdidas (traducido al portugués y al italiano), Estructuras judiciales (traducido al portugués) y últimamente La cuestión criminal y La Pachamama y lo humano (con Oswaldo Bayer), ambas del año 2012. También es autor de numerosos artículos, folletos y trabajos breves, partici-pa en publicaciones periódica nacionales e internacionales; prólogos y presentaciones; comentarios bibliográficos; proyectos y trabajos legislativos; artículos periodísticos; opi-niones y dictámenes; traducciones; participación en congresos y seminarios; cursillos, ciclos de conferencias y clases extraordinarias. (Nota de los Editores.)
10 | artículos y ensayos
luciones, del 25 de mayo de 1809 y de 1810, siendo esta
última la que dio lugar al primer gobierno patrio de la
Argentina, por cierto encabezado por un potosino.
Me conmueve pensar en los próceres que pasaron
por los claustros de esta Universidad y que recibieron las
luces de los destellos ideológicos y jurídicos de la Acade-
mia Carolina de Charcas: Mariano Moreno, Bernardo
de Monteagudo, juan josé Castelli, josé ignacio Gorriti,
josé Mariano Serrano, Manuel Rodríguez de Quiroga,
Mariano Alejo Álvarez, jaime de Zudáñez, por nombrar
algunos, redactores de constituciones, revolucionarios,
firmantes de actas de independencia, magistrados, mi-
nistros, soñadores de nuestra América del Sur.
El tema con que me permito recibir esta altísima dis-
tinción no se halla separado de la tradición iniciada en
este centro irradiador de luces. tratar una cuestión de
política criminal implica ocuparse de un capítulo de la
política, pues el viejo concepto supuestamente aséptico
de Franz von Liszt está hoy superado. En tanto que la
dogmática jurídico-penal es un proyecto técnico de polí-
tica judicial, es decir, de la operatividad de un sector del
sistema penal, la política criminal abarca el total sentido
del ejercicio de poder de ese aparato y, por ende, la impli-
ca. A su vez, el ejercicio de poder del sistema penal forma
parte de la totalidad de la política o ejercicio del poder del
Estado.
Es indiscutible, pues, que el poder punitivo está im-
bricado en el eje de la política en el sentido amplio de
gobierno de la polis, pero en un mundo cada vez más
comunicado las sociedades no están aisladas; su poder
interno está inserto en una red de poderes planetarios y,
en el caso de nuestra región latinoamericana, el poder en
nuestras sociedades no puede desvincularse del proceso
de descolonización, que no culminó con la independen-
cia del siglo XiX, sino que comenzó con ella y perdura
hasta el presente.
Su culminación solo tendrá lugar cuando realicemos
el ideal de nuestros libertadores y concretemos la Patria
Grande, en la que ninguno de nuestros conciudadanos
carezca de lo elemental para una existencia digna. Este
objetivo aún no se ha logrado, por lo cual no podemos en
modo alguno regodearnos con discursos fúnebres desti-
nados al colonialismo, que goza de buena salud.
Son tres, hasta ahora, las etapas del colonialismo en
nuestra región, insertadas en los momentos de poder
mundial e indisolublemente unidas a diferentes modali-
dades de ejercicio del poder punitivo. La primera fue (a)
el colonialismo en sentido estricto practicado por las poten-
cias ibéricas hasta el siglo XiX; (b) la segunda fue lo que
Darcy Ribeiro y otros pensadores llaman el neocolonialis-
mo, ejercido por la nueva hegemonía mundial a la caída
de los decadentes imperios ibéricos, en especial Gran Bre-
taña; (c) la tercera etapa es la actual, de tardocolonialismo
o etapa superior del colonialismo.
Este proceso –como dijimos– no es independiente del
poder punitivo, sino que a este le incumbe un papel cen-
tral, pues, por un lado, es el instrumento que verticaliza
a las sociedades en forma de ejército para condicionarle
su carácter colonizador y, por otro, es el que permite hacer
del territorio conquistado un inmenso campo de concen-
tración.
Me explico mejor: en toda sociedad se ejerce poder;
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 11
hay dos formas de ejercicio del poder social que siempre
existieron: el que resuelve los conflictos en forma repara-
dora (más o menos el esquema del derecho privado) y el
que lo hace deteniendo un proceso lesivo en curso o in-
minente (la coerción directa del derecho administrativo,
antes llamada poder de policía).
En pequeña medida también siempre existe un poder
del soberano o gobernante (individual o asamblea) para
eliminar a los que ponen en peligro al conjunto, pero
cuando este poder se extiende a otros conflictos y el sobe-
rano se declara lesionado único, se produce la confiscación
de los conflictos y el poder punitivo se vale de la venganza
colectiva para legitimar su creciente poder, aunque en
realidad lo ejerce para verticalizar jerárquicamente a la
sociedad.
De este modo, a medida que avanza el poder punitivo
con su confiscación de conflictos, las sociedades van per-
diendo los lazos horizontales que hacen a la comunidad,
al sentido de pertenencia simpática a algo común, para
ser reemplazados por vínculos verticales corporativos de
subordinación. La sociedad toda tiende a convertirse en
un ejército y cuando este proceso alcanza su coronación,
si la debilidad de las sociedades a su alcance se lo permite,
se lanza a su conquista. Eso es lo que hizo Roma con toda
Europa y luego Europa con todo el planeta.
Pero la fuerza vertical corporativa acaba petrificando a
la sociedad colonizadora, la inmoviliza impidiéndole adap-
tarse a las cambiantes situaciones de la dinámica del po-
der, y la propia jerarquización obtenida mediante el poder
punitivo como condición colonizadora o imperial es la que
determina su ocaso y caída. Esto ha sucedido claramente
con Roma y siglos después con el imperio ibérico.
Comunidad y sociedad jerarquizada son dos modelos que
en sus extremos son incompatibles. El poder punitivo es
destructor de los vínculos comunitarios, porque es poder
vertical, en tanto que aquellos son horizontales. Para
desarrollar la comunidad es menester limitar o reducir
el poder punitivo. Precisamente por eso, la comunidad del
pueblo nazista, la Volksgemeinschaft, fue una caricatura de
comunidad, porque esta jamás se puede organizar con
base en la exacerbación máxima del poder punitivo, que
es precisamente lo que la destruye; la Volksgemeinschaft
no fue otra cosa que un intento de extrema verticaliza-
ción social corporativa disfrazado de comunidad.
En nuestro continente el poder punitivo era mínimo
a la llegada del colonizador. Si bien en algunos puntos se
ejercía limitadamente por el gobernante para mantener
el poder e incluso para extenderlo a los pueblos vecinos,
la confiscación indiscriminada de conflictos era extraña
a nuestras culturas originarias y los procedimientos de
incorporación no parecían responder a los métodos que
trajeron los ibéricos (el respeto a las deidades del pueblo
incorporado, por ejemplo). Es posible que sin la coloniza-
ción se hubiese extendido el poder punitivo en algunos
puntos de nuestra región, pero, como es sabido, la histo-
ria no se escribe con potenciales y este proceso, si existió,
fue violentamente interrumpido.
El poder punitivo que trajeron los colonizadores con-
sistió en una formidable ocupación policial de territorio,
que lo convirtió en un inmenso campo de concentración
(una colonia no es más que eso), situación que perduró
12 | artículos y ensayos
hasta que los imperios ibéricos decayeron por efecto de su
propia estructura jerárquica, que les impidió adaptarse a
las condiciones que les imponía la Revolución industrial
y, por ende, perdieron la hegemonía central, que pasó a
las potencias del centro y norte europeos.
En ese momento de debilidad imperial fue cuando
nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre y los ju-
ristas formados en esta Casa concibieron la Patria Grande
y la liberación de nuestros pueblos. Soñaron y establecie-
ron el objetivo final de la descolonización. Para ello se les
imponía desbaratar el poder punitivo del gran campo de
concentración que liberaban. Por eso tomaron los mo-
delos legislativos y la ideas disponibles en su tiempo: la
Constitución norteamericana era el modelo de república
único en ese momento; el código español de 1822 era el
producto del relámpago liberal de la península, que a la
vez sirvió para impedir que un ejército de reconquista co-
lonial se lanzase sobre nosotros para ahogar en sangre
nuestra independencia. San Martín y Bolívar llevaban
en sus mochilas el pequeño librito liberal de Manuel de
Lardizábal y Uribe, llamado el Beccaria español.
Nuestros libertadores comandaban ejércitos pluriét-
nicos y, por tanto, no eran racistas. Castelli, egresado de
esta Alta Casa, abolió las instituciones coloniales de ser-
vidumbre de los indios en esta región. El pensamiento de
los fundadores fue igualitario y liberal, conscientes de la
necesidad de limitar y controlar al poder punitivo para
estimular el sentimiento comunitario.
Pero nuestros libertadores fueron víctimas de un robo
a mano armada. El nuevo poder hegemónico mundial no
podía permitir el éxito inmediato de su empresa. Bolí-
var murió un poco antes de que un nuevo atentado le
diese muerte; San Martín se percató de la momentánea
imposibilidad y eligió el exilio; Sucre fue cobardemente
asesinado; Monteagudo fue apuñalado por un sicario en
Lima; Mariano Moreno murió misteriosamente a bordo
de un navío británico; Artigas fue obligado a exiliarse en
Paraguay, etcétera.
Nuestra región se balcanizó empeñada en sangrientas
luchas fratricidas, hasta que minorías corruptas monta-
ron pseudo-feudalismos criollos mediante el ejercicio de un
poder punitivo de ocupación territorial adecuado a las
nuevas condiciones, o sea, al servicio de gamonales y ca-
pataces serviles a las oligarquías terratenientes o extrac-
tivas. Este fue el panorama desde el porfiriato mexicano
hasta la República Vehla brasileña, desde la oligarquía de la
carne enfriada argentina hasta el patriciado peruano.
Pero lo más valioso que esas oligarquías robaron a
nuestros libertadores fue el discurso liberal: lo bastardea-
ron, lo pasaron por el fango de sus intereses corruptos, lo
consagraron en leyes y constituciones con garantías que
jamás se respetaron. La soberanía del pueblo quedó solo
por escrito, relegada a un lejano futuro en que, merced a
la supuesta tutela de estas oligarquías proconsulares de
la nueva hegemonía mundial, nuestros pueblos alcan-
zarían el desarrollo biológico que les permitiese ejercerla,
pues de momento su inferioridad racial no lo hacía viable.
El discurso del grosero ingeniero ferroviario Spencer
campeaba en nuestras universidades y legitimaba a las
minorías de las repúblicas oligárquicas y a su poder policial
punitivo. Las razas inferiores eran peligrosas y mucho más
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 13
los mestizos, teorizados como desequilibrados productos
de mezclas raciales incompatibles.
Nuestros pueblos aprendieron a desconfiar de las leyes
y de las instituciones que eran invocadas por sus opresores
y explotadores. Esta carga de desconfianza institucional se
arrastró a lo largo de la etapa de lucha contra el neoco-
lonialismo, que comenzó con la Revolución Mexicana de
1910, la guerra civil más sangrienta del siglo pasado, en
medio de la cual nació al mundo el constitucionalismo
social con la Carta de Querétaro (Constitución de 1917),
impuesta por los diputados campesinos y obreros.
Esta resistencia al neocolonialismo se prolongó a lo
largo de la mayor parte del siglo pasado y fue llevada ade-
lante por movimientos populares que ampliaron la base
de la ciudadanía real, o sea, de un protagonismo político
que presuponía la satisfacción de elementales necesida-
des de vida digna. Fueron los llamados populismos, tan
denostados por muchos de nuestros intelectuales, en par-
ticular cuando la realidad no se aviene con las formas y
circunstancias lineales que ellos imaginaron. Esto obe-
dece a que una parte de nuestra intelectualidad cree que
cuando los hechos no coinciden con la idea, corresponde
declarar errados los hechos en lugar de rectificar la idea.
tales populismos fueron los gobiernos de Lázaro Cár-
denas en México, de Getúlio Vargas en Brasil, de Hipó-
lito Yrigoyen y juan Domingo Perón en Argentina, de
josé María Velasco ibarra en Ecuador, del MNR bolivia-
no, así como el APRA y Víctor Raúl Haya de la torre
en Perú, etcétera. El más superficial análisis histórico
demuestra que fueron diferentes, como correspondía a
la disparidad de realidades, pero todos tuvieron en común
la considerable y a veces abrupta ampliación de la ciudada-
nía real.
Estos populismos también compartieron defectos en
diferente medida: personalismo, contradicciones, vacila-
ciones, excesos, paternalismo, algún grado de autorita-
rismo y hasta de poder punitivo innecesario. En cuanto
a corrupción, su nivel fue siempre muy inferior al de las
repúblicas oligárquicas, que se permitieron alardear de
moralidad cuando en realidad operaban legalmente den-
tro de un sistema de explotación y corrupción legalizadas.
Además, no faltan quienes pretenden considerarlos fas-
cistas, cuando es sabido que el fascismo requiere un mito
imperial, inconcebible en una lucha anticolonial.
No es menester ignorar ni minimizar los defectos de
nuestros populismos del siglo pasado para verificar que
en el balance histórico salen altamente beneficiados en
dos sentidos. El primero de ellos es demasiado obvio: sin
los populismos es probable que muchos o la mayoría de
nosotros no estaríamos hoy aquí y quizá ni siquiera hu-
biésemos aprendido a leer y escribir.
El segundo es que todos los abusos cometidos por
los populismos resultan insignificantes en comparación
con las atrocidades, violencias, masacres y crueldades
de todo orden, llevadas a cabo por quienes usurparon el
adjetivo liberal y opusieron resistencia a la ampliación de
ciudadanía o procuraron desmontar de raíz la obra de
extensión de los populismos.
Pero cuando incorporamos al platillo de la resistencia
a la ampliación ciudadana la última batalla del neocolo-
nialismo, que fueron las llamadas dictaduras de seguridad
14 | artículos y ensayos
nacional, los posibles o reales abusos populistas resultan
directamente insignificantes.
En este capítulo de nuestra historia regional, el poder
mundial y las fuerzas regresivas locales pervirtieron a
nuestros oficiales militares y convirtieron a nuestras pro-
pias fuerzas armadas –fundadas por los libertadores– en
policías de ocupación, dando lugar a un fenómeno de au-
tocolonialismo de increíble crueldad. El descaro autoco-
lonial llegó al grado de asumir sin reparo un discurso co-
lonialista europeo, como era la idea de seguridad nacional
importada de las tesis francesas de ocupación de Argelia
y Vietnam y del terrorismo de la oAS, cuya cabeza visi-
ble fue discursivamente defendida por el ideólogo nazista
Carl Schmitt en su famosa conferencia sobre la teoría del
partisano, pronunciada en la Universidad de Pamplona
en plena dictadura franquista.
El saldo de este último coletazo del neocolonialismo
en Latinoamérica es atroz: cientos de miles de muertos,
torturados y desaparecidos, terrorismo e intimidación
pública sin límites, persecuciones ideológicas absurdas,
exilios masivos, generaciones decapitadas intelectual-
mente, avasallamiento de todas las instituciones como
nunca antes se había conocido, todo en el marco de una
incalificable empresa de autocolonización.
El poder punitivo de seguridad nacional triplicó el siste-
ma penal, como bien lo señaló hace años la criminóloga
venezolana Lola Aniyar de Castro. junto al sistema penal
oficial se montó otro paralelo, válido de estados de excep-
ción, con miles de prisioneros sin proceso ni imputación
alguna, y junto a este un sistema penal subterráneo, total-
mente arbitrario y encargado de las ejecuciones, tortu-
ras y desapariciones, que entre otras atrocidades arrojó a
personas vivas desde aviones, secuestró y privó de identi-
dad a niños y hasta empaló a algún adolescente.
Acabó trágicamente la etapa del neocolonialismo a
partir de la empresa bélica llevada a cabo en Malvinas
por la dictadura argentina en descomposición económi-
ca, que sumó otra incalculable cuota de dolor y muerte
de adolescentes comandados por irresponsables. Cruen-
tamente se cerró la segunda etapa del colonialismo en la
región, igual que como había comenzado, vertiendo san-
gre de los más carenciados de nuestros pueblos.
Cabe preguntar, ante este balance, quién fue más li-
beral o, si se prefiere, quién fue menos antiliberal: ¿los po-
pulismos o sus detractores? La respuesta no deja ningún
lugar a dudas: los más liberales –o los menos antilibera-
les– fueron siempre los movimientos populares. El poder
punitivo fue en ellos mucho más limitado y prudente que
el terrorismo sembrado por sus opositores. Sus excesos
punitivos fueron juegos de niños, comparados con la
atrocidad programada.
En el camino hacia la descolonización, conforme al
objetivo final trazado por Bolívar y San Martín, nos en-
frentamos con la tercera etapa del colonialismo: el tardo-
colonialismo o etapa superior del colonialismo.
Esta etapa se caracteriza por enmarcarse en un mo-
mento de poder mundial en que se disputa su ejercicio
entre las grandes corporaciones económicas y los polí-
ticos. La concentración del poder económico y el predo-
minio del capital especulativo hacen que hoy baje desde
el mundo central esta opción. ¿Quién decide: el poder po-
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 15
lítico elegido por los pueblos o el poder económico de las
corporaciones?
El embate de las corporaciones sigue hasta el presente
usurpando, bastardeando y desnaturalizando el califica-
tivo de liberal. Para eso trata de identificar lo liberal con la
libertad de mercado o el llamado neoliberalismo o liberalis-
mo económico, proclamado por nuestros cipayos locales
que postulan –siguiendo a peregrinos publicitarios im-
perialistas– la indisolubilidad de este supuesto liberalismo
con la libertad política.
Lo cierto es que la libertad de mercado así entendida se
traduce en libertad para explotar al prójimo y, cuando este
se cansa y resiste, en cancelación de todas las libertades
y ejercicio ilimitado de poder punitivo, como hemos te-
nido reiteradas oportunidades de verificarlo en nuestra
región.
El poder planetario y los cipayos entregados a los in-
tereses de las corporaciones desataron una enorme co-
rrupción en los primeros lustros de nuestras democracias
postdictatoriales, dando lugar a verdaderos desmantela-
mientos de nuestros estados, con dispersión irresponsa-
ble del capital estatal y entrega de resortes claves de las
economías nacionales, destruyendo hasta donde les fue
posible los avances del estado social de derecho. Este ca-
pítulo inicial del tardocolonialismo llegó a su fin porque
provocó gravísimas crisis económicas y políticas y desa-
creditó a sus voceros locales, muchos de los cuales opta-
ron por retirarse a la vida privada a disfrutar de los bene-
ficios obtenidos, en tanto que otros reaparecen de vez en
cuando como patéticos aunque peligrosos zombies.
En este primer paso del tardocolonialismo el poder
punitivo se ejerció agudizando la selectividad estructu-
ral que lo caracteriza, en particular en forma de control
sobre los segmentos sociales carenciados y excluidos del
sistema por el retroceso causado por las dictaduras de se-
guridad nacional y por el propio poder corrupto de las
grandes corporaciones a través de sus empleados locales.
La construcción mediática de la realidad, en especial a
través de la televisión, mostraba que con penas despro-
porcionadas y restricciones a la excarcelación los exclui-
dos no molestarían, conforme al conocido proyecto de
sociedad 30 y 70 (30% de incluidos y 70% de excluidos).
El resultado fue la superpoblación penitenciaria, las
revueltas con alto número de muertes, la destrucción
de los códigos penales, la mayor autonomización de las
policías, la ampliación de sus fuentes de recaudación
autónoma, su consiguiente descalificación pública y su
creciente ineficacia preventiva.
El desempleo provocado por las crisis finales del pro-
ceso de desmantelamiento de los estados travestido de
fundamentalismo de mercado, la destrucción de la pre-
visión social, de la salud pública y de la educación, la
consiguiente multiplicación de los conflictos sociales y
de la incapacidad para resolverlos, imposibilitaron cual-
quier tentativa de prevención primaria orientada hacia
la fuente misma del conflicto social, en tanto que el de-
terioro policial debilitó la posibilidad de prevención se-
cundaria (policial). Estas eran las condiciones cuando se
cerró el primer capítulo del tardocolonialismo. Pero este
avanza ahora por otros caminos y, fundamentalmente,
se centra en dos flancos de ataque: (a) por un lado, quiere
aniquilar la consciencia latinoamericana y, (b) por otro,
16 | artículos y ensayos
destruir nuestros vínculos horizontales o comunitarios
mediante creaciones de realidad que generen violencias
y conflictos y provoquen un aumento ilimitado del poder
punitivo, que a la vez reclaman a los alaridos.
En el primer sentido se afirma que entre un maya yu-
cateco y un habitante de Buenos Aires, entre un afrobra-
sileño de Bahía y un araucano, no hay nada en común, o
sea que, como máximo, no somos más que un montón de
náufragos. Quizá porque en inglés (to be) y alemán (sein)
no se distingue ser y estar, se pretende que estamos pero no
somos. Y esto lo repiten algunos de los nuestros que, por
cierto, usan ambos verbos, pues no faltan entre nosotros
los intelectuales que pontifican contra las mayorías igno-
rantes y desprevenidas, aún no aptas para la democracia,
supuestamente engañadas por oportunistas y corruptos.
Pero dejando de lado a nuestros dignos herederos del
racismo de las repúblicas oligárquicas, que parecen no ha-
berse enterado del paso de la historia, cabe preguntar-
se qué somos los latinoamericanos. ¿Cuál es el común
denominador de nuestra ciudadanía? ¿Qué tenemos en
común los indios, afros, mestizos, mulatos e inmigrantes
de nuestra tierra? ¿Hay algo común en esta formidable
variedad étnica y cultural?
Aunque parezca una paradoja inconmensurable, lo
cierto es que nos unifica la forma en que el propio colo-
nialismo nos ha hecho, en ejercicio de su impiedoso po-
der planetario devastador.
Nuestra unidad y nuestra fuerza cultural la han crea-
do los propios dominadores sin percatarse, porque su so-
berbia les impidió caer en la cuenta de que nos estaban
configurando como nación y nos dotaban de un impre-
sionante potencial cultural que hoy es capaz de ofrecer a
la humanidad algunas alternativas al sendero destructor
y suicida del poder planetario en curso.
No se trata de entretenernos inútilmente en revertir
el filme de la historia, sino de analizarlo desde nuestra
perspectiva. Al hacerlo, descubrimos con sorpresa que
la paradoja alcanza su nivel máximo, pues los discursos
que nos facilitan el análisis son proporcionados por el mis-
mo poder colonizador, en el festivo relato de su ejercicio
como epopeya. Si aprendemos a leer estos relatos en clave
y desde nuestro atalaya continental, estos mismos discur-
sos nos dicen qué somos y a través de cómo nos hicieron.
Por cierto que los hay de muy diversas calidades y es-
tilos, pero personalmente creo que el más elocuente –casi
en forma de cantar de gesta de raza superior– y a la vez el
más finamente estructurado, es la Filosofía de la historia
de uno de sus ideólogos más sofisticados: Georg Wilhelm
Friedrich Hegel.
Desde el centro del poder planetario nos han acos-
tumbrado a voltear el discurso con que Hegel saludaba
alegremente el avance del espíritu, del Geist, pero al estilo
de Marx, señalando la carencia de una base mundana,
material, pero lo cierto es que esta no es nuestra tarea
propia, pues Hegel dejó al mismo Marx prisionero de su
construcción lógica cautivante, al punto de impedirle
medir la profunda inhumanidad del colonialismo. Esto
llevó a Marx y a Engels a afirmar atrocidades, como que
era positivo que los norteamericanos le hubiesen robado
territorio a México o que el dominio inglés en la india ha-
bía hecho saltar a esta cinco mil años. Nunca entendie-
ron la dimensión del colonialismo porque pensaban des-
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 17
de su mismo centro. Acostaron a Hegel, pero no lograron
ponerlo patas arriba.
Desde una crítica anticolonialista se impone hacer
algo diferente, o sea, invertir el relato, releerlo cuidadosa-
mente desde la visión de los sometidos, de las víctimas. No
pretendo apropiarme de ideas ajenas, pues lo cierto es que
en la primavera de la Revolución Mexicana bosquejó esta
empresa su ministro de educación, josé Vasconcelos, au-
tor al que no suele nombrarse porque en sus últimos años
se perdió por caminos tortuosos, aunque de vez en cuando
vale la pena repasar alguno de sus trabajos (El hombre cós-
mico, por ejemplo, actualizando su terminología).
Lo cierto es que, a mi juicio, nadie como Hegel señala
claramente que la única historia es la del colonialismo,
lo que le lleva a afirmar que nuestra América no tiene
historia antes de la llegada del espíritu, es decir, antes del
genocidio de los pueblos originarios, compuestos por in-
dios que según Hegel fallecen al ponerse en contacto con
los conquistadores, en un territorio donde todo es débil,
incluso nuestros animales, porque todo es húmedo debi-
do a que las montañas no corren como en Europa, sino
de norte a sur, es decir, que hasta nuestra geografía está
equivocada.
Pero tampoco tenía en muy alta estima a los otros ha-
bitantes del planeta, pues para el gran dialéctico idealista
los africanos están en estado de naturaleza y cometen los
mayores crímenes; los musulmanes son fanáticos, deca-
dentes y sensuales sin límites; los judíos tienen una reli-
gión que los sumerge en el servicio riguroso; los asiáticos
apenas están un poco más avanzados que los negros, y
los latinos nunca alcanzaron el período del mundo germá-
nico, que es ese estadio que se sabe libre queriendo lo verda-
dero, eterno y universal en sí y por sí.
De este modo, la epopeya criminal cantada por Hegel
marginó a lo largo de su historia a todas las culturas con
las que topó su paso genocida. El Geist racista de quien
se considera la más alta expresión de la modernidad es el
más claro negador de la dignidad de persona del ser hu-
mano. Solo los que pensaban como Hegel, es decir, que
compartían su mundo ideológico, eran personas, porque
al pensar como él habían alcanzado el momento del es-
píritu subjetivo y podían ser titulares de derechos. todo el
resto: indios, africanos, asiáticos, musulmanes, judíos,
latinos, no parecían haber alcanzado el momento del es-
píritu subjetivo o, al menos, no del todo.
Hegel no hacía más que narrar la historia del avan-
ce depredador del colonialismo y enlistar a las culturas
inferiores que este echaba a la vera del camino. Pero lo
cierto es que hay un extensísimo territorio geográfico, en
que el propio colonialismo provocó la concentración de
millones de personas de todas las culturas marginadas
y despreciadas por el espectral espíritu hegeliano: Latino-
américa.
En efecto: a nuestros pueblos originarios se sumaron
los propios colonizadores, producto de la marginación
sufrida al sur de España –supuestamente reconquistado–
y de los perseguidos europeos amparados por Portugal;
nuestros colonizadores fueron islámicos y judíos cris-
tianizados a los golpes. Luego trajeron brutalmente a los
africanos en un tráfico incalificable, vinieron los musul-
manes al descomponerse el imperio otomano, los judíos
a través de Lima y luego movidos por las persecuciones
18 | artículos y ensayos
rusas y más tarde nazista, los asiáticos por el Pacífico,
cuando los ingleses prohibieron el comercio esclavista,
los latinos del sur europeo subdesarrollado que no podía
incorporarlos al sistema productivo, y siguen viniendo
más y más excluidos.
Y tuvimos conflictos, por cierto, pero no permaneci-
mos mucho tiempo aislados en grupos cerrados, sino que
comenzamos a interactuar, nuestras culturas se sincre-
tizaron y lo siguen haciendo, nuestras propias cosmovi-
siones se enriquecen y profundizan; lejos de cerrarse en
ortodoxias falsas se abren en visiones más amplias, más
vivenciadas que intelectualizadas.
Quien tenga la curiosidad de deambular un poco por
un mercado popular de cualquier rincón de nuestra Pa-
tria Grande lo puede observar. No todo es igual, por cierto,
sino que se perfilan ejes culturales: andino, atlántico, su-
reño. Nuestros artistas van dando cuenta de ello, tanto la
plástica como la literatura. Nuestros sociólogos y antro-
pólogos sagaces lo investigan y otros de otras comarcas
vinieron incluso a adentrarse en este fenómeno sin par.
No hay en el planeta otra región tan extensa y con
tantos millones de protagonistas donde interactúen to-
das las culturas que el colonialismo despreció, humilló
o marginó, y lo hagan casi en la misma lengua común.
Somos la contracara del colonialismo, el contrarrelato
viviente de Hegel. El propio Hegel advertía el riesgo cuan-
do afirmaba que los ingleses habían sido más sagaces que
los ibéricos, porque no se habían mezclado con los origi-
narios en la india. No advertía que los propios ibéricos
colonizadores eran marginados expulsados de la metró-
poli y la interacción era inevitable, porque entre estos el
aislamiento no podía durar mucho.
En el momento actual, en que el poder creado por el
espíritu de la epopeya hegeliana –que más bien parece un
espectro– se tambalea peligrosamente y corre el riesgo
de acabar con el hogar humano, somos los depositarios
de las culturas que quisieron arrasar, pero no en versión
original, sino en la de una sincretización que las enrique-
ció muchísimo más.
Esto es Latinoamérica: tiene la palabra de los oprimi-
dos de todo el planeta, pero enriquecida, como en una
larga asamblea de coexistencia interactiva, viviente,
dinámica. El aparente caos latinoamericano no es más
que la interacción de todos los humillados del planeta
que tuvimos tiempo para conversar y cambiar lenguajes,
símbolos, ideas, creencias, cosmovisiones, y lo seguimos
haciendo. Desde la perspectiva del poder colonizador
mundial representado hoy por la pretensión hegemóni-
ca de las grandes corporaciones, constituimos un ries-
go ante las turbulencias y bamboleos que se perciben o
anuncian. Esto es lo que no comprenden –por ingenuidad
o malicia– los escribas funcionales al tardocolonialismo
y, precisamente por eso, desprecian a nuestros pueblos.
Ustedes también tuvieron a un Alcides Arguedas que
escribía en París insultando a Bolivia con argumentos
racistas. también en París escribía el famoso conde de
Gobineau sobre Brasil, vaticinando la extinción de su po-
blación por hibridación racial. Gobineau se equivocó y
Arguedas también, pero la diferencia estriba en que Go-
bineau era francés y Arguedas boliviano.
Dijimos antes que eran dos los flancos de ataque del
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 19
tardocolonialismo en este momento. Uno, que pretendía
anular nuestra consciencia continental, y el otro es el
que busca debilitar nuestro sentimiento de comunidad
local, a través de la creación de una realidad mediática
terrorífica y de una permanente instigación a la vengan-
za. Lo curioso de esta segunda agresión es que consiste
en un veneno que se administra en el mismo centro del
poder mundial: se envenenan y reparten. En efecto, Es-
tados Unidos sufre un proceso de regresión autoritaria
destructiva de su comunidad, como ningún otro país
importante en el mundo. La lucha por el poder y la he-
gemonía de las corporaciones ha hecho que desde hace
tres décadas el país haya instalado una inmensa máqui-
na represiva, que hoy prisioniza a más de dos millones de
personas y controla en probation y libertad condicional
a otros tres millones, más de la mitad de los cuales son
afroamericanos.
Penas absurdas y altísima selectividad del poder pu-
nitivo, pérdida de garantías y prioridad del pragmatismo
condenatorio son las características de este poder puni-
tivo que parece cortado a la medida de un estalinismo
financiero que ha convertido al país, de lejos, en el cam-
peón mundial de la prisionización, con un índice supe-
rior al de Rusia, que siempre se llevaba ese triste mérito.
Menester es aclarar que este proceso comenzó con
las administraciones republicanas a partir de Reagan y
es absolutamente extraño a todos los antecedentes histó-
ricos de Estados Unidos, habiendo dado lugar a muchas
investigaciones y críticas de nuestros colegas norteame-
ricanos, llevadas a cabo al amparo de la libertad acadé-
mica que, por suerte, sigue respetándose. Por todos, me
permito recomendar al respecto la lectura de Governing
through Crime, la interesantísima investigación de jo-
nathan Simon, profesor de la Universidad de California
(Berkeley), recientemente traducido al castellano en
Buenos Aires.
Semejante aparato requiere una inversión que se
calcula en doscientos mil millones de dólares anuales, lo
que no puede ser imitado por nadie en el mundo. Ade-
más, esta empresa tan enorme no solo extrae personas
del mercado laboral, sino que también importa una al-
tísima demanda de servicios, lo que le asigna un papel
importante como variable del empleo. Estos datos hacen
que parezca muy difícil desmontar semejante mamut
punitivo; algunos colegas norteamericanos sostienen
que su dimensión ha cobrado una dinámica propia que
escapó al control de sus propios creadores.
Esta potenciación formidable del poder punitivo re-
quiere un fuerte apoyo o consenso público, que se logra
con la creación de una realidad mediática destinada a
mostrar al delito común como el único y mayor riesgo
social, al tiempo que atribuye su responsabilidad a un
grupo étnico individualizado, elevándolo a la condición
de enemigo. La fabricación de enemigos es el método usa-
do por todos los genocidas y recomendado como esencia
de la política por el siniestro Carl Schmitt. Mucho podría-
mos hablar sobre esto, pero prefiero no extenderme, re-
mitiéndome a lo que escribí muchas veces.
Lo cierto es que, si bien no podemos copiar el mode-
lo que surge de este extraño giro norteamericano de las
últimas tres décadas, recibimos su publicidad y su me-
todología y, además, cabe tener en cuenta que el gran
20 | artículos y ensayos
empresariado mediático también forma parte de la red
de grandes corporaciones, pues sus inversiones se ha-
llan inextricablemente entreveradas con ellas. No re-
sulta, pues, nada extraño que nuestros medios masivos
también se dediquen a crear pánico moral, a fabricarnos
enemigos y víctimas héroes y, en definitiva, a tratar de mo-
vilizar los peores sentimientos de venganza en nuestras
poblaciones, con bombardeos continuos de noticias rojas
y demandas de mayor represión punitiva.
Por su parte, directamente importada del centro, la
comunicación de entretenimientos nos reitera las inter-
minables series policiales dobladas a todas las lenguas y
vendidas a bajísimo costo, concebidas con base en una
estructura simplista en que el supuesto héroe (un psicó-
pata por lo general) triunfa porque emplea la violencia,
viola los límites legales, burla a algún funcionario pru-
dente (detrás del cual se halla el consabido odio al juez)
y de este modo mata al villano y salva a la mujer, por lo
general mostrada como inferior, débil y hasta tonta. En
una hora de zapping televisivo vemos más homicidios que
los cometidos en un año en toda nuestra ciudad y con
un grado de crueldad que muy rara vez se presenta en
la realidad. El corolario infalible es que no hay otra solu-
ción para cualquier conflicto que la violenta y punitiva.
Conforme al viejo y archiconocido teorema de Thomas,
poco importa que algo sea verdadero o falso, pues si se
lo da por verdadero producirá efectos reales y, como es
natural, estos efectos se producen; la creencia general
de que la violencia aumenta se instala y la demanda de
venganza también, disfrazada de demanda de seguridad,
sin que nadie repare en que la represión siempre es pos-
terior al hecho y nada se hace por prevenirlo: después del
homicidio es posible matar al asesino, pero con eso no se evita
otro homicidio.
Fuera del grupo de los llamados formadores de opinión
televisivos y radiales, en el plano científico nadie sostiene
hoy el pretendido efecto disuasivo de la pena en delitos
graves y violentos. Cuanto más grave es un delito, la san-
ción jurídica –cualquiera sea– tiene menor efecto disua-
sivo, hasta llegar al terrorista que se carga de dinamita y
estalla en medio de una multitud porque cree que alcan-
zará el paraíso. En verdad, si alguien quisiese disuadirlo,
por su propia seguridad lo último que le aconsejaría es
que le alcance un código penal.
Pero, por irracional que sea, los políticos se hallan
presos de los medios masivos, sea por oportunismo, por
mala fe o, incluso los honestos, por miedo ante la agre-
sión mediática. Los jueces son amenazados por la misma
agresión y por el oportunismo de los políticos. Los legis-
ladores destruyen los códigos penales y los jueces dictan
sentencias con temor. El miedo de la población y el movi-
miento vindicativo promueve el de los políticos y jueces.
Las corporaciones procuran gobernarnos a través del
miedo paranoico.
Los medios masivos construyen una realidad mediá-
tica que pretende mostrar a gobiernos populares como
caóticos, precisamente en el momento en que no pueden
hallar otras motivaciones para desconcertar a la opinión
pública, pero con esto provocan un caos real en el sis-
tema penal, lo desequilibran, condicionan una pena de
muerte por azar en las prisiones precarias y superpo-
bladas por presos provisorios, en su mayoría en prisión
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 21
preventiva, llevan adelante campañas de hostigamiento
a los jueces, los desprestigian, los insultan impunemente
aprovechando la ancestral y notoria incapacidad judicial
para la comunicación masiva, siempre en situación de
inferioridad, indefensión y alta vulnerabilidad frente a
esta.
No obstante, no conformes con esto, los medios ma-
sivos, mediante los comunicadores y formadores, postulan
una ampliación siempre creciente del arbitrio policial, lo
que se traduce en una ampliación de la autonomía de las
policías respecto de los controles políticos y judiciales y,
por consiguiente, un mayor ámbito de arbitrariedad para
la formación de cajas de recaudación autónoma.
A esto contribuye claramente la carencia de un mo-
delo propio de policía en la región. Copiamos la Consti-
tución norteamericana, pero no su policía comunitaria.
Además, nos instigan a centralizar y tener policías úni-
cas, que se vuelven inmanejables y ponen sitio al poder
político y judicial, cuando Estados Unidos tiene miles de
policías.
En la región parecen ser ahora las policías las que
llevan a cabo los golpes de Estado y no ya los militares;
su poder autónomo está en condiciones de desestabilizar
muchos gobiernos y de repartir parte de su recaudación
con caciques políticos locales, en especial cuando de fi-
nanciar campañas de elección interna de los partidos se
trata. La institución policial se deteriora y pierde capaci-
dad preventiva.
Se olvida que las policías son fundamentales, que hay
países sin fuerzas armadas, pero sin policía ninguno, por
lo cual es prioritario el cuidado de la institución policial y
la planificación de un modelo acorde con nuestras nece-
sidades y características, adecuadamente dimensionado,
con inserción comunitaria y con controles políticos y ju-
diciales eficaces.
En cuanto a los enemigos, cuando hay mejores can-
didatos se deja de lado a los delincuentes comunes, pero
cuando no hay terroristas ni otras organizaciones con
caracteres conspirativos se elige a éstos y, en particular, a
nuestros adolescentes de barrios precarios. Ellos son los
enemigos mediáticamente construidos en nuestra región,
aunque con frecuencia tampoco se ahorran asignar ese
papel a los conciudadanos inmigrantes de nuestros paí-
ses vecinos.
Es bastante claro el objetivo de destrucción comunita-
ria que se persigue con esta creación de realidad: generar
violencia social, verticalizar nuestras sociedades, jerar-
quizarlas para mejor someter a nuestros sectores sociales
más pobres y vulnerables, sembrar la desconfianza entre
nosotros, romper todo vínculo o lazo de comunicación
interclasista, hacer retroceder las garantías penales y
procesales, impedir que los segmentos excluidos puedan
coaligarse mediante la selección criminalizante, victimi-
zante y policizante de los mismos sectores, etcétera.
En definitiva, se trata de destruir al máximo las rela-
ciones horizontales de cooperación, diálogo y solución
pacífica de los conflictos, desprestigiando y ridiculizan-
do cualquier intento en ese sentido. La razón de este
flanco de ataque es conocida desde siempre; el Martín
Fierro lo dice: “si se matan los de adentro los devoran
los de afuera”.
¿Pero en realidad aumenta la violencia en nuestras
22 | artículos y ensayos
sociedades? Esta es una buena pregunta, porque lo revelador
es que Latinoamérica muestra un panorama con diversos ni-
veles de violencia social. En este momento, en México se
vive una terrible tragedia con muchos miles de muertos
en una masacre sin precedentes que responde a una di-
visión internacional del trabajo muy particular. En Cen-
troamérica el problema no parece ser menor, con alta
frecuencia homicida, las maras, etcétera. Pero en el sur
la cuestión parece ser diferente: tenemos bajos índices de
homicidio y al menos en Uruguay, Argentina y Chile pa-
recen estar en baja. Argentina ha bajado su tasa en un
tercio los últimos diez años; en Brasil, si bien es alta, tam-
bién ha logrado bajarla en un tercio. En síntesis: siendo
muy diferente el grado de violencia social en la región, lo
llamativo es que la publicidad vindicativa y la creación
de pánico moral es idéntica en toda ella, o sea, que se trata
de una metodología a la que le es indiferente el grado de violen-
cia real de cada sociedad.
En cuanto a los países del sur de la región, cabe pen-
sar que no somos países patológicos y, por ende, no cons-
tituimos un fenómeno inédito y contrario a toda la ex-
periencia mundial, en que todos los criminólogos saben
que cuando un país sube su renta per cápita, aumenta
el empleo y reduce la inequidad distributiva, la curva de
homicidios tiende a descender, y estos son precisamente
los datos económicos que nos informa la Cepal en los úl-
timos años. Sin embargo, el pánico moral cunde y los po-
líticos honestos se asustan y los deshonestos y corruptos
se aprovechan del miedo para sembrar el caos y debilitar
a los gobiernos populares.
Si alguna prueba faltase acerca de que la construc-
ción mediática de una realidad violenta y caótica es un
instrumento del que se vale la reacción antipopular, re-
comiendo dar un vistazo a todas las proclamas de las dic-
taduras militares de nuestra historia y verificar que en
todas ellas se demanda mayor represión ante el supuesto
avance incontenible de la delincuencia común.
Pero los políticos honestos se asustan, no saben cómo
responder a la agresión mediática, cuando en realidad
tienen a la mano la respuesta, tan cerca que no la ven,
como su propia nariz. Perón parafraseaba a algún filóso-
fo y repetía con frecuencia que la única verdad es la realidad
y, en efecto, esa es la mejor defensa, pero no la ven, per-
manecen hipnotizados por la televisión y tiemblan ante
ella en lugar de responder, se paralizan ante el riesgo de
ser satanizados televisivamente.
Esto se debe, sencillamente, a que nadie sabe exacta-
mente lo que sucede en la realidad y, pese a que es faci-
lísimo averiguarlo, nadie lo hace. En algunos momentos
depresivos estoy tentado de creer que a nadie le interesa
prevenir la muerte de sus semejantes, pero este pensa-
miento me parece horroroso. Si la única verdad es la rea-
lidad, pero se opta por no averiguarla, no se puede decir
ninguna verdad. Bastaría con confeccionar un protocolo
muy simple, con unas veinte preguntas acerca de cada
homicidio y mirar cada expediente unos minutos para
responderlo, centralizar la información y con un pe-
queñísimo equipo de sociólogos o incluso estudiantes de
ciencias sociales trazar las curvas y cruzar los datos.
Este procedimiento exploratorio casi no tiene costo
operativo y seguramente va a demostrar que los homici-
dios se concentran en algunos puntos geográficos de las
descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 23
ciudades y en algunas capas de población; verificará que
no salen los pobres a matar ricos, sino que se matan en-
tre ellos; demostrará que el grupo estigmatizado no es el
que protagoniza el mayor número, casi siempre verifica-
rá que predominan los homicidios entre conocidos sobre
los que tienen lugar entre desconocidos, etcétera.
Pero, además, nos indicará quiénes son las víctimas,
cuál es el riesgo de victimización a neutralizar, cómo
prevenir los resultados, dónde concentrar la vigilancia,
etcétera. En síntesis: como no se sabe nada, no se puede res-
ponder nada y, lo que es más grave aún, de este modo tampoco
se puede prevenir nada.
Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor
ciudadanía corresponde menos violencia y, si en realidad,
están cumpliendo con la función de ampliación de la ciu-
dadanía, no deben temer a la realidad sino enfrentarla
y, para eso, antes deben estudiarla, de modo sencillo, sin
métodos sofisticados ni caros, como la simpleza que aca-
bo de proponer, una investigación absolutamente grosera,
meramente exploratoria, pero que nadie se ha tomado la
molestia de llevar a cabo en ninguno de nuestros países.
El camino más corto hacia el desastre es el de la con-
cesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo. Se
trata de una extorsión y nunca se debe ceder ante el ex-
torsionador, porque siempre volverá por más, hasta que
sea imposible satisfacer la atrocidad que reclame o hasta
que las policías autonomizadas incurran en la primera
violencia y, en ese momento, los mismos medios que re-
clamaron su autonomización se rasgarán las vestiduras
y acusarán de totalitarios y fascistas a los políticos y go-
biernos que cedieron a sus precedentes presiones.
Es menester que las fuerzas populares de nuestra re-
gión tomen urgente conciencia de que el reclamo de mayor
poder punitivo es un recurso del tardocolonialismo para des-
truir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidari-
dad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más
inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.
Los pueblos pueden desconcertarse un rato, pero
siempre saben que en el fondo las únicas víctimas del po-
der punitivo en la región siempre fueron los más vulne-
rables entre ellos.
Desde los albores del proceso descolonizador sabemos
que debe contenerse el poder punitivo, porque es el ins-
trumento preferido de dominación, el que usó para con-
vertirnos primero en un inmenso campo de concentra-
ción, luego para mantener la disciplina de los capataces
de las oligarquías terratenientes y extractivas, más tarde
para decapitar a nuestras generaciones jóvenes y, ahora,
para desestabilizar a todo gobierno popular y para des-
truirnos como comunidades.
Las garantías liberales, las auténticas, las que fueron
bastardeadas en leyes declamatorias por nuestros racis-
tas, restablecidas en su sentido auténtico, siempre fueron
un instrumento de liberación que nos permitió espacios
sociales en los cuales desarrollarnos o consolidarnos
como comunidad, en tanto que el poder punitivo siempre
fue el medio racista y esclavizante para someternos más
fácilmente.
Nadie puede llamarse a engaño en esta etapa del tar-
docolonialismo: los intereses colonialistas que se mue-
ven detrás de las corporaciones mediáticas no piden más
porque saben que carecen de espacio, pero si pudiesen
24 | artículos y ensayos
ampliarían el poder punitivo hasta volvernos a la con-
dición de campo de concentración. San Martín y Bolívar
lo sabían y los egresados de esta Casa también, y por eso
fueron perseguidos, exiliados y asesinados.
El derecho penal de garantías, los límites al poder pu-
nitivo, son indispensables para la ampliación de la ciuda-
danía, en tanto que el poder punitivo es necesario a quie-
nes procuran su contención regresiva. Esto es en síntesis
lo que nos enseña la historia, nuestra propia historia, la
de nuestro incompleto proceso de descolonización.
En esta etapa es menester usar la inteligencia con
gran habilidad y, para ello, no está de más releer de vez
en cuando los libros que Bolívar y San Martín llevaban
en sus mochilas.
Prueba de las profundas convicciones de nuestros
próceres al respecto fue su preocupación por los códigos
que fijaban límites al poder punitivo, como lo testimonian las
elocuentes palabras con que el mariscal Santa Cruz procla-
maba el código penal boliviano de 1831 y con las que me
permito cerrar esta exposición:
Las leyes claras y positivas son la base de la buena ad-
ministración de justicia, y la buena administración de
justicia es la sola capaz de asegurar los derechos del ciu-
dadano, e inspirarle esa tranquilidad en que consiste la
libertad y el goce de cuanto es más caro para el hombre
constituido en sociedad.
Sucre, 26 de marzo de 2012
25
* Artículo originalmente publicado con el título “the European Experience of Cri-me Prevention”, en Shlomo Giora Shoham, Paul Knepper y Martin Kett (2010), In-ternational Handbook of Criminology, Francis & taylor Publisher, pp. 511-538.
** Rossella Selmini es doctora en Ciencias Políticas y es investigadora en el Servicio “Promoción y desarrollo de las políticas de seguridad y la policía local”. también es profesora de Criminología (Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia) e imparte cursos de capacitación para personal policial. Es autora de numerosas pu-blicaciones sobre los temas de seguridad urbana y prevención.
La experiencia de prevención del delito en Europa *
ROSSELLA SELMINI **
Traducido por Félix Figueroa
1. Introducción
Durante muchos años, la prevención del delito se ha convertido en uno
de los asuntos más relevantes en el debate criminológico internacional y
en la literatura referente a las políticas para el control del delito en varias
de las democracias occidentales. también se ha convertido en un tema cla-
ve en la agenda política de varios gobiernos europeos, que durante las últi-
mas décadas se han enfocado en el desarrollo de discursos y prácticas que
muestran claramente la “necesidad de realizar un cambio en la aplicación
de los recursos y los apuntes en cuanto a la prevención del delito, en lugar de
concentrarse en formas más reactivas y coercitivas de las políticas de man-
tenimiento del orden y de la justicia” (Stenson y Edwards, 2004: 209). Este
proceso ha ocurrido de forma ligera en diferentes maneras y tiempos en casi
toda Europa occidental y ahora también en la Europa oriental desde finales
de la década de los setenta, con algunas diferencias principalmente relacio-
26 | artículos y ensayos
nadas con las tradiciones y culturas locales y dentro de
los distintos contextos sociales, legales y políticos.
Este asunto sigue siendo interesante e importante
para entender los cambios en las políticas de control del
delito, pero no es lo único a tratar. Hablar en la actualidad
de la prevención del delito generalmente significa hablar
del cambio social, la transformación de los contextos ur-
banos y los conflictos entre los distintos grupos y actores
sociales, el desarrollo tecnológico y la planificación urba-
na. Hoy en día, más que otros tiempos en el pasado, las
políticas de prevención del delito están más conectadas a
las dinámicas sociales generales y a los cambios externos
en el mundo penal; además, juegan un papel de impor-
tancia en las distintas formas locales que desarrollan los
gobiernos para enfrentar el delito (Crawford, 1997).
Este capítulo presenta una visión general de los
asuntos relacionados con la prevención del delito y sus
cambios, con enfoque en el contexto europeo. Luego de
un breve análisis de los intereses emergentes en lo que
respecta a las nuevas formas de prevención del delito y
sus cambios en las últimas décadas, la discusión ha to-
mado en consideración las tipologías más importantes
de la prevención del delito, conceptualmente originadas
en el contexto criminológico, pero ahora establecidas de
manera sólida en los campos institucionales y también
políticos.
Se muestra, entonces, un análisis comparativo del
desarrollo y los cambios en la prevención del delito en
algunos países europeos, así como de los modelos emer-
gentes del continente. Asimismo, se establecen algunas
observaciones finales referentes a los cambios actuales
y, posteriormente, una serie de preguntas abiertas con-
cluye este capítulo. El hecho de que estos cambios rela-
cionados con la prevención del delito se hayan llevado
a cabo las últimas décadas en varias de las democracias
occidentales y que presenten, al menos así parece, varios
aspectos comunes, trae a colación apuntes interesantes
para una perspectiva dinámica de importancia en la pre-
vención del delito1.
2. Definición de prevención del delito y sus límites
Los límites siempre han sido un asunto conceptual rele-
vante en el análisis del delito y las políticas contra la cri-
minalidad. En lo que concierne a la prevención del delito,
su definición y las limitaciones de su extensión han sido
durante mucho tiempo preguntas abiertas. ¿Cómo se
puede diferenciar la prevención de la represión? ¿Cómo
se pueden diferenciar las características de una “nueva”
1 El hecho de que las ideas, conceptos y prácticas relativas a la prevención del delito y sus cambios muestren rasgos comunes en distintos contextos alrededor de Europa es un ejemplo más de la manera en que las políticas “viajan” alrededor del mun-do contra la criminalidad. Partiendo de esos rasgos comunes, que se describen en las páginas a continuación, algunos países europeos han adoptado (y se han adaptado a) las nuevas ideas relacionadas a la prevención del delito, reestructurándolas de manera que se adapten en mayor grado al contexto local, sus necesidades y características. Este proceso de adaptación está influenciado por la convergencia de distintos factores estruc-turales y culturales y también aumenta las diferencias locales en el desarrollo de los programas de prevención del delito en distintos países (Newburn y Sparks, 2004).
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 27
idea de prevención del delito frente a una idea más tra-
dicional? Y finalmente, ¿cómo establecer una diferencia
entre las diversas prácticas de prevención del delito?
La mayoría de los trabajos referentes a la prevención
del delito realizados en las últimas décadas parten de es-
tas preguntas y hacen observaciones en la vaguedad del
concepto en sus dos elementos: “delito” y “prevención”:
Si destapáramos el concepto de prevención del delito,
inmediatamente pudiéramos reconocer que el delito
por sí mismo no es de ninguna manera un término pre-
ciso que cubra un grupo de actos cualitativa y cuan-
titativamente diferentes que, como corresponde a los
conceptos sociales, varían en tiempo y espacio (…) La
prevención es un asunto poco preciso, durante y a tra-
vés de su diversidad pura y la poca ayuda que presta la
palabra (Gilling, 1997: 2-3).
Asimismo:
Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con preven-
ción? Las políticas, los programas, las experiencias son
tan distintas, sus objetivos tan variados, a veces tan
inciertos, sus resultados tan difíciles de juzgar (…) Los
propósitos se han realizado en la literatura científica
para proporcionar una definición, pero rara vez resul-
tan conclusivos, mucho menos convergentes. En repe-
tidas ocasiones caen en controversias inherentes en la
noción misma del delito y a veces no hacen sino repro-
ducir estos puntos de contención (Robert, 1991:5).
Las dificultades conceptuales en la explicación y defi-
nición de la prevención del delito aumentaron muy con-
siderablemente luego de los cambios en la práctica. La
vaguedad es entonces vista principalmente como la con-
secuencia del alargamiento del concepto para abarcar
un grupo amplio y dispar de prácticas que a veces coin-
ciden, a veces coexisten y otras representan alternativas
a las estrategias más tradicionales de control del delito y
que pueden formar parte de distintas políticas públicas.
Mientras más vago es el concepto, más se ha extendido
en distintos campos de las políticas públicas y abre ma-
yores espacios para disertaciones públicas, aumentando
aún más su aspecto político (Rochè, 1999: 153)2.
Esta expansión y el consecuente aumento en la va-
guedad del concepto de prevención del delito han sido el
objeto de análisis profundos en la literatura socio-crimi-
nológica en las últimas décadas, con énfasis en el contex-
to del continente europeo y la diferencia entre la llamada
nueva prevención del delito a partir de las formas tradi-
cionales3, solo de forma implícita, donde se atribuye a los
enfoques tradicionales una visión del control del delito a
través de los instrumentos de justicia disponibles.
En octubre de 1989 se realizó la primera Conférence
Européenne et Nord-Américaine sur la Sécurité Urbaine
2 En palabras de Gilling (1997: 9): “Lo que es científicamente problemático, puede ser, por el contrario, muy útil en la política”.
3 El concepto de nueva prevención y sus características prin-cipales han sido promovidas y profundamente analizadas en el contexto europeo, específicamente por Robert (1991). Durante la misma década, otros definieron la nueva prevención del de-lito como “moderna” (Sack, 1997: 157) y también como “fun-cional” (Gilling, 1994).
28 | artículos y ensayos
et la Prevention de la Délinquance (Conferencia Europea y
Norteamericana sobre la Seguridad Urbana y la Prevención
del Delito) en Montreal, seguida en noviembre de 1991
por la Conferencia internacional de Seguridad Urbana y
Prevención de Drogas y Delitos, en París. Ambos eventos
tuvieron un gran impacto en la historia y el desarrollo
del pensamiento teórico europeo en lo que respecta a las
políticas y prácticas relacionadas con la prevención del
delito. Fue en estas conferencias donde los principales
rasgos distintivos de la llamada prevención del delito se
esbozaron, discutieron y luego diseminaron en varios
contextos. La nueva prevención del delito fue el nombre
que se le dio a una serie de medidas cuya característica
principal era la de ser, o se suponía que fueran, alternati-
vas a las medidas tradicionales de la justicia en el campo
del delito4. Con el nombre de políticas de prevención del
delito se puede encontrar una amplia gama de prácticas
y medidas que apuntan de forma común a evitar el de-
sarrollo de comportamientos criminales o victimización,
eventos delictivos o reducción de la incidencia del delito,
así como brindar seguridad a las comunidades y comba-
tir el temor a la ocurrencia de delitos sin ningún impacto
directo sobre los eventos delictivos apuntados.
Las nuevas características de la prevención del delito
4 En palabras de la responsable del comité científico que orga-nizó la mencionada conferencia de París, “La prevención tiene como objetivo reducir la frecuencia no solo de ciertos tipos de conductas que son punibles por la ley, sino también ‘incivilida-des’, que no son necesariamente clasificados como delitos pe-nales ya que se recurre a otras soluciones que no involucran la prisión” (Robert, 1991: 5).
han sido principalmente enfatizadas en el contexto con-
tinental, sobretodo en italia (Baratta, 1993; Pavarini,
1994), Francia (Robert, 1991) y Alemania (Sack, 1997;
Aden, 2001), ya que en los contextos legales de los men-
cionados países era más necesario, en comparación con
el sistema legal angloamericano, seleccionar una nueva
forma de prevención que pudiera ser conceptualmente
reconocida en forma clara por parte del sistema penal.
En el contexto británico, lo que emergió durante la dé-
cada de los 80 y 90 no fue precisamente la nueva pre-
vención del delito, sino principalmente la conexión de
la prevención del mismo con la seguridad de la comuni-
dad y, de forma más general, la condición de “libre del
delito” (ALA, 1990: 3).
En todos los contextos europeos, estas nuevas carac-
terísticas distintivas de la prevención del delito fueron si-
milares y se pueden resumir de la siguiente manera:
» Aumento de la participación de los actores involucra-
dos en la prevención del delito, como está expresado
por los poderes emergentes y la responsabilidad de
los gobiernos locales en varios de los países europeos
(ampliación institucional), y por los intentos de invo-
lucrar de distintas maneras a los individuos y ciuda-
danos en lo que respecta a su responsabilidad en la
prevención del delito (ampliación social).
» La fragmentación de los procesos de toma de decisio-
nes e incremento de los conflictos entre los diferentes
actores, como consecuencia del aumento de estos úl-
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 29
timos. La fragmentación de los actores plantea en to-
das partes la necesidad de una acción coordinada y la
búsqueda de la colaboración que pronto llega a ser, y
sigue siendo, uno de los temas clave de la prevención
del delito (Gilling, 1994).
» El aumento de atención para las víctimas de delitos,
que involucre un cambio cultural y práctico hacia el
uso de la prevención a fin de evitar la victimización,
no solo para prevenir la insurgencia de los factores
criminógenos en el ámbito individual o social.
» La ampliación de las prácticas y el discurso preventivo
también hacia el área de incivilidades y el desorden,
es decir, comportamientos que no están criminal-
mente definidos. Este cambio se produjo a través de
dos estrategias distintas: la criminalización de ciertos
comportamientos desviados o el intento de preven-
ción para, asimismo, evitar también los problemas
relacionados con la delincuencia que pueden afectar
un área donde el desorden y el delito común ya están
presentes5.
» El uso creciente de instrumentos administrativos
para implementar la prevención del delito en el ám-
bito local y, en general, la participación de diferen-
tes tipos de políticas urbanas (planificación urbana,
tecnología, regulación administrativa de los espacios
públicos, etcétera).
5 De acuerdo con la hipótesis conocida y extendida de la teo-ría de las “ventanas rotas”.
3. Prevención del delito y cambios en las políticas de su control
La mayoría de los trabajos sobre la prevención del delito
comenzó con la reafirmación de que las medidas tradi-
cionales de justicia en el aspecto delictivo han demos-
trado ser ineficientes y de gran costo, y han puesto de
manifiesto la necesidad de buscar formas distintas para
hacer frente a la delincuencia en diferentes escenarios
(Rosenbaum, Lurigio y Davis, 1998: 6).
La evidencia empírica demostrada sobre la ineficacia
de la justicia penal en prevenir y reducir la delincuencia
abrió el camino para la búsqueda de nuevos instrumen-
tos, incluso en otros sectores del ordenamiento jurídico y
en el mercado de la seguridad privada.
La nueva prevención está destinada a ser algo similar
a una “revolución”, según sus seguidores, quienes ase-
guran que es la respuesta correcta a una crisis general
del sistema de justicia penal y sus acciones tradiciona-
les. La creciente importancia de la prevención del deli-
to es el resultado, sin embargo, no solo de la filosofía de
“nada funciona”, sino también de muchas otras dinámi-
cas y procesos que han caracterizado a las democracias
occidentales en las últimas décadas. Su definición y sus
nuevas características están, por supuesto, estrictamen-
te relacionadas con la transformación de políticas gene-
rales de lucha contra la delincuencia (Garland, 2001),
las tensiones existentes y la redefinición de los límites, los
diferentes campos del ordenamiento jurídico (el penal,
el administrativo y el privado), así como también con la
reestructuración y cambio de límites entre las competen-
30 | artículos y ensayos
cias de las diferentes instituciones y el Estado, la sociedad
y el mercado (Crawford, 1997).
En esta perspectiva más amplia, los dos enfoques ge-
nerales y principales pueden ser diferenciados en la for-
ma de entender los cambios en la prevención del delito.
El primero se centra en el cambio del “bienestar-regu-
lador” al enfoque neoliberal y en cómo afecta las cultu-
ras, políticas y prácticas de orden social y la lucha contra
la delincuencia (o’Malley, 1992; Landreville, 2005).
Las políticas de control social de la posguerra estuvie-
ron, en la mayoría de los países europeos, encabezados
por los Estados nacionales y sus agencias, y se basaron
en una idea del delito como una falla social o individual.
La prevención del delito, en consecuencia, debía llevarse
a cabo a través de reformas y políticas sociales, mientras
que las políticas penales apuntaban también a objetivos
de rehabilitación y no solo punitivos. Sin embargo, el
cambio hacia una nueva cultura y nuevas políticas de
control del delito, ocurridas en períodos diferentes en las
últimas décadas en la mayoría de países europeos, se cen-
tró en la responsabilidad individual, el papel de la víctima
en las diferentes estrategias de prevención y en las diver-
sas políticas de castigo.
Los ideales de rehabilitación e inclusión social han
sido sustituidos, aunque no de forma completa, por las
llamadas estrategias actuariales penales (Feely y Simon,
1994). La atención hacia el criminal ha sido sustituida,
pero, una vez más, no del todo, como veremos más ade-
lante, por el nuevo papel desempeñado por las víctimas,
la atención hacia las causas de la delincuencia en el in-
tento de controlarla de una manera que resulte compati-
ble con la vida cotidiana urbana (Garland, 1996).
La aparición de nuevos intentos de intervención en
las políticas de control del delito también se han contex-
tualizado en una perspectiva diferente, donde, sin negar
la dinámica descrita anteriormente para la prevención
y el carácter local de las políticas de seguridad, son vis-
tos como el enfoque adecuado para el desarrollo de un
modelo alternativo de orden social. Las políticas locales
y las ciudades se consideran, respectivamente, como el
mejor instrumento y el mejor sitio para intervenir en
asuntos delictivos y de desviación. En esta perspectiva,
la verdadera novedad de la prevención del delito se basa
en su condición para ser principalmente una función de
las autoridades locales6, es decir, en su condición para
ser parte de las nuevas formas de autoridad local. Esto,
en consecuencia, implica el intento de incorporar las
organizaciones sociales y la comunidad en el proceso de
formulación de políticas o en su aplicación, o en ambos
(Edwards y Hughes, 2002: 4), y de acuerdo a las afirma-
ciones del realismo de izquierda británica, resaltando
el carácter natural de los conflictos relacionados con la
delincuencia y la importancia de encontrar la solución
6 En París, abriendo la conferencia antes mencionada, Phi-lippe Robert recalcó el asunto de la siguiente manera: “Pero la gran novedad estaba constituida por la puesta en escena de los responsables municipales: la iniciativa de la conferencia no ve-nia de los Estados, ni de los profesionales del cuerpo criminal o científico, sino de los grupos de colectivos locales... A través de esta innovación, se imponía la idea de que la prevención recaía, no exclusiva sino fundamentalmente, en los responsables loca-les” (Robert, 1991: 9). (traducción propia.)
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 31
principalmente en el ámbito local, basada en las compe-
tencias de las autoridades locales y respondiendo más a
las necesidades de los ciudadanos (Young, 1992). En esta
perspectiva, en toda Europa “tomar a los ciudadanos en
serio” y desarrollar “enfoques de múltiples agencias” se
convirtieron rápidamente en las nuevas palabras clave
para las estrategias de prevención del delito, apelando
también a las consignas políticas.
Recientemente, Hebberecht y Duprez (2002) ofrecen
un marco similar bastante amplio para una mejor com-
prensión de los cambios en la prevención del delito en
relación con el surgimiento de nuevas políticas de segu-
ridad. En su análisis comparativo, hacen referencia a tres
diferentes “lógicas de seguridad” que se pueden resumir
de esta manera: una seguridad neoliberal, basada en la
responsabilidad individual, sobre prácticas actuariales,
gerencia y tecnología; una seguridad socialdemocrática,
basada en la idea de la seguridad como un bien público
y de las políticas de control del delito, respetando la soli-
daridad colectiva y la justicia social, y una tercera lógica,
definida por Hughes y Edwards (2005: 24) como la “mo-
ral conservadora”, que fortalece la autoridad moral de
los controles formales e informales.
En su análisis comparativo, algunos países (inglate-
rra, Gales y Holanda) se acercan más a la lógica de la
seguridad con algunos elementos de racionalidad moral-
conservadora, mientras que otros (España, Francia y
Portugal) se acercan más a un enfoque socialdemócrata.
Los mismos autores también sugirieron que estas lógicas
han estado presentes en todas partes, “aunque las mez-
clas de estas estrategias varían de país en país, de acuer-
do con los contextos políticos cambiantes en los que fue-
ron promovidos y desafiados” (Hughes y Edwards, 2005:
24). Como se podrá apreciar más adelante, las distintas
tipologías de prevención del delito que el pensamiento
criminológico ha estado elaborando se ajustan en di-
versas formas a estas tres “lógicas” o “racionalidades”
distintas, pero al final se pueden combinar mejor de lo
esperado.
4. La nueva prevención ¿sugiere nuevas teorías del delito?
Debido a que cada respuesta a la delincuencia se basa, o
debería basarse, en una teoría sobre la naturaleza y las
causas de la delincuencia, es interesante determinar si
la aparición de una nueva prevención del delito implica
también el surgimiento de una nueva racionalidad en la
comprensión del delito. A primera vista, la prevención
del delito en las últimas décadas se ha basado en un con-
junto bien establecido de teorías internacionales y tam-
bién en algunos enfoques de sentido común con respecto
a la delincuencia. Lo nuevo en esta perspectiva es, por un
lado, la mayor relevancia de algunas teorías sobre el deli-
to con respecto a otras, y por otro, el intento de combinar
los distintos enfoques y explicaciones de la delincuencia.
El concepto de “prevención integrada” (Hebberecht
y Duprez, 2001), bastante difundido en el contexto del
continente europeo, resume muy bien esta mezcla de
distintas teorías relacionadas con el delito, aplicada a las
diversas técnicas de prevención.
En las estrategias contemporáneas de prevención
32 | artículos y ensayos
del delito, es posible encontrar a menudo una combina-
ción de las tres diferentes perspectivas que constituyen
el marco principal de las teorías criminológicas, en un
programa único y completo de prevención: las motiva-
ciones individuales y predisposición; la influencia de la
estructura social y el contexto, junto con las perspectivas
racionales de elección.
El marco teórico de las estrategias actuales de pre-
vención de la delincuencia abarca todas estas teorías y
enfoques, aunque, por supuesto, los diferentes conjuntos
de prevención del delito se basan principalmente en una
u otra teoría, como es evidente y se verá más adelante
en el análisis de las diferentes tipologías de medidas pre-
ventivas.
Considerando que la prevención social del delito y la
prevención del delito en la comunidad se basan princi-
palmente en las suposiciones de la Escuela de Chicago
acerca de la desorganización social y sus desarrollos pos-
teriores, así como las teorías de la eficacia colectiva, la
prevención del delito situacional se basa en el conjunto
de teorías relacionadas con las oportunidades, activida-
des rutinarias, la elección racional e incluso enfoques de
sentido común, como la teoría de las ventanas rotas.
No obstante, el aspecto más importante a considerar
se basa en la manera en que las estrategias de muchos
(por ejemplo, la prevención del delito situacional) se han
establecido en diversos países del centro y sur de Europa,
cuyas ideas sobre criminología han estado siempre muy
distantes de la teoría de las oportunidades y los enfoques
afines. En italia, por ejemplo, este enfoque de la preven-
ción del delito se ha aceptado con entusiasmo, pero sin
ningún tipo de difusión de la clase de conocimiento cri-
minológico de la que depende, concretamente, la teoría
de las oportunidades y el enfoque de la actividad de ru-
tina, que, a pesar del reciente interés de algunos acadé-
micos en el desarrollo de estas teorías (Barbagli, 1995;
Savona, 2004), son en gran parte desconocidas y poco
familiares en el discurso científico italiano sobre la delin-
cuencia y la prevención del delito.
Asimismo, muchos países del sur de Europa, en con-
traste con Gran Bretaña y Holanda, están siendo testigos
del desarrollo de muchas de las estrategias de preven-
ción del delito sin actividades de investigaciones fuertes
ni constantes, y sin ninguna evaluación científica de
los programas de prevención implementados. Los enfo-
ques tradicionales, que han gobernado su investigación
empírica sobre la delincuencia y la prevención, no han
impedido la propagación de la misma clase de medidas
preventivas ya experimentadas en otros contextos.
5. Clasificación de las estrategias de prevención del delito
La intención de clasificar las diferentes tipologías de
prevención ha tenido más éxito que el intento de definir
conceptualmente la prevención del delito. Durante los
últimos 30 años, tanto en el contexto angloamericano
como en Europa continental, un sector importante de la
literatura se ha dedicado a esta clasificación, y la deter-
minación de categorizar la prevención del delito ha ido
sustituyendo progresivamente el esfuerzo de definirlo.
Uno de los primeros intentos de clasificar la prevención
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 33
es la distinción entre la prevención primaria, secundaria
y terciaria (Brantingham y Faust, 1976). La prevención
primaria consiste en la prevención de la delincuencia en
una fase muy temprana y abarca medidas encaminadas
a reducir o eliminar los factores criminógenos presentes
en un contexto social y físico, o en individuos o grupos.
La prevención secundaria comprende todas las me-
didas dirigidas a grupos que se encuentran en riesgo de
cometer delitos. La prevención terciaria tiene como obje-
tivo prevenir la reincidencia. Esta clasificación recuerda,
en sus tipos primero y tercero, la clasificación que ya se
ofrece en el pensamiento europeo penal entre preven-
ción general y prevención especial, y también recuerda
una distinción muy común en el lenguaje médico. Una
clasificación similar, pero no tan exitosa, basada en los
escenarios donde se trabaja la prevención del delito, ha
sido propuesta en el contexto europeo continental por
Walgrave y Cauter (1986), basada en un análisis de la
prevención del delito diferente a las medidas adoptadas
en Bélgica durante la década de los ochenta. A través del
tiempo, la distinción entre principios de prevención pri-
maria, secundaria y terciaria ha sido rechazada y aban-
donada por estar demasiado relacionada con los modelos
conceptuales de la manera en que funcionan las políti-
cas de salud (tonry y Farrington, 1995: 2), y porque,
posiblemente, sea inútil en la práctica (Ekblom, 1996: 1;
Graham y Bennett, 1995: 6).
Sin embargo, aun sobre la base de estos tres tipos de
prevención del delito, se estableció una distinción más
exitosa que fue propuesta a principios de la década de los
90 por Van Dijk y De Waard (1991). Dicha clasificación
representa un avance con respecto a la distinción simple
entre las prevenciones primaria, secundaria y terciaria,
gracias a la introducción de dos variables: las víctimas y
los contextos. En esta clasificación se destaca un nuevo
esquema de nueve tipologías diferentes de prevención,
que va más allá de la primera propuesta basada en los
autores de los delitos. En este sentido, la propuesta de
Van Dijk y De Waard está más actualizada y tiene en
cuenta las tendencias más generales en las políticas de
lucha contra la delincuencia: la atención a las víctimas
de delitos (y no solo los autores) y la importancia de los
lugares y situaciones7.
Sin embargo, en la década de los noventa surgieron
algunas clasificaciones simples y menos detalladas: la
primera, basada principalmente en la distinción entre
la delincuencia situacional, social y comunitaria para la
prevención (Graham y Bennet, 1995), y la segunda, en
una distinción más precisa y completa entre la preven-
ción por parte de la policía y el sistema de justicia penal,
la prevención del delito situacional, la prevención del de-
lito en desarrollo y el papel de la prevención del delito en
la comunidad (tonry y Farrington, 1995).
La diferencia principal entre estas dos clasificaciones
es que la prevención social del delito desaparece como tal
en la propuesta de tonry y Farrington, mientras que se
7 Una distinción similar, pero no tan exitosa y considerada entre las medidas de prevención del delito basada en la triparti-ción de primaria, secundaria y terciaria, es el plan de Lavrakas de 1995 en el que se cruzan los tres tipos de prevención del de-lito con cuatro “contextos operacionales”: personas, edificios, barrios y la sociedad.
34 | artículos y ensayos
incorpora el sistema tradicional de justicia penal de la
prevención del delito. El primero es un porqué, dicen los
autores, “la prevención en desarrollo y en la comunidad
a menudo se incluyen en el epígrafe general de preven-
ción ‘social’ del delito, pero pensamos que son tan dife-
rentes que hay que distinguirlos” (tonry y Farrington,
1995: 3). En la literatura de los últimos 15 años, estas
categorías a menudo se han mezclado en diferentes ma-
neras de acuerdo con los contextos europeos particulares
y al mayor o menor éxito de una de las categorías con
respecto a las demás.
Mientras que el sur de Europa, bajo la influencia de
los análisis francés y belga de la delincuencia y la preven-
ción del delito, se ha centrado recientemente en la pre-
vención social y la prevención comunitaria del delito8, el
contexto británico ha hecho énfasis en la prevención del
delito situacional y toda una serie de iniciativas basadas
en diversos enfoques sociales y colectivos que han sido
adoptados bajo la etiqueta de seguridad de la comunidad
(Crawford, 1997).
A partir de la definición de la prevención como una
medida capaz de producir efectos sobre los mecanismos
que conducen a cometer un delito, Ekblom (1996) des-
tacó las causas próximas y remotas (distales) de la delin-
cuencia y ofrece una clasificación de medidas que pueden
tener un efecto en ambas. Recientemente, esta clasifica-
8 Pero, como veremos más adelante, en un nivel práctico, es la prevención situacional la que finalmente –y no muy diferente del contexto británico– será la más conocida y adoptada medida de prevención del delito.
ción ha sido actualizada (Ekblom, 2005), relacionando
las causas del delito más evidentes y después clasificando
las causas como, entre otras, la predisposición criminal,
la falta de recursos para evitar la delincuencia, la dispo-
sición de delinquir, los recursos para cometer delitos, la
decisión de delinquir, la presencia del delincuente en la
situación delictiva, el objetivo del delito, el recinto que es
objetivo de la delincuencia, el ambiente en general, los
agentes preventivos de la delincuencia y los promotores
del delito. Se ofreció así entonces una lista de once me-
canismos generales de prevención para abordar estas
causas. Sin embargo, la distinción mencionada en la pre-
vención del delito representa simplemente otra forma de
identificación de la misma distinción conceptual entre la
prevención del delito y la situación de desarrollo: la pri-
mera es capaz de intervenir en las motivaciones indivi-
duales y la segunda, en las situaciones y los contextos.
Por último, tilley y otros (2004) proponen una cla-
sificación más simple, similar a la ya realizada por tonry
y Farrington, sobre la base de los mecanismos implica-
dos en la justicia policial y penal, el delito situacional, la
intervención social y el tratamiento individual. Antes de
profundizar en el análisis de estos diferentes tipos de pre-
vención del delito y, sobre todo, la forma en que han teni-
do éxito en los diferentes contextos europeos y la manera
en que se han transformado, vale la pena señalar que
este esfuerzo enorme de clasificación no ha sido capaz
de superar la superposición conceptual entre algunos
tipos de medidas de prevención del delito. Como se verá
más adelante, algunas categorías, en primer lugar la de
la prevención del delito en la comunidad, parecen tener
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 35
una autonomía conceptual débil con respecto a algu-
nas otras medidas, y hasta en ciertas ocasiones parecen
solaparse con otras categorías. Por otra parte, algunos
podrían pertenecer a diferentes tipologías. Es una ambi-
güedad que se plantea a partir de la dificultad de distin-
guir conceptualmente la prevención del delito desde la
prevención de la victimización.
6. Prevención del delito situacional
La prevención del delito situacional se basa principal-
mente en la idea de que la intervención en los contex-
tos, a través de una serie de mecanismos y dispositivos
simples, puede producir una reducción de la delincuen-
cia y la victimización. Como es bien sabido, la preven-
ción del delito situacional basa sus técnicas y su fun-
cionamiento en un conjunto de teorías criminológicas
en general como la “teoría de la oportunidad” y las
“actividades de rutina”, que Garland (1996: 450) de-
fine como “criminologías de la vida cotidiana”. En este
marco teórico, el delito no se considera como el resul-
tado de predisposiciones individuales y motivaciones,
sino de una serie de circunstancias y factores que crean
o aumentan las oportunidades delictivas en autores ra-
cionalmente motivados. En consonancia con esta idea
de la delincuencia, la prevención del delito situacional
se basa en un conjunto de medidas, especialmente res-
pecto a las formas específicas de delincuencia, y por lo
general implica algún tipo de gestión, manipulación y
configuración tanto de los contextos físicos como de las
actitudes y comportamientos.
Partiendo de un análisis de las circunstancias que dan
lugar a tipos específicos de delitos, se introduce una
gestión discreta y el cambio ambiental para reducir la
oportunidad de cometer actos delictivos. Además, se
centra en el escenario de la delincuencia, en lugar de los
delincuentes. Su objetivo es prevenir la ocurrencia de
delitos, en vez de detectar y sancionar a los que comen-
ten los delitos. Su propósito no es eliminar las tenden-
cias delictivas o los delincuentes a través de la mejora
de la sociedad y sus instituciones, sino se limita a hacer
que las acciones delictivas sean menos atractivas para
los delincuentes (Clarke, 1997: 2).
A pesar del hecho de que la prevención del delito si-
tuacional ha sido presentada por sus defensores como
una nueva forma de luchar contra la delincuencia, la
mayor parte de las medidas que lo componen no son nue-
vas en lo absoluto. Ya se ha comentado (Garland, 2000:
5) cómo Enrico Ferri, penalista italiano y defensor del
positivismo sociológico, propuso a principios del siglo XX
una serie de sustitutos a las medidas penales, la llamada
sostitutivi penali, que previeron la importancia de cen-
trarse en la prevención del delito en el contexto y no solo
en las motivaciones individuales de los delincuentes por
medio de, por ejemplo, esclarecer y fortalecer el objetivo.
En términos más generales, hace muchos años Gar-
land demostró cómo el reducir las oportunidades y las
ocasiones, en lugar de centrarse en los individuos que son
cambiantes, desarrolla un papel importante en muchos
enfoques diferentes de sentido común (por ejemplo, el de
Ferri, entre los de otros teóricos de prevención del delito)
36 | artículos y ensayos
y del trabajo policial. Un gran grupo de expertos se ha de-
dicado a la prevención del delito situacional, por lo que la
intención aquí no es pasar más tiempo en la descripción
de dichas técnicas. Más bien nuestra atención se centra
en algunas de las características y problemas conexos. La
primera es la creciente importancia de la prevención del
delito situacional en la mayoría de los programas preven-
tivos y planes adoptados en muchos contextos diferentes
en Europa. Garland (2000: 13 ss.) destacó los factores
que podrían haber hecho que la prevención del delito si-
tuacional fuera tan atractiva para los políticos de las últi-
mas décadas. Uno de ellos es la creciente importancia del
sector privado y el enfoque policial de seguridad, y, de for-
ma más general, el hecho de que este tipo de prevención
del delito no depende necesariamente de las agencias es-
tatales e instrumentos tradicionales de la justicia penal.
Por otra parte, en una perspectiva más amplia, la pre-
vención del delito situacional “tiene una fuerte afinidad
con... la cultura generalizada de control que había cre-
cido en la modernidad tardía” (ibíd., 14). El éxito de la
prevención del delito situacional, sin embargo, no habría
sido lo mismo sin el desarrollo de políticas locales de se-
guridad, es decir, el intento ya se ha mencionado para
controlar el delito en el ámbito local a través de un con-
junto de diferentes políticas locales y, en general, con la
politización de los temas de la delincuencia y la seguri-
dad en las últimas décadas. El éxito de la prevención del
delito situacional en el plano político es fácilmente com-
prensible porque, mucho más que cualquier otro tipo de
prevención del delito, parece ofrecer a los políticos no
solo un conjunto de respuestas fácilmente disponibles,
pragmáticas y aparentemente exitosas con el delito, sino
que también representa una buena manera de responder
a las necesidades de los ciudadanos en materia de segu-
ridad.
Una segunda característica importante de la preven-
ción del delito situacional es la tendencia a ampliar el
conjunto de prácticas. Durante casi veinte años, Ronald
Clarke amplió el número de categorías de las medidas
conceptuales de prevención del delito, de tres a cinco. Las
tres primeras categorías de la prevención del delito situa-
cional se centraron en las circunstancias y oportunida-
des, en la década de los ochenta, mientras que los otras
dos añadidas más recientemente se centran en técnicas
de ayuda a los posibles delincuentes para que cumplan
con las normas y respeten la ley. Esto también representa
una ampliación en el conjunto de teorías que son el mar-
co conceptual de estas estrategias, ahora amplificada
para abrazar la teoría de David Matza sobre las técnicas
de neutralización y otras teorías del control social.
La famosa clasificación de Clarke de técnicas situa-
cionales, ahora, abarca cuatro categorías generales con
el fin de mejorar el esfuerzo: aumentar el riesgo, reducir
los beneficios, reducir provocaciones y eliminar excusas,
cada una de los cuales contiene cinco subtécnicas pre-
ventivas (Clarke, 2005: 46-47).
En el mismo período, Clarke también intentó ampliar
la aplicación de la prevención del delito situacional a di-
ferentes tipos, como los delitos relacionados con el terro-
rismo (Clarke y Newman, 2006) y, de forma más general,
no solo a delitos contra la propiedad. En esta ampliación,
se puede apreciar tanto el esfuerzo de Clarke para res-
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 37
ponder a las críticas relativas a la prevención del delito
situacional, sobre todo su éxito solo en el ámbito de la
propiedad y otras formas muy concretas de la delincuen-
cia, como su intento de ofrecer una teoría general de la
prevención del delito.
A pesar de la creciente importancia en muchos con-
textos europeos y su fuerte presencia en diversos pro-
gramas preventivos nacionales y locales, la prevención
del delito situacional ha sido fuertemente criticada en el
debate criminológico por algunas de sus características.
En un nivel práctico, su eficacia ha sido puesta en duda.
Además, se ha criticado también los diversos problemas
de desplazamiento que puedan surgir de las intervencio-
nes situacionales. En un plano más teórico, la preven-
ción del delito situacional y las racionalidades crimino-
lógicas sobre las que esta se basa han sido criticados por
cuestiones éticas, como violaciones de los derechos de los
ciudadanos, la injusticia y el refuerzo de la exclusión de
la sociedad de algunos grupos, así como también por ser
un enfoque con mucho sentido común que no se ocupa
de toda la complejidad de la delincuencia y sus causas9.
7. Prevención del delito social
La prevención del delito social abarca todas aquellas medi-
das cuyo objetivo es eliminar o reducir los factores crimi-
nógenos, a partir de un enfoque motivacional de la delin-
9 El análisis crítico más reflexivo y preciso de la prevención situacional del delito se encuentra en von Hirsch, Garland, y Wakefield (2000).
cuencia. En este enfoque, el delito se considera el resultado
de varias causas sociales, lo que se puede abordar de ma-
nera coherente solo a través de programas sociales capa-
ces de reducir o atenuar los problemas sociales que son las
raíces de la delincuencia (Robert, 1991: 16; Gilling, 1997:
5), a través de inversiones en programas de desarrollo
social que fortalezcan a los individuos, las familias y las
comunidades (Knepper, 2007: 140). En contraste con la
prevención situacional del delito, en este enfoque el autor
del delito y sus motivaciones son la base de la prevención
del delito, por lo que goza de mucha relevancia en el con-
texto, no como una “situación” sino como un conjunto de
condiciones sociales que conducen a la delincuencia:
La prevención del delito social busca cambiar las mo-
tivaciones delictivas, que se percibe radica más en las
personas que en las cosas, en el entorno social (...)
intenta lograr este objetivo a través de las medidas de
políticas sociales como las políticas de vivienda, salud
y educación en lo que concierne a la delincuencia y el
alcohol; la política familiar y educativa; trabajo con jó-
venes; y la política de empleo (Gilling, 1997: 5-6).
Según algunos estudiosos, la prevención social del de-
lito no es un esfuerzo autónomo, sino que forma parte de
las políticas de bienestar más general (Walgrave y de Cau-
ter, 1986; Peyre, 1986) y como tal debe ser un componen-
te de muchos conjuntos distintos de políticas sociales10.
10 Para un enfoque similar, pero más reflexivo y actualizado de la prevención del delito social, véase Knepper (2007).
38 | artículos y ensayos
Además, una reciente revisión de la prevención social del
delito (Graham y Bennett, 1995) incluye diversas políti-
cas de bienestar social, incluidas las políticas de la fami-
lia, el trabajo, la vivienda y las políticas de integración
social. Según otros, aquí se define la prevención social del
delito como la vinculada al delito comunitario-social y
debe mantenerse separada de las políticas sociales gene-
rales, a causa de su orientación directa a determinados
grupos sociales, áreas y contextos (Pitch, 2006: 128).
Asimismo, se ha señalado que no todas las interven-
ciones sociales deben ser vistas como problemas delicti-
vos que afectan. La prevención social, en esta perspectiva
menos amplia, es solo uno de los posibles objetivos de los
diferentes tipos de prácticas preventivas, procurado a tra-
vés de los programas sociales (Baillergeau, 2007: 9).
tonry y Farrington (1995), en su visión exhaustiva
de los enfoques de prevención del delito, ven la preven-
ción del delito social como una mezcla entre las preven-
ciones del delito en desarrollo y las de la comunidad. Más
precisamente, refiriéndose a la vaguedad de la preven-
ción social, diferencian la prevención del delito social
individual, que coincide con la prevención del delito tem-
prano y en desarrollo y la prevención del delito de la co-
munidad. El resultado es la desaparición de la definición
de la prevención del delito social en este marco teórico.
La línea entre la prevención del delito social y del deli-
to en desarrollo siempre ha sido vaga, porque ambos en-
foques tratan de hacer frente a diferentes déficits sociales
que funcionan como factores criminógenos en algún
contexto y la producción de efectos en algunos grupos
de la población. Un ejemplo de la superposición entre la
prevención del delito social y la prevención del delito en
desarrollo se puede encontrar también en Rosenbaum,
Lurigio y Davis (1998: 12), que definen la prevención so-
cial del delito como el conjunto de enfoques de la preven-
ción del delito “social” y “temprano” o “en desarrollo”,
en esta perspectiva, que comparten la noción de los ries-
gos potenciales de aparición de conductas delictivas en
algunos grupos de población, y se proponen intervenir
en “las raíces” de las causas de la delincuencia.
Las intervenciones tempranas en la vida de los niños a
fin de prevenir la criminalidad por completo, las inter-
venciones para evitar que los niños en riesgo sigan un
estilo de vida delictivo y las intervenciones para preve-
nir la reincidencia de menores (...) Su elemento defini-
torio es que todos ellos se centran en los jóvenes y sus
familias y tratan de abordar las “raíces de las causas”
del delito o de los factores que predisponen a los indivi-
duos que están en riesgo de caer en la delincuencia y la
criminalidad11.
La prevención del delito social también ha sido criti-
cada en las últimas décadas. Los enfoques sociales ante
la delincuencia, cuando se refieren a determinados gru-
pos sociales, se han considerado como medidas estigma-
tizadoras, en lugar de reducir el riesgo de las personas en
el desarrollo de una carrera criminal. Pero la crítica más
común de la prevención social del delito se centra en la
11 Para una definición similar de la prevención del delito temprano, véase más adelante el apartado 9.
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 39
excesiva permanencia y duración de la acción social, en
la falta de evidencia empírica acerca de su impacto en
las personas y la delincuencia, y en la aplicación y los
problemas relacionados con la evaluación. Hoy en día,
como se verá más adelante, la prevención del delito so-
cial aparentemente no es más consistente con las cultu-
ras dominantes de control de la delincuencia que con los
grupos sociales minoritarios, y parece ir disminuyendo
en este aspecto.
8. Prevención del delito en la comunidad
La comunidad en la prevención del delito es hoy en día
un concepto clave tanto en la teoría y política como en
la retórica de prevención del delito institucional. En la
vasta literatura en idioma inglés sobre este enfoque, se
emplean actualmente diferentes descripciones: “gober-
nanza comunitaria”; “capital social”, “eficacia colec-
tiva” y “cohesión social/comunitaria”; “regeneración
de barrios”; “renovación cívica” (Carson, 2007: 712).
En su definición más clara, la prevención del delito en
la comunidad “se refiere a las acciones propuestas para
cambiar las condiciones sociales que se consideran como
promotoras del delito en las comunidades residenciales.
Normalmente se concentra en la habilidad que tienen las
instituciones locales para reducir el delito en barrios resi-
denciales” (Hope, 1995: 21).
Una vez más, es necesario advertir que esta idea y sus
prácticas conectadas no son para nada nuevas. Ya exis-
tente en la noción de desorganización social, así como
también en los estudios ecológicos de los chicaguenses,
la idea de la movilización y el fortalecimiento de la comu-
nidad ha sido un concepto clave, junto con la suposición
de que la debilidad de los nexos sociales de la comunidad
y la competencia entre los grupos sociales en áreas defi-
nidas han sido las causas principales del delito.
En el concepto original, la comunidad fue el lugar
donde surgió el delito, pero también fue el medio para
combatirlo.
Probablemente, incluso más que otro enfoque, la
prevención del delito en la comunidad es un concepto
ecléctico, en donde es posible encontrar medidas e inter-
venciones diferentes que estén relacionadas conceptual-
mente tanto con el enfoque situacional como con el so-
cial. En esta amplia definición, la prevención del delito en
la comunidad abarca todas las estrategias que pretenden
fomentar la participación ciudadana, tanto en el ámbito
individual como en el colectivo. Dicha participación se
puede dirigir hacia diferentes objetivos: en un enfoque
para la comunidad, el propósito consiste en fomentar sus
recursos internos a fin de prevenir o reaccionar contra el
delito. Este enfoque también puede referirse a las medi-
das generales que permiten el establecimiento de condi-
ciones de vida más propicias en un barrio.
En una versión situacional, la prevención del delito
en la comunidad se basa en las prácticas que intentan
cambiar el ambiente físico –como consecuencia, reme-
mora la teoría del “espacio defendible”– o reducir las
oportunidades para el delito mediante diversas formas de
vigilancia y actitud defensiva ejercida directamente por
los ciudadanos.
Estas diversas tipologías de intervenciones han sido
40 | artículos y ensayos
clasificadas en tres categorías (Graham y Bennet, 1995:
71ff):
» La organización de la comunidad, basada principal-
mente en la labor de los sociólogos urbanos de la Es-
cuela de Chicago y el modelo del “proyecto del área
de Chicago”. El objetivo principal consiste en lograr
cambios sociales rápidos y no disruptivos, a fin de re-
forzar la organización social y los nexos de la comu-
nidad.
» La defensa de la comunidad, lo que implica la parti-
cipación directa de los ciudadanos en los programas
de prevención del delito, con el propósito principal de
mejorar la vigilancia y la autoprotección.
» El desarrollo de la comunidad, basado principalmen-
te en las mejoras de los barrios para combatir la deca-
dencia urbana “mediante la reconstrucción del tejido
social, económico y físico de las comunidades, que a
su vez puede provocar, de manera intencional o no,
la reducción del delito y la criminalidad” (Graham y
Bennett, 1995:82).
De la misma manera como se experimentó en la pre-
vención del delito social y situacional, los partidarios de
la prevención del delito en la comunidad han intentado
ampliar conceptualmente el campo y alcance de este
enfoque, incorporando algunas medidas situacionales y
sociales específicas, y también la política policial de acer-
camiento a la comunidad (Graham y Bennett, 1995; Ro-
senbaum, Lurigio, y Davis, 1998).
A partir de las observaciones mencionadas, queda
claro que, así como sucede con otros métodos de pre-
vención del delito, el enfoque de la comunidad no es una
categoría bien separada. El elemento más relevante que
la distingue es el hecho de que se toman en cuenta los
ciudadanos y, eventualmente, sus diferentes formas de
organización y movilización para realizar diversos tipos
de prácticas preventivas. Sin embargo, las acciones y pro-
pósitos del método pueden ser muy similares a aquellas
correspondientes a otras estrategias preventivas.
Se recomienda una observación final sobre los dos
principales marcos de trabajo conceptuales opuestos. El
concepto más difundido de la prevención del delito en la
comunidad se refiere a una idea de movilización como
una nueva forma de fortalecimiento para los ciudadanos
y como punto de partida para el desarrollo de una nueva
forma de orden social (Edwards y Hughes, 2002: 5). Por
otra parte, existe el concepto de comunidad como un me-
dio para preservar y defender los valores y propiedades
de los residentes, en oposición a las amenazas externas.
Como bien lo expresó Carson (2007: 13), la preven-
ción del delito en la comunidad muestra una clara para-
doja:
Es lo que se desea (…) debido al sentido de seguridad y
pertenencia que ella ofrece en un mundo de creciente
incertidumbre. No obstante, su realización, incluso
si es posible, puede depender de la exclusión y la dife-
renciación vigorosa como resultado de nuestra propia
inseguridad y, por lo tanto, de la exclusión colectiva de
aquellos que se perciben como “diferentes” y otros ele-
mentos de nuestro medio.
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 41
otra paradoja interesante es que está surgiendo un
fuerte interés en la prevención del delito en la comuni-
dad, “en un tiempo histórico en el que las comunidades
prácticamente están decayendo en relevancia como un
recurso de fuertes vínculos” (Crawford, 2007: 888).
9. Prevención del delito basado en el enfoque de factores de riesgo
Ya se ha visto la manera en que la prevención temprana,
independientemente si se trata de la prevención del delito
en desarrollo o la prevención del factor riesgo, resulta di-
fícil de distinguir de otros tipos de prevención, sobre todo
de lo que se ha denominado aquí como prevención del
delito social.
Este enfoque de prevención del delito muy conocido
y ampliamente difundido (especialmente en el contexto
angloamericano) se refiere a las motivaciones individua-
les para cometer delitos que se desarrollan durante las
diferentes etapas de vida de los individuos. El propósito de
la prevención es intervenir en estas distintas etapas, con
diferentes estrategias, en diferentes contextos –principal-
mente en la familia, la escuela y la comunidad (trem-
blay y Craig, 1995; Homel, 2005: 71)–. Existen tres ras-
gos distintivos principales de la prevención temprana del
delito. La primera se refiere a la etapa más temprana en
las vidas de los individuos, generalmente su infancia12,
12 No obstante, qué tan temprana debe ser la etapa, sigue siendo una interrogante abierta. De acuerdo con algunos cri-minólogos, los factores de riesgo durante el embarazo también deben ser tomados en consideración.
hasta la adolescencia. Segundo, la prevención temprana
involucra el esfuerzo por intervenir en el primer acto de
desviación o delito de un individuo. Finalmente –y aquí
se puede apreciar la manera en que coincide la preven-
ción del delito temprana o en desarrollo con la preven-
ción del delito social– la prevención temprana requiere
cierto tipo de intervención individual o social.
Cualquiera sea la etapa donde intervenga la preven-
ción del delito, lo que importa es, principalmente, anali-
zar los diferentes factores de riesgo en distintas etapas de
la vida:
El término “factor de riesgo” captura un énfasis en la
identificación, medida y manipulación de las variables
principales correlacionadas con el delito futuro como la
base para el diseño y ejecución del programa. Los fac-
tores de riesgo son esencialmente nociones de sentido
común que han sido colocadas dentro del estrujador
de la medida exacta y análisis estadístico, a menudo en
encuestas longitudinales donde los mismos individuos
son estudiados por varios años (algunas veces desde el
nacimiento) [Homel, 2005: 74].
Actualmente, el concepto de los factores de riesgo es
uno de los más relevantes en la literatura criminológica
sobre la prevención del delito, y la lista de posibles facto-
res de riesgo aumenta con frecuencia. Entre los factores
individuales, Farrington y Welsh (2007: 37) mencionan
el bajo coeficiente intelectual y bajo nivel de instrucción,
temperamento, empatía, impulsividad y bajas destrezas
sociales. Asimismo, entre los factores de riesgo familiar
42 | artículos y ensayos
se pueden mencionar la negligencia y el abuso infantil,
familias numerosas, conflictos y desintegraciones fami-
liares, y madres adolescentes solteras.
Finalmente, entre los factores de riesgo social están la
pobreza absoluta, la influencia de amistades y la influen-
cia escolar y colectiva.
La simplicidad conceptual y el sentido común de mu-
chos de estos factores de riesgo determinan el éxito de
la estrategia de la prevención del delito social, especial-
mente en el contexto angloamericano. Como muchos de
sus seguidores así lo manifestaron, “El principio básico
de este enfoque es muy simple: identificar los factores de
riesgo para su erradicación e implementar el diseño del
método de prevención a fin de contrarrestarlos” (Farr-
ington y Welsh, 2007: 94-95).
Una característica importante de la prevención del
delito social yace en la amplia cantidad de investigacio-
nes empíricas basadas en este enfoque de los factores del
delito y los múltiples intentos de algunos de sus defenso-
res para imponerla como la principal y más exitosa estra-
tegia de prevención del delito, no muy distinto a lo que
sucedió y sigue sucediendo en el caso de la prevención
del delito situacional. “La principal lección de la literatu-
ra sobre la prevención del delito en desarrollo se basa en
que es posible hacer una distinción, a corto y largo plazo,
especialmente para niños y personas jóvenes desfavore-
cidas y vulnerables” (Homel, 2005: 97).
Las críticas de la prevención del delito basada en el
enfoque de factores de riesgo y sus tipologías secundarias
no difieren mucho de aquellas que surgen en relación
con los enfoques situacionales para la prevención del
delito. La intrusión en las vidas personales y selección
y estigmatización de grupos sociales (padres solteros y
madres solteras, por ejemplo) son los intereses más di-
fundidos sobre esta estrategia. En el ámbito conceptual,
también se ha destacado lo difícil que resulta distinguir
aquellos riesgos propios y auténticos de los riesgos que
son simplemente meras correlaciones (Crawford, 2007:
883).
10. Modelos europeos de la prevención del delito
Algunas investigaciones comparativas sobre la preven-
ción del delito en Europa (Robert, 1991; Hebberecht y
Sack, 1997; Duprez y Hebberecht, 2001) mostraron el
surgimiento de dos modelos de prevención del delito. El
Reino Unido y Francia a menudo son referenciados como
dos contextos europeos distintos donde por primera vez
se desarrollaron estos modelos y en su forma más clara.
De acuerdo con esta distinción, las políticas de preven-
ción del delito desarrolladas en el Reino Unido se basaron
principalmente en los siguientes principios13:
1. Prevalencia de la prevención del delito situacional so-
bre la prevención del delito social.
2. Papel principal de la policía y, de forma más gene-
13 No obstante, este énfasis en los gobiernos locales fue en Francia más retórico que real, debido a su naturaleza fuerte-mente “centralística” del marco institucional francés; mientras que en aquellos países con una estructura de estado más débil, como en el caso de italia, funcionó mejor.
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 43
ral, predominancia de un “nivel técnico” sobre uno
político.
3. Énfasis en la responsabilidad individual y en las fun-
ciones de las víctimas.
4. implicación de las comunidades locales en el control
del delito y en las labores de vigilancia, como en los
famosos programas conocidos como Neighborhood
Watch (vigilancia del barrio).
5. Enfoque en pragmatismos, implementación, manejo
y evaluación.
6. Estrategia evidente de delegación de responsabilida-
des desde el Estado nacional a otros actores (Garland,
1996); sin embargo, de una forma tal que el Estado
central (y precisamente el Ministerio del interior)
mantenga firmemente a la mano intereses, recursos,
evaluaciones de prioridad y similares.
El marco teórico de este modelo abarca todo el rango de
las teorías de oportunidades y sus enfoques de sentido co-
mún afines, tales como la famosa y políticamente exitosa
teoría de las ventanas rotas, cuyo principal foco de interés
es el desorden urbano. Pese a su origen esencialmente bri-
tánico, en sus etapas tempranas este modelo influenció am-
pliamente algunos países europeos como Holanda y luego
Bélgica, así como también otros contextos continentales.
Muy a menudo, la literatura comparativa sobre las
políticas de prevención del delito se ha opuesto a este mo-
delo francés o continental, basada en una serie de consi-
deraciones:
1. La prevalencia de la prevención social sobre la situa-
cional.
2. El intento por conferir a los cuerpos elegidos, espe-
cialmente en el ámbito local, un papel central14.
3. La idea de que los delitos son el resultado de una de-
pravación social, marginalidad, falta de oportunida-
des, decadencia urbana y similares.
4. Una delegación limitada de responsabilidad para los
individuos y las comunidades, y el intento de invo-
lucrar a las organizaciones colectivas, los servicios
sociales y otros actores institucionales en políticas de
prevención del delito.
Este discurso sobre la prevención del delito, desarro-
llado en la década de los ochenta en Francia, se enfoca
principalmente en las acciones sociales como un medio
para intervenir en contextos sociales a fin de prevenir
el delito. Posteriormente, el modelo se desarrolló con el
propósito de crear una política de discriminación posi-
tiva para los barrios marginados (Rochè, 1999; Body-
Gendrot y Duprez, 2001: 378).
11. Prevención en Europa: el modelo “mixto”
originalmente, los dos modelos anteriores –el británico y
el francés–, no se podían separar de manera clara. Ya en
los primeros años, compartían más rasgos del producto
14 Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, como sugiere la perspectiva comparativa de Garland (2001).
44 | artículos y ensayos
de sus reducciones a modelos; y durante la década ante-
rior, se asemejaban cada vez más, hasta el punto en que
las características que compartían probablemente supe-
raban a aquellas que las diferenciaban (Duprez y Hebbe-
recht, 2001).
Al mismo tiempo que conservaba algunas de sus ca-
racterísticas originales, el modelo británico incluyó, al
menos por un período, una intervención de las autori-
dades locales en las políticas de prevención del delito y,
como un concepto clave para el equilibrio del papel prin-
cipal de la política, fomentó la idea de la seguridad colec-
tiva (Crawford, 2007). Lo mismo ocurrió en el modelo
francés, donde a menudo se incluyeron más medidas
coercitivas o estrategias situacionales en las políticas de
prevención del delito (Rochè, 1999).
Como resultado, hoy en día la mayoría de las políticas
de prevención del delito en Europa son una mezcla de las
medidas situacionales y sociales, donde el enfoque situa-
cional es dominante15.
italia representa un caso interesante para una mejor
comprensión de este modelo “mixto”. La nueva infraes-
tructura de la prevención del delito, desarrollada en italia
a comienzos de la década de los noventa, fue articulada
en muchos proyectos municipales coordinados a menu-
15 La compatibilidad de la “racionalidad situacional” con la “justicia social” y la difusión de los modelos articulados de la prevención del delito fue analizada anticipadamente por o’Malley (1992) y Gilling (1997).
do por los gobiernos regionales, los cuales destinaban
fondos y en algunos casos soporte técnico16.
El modelo se caracteriza por una mezcla entre las me-
didas sociales tradicionales, las nuevas medidas para la
tranquilidad social (apoyo a las víctimas, movilización de
la comunidad) y la prevención del delito situacional (un
conjunto de medidas basadas principalmente en la vigi-
lancia, el control administrativo y el diseño ambiental
con propósitos defensivos).
Las medidas de prevención del delito situacional, que
representaron una verdadera novedad, fueron adoptadas
con entusiasmo en muchas ciudades y en algunos casos
siguen prevaleciendo sobre la prevención social. Dado
que a los cuerpos locales no les compete el cumplimien-
to de la ley ni la represión del delito y que, no obstan-
te, están dispuestos a ampliar su esfera de intervención
más allá del simple enfoque de “cuidar de”, las munici-
palidades se han esforzado por emprender la búsqueda
de nuevos instrumentos para el control de las personas
y el comportamiento. Estos instrumentos han sido halla-
dos en el diseño ambiental, en el uso de las disposiciones
administrativas y en la intensificación de la vigilancia,
16 Estas descripciones de la modalidad italiana para la “nue-va” prevención se basa en una investigación nacional sobre las políticas de prevención del delito en las 103 ciudades italianas más grandes durante los últimos cinco años de la década de los 90 (Martin y Selmini, 2000), y en una actualización parcial de la primera investigación nacional (Selmini, 2003).
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 45
esta última desempeñada principalmente por la Policía
Municipal17.
Las disposiciones administrativas (ordinanze sindaca-
li) están fundamentadas no en los poderes legislativos
para el delito, sino en los poderes administrativos. Ellas
son la prerrogativa de los alcaldes, quienes, por razones
vinculadas a la higiene pública u otros riesgos genéricos
para el bienestar de los ciudadanos, tienen el poder de
decretarlas a fin de enfrentar emergencias y mantener
rutinariamente varias actividades y diferentes grupos de
personas en espacios públicos bajo control. A través del
uso de tales disposiciones administrativas, las comunida-
des italianas han experimentado intervenciones sustan-
ciales de la policía local, especialmente contra la prosti-
tución en las calles, el caos, el irrespeto y las molestias
relacionadas con los inmigrantes indocumentados. Una
ley parlamentaria reciente (Nº 125/2008) amplió el uso
de estas disposiciones más allá de estos casos, confiriendo
a los alcaldes el poder de utilizarlas cuando sea necesario
en pro de la “seguridad local”.
La combinación de las medidas antes descritas ha
permitido a las autoridades locales desarrollar lo que
se denomina comúnmente en la jerga política como un
“enfoque integrado”. Esto significa que, en algunos ca-
sos, los programas de prevención del delito intentan, en
17 La fuerza policiaca municipal, que depende del alcalde, tie-ne una competencia exclusiva en el campo general de la seguri-dad administrativa, pero también posee el estatus de una fuerza de seguridad pública. Además de la definición normativa de las competencias policiales, el papel de las fuerzas en la prevención del delito aumentó enormemente en los últimos 10 años.
el ámbito local, modular la inclusión y exclusión social y
combatir las causas del delito, a la vez que, simultánea-
mente, controlan los síntomas del delito. No obstante, si
“la prevención del delito integrada” es una consigna po-
lítica muy exitosa, esto no quiere decir que la integración
podría realmente permitir a los gobiernos locales modu-
lar efectivamente estos dos enfoques diferentes (Selmini,
2005).
Un caso similar interesante de modelo mixto de pre-
vención del delito es el de Bélgica, donde, en la década
de los noventa, los gobiernos nacionales y locales imple-
mentaron varios esquemas preventivos basados en dife-
rentes cálculos y diversas racionalidades. Los programas
de prevención del delito, definidos como globale-integrée
(Cartuyvels, 1996), contribuyeron a combatir los delitos
urbanos ordinarios, la exclusión social y la sensación de
falta de seguridad; y sobre las bases de una experiencia
similar a la de Francia (Le Goff, 2004), también fueron
reguladas a través de los acuerdos formales administra-
tivos llamados contracts de sècuritè. A finales de la década
de los noventa, los modelos europeos de prevención del
delito se basaron en la mayoría de los casos, y a pesar de
algunas disparidades relevantes, en este enfoque mixto
de estrategias y en las diversas así llamadas lógicas o ra-
cionalidades.
No obstante, en todas partes, como ya se ha destaca-
do (Hebberecht y Duprez, 2002), el enfoque situacional
era dominante junto con todo el conjunto de explicacio-
nes del delito y los enfoques del control del delito cultural
relacionados con estas prácticas.
A pesar de las peculiaridades locales, las experiencias
46 | artículos y ensayos
de la prevención del delito europeo en países europeos se
basan ahora en algunos rasgos centrales comunes:
» La coincidencia de diferentes tipologías de prevención
del delito, con la prevalencia de los esquemas situa-
cionales y una relevancia emergente del método en-
focado en el riesgo.
» La atención creciente no solo hacia el delito sino tam-
bién a los comportamientos antisociales o irrespetos,
caos y diferentes formas de delito leve.
» El uso creciente de diferentes instrumentos adminis-
trativos y reguladores a fin de propiciar la prevención
del delito.
italia es una vez más un ejemplo interesante del uso
mixto de estos instrumentos de prevención del delito,
algunos adoptados del modelo francés (por ejemplo, los
contracts de sécurité) y otros del modelo británico (por
ejemplo, la disposición administrativa para combatir
el comportamiento antisocial, que en italia se asemeja
cada vez más a las disposiciones de comportamiento an-
tisocial británico).
12. Algunos comentarios finales
Este capítulo ha descrito el debate criminológico sobre la
definición de la prevención del delito, sus cambios en las
últimas décadas y los modelos que ahora se han difundi-
do en muchos países europeos. Asimismo, en el presente
documento se resaltó la manera en que estos cambios es-
tán orientados a una homogenización mayor de los dis-
cursos y las prácticas que aparentemente son capaces de
superar las peculiaridades locales.
La homogenización es principalmente el resultado
de las necesidades similares y los procesos generales que
han ocurrido en los últimos años en toda Europa. Como
se mencionó en las páginas anteriores, han emergido
nuevas formas de prevención en el continente europeo
como nuevas respuestas para los Gobiernos nacionales
y locales en procura de una estrategia que haga frente a
sus estatus de “sociedades de altos niveles de delincuen-
cia” (Garland, 2001).
La prevención también se ha convertido en la medida
adecuada en un mundo donde la soberanía del Estado
se está reestructurando y donde los Estados nacionales
están descentralizando sus funciones a través de diferen-
tes mecanismos de autoridad (Garland, 1996), así como
en donde las localidades están en la búsqueda de nuevos
poderes y una nueva visibilidad. Los discursos sobre la
prevención del delito que se difundieron por toda Europa,
las pasadas décadas, están profundamente arraigados en
estos cambios institucionales, globales y políticos.
Estos comentarios finales se enfocan en algunas inte-
rrogantes abiertas y problemas emergentes que al pare-
cer son también problemas comunes en contextos dife-
rentes, pero sobre todo en los siguientes puntos:
» Cambios y decadencia de la prevención del delito social.
» Permanencia de diferentes formas de prevención del
delito.
» Relevancia progresiva de las regulaciones adminis-
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 47
trativas para lograr los objetivos de prevención del
delito.
Dado que la prevención del delito situacional se ha
convertido en la categoría más difundida de prevención
del delito en la mayoría de países europeos en los últimos
veinte años, los enfoques sociales para la prevención del
delito ahora se perciben como obsoletos, extremadamen-
te costosos, imposibles de evaluar o ineficientes para las
tendencias delictivas.
En el contexto descrito, y a pesar de que al parecer
continúa siendo un concepto bien establecido, la preven-
ción social está cambiando radicalmente en naturaleza,
alterando sus rasgos en la práctica diaria y las políticas
de seguridad. Por las razones mencionadas, una vez in-
tegrada en las políticas de seguridad local, la prevención
del delito social se encuentra cada vez más en riesgo de
perder sus rasgos tradicionales18.
Por una parte, la racionalidad situacional predomi-
nante también ha permitido el establecimiento de aque-
llas medidas que una vez se denominaron sociales (el
corto plazo, como ya se ha mencionado, es el rasgo más
evidente de este cambio); por otra parte, las intervencio-
nes sociales se utilizan cada vez más como una medida
auxiliar para intervenciones situacionales.
otro cambio que afecta la prevención del delito social
está relacionado con el objeto de sus medidas –a saber, no
18 Una dinámica que también ha sido definida como “crimi-nalización de las políticas sociales” y que también ha sido ana-lizada ya en diferentes contextos europeos (Van Swaaningen, 2004; Cartuyvels, 1996; Pitch, 2006).
solo las poblaciones en riesgo de convertirse en delictivas,
sino también el riesgo potencial de afectar la percepción
de inseguridad entre la gente–. El desarrollo de las polí-
ticas de seguridad local, con sus amplios objetivos en la
prevención tanto del delito como las sensaciones de in-
seguridad, respaldó prácticas que están orientadas hacia
las víctimas potenciales del delito como sujetos vulnera-
bles, cuyas necesidades de protección están compensan-
do los esfuerzos para prevenir que algunas personas que
conviertan en delincuentes.
La tranquilidad social –un amplio concepto bajo el
cual es posible encontrar varias medidas destinadas a
prevenir el miedo al delito y la falta de seguridad o para
evitar conflictos en los barrios y entre diferentes grupos
sociales– es ahora utilizada con mayor frecuencia para
definir una nueva forma de poner en práctica la preven-
ción del delito social (Baillergeau, 2007).
Finalmente, la prevención del delito social ha per-
dido progresivamente su objetivo general de modificar
los contextos estructurales que favorecen al delito, y se
está articulando cada vez más en prácticas menos am-
biciosas. Más acertadamente, las medidas de la local,
muestran prevención del delito social, sobre todo aque-
llas adoptadas en proyectos de seguridad claramente un
cambio desde la intención de intervenir radicalmente
en las causas del delito a través de la reforma social para
ofrecer simplemente soluciones humanitarias, a menu-
do en el corto plazo, para algunos grupos marginados.
Esta pérdida de enfoque de la prevención del delito
social, especialmente cuando tales medidas se mezclan
con aquellas situacionales en el contexto de las políticas
48 | artículos y ensayos
de seguridad local, está documentada ahora en muchos
contextos diferentes19 y ha sido descrita como el resul-
tado de su “ambigüedad informacional y conceptual
contemporánea [que] abre las puertas para intereses po-
líticos múltiples y contradictorios, y al final del día, hace
vulnerable la cooptación por las agendas de control del
delito convencional” (Knepper, 2007: 140)20.
Además de estos cambios en la prevención del delito
social, un problema ulterior que merece ser destacado es
el surgimiento reciente de la prevención del delito en de-
sarrollo o la prevención del delito enfocado en el riesgo
como una alternativa tradicional de prevención social.
La prevención del delito en desarrollo y situacional
se presenta ahora –ambos en algunos trabajos crimi-
nalistas y en ciertos programas de seguridad– como la
nueva alianza capaz de combatir el delito en sus múlti-
ples dimensiones. Estas palabras expresan exactamente
el surgimiento de esta nueva alianza entre las diferentes
formas de prevención del delito:
19 Gilling (2001) destaca este cambio en la prevención del delito social en el contexto de algunos programas británicos mixtos de prevención del delito, donde las medidas de tranqui-lidad social también abarcan las medidas CCtV y la vigilancia callejera. La amplitud de este cambio en la prevención del delito social es destacada por Sutton y Cherney (2003) con referencia a Australia.
20 Muy pocos trabajos científicos pretenden actualmente co-locar la prevención del delito social una vez más sobre el esce-nario, para procurar también hacerla compatible con las nue-vas necesidades de las sociedades en riesgo y la nueva forma de las políticas de seguridad (Baillergeau, 2007; Knepper, 2007).
La solución (para el futuro) es una prevención integra-
da donde, paralelamente con una prevención penal
selectiva, se desarrolle otra medida preventiva: la si-
tuacional y la psicosocial (…) Dado el hecho de que los
comportamientos delictivos son el resultado de la pre-
disposición y las oportunidades, se requiere intervenir
en la predisposición hasta que esta sea posible, y luego
modificar las oportunidades (Savona, 2004)21.
Lo que se atestigua hoy en día es también la confu-
sión de los límites entre las diferentes tipologías de pre-
vención descritas en este capítulo. Lo que se percibe es el
surgimiento de una mezcla de estrategias cuyo rasgo de
principal importancia es proporcionado por su efectivi-
dad: la prevención del delito basado en la evidencia (abarcan-
do diferentes técnicas situacionales, sociales y de enfo-
que en los riesgos) se está convirtiendo en la estrategia de
prevención del delito más importante y única en algunos
programas criminológicos (Farrington y Welsh, 2006),
así como también en los programas políticos.
Muchas interrogantes continúan abiertas: ¿se está
advirtiendo la desaparición de la prevención del deli-
to social en su significado tradicional? ¿Qué cambios se
deben esperar del surgimiento de la prevención del de-
lito enfocada en el riesgo y la creciente relevancia de la
prevención del delito situacional? ¿Cómo será afectada la
estructura principal de las políticas de control del delito
por estos cambios, y especialmente por el uso creciente
21 Aquí, la prevención del delito basada en el enfoque de fac-tores de riesgo se denomina prevención del delito “psicosocial”.
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 49
de los instrumentos administrativos para controlar los
comportamientos y las situaciones y para disuadir a las
personas de actuar de manera delictiva o antisocial? ¿De
qué manera afectará la tendencia hacia una disminu-
ción en los índices delictivos, una tendencia aparente-
mente difundida por toda Europa, a estas experiencias de
prevención del delito?
Existen también cuestiones de mucha relevancia que
no se mencionan en este capítulo pero merecen ser anali-
zadas brevemente como problemas de importancia, rela-
cionados con la prevención del delito: como por ejemplo,
la dificultad para establecer modelos de evaluación de
lo que funciona y lo que no funciona. En relación con
la evaluación, existe una gran diferencia entre el Reino
Unido, donde la evaluación al parecer se ha difundido, y
Europa continental, donde la evaluación ha sido comple-
tamente omitida. Asimismo, los cambios relevantes en la
naturaleza no han sido mencionados, ni las identidades
profesionales ni las prácticas diarias de las políticas na-
cionales –cambios que tienen un gran impacto sobre la
prevención del delito–. Finalmente, algunos de los aspec-
tos que han sido omitidos en la discusión son la consi-
deración de enlaces y regulaciones administrativas en el
diseño de los esquemas de prevención del delito, y ahora
ellos son tan importantes como las definiciones cultura-
les y políticas de la prevención del delito.
todos estos problemas son, ciertamente, interesantes
para una mejor comprensión de los cambios y caracterís-
ticas de las estrategias contemporáneas de la prevención
del delito. En este capítulo, sin embargo, el análisis ha
sido limitado principalmente a los rasgos relacionados
con los cambios generales en las políticas de control del
delito, aquellas mismas que han delineado el marco de
trabajo para el desarrollo de las experiencias de preven-
ción del delito en Europa.
RefeRencias
Aden, H. (2001). “L’Etat protecteur, mobilisation de nou-veaux acteurs et repli sécuritaire: Les politiques de sécurité et de prévention en Allemagne dans les années 1990”, en Les po-litiques de sécurité et de prévention en Europe, ed. P. Hebberecht y D. Duprez. Deviance et Société 25(4): 459-77.
ALA (Association of London Authorities) (1990). Crime Prevention in the 1990s: National and local strategies. Documento no publicado.
Baillergeau, E. (2007). “intervention sociale, prévention et controle social: La prévention social d’hier à aujourd’hui”, De-viance et Société 32(1): 3-20.
Baratta, A. (1993). “i nuovi orizzonti della prevenzione”, Si-curezza e territorio 2: 9-14.
Barbagli, M. (1995). L’occasione e l’uomo ladro: Furti e rapine in Italia, Bologna: il Mulino.
Berkmoes, H. y G. L. Bourdoux (1986). “La prevention de la criminalité”, Revue de droit penal et de criminologie. 8/9/19: 733-782.
Body-Gendrot, S. y D. Duprez (2001). “Les politiques de sé-curité et de prevention dans les années 1990 en France”, en Les politiques de sécurité et de prévention en Europe, ed. D. Duprez y P. Hebberecht. Deviance et Société 25 (4): 377-402.
50 | artículos y ensayos
Brantingham, P.J. y F.L. Faust (1976). “A conceptual model of crime prevention”, Crime and Delinquency 22 (3): 284-296.
Carson, W. G. (2007). “Calamity or catalyst: Futures for com-munity in twenty-first century crime prevention”, British Jour-nal of Criminology 47: 716-727.
Cartuyvels, Y. (1996). “insécurité et prevention en Belgique: Les ambiguités d’un modéle ‘global- integré’ entre concerta-tion partenariale et integration vertical”, Déviance et Société 20 (2): 153-171.
Clarke, R.V. (1983). “Situational crime prevention: its theo-retical basis and practical Scope”, Crime and Justice 4: 225-256.
____ (1995). “Situational crime prevention”, Crime and Justice. Vol. 19, Building a safer society: Strategic approaches to crime pre-vention, ed. M. tonry y D. Farrington, 91-150. Annual publica-tion. Chicago: University of Chicago Press.
____ (1997). Introduction to situational crime prevention: Suc-cessful case studies, ed. R.V. Clarke, 2-43. Albany, NY: Harrow and Heston.
____ (2005). “Seven misconception of situational crime pre-vention”, en Handbook of crime prevention and community safety, ed. N. tilley, 39-70. Cullompton, Devon, UK: Willan.
Clarke, R.V., y G.R. Newman (2006). Outsmarting the terro-rist. Westport, Ct: Greenwood.
Crawford, A. (1997). The local governance of crime: Appeals to community and partnership. oxford: Clarendon.
____ (2007). “Crime prevention and community safety”, en The Oxford handbook of criminology, ed. M. Maguire, R. Morgan y R. Reiner, 866-909. oxford: oxford University Press.
Duprez, D. y P. Hebberecht (eds.) (2001). “Les politiques de sécurité et de prévention en Europe”, Deviance et Société 25 (4).
Edwards, A. y G. Hughes (2002). “introduction: the com-munity governance of crime Control”, en Crime control and community: The new politics of public safety, ed. G. Hughes y A. Edwards, 1-19. Cullompton, Devon, UK: Willan.
Ekblom, P. (1996). Towards a discipline of crime prevention: A conceptual framework. Home office Research and Statistical Di-rectorate (no publicado).
____ (2005). “How to police the future”, en Crime Science, ed. M. Smith y N. tilley. Cullmpton, Devon, UK: Willan.
Farrington, D.P. y B.C. Welsh (eds.) (2006). Preventing cri-me: What works for children, off enders, victims and places. New York: Springer.
____ (2007). Saving children from a life of crime. oxford: oxford University Press.
Feely, M. y J. Simon (1994). “Actuarial justice: the emerging new criminal law”, In the futures of criminology, ed. D. Nelken, 173-201. London: Sage.
Garland, D. (1996). the limits of the sovereign state. British Journal of Criminology 36 (4): 445-465.
____ (2000). “ideas, institutions and situational crime pre-vention”, en Ethical and social perspectives on situational crime prevention, ed. A. Von Hirsch, D. Garland y A. Wakefield, 1-16. oxford: Hart.
____ (2001). The culture of control: Crime and social order in con-temporary society. oxford: oxford University Press.
Garofalo, J. y M. McLeod (1989). “the structure and opera-tions of neighborhood watch programs in the United States”, en Controlling crime in the community: Citizen based efforts and initiatives, ed. A. Lurigio y L. Klein. Crime and Delinquency 35 (3): 326-344.
Gilling, D. (1994). “Multi-agency crime prevention in Britain: the problem of combining situational and social strategies”, Howard Journal of Criminal Justice 3: 246-257.
____ (1997). Crime prevention: Theory, policy and politics. Lon-don: UCL.
____ (2001). “Community safety and social policy”, European Journal on Criminal Policy and Research 9: 381-400.
Graham, J. y T. Bennett (1995). Crime prevention strategies in
La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 51
Europe and North America, vol. 28. New York: European institu-te for Crime Prevention and Control.
Hebberecht, P. y D. Duprez (2001). “Sur le politiques de pré-vention et de sécurité en Europe: Réflexions introductive sur un tournant”, en Les politiques de sécurité et de prévention en Europe, ed. D. Duprez y P. Hebberecht. Deviance et société 25 (4): 371-376.
Hebberecht, P. y F. Sack (eds.) (1997). La prevention de la delinquance en Europe: Nouvelles strategies. París: L’Harmattan.
Homel, R. (2005). “Developmental crime prevention”, en Handbook of crime prevention and community safety, ed. N. tilley, 71-106. Cullompton, Devon, UK: Willan.
Hope, T. (1995). “Community crime prevention”, Crime and Justice. Vol. 19, Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention, ed. M. tonry y D. Farrington, 21-89. Annual publication. Chicago: University of Chicago Press.
____ (2002). “La riduzione della criminalità, la sicurezza loca-le e la nuova filosofia del management pubblico”, en Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, “Dei delitti e delle pene”, 1-3: 207-229.
Hope, T. y R. Sparks (2000). “For a sociological theory of si-tuations (or how useful is pragmatic criminology?)”, en Ethical and Social perspectives on situational crime prevention, ed. A. Von Hirsch, D., Garland y A. Wakefield, 175-191. oxford: Hart.
Hughes, G. y A. Edwards (eds.) (2002). Crime control and community: The new politics of public safety. Cullompton, Devon, UK: Willan.
____ (2005). “Crime prevention in context”, en Handbook of crime prevention and community safety, ed. N. tilley, 14-34. Cu-llompton, Devon, UK: Willan.
Knepper, P. (2007). Criminology and social policy. London: Sage.
Landreville, P. (2005). “ordre social et répression pénale: Un demi-siècle de transformations. Paper presented at the interna-
tion meeting”, Crime et insécurité: un demisiècle de bouleverse-ments, Versailles, September 29-october 1.
Lavrakas, P.J. (1995). “Community-based crime prevention: Citizens, community organizations and the police”, en Crime, communities and public policy, ed. L. B. joseph. Chicago: Univer-sity of Chicago, Center for Urban Research and Policy Studies.
Le Goff , T. (2004). “Réformer la sécurité par la coproduction: action or rhétorique?”, en Réformer la police et la sécurité: Les nouvelles tenances en Europe et aux Etats Unis, ed. S. Roché, 82-104. Paris: odile jacob.
Nelken, D. (1985). “Community involvement in crime con-trol”, Current Legal Problems 3: 239-267.
____ (2002). “i confi ne mutevoli della criminalità”, Governare la sicurezza: attori, politiche e istituzioni in Europa, “Dei delitti e delle pene”, 1-3: 75-100.
Newburn T. y R. Sparks (2004). “Criminal justice and politi-cal cultures”, en Criminal justice and political cultures. National and international dimensions of crime control, ed. t. Newborn y R. Sparks, 1-15. Cullompton, Devon, UK: Willan.
O’ Malley, P. (1992). “Risk, power and crime prevention”, Economy and Society, 21 (3): 252-75.
Pavarini, M. (1994). “Bisogni di sicurezza e questione crimi-nale”, Rassegna italiana di criminologia 4: 435-462.
Pease, K. (1997). “Crime prevention”, en The Oxford handbook of criminology, ed. M. Maguire, R. Morgan, and R. Reiner, 963-996. oxford: oxford University Press.
Peyre, V. (1986). “introduction. Elements d’un debat sur la prévention de la delinquance”, Annales de Vaucresson 1 (24): 9-13.
Pitch, T. (2006). La società della prevenzione. Roma: Carocci.
Recasens i Brunet, A. (2007). La seguridad y sus políticas. Barcelona: Ariel.
Robert, P. (1991). “Les chercheurs face aux politiques de pré-vention, les politiques de prévention de la delinquance a l’aune
52 | artículos y ensayos
de la recherche”, en Un bilan international, ed. P. Robert, 1-27. Paris, L’Harmattan.
____ (2006). “Le politiche di prevenzione in Europa”, ponen-cia presentada en Politiche di sicurezza: Quale devianza, quale controllo sociale, quale politica? Università degli Studi di Perugia, june 29-30 (no publicada).
Rochè, S. (1999). “Le nuove tematiche della criminalità e la sua prevenzione in Francia”, Polis 1: 99-120.
Rosenbaum, D.P., A. Lurigio y R. Davis (1998). The pre-vention of crime: Social and situational strategies. Belmont, CA: Wadsworth.
Sack, F. (1997). “La situation allemande: Un cas unique et en retarde”, en La prevention de la delinquance en Europe: Nouvelles strategies, ed. P. Hebberecht y F. Sack. Paris: L’Harmattan.
Sampson, R.J. y S.W. Raudenbush (1999). “Systematic social observation of public spaces: A new look at disorder in urban neighborhoods”, American Journal of Sociology 105: 603-651.
Savona, E.U. (2004). “ipotesi per uno scenario della preven-zione”, en La sicurezza urbana, ed. R. Selmini, 273-284. Bolog-na: il Mulino.
Selmini, R. (2000). “Le misure di prevenzione adottate nelle città italiane”, Quaderni di Città sicure 20b: 53-78.
____ (2003). “Le politiche di sicurezza in italia: origini, svilup-po e prospettive”, en La criminalità in Italia, ed. M. Barbagli, 611-648. Bologna: il Mulino.
____ (2005). “towards Città sicure? Political action and insti-tutional conflict in contemporary preventive and safety policies in italy”, Theoretical Criminology 9 (3): 307-323.
Skogan, W.G. (1990). Disorder and decline: Crime and the spiral of decay in American neighborhoods. New York: Free Press.
Stenson, K. y A. Edwards (2004). “Policy transfer in local crime control: Beyond naïve Emulation”, en Criminal justice and
political cultures: National and international dimensions of crime control, ed. t. Newburn and R. Sparks, 209-233. Cullompton, Devon, UK: Willan.
Sutton, A. y A. Cherney (2002). “Prevention without poli-cy? the cyclical progress of crime prevention in an Australian state”, Criminal Justice 2: 325-344.
Tilley, N., J. Smith, R. Erol, et al. (2004). Problem-solving street crime. London: Home office.
Tonry, M. y D. Farrington (1995). Crime and justice. Vol. 19, Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention, ed. M. tonry y D. Farrington, 1-20. Chicago: University of Chi-cago Press.
Tremblay, R. y W. Craig (1995). “Developmental crime pre-vention”, en Crime and justice. Vol. 19, Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention , ed. M. tonry y D. Farr-ington, 151-236. Chicago: University of Chicago Press.
Van Dijk, J. y J. de Waard (1991). “A two-dimensional ty-pology of crime prevention projects”, Criminal Justice Abstracts. September: 483-503.
Van Swaaningen, R. (2004). “Un nuovo approccio in tema di sicurezza delle città”, Inchiesta 34 (143): 23-33.
Von Hirsch, A., D. Garland y A. Wakefield (eds.) (2000). Ethical and social perspectives on situational crime prevention. oxford: Hart.
Walgrave L. y F. de Cauter (1986). “Une tentative de clari-fication de la notion de ‘prévention’”, Annales de Vaucresson 1 (2): 431-451.
Welsh, B.C. y D.P. Farrington (eds.) (2006). Preventing cri-me: What works for children, off enders, victims and places. New York: Springer.
Young, J. (1992). “ten points of realism”, en Rethinking crimi-nology: The realist debate, ed. j. Young y R. Matthews, 24-67. London: Sage.
Seguridad y autocolonizaciónVera Malaguti Batista
La seguridad ciudadana y el modelo represivo de la derecha política venezolanaEdwin Rojas Mata
79 Un paso adelante, dos atrásEl kirchnerismo ante la cuestión policial (2003-2012)Marcelo Fabián Sain
Ideas para mirar la política de seguridad durante el gobierno del presidente ChávezMaría Lucrecia Hernández
Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva críticaAmadeu Recasens i Brunet
DOSSIER
una Mirada de iZQuierda de las PolítiCas PÚBliCas de seGuridad
Resumen La autora discurre entre las principales posturas de la crimino-
logía crítica sobre la relación entre control social, poder punitivo y lucha de
clases. inicia su recorrido asegurando las contribuciones del pensamiento
marxista en las teorías deslegitimadoras del poder punitivo, cuyo reto más
importante es la formulación de una política criminal de y para el movi-
miento obrero, sin atender a las demandas de orden del capital. Luego de
discurrir sobre distintas obras críticas que abonaron en este sentido, Ma-
laguti plantea algunas claves para la criminología crítica hoy y cierra con
una breve pauta en el desafío latinoamericano de producir paradigmas de
resolución de conflictos (o políticas de seguridad pública) que no reproduz-
can la autocolonización.
Palabras clave control social, poder punitivo, lucha de clases,
criminalización, autocolonización
Vera Malaguti Batista es bachiller en Ciencias Políticas y Sociales por la
Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro (1981); licenciada en So-
ciología con énfasis en Metodología por la Universidad Nacional Autónoma
de Heredia (Costa Rica, 1980); magíster en Historia Social por la Univer-
sidade Federal Fluminense (1997); doctora (2003) y postdoctora (2009) en
Salud Colectiva por el instituto de Medicina Social (iMS) de la Universidade
do Estado do Rio de janeiro. Actualmente es profesora de Criminología de la
Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de janeiro, secretaria
general del instituto Carioca de Criminologia y directora de la Revista Dis-
cursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade. Algunas de sus publicaciones
son Introdução Crítica à Criminologia Brasileira (2011), O medo na cidade do Rio
de Janeiro: dois tempos de uma história (2003) y Difíceis ganhos fáceis – drogas e
juventude pobre no Rio de Janeiro (1998).
criminologia@icc-rio.org.br
57
Seguridad y autocolonización*Traducido por Diego Larrique
El pensamiento marxista fue el eje fundamental para la emergencia de
un mirar deconstructor de las verdades jurídico-penales del iluminismo.
Cuando se encontró con la vanguardia criminológica liberal y con el aboli-
cionismo fundó la criminología crítica. trabajemos el marxismo en la histo-
ria de la criminología con Baratta (2002), Pavarini (1983) y Anitua (2008).
La obra de Marx es tan actual como el capitalismo; ninguna más que
ella demostró sus entrañas y su gran sentido. El concepto de plusvalía cons-
truido en El Capital nos devela el proceso de acumulación de capital (Marx y
Engels, 1980). El capitalismo se da a partir de un proceso de apropiación del
trabajo del otro. Es en la dominación del cuerpo, del trabajo vivo y del tiempo
del hombre que el capital se expande. Para que eso pudiera suceder, a partir
de la acumulación mercantil del siglo Xiii, era preciso también construir un
control de las almas. Como dice Gizlene Neder: no solo pensar, sino también
sentir; pero fue Carlos Marx quien nos abrió ese denso camino. Y, para que
algunos se apropiaran de los cuerpos y de los tiempos de los otros, se estable-
ció una conflictividad social creciente, una lucha de clases. Varias formas
de control social se constituyeron para dar cuenta de esta captura: desde la
educación al sistema penal.
* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Se-guridad (UNES) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 3 y el 5 de septiembre de 2012.
58 | Dossier
Aunque los clásicos de la teoría marxista no hayan
desarrollado un pensamiento articulado sobre la cues-
tión criminal, todos ellos produjeron artículos o textos
en los que apuntaban el sentido clasista de las criminali-
zaciones históricas y del poder punitivo. El texto de Marx
–aun liberal– sobre el robo de la leña caída, es algo que
no pueden dejar de leer aquellos que se interesan por la
cuestión criminal. también el Manifiesto del Partido Co-
munista, la Crítica del Programa de Gotha o La ideología ale-
mana contribuyen mucho para una mirada crítica.
El derecho penal, en esta línea, va a aparecer como
un discurso de clase que pretende legitimar la hegemonía
del capital y en cierta forma es eso lo que dicen Lemert
(1967) y Schur (1971) cuando hablan de criminalización
primaria. A pesar de las acusaciones de reduccionismos
y determinismos económicos, fue el marxismo el que re-
politizó la cuestión criminal. Los operadores del sistema
penal serían intelectuales orgánicos del proceso de acu-
mulación de capital. Es a partir de esa visión que la cri-
minología comienza a ser leída como ciencia de control
social, con la utilización de conceptos como hegemonía,
dominación y principalmente lucha de clases.
Esta comprensión más amplia es la que va a producir
la negación de que el objeto de la criminología tenga sen-
tido por sí mismo. Para comprender la cuestión criminal
tenemos que comprender también la demanda por el or-
den. Su racionalidad estaría en la respuesta política para
necesidades de orden mutable, nos enseña Pavarini. Exis-
ten entonces demandas distintas de política criminal. El
absolutismo generaba demandas de orden a partir del
capital mercantil, la burguesía ascendente demandaba
garantías para la explotación intensiva de mano de obra
para la revolución industrial y de ahí en adelante hasta
las demandas actuales del capitalismo video-financiero.
Aprendemos con Zaffaroni (1991) que en los márgenes
del capitalismo central, en nuestra periferia, ocurre una
transculturización de las políticas criminales que se actua-
lizan sucesivamente ante las revoluciones: la mercantil,
la industrial y la tecnocientífica.
El marxismo develó, entonces, la apariencia legitima-
dora de la norma jurídica sobre los modos y las luchas
que se producen en las relaciones sociales de clase. El
discurso criminológico surge históricamente como una
ciencia burguesa nacida con el proceso de acumulación
de capital para ordenar y disciplinar el contingente hu-
mano que iría a producir la plusvalía. Esa concepción
del mundo, vendida como teoría científica, sería entonces
una teoría legitimadora del capitalismo. No es por nada
que, a pesar de la criminalización de algunas sustancias,
el mayor indicador criminal continúa siendo el de las in-
fracciones contra la propiedad privada.
La cuestión criminal, después del marxismo, solo
puede ser pensada en sociedades concretas y específicas.
El derecho aparece entonces como un cuerpo de inter-
pretaciones que son aceptadas como válidas en una de-
terminada coyuntura, a partir de una demanda de orden
proveniente de necesidades económicas, sociales y cultu-
rales. Es importante observar que las estrategias de con-
trol social pueden ser formales o informales.
tal vez el punto más neurálgico del pensamiento mar-
xista sobre la cuestión criminal se presente en la siguien-
te vertiente del problema: la formulación de una política
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 59
criminal de y para el movimiento obrero. Pienso que de
inmediato brotan los grandes problemas del marxismo
en este campo. Ya hablamos de la absoluta adhesión a la
idea del Estado (aquella misma que vino del liberalismo)
y del olvido del fin del Estado a partir de la derrota del
capital para que el hombre tuviese dominio sobre su pro-
pio cuerpo y su propio tiempo, ambos libres. Un segundo
problema sería el discurso moral y el sentido de nueva
misión ordenadora. Dio lo que dio. No conozco mejor crí-
tica a esos problemas que la de Renato Guimarães:
Creo que el cerco capitalista, siempre agresivo, gene-
ró en la Unión Soviética una necesidad más severa de
seguridad interna, atendida por el Estado con restric-
ciones a la circulación de informaciones e ideas. tales
restricciones, con el tiempo, produjeron inhibición po-
lítica en la población, estimuló el abuso en los círculos
dirigentes y acabó perjudicando el propio desarrollo de
las fuerzas productivas del país. Eran necesarias, pues el
secreto es un recurso militar vital, sobre todo cuando el
enemigo es más fuerte, pero tuvieron la contrapartida
negativa de instigar miedo en los de abajo, prepoten-
cia en los de arriba e incerteza en todos. Les faltó a los
gobernantes capacidad y tal vez la posibilidad –dada la
permanente e inclemente presión del cerco capitalista–
de lidiar con esa contradicción sin sacrificar la demo-
cracia socialista. Como subproducto, vino el desinterés
gradual de la mayoría de la población trabajadora por
el destino de las empresas en que trabajaban y, de modo
más general, por la política, en la medida que el control
efectivo de los medios de producción, que teóricamente
debería contener a los sóviets y, por tanto, a todo el pue-
blo, pasó en verdad a ser ejercido por los dirigentes del
partido, que mandaban en el Estado y el resto del país.
(“Prólogo” de Martens, 2003: 12)
Pero para nosotros, en la periferia del capitalismo, aún hay un problema: la izquierda construyó un horror político al lumpesinato, aquella masa de pobres sin tra-bajo, el ejército industrial de reserva, sin perspectiva de reclutamiento para la industria o para los sindicatos y, principalmente, sin capacidad de constituir su concien-cia de clase. Melossi, en el prefacio al libro de Alessandro de Giorgi (2006: 9), habla un poco de esos ciclos históri-cos en que los criminalizables, en general los pobres, se constituyen en canallas, incluso consiguieron construir redes de solidaridad, cooperación y fuerza que permitie-ran su reconducción al mundo legal. Nosotros, marxis-tas, no debemos soñar en disciplinar la mano de obra para el capital, atendiendo a sus demandas de orden. En Brasil, la clase trabajadora siempre fue constituida por el sentido peyorativo que la palabra lumpen (andrajoso) significaba. El proletariado organizado, consolado en la densa y vigorosa obra de Marx como aquella fuerza so-cial capaz de detener la barbarie del capital, era concen-trado en el parque industrial de algunas grandes ciuda-des brasileras, en especial San Pablo. Pero nuestra fuerza de trabajo es constituida también por sobrevivientes de la colonización exterminadora, por los escombros de las civilizaciones originarias, de los africanos y sus descen-dientes, de los zambos, mamelucos, polacas, francesas de la belle-époque, gatunos y demás descartables.
En la historia política contemporánea brasilera el campo de la izquierda tiene encuentros y desencuentros en torno a ese embate; PtB y/o/con el PCB, y después PDt y/o/con el Pt. Ganó el Pt con Lula y el proletariado
60 | Dossier
organizado llegó al poder1. Se tornó un patrimonio po-
lítico del pueblo brasilero, por los mínimos avances de
las condiciones objetivas y por el poder simbólico de su
presidencia, pero no puede detener la destrucción y la
barbarie. El Estado brasilero, a pesar de todas las racio-
nalizaciones sociofuncionalistas y de los seminarios de
derechos humanos, encierra, tortura y mata, sin conse-
guir romper con la línea ascendente de la truculencia del
Estado policial.
Concluyendo, la izquierda real, que disputó y disputa
el poder en el capitalismo actual, precisó pensar en po-
líticas criminales alternativas contra las concepciones
consensuales y organicistas de la tradición liberal. Mu-
chos equívocos surgen de esa demanda de orden: de la
ilusión del redireccionamiento del poder punitivo contra
los poderosos, legitimando el sentido preventivo o el fin
de la pena, hasta las tenebrosas prevenciones y terapias
contra el delito.
Las contribuciones del marxismo son fundamentales
para una ruptura metodológica en el desarrollo de los dis-
cursos sobre la cuestión criminal. Es producido un pasaje
de la fenomenología criminal a los procesos de criminali-
zación, el foco se extiende más allá del objeto, en la tensión
constante de la lucha de clases y la furia devastadora del
capital. Entran en juego las relaciones entre ilegalidad y
plusvalía, ilegalidades de las clases trabajadoras, los críme-
nes contra la propiedad, las estrategias de supervivencia,
1 PTB (Partido Trabalhista (Laborista) Brasilero); PCB (Parti-do Comunista Brasilero); PT (Partido de los Trabajadores); PDT (Partido Democrático Laborista). (Nota del Traductor.)
las relaciones entre la estadística criminal y el mercado de
trabajo, la idea de un encarcelamiento desigual, articula-
do con la represión de la clase obrera, de los pobres y de los
resistentes, como decía la brava Rosa del olmo (2004). En
fin, esta escuela de pensamiento echa por tierra la argu-
mentación positivista y rectifica el pensamiento liberal de
alcance medio. El marxismo y sus investigaciones liberta-
rias y deslegitimadoras de la pena del labeling norteameri-
cano parirían la criminología crítica.
Anitua nos narra los destinos trágicos de los tres au-
tores marxistas de la segunda generación: muertos en los
años treinta del siglo XX y que solo fueron leídos en los
años sesenta, luego del fascismo nazi. William Bonger,
holandés (1876-1940), investigó la relación entre la
criminalidad y las condiciones económicas en 1905. (En
Brasil, en la misma coyuntura Clóvis Beviláqua analiza-
ba la relación entre los índices criminales y los períodos
de sequía en el nordeste.) Anitua presenta entre los tra-
zos principales de la obra de Bonger la naturaleza egoísta
del capitalismo. En 1935 escribió Raza y delito y en 1936
una Introducción a la criminología. Bonger se suicidó
cuando Holanda fue invadida por los nazis.
En esa línea trágica, brilla la estrella roja de Evgeny
Pashukanis (1976), el jurista soviético libertario ejecuta-
do por el estalinismo. Pashukanis fue el crítico más radical
desde el punto de vista jurídico, entendiendo las leyes pe-
nales como falsa conciencia y fetichismo del capitalismo.
Él muestra cómo la idea del contrato se transforma en la
gran metáfora de las relaciones sociales, en aquellas idea-
lizaciones que a los operadores del derecho les gusta usar,
como la idea del Estado democrático de derecho. El jurista
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 61
tiene que salir de su mundo ideal y enfrentar los embates
de su tiempo. Pashukanis decía que es el derecho quien
confiere legalidad a las relaciones económicas, y fue tam-
bién él quien produjo una fina articulación del marxismo
en su Teoría general de derecho y marxismo. Su comprensión
del proceso de extracción de plusvalía sobre el trabajo y el
tiempo del hombre apalancó su teoría de deslegitimación
de la prisión. Para él, la jurisdicción penal del Estado bur-
gués era terrorismo de clase organizado. Es lamentable que
ese pensamiento no haya florecido en el socialismo real,
pero los tiempos eran muy difíciles y las condiciones obje-
tivas no eran nada buenas. Se perdió lo mejor.
Georg Rusche (1900-1950) cumple el círculo trágico
de la fundación de la criminología crítica. Gizlene Neder,
en el prefacio de la edición brasilera de Pena y estructura
social, cuenta esa historia, principalmente su vida erran-
te judía en la ascensión del fascismo nazi. Graduado en
Derecho y Economía, Rusche (2004) en 1938 escribe su
revolucionario libro Pena y estructura social. A partir de
esa reflexión, en la perspectiva histórica de la pena y de
los sistemas penales, ya no se puede pensar el poder pu-
nitivo en abstracto. El estudio demuestra concretamente
que el sistema punitivo se liga de forma intrínseca con
el sistema de producción. Su libro, complementado por
Kirchheimer, inspiró a Foucault, que lo cita poco. Pero
toda la pensata foucaultiana se valió de la idea de cuer-
pos dóciles, sujeciones, subjetivaciones y sujetamientos
enraizables a la teoría marxista. Rusche se suicida en la
diáspora de la Escuela de Frankfurt. El destino de su exilio
fue primero Palestina y después el Estados Unidos de la
alianza de Roosevelt con el socialismo; fue un poco lo que
vivimos en Brasil en los años setenta: algunas muertes
que llamábamos asesinatos culturales. Bonger y Rusche se
quitan la vida y Pashukanis es ejecutado por el Estado
soviético. Fueron los grandes maestros de la crítica mar-
xista. tiempos difíciles.
Esa escuela crítica floreció en Europa y en las Améri-
cas. Es entre los años sesenta y los ochenta que la crimi-
nología crítica florece con las obras de Baratta, Melossi,
Quinney, turk, Briccola, Chambers, Mathiesen (marxis-
ta y abolicionista) taylor, Walton y Young. En la América
Latina insurgente de los sesenta, con el ciclo de las dicta-
duras cívico-militares, la izquierda formó un sólido dique
de teoría y prácticas de resistencia al poder punitivo de
aquel autoritarismo. Bergalli, Pegoraro, Zaffaroni, Lolita
Aniyar de Castro, Rosa del olmo, Caridad Navarrete, No-
voa Monreal, Bustos Ramírez, Luis Carlos Pérez y tantos
otros en todo el continente. En el libro de Anitua tene-
mos un buen encuentro con esa historia que un día Rosa
del olmo comenzó a contar y que Máximo Sozzo analizó
como traducciones.
En Brasil la izquierda jurídico-penal estaba en la trin-
chera de la lucha contra el arbitrio y la truculencia esta-
tal: Nilo Batista, juarez Cirino dos Santos, Roberto Lyra
Filho, Zahidé Machado Neto, Gizlene Neder y Gisálio
Cerqueira. incluso Michel Misse participó de ese movi-
miento. juarez tavares fue el primer jurista brasilero en
incluir el marxismo en su teoría del delito.
No todas las lecturas del marxismo sobre la cuestión
criminal fueron deslegitimadoras de la pena. Perma-
nencias positivistas, discursos morales y reduccionismo
produjeron aquello que María Lúcia Karam (1996: 79-
62 | Dossier
92) llamó la izquierda punitiva. Es impresionante cómo
la izquierda olvidó la tesis del fin del Estado y trabajó la
cuestión criminal por el paradigma del orden del capital.
Muchos intelectuales de izquierda en la sociología, psico-
logía, ciencia política y antropología acabaron haciendo
una lectura sistémico-funcionalista y terminaron por
ayudar a la expansión del poder punitivo para contener
la conflictividad social emanada del ciclo neoliberal. La
pregunta que queda es la de siempre: ¿qué hacer?
Baratta nos enseña los dos movimientos fundamen-
tales que la criminología crítica (y la crítica del derecho
penal) producen: primero, el desplazamiento del autor
con respecto a las condiciones objetivas, estructurales y
funcionales y, lo segundo, el desplazamiento de las cau-
sas para los mecanismos de construcción de la realidad
social. Aunque la expresión crítica venga de la formu-
lación marxista de la Escuela de Frankfurt, pensamos
que el etiquetamiento y la demostración evocada por
thorsten Sellin y Sutherland contribuyeron para que esa
escuela hiciese eclosión al final de los años sesenta del
siglo XX. Sellin, en los años veinte, desarrolló una inves-
tigación empírica de alcance nacional en Estados Unidos
demostrando la inconsistencia de cualquier relación ob-
jetiva entre la pena de muerte y la incidencia criminal,
deslegitimando entonces aquello que el sentido común
criminológico divulga incesantemente hasta hoy.
Los filtros sucesivos que se encadenan entre la escue-
la y la prisión se van a perfeccionar en ceremonias de de-
gradación, regímenes de privaciones, procesos negativos
de socialización, de desculturización y aculturación. En
fin, la prisión es una máquina de infligir dolor para cier-
tos comportamientos entre ciertas clases sociales y tam-
bién entre los resistentes de cada orden social. Con esto
tenemos que decir adiós a las ilusiones re, tan presentes
en el discurso de los equipos encargados de humanizar
los sistemas penales. Es toda esa multitud de sociólogos,
psicólogos, asistentes sociales, pedagogos y aquellos que
insisten en trabajar la ilusión de una prisión feliz y fun-
cional, donde los reeducandos serían mejor que los que
entran. Para ellos, transmitimos la advertencia de Za-
ffaroni a los juristas: la pena no puede ser pensada en el
deber ser pero sí en la realidad letal de nuestros sistemas
penales concretos. La verdadera relación entre cárcel y
sociedad, diría el sabio Baratta, es entre quien excluye y
quien es excluido, o, sería mejor decir, entre quien tiene
el poder de criminalizar y quien está sujeto a la crimina-
lización. Este proceso sigue después de la prisión en mil
modos visibles e invisibles.
La criminología crítica fue fruto de la publicación casi
simultánea de dos libros que cambiaron todo el escena-
rio. El primero fue Pena y estructura social, de Rusche y
Kirchheimer. Aunque escrito entre 1938 y 1939, este
libro solo fue leído a partir del final de los años sesenta.
Él fue fundamental para el segundo libro que constituyó
el corte epistemológico de la criminología, Vigilar y cas-
tigar, de Michel Foucault (1977). Aunque Foucault cite
poco a Rusche (hace parte de su estilo intelectual) una
lectura profunda de ambos libros revela la influencia de
uno sobre otro.
Fue Michel Foucault quien hizo la lectura de las dis-
ciplinas en Rusche para proyectar ese libro de los años
treinta, actualizado a los sesenta, para el futuro, para la
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 63
contemporaneidad torturante, como diría Loïc Wacquant
(2007). Al contrario de la parte de la izquierda de los se-
tenta que amplió el poder punitivo en la ilusión de cas-
tigar a los poderosos, Foucault entendió precozmente las
nuevas estrategias de control social. Solo con su forma-
ción marxista, a partir del libro de Rusche y específica-
mente en aquella visión sobre la disciplina en la prisión
y en la economía política del cuerpo, es que Foucault
puede develar aquella microfísica del poder. Él analiza el
poder ejercido como estrategia en las instituciones dis-
ciplinares. Más allá de la lucha de clases, él trabaja con
una red de relaciones tensas: dispositivos, maniobras,
tácticas, técnicas y funciones.
Una de sus principales contribuciones es la compren-
sión del carácter simbólico en la rígida jerarquía de cas-
tigos de Francia, desde la ordenación de 1670 hasta la
Revolución. Para él, el suplicio era una técnica que reposa
en el arte cuantitativo del sufrimiento, un ritual organi-
zado para marcar el poder en el cuerpo del condenado.
Esa manifestación de fuerza no tenía sentido de justicia,
pero sí una función político-jurídica, un ceremonial de
reconstitución de la soberanía lesionada.
Devela el iluminismo mostrando cómo esas ceremo-
nias de suplicio se tornaron peligrosas a partir del siglo
XViii, cuando la solidaridad popular surge junto con los
movimientos revolucionarios. Es esa solidaridad que los
medios contemporáneos tratan de evitar a cualquier cos-
to, inculcando una dicotomía entre nosotros, los ciuda-
danos de bien, y el mal que se encierra en las favelas y
en las prisiones. Para Foucault, la reforma de las Luces
produjo una nueva estrategia política: castigar en vez de
vigilar. Entre el siglo XViii y el XiX esa nueva estrategia
hizo de los castigos y de la represión una función regular;
no castiga menos sino de forma más efectiva y se inserta
de manera más profunda en las sociedades occidentales
el poder de castigar
Foucault habla de las disciplinas como fórmulas ge-
nerales de dominación presentes en el control formal y
también informal (pedagogías, ortografías, puericultu-
ras, etcétera). Esas disciplinas demandan métodos de
control minucioso de las operaciones del cuerpo: es el
concepto de plusvalía que a nuestro modo va a fundar el
biopoder. Y la prisión es la captura del tiempo en el cuer-
po del hombre. Es Marx con Foucault.
Es ahí que viene el golpe mortal contra las ilusiones
re: Foucault afirma que el aparente fracaso de los sueños
correctivos penitenciarios esconde su principal objetivo:
la organización de la transgresión de las leyes en una
táctica general de sujeciones. La reforma de finales del
siglo XVii es dirigida al conjunto de conflictos y movi-
mientos populares que derrumbaron el Antiguo Régimen.
Es el gran miedo de la revolución y el descarte que la bur-
guesía hace del proletariado que va a iluminar un nue-
vo derecho penal. Nuevos conflictos, nuevas rebeliones,
nuevos miedos y principalmente la idea que subyace a la
idea de nación, la idea de pueblo, van a hacer que el nuevo
sistema penal agencie la conflictividad social. La justicia
criminal y el poder punitivo se transforman en un ins-
trumento para el control diferencial de las ilegalidades
populares. Es para esto que fueron concebidos histórica-
mente la prisión y el sistema penal.
La pregunta que nos debemos hacer es si esa traduc-
64 | Dossier
ción literal (como dice Sozzo, 2006) de la obra de Fou-
cault y de la criminología crítica se aplica de nuestro lado
en el recorrido de los discursos sobre la cuestión crimi-
nal. En nuestro continente, esa gigantesca institución
de secuestro, el suplicio convivió con la introducción del
liberalismo (Batista, V., 2003), ya que la primera celada-
nia2 de la primera constitución del Brasil independiente de
1824 era acallar la esclavitud, afirmando que el derecho
a la propiedad era mantenido en toda su plenitud… Los
esclavos eran propiedad. Los secuestros de esclavos eran
considerados hurtos, y el esclavo solo era sujeto delante
del sistema penal (Zaffaroni y Batista, N., 2003).
La lectura de esos dos libros fue una verdadera ruptu-
ra epistemológica y sacudió las teorías y las militancias
criminológicas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá
y en América Latina. Sería imposible citar toda la gene-
rosa producción crítica: tanto en el libro de Baratta como
en el de Anitua tenemos un mapa de esos autores.
Los criminólogos críticos de los años setenta del siglo
XX no podían adivinar los nuevos sentidos del proceso
de acumulación de capital. La crisis recesiva mundial, la
década perdida de los ochenta y sus personajes Reagan
y thatcher; en fin, lo que se denominaría neoliberalismo,
trajo el sistema penal al epicentro de la actuación políti-
ca. La prisión no perdió sentido, aunque el trabajo vivo
de una forma general haya cambiado su espacio en un
admirable mundo nuevo. Lo singular del neoliberalismo
fue conjugar el sistema penal con nuevas tecnologías
2 Juego de palabras entre celada y ciudadanía. (Nota del Tra-ductor.)
de control, de vigilancia, de constitución de los barrios
pobres del mundo en campos de concentración. En Río
de janeiro, desde donde escribo, la tutela del Gobierno
en la seguridad pública ha conjugado el mayor índice de
muertos por la policía, los célebres autos de resistencia
(más de mil por año) con la pacificación de las favelas. Es
importante observar el uso histórico en Brasil (y en el
mundo, véase la pax romana) de esta expresión: tras los
embates populares por la radicalización de la idea de los
derechos en la década de los años treinta del siglo XiX,
las rebeliones fueron masacradas hasta llegar a la paci-
ficación en la década de los cincuenta, que instituyó el
imperio brasilero. Los miedos del pueblo y sus deseos
de nación produjeron el más lento proceso de emanci-
pación de la esclavitud, aliado al enriquecimiento de la
clase trabajadora y de masacres consentidas de rebelio-
nes y revoluciones como la de los Farrapos, los Malês, los
Cabanos y otros. Revoluciones aplazadas, diría Marildo
Menegat (2012). Las favelas de Río que están ocupadas
manu militari son vendidas como un modelo que se ase-
meja a los territorios ocupados de Palestina: muros, con-
trol minucioso de movimientos, nuevas armas, nuevas
técnicas, principalmente una gestión policial de la vida.
Es el policía de guardia quien decide si va o no a haber
fiesta, bautizada como baile funk. Los diarios estampan
fotos de policías ofreciendo chocolates en Pascua, igual
que los policías americanos en irak. Río de janeiro se
convirtió en un laboratorio de proyectos de control social
por ocupación que se inspiran en Colombia, en irak, en
Palestina, en los territorios del mal como diría Bush.
Esa contemporaneidad torturante fue delineada por Loïc
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 65
Wacquant al demostrar el ascenso del Estado penal como
algo correspondiente al desmonte del Estado de bienestar
de Estados Unidos. Como él mismo dice, ese viento puni-
tivo sopló de América para Europa y de ahí a las viejas co-
lonias. El sistema penal se tornó el territorio sagrado del
nuevo orden socioeconómico, actualizando la reflexión
de Rusche: sobran brazos y cuerpos en el mercado de tra-
bajo, aumentan los controles violentos sobre la vida de
los pobres.
Los grandes medios han sido un obstáculo para una
discusión profunda sobre la cuestión criminal. Es ella
quien produce un sentido común que nosotros llama-
mos populismo criminológico. Si Estados Unidos es el ma-
yor carcelero del mundo, Brasil pasó a ocupar un lugar
importante: en 1994 (cuando FHC profundiza lo que
Collor había intentado) Brasil tenía 110.000 presos.
En 2005 ya eran 380.000 y hoy estamos con más de
500.000 presos y 700.000 en penas alternativas. Aprendí
con María Adélia Aparecida de Souza (2012: 127-150)
y su geografía brasilera cómo barrios y hasta ciudades
se transforman en prisiones, como es el caso de Horto-
landia en San Pablo. Guarapuava ya fue en el siglo XiX
un lugar de destierro, no es coincidencia que sea hoy
una prisión de seguridad máxima. Con la más dramática
expansión carcelaria de la historia de la humanidad se
conjugan prisiones decrépitas con imitaciones de la su-
permax estadounidense y sus principios de incomunica-
bilidad, bloqueos e imposición de dolor y humillaciones
a los familiares de los presos. Perdimos la mordida crítica
que teníamos contra el autoritarismo en la salida de la
dictadura y hoy aplaudimos la tortura y el exterminio de
los enemigos del oficial de guardia. Lo importante es tra-
ducir toda la conflictividad social en castigo.
El importantísimo libro de Anitua nos habla de un
marco general de las políticas criminales contemporá-
neas como comprensiones determinadas de la cuestión
criminal que producen desdoblamientos y estrategias po-
líticas distintas para enfrentar los problemas. Él apunta
tres grandes líneas: ley y orden; derecho penal mínimo y
abolicionismo penal.
Para Anitua, ley y orden sería parte de la base ideológi-
ca criminal de la intolerancia. Como dice Salo de Carvalho
(2010), al analizar la política criminal de drogas, esa estra-
tegia se sustenta en un trípode ideológico entre las ideolo-
gías de defensa social, de seguridad nacional y de derecho
penal del enemigo. Ella brota en la década de los sesenta
contra la criminología crítica, el abolicionismo y el rotu-
lacionismo que lucharon junto a los movimientos sociales
contra el poder punitivo. En Estados Unidos esa estrategia
orienta toda la producción legislativa en materia criminal
para la guerra contra las drogas, recuperando del positivis-
mo el carácter patológico del crimen. Con el auxilio lujoso
de los medios y sus campañas de alarma social, inculcaron
las teorías del sentido común, ampliando el espectro puni-
tivo, imponiendo penalidades más severas, flexibilizando
las garantías, pero principalmente fortaleciendo el dogma
de la pena como solución por excelencia para los conflic-
tos humanos. Nilo Batista (2002: 271-288) demuestra las
relaciones entre los medios y el sistema penal en el capita-
lismo de barbarie, denunciando su inédito protagonismo.
Quien pauta las agencias del sistema penal es el monopo-
lio de los medios en Brasil.
66 | Dossier
La ley y orden se sublevó contra la leniência de los años
setenta, restableciendo una pugna entre el bien y el mal
en esa criminología de la vida cotidiana. james Wilson fue
el gran intelectual orgánico de esa escuela, como miem-
bro del Partido Republicano y de la Corporación Rand.
Su libro Pensando sobre o delito, de 1975, se transformó en
libro de cabecera del realismo criminológico de derecha.
La relación que él estableció entre los índices delictivos
y las posibilidades de ser encarcelado aparece hasta hoy
en los discursos criminológicos hegemónicos en nuestro
país y es el responsable por el recrudecimiento de las pe-
nas más pesadas, inclusive la pena de muerte.
En los años ochenta, Wilson se convierte en el princi-
pal asesor de Reagan, difundiendo la Teoría de la ventana
rota, en 1981. Su propuesta de criminalización de los pe-
queños delitos fue vendida como la mercadería más ba-
rata, más eficiente, más visible y más cercana. La moda
tardó en llegar a nuestra colonia, pero ahí está hasta
hoy… Como diría Nilo Batista, al hablar del cambio del
XiX al XX, y sus medidas de seguridad, las élites neoli-
berales precisan de la pena más que el delito: la idea de
conductas desordenadas o antisociales resultó en selecti-
vidad, estigmatización y criminalización de los pobres en
todo el mundo. La Prefectura de Río hoy hace parte de la
vanguardia de ese atraso: choque de orden, remociones,
prisiones de vendedores ambulantes y limpiavidrios ca-
llejeros. La política de tolerancia Cero ya es página pasa-
da en Nueva York y recibió profundas y oportunas críti-
cas de la criminología en general, pero aún rinde buenas
consultorías abajo del Ecuador. Hart y Fridman, en Casti-
go e responsabilidade, apuestan en esa línea de causalida-
des incluyendo los conceptos de individuo, escogencias
racionales y críticas economicistas.
Esa ideología, o crítica o discurso criminológico, es el
que dio sustentación conceptual a la política de crimi-
nalización del excedente de mano de obra para el gran
encarcelamiento. Ella tiene marcas en el derecho y en el
proceso penal, además de en la expansión sin fronteras
del sistema penal: del RDD3 al control a cielo abierto del
que habla Passetti (2006: 83-114). Es lo que Wacquant
denominó onda punitiva. Esa cultura fortaleció como
nunca el derecho penal simbólico y su perenne emergen-
cia. Nadie trabajó mejor el derecho penal del enemigo que
Zaffaroni, contestando en jakobs, y su genealogía reto-
mada de la prevención general en nuestras márgenes.
Los grandes medios fueron su principal aliado y condutri-
ce, replicando el espectáculo de la criminalidad, vendien-
do su vigilancia electrónica, pregonando el castigo como
catarsis popular.
El capital video-financiero fue el gran legitimador del
policiar la vida y de la legitimación del poder punitivo.
Fue el que produjo la adhesión subjetiva a la barbarie.
infelizmente la izquierda fue seducida por ese poder. En
la inglaterra de tony Blair y por todo el mundo se espar-
ció teóricamente el realismo de izquierda, convocando a
criminólogos y a las ciencias sociales a colaborar con la
mayor presencia del Gobierno en el Estado penal. Como
en la colonia la moda demora en llegar, estamos en el
auge de la producción realista de izquierda. Basta mirar la
3 Régimen Disciplinar Diferenciado. (Nota del Traductor.)
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 67
sociología y sus asesorías y planes para los gobiernos que
lanzan nuestra policía a los mayores índices de letalidad
del mundo, y también al sufrimiento psíquico y físico. Los
policías y los que se ganan la vida con la seguridad pri-
vada son las categorías de trabajadores más sufridos en
nuestros días.
En el largo recorrido desde el siglo Xiii al gran en-
carcelamiento del XXi, nos dimos cuenta de que nuestro
modelo de prisión es análogo al capitalismo. Esa máqui-
na de control de los pobres y los que resisten produjo su
propia kultur, no solo en el sentido de una cultura, sino
también de una civilización punitiva en sus entrañas
profundas, cuerpo y alma.
Cuando estudié los procesos que involucran ado-
lescentes en el molino de gastar gente de nuestra política
criminal de drogas, me di cuenta, por un lado, de que
los molinos existen e inciden siempre sobre los mismos
pobres, quienes resisten, pero por otro lado, cuando nos
acercamos con los lentes de las fuentes jurídicas crimina-
les, lo que encontramos son historias tristes:
Las historias se repiten, pequeños hurtos, niños pobres,
analfabetos, negros y que casi siempre tienen ocupa-
ción fija, o sea, trabajan. j.F. y M.R. presos en 1931 por
hurto de herramientas, son respectivamente cajero de
almacén y ayudante de obrero. Analizando las informa-
ciones del Comisario de Seguridad vemos que los exten-
sos cuestionarios son poco satisfactorios. Pienso que,
con el tiempo, los propios agentes del sistema perciben
que en la historia de vida de los niños no aparecen las
perversiones lombrosianas, o las características heredi-
tarias del biologismo criminal, pero sí las historias de
miseria, de exclusión, de falta de escuela, de pequeños
incidentes que introducen al joven en un proceso de
criminalización que apenas magnifica y reedita la mar-
ginalización que su destino de negro pobre ya marcaba.
(Batista, V., 2006: 71)
Al trabajar los miedos cariocas del siglo XiX escribí:
“El miedo del desorden dispara entre los conservadores
la retórica de la restricción de derechos y de impunidad.
Mantener la esclavitud bien portada implica la adhesión
al viejo dogma inquisitorial que tiene en la pena la solu-
ción para los conflictos sociales”. (Batista, V., 2003)
Si la criminología, con Zaffaroni, es saber el arte de
despejar discursos peligrosos, nosotros que nos adentra-
mos en ese territorio por la periferia, debemos tratar de
desmenuzar, desnudar esos mecanismos para infligir do-
lor y sufrimiento, las historias tristes de nuestros pobres y
de nuestros resistentes, radicalizar la crítica a la prisión.
Brasil se polició intensamente a partir de la transición
democrática. Es como si una cultura punitiva de larga
duración se metamorfoseara indefinidamente. Cambian
los miedos, pero él, el miedo, permanece allí, dirigido a
los mismos de siempre, los del lugar del negro (Dos San-
tos, 2010). La traducción de la conflictividad social en
crimen produjo por un lado lo políticamente correcto, los
de bien, y por otro el exacerbamiento del estado policial.
CPi, vigilancia, UPP4, control territorial, la apología de la
4 CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación), UPP (Unida-des de Policía Pacificadora). (Nota del Traductor.)
68 | Dossier
policía de combate, el buen matador puro. Así, la judicia-
lización de la vida privada camina con la gestión policial
de la vida.
La criminología crítica o abolicionista, aquella que
conoce la historia del sistema penal (su fracaso aparente
y sus victorias silentes), fue fértil en producir proyectos
colectivos de reducción de daños de poder punitivo en
su ápice, pero no consiguió romper las barreras que, por
ejemplo, la lucha antimanicomio consiguió. Pero es que
la cuestión criminal es fundamental para la gobernabili-
dad del capitalismo contemporáneo: se trata del proble-
ma del control del tiempo libre en la revolución tecno-
científica del capital video-financiero.
inspirados en aquella lección de Baratta para el dere-
cho penal mínimo proponemos una pequeña pauta para
los desafíos de hoy:
» Cambio radical de la política criminal de drogas, produ-
ciendo políticas colectivas de control por la legalidad.
» Despenalización de crímenes patrimoniales sin vio-
lencia contra la persona, como el hurto.
» Abrir los muros de las prisiones para su comunica-
ción con el mundo, sus amores, sus familias, sus ami-
gos, sus cronistas.
» impedir que los familiares de presos sean castigados
más allá de la estigmatización que ya sufren.
» transformar la ideología de combate en grandes ins-
tauraciones de mediaciones horizontales en el senti-
do del desarme.
» Disminuir en gran proporción el número de policías,
desarmándolos y transformándolos en agentes colec-
tivos de defensa civil, invirtiendo el sentido de la se-
guridad pública de guerra contra los pobres para el
amparo de los efectos de las ruinas de la naturaleza
sobre el juego del capital.
» Legalización del segundo empleo de policías y bom-
beros.
» Ampliación y fortalecimiento de la defensoría pública.
» Fin de la exposición de sospechosos para los medios y
restricciones a los noticieros emocionados con casos
criminales, que aniquila el derecho a un enjuicia-
miento justo por jueces libres.
Pido disculpas por haberles ocupado el tiempo apenas
para desacreditar la palabra seguridad. Pero es que no
creo en ninguna criminología que se mezcle con ella.
toda criminología que incorporó la seguridad pública
se lanzó al positivismo y restringió su horizonte a la
conservación del orden. ¿Cómo conciliar las técnicas
del orden con la criminología, que Virgolini percibió
como una especie de ciencia del desorden? La palabra
seguridad constituye el eje aglutinador de todos los
dispositivos de aquella violencia de Benjamin denomi-
nó precisamente conservadora, para distinguirla de la
violencia fundadora, que puede ser la partera festejada
de la historia que remueve tiranías y desigualdades, o
puede ser la inauguración de un régimen arbitrario y
cruel. Para ser propositivo, si hoy me tocase ejercer las
seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 69
mismas tareas que ejercí en el pasado, encaminaría la
Asamblea Legislativa a un proyecto cambiando la de-
signación de la Secretaría de Seguridad Pública a la
Secretaría de las Garantías individuales o algo similar.
(Batista, N., 2012: s/p)
Son puntos para una agenda de futuros, para sumar-
se a otros: “Democracia no es un régimen político deter-
minado, pero sí la negociación sin fin de lugares sociales”
(Dos Santos, 2010: 55). Solo la recuperación de la me-
moria colectiva que es soberana y referida a una historia
particular, del lugar, puede producir paradigmas de reso-
lución de conflictos (o políticas de seguridad pública) que
no reproduzcan la autocolonización. Nuestros pueblos
originarios y los pueblos africanos que vinieron a nues-
tro continente tienen historias para contarnos, pueblan
nuestra alma y marcan caminos para pensar alternati-
vas al paradigma del imperio.
RefeRencias bibliogRáficas
Anitua, Gabriel Ignácio (2008). História dos pensamentos criminológicos. trad. Sergio Lamarao. Río de janeiro: instituto Carioca de Criminología/Revan.
Baratta, Alessandro (2002). Criminología crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito. trad: juarez Cirino dos Santos, 3a. ed. Río de janeiro: instituto Carioca de Crimi-nología/Revan.
Batista, Nilo (2002). “Mídia e sistema penal no capitalismo tardío”. in: Discursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade, nᵒ. 12, pp. 271-288. Río de janeiro: instituto Carioca de Crimino-logía / Revan.
____ (2012, agosto). Comunicación al Seminario Internacional de Criminología Latinoamericana en homenaje a la Profa. Dra. Lola Aniyar de Castro. Universidad Nacional de San Martín.
Batista, Vera Malaguti (2003). O medo na Cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma história. Río de janeiro: Revan.
____ (s/f). Difíceis Ganhos Fáceis: drogas e juventude pobre no Río de Janeiro.
De Carvalho, Salo (2010). A política criminal de drogas no Bra-sil: Estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 5a. ed. Río de janeiro: Lumen juris.
De Georgi, Alessandro (2006). A miséria governada através do Sistema Penal. Prefacio de Dario Melossi. Río de janeiro: institu-to Carioca de Criminología / Revan.
De Souza, María Adélia Aparecida (2012). “Uso do territó-rio e sistema de justicia do Brasil”. in: Loic Wacquant e a Questao Penal no Capitalismo Neoliberal, pp. 127-150. Río de janeiro: Revan.
Del Olmo, Rosa (2004). A América Latina e sua criminologia. Río de janeiro: Revan. Hay edición castellana: Del olmo, Rosa (1999). América Latina y su Criminología. Madrid: Siglo XXi Edi-tores. (Nota del traductor.)
Dos Santos, Joel Rufino (2010). A metamorfose do negro. En Dos Santos, joel; LoPES, Nei; CoStA, Haroldo, Nacao Quilom-bo. Río de janeiro: ND Comunicaçao.
Foucault, Michel (1977). Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes. Hay traducción castellana: Foucault, Michel (1986). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXi Editores. (Nota del traductor.)
Karam, Maria Lúcia (1996). “A esquerda punitiva”. En: Dis-cursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade, nᵒ. 1. Pp. 79-92.
70 | Dossier
Río de janeiro: instituto Carioca de Criminología / Relume Du-mará, 1° sem.
Lemert, Edwin (1967). Human Deviance, Social Problems, and Social Control. Nueva York: Prentice – Hall.
Martens, Ludo (2003). Stalin – um novo olhar. Prefacio de Re-nato Guimarães. Río de janeiro: Revan.
Marx, Karl y Engels, Friedrich (1980). Opere. Roma: Reuniti.
Menegat, Marildo (2012). Estudos sobre ruínas. Río de janei-ro: Revan.
Pashukanis, Evgeny (1976). Teoría General del Derecho y Marxismo. Barcelona: Ed. Labor.
Passetti, Edson (2006). Ensaio sobre um abolicionismo penal. San Pablo: Verve (PUCSP), v. 9.
Pavarini, Massimo (1983). Control y dominación: teorías cri-minológicas burguesas y proyecto hegemónico. México: Siglo Vein-tiuno Editores.
Rusche, Georg; Kirchheimer, Otto (2004). Punicao e estru-tura social. trad. Gizlene Neder. Río de janeiro: instituto Carioca de Criminología / Revan.
Schur, Edwin (1971). Labeling Deviant Behavior; its Sociologi-cal Implications. Nueva York: Harper & Row.
Sozzo, Máximo (2006). “traduttore traditore. traducción, importación cultural e história del presente de la criminología en América Latina”. En: Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año Vii, nᵒ 13. Buenos Aires: Ad hoc. Vilela Editor.
Wacquant, Loïc (2007). Punir os pobres. A nova gestao da Mi-seria nos Estados Unidos (A onda punitiva). 3a. edición revisada y ampliada. Río de janeiro: Revan.
Zafarroni, Raúl (1991). Em busca das penas perdidas. Río de janeiro: Revan.
Zaffaroni, Raúl y Batista, Nilo (2003). Direito Penal Brasi-
leiro I: teoría geral do direito penal. Río de janeiro: Revan.
la seGuridad Ciudadana y el Modelo rePresivo de la dereCha PolítiCa veneZolana
Edwin Rojas Mata | 71-77 |2
Resumen El autor muestra críticamente la manera en que la derecha po-
lítica venezolana ha intentado e intenta seguir abordando el problema de
la seguridad ciudadana. Considera ingenuo pensar que una política basada
en el orden público, prevención situacional por los cuerpos de policía y una
justicia endurecida pueda acabar con la delincuencia, y argumenta que no
se trata solo de la eficacia y eficiencia de esas políticas, sino de la necesidad
de abordar el tema desde el ámbito sociocultural y de las transformaciones
políticas e ideológicas existentes hoy en nuestro país y que afectan e influyen
en el abordaje teórico y técnico.
Palabras clave modelo represivo, derecha política, políticas públicas,
seguridad ciudadana
edwin rojas Mata es abogado de la Universidad de Los Andes, Mérida y
doctor en Aspectos jurídicos y Económicos de la Corrupción, por la Univer-
sidad de Salamanca, España. Es profesor del Colegio Universitario de Cara-
cas y actualmente es viceministro de Política interior y Seguridad jurídica
del Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y justicia.
edwinrojasmata@hotmail.com
73
La seguridad ciudadana y el modelo represivo
de la derecha política venezolana
Bajo una retórica que ya es tradicional en los discursos y empeños acadé-
micos en materia de seguridad ciudadana desde los años ochenta1, los inte-
lectuales y políticos de las altas clases sociales, aún existentes en Venezuela,
plantean y justifican un plan para prevenir el delito que permita corromper
las iniciativas de izquierda o socialistas en la materia. En efecto, la derecha
tradicional reconoce al fenómeno criminal como el problema principal para
los venezolanos y venezolanas con el propósito, en primer lugar, de ratificar
y recuperar aquellos “valores” que justificaron y sustentaron los controles
que sometieron a muchos por tener una identidad cultural distinta a la ma-
yoría, y en segundo lugar para crear un clima de pánico social.
Dentro de la escena política actual, los movimientos partidistas de de-
recha expresan en sus discursos el tema de la seguridad ciudadana bajo el
juego de la manipulación, con cifras escandalosas sobre la acción delicti-
va intentan persuadir a la sociedad venezolana en la tarea de lograr una
alta criminalización y deshumanización de sectores vulnerables, políticos
y culturales que surgen en la nueva estructura social venezolana. intenta
legitimar sus críticas con la ayuda de razonamientos que derivan de supues-
tas investigaciones que, tendenciosas o no, se muestran con la intención de
apoyar un supuesto político e ideológico tradicional sin importar la evolu-
1 La justicia de cuello blanco y el modelo criminológico de la defensa social (Baratta, 2001).
74 | Dossier
ción de las políticas públicas de prevención del delito y
sus virtudes desde lo técnico y social.
El orden público, la prevención situacional por los
cuerpos de policía y una justicia endurecida acompa-
ñada de una prisión restrictiva y ejemplificante son las
premisas de esta ingenua derecha que pretende acabar
con la delincuencia. Digo ingenua, no solo por pensar
que el fenómeno delictivo puede abatirse en su totalidad
cuando las acciones e instituciones arriba mencionadas
son eficaces y eficientes, sino también por la ignorancia
del tema social, cultural y las transformaciones políticas
e ideológicas que existen actualmente y afectan el abor-
daje teórico y técnico de la manifestación e identificación
de la actividad delictiva.
La organización social en Venezuela ha cambiado ra-
dicalmente: aquellos atacados con controles represivos
por los que apostaban al fracaso de los débiles y a su es-
tigmatización criminal, desde “el brazo armado” de los
gobiernos de derecha, ahora son parte activa del proyec-
to de país. Ello sucede por la aceptación de la diversidad y
en la evidencia de una renovada estructura social y polí-
tica donde los marginados son protegidos desde medidas
estatales y gubernamentales para satisfacer necesidades
básicas y recuperar a aquellos grupos que no solo son
distintos desde lo cultural, sino que también son parte de
la actividad delictiva.
La masificación de la delincuencia en espacios comu-
nitarios populares pareciera iniciarse con la situación de
desprotección creada e infundida por la derecha política
venezolana, lo cual permitió en principio que el enfada-
do pueblo participara de ilícitos para sobrevivir ante las
vicisitudes impuestas por las clases dominantes. Esto de
actuar fuera de la norma obviamente tuvo su anclaje y
legitimación entre los grupos sociales durante unos vein-
te años, entre los ochenta y noventa, lo cual contribuyó
enormemente con la configuración de nuevas identida-
des violentas y contraculturales2 que actualmente per-
sisten; con la policía en la calle querían identificar y darle
entrada al sistema de justicia a aquellos tildados como
“delincuentes” por normas tan irrisorias como la dero-
gada Ley de Vagos y Maleantes en la premisa de privile-
giar los principios normativos que defendían a las clases
dominantes, bajo la retórica de que aquellos marginados
no podían adaptarse ni siquiera a los primeros controles
durante el proceso de socialización (educación, familia,
entre otros).
Los desfavorecidos entonces vivieron una política cri-
minal represiva que dotaba al Estado de una mala fama
ante los que deberían ser sus protegidos, los gobiernos
transferían su responsabilidad, del maltrato al Estado de
derecho, a las deficiencias de esos grupos para desarro-
llar habilidades políticas, económicas, educativas y en lo
irracional de su comportamiento, creando una orienta-
ción hacia la profilaxis social a fin de mantener la tran-
quilidad y el statu quo, sin visualizar la delincuencia de
las altas clases sociales que ya estructuraban nuevos ti-
pos delictivos como la estafa y la corrupción, entre otros.
Aun con toda esta evidencia, hoy la derecha manifies-
ta una orientación represiva contra el delito, enmarcada
2 Ver Teorías de la subculturas delictivas desarrolladas por Co-hen (1955).
la seguridad ciudadana y el modelo represivo... e. rojas mata | 75
en una expresión moralista, de compromiso para acabar
con dos factores fundamentales: la corrupción y la poli-
tización de las instituciones del Estado, como argumento
y tesis para construir estrategias innovadoras en la lu-
cha contra el delito. Buscan preservar una orientación
política tradicional con argumentos y supuestas pruebas
basadas en el fracaso de la planificación en materia de
seguridad, diseñada por el actual Gobierno. Siendo el
modelo desarrollado por la llamada Cuarta República la
referencia principal para dar respuesta al tema delictivo:
la descentralización, la represión y el castigo.
La derecha ratifica la necesidad de aumentar los fis-
cales, jueces, número de cárceles y funcionarios policia-
les, según el nivel de criminalidad; le dan prioridad a la
protección de los bienes materiales de los venezolanos. El
objeto de protección principal será la propiedad, la idea
es volver al esquema discriminatorio y fascista, cercar los
barrios, tomarlos militarmente y aplicar el esquema de
la Ley de Vagos y Maleantes, donde siempre los pobres
serán los perdedores. Buscan, a su vez, ejemplos de otras
ciudades donde supuestamente se ha logrado minimizar
el delito, omitiendo la violación de derechos humanos
que ello ha costado y todo el sistema de fondo que se ha
instalado para que los sectores populares fracasen en su
desarrollo socioeconómico y por ende sean carnada per-
fecta de la justicia.
El plan que esquematizan en materia de seguridad se
basa superficialmente en las políticas que ya se adelan-
tan en la actualidad (desarme, plan antidroga, humani-
zación carcelaria, entre otras) que se enmarcan, además,
en un Estado social, de derecho y de justicia planteado en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), como una estrategia para expresarle a la socie-
dad partidaria del modelo socialista y bolivariano que
ellos pueden ejecutar más eficientemente la seguridad
pública, implementando, por ejemplo, tecnología para
lograr la represión, sin desarrollar la conciencia social de
los ciudadanos y ciudadanas.
La visión en relación a la acción delictiva es hacer
una separación entre las líneas generales planteadas
por el Gobierno Bolivariano y las medidas adecuadas
que deben cumplirse para reprimir el delito y satisfacer
la demanda de la sociedad en la materia. Su propuesta
se reduce a pronunciar la frase “tolerancia Cero” para
resolver situaciones coyunturales más que estructura-
les, sin evaluar el trasfondo del fenómeno delictivo; solo
plantean una nueva administración de justicia. Se des-
tacan, sobre todo, compromisos con la sociedad respecto
al servicio policial y el sistema penitenciario como proble-
mas medulares para lograr la represión y la prevención
situacional.
Por lo anterior, es necesario evitar esta supuesta
realidad que estructura la derecha, explicando que esta
para ellos es un producto secundario, profundamente
racista, que logró implantar la cultura de la violencia
que hoy tanto daño nos hace. Es necesario precisar que
la derecha tradicional venezolana no plantea políticas
integrales liberadoras del daño social causado en fun-
ción de la realidad cultural y delictiva; solo construyen
acciones desde el derecho positivo bajo un enfoque estra-
tégico para abatir algunas tipologías (homicidio, robo y
terrorismo de Estado), a fin de promover una valoración
76 | Dossier
subjetiva en la ciudadanía por el tema de la inseguridad
enfocado en el daño particular. Plantean además, en sus
líneas políticas, la necesidad de retomar el Estado capi-
talista, apartado de los principios bolivarianos; su idea
se fundamenta en una sociedad moderna con alianzas
entre Estado y sector privado, ajustada a un modelo eco-
nómico del libre mercado, de empresa privada, de clases
sociales y de exclusión hacia los distintos, todo ello lla-
mado sociedad civil, como consecuencia de los conceptos
de modernidad y prosperidad.
Este Estado capitalista generaría seguridad personal
con prioridad en el disfrute de los bienes individuales; en
eso se traduce su concepto de nuevo Estado de derecho,
que protege lo que les pertenece cercando a los agentes
delictivos, que serían entonces los vastos sectores po-
pulares. A su vez, la protección de la sociedad civil para
atender el delito desde la privacidad de cada individuo
estaría compuesta solo por aquellos más talentosos,
quienes se incorporaron a modelos educativos exitosos
gestados bajo las políticas neoliberales de otras naciones
hegemónicas, que promueven el Fashion style o el sueño
americano, llamados ahora los desplazados por la intole-
rancia política, más que por su afán de ser admiradores
de modelos que no corresponden con nuestra idiosincra-
sia. En fin, la protección y seguridad pública de la socie-
dad civil, dice la derecha política venezolana, se lograría
incentivando la economía y protegiendo a las clases eco-
nómicas productivas. La propuesta se centra en generar
una sociedad de empresarios desde el modelo educativo
para adoctrinar la cultura del capital en todas las escalas
y lograr el desarrollo personal.
Así quedan, a su vez, delineadas las acciones para la
prevención del delito y las opciones de mano dura en el
ámbito de la política de seguridad. La derecha sigue apos-
tando a planes como la construcción de cárceles, proyec-
ta la tesis criminológica de la defensa social para la exclu-
sión, que pregona la supremacía de una clase sobre otra
y su amparo. Por ello, es necesario reflexionar sobre los
aspectos ideológicos, no partidistas, que pudiesen mar-
car la seguridad ciudadana a fin de lograr una política
criminal racional y científica desde el conocimiento real
del contexto comunitario, bajo el modelo de Estado y con
un nuevo contenido para entender la novedad delictiva.
Ahora bien, la elaboración de esta política criminal
pareciera asomarse desde el actual Gobierno; hoy todo
parece indicar que la valoración de la seguridad versa
no solo en la estadística delictiva y en el derecho positi-
vo, sino que estima las diversas caras de la violencia, la
cultura jurídica, las nuevas identidades que marcan una
transformación en el modelo de sociedad, la victimiza-
ción3, entre otros aspectos que permiten el nacimiento
de una nueva generación de conocimiento, acompaña-
do por otros propios de la comunidad de investigadores
nacionales, que produjeron el nuevo Modelo Policial
Venezolano4, la Universidad Nacional Experimental de
3 Ver, por ejemplo: Encuesta Nacional de Victimización y Percep-ción de Seguridad Ciudadana (2009).
4 Sistema Integrado de Policía y la Policía Nacional Bolivaria-na, aprobados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008).
la seguridad ciudadana y el modelo represivo... e. rojas mata | 77
la Seguridad5 y la Comisión Presidencial para el Control
de Armas, Municiones y Desarme (CPCAMD)6, así como
reformas legislativas e institucionales en el ámbito de la
seguridad pública que hoy concluyen en el nacimiento
de una Gran Misión donde se integran todas estas ini-
ciativas que prometen un enfoque de derechos bastante
amplio, dirigido con mayor fuerza a sectores vulnerables.
Por lo anterior, el Estado venezolano, bajo un aná-
lisis en los ámbitos políticos, económicos, sociales y cul-
turales, desarrolla una política criminal estructural a fin
de revertir esquemas culturales negativos y, con esto, los
efectos de la actividad delictiva, mediante medidas sus-
tantivas y proyectos legales desde el discernimiento fácti-
co y otras medidas inmediatas o situacionales que no solo
se circunscriben en la criminalización desde el derecho
penal del enemigo y en la construcción de cárceles, sino
en establecer verdaderos programas de oportunidades
sociales, de formación para el personal administrativo y
técnico, así como en el diseño de la materia legislativa en
pro de construir un marco legal que defina una igualdad
sustantiva y real ante la seguridad, tal como lo dicta el
Proyecto Socialista y Bolivariano liderado por el Presi-
dente de la República y la nueva comunidad de saberes
5 Esta Universidad nace con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008).
6 Instancia que se encarga de promover un proyecto satisfac-torio de construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones y el desarme, creada a través del decreto Nº 8.211, de fecha 13 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 39.673.
desarrollada y que hoy es plasmada en la Gran Misión ¡A
toda Vida Venezuela!7 para construir elementos positivos
en pro de la cultura de la paz desde la multifactorialidad
del problema de la inseguridad.
fuentes consultadas
Baratta, Alessandro (2007). Criminología crítica y crtica del Derecho Penal: Introducción a la sociología jurídico-penal. México: Siglo XXi.
Cid, José y Larrauri, Elena (2001). Teorías criminológicas. Barcelona: Bosch.
Comisión Presidencial para el Control de Armas, Mu-niciones y Desarme (mayo 2011-mayo 2012). Informe de gestión. Caracas.
Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia (1977). Criminología de la reacción social. Maracaibo.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (2009). Encuesta Nacional de Victimización y Percep-ción de Seguridad Ciudadana. Venezuela.
Decreto 8.211, Creación de la Comisión Presidencial para el Con-trol de Armas, Municiones y Desarme. Gaceta oficial No. 39.673, del 13/5/2011.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial Nº 5.908 extraordinario, del 19/2/2009.
7 Creada por el Ejecutivo Nacional en 2012, con el propósito de construir una “política pública que tenga como centro la protec-ción de la vida, la convivencia solidaria y la seguridad ciudadana, tributando a la construcción colectiva de una democracia socia-lista”.
un Paso adelante, dos atrásel kirChnerisMo ante la Cuestión PoliCial (2003-2012)
Marcelo Fabián Sain | 79-118 |2
Resumen El autor expone el itinerario de las etapas de la gestión guber-
namental kirchnerista en materia de seguridad pública. Principalmente,
argumenta la idea de que en la democracia argentina no ha sido ejercida
por las autoridades políticas gubernamentales sino que fueron delegadas.
Los resultados de este hecho han ido configurando la pauta tradicional de
abordaje que la clase política ha hecho de la cuestión policial. Para el autor,
resulta fundamental estudiar el conjunto de orientaciones y acciones que
llevaron a cabo los gobiernos kirchneristas en relación con la administra-
ción de las policías, cuestión que desarrolla en su artículo.
Palabras clave kirchnerismo, políticas públicas, seguridad pública,
reformismo, revisionismo
Marcelo FaBián sain es doctor en Ciencias Sociales (UNiCAMP, Brasil);
profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Ar-
gentina; diputado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina. Consultor experto internacional de Latin America and
Caribbean Sub-Regional Resource Facility (LAC-SURF), United Nations De-
velopment Programme (PNUD) y presidente del instituto Latinoamericano
de Seguridad y Democracia (iLSED), Buenos Aires. Ex viceministro de Segu-
ridad de la Provincia de Buenos Aires (2002) y se desempeñó como inter-
ventor (2005-2009) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de que es su
asesor desde 2010. Entre otros, ha publicado Los levantamientos carapintada
(1987-1991) (1994), Elementos de la Ciencia Política (2000), Seguridad, demo-
cracia y reforma del sistema policial en la Argentina (2002), Política, policía y
delito. La red bonaerense (2004), Seguridad ciudadana: concepciones y políticas
(2005) y El leviatán azul: policía y política en la Argentina (2008).
msain@unq.edu.ar sain1965@gmail.com
81
Un paso adelante, dos atrás* **El kirchnerismo
ante la cuestión policial (2003-2012)
todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil
y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institu-
ción. la prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, re-
quiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de
seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. la
historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad
permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos,
que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar
incluso la gobernabilidad democrática.
los lineamientos básicos para una modernización y gestión de-
mocrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las
labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la
descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital
y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos
locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno
de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el
sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado
en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón
único y las especialidades policiales.
ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009
* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Se-guridad (UNES) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 3 y el 5 de septiembre de 2012.
** Agradezco los comentarios y sugerencias efectuadas por Máximo Sozzo y Nicolás Rodríguez Games, lo que no los hace responsables de las interpretaciones efectuadas en el presente trabajo.
82 | Dossier
El abordaje y tratamiento institucional que el kirch-
nerismo ha efectuado entre los años 2003 y 2012 de la
cuestión policial1 y, más precisamente, la relación institu-
cional establecida por los sucesivos gobiernos kirchne-
ristas2 con las instituciones policiales que conforman el
sistema policial federal3 en la Argentina, ha constituido
1 El concepto “cuestión policial” hace referencia a las concep-ciones, estrategias y/o medidas sustentadas o llevadas a cabo por el Gobierno nacional en relación con las policías y fuerzas de seguridad federales en cuanto a dos dimensiones básicas. Por un lado, las funciones e intervenciones asignadas a estas insti-tuciones o desarrolladas por ellas en la gestión de los asuntos de la seguridad pública en particular, tanto como instrumentos de gestión y/o control de las problemáticas criminales como de las movilizaciones y protestas sociales. Por otro lado, las bases doc-trinales, orgánicas y funcionales de las policías y, en su marco, lo relativo al ejercicio de su conducción institucional, alternan-do, según los momentos y las circunstancias del período, entre la dirección política de las mismas y el autogobierno policial.
2 Néstor Kirchner ejerció la presidencia de la nación entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. Por su parte, Cristina Fer-nández del Kirchner ejerció la presidencia de la nación en su primer mandato entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011. Actualmente, Cristina Fernández está llevando adelante su se-gundo mandato presidencial, el que se extenderá hasta diciem-bre de 2015.
3 El sistema policial federal argentino está compuesto por dos policías y dos fuerzas de seguridad. La Policía Federal Argen-tina fue creada en diciembre de 1943 y fue puesta en funcio-namiento en 1945. Constituye un cuerpo policial civil armado que cumple funciones de policía de seguridad y judicial en el territorio de las provincias y en la capital de la nación, dentro de la jurisdicción del Gobierno nacional, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires. La Gendarmería Nacional Argentina fue crea-da en julio de 1938 y conforma una fuerza de seguridad mi-litarizada que tiene como misión el desarrollo de servicios de policía de seguridad y judicial en el ámbito federal dentro de las
un aspecto relevante de la gestión de la seguridad pública
desarrollada durante la última década.
En la democracia argentina, el gobierno de la seguridad4
no ha sido ejercido por las autoridades políticas guber-
namentales sino que fueron delegadas, esto es, encomen-
dadas y transferidas a las instituciones policiales, ya sea
zonas de seguridad de fronteras, así como la custodia de obje-tivos estratégicos, y ejerce también otras funciones de policía preventiva ante la alteración del orden público en el territorio nacional. La Prefectura Naval Argentina fue creada en 1969 en reemplazo de la antigua Prefectura Nacional Marítima exis-tente desde el siglo XiX, y constituye una fuerza de seguridad encargada de prestar el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial en mares, ríos, canales y demás aguas navegables, en las costas y playas marítimas, así como labores de policía de seguridad en el mantenimiento del orden público en el territorio nacional. Finalmente, en 2005, se creó y puso en funcionamiento la Po-licía de Seguridad Aeroportuaria que desarrolla sus funciones en el Sistema Nacional de Aeropuertos mediante la prevención, conjuración e investigación de los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario. Esta fue la única institución policial federal creada en democracia y la única con mando civil.
4 Gobernar la seguridad implica tres conjuntos de acciones bá-sicas. En primer lugar, establecer un cuadro de situación de las conflictividades y problemáticas delictivas existentes en un cierto espacio y tiempo; y, sobre esa base, determinar las prioridades para decidir y formular las intervenciones sobre las conflictivi-dades y delitos. En segundo término, llevar a cabo las estrategias institucionales tendientes a actualizar y/o modernizar los dispo-sitivos normativos y organizacionales de gestión institucional de la seguridad y, entre ellas, las instituciones policiales. Y, fi-nalmente, desarrollar las estrategias sustantivas sobre aquellas conflictividades y delitos tendientes a controlar las violencias y los delitos mediante su prevención, conjuración y/o investiga-ción (en SAiN, Marcelo Fabián, El Leviatán azul: policía y política en Argentina, Siglo Veintiuno Editores Argentina, Buenos Aires, 2008, cap. 2).
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 83
de manera manifiesta o tácita. Y estas lo han ejercido de
acuerdo con los criterios, orientaciones y modalidades de
intervención autónomamente formulados por sus cúpulas
institucionales, dando lugar a una suerte de policializa-
ción del gobierno de la seguridad pública así como también
al autogobierno policial de sus propias instituciones5. Estas
tendencias han configurado la pauta tradicional de abor-
daje que la clase política ha hecho de la cuestión policial.
En razón de ello, resulta fundamental estudiar el con-
junto de orientaciones y acciones que llevaron a cabo los
gobiernos kirchneristas en relación con la cuestión poli-
cial. La centralidad que tradicionalmente han tenido las
instituciones policiales en la gestión política de la seguri-
dad pública ha convertido a los vínculos establecidos en-
tre las administraciones gubernamentales kirchneristas
y las policías en un aspecto determinante de las políticas
y/o estrategias de seguridad pública llevadas a cabo en el
período analizado.
Pero, además, para los actores políticos y sociales ubi-
cados en las orientaciones de la izquierda progresista y/o
reformista en la que se ubicó el kirchnerismo en materia
político-institucional, económica y social, la cuestión po-
licial constituyó tradicionalmente una cuestión exótica.
El abordaje que los sectores adscritos a esta vertiente po-
lítica han tenido sobre las policías ha estado signado por
el desconocimiento, el desinterés o el manifiesto repu-
dio derivado de su consideración –un tanto ligera y casi
siempre trivial– de que se trata de instituciones mera-
5 He abordado conceptualmente el modelo tradicional y dele-gativo de gestión de la seguridad pública en ibíd., cap. 3.
mente represivas o abusivas. Nunca se las observó, pensó
o proyectó como objeto de posibles intervenciones orien-
tadas a reformarlas y, menos aún, a conducirlas desde
posiciones gubernamentales. Ello, por cierto, apuntala
la importancia que tuvo la relación establecida entre los
gobiernos kirchneristas y la cuestión policial.
La gestión gubernamental del kirchnerismo en mate-
ria de seguridad pública y, en su marco, en relación con
la cuestión policial supuso la combinación de dos tenden-
cias contrapuestas con respecto a la pauta tradicional de
abordaje y gestión de la cuestión policial. Por un lado,
la tendencia conservadora orientada a la reproducción de
los dispositivos y las prácticas institucionales de la pauta
tradicional delegativa y policialista. Y, por otro lado, la
tendencia revisionista de dicha pauta a través de la refor-
mulación de los dispositivos y prácticas policiales tradi-
cionales y, en algunos casos, de la formulación o imple-
mentaciones de reformas institucionales, en cuyo marco
hasta se llevó a cabo la creación de una nueva institución
policial federal.
Al respecto, los gobiernos kirchneristas han atravesa-
do por tres etapas claramente distinguibles:
1. La primera etapa se extendió entre la asunción de
Néstor Kirchner como presidente de la Nación y la re-
nuncia de su primer ministro de justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, Gustavo Béliz, y estuvo signada
por un discurso y un conjunto de acciones institu-
cionales inscritas en un impulso revisionista (mayo de
2003-julio de 2004).
2. La segunda etapa se extendió desde el traspaso de la
84 | Dossier
gestión de la seguridad pública a la esfera del Minis-
terio del interior, aun bajo el mandato presidencial de
Kirchner, hasta la creación del Ministerio de Seguri-
dad durante la primera gestión presidencial de Cris-
tina Fernández, y supuso un significativo giro con-
servador en cuyo marco se abandonó la impronta de
cambio de la etapa anterior y se impuso rápidamente
el predominio de las tendencias tradicionales signa-
das por la delegación de la gestión de la seguridad
pública en las cúpulas policiales, aunque durante ese
período se produjo la única reforma policial llevada a
cabo desde la instauración democrática en el ámbito
federal (julio de 2004-diciembre de 2010).
3. La tercera etapa abarcó la gestión ministerial encabe-
zada por Nilda Garré, la primera ministra de Seguridad
de la democracia, y estuvo caracterizada por la com-
binación de un discurso marcadamente reformista y
reivindicatorio de la conducción política del sistema
policial y la persistencia de una modalidad de gestión
relativamente delegativa a favor de las policías y pro-
clive a no iniciar reformas institucionales de fondo,
dando cuenta de una suerte de revisionismo discursivo y
restringido (diciembre de 2010-agosto de 2012).
El kirchnerismo ha instalado un “modo de gobernar
que sistemáticamente desafía material y simbólicamente
a los grupos sociales históricamente establecidos como el
poder real en Argentina”6. Su impronta ha sido profun-
6 MoCCA, Edgardo, “Lo que vendrá”, en Le Monde Diplomati-que, Buenos Aires, noviembre de 2011.
damente rupturista y reformista, y lo ha sido en función
de sentar las bases políticas e institucionales para el me-
joramiento de las condiciones sociales, económicas y la-
borales de los sectores populares; la inclusión persistente
de sectores sociales altamente marginalizados; el creci-
miento de la economía y, en particular, de la industria; la
estructuración de un Estado activo y regulador ante los
grupos económicos dominantes; la revisión judicial inte-
gral de los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la última dictadura; el reconocimiento y convalidación
de una amplia gama de derechos civiles y sociales de úl-
tima generación, y la integración estratégica con los paí-
ses de la región sudamericana, entre otros logros signifi-
cativos. No obstante, en materia de gestión de la seguridad
pública y, en particular, en el abordaje de la cuestión policial,
solo excepcional y limitadamente tuvo aquella impronta rup-
turista y reformista, es decir, en momentos específicos y/o en
relación con cuestiones puntuales, aunque gran parte de los
cambios producidos en estos períodos fueron posteriormente
desandados. Vayamos a ello.
1. El impulso revisionista (2003-2004)
El 25 de mayo de 2003, ante la Asamblea Legislativa,
Néstor Kirchner estableció algunos ejes conceptuales en
materia de seguridad pública diferentes de la impronta
punitiva que primó en los gobiernos anteriores. Señaló
que la responsabilidad ante la inseguridad y los delitos
no era exclusivamente de la policía sino del Estado y la
sociedad de manera coordinada. Rechazó el abordaje de
los asuntos de la seguridad asentado exclusivamente en
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 85
la respuesta del sistema penal, y destacó con énfasis que
la desagregación social y la impunidad favorecían la vio-
lencia y la inseguridad.
En materia de seguridad no debe descargarse, solo so-
bre la policía, la responsabilidad de la detección de las
situaciones de riesgo que sirven de base al desarrollo
de la delincuencia. Son el Estado y la sociedad en su
conjunto los que deben actuar participativa y coordi-
nadamente para la prevención, detección, represión y
castigo de la actividad ilegal. Una sociedad con elevados
índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegra-
ción familiar, falta de fe y horizontes para la juventud,
con impunidad e irresponsabilidad, siempre será esce-
nario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una
sociedad dedicada a la producción y proveedora de em-
pleo dignos para todos resultará un indispensable apo-
yo para el combate contra el delito. Para comprender la
problemática de la seguridad encontramos soluciones
que no solo se deben leer en el Código Penal, hay que
leer también la Constitución Nacional en sus artículos
14 y 14 bis, cuando establecen como derechos de todos
los habitantes de la Nación el derecho al trabajo, a la
retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas
de labor, a las jubilaciones y pensiones móviles, al se-
guro social obligatorio, a la compensación económica
familiar y al acceso a una vivienda digna, entre otros7.
7 PRESiDENCiA DE LA NACiÓN ARGENtiNA, Discurso del señor presidente de la nación, doctor Néstor Kirchner, ante la honorable Asamblea Legislativa, Buenos Aires, 25 de mayo de 2003.
Además, reivindicó el respeto a la ley como el princi-
pio central para afrontar a las problemáticas delictivas.
El Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el
delito, pero no puede aceptar extorsiones de nadie, ni
de quienes aprovechan una posición de fuerza en cual-
quiera de los poderes del Estado o en la economía, ni de
quienes usan la necesidad de los pobres para fines par-
tidistas. La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de
la vida y la dignidad son derechos inalienables de todos
los argentinos. El delito es delito, sea de guante blanco,
sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas8.
Unos días antes, Kirchner había presentado el Plan
de Gobierno en el que resumían los ejes generales de su
futura gestión. En materia de seguridad, reconocía que
“nuestro sistema de seguridad es obsoleto y ha colapsa-
do” y al respecto proponía dos ejes fundamentales. Por
un lado, formulaba una estrategia de prevención de los
delitos en la que era “importante castigar al delito, pero
más importante [era] evitar que el delito se cometa”,
para lo cual era necesario “detectar situaciones de riesgo
social para integrar a quienes se encuentren en esa situa-
ción marginal” así como también “reestablecer el orden
y la convivencia en los barrios con la participación de los
fiscales, los jueces, los vecinos y los policías”, particular-
mente, “con una policía de proximidad o policía comuni-
taria”. Y, por otro lado, sostenía la necesidad de encarar
“una reforma policial que surja del debate de políticas de
8 ibíd.
86 | Dossier
seguridad juntamente con todos los sectores económicos
y sociales” y que se inscriba en la “reforma del régimen
de seguridad interior”9. Se trataba de lineamientos muy
generales pero a tono con una agenda reformista10.
A comienzos de junio de 2003, el Gobierno nacional
delineó la cúpula de la Policía Federal Argentina y anun-
ció el pase a retiro de diez de los doce comisarios generales
que formaban parte de la plana mayor de la institución
pero mantuvo en el cargo al titular de la misma, comi-
sario Roberto Giacomino, quien sería secundado por el
9 Diario Clarín, Buenos Aires, 18 de mayo de 2003.
10 Apenas asumió, Kirchner designó a Gustavo Béliz como ministro de justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, entre otras cuestiones, viabilizara aquellos lineamientos en los asuntos de seguridad pública. Béliz era un dirigente peronista de la Ciudad de Buenos Aires que había sido secretario de Ges-tión Pública y ministro del interior de Carlos Saúl Menem en los noventa. Y, desde entonces, Kirchner encaró una gestión en materia de seguridad con una fuerte impronta progresista que se asentó en algunos aspectos fundamentales, tales como la despolicialización de las protestas sociales; la disposición a no tolerar hechos de corrupción o abusos en la administración institucional o en el uso de la fuerza por parte de las policías federales y, en particular, por parte de la policía nacional más grande del país, esto es, la Policía Federal Argentina (PFA); y el anuncio de un plan de seguridad tendiente a introducir re-formas sustantivas en el sistema de seguridad pública federal. He analizado estas tendencias en SAiN, Marcelo Fabián, “El amague. La política de seguridad pública durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007)”, ponencia pre-sentada en el Vi Congreso Argentino de Administración Pú-blica “Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Económico con Equidad Social”, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), Resistencia, Chaco, 6-8 de julio de 2011.
comisario Eduardo Prados11. En la esfera gubernamental
primaba el temor de que un descabezamiento integral de
la cúpula policial produjera situaciones críticas y diera
lugar a conflictos provocados por los propios jefes despla-
zados o los que los reemplazaran. “Giacomino maneja la
calle”, sostenían en el Gobierno12.
Ese mismo día, también se anunció la decisión de re-
visar individualmente los legajos personales de los nue-
vos integrantes de la cúpula policial así como los de los
53 jefes de las comisarías porteñas. Y se encomendó esa
tarea al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo
que constituía un hecho novedoso y una expresión de
que el Gobierno no sería connivente con la corrupción
o los abusos policiales13. también se anunció un “plan
de control total” de la Policía Federal Argentina, basado
en la selección gubernamental de los jefes policiales que
serían designados al frente de las comisarías de la Ciudad
11 Giacomino, que era un jefe policial íntimamente allegado a Eduardo Duhalde y a Carlos Ruckauf, había sostenido públi-camente la necesidad de volver a los “edictos” y era partidario de llevar adelante intervenciones inscritas en la lógica de la “mano dura”. Pero la decisión gubernamental de mantenerlo en el cargo respondía al pedido efectuado en ese sentido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal ibarra, para quien Giacomino había hecho “un muy buen trabajo e in-cluso logró bajar los índices delictivos en los últimos tiempos”, por lo que “sería una lástima relevarlo” (en diario Clarín, Bue-nos Aires, 3 de junio y 3 de octubre de 2003).
12 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de junio de 2003.
13 ibíd.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 87
de Buenos Aires14. Era la primera vez que un Gobierno
democrático estaba dispuesto a intervenir a fondo en la
conducción político-institucional de la policía porteña.
El 2 de julio, Kirchner sostuvo que la desconfianza
de la sociedad en las instituciones policiales del país se
debía, entre otras razones, a la “corrupción” y al accio-
nar de “cuadros innobles de las policías argentinas”, ya
que “mientras hay policías que dejan sus vidas”, otros
“delinquen usando el uniforme que les da el pueblo
argentino”15.
Una semana más tarde, el ministro Béliz presentó pu-
blicamente un programa de 39 puntos en el que estable-
ció los ejes de la estrategia de seguridad que seguiría la
Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
En la ocasión, el funcionario dijo que la “honestidad y
eficacia” serían los valores fundamentales de la “nueva”
policía16.
14 Según la iniciativa, cada jefe policial debería dar cuenta mensualmente de su desempeño preventivo y conjurativo sobre la base de un “mapa del delito” en el que se identificarían los delitos cometidos en cada jurisdicción y se podría detectar en qué lugares y/u horarios precisos se producen con frecuencia inusual. Si el desempeño funcional del jefe de la jurisdicción no fuera satisfactorio, el Gobierno decidiría su desplazamiento y hasta su pase a retiro (en diario Página/12, Buenos Aires, 2 de junio de 2003).
15 KiRCHNER, Néstor, “Acto de homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2 de julio de 2003.
16 Los ejes del programa se basaban en la formulación e ins-trumentación de planes específicos de prevención delictiva para cada barrio; el establecimiento de mecanismos de control ciu-
Pues bien, a tono con estos preceptos, cuando en oc-
tubre se comprobó la comisión de una serie de hechos de
corrupción cometidos por la cúpula de la Policía Fede-
ral Argentina, Kirchner echó al comisario Giacomino y
ordenó que los hechos fuesen denunciados judicialmen-
te17. Fue la primera vez desde la instauración democrá-
tica que un jefe policial era expulsado del cargo por un
hecho de corrupción.
dadano de la gestión policial; y la provisión de un incremento significativo de fondos para afrontar los gastos de las comisarías que resultasen más eficaces en el control del delito. Para ello, se preveía la disponibilidad de 1.000 policías más abocados al desarrollo de labores operacionales, mediante una drástica re-ducción de las custodias a funcionarios y al personal judicial y de la transferencia de ciertos trámites administrativos –actas de choque, constatación de domicilios o denuncias por extravío– llevados a cabo en las comisarías a los centros de Gestión y Par-ticipación porteños. Por su parte, el personal policial de cada comisaría permanecería solo cuatro años en el mismo destino, a los efectos de que conozca el conjunto de problemáticas de cada jurisdicción sobre la base de la elaboración de mapas del delito permanentemente actualizados y que los vecinos co-nozcan a los efectivos que actúen en sus barrios. Asimismo, se establecerían mecanismos de control ciudadano mediante los cuales los vecinos podrían conocer y supervisar la administra-ción de los fondos de las comisarías y sus planes preventivos (en diario La Nación, Buenos Aires, 11 de julio de 2003).
17 Giacomino y un grupo de jefes policiales responsables de la gestión presupuestaria de la institución efectuaron, a co-mienzos de mayo, diversas contrataciones, compras directas y licitaciones digitadas en favor de distintas personas y empresas vinculadas al propio Giacomino y a un familiar directo, geren-te de una de las empresas contratadas fraudulentamente, todo ello para llevar a cabo la informatización de la obra social de la fuerza y del Hospital Churruca-Visca y su refacción (en diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 3 de octubre de 2003).
88 | Dossier
A los pocos días, Béliz creó en la esfera del Ministerio
de justicia, Seguridad y Derechos Humanos el “Progra-
ma de Administración Civil de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales (PAC)”, con el fin de llevar a cabo el
control institucional de la totalidad de las compras, con-
trataciones y decisiones administrativas relativas a la
ejecución del gasto de las fuerzas policiales y de seguri-
dad federales así como del Servicio Penitenciario Federal,
y puso a jorge Srur al frente del mismo18. Para este, el
objetivo de la iniciativa era “monitorear los procesos, ge-
nerar normas que mejoren la transparencia y eficacia en
el manejo del presupuesto”19, aunque, en verdad, para
ello debía conocer y supervisar la ejecución de la totali-
dad del presupuesto y de la gestión administrativa de las
fuerzas20.
En mayo de 2004, el Gobierno desplazó 107 altos ofi-
ciales de la Policía Federal Argentina –desde subcomisa-
rios a comisarios generales– que estaban sumariados por
faltas graves o imputados judicialmente de delitos vincu-
lados con el desempeño de sus funciones, o que habían
cumplido el tiempo de antigüedad necesario para el reti-
ro. todos fueron puestos en disponibilidad21. Se trató de
la “purga” policial más importante de los últimos años,
18 Diario Clarín, Buenos Aires, 27 de octubre de 2003.
19 Diario La Nación, Buenos Aires, 28 de octubre de 2003.
20 ALDA, Erik, y BÉLiZ, Gustavo (eds.), ¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana, Banco interamerica-no de Desarrollo, Nueva York, 2007, p. 66.
21 Diario Clarín, Buenos Aires, 8 y 13 de mayo de 2004.
en cuyo marco se produjo el descabezamiento casi com-
pleto de la cúpula de la Policía Federal Argentina, con la
excepción del jefe de la fuerza, comisario Eduardo Pra-
dos, quien había reemplazado a Giacomino.
En aquella ocasión, Alberto Fernández, jefe de Gabi-
nete de Ministros, dejó clara la posición del Gobierno al
respecto.
Hay casos de delincuentes que llegaron a ser oficiales en
actividad. [Se trata de] sujetos que decidieron delinquir
con el uniforme, y eso es gravísimo. (…) Lo mejor que
le puede pasar a la fuerza es prescindir de esos oficiales;
mucho peor es tener a alguien indecente que llega a ofi-
cial superior, y retenerlo solo por temor de que se vuelva
mano de obra desocupada22.
De este modo, durante el primer año de la gestión kir-
chnerista, más de 550 policías federales, entre oficiales y
suboficiales, habían sido dados de baja, pasados a retiro o
puestos en disponibilidad23.
La respuesta extorsiva de los sectores policiales des-
plazados no se hizo esperar y, al poco tiempo, se produjo
una seguidilla de asaltos, robos y otros hechos delicti-
22 Diario Clarín, Buenos Aires, 9 de mayo de 2004.
23 Diario Clarín, Buenos Aires, 8 de mayo de 2004. Dos se-manas antes, Béliz había informado que, desde la asunción del Gobierno nacional, se había producido “una depuración que no tiene antecedentes en la fuerza, ya que más de 454 oficia-les y suboficiales han pasado a disponibilidad, dados de baja o puestos en retiro” (en diario Clarín, Buenos Aires, 22 de abril de 2004).
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 89
vos de amplia connotación pública como una forma de
presionar al Gobierno nacional. Así lo indicó Kirchner a
comienzos de junio cuando sostuvo que esos hechos res-
pondían al accionar de sectores policiales en desacuerdo
con las medidas tomadas por el Gobierno sobre la policía,
a los que calificó de “mano de obra desplazada de la Poli-
cía Federal”24.
No tengo ninguna duda de que hay algunos sectores [de
la PFA] interesados y desplazados que están ayudando
a crear una situación de psicosis en la sociedad. Eviden-
temente trabajan para desestabilizar y quebrar determi-
nadas situaciones institucionales25.
Alberto Fernández también alentó esta interpreta-
ción de los hechos.
Llaman mucho la atención las olas de delito. Repenti-
namente aparecen olas de secuestros, olas de asaltos a
edificios, olas de robos a autos que aparecen y desapa-
recen. No hay asaltos nuevos (…); sí hay una modalidad
nueva que llama la atención y, además, intranquiliza a
la gente; si este hecho se repite hasta el cansancio en los
medios de difusión lo único que genera es miedo. (…)
Hay que preguntarse por qué pasan estas cosas; no ten-
go la respuesta exacta, si son policías retirados o delin-
cuentes organizados o ambos26.
24 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.
25 Diario Clarín, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.
26 Diario Clarín, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.
Era evidente que los sectores policiales conservado-
res habían actuado soterradamente con la intención de
esmerilar el esfuerzo oficial a favor de la depuración ins-
titucional de la Policía Federal27.
El 19 de abril, en ocasión de la presentación de un
nuevo plan de seguridad, Kirchner fue elocuente en la
ratificación de los lineamientos de “saneamiento” ins-
titucional que siguió desde el comienzo de su mandato
presidencial con respecto a las policías. En verdad, se re-
fería claramente a la Policía Federal.
Vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país;
vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrup-
ción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad.
Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a
permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con co-
rrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros
queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que
sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto
un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales
puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan
27 Por esos días, el especialista Diego Gorgal explicaba ade-cuadamente el fenómeno de referencia indicando que “la regu-lación del delito es una de las prácticas extendidas en la Capital [Federal]” que “consiste en organizar, supervisar y controlar una red de delincuentes que trabaja para el jefe [policial] de la jurisdicción”. En concreto, “la connivencia o protección poli-cial se refiere a determinados delincuentes, que llevan a cabo determinados delitos, en determinados momentos o zonas, ejerciendo el jefe policial la función de regulador de la cantidad y tipo de hechos delictivos” (en diario Clarín, Buenos Aires, 13 de junio de 2004).
90 | Dossier
a su permanencia, cuando han tenido actitudes que
han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el
cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles; tene-
mos que cambiar; tenemos que ayudar a que la gente
recupere la seguridad en su policía. tienen que tener
legajos limpios; la gente tiene que mirar a sus fuerzas de
seguridad y estar absolutamente tranquila de que está
bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor
conducta tienen, que más probidad tienen y realmente
marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central
y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de
seguridad sino para todos los argentinos, en todas las
áreas28.
Por su parte, el secuestro y asesinato en marzo de
2004 de Axel Damián Blumberg, un joven de 21 años
estudiante de ingeniería y perteneciente a una familia de
clase media alta, de la zona norte del Gran Buenos Ai-
res29, sensibilizó a la población y dio lugar a un repudio
28 KiRCHNER, Néstor, “Acto de presentación del Plan Estra-tégico de justicia y Seguridad 2004-2007”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 19 de abril de 2004.
29 El 17 de marzo de 2004, Axel Blumberg fue secuestrado en la localidad de Martínez y permaneció secuestrado durante seis días. tras haberse frustrado el pago del rescate, a partir de la impericia operativa tanto de la policía actuante como de la autoridad judicial a cargo de la investigación del hecho, Axel fue asesinado el 23 de marzo por sus captores luego de un in-tento de fuga en el que había visto a sus captores. Para un buen relato acerca del secuestro de Axel Blumberg y sus derivacio-nes, véase GUAGNiNi, Lucas, Blumberg. En el nombre del hijo, Edi-torial Sudamericana, Buenos Aires, 2005.
social generalizado al accionar de las autoridades guber-
namentales, responsables de las políticas de seguridad
tanto a nivel nacional como provincial. El reclamo vehe-
mente de justicia de parte de su padre, juan Carlos Blum-
berg, motivó la creciente movilización de vastos sectores
medios urbanos que reclamaron una actitud más activa
del Gobierno ante la “inseguridad”. En este contexto, el
1º de abril de 2004 se congregaron en la Plaza de los Dos
Congresos, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Ai-
res, unas 150.000 personas que, bajo la conducción de
Blumberg, demandaron al Gobierno nacional y en par-
ticular al provincial que lleve a cabo medidas y políticas
integrales y eficientes frente a la ola de violencia delictiva
que se venía desarrollando desde hacía meses en el Gran
Buenos Aires. Se trató de una de las mayores concentra-
ciones populares desde la instauración democrática y la
primera jornada masiva en torno de temas vinculados a
la seguridad30.
El gobierno kirchnerista tomó cuenta el asunto y el
19 de abril anunció en la Casa de Gobierno el Plan Es-
tratégico de justicia y Seguridad 2004-2007, compues-
to por un conjunto de medidas y acciones inscritas en
la esfera de justicia y seguridad para ser llevadas a cabo
durante los tres años restantes del mandato oficial. En
materia de seguridad, se trató de un plan básicamente
asentado en una serie de reformas institucionales de am-
plia envergadura. En esa ocasión, Kirchner destacó que
no estaba dispuesto a tolerar la corrupción en las policías
30 Diarios Clarín, Página/12 y La Nación, Buenos Aires, 2 y 3 de abril de 2004.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 91
como modalidades predominantes de trabajo institucio-
nal.
Vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país;
vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrup-
ción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad.
Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a
permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con co-
rrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros
queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que
sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto
un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales
puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan
a su permanencia, cuando han tenido actitudes que
han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el
cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles; tene-
mos que cambiar; tenemos que ayudar a que la gente
recupere la seguridad en su policía. tienen que tener
legajos limpios; la gente tiene que mirar a sus fuerzas de
seguridad y estar absolutamente tranquila de que está
bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor
conducta tienen, que más probidad tienen y realmente
marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central
y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de
seguridad sino para todos los argentinos, en todas las
áreas31.
31 KiRCHNER, Néstor, “Acto de presentación del Plan Estra-tégico de justicia y Seguridad 2004-2007”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 19 de abril de 2004.
Añadió que “la solución de nuestros problemas pro-
fundos no puede encontrarse en las viejas y repetidas re-
cetas” sino que se debía tener “la audacia de abocarnos
a la concreción de la transformación que nuestra situa-
ción reclama”.
El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturale-
za común, sea de mafias organizadas o protegidas desde
la policía o la política; no es de derecha, de centro ni de
izquierda, es delito. Para combatirlo el Estado debe ser
esclavo de la ley y de la Constitución y no puede estar
sometido ni dejarse someter a ningún tipo de extorsión.
Los valores de orden y seguridad deben convivir con los
de justicia y libertad. No seremos una sociedad civiliza-
da en la medida en que eliminemos unos en función de
otros (…)32.
Para Kirchner, la cuestión de la inseguridad debía
afrontarse mediante un conjunto de reformas institu-
cionales inscritas en un “plan integral” que abarque
“acciones que van desde la reorganización de las fuerzas
de seguridad hasta la reforma de la justicia, pasando por
la modificación que proponemos para las herramientas
procesales y jurídicas que deben aplicarse”.
No queremos apurar una respuesta espasmódica o
parcializada, no creemos en las visiones que ubican la
solución en un solo punto focal. El problema es estruc-
tural y requiere de soluciones estructurales: desde lo
32 ibíd.
92 | Dossier
educativo, para que entendamos que una sociedad con
mejor educación se fortalece para prevenir y combatir
el delito; desde lo cultural, para que se viva la diferencia
entre cumplir y no cumplir la ley. Debemos de una vez
por todas construir un país en serio, en el que valga la
pena cumplir con la ley33.
En materia de seguridad, el plan del Gobierno34 pro-
puso la creación de una nueva institución policial deno-
minada “Agencia Federal de investigaciones y Seguridad
interior”. Esta debía ser un organismo autárquico, diri-
gido por un director nacional dependiente del secretario
de Seguridad interior, y estaría inicialmente compuesta
por unos 6.000 integrantes a ser incorporados durante
el año 2005. también llamaría a concurso para incor-
porar mil investigadores que pasen a integrar la dotación
del organismo. tendría funciones en materia de inves-
tigaciones sobre el crimen organizado y en lo relativo
al mantenimiento del orden público, todo ello en el or-
den federal. En lo atinente a investigaciones, agruparía
y coordinaría “todas las áreas de investigaciones de las
fuerzas federales sobre el crimen organizado” y articu-
laría su labor con “sentido federal con todas las fuerzas
provinciales del país”. Para ello, administraría un “nodo
informático central conectado en red” y elaboraría un
33 ibíd.
34 El plan estaba dividido en siete capítulos referidos a seguri-dad; justicia; sistema penitenciario; participación cívica y con-trol ciudadano; sistema económico-financiero, equipamiento; y nuevas tecnologías y sistema (en diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 29 de abril de 2010).
“mapa delictivo referido a secuestros extorsivos y bandas
delictivas en general, con especial énfasis en narcotráfi-
co, tráfico de armas, desarmaderos, contrabando y lava-
do de dinero”. En cuanto seguridad interior, se conforma-
ría en su seno un Cuerpo Nacional de Paz integrado por
5.000 uniformados seleccionados de entre el personal de
la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional
Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Este cuerpo
actuaría como “asistencia federal y policía de seguridad
en las zonas más críticas, cuando su presencia sea reque-
rida en el marco de la ley de seguridad interior”, para lo
cual se debía establecer una conjunto de “contratos de
seguridad entre la jurisdicción nacional y las provincias
y los municipios”, priorizando “el rol de los gobiernos lo-
cales y municipales y la participación comunitaria”35. De
este modo, la creación y puesta en funcionamiento de la
Agencia Federal de investigaciones y Seguridad interior
implicaría, en verdad, la reestructuración del sistema po-
licial federal en su conjunto.
Por su parte, en el plan, se postulaba un conjunto
de cambios significativos en materia policial. En primer
lugar, se proponía la “unificación de criterios de control
anticorrupción e integridad en todas las fuerzas de se-
guridad del país” mediante la creación, en el ámbito del
Consejo de Seguridad interior, de un Monitor Civil de la
Seguridad con el fin de supervisar el área de asuntos in-
ternos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería
35 PRESiDENCiA DE LA NACiÓN, Plan Estratégico de justicia y Seguridad 2004-2007, Ministerio de justicia, Seguridad y De-rechos Humanos, Buenos Aires, abril de 2004, “Seguridad”.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 93
Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y el
Servicio Penitenciario Federal y auditar los procedimien-
tos con la participación de entidades sociales, todo ello
para “evitar y sancionar irregularidades en las fuerzas”.
En segundo término, se planteaban “modificaciones en
las carreras y administración de las fuerzas de seguri-
dad” mediante una serie de medidas novedosas y pro-
fundamente innovadoras, tales como la “apertura de las
juntas de calificaciones y promociones” de cada una de
esas instituciones al “monitoreo externo de universida-
des y organizaciones no gubernamentales, para garanti-
zar la máxima transparencia en el ascenso y promoción
del personal”; y la “convocatoria abierta para incorpo-
rar por concurso público de antecedentes y oposición a
Comisarios, Subcomisarios e inspectores civiles en las
fuerzas de seguridad” de entre “profesionales de discipli-
nas afines” cuya incorporación definitiva requeriría de la
“aprobación de un curso intensivo de formación específi-
ca”. Y, en tercer lugar, se proyectaba la unificación de “la
gestión administrativa de las cuatro fuerzas de seguridad
profundizando la reforma iniciada con la creación del
Programa de Administración Civil”.36
Finalmente, el plan contemplaba la elaboración de un
“mapa nacional del delito” mediante la extensión a nivel
nacional del “Sistema Unificado de Registros Criminales
(SURC)”, que ya funcionaba en la Ciudad de Buenos Ai-
res, a los efectos de conformar “una única red informáti-
ca” que vincule “a todas las fuerzas de seguridad y a todo
36 ibíd.
el sistema judicial criminal nacional y provincial” a los
fines de sistematizar y analizar la información criminal
provistas por estas instancias. Dicha propuesta apunta-
ba a permitir “el despliegue de efectivos [policiales] en
función de la evolución del crimen” así como a constituir
una “herramienta central” para la Agencia Federal de
investigaciones y Seguridad interior sobre la problemá-
tica del crimen organizado. Para todo ello, el Gobierno
proponía una inversión de $ 4 millones y un plazo de eje-
cución de 12 meses37.
En este sentido, la propuesta gubernamental era inte-
gral y suponía un conjunto de cambios profundos en el
sistema policial federal asentados en la creación y pues-
ta en funcionamiento de una nueva agencia policial; la
reestructuración orgánica y funcional de las policías y
fuerzas de seguridad existentes; la conformación de dis-
positivos externos de control funcional de las policías y
fuerzas de seguridad federales; y el traspaso de la admi-
nistración de estas instituciones a la esfera civil. Desde
la instauración democrática, nunca se había planteado
una reforma institucional de semejante envergadura y
que se asentaba en una firme reivindicación de la con-
ducción civil de la seguridad pública y los asuntos poli-
ciales.
De todos modos, hacia fines de 2004, todo el impulso
reformista y, en particular, las propuestas de cambio ins-
titucional en el sistema policial federal fueron abandona-
37 ibíd.
94 | Dossier
das y se inició el giro conservador del kirchnerismo ante
la cuestión policial.
2. El viraje conservador y un atisbo de reforma (2004-2010)
En octubre de 2004, el Gobierno dispuso la transferen-
cia de la Secretaría de Seguridad interior y de los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad federales desde el ámbito
del Ministerio de justicia y Derechos Humanos hacia la
órbita del Ministerio del interior. De este modo, Aníbal
Fernández, quien se venía desempeñando como Ministro
del interior desde el comienzo de la gestión kirchnerista,
quedó a cargo de la dirección política de la seguridad en
la Argentina.
A partir de ese momento, se impuso una perspectiva
asentada en la reivindicación de la policía como instru-
mento fundamental de gestión de los conflictos, y se le
delegó a esta el gobierno de los asuntos de seguridad pú-
blica, garantizándose una amplio margen de autonomía
para ello así como también para conducir su propia or-
ganización sin ningun tipo de ingerencia política. En ese
marco, se le otorgó a la Policía Federal Argentina –desde
julio de 2004, bajo la conducción del Comisario Néstor
Valleca– un rol protagónico central en la estrategia de
seguridad gubernamental. Y, de esta manera, también se
abandonaron o desarticularon todas las iniciativas o me-
didas tendientes a materializar la conducción civil sobre
las policías.
Apenas se hizo cargo de los asuntos de la seguridad
pública, Fernández desarticuló el Programa de Admi-
nistración Civil de las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales (PAC). también se abandonó definitivamente el
proyecto orientado a conformar la Agencia Federal de in-
vestigaciones y Seguridad interior”, que hubiera estado
a cargo de las investigaciones sobre el crimen organizado
y del mantenimiento del orden público en el orden fede-
ral. Esta propuesta era vista por la cúpula de la Policía
Federal como una iniciativa tendiente a reestructurar
integralmente a la fuerza y, por ende, era muy resistida
en su seno.
Asimismo, durante este período, en medio aun de un
contexto de amplia movilización y conflictividad social
expresada en centenares de acciones colectivas de pro-
testa realizadas cotidianamente en las grandes ciudades
del país y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires,
Kirchner delineó y mantuvo una estrategia de tolerancia y
persuasión hacia las organizaciones sociales movilizadas
–en especial, las organizaciones piqueteras, que eran las
más activas en las protestas sociales–, lo que, por cier-
to, fue rechazado por numerosos dirigentes peronistas
aliados al propio Gobierno, que sustentaban una mira-
da más tradicional favorable al control represivo. Para el
mandatario, las protestas sociales no podían ser objeto
de ningún tipo de criminalización ni debían ser respondi-
das mediante la represión policial. Y, para ello, fue funda-
mental la labor llevada a cabo por la Policía Federal y por
las fuerzas de seguridad federales, las que obedecieron
sin disidencias esa clara instrucción presidencial38.
38 En el informe anual elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2008 se daba cuenta de este cam-
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 95
Con la llegada de Cristina Fernández al Gobierno
nacional, la estrategia de tolerancia y persuación –a ve-
ces, inclusive mediante la saturación policial– continuó
como mecanismo de control de las protestas protagoni-
zadas por las organizaciones populares y también fue la
orientación oficial que se adoptó ante los masivos cortes
de rutas y piquetes, llevados a cabo entre marzo y junio
de 2008 a lo largo de todo el país por las cámaras patro-
nales agropecuarias, como manifestación de rechazo al
aumento de las retenciones a las exportaciones de soja
decretada por el Gobierno39. Entre marzo y fines de junio
bio oficial: “Desde el comienzo de su gestión, en mayo de 2003, el gobierno de Kirchner le otorgó al tema del control de las manifestaciones sociales un lugar central, preocupándose por explicitar una posición clara que lo diferenciara de sus ante-cesores. La nueva política fue definida por el propio Gobierno como de ‘tolerancia y persuasión’. El rol del Estado frente a los reclamos sociales continuó siendo un campo de fuertes debates públicos, pese a que hubo una notable disminución en la canti-dad de cortes de rutas y calles. El discurso de control del accio-nar policial y de aceptación de distintas formas de la protesta, en el espacio público que sostuvo el Gobierno como uno de los ejes centrales de su posicionamiento respecto de una agenda de derechos humanos, fue considerada por algunos sectores de la oposición y de la opinión pública como una actitud pasiva in-aceptable, y por ende motivo de fuertes cuestionamientos. Esas diferentes posiciones frente a los conflictos sociales se vieron incluso reflejadas en el propio seno del Gobierno nacional” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2008, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Ai-res, 2008, pp. 231 y 232).
39 Al respecto, véase BARSKY, osvaldo, y DÁViLA, Mabel, La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, Edito-rial Sudamericana, Buenos Aires, 2008, Anexo i; oRtÍZ, Se-bastián, La patria terrateniente. Nueva burguesía agroindustrial y construcción del Partido del Campo, Ediciones Continente, Bue-
de ese año, se llevaron a cabo 5.238 cortes de rutas y vías
públicas, la mayoría de los cuales fueron protagonizados
por las entidades agropecuarias40.
Entretanto, la impronta policialista que se delineó a
mediados de 2004 pareció diluirse cuando, a comienzos
de 2005, Kirchner decidió, a través del Decreto 145/05,
transferir orgánica y funcionalmente a la Policía Aero-
nos Aires, 2010, caps. 2, 3, 4 y 5; y HoRA, Roy, “La crisis del campo del otoño del 2008”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Nº 197, abril-junio de 2010.
40 Durante abril y mayo de 2008, las entidades agropecua-rias llevaron a cabo el 85% y el 90%, respectivamente, del total de cortes producidos en esos meses. Ello superó ampliamente los cortes ocurridos entre los años 2001 y 2003 cuando se de-sarrolló la más profunda crisis política y social de las últimas décadas. En 2001, se registraron 1.383 cortes; en 2002, 2.336 cortes; y en 2003, 1.278 cortes (en CENtRo DE EStUDioS PARA LA NUEVA MAYoRÍA, Informes sobre cortes de rutas y vías públi-cas en Argentina, Buenos Aires, 8 de julio de 2008, 22 de abril y 30 de septiembre de 2009). Pero lo más grave de las medi-das de fuerza llevadas a cabo por las entidades agropecuarias estuvo dado por el hecho de que los piquetes implicaron, con distinta intensidad, “el bloqueo de autopistas, rutas y caminos, la requisa y detención de camiones que intentaran transportar productos que las entidades habían decidido no comercializar”, ocasionando el “desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades e incrementos en los precios de productos de primera necesidad” así como también la comisión de “he-chos de violencia, que fueron desde las inspecciones forzadas a los camiones, los enfrentamientos con transportistas y conduc-tores, la obstrucción del paso a vehículos y a una ambulancia con un paciente que debía ser atendido de urgencia, hasta el incendio de un camión y los golpes entre los manifestantes que apoyaban al Gobierno y aquellos que apoyaban los reclamos de las cámaras patronales” (CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2009, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2009, pp. 253 y ss).
96 | Dossier
náutica Nacional (PAN)41, dependiente de la Fuerza Aé-
rea Argentina (FAA), desde el ámbito del Ministerio de
Defensa a la esfera del Ministerio del interior, constitu-
yendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e in-
corporándola al sistema de seguridad interior establecido
en la Ley 24.059 de Seguridad interior. Asimismo, me-
diante aquel decreto, ordenó la intervención de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria a través de la designación de
un funcionario civil con el objeto de ejercer las compe-
tencias, facultades y atribuciones propias del director na-
cional de la Policía Aeronáutica Nacional y efectuar y/o
proponer las reestructuraciones pertinentes, a los fines
de proceder a la normalización del funcionamiento de la
citada institución42.
Esta decisión se tomó como consecuencia del deno-
minado caso Southern Winds43, que tuvo una notoria
41 La Policía Aeronáutica Nacional fue creada en febrero de 1977 mediante la Ley 21.521 como “una fuerza de segu-ridad militarizada que ejerce funciones de poder de policía en el aeroespacio y el poder de policía de seguridad y judicial” con jurisdicción “en el aeroespacio” así como “en las aeronaves, aeródromos, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres, ra-dicadas en los mismos o que sirvan de apoyo a las operaciones aerospaciales, en lo que no afecta a la jurisdicción militar”. Por esa ley, la PAN pasó a depender del Comando en jefe de la Fuer-za Aérea Argentina.
42 Mediante el Decreto 147/05, el Poder Ejecutivo Nacional designó al autor de este trabajo como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
43 El 17 de septiembre de 2004, el servicio español de adua-nas perteneciente a la Guardia Civil halló en un depósito fiscal del Aeropuerto internacional de Barajas cuatro valijas, despa-chadas sin pasajeros, con casi 60 kilos de clorhidrato de cocaí-
gravitación pública a mediados de febrero de ese año y
puso en tela de juicio las labores de seguridad aeropor-
tuaria que venía desempeñando la Policía Aeronáutica
Nacional. La respuesta institucional del Gobierno con-
sistió en la creación de una nueva policía altamente es-
pecializada que fuera diseñada, organizada, puesta en
funcionamiento y conducida por un grupo de expertos
en seguridad ajenos a la policía, mayoritariamente pro-
venientes del medio académico y que sustentaban visio-
nes políticas de centro-izquierda44. Se trató, en verdad, de
na valuados en € 1.500.000. Las valijas llevaban como única identificación etiquetas que decían “Embajada Argentina en España”, aunque no estaban realmente destinadas a dicha de-pendencia diplomática sino que iban a ser retiradas por un ma-trimonio español que unos días antes había sido detenido. Esas valijas fueron transportadas por la compañía aerocomercial argentina Southern Winds, estrechamente vinculada y con un significativo subsidio de la Secretaría de transporte, cuyo titu-lar era Ricardo jaime, un funcionario allegado a Néstor Kirch-ner. Al tiempo, fue detenido el gerente comercial, el jefe de base de dicha compañía en Ezeiza y Walter Beltrame, un empleado destacado de la misma en dicha terminal e hijo del influyente jefe del Aeropuerto internacional de Ezeiza, el comodoro Alber-to Edgardo Beltrame de la Fuerza Aérea Argentina, todos ellos acusados de contrabando agravado de estupefacientes. Extra-ñamente, la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de esta fuerza militar, indicó que las filmaciones de las operaciones de embarque y despacho de valijas de ese día se habían borrado, lo que hacía presumir el encubrimiento de esa área estatal. Este caso tomó estado público a mediados de febrero del 2005 y, des-de entonces, tuvo una importante repercusión pública. Al res-pecto, véase diarios La Nación, Clarín y Página/12, Buenos Aires, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2005.
44 Ese equipo fue conducido entre febrero de 2005 y noviem-bre de 2009 por el autor de este trabajo.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 97
la creación en el ámbito federal de la primera institución
policial en democracia.
A partir de entonces, la intervención civil45 de la Poli-
cía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante un proce-
so institucional novedoso con algunas particularidades.
Por un lado, a esta policía se la estructuró sobre la base de
nuevos parámetros doctrinales, organizacionales y funciona-
les, que fueron elaborados y formulados por el equipo de
la intervención y la diferenciaban significativamente del
resto de las policías y fuerzas de seguridad existentes en el
ámbito federal. Por otro lado, de acuerdo con ese modelo
policial, constituyó la primera experiencia institucional
de una policía con mando civil, es decir, con una estructura
de dirección superior y administración general conduci-
da por funcionarios especializados en asuntos de seguri-
dad pública pero sin estatus policial46. El 31 de mayo de
2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.102 de
Seguridad Aeroportuaria, a través de la cual se convalidó
la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así
como sus novedosas características organizacionales.
45 La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se extendió entre el 22 de febrero de 2005 y el 27 de abril de 2010 cuando, mediante el Decreto 582/10, se designó al pri-mer Director Nacional.
46 Al respecto, véase iNtERVENCiÓN DE LA PoLiCÍA DE SEGU-RiDAD AERoPoRtUARiA, Estrategia para el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, Ministerio del interior, Buenos Aires, 2006. Este documento oficial fue producido por la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre marzo de 2005 y julio de 2006, y ha sido publicado en PoLiCÍA DE SEGURiDAD AERoPoRtUARiA, Planificación en seguridad aeroportuaria, Edi-ciones de la PSA, Ezeiza, 2011, pp. 17-197.
El desarrollo de la labor institucional en la dirección
civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se desen-
volvió tanto en el plano de la gestión interna del cambio
organizacional como en el desempeño de esta novel ins-
titución policial en materia de control de los delitos. La
intervención civil no solo llevó a cabo un amplio proceso
de depuración de los efectivos y sectores refractarios al
cambio institucional ordenado por el Gobierno sino que
también emprendió un proceso de reforma institucional
tendiente a dotar a la institución de nuevos parámetros
organizacionales y a inaugurar nuevas modalidades de
trabajo policial47.
El “proyecto institucional de nueva policía” estaba
asentado en un eje fundamental dado por la conforma-
ción de una policía especializada exclusivamente en el
control del delito mediante el desarrollo de labores de se-
guridad preventiva y de seguridad compleja. Sobre esta
base, se conformó una estructura orgánica asentada
en dos parámetros. En primer lugar, una clara diferen-
ciación entre la “estructura de conducción y adminis-
tración” a cargo de las labores de dirección superior y la
administración general de la institución, por un lado, y
la “estructura operacional” responsable de elaborar, pla-
nificar, implementar y evaluar las estrategias y acciones
47 He abordado este proceso en SAiN, Marcelo Fabián, “Cam-bio institucional y nueva policía en Argentina. La creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-2009)”, ponencia presentada en el V Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública “Participação e territorio na segurança pública”, orga-nizado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Brasilia, Brasil, 13-15 de mayo de 2011.
98 | Dossier
de seguridad aeroportuaria en materia de prevención,
conjuración e investigación de los delitos, por el otro. La
estructura de conducción y administración fue mayor-
mente dotada de personal civil sin estatus policial –el que
contó con un régimen especial de personal dentro de la
propia institución–, mientras que la estructura operacio-
nal fue integrada exclusivamente por el personal policial
componente del escalafón único de oficiales. Ello favore-
ció la diferenciación y especialización de labores institu-
cionales y evitó la alta concentración de personal policial
en el desempeño de labores no operacionales, tal como
ocurre en las policías tradicionales. Por otro lado, una
diferenciación organizativa y de funcionamiento entre el
“sistema de seguridad preventiva”, abocado a las labores
de prevención y conjuración de delitos, y el “sistema de
seguridad compleja”, dedicado a la identificación y des-
articulación de grupos criminales organizados. Con ello,
se conformaron dos agrupamientos de policías diferenciados
en cuanto a su capacitación, unidades de pertenencia,
carreras y sistemas de control, a saber, los policías pre-
ventivos, que laboran uniformados y realizan las tareas
ordinarias de vigilancia y control policial preventivo así
como operaciones especiales, y los policías de seguridad
compleja, que trabajan de manera sigilosa y no uniforma-
da en acciones investigativas.
Por su parte, la intervención civil también inauguró
otros aspectos organizacionales novedosos. En primer
lugar, conformó un sistema de educación totalmente desmi-
litarizado –entre otras cuestiones, con la prohibición ex-
presa de llevar a cabo labores de orden cerrado, desfiles, sa-
ludos con veñias y taconeo, pedidos marciales de permiso
para acceder a lugares habituales, etcétera– y basado en
la formación y capacitación de los candidatos a oficiales
o de estos ya incorporados a la institución según las com-
petencias y saberes específicos que debían tener de acuerdo
con sus especialidades policiales y/o sus responsabilida-
des jerárquicas y ocupacionales. Y, en segundo, lugar, se
diseñó un sistema de control policial estructurado median-
te un dispositivo institucional de control de la corrupción
y el abuso policial de carácter independiente y externo en
relación con la estructura operacional de la policía, esto
es, directamente dependiente de las autoridades minis-
teriales del ramo48. Este fue el primer sistema de asuntos
48 El sistema de control externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se estructuró en tres instancias diferenciales. En primer lugar, un auditor de Asuntos Internos, encargado de desarrollar estrategias y acciones preventivas tendientes a im-pedir o conjurar la comisión de faltas disciplinarias, abusos fun-cionales o delitos por parte del personal policial; e identificar e investigar todos los hechos o denuncias de faltas disciplinarias, abusos funcionales o delitos cometidos por el personal policial durante el desarrollo de sus funciones o fuera de estas. Ante la comisión de una falta disciplinaria grave, dicha autoridad debía instruir el sumario administrativo, colectar pruebas que dieran sustento a la acusación y formular la acusación ante la otra instancia administrativa. Y ante la comisión de un delito, debía denunciar ante la autoridad judicial competente y/o asistir a esta ante requerimiento formal. En segundo lugar, el Tribunal de Disciplina Policial, que sería encargado de juzgar administra-tivamente a los responsables de faltas disciplinarias graves y aplicar las sanciones disciplinarias, asegurando la defensa en juicio y de debido proceso. Y, en tercer término, la Defensoría del Policía, dependencia especial y funcionalmente autárquica exclusivamente dedicada a garantizar la defensa integral de los derechos del personal policial durante el ejercicio de sus labores; formular y poner en funcionamiento mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal policial; y promover el
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 99
internos de carácter externo en una policía nacional y en-
tró en funcionamiento recién a fines de 201049.
Entretanto, en el período 2005-2009, el desempeño
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en materia de
control criminal fue auspicioso, tanto en lo relativo a los
delitos comunes como a las modalidades de criminali-
dad organizada50. también lo fue en la asistencia judi-
cial prestada en diversas causas relativas a delitos de lesa
respeto integral de los derechos del personal policial en el inte-rior de la institución, todo ello en vista de la dignificación de la profesión y la función policial.
49 En abril de 2010, mediante el Decreto 561/10, se designó a Elena Mariani como titular de la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En septiembre, me-diante el Decreto 1.295/10 y el Decreto 1.308/10, se designa-ron a las autoridades superiores y al personal de dicho organis-mo, pero su funcionamiento se hizo efectivo a partir de octubre.
50 Dentro de este panorama general de actuación, la proble-mática del narcotráfico ha sido la más relevante de las labores de control del delito llevadas a cabo por la novel institución po-licial en relación con la criminalidad organizada en ese período y, seguidamente, lo fue la problemática de los robos y hurtos, en general, y el robo de equipajes, en particular, como la princi-pal manifestación de los delitos comunes llevados a cabo en las terminales aéreas en el mismo período de referencia. De todos modos, para la intervención civil, las incautaciones en el ámbi-to aeroportuario constituían una instancia indiciaria para lle-var a cabo investigaciones tendientes a la identificación y des-baratamiento de los grupos criminales que se encargaban del trafico de drogas ilegales. Entre 2005 y 2009, se identificaron, investigaron y desarticularon un total de 38 organizaciones criminales abocadas al narcotráfico (en SAiN, Marcelo Fabián, “Cambio institucional y nueva policía en Argentina…”, op. cit.).
humanidad cometidos durante la última dictadura mi-
litar51.
De este modo, la intervención civil de la Policía de Se-
guridad Aeroportuaria pudo demostrar que una camada
de funcionarios especializados en temas de seguridad te-
nían competencias políticas e institucionales suficientes
para diseñar, poner en funcionamiento y conducir ins-
tituciones policiales, así como mantener un desempeño
eficaz en la prevención e investigación de actividades
criminales complejas, quebrando así el mito de que estas
eran labores que solo podían ser desarrolladas por jefes
policiales.
A lo largo de toda la intervención civil, las autorida-
des superiores del Gobierno nacional apoyaron con alti-
bajos y vaivenes el desarrollo del proceso de reforma ins-
titucional llevado a cabo por aquella. Durante el primer
año, ese apoyo derivó básicamente de la consideración de
que esa gestión fue eficaz en la neutralización de la crisis
y el conflicto originado en febrero de 2005, así como en
la estabilización de la situación institucional sin que se
51 A partir de 2007, numerosos juzgados federales encomen-daron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la realización de tareas de búsqueda y detención de prófugos –la mayoría de los cuales contaba con protección policial y/o militar–; identifica-ción de personas apropiadoras de menores, allanamiento de moradas y secuestro de documentación vinculada a la repre-sión ilegal; y seguimiento e identificación de personas y luga-res o domicilios, todo ello en el marco de casi medio centenar de causas judiciales. Entre mediados de 2007 y fines de 2009, en el marco de esas actuaciones, se produjo la detención de 31 personas, y durante los primeros meses de 2010, fueron dete-nidas otras 35 personas (en ibíd.).
100 | Dossier
volvieran a producir sucesos o dificultades que repercu-
tieran negativamente sobre el Gobierno. Sin embargo, la
conformación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
como una institución policial asentada en parámetros
originales, así como su desempeño en materia de control
de los delitos en el ámbito aeroportuario, no fueron ob-
jeto de atención e interés privilegiado por parte de aque-
llas autoridades. Lo que primó fue la indiferencia y el
desentendimiento acerca de dichos procesos. Las severas
restricciones presupuestarias por las que atravesó la Po-
licía de Seguridad Aeroportuaria entre 2005 y 2007; las
dilaciones, demoras y obstáculos administrativos e ins-
titucionales generados por otras instancias de Gobierno
sobre el proceso de normalización de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria y, específicamente, en el re-encasilla-
miento del personal policial heredado de la vieja policía,
el que recién se pudo concretar en diciembre de 2009; los
embates y acciones desestabilizantes llevados a cabo por
notorias autoridades y/o altos funcionarios del Gobierno
estrechamente vinculados al círculo más cerrado e ínti-
mo del kirchnerismo, cuando la institución llevó a cabo
procedimientos policiales que apuntaban a desarticular
redes criminales con clara protección desde el alto poder,
han sido sin duda una manifestación elocuente de ello52.
En este sentido, la conformación de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria no estuvo orientada a poner en mar-
cha un cuerpo que sirviera como modelo en un eventual
proceso de reforma y modernización del sistema policial
52 SAiN, Marcelo Fabián, “El amague…”, op. cit.
federal. El Gobierno privilegió apenas acallar el conflicto
que dio origen a la creación de esta policía.
Por su parte, entre 2005 y 2007, se hizo evidente el
cambio sustancial en la orientación gubernamental en
la materia a favor de una suerte de policialización creciente
de la gestión de la seguridad pública. En ese marco, se produ-
jeron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires algunos
hechos de violencia policial que implicaron el uso abusi-
vo de la fuerza y hasta la ejecución de personas que, en
casi todos los casos, eran “varones adolescentes o jóve-
nes, por lo general habitantes de barrios marginales o
de clase baja”. Estos hechos siempre fueron presentados
por la Policía Federal como “enfrentamientos” a los fines
de “encubrir” lo que, en verdad, constituyó “una ejecu-
ción por parte de funcionarios policiales”. En la mayoría
de los hechos, “el relato policial –primera versión de los
hechos– [sostuvo] que se produjo un enfrentamiento en
el marco de la comisión o represión de un delito”. Asi-
mismo, en ellos, se verificó “la desaparición, producción
o alteración de las pruebas de los hechos, montando la
escena del crimen de modo tal que contribuya a confir-
mar la versión policial de los acontecimientos” así como
también “la preparación por parte de la policía de las de-
claraciones de testigos presenciales”53.
53 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2007, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2007, pp. 190 y 191. El antecedente inmediato de estos hechos se produjo el 25 de junio de 2005 en las adya-cencias del estadio de Huracán, situado en Parque Patricios. Allí, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo una violenta represión sobre los simpatizantes del club de futbol Defensores
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 101
En este contexto, el Gobierno nacional, lejos de los
designios oficiales que signaron los primeros meses de la
gestión kirchnerista, asumió “una posición pasiva frente
a muchas de las rutinas y lógicas de trabajo de las institu-
ciones de seguridad e inteligencia federales, prácticas en
las que se sustentan violaciones cotidianas a los derechos
humanos”54. Ello constituyó una de las manifestaciones
más expresivas del viraje conservador del Gobierno kir-
chnerista en materia de gestión de la seguridad públi-
ca, la que, en trazos generales, se mantuvo a partir de
la asunción de Cristina Fernández como presidenta de la
nación en diciembre de 2007.
No obstante, a fines de 2010, se produjeron algunos
acontecimientos de significativa relevancia pública que
no solo pusieron en evidencia ciertos aspectos de la mo-
dalidad de gestión policialista de la seguridad sino que,
de Belgrano que abandonaban el lugar luego del cotejo deporti-vo que mantuvieron con los locales. Numerosos simpatizantes fueron heridos y hospitalizados, y se produjeron numerosas detenciones. En ese marco, Fernando Blanco, un joven de 17 años, fue gravemente herido con golpes en todo el cuerpo y fa-lleció dos días más tarde. La Policía Federal adujo que el joven había fallecido como consecuencia de que se había arrojado desde el interior de un camión celular de la fuerza y que se ha-bía golpeado contra el piso. No obstante, las filmaciones pro-ducidas en el lugar mostraron cómo Blanco fue salvajemente golpeado y arrastrado por el piso por efectivos policiales de esa fuerza (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2005, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005, pp. 253 y ss.).
54 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2008, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2008, p. 92.
además, determinaron su inviabilidad política, según la
interpretación de la propia Cristina Fernández.
El 20 de octubre, el joven militante del Partido obrero,
Mariano Ferreyra, fue asesinado mediante un disparo de
arma de fuego efectuado desde un grupo de integrantes
del sindicato Unión Ferroviaria que, asistidos por barra-
bravas contratados para la ocasión, agredieron a un con-
junto de empleados tercerizados y militantes de izquierda
pertenecientes al Partido obrero y al Movimiento teresa
Rodríguez, que reclamaban a favor de la estabilización
de los primeros. Miembros de la Policía Federal Argen-
tina, en clara connivencia con los agresores, “liberaron
la zona” para permitir el ataque del grupo parasindical
ya que, “estando presentes en el desarrollo de los aconte-
cimientos, [los policías actuantes] omitieron prevenir la
violencia de terceros, intervenir e incluso aprehender a
los responsables luego de sucedidos los hechos”. Asimis-
mo, “se han mostrado renuentes a colaborar con la in-
vestigación, si es que no dispuestos a retacear pruebas”,
tal como quedó comprobado durante la investigación
judicial posterior55.
Por su parte, el 3 de diciembre, más de dos centenares
de personas –muchos nucleados en grupos familiares–
ocuparon pacíficamente algunas hectáreas del Parque
indoamericano ubicado en Villa Soldati, al sudoeste de la
Ciudad de Buenos Aires, reclamando a las autoridades el
acceso a viviendas. Estas personas, que habitaban preca-
55 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2011, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2011, pp. 142 y 143.
102 | Dossier
riamente algunas casas y terrenos ubicadas en villas de
emergencia y asentamientos de las barriadas lindantes
al parque, efectuaron esos reclamos debido al aumento
de los alquileres en los lugares que habitaban. tres días
más tarde, la autoridad judicial interviniente ordenó el
desalojo del predio, durante el cual efectivos de la Poli-
cía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana, de-
pendiente del Gobierno local, convergieron al lugar y
emprendieron una feroz represión sobre los ocupantes,
en cuyo marco se produjeron los asesinatos de Rosemary
Chura Puña, boliviana, de 28 años, y de Bernardo Sal-
gueiro, paraguayo, de 24 años de edad. Ciertos jefes de
Policía Federal, intentando encubrir los asesinatos poli-
ciales, le indicó al Gobierno que esos asesinatos fueron el
resultado del enfrentamiento producido entre diferentes
grupos de ocupantes56.
Estos hechos persuadieron a Cristina Fernández de la
necesidad de abandonar la impronta delegativa y policia-
lista que había tenido la política de seguridad desarrolla-
da durante el último lustro. En consecuencia, el 10 de
diciembre, la mandataria anunció la creación del Minis-
terio de Seguridad, le traspasó la dirección de las policías
y fuerzas de seguridad federales y designó como titular
a Nilda Garré, una dirigente del peronismo de izquierda
claramente partidaria del control férreo sobre las policías
y del ejercicio de la conducción política sobre estas.
56 Para un buen abordaje de estos acontecimientos, véase ibíd., pp. 148-156.
3. El revisionismo discursivo y limitado (2010-2012)
Apenas asumió como ministra de Seguridad, Nilda Garré
manifestó claramente la necesidad de revertir la tenden-
cia tradicional asentada en la policialización de la gestión
de la seguridad pública57 y sostuvo una interpretación de
las problemáticas de la seguridad mucho más integral
y no determinada por la labor policial. “La seguridad
ciudadana no es una condición que se garantiza solo ni
principalmente con medidas represivas de corte policial”
sostuvo la nueva ministra. Y agregó que “reducir la polí-
tica de seguridad a la acción policial de disuasión o con-
juración del crimen es limitarse a lidiar solo con la expre-
sión del problema y no con sus causas determinantes”58.
En este marco, reivindicó el “gobierno político de la segu-
ridad pública”, así como el fin del predominio policial en
la gestión de estos asuntos y en la conducción autónoma
de sus propias organizaciones.
Es necesario consolidar el gobierno político de la seguridad.
Durante muchos años, la definición de las estrategias
para combatir tanto el delito urbano como el crimen
organizado fue delegada cómodamente por las diri-
gencias políticas en las fuerzas de seguridad. Esto im-
57 GARRÉ, Nilda, “Buscamos un cambio de paradigma en el tema de seguridad” (entrevista), en Debate. Revista Semanal de Opinión, Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.
58 GARRÉ, Nilda, “Acto de apertura de la reunión de mandos institucional de Gendarmería”, Ministerio de Seguridad, Bue-nos Aires, 14 de marzo de 2011.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 103
plicó que las directivas, las tácticas y los métodos para
garantizar la seguridad ciudadana fueran definidos de
manera autónoma por organismos que debían haber
sido herramientas en la ejecución de una política y no
sus órganos rectores. Como correlato de lo anterior, los
indicadores para evaluar el desempeño de las fuerzas
y los mecanismos para analizar su eficacia, eficiencia
y transparencia fueron definidos y gestionados por los
propios cuerpos que debían ser monitoreados. El resul-
tado de esto fue la proliferación de lógicas corporativas
más preocupadas por la autoconservación que por la
implementación de una política de seguridad consis-
tente en el tiempo. Esto se vio agravado por el hecho de
que cada fuerza definió su propia estrategia, aislada no
solo de las áreas pertinentes de gobierno sino también
de las otras fuerzas, lo que multiplicó la fragmentación
y falta de consistencia de las políticas59.
Se trató de un cambio de tono sustancial, particular-
mente rupturista en relación con la tendencia conser-
vadora que primó en gran parte de las administraciones
kirchneristas hasta ese momento. Y, en este marco, todo
hacía presumir que Garré encararía una gestión de cor-
te netamente reformista en materia de seguridad y, en
particular, en materia policial. Los lineamientos estruc-
turales de esa agenda reformista eran claros y fueron
explicitados en numerosas ocasiones por la propia mi-
nistra: la construcción de un dispositivo consolidado y
eficaz de conducción político-institucional del sistema de
59 ibíd.
seguridad pública y, especialmente, de dirección y admi-
nistración policial, sobre la base del fortalecimiento del
Ministerio de Seguridad recién creado, así como la refor-
ma doctrinal, orgánica y funcional de las instituciones
policiales y fuerzas de seguridad federales.
En este marco, la ministra Garré adoptó una serie de
medidas puntuales tendientes a materializar estos linea-
mientos. En primer lugar, en febrero de 2011, dispuso
que la Policía Federal Argentina dejara de confeccionar
las cédulas de identidad y los pasaportes así como de ad-
ministrar las bases de datos generadas, a las cuales no
podía acceder ningún otro organismo estatal o policial60.
Por su parte, en febrero de 2012, mediante el Decreto
328/12, se creó en el ámbito del ministerio del ramo la
Dirección Nacional de Gestión de la información Crimi-
nal (DNGiC), con el objetivo de gestionar y sistematizar
la información criminal y las estadísticas producidas por
las instituciones policiales y de seguridad y producir el
análisis que surja de ellas. El año anterior, mediante la
Resolución MS 590/11, se conformó el Consejo Asesor
para la Gestión de la información Criminal, constituido
por universidades y organizaciones no gubernamen-
tales con experiencia en la temática y con la misión de
60 Diario Página/12, Buenos Aires, 19 de febrero de 2011. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “se cal-cula que la PFA [Policía Federal Argentina] tiene al menos ven-ye millones de fichas decodactilares, que incluyen a aquellas personas a las que se les abrió un prontuario, pero también a todos a quienes han tramitado un pasaporte o una cédula de identidad” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Dere-chos humanos en Argentina: informe 2012, Siglo Veintiuno Edito-res, Buenos Aires, 2012, p. 103).
104 | Dossier
asesorar técnicamente al ministerio en la materia. Este
conjunto de medidas tendían a desarticular el predomi-
nio de la gestión autónoma de la información criminal
por parte de las policías y fuerzas federales de seguridad y
conformar un dispositivo ministerial para ello.
En relación con las instituciones policiales, se adop-
taron medidas significativas sobre aspectos tradicional-
mente gestionados de manera autónoma por sus propias
cúpulas. Mediante la Resolución MS 562/11, se ordenó
que “todas las solicitudes de custodias, consignas y tras-
lados” efectuadas a las policías y fuerzas federales de
seguridad debían ser comunicadas al ministerio y deci-
didas por sus autoridades competentes, asumiendo así
el control institucional de los servicios adicionales de se-
guridad prestados por las policías, anteriormente fuente
de corrupciones y desmanejos por su parte. Asimismo,
se “eliminó la posibilidad de que el personal de seguridad
pueda hacer horas extras como servicio privado, activi-
dad que se ejercía con uniforme oficial y arma reglamen-
taria”, lo que implicó, según fuentes oficiales, un refuer-
zo de la presencia policial en la Ciudad de Buenos Aires
de un 40% de día y un 150% de noche.61 En ese mismo
sentido, durante 2011, se produjo un cambio integral de
las titularidades de las comisarías capitalinas de la Poli-
cía Federal Argentina, sobre la base de la evaluación de
desempeño y legalidad llevada a cabo por las autoridades
ministeriales62.
61 ibíd., pp. 104 y 105.
62 ibíd., p. 110.
Al mismo tiempo, Garré impulsó la revisión y control
de los sumarios administrativos en curso o que se inicien
en los que se investigan faltas graves con participación
policial, en particular aquellos que implican abusos en el
uso de la fuerza con consecuencias letales. El foco se puso
especialmente en la Policía Federal Argentina, en cuyo
marco se instruía la mayoría de los sumarios en cuestión
y se sospechaba de la existencia de una decisión cupular
favorable a no investigar los hechos y encubrir institucio-
nalmente al personal policial involucrado. En ese marco,
se llevó a cabo un “diagnóstico del funcionamiento de
los sistemas de control propios de las fuerzas, reconstru-
yendo qué y de qué maneras investigan las oficinas en-
cargadas del control interno” de las policías y fuerzas de
seguridad federales y conociendo los “circuitos de infor-
mación, formas de sistematización y sistemas informáti-
cos en uso”, todo lo cual “implicó el involucramiento de
las autoridades políticas en un área históricamente opa-
ca de la policía”63. Asimismo, en octubre de 2011, me-
diante la Resolución MS 1.019/11 se instruyó a los jefes
de las policías y fuerzas de seguridad federales para que
“aseguren que la presentación de denuncias sobre irre-
gularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por
miembros de las fuerzas policiales y de seguridad ante [el]
ministerio y/o autoridades competentes no sea motivo de
falta disciplinaria, ni pueda dar lugar a la aplicación de
medidas correctivas o en perjuicio del denunciante” y
que, en ese sentido, “adopten las medidas necesarias a
63 ibíd., p. 109.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 105
fin de evitar la aplicación de sanciones, traslados, hosti-
gamientos y/o cualquier tipo de represalia con motivo de
la presentación de denuncias”.
En noviembre de 2011, a través de la Resolución MS
1.088/11, se dispuso que los jefes de las policías y fuerzas
de seguridad federales debían informar a las autoridades
ministeriales, con carácter previo, todo proyecto de acto
en el que se disponga la “designación, nombramiento,
pase, traslado, pase en comisión, así como cualquier
asignación u ocupación de cargo” de altos oficiales en
puestos de conducción, aunque no establecía ningún
criterio de confirmación o rechazo de tales designaciones
por parte de esas autoridades.
Por su parte, en abril de 2011, por medio de la Reso-
lución MS 199/11, se dispuso que los diseños curricula-
res y los contenidos de todos los programas de formación
inicial y continua, de capacitación, de entrenamiento,
cursos de ascenso y actualización profesional, llevados a
cabo en el territorio nacional por el personal de la Policía
Federal Argentina, deben ser aprobados por el Ministe-
rio de Seguridad. Y, en este mismo sentido, a través de la
Resolución MS 167/11, se modificaron los nombres de
los institutos de formación de esta policía, los que hacían
referencia a jefes policiales y militares identificados con
el pasado autoritario64.
64 La Escuela Superior de Policía, denominada General de Brigada Cesario Ángel Cardozo, pasó a llamarse Comisario Ge-neral Enrique Fentanes, en homenaje al teórico policial y di-rector de la Biblioteca Policial entre 1934 y 1948. La Escuela de Cadetes Coronel Ramón Lorenzo Falcón se nombró como Comisario General juan Ángel Pirker, en homenaje al jefe de
también se tomaron resoluciones regulatorias en lo
referido a la actuación policial en espectáculos deporti-
vos o en espectáculos públicos. Sin embargo, las medidas
institucionales de tono revisionista más relevantes deci-
didas por el Gobierno, bajo el impulso de la ministra Ga-
rré, estuvieron referidas a un conjunto de procedimien-
tos y programas policiales de carácter operativo, tales
como los denominados operativo Centinela y operativo
Unidad Cinturón Sur, llevados a cabo en el Gran Buenos
Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente,
así como también el operativo Escudo Norte, orientado
al control del narcotráfico en las provincias del norte ar-
gentino.
El “operativo Centinela”, ordenado por Cristina Fer-
nández a fines de diciembre de 2010 mediante el Decreto
2099/10, implicó el despliegue desde el 1º de enero de
2011 de unos seis mil efectivos de la Gendarmería Na-
cional en el conurbano bonaerense, y comprometió 6
bases operativas fijas y 25 unidades de patrullaje móvi-
les, todo ello a los efectos de llevar a cabo “operaciones
preventivas de vigilancia y control” en coordinación con
las autoridades municipales, provinciales, judiciales y
policiales del lugar65.
la institución entre 1986 y 1989 que tuvo una clara identifi-cación con el sistema democrático. Y el nombre de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes Comisario General Alberto Villar se reemplazó por el de Don Enrique o’Gorman, jefe de la fuerza entre 1867 y 1874, que dispuso el abandono del uso de barras y cepos a los detenidos en comisarías por considerarlos instrumentos de tortura (en ibíd., p. 114).
65 Véase ibíd., pp. 120-129.
106 | Dossier
Por su parte, a instancias de Garré, a fines de junio
de 2011, la presidenta Fernández dispuso, mediante el
Decreto 864/11, el operativo Unidad Cinturón Sur en
cuyo marco se determinó que un conjunto de unidades
operacionales, de la Gendarmería Nacional y de la Pre-
fectura Naval Argentina, desplazaran a los efectivos de
la Policía Federal Argentina de dos grandes áreas de la
Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de ejercer “las fun-
ciones de policía de seguridad y las tareas de prevención
e investigación de los delitos” de las zonas asignadas. El
día 4 de julio, unos 2.500 efectivos de aquellas fuerzas de
seguridad quedaron a cargo del patrullaje y la seguridad
preventiva en siete barrios del sur de la Ciudad de Buenos
Aires. En total, fueron 2.500 gendarmes y prefectos que
reemplazaron al personal de la Policía Federal66. Fue la
primera vez desde la instauración democrática que otras
fuerzas de seguridad reemplazaban a la Policía Federal en
sus labores básicas dentro de algunas zonas de la Capital
Federal.
Si bien se indicó que el operativo de referencia apun-
taba a “optimizar” la seguridad de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante el refuerzo de la presencia y las labores
de seguridad llevados a cabo por estas fuerzas de segu-
ridad, en verdad, se decidió el reemplazo de los efectivos
de la Policía Federal porque sobre ellos pesaba la sospe-
cha de que protegían actividades ilegales expandidas en
esas zonas, en particular, las extendidas redes de narco-
66 Diario Clarín, Buenos Aires, 4 de julio de 2011.
tráfico67. Así lo había expresado Garré un tiempo antes,
cuando señaló públicamente que el principal desafío de
su gestión era reemplazar el “autogobierno policial por la
dirección del Estado”.
Durante años la dirigencia política no se hizo cargo del
tema de la seguridad. Se pensaba que era una cuestión
de la policía (…). Esto tuvo resultados nefastos. (…) El
problema más serio y más complejo que tenemos es la
Policía Federal, [la que está integrada por] sectores que
disputan, no sobre posiciones ideológicas o modelos de
acción, sino sobre el predominio en determinadas zo-
nas o determinados negocios. Cuando se dice “esa co-
misaría recauda bien”, quiere decir que extorsiona bien
a los comerciantes a los que les pide dinero a cambio de
protección, y a los inmigrantes que no tienen sus pa-
peles en regla, y a los vendedores ambulantes para no
molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista
gorda68.
Por su parte, en julio de 2011, mediante el Decreto
1.091/11 –prorrogado por un año a través del Decreto
296/11 de diciembre de ese mismo año–, la presidenta
Fernández dispuso el operativo Escudo Norte con el obje-
tivo de incrementar “la vigilancia y el control del espacio
terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en la
frontera noreste y noroeste de la República Argentina” y
permitir “la aprehensión y la puesta a disposición de las
67 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de julio de 2011.
68 Diario Página/12, Buenos Aires, 8 de abril de 2011.
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 107
autoridades judiciales de los incursores ilegales”. El ope-
rativo abarcó las provincias de jujuy, Salta, tucumán,
Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrien-
tes, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y se foca-
lizó en la prevención y conjuración de las problemáticas
relativas al “tráfico ilícito de drogas, la trata de personas
y el contrabando de bienes”. Para ello, si bien el operativo
se inscribió dentro del “sistema de seguridad interior”,
se comprometió el uso de radares y medios militares así
como de personal militar, en articulación con las institu-
ciones policiales y, especialmente, las fuerzas de seguri-
dad federales. Y, en ese sentido, se instruyó al Ministerio
de Defensa “a que adopte las medidas administrativas,
operativas y logísticas necesarias para intensificar las ta-
reas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción
nacional, por parte de las Fuerzas Armadas”.
Al operativo Escudo Norte se asignaron 6.000 efec-
tivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval
Argentina, de entre los cuales 800, como mínimo, de-
bían pertenecer a las Fuerzas Especiales y Antidrogas
de dichas instituciones. No obstante, la intervención de
medios y recursos humanos militares fue significativa.
Para detectar incursiones ilegales, se puso a disposición
el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
(SiNViCA), creado en 2004 en el ámbito del Ministerio
de Defensa mediante el Decreto 1407/04, así como los
operativos Fortín i y Fortín ii, que implican la integra-
ción al SiNViCA de los medios disponibles para la vigi-
lancia aérea pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina
y al Ejército Argentino, en las regiónes del noreste y no-
roeste del país, y el traspaso de la información sensible
referida a cuestiones de seguridad interior a las fuerzas
de seguridad afectadas a su conjuración, limitando la
actuación de las Fuerzas Armadas al apoyo logístico. No
obstante, en ese marco, el Ejército Argentino aportó un
conjunto de radares de vigilancia táctica –Rasit– opera-
dos por “efectivos de inteligencia del Ejército”69.
Asimismo, se llevaron a cabo otras iniciativas de ca-
rácter operacional, pero fueron acciones de menor rele-
vancia y restringidas a la Ciudad de Buenos Aires, tales
como el Plan de Seguridad Urbana, el Plan Control Ac-
cesos CABA, la puesta en funcionamiento de la Policía
de Prevención Vecinal y el Plan Buenos Aires Ciudad Se-
gura.
El Plan de Seguridad Urbana se inició en el segundo
semestre de 2011 y consistió en la reasignación de “pa-
radas policiales de las comisarías y patrullas motorizadas
de la Policía Federal, a partir de nuevos mapas del delito
y las indicaciones que los vecinos elevaron a las Mesas
Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad70.
69 Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, los radares Rasit son “pequeños radares portátiles para vigilancia terres-tre, utilizados desde los años ochenta para detectar blancos mó-viles terrestres y aéreos de baja altura”, con un “rango de co-bertura de 20 km”. Para el operativo Escudo Norte, se dispuso la utilización de “20 radares Rasit [que] pertenecen al Sistema de inteligencia del Ejército” y son “manejados por 180 efectivos para su conducción operativa, logística y la transmisión del flu-jo informativo” a los efectos de “detectar movimientos anorma-les en la frontera terrestre, tanto de vehículos como de personas a pie” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2012, op. cit., p. 142).
70 En http://www.minseg.gob.ar/plan-de-seguridad-urbana-0.
108 | Dossier
El Plan Control Accesos CABA consitió en la asignación
de 700 efectivos de la Gendarmería Nacional a un dis-
positivo de vigilancia de 42 puentes y cruces viales que
conectan la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de
Buenos Aires71. La conformación y puesta en marcha
del Cuerpo de Policía de Prevención Vecinal, en el ámbito
de la Policía Federal Argentina, se orientó a desarrollar
“acciones de mediación y pacificación en la comunidad”
mediante una “intensa articulación con las políticas de
desarrollo sociocultural local” orientada a “elevar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y a disminuir los niveles
de conflictividad social y violencia en los barrios de ma-
yor vulnerabilidad de la ciudad”72. De todos modos, esta
se trató de una iniciativa acotada en su configuración y
ámbitos de aplicación.
Por su parte, el denominado Plan Buenos Aires Ciu-
dad Segura, más que un plan operacional, consistió en
la instalación y puesta en funcionamiento, en el ámbito
de la Policía Federal Argentina, de un sistema de “vigi-
lancia” para la Ciudad de Buenos Aires consistente en
el “monitoreo activo y preventivo” del espacio público
mediante una extensa red de cámaras de seguridad y la
producción de “alerta a los efectivos y patrulleros para
la detección y atención temprana de los incidentes”73.
Durante el primer año de implementación, se instala-
71 En http://www.minseg.gob.ar/control-accesos-caba.
72 En http://www.minseg.gob.ar/nuevo-cuerpo-de-preven-ción-vecinal-de-pfa.
73 En http://www.minseg.gob.ar/buenos-aires-segura.
ron 1.200 cámaras de alta definición de video-vigilancia
–y su correspondiente tendido de fibra óptica–; una red
de comunicaciones; cinco centros de control y vigilan-
cia para el monitoreamiento de imágenes, el comando
y el control, y 200 patrulleros inteligentes equipados
con cámaras y un servidor de video para transmitir las
imágenes on line desde el vehículo. Hasta mediados de
2012, el presupuesto global del proyecto ascendió a US$
41.800.13974.
Ahora bien, este conjunto de iniciativas y operativos
policiales ha tenido ciertos rasgos que no solo desdicen
algunos de los objetivos formulados en sus respectivos
anuncios, sino que implican tendencias claramente
inscritas en la pauta delegativa y policialista e históri-
camente repudiadas por los sectores políticos y sociales
reformistas, cuando fueron llevadas a cabo por gobiernos
de derecha u opositores.
El operativo Unidad Cinturón Sur fue oficialmente
justificado como una acción tendiente a lograr niveles
74 Según información oficial, esa suma se desagregaba de la siguiente manera: US$ 7.516.400 para tecnología incorpora-da a los vehículos patrulleros; US$ 8.658.672 para las cáma-ras de video-vigilancia; US$ 7.975.278 para fibra óptica; US$ 8.043.560 para la red de comunicaciones; US$ 5.666.018 para el centro de control y centro de llamadas y despacho; y US$ 3.940.211 para soporte de integración logística (en Ibíd.). En junio de 2011, funcionarios del Ministerio de Seguridad sus-cribieron un contrato con la empresa israelí Mer industries LtD para proveer los medios y la infraestructura señalada y para de-sarrollar su mantenimiento, en el marco de un convenio espe-cífico firmado entre la cartera local y el Ministerio de Defensa de israel (en diario La Nación, Buenos Aires, 23 de agosto de 2011).
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 109
adecuados de protección vecinal en “una zona histórica-
mente desprotegida, no solo por la deficiente y desigual
asignación de recursos sino también por la existencia de
redes de tráfico de drogas emplazadas en algunas de las
villas de estos barrios”75. Pese a ello, no fue acompañado
por intervenciones de investigación compleja tendientes
a identificar esas redes criminales de narcotraficantes
protegidos policialmente, lo que favoreció su reproduc-
ción y continuidad. Se logró reducir los delitos e inciden-
tes patentes que se venían cometiendo en la vía pública
y en residencias del lugar76, pero el prolífico trafico de
drogas ilegales continuó y los grupos criminales encar-
gados de ese negocio delitivo siguieron operando activa-
mente77.
75 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2012, op. cit., p. 122.
76 Según el Ministerio de Seguridad, entre junio de 2001 y julio de 2012, se produjo una reducción de robos en 22,5%; el 0,7% de los hurtos, el 38,5% de los robos de automotor y el 32,1% de los hurtos de automotor (en http://www.minseg.gob.ar/plan-unidad-cinturón-sur).
77 El 15 de junio de 2012, el juez federal Sergio torres llevó a cabo 29 allanamientos dentro la Villa 1.11.14, barrio precario ubicado en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales epicentros del operativo Unidad Cinturón Sur, y se produjeron numerosas detenciones de personas sospechosas de dedicarse al tráfico de drogas y el secuestro de objetos que dieron cuenta de que la organización criminal liderada por el peruano Marco Estrada González –alias Marcos–, detenido des-de 2007 y que siempre tuvo protección de la Policía Federal, continuaba dominando el lugar y operando con soltura en la comercialización de drogas ilegales, en particular, cocaína y “paco”. Un tiempo antes, el juez torres había denunciado ante el Ministerio de Seguridad la “reiteración de las maniobras de
Por su parte, tanto el operativo Centinela como el
operativo Unidad Cinturón Sur han tendido un con-
junto de consecuencias contrarias a las metas plantea-
das oficialmente. En la práctica, constituyeron “grandes
operativos de control territorial y poblacional” llevados
a cabo en barrios o zonas en los que “se concentra la
mayor cantidad de habitantes (…) que viven en condicio-
nes de pobreza” y se materializaron mediante “estrate-
gias usualmente utilizadas en intervenciones policiales
en villas, como los operativos de acordonamiento y sa-
turación policial, la intensificación de los patrullajes y
la permanente identificación de personas y control de
automóviles”78. En esos contextos, se produjeron actos
de abusos y hechos de violencia por parte del personal
policial, en particular, contra jóvenes pobres que habitan
en esas barriadas. Asimismo, casi nunca enmarcaron es-
trategias o programas de prevención social de violencias
y delitos, limitándose a la mera presencia y accionar po-
licial alrededor de barrios y zonas pobres estigmatizadas,
de ese modo, como peligrosas y de alta concentración
criminal79.
En relación con el operativo Escudo Norte, para el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “este tipo
de intervenciones” puso “en tensión el principio de que
tráfico de estupefacientes en lugares de acceso público dentro de la Villa 1-11-14” (en diario Clarín, Buenos Aires, 24 de junio y 25 de agosto de 2012).
78 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2012…, op. cit., pp. 121 y 122.
79 ibíd., pp. 127-129.
110 | Dossier
las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones
de seguridad interior”. El esfuerzo gubernamental por
respetar la no injerencia militar en asuntos de seguri-
dad interna no consiguió reducir “la preocupación que
genera el debilitamiento en los hechos de la separación
entre defensa nacional y seguridad interior, fundamen-
talmente en un contexto regional de mayor intervención
de las Fuerzas Armadas en conflictos internos”. Y ello se
debió a que el operativo Escudo Norte conllevó “tareas
conjuntas entre militares y policías”, lo cual abrió “el in-
terrogante también sobre el manejo de la información de
inteligencia de estos operativos, que, además del acopio
de datos, en muchos casos [implicó] que se generen diná-
micas de trabajo propias”, violatorias de las normas y los
consensos políticos vigentes en la materia80.
Por su parte, el grueso de las estrategias operacio-
nales llevadas a cabo por la gestión ministerial durante
2011 y el primer semestre del 2012 han estado focaliza-
das predominantemente en la Ciudad de Buenos Aires.
Solo el operativo Centinela y el operativo Escudo Norte
salieron de este contexto de aplicación, lo que dio cuenta
de la escasa perspectiva federal de la política de seguridad
desenvuelta por Garré.
otro rasgo saliente de la gestión ministerial estuvo
80 ibíd., pp. 142-144. Al respecto, también resultó preocu-pante la enorme injerencia que tuvo el general César Milani, subjefe del Ejército y oficial de confianza de la ministra Garré, en la diagramación y hasta en la difusión y presentación públi-ca del operativo Escudo Norte (en diario Perfil, Buenos Aires, 3 de julio de 2011; y diario El Liberal, Santiago del Estero, 21 de julio de 2011).
dado por el alto nivel de inversión infraestructural, apli-
cado especialmente en beneficio de la Policía Federal Ar-
gentina. Sin que se desarrollara ningún tipo de reestruc-
turación en las modalidades tradicionales de vigilancia e
intervenciones preventivas por parte de dicha institución
policial, solamente el denominado Plan Buenos Aires
Ciudad Segura implicó una inversión de cerca de medio
millón de dólares, en una institución policial sospecha-
da por la misma gestión ministerial de estar atravesada
por prácticas corruptivas y hasta ilegales, y sobre la que
no se inició ninguna reestructuración institucional de
fondo, ni siquiera de sus pilares normativos que datan
de la década de los cincuenta. Ello constituyó una forma
de convalidación de sus bases doctrinarias, orgánicas y
funcionales y una manifestación elocuente de que la re-
forma institucional de esa policía no formaba parte de los
objetivos del Gobierno.
Pues bien, sin duda, el conjunto de medidas, resolu-
ciones y disposiciones llevadas a cabo bajo la dirección de
la ministra Garré, entre diciembre de 2010 y mediados
de 2012, estuvo orientado a asumir las responsabilida-
des de conducción y control sobre las policías y fuerzas
de seguridad federales pero, en verdad, el grueso de esas
iniciativas resultó acotado o limitado en relación con
los objetivos discursivos trazados por la propia gestión,
o adquirió una impronta contraria a una gestión demo-
crática de la seguridad. Ello también se pudo apreciar en
diferentes aspectos que dieron cuenta de los vacíos y limi-
taciones de una gestión que se perfiló como reformista.
En primer término, no se profundizó el necesario fortale-
cimiento del dispositivo institucional del Ministerio de Segu-
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 111
ridad a tono con las sucesivas declaraciones ministeriales
a favor del gobierno civil de la seguridad y de las policías.
No se dieron los pasos fundamentales para conformar un
núcleo muy activo de funcionarios civiles –de escala alta y me-
dia–, con amplia capacidad de gestión sobre las problemáticas
de la seguridad y sobre las instituciones policiales, sin el cual
la proclamación del gobierno político de la seguridad se
convierte en una ficción. En efecto, no hay conducción
política de las policías sin la conformación de estos dis-
positivos institucionales y de una plantilla de funciona-
rios especializados y permanentemente abocados a la
materia. Las iniciativas desarrolladas por los funciona-
rios ministeriales se limitaron al establecimiento de pro-
cedimientos de supervisión y control de ciertos aspectos
institucionales fundamentales de las policías, pero sin
introducir cambios orgánicos en ellas y contando con un
equipo político timorato y limitadamente capacitado en
la gestión institucional de cambios complejos81.
En este marco, una de las vacantes institucionales
más notables ha sido la falta de voluntad ministerial
81 todo esto se ha ponderado por las disputas internas que enfrentan a la titular de la cartera ministerial con el secretario de Seguridad y virtual viceministro, Sergio Berni, designado en el cargo, en marzo de 2012, a instancias de la presidenta Cris-tina Fernández para reforzar el accionar ministerial en materia de resolución de conflictos y protestas sociales (en diario Ámbi-to Financiero, Buenos Aires, 29 de julio de 2012; diario Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 2012; y diario La Nación, Buenos Aires, 17 de agosto de 2012). Ese enfrentamiento, soterrado pero que atraviesa la actual gestión ministerial, cercena la po-sibilidad de conducir político-institucionalmente a las policías y fuerzas de seguridad federales, ya que estas dependen directa-mente de Berni pero la autoridad superior ministerial es Garré.
para conformar un observatorio Nacional del Delito y
la Violencia, destinado a producir información, conoci-
mientos y diagnósticos sobre la problemática criminal y
de violencia para la elaboración de políticas de seguridad
ciudadana eficientes y democráticas82. Con ello, se perpe-
tuó una modalidad de gestión exclusivamente asentada
en “el saber empírico policial” y una vacante de conoci-
miento en la materia que condujo a que “el único pará-
metro de buena o mala gestión de seguridad pareciera ser
la disminución y el aumento de la violencia y el delito en
determinados períodos de tiempo”. De todos modos, dado
que “la calidad y la confiabilidad de los datos [criminoló-
gicos] son limitadas y que su lógica de recolección está
orientada más hacia la confección de informes adminis-
trativos (más que tácticos o estratégicos para producir
respuestas) y por tipos penales (más que por problemas
delictivos específicos)”, el aumento o disminución de los
delitos “no parecieran ser indicadores fiables de las situa-
ciones de la seguridad ni del desempeño institucional”.
En este contexto, ha predominado el “uso de la informa-
82 El 23 de noviembre de 2010, el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos (véase: http://www.asd.org.ar/), presentó públicamente un proyecto de crea-ción del observatorio Nacional del Delito y la Violencia. En la propuesta, el observatorio debería contar con independencia funcional y autarquía financiera, y funcionar en el ámbito del ministerio del ramo. Su misión sería gestionar información y producir análisis, cuadros de situación y reportes sobre la cues-tión criminal y la violencia en todo el país (en diario Página/12, Buenos Aires, 21 y 29 de noviembre de 2010).
112 | Dossier
ción estadística como un recurso casi exclusivo de los
jefes policiales y ministro responsable del tema”83. todo
esto estuvo apuntalado por una exacerbada exposición
pública de parte de las autoridades ministeriales de pro-
cedimientos policiales –muchas veces, de poca monta–,
con el fin de mostrar eficacia en el control del crimen, re-
forzando cierto tinte policialista vigente durante la etapa
anterior, asentada en la pauta tradicional.
A tono con ello, tampoco se avanzó en la posibilidad de
articular un amplio acuerdo de seguridad democrática con los
actores políticos-partidarios y sociales –organizaciones no-
gubernamentales, organismos de derechos humanos,
sindicatos y centros académicos y universitarios, entre
otros–, orientado a constituir una instancia de consulta,
asistencia y apoyo a las políticas e intervenciones en ma-
teria de seguridad y, en particular, a las necesarias refor-
mas institucionales a tono con el discurso ministerial y
que, mayoritariamente, superarían el calendario político
de un mandato gubernamental.
En segundo lugar, como una consecuencia inevi-
table de lo anterior, no se diseñó y formuló una estrategia
amplia de reforma y modernización de las policías y fuerzas
de seguridad federales en lo concerniente a sus funciones;
83 SiStEMA REGioNAL DE iNDiCADoRES EStANDARiZADoS DE CoNViVENCiA Y SEGURiDAD CiUDADANA, Informe final: documen-to situacional sobre las fuentes de información en materia de convi-vencia y seguridad ciudadana en la República Argentina, SES, Bue-nos Aires, marzo de 2012, pp. 138-143. Véase también DEWEY, Matías, “Qué poco se sabe sobre inseguridad”, en diario La Na-ción, Buenos Aires, 17 de agosto de 2012; y diario La Nación, Buenos Aires, 20 de agosto de 2012.
estructuras orgánicas; dispositivos de dirección superior
y administración general; sistemas operacionales; prin-
cipios básicos de actuación; sistemas de formación y ca-
pacitación y estructuras de control interno de carácter
externo, en vista de conformarlas como instituciones
públicas fundamentalmente especializadas en el control
de los delitos. El conjunto de resoluciones dispuestas por
las autoridades ministeriales en materia de designación
y ascensos policiales; formación y capacitación policial;
supervisión de las áreas y dependencias de control de
asuntos internos, y otros aspectos institucionales vincu-
lados con las policías, ni siquiera se tradujeron en cam-
bios normativos e institucionales atinentes a las bases doctri-
narias y a las estructuras organizacionales y funcionales de
las instituciones policiales federales. En este sentido, hasta
mediados de 2012, no se había avanzado en la formu-
lación de una estrategia de reforma integral de las normas
orgánicas de las policías y fuerzas de seguridad federales, las
que, salvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuen-
tan con bases legales y reglamentarias que datan de épo-
cas dictatoriales y son sustancialmente contrarias a la
gestión democrática de la seguridad y, en particular, a la
condución política de las mismas.
La expresión más significativa de la indisposición mi-
nisterial a la reestructuración policial estuvo dada por el
abierto aval, y la intervención directa de las autoridades
de la cartera, en el proceso de contrarreforma en la Poli-
cía de Seguridad Aeroportuaria, única institución policial
federal asentada en bases normativas e institucionales
democráticas. Dan cuenta de ello la exaltación de las ac-
tividades protocolares por encima de la profundización
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 113
del proceso reformista iniciado en 2005; la desatención
de las cuestiones operacionales y la consecuente caída de
desempeño en la identificación y desarticulación de gru-
pos criminales que operan a través de las terminales ae-
roportuarias; la imposición de nuevas funciones ajenas a
la seguridad aeroportuaria y de cumplimiento imposible
por parte de la estructura operacional de la fuerza84, y
las disputas cupulares en materia de dirección orgánica,
entre otras deficiencias. No obstante, lo más relevante de
la contrarreforma en ciernes estuvo dado por el paulatino
desguace de la Dirección de Control Policial, encargada de
las auditorías, investigaciones y denuncias de las irregu-
laridades e infracciones cometidas por parte del personal
policial de dicha institución85.
Pese al carácter civil de la conducción superior de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, y de que el grueso
de los miembros de esa conducción formaron parte del
equipo de gestión de la intervención civil que la creó y
puso en funcionamiento por instrucción de Néstor Kir-
84 Un ejemplo de ello es el operativo Vigía consistente en el desarrollo de “controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia” en la ter-minal de Ómnibus de Retiro y en el Parador de la Ruta 197 y Panamericana. En él, han sido desplegados 140 oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se ha dispuesto también el traslado de máquinas escaners de rayos X (en http://www.minseg.gob.ar/operativo-vig%C3%AD). Ello implica un esfuer-zo en materia de recursos humanos y operacionales significati-vos y, además, vulnera las bases doctrinarias del modelo de esta institución policial asentado en la “especialización funcional”.
85 Se trata, como se dijo, de la única institución policial fede-ral que contaba con un dispositivo de control externo creado por ley del Congreso Nacional.
chner, las resistencias institucionales, interpuestas por
parte de esos funcionarios de conducción a la labor de
control e investigación del mencionado organismo de
control externo, fueron constantes. La “reticencia” y la
“omisión”, de parte de esos funcionarios en la comuni-
cación al organismo de control de hechos que podrían
constituir infracciones o que directamente implicaban
delitos o faltas graves, se conjugó con la “demora en los
requerimientos”, el retaceo permanente de la informa-
ción solicitada por dicho órgano y hasta la negativa a
notificar las disposiciones del mismo a los oficiales desti-
natarios de las mismas86.
todo esto se desenvolvió durante 2011 en un contex-
to signado por una injustificable “carencia de recursos”
materiales, infraestructurales y humanos, indispensa-
bles para controlar eficazmente “una fuerza policial de
características federales”, es decir, desplegada a lo largo
de todo el país. No se efectuó la designación del personal
de planta que fuera aprobado reglamentariamente –un
tercio del mismo no fue nombrado para conformar la do-
tación de personal de la Dirección de Control Policial–, se
trasladó parte de su personal calificado a otros destinos y
se redujeron injustificadamente los medios materiales y
los gastos operacionales que hacían posible cumplir con
las diligencias de inspección, entre otras desatenciones87.
86 DiRECCiÓN DE CoNtRoL PoLiCiAL DE LA PoLiCÍA DE SEGURi-DAD AERoPoRtUARiA, Informe de gestión: año 2011, Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, marzo de 2012.
87 Una expresión elocuente, del esmerilamiento institucional y material a que las autoridades ministeriales han sometido a
114 | Dossier
Esto, que afectó severamente el desarrollo de la labor de
control, respondió a la apatía y animosidad demostrada
por las autoridades ministeriales hacia el organismo, lo
que también se puso de manifiesto en otras expresiones
más relevantes.
El 2 de mayo de 2012, a solicitud de la Dirección Na-
cional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Di-
rección de Asuntos jurídicos del Ministerio de Seguridad
la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Ae-roportuaria, estuvo dada por algunos hechos significativos. En diciembre de 2010, a dos meses del inicio de sus funciones como organismo de control externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección de Control Policial tenía un plantel de 14 empleados de planta permanente designados por decreto presidencial; un coche asignado con sus correspondientes gas-tos operativos para efectuar inspecciones de control, auditorías preventivas, espontáneas o urgentes; y la asignación de “caja chica” por un monto de 3.000 pesos para cubrir los gastos de insumos básicos de librería, papelería y gastos de correo. En enero de 2011, se redujo la caja chica a 1.800 pesos y, en mar-zo de 2012, la Secretaria de Coordinación del Ministerio, por indicación de la ministra Garré, retiró definitivamente la caja chica aduciendo que los gastos de referencia debían ser cos-teados por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con quien mantiene una sorda puja de poder que paraliza la cartera mi-nisterial. Por su parte, en julio de 2011, se suspendió el mante-nimiento del vehículo y en enero de 2012 este debió ser entre-gado a las autoridades ministeriales. De este modo, hacia abril de este año, la Dirección de Control Policial contaba con una dotación de personal insuficiente, no tenía vehículos ni gastos operacionales para efectuar inspecciones, notificar a las partes de los procesos sustanciados, realizar audiencias, traslados y otras diligencias. Desde entonces, las auditorías preventivas y las inspecciones en unidades cercanas a las sede del organismo se comenzaron a realizar utilizando los vehículos particulares de funcionarios y/o empleados, lo que implicó una clara des-ventaja ante el órgano controlado y la afectación de la imagen y calidad institucional del organismo de contralor.
avaló una interpretación vulneratoria de las facultades
del órgano de control –específicamente, de la Auditoría
de Asuntos internos– sobre monitorear, mediante la soli-
citud de información, las “recomendaciones” efectuadas
como derivación de las “auditorías preventivas”88 ten-
dientes a prevenir y/o detectar faltas graves en el desa-
rrollo de las labores policiales o supervisar el desempeño
del personal policial durante el cumplimiento de sus fun-
ciones, cuando esto comprometiese a los funcionarios de
la Dirección Nacional de la institución policial. Ello birla
la misión fundamental del órgano de control, consistente
en “velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y dis-
posiciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”89.
88 Según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección de Control Policial tiene las funciones, entre otras, de “establecer o determinar los pro-cedimientos de auditoría e inspecciones preventivas” así como “efectuar la programación anual de las auditorías e inspeccio-nes preventivas”, siempre en función de su misión principal, consistente en “velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
89 Las acciones institucionales y, entre ellas, las recomenda-ciones efectuadas por Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, deben referirse exclusivamente a las conductas del personal policial –no así del personal civil sin estado policial– en el marco de su prevención o de su investi-gación. Pero cuando las conductas del personal policial fuesen determinadas, condicionadas, constreñidas, favorecidas, habi-litadas y/o influenciadas de alguna manera por las acciones, órdenes y/o disposiciones de las autoridades superiores de la Di-rección Nacional –en cualquiera de sus niveles– o de cualquier funcionario civil sin estado policial, estos debieran quedar comprendidos tanto por las auditorías o inspecciones llevadas a cabo por el organismo de control como por las medidas y/o recomendaciones emanadas de las mismas. Si no fuese así, las
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 115
Algunos días más tarde, Garré hizo suyas estas conside-
raciones, privilegiando la opinión de la cúpula policial
refractaria a ser controlada externamente, por encima
del necesario fortalecimiento del único dispositivo de
control externo existente en el sistema policial federal.
Así y todo, aun con las severas limitaciones materia-
les e institucionales que pesaban sobre ella, la labor de la
Dirección de Control Policial fue constante y eficiente90.
posibilidades de control sobre el personal policial quedarían to-talmente devaluadas o serían prácticamente inexistentes, con-virtiendo al órgano de control en una instancia exclusivamente facultada a imponer sanciones disciplinarias del personal poli-cial ante hechos consumados.
90 A lo largo de los últimos 18 meses, la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha llevado a cabo una labor prolífica en la investigación de faltas y hechos eventualmente delictivos, así como en la defensa de los dere-chos del personal policial. De acuerdo con la información su-ministrada por las autoridades de la Dirección de Control Po-licial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al autor de este trabajo, entre octubre de 2010 –cuando el organismo entró en funcionamiento– y agosto de 2012, la Auditoría de Asuntos internos realizó 17 “auditorías preventivas”, de las que resul-taron 10 “consideraciones preliminares” y 7 “dictámenes” que dieron lugar a las correspondientes “investigaciones prepara-torias” a los efectos de indagar si existieron faltas disciplinarias graves o muy graves. Asimismo, se dictaron 1.917 “providen-cias”; se emitieron 1.251 notas con “pedidos de informes” a diferentes dependencias, organismos y/o empresas; se tomaron 547 “declaraciones testimoniales” y 94 “declaraciones indaga-torias”. Hacia agosto de 2012, se tramitaban 175 expedientes. Por su parte, en ese período, la Dirección de Control Policial dispuso la apertura de 118 “sumarios administrativos” que comprometían a 116 oficiales. El tribunal de Disciplina Policial dictó 51 “resoluciones finales” –27 en 2011 y 24 en 2012–, a saber, 11 absoluciones; 8 sobreseimientos; 4 apercibimientos; 21 suspensiones de empleo; 8 cesantías; 3 exoneraciones; 7
En verdad, el desguace del órgano de control externo
desestimaciones de recursos de reconsideración; 1 elevación de recusación; y 3 con otras determinaciones. En cuanto a la Defensoría del Policía, el desempeño durante el referido período también ha sido importante. Ha ejercido la “defensa del perso-nal policial” sometido a sumario por faltas graves o muy graves en 93 audiencias indagatorias llevadas a cabo por la Auditoria de Asuntos internos y en 65 audiencias de debate en el tribu-nal de Disciplina Policial. Ha atendido quejas, reclamos y/o peticiones formuladas por el personal policial en forma presen-cial, telefónica o por correo electrónico referidas a conflicto por cambio en la política de ascensos y brecha generacional: 40%; ascensos: 1%; calificaciones: 1%; licencias médicas por trata-miento prolongado: 6%; cese de servicios: 2%; jubilación: 1%; disponibilidad: 2%; hostigamiento laboral: 10%; cuestiones de género: 5%; discriminación: 5%; dilación injustificada de trá-mites: 2%; y cambio de destino: 15%. En todos los casos, se re-currió al pedido de información a las autoridades competentes. también han efectuado 28 “pronunciamientos defensoriales” referentes a cuestiones de género; revisión y reconstrucción de calificaciones; revisión del proceso de reencasillamiento; cese de funciones. Se han receptado “pedidos de intervención” en casos de acoso laboral; discapacidad; traslados y pases del personal policial; disponibilidad; reclamos por adecuación del haber jubilatorio y carencia de obras social de los retirados; li-cencias médicas de largo tratamiento; reclamos por diferencias salariales; reclamos por adecuación horaria; reclamos contra la calificación; mora en conclusión de antiguos sumarios ad-ministrativos sustanciado en la institución policial controlada; recursos administrativos referentes a selección, evaluación y ascenso del personal; traslados con reclamos judiciales; incon-ductas del personal policial en relación con cumplimiento de turnos de guardia y servicios adicionales. Han efectuado 45 “manifestaciones espontáneas” por las cuales personal de la policía denuncia anónimamente hechos que pueden constituir causal de investigación. Han realizado numerosas “visitas” a unidades operacionales con el objetivo primordial de ejecutar acciones de promoción, educación y difusión entre los miem-bros del personal policial de los derechos que le asisten. Y han efectuado “recomendaciones institucionales”.
116 | Dossier
equipara a la Policía de Seguridad Aeroportuaria al res-
to de las policías y fuerzas de seguridad federales, y pone
en evidencia la indisposición ministerial en conformar
un sistema de control externo para la Policía Federal Ar-
gentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval
Argentina, las que, pese al discurso reformista de Garré,
aún hoy mantienen dispositivos de control de “asuntos
internos” heredados de épocas dictatoriales.
En suma, el declamacionismo exorbitante y mera-
mente simbólico en favor de la conducción política de la
seguridad y las policías; la aprobación de resoluciones
con poca incidencia o gravitación sobre las modalida-
des de desarrollo institucional de las policías y, particu-
larmente, sobre sus prácticas históricas; la habilitación
soterrada de la intervención de personal de inteligencia
militar en labores de seguridad interior; el desarrollo de
operativos policiales asentados en el mero control terri-
torial y poblacional en barriadas pobres; la existencia
de una estructura de gestión ministerial débil y atrave-
sada por conflictos internos muy profundos; la ausencia
de estrategias de reformas institucionales de las policías
y fuerzas de seguridad federales; la falta de un sistema
integral de gestión de la información criminal; y el de-
bilitamiento del único dispositivo de control externo de
la única policía federal creada en democracia y durante
la primera gestión presidencial kirchnerista, dan cuenta,
en verdad, de una gestión signada por una suerte de revi-
sionismo cosmético que la equipara con la administración
conservadora anterior.
4. El predominio de la pauta tradicional
En la Argentina, desde la instalación de las problemáti-
cas de la seguridad pública como un asunto de preocu-
pación social y política durante los años noventa, la mo-
dalidad predominante de gestión política de la seguridad
pública ha estado signada por el desgobierno político y la
delegación de dicha gestión en las cúpulas policiales, así
como la autorización gubernamental a que dichas cúpu-
las policiales detenten el monopolio de la formulación y
reproducción de las bases doctrinarias, organizacionales
y funcionales de sus propias instituciones, así como de su
conducción institucional y operacional, lo que dio forma
al autogobierno policial.
Ahora bien, estas tendencias y orientaciones no fue-
ron inicialmente asumidas, comprendidas y/o concep-
tualizadas de ese modo por el kirchnerismo y, por ende,
tampoco fueron políticamente problematizadas como
tales. Lo que sí fue objeto de una clara decisión guber-
namental fue la despolicialización represiva de la gestión y
control de las movilizaciones y protestas sociales. Y ello, aun
con cambios y adaptaciones situacionales evidentes, se
mantuvo como una decisión gubernamental hasta el
tercer gobierno kirchnerista.
Por fuera de este asunto puntual, la relación de los
gobiernos kirchneristas con las instituciones policiales
ha supuesto un permanente contrapunto entre la tenden-
cia signada por la reproducción de la pauta delegativa,
policialista y de autogobierno policial y la tendencia
basada en la revisión de aquella pauta tradicional y, en
ocasiones, volcada a anunciar y/o a producir reformas
un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 117
institucionales efectivas. Así y todo, durante los gobier-
nos kirchneristas, ha primado la pauta delegativa y de auto-
gobierno policial en el abordaje de la cuestión policial, y solo
en ese contexto se produjeron acciones o se desarrolla-
ron programas de gobierno que implicaron una abierta
revisión de esa pauta y que apuntaron a sentar nuevas bases
de gestión institucional de la seguridad.
Esto último ocurrió en dos momentos puntuales. En
primer lugar, durante el primer año de gobierno kirch-
nerista, durante el cual se descabezó la cúpula de la Po-
licía Federal Argentina y se materializó un conjunto de
medidas que implicaron una injerencia concreta de las
autoridades ministeriales en aspectos tradicionalmente
autogestionados por la policía, tales como los ascensos
jerárquicos y la designación de altos jefes en cargos orgá-
nicos de dirección institucional y operacional; la gestión
y ejecución presupuestaria de dicha fuerza; el estable-
cimiento de indicadores de evaluación de desempeño y
su aplicación concreta; y la fiscalización institucional de
la labor básica de las Comisarías. Además, se diseñaron
y formularon las bases normativas e institucionales de
una reforma integral del sistema policial federal que im-
plicaba, en los hechos, su reconfiguración doctrinaria,
funcional y orgánica.
Y, en segundo lugar, con la creación y puesta en fun-
cionamiento de la primera institución policial federal
conformada en democracia y con mando civil: la Policía
de Seguridad Aeroportuaria. Este proceso fue llevado a
cabo por un grupo de especialistas en seguridad de cen-
tro-izquierda y no solo supuso la configuración orgánica
y funcional de una policía asentada en parámetros nove-
dosos sino que, además, tuvo un desempeño eficaz en las
labores de control de los delitos en los aeropuertos.
Ambos momentos fueron seguidos por etapas en las
que los cambios institucionales producidos o anunciados
fueron abandonados. El impulso concreto de conducción
política sobre las policías, y el anuncio de reestructura-
ción del sistema policial federal que caracterizó la prime-
ra etapa de la gestión kirchnerista (2003-2004), fueron
dejados de lado cuando comenzó a primar en el Gobierno
la decisión de no confrontar con las policías –en verdad,
con la Policía Federal Argentina– y de establecer una
suerte de “pacto tácito” que combinaba el compromiso
de que estas llevarían a cabo eficazmente la estrategia de
control no represivo de las movilizaciones y protestas so-
ciales –un aspecto manifiestamente sustentado por am-
bos gobiernos kirchneristas a lo largo de todo el período
analizado–, a cambio de un considerable margen de au-
tonomía policial en la gestión de la seguridad y, principal-
mente, de autogobierno de sus propias organizaciones.
Asimismo, los pilares institucionales de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria no solo no sirvieron de base
para un eventual proceso de reformas y/o modernización
del sistema policial federal –lo que había sido aclamado
por el Gobierno cuando fue creada en 2005– sino que,
a partir de su normalización institucional producida en
2010, se abandonó el plan de profundización de la refor-
ma institucional formulada por la intervención en 2009
y, desde la conformación del Ministerio de Seguridad y
en el marco de una gestión ministerial discursivamente
comprometida con la conducción política de las poli-
cías, se comenzaron a desandar aspectos fundamentales
118 | Dossier
de aquel modelo de gestión y organización policial, un
tanto por desidia y otro tanto por la clara decisión de no
resaltarlo en función de no visibilizar la ausencia de una
estrategia reformista a tono con el discurso ministerial.
La gestión ministerial encarada por Nilda Garré
condensa la combinación de las dos tendencias contra-
puestas y descritas más arriba. La impronta reformista y
reivindicatoria del gobierno político de la seguridad ad-
quirió relieve institucional, en un conjunto de resolucio-
nes y disposiciones que cambiaron significativamente la
orientación conceptual e institucional del kirchnerismo
en relación con la cuestión policial. Dicha impronta, en
contraste con la perspectiva y el accionar conservador y
tradicional que el kirchnerismo mantuvo entre 2004 y
2010, significó una ruptura evidente y la inauguración
de un nuevo marco político y simbólico en el tema. Sin
embargo, el conjunto de acciones y medidas institucio-
nales llevadas a cabo por esta gestión tuvieron una esca-
sa gravitación efectiva en la reversión –proclamada– de
la pauta delegativa, la que, aun matizada o atenuada, ha
seguido primando en la relación entre el gobierno y las
policías.
A casi una década de administraciones kirchneris-
tas, el gobierno político de las instituciones policiales y
su reforma institucional constituyen tareas institucionales
pendientes. Y quizás lo sean porque implican un cambio
institucional mucho más amplio y complejo que la rees-
tructuración doctrinaria, organizacional y funcional de
las policías y fuerzas de seguridad federales. Por cierto,
reformar las policías supone reformar la política o, más pre-
cisamente, reestructurar las modalidades tradicionales de
vinculación establecidas entre la clase política y, más específi-
camente, las autoridades gubernamentales, por un lado, y la
institución policial, por el otro91. He allí el principal desafío
o, más bien, el único desafío al respecto.
De todos modos, el kirchnerismo tiene en su sello ge-
nético un indiscutible impulso reformista. Nada impide
que, en los próximos tiempos, ese impulso también se
materialice en el abordaje de la cuestión policial.
91 He abordado estos aspectos en: SAiN, Marcelo Fabián, La reforma policial en América Latina. Una mirada desde el progresis-mo, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, cap. 3.
ideas Para Mirar la PolítiCa de seGuridad durante el GoBierno del Presidente CháveZ
María Lucrecia Hernández | 119-150 |2
Resumen Se realiza una descripción introductoria de algunos de los
rasgos relevantes que caracterizaron las nuevas políticas de seguridad
desarrolladas durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, frente al
incremento de los índices delictivos y la sensación de inseguridad ciuda-
dana. Se esbozarán cinco elementos resaltantes en este período que con-
tribuyen a afirmar la existencia de rasgos contradictorios que moldearon
la configuración de dicha sensación: la función policial de prevención del
delito, la participación colectiva en el control del delito, el desarrollo de
mecanismos electrónicos, el diseño urbano y el endurecimiento del siste-
ma penal. Por último brindar algunos elementos de reflexión que intenta-
rán problematizar, dentro del Estado democrático y social de derecho y de
justicia, el curso de las políticas de seguridad.
Palabras clave Política de seguridad, estrategias de control, diseño
ambiental, penas y cárceles.
María lucrecia Hernández es abogada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y magister en Sistema Penal y Problemas Sociales y en De-recho Penal y Procesal Penal, de la Universidad de Barcelona y de la Univer-sidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Actualmente es consultora del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en el área de dere-chos humanos. investigadora en temas relacionados a la policía, el derecho penal y los derechos humanos y coordinadora de la Maestría en Seguridad Ciudadana y Sistema Penal con Perspectiva Crítica de la Universidad Na-cional Experimental de la Seguridad (UNES). Es docente en la Escuela de
Derechos Humanos, juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo.
lucrevitar@gmail.com
121
Ideas para mirar la política de seguridad durante el Gobierno
del presidente Chávez
Un breve y arbitrario recorrido por los años ochenta y noventa
A partir de los ochenta, se empezó a registrar en las sociedades occiden-
tales una sensación de intolerancia hacia los niveles de criminalidad, que si
bien había aumentado no lo había hecho en relación con los delitos consi-
derados de mayor gravedad, sino con aquellos que hasta ese momento re-
sultaban tolerables o no eran considerados como un riesgo social: delitos
de bagatela, pequeños hurtos callejeros, tráfico de inmigrantes, violencia
contra la mujer, venta de drogas en las calles o en la escuela, entre otros.
Este cambio registrado se tradujo en incesantes demandas de control y
orden, que serán recogidas por los Estados pero también por otros agentes,
como la empresa privada. Los miedos y las inseguridades comenzaron a ir
en escalada, por lo que se necesitaron soluciones rápidas. Los medios de co-
municación, sobre todo los más sensacionalistas, reforzaron esta situación
y la sensación subjetiva de inseguridad empezó a manifestarse en todos los
ámbitos de la vida de las personas.
Como consecuencia de ello, se comienza a desplegar una gran canti-
dad de estrategias y políticas de manera desagregada y desarticulada que
intentaron atacar el problema del delito. Por un lado, se observa la puesta
en marcha de mecanismos que operaban fuera del ámbito penal (políticas
sociales como mecanismos de control) dirigidos a contener y disciplinar a
122 | Dossier
la población económicamente más desfavorecida y, por
otro lado, estrategias penales y legislativas dirigidas a la
represión de los que cometían delitos. Así, el Estado y sus
instituciones se volcaron al control de la violencia y la
criminalidad, interviniendo sobre distintos ámbitos de la
vida de los ciudadanos y ciudadanas.
En el caso de la empresa privada, se volcó a desarro-
llar con más fuerza actividades dentro del sector de la se-
guridad, por un lado mediante agentes de seguridad que
prestaban servicios de protección y, por el otro, a través
de tecnologías que facilitaban el resguardo de bienes y
vida de los ciudadanos y la reducción de las pérdidas en
el ámbito comercial. Así se empieza a mostrar como un
actor en ascenso y con opinión en la materia.
Pero para entender la política criminal, y en particu-
lar la implementada en nuestro país, hay que revisar los
cambios operados a nivel general que de alguna manera
van a repercutir en ella y moldearla. Así, desde fines de la
década de los setenta y principios de los ochenta se pro-
dujo en el ámbito internacional un momento de ruptura
en la economía de los países, pero también en la relación
sociedad-Estado, a partir de la cual se empieza a eviden-
ciar un quiebre del modelo de Estado fuerte y protector
de la ciudadanía. Es decir, el debilitamiento de uno de los
pilares básicos donde se asentaban las relaciones socia-
les, laborales y las políticas asistencialistas. La escasez de
recursos fue una característica que compartieron los paí-
ses latinoamericanos y también los europeos, y el proble-
ma de la reducción de la asistencia pública o social y la
contracción del Estado se planteará como consecuencia
de la aplicación de medidas neoliberales, dirigidas a for-
talecer el control del capital sobre los recursos del Estado.
A partir de aquí, surgirá con más fuerza un conjun-
to de macrotransformaciones como el crecimiento de las
comunicaciones, las técnicas de la información, los siste-
mas y redes de transporte, la expansión desbordante de
las corporaciones y el profundo cambio en las relaciones
laborales mediante la introducción del individualismo, el
debilitamiento de los sindicatos, los empleos temporarios
o a tiempo parcial, la crisis y la construcción de nuevas
identidades, la deslegitimación del sistema de justicia cri-
minal y, por supuesto, del Estado-nación. todo ello ha ido
generando, por un lado, el aumento de la brecha entre
las clases sociales y la resistencia a la idea de su acerca-
miento, al menos en algunos aspectos, y por el otro, el
nacimiento de una nueva escala para medir los éxitos,
los fracasos, la felicidad, el desasosiego y hasta el amor o
el orden social: la de la “seguridad”.
Dentro del marco de las transformaciones surgidas en
América Latina, y particularmente en Venezuela duran-
te este período, se puede comprobar la existencia de un
profundo deterioro y de crisis donde el gasto desbordaba
el ingreso. Una de las vías para enfrentarlo y continuar
con el Estado de bienestar fue la contratación de una cre-
ciente deuda externa y de fuertes y variados procesos de
privatización de los servicios y productos que estaban en
manos del Estado.
Pero este endeudamiento del Estado originó el efecto
contrario, ahondando aún más su crisis, ocasionando
un gasto social que subvencionaba a un específico sector
de la población en desmedro de casi la mayoría de ella,
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 123
unas duras políticas de ajuste y una burocratización de
las instituciones que se mostraban como terriblemen-
te ineficaces y de difícil corrección. Específicamente en
nuestro país predominó el denominado Consenso de
Washington.
Las políticas impulsadas por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario internacional, y aplicadas por el pre-
sidente Carlos Andrés Pérez, se encontraron dirigidas a
ajustar los desequilibrios macroeconómicos existentes
para ese momento en Venezuela y se reflejarían en la re-
ducción del gasto público, con la consecuente reducción
del gasto social1.
Ello generó en 1989 un gran malestar social que des-
embocaría en los acontecimientos de protesta popular
conocido como el Caracazo. Sin embargo, a lo largo de
la década de los años 90, fundamentalmente, durante
la segunda presidencia de Rafael Caldera, entre 1994 y
1998, esta política se intensificó y se profundizó en com-
paración con lo que había sido la historia económica y
petrolera previa de nuestro país. Como señala Antillano,
el Caracazo supuso la emergencia, violenta y definitiva,
de un nuevo sujeto popular marcado por la pérdida de la
condición laboral, esencialmente desempleados o traba-
1 En Venezuela se pueden identificar tres grandes puntos de inflexión en los aspectos socioeconómicos: el Viernes Negro, 18 de febrero de 1983, día en el cual comenzaría una carrera devaluadora de la moneda; las negociaciones del Gobierno de jaime Lusinchi con el FMi, y el paquete macroeconómico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Véase http://encon-trarte.aporrea.org/media/52/el%20problema.pdf.
jadores precarios, excluidos tanto del mundo del trabajo
y del consumo.
Vemos entonces que las transformaciones sufridas
en la lógica y las estructuras económicas y sociales del
Estado, con base en las orientaciones impuestas para
lograr la reducción del déficit público, muestran que las
principales manifestaciones de la austeridad fiscal se han
orientado a la reconversión del sector público de la eco-
nomía, acercando su contabilidad al sector privado, y so-
bre todo al recorte y limitación del Estado de bienestar,
asentado sobre el pacto social alcanzado entre el capital,
gobiernos y sindicatos en las décadas de luchas y nego-
ciaciones que siguió a la crisis de los años treinta.
Siguiendo a Ana María San juan, podemos decir que,
en los años ochenta, los índices delictivos más altos en
Venezuela se ubicaban en ciudades de alta concentra-
ción urbana y de la renta, y se diferenciaba una crimi-
nalidad de tipo social (no delincuencial, difusa, sin fines
lucrativos, presente en la mayoría de los delitos contra
las personas) de una criminalidad instrumental (con fi-
nes lucrativos, económicamente motivados, presente en
la mayoría de los delitos contra la propiedad) (San juan).
Así, la tasa delictiva empezará a emparentarse con el
sentimiento de inseguridad; aunque la “crisis de la segu-
ridad” fue una constante en la historia contemporánea,
ahora empezará a instalarse en todos los ámbitos de la
vida de las personas, y no tendrá intención de diferenciar
entre sectores sociales, profesiones u oficios.
Esta sensación de miedo, de peligro o de riesgo a ser
víctima de algunos de los “flagelos” que estaban afectan-
do a la sociedad (delito, desempleo, carencia de seguridad
124 | Dossier
social) fue influenciada por la precariedad del sistema
asistencial o social, la deslegitimación por la que esta-
ban atravesando los poderes del Estado y por medios de
comunicación que la incentivaban para elevar su rating,
pero fundamentalmente por la naciente empresa privada
que empezaba a desarrollarse en el área de la seguridad,
aprovechando esta situación para sacar el mayor rédito
posible a través de campañas de alarma social.
Los estados comenzaron a emparentar el discurso de
la “seguridad” a la cuestión de la criminalidad. Política
criminal ha sido casi sinónimo de política de seguridad
(Baratta, 1997, y Sozzo, 2000) y la “seguridad” en estos
términos ha recorrido al mundo globalizado, “globali-
zando” los diagnósticos, respuestas, estrategias y funda-
mentalmente la construcción de un discurso hegemoni-
zante (Daroqui, 2003).
Esta implementación de políticas neoliberales produ-
cirá el aumento de la exclusión social y de sectores que
empezarán a estar marginados de los beneficios del Es-
tado y la creación cada vez más fuerte de estereotipos y
clasificaciones sociales, que reunían las características
de los sectores populares. Nacen así categorías o clasifi-
caciones sociales y técnicas para identificar y distribuir a
los ofensores en la sociedad, pero también para prevenir
a la población contra ellos, dibujándose un claro mapa
delictual (Feleey y Simon, 1995 cit). Se puede comprobar
en este sentido grupos de personas que empiezan a iden-
tificarse con claridad: jóvenes, desempleados, malandros,
consumidores, inmigrantes –colombiche–, entre otras; y
zonas de las ciudades a convertirse en objeto de atención
y estudio (Hot spot).
En América Latina y Venezuela el discurso oficial en
la lucha contra el delito fue desarticulado y poco sistemá-
tico, con fuertes campañas dirigidas contra la delincuen-
cia, desatándose una especie de guerra su contra, donde
el Código Penal, las cárceles, los delincuentes y las calles
eran lugares comunes del discurso y la práctica.
Sin hacerse esperar, los primeros resultados llegaron
y se tradujeron en la desbordante e insostenible situación
por la que comenzaron a atravesar las cárceles y el sis-
tema de administración de justicia penal. Las primeras
se convirtieron en verdaderos depósitos humanos debido
al aumento de la población recluida, y una gran canti-
dad de causas judiciales entraron a engrosar los archivos
muertos de los tribunales a la espera de trámite. El Esta-
do se vio imposibilitado por sí solo de dar una solución a
este problema, por lo que empezó a compartir responsa-
bilidades con otros actores, especialmente con el sector
privado.
A partir de este período, el discurso de la inseguridad
se estableció en la población, diferenciándose las res-
puestas y acciones que se dirigían para enfrentarlo de
acuerdo al sector social al que se pertenecía. Las clases
populares tuvieron que convivir cara a cara con la mis-
ma, sin poder hacer mucho; mientras que los sectores de
más altos recursos económicos se encerraron, levanta-
ron murallas, instalaron sistemas de vigilancia para de-
tener el avance del delito y del sentimiento de inseguri-
dad, y se fueron traduciendo en recortes o limitaciones a
sus derechos, entre ellos a su intimidad.
Esta situación fue atravesando los gobiernos de Car-
los Andrés Pérez y Rafael Caldera y las respuestas desa-
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 125
rrolladas fueron similares; por un lado, se registraba una
burocratización, ineficiencia y deslegitimación del sis-
tema de justicia criminal (policía, tribunales y cárceles)
para afrontar el problema, y políticas represivas y viola-
torias de derechos humanos, así como, por el otro lado,
aumento de la violencia interpersonal e institucional y
de la criminalidad urbana2.
Solo a modo de ejemplo podemos ver en el gráfico 1 el
incremento de la tasa delictual en el homicidio, que com-
prueba la tendencia de mención.
Aunque abarque un período más amplio que el de re-
ferencia, Antillano señala cómo ha sido el incremento de
la presencia policial: entre 1990 y 2007 el número de
agentes creció en un 73%, mientras la cifra de cuerpos
policiales lo hizo en un 363%; el uso generalizado de tác-
ticas policiales agresivas, como las redadas, operativos y
alcabalas y el crecimiento de la población carcelaria en-
tre 1980 y 1995 llegó a triplicarse (Antillano, 2008).
2 Una somera revisión de las tendencias recientes en la cri-minalidad oficial registrada en Venezuela muestra, en general, un incremento destacado en los rubros de delitos violentos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1990 y 2000, la tasa de homicidios pasó de 13 a 33 por cada cien mil habitantes (CMH). Entre 2000 y 2002 se incrementó otro 21%, pasando a 40/CMH. La tasa de lesiones disminuyó entre 1990 y 2000 de 152 a 105/CMH, aunque en 2002 se incrementó en un 20%. Los robos y robos de vehículos experimentaron en el decenio un incremento de la tasa, desde 132 hasta 145/CMH y desde 51 hasta 124/CMH, registrando, para 2002, incrementos adi-cionales de 11% y de 35%, respectivamente. Los hurtos regis-traron una disminución de la tasa, de 398 a 212/CMH para los simples, y de 151 a 108/CMH para los de vehículos, entre 1990 y 2000, con una disminución adicional del 3 % en ambas categorías para 2002 (Gabaldón, 2007).
El inicio de la Revolución Bolivariana
Entrado el siglo XXi, y con la asunción a la presidencia
del Comandante Hugo Chávez, se iniciaron cambios pro-
fundos en diversos aspectos de la vida social de los vene-
zolanos y venezolanas, y se empezaron a aplicar fuertes
medidas de corte social que iban en contra de todas las
políticas neoliberales y capitalistas que caracterizaron a
la década de los noventa.
Es indudable el viraje de la política implementada a
partir de este período y permitió iniciar un proceso de
creación, renovación y transformación de algunas ins-
tituciones responsables de la aplicación y realización de
los derechos humanos, profundizando la legitimidad de
Gráfico 1. Casos conocidos de homicidios por cada 100 mil habitantes 1989-2009
Fuente: Defensoría del Pueblo. Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, a partir de la información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, así como las proyecciones y estimaciones de población emanadas del INE con base en el censo 2001.
60
50
40
30.
20
10
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nú
mero
de de
litos p
or ca
da 10
0 mil h
abita
ntes
126 | Dossier
los poderes públicos bajo una concepción política social
e integral del Estado, destacándose grandes avances en
la inclusión de las mayorías excluidas durante más de
quinientos años y manteniendo incluidos a los sectores
privilegiados.
La entrada de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela de 1999 va a suponer, al menos en lo
teórico, un cambio radical en el discurso de la seguridad
que se venía manejando hasta ese momento, mediante la
introducción en su articulado del concepto de la “segu-
ridad ciudadana”, entendida en sentido amplio como la
protección de los derechos, libertades y garantías consti-
tucionales; superando el modelo de seguridad basado en
el orden público. Así,
toda persona tiene derecho a la protección por parte
del Estado a través de los órganos de seguridad ciudada-
na regulados por ley, frente a situaciones que constitu-
yan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad
física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes (artículo 55
de la Constitución).
A partir de allí, el Estado realizará grandes esfuerzos
humanos, económicos e institucionales; muestra de ello
fue la planificación y estructuración de las Misiones So-
ciales, que nacieron como órganos de ejecución de las
políticas públicas dirigidas a garantizar todos los derechos
humanos de la población: de manera prioritaria, la educa-
ción, salud integral, alimentación, trabajo digno, cultura,
recreación, vivienda, hábitat y participación política, en-
tre otros.
teniendo como “sur” un modelo democrático basa-
do en la justicia social, el Gobierno iniciará una senda
que intentará fijar límites a la política criminal y de se-
guridad de corte autoritario y se basará en los principios
de legalidad, igualdad, no discriminación, participación
y corresponsabilidad ciudadana, de dignidad humana y
de respeto a los derechos fundamentales. La seguridad
ciudadana –como seguridad integral de los derechos– re-
presentará una guía en el diseño y ejecución de políticas
públicas en la que se procurará fragmentar la propuesta
autoritaria de control heredada, asumiendo el reto de
garantizar la seguridad de los derechos fundamentales
de todos los ciudadanos y ciudadanas y no solamente el
derecho a la seguridad de una parte de ellos.
Ahora bien, si analizamos la política pública iniciada
en los 2000, nos damos cuenta rápidamente de los indu-
dables cambios sociales ocurridos, como la masiva parti-
cipación política y el empoderamiento del pueblo frente
a los cambios que se estaban sucediendo. Pero si nos pre-
guntamos qué ha pasado en el campo de la prevención
y control del delito y lo analizamos a la luz de nuestra
Constitución, las respuestas no fueron tan claras ni tan
contundentes, como tampoco denotan a primera vista y
desde el inicio del Gobierno una revolución en esa área o
la implementación de políticas progresistas o de izquier-
das articuladas, como ha ocurrido de manera evidente
en otros ámbitos de la vida de los venezolanos.
Solo a modo de ejemplo, podemos señalar algunos de
planes de seguridad implementados durante estos últi-
mos años, ya que no se posee información de todos los
que se desarrollaron:
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 127
» En 2002 se diseña el Plan integral Municipal de Se-
guridad Ciudadana, el cual implicaba acciones de
coordinación entre los cuerpos de seguridad nacio-
nales, estadales y municipales, la comunidad y las
autoridades municipales y regionales, para brindar
un efectivo servicio a la comunidad mediante la pre-
vención, investigación y control de la violencia y la
criminalidad; implementándose solo en algunos mu-
nicipios del país.
» En 2003 se ejecuta el Plan Estratégico Nacional de
intervención institucional para la Prevención de la
Violencia y la Criminalidad 2001-2003, cuyo obje-
tivo general consistía en crear una institucionalidad
para la ejecución de una política dirigida a la preven-
ción de la violencia y la consolidación de la conviven-
cia en las comunidades. Luego de ello, se presenta el
Plan Nacional integral de Seguridad Ciudadana don-
de se establecen líneas de acción fundamentadas en
estrategias preventivas.
» En 2004 se crea un Plan Piloto de Seguridad Ciuda-
dana, en el Distrito Metropolitano de Caracas, el cual
tuvo una duración de dos años y consistía en colocar
un “punto de control” integrado por funcionarios de
la Guardia Nacional, de jueves a domingo, en zonas
previamente seleccionadas con el acuerdo de la co-
munidad.
» Posteriormente, se pone en marcha el Plan Nacional
integral de Prevención del Delito 2008-2013, que
ahondaba en su prevención y su control multiagen-
cial, haciendo énfasis en la participación comunita-
ria, en la formulación, ejecución y control de las polí-
ticas públicas en seguridad.
» En 2008, se desarrolla el Plan Caracas Segura en el
Área Metropolitana de Caracas y se activa un dispo-
sitivo de seguridad integrado por funcionarios de la
Policía de Caracas, Miranda, Policía Metropolitana
de Caracas, Policía del Municipio Sucre, la policía de
investigación, el instituto de tránsito terrestre y la
Guardia Nacional.
» En el 2009 se rediseña el Plan de Seguridad Ciudada-
na y se redefinen los ejes que abordará el Plan Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Ciudadana.
» Los planes de la Nación hacen una vaga mención
al tema de la seguridad ciudadana, tanto el Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-
2007, como el Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2007-2013.
» Recién en 2012 se anuncia la creación de la Gran
Misión A toda Vida Venezuela, y por primera vez du-
rante este Gobierno podemos decir que se intentará
implementar un plan integral de prevención y san-
ción del delito.
A simple vista resalta la sucesión de planes y propues-
tas en esta materia, que introducen conceptos de moda,
sobre todo en Europa y Estados Unidos, tales como la
prevención o la participación ciudadana en el control del
delito, pero no lograrán disminuir ni las cifras delictivas
128 | Dossier
ni el sentimiento de inseguridad ciudadana. Al mismo
tiempo dan cuenta de una desesperada necesidad y una
clara intención del Gobierno de actuar, en algunas áreas
mediante políticas que implicaron un “hacer” y en otras
un “no hacer”, como más adelante veremos.
Los gráficos 2 y 3 señalan el incremento de los índices
delictivos, a la par del aumento del sentimiento de inse-
guridad ciudadana.
En las páginas posteriores intentaremos señalar, de
manera muy general, algunas características que mol-
dearon la política pública en materia de seguridad du-
rante el Gobierno del presidente Chávez, centrándose
geográficamente en la ciudad de Caracas, y acercar algu-
nas reflexiones que nos inviten a problematizar y evaluar
lo realizado.
En primer lugar, observamos la puesta en práctica de
medidas de control del delito que adoptaron el discurso de
la prevención más que de la represión y donde la función
policial, desarrollada tanto desde lo púbico como desde lo
privado, jugó un papel fundamental en este ámbito.
En segundo lugar, se empiezan a instalar nuevos con-
ceptos y emergen nuevos actores que se incorporarán en
el ámbito del control penal y empezarán a tomar parte en
la responsabilidad de la gestión de las políticas de seguri-
dad. Si bien este control multiagencial incorporó la parti-
cipación de la ciudadanía en el planeamiento y puesta
en práctica de mecanismos para brindar soluciones a los
problemas del crimen y de las inconvivencias ciudada-
nas, la misma ha sido muy tímida y poco sistemática.
En tercer lugar, se comienza a producir una reconcep-
tualización de las funciones de control mediante la incor-
poración de nuevas formas de vigilancia nacidas al amparo
de las tecnologías, que se manifiestan a través de formas
más económicas de custodia y control. La implementa-
ción de estas tecnologías van a sustituir las antiguas téc-
nicas de control para lograr, dentro de la nueva lógica de
Gráfico 2. Percepción sobre el principal problema del país
Fuente: Consultores 21.
ene-05 may-05 jul-05 sep-05 feb-06 abr-06 jul-06 sep-06 nov-06 mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 mar-08 jul-08 sep-08 oct-08
60
50
40
30
20
10
0
Corrupción Economía Inseguridad Desempleo Sistema político Otros
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 129
gestión del riesgo, lo que sería una perfecta combinación
entre calidad, eficiencia y costos.
En cuarto lugar el diseño arquitectónico empezó a ju-
gar un rol preponderante en el control del delito; así se
organiza el diseño cuidadoso y calculado de los espacios
señalados como propensos al delito y la intensificación de
las diferentes formas de vigilancia con base en la noción
de “espacios defendibles” (Newman, 1972) para lograr
que las acciones delictivas sean más difíciles y riesgosas,
y que los espacios y objetos resulten menos atractivos
para el crimen y el desorden.
En quinto lugar, se va a dar una apelación al sistema
penal para crear nuevos tipos penales y endurecer algu-
nos delitos existentes3, como también la exclusión de
beneficios procesales y penitenciarios para los acusados,
campañas contra la penalización de algunos delitos y la
construcción de más cárceles como consecuencia de los
anteriores procedimientos; políticas que evidencian sig-
nos de un control social formal, duro y rígido.
3 tal es el caso de las reformas ocurridas en el año 2000 y 2005.
Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).
Gráfico 3. Tasa homicidios. Venezuela y Caracas
13 13 16 21 22 21 22 19 20 25 33 32 38 44 37 37 45 48 52 49 44 46 68 91 96 88 83 64 63 94 113 92 118 119 90 88 107 130 127 122
140
120
100
80
60
40
20
0
VenezuelaCaracas
130 | Dossier
Sin embargo, la introducción de todas estas medidas
penales y extrapenales dirigidas a la disminución de los
índices delictivos, unido a la falta de una política integral
de seguridad ciudadana, como más adelante veremos,
no producirán la reducción de los índices delictivos ni
la sensación de inseguridad ciudadana sino que, por el
contrario, se verificará un aumento desbordado de las
actividades en los centros penitenciarios, un cúmulo de
procesos judiciales sin resolver, incremento de denuncias
en sede policial, un creciente número de muertes por en-
frentamientos policiales y una sobrecarga del gasto fiscal
destinado a estas tareas.
La función policial en el control del delito
Desde hace algunos años, se ha instalado como tema de
debate en la agenda pública y académica el crecimiento
desbordante de la seguridad privada, es decir, de agentes
que prestan un servicio de vigilancia o control a cambio
de una ganancia. igualmente, se ha planteado la nece-
sidad de su regulación y del establecimiento de reglas
claras de actuación, debido a que esta actividad se esta-
ba constituyendo en una fuente segura de trabajo para
personas desempleadas y, en consecuencia, el número de
empleados (sin capacitación adecuada) empezaba a du-
plicar a la fuerza pública de seguridad4.
Este “fenómeno” no es nuevo, sino todo lo contrario,
4 Si bien no hay una data oficial del número de agentes pri-vado de seguridad, la Cámara Nacional de Seguridad Privada (Canavipro) manifiesta que el sector genera 200.000 empleos directos y casi un millón de empleos indirectos.
tiene una larga historia detrás, ya que desde los orígenes
de las funciones de policía se puede comprobar la exis-
tencia de cuerpos privados que han ofrecido esta clase de
servicios de seguridad y de protección a la ciudadanía.
En este sentido, las actividades de estos cuerpos privados
de policía a menudo han sido determinadas por particu-
lares intereses del sector privado, pero orientadas hacia
el interés público (taylor, 1999; South, 1988).
El desarrollo de este mercado de manera creciente
en nuestro país, si bien no ha invadido el accionar de las
fuerzas públicas de seguridad ni ha quebrantado su mo-
nopolio en el uso legítimo de la fuerza, ha dado lugar al
inicio de un cambio en el estilo y las técnicas del control
del delito, pasando de ser ocultas y rígidas a visibles, flexi-
bles y sectoriales o sectarias; igualmente a responder a
una lógica preventiva de anticipación a las posibles ac-
ciones delictuales, de reducción de los potenciales ries-
gos, de recuperación de los objetos que han sido blanco
del delito. En el caso de la policía pública, sus metas (al
menos en la teoría) se encuentran dirigidas a la lucha
contra el crimen; también incluirán la defensa y custodia
de los espacios y el manejo de los potenciales ofensores.
En el caso de los agentes privados, estos son los objetivos
para los cuales han sido contratados.
En esta lógica, el Estado no ha perdido poder san-
cionador, solo que ha concentrado sus funciones en de-
terminadas actividades, en determinados sectores y en
determinados actores. Siguiendo a Felson y Clarke, po-
demos decir que la función policial empieza a abandonar
la búsqueda de las causas del crimen en favor de políticas
que mitiguen sus daños (Felson y Clarke 1997), es decir,
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 131
el centro de atención empezó a concentrarse ahora en
las consecuencias de la delincuencia, para intentar pre-
venir o mitigar los daños que ocasionara el delito (Reiss
1995; Ericson 1995).
Este incremento de la seguridad privada de seguridad
y el desarrollo de sus estrategias en el campo de la gestión
del delito, a consecuencia directa de las demandas ciuda-
danas y de la deslegitimidad del accionar de los cuerpos
de policía, debido a las constantes violaciones a los dere-
chos humanos que acarreaba su accionar5, ha llevado a
establecer, con poco éxito, regulaciones en sus lógicas de
funcionamiento6, así como también la aplicación de con-
troles en la normativa laboral aplicada. En realidad estos
controles no surtieron los efectos deseados y el Estado, a
la fecha, no cuenta con una data confiable del número de
empresas ni agentes de seguridad privada.
Durante el período de análisis, el desarrollo de las es-
trategias de prevención del delito se ha mantenido como
una constante de su funcionamiento. En la policía públi-
5 Se empezaron a cuestionar políticas que sostenían el discur-so de “plomo al hampa” y “madrugonazo al Hampa”, es decir, de aniquilamiento de todo delincuente que sea sorprendido en la comisión de algún delito, que luego era disfrazado de enfren-tamientos policiales y resistencias a la autoridad.
6 Un ejemplo de regulación a la seguridad privada fue la crea-ción en 2012 de la Corporación de Servicios de Vigilancia y Se-guridad, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y justicia. Esta tendrá como función el monitoreo del comportamiento del delito y la definición de acciones que se tomarán para asegurar la seguridad de los ciu-dadanos, así como avanzar en contra de la delincuencia y pre-servar la vida de los venezolanos, y también garantizar los bie-nes que sean puestos en resguardo a esta empresa del Estado.
ca, en cambio, las tareas o funciones de prevención del
delito se han combinado con acciones de control duro y
rígido, como fueron las políticas desarrolladas de “plomo
al hampa” o el “madrugonazo al hampa”. igualmente,
en la primera no se operarán cambios sustantivos; solo el
mejoramiento en las técnicas y tácticas aplicadas para la
gestión de los riesgos y la seguridad, así como en la tecni-
ficación de su equipamiento. inclusive podemos señalar
que la normativa que rige el funcionamiento de las em-
presas de seguridad data de 1975, aunque se han pre-
sentado varios proyectos de ley para modificarlo, que a la
fecha no han sido discutidos por la Asamblea Nacional.
Parecería en todo caso, que en este ámbito de la seguri-
dad, el Estado ha optado como forma de hacer política un
“no hacer” o un “dejar hacer”.
En el campo de la policía pública, operará un proce-
so de reorganización y reorientación de la política y de
sus estructuras. Estos cambios en las funciones que de-
sarrolla la fuerza pública empiezan a verificarse con la
creación en 2006 de la Comisión para la Reforma Poli-
cial; la posterior disolución de un cuerpo de policía tan
cuestionado como fue la Policía Metropolitana y el na-
cimiento de la Policía Nacional Bolivariana, de la Policía
Comunal7 y de la Universidad Nacional Experimental de
7 La actual Ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana contempla el Servicio de Po-licía Comunal como parte de las actividades a desarrollar por la Policía Nacional Bolivariana y las policías estadales y mu-nicipales. Así, se define el Servicio de Policía Comunal como un servicio permanente de carácter profesional, predomi-nantemente preventivo, de proximidad, comprometido con el respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada
132 | Dossier
la Seguridad bajo el nuevo modelo policial. Quedará sen-
tado de manera expresa con la sanción de la Ley de Poli-
cía Nacional y del Servicio de Policía de 2008 y la Ley del
Estatuto de la Función Policial de 2009, cuando se seña-
la que el servicio de policía es predominantemente pre-
ventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen
o promueven el fenómeno delictivo. Asimismo, cuando
expresa que corresponde a las autoridades en materia de
seguridad ciudadana promover la prevención y el con-
trol del delito. igualmente es importante mencionar la
creación del Consejo General de Policía, encargado de di-
señar las políticas públicas en materia policial necesarias
para implementar la reforma policial y la Ley orgánica
del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.
La necesidad de la orientación hacia una policía más
preventiva que represiva, que si bien es una lógica del
sector privado de la seguridad, se insertará en el discur-
so de la policía pública. La prevención del delito pone en
práctica técnicas o estrategias que se dirigen al manejo o
gestión de los objetivos de riesgo (los blancos del delito), a
la modificación del ambiente propenso para el crimen, a
la distribución de los grupos de peligro o los ofensores; es
decir, una orientación común de las funciones de seguri-
dad empezaron a compartir el sector público y el privado.
La atención se ha desplazado del castigo a la prevención,
comunidad, caracterizado por su proximidad, es decir, porque presta servicio en un sector o comunidad determinada, en un territorio circunscrito; y por trabajar junto con la comunidad y sus organizaciones sociales, manteniendo comunicación e in-teracción permanente con todos los habitantes y por dirigir su acción tanto a los problemas de inseguridad como a los factores y causas que los provocan.
donde el control y la vigilancia se realiza a través de un
sistema de anticipar virtualidades, abandonándose de
esta forma métodos de marcación personal en favor de
una marcación grupal o sectorial.
Para finalizar, podemos decir que el discurso de la
prevención del delito desarrollado por la policía pública
intenta erigirse a través de conceptos más democráticos
que aquellos que postulaba la doctrina más autoritaria,
aunque todavía no han calado de forma profunda ni en
la conciencia ni en el accionar de los cuerpos de policía,
como tampoco en muchos actores estatales, sobre todo
en aquellos que no han apostado por el nuevo modelo po-
licial y en los cuales sus acciones y sus discursos siguen
desarrollando objetivos eminentemente represivos en el
control del delito. En este sentido, resulta por lo tanto di-
fícil afirmar la existencia de un modelo de prevención del
delito uniforme y definido8 en los cuerpos de policía del
Estado. No podemos decir lo mismo de la policía privada,
donde el discurso de la prevención tiene objetivos claros
que se ligan directamente a su razón de ser y son comu-
nes en todos los actores del sector.
8 junto a reformas democráticas, pensadas, consultadas y le-gitimadas por amplios sectores de la población, tenemos otras medidas que responden a esquemas más duros de control. tal es el caso del Dispositivo Bicentenario de Seguridad -Dibise- que puede entenderse como una vuelta atrás en cuanto a políticas públicas de seguridad de corte más progresistas en esta mate-ria; prácticas netamente policiales contra los sectores popu-lares, que poco efecto tienen en la disminución del delito. La policía persigue al joven, hombre, que vive en los sectores más pobres de la ciudad.
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 133
La participación colectiva en el control del delito
En torno al Gobierno, el viraje en el discurso del delito
que se desarrolla con la prevención, la apelación a los
derechos humanos y la revisión de las funciones que des-
empeñan los órganos y agentes de seguridad, va a incor-
porar también el tema del control colectivo, participativo
y multiagencial del delito.
Las acciones impulsadas desde el Estado para facilitar el
ingreso de este nuevo actor no fueron muchas. Los planes
de seguridad ciudadana señalados anteriormente hacían
mención al tema de la participación ciudadana, como refe-
rencia obligada en su diseño. Así, iniciativas como las Casas
de Ciudadanía y Brigadas de Seguridad Vecinal, programas
como el Participando en el Barrio y Mejoró mi Calidad de
Vida, entre muchas otras, son originadas desde el Estado
para lograr la participación ciudadana, pero fundamental-
mente se dirigieron a facilitar garantías para la denuncia de
delitos por parte de la comunidad, sin lograr los resultados
esperados o su sostenibilidad en el tiempo. igualmente, des-
de el ámbito comunal, se pueden encontrar algunas inicia-
tivas como las de la comunidades de Catuche, La Pastora o
El Guinche de la ciudad de Caracas, entre otras encamina-
das a lograr acuerdos de paz en la comunidad.
Desde el punto de vista legislativo, en 2001 se pro-
mulga la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana
que recoge el tema de la participación ciudadana:
Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual o
colectiva, de manera organizada, podrán participar ac-
tivamente para la elaboración de los planes de seguri-
dad ciudadana, planteando sugerencias, observaciones
y comentarios sobre dichos planes. Asimismo podrán
denunciar (…) las deficiencias y actividades irregulares
percibidas en la ejecución de los planes de seguridad
ciudadana por cualesquiera de los funcionarios de los
cuerpos mencionados en el presente Decreto Ley.
Ahora bien, allí no se establecen de manera específica
los mecanismos o canales por los cuales debe desenvol-
verse esa participación.
Recién en 2008, se dicta la Ley orgánica del Servicio
de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y se establece
la participación ciudadana como uno de los principios
generales del servicio de policía, así como también se ge-
neran instancias y mecanismos de control externo para
la gestión policial. Se asienta con claridad las tareas que
le corresponden a la comunidad, la cual, a través de los
consejos comunales o de cualquier otra forma de parti-
cipación popular, podrá ejercer las funciones de contra-
loría social sobre el servicio de policía y solicitar infor-
mes respecto al desempeño operativo de dichos cuerpos.
igualmente, contribuir en el diseño, proposición, ejecu-
ción y evaluación de planes y proyectos que contribuyan
a diagnosticar, potenciar, mejorar, auditar y contribuir
al mejor desempeño policial, como también el asesora-
miento y a los comités ciudadanos de control policial9.
No ha ocurrido lo mismo en otras áreas de la vida de
9 Estos comités son instancias conformadas por cinco per-sonas del territorio donde opera cada cuerpo policial, y tienen como responsabilidad fundamental hacer seguimiento del des-empeño policial en cuanto a la gestión administrativa, funcio-nal y operativa, dentro de los estándares que rigen el servicio de policía.
134 | Dossier
los venezolanos, donde la participación ciudadana jugó
y sigue jugando un rol fundamental en las diseño, eje-
cución y control de las políticas públicas, como son los
casos de la salud, educación y alimentación, entre otros.
igualmente, en este ámbito la legislación ha sido más de-
sarrollada e inclusiva que en el área de la seguridad.
Los consejos comunales nacen como una instancia
de organización y participación de las comunidades y
una vía para la resolución de sus conflictos10. La Ley de
los Consejos Comunales de 2009 establece que su estruc-
tura deberá albergar un comité de seguridad y defensa
integral para desarrollar varias acciones, entre las que se
encuentran la intervención en conflictos vecinales, ac-
ciones de prevención de la delincuencia y promoción de
la convivencia. Es difícil determinar cuántos se dedican
realmente a una acción efectiva de prevención de los de-
litos y de los conflictos, ya que no se dispone de una data
sobre ello.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción de Seguridad Ciudadana, elaborada por el
instituto Nacional de Estadística (iNE) en 2009, la per-
cepción sobre las labores de prevención del delito que rea-
lizan los Consejos Comunales son evaluadas de manera
muy negativa: 52,78% de los consultados y consultadas
la consideran entre mala y muy mala, y solo 1,73% la
10 De acuerdo a las cifras ofrecidas por el Ministerio del Po-der Popular para las Comunas en 2012, el número de consejos comunales que existe en el país se sitúa en 43.000. De estos, 45,6%, es decir 19.621, poseen Comités de Seguridad y Defen-sa integral.
considera muy buena; ello da cuenta que todavía preva-
lece más la prevención como discurso que como práctica.
Sin embargo, el nacimiento de lazos de solidaridad y de
estrategias de organización y participación ha permitido
un paulatino acercamiento de los vecinos a la policía, lo
que implicará una medida preventiva y no represiva de
tratar la problemática de la seguridad ciudadana; permi-
te, como señala Font, un flujo de información más con-
fiable y directo que los sistemas de “informantes” (Font,
1999), lo cual se ha convertido en una práctica habitual
de la policía.
Ahora bien, la participación de la comunidad en la
gestión del delito resulta fundamental dentro de una
concepción de Estado democrático y social de derecho y
de justicia, en tanto que se conciba como un intento de
reducción del papel hegemónico de las fuerzas policiales
en la realización del poder coercitivo del Estado, o como
una vía alterna para solucionar el problema de la inse-
guridad que no apele al endurecimiento de las penas o
la ampliación de sus funciones represivas. igualmente
no debe ser entendida por la policía, que generalmente
se relaciona de manera más directa con la comunidad
en esta materia, como un mecanismo por medio del cual
los habitantes le proporcionen información para facilitar
sus labores; es decir, que la participación no se convierta
en una suerte de vigilantismo.
En conclusión, podemos decir que, si bien existen al-
gunas experiencias en nuestro país donde la seguridad
comienza a ser ejercida de una manera comunitaria,
abordando los problemas internos de su comunidad,
estas son incipientes, aisladas y desarticuladas, y gene-
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 135
ralmente se desarrollan en comunidades donde existen
algunos niveles de organización en un ámbito más ge-
neral. Sin embargo, son de gran importancia ya que van
ganando espacios no solo en la lucha contra el delito sino
también en la disminución del sentimiento de inseguri-
dad, más que en la reducción real de los niveles de vio-
lencia.
Los mecanismos electrónicos en el control del delito
En el marco de las transformaciones sufridas en los me-
canismos de control del delito, operado desde los años
ochenta, uno de los indicadores más sorprendentes es
la puesta en acción de mecanismos de control penal no
estatal, que persiguen un fin de lucro en la protección de
los ciudadanos. Se puede comprobar este fenómeno en el
desbordante crecimiento de los mecanismos electrónicos
para la vigilancia; empresas privadas que ofrecen desde
el enrejado de las casas, puertas blindadas, alarmas y cá-
maras de videofilmación hasta un personal de seguridad
que nos protege de todo y contra todo en cualquier tiem-
po y lugar11.
11 En Venezuela la industria de la seguridad privada se muestra como un negocio muy prometedor. Según datos de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (no se en-contraron datos oficiales), el negocio de la seguridad privada creció 70% en la última década y hay aproximadamente 300 compañías dedicadas a la protección y vigilancia, que generan 300.000 empleos. Solo en el sector de la distribución de equi-pos de seguridad electrónica, en 2010 había 100 empresas que facturaban cerca de US$250 millones anuales.
Las técnicas de que se sirven las nacientes formas de
vigilancia nacidas con el amparo de las tecnologías se
manifiestan a través de formas más económicas de cus-
todia y control. La implementación de nuevas tecnolo-
gías sustituye las antiguas técnicas para lograr, dentro de
esta lógica de gestión del riesgo, lo que sería una perfecta
combinación entre calidad, eficiencia y costos. Es decir,
asistimos a una manera económica de manejar el funcio-
namiento del sistema de control y sus agregados12.
Se podría decir que los mecanismos electrónicos fa-
cilitan la capacidad de vigilancia como una estrategia
de la prevención delictual y suponen un alto grado de
profesionalismo, más aún que los tradicionales guardias;
ayudan a reducir los costos de las tareas de seguridad en
las empresas y en el sector público y son más eficientes
(South, 1988). Un ejemplo podemos verlo en el trabajo
de nuestros cuerpos de policía que se sirven de tecnolo-
12 Se podría decir que los mecanismos electrónicos facilitan la capacidad de vigilancia como una estrategia de la preven-ción delictual y suponen un alto grado de profesionalismo, más aún que los tradicionales guardias; ayudan a reducir los costos de las tareas de seguridad en las empresas y en el sector público y son más eficiente (South, 1988). Ejemplo de esto lo podemos ver en el trabajo de nuestros cuerpos de policías que se sirven de tecnologías electrónicas en sus actividades, las cuales pue-den desplegarse en espacios muy reducidos como las patrullas policiales, como pequeñas impresoras y ordenadores describen los mapas de la ciudad, máquinas especiales de fotografía, mo-nitores televisivos, maquinas capta huellas, aparatos de video-grabación, tanto para vigilar a las personas como para grabar los accidentes de tránsito. igualmente podemos incluir las alar-mas, detectores, paneles de control, cámaras de seguridad y vi-gilancia, CCtV, audio-vigilancia, sensores para los artículos en los establecimientos comerciales, etc.
136 | Dossier
gías electrónicas en sus actividades, las cuales pueden
desplegarse en espacios muy reducidos como las patru-
llas policiales, que con pequeñas impresoras y computa-
doras pueden describir los mapas de la ciudad; máquinas
especiales de fotografía, monitores televisivos, maquinas
captahuellas y aparatos de videograbación, tanto para
vigilar a las personas como para grabar los accidentes de
tránsito. igualmente podemos incluir las alarmas, detec-
tores, paneles de control, cámaras de seguridad y vigi-
lancia, CCtV, audiovigilancia, sensores para proteger los
artículos en los establecimientos comerciales, etcétera.
Como vemos, la empresa se incorpora de frente en el
juego de la gestión del delito, y este es analizado de ma-
nera estadística y de cálculo; así, por ejemplo, el robo en
una casa es analizado y estudiado como una situación,
teniendo en cuenta que es cometido o ejecutado en unos
horarios y sobre objetos determinados; asimismo, el in-
mueble presenta características determinadas, es decir,
una estructura específica, y se encuentra ubicado en una
urbanización que denota un estrato social particular;
igualmente es cometido por una persona con caracterís-
ticas socioeconómicas determinadas (Newman, 1997).
En función de este análisis, se diseña un tipo de seguridad
para cada persona, grupo o espacio.
Este enfoque ha sido creado para manejar ciertos ti-
pos de conflictos dentro de las comunidades y suminis-
trar mecanismos de control social en su seno. En este
sentido, se puede observar que los ámbitos en que este
tipo de control se expresa son muy amplios. Por un lado,
tenemos áreas en las que la vigilancia se desarrolla y
condiciona al individuo, sin posibilidad por su parte de
aceptarla o no. Citando a Foucault, Lyon pone como
ejemplo el trabajo capitalista y asevera que este es un
ejemplo del surgimiento del tipo de sociedad disciplina-
ria, donde los empleados son sometidos a una vigilancia
constante tanto para asegurar cierta producción diaria
como para evitar pérdidas (distribución espacial y em-
pleo de su tiempo). Asimismo, entre ellos existe una vigi-
lancia y control continuos y es ese sentimiento de control
el que asegura la autodisciplina (Lyon, 1994).
Por otro lado, existen otras esferas como centros co-
merciales, bancos, escuelas y el propio hogar, en donde
las personas consienten voluntariamente en ser contro-
ladas, registradas y, en ocasiones, radiografiadas, cuan-
do no se convierten ellas mismas en vigilantes de otros
ciudadanos. Aquí las pesonas son las portadoras de su
propio control (Shearing y Stenning, 1994). Estos me-
canismos se están convirtiendo en un medio de control
social (Lyon, 1994), en el cual los individuos están so-
metidos a vigilancia, participan y actúan dentro de ella,
configurándose como una forma de organización social.
En nuestro país en los últimos años han proliferado
los centros comerciales como espacios de recreación, en
razón de considerarse como más seguros que los espa-
cios abiertos y públicos ya que disponen de mecanismos
de vigilancia y protección. igualmente, gran cantidad
de ciudadanos que habitan en urbanizaciones acuden al
mercado para que les brinde protección y este, mediante
cálculos estadísticos de costos y beneficios, diseña a me-
dida el tipo de seguridad. En este sentido, podemos obser-
var que una característica ha sido el levantamiento de
barreras para el ingreso a muchas urbanizaciones me-
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 137
diante la instalación de casetas de vigilancia, que limitan
y hasta prohíben el acceso a algunos ciudadanos, y la
contratación de circuitos cerrados de televisión. Muchas
viviendas se rodean de cercas electrificadas y alarmas co-
nectadas a sistemas centrales de vigilancia.
Autores como Shearing y Stenning observaron la
emergencia de este modelo basado en el nacimiento de
espacios especiales cuyo manejo se dirige al gobierno de
los riesgos para lograr la máxima ganancia y la segu-
ridad del capital: lugares donde emerge y domina una
única voluntad, la privada, o un poder único, la corpo-
ración; es decir, nacen los mass private property, con base
en uno de los ejemplos paradigmáticos de Disney World
(Shearing y Stenning 1996).
No existen o, al menos, no se conocen políticas pú-
blicas que se hayan dirigido a problematizar esta situa-
ción y, menos aún, le hayan puesto un freno. Si bien se
verifica durante este Gobierno una fuerte regulación en
términos generales al sector privado, la misma no se ha
centrado sobre el acceso diferenciado a la seguridad, sino
solamente y de manera muy tímida sobre su regulación
legal, mecanismos de registro o aspectos laborales. Esto
nos lleva a pensar, como señalara el profesor Zaffaroni,
en una discusión más general que se viene dando en re-
lación con quien toma las decisiones en materia de po-
líticas de seguridad: si las grandes corporaciones o los
políticos.
Con ello, no queremos acercar una visión negativa de
estos nuevos mecanismos, ya que el diseño de algunos de
ellos ha permitido desarrollar alternativas más eficientes
en el control del delito y de manejo de la sensación de
inseguridad. igualmente, en algunos países y gracias a
los avances de la tecnología, el tiempo en que una perso-
na permanezca privada de libertad podrá depender de la
dotación de una pulsera electrónica, o las personas apre-
hendidas podrán reducir considerablemente el tiempo de
su detención gracias a los sistemas electrónicos de iden-
tificación de que disponen algunas patrullas. Asimismo,
los sistemas instalados en los establecimientos comer-
ciales para prevenir robos han suplantado la incómoda
práctica de la inspección de los objetos personales (bol-
sos, carteras) a la salida.
Creemos, en todo caso, necesario reflexionar si en un
Estado social, democrático, de derecho y de justicia como
el venezolano, que postula el acceso a los bienes y servi-
cios de manera igualitaria, donde todos y todas debemos
tener garantías de los derechos sin discriminación, este
tipo de estrategia deba desenvolverse de manera neutral,
deba quedar exento del debate general que se da en el país
sobre el tema de la igualdad, la justicia social y el acceso
a los bienes, y deba pasar por alto la creación de barreras
que dividen poblaciones y sectores dentro de una misma
ciudad. En todo caso, creemos que es necesario detener-
nos a pensar e investigar en este campo.
El diseño como estrategia del control del delito
Una de las estrategias que predominó fue la prevención
situacional ambiental, que orienta su atención a la mo-
dificación de los espacios, su preparación y diseño con-
tra los posibles ofensores, es decir, contra el crimen. En
este sentido, podemos ver cómo en algunas ciudades
138 | Dossier
europeas –Barcelona, Londres, Rotterdam– o en muchas
otras de América, como por ejemplo Los Ángeles, Nueva
York, México, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo y Cara-
cas, las nuevas políticas de seguridad incorporaron toda
una gama de tecnologías y apelaron a la arquitectura y
la geografía para su renovación urbana y la revaloriza-
ción de los espacios de uso colectivo.
En nuestro país, podemos observar varios proyectos de
envergadura que implicaron una intervención del espacio
en la ciudad de Caracas, fundamentalmente en los muni-
cipios Libertador y Sucre, los cuales concentran la mayor
parte de la población y albergan los índices delictivos más
altos del país, desarrollados en zonas consideradas “peli-
grosas”. Estos proyectos se implementan con el acuerdo de
los vecinos, quienes acercaron sus ideas e iniciativas.
Podemos observar esta característica que menciona-
mos en cuadro 1, el cual da cuenta de la evolución del
delito de homicidio en los municipios de Caracas.
En este sentido, un programa de intervención ejecu-
tado por el Gobierno nacional, a través de la empresa PD-
VSA, como fue la rehabilitación del bulevar de Sabana
Grande, que otrora fue considerado una zona de gran im-
portancia turística, comercial y recreacional. Antes de su
intervención, este espacio estaba completamente ocupa-
do por la economía informal13 y también era catalogado
como riesgoso debido a actividades ligadas al consumo y
distribución de drogas y peleas en locales nocturnos; allí
las familias y los transeúntes habían sido desplazados e
invisibilizados. A partir de la puesta en marcha del pro-
yecto y a través de la incorporación de espacios lúdicos
13 Durante todo el proceso de rehabilitación, se potenciaron las organizaciones sociales, promoviendo hasta la presente fe-cha una conformación de 13 consejos comunales que partici-pan activamente en la contraloría social, para lo cual se forta-leció la capacitación técnica, social y patrimonial. Véase http://www.vivesabanagrande.com/index.php/inicio/alv.
Cuadro 1. Tasa de homicidios por municipios de Caracas
(Tasa por cien mil habitantes 1997/2009)
1997 1998 1999 2000 2001ª 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mun. Libertador 53 48 70 83 68 91 97 55 56 57 76 73 71
Municipio Sucre 32 40 61 70 101 91 77 69 72 84 84 80
Municipio Chacao 13 14 22 15 16 36 32 22 14 28 21 24 29
Municipio Baruta 9 15 12 5 13 20 22 16 18 17 21 24 27
Municipio El Hatillo 53 48 70 83 68 7 13 15 17 13 23 12 19
Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 139
Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).
y para la actividad física, la instalación de un moderno
mobiliario y de zonas para la recreación, que propician
el “Buen Vivir” de los transeúntes y residentes14, su uso
sufrirá una transformación radical para convertirse en
un lugar peatonal, de encuentro y de recreación.
otro proyecto de relevancia fue la rehabilitación del
bulevar de Catia por parte del Gobierno nacional y la Al-
14 Las palabras de una vecina, Leonor María Pérez tovar, miembro del Consejo Comunal de Bello Monte, dan cuenta de ello: “Para nosotros, como consejo comunal, participar en el Proyecto de Rehabilitación del Bulevar de Sabana Grande ha sido una experiencia que nos ha llevado a conocernos como vecinos, a expresar nuestras opiniones. El impacto en nuestra calidad de vida ha sido determinante; como vecina de la zona, el ver ahora a Sabana Grande libre de la anarquía de otros años es grandioso; no tenemos problemas con la gente de la econo-mía informal que tenía tomado el bulevar, y lo mejor es que la inseguridad se redujo”. Véase http://www.vivesabanagrande.com/index.php/inicio/alv.
caldía de Caracas, mediante acciones de reordenamiento
urbano, embellecimiento de la vía, los locales comercia-
les y las viviendas15. otros espacios se recuperaron con
la misma finalidad: el bulevar César Rengifo, la avenida
Principal de El Cementerio, que pasó de albergar trabaja-
dores de la economía informal a tener una amplia cami-
nería, parques, mobiliario y luz. Destaca también la recu-
peración de plaza Venezuela, el parque El Calvario y todo
15 jorge Marchán, encargado de una zapatería, explicó que el nuevo rostro que luce el bulevar de Catia “incentiva a sus transeúntes, no solo a comprar, sino también a permanecer en él”. Víctor Rodríguez, otro trabajador de una tintorería ubica-da en el bulevar de Catia desde hace 17 años, manifestó que “ahora tenemos un espacio revitalizado, los colores utilizados en las nuevas fachadas le han dado armonía al paseo, ahora hay más gente en la calle”. Véase http://www.ciudadccs.info/wp-content/uploads/080612.pdf.
Gráfico 4. Victimización por homicidio según municipios de Caracas (año 2009)
Baruta Chacao El Hatillo Libertador Sucre Dto. Metrop.
28,13 31,8226,72
37,72
47,2138,38
50
40
30
20
10
0
140 | Dossier
el casco histórico de la ciudad, la plaza de Los Museos,
mirador Boyacá y teatros históricos, entre muchos otros.
igualmente, el Plan Estratégico Caracas Metropoli-
tana 2020, diseñado por la Alcaldía Metropolitana, se
plantea entre sus objetivos la transformación de la ciu-
dad para hacerla más vivible, accesible y en movimiento,
segura e integrada y ambientalmente sostenible, sobre
la base de la gobernabilidad y los valores ciudadanos.
igualmente la reducción de los índices delictivos en la
ciudad, los niveles de angustia, desconfianza y miedo, así
como la pérdida de la calidad de vida generada por la in-
seguridad.
Estos planes colocan especial atención en la limpieza
de grafitis16 en las calles17, como también una redistri-
bución de los espacios que habían permanecido cerrados
u ocupados por jóvenes o personas en situación de calle
16 Los estudios de “vandalismo” han documentado que los espacios públicos que se encuentran pintados con grafitis son más tentadores y más proclives de ser objeto de nuevas accio-nes de vandalismo. Así, por ejemplo, en Nueva York se compro-bó una conexión entre los grafitis existentes en el metro y los sentimientos de inseguridad ciudadana, que llevaron a frus-trados esfuerzos de mayor vigilancia policial y sanciones más duras, hasta que se adoptó la medida de su limpieza a través de materiales especiales que hacían más difícil que la pintura se adhiriese a los vagones la próxima vez (Clarke 1992).
17 Un programa importante fue la intensificación de la reco-lección de residuos y la limpieza de las calles. En este sentido se colocaron contenedores en frente de las viviendas para evitar el desplazamiento de los vecinos hacia los lugares donde estaban ubicados, como forma de prevención de los posibles delitos a que podían exponerse, pero también como una manera de ha-cer más estéticos el barrio y las urbanizaciones.
que eran vistas como peligrosas, por espacios abiertos,
como plazas, centros de recreación y de encuentro. La
intensificación de la iluminación se incrementa en las
áreas peatonales y las actividades para los peatones. La
recolección de los residuos de basura es igualmente una
actividad que empieza a fortalecerse. Se priorizan los es-
pacios para favorecer las relaciones y el acercamiento ve-
cinal, la resurrección de fiestas; en definitiva, la toma del
espacio público.
Estos son algunos ejemplos que denotan la existen-
cia de una lógica preventista, a través de programas que
tienden a minimizar los niveles de inseguridad ciudada-
na. El diseño pensado de la ciudad se liga con la lógica
de desalentar las acciones delictivas: que estas sean más
difíciles de alcanzar, más visibles, más riesgosas, es decir,
que los espacios resulten menos atractivos para el crimen
y el desorden. Pero también denotan ciertas similitudes
con las ideas desarrolladas por james Q. Wilson y George
Kelling bajo el título Broken Windows (ventanas rotas),
que postulaban que debe reponerse cada vidrio roto y re-
coger cada acumulación de basura, reparar cada cabina
telefónica incendiada o destruida y tapar cada grafiti, ya
que, donde se encuentre un vidrio roto, mañana se en-
contrarán dos18.
igualmente, es importante señalar que el diseño no
solo ha sido una estrategia para la prevención del deli-
18 Un ejemplo de implementación de esta tipo de estrategia lo podemos ver con claridad en Estados Unidos con el alcalde Giu-liani, como así también en Gran Bretaña durante los gobiernos de M. thatcher y t. Blair (Baratta, 2000).
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 141
to implementada por el sector público, sino también ha
orientado el accionar de la empresa privada, en su tarea
de reducción de las pérdidas en el ámbito comercial y
como mecanismo de captación de clientes en su seno.
Los comerciantes realizan una cuidadosa distribu-
ción espacial de los artículos puestos a la venta. Los gran-
des centros comerciales se sienten incómodos frente a los
grupos de jóvenes que se sirven de estos espacios como
lugar de encuentro y recreación y, si bien les reconocen el
derecho que tienen de reunirse, han tratado de resolver
el problema a través de una calculada distribución espa-
cial de los puntos de encuentro, otorgándoles facilidades
especiales para ello y al mismo tiempo dándoles tranqui-
lidad a sus clientes. Así también, en los establecimientos
comerciales y bancos, se retiró toda la publicidad que cu-
bría las cristalerías e impedía ver lo que estaba sucedien-
do desde afuera; los cajeros automáticos son ubicados en
lugares accesibles y visibles a todos. Se instalaron cajas
especiales de seguridad que impedían incluso a sus tra-
bajadores tener acceso a grandes cantidades de dinero.
Dentro de este esquema de planificación de la ciudad,
podemos observar que la vida urbana –con su movi-
miento de ciudadanos y ciudadanas y su actividad aso-
ciativa– se ha mostrado como el lugar de desarrollo de
las políticas de planificación, así como también de las
iniciativas privadas basadas en la cooperación de agen-
tes públicos y privados en la materia. Se tiende al logro
de una ciudad segura, es decir, que los lugares públicos
sean accesibles pero también seguros y fuertemente con-
trolados en determinados horarios. Pero, por otro lado,
el espacio público empieza a ceder, a hacerse disfuncio-
nal y excluyente para determinados grupos de personas,
para aquellos que han sido clasificados como peligrosos
o riesgosos.
En síntesis, podemos señalar algunas características
que definen esta tendencia:
» Territorialidad: la subdivisión de los lugares en “zonas
de influencia” para disuadir o desalentar a los outsi-
ders y alentar o fomentar la defensa de los espacios
de los “residentes”, en sus áreas y en los lugares pú-
blicos.
» Vigilancia: se tiende a promocionar la vigilancia natu-
ral a través del diseño arquitectónico; la planificación
de las edificaciones y los comercios para permitir la
fácil observación de sus áreas.
» Imagen: el embellecimiento de los espacios públicos
crea sensación de seguridad para los ciudadanos y
ciudadanas e invita a transitar.
» Entorno o medio ambiente: existe dentro de la ciudad
una yuxtaposición entre las zonas mejoradas y zonas
desmejoradas, entre zonas seguras y riesgosas, que
en general no mantienen una relación armónica.
El endurecimiento penal como control del delito
El incremento de los índices delictivos, el aumento de la
fuerza policial pública y privada así como los planes de
seguridad a corto plazo, sucedidos durante los últimos
años, hicieron difícil pensar una política de seguridad
142 | Dossier
desligada del sistema penal. igualmente, el proceso de
acomodo y toma de conciencia que debía surgir con el
nuevo modelo de país plasmado en la Constitución de
1999, y operado en algunas instituciones del sistema
de control del delito, no operó tan rápidamente como en
otros ámbito de la vida social de nuestro país.
Unido a ello, en nuestro país el sistema de justicia pe-
nal –que en América Latina casi siempre se encuentra
en crisis– estaba sumido en la desdicha y lo rodeaba un
aura negativa. Al inicio del Gobierno, tanto las voces de
los que podían tildarse como progresistas o garantistas
como la de los más conservadores o de derecha dirigían
sus críticas contra él. Así, para unos, las medidas adopta-
das en la política criminal del Estado no habían logrado
más que congestionar el sistema, recargándolo con me-
didas de corte punitivo y soluciones autoritarias y unila-
terales frente al incremento de las tasas delictivas; para
los otros, el naciente Código orgánico Procesal Penal
(CoPP) era un instrumento blando que permitía que los
infractores salieran de la cárcel con mucha facilidad; es
decir, era demasiado progresista19.
Esta situación va a modificarse cuando el novísimo
CoPP es reformado en los años 2000 y 2001, y se esta-
19 El nuevo Código Procesal Penal se puso a la tarea de revi-sar los expedientes judiciales, y como consecuencia se otorgó la libertad a miles de presos a través del otorgamiento de be-neficios penitenciarios. Así operó una notable disminución nu-mérica en la población reclusa durante el período 1998-1999, para llegar a su límite mínimo en 2000 con solo 15.107 reclu-sos, lo cual representa una disminución de 37% con respecto a 1998 (Núñez, 2005).
blecen límites a la obtención de la suspensión condicio-
nal de la ejecución de la pena y las formas alternativas de
cumplimiento de la misma, como también se aumenta-
ron los tiempos para la investigación de los delitos. A ello
se le suman otras reformas (2006, 2008, 2009 y 2012)
que avanzan y retroceden sin saber muy bien que hacer.
Seguidamente le tocó el turno a las leyes sustantivas:
el Código Penal20, la Ley contra la Delincuencia organi-
zada, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Fami-
lia y la Ley orgánica de Drogas, entre muchas otras que
crearían nuevos tipos penales, aumentarían las penas de
los existentes y restringirían las posibilidades de obtener
la libertad para el imputado o imputada durante el pro-
ceso.
En el medio de tantas reformas, marchas y contra-
marchas en la política penal, en 2006 la situación car-
celaria se agravó y derivó en varios conflictos peniten-
ciarios. En ese año se incrementó el número de personas
asesinadas en las cárceles, al igual que el número de
huelgas de hambre, autosecuestros y personas que recu-
rrieron a la práctica de coserse la boca como mecanismo
de protesta dentro de los centros carcelarios. otra vez el
20 Durante este Gobierno dos reformas se han realizado, una en 2000 y la otra en 2005. Las dos reformas han sido motiva-das por la situación de inseguridad manifestada por la comisión de ciertos delitos que terminaron siendo tipificados con mayo-res penas. La reforma de 2000 fue una propuesta del Poder Eje-cutivo y se afirmó en la exposición de motivos que la reforma busca atacar los delitos que afectan de manera desproporcio-nada al conglomerado social, y también que las penas de pri-vación de la libertad elevadas en su cuantía tendrían un efecto disuasivo más que represivo.
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 143
Código Penal será el llamado a resolver esta situación y
se implementarán disposiciones para suavizar el régimen
penitenciario.
Esta apelación normativa al problema de la seguridad
y del delito fue agravando la situación del sistema penal,
no solo por la proliferación de tantas leyes que sanciona-
ban tipos penales y ocasionaban un colapso en el sistema
de administración de justicia, sino por la repercusión di-
recta que tenía en el sistema penitenciario debido al au-
mento de la población recluida, el cual no estaba prepa-
rado ni humana ni presupuestariamente para afrontar
esta pesada carga que se le venía encima.
En el gráfico 5 podemos observar cómo ha ido en au-
mento la población penitenciaria en los últimos años.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana del
2009, entre junio de 2008 y junio de 2009 se cometie-
ron en todo el país 2.364.452 delitos, entre las modali-
dades de homicidio, amenaza, lesiones personales, abu-
so sexual, robo, secuestro, extorsión, corrupción, hurto
y estafa. Esto representa una tasa de 8.400 delitos por
cada 100.000 habitantes.
El cúmulo de causas que ingresaba al sistema era
muy inferior al que egresaba: los expedientes que se re-
solvían eran generalmente los más sencillos, lo cual oca-
sionaba una sensación de impunidad y de selectividad
dentro del sistema y limitaba derechos como el acceso a
la justicia, así como este encontraba obstáculos difíciles
de franquear que constituyeron trabas estructurales a la
participación ciudadana y al derecho de los imputados
e imputadas a un juicio justo. Nuestros criminólogos
críticos de América Latina (Del olmo, Aniyar de Castro,
Zaffaroni, Sandoval Huertas, Pinheiro) postulaban que
la represión del sistema penal se producía contra los sec-
tores más empobrecidos y débiles de la población y que
el derecho penal, antes que un sistema de garantías, era
un sistema de castigo que respondía a los intereses de la
clase dominante.
Podemos decir, entonces, que la justicia penal podía
considerarse, como apuntaba tamar Pich, en “un ámbi-
to de entrecruzamiento, un recurso simbólico y punto de
observación de demandas, exigencias y conflictos plan-
teados, no solo por las instituciones sino también por los
actores sociales” (Pich, 2003).
Algunos cambios de relevancia
A pesar las políticas poco articuladas y a corto plazo
elaboradas a lo largo de estos años, no podemos negar
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
18.218 18.70021.201
24.279
32.624
44.52049.224
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
Gráfico 5. Población privada de libertad (2005-2011)
Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.
144 | Dossier
algunos cambios relevantes ocurridos en la orientación
de la política criminal. El primero de ellos se empieza a
desarrollar en 2006 y no fue a consecuencia de un plan
estratégicamente pensado, diseñado u orquestado por
las instancias competentes en la materia –aunque muy
bienvenido igualmente–, sino más bien a raíz de acon-
tecimientos trágicos ocurridos en el seno de una insti-
tución como la policía21, que precipitaron la revisión
de sus estructuras y la normativa legal que regulaba la
creación de mecanismos y estrategias para reorientar
su actuación, de acuerdo a los postulados de nuestra
Constitución y los tratados internacionales de derechos
humanos. Precisamente, es en la materia policial donde
se realizaron las transformaciones más relevantes, como
ya se señaló a lo largo de este artículo, y cuyos frutos se
están recogiendo.
El segundo cambio se plasmó recién en 2012 con el
nacimiento de una política integral en materia de segu-
ridad que, al menos en su diseño teórico inicial, va a re-
coger y desarrollar las mismas orientaciones de justicia
social, igualdad, equidad y participación que dirigen la
política general de gobierno del presidente Chávez. Estas
ideas dan inicio a lo que el Presidente denominó Gran
Misión A toda Vida Venezuela, orientada a resolver el dé-
ficit de convivencia solidaria y los problemas en materia
21 El secuestro y asesinato del empresario Sindoni y los her-manos Faddoul en 2006, y la matanza de un grupo de estu-diantes en la localidad de Kennedy en 2005, donde estaban involucrados funcionarios policiales, fue un ejemplo claro de la conducta de muchos funcionarios dentro de los cuerpos de policía.
de seguridad ciudadana de la población. Nace con una
visión integral en el diseño y la ejecución de la política, a
través del ejercicio de la articulación entre las institucio-
nes y el pueblo organizado.
Si bien este trabajo no se centra en el desarrollo de los
postulados que esta Misión establece, sobre todo porque
recién inicia, sí podemos decir que en el análisis de los
contextos en que se despliega el delito, del cual parte la
construcción de la Misión, esta entiende que la situación
por la que atraviesan las políticas de seguridad en nues-
tro país y los desaciertos de los planes desestructurados,
a corto plazo y discontinuos, dan cuenta de una cruda
realidad: el carácter clasista que aún persiste en la socie-
dad venezolana, donde los jóvenes de los sectores popu-
lares y urbanos son el centro de la violencia, ya sea como
víctimas y como victimarios.
Se presenta como una política integral que tiene
como propósito la construcción de una política pública
que se centre en la protección de la vida, la convivencia
solidaria y la seguridad ciudadana, tributando a la cons-
trucción colectiva de una democracia socialista. Combi-
na tanto estrategias de prevención en el control del delito
como otras de carácter reactivo.
Una idea novedosa que implementa esta Misión es
que está sometiéndose a una amplia consulta nacional,
abierta y pública, que involucra no solo a las comunida-
des organizadas sino también a la academia22 y servirá
22 Un antecedente inmediato lo encontramos en la consulta nacional realizada en el marco de la reforma para la implanta-ción del Nuevo Modelo Policial en 2006.
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 145
para recoger observaciones y recomendaciones, con el
fin de efectuar una revisión y evaluación de las estrate-
gias a implementar.
Si bien el diseño de la Misión prioriza zonas donde se
encuentran los índices delictivos más altos, la interven-
ción en ellas se efectuará mediante el levantamiento de
una cuidadosa cartografía participativa y la elaboración
de estrategias definidas en conjunto con los actores que
hacen vida en esos espacios. No se trata, por lo tanto,
de una intervención efectuada desde arriba hacia abajo
sino de una construcción colectiva y en terreno.
Un gran reto tiene por delante, y es, por un lado, lo-
grar la integración y armonización de la política desarro-
llada por los ministerios e instituciones del Estado, en pos
de ejecutar medidas integrales que tiendan a reducir los
altos índices delictuales y de violencia (pensar y ejecutar
como un solo Gobierno) existentes en nuestra sociedad
y llegar a un gobierno del delito de manera integral; por
otro lado, lograr una participación ciudadana real, don-
de prime el equilibrio en la actuación de todos los actores
(multiagencialidad), y que este concepto no sea solo dis-
cursivo sino que se plasme en la realidad.
A modo de conclusión
A nuestro juicio, la contribución que debiera dar un go-
bierno progresista, revolucionario y participativo como
el del presidente Chávez para encausar la política de se-
guridad –fundamentalmente de seguridad ciudadana–,
radica en centrar su atención en algunos aspectos de las
políticas que no han sido problematizados y fortalecer
aquellos que se visualizaron como necesitados de cam-
bios. Entre ellos podemos mencionar los siguientes:
» Primero: se deben aunar los esfuerzos y recursos de
múltiples actores gubernamentales y no guberna-
mentales, y desarrollar políticas integrales y uni-
versales donde la participación de la ciudadanía y,
fundamentalmente, de la comunidad organizada ad-
quiera un papel de relevancia y se concrete el verda-
dero empoderamiento social, tanto en el diseño como
en su ejecución.
» Pero ello supone que cada uno se despliegue en el
ámbito de su competencia o su espacio, y que en el
control de las políticas públicas de seguridad el Esta-
do planifique y diseñe con la comunidad y también le
rinda cuenta de sus actuaciones. No se trata de que
el Estado actúe sin control ni que las comunidades o
grupos particulares asuman las tareas de seguridad
y de mantenimiento del orden reservadas al Estado,
sino de procesos de corresponsabilidad y de contralo-
ría social de la gestión pública.
» La reconfiguración del concepto y de los elemen-
tos que configuran la seguridad ciudadana supone
orientar el modelo del control del delito hacia la im-
plementación de condiciones para el libre ejercicio de
los derechos de la ciudadanía, la participación y el de-
sarrollo integral de la persona y de la comunidad, la
convivencia democrática, pacífica y la consolidación
de mecanismos consensuados entre las distintas ins-
tancias, instituciones y agencias involucradas en la
lucha contra la violencia y el delito.
146 | Dossier
» Segundo: la seguridad ciudadana –como seguridad
integral de los derechos– debe representar una guía
en el diseño y ejecución de políticas públicas para
fragmentar las propuestas autoritarias en la materia,
asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los
derechos fundamentales de todos los ciudadanos y
ciudadanas y no solamente el derecho a la seguridad
de una parte de ellos.
De este modo, el tema de la seguridad debería ser en-
focado a través de políticas de Estado permanentes,
consensuadas y racionales, donde la política criminal
vaya de la mano de la protección social de los derechos
fundamentales mediante su concreción de manera
universal, equitativa y sin discriminación, dejando
de lado la acción focalizada, compensatoria y regula-
toria de las políticas sociales para lograr el bienestar
colectivo como garantía de los derechos. Como señala
Baratta, se debe partir de la idea de seguridad en rela-
ción con el disfrute y la protección efectiva de los de-
rechos frente a cualquier agresión o incumplimiento
por parte de otras personas que actúan en el ámbito
de competencias, poderes de derecho o de hecho que
esas personas tengan, como funcionarios o particula-
res, en uno de los distintos ámbitos territoriales (Ba-
ratta, 1997). Como este mismo autor plantea, pensar
la seguridad como seguridad de los derechos y no
como derecho a la seguridad.
» Tercero: la disminución de la violencia debe pasar por
entender que no toda política de seguridad debe ape-
lar al sistema penal y las instituciones que lo compo-
nen, ni policializar o criminalizar todos los problemas
que suscitan en el seno de las comunidades. Como
dice el profesor Bergalli, en referencia al análisis de la
sociedad actual,
…tiene que ver con el esquema interpretativo de las
formas de control penal sobre problemas sociales cuya
criminalidad se demanda, (…) con la construcción que
hacen las actuales movilizaciones de los nuevos pro-
blemas de injusticia, como problemas específicamente
“criminales” que promueven respuestas penales (Ber-
galli 1995).
En importante entender que la escalada en los índi-
ces delictivos en Venezuela se debió en gran parte a la
ausencia durante estos años de una política nacional
e integral en materia de seguridad ciudadana, orien-
tada a reducir los niveles de conflictividad en las re-
laciones sociales y comunitarias. igualmente, la au-
sencia de evaluación de las políticas desarrolladas en
el ámbito del sistema penal, salvo los resultados que
saltan a la vista, dan cuenta de acciones reactivas im-
plementadas como consecuencia de acontecimientos
que se sucedían, como por ejemplo: campañas de
alarma social y conflictos dentro de los recintos peni-
tenciarios, entre otros.
La historia ha demostrado que la apelación al sistema
penal como única instancia para la reducción de los
niveles de criminalidad no da los resultados deseados,
y ocasiona el efecto contrario: policialización de los
problemas, penas excesivamente duras y largas y al-
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 147
tos niveles de encarcelamiento. Con ello no se quiere
decir que apostamos por el abolicionismo ni por un
derecho penal mínimo aplicados sin matices, ya que
estos postulados nacieron en sociedades radicalmen-
te distintas a la nuestra, donde los niveles de crimina-
lidad no tenían nada que ver con los que tenemos en
la actualidad, sino simplemente que el derecho penal
no se constituya en la primera respuesta o reacción
frente al problema del delito; quizás tampoco la últi-
ma, sino que sea una opción que se evalúe racional-
mente, entre muchas otras.
» Cuarto: En el ámbito de nuestras comunidades hay
muchos conflictos que no llegan a constituir delito y
a veces ni siquiera falta, sino que se encuentran aso-
ciados a déficit de convivencia, sin que la comunidad
(vía autorregulación) o el Estado (vía regulación ex-
terna) dispongan de mecanismos de precautelación
de la violencia que sean eficaces y se ejecuten fuera
del ámbito del sistema penal e involucren medidas al-
ternativas de resolución de los conflictos.
En ese sentido, por un lado, es necesaria la constitu-
ción, al interior de las comunidades y de manera par-
ticipativa, de instancias que diriman sus conflictos,
y por otro lado será imprescindible crear contextos
sociales (infraestructura y servicios, entre otros) que
sean sugerentes y propicios para generar una convi-
vencia democrática y pacífica.
» Quinto: si bien siempre es mejor prevenir que curar,
no debemos pensar que las estrategias de prevención
del delito son una salida mágica al problema de los al-
tos índices delictivos en Venezuela, ni son postulados
neutros que causan efectos menos nocivos que los
de la represión. Por un lado, no nacieron en el mar-
co de gobiernos que puedan tildarse de progresistas
o de izquierda, sino todo lo contrario23. Y por otro
lado su introducción es aprovechada, muchas veces
sin ningún control, por la empresa privada, o mejor
dicho por las grandes corporaciones, configurándose
una verdadera industria, tal como fue expuesto por el
maestro Nils Christie en su libro La industria del con-
trol del delito.
Por último, la prevención situacional ambiental, es-
trategia más utilizada por los distintos agentes en
este ámbito, puede causar disgregaciones en el tejido
social, acentuando las diferencias entre los sectores
económicamente más ricos y los más empobrecidos,
23 Sus inicios pueden situarse en el gobierno conservador y de derecha de Margaret thatcher, elegido en el año 1979. A consecuencia de las limitaciones del gasto público y su raciona-lización, empezó a emerger una nueva forma de enfocar la pre-vención de la delincuencia en inglaterra y en el País de Gales. Dentro de sus postulados podemos señalar: a) la pretensión de responsabilizar a los individuos y a la población de los barrios de sus obligaciones ante la prevención de la delincuencia, entre las cuales destaca como elemento de gran importancia la proli-feración de sistemas de vigilancia de los vecindarios (neighbou-rhood watch); b) ponía el acento en un enfoque desde el terreno para reducir las oportunidades de pasar a la acción de los delin-cuentes, a la vez que habilitaba el entorno; c) quería implicar las distintas administraciones en las tareas de prevención de la delincuencia; d) intentaba promover y facilitar la implicación del sector privado en la prevención del delito (Crawford, 2002).
148 | Dossier
entre las zonas seguras y las zonas peligrosas, estas
últimas siempre asociadas a los sectores populares.
Ahora bien, con ello no queremos ni por asomo afir-
mar que debemos abandonar la utilización de estrate-
gias preventivas de control del delito, ya que en países
como los nuestros, donde las instituciones del siste-
ma penal conservan sesgos muy represivos y auto-
ritarios, el discurso de la prevención ha servido para
minimizar esos rasgos y encausarlos a través de una
senda más democrática. Pero sí debemos estar claros
en cuanto a la necesidad de establecer controles rígi-
dos a los mecanismos desarrollados a través de dicha
senda: controles a la proliferación sin regulación de
empresa privada en la producción de mecanismos
de vigilancia; controles a las agencias de seguridad
privada; controles al diseño urbano, cargados de
estrategias situacionales ambientales, para que no
ocasionen la dislocación social ni acarreen efectos de
desplazamiento del delito hacia los sectores no inter-
venidos.
Esta tarea va a suponer revisar en detalle la historia
de experiencias previas desarrolladas en países simi-
lares al nuestro, conocer los efectos positivos y nega-
tivos que ocasionaron y tomar decisiones racionales
acerca de las implicaciones que ello acarrea, pero, eso
sí, conservando siempre el monopolio estatal del uso
de la fuerza legítima.
» Sexto: si bien los datos oficiales, las encuestas de vic-
timización y de percepción ciudadana son cónsonas
en señalar a los hombres jóvenes pertenecientes a los
sectores populares como los principales actores invo-
lucrados en el delito, y que en torno a ellos deberían
girar las políticas de seguridad –ya sea como vícti-
mas o como victimarios–, debemos tener cuidado de
construir la política de seguridad en función de esos
instrumentos, los cuales recogen, la mayoría de las
veces, solo un tipo de delincuencia, enfocada en un
determinado sector de la población.
Este Gobierno, respetuoso y garante de los principios
de igualdad y no discriminación, debiera fortalecer la
investigación y la persecución de los delitos cometi-
dos por otros sectores sociales y económicos que se
encuentran invisibilizados en las estadísticas oficia-
les, y que generalmente se los conoce como delitos de
“cuello blanco”, ejecutados por actores económica y
políticamente poderosos dentro de la sociedad.
» Séptimo y último: nos preguntamos qué hacer con el
sentimiento de inseguridad que padecen los ciudada-
nos y ciudadanas. Muchos de esos miedos son cons-
truidos, por un lado, por los medios de comunicación
que buscan réditos económicos a través del rating,
pero también por la empresa privada (empresas de
seguridad, compañías de seguro, bancos) que buscan
lucrarse a través de dicho miedo.
Necesitamos, entonces, investigaciones que decons-
truyan los miedos y los riesgos que afectan a la po-
blación en nuestra sociedad, indaguen sus verdade-
ras causas y permitan construir políticas para tratar
ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 149
de aminorarlos, por parte del Estado y la comunidad,
de manera conjunta, ya que muchas veces están re-
lacionados con otras situaciones silenciadas como la
inestabilidad, el desempleo y la insatisfacción, entre
otras.
Para ello, es importante ser cautelosos con el nuevo
modelo que se quiere desarrollar, ya que las políticas
públicas de izquierda, las verdaderamente revolucio-
narias, deben ser profundas, dirigirse a las raíces del
problema, ir a su esencia, por lo que necesitarán de
tiempo, pero fundamentalmente que los actores po-
líticos no pierdan la calma y confíen en ellas. tenga-
mos paciencia, lo que no supone no hacer nada. Ac-
tuemos con calma y demos una oportunidad a esta
política integral que está naciendo.
bibliogRafía
Antillano, A. (2008). “Seguridad, democracia, justicia so-cial”, Revista SIC N° 702.
Antillano, A. (2012). “De la democracia de la calle a los con-sejos comunales: la democracia desde abajo en Venezuela” en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148766.
Baratta, A. (1997). “Política criminal: entre política de segu-ridad y política social”, en Delito y seguridad de los habitantes. Elías Carranza (coord.).
Baratta, A. (2000). “El concepto de seguridad en Europa”,
conferencia dictada en el Seminario de la Escola de Policia de Catalunya, Criterios para el análisis de la seguridad: estado actual de la investigación, 13-15 de junio de 2000.
Clarke, R. (s.f.). Situational Crime Prevention. Successful Case Studies, Albany, New York, 1992.
Crawford, A. (2002). “Las políticas de seguridad y de preven-ción de la delincuencia en inglaterra y en el País de Gales: nue-vas estrategias y nuevos proyectos”, Revista Catalana de Segure-tat Pública, año 2002, N° 11, diciembre, edición en castellano.
Christie, N. (1993). La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto? Buenos Aires, Editores del Puerto.
Daroqui, A. (2003). “Las seguridades perdidas”, Argumentos 1 (2), mayo de 2003.
Feeley, M. y Simon, J. (1994). “Actuarial justice: the Emerg-ing New Criminal Law”, en D. Nelken (editor), The Future of Criminology. Sage Publications.
Felson, M. y Clarke, R. (1997). “the Ethics of Situational Crime Prevention” en G. Newman; R. Clarke y S. Shohan (edi-tores), Rational Choise and Situational Crime Prevention. Britain. Dartmounth Publishing Company Limited.
Font, E. (1999). “transformación y el gobierno de la seguri-dad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su rele-vancia en la Argentina”, en M. Sozzo (compilador), Seguridad urbana. Nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal. Universidad Nacio-nal del Litoral.
Gabaldón, L. G. (2007). “Seguridad ciudadana, confianza pública y policía en Venezuela”, en Revista Venezolana de Econo-mía y Ciencias Sociales, Vol. 13, N° 3, Caracas, Dic. 2007.
Lyon, D. (1994). El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia, Madrid. Alianza.
Newman, O. (1972). Defensive Space: Crime Prevention through Urban Design. New York. MacMillan.
150 | Dossier
Núñez G. (2005). “Las fórmulas alternativas de cumplimien-to de pena en el sistema penitenciario venezolano”, Capítulo Criminológico, Vol. 33, Nº 1, enero-marzo 2005.
Pich, T. (2003). Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia penal. Buenos Aires: Ad-Hoc.
San Juan, A. M. (2008). “La Revolución Bolivariana en ries-go, la democratización social en cuestión. La violencia social y la criminalidad en Venezuela entre 1998-2008”. Revista Ve-nezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2008, Vol. 14, Nº 3, septiembre-diciembre.
Shearing, C. y Stenning P. (1996). “From the Panopticom
to DisneyWold: the Development of Discipline”, en j. Muncie
y otros (editores), Criminological Perspectives. A Reader. London:
Sage Publications.
South, N. (1988). Policing for Profit. The Private Security Sector.
London: Sage Publications.
Sozzo, M. (2000). “Seguridad urbana y tácticas de prevención
del delito”. Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc,
Buenos Aires, N° 10.
Taylor, I. (1999). Crime in context. A critical criminology of
market societies. England: Polity Press.
Resumen El autor desarrolla la idea de que la constitución de verdaderas
políticas públicas de seguridad desde una perspectiva crítica parte de un do-
ble reto: la crítica que no consigue la transformación efectiva de la realidad,
no tan solo es estéril sino que refuerza los modelos más conservadores del
sistema. Expone también que el tema de la seguridad solo puede ser anali-
zado con plenitud si introduce la dimensión política y el contexto en que se
desarrollan a partir de tres puntos relacionales: democracia/autoritarismo,
Estado/local/global y confianza/miedo/riesgo.
Palabras clave seguridad, perspectiva crítica, políticas públicas
aMadeu recasens i Brunet es doctor en Derecho egresado de la Universi-
dad de Barcelona y diplomado superior en Criminología del instituto de Cri-
minología de la Universidad de Barcelona. Entre otros cargos, ha sido direc-
tor del Gabinete de Estudios y Prospectiva de la Secretaría de Estado (1994
-1996), director de la Escuela de Policía de Cataluña (1996-2004) y director
del Centro de Estudios de Seguridad. Es considerado como uno de los máxi-
mos expertos en seguridad del país, y dejó una huella muy fuerte después de
su paso por la Escuela de Policía. Entre sus últimas publicaciones destacan:
La seguridad y sus políticas (2007), Experiencias de gestión de la seguridad: Desde
los modelos de proximidad al uso de la tecnología (con Conxita Gandia, 2002),
La violencia entre jóvenes en espacios de ocio nocturno. Resultados de un estudio
comparativo europeo (con Eric Marlière y otros, 2007), El poder judicial y el sis-
tema de justicia (2006, coord.) y Control social punitivo: Sistema penal e instan-
cias de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel) (con Roberto Bergalli, 1996).
arecasensb@gmail.com
153
Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva crítica
1. Introducción
El famoso pintor surrealista belga René Magritte insertó en una de sus
pinturas, concretamente la de una pipa magistralmente dibujada con un
realismo inigualable, la leyenda “Ceci n’est pas une pipe” (Esto no es una
pipa). Con ello abría una reflexión pictórica que le llevó a incorporar esta
obra en forma de serie o de distintas versiones (“La trahison des images”,
1928-29), que complementaría en 1966 con otro cuadro (“Les deuxs mys-
tères”) en el que aparece de nuevo la pipa, pero en este caso se trata de dos:
una dibujada en forma de reproducción de “La trahison des images”, apo-
yada en un caballete de pintor, y otra mayor y de distinto color, por encima
de dicho cuadro. Se trata de sembrar la duda sobre la realidad general de las
cosas, su representación y su descripción. tal reflexión fue magistralmente
retomada por Michel Foucault en un librito (Ceci n’est pas une pipe, 1973) y
también en su libro Les mots et les choses (1966). El autor francés utiliza los
cuadros para analizar los códigos de representación desarrollados en la mo-
dernidad a partir de la paradoja de un texto que, siendo parte integrante del
dibujo, expresa su negación, niega lo que se supone que representa.
Lo que voy a tratar de describir someramente es justamente un fenó-
meno semejante en el ámbito de la seguridad, que contextualizaré en un
entorno mayor, el de las políticas públicas. En síntesis, siguiendo a Magritte,
un dibujo bidimensional es incapaz de traducir a la realidad lo que describe;
así, muchas políticas de seguridad “diseñadas” sobre el papel son imposibles
de ser llevadas a la práctica. No constituyen verdaderas políticas. Es como si
mostráramos una foto de un documento conteniendo una política de segu-
154 | Dossier
ridad y escribiéramos a su pie: “Ceci n’est pas une politi-
que de sécurité”.
2. ¿Quién teme al lobo feroz? Sobre la crítica y su función
en un ancho valle vivían tres pequeños cerditos. un día
el hermano mayor dijo: —tendríais que construiros
una casa para vivir.
el más pequeño de los tres, que era el más juguetón, no
tenía muchas ganas de trabajar y se hizo una casa de ca-
ñas con el techo de paja. el otro cerdito juguetón trabajó
un poco más y la construyó con maderas y clavos. el ma-
yor se hizo una bonita casa con ladrillos y cemento.
pasó por aquel valle el lobo feroz, que era un animal malo.
al ver al más pequeño de los tres cerditos, decidió captu-
rarlo y comenzó a perseguirlo. el juguetón y rosado cer-
dito se refugió en su casa temblando de miedo. el lobo
comenzó a soplar con tanta fuerza que las cañas y la paja
salieron por los aires. al ver esto, el pequeño corrió has-
ta la casa de su hermano. como era una casa de madera,
se sentían seguros creyendo que el lobo no podría hacer
nada contra ellos.
De nuevo el lobo llenó sus pulmones de aire y resopló con
todas sus fuerzas. todas las maderas salieron por los aires,
mientras los dos cerditos huyeron muy deprisa a casa de
su hermano mayor.
el lobo se colocó ante la casa y llenó, una vez más, sus
pulmones. sopló y resopló, pero la casa ni se movió.
Desde dentro de la casa se podía escuchar cómo canta-
ban los cerditos: —¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al
lobo? ¿Quién teme al lobo feroz?
El famoso cuento de los tres cerditos contiene diversas
moralejas, pero la que yo quiero subrayar no es la tradi-
cional sobre el valor de la solidez del trabajo de cada uno
de los cerditos, sino la del contraproducente esfuerzo del
lobo, quien no solo no consigue su propósito de comerse
a ninguno de los cerditos (ni tan siquiera al más débil),
sino que lo único que consigue es poner en evidencia los
puntos flacos de sus actividades constructivas. Ello per-
mite a los puercos perfeccionar sus técnicas defensivas
hasta convertir en inútiles los esfuerzos del cánido. Con
toda seguridad, de ahora en adelante los cerditos cons-
truirán sus casas con ladrillos y cemento.
Nuestro lobo desempeña aquí un papel semejante al
de determinadas posiciones críticas en materia de crimi-
nología y de seguridad (y también en otras modalidades),
cuyo afán de perseguir cerditos no tan solo no culmina
con éxito, sino que enseña a los criticados cómo defen-
derse mejor de las críticas, colmando así las posibles defi-
ciencias señaladas por los críticos. Dicho de otra manera,
la crítica que no consigue o que no tiene en considera-
ción la transformación real y efectiva de la realidad, no
tan solo es estéril sino que obtiene un efecto contrario: el
de reforzar los modelos más conservadores del sistema,
mostrándole sus puntos débiles y contribuyendo a per-
feccionar sus mecanismos defensivos.
Es preciso reconocer que las teorías críticas parecen
haber funcionado muy bien en el plano de la denuncia,
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 155
en el terreno de los derechos humanos y, en clave emi-
nentemente ética, en el campo de los valores. Pero ello
no ha transformado la realidad de un sistema y de un
modelo de capitalismo occidental que bajo la modalidad
de la globalización parece estarse extendiendo por todo el
planeta, a la vez que transformándose radicalmente. Si es
innegable que las voces críticas han tenido un efecto de
contención (el modelo y sus consecuencias podrían ser
todavía más salvajes), lo cierto es que, además de que no
han derribado el sistema, en buena medida han contri-
buido a su fortalecimiento.
Existe multitud de ejemplos de cómo la justicia ha
blindado aspectos débiles señalados por los juristas más
críticos, de cómo las policías han encontrado nuevas
justificaciones y técnicas para escapar a las normas y
controles, de cómo la criminología oficial de cuño posi-
tivista y cuantitativo perfecciona cada vez más sus ins-
trumentos y sus argumentos de legitimación. A un nivel
superior, el sistema económico-político ha comprendido
que no podía jugar en el terreno de los valores y los ha
desprestigiado hasta el punto en que, hoy en día, dicho
modelo ignora los valores y ha conseguido que buena
parte de la ciudadanía los ignore también. Así, estados
democráticos no parecen castigar en las urnas ni tener
en cuenta a la hora de elegir sus a representantes la co-
rrupción en todos sus niveles. Muchos italianos votan
a un Berlusconi capaz de las peores tropelías privadas y
públicas, y aún les puede parecer que es “furbo”, es de-
cir, espabilado y capaz de ser más listo que los otros, lo
que constituye un valor más poderoso que el desvalor de
sus actos. En España, la corrupción no es obstáculo al-
guno para que algunos políticos sigan haciendo carrera.
A pesar de las escandalosas evidencias de corrupción,
una buena parte de la población sigue dándoles apoyo.
Mientras, la creciente desafección que se traduce en abs-
tinencia de voto en los comicios electorales desertiza las
urnas sin que ello parezca preocupar en demasía a un
sector de políticos que, blindados en sistemas de listas ce-
rradas (que obedecen a intereses de partido y de sus co-
rrientes internas y juegos de poder), parecen considerar
las elecciones como un mero trámite para mantener las
apariencias de pulcras democracias, eso sí, más formales
que reales.
En este sentido, los esfuerzos por desarrollar modelos
de seguridad críticos o distintos de los preexistentes (y a
menudo enquistados) constituyen una excepción. Si bien
cualquiera con un mínimo de sensibilidad y de humani-
dad agradece los esfuerzos y los avances que tales críticas
han propiciado en materia de seguridad, ello no es óbice
para que tengamos que reconocer que eso que llamamos
seguridad ha tendido, en los últimos años, a reforzar sus
aspectos más excluyentes y represivos1. tales plantea-
mientos han tratado de cercenar las consecuencias de
los actos definidos como criminales mediante medidas de
prevención situacional y políticas de cero tolerancia, re-
legando a un segundo término (y naturalmente privan-
do de recursos económicos) los estudios y las políticas
públicas de seguridad interesados por el análisis de las
causas y la lucha contra dichos actos. Así, la seguridad
1 Véase por ejemplo: Robert 1999, Matthews & Young 2003, Simon 2007, Waller 2009.
156 | Dossier
se está convirtiendo mayoritariamente en un dominio
controlado por empleados administrativos de una buro-
cracia cuantitativista, al servicio de modelos políticos de
dominación.
Pero que ello sea así no es atribuible en su totalidad a
los sectores más reaccionarios. Es preciso reconocer que
amplios sectores que se definen como críticos en materia
de seguridad –así como de la criminología crítica en ge-
neral– se han sentido muy a gusto en sus torres de marfil
y mantenido a menudo en la comodidad de la oposición
al poder. El gran reto sigue pendiente: la crítica solo tiene
sentido si sirve para liberar, para transformar la realidad,
si tiene vocación de viabilidad y de aplicabilidad. El proble-
ma estriba en que la aplicabilidad pone a prueba la viabi-
lidad de la crítica. No es lo mismo criticar al poder desde
la oposición blandiendo unos valores que nadie que tenga
un mínimo de sentido ético puede rechazar ni ignorar, que
hacer un uso crítico del poder y desde el poder para garan-
tizar y trasladar a la realidad esos mismos valores. Porque,
desde una perspectiva crítica, no se trata tan solo de criti-
car al poder sino de llevar dicha perspectiva al poder para
aplicarla y ejercerla. Pero ello supone un cambio radical
de perspectiva que cuesta mucho llevar a la práctica, ya
que el poder suele constituir entramados complejos y poco
dispuestos a dejarse penetrar por valores éticos y buenas
intenciones. Al fin y al cabo, la seguridad y las políticas
que la acompañan o deberían acompañarla no dejan de
ser sectoriales y, hasta cierto punto, periféricas al poder,
que se sirve de ellas de manera meramente instrumental;
lo que no quiere decir que no alcancen una importancia
significativa, como veremos.
Walter Benjamin (1991) señalaba, en un conocido
articulo sobre la violencia, la existencia de una violencia
fundadora de derecho, que refleja la lucha por que las
ideas subyacentes a ella alcancen el poder, y una violencia
conservadora de derecho, que lucha por la permanencia
en el poder de su sistema normativo y por ende político.
Naturalmente, la victoria de la violencia fundadora de
derecho la convierte automáticamente en la nueva deten-
tadora del poder, pero sucede de inmediato que la legitimi-
dad fundadora debe trocarse por legitimidad conservado-
ra, y que el derecho fundador debe pasar a ser la base del
nuevo derecho conservador. En este sentido, la revuelta
contra el poder, que conllevaba la violencia fundadora
de derecho, debe ser olvidada lo antes posible, pues lleva
en sus entrañas un potencial revolucionario que ahora
podría ser dirigido contra el nuevo sistema triunfante2.
Siguiendo este razonamiento, podríamos hablar de unos
modelos de seguridad que acompañan a la violencia fun-
dadora de derecho, a menudo muy crítica con el modelo
de seguridad de quien ocupa el poder. El entorno crítico de
la violencia fundadora propone alternativas, nuevas po-
líticas públicas transformadoras. todo un aparato crítico
suele acompañar a la violencia fundadora de derecho. Lo
que ya no es tan claro es que la violencia conservadora de
2 La inestabilidad que estos períodos de transición suelen aca-rrear ha sido sobradamente analizada en revoluciones como la francesa o la rusa.
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 157
derecho acepte en su seno un aparato crítico que la manten-
ga en permanente re-evolución3.
Aparece y se desarrolla entonces una estructura de
seguridad vinculada al poder, cuya razón de ser es la de
preservar dicho poder. De ahí que sea difícil de aceptar la
contraposición entre, por una parte, el uso de los aparatos
de seguridad como salvaguarda y protección de los ciuda-
danos, sus derechos y sus libertades, y por otra parte el uso
de dichos aparatos como salvaguarda del poder de las pro-
pias instituciones. El quid de la cuestión reside en el equi-
librio entre ambos usos, que es lo que puede determinar
el compartamiento más o menos democrático de dichas
instituciones, en la medida en que priorizan netamente el
primero y limitan drásticamente el segundo sometiéndolo
al derecho y a los controles democráticos establecidos (Par-
lamento, ombudsmen, etcétera)4 (Recasens 2000).
Con base en estos razonamientos, hay que plantearse
urgentemente de qué sirve desarrollar un planteamiento
3 Para un análisis de la violencia, además del ya citado Benja-min, puede verse Girard 1972, Resta 1992, Mongardini 2004, Zolo 2011.
4 No es posible aquí reproducir el debate sobre este tema, pero me limitaré a señalar que en Europa, ante posturas eficacistas y dispuestas a aceptar limitaciones de derechos y garantías, en aras de un mayor control del territorio y de la población, se han alzado voces cualificadas como las del Parlamento Europeo y en especial de su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos internos, que en reiteradas ocasiones ha defendido los derechos de los ciuda-danos ante los riesgos de un endurecimiento represivo. Pueden verse, entre otros, los informes de dicha comisión de 1992, 1993 y 2001, así como el que se preparó respecto de los aspectos de seguridad contenidos en el Proyecto de Constitución Europea que no llegó a ser aprobada.
crítico en materia de seguridad, si no existe luego la ca-
pacidad de desarrollar tales postulados para transformar
la realidad desde el poder.
Durante la transición española de la última dictadura
a la democracia, el escritor barcelonés Manuel Vázquez
Montalban, ante el grito de “con Franco vivíamos mejor”
proferido por los nostálgicos franquistas, replicó con una
pregunta: “¿Contra Franco vivíamos mejor?” Expresaba
así el escritor que también podía darse una nostalgia de
oposición al franquismo5. En realidad, en una entrevista
concedida al periódico El País, el 26/10/1992, el propio
Vázquez Montalbán se encargaba de aclarar su expresión.
A la pregunta del periodista “¿Contra Franco vivíamos
mejor?”, el escritor respondió: “Escribí esta frase hace
tiempo con un interrogante porque temía que era el cri-
terio de cierta izquierda conservadora. Y la respuesta era
que no. Creo que parte de los males de la izquierda es que
no superó esa situación de vivir contra el franquismo”.
En el mismo sentido, cabe preguntarse si un cierto
sector crítico, en materia de seguridad, no se ha tornado
conservador por el hecho de no haber superado o de no
haber podido superar la situación de vivir contra unas
políticas públicas conservadoras. Ello constituiría una
posible explicación de por qué parte de ese grupo crítico
en materia de seguridad no ha querido nunca participar
5 Nostalgia derivada de la unión de dichas fuerzas opositoras que se fragmentó en el momento de las elecciones democráti-cas, en que cada una tuvo que diferenciar sus programas, mar-car sus límites y, en suma, su oferta política, diferenciada de las demás formaciones para captar votos.
158 | Dossier
en políticas progresistas cuando formaciones de dicho
cuño han alcanzado el poder. Claro está que otra argu-
mentación más que plausible es que, cuando tales for-
maciones han gobernado, raramente y en contadísimas
ocasiones han aplicado políticas de seguridad progresis-
tas, y en la mayoría de los casos se han limitado a man-
tener e incluso potenciar las existentes6. Probablemente,
la realidad contenga algo de ambas explicaciones, que
además es posible que se retroalimenten.
En su afán por tratar de superar el síndrome del lobo
y los tres cerditos, algunos sectores o partidos de izquier-
da –en especial los gobiernos socialistas occidentales– han
hecho gala de un pragmatismo extremo para ganar ese
“centro” a menudo indeciso que es el que otorga mayo-
rías y gobiernos. Dichos gobiernos se han ajustado tanto a
las exigencias de los mercados/poderes que gobiernan los
procesos de globalización y sus crisis, que de hecho ya han
renunciado a la mayoría de sus valores e ideales origina-
rios7. Han llegado a desdibujar completamente la imagen
6 Baste ver el caso español de la transición en que se efecta-ron reformas de todas las instituciones, incluso de las Fuerzas Armadas, pero se dejó intacta casi toda la estructura policial –salvo escasas y contadas excepciones–. Así, los ministros del interior se alternaron consensuando a sus sucesores, por lo que existe una línea de continuidad entre las políticas desarrolladas por la derechista UCD (1976-1982) y las políticas de interior del Partido Socialista obrero Español (1982-1996). Los proble-mas derivados de las malas praxis en el Ministerio de interior fueron una de las principales causas de la derrota electoral del PSoE en 1996.
7 Bobbio (1994), que defiende la existencia y la distinción entre derecha e izquierda, cita a M. Bettini quien se pregunta si
y los programas de la llamada izquierda8. En materia de
seguridad, las ofertas entre la llamada derecha e izquierda
se confunden en favor de las propuestas de los primeros;
los programas electorales se vacían de contenido… y, al fi-
nal, aquellos que todavía acuden a las urnas, demostran-
do un gran sentido común, acaban prefiriendo el original
a la copia, y votan las propuestas de la derecha.
Naturalmente, se trata de un planteamiento muy es-
quemático de un fenómeno complejo que merece mayor
explicación, pero a grandes rasgos eso es lo que sucedió
durante la campaña electoral de las presidenciales fran-
cesas de abril de 2002. El ultraderechista jean-Marie Le
Pen obtuvo el 17,07% de los votos en la primera vuelta y
desbancó al entonces primer ministro, el socialista Lionel
jospin, dejando la elección para la segunda vuelta entre
Le Pen y el líder de la derecha gaullista clásica, jacques
Chirac. todos los analistas coincidieron en señalar que la
no estamos dirigiéndonos hacia una sociedad de ambidiestros (p. Vii). Es de señalar que incluso el lenguaje es marcadamente derechista, ya que no se habla de ambisiniestros, sino de am-bidiestros, lo que da a pensar que toda dilución se inclina a la derecha.
8 Como señala Bobbio, la identificación de la izquierda con el marxismo y de este con el comunismo ha envuelto mali-ciosamente el conjunto en la crisis de este último y dejado el campo libre al predominio del neoliberalismo. Por suerte o por desgracia, la crisis profunda que afecta a Europa ha puesto al descubierto dónde se esconde el verdadero poder. Ha dejado manifiestamente claro, para aquellos que todavía no lo habían comprendido, que el poder político e incluso las estructuras es-tatales se están convirtiendo, de la mano de dicho neoliberalis-mo, en meros instrumentos de ese eufemismo que se denomina “los mercados”, es decir, del poder económico más descarnado.
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 159
clave del éxito de la campaña de Le Pen fue su propues-
ta contra Europa y la inmigración, y el discurso basado
en la obsesión por la seguridad ciudadana y sus miedos.
La aceptación de estos parámetros de discusión durante
la campaña propició el mayor fracaso histórico de la iz-
quierda francesa.
3. La seguridad y sus políticas: un proceso evolutivo
El tema de la seguridad y sus políticas aparece tardíamen-
te como punto de interés criminológico. En efecto, es difí-
cil encontrar análisis sobre esta temática anteriores a los
años ochenta. Una posible respuesta a tal demora es que
el proceso evolutivo del conocimiento criminológico y de
las temáticas de seguridad no proporcionaron, hasta esos
años, unas condiciones objetivas para que pudiera desa-
rrollarse el estudio de las políticas públicas de seguridad.
Para tratar de razonarlo, expondré un recorrido por
la criminología a través del siguiente triángulo:
Cronológicamente, el recorrido criminológico ha ido
en el sentido de las agujas del reloj. Así, originariamente,
la pregunta a la que tal ámbito de conocimiento trató de
responder era: ¿por qué los individuos se desvían de la
norma? En otras palabras: ¿por qué no adecuan su com-
portamiento a la norma? Es evidente que en dicho con-
texto, centrado en el sujeto desviado, las preguntas sobre
la seguridad no tienen mucho sentido. Es más, ni tan solo
aparece un interés específico por la temática policial, so-
bre la que existe escasa literatura.
La progresiva evolución de la criminología llevó a
matizar la respuesta a la pregunta ¿por qué se separan
de la norma?, que inicialmente se centraba sobre aspec-
tos y razonamientos individuales en un enfoque dirigido
hacia grupos colectivos y sociales (Escuela de Chicago) y
finalmente apuntó a las teorías del etiquetamiento. Di-
chas teorías abrían el campo a un cambio de dirección:
si la cuestión consiste en etiquetar con éxito, el problema
reside en quién etiqueta. Ello llevó a fijar la atención en
la relación entre quien se desvía y quien define y con-
trola tal desvío. En otras palabras, el sistema de justicia
criminal cobra centralidad, y con ello se desarrollan los
temas de seguridad y policía. Aparece así una visión de la
policía como aparato represivo integrado en un sistema
de justicia criminal y se desarrolla toda una corriente crí-
tica sobre la policía y sobre la seguridad, sus límites, sus
costes, sus consecuencias.
Para cerrar el triángulo, solo faltaba desarrollar el
último ángulo, consistente en relacionar esos apara-
tos de control con el entorno general de producción de
normas, con sus mandantes reales, con las institucio-
nes de poder (que de manera generalizada se identifican
mayoritariamente con el Estado). Superar el estudio es-
tático (crítico o institucional) de los temas de policía y
Norma
Control Desviación
estaDocausa-efecto
inDiViDuoadecuación
mecanismosacción-reacción
160 | Dossier
de seguridad significa entrar en el análisis dinámico de
aquellos mecanismos que dirigen la acción de los apara-
tos de control, que permiten desarrollar acciones trans-
formadoras de la sociedad, y ello nos lleva al análisis de
las políticas públicas de seguridad, cosa que no ha sido
posible hasta el reciente desarrollo de las disciplinas
centradas en tales análisis.
Si el desarrollo del conocimiento de las políticas pú-
blicas es reciente (Muller 2006), podemos afirmar que el
análisis de políticas públicas de seguridad es recentísimo,
con lo que todavía no disponemos de una masa crítica
suficiente. No obstante, algunos autores provenientes del
derecho, de la sociología, de las ciencias políticas, han
iniciado ya este camino.
3. Las políticas de seguridad y sus contextos
Como acabamos de ver, el tema de la seguridad solo pue-
de ser analizado en plenitud si introducimos la dimensión
política, si lo enfocamos desde las políticas de seguridad.
Pero ello no es posible desde un punto de vista meramen-
te abstracto. Las políticas de seguridad forman parte del
conjunto general de políticas adoptadas por los poderes
públicos con capacidad de hacerlo y atendidas las cir-
cunstancias de cada lugar y en cada momento. Por ello
deben ser vistas como políticas sectoriales y vinculadas a
otras como las de bienestar social, sanidad, urbanismo o
educación, por poner tan solo unos ejemplos significati-
vos. Pero no por sectoriales dejan de ser primordiales. Es
ya bien conocido y no constituye ninguna novedad que
el miedo al crimen se ha utilizado como instrumento de
dominación, de gobierno, de sujeción, al menos desde
Hobbes, aunque haya sido recientemente redescubierto9.
En estas páginas no vamos a entrar a fondo en cues-
tiones de definición de políticas públicas10 sino en algu-
nos de los contextos en que estas se desarrollan, a partir
de tres puntos que considero esenciales: la relación de-
mocracia-autoritarismo; la relación Estado-local-global;
la relación confianza-miedo-riesgo.
Pero para poder concretar un contexto, un entorno,
es necesario definir unos mínimos parámetros como
espacio, tiempo y condiciones de desarrollo del modelo
social vigente. Así, a la hora de analizar políticas de segu-
ridad, será determinante conocer el entorno político en
que se producen (modelos de estado democráticos o no;
modelos de desarrollo de cada Estado, etcétera).
El primer punto es el relativo a la diferencia esencial
entre entornos políticos democráticos y autoritarios, y
entre políticas de seguridad autoritarias y democráticas.
Para tratar de distinguirlas y diferenciarlas, podemos
afirmar que las políticas de seguridad democráticas están
orientadas a conseguir (y solo pueden funcionar si efec-
tivamente lo consiguen) la confianza de los ciudadanos,
mientras que las políticas de seguridad autoritarias están
encaminadas a conseguir la adhesión de los ciudadanos.
En este último caso, se trata de mecanismos populistas
cuyo objetivo no consiste en transformar la realidad sino
9 El gobierno, a través del crimen en las formas recientes de políticas públicas, ha sido analizado y descrito por Simon 2007.
10 Para ello, puede verse Recasens 2007.
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 161
en canalizar, en provecho de determinadas personas o
partidos políticos, sentimientos, miedos o reacciones so-
ciales.
En una palabra, se trata de instrumentalizar los me-
canismos democráticos de solución de conflictos a partir
de la generación de amplios “consensos” fundados en co-
rroborar lo que parte de la sociedad, debidamente men-
talizada, cree desear o desea oír. Es el discurso del miedo,
del espantajo destinado a producir obediencia o, en otros
casos, a establecer una cortina de humo ante errores o
desaciertos de los poderes públicos en otros ámbitos de su
gestión11. Naturalmente los mecanismos de unas políti-
cas u otras serán diferentes, y los resultados también. Es
preciso señalar que pueden perfectamente darse políticas
de seguridad autoritarias en entornos democráticos, pero
al precio de tratar estas democracias como democracias
11 Baste recordar las amplias reformas en materia de justicia y seguridad que se produjeron durante las semanas inmedia-tamente siguientes a la catástrofe ecológica del buque Prestige frente a las costas gallegas. En pocos días, el Gobierno propuso un paquete de medidas de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que endurecían las penas para la pequeña delincuencia, las bandas organizadas, la reinciden-cia y la violencia doméstica, entre otros (La Vanguardia, 11-1-2003, El País, 9-1-2003). Con ello, el Gobierno pretendía dar una imagen positiva de lucha contra la inseguridad ciudadana, que la oposición no dudó en tachar de “chapapote legislativo” para tratar de tapar la crisis del Prestige y la preocupación ciu-dadana por el aumento de delitos (La Vanguardia, 11-1-2003). En el momento de escribir estas líneas, el Gobierno español pa-rece volver a la carga con la misma estratégia de populismo pu-nitivo al proponer, en medio de una durísima crisis socioeconó-mica y política, una batería de propuestas de endurecimiento punitivo (El País, 14-9-2012).
formales (p. ej. mediante la minusvaloración de los par-
lamentos, el otorgamiento de impunidad a las policías,
la tolerancia de corrupción en el sistema de justicia cri-
minal, el recorte del poder judicial, etcétera). La apari-
ción de políticas de seguridad autoritarias constituye un
buen indicador para saber si nos hallamos en entornos
verdaderamente democráticos o si, por el contrario, nos
encontramos ante democracias meramente formales.
Un segundo elemento esencial del entorno lo consti-
tuye la nueva relación entre Estado-nación, espacio local
y espacio global. No podemos ignorar la existencia del
fenómeno de la globalización, fruto de la necesidad de
los medios de producción, tanto de abrir nuevos merca-
dos como de abaratar costes. Esta mundialización de la
actividad económica se desarrolla con base en políticas
neoliberales (Navarro 2003, p. 149) cuyas consecuen-
cias distan mucho de los deseos de aquellos que quieren
orientar la mundialización hacia un proyecto humanista
y alternativo” (Amin 1999, p. 19).
El concepto mismo de globalización está sujeto a fuer-
tes paradojas, que son el producto de la dificultad de glo-
balizar lo que es heterogéneo. Esta uniformización solo
es posible a partir del establecimiento de relaciones de
dominación basadas en el dictado de pautas impuestas
por los estados, empresas o lobbys con mayor poder coac-
tivo, lo que convierte a la globalización en un conjunto
de dictaduras financieras especulativas, en un falso mer-
cado libre del capitalismo que en el fondo se traduce en
una relación de dominación entre globalizadores y glo-
balizados. Nacen en este contexto nuevas políticas crimi-
nalizadoras y nuevos sistemas de control que requieren
162 | Dossier
un análisis profundizado, dificultado por el secretismo, el
obstruccionismo y la anomia en que se mueven.
El fenómeno de la globalización supone una redefini-
ción de espacios en función de la transformación econó-
mica. Del mismo modo que el Estado-nación se impuso
a los restringidos límites de los territorios feudales, inca-
paces de encuadrar y de absorber las necesidades de un
mercado capitalista, ahora es el mismo Estado-nación
el que se ha vuelto demasiado pequeño para las exigen-
cias de la globalización. En esta redefinición, los espacios
tienden a transformarse en infranacionales y suprana-
cionales, cosa que afecta a conceptos tan fundamenta-
les e inherentes al Estado-nación como los de soberanía
(Habermas 2000).
La otra cara de la moneda de la globalización y de la
crisis del Estado-nación la constituye el fenómeno local.
La misma tensión que provoca la supra-estatalización
alimenta una necesidad/exigencia ciudadana de proxi-
midad de las instituciones. Esto hace que varios autores
utilicen el término “glocal” para señalar esta doble ca-
racterística de los nuevos espacios en construcción (Ro-
bertson 1995; Beck 1998, p. 77 y ss.; Borja y Castells
1999, p. 18; Dahrendorf 2002, p. 31 y ss.).
La globalización, en cuanto productora de nuevos
espacios dominados por lógicas no estatales de raíz eco-
nómica y ligadas a conceptos de orientación capitalista
neoliberal, supone una crisis del Estado-nación y en es-
pecial de los modelos asistenciales desarrollados durante
las últimas décadas. Esta transformación lleva al Estado
hacia modelos más privatizados, más actuariales y más
descentralizados, como consecuencia de la drástica limi-
tación de recursos y de la tensión “glocal”.
Ahora bien, si este es el contexto, cuáles son las con-
secuencias en un ámbito tan ligado al Estado como es el
de la seguridad, clásica fonction régalienne a él tradicio-
nalmente reservada y reflejada en la ya tantas veces re-
petida relación entre Estado y monopolio legítimo de la
violencia señalado por Weber (1987). La quiebra de la
ilusión del Estado tutor pone en evidencia los cambios
producidos por la evolución del Estado como espacio po-
lítico y como espacio de mercado hacia un Estado provi-
dencia y finalmente a un Estado de mínimos.
Una de las consecuencias de este proceso es la inca-
pacidad actual de este Estado para subvenir, mediante los
poderes públicos, a las necesidades integrales de seguri-
dad (Robert 1999, pp. 110-111). El impacto de la crisis
de este modelo de Estado hace que una parte de la segu-
ridad (pública/ciudadana) que él mismo debería garan-
tizar esté abocada a desaparecer, salvo que sea asumida,
ya sea por instancias supraestatales, ya por las infraesta-
tales12. El resto será absorbido por el sector privado o bien
se perderá, incrementando así la conflictividad social y
alterando en negativo los niveles sociales de tolerancia/
confianza de la sociedad afectada.
Esta redefinición de espacios plantea graves proble-
12 Recordemos que las administraciones infraestatales –lo-cales y regionales– no dejan de ser Estado, pero adoptan otras formas diversas a las del Estado-nación centralizado, y en de-terminadas circunstancias suponen formas políticas distintas a las del Estado-nación.
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 163
mas en el plano de la seguridad, concepto que, como he
dicho, se halla, desde sus orígenes modernos, vinculada
a la forma del Estado-nación y, a través de ella, a la idea
de soberanía. La aparición de espacios macrosecuritarios
de tipo supraestatal, como el espacio policial europeo,
han hecho de las seguridades nacionales una cuestión
multilateral. En el ámbito de lo global, aparecen políticas
claramente represivas vinculadas a grandes temas secu-
ritarios (terrorismo, drogas, libre circulación y extranje-
ría, crimen organizado, violencias) (Recasens 2007).
Por otra parte, pero simultáneamente, el reclamo de
una mayor atención a las necesidades de una seguridad
vinculada a los ciudadanos y a sus demandas básicas ha
desarrollado un creciente interés por los aspectos micro-
securitarios, en un espacio local que reclama para sí el
ámbito de lo asistencial, de la solución de problemas, de
la mediación, etcétera, pero al mismo tiempo se consa-
gra también como el espacio de las inseguridades de la
pequeña delincuencia, del riesgo y de los miedos de los
ciudadanos.
Las respuestas a tal dualidad se plasman en los plan-
teamientos “blandos” como la policía comunitaria o de
proximidad, o los “duros” y traumáticos de tolerancia
cero. Mientras que los primeros pretenden incrementar
la seguridad a partir de la aproximación de la policía a
los ciudadanos, el uso de técnicas de patrulla urbana en
diálogo permanente con los ciudadanos (de los que ob-
tiene información al tiempo que les genera sensación de
seguridad) y la apuesta por la prevención/proactividad,
los segundos se basan en la presión férrea aplicada a cier-
tos espacios ciudadanos, la dureza de las sanciones, una
cierta permisividad a la rudeza policial y un “eficacis-
mo” a toda prueba, fundado en principios de represión/
reactividad13. Pero a pesar de las diferencias técnicas,
relacionales e incluso ideológicas que separan a ambos
modelos, estos tienen en común la voluntad de resolver
problemas ciudadanos relacionados con la seguridad en
espacios y colectividades locales (y por tanto infraestata-
les) a partir de una intervención policial capilar.
Se va definiendo así, también en el terreno de la segu-
ridad, un ámbito “glocal” que evidencia la indisociable
complementariedad de lo global con lo local. Apenas se
profundiza en fenómenos de alcance local, como pueda
ser un problema de tráfico de drogas o de prostitución,
o de robos en domicilios, aparece tras ellos, con extraor-
dinaria frecuencia, una dimensión global ligada a gru-
pos organizados transnacionales de narcotráfico, trata
de seres humanos o redes criminales de otra índole. Los
problemas saltan así a menudo de lo local a lo global y vi-
ceversa, dejando al Estado un papel secundario de mero
intermediario y gestor. Ello obliga a una revisión de los
límites y campos de la intervención estatal, lo que con-
lleva dificultades de ajuste, legitimación, control, eficacia
operativa, etcétera.
En síntesis, se puede apreciar una tendencia, en el
ámbito de lo global, al desarrollo de políticas cada vez
más claramente represivas, mientras que lo local se quie-
re asimilar a lo asistencial, pero no consigue mostrarse
exento de postulados represivos basados en la explota-
13 Para una idea básica de tales planteamientos puede verse Crawford 1997, Wilson y Kelling 1982 y Roché 2002.
164 | Dossier
ción (no siempre honesta) de las inseguridades, la peque-
ña delincuencia y los miedos de los ciudadanos, por parte
de quienes se constituyen en generadores de opinión, de
políticas o de prácticas en este ámbito.
Así, si queremos hablar de políticas públicas de segu-
ridad tenemos que tener en cuenta que nuestro contexto
viene determinado por un entorno “glocal” que modifica
el concepto clásico de seguridad y por una nueva visión
del riesgo y de su aseguramiento que pasa a la vez por una
privatización y por una redefinición de los instrumen-
tos clásicos, como por ejemplo la policía, que se orienta
hacia la constitución de puntos de acceso de fiabilidad
basados en la proximidad y en un modelo más amplio y
polivalente de prestación de servicios del que existía en el
Estado-nación clásico. En este sentido podemos afirmar
que el desarrollo y consolidación del concepto de seguri-
dad se produce en detrimento del concepto premoderno
de orden, puesto que, mientras el primero se vincula a
la noción moderna de riesgo, el segundo está indisolu-
blemente unido a la noción premoderna de obediencia al
Estado-nación (Recasens 2000, p. 13-17). La evolución
de la seguridad durante los últimos cincuenta años la ha
llevado a una progresiva capilarización y a un aumento
de su capacidad de penetrar y alcanzar todos los ámbi-
tos de la vida pública y privada. Es por eso que es cada
vez más importante definirla, investigarla e interpretarla
como una parte fundamental de las políticas públicas.
Lo hasta aquí apuntado nos lleva al tercer elemento:
el de la relación de confianza que debe establecerse en
materia de seguridad entre ciudadanos e instituciones.
Los puentes que se establecen pueden ser entendidos
como puntos de acceso de fiabilidad, y la confianza como
una forma de reducción de riesgos/peligros.
En términos modernos, el riesgo y su aseguramiento
(Beck 1993, pp. 26-27) están ligados a la magnitud del
peligro, de forma que una situación se vuelve más peli-
grosa en la medida en que no se puede asegurar o, lo que
es lo mismo, no se puede prever ni por lo tanto prevenir
(Luhman 1996, pp. 31-32). La seguridad consiste en-
tonces en contrarrestar el peligro mediante mecanismos
de fiabilidad y de riesgo aceptables, es decir, conocidos y
por lo tanto calculables. Así, el riesgo viene limitado por
la fiabilidad y esta aumenta en la medida que conocemos
el entorno (Giddens 1999, pp. 41-44). Por otro lado, esta
fiabilidad no es abstracta, se concreta en unos “puntos de
acceso de fiabilidad”, elementos contactables que permi-
ten la conexión entre personas y sistemas expertos en-
cargados de infundir fiabilidad. La policía, por ejemplo,
constituye un ejemplo claro de punto de acceso de fiabili-
dad entre ciudadanos y el sistema experto policía, tenien-
do en cuenta que un contacto negativo o frustrado con
el sistema experto policía hace disminuir la credibilidad
frente a sus usuarios y aumenta la percepción de riesgo,
en este caso traducible en inseguridad (o’ Malley 1998;
Ericsson y Haggerty 1997; Recasens 2003).
Pero contextualizar una política pública no consiste tan
solo en ubicarla en su entorno sociopolítico y económico. Es
preciso poder compararla con otras semejantes para intro-
ducir eventuales mejoras o establecer posibles alineaciones.
No obstante, es preciso tener bien claro que la comparativi-
dad tiene reglas y límites que es necesario respetar.
incluso en entornos que podemos considerar como
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 165
parecidos, no se debe caer en la tentación de tratar de
comparar lo incomparable o de producir transferencias
de modelos o prácticas de seguridad de un entorno a otro,
sin analizar previamente si dicho entorno es capaz de re-
cibir tal modelo o dichas prácticas. En este sentido, no
podemos ni debemos ignorar las diferencias sociales, his-
tóricas, económicas o políticas de las realidades europeas
y de América Latina, o incluso entre estados y regiones al
interior de ambas realidades continentales. Los procesos
de crisis socioeconómicas, el concepto de Estado, su ma-
yor o menor desestructuración y la relación entre mode-
los de seguridad y ciudadanía son otros tantos elementos
diferenciadores que, si bien no impiden la comparación y
el intercambio de experiencias, sí obligan a hacerlo con
extrema prudencia y tras un minucioso análisis.
Para obtener una buena comparación es preciso, en
primer lugar, saber identificar las políticas, y en segundo
lugar ser capaz de hallar los mínimos comunes denomina-
dores que nos permitan establecer un espacio de trabajo.
En cuanto a la identificación, baste con señalar que,
en general, las políticas de seguridad de corte progresis-
ta son menos visibles y reconocibles. Por ejemplo, en lo
relativo a las políticas preventivas y en especial las que
contienen elementos de prevención social de la crimina-
lidad, se constata una confusión respecto de su definición
y naturaleza14. Aparecen con nombres diferentes y cam-
biantes, son sujeto de varias disciplinas y especialidades
(criminológica, psicológica, sociológica, epidemiológica,
14 Véase entre otros: Crawford 2009, Hughes 2010, Hebbe-recht & Baillergeau 2012.
etcétera) que se centran en la temática desde perspec-
tivas diferentes (el delincuente, la víctima, el contexto,
etcétera). Por ello resulta difícil incluir determinadas po-
líticas en el campo de la prevención del delito (Crawford
2009). Resulta así una dilución de tales políticas en el
marco de políticas más generales, desarrolladas bajo di-
ferentes prioridades. Determinadas políticas de escola-
rización o de salud, por ejemplo, incorporan elementos
de políticas de seguridad, pero dichos elementos quedan
diluídos en los objetivos generales de las políticas o apa-
recen como elementos secundarios o complementarios:
es evidente que reducir el ausentismo escolar o prevenir
la prostitución conllevan –también– objetivos claros de
seguridad, pero son difícilmente reconocibles como polí-
ticas de seguridad en sentido estricto, por lo que pierden
visibilidad15.
En sentido contrario, existe también el riesgo de co-
meter el exceso de ampliar el alcance de las políticas de
seguridad al enfatizar y desorbitar el tema de seguridad
sobre otras políticas y colocando las políticas sociales
bajo la bandera de la criminalidad (Gilling 1997).
Por otra parte, en lo relativo a las mínimas defini-
ciones comunes, se puede considerar mayoritariamen-
te aceptado que la seguridad pública16 aparece bajo la
forma de un concepto integral que incorpora diversos
15 Además de ello, hay que contar con que tales políticas suelen ser a largo plazo, y por ello tienen difícil encaje en las agendas políticas y sus tiempos.
16 La denominación de los conceptos es cambiante según los entornos; es preciso atenerse a los conceptos subyacentes a
166 | Dossier
ámbitos de la seguridad, como seguridad ciudadana,
protección civil, seguridad vial, cobertura del auxilio en
casos de catástrofe, aspectos sanitarios epidemiológicos
u otros. El mantenimiento de estas condiciones se consi-
dera necesario y se atribuye a las instancias públicas la
competencia para establecerlo, preservarlo y restaurarlo.
Hay que distinguir este concepto de seguridad públi-
ca del concepto de seguridad ciudadana, que debe enten-
derse como una parte concreta de la seguridad pública
y se puede definir como la garantía (prevención, protec-
ción o, en su caso, reparación) de la integridad y el le-
gítimo disfrute y posesión de sus bienes por parte de los
ciudadanos, como realización efectiva del ejercicio de sus
derechos y libertades (Recasens 2007).
Pero recordemos que, tal como estamos tratando de
argumentar en estas páginas a partir de la imagen de la
pipa de Magritte, no todo lo que se define como política
de seguridad constituye en realidad tal cosa. El desarrollo
de políticas de seguridad requiere seguir un determina-
do camino, respetar determinadas reglas, sin las cuales
no se puede hablar propiamente de políticas (Subirats
2008). Aparecen, en su defecto, acciones o procesos que
pueden calificarse como falsas políticas o pseudopolíti-
cas. Pero incluso en la hipótesis de que no se aplicaran
tales pseudopolíticas, no se puede hablar de vacío (que en
ningún caso se produce) sino de la ocupación del espacio
de las inexistentes políticas por parte de los operadores
que hubieran tenido que aplicarlas. En otras palabras, a
cada una de las denominaciones para ver cuál es su equivalen-te en cada realidad concreta.
falta de verdaderas políticas de seguridad no se produce
el vacío, sino su sustitución por actividades e intereses de
operadores políticos o de corporaciones. En el caso de es-
tas últimas, cuando se ven forzadas a actuar en primera
línea y huérfanas de directrices superiores, tienden a uti-
lizar su propia panoplia de recursos a partir de los valores
y conocimientos de que disponen, que por defecto suelen
ser corporativos. Ello acaba por producir terribles distor-
siones, de la que hay que responsabilizar a las corpora-
ciones de seguridad por acción, pero no hay que olvidar
las responsabilidades políticas por omisión.
4. Conclusiones
En síntesis, y resumiendo las ideas esenciales contenidas
en estas páginas:
1. toda teoría crítica, en general y en temas de seguri-
dad en concreto, debería estar orientada a la conse-
cución de la transformación real de la sociedad. Lejos
de mantenerse fuera de los circuitos de decisión y go-
bierno, debería esforzarse por entrar en ellos y, en la
medida de sus posibilidades, modificar el entorno en
el sentido deseado y planteado en la teoría. Por ello es
preciso que la crítica sea el elemento esencial, no solo
de la fase de diseño, sino también de la fase de ejecu-
ción de las políticas públicas. La crítica debe ser con-
servada cuando las opciones que defiende alcanzan
el nivel de toma de decisiones: el poder. Debe inspirar
tales decisiones sin perder la capacidad de regenera-
ción crítica, so pena de tornarse poder conservador y
reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 167
autodefendido. Ejercer críticamente la capacidad de
transformar y de transformarse con la transforma-
ción, sin perder el espítritu crítico. Ello es casi impo-
sible por la naturaleza absurdamente conservadora
de todo poder, como demostró Benjamin. Por ello, la
tensión se sitúa entre el campo teórico más crítico (y
su nivel de compromiso) y el entorno político preocu-
pado por mantener el poder.
2. El desarrollo de las políticas públicas han permitido
dar un nuevo impulso a los análisis de la seguridad,
permitiendo comprender sus vinculaciones con el
poder y sus políticas. Las transformaciones que están
sufriendo los espacios geoeconómicos y geopolíticos
con el fenómeno de la glocalización afectan a los esta-
dos-nación, y en consecuencia a la seguridad. Dichas
transformaciones requieren un análisis en profundi-
dad de las políticas públicas de seguridad.
3. Una política pública de seguridad progresista, enton-
ces, tiene que ser forzosamente crítica, democrática,
comprometida con la generación de relaciones y sen-
timientos de confianza entre ciudadanos y poder.
Repensar la seguridad en clave crítica supone pensar-
la en clave de políticas públicas, como un paso a la ac-
ción, por frustrante que pueda llegar a ser su fracaso. No
es que sea muy optimista en cuanto a la tensión critica-
poder, pero es mejor fracasar tratando de transformar la
realidad que permanecer al margen sin tan siquiera ha-
ber tratado de hacerlo.
bibliogRafía
Amín, Samir (1999). El capitalismo en la era de la globalización, Barcelona: Paidós.
Beck, Ulrich (1993). “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, estructura social e ilustración ecológica”, Revista de Occidente 150, pp. 19-40.
Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo, Barcelona: Paidós.
Beck, Ulrich (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalis-mo, respuestas a la globalización, Barcelona: Paidós.
Benjamin, Walter (1991). “Para una crítica de la violencia y otros ensayos” en Iluminaciones IV. Madrid: taurus.
Bobbio, Norberto (1994). Destra e sinistra. Roma: Donzelli.
Borja, Jordi, y Manuel Castells (1999). Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información, Madrid: taurus: United Na-tions for Human Settlements.
Crawford, Adam (1997). The Local Governance of Crime. Appeals to Community and Partnerships, oxford University Press.
Crawford, Adam (ed.) (2009). Crime Prevention Policies in Com-parative Perspective, Cullumpton: Willan Pub.
Dahrendorf, Ralph (2002). Después de la democracia, Barcelona: Ed. Crítica.
Ericson, Richard V., y Haggerty, Kevin D. (1997). Policing the risk society, oxford: Clarendon Press.
Foucault, Michel (1966). Les mots et les choses. Paris: Gallimard.
Foucault, Michel (1973). Ceci n’est pas une pipe. Montpellier: L’imprimerie de la Charité.
Giddens, Anthony (1999). Consecuencias de la modernidad, Ma-drid: Alianza.
Gilling, Daniel (1997). “Crime prevention”. En Hucklesby & Wa-hidin (eds.), Criminal justice. New York: oxford University Press, pp. 11-36.
Girard, René (1972). La violence et le sacré. Paris: Grasset.
168 | Dossier
Habermas, Jürgen (2000). Après l´Etat-nation. Une nouvelle con-stellation politique, Paris: Fayard.
Hebberecht, Patrick, & Baillergeau, Evelyne (2012). Social Crime Prevention in Late Modern Europe. A Comparative Perspective. Bruxelles: VUB Press.
Hugues, Gordon (2010). “Crime Prevention”. En Mc Laughlin & Muncie (eds.). The Sage Dictionary of Criminology. London: Sage Publications, pp. 85-87.
Luhmann, Niklas (1996). Sociologia del rischio, Milano: Bruno Mondadori.
Matthews, Roger, y Youkg, Jock (2003). The new politics of cri-me and punishment Cullumpton: Willan Pub.
Mongardini, Carlo (2004). Le dimensioni sociali della paura. Mila-no: Franco Angeli.
Muller, Pierre (2006). Les politiques publiques, Paris: PUF.
Navarro, Vicenç (2003). Bienestar insuficiente, democracia incom-pleta: sobre lo que no se habla en nuestro país, Barcelona: Anagrama.
O’Malley, Pat (1998). Crime and the Risk society, Dartmouth: As-hgate.
Parlamento Europeo, Segundo Informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (1992). Sobre la entrada en vigor de los Acuerdos de Schengen. Ponente Sr. Van outrive, A3-0336/92.
Parlamento Europeo, Informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (1993). Sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos interiores de conformidad con el Tratado de la Unión Europea (título VI y otras disposiciones). Ponente Sr. Robles Piquer, A3-0215/93.
Parlamento Europeo, Informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores (1993). Sobre la participación del Parlamento en los acuerdos internacionales en los ámbitos de la justi-cia y de los asuntos interiores. Ponente Sr. jarzemboski, A3-0436/93.
Parlamento Europeo, Informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (2001). Sobre una propuesta de recomendación al Consejo relativa a un
espacio de libertad, seguridad y justicia: seguridad en las reuniones del Consejo Europeo y otros eventos similares. Ponente Sr. Graham Wat-son, A5-0396/2001.
Recasens, Amadeu (2000). “Elementos emergentes de inseguri-dad ciudadana”, Las nuevas políticas de seguridad, Revista Catalana de Seguretat Pública, Nº 6-7, p. 11-32.
Recasens, Amadeu (2003). “La seguridad, el sistema de justicia criminal y la policía”, en R. Bergalli (coord.), Sistema penal y proble-mas sociales, Valencia: tirant lo Blanch.
Recasens, Amadeu (2000). “the control of police powers”, en European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 8, Nº 3, pp. 247-269.
Recasens, Amadeu (2007). La seguridad y sus políticas. Barcelo-na: Atelier.
Resta, Eligio (1992). La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza. Bari: Laterza.
Robert, Philippe (1999). Le citoyen, le crime et l’état. Ginebra: Droz.
Robertson, Roland (1995). Global modernities, London: Sage.
Roché, Sebastian (2002). Tólerance zero? Incivilités et insecurités, París: odile jacob.
Simon, Jonathan (2007). Governing Through Crime. oxford: oxford University Press.
Subirats, Joan; Knoepfel, Peter; Larrue, Corinne, y Varone, Frédéric (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel.
Waller, Irvin (2009). Less Law, More Order: The Truth about Reduc-ing Crime. Wellington: Manor House.
Weber, Max (1987). Economía y sociedad. México: Fondo de Cul-tura Económica (1ª ed. Alemana, 1922).
Wilson, James Q., y G. L. Kelling (1982). “Broken Windows”, The Atlantic Monthly, vol. 249, 3, p. 29-38.
Zolo, Danilo (2011). Sulla paura, fragilità, aggressività, potere. Mi-lano: Franco Angeli.
avanCes de investiGaCión
La des/legitimación del delitoAproximaciones hacia una práctica ignotaMario Millones Espinosa
Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en VenezuelaDorennys Angulo García
Estudio sobre la construcción de la identidad profesional de la PNB desde los ambientes de formación inicialCaso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)Luis Díaz
Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experienciaYosjuan Piña Narváez, Eliseb Anuel, Joalbert Parra y Angie León
171
LA DES/LEGITIMACIÓN DEL DELITOAproximaciones hacia una práctica ignota
MARIO MILLONES ESPINOSA*
Resumen: entender el delito, en tanto práctica, vislumbra la com-
plejidad del comportamiento de la sociedad en su conjunto y una
multiplicidad de miradas y lugares comunes. en él se hallan desde
explicaciones economicistas hasta juicios religiosos, donde en su
gran mayoría la relación víctima/victimario es comprendida desde la
dicotomía bueno/malo. De esta manera, se construyen epítetos como
“antisociales”, “anormales” y “conductas desviadas”, entre otras.
sin embargo, algunas prácticas delictivas gozan de legitimidad social
no tanto en una forma discursiva de aprobación, sino más bien en su
forma de relación. esto es, superando la relación víctima/victimario y
sosteniéndose en la sociedad en su conjunto. el delito, en este sentido,
devendría construcción espacio-temporal constituyéndose en una rela-
ción y práctica social cotidiana (consciente o inconscientemente) bajo
el esquema de la urgencia o necesidad.
Palabras claves: delito, práctica social, des/legitimación, estructura,
agente.
Introducción
A continuación, se esbozan la problemática a estudiar y los alcances
metodológicos que se disponen en tres movimientos: primero, se delimita
y tensiona el delito como hecho plausible de objetivar; segundo, se pincela
la problemática que estaría detrás de un cierto tipo de delito (el amateur) y,
* Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Magíster en Sociología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Santiago de Chile. E-mail: mario.millones.espinosa@gmail.com
172 | aVances De inVestigación
tercero, se plantean los alcances metodológicos con al-
gunos resultados preliminares.
El delito: alcances de un problema
otorga el delito una forma esquemática de diferenciar lo
legal de lo no legal. Despliega dispositivos, instituciones y
moralidades frente a un hecho puntual que advierte un
mirar y actuar determinado en sociedad. jueces, cárce-
les, propiedad privada y la vida misma entran en tensión
cuando un hecho se acusa como delito, pues supone que
cada instancia se ve involucrada (como parte vulnerada
o castigadora) en la producción dicotómica bueno/malo.
Existe una heterogeneidad de definiciones sobre deli-
tos tan abundante que difícilmente se puede acuñar un
solo concepto o idea para su análisis. Lo que antes fuera
considerado como delito puede que hoy ya no lo sea o, in-
versamente, lo que antes no fuera considerado delito hoy
puede que sí lo sea. De esta manera, el delito no tiene un
enunciado unívoco y, por ende, es desde ya problemático
intentar definirlo. Aún más, el delito pudiera llevarse a
cabo sin la necesidad de su conciencia o efectuarse como
una práctica bajo regla. Dos ejemplos de ello: Arendt,
al proponer la banalidad del mal para el caso del juicio al
nazi Adolf Eichmann1, manifestó que para este tipo de
caso una acción individual no puede encerrarse en sí
1 Arendt advierte: “Sus actos únicamente podían considerar-se delictuosos retroactivamente. Eichmann siempre había sido un ciudadano fiel cumplidor de las leyes, y las órdenes de Hitler, que él cumplió con todo celo, tenían fuerza de ley en el tercer Reich” (Arendt, 1999: 20).
como acto completamente racional e individual, pues
su aplicación correspondió a procedimientos burocráti-
cos y administrativos establecidos, a saber: había rutinas
asignadas y burocráticamente ordenadas (primero, ex-
pulsar; luego, concentrar y, por último, exterminar). La
propuesta de Arendt, en este sentido, señala lo banal de
Eichmann, como político, burócrata y persona. Con esta
banalidad, se tensa la visión de que el nazismo fuera pro-
ducido por mentes metafísicamente malvadas: al contra-
rio, eran personas completamente banales. De allí, que
el fascismo puede producirse en cualquier persona, bajo
cualquier idea, bajo cualquier sentimiento.
Por otro lado, en el film El Chacal de Nahueltoro, el di-
rector chileno Miguel Littin muestra la doble moral de a
la ley respecto a ciertos delitos. El protagonista, un traba-
jador temporal marginal del campo, alcohólico y analfa-
beto, asesina a una mujer y sus hijos, pues no veía futu-
ro alguno en ellos sino el propio destino que él siguiera.
Luego de ir a prisión, es juzgado (además, señalado por
medios de comunicación como Chacal), educado y, poste-
riormente, condenado a muerte. Finalmente, es fusilado.
En ambos ejemplos el delito y la ley enseñan sus lími-
tes: en el primero, el delito funge como acción burocráti-
ca y dogmática, es el paroxismo de la política (eliminar al
opositor y el antagonismo2), mientras que en el segundo,
la arbitrariedad de asesinar del primero es superpuesta
con la arbitrariedad de la justicia mediante el fusilamien-
to. Es menester mencionar en este punto que la regla,
2 Este último, elemento imprescindible para la constitución de la política según Laclau y Mouffe (2010).
la des/legitimación del delito m. millones e. | 173
como señala Bourdieu (2008), delimita el poder superior
(en cuanto está sujeta a la interpretación y aplicación) y,
al definir lo que este tiene derecho a exigir, impone siem-
pre un límite de arbitrariedad, de abuso de poder. Así, el
orden burocrático entendido como las leyes no podría
funcionar si no se diera cabida a una “casuística infini-
tamente sutil del derecho [droit] y el abuso de derecho
[passe-droit]” (Bourdieu, 2008: 150).
El delito, así, resulta una construcción histórica que
ha respondido a intereses políticos y económicos cuan-
do en su aparición también se fecunda su excepción. Así,
el acto delictivo y la ley devienen síntoma. Síntoma en
tanto que cada uno de estos elementos “subvierte su pro-
pio fundamento universal” (Žižek, 2008: 339). Aquella
subversión implica la lógica de la excepción, esto quiere
decir que cada “universal […] es ‘falso’ en la medida en
que incluye necesariamente un caso específico que rom-
pe su unidad” (ídem). Allí, por ejemplo, donde un sujeto
o un colectivo actúa como agresor también está inscrito
su signo contrario (Cerbino, 2011): ser víctima de otras
violencias que se creen inexistentes u ocultas y que, por
tanto, no se enjuician ni se castigan3.
3 Habrían varios tipos de violencia. Bourgois identifica las si-guientes: violencia política (desigualdad política y económica), violencia estructural (humillación e inferiorización sistemáti-ca), violencia simbólica (aquella que se daría en las microrre-laciones). Sin embargo, Žižek también señala la existencia de una violencia invisible que, de un “modo ‘catastrófico del fun-cionamiento bien aceitado de nuestros sistemas económicos y políticos’, impide que el lugar de observación de las violencias (subjetiva y objetiva) sea el mismo, puesto que la primera de
La sociedad moderna, bajo la lógica de Bauman, es-
tablece una redistribución de las violencias y no el desa-
rraigo como se ha pensado. Por ello, el síntoma que se (d)
enuncia no es sino la violencia generalizada (redistribui-
da) de la diferenciación social con base en adquisiciones
cuya consistencia ontológica, utilizando la fórmula de
Sohn-Rethel utilizada por Žižek para su teoría de la ideo-
logía, implica un no-conocimiento de sus participantes.
El delito ha sido construido, en conjunto con la ley,
como parte prácticamente integral de las clases socia-
les. Varios son los estudios económicos y criminológicos
que asocian el delito al crecimiento del desempleo; sin
embargo, y aunque existe correlación en este hecho, no
termina por explicar la causalidad. En la construcción
simbiótica delito/clases-bajas se imprime, de esta mane-
ra, el fundamento de la modernidad, el capitalismo y el
Estado: la propiedad.
Aunque la propiedad privada como punto problemá-
tico político-filosófico puede rastrearse desde Aristóteles,
no es sino con Locke que se entiende como parte integral
de la defensa de las personas. La propiedad pasa a ser
propiedad de sí y constituye al sujeto como “ciudadano”
en conjunto con su libertad individual. Por ello, no es
coincidencia que la caricatura del delito esté relacionada
constantemente con el derecho de protección de la pro-
piedad privada y sean personas generalmente de estratos
sociales más bajos lo que se ven afectados por este mirar
y juzgar.
estas se observa como si se diera en el vacío de la otra” (Cerbino, 2011: 66).
174 | aVances De inVestigación
Con el nacimiento de las instituciones modernas, el
delito tiene así su centro ontológico en la propiedad y en
los fundamentos que privilegian cierta distribución de
los bienes. Por ello, en tanto se construye la ley, también
se construye el delito; y este, como se enunció, tendrá en
su universalidad su excepción.
Consideraciones metodológicas
El riesgo metodológico que acá se ha asumido responde,
epistemológicamente, a la idea que Feyerabend propu-
siera de que en ciencia “todo vale”4. Así, la ciencia ha
avanzado, a base de procesos elocuentes, hasta un anar-
quismo metodológico donde el énfasis no ha sido reem-
plazar un método por otro ni una hipótesis por otra (esto
es, su posibilidad de falseabilidad como estimaba Popper)
sino que ha sido, por el contrario, la misma inventiva y
arreglos a fines, cual sistema de creación (e imaginación)
de las artes, donde los científicos o investigaciones más
avanzan.
Al tratar de responder el problema planteado, enton-
ces, se utilizan indistintamente métodos y técnicas que se
adaptan al problema en cuestión y no a su inversa, esto
es, adaptar el problema a la metodología.
La historia de la ciencia, después de todo, no consta de
hechos y de conclusiones derivadas de los hechos. Con-
4 Existe una paradoja en este “todo vale” de Feyerabend que, en palabras de Horacio (2003), tiene dos variantes: la primera, todo vale en cuanto a método y, segundo, sobre el producto del conocimiento.
tiene también ideas, interpretaciones de hechos, pro-
blemas creados por interpretaciones conflictivas, erro-
res, etc. En un análisis minucioso se descubre que la
ciencia no conoce “hechos desnudos” en absoluto, sino
que los “hechos” que registra nuestro conocimiento es-
tán ya interpretados de alguna forma y son, por tanto,
esencialmente teóricos (Feyerabend, 1986: 3).
Por ello, el diseño de investigación implicó transgre-
siones a un eje fundamental del cual se respalda la cien-
cia, sobre todo la fundada en principios estadísticos: la
muestra. Esta fue escogida de manera intencional, ex-
perimental y bajo criterios de observación (e intuición)
que lejos están de poder inferir conclusiones generales.
Más bien, la intención inicial fue comenzar a plantear la
problemática de la legitimidad de prácticas sociales, y el
método aquí presentado se encamina a vislumbrar nue-
vas interrogantes para este propósito.
Diseño de la investigación
El diseño bajo los estudios mixtos reclaman una especi-
ficidad que se señala de antemano por cada autor como
cierta tarea “artesanal”, como señalan Hernández Sam-
pieri et al. (2010), pues serían “hechos a medida”. En la
presente investigación, se recogieron los datos a través de
la siguiente secuencia:
Figura 1. esquema diseño DeXplos.
observación
cualitativo
encuesta
cuantitativo
análisis e interpretación
de los resultados
la des/legitimación del delito m. millones e. | 175
Cuando se combinan técnicas cualitativas y cuan-
titativas, los diseños reciben nombres particulares de
acuerdo a la jerarquización o distribución de los análi-
sis. Para este caso, el estudio comienza con una técnica
cualitativa (observación) y luego una técnica cuantita-
tiva (cuestionario). Este tipo de diseño recibe el nombre
de “diseño exploratorio secuencial” (DEXPLoS), el cual
implica una fase inicial de recolección de datos cualita-
tivos (observación) seguida de una donde se recaban y
analizan datos cuantitativos.
Hay dos modalidades, a su vez, de este tipo de diseño
dependiendo de su finalidad: derivativa y comparativa.
En la primera, el análisis de datos cuantitativos se sostie-
ne o se construye sobre la base de datos cualitativos (caso
de la presente investigación) y, en la segunda, se reco-
lectan y analizan datos cualitativos y cuantitativos para
posteriormente comprar ambos resultados e interpretar
así de mejor manera la problemática anunciada.
Como se anticipó, las técnicas de recolección de datos
para esta investigación fueron dos: observación y cues-
tionario.
» Observación: comenzó con una participación moderada
para terminar en una participación pasiva, conside-
rando esta última propicia para recolectar datos sin
una intervención en el espacio, que pueda generar
problemas posteriores para efectos de la investigación
en cuanto a entrega de información.
» Cuestionario: se elaboraron preguntas cerradas con
una sola posibilidad de respuesta. Los ítems de los
cuales se extrajeron las variables son: identificación,
condiciones laborales, consumo, expectativas, prácti-
cas y percepción.
No obstante este último, el proceso de observación
es transversal a todo el proceso puesto que, como toda
investigación cualitativa, la posibilidad de replantear
objetivos es latente a medida que se van encontrando
variables a investigar o, por el contrario, descartar. ta-
les técnicas de recolección de datos se guiaron por las si-
guientes interrogantes:
» ¿Existen prácticas delictivas socialmente legitimadas?
» ¿Qué implicaría el proceso de des/legitimación de una
práctica?
» ¿Qué condiciones sociales influyen en que una prácti-
ca delictiva goce de cierta des/legitimidad?
Para responder estas interrogantes, la investigación
aplicó estas técnicas de recolección de datos a jóvenes de
Caracas, específicamente, de la parroquia Catia. Se ha es-
cogido a jóvenes, sobre todo, por ser ellos quienes más se
ven afectados por delitos como robo y hurto y por ser este
mismo grupo quienes mayoritariamente son indicados
como los que más cometerían los mismos delitos. Esto no
quiere decir, sin embargo, que a quienes se les van a apli-
car los cuestionarios se les considera a priori como parte
de estos dos grupos, sobre todo del segundo. Más bien, lo
que se quiere es conocer su percepción (como grupo so-
cial) sobre ciertas prácticas cotidianas, algunas condicio-
nes socioeconómicas a las cuales se encuentran sujetos
y si des/legitiman prácticas delictivas en tanto jóvenes.
176 | aVances De inVestigación
De esta manera, el objetivo principal de la investiga-
ción es examinar y analizar el proceso de des/legitimación
de prácticas delictivas entre jóvenes trabajadores/as y no tra-
bajadores/as de la parroquia Catia. A su vez, los objetivos
específicos son:
» identificar las condiciones laborales y expectativas de
trabajo a las cuales están sujetos jóvenes trabajado-
res/as del comercio del bulevar de Catia, de comer-
cio ambulante (buhoneros) del sector de la estación
de metro Gato Negro y de jóvenes del grupo Pa-
ranpanpan que hacen vida en el Parque Alí Primera
de Catia.
» Comparar las opciones y necesidades de consumo de
estos grupos de jóvenes.
» identificar, comparar y analizar los procesos de des/
legitimación de ciertas prácticas delictivas entre estos
grupos de jóvenes.
De esta manera, bajo los objetivos planteados, se pre-
sentan a continuación los resultados preliminares de la
encuesta en cantidades totales y porcentuales.
Resultados preliminares de la encuesta
La encuesta jóvenes, Consumo, Expectativas y Prácticas,
aplicada entre los días 22 de julio y 3 de agosto, arrojó los
siguientes resultados:
» De un total de 101 jóvenes encuestados, 51,5% co-
rrespondió a mujeres y 48,5% a hombres. En cuanto
a la estratificación por grupo, 50,5% correspondió
a trabajadores/as del bulevar de Catia (de los cua-
les, 25,49% fueron del sexo masculino y 74,51%
del femenino); 19,8% a trabajadores/as ambulantes
o también llamados buhoneros (de los cuales, 65%
fueron del sexo masculino y 35% del femenino) del
sector aledaño a la estación de metro Gato Negro, y
los/las jóvenes pertenecientes al grupo Paranpanpan
completaron el restante 29,7% (del que un 76,67%
correspondió al sexo masculino, mientras que un
23,33% al femenino).
» Respecto a la edad de los encuestados/as, donde más
se concentró la población fue en el rango que va de
los 18 a los 20 años con un 35,5%, seguido del rango
que fluctúa entre los 15 y 17 años con 23,8% y, por
último, entre los 21 y 23 años donde alcanzó 15,8%.
De esta manera, se señala que el mayor porcentaje
de personas encuestadas en los espacios escogidos va
desde los 15 hasta los 23 años y bordea 75,2% del to-
tal. El resto, es decir, un 24,8% se divide entre jóvenes
que van desde los 24 hasta los 35 años de edad.
» La distribución de los rangos de edad por grupos ma-
nifiesta que, para el caso de los/las trabajadores/as
del bulevar de Catia, el rango que más encuestados
tuvo fue el que concierne a las edades entre 18 y 20
años (33,33%), seguido del rango que fluctúa entre
21 y 23 años (19,61%), mientras que, en el caso de
los/las buhoneros del sector del metro Gato Negro,
nuevamente el rango que va de 18 a 20 años es el que
más encuestados tuvo (40%), seguido de los rangos
la des/legitimación del delito m. millones e. | 177
que van de los 27 a los 29 años y de los 15 a los 17
años (15% cada uno). Por último, en el grupo deno-
minado “Paranpanpan”, el rango que va de los 15 a
los 17 años (46,67%) fue el que tuvo más encuesta-
dos/as, seguido del rango que fluctúa entre 18 y 20
años (36,67%).
» En cuanto a la pregunta sobre la situación actual en
que se encuentran los/las jóvenes encuestados/as,
solo 1% señaló encontrarse únicamente estudiando
mientras que 49,5% mencionó solo estar trabajando.
A su vez, 23,8% manifestó encontrarse en una situa-
ción de estudiante y a veces trabajando, mientras que
9,9% afirmó estar trabajando y a veces estudiando.
Quienes señalaron que buscaban trabajo alcanzaron
15,8% del total.
» Por otro lado, y de acuerdo con la interrogante que
planteaba las formas de contrato a quienes señalaron
que se encontraban trabajando (incluye a quienes lo
complementan con estudios), 40,6% de los/as en-
cuestados señaló no estar regido bajo ningún tipo de
contrato, mientras que 29,7% dijo estarlo con carac-
terísticas de “fijo”. Asimismo, 4% dijo tener contra-
to a honorario o destajo, mientras que 5,9% señaló
mantener un contrato solo de palabra.
» En este sentido, es el sexo femenino el que se ve más
afectado por la carencia de algún tipo de contrato al
llegar hasta 50% de las encuestadas, mientras que
en el sexo masculino esta situación llega a 30,61%.
De igual manera, los rangos de edad que más se ven
afectados por esta situación son jóvenes que fluctúan
entre 15 y 23 años que alcanzan un 30% del total.
Quienes afirmaron, por el contrario, que gozaban de
contrato fijo, en el caso del sexo femenino llegaron
a 30,77%, mientras que el sexo masculino alcanzó
28,57%.
» En cuanto a las condiciones salariales de los/las jó-
venes encuestados, 31,7% señaló que obtiene una
remuneración menor a Bs 1.800, seguido de 30,7%
que oscila entre Bs 1.801 y 2.500, mientras solo 3%
dijo sobrepasar los Bs 3.000 mensuales. En la estra-
tificación por sexo, 42,31% de las mujeres señaló
ganar entre Bs 1.801 y 2.500 y 38,46% dijo ganar
menos de Bs 1.800; mientras que, en el caso de los
hombres, 18,37% dijo estar en un rango mensual en-
tre Bs 1.801 y 2.500, mientras que 24,49% manifes-
tó ganar menos de Bs 1.800.
» Por último, en cuanto a movilidad laboral se refiere,
el 26,7% de los jóvenes encuestados señaló haber te-
nido entre dos y cuatro trabajos y el 13,9% dijo haber
tenido más de cuatro. Asimismo, 22,8% dijo no haber
tenido trabajo alguno anteriormente y 19,8% seña-
ló haber tenido solo uno. De los jóvenes que dijeron
que habían trabajado anteriormente, 23,8% dijo no
haber tenido contrato escrito en ninguno de sus tra-
bajos anteriores, mientras que 14,9% manifestó que
solo en algunos tuvo contrato. Únicamente el 12,9%
dijo haber tenido contrato escrito en su/s anterior/es
trabajo/s.
178 | aVances De inVestigación
» En resumen y haciendo un mapa de las principales
características de los/as jóvenes encuestados, se apre-
cia en primer lugar que, en el caso del sexo masculino,
la gran mayoría tiene un salario menor a Bs 1.800
(24,49%) y un porcentaje significativo alcanza al me-
nos dos salarios mínimos (hasta Bs 2.500), mientras
que en el caso de las mujeres son más las que alcan-
zan lo equivalente a dos salarios mínimos (42,31%),
aunque la proporción de quienes ganan menos del
salario mínimo también aumenta (38,46%) si se
comprara con los hombres.
» En segundo lugar, la movilidad laboral se aprecia
como una condicionante transversal puesto que un
60,4% señaló haber tenido al menos un trabajo an-
teriormente (sumando las alternativas “al menos un
trabajo”, “entre dos y cuatro” y “más de cuatro”). He-
cho significativo si se recuerda que gran parte de los/
las encuestados/as fluctúa entre los 15 y los 23 años,
es decir, son jóvenes que o dejaron de estudiar o no lo
pueden hacer de manera regular a tiempo completo.
» Por último, son jóvenes que en su mayoría (46,5%) no
suelen tener contratos de trabajo (se suma “no tengo
contrato” y “tengo, pero de palabra”), por lo que la
posibilidad de exigir lo que se establece en la ley como
finiquitos, beneficios, salario sobre el mínimo y pago
de horas extras, entre otras formas de explotación su-
brepticias, salen a flote y conllevan una trayectoria
tanto inestable como precaria.
Conclusiones preliminares
La investigación en proceso intenta, como se señaló,
abrir interrogantes frente a los modos de ver y compren-
der el delito en aquella relación víctima/victimario. Bajo
la idea de que el delito se comporta, como toda relación,
en un entramado de interconexiones sociales, inciden-
cias estructurales simbólicas y, sobre todo, condiciones
materiales que objetivan conductas, el delito como robo
y hurto aparecería como una práctica que en muchas
ocasiones se encuentra legitimada socialmente. No obs-
tante, esta legitimación pareciera tener características
particulares que, lejos de discursos aprobatorios, esta-
rían más cerca de prácticas situadas en los esquemas de
la urgencia y necesidad en una coyuntura espacio-tem-
poral determinada.
La legitimidad de ciertos delitos, así, subvierte la re-
lación víctima/victimario y entrega insumos para com-
prender la problemática de las prácticas sociales, pues
integra responsabilidades a la sociedad en su conjunto
tanto en la posible causa del delito como su manteni-
miento en el tiempo (¿haciendo, por tanto, rentable el
delito?)
Salarios bajos, ausencia de contrato laboral y trayec-
toria laboral inestable son las principales características
del grupo de jóvenes encuestados, sumado a un gran
porcentaje de jóvenes que se encuentran desempleados.
Es menester señalar que, por el momento, no es posible
solo con estos datos establecer relación alguna entre le-
gitimidad de delitos y condiciones socioeconómicas. No
obstante, la posibilidad de que ello ocurra en la prácti-
la des/legitimación del delito m. millones e. | 179
ca sin duda aumenta al mantenerse una vida precaria e
inestable, laboralmente hablando.
Para indagar en ello, la encuesta consideró interro-
gantes que van desde consumo y expectativas laborales
hasta la posibilidad de aceptar como legítimo un delito si
la necesidad del momento lo amerita. Así, en resumen,
se intenta abrir nuevas interrogantes con los datos que
la encuesta arroja e intentar enunciar y tensionar el de-
lito (como el robo o hurto) estableciendo de antemano su
complejidad en tanto práctica ignota.
bibliogRafía
Arendt, Hannah (1999). Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. Barcelona: Lumen. [traducción: Carlos Ribalta]
Bourdieu, Pierre (2008). Las estructuras sociales de la econo-mía. Buenos Aires: Manantial. [traducción: Horacio Pons]
Cerbino, Mauro (2011). “jóvenes víctimas de violencias y pandillas, claves de intelección para una aproximación crítica”. En Mauro Cerbino (coord.). Más allá de las pandillas: violencias, juventudes y resistencias en el mundo globalizado, Vol. 1, pp. 47-71, Quito: Flacso, Ministerio de inclusión Económica y Social.
Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (2010). Hegemonía y es-trategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Bue-nos Aires: FCE.
Hernández Sampieri et al. (2010). Metodología de la investiga-ción. México D.F.: McGraw Hill, 5ta edición.
Horacio, Bernardo (2003). “De la paradoja en el todo vale de Paul Feyerabend a la falacia de la falsa libertad”. En A Par-te Rei, núm. 25, enero, pp. 1-5. Madrid. Consultado el 18-07-2012 en http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/horacio.pdf
Feyerabend, Paul (1968). Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Madrid: tecnos. [tra-ducción: Diego Ribes]
Žižek, Slavoj (2008). Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE.
180
Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en Venezuela
DORENNYS ANGULO GARCíA*1
Resumen: la investigación de la que trata este avance es una guía de
lo que en sus distintos momentos ha sido el abordaje de la prevención
del delito en Venezuela, analizando sus enfoques, concepto y, en la
medida que así lo permitió la información disponible, datos estadísti-
cos que evidencian los resultados de esas políticas en el marco de una
política criminal en el contexto venezolano. en este se encuentra una
compilación histórica de las políticas de seguridad implementadas
por el ejecutivo nacional en el ámbito preventivo en el período com-
prendido entre 1970 y 2011, se presenta también elementos cualita-
tivos a través de la valoración que una representación de los informan-
tes claves en la materia hacen a estas políticas. igualmente se hace una
revisión de la legislación aplicable en el marco de una política pública.
Palabras clave: prevención, delito, delincuencia, políticas, planes.
Las investigaciones en materia penal, y más específicamente en lo cri-
minal, resultan particularmente complejas debido a la escasez de fuentes
confiables de información. Por esta razón, el Vicerrectorado de Creación in-
telectual y Vinculación Social de la Universidad Nacional Experimental de
la Seguridad, como parte de los aportes para la construcción y desarrollo de
políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana, planteó la necesidad
de contar con un documento que sistematice la información sobre políticas,
programas, planes y proyectos ejecutados en materia preventiva durante
* Investigadora invitada de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (2012), magíster en Estado de Derecho y Corrupción (2007) por la misma casa de estudios y abogada egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua (2004).
cuatro décadas de prevención del delito D. angulo g. | 181
los últimos cuarenta años. El estudio Balance: cuatro dé-
cadas de prevención del delito en Venezuela es una compila-
ción histórica de los datos disponibles sobre políticas de
seguridad implementadas por el Ejecutivo nacional en el
ámbito preventivo, durante el período comprendido en-
tre 1970 y 2011, a fin de presentar al lector una guía de
lo que en sus distintos momentos ha sido el abordaje de
la prevención del delito en Venezuela, analizando sus en-
foques, conceptos y, en la medida en que así lo permitió
la información disponible, datos estadísticos que eviden-
cian cuáles han sido los resultados dentro del marco de
una política criminal en el contexto venezolano.
A través de una investigación de tipo documental, se
revisaron las posiciones desde distintas disciplinas como
la sociología, la psicología, la criminología, las ciencias
y artes militares, el periodismo y el derecho frente a las
políticas de prevención del delito en Venezuela. Seguida-
mente se efectuó una revisión detallada de la legislación
patria y de los denominados Planes de la Nación en los
que cada Gobierno estableció la concepción, las metas,
las estrategias y los retos que asumiría en distintas mate-
rias, así como los informes de gestión o memorias y cuen-
tas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones in-
teriores y justicia. Los datos cuantitativos se compararon
con la información obtenida a través de entrevistas se-
miestructuradas con actores clave, a fin de presentar una
evaluación cualitativa de estas políticas. Finalmente, se
evaluó la trayectoria de la institución encargada llevar
adelante esta ardua labor: la Dirección General de Pre-
vención del Delito, un organismo ejecutivo con suficiente
rango administrativo y oficinas en todos los estados del
país, creado para desarrollar programas, adelantar in-
vestigaciones sobre las causas del delito y promover su
labor a través de campañas de concientización.
De igual manera, se intentó presentar una sistemati-
zación de iniciativas locales en materia preventiva, pero
solo se obtuvo información de experiencias desarrolla-
das en los estados Zulia y Carabobo. Sobre este punto, la
información no es exhaustiva sino que responde a una
selección de información con base en los documentos
disponibles y a la identificación de casos relevantes o
exitosos, referidos por los expertos en las entrevistas rea-
lizadas. Vale la pena señalar que las tesis en materia de
prevención del delito en Venezuela, al día de hoy, debe-
rían revisarse y debatirse. Las hipótesis que se han plan-
teado han ayudado a mantener cierta forma de control
sobre algunos delitos, fundamentalmente aquellos que
afectan a las clases económicamente dominantes, pero
no a evitar que estos ocurran o a erradicar las causas que
llevaron a ese individuo a delinquir, ni por vía directa ni
por consecuencia; todavía existen muchos mitos prove-
nientes de nuestra historia inquisitiva, del positivismo y
su influencia en el derecho penal, según los cuales aún se
cree firmemente que la pena por sí misma previene la co-
misión del delito y que todos los caminos terminan en la
cárcel, como ente resocializador del individuo y solución
a los problemas de seguridad (de algunos).
Prevenir el delito es una actividad cuya verificación
o evaluación es muy difícil de hacer, ya que es prácti-
camente imposible medir los delitos que, gracias a una
intervención temprana, se lograron evitar. Sus políticas
están destinadas a ser invisibles para muchos y producir
resultados a largo plazo; incluso, lo que pudiera consi-
182 | aVances De inVestigación
derarse como logro muchas veces se sumerge dentro
de otras políticas, en materia de educación, urbanismo,
etcétera. Algunos autores coinciden en que la preven-
ción es una función eminentemente técnica que requie-
re, entre otras cosas, de una labor rigurosa de revisión
constante tanto de los éxitos como de los fracasos de
los planes, programas o medidas implementadas, antes
de proceder al diseño de nuevas políticas. A lo largo de
este trabajo se pudo conocer que, en cuarenta años de
existencia del órgano ejecutor de la política preventiva,
la forma de desarrollar el trabajo ha variado muy poco.
A pesar de todos los cambios experimentados por la so-
ciedad, sus planes no se presentan como una continua-
ción ajustada del anterior ni prevén su prolongación más
allá del período quinquenal. La institución ha mostrado
siempre su resuelta voluntad de cumplir con sus fun-
ciones pero, lamentablemente, no ha tenido ni tiene el
apoyo político y económico necesario para desarrollar de
manera eficiente el rol que le compete.
En cuanto a los objetivos adoptados por la Dirección
General de Prevención del Delito, se observa que han
transitado en sus distintas etapas por la “aplicación de
medidas preventivas en las principales ciudades del país,
con especial atención a las áreas marginales y su pobla-
ción joven” y “el establecimiento de programas preventi-
vos concretos en aquellas zonas de mayor concentración
poblacional de menores, jóvenes y adultos con trastornos
de conducta, donde el auge delictivo sea muy elevado”,
hasta llegar a medidas mucho más acertadas como pre-
venir la “violencia criminal y no criminal”, independien-
temente de la zona o del grupo etario en que se presente.
Lo que demuestra que existen muchas técnicas, enfoques
y tipos de prevención, cuya puesta en marcha dependerá
de los objetivos que se quieran lograr, el tipo de delito y
el momento sobre el que se intervendrá. De manera que
para cada síntoma hay una respuesta que puede atacar
la verdadera causa del problema o simplemente aliviar
sus efectos. En Venezuela, la prevención del delito ha
pasado a la historia como una actividad necesaria pero
sobre la que se invierte muy poco como política pública,
la cual ha tenido momentos de mayor connotación en
lo que se refiere a su incorporación en el discurso de las
autoridades en materia de seguridad. Sin embargo, esa
importancia no se ha traducido en el presupuesto des-
tinado para esta materia, a pesar de que la inversión en
prevención, aparte de ser menos costosa, permite incre-
mentar la calidad de vida y desarrollo humano, en tanto
que sus efectos sobre la violencia son más permanentes y
efectivos, aparte de su enorme efecto multiplicador.
Como gran aprendizaje podría decirse que, al día de
hoy, las instituciones, tanto regionales como nacionales,
han comprendido que los niveles de inseguridad no se van
a poder disminuir sin la ayuda de los ciudadanos y que las
autoridades deben avocarse a construir el sentido de co-
munidad donde no exista o reconstruirlo donde se ha per-
dido. En tanto que la política criminal no es un problema
entre leyes, delincuentes, víctimas y jueces, sino que invo-
lucra a toda la estructura social en la cual se manifiesta la
criminalidad, es de esperarse que esa política se traduzca
en programas operativos que afecten no solo a los grupos
“vulnerables”, sino también a quienes de alguna manera
pueden contribuir a reducir el grado de “vulnerabilidad”
cuatro décadas de prevención del delito D. angulo g. | 183
de aquellos. Y una excelente manera de hacerlo es enten-
der que para que haya seguridad hay que empezar por cu-
brir las necesidades sociales de la gente, y para ello es nece-
sario incluir en las discusiones del plano de la seguridad a
los sectores sociales que mucho tienen que aportar para la
generación de convivencia y, en definitiva, de ciudadanía.
En Venezuela, hasta ahora, no se ha formulado una
verdadera política criminal. Por ello, las respuestas al fe-
nómeno han carecido de coherencia, han consistido en
respuestas espasmódicas frente a determinados sucesos
y han discriminado determinadas clases sociales. Por
ejemplo: ¿qué delitos se previenen? y ¿quiénes cometen
esos delitos? Si solo se persigue el hurto, el robo y el ho-
micidio, se tiende a criminalizar los sectores populares,
porque lo que está en la agenda pública es que son es-
tos los delitos que merecen intervención. Ante la crisis
de valores que vive nuestra sociedad, las víctimas y los
victimarios no deben buscarse en una sola clase social,
ya que la conducta delictiva se aprende de la misma for-
ma que la conducta no delictiva: por imitación.
184
Estudio sobre la construcción de la identidad profesional
de la PNB desde los ambientes de formación inicial
Caso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)
LUIS DíAZ*
Resumen: la presente investigación se planteó analizar el proceso de
construcción de la identidad profesional de los funcionarios pertene-
cientes a la policía nacional Bolivariana (pnB) durante su etapa de for-
mación inicial. realizamos un estudio de caso enfocado en discentes
pertenecientes a la ii cohorte del curso Básico del programa nacional
de formación policial (pnf) del cefounes-helicoide (2012). entende-
remos la identidad profesional como una construcción social donde
se cruza de manera compleja lo estructural con lo individual, donde
los sujetos, a la vez que son formados por la academia, también tie-
nen una participación activa en sus procesos de institucionalización
(Dubar, 2000). indagamos las características que adquieren los proce-
sos identitarios en el contexto de los profundos cambios derivados
de la implementación de un nuevo modelo policial en el país, donde
la pnB y las nuevas propuestas de formación policial tienen un papel
destacado. para cumplir con los objetivos planteados construimos
una estrategia metodológica cualitativa multi-método que compren-
dió la realización de entrevistas a profundidad, entrevistas temáticas,
observación participante, grupos focales y análisis documental. como
resultado del proceso de investigación esperamos comprender cuáles
son las principales representaciones, discursos y prácticas a partir de
las cuales se conforman las identidades de los futuros integrantes de
la pnB durante la etapa de formación inicial, así como las tensiones
* Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES; e-mail: dialuis@gmail.com.
construcción de la identidad profesional l. Díaz | 185
y diálogos derivados de la construcción de los
nuevos procesos formativos, cónsonos con las
concepciones que se proponen desde el nuevo
modelo policial.
Palabras claves: policías, formación inicial, iden-
tidad profesional.
Introducción
La presente investigación se planteó analizar el pro-
ceso de construcción de la identidad profesional de los
funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) durante su etapa de formación inicial. La Po-
licía Nacional Bolivariana es una institución de creación
reciente (2009), producto del proceso de reforma policial
más profunda y sistemática en la historia de Venezuela
respecto a sus cuerpos de seguridad. Esta se iniciará con
la conformación de la CoNAREPoL (2006) que, a partir
de un diagnóstico integral de los cuerpos policiales así
como de una amplia consulta nacional, propondrá un
nuevo modelo policial para el país acorde a los principios
democráticos y de justicia social presentes en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela.
Este nuevo modelo será recogido en la Ley orgánica
del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
(2008), dando inicio a una nueva etapa de operacionali-
zación que contemplará la creación del Consejo General
de Policía (2009), la aprobación de la Ley del Estatuto
de la Función Policial (2009) y una serie de resolucio-
nes ministeriales por medio de las cuales se normarán
áreas claves de la función policial. todo lo anterior forma
el corpus del nuevo modelo policial a partir del cual las
diferentes policías del país tienen el mandato de adecuar
su estructura y funcionamiento.
La PNB nacerá con el nuevo modelo y la institucionali-
dad que este propone, por lo que no emprenderá el proceso
de adecuación requerido para el resto de los cuerpos poli-
ciales. A diferencia de los otros organismos, la PNB llevará
a cabo un proceso de selección, evaluación y migración
de sus integrantes iniciales, en su mayoría provenientes de
la disuelta Policía Metropolitana y tránsito, para reentre-
narlos acorde a los nuevos principios rectores.
Una de las grandes aristas del nuevo modelo policial
estará representada por la creación de procesos formati-
vos del personal policial, cónsonos con los nuevos princi-
pios que guían su actuación. Para esto se realizará una
propuesta de formación curricular que creará, entre
otras propuestas pedagógicas, un Curso Básico de For-
mación Policial que representará una ruptura con res-
pecto a la forma en que se había entendido la formación
policial hasta ese momento, represiva y de marcado corte
militarista, así como una propuesta unificada frente a la
dispersión y heterogeneidad de las propuestas de forma-
ción que existían en las diferentes policías del país.
El Curso Básico de Formación Policial está concebido
como un modelo cíclico, innovador, dinámico e interacti-
vo para la formación de un profesional policial que, bajo
un enfoque crítico-reflexivo, ético-dialéctico y lúdico-vi-
vencial, desarrolle sus potencialidades de forma global y
186 | aVances De inVestigación
logre integrar las necesidades de su ambiente educativo y
comunidad a sus experiencias de aprendizaje, junto con
las de un ejercicio de competencias policiales capaces de
fusionar estos factores a un contexto de seguridad poten-
cialmente renovador, en correspondencia con los ámbi-
tos particulares de la diversidad geográfica de la nación.
Diseño curricular del Curso Básico de Formación Policial
En agosto de 2011, se graduó la primera cohorte del PNF
básico policial, formada íntegramente desde esta nueva
propuesta, ya que no provenían del ejercicio previo de la
función policial, a diferencia de los integrantes iniciales
de la PNB. En esa primera cohorte se graduaron 2.518
oficiales que pasaron a formar parte de la PNB. En la ac-
tualidad culminó el proceso de formación de la ii cohor-
te del PNF Básico Policial del CEFoUNES-Caracas. Esta
promoción, en un principio, estuvo integrada por 4.256
discentes de los cuales se graduaron 3.191 el 25 de sep-
tiembre de 2012. Durante este último período se realizó
el trabajo de campo de la presente investigación.
De la identidad a las identidades
El concepto de identidad, como muchos otros conceptos
de la sociología, ha sido sometido a la crítica, repensa-
do, deconstruido y complejizado en las últimas décadas1.
1 Las ciencias sociales no han permanecido ajenas a los cam-bios del mundo global ya que la magnitud de los mismos ha
Hall señala que el proceso de deconstrucción del concep-
to de identidad se dirigió fundamentalmente a repensar
los aspectos esencialistas a los que este hacía referencia.
La carrera semántica preestablecida de este concepto se-
ñala un núcleo estable del yo que, de principio a fin, se
desenvuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes
de la historia; y hace referencia a un fragmento del yo
que ya es y sigue siendo siempre “el mismo”, idéntico a sí
mismo a lo largo del tiempo (Hall, 1996). La reformula-
ciones de este concepto se dirigen a señalar el papel cen-
tral de las interacciones sociales, de los contextos en que
se desarrollan y por lo tanto del carácter dinámico de las
construcciones identitarias.
En este sentido, para la presente investigación par-
timos de los aportes de Dubet (2006) y Dubar (2000,
2001) que sintetizan algunos de los debates recientes
sobre el tema. Estos autores proponen que la identidad es
una construcción social signada por la complejidad y en
la que se articulan dinámicas y fragmentos provenientes
de múltiples discursos y prácticas. Por lo que tendremos
un conjunto de experiencias, sentidos y dinámicas que
se articulan en sujetos e instituciones concretas que ex-
presan esa diversidad, produciendo múltiples identida-
des. Este concepto de identidad abandonará cualquier
afectado el edificio conceptual sobre el cual había sido fundada. tenti Fanfani (2002) señala que esto se debe a los profundos cambios en las instituciones y en las relaciones sociales con res-pecto a las referidas por la sociología clásica “...aunque la so-ciología como tradición discursiva lo olvide a menudo, la socie-dad de la que hablaba era por lo general una sociedad nacional-estatal (...) Hoy son otras las condiciones del desarrollo social”.
construcción de la identidad profesional l. Díaz | 187
pretensión esencialista y pasará a ser estratégico y po-
sicional. Por lo que la identidad será una construcción
constante que se da en la interacción del individuo con
los otros y con las instituciones.
Para Dubar (2000) la identidad es el “resultado a la
vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo
y objetivo, biográfico y estructural de los diversos proce-
sos de socialización que conjuntamente construyen a los
individuos y definen a las instituciones”. Esta perspectiva
implica una superación de la histórica visión dicotómica
entre posturas estructurales-objetivistas e individuales-
subjetivistas en la construcción de la identidad al plan-
tear la articulación entre las condiciones estructurales y
la recreación que desde el “sí mismo” efectúa el sujeto. El
sujeto tendrá un rol activo, no solo en la construcción de
su identidad, sino también en la de las instituciones de
las que forma parte. De esa manera, no solo la institu-
ción propone una identidad al sujeto sino que este tiene
un papel relevante en la formación de la propia identidad
institucional.
Así la identidad en general y la identidad profesional
en particular serán el resultado de procesos colectivos
de interacción donde se articulan las trayectorias de los
individuos con las trayectorias más amplias de las ins-
tituciones. En esas articulaciones se produce la alteri-
dad necesaria que permitirá la creación de espacios de
diferenciación con los “otros”. Lo asible de la identidad
serán aquellos discursos, prácticas, representaciones e
imaginarios que le permitan a un individuo, grupo o ins-
titución diferenciarse de un “otro”, en contextos sociales
que se caracterizan por la diversidad de las interacciones
entre los sujetos.
Lo relevante del estudio de la identidad profesional
en los procesos de formación inicial se debe a que los/as
discentes no solo adquieren los conocimientos “necesa-
rios”, implícitos y explícitos que los capacitan para ejer-
cer las funciones policiales, sino que también aprenden a
“ser” policías. Esto significa un proceso de socialización
en un conjunto de valores, creencias, representaciones,
códigos y prácticas de lo que se considera es un policía
en determinado contexto histórico e institucional, y que
servirá como base para la construcción de su identidad
social y profesional. Entenderemos la identidad profesio-
nal como un cruce entre tres aspectos claves: el proceso
de formación inicial, la biografía personal y elementos
posteriores que se adquieren durante el desempeño de la
carrera policial.
Ejes a partir de los cuales se planteó la investigación
identificamos tres ejes a partir de los cuales estudiar los
procesos identitarios en la presente investigación. Un pri-
mer nivel tiene que ver con que la identidad del policía
no se construye aislada del contexto social, por lo que es
necesario dar cuenta de los referentes históricos e ideoló-
gicos en su definición. Una de las fases de la investigación
será la revisión de los discursos sobre los que se ha cons-
tituido la profesión policial, así como de los distintos ima-
ginarios sobre la figura del policía, imaginarios que son
la base de significaciones sobre las cuales se ha construi-
188 | aVances De inVestigación
do la identidad policial2 en Venezuela. Los imaginarios
tienen sentido en los contextos de interacción social, por
lo que los propios centros de formación son un contexto
privilegiado de reproducción, significación, negación y
disputa de estos imaginarios.
Un segundo eje estará definido por las interacciones
entre los diferentes actores que hacen vida en los cen-
tros de formación: las prácticas de formación y de socia-
bilidad, los órdenes reales, simbólicos e imaginarios, así
como el entramado de disputas, negociaciones, conflic-
tos que tiene lugar con la implantación del nuevo modelo
y la entrada en diálogo de representaciones, discursos y
prácticas que han sido hegemónicos en el rol de policía.
todos estos elementos son parte de la socialización du-
rante el momento de formación y, por lo tanto, una de las
bases de la identidad profesional.
El último eje comprenderá las resignificaciones que
las/os discentes hacen de las experiencias vividas en su
trayectoria biográfica y durante su formación, momento
en que las/os discentes definen su identidad “para sí” en
interacción, negociación, disputa, con otros significantes
2 Así tenemos que algunos de los elementos que han carac-terizado la identidad policial en nuestro país provienen de las imágenes asociadas a la extinta Policía Metropolitana, entre los que tenemos: uso abusivo de la autoridad, corrupción, maltra-tos internos y externos –especialmente dirigidos a grupos vul-nerables y minorías–, discrecionalidad de las acciones. Esto se vuelve de interés en un doble sentido: por un lado, porque ello forma parte de los imaginarios hegemónicos que constituyen la función policial en el país y, por otro, porque parte de los in-tegrantes de este cuerpo, después de un proceso de selección y reentrenamiento, pasaron a formar parte de la nueva PNB.
en diferentes contextos como la familia, los pares, la co-
munidad y el mismo centro de formación.
Podemos resumir los tres ejes de la siguiente manera:
1. El de las representaciones, históricas y actuales, sobre
la identidad policial.
2. El relacional-institucional, que explora el vínculo en-
tre los sujetos en los centros de formación y los con-
textos institucionales.
3. El subjetivo de los/as discentes que da cuenta de la
construcción del “ser policía” a partir de las dimen-
siones simbólico-imaginaria y de los procesos en los
que se constituyen.
A partir de estos ejes, se diseñó una estrategia meto-
dológica que tomara en cuenta la complejidad presente
en cada uno de estos niveles, así como las diferentes for-
mas de articulación e interdependencia que cada uno
presenta. Esto orientó la investigación a la utilización de
un enfoque multimétodo3. En los enfoques de este tipo se
utilizan dos o más métodos o técnicas de investigación
para indagar determinado fenómeno, asumiendo que
cada uno presenta potencialidades y limitaciones pro-
pias, y que su uso conjunto permite potenciar aspectos
favorables y complementarios para la comprensión de la
realidad a estudiar (Bolívar, 2008).
3 Estos enfoques pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos o también diferentes técnicas o procedimientos de recolección de información para el estudio de un fenómeno o realidad concreta.
construcción de la identidad profesional l. Díaz | 189
En nuestro diseño primó la visión de tipo cualitativo,
a partir del cual utilizamos diferentes técnicas de recolec-
ción de información entre las que tenemos: análisis do-
cumental, observación en los ambientes de formación,
entrevistas temáticas formales e informales, entrevistas
en profundidad y grupos focales con discentes. todas las
técnicas utilizadas estuvieron orientadas a la compren-
sión de los sentidos y significados que los sujetos y las
instituciones construyen alrededor de sus prácticas co-
tidianas.
Esta estrategia metodológica nos permitió tener un
acercamiento flexible a las necesidades de comprensión y
explicación de la realidad estudiada. Los diferentes acer-
camientos nos permitieron tener un cuadro que combina
dimensiones subjetivas y objetivas centrales para la com-
prensión de los procesos identitarios. Durante el trabajo
de campo, se pudo comprobar la complementariedad de
los insumos obtenidos para el estudio de un fenómeno
complejo como el de la identidad.
Por otro lado, esta opción metodológica también se
nos presentó como acertada para dar cuenta del momen-
to constituyente en el que se encuentra la institucionali-
dad encargada de la formación de los oficiales, propuesta
desde el Nuevo Modelo Policial. Esto significó dar cuenta
de un proceso que propone un cambio profundo en las
maneras en que se había entendido el mandato policial
hasta los momentos en el país y que, por lo tanto, se en-
cuentra en constante pugna con las representaciones
hegemónicas presentes en la sociedad venezolana. Cam-
bio que, a su vez, ha llevado a replantear tanto las formas
como los contenidos de la enseñanza policial. Por lo que
el ámbito de estudio no fue una realidad estructurada
social e históricamente sino una institución que se en-
cuentra en fase de fundación, transformación y consoli-
dación, lo que sin duda tiene una importante influencia
sobre los procesos, actores y estructuras estudiados.
Por último, la realización de esta investigación y lo
que significó en cuanto a presencia dentro del centro de
formación y de acceso a los diferentes actores que lo con-
forman, solo pudo ser posible gracias a la nueva mirada
sobre el mandato y la formación policial. Los cambios im-
pulsados desde el Nuevo Modelo Policial han permitido
el escrutinio y contraloría pública en áreas que tradicio-
nalmente habían sido veladas a la sociedad en general.
Plantear una investigación de este tipo no hubiese sido
posible debido al carácter secreto y apartado del ámbito
“civil” con el que se asumía la función y formación poli-
cial en el viejo modelo. Esperamos que esta investigación
sea la primera de una línea de investigación que se dedi-
que a reflexionar sobre la función policial y los diferentes
procesos relacionados en sociedades democráticas. Ám-
bito de investigación marginal en las ciencias sociales, en
parte por el carácter velado al que hemos hecho referen-
cia, pero también por prejuicios del mundo académico al
abordar estos temas, a pesar de la necesidad de hacerlo
para la construcción de un ámbito de debate que per-
mita avanzar en la democratización de una institución
que tiene un papel importante en sociedades complejas.
(Sain, 2008)
190 | aVances De inVestigación
RefeRencias bibliogRáficas
Bolívar, Carlos (2008). “El enfoque Multimétodo en la inves-tigación Social y Educativa. Una mirada desde el Paradigma de la Complejidad”. En: Teré Revista de filosofía y socio-política de la educación, Nº 8, 2008 , pp. 13-28.
Dubar, Claude (2001). “El trabajo y las identidades profesio-nales y personales”, en Trayectorias ocupacionales y mercado de trabajo. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, número 13, 2001, pp. 5-16. Argentina.
____ (2000). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, A. Colin, 3e édition.
Dubet, Francois (2006). El declive de la institución. Profesio-
nes, sujetos e individuos en la modernidad. Gedisa. España.
Hall, S. (1996). “introducción: ¿Quien necesita identidad?”.
En: Hall, S (ed.), Cuestiones deidentidad cultural. Londres: Sage.
Sain, Marcelo (2008). El leviatán azul. Política y policía en la
Argentina. Buenos Aires: Siglo XXi.
Tenti Fanfani, Emilio (2002) “La socialización”. En: Alt-
mirano, C. (Ed). términos críticos.Diccionario de sociología de la
cultura. Paidos 2002, Buenos Aires.
191
“No somos la sombra de lo que vemos en el barrio, pero sí aprendemos de ellas”
Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experiencia
YOSJUAN PIÑA NARVÁEZ, ELISEB ANUEL,
JOALBERT PARRA Y ANGIE LEÓN*
Resumen: las jóvenes y los jóvenes de catia viven en una de las parro-
quias más violentas de caracas. se encuentran en contextos de exclusión.
la universidad nacional experimental de la seguridad promueve y apo-
ya una iniciativa de organización popular como estrategia de inclusión
y prevención de la violencia: el colectivo paranpanpan, compuesto por
jóvenes distanciados del modelo de joven hegemónico formal. reali-
zan prácticas culturales que son consideradas “alternativas” al modelo
dominante de ser joven, dibujado desde el enfoque del mercado y mol-
deado por la pirámide de ascenso social y de desarrollo de un proyecto
de vida lineal (educación primaria, secundaria, universidad, matrimonio,
profesionalización, reproducción). algunos de los jóvenes identificados
con el paranpanpan estudian, otros desertaron pero muchos de ellos y
ellas configuran sus identidades con culturas ligadas a las artes y la ex-
presividad urbana, y encuentran en ellas un camino para “luchar” y para
abrir espacios de participación. reconocen en la producción cultural y en
sus estéticas una opción distinta a la violencia y al “malandreo”. aunque
muchas veces coquetean con las prácticas delictivas e ilegales –pero le-
gítimas para ellos– identifican la expresividad artística como herramienta
de lucha política, que puede tener repercusión e impacto entre pares.
Valoran la educación, cuestionan el modelo educativo bancario, represor;
reconocen la importancia de la formación y saben que en el hacer y a
través de la expresividad de sus identidades proscritas generan resisten-
cia y cambios. se constituyen como una comunidad afectiva a partir de
expresiones artístico-culturales.
Palabras claves: juventud(es), identidades, violencia.
* investigadores e investigadoras del Programa de juventud y transformación del Vicerrectorado de Creación intelectual y Vinculación Social de la UNES.
192 | aVances De inVestigación
Yo decidí agarrar unas latas de spray y no agarrar una
pistola. Nosotros no somos la sombra de eso que vemos
en el barrio, pero sí aprendemos de eso que vemos. El
rap y el grafiti son herramientas efectivas que utilizamos
para llegar a jóvenes (…) nos permiten mostrarles que po-
demos hacer cosas distintas a la violencia1. J.,17 años
Objetivo general
» Conocer y caracterizar prácticas culturales e identi-
dades proscritas, construidas por jóvenes de sectores
populares urbanos, habitantes de la parroquia Sucre
de Catia.
» Describir el proceso de organización y participa-
ción protagonizado por jóvenes del colectivo El Pa-
ranpanpan de Catia2, como iniciativa de inclusión y
de prevención.
Metodología
Esta investigación está inscrita en el paradigma cualita-
tivo bajo el enfoque investigación-acción participativa
para la transformación. técnicas de educación popular
permitieron problematizar y construir una reflexión de
la realidad juvenil y del contexto de exclusión que se vive,
1 Entrevista realizada a joven participante en el Programa juventud y transformación, ejecutado por la Universidad Na-cional Experimental de la Seguridad.
2 Grupo político cultural de jóvenes de la parroquia Sucre.
a partir de los momentos de encuentros con los jóvenes.
Esto implicó aproximarnos a sus modelos de vida, cono-
cer los significados de sus vivencias y visiones de mundo,
las proyecciones de vida y su percepción de “la política
nacional”. Ejercicios etnográficos de observación parti-
cipante y entrevistas focalizadas sirvieron de herramien-
tas para registrar e identificar ¿en qué andan las jóvenes
y los jóvenes de Catia?, (de)codificando el lenguaje ca-
llejero, y junto a ellos construir estrategias de acción y
transformación de la realidad en que viven.
Descripción del problema
Las jóvenes y los jóvenes de Catia viven en una de las
parroquias más violentas de Caracas. Se encuentran en
contextos de exclusión. La Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES) promueve y apoya una
iniciativa de organización popular como estrategia de
inclusión y prevención de la violencia: el colectivo Pa-
ranpanpan, compuesto por jóvenes que se distancian del
modelo de joven hegemónico formal. Realizan prácticas
culturales consideradas “alternativas” al modelo domi-
nante de ser joven, dibujado desde el enfoque del mercado
y moldeado por la pirámide de ascenso social y de desa-
rrollo de un proyecto de vida lineal (educación primaria,
secundaria, universidad, matrimonio, profesionaliza-
ción, reproducción). Algunos de los jóvenes identificados
con el Paranpanpan estudian, otros desertaron pero mu-
chos de ellos configuran sus identidades con culturas li-
gadas a las artes y la expresividad urbana, y encuentran
en ellas un camino para “luchar” y para abrir espacios
identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 193
de participación. Reconocen en la producción cultural
y sus estéticas una opción distinta a la violencia y al
“malandreo”, Aunque muchas veces coquetean con las
prácticas delictivas e ilegales –pero legítimas para ellos–
identifican la expresividad artística como herramienta
de lucha política, que puede tener repercusión e impacto
entre pares. Valoran la educación, cuestionan el modelo
educativo bancario, represor; reconocen la importancia
de la formación y saben que en el hacer y a través de la
expresividad de sus identidades proscritas generan resis-
tencia y cambios. Se constituyen como una comunidad
afectiva a partir de expresiones artístico-culturales y a
partir de su territorio: Catia, en el oeste de la ciudad.
1. Catia, entre el colibrí y la “culebra”
Catia comparte junto a otros sectores, barrios y favelas
de nuestra América Latina historias de cómo se desa-
rrollaron las grandes ciudades latinoamericanas, cuyos
habitantes provienen de diferentes partes del mundo y
de estados del interior del país. Hoy en día, la parroquia
Sucre tiene una riqueza multicultural tan grande como
su extensión y tan grande como las precariedades y des-
igualdades que este desarrollo trajo consigo. El sector
comprende una gran extensión territorial en la que se
ubican desarrollos habitacionales multifamiliares y vi-
viendas ocupadas por clase media, así como barrios que
se expanden por sus laderas.
Geográficamente, es la entrada a Caracas y la parro-
quia más grande en extensión territorial y poblacional
del municipio Libertador. también es la que muestra ma-
yor incidencia de homicidios: para 2011, fueron 348 los
casos y los jóvenes varones sus mayores victimas. Según
el Censo de Población y Vivienda de 2001, esta parro-
quia acogía 352.040 habitantes en 58,3 km2 de superfi-
cie. De las tres parroquias más pobladas de Caracas, Su-
cre encabeza la lista con un 19,2% de la población total3,
a pesar ocupar solo el 7,2% del territorio de la capital.
Catia es considerada una “pequeña ciudad”. Se dice
“que lo tiene todo”, gracias a lo cual, muchas veces, sus ha-
bitantes no se ven en la necesidad de ir hasta el centro de la
ciudad para realizar sus diferentes actividades comerciales,
estudiantiles, deportivas, médicas, laborales o de servicios.
La comunidad estudiantil de Sucre es la más volumi-
nosa de todas las parroquias de Caracas: 118.266 estu-
diantes de primaria y secundaria registrados por el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación, durante el
período escolar 2007-2008, matriculados en 259 unida-
des educativas. La fuerza de trabajo de la parroquia para
2011 es de 267.285 habitantes, una cifra importante si
consideramos que se trata del 75% de su población.
Así como es grande en extensión, identidad, multi-
culturalidad, actividades comerciales, estudiantiles, la-
borales y de servicios, sus problemas también lo son: ho-
micidios, lesiones personales, violencia de género, delitos
contra la propiedad, robos y hurtos son los delitos que
mayoritariamente ocurren en Catia4.
3 instituto Nacional de Estadística. Síntesis Estadística 2010.
4 Durante 2011 se registraron 300 homicidios en la parro-quia Sucre, lo que arroja una tasa de 75,3 por cada 100.000 habitantes, 56,8% mayor a la tasa nacional de 2010 que fue de
194 | aVances De inVestigación
Ante este panorama, existe una fuerte preocupación
acerca del presente y futuro de los/as adolescentes y jó-
48 homicidios por cada 100.000 habitantes, según lo reporta-do por el Ministerio de Poder Popular para las Relaciones inte-riores y justicia. En 2011 se registraron 685 lesiones persona-les, el delito de mayor ocurrencia anual en la parroquia Sucre, con una tasa de 171,8 lesiones por cada 100.000 habitantes. Para 2011, el Centro de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC) registró 584 delitos de violencia de género en la parroquia, el segundo delito más reportado. Ese mismo año se registraron 356 robos y 454 hurtos en la parro-quia Sucre, con una tasa de 89,3 robos y de 113,9 hurtos por cada 100.000 habitantes. (En Descripción y caracterización de la parroquia Sucre, Vicerrectorado de Creación intelectual y Vin-culación Social, UNES. Caracas, 2011.)
venes, principales victimas y victimarios de esta realidad.
Muchos han estado involucrados en actividades delin-
cuenciales como venta y distribución de drogas, uso de
armas de fuego y participación en bandas armadas –or-
ganizadas o no–, lo cual ha hecho que la desigualdad y la
exclusión social, cultural y material de la joven y el joven
de Catia haya profundizado las carencias y por ende sus
problemas.
La joven y el joven de Catia han crecido en un con-
texto que presenta una serie de complejas problemáticas
sociales, relacionadas con el uso frecuente de armas de
fuego como medio para resolver los conflictos, venta de
drogas, enfrentamientos entre bandas, conflictos entre
Sexo y grupo de edad especial / IndicadorDistrito Capital Parroquia Sucre
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
Población menor de 3 años 48.400 46.364 94.764 10.689 10.025 20.714
Población en edad escolar
de 3 a 6 años 68.254 64.931 133.185 14.771 13.945 28.716
de 7 a 14 años 134.759 130.106 264.865 28.494 27.354 55.848
de 15 a 17 años 50.276 49.685 99.961 10.109 10.124 20.233
de 18 a 24 años 122.198 121.523 243.721 23.950 23.823 47.773
Población infantil (0 a 11 años) 201.758 192.967 394.725 43.560 41.271 84.831
Población adolescentes (12 a 17 años) 99.931 98.119 198.050 20.503 20.177 40.680
Población de 18 y más años 722.538 788.091 1.510.629 133.423 139.701 273.124
Población en la fuerza de trabajo (15 a 64 años) 704.338 739745 1.444.083 133.149 135.166 268.315
Población femenina en edad reproductiva (15 a 49 años) 573.251 1.123.675 108.157 5.968
Tabla 1. Población del Distrito Capital y de la parroquia Sucre, según sexo y grupo de edad especial e indicadores de relaciones demográficas, 2010
identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 195
vecinos, deserción escolar, abuso del poder de quienes
imparten la educación y crisis en la familia. Ante esto se
desprende un alto índice de impunidad que los trastoca;
todo esto ha generado un ambiente de miedo, inseguri-
dad y rechazo traducido en rebeldía permanente. Aparte
de que aquellos que debieran encargarse de servir como
agentes de protección, en lugar de presentarse como una
solución ante el conflicto, han actuado como sus enemi-
gos, sus jueces y hasta sus verdugos.
2. “No somos malandros, somos lacras”
jóvenes pertenecientes al Paranpanpan representan co-
munidades afectivas a partir de expresiones artístico-
culturales, y la zona que los ancla: Catia, representa una
estrategia que busca en primer lugar la cohesión y la iden-
tificación dentro de la diversidad, para la agitación y trans-
formación del contexto que muchas veces los acorrala. En
este sentido, la identificación entre sí, entre pares y con el
proyecto de transformación es clave para la incidencia pú-
blica en el área de inseguridad dentro de la parroquia.
Las identidades juveniles, dentro de la estrategia del
Programa juventud y transformación, implica una es-
tructura organizativa formal o informal, que vincula
valores y ética del grupo, códigos de comportamientos,
maneras de vestir, de comunicarse (signos visibles de
identificación y diferenciación). Estos signos se gestan
en una doble dimensión identidad/alteridad y que reúne
múltiples manifestaciones de ser joven: el/la joven mili-
tante, el/la artista, el/la estudiante, el/la desertor/a del
sistema educativo, el/la joven transgresor/a, entre otros/
as. Este juego entre la inclusión y la exclusión tienen que
ver con la afinidad que se tenga con el Programa juven-
tud y transformación y con su plataforma organizadora
y de movilización, el Paranpanpan.
A nosotros nos pintan como lo peor de Caracas, solo
porque somos del oeste, podemos invitar a alguien del
Este pa`un toque y nos va a decir: tas`loco, Yo pa`Catia
no voy, eso allá es puro malandro. (Testimonio de una
joven de Paranpanpan.)
“Soy lacra, soy de la calle, del under.” Así se identi-
fican los jóvenes que hacen vida en el Paranpanpan de
calle. Existe una identificación con códigos de habla de los
sectores populares. Valoración del lenguaje de calle en
oposición a lo que ellos llaman el “o, sea”, de los niños
“fresa o sifrinos”. Eso les hace ser ellos/as.
Ser lacra: “Lacra es: hacer algo bien, representar una
determinada actividad con éxito. Por ejemplo: ser buen
estudiante, ser buen deportista, ser pluralista, compro-
metido con la comunidad.”
“Ser, en el mejor sentido, rebelde y porque sabe mane-
jarse en la calle, ser líder. Es mantenerse alejado com-
pletamente de las armas.”
“organizándose y siendo activos/as en la participación
para el bienestar de la comunidad, a través de la con-
cientización del ser joven, entendiendo a este/a como
actores de transformación e importancia política.”
“Revolucionar la parroquia Catia con ‘una movida
bien’, una identidad juvenil apegada a la conciencia
política de cada persona. Manifestando el interés por el
196 | aVances De inVestigación
arte: organización de toques, fiestas, eventos, encuen-
tros juveniles, grafitismo, muralismo, etcétera.” (Focus
groups realizados con jóvenes del Paranpanpan)
Evidenciamos trincheras simbólicas que reflejan identida-
des proscritas. Entendemos las identidades como la cons-
trucción de umbrales simbólicos de adscripción o perte-
nencia, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo
juvenil y quiénes quedan excluidos” (Valenzuela, 1997).
En este caso, son jóvenes que le otorgan fuerza valorati-
va a lo “proscrito”. Las identidades proscritas son cons-
trucciones sociales que buscan “la defensa de ámbitos
y enclaves simbólicos que ellos [los jóvenes] han creado
y reconocen como propios” (Margulis y Urresti, 2002:
18). Este tipo de identificación es rechazada por el look o
el tipo ideal del joven domesticado, “normalito”. Es una
exaltación de lo under (Piña, 2007),
...una cultura subterránea, relegada por el gusto legíti-
mo socialmente difundido. Los grupos underground son
conglomerados locales que tienen conexión global (con
resignificaciones locales), y a través de esta circulan ideas
de resistencia y visiones del mundo ante las representa-
ciones dominantes que propicia el mercado posicional.
Es una resistencia que se manifiesta mediante la adop-
ción de identidades de grupo, lealtades a expresiones
artístico-musicales, maneras de vestir, códigos de habla.
jóvenes del Paranpanpan viven en la alternancia, en un
cerrar y abrir la puerta de lo legítimo y lo ilegítimo. Se ma-
nifiesta una construcción de una identidad aceptada:
“normal, formal”; y una identidad proscrita que atilda lo
ilegítimo y lo ilegal entre pares y en el contexto de la calle,
pues estas prácticas les otorgan singularidad, respeto y re-
conocimiento social. Los jóvenes se desplazan por distintos
contextos legales e ilegales, formales e informales que les
permiten gestionar agencias de control. Existe una pugna
entre la estructura social y la agencia instalada por el indi-
viduo. Es decir, cuando se excluyen (o se autoexcluyen) de
espacios que les dan identidad, los jóvenes buscan una for-
ma de construirse como sujetos visibles: el ser lacra. Esto
se traduce en el vivir siendo lacra, en apostar a la lógica del
“rescate o el pesque”, “raquear” unas latas para dejar una
huella en la calle, cómo “rescatar” un celular, una gorra,
una patineta, para venderla y rebuscarse; colaborar en la
casa, comprar ropa y acceder a la indumentaria de moda,
que les ofrece reconocimiento en el grupo de pertenencia.
Esta es la lógica del proveedor que plantea que “cualquier
recurso, sin importar procedencia, es legítimo si permite
cubrir una necesidad” (Kessler, 2004: 41).
Para Kessler (2004) “el trabajo está subordinado a la
centralidad de las acciones delictivas y en muchos casos
funciona como simple coartada”. Esta dinámica de transi-
ción constante, este ir y venir de ambos mundos, lo cata-
loga como el paso de la lógica del trabajador al proveedor.
La diferencia fundamental entre una y otra está en la
fuente de legitimidad de los recursos obtenidos, que en la
lógica del trabajador reside en el origen del dinero; el fruto
del trabajo honesto en una ocupación responsable y reco-
nocida socialmente. En la lógica de provisión, en cambio,
la legitimidad ya no se encuentra en el origen del dinero,
sino en su utilización para su satisfacción de necesidades.
identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 197
La legitimidad de lo ilícito, de tomar la calle, usarla y
transgredirla, de “frentear” y resistirse a la policía, busca
resaltar la cultura under y la experiencia que se tiene en
ella, como un plus significativo entre las jóvenes y los jó-
venes. Puede que exista la misma oportunidad lícita que
la ilícita, pero la valoración entre ambas es asimétrica,
instrumental, de acuerdo al contexto y la situación. La
autoadscripción a lo ilícito, a lo “lacra” en su acepción
delictiva –vista desde la lógica adultocéntrica–, es o bien
producto de la precariedad o de la instrumentalización y
el sentido de sus acciones ilícitas: respeto, reconocimien-
to, obtención de bienes, valoración del riesgo y en trán-
sito por los márgenes de lo legal/ilegítimo, reafirmación
de una identidad que supravalora los códigos del barrio/
cárcel y por ende la violencia. La violencia se constituye
como elemento constitutivo del sujeto (agenciación), y la
valoración simbólica de identidades proscritas vincula-
das a actos delictivos se plantea como forma de reconoci-
miento social y como un nuevo capital simbólico que se
reconfigura en lo social (Wieviorka, 2006)
3. Se prendió el Paranpanpan
La experiencia de abordaje y vinculación con jóvenes
de la parroquia se inició con la estrategia de intriga y de
agitación. En las redes sociales se creó una plataforma
web (Facebook) para comenzar un proceso de conexión
y vinculación con las jóvenes y los jóvenes identificados
con el movimiento hip-hop, así como con otras culturas
y prácticas culturales5 alternativas. Los primeros sujetos
5 Las prácticas socioculturales serán concebidas como aque-
de vinculación son jóvenes que se distancian del mode-
lo “oficial”, realizan prácticas culturales y se configuran
en comunidades afectivas con producciones simbólicas
propias, así como no forman parte de un modelo de jo-
ven ideal construido por las expectativas de rol del Es-
tado: joven politizado, militante, que ha participado en
grupos de participación tradicional (partidos políticos).
Se identificaron actores primarios para la realización de
actividades de agitación, movilización y encuentro, ge-
neralmente con el acercamiento de jóvenes varones. Se
identificó un lugar para el “estar” de los jóvenes: las in-
mediaciones del Parque Alí Primera. Se comenzó la ac-
tivación con un grupo con experiencia en el mundo del
hip-hop, que fungió como coproductor de la actividades
posteriores (tomas culturales, patinatas, pancartazos,
murales, etcétera).
Las primeras actividades estaban caracterizadas por la
espontaneidad de los chamos, el desconocimiento de las
normativas para la realización de eventos y el enfrentarse al
adultocentrismo como patrón cultural de relacionamiento
intergeneneracional, el cual implica una hegemonía (re-
glas, ordenamiento del mundo, modelos de conducta, etcé-
tera) de la generación adulta sobre la generación emergen-
te. En palabras de K. Duarte y B. Solano (2003):
llas manifestaciones colectivas de los grupos juveniles: lenguaje, códigos estructurados, maneras de pensar, de actuar, expresiones artísticas y lúdicas, ejecutadas a partir de la apropiación simbólica de bienes materiales o no, y de prácticas sociales y culturales pro-venientes de latitudes distintas a la de pertenencia. Estas prácticas determinan la cohesión grupal, los procesos de identificación y di-ferenciación de las jóvenes y los jóvenes. En Piña Narváez (2007).
198 | aVances De inVestigación
Una sociedad que pone en (condición de) superioridad
a algunas personas por sobre otras por el solo hecho de
tener cierta edad (más de 29 y menos de 65 años) o cum-
plir ciertos roles sociales (trabajar, estar casado, hacer
servicio militar y participar en elecciones, entre otros) y
que pone en inferioridad de preparación a los niños, ni-
ñas y jóvenes es adultocentrista. Debiera entender que
luchar contra el adultocentrismo no es luchar contra
los adultos, sino contra las expresiones de esa cultura
dominante, y al mismo tiempo construir identidades ju-
veniles desde los aportes que podemos hacer en nuestro
mundo y desde las potencialidades que poseemos.
A esta cultura dominante, de ordenamiento y subesti-
mación del trabajo, se enfrentan los jóvenes con quienes
se inició la vinculación. El consejo comunal, la alcaldía,
la familia, grupos religiosos y grupos políticos manifies-
tan posturas adultocéntricas que se constituyen como
obstáculos para la participación de los jóvenes. Posterior-
mente se inició un proceso de negociación y mediación
con poco consenso.
4. “Los pacos siempre nos chocan el carro.” Violencia y prevención social comunitaria
Ganar confianza e iniciar un proceso de transformación
social con jóvenes de sectores populares, desde una ins-
titución que trabaja por la seguridad, ha sido un proceso
complejo pues, en la valoración colectiva de los jóvenes,
los cuerpos policiales representan represión: son quie-
nes “chocan el carro” (expresión de conflicto usada en
el habla común) a estos jóvenes. Existe reconocimiento
al proceso de acompañamiento que realiza la Universi-
dad Nacional Experimental de la Seguridad, a través de la
oficina de Vinculación Social, pero no precisamente esta
confianza y respeto existe con los funcionarios policiales.
Se evidencia una no-credibilidad con “la institución po-
licial”: una encuesta realizada a 328 jóvenes de la parro-
quia, donde se les consultaba la confianza en los cuerpos
policiales, arrojó que el 60% de los jóvenes no tiene con-
fianza en la policía. Existe un reconocimiento a un nuevo
modelo en gestación de la policía, pero al mismo tiempo
los jóvenes utilizan los adjetivos “paco”, “sapo”, “tombo”
y “bruja” para referirse al ejercicio de la función policial
en cuyas actividades diarias, generalmente, se genera
una relación de tensión con la “autoridad”. Dentro del
proceso de construcción de identificaciones: la autoridad
que expresa la policía no entra entre las valoraciones de
las jóvenes y los jóvenes, y circunstancialmente se ma-
nifiesta una relación de respeto/irrespeto, valoración/
rechazo, atribuible a las experiencias vivenciales vincu-
ladas al abuso policial: matraqueo, hostigamiento, cateo
policial injustificado, detención. Este rechazo es mas evi-
dente en jóvenes varones vinculados al Paranpanpan,
que de por sí constituyen el género con mayor presencia.
La masculinización de la participación en estos espacios
culturales corresponde, entre otras cosas, a la división
sexual del espacio y al control dominante en mujeres jó-
venes, ante la amenaza que representa “lo público como
lugar de la violencia”, y la valoración simbólica que tiene
“ser lacra”, pues está relacionada con expresiones de la
masculinidad hegemónica.
Se ha apostado a la autorregulación como medida
identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 199
preventiva. En un año de agitación comunitaria (2011-
2012) y actividades realizadas por los jóvenes, la presen-
cia policial ha sido cero, por decisión del Paranpanpan:
es una apuesta a la prevención a partir de la organiza-
ción, el autocontrol y la gestión colectiva del espacio.
Este ejercicio fáctico de prevención entra en contradic-
ción con la demanda de personas adultas en las comu-
nidades quienes exigen mayor presencia y patrullaje
policial para controlar las actividades de los jóvenes que
son vistos como amenaza. Este enfoque preventivo de la
violencia se inscribe en la prevención social comunitaria,
en tanto se fundamenta en la búsqueda de los factores
sociales que generan delitos/faltas o prácticas ilícitas. En
tal sentido, busca realizar trabajos de interacción y vin-
culación desde una perspectiva etiológica para la preven-
ción de faltas y prácticas ilícitas y la disminución de los
riesgos que nos aproximan a ellas. Los jóvenes asumen
el protagonismo y el control, pero cuando ocurre “algo”
ilegítimo para la mirada de otros (consumo de drogas,
micrográfico) se cuestiona lo que para ellos es conside-
rado normal.
Algunas consideraciones finales
Ser lacra y no ser malandro/a, ¿qué significa esto para las
jóvenes y los jóvenes de Catia? Se pasean entre lo positivo
y lo negativo de una palabra que, al ser escuchada por
los adultos, refiere a la vida en las cárceles de Venezuela,
para muchos la universidad de las “lacras”, de las peo-
res personas dentro o fuera del margen de lo socialmente
aceptado.
Para las jóvenes y los jóvenes de Catia, es un juego
de palabras, es como se habla en la calle, es la manera
de identificar de dónde viene, con quién y en dónde ha
estado, cómo recorre y vive la ciudad: Caracas, una lacra
más, una ciudad marcada, temida, proscrita, rebelde, y
no es que es así actualmente, es que así se formó, nació,
es. Estos/as jóvenes la han resignificado, precisamente
son sus carencias económicas, afectivas, de regulación,
las que les han hecho desarrollar su identidad proscrita;
al salir molestos/as, indignados/as ante un regaño del
padre, madre o del profesor de turno, al no tener dine-
ro para pagar el pasaje en el transporte público o en el
metro, han tenido que caminarla, recorrerla, de noche o
de día, desarrollando una relación entre la identidad de
la propia Caracas, Catia y ellos/as, aprendiendo a hablar
para no dejarse “conejear” o “chigüiriar”6 por otros/as,
a caminar, vestirse, peinarse, andar. Son esas prácticas,
formas de ser, actuar, vivir, las que los han hecho lacras;
no malandros, no se trata de cometer delitos, no lo bus-
can, se trata de diferenciarse, de levantar la voz ante un
forma de orden que los/as obliga a no ser como realmente
son, a uniformarse en la vestimenta, en los pensamien-
tos, en la manera de ser, guardan el espíritu proscrito y
rebelde de los “malandros” de antes, de décadas pasadas,
quienes robaban para darle a los pobres del barrio. Se di-
ferencian de los de hoy, no son “malandros”, son lacras.
“Ser lacra” y “la-crearse”, el crear a través de su
6 términos que utilizan dentro de su jerga para referirse al hecho de dejarse manipular, joder por otros/as adultos/as, jóvenes que quieren imponerse a la fuerza o no ante ellos/as.
200 | aVances De inVestigación
música, de sus letras, pinturas, vestimentas, prácticas,
murales, ideas, protestas explosivas, cómicas, violentas,
artísticas, la necesidad de crearse estrategias para so-
brevivir, para hacerse respetar en la calle, ser leal a su
manera bajo las normas construidas al interior del gru-
po de una manera silente, pero estable: estrategias para
alimentarse, encontrar trabajo, mantenerlo, comprar el
preservativo o la pastilla para la “jevita”7, la necesidad de
diferenciarse del otro que sigue a la masa, la necesidad
de ser un/a proscrito/a, de siempre “chocar el carro”8
ante un orden que desde la cuna hasta la tumba les dice
cómo deben comportarse, qué es lo correcto, lo “ético”,
la moral, las “buenas costumbres”, las etapas de la vida
y su orden perfecto y cronológico como si de un reloj sui-
zo se tratara. El “orden” que se olvidó cómo nos hicimos
naciones, ciudades, personas, jóvenes. Y es así bajo estos
principios que se juntan, se organizan en un orden poco
comprendido, encuentran en ese juntarse una identifi-
cación “colectiva”, que ofrece una alternativa a la vio-
lencia, que esgrime como una manera de solucionar un
flagelo que los afecta, se configura una forma alternativa
de hacer política de incidir en o público y de transformar
sus realidades inmediatas.
7 Novia.
8 Ser antipático, rebelde de mala manera, ante una situación o persona.
bibliogRafía consultada
Bourdieu, Pierre (1970). La distinción, Madrid: taurus.
Bourgois, Philippe (2010). En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. Ed. S. XXi.
Duarte Quapper, Klaudio, y Boris Tobar Solano (2003). “Ser joven en sociedades adultocéntricas”. Cuadernos teológicos, pastorial 4. Producción cooperada Enpses-Mercie Group Cujae, La Habana.
Kessler, Gabriel (2004). Sociología del delito amateur. Buenos Aires. Ed. Paidós, 2004.
Margulis, Mario y Urresti, M. (2002). “La construcción so-cial de la condición de juventud” en Cubides, Humberto, María C. Laverde y C. Valderrama (Editores) “Viviendo a toda” Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre.
Martín Barbero, Jesús 2002 (1998). “jóvenes: des-orden cultural y palimpsestos de identidad” en Cubides, Humberto, y María Cristina Laverde toscano (Editores) “Viviendo a toda” Jó-venes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre.
Piña Narváez, Yosjuan (2007). “Construcción de identida-des (identificaciones) juveniles urbanas: movimiento cultural underground”, en Mato, Daniel, y Alejandro Maldonado Fer-mín (2007), Cultura y transformaciones sociales en tiempos de glo-balización. Perspectivas latinoamericanas.
Valenzuela, José Manuel 2002 (1998). “Culturas juveniles, identidades transitorias” en Cubides, Humberto, y María Cris-tina Laverde toscano (eds.) “Viviendo a toda”. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre.
Wieviorka, Michek (2006). “La violencia. Destrucción y constitución del sujeto”, Revista Espacio Abierto, pp. 239-248.
ENTREVISTA
MáxiMo soZZoRecursos de la izquierda para pensar alternativaspor Antonio González Plessmann
203
Entrevista al criminólogo
Máximo sozzo
Recursos de la izquierda para pensar alternativaspor Antonio González Plessmann
MÁXIMO SOZZO es sociólogo y criminólogo, con amplia trayectoria en
investigaciones sobre teoría criminológica, policía, prevención del deli-
to, relación entre psiquiatría y justicia penal, estadísticas sobre la cues-
tión criminal y política criminal en diversos países de América Latina y el
mundo. Ha sido investigador y profesor titular de Criminología en varias
universidades; ha participado en múltiples eventos académicos como ex-
positor invitado en la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Estados Unidos,
Canadá, España, Italia, Hun gría y Gran Bretaña. Destacamos su participa-
ción en la Maestría en Seguridad Ciudadana y Sistema Penal con Perspectiva
Crítica, de nuestra Universidad. Entre sus numerosas publicaciones, pode-
mos mencionar Por una sociología crítica del control social (coord., 2010),
Historias de la Cuestión Criminal en la Argentina (2009), Inseguridad, preven-
ción y policía (2008), Reconstruyendo las criminologías críticas (coord., 2006)
y Policía, violencia y democracia. Ensayos sociológicos (2005).
Antonio González Plessmann: —Para empezar, nos gustaría que hicie-
ras algunas aproximaciones a cómo ha abordado la izquierda las políticas
de seguridad.
Máximo Sozzo: —Fundamentalmente, creo que, para la tradición del pen-
samiento y la práctica de izquierda, el problema de las políticas de seguridad
frente al delito ha sido un tema crucial y al mismo tiempo problemático,
204 | entreVista
porque durante un tiempo –y sobre todo, en las últimas
tres décadas– hubo una fuerte hegemonización de esta
temática por parte de las fuerzas de la derecha. Eso ha
generado que muchas veces la izquierda olvide ciertos re-
cursos que tiene en su propia tradición intelectual para
pensar este problema y proponer alternativas políticas.
Creo que hay que enfatizar la necesidad de realizar un
esfuerzo por parte de esa tradición política –con su plu-
ralidad interna– para repensar algunos puntos que están
en su misma tradición intelectual y que son útiles para
pensar el presente.
En particular, el pensamiento de izquierda se carac-
teriza fundamentalmente por poner en el centro de la re-
flexión acerca de los asuntos humanos y sociales la cues-
tión de la igualdad. La cuestión de la igualdad tiene un
fuerte impacto en el problema del delito que claramente
se traduce en uno de los puntos cruciales de la cuestión
criminal: el problema de la selectividad de las institucio-
nes penales –policía, administración de justicia penal,
prisión–.
Nuestros sistemas penales, en las sociedades con-
temporáneas, se comportan selectivamente focalizan-
do el “delito de los débiles”, de los sujetos económica y
socialmente menos fuertes en la vida social, atrapando
aquellos tipos de delitos que son más fáciles de detectar
e investigar, deteniendo a los sujetos que, por tener me-
nos poder político y social, son más fáciles de aprehender.
Eso se deriva en la reproducción de un efecto cultural ex-
traordinariamente fuerte que los medios masivos de co-
municación en las sociedades contemporáneas se encar-
gan de amplificar, que es que construyen una sinonimia
entre esas formas de delito y la palabra delito en general; y
esto produce un fuerte nivel de ocultamiento y tolerancia
de los delitos producidos por los sujetos poderosos. Esto
genera muchos problemas en las políticas acerca del de-
lito. El primero es, sin lugar a dudas, el problema de que
los delitos de los poderosos no son focalizados como un
blanco por parte de las instituciones penales, pese a los
niveles de daño social que suelen producir. El segundo,
muy importante también, es que se pierde de vista que el
delito de los poderosos, en muchos casos, construye im-
pulsos para la producción de delitos de los débiles, para
generar lo que podríamos llamar la “carne de cañón”
del sistema penal. Los mercados ilegales en las socieda-
des contemporáneas existen porque hay entramados
que atraviesan la estructura social en donde hay sujetos
poderosos y sujetos débiles que se encuentran relaciona-
dos por una cadena de pasos en la producción de rédito
a través del mercado ilegal. Por ende, me parece que es
crucial revertir el problema de la selectividad y colocarlo
en el centro de la escena. Revertir el problema de la selec-
tividad es una orientación, un norte para la transforma-
ción estructural del funcionamiento de las instituciones
penales. Debemos colocar en el centro de la escena la
persecución de los delitos graves, la persecución de los
delitos de los poderosos; debemos repensar la manera en
la que las instituciones penales intervienen sobre la feno-
menología delictiva y, a partir de ahí, se deriva una serie
de necesidades de cambio. Por eso, el pensamiento de iz-
quierda es un pensamiento acerca de la reforma radical,
recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 205
es un pensamiento acerca de la necesidad de repensar los
modos tradicionales de actuar en este campo que clara-
mente han contribuido al resultado de la selectividad.
AG: —¿Cómo crees tú que se podrían revertir estos pro-
cesos que se han desarrollado hasta ahora?
MS: —Reconstruir esos modos de actuar es obviamen-
te un proceso muy complejo, un proceso que va a llevar
años, que no se puede pensar como algo que se logre de
la noche a la mañana, pero es indispensable empezar a
transitar ese camino para generar esos resultados. Las
transformaciones estructurales de carácter radical en
las instituciones penales son un componente crucial que
implica romper con la tradicional autonomía de estas es-
tructuras institucionales. Cuando digo autonomía, quiero
decir que las instituciones penales tradicionalmente han
funcionado con una fuerte separación con respecto a las
decisiones políticas y han logrado, sobre todo en Amé-
rica Latina, insularizarse de las decisiones políticas. Así
pues, hay que reconstruir el control político en las insti-
tuciones penales.
Esto es muy claro en los procesos de reforma policial
en América Latina. En los pocos casos en los que hemos
visto algún nivel de producción de cambios reales en las
maneras de pensar y de actuar al interior de la institu-
ción policial, tal cambio se ha logrado a partir fundamen-
talmente de reconstruir el control político sobre la actividad
policial. Ahora, lo que es paradójico es que muchas veces
–incluso para las fuerzas de la izquierda– no se traslada
este mismo razonamiento al terreno de la administra-
ción de justicia penal. En el debate político en América
Latina en general y también, por tanto, para las posicio-
nes de izquierda, la administración de justicia penal ha
quedado en un segundo plano, como en un lugar mucho
más “neutro” en donde no parece afirmarse que no es-
tán en juego visiones del mundo. Entonces parecería que
todo el mundo debe estar a favor del modelo acusatorio,
todo el mundo debe estar a favor de la oralidad, etcétera.
Me parece que es indispensable para el pensamiento de
izquierda reconstruir esas posiciones saliendo de un dis-
cusión exclusivamente planteada en torno al “deber ser”
e informada por la realización de investigaciones empíri-
cas acerca de “lo que sucede”, porque los modelos acu-
satorios realmente existentes en América Latina, como
productos de las reformas judiciales y procesales de los
años ochenta y noventa, producen 90% de causas judi-
ciales resueltas a través de la negociación judicial entre
un fiscal que tiene mucha fuerza y un defensor público
que defiende a un sujeto –débil económica y socialmen-
te– que tiene escasa fuerza y escaso tiempo, porque tie-
ne una larga lista de defendidos esperando, que generan
un tipo de proceso judicial que no tiene ninguna de las
virtudes que nos presentaron las reformas de primera
generación en torno al ideal de un juicio público, con-
tradictorio, con una producción adecuada de pruebas, a
partir de la que se generaría el debate. Lo que tenemos
en realidad es exactamente lo opuesto: una cosa secreta,
una negociación entre dos partes, una mucho más po-
derosa que la otra, que termina produciendo niveles de
206 | entreVista
condenas muy altos y, sobre todo por la falta de conexión
con una reforma del sistema de penas, altos niveles de
encarcelamiento.
El ejemplo paradigmático, paroxístico, de esto es el
caso chileno, que a partir de la reforma de la justicia pe-
nal, tanto en su estructura organizacional como en su
proceso penal, ha producido un incremento en los nive-
les de encarcelamiento que ha llevado a Chile a ocupar
uno de los primeros lugares en América Latina. Creo que
el nexo entre ambos fenómenos se debe investigar más
detalladamente pero parece haber habido, al menos, un
cierto nivel de afinidad entre ambos. Entonces creo que
hay otro terreno ahí que es repensar radicalmente las
reformas judiciales y procesales, no para volver –por su-
puesto– al modelo inquisitorial y escrito, pero sí para que
esas promesas que acompañaron las reformas de prime-
ra generación tengan algún nivel de plasmación práctica
mayor del que hoy realmente tienen.
Por último, en el escenario de América Latina hay una
serie de asignaturas pendientes que la izquierda debe re-
tomar y promover en el terreno de la pena. Hay un prin-
cipio que uno puede pensar como un principio moderno,
incluso como un principio no necesariamente ligado al
pensamiento de izquierda, y que es la idea de que la pena
no debe ser más intrusiva en la vida de las personas que
aquello que sea indispensable o necesario. Está presente
en los reformadores liberales del siglo XViii; una de sus
primeras manifestaciones es en el famoso libro de Mon-
tesquieu, El espíritu de las leyes, de 1748, que dice: “toda
pena que va más allá de lo necesario es tiránica”. No-
sotros tenemos penas tiránicas, es decir, tenemos penas
que van más allá de lo necesario, que rompen con la idea
de proporcionalidad y que se despliegan en el terreno de
la irracionalidad. Hay que reconstruir nuestra escala de
penas, pero hay que reconstruir nuestro sistema de penas.
tenemos una pena monótona que a cualquier tipo de
problema responde con el mismo remedio: la privación
de la libertad. Eso se combina con un uso extraordinario
de la prisión preventiva en el proceso judicial y da como
resultado, en un coctel explosivo, altos niveles de encar-
celamiento, superpoblación y hacinamiento, muerte y
enfermedad. Entonces una de las maneras de enfrentar y
reducir ese alto nivel de encarcelamiento es seguramente
revisar las prácticas judiciales de imposición de prisión
preventiva, que tienen altos niveles de irracionalidad.
Los jueces penales, en muchas de nuestras jurisdicciones
en América Latina, responden ante cualquier caso con
una decisión automática de aplicar la prisión preventiva,
en gran medida porque, como el clima político y cultural
del debate en torno al problema del delito se ha “recalen-
tado”, esos jueces pretenden no tener ninguna responsa-
bilidad frente a cualquier problema eventual que pudie-
ra surgir. Entonces creo que reconstruir los procesos de
decisión en torno a la prisión preventiva es crucial para
reducir este fenómeno a niveles moderados –transfor-
mándolo en la excepción más que en la regla–, utilizando
el resto de medidas cautelares que es posible construir en
el proceso judicial.
Pero creo que es indispensable también reconstruir
nuestro sistema de penas: no puede ser que un delito con-
recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 207
tra la propiedad, que no tiene de por medio el ejercicio de
la violencia sobre las personas, termine hoy generando
una privación de la libertad por un lapso de tiempo pro-
longado sobre una persona. Sabemos que la privación de
la libertad produce unos niveles de daño extraordinario
en la trayectoria vital de esas personas y por ende no pue-
de ser pensado como proporcional con respecto al daño
causado por el delito, es un caos del merecimiento. Por
ende, hay un terreno de alternatividad que hay que tran-
sitar, y pensar en términos de alternativa en la pena pri-
vativa de la libertad puede crear dos cosas: alternativas a
la pena en general, o sea, tratar de generar mecanismos
que eviten la imposición de una pena, eviten la imposi-
ción de un antecedente judicial para la persona con to-
dos los efectos estigmatizadores que eso tiene, generando
mecanismos de divertion, o sea, mecanismos que sacan el
caso del sistema de justicia penal y lo resuelven de otro
modo, tales como la reparación, la restauración, la con-
ciliación; hay mucha experimentación a lo largo y a lo
ancho del mundo de la cual se puede aprender mucho
en esa dirección. Pero también quiere decir, en muchos
casos donde se llega finalmente a la imposición de la
pena, imponer penas alternativas a la pena privativa de
la libertad que produzcan menores niveles de daño y su-
frimiento –por ejemplo, tenemos el modelo de la pena de
trabajo socialmente útil, que sigue siendo un modelo ex-
traordinariamente importante sobre el cual reflexionar
en nuestro presente en América Latina–. Esto no quiere
decir mantener luego con la alternatividad una relación
ingenua. Es preciso estar constantemente vigilantes para
evitar el efecto que, ya en los años ochenta, Stan Cohen
lúcidamente identificó de “ampliación de la red”.
Y, por último, es necesario transformar radicalmen-
te la prisión. Cinco ideas claves sobre esto que son muy
difíciles de definir en el breve tiempo de una entrevista
son: 1) abrir la prisión, 2) promover derechos tanto para
los presos como para los trabajadores penitenciarios, 3)
democratizar la toma de decisiones al interior de la pri-
sión, generando mecanismos de diálogo entre presos y
funcionarios penitenciarios, 4) adoptar como un princi-
pio cardinal la reducción del daño (la cárcel no hace otra
cosa que producir degradación y sufrimiento; por ende,
la única política sobre la cárcel que es justificable es una
política que busca reducir esos daños), y por último, 5) la
idea de incluir socialmente a pesar de la prisión (la prisión
no incluye socialmente, la prisión excluye socialmente y
marca las trayectorias vitales y genera efectos negativos
duraderos). Una buena política de reducción del daño es
una política que revisa cómo y de qué forma se produce
ese tipo de daño y trata de reducirlo al mínimo.
Una agenda de izquierdas tiene que ser una agenda
en que cada uno de estos temas los plantee en forma muy
clara, muy fuerte en el debate político, asuma de algún
modo lo mejor de su tradición intelectual y produzca mo-
dificaciones contundentes inventando otro futuro, algo
que es posible en la medida en que se construya fuerza
política en torno a estas iniciativas.
208 | entreVista
AG: —Dentro de las políticas públicas de seguridad hay
siempre una apelación al tema de la prevención del deli-
to. ¿Qué opinas de ello?
MS: —Creo que hemos aprendido mucho de lo que ha
sucedido en los últimos treinta años con las políticas de
prevención del delito más allá de la pena. Quienes im-
pulsaron durante mucho tiempo ese tipo de políticas lo
hicieron con la secreta esperanza de lograr, a través del
vocabulario de la prevención del delito, reinstalar en con-
textos en donde avanzaban las políticas de mano dura y
se buscaba erosionar las políticas sociales de la mano de
las reformas de carácter neoliberal impulsadas por go-
bierno de la Nueva Derecha, la necesidad de desarrollar
intervenciones sociales para los sectores más desfavore-
cidos, especialmente los niños y jóvenes de sectores vul-
nerables y excluidos socialmente, para evitar que esos
niños y jóvenes tengan trayectorias vitales ligadas a las
carreras delictivas y padezcan las privaciones, sufrimien-
tos y dolores que esas carreras delictivas generan, crean-
do oportunidades sociales alternativas, desbloqueando
aquellas que estaban bloqueadas, para recordar la expre-
sión famosa de Richard Cloward. Se trataba de comba-
tir con esos otros vocabularios de carácter conservador
y autoritario, rescatando el tópico de la prevención del
delito y reivindicando que el tema de la seguridad frente
al delito era una materia esencialmente social en sus pro-
cesos de producción y, por tanto, en sus respuestas.
Sin embargo, eso implicó en aquel entonces, en mu-
chos casos, para quienes impulsaban ese vocabulario
acerca de la prevención del delito, transaccionar con la
idea de la prevención situacional-ambiental: “Para po-
der hacer prevención social –como se le llama frecuen-
temente a ese tipo de iniciativas que solo tienen efecto
en el mediano y largo plazo y son invisibles para amplios
sectores del público–, tenemos que ofrecerle al político
profesional, al que es preciso convencer, hacer algo ya,
a corto plazo, con alto nivel de visibilidad, es decir, ha-
cer prevención situacional-ambiental”. Esto implica tra-
tar de asegurar situaciones o ambientes para evitar que
allí se produzcan oportunidades para cometer delitos a
través de cambios en la dimensión física –CCtV, rejas,
etcétera– o social –poner vigilantes profesionales o no
profesionales– del mismo. El problema que se produjo fue
que la prevención del delito “realmente existente” fue, en
la mayor parte de los casos, solo prevención situacional-
ambiental. Y esto a pesar de las promesas de hacer pre-
vención social. Ha habido buenas intervenciones bajo el
tópico de la prevención social, ejemplos de los que se pue-
de aprender muchas cosas –aunque también ha habido
efectos perversos en ese terreno–, pero han sido clara-
mente minoritarios, ya que el lenguaje de la prevención
del delito fundamentalmente ha servido para promover
prevención situacional-ambiental. Y ¿qué es lo que la
prevención situacional-ambiental genera como resulta-
do? Produce, en el mejor de los casos, desplazamiento del
delito de las áreas urbanas protegidas a las áreas urbanas
desprotegidas, que suelen coincidir –y esto nadie puede
pensar que resulta casual– con las líneas de demarcación
espacial en la ciudad de la distribución inequitativa de la
recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 209
riqueza social. Esto quiere decir que su efecto fundamen-
tal ha sido constantemente la distribución inequitativa del
delito siguiendo las líneas de la distribución inequitativa de
la riqueza; por tanto, a la distribución inequitativa de los
bienes sociales se le agrega una distribución inequitativa
de los males sociales, es decir, reproducimos la desigual-
dad social.
Por tanto, hoy es importante comprometerse activa-
mente desde la izquierda en promover políticas de inclu-
sión social para los sectores más desfavorecidos económi-
ca y socialmente, pero creo que es necesario aprender de
lo ocurrido durante estas tres décadas. tal vez haya que
justificar estas iniciativas sin apelar al lenguaje de la pre-
vención del delito. ¿Por qué? Porque ese lenguaje condenó
a ubicar el debate sobre esas políticas de inclusión social
en el terreno de las agencias de seguridad y justicia, en
donde estas políticas tienen que competir con los patrulle-
ros que la policía demanda, con los chalecos antibalas que
la policía demanda, en fin, tienen que competir con esas
medidas de más corto plazo y alto nivel de visibilidad para
sectores del público –especialmente las clases medias– que
muchos actores políticos, también de izquierda, buscan
promover. Entonces el peso del “cortoplacismo” y de la vi-
sibilidad “para el público que cuenta”, hace que este otro
tipo de iniciativa social se marginalice y presupuestaria-
mente reciba muy poco financiamiento, manteniéndose
en lo que he denominado el “síndrome del eterno piloto”
–intervenciones en sitios acotados con una población aco-
tada–. Creo que esa es una mecánica muy perversa. Desde
mi punto de vista, la única manera de salir de esa trampa
es tratar de romper con ese lenguaje y defender la necesi-
dad de llevar este debate a los actores de las políticas so-
ciales. tenemos que construir un diálogo con ellos acerca
de cómo diseñar esas políticas y de cómo implementarlas
desde ese tipo de instancias estatales. Creo que ese es el
único camino para que este tipo de iniciativas por las que
es razonable abogar se realicen efectivamente.
Soy consciente de que esto es un riesgo, pues este viraje
hacia el universo de las políticas sociales plantea también
toda serie de problemas. Las políticas sociales en América
Latina, promovidas incluso por los gobiernos de izquierda,
tienen severos problemas para llegar a atender las nece-
sidades y la creación de oportunidades a niños y jóvenes
entre 12 y 25 años, que son los niños y jóvenes que más
posibilidades tienen de iniciar una trayectoria delictiva,
tanto en el plano del delito menos organizado como del
delito más organizado. Lo que hay que reclamar en el de-
bate con los actores que se ocupan de las políticas sociales
es precisamente la construcción de políticas en esta direc-
ción. En el debate entre generalización y focalización hay
que construir una especie de alcance medio en el cual es
indispensable que construyamos políticas específicas en
esta dirección. Por eso, tal como decía anteriormente, de
lo que se trata en realidad es de hacer lo mismo que se tra-
taba de hacer antes pero colocándolo simbólicamente bajo
otra bandera; y si logramos convencer a esos actores polí-
ticos que manejan estas políticas sociales, efectivamente
vamos a lograr que eso supere el síndrome del eterno pi-
loto –que nunca logra la transferencia, nunca logra saltar
hacia una esfera más amplia–. Lo que hoy tenemos en este
210 | entreVista
tipo de intervenciones de prevención social son muchas
buenas experiencias, muy pequeñas y con poblaciones
muy reducidas, y creo que para salir de esta trampa es
necesario convencer a los actores que debaten políticas
sociales de que, desde la lógica de esas políticas, haya al-
gunas específicas de mediano alcance para estos secto-
res. Pero eso no significa, por supuesto, construir un Es-
tado esquizofrénico: un Estado que produzca por un lado
políticas de intervención social y por otro lado produzca
intervenciones violentas a través de la institución poli-
cial. insisto en que solo es posible producir este tipo de
políticas de las que estamos hablando si, paralelo a eso, se
producen reformas radicales en la manera de operar de
una cara muy visible de la vida social de los ciudadanos,
especialmente de los ciudadanos de pocos recursos y po-
cas oportunidades, que es la institución policial, porque
si no, digamos, que produciríamos oportunidades aquí y
las cancelaríamos allá. Entonces, es indispensable en este
viraje también tener en cuenta la simultaneidad de estos
dos frentes de batalla.
reseÑas y CoMentarios
Comentarios al DLOSPICristóbal Cornieles Perret Gentil
Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos criminológicos.Carlos Avendaño
Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)Gabriel Salazar Pineda
213
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGáNICA DEL SERVICIO DE POLICíA
DE INVESTIGACIóN, EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS, PENALES
Y CRIMINALíSTICAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES
Comentarios al DLOSPICRISTÓBAL CORNIELES PERRET GENTIL*
1. Antecedentes y justificación
El Cuerpo Técnico de Policía ju-dicial (CtPj), actual Cuerpo de in-vestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC), fue creado en 1958 cómo el órgano de policía principal en materia de investigación penal y auxiliar del Sistema de justi-cia. Se encontraba adscrito al Ejecu-tivo nacional, pero funcionalmente estaba subordinado y cumplía los requerimientos que le ordenaban los tribunales penales. Se concebía como un órgano con una altísima especia-lización, concentrado exclusivamen-te en las actividades de investigación penal, con un elevado nivel científi-co-técnico en criminalística y dotado de personal con formación en estas materias.
A partir de la década de los seten-
ta, la visión inicial de este órgano fue desdibujándose al atribuírsele pro-gresivamente otras funciones ajenas a su mandato, tanto en la legislación como en la práctica. Así, fue ejercien-do competencias típicas de la policía preventiva (entre ellas, el patrullaje), custodia de personas detenidas pre-ventivamente o penadas (propias del sistema penitenciario), prevención general y auxilio a la administración de justicia claramente ajenas a la fun-ción policial (como la práctica de ci-taciones y notificaciones). Esta situa-ción fue menoscabando el ejercicio idóneo de las funciones propias de in-vestigación penal, entre otras razones porque implican una inversión signi-ficativa de recursos presupuestarios, una asignación importante de perso-nal para realizar dichas actividades y, sobre todo, porque desviaba la direc-
* Abogado. Profesor universitario. Co-redactor del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Foren-ses, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de Policía de Investigación y la Ley del Estatuto de la Función Policial.
214 | comentarios y reseñas
cionalidad de este órgano fuera de su
área específica de especialización.
De forma paralela, asistimos a un
proceso en el cual, conjuntamente con
el desarrollo de una legislación penal
sustantiva amplísima y poco sistema-
tizada, se le atribuyeron competencias
de investigación penal especial a dife-
rentes órganos y entes del Estado. Si a
esto le sumamos la existencia de aque-
llos que tradicionalmente han sido con-
siderados auxiliares de la investigación
penal, nos encontrábamos ante un es-
cenario caracterizado por un número
muy elevado de órganos y entes que
participaban, en mayor o menor medi-
da, en la investigación penal y crimina-
lística sin ningún tipo de organización,
direccionalidad, rectoría, coordinación
y pautas uniformes para el ejercicio
de estas funciones. Adicionalmente, el
propio CiCPC siempre ejerció sus fun-
ciones con un nivel significativo de au-
tonomía incluso ante su propio órgano
de adscripción. Por ello se afirma que la
investigación penal y criminalística en
nuestro país se encuentra atomizada,
porque cada órgano u ente funciona
con absoluta independencia de los de-
más, muchas veces de forma aislada y
parcelada, bajo sus propios criterios de
prioridades y protocolos de actuación.
Evidentemente, esta situación ha afec-
tado negativamente la calidad, eficacia
y eficiencia de la investigación penal, que debe concebirse como un servicio que se presta de forma sistémica e inte-gral.
Ahora bien, es preciso indicar que esta situación jurídica fue mantenién-dose e incluso profundizándose en las leyes que regularon la investigación penal en nuestro país, entre ellas las derivadas de la vigencia del Código orgánico Procesal Penal y de la Cons-titución de la República Bolivariana de Venezuela, como la última Ley del Cuerpo de investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (LCiCPC)1.
2. El nuevo modelo policial y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
El diagnóstico que realizó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Co-NAREPoL) en el año 2006, punto de inicio de todo el proceso de reforma del modelo policial venezolano, incluyó tanto el servicio de policía preventiva,
1 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.598, de fecha 5 de enero de 2007.
uniformada u ostensiva como la poli-
cía de investigación. En este sentido,
se desarrollaron investigaciones socio-
jurídicas para conocer y evaluar la si-
tuación del CiCPC, así como para pre-
sentar recomendaciones que contaron
con las opiniones de especialistas y
académicos nacionales y extranjeros,
los propios funcionarios y funciona-
rias de investigación penal y una am-
plísima consulta ciudadana.
Estas investigaciones daban cuenta
de algunos ejes centrales del funciona-
miento del CiCPC que deberían ser ob-
jeto de transformaciones, entre ellos:
la necesidad de concentrar sus com-
petencias en la investigación penal y
el apoyo al Sistema de justicia, supri-
miendo las demás funciones que había
venido ejerciendo; la importancia de
dar relevancia, especificidad y estruc-
tura orgánica propia a la medicina y
ciencias forenses, que habían sido re-
legadas por la importancia otorgada a
la investigación estrictamente policial
y el desarrollo de servicios de policía
preventiva; lo imperioso de suprimir
y/o disminuir, concentrar y regular los
grupos o brigadas especiales, para cir-
cunscribir su actuación al apoyo de la
investigación penal; y la conveniencia
de comenzar una profunda reflexión
acerca del papel de los cuerpos de po-
licía preventiva en la investigación pe-
comentarios al dLoSPi c. cornieles p. g. | 215
nal y la posibilidad de atribuirles com-petencias para conocer los delitos de baja complejidad.
Sin embargo, a pesar de ello, des-de 2008 cuando entra en vigencia la Ley orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivaria-na (LoSPCPNB), el proceso de cons-trucción del nuevo modelo policial venezolano se había venido centran-do en el servicio de policía preventiva, dejando a un lado el abordaje de la in-vestigación penal. El Decreto con Ran-go, Valor y Fuerza de Ley orgánica del Servicio de Policía de investigación, el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Fo-
renses (DLoSPi)2 marca el inicio le-gislativo de la transformación y cons-trucción del nuevo modelo policial venezolano en esta materia. Por tanto, para comprender este nuevo instru-mento jurídico es imprescindible ubi-carlo en el contexto y como parte del proceso de reforma policial comenza-do en 2006 con la CoNAREPoL.
La LoPSi tiene como antecedentes jurídicos inmediatos la LoSPCPNB, la Ley del Estatuto de la Función Policial
2 Publicada en Gaceta Oficial de la Re-pública Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.079 de fecha 19 de junio de 2012.
y el Cuerpo de Resoluciones del Minis-
terio del Poder Popular de interiores y
justicia que han desarrollado estas dos
leyes. también se nutre del diagnóstico
de la CoNAREPoL, así como de la ex-
periencia y saberes adquiridos en los
años recientes desde el Consejo Gene-
ral de Policía. Por este motivo, se puede
observar que las transformaciones más
relevantes son congruentes con estos
procesos e instrumentos jurídicos, en-
tre ellos: la concepción de la policía de
investigación como un servicio público
esencial, de carácter estrictamente civil
y profesional; la creación de un Sistema
integrado de Policía de investigación,
bajo la rectoría del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de
seguridad ciudadana, que articula a to-
dos los órganos y entes de investigación
penal; la refundación del CiCPC, que
concentra sus funciones en la investi-
gación penal y en el apoyo al Sistema de
justicia; la creación de un nuevo Ser-
vicio Nacional de Medicina y Ciencias
Forenses (SNMCF), bajo la dependencia
administrativa y funcional del Ministe-
rio del Poder Popular con competencia
en materia de seguridad ciudadana; y,
la intervención del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana y demás cuer-
pos de policía estadales y municipales
como órganos ordinarios de investiga-
ción penal, para conocer un conjunto
de delitos a ser determinados mediante
reglamento en función de criterios de
territorialidad, complejidad, intensidad
y especificidad, y siempre bajo un régi-
men de habilitación previa para ejercer
estas atribuciones, rectoría y supervi-
sión del Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de seguri-
dad ciudadana.
3. Acercamiento al contenido del DLOSPI
El DLoSPi sigue la técnica legislativa
de la LoSPCPNB, para asegurar la so-
lidez y coherencia jurídica que ha sido
reconocida a esta Ley, tanto en el ám-
bito nacional como internacional. Así,
el DLoSPi contiene 95 artículos, divi-
didos en 6 títulos, más 11 disposicio-
nes derogatorias, transitorias y finales.
El orden de estas disposiciones fusiona
los contemplados en la LoSPCPNB y
la LCiCPC, con la idea de mantener la
uniformidad normativa y, a través de
ello, facilitar el manejo y comprensión
de la Ley a las personas, especialmen-
te a quienes son responsables de inter-
pretarla y aplicarla.
El “título i: Disposiciones genera-
les” se encuentra dividido en 4 capítu-
los y consta de 33 artículos. Este título
establece las normas fundamentales
que orientan todo el desarrollo de la
216 | comentarios y reseñas
Ley. El “Capítulo i: objeto y ámbito de
aplicación” (artículos 1 y 2) prevé que
esta Ley regula el servicio de policía de
investigación y de auxilio a la adminis-
tración de la justicia penal, así como el
CiCPC y el SNMCF, indicando que sus
normas son de orden público y aplica-
bles a todos los particulares y a la ad-
ministración pública en los distintos
ámbitos político-territoriales.
En el “Capítulo ii: Definición, fun-
ciones y carácter del Servicio de Poli-
cía de investigación” (artículos 3 al 7)
y el “Capítulo iii: Principios generales
del Servicio de Policía de investigación”
(artículos 8 al 18) se establecen los con-
ceptos claves, orientaciones y directri-
ces fundamentales que rigen la inves-
tigación penal. Así, en el Capítulo ii se
establece que el servicio de policía de
investigación es de carácter indagato-
rio y tiene como propósito determinar
la comisión de hechos punibles, de na-
turaleza estrictamente civil y profesio-
nal, y es responsabilidad exclusiva del
Estado, por lo que no podrá delegarse a
los particulares. Mientras el Capítulo iii
se refiere a los principios que rigen pro-
piamente la actuación de los órganos
y entes con competencia en investiga-
ción penal, muchos de ellos contempla-
dos en la LCiCPC del 2007, mientras
otros se trasladan desde la LoSPCPNB,
dentro de los cuales caben destacar los
principios de respeto a los derechos hu-
manos y al debido proceso, universali-
dad e igualdad, reconocimiento de los
pueblos y comunidades indígenas, par-
ticipación ciudadana, eficiencia, celeri-
dad y cooperación.
Es en el “Capítulo iV: Del órgano
rector y del Sistema integrado de Po-
licía de investigación” (artículos 19
al 33) donde se comienza a perfilar la
nueva organización del servicio de po-
licía de investigación. Así, se crea el
nuevo Sistema integrado de Policía de
investigación, conformado por el Mi-
nisterio del Poder Popular con compe-
tencia en materia de seguridad, como
órgano rector; el CiCPC, en condición
de órgano principal en materia de in-
vestigación penal; los cuerpos de policía
debidamente habilitados para ejercer
atribuciones en la materia; la Universi-
dad Nacional Experimental de la Segu-
ridad, en su carácter de la institución
académica nacional especializada en
seguridad; el Fondo Nacional intergu-
bernamental del Servicio de Policía; los
órganos y entes especiales de investiga-
ción penal (entre ellos la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana); los órganos
y entes de apoyo a la investigación pe-
nal; el Servicio Nacional de Medicina y
Ciencias Forenses, como órgano princi-
pal en experticias legales; y, cualquier
órgano o ente que determine el Ejecuti-
vo nacional. Uno de los elementos más
novedosos contemplado en este capítulo
es la regulación de un régimen de habili-
tación, asistencia técnica, supervisión y
suspensión de los cuerpos de policía pre-
ventiva que pretendan ejercer la investi-
gación penal.
El “título ii: De la investigación pe-
nal y de las atribuciones en la materia”
(artículos 34 al 47) define y distribuye
las atribuciones de los órganos y entes
competentes en materia de investiga-
ción penal (principal, ordinarios, es-
peciales y de apoyo) y regula algunas
actuaciones especialmente relevantes,
tales como las inspecciones, órdenes
de allanamientos e intercepción o gra-
bación de comunicaciones privadas.
Dentro de las nuevas normas contem-
pladas, es necesario llamar la atención
sobre la condición que designa a los
cuerpos de policía preventiva como
órganos de investigación ordinaria,
siempre que hayan sido previamen-
te habilitados por el órgano rector, y
la obligación de definir reglamenta-
riamente los hechos punibles en los
cuales podrán actuar, en función de
su capacidad para desarrollar apropia-
damente la investigación y los criterios
de territorialidad, complejidad, inten-
sidad y especificidad.
Es en el “título iii: Del Cuerpo
de investigaciones Científicas, Pena-
comentarios al dLoSPi c. cornieles p. g. | 217
les y Criminalísticas” (artículos 48 al
61) donde se incorporan las grandes
transformaciones en su organización
y funcionamiento. Estos cambios es-
tán orientados fundamentalmente a
concentrar y especializar su actuación
en la investigación penal, así como en
las actividades de apoyo al Sistema de
justicia. Así, se establecen taxativa-
mente competencias exclusivamen-
te en estas dos materias, se suprimen
aquellas atribuciones contempladas
en la LCiCPC del 2007 que permitían
su actuación como policía preventiva
y en materia de prevención general.
En esta misma dirección, se establece
una prohibición expresa de desarrollar
funciones de policía preventiva, man-
tener personas en sus sedes bajo cus-
todia o privación de libertad, trasladar
personas detenidas y practicar notifi-
caciones y citaciones, entre otras. Adi-
cionalmente, establece una verdadera
relación de rectoría y subordinación
administrativa y funcional entre el
Ministerio del Poder Popular con com-
petencia en materia de seguridad ciu-
dadana y el CiCPC, para disminuir el
autonomismo que ha caracterizado su
actuación desde su creación.
El “título iV: De la organización,
formación y profesionalización del
Cuerpo de investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas” (artículos
62 al 71) establece las bases de la nue-va función de policía de investigación como una carrera estrictamente civil y profesional, fundamentada en el es-fuerzo, formación, evaluación, super-visión continua, disciplina y respon-sabilidad como ejes transversales para el desarrollo funcionarial. Estas bases fueron desarrolladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Esta-tuto de la Función de la Policía de in-
vestigación3.El “título Vi: Del Servicio Nacio-
nal de Medicina y Ciencias Forenses” (artículos 72 al 78), crea este nuevo servicio como un órgano que depen-de administrativa y funcionalmente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, con la finalidad de visibili-zar la importancia y fortalecer la espe-cialización de las ciencias forenses en nuestro país. Las atribuciones de este nuevo órgano se orientan a la realiza-ción de experticias y peritajes en gene-ral y, en particular, a la prestación de servicios y asesoría científica-técnica para la investigación penal.
El último “título Vi: Del desempe-ño de la policía de investigación” se
3 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945, de fecha 19 de junio de 2012.
encuentra dividido en 3 capítulos y
consta de 16 artículos. En el “Capítu-
lo i: De las normas de actuación de los
funcionarios y funcionarias policiales
de investigación” (artículos 79 al 83)
y el “Capítulo ii: Del uso de la fuerza y
el registro de armas” (artículos 84 al
88) se contemplan las normas básicas
para asegurar que su actuación sea
ajustada a la Constitución y las leyes,
con respeto a los derechos humanos.
Para ello, se adecuaron a la función de
investigación penal aquellas previstas
para el servicio de policía preventiva y
se incluyeron otras aplicables específi-
camente a esta materia.
Pero tal vez la novedad más im-
portante que trae este decreto ley, al
menos desde la perspectiva de la cons-
trucción de una democracia radical y
protagónica, es su último “Capítulo iii:
Del control de gestión y la participa-
ción ciudadana” (artículos 89 al 95),
en el cual se desarrollan por primera
vez en nuestra historia legislativa me-
dios de participación en el servicio de
investigación penal, entre ellos, la ren-
dición de cuentas, la contraloría social
y la creación de órganos ciudadanos
de control externo, conformados por
organizaciones comunitarias y socia-
les estructuradas para la revisión de
los instructivos, prácticas policiales y
procedimientos disciplinarios.
218
Carlos Avendaño*
Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos
criminológicos. Buenos Aires: Editorial del Puerto
teórica en distintos contextos cul-
turales. La riqueza y detalle con que
se exponen en el texto las diferentes
concepciones y reflexiones sobre los
planteamientos criminológicos lo
hacen un libro de consulta obligada
para todo estudiante y profesional
interesado por el abordaje del fenó-
meno de la delincuencia.
Anitua organiza el texto en diez
capítulos y los ordena con criterio
cronológico, desde las expresiones
criminológicas de lo que se conoce
como Estado absolutista y los prime-
ros modelos criminológicos integra-
Gabriel Ignacio Anitua presenta
un libro nutrido de autores, inves-
tigaciones y teorías que inducen
al lector, con pluralidad de pensa-
miento, a reconocer los distintos
enfoques y propuestas que a lo largo
de la historia se han formulado en
torno a la cuestión criminal. El au-
tor hace un recorrido histórico de
muchas de las propuestas teóricas
que tienen plena vigencia, las cua-
les sustentan los trabajos de inves-
tigadores que se dedican a la “cri-
minología comparada” y que aún
realizan estudios de contrastación
* Criminólogo y coordinador del Plan Nacional de Formación Penitenciaria de la UNES.
perspectiva histórica de la criminología c. aVenDaño | 219
dos de la Edad Media; pasando por
aquellos pensamientos expresados
en movimientos como la ilustración
y la Revolución Francesa que gene-
raron importantes cambios en las
sociedades; el surgimiento de los sis-
temas penitenciarios en el siglo XiX;
el positivismo criminológico; la in-
clusión de la sociología y la Escuela
de Chicago; las criminologías de la
Segunda Guerra Mundial y el naci-
miento del pensamiento crítico res-
pecto de la cuestión criminal; hasta
llegar a los pensamientos criminoló-
gicos de finales del siglo XX.
Es importante destacar que el
autor, en el recorrido histórico del
pensamiento criminológico, no co-
mienza en la ilustración o desde los
planteamientos de Cesare Lombro-
so con “el Hombre Criminal”, como
bien lo señala Zaffaroni en el prólogo.
Anitua centra el inicio de su discur-
so en el poder punitivo. Ciertamente,
numerosos autores sostienen que la
existencia de la criminología tiene
su origen en la existencia del poder
punitivo, por lo que no es casual que
Anitua organice el texto de esa for-
ma. En el siglo Xiii europeo apareció
la estructura del Estado y, a través
de ella, comienzan a gestionarse los
conflictos y una nueva actitud para
determinar la verdad de las conduc-
tas que se consideraban desviadas;
en esa época el método utilizado
para esclarecer los hechos y llegar a
la verdad era la inquisición.
El abordaje de las concepciones
del poder llevan al autor a descri-
bir de forma clara el pensamiento
político que acompaña las distintas
propuestas criminológicas. Plantea
su libro como un relato de distintas
historias de las ideas, y se cuida de
estar al margen del fluir del tiempo,
provocado por una ruptura entre
el mundo de las ideas y la realidad,
como lo señala el mismo autor:
…los discursos no son naturales, no
han estado allí desde siempre sino
que tienen un origen histórico cla-
ramente determinado. En esos mo-
mentos, a veces de ruptura –como
cuando esos discursos se convierten
en dominantes–, se produce el acto
de crear realidad o de incorporar as-
pectos de esa realidad a un ámbito del
conocimiento. Estas actividades son,
y ello es lo que quiero resaltar aquí,
actos de poder. todo acto discursivo
(toda forma de conocimiento) es un
acto de poder. Y ello es particular-
mente de esa forma en los “pensa-
mientos” que pasaré a denominar
“criminológicos”. (Anitua, 2005: 5)
En el siglo XViii, el Estado abso-
lutista sería fuertemente criticado, y
uno de los aportes más importantes
que se realizan es este período es la
inclusión de los conceptos de “delito,
pena y juicio”, lo cual representaría
la gestación de una nueva legitimi-
dad en la administración del poder
punitivo por parte del Estado. Sec-
tores sociales llamados burguesía
hicieron surgir nuevos discursos
criminológicos e instituciones que
también conformaban prácticas
discursivas como alienismo, evolu-
cionismo y positivismo; policías y
médicos. El pensamiento criminoló-
gico de las clases dominantes poste-
riores al siglo XiX se pretendería no
político; “al despolitizar la cuestión
criminal, centrándose en la figura
del autor de lo definido como delito.
No sería este concepto el objeto de
estudio, sino el delincuente y en con-
creto el comportamiento criminal”
(Anitua, 2005: 119).
Anitua nos introduce en los ade-
lantos e innovaciones del campo del
control social formal que se desarro-
llaron desde el pensamiento crimi-
220 | comentarios y reseñas
nológico; cabe señalar el nacimiento
de la policía y de la prisión, institu-
ciones que definieron formas y prin-
cipios que orientaron su funciona-
miento y que aún permanecen en la
actualidad. El siglo XiX es precedido
por la revolución industrial, la cual
trajo consigo innovaciones tecno-
lógicas como las máquinas a vapor
que reemplazaron la manufactura
y el artesanado, formas de econo-
mía típicas de los “campesinos sin
tierra”. Estos cambios dieron origen
a nuevas formas de administración
económica. Es importante resaltar
que esta forma de pensar influiría
decisivamente en el pensamiento
criminológico de la época y, en con-
secuencia, en sus aportes prácticos,
tal como se expresa en las policías
nacionales.
En cuanto a las policías naciona-
les, Anitua señala que:
…se difundieron en el siglo XiX –aun-
que tienen su origen en Francia, an-
tes y durante el Antiguo Régimen,
con el objeto de delación y control
total terrorista–. La Francia post-
revolucionaria organizó su policía en
1798 de acuerdo al modelo centrali-
zado absolutista, con el agregado de
la legalidad típica de la dominación
burocrática. irlanda creó una policía
nacional en 1823, en Londres se creó
la Policía Metropolitana en 1829, y
en 1844 apareció la Guardia Civil en
España. (126)
La principal institución de con-
trol formal elegida por la clase bur-
guesa fue la prisión. En el pensa-
miento imperante de este período
(democrático-burgués) los métodos
de control eran la escuela, la fábrica,
el ejército y la cárcel; esta última es
la que con mayor claridad impone
la disciplina individual y el control
de masas. Anitua realiza una des-
cripción detallada sobre los sistemas
penitenciarios desarrollados para
la época en Estados Unidos y que
luego fueron adoptados por países
europeos e implantados en distintas
medidas. Estos sistemas estuvieron
centrados fundamentalmente en dos
modelos:
El primero, denominado celular
o sistema filadélfico, desarrollado en
1790 y aplicado por primera vez a
treinta (30) internos de una antigua
prisión del condado en la calle Wai-
nut de Filadelfia. Se basaba en el ais-
lamiento, la prohibición de trabajar,
la educación religiosa y el silencio
absoluto. El segundo modelo se de-
sarrolló en 1821 con la intención de
hacer una modificación para incluir
el trabajo y, por consiguiente, la ren-
tabilidad de las prisiones. Bajo este
modelo surge el penal de Auburn en
el estado de Nueva York, donde se in-
trodujo el trabajo colectivo en estric-
to silencio durante el día y mantenía
el aislamiento durante la noche. Este
sistema se reprodujo rápidamente
por Estados Unidos y luego por Euro-
pa, en donde se implantaron ambos
modelos; el primero era considerado
más humano por tener en cuenta la
introspección; sin embargo; eran fre-
cuentes los casos de suicidio y locura
por lo estricto del aislamiento. El se-
gundo modelo fue considerado me-
nos humano porque se realizaban
trabajos forzados y se establecieron
jornadas laborales exhaustivas de
hasta diez (10) horas diarias los siete
días de la semana.
El siglo XiX fue un siglo caracte-
rizado por la ciencia aplicada, por el
desarrollo de grandes invenciones,
en el cual las distintas disciplinas
científicas alcanzaron una madurez
que aún hoy marcan las explicacio-
nes del sentido común sobre la ma-
perspectiva histórica de la criminología c. aVenDaño | 221
yoría de los fenómenos naturales. En
el caso de ciencias como la crimino-
logía y la sociología, este siglo marcó
el inicio de su concepción científica,
a pesar de que las concepciones etio-
lógicas que las nutrían venían desa-
rrollándose en tiempos anteriores;
en el caso de la criminología, Anitua
describe las primeras concepciones
sobre el hombre criminal y la in-
fluencia del pensamiento positivis-
ta en las explicaciones que para el
momento se ofrecían sobre el tema,
como la concepción del criminal
nato, tomado por Lombroso e iden-
tificado por características físicas.
Este siglo también marcó el inicio de
la estadística delictiva y estudios pro-
babilísticos sobre ocurrencia del cri-
men, tomando en cuenta elementos
de todo tipo como la zona geográfi-
ca, condiciones climatológicas, raza,
edad y género, entre otros.
Los discursos criminológicos con
estas inclinaciones se mantendrían
durante el siglo XX. Sin embargo,
Anitua nos describe cómo la socio-
logía adquiere un carácter predomi-
nante en ellos:
…el sociólogo remplazaría al médico,
al jurista, al filósofo y al teólogo. El
surgimiento de la sociología no pue-
de pensarse fuera de ese mundo seña-
lado por el positivismo, tanto porque
seguirían sus dictados como porque
se opondría a sus reducciones. Ya he
mencionado que el mismo positivis-
mo criminológico tenía un campo
de estudio que intentaría escapar a
la reducción del paradigma etioló-
gico hacia las causas individuales.
No solo haría eso la psicología social
sino que, antes que ella, la propia
reflexión sobre el orden y los conflic-
tos –sobre la cuestión criminal– ya
ampliaba el número de causas a las
condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales. (Anitua, 2005,
pág. 247)
La inclusión de la sociología en el
estudio del comportamiento delicti-
vo dio origen a la sociología criminal.
La influencia de los pensamientos
criminológicos desde la perspectiva
social originó una serie de plantea-
mientos teóricos enfocados en las
relaciones sociales y la influencia de
las interacciones entre los individuos
como elementos etiológicos del com-
portamiento delictivo; surgen tér-
minos como desviación y conducta
desviada. Autores como Sutherland
escriben sobre la teoría de la asocia-
ción diferencial y reflexionan sobre
los delitos de cuello blanco. Surgen
de igual modo las teorías de la reac-
ción social, teorías del conflicto, el
marxismo y el pensamiento crítico
respecto de la cuestión criminal. En
la actualidad se presentan dos gran-
des bloques de pensamiento entre los
criminólogos: los defensores de la cri-
minología tradicional, cuyas investi-
gaciones se centran en la teorización
de la etiología del comportamiento
delictivo basado en el individuo, y los
defensores de la criminología crítica
cuyas reflexiones teóricas versan so-
bre el estudio de las instituciones y el
sistema de justicia penal, y su rela-
ción con la creación y mantenimien-
to de la delincuencia.
En definitiva, el conocimiento de
la historia de las sociedades y de la
historia de los pensamientos crimi-
nológicos resulta fundamental para
comprender aquellos conceptos que
forman parte de los discursos ac-
tuales, como el concepto de “crimi-
nología” que tiene una particular
historicidad. La criminología tiene
en la actualidad múltiples y hasta
opuestos significados, dependiendo
del autor y del enfoque al cual se
pertenece. Este libro es una oportu-
222 | comentarios y reseñas
nidad para develar estas diferencias
conceptuales.
Anitua nos presenta distintas for-
mas de reflexionar sobre la “cuestión
criminal”. Como él mismo lo señala:
“Los diferentes esquemas de pensa-
miento acabados en ‘ismo’ han rea-
lizado enfoques sobre aspectos distin-
tos de esa cuestión y, también, desde
presupuestos políticos igualmente
disímiles”. Estas formas de reflexio-
nar han permanecido e influyen en
el pensamiento criminológico de la
actualidad; Anitua intenta realizar
una genealogía de las formas de pen-
samiento político, penal y crimino-
lógico y de las mismas instituciones
que han sido y son fundamentales en
nuestras sociedades. En esta tarea, el
repaso histórico es realizado con una
intencionalidad: “reconstruir el pasa-
do de nuestras verdades”.
Esta obra (histórica y sociológica)
ofrece diversas perspectivas del pen-
samiento criminológico; no obstan-
te, su enfoque se sitúa en la perspec-
tiva del derecho, toda vez que Anitua
intenta plasmar los peligros de una
enseñanza jurídica que ignore la
realidad y de una enseñanza crimi-
nológica que no considere necesario
tener conocimientos jurídicos.
En conclusión, el objetivo del li-
bro es conocer la historia de los pen-
samientos criminológicos y, con ella,
los orígenes tanto de instituciones
como de esquemas de pensamiento
que tienen absoluta vigencia. Se pre-
sentan para ello las trayectorias vita-
les e intelectuales de los pensadores
que realizaron aportes fundamenta-
les para fundar, legitimar o criticar
a las instituciones y a las diferentes
concepciones.
Al intentar brindar herramien-
tas para la crítica intelectual y el
compromiso político, esta obra ejer-
ce una importante influencia para
que el criminólogo o criminóloga, y
otros profesionales interesados en el
área, desarrollen una sensibilidad
capaz de reconocer las afectaciones
a la dignidad humana acercándo-
se a la diversidad del pensamiento
criminológico, concepto de derecho
más humanista que las necesidades
tradicionales de orden.
223
América Latina es desde hace más de
una década el epicentro de una nueva
ola de procesos sociopolíticos de ca-
rácter contrahegemónico, con varia-
dos grados de conflicto con el capita-
lismo y con la concepción restringida
de la democracia representativa libe-
ral. Estos procesos, que inicialmente
Gabriel Salazar Pineda
Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas
a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad
ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Caracas, del 3 al 5 de septiembre de 2012
“una política pública no debe ser una política de reducción de
la realidad; no sirve para modelizar ni para reducir, una política
pública sirve para entender la complejidad del problema.”
amaDeus recasens
* Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (2000); estudios de His-toria de América Contemporánea. Docente invitado en la Escuela de Sociología (UCV) y en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Actualmente es responsable de la Direc-ción de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas de la UNES.
224 | comentarios y reseñas
habitaron los espacios de la militancia
social y política, terminaron convir-
tiéndose en experiencias de gobierno.
Un tema central de la agenda pública
es el de la seguridad ciudadana, con lo
que las fuerzas que ahora son gobierno
se ven obligadas a dar respuestas, efi-
caces, ante un problema sobre el que,
en la mayoría de los casos, se habían
relacionado parcialmente, por una
práctica signada por la denuncia de
violaciones a los derechos humanos
cometidas por las fuerzas de seguridad.
El Seminario internacional iz-
quierda y Políticas Públicas de Seguri-
dad Ciudadana, organizado por la Uni-
versidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES) y realizado entre el
1 y el 3 de septiembre de 2012, desa-
rrolló un interesante y necesario deba-
te de análisis e identificación de los nu-
dos problemáticos y los desafíos de la
izquierda en el campo de la seguridad
ciudadana. El punto inicial de proble-
matización que sirvió de invitación al
Seminario internacional giró en torno
a ¿qué significa, desde el Gobierno, lo
alternativo o contrahegemónico en
el campo de la seguridad ciudadana?
¿Qué características debe tener la po-
lítica pública de seguridad ciudadana
para ser consistente con los cambios
que, desde una orientación de izquier-
da, estos gobiernos vienen realizando
en otros ámbitos de la vida colecti-
va? ¿Cuáles deben ser los principios y
cuáles los principales conceptos que
animen esa política? ¿Cuáles son las
experiencias de políticas públicas con
enfoques de izquierda y cuáles han
sido sus resultados e impactos?
En nuestra América, en el contex-
to de esta ola de cambio, la Revolu-
ción Bolivariana se erige como una de
las primeras experiencias de gobierno
progresista a partir de una crítica a las
políticas de carácter neoliberal signa-
das por el Consenso de Washington.
Sería seguida, a inicios del nuevo mi-
lenio, de la llegada al poder político, en
otros países, de proyectos de izquierda,
progresistas, nacionales y populares.
La herencia inmediata que reciben, a
principios del siglo XXi, los nuevos go-
biernos de izquierda en el ámbito de la
seguridad ciudadana, es una situación
de aumento de las tasas delictivas y de
la percepción de inseguridad por parte
de la población, junto a un compor-
tamiento estatal inercial signado por
“operativos” policiales y medidas de
muy corto plazo, centradas en la pre-
sencia policial ostensiva, el aumento
de las penas y los discursos de “mano
dura”, inscritas en la necesidad de dar
respuestas urgentes e inmediatas a de-
mandas imperiosas realizadas por la
ciudadanía. El Seminario internacio-
nal contó con ponencias sobre la cues-
tión de la policía: la de la rectora de la
UNES, Soraya El Achkar, sobre la expe-
riencia de la reforma policial y la cons-
trucción del Nuevo Modelo Policial en
nuestro país; también, la presentación
de la Gran Misión ¡A toda Vida! Vene-
zuela, por parte de Antonio González
Plessmann, vicerrector de esta casa
de estudios. Ambos asuntos discutidos
como ejemplos concretos de una polí-
tica pública de seguridad ciudadana y
convivencia.
Pensar en una política pública de
seguridad ciudadana de izquierda –en
y para Venezuela y otras experiencias
nacionales y populares en América
Latina–, es hoy en día uno de los re-
tos y deudas más importantes que tie-
nen quienes apuestan por una visión
alterna a la hegemónica, en términos
societales y desde la especificidad de
la seguridad ciudadana. Conocer la
racionalidad de la configuración es-
tratégica de las relaciones de poder
que hace repetir ritualmente las po-
líticas de “mano dura”, aun en con-
textos sociopolíticos distintos, es una
condición para pensar lo nuevo, lo
distinto, las políticas que no se agoten
en las presiones de lo fáctico y el prag-
principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas... g. salazar p. | 225
matismo. Ante ello, los ponentes invi-
tados –Marcelo Sain y Máximo Sozzo
de Argentina, jacqueline Muniz, Vera
Malaguti y Nilo Batista de Brasil, Fer-
nando Carrión y Amadeu Recasens de
Ecuador y España, respectivamente,
así como Edgardo Lander y los antes
mencionados por Venezuela– avan-
zaron en la deliberación sobre tres lí-
neas conductoras, a saber: los aportes
teóricos, conceptos y principios que
deben guiar una política pública de
seguridad ciudadana con enfoque de
izquierda, estableciendo nudos proble-
máticos y desafíos; los diseños de polí-
ticas públicas, programas y proyectos
alternativos en el campo de la seguri-
dad ciudadana; y la evaluación de los
resultados e impactos de experiencias
de políticas públicas, programas o pro-
yectos alternativos, aplicados en ámbi-
tos nacionales o locales.
Se reafirmó en el Seminario inter-
nacional que no basta con develar la
racionalidad estratégica de lo que exis-
te; resulta fundamental conocer las
experimentaciones de lo nuevo, sus
resultados e impactos, proponer con-
ceptos y principios fundantes y explo-
rar las técnicas y tácticas de políticas
públicas que sean consistentes con un
enfoque de izquierda. Malaguti y Mu-
niz se posicionaron, entre otros temas,
en torno a la experiencia en Brasil de
las Unidades de Pacificación Policial;
Saín, por su cuenta, profundiza en las
experiencias de la Policía Federal Ae-
roportuaria de la Argentina, en per-
manente diálogo conceptual e ideopo-
lítico con “la política” –la ecuación de
poder necesaria para avanzar desde la
izquierda en el campo minado del con-
servadurismo–. Desde otras realida-
des, Recasens igualmente tributaba al
debate exponiendo la insostenibilidad
de las políticas de izquierda en mate-
ria de seguridad ciudadana si no hay
un cambio de modelo de Estado: “Las
políticas de seguridad de izquierda, im-
plementadas en un modelo de Estado
de derechas, acaban irreversiblemen-
te siendo de derechas, porque simple-
mente no se pueden llevar a cabo”.
El debate en el Seminario interna-
cional se colocó reiterativamente en la
perspectiva del contexto de los procesos
de cambio latinoamericanos; no podía
ser de otra manera. Es decir, el asunto
no es tan solo pensar la seguridad ciu-
dadana, es también de manera consus-
tancial el diseño, la implementación y
la evaluación de una política pública
apegada a los principios de izquierda.
La cuestión es el ejercicio de gobierno.
Si bien la consideración de los elemen-
tos conceptuales, propia de la tradición
intelectual de izquierda, es fundamen-
tal, su imbricación con lo técnico-polí-
tico y las experiencias más concretas de
implementación de políticas públicas es
indispensable. La apuesta del Seminario
internacional –espacio de encuentro
entre decisores, funcionarios, activistas
de espacios orgánicos de producción
intelectual y de movimientos sociales
y políticos–rindió su fruto: una aproxi-
mación teórico-práctica pertinente y
muy relevante para la audiencia parti-
cular de organizadores y participantes
–y una general en el terreno político y
social del debate–, que nos coloca ante
la posibilidad y la necesidad de generar
alternativas eficaces frente a las políti-
cas reproductoras del orden.
Muchos fueron los elementos y
las condiciones necesarias que los
ponentes consideraron fundamenta-
les para la efectiva realización de una
política pública de seguridad ciuda-
dana de izquierda. Podemos esbozar
algunos –a manera de síntesis imper-
fecta– sin que esto cierre el debate, a
saber: la generación de un debate so-
bre lo que los gobiernos de izquierda
están haciendo en políticas de control
del delito (novedades, diferencias y su
explicación; es decir, la investigación
siempre asociada a las preguntas so-
bre el “deber ser”), la construcción
226 | comentarios y reseñas
de nuevas visiones y la generación de
instrucciones técnico-políticas facti-
bles para la acción política.
Los invitados presentaron en la
mesa de cierre del Seminario interna-
cional –“Claves para la construcción
de una política de seguridad ciudadana
de izquierda”– algunos compromisos
básicos que al orientar la política pú-
blica desde un enfoque ético-político de
izquierda giran –tal y como lo planteó
Sozzo– en torno a sostener la lucha en
contra de la “desigualdad, la vulnera-
bilidad y las exclusiones sociales más
allá del vocabulario de la prevención
del delito. (…) es necesario fomentar in-
tervenciones de carácter general y fo-
calizado desde las instancias de diseño
e implementación de las políticas socia-
les, que se hagan cargo del vínculo de
ciertos problemas sociales con el mun-
do del delito”. “Políticas sociales trans-
versales” planteaba Muniz. Asimismo,
el llamado de atención sobre el error y
los peligros de la focalización en los su-
jetos débiles y, en este sentido, la nece-
saria visibilización de los delitos de los
sujetos poderosos, el crimen organiza-
do e internacional. Por último, se mani-
festó el consenso sobre la necesidad de
una transformación radical de las ins-
tituciones de control del delito, la admi-
nistración de justicia penal y las formas
de ejercicios de la penalidad.
229
I. PRESENTACIÓN
El 20 de junio de 2012, el presidente Chávez lanzó la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela (GMATVV), como continuidad y ampliación de la res-puesta del Estado ante el problema de la inseguridad. Se trata de una po-lítica integral que combina medidas de prevención con medidas de con-trol penal basadas en los derechos humanos. Su ejecución involucra a los poderes Ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal), Judi-cial y Ciudadano (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), así como al Poder Popular. Pretende ser una res-
puesta interagencial1 a un problema complejo, resistente y multifactorial.
1 En la experiencia del Gobierno Bolivaria-no, el concepto de Gran Misión supone la res-puesta interagencial a problemas resistentes o de difícil reducción.
La GMATVV tiene alcance nacional y prioriza, para la ejecución de algunos de sus proyectos, a los 79 municipios del país con las tasas más altas de ho-micidios. Consta de 6 grandes vértices, 29 líneas estratégicas y 117 proyectos, de los cuales 33 son de ejecución in-mediata. Uno de estos 33 proyectos es una consulta nacional que busca cua-lificar la propuesta inicial, promover la participación popular y facilitar con-sensos sociales y políticos en torno a la política que finalmente resulte de la consulta.
Lo que se presenta a continuación es un resumen del documento base de la GMATVV, cuyo diseño estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de trabajo liderado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguri-dad (UNES), con el apoyo del Consejo General de Policía (CGP) y la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Gran Misión ¡A Toda Vida! VenezuelaResumen de una propuesta de política pública
sometida a consulta popular
ANTONIO J. GONZÁLEZ PLESSMANN
230 | Documentos
II. EL PROBLEMA, SUS FACTORES GENERADORES Y CONSECUENCIAS
II.1. EL PROBLEMA
El problema que la Gran Misión pre-tende disminuir es el de la inseguridad ciudadana, que constituye el principal problema del país en la percepción de la población, según expresan múlti-ples y coincidentes encuestas públicas y privadas, desde hace dos décadas.
El tema de la seguridad supone abordar una amplia gama de situacio-nes, según lo define la Constitución de la República Bolivariana de Vene-zuela (Art. 55). Entre ellas, situaciones delictivas que pueden cometerse de manera violenta, causando gran alar-ma social, como también otros hechos que normalmente no contribuyen a aumentar la inseguridad subjetiva, ta-les como los delitos de “cuello blanco” o “delitos de los poderosos”. Igualmen-te, la seguridad abarca la protección a la población, por parte del Estado, frente a situaciones no delictivas tales como faltas, inconvivencias, acciden-talidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabili-
dad o riesgo para el disfrute de los de-rechos de la población. Son estos, por tanto, los problemas objeto de la pre-sente Gran Misión. Se presenta, a con-tinuación, una breve caracterización de algunos de estos problemas.
II.1.1. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO
La tasa de delitos totales se man-tiene en unas bandas estables, entre 930 y 1.000 por cada cien mil habitan-tes, en los últimos cinco años. No obs-tante, es la intensificación de la violen-cia en los delitos registrados una de las características de la criminalidad y la delincuencia en el país que más preocupación genera a efectos del di-seño de la presente política. Ello se evi-dencia en el incremento sostenido de los homicidios, especialmente en ciu-dades como Caracas y en que la tasa de robos (delito contra la propiedad con recurso a la violencia) que, aun cuando viene decreciendo en los últi-mos 3 años, sigue siendo mayor que la tasa de hurtos (que es un delito contra la propiedad sin recurso a la violencia).
Homicidios: es uno de los delitos que más consternación causa. Práctica-mente han cuadruplicado su tasa de ocurrencia en los últimos veinte años, al pasar de 13 por cien mil habitantes en 1991 a 50 en 2011.
Hurto y robo de vehículos: en los delitos de hurto y robo de vehículos, que registran un alto índice de denun-ciabilidad, se confirma la tendencia al aumento de la violencia dado que los robos vienen superando a los hurtos desde el año 2000. Considerando el período 1989-2009, el comportamien-to al ascenso se mantiene para el robo de vehículos, que triplica su tasa de ocurrencia nacional. (Ver Gráfico 1)
Lesiones: entre 1992 y 2008, la tasa de lesiones mantiene un comportamien-to oscilante, como se aprecia en cua-dro 1.
Denunciabilidad y razones para de-nunciar y no denunciar: el índice de denuncia total de los delitos, según la Encuesta de Victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009, es de 31%, prácticamen-te igual al observado en la Encuesta de 2006 realizada por la Comisión Nacio-nal para la Reforma Policial (Conare-pol). Los delitos más denunciados son los homicidios, en un 84%. Los hurtos registran un porcentaje bajo de de-nuncia (22%), seguidos por el robo (32%) y las lesiones personales (59%).
Apoyo institucional a las víctimas: solo un 18% de las víctimas manifies-ta haber recibido apoyo institucio-nal y en ningún caso este porcenta-
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 231
je supera el 45% para el homicidio,
siendo de 40% para las lesiones, 19%
para el robo y 11% para el hurto. No
más del 15% del total de la población
menciona como apropiado el apoyo
recibido, si bien el porcentaje de no
respuesta a esta pregunta resultó
muy elevado (82%).
Las variables personales en la victi-
mización (según la data que arroja la
Encuesta de Victimización de 2009) son:
Sexo: las mujeres en total resultan pro-porcionalmente menos víctimas que los hombres (38% vs 62%). Para el ho-micidio representan 19%, para las le-siones 42%, para el robo 38% y para el hurto 40%.
Nivel socioeconómico: el análisis de delitos por separado muestra una ma-
yor victimización por violencia direc-
ta contra las personas de los sectores
más pobres (homicidios 57% del nivel
IV y 27% del nivel V, lesiones 21% nivel
V) mientras se observa una mayor vic-
timización contra la propiedad en los
sectores menos pobres (robos y hurtos
17%, niveles I y II).
Edad: el grupo que predomina como
víctima es el comprendido entre 25 y
Gráfico 1. Casos conocidos de homicidios por cada 100 mil habitantes 1989-2009
Fuente: Defensoría del Pueblo. Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, a partir de la información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, así como las proyecciones y estimaciones de población emanadas del INE con base en el censo 2001.
60
50
40
30.
20
10
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Nú
mero
de de
litos p
or ca
da 10
0 mil h
abita
ntes
a/ Año de realización del Censo Nacional 2001, que dio lugar a una modificación de las cifras poblacionales sobreestimadas en las proyecciones con base al Censo 90.
Fuente: Centro Para la Paz UCV.
Cuadro 1. Lesiones registradas Venezuela y Caracas 1992-2008
Año Nº de delitos
Tasa x 100.000
Nº de delitos
Tasa x 100.000
1992 35.482 174 8.726 2951993 34.008 163 7.319 2451994 32.525 152 6.257 2071995 30.745 141 5.469 1791996 30.767 138 5.393 1751997 31.083 137 5.696 1821998 32.101 138 6.272 1911999 31.401 132 6.295 3192000 25.444 105 5.310 269
2001a/ 26.239 104 4.725 2302002 30.306 120 5.168 2512003 28.137 110 4.819 2342004 29.784 114 5.082 2462005 33605 126 6123 2952006 32.809 121 5.698 2742007 30.553 111 5.373 2582008 28.922 104 5.487 262
Venezuela Caracas
232 | Documentos
44 años (43% del total acumulado de delitos). Sin embargo, en los delitos vio-lentos, como homicidio, lesiones y robo, predominan los grupos jóvenes de la población, entre 15 y 44 años, con por-centajes entre 60% y 80% de la victimi-zación reportada. En el hurto predomina el grupo entre 45 y 64 años con 40%.
Sexo del victimario: los hombres repre-sentan el 78% de los victimarios, en homicidios; el 86% en lesiones perso-nales y el 90% en robo.
Edad del victimario: los victimarios predominan, al igual que las víctimas, entre el grupo de edad entre 25 y 44 años, representando 70% en los homi-cidios y 61% en las lesiones, salvo para el robo, donde predomina el grupo en-tre 15 y 24 años, con un 60%.
Conocimiento del victimario por la vícti-ma: en los homicidios, víctima y victi-mario se desconocen en un 55% de los casos. En las lesiones se da una situa-ción inversa, dado que 66% conocía al victimario.
Uso de armas de fuego: los homici-dios y robos, según la data que arroja la Encuesta de Victimización de 2009,
se cometen en 79%2 y 74%, respectiva-
2 Esta cifra supera el 90% según la data del CICPC.
mente, con armas de fuego. Las lesio-nes personales, en un 26%. Los datos muestran con claridad la asociación entre armas de fuego y delincuencia de tipo violento. Las armas de fuego se utilizan consistentemente en mayor frecuencia contra desconocidos.
Los grupos más jóvenes (hasta 25 años de edad) participan consistente-mente en mayor proporción que los restantes en la comisión de cualquier delito con armas de fuego. Para la tota-lidad de los delitos y para el delito de robo, el grupo etario mayormente victi-mizado mediante armas de fuego es el comprendido entre los 45 y los 54 años.
En cuanto al estrato socioeconómi-co, el estrato 4, que corresponde a los pobres, es el consistentemente mayor-mente victimizado con armas de fue-go, seguido del estrato 3, que corres-ponde a la clase media baja, luego de los estratos 1-2, que corresponden a clases medias y altas, y finalmente el estrato 5, que corresponde a los más pobres.
Aproximadamente el 80% de to-dos los robos son cometidos por hasta tres personas. Los robos de vehículos son cometidos en un 90% con armas de fuego, frente a 71% de los restantes robos.
II.1.2. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL
En nuestro país, los accidentes de trán-sito son la quinta causa de muerte después del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los homicidios y la diabetes, y afecta principalmente a la población entre 14 y 45 años.
El Instituto Nacional de Tránsito Te-rrestre reportó, para el cierre de 2008, la muerte de 20 personas diariamente por causa de accidentes de tránsito: de ellas 57% mueren en el sitio, mientras que 16 % fallecen durante el traslado al hospital y 27% en el hospital. En el 87% de los accidentes, la responsabili-dad recae en el conductor, lo que evi-dencia déficit en la cultura de preven-ción y seguridad vial de la población. (Ver Gráfico 2)
En cuanto a las principales vícti-mas, resalta una vez más que son los hombres jóvenes, especialmente en el grupo etario de 20 a 24 años. (Ver Gráfico 3)
Cabe señalar que uno de los secto-res más vulnerables de la accidentali-dad vial son los motorizados y motori-zadas. Este grupo representa el 25,73% de las muertes en accidentes de trán-sito.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 233
II.1.3. DéFICIT DE CONVIVENCIA
La inseguridad que afecta a nuestras comunidades no es producto sola-mente de la violencia derivada del de-lito, sino está también asociada a pro-blemas de convivencia cotidiana que generan conflictos y desencuentros entre sus miembros.
El Centro de Estudios Sociales (CES), en un estudio realizado en 2009 y focalizado en la región capital, en-contró que los principales problemas de convivencia que observan los habi-tantes de los cinco municipios de Cara-
cas se distribuían de la manera refleja-da en el Cuadro 2 (página siguiente). Allí se muestra algunas situaciones problemáticas en las que no parece evidente su relación con la comisión de delitos (peleas entre vecinos, pro-blemas en fiestas, alto volumen de los equipos de sonido, problemas por el lugar para botar basura, uso inade-cuado de vías públicas). Conflictos que podríamos considerar menores en el marco del uso del espacio común, ta-les como el volumen de la música, el uso de las vías o la realización de fies-
tas, surgen como causas frecuentes de disputas y de quiebre de relaciones entre vecinos. Estos conflictos pueden escalar a formas mayores de violencia e implicar, entonces, la ocurrencia de hechos delictivos. Estas situaciones que ocurren diariamente en el ámbito vecinal, y que podría esperarse se re-solvieran de manera rápida y sencilla, no siempre logran canalizarse de for-ma adecuada. El mismo estudio revela que, en la percepción de casi un 30% de los entrevistados y entrevistadas, las personas no intervienen para re-
Gráfico 2. Principales causas de accidentes de tránsito en Venezuela
VaronesHembras
Gráfico 3. Muertes por accidentlidad vial 2008Según género y grupos etarios
Elaboración: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad
Fuente: Anuario Mortalidad 2008 MPP para la Salud
234 | Documentos
solver los conflictos reportados. En segundo lugar aparecen los propios involucrados e involucradas como ar-tífices de la solución, mientras que los organismos policiales, es decir, figuras externas a la comunidad, asociadas al uso de la fuerza, ocupan el tercer lugar en esta percepción. El papel de la co-munidad ocupa el cuarto lugar. Estas cifras hablan de un déficit de las co-munidades para autorregularse y del Estado para realizar una regulación ex-
terna. Expresan, igualmente, el riesgo permanente de que estos pequeños conflictos escalen a situaciones que impliquen una mayor violencia y la ocurrencia de hechos delictivos.
La posesión y uso extendido de ar-mas de fuego, junto a otros factores, como patrones culturales vinculados al consumo excesivo de alcohol o la idea de “respeto” asociada a la autoafir-mación masculina, común a la cultura patriarcal popular venezolana, aumen-
tan los riesgos de violencia asociados a los déficit de convivencia al interior de las comunidades.
II.2. FACTORES GENERADORES
No existen factores que, por sí mis-mos y de manera suficiente, expliquen la ocurrencia de los problemas antes caracterizados. Tampoco es posible saber fácilmente cuál de ellos ejerce mayor peso en la configuración de
Cuadro 2. Principales situaciones de conflicto y violencia (%)
Problemas (%)
1. Peleas entre vecinos 16,80
2. Venta de drogas 10,91
3. Problemas en fiestas, matinés, reuniones 9,39
4. Alto volumen de los equipos de sonido 7,74
5. Violencia entre jóvenes/bandas 6,34
6. Problemas por el lugar para botar la basura 6,34
7. Uso inadecuado de las vías públicas 5,89
8. Peleas por razones políticas 4,86
9. Problemas con policías 4,28
10. Peleas por venta de alcohol 4,20
Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES): Estudio Caracterización de la Violencia, Criminalidad e Inseguridad en Caracas: perspectiva comunitaria, 2009.
Cuadro 3. Factores que influyen en la violencia
Estructurales Situacionales Institucionales
» Socialización de la violencia familiar.
» Relacipon violencia y medios de comuni-cación.
» Exclusión material y simbólica, espe-cialmente de los/as jóvenes.
» Identidades de género hegemónicas y violencia
» Posesión y uso de armas de fuego.
» Comercio y consumo irracional de alcohol y drogas ilegales
» Situación de los cuerpos policiales.
» Patrones de persecución y procesamiento policial de la delincuencia.
» Baja respuesta institucio-nal del sistema de justicia penal frente al delito.
» Ausencia de políticas públicas que aborden el control de la violencia des-de la escuela y la familia.
» Falta de control sobre los servicios de seguridad privada.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 235
los hechos de violencia. Por el con-trario, los fenómenos que justifican la GMATVV deben interpretarse como producto de una serie de factores in-terrelacionados e interdependientes que los hacen posibles. A efectos del diseño de la GMATVV fueron divididos en Estructurales, Situacionales e Ins-titucionales. Ver Cuadro 3 en página anterior.
II.2.1. FACTORES ESTRUCTURALES O SOCIALES
Los factores estructurales se refieren a las condiciones de vida material o cul-tural que pueden favorecer la violen-cia y el crecimiento de la criminalidad. Se presenta a continuación un breve comentario sobre cada uno de los fac-tores priorizados.
Socialización en la violencia fami-liar: prácticas extendidas como la vio-lencia contra la mujer por sus parejas, los castigos corporales contra niños y niñas a lo interno de la familia o las prácticas violentas para resolver con-flictos familiares o vecinales, implican situaciones contrarias a la convivencia pacífica y solidaria que, a su vez, con-tribuyen a normalizar la violencia fuera del hogar.
Exclusión material y simbólica de jó-venes: pese a los enormes avances en materia de inclusión social, aún pervi-
ven situaciones de exclusión que afec-tan, en particular a los jóvenes de los sectores populares. La tasa nacional de desocupación se ubicó para abril de 2012 en 8,6% pero esa misma tasa, en el mismo período para la población entre 15 y 24 años, alcanzó un 18,4%. En el período escolar 2009-2010 un 7,4% de jóvenes abandonó los estu-dios de forma permanente y 736.111 jóvenes, con edades entre 13 y 17 años, se encuentran aún fuera del sis-tema educativo (26%). Estas dos rea-lidades muestran que existe una con-siderable cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Adicionalmente, los jóvenes participan menos que los adultos de espacios organizativos y re-des asociativas, lo que les reduce espa-cios de protección ante situaciones de riesgo. La situación se agrava si se en-marca en la tensión existente entre la cultura consumista que aún promueve nuestra sociedad, basada en el “éxito” económico y el prestigio social, por un lado, y la inequidad en las opciones materiales y los medios legítimos para alcanzarlos, por otro.
Identidades de género y violencia: existe un modelo hegemónico de masculinidad en el que la competiti-vidad y comportamientos agresivos o temerarios permiten la autoafirma-ción. En el modelo hegemónico de
masculinidad, la violencia se ejerce en tres planos: contra sí mismo, contra otros hombres y contra las mujeres. La violencia contra sí mismo se eviden-cia por la presencia de conductas de riesgo como el manejo imprudente; la violencia contra otros hombres se evi-dencia en que más del 80% de los ho-micidios son cometidos por hombres y hay correspondencia en el porcentaje de hombres victimizados; la violencia contra las mujeres se evidencia en que los hombres aparecen como los princi-pales victimarios en caso de violencia de género, incluyendo la violencia se-xual contra mujeres.
Relación entre violencia y medios de comunicación: tanto en la programa-ción informativa como en la de entre-tenimiento, la presencia de la violencia es una constante en la televisión vene-zolana. Un estudio internacional finan-ciado por la UNESCO, realizado entre 1996 y 1997 y que abarcó a 23 paí-ses, señala que: a) existe una relación clara entre la visualización de TV y la tendencia a escoger héroes de acción (con perfiles violentos) como modelos a seguir, lo cual se incrementa si los espectadores habitan en entornos de conflictividad; b) en entornos agresi-vos, la experiencia vital de los niños/as y la programación mediática tienden a afirmar que la violencia es natural y
236 | Documentos
que es una manera exitosa de resolver los problemas, y c) existe una relación comprobada entre la preferencia de programación violenta y el interés de participar en situaciones agresivas y de riesgo.
Finalmente, en las historias de vida de jóvenes en conflicto con la ley, sue-le ser un elemento recurrente la bús-queda de autoafirmación a partir del consumo de bienes, ampliamente di-fundidos por los medios de comuni-cación.
II.2.2. FACTORES SITUACIONALES
Los factores situacionales son condi-ciones presentes que, sin ser causa directa, crean oportunidades y favo-recen los riesgos de ocurrencia de hechos violentos o delitos. Entre los factores de este tipo priorizados, se encuentran los siguientes:
Posesión y uso de armas de fuego: como se ha señalado, el 79% de los homicidios y el 74% de los robos son cometidos con armas de fuego, según la Encuesta de Victimización 2009. Los estudios de percepción son coinci-dentes en señalar un imaginario social sobre las armas que las asocia, por un lado, al poder (estatus, prestigio, do-minio, respeto, protección, ideario de masculinidad y virilidad, admiración) y,
por otro, a una garantía de seguridad ante posibles agresiones.
Comercio y consumo irracional de alcohol y drogas ilegales: tradicio-nalmente, el comercio a pequeña es-cala de drogas ilegales es ejercido por pequeñas bandas que compiten y se enfrentan de manera armada por el control territorial. Las redes de dis-tribución de drogas tienen tras de sí sectores poderosos que suelen ser in-visibilizados en el mundo delictivo, en tanto reclutan su mano de obra de los sectores populares. Por otra parte, el consumo irracional de alcohol o dro-gas ilegales se convierte en un factor facilitador de hechos violentos, tal como lo demuestra la estadística de-lictiva.
II.2.3. FACTORES INSTITUCIONALES
Los factores institucionales aluden a la capacidad del Estado para prevenir y controlar el delito y la violencia. En-tre los resaltados se encuentran los si-guientes:
La escuela y el control de la violen-cia: estudios reflejan que 73% de los estudiantes encuestados han presen-ciado situaciones violentas dentro del plantel, desde agresiones verbales (88%), agresiones físicas (79%) y abu-so de poder (24%) hasta abuso sexual
(5%). Pese a los avances en materia de normas de convivencia, la escuela mantiene una baja capacidad de inci-dencia en el control y prevención de estos hechos.
Situación de los cuerpos policiales ostensivos (nacional, estadales y municipales): 80% de los cuerpos no presta el servicio de patrullaje poli-cial en los tres niveles de supervisión y según las normas de sectorización. Solo 30% tiene la sala situacional para el registro y el análisis del delito, para planificar el servicio de patrullaje; 53% de los cuerpos policiales no ha logra-do organizar el Servicio de Policía Co-munal. La tasa policial sigue en 3 po-licías por cada mil habitantes, cuando debería estar en el orden de los 4 por cada mil. 45% de los policías del país presta servicios administrativos no po-liciales como la custodia de edificacio-nes o funciones de escoltas, en lugar de estar en funciones estrictamente policiales. Solo el 13 % de la pobla-ción policial es femenino, lo que está por debajo del estándar reglamenta-do. 58% de los cuerpos de policía no posee manuales de normas y procedi-mientos, 10% no tiene ningún sistema de comunicación y 85% tiene dificul-tades para comunicarse entre sí y con los demás cuerpos policiales. Todos los cuerpos tienen un déficit de 60% de la
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 237
dotación requerida para funcionar de acuerdo a los estándares del Nuevo Modelo Policial venezolano. 78% de los cuerpos de policía sigue rotando sus armas de fuego porque no se ha asignado un arma para cada funcio-nario, y el 60% no tiene armas inter-medias para facilitar el ejercicio de las funciones policiales con respeto a los derechos humanos. 70% de los poli-cías del país no cuenta con entrena-miento especializado en el uso progre-sivo y diferenciado de la fuerza, lo que constituye una amenaza para los ciu-dadanos y ciudadanas y mantiene la propensión de los funcionarios y fun-cionarias al uso de las armas de fuego para esta tarea en lugar de usarlas solo para la defensa propia o de terceros. 70% de los funcionarios y funcionarias son apenas bachilleres.
Patrones de persecución y procesa-miento de la delincuencia: tal como ha sido señalado arriba, existe una baja denunciabilidad de los delitos. Además de este dato, que expresa un bajo conocimiento del sistema de jus-ticia sobre hechos delictivos, en aque-llos casos conocidos existe un déficit importante de investigación y proce-samiento. La persecución del delito y su procesamiento es sobreabundan-te (se detiene a más personas que los casos conocidos) para algunos delitos
como los relacionados con drogas y deficitaria para los más graves como los homicidios, los cuales registran una baja tasa de resolución pues solo en 19% de los casos conocidos se rea-lizan detenciones y apenas el 6% llega a Fiscalía.
Respuesta del sistema de justicia penal frente al delito: el sistema in-formático JURIS, diseñado y desple-gado por el Poder Judicial para el re-gistro y control de causas, no ha sido instalado en todas las sedes judiciales del país, por lo que existe una dualidad de fuentes de información, automati-zada y manual, para la concentración y centralización de la data, lo que hace suponer altos márgenes de error. En 2011, el 60,2% de la población priva-da de libertad no había sido conde-nada (estaba en proceso), y apenas el 39,8% había sido penada, lo que implica un elevado número de perso-nas que se encuentran sin sentencia definitivamente firme que demuestre su responsabilidad penal. Apenas 258 tribunales de control a en todo el país deben atender toda la materia penal. De las causas abiertas por homicidio con privación de libertad, para 2010 solo se encontraba el 36,6% en fase de ejecución, mientras el 63,4% se encuentra en proceso. El retardo que se estima pueda existir en la fase de
juicio ha producido un fenómeno de normalización sobre la admisión de los hechos por parte del detenido, lo que trae como consecuencia la imposición inmediata de la pena que le corres-ponde, con una reducción que va des-de un tercio a la mitad. El 75,5% de las personas encarceladas y sentenciadas en todo el país no fue a juicio sino ad-mitió los hechos. La evolución del nú-mero de personas encarceladas en los últimos años da cuenta de un enfoque severamente punitivo, asentado en el uso indiscriminado de la prisión como mecanismo de contención del delito. La situación se agrava si a la deficien-cia del Poder Judicial, como árbitro del proceso, se le suman las deficiencias de los otros actores, especialmente del Ministerio Público, representadas en la cantidad de fiscales disponibles para procesar la cantidad de denun-cias y averiguaciones abiertas, asistir al proceso en fase de juicio y supervisar y garantizar la ejecución penal.
Servicios de seguridad privada: no existen registros confiables sobre las empresas de seguridad y, en particu-lar, las dedicadas a la vigilancia priva-da que en muchas ocasiones mane-jan armas y municiones. Esto dificulta su incorporación a las estrategias de seguridad ciudadana y al diseño y es-tablecimiento de políticas que, entre
238 | Documentos
otras cosas, permitan el control de las armas que utilizan y el diseño de me-canismos de colaboración entre las empresas y el sistema de justicia para perseguir delitos.
II.3. CONSECUENCIAS
La mayoría de las consecuencias de estas situaciones recae sobre los sec-tores populares, lo que en sí mismo expresa la pervivencia de desigualda-des en nuestra sociedad, reproducidas y alimentadas por los daños ocasiona-dos por la violencia.
La consecuencia más grave y dra-mática de las altas tasas delictivas, en particular de los delitos violentos y los altos índices de accidentalidad vial, son el alto número de muertes y lesio-nes (permanentes o temporales) que producen y, con ello, la destrucción de proyectos de vida de miles de perso-nas, familias y colectivos. Una segunda gran consecuencia es la generalizada sensación de inseguridad que, por el carácter emocional de esta percep-ción, alimenta una amplificación de los hechos y un clima social de temor al otro que dificulta la convivencia pa-cífica y solidaria y legitima respuestas contrarias a los derechos humanos. Es también consecuencia de la inseguri-dad, la tendencia de la población a re-cogerse en sus hogares más temprano,
el temor de las comunidades a realizar reuniones nocturnas, limitando espa-cios cotidianos de encuentro, dado el control del espacio público por grupos armados. Todo ello marcha a contra-vía de las necesidades de un contexto promotor de la organización y movili-zación popular.
III. MARCO POLíTICO CONCEPTUAL DE LA GRAN MISIÓN
Tradicionalmente, la noción de segu-ridad (o sus equivalentes, como orden público, seguridad nacional, seguri-dad pública, etcétera) se asoció con la protección del orden legal (reducción y represión de delitos) o con el man-tenimiento del orden institucional, revistiendo un talante puramente pu-nitivo y autoritario. Sin embargo, una concepción radicalmente democrática de la seguridad ciudadana implica el libre ejercicio de los derechos, el de-sarrollo integral de la persona y de la comunidad, el logro de la convivencia pacífica y solidaria, la participación, la inclusión social y la gobernabilidad democrática.
La GMATVV se plantea la búsqueda de la igualdad en el disfrute del dere-cho a la seguridad ciudadana, el de-
recho a la justicia y la reparación y la convivencia solidaria, transformando los factores y condiciones que gene-ran o facilitan la violencia, los delitos, los déficits de convivencia o de acceso y satisfacción de la justicia, otorgan-do prioridad a los sectores que más lo necesitan. Reconoce, con ello, la exis-tencia de desigualdades fácticas que deben ser corregidas, trascendiendo así la concepción clásica (liberal) de la igualdad jurídica y expresando la búsqueda de la igualdad sustantiva. De esta manera se incorporan accio-nes transformadoras de la realidad y favorecedoras de la convivencia pací-fica, en donde el Estado no abdica de sus obligaciones y la comunidad ejer-ce poder sobre la vida colectiva. Algu-nos ejemplos de estas acciones son el establecimiento de normas de convi-vencia y la organización para la auto-rregulación de la vida comunitaria y la resolución pacífica de conflictos; la contraloría social a la función policial; la corresponsabilidad en la protección de sectores vulnerables ante la violen-cia y en el estímulo a su participación y protagonismo en la transformación de las condiciones que los oprimen (jóve-nes, niñas/os, mujeres, ancianos/as); la intervención del hábitat, modificando su uso para prácticas violentas por un uso colectivo y pacífico.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 239
Se visibiliza el hecho de que, frente a una misma situación, puede acudir-se a los servicios de una u otra agencia del Estado o requerirse la intervención simultánea y conjunta de distintos or-ganismos. Por ello las estrategias con-vencionales de control penal, centra-das exclusivamente en la respuesta reactiva al delito, no son suficientes para atender a los nuevos escenarios de la inseguridad, por lo que se re-quieren, en contraste, medidas que se dirijan a la detección y reducción de riesgos situacionales y a la gestión de grupos vulnerables, así como a actuar sobre factores estructurales que se asocien con estos riesgos y vulnerabi-lidades.
III.1. PRINCIPIOS DE LA GRAN MISIÓN
III.1.1. IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN
Basado en principios que son comunes a la democracia socialista y a los dere-chos humanos, la Gran Misión apunta a mejorar las condiciones de conviven-cia y seguridad ciudadana para toda la población, sin discriminación, apun-tando a corregir inequidades en el dis-frute de los derechos de la población. La búsqueda de la igualdad sustantiva y la universalización del desfrute de los derechos, a partir del reconocimiento
de las desigualdades fácticas, implica priorizar la acción de la Gran Misión en aquellos territorios y poblaciones que más lo necesiten.
III.1.2. CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR
La Gran Misión generará alianzas con sectores sociales y organizaciones po-pulares, tanto para la validación de su diseño (diagnóstico, objetivos y me-dios), que se asume provisorio e insu-mo para la discusión pública, como para la ejecución y evaluación de la pro-pia Gran Misión. El fortalecimiento de la organización y movilización popular en torno a sus derechos es entendido aquí como un componente fundamental de la convivencia solidaria, que la Gran Mi-sión apunta promover.
III.1.3. ENFOQUE DE DERECHOS E INTERDEPENDENCIA
La Gran Misión adopta el enfoque de derechos humanos. En consecuencia, sus acciones son vistas como el cum-plimiento de obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos, que pueden y deben ser exigidas por la población. En el desarrollo de la Gran Misión la población y, en parti-cular, los sectores populares deben ser fortalecidos y empoderados en su conciencia de derechos. La Gran Mi-
sión involucra el cumplimiento de un conjunto interdependiente de dere-chos, entre los que se encuentran el derecho a la seguridad, a la justicia, a la vida, a la libertad personal, a la in-tegridad personal, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la parti-cipación y la democracia directa y a la recreación, entre otros.
III.1.4. INTERAGENCIALIDAD Y ARTICULACIÓN
La Gran Misión es un esfuerzo inte-ragencial, en donde se articulan de manera colaborativa instituciones del sistema de justicia penal con institu-ciones públicas responsables de dere-chos sociales y atención a grupos vul-nerables.
III.1.5. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
La Gran Misión es transparente en su gestión, por lo que contará con un sistema de indicadores de estructura, proceso y resultado que permita su monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
240 | Documentos
IV.- ALCANCE, TERRITORIO Y SECTORES PARTICIPANTES DE LA GRAN MISIÓN ¡A TODA VIDA! VENEZUELA
Los territorios priorizados por la GMATVV son los 79 municipios (23,5% del total de municipios del país) distri-buidos en las 24 entidades, que con-centran el 86,02 % de los homicidios del país. La lista de municipios que se presenta en el Cuadro 4 incluye los que tienen tasas más altas que el pro-medio nacional (es decir, más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes) y los que tienen los números absolutos más elevados.
Los sujetos priorizados por esta Gran Misión son los grupos conside-rados como más vulnerables dentro de nuestra población: las víctimas del delito y la violencia, los/as niñas/os, adolescentes, jóvenes y mujeres de los sectores populares y la población pri-vada de libertad. No se trata de pobla-ción objetivo, asumida como pobla-ción pasiva, simple destinataria de una política, sino como sujetos cuyo prota-gonismo para la transformación de las situaciones que los oprimen será esti-mulado y acompañado.
Cuadro 4. Homicidios por entidad federal y municipios priorizados(HOMICIDIOS de acuerdo a datos 2.011)
Entidad Municipio N° % Entidad Municipio N° %VENEZUELA 12.294 86,02
Miranda
Acevedo 100 0,70Distrito Capital Libertador 1.796 12,56 Andrés Bello 24 0,17Amazonas Atures 21 0,15 Baruta 83 0,58
Anzoátegui
Anaco 62 0,43 Brion 63 0,44Sotillo 123 0,86 Buroz 36 0,25Simón Bolívar 282 1,97 Cristóbal Rojas 128 0,90Simón Rodríguez 55 0,38 Guaicaipuro 207 1,45
Apure San Fernando 68 0,48 Independencia 217 1,52
Aragua
Bolívar 56 0,39 Lander 187 1,31Girardot 231 1,62 Paz Castillo 111 0,78José Félix Ribas 88 0,62 Plaza 163 1,14Libertador 79 0,55 Sucre 610 4,27Santiago Mariño 143 1,00 Urdaneta 128 0,90Sucre 84 0,59 Zamora 172 1,20Zamora 165 1,15 Monagas Maturín 208 1,46Francisco Linares A. 89 0,62
Nva. EspartaDíaz 42 0,29
Barinas Barinas 152 1,06 García 71 0,50
BolívarCaroní 383 2,68 Mariño 120 0,84Heres 297 2,08
PortuguesaAraure 75 0,52
Carabobo
Carlos Arvelo 103 0,72 Guanare 87 0,61Diego Ibarra 127 0,89 Páez 138 0,97Guacara 114 0,80
SucreBermúdez 88 0,62
Juan José Mora 50 0,35 Sucre 233 1,63Libertador 184 1,29
Táchira
Ayacucho 37 0,26Los Guayos 142 0,99 Bolívar 33 0,23Naguanagua 135 0,94 García de Hevia 37 0,26Puerto Cabello 96 0,67 María Ureña 24 0,17San Joaquín 51 0,36 Urdaneta 3 0,02Valencia 928 6,49 San Cristóbal 131 0,92
Cojedes Zamora 73 0,51 Torbes 45 0,31Delta Amacuro Tucupita 3 0,02 Trujillo Valera 48 0,34Falcón Miranda 75 0,52
YaracuyPeña 46 0,32
Guarico
Infante 75 0,52 San Felipe 89 0,62Miranda 74 0,52
Zulia
Cabimas 69 0,48Monagas 46 0,32 Lagunillas 47 0,33Roscio 125 0,87 Mara 51 0,36
LaraIribarren 520 3,64 Maracaibo 554 3,88Moran 74 0,52 San Francisco 169 1,18
MéridaAlberto Adriani 63 0,44 Vargas Vargas 267 1,87Campo Elías 53 0,37Libertador 68 0,48
Fuente: CICPC, cálculos propios.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 241
V. OBJETIVOS Y VéRTICES ESTRATéGICOS DE LA GRAN MISIÓN ¡A TODA VIDA! VENEZUELA
La Gran Misión ¡A TODA VIDA! Vene-zuela tiene como objetivo general:
Disminuir la ocurrencia de situa-ciones vinculadas con el delito, faltas, inconvivencias, accidentalidad vial, de-sastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la pobla-ción, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las hacen posibles, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y movili-zación popular, la búsqueda de la igual-dad social sustantiva y con perspectiva de derechos humanos.
Para alcanzar este objetivo, se or-ganiza en 6 vértices o ejes que desarro-llan 29 líneas estratégicas y 117 accio-nes programáticas o proyectos.
VéRTICE 1: PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONVIVENCIA SOLIDARIA
Objetivo: reducir el riesgo de ocu-rrencia delictiva, faltas, conflictos vio-lentos, accidentalidad vial, desastres
o emergencias, a través de interven-ciones multiagenciales y procesos de participación popular que se anticipen a su comisión, actuando sobre sus fac-tores generadores y promoviendo la convivencia solidaria y una cultura de derechos humanos.
LíNEA ESTRATéGICA 1: nuevo sis-tema de valores morales, principios y prácticas orientado a la convivencia pacífica, los derechos humanos, la soli-daridad y la prevención de la violencia, el delito, las faltas, las “inconvivencias” y la accidentalidad, así como la ade-cuada actuación ante emergencias y desastres, en el ámbito familiar, comu-nitario y social.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Campaña Nacional por la Conviven-cia Pacífica y Solidaria, que desarro-lle diversas líneas temáticas. Alcan-ce nacional.
b. Consulta Nacional sobre los Medios de Comunicación, Publicidad y Vio-lencia con el fin de construir un acuerdo nacional para la conviven-cia y la solidaridad. Alcance nacio-nal.
c. Observatorio sobre Violencia en los Medios de Comunicación Masiva, a fin de elaborar recomendaciones
tendientes a promover la convi-vencia y la paz. Alcance nacional.
d. Programa Escuela para Padres y Ma-dres que ejecute un programa na-cional de formación familiar. Alcan-ce: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 2: Promover, en centros educativos, la movilización en torno a los derechos humanos, la crea-ción y aplicación de las normas de con-vivencia, la prevención de accidentes de tránsito y la actuación adecuada en emergencias y desastres.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Programa Nacional de Formación y Estímulo a la Organización Estu-diantil, a fin de incentivar una cul-tura a favor de la resolución pa-cífica de conflictos en el ámbito escolar. Alcance: territorio priori-zado.
b. Programa de Promoción del Servicio Comunitario Universitario, dirigido a los grupos sociales y comunida-des con problemas de violencia que permita ampliar su atención. Alcance: territorio priorizado.
c. Programa Escolar para la Preven-ción Vial, Emergencias y Desastres, a fin de asegurar que existan conoci-mientos adecuados que permitan
242 | Documentos
desarrollar conductas responsa-bles frente a estos eventos. Alcan-ce: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 3: Aumentar la inclusión juvenil para disminuir la desocupación, la exclusión escolar e incrementar la producción cultural crí-tica de los/as jóvenes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley, estimulando su protagonismo.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Programa Nacional de Economía Comunal y Trabajo Socioproductivo para Jóvenes, en el marco de la Gran Misión Saber y Trabajo, para jóve-nes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley. Alcance: territorio priorizado.
b. Plan de Reimpulso de la Inclusión Educativa para Jóvenes: ejecución de un proceso masivo de inclusión educativa para jóvenes que estén fuera del sistema escolar. Alcance: territorio priorizado.
c. Programa Nacional de Escuelas de Creación Cultural y Movilización. Al-cance: territorio priorizado.
d. Plan de Promoción del Deporte en Comunidades. Alcance: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 4: promover
una cultura a favor de la convivencia solidaria y la resolución pacífica de conflictos, en los espacios formales y no formales de recreación y uso del tiempo libre.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Plan Nacional de Recreación para Niños, Niñas y Adolescentes que promueva la convivencia solidaria y la resolución pacífica de conflic-tos. Alcance: territorio priorizado.
b. Fortalecimiento de las organizacio-nes comunitarias juveniles que se dediquen a la promoción y desa-rrollo de iniciativas recreativas con énfasis en la convivencia y la reso-lución pacífica de conflictos. Alcan-ce: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 5: promover la organización y movilización popular en torno a la convivencia pacífica y so-lidaria; la prevención de conflictos, de-litos, faltas e “inconvivencias”.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Registro Nacional de Experiencias de Convivencia, con el fin de conocer, articular, difundir, estimular y pre-miar buenas prácticas en la mate-ria. Alcance nacional.
b. Programa Nacional de Formación
Popular para la Convivencia. Alcan-ce: territorio priorizado.
c. Plan Nacional de Financiamiento de Proyectos Comunitarios de Preven-ción que priorice acciones progra-máticas tipo en áreas estratégicas y facilite un acompañamiento téc-nico y la sistematización de expe-riencias. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 6: política pú-blica integral sobre el control de armas y municiones y el desarme, a fin de re-ducir oportunidades para la ocurren-cia de la violencia delictiva.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Planes de control, regulación legal y desarme: diseño de políticas pú-blicas para la ejecución de proce-sos de control, regulación legal y desarme. Alcance nacional.
b. Operativo nacional de registro y marcaje de armas y municiones, a fin de controlar y hacer seguimien-to a las armas y municiones utiliza-das en la comisión de hechos delic-tivos. Alcance nacional.
c. Programa nacional de protocolos de formación policial en materia de armas y salas de evidencia: en materia de decomiso, recolección, almacenaje y, eventualmente, des-
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 243
trucción de armas, así como la defi-nición de estándares para las salas de evidencia. Alcance nacional.
d. Política de prevención y control de adolescentes armados para la pre-vención, control, detección sobre adolescentes que porten, exhiban y, eventualmente, usen armas de fuego, incluyendo medidas pre-ventivas especiales para el sistema escolar. Alcance nacional.
e. Auditoría nacional de armas en las salas de evidencia. Alcance nacio-nal.
f. Destrucción masiva y permanente de las armas recuperadas. Alcance nacional.
g. Supervisión y restricción al porte y uso de armas en espacios públicos. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 7: sistema de prevención del consumo de drogas legales e ilegales, control y regulación de la venta de alcohol y atención a per-sonas con adicción.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Programa Nacional de Tratamiento a Tóxico-dependientes y Alcohóli-cos para el fortalecimiento y am-pliación de la oferta de tratamien-to, ampliación de la capacidad de
atención hospitalaria y creación de programas de tratamiento de alco-hólicos y tóxico-dependientes. Al-cance nacional.
b. Plan Nacional de Control y Regula-ción de Venta de Alcohol. Alcance: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 8: recupera-ción, construcción, ocupación y uso de espacios públicos para la convivencia, la recreación y la organización popular.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Programa Nacional de Cartografías de la Violencia: elaboradas por par-te de organizaciones populares. Al-cance: territorio priorizado.
b. Plan de Intervenciones Espaciales y Situacionales: realización de inter-venciones espaciales y situaciona-les en las comunidades y zonas de gran movilidad, en alianza pueblo-Gobierno. Alcance: territorio priori-zado.
LíNEA ESTRATéGICA 9: Política pú-blica en materia de seguridad privada que coadyuve a la prevención en se-guridad ciudadana.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Consulta-diagnóstico nacional so-bre las empresas de seguridad priva-
da, a fin de elaborar un modelo de operación para las empresas que se dedican a la seguridad privada en el país. Alcance nacional.
b. Normas para la estandarización de las empresas de seguridad privada. Alcance nacional.
c. Fortalecimiento institucional del control sobre las empresas de segu-ridad privada. Alcance nacional.
d. Sistema de detección oportuna en coordinación con las empresas de seguridad privada que permita de-tectar posibles hechos punibles y atender la situación con prontitud. Alcance: territorio priorizado.
VéRTICE 2: FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo: crear las condiciones institu-cionales para conformar una estructu-ra nacional, estadal, municipal y parro-quial conformada por los organismos competentes en materia de preven-ción y control del delito, con una pers-pectiva integral a fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población.
LíNEA ESTRATéGICA 1: puesta en funcionamiento del Sistema Integrado
244 | Documentos
de Policía, de cara a optimizar el servi-cio de la policía ostensiva bajo el enfo-que del Nuevo Modelo Policial.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Fortalecimiento del órgano rector del Sistema Integrado de Policía, con facultades de dirección, con-trol y evaluación de los órganos que forman parte del Sistema Inte-grado de Policía. Alcance nacional.
b. Plan de despliegue territorial del Cuerpo de Policía Nacional Boliva-riana. Alcance: territorio prioriza-do.
c. Plan de despliegue del Servicio de Policía Comunal: para el desarrollo y despliegue de servicios de policía comunal en los territorios prioriza-dos. Alcance: territorio priorizado.
d. Programa para la adopción del sis-tema de vigilancia y patrullaje: jun-to al programa nacional de aten-ción a las víctimas y el desarrollo de las salas situacionales y los cen-tros de operaciones de los cuerpos policiales correspondientes. Alcan-ce: territorio priorizado.
e. Plan de reimpulso de dotación po-licial: Dotación básica e institucio-nal a todos los cuerpos policiales
del país. Alcance: territorio priori-zado.
f. Plan de expansión territorial de la UNES, para la profesionalización y el desarrollo integral de funciona-rias y funcionarios de la seguridad ciudadana. Alcance nacional.
g. Fortalecimiento del Fondo Inter-gubernamental para el Servicio de Policía, mediante el cual las autori-dades de policía podrán acceder a recursos para el mejoramiento ins-titucional. Alcance nacional.
h. Proyecto red de telecomunicacio-nes policiales que permita a to-dos los cuerpos policiales recibir y transmitir voz, data o imágenes. Alcance nacional.
i. Plan de reimpulso del sistema de emergencias 171, en todo el país, que permita a los ciudadanos so-licitar y recibir auxilio. Alcance na-cional.
j. Diseño e implementación del siste-ma de información del servicio de policía. Alcance nacional.
k. Proyecto Registro Nacional de Huellas Dactilares. Alcance nacio-nal.
l. Programa de fortalecimiento de la investigación, captura y procesa-
miento de delitos violentos. Alcan-ce: territorio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 2: Sistema Inte-grado de Investigación Penal y auxiliar al Sistema de Justicia.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Nuevo marco legal de la carrera de investigación penal que permita redefinir su función, organización, carrera y funcionamiento en el marco del sistema de justicia. Al-cance nacional.
b. Nueva Ley de Medicina y Ciencias Forenses, a fin de dar paso a la creación de un organismo especia-lizado en la labor de investigación criminal. Alcance nacional.
c. Nuevo marco legal para resguar-do de evidencia, a fin de regular el resguardo de evidencias. Alcance nacional.
d. Fortalecimiento del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciuda-dana. Alcance nacional.
e. Plan de reforma y fortalecimiento del CICPC. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 3: sistema in-tegrado de los órganos de seguridad ciudadana encargados de las emer-
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 245
gencias de carácter civil y la adminis-tración de desastres.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Sistema Integrado de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Protec-ción Civil. Alcance nacional.
b. Fortalecimiento de los fondos para equipamiento, dotación y prepara-ción para la atención de eventua-les emergencias. Alcance nacional.
c. Diseño y ejecución de un plan para la coordinación y aplicación de es-trategias de logística que permitan la adquisición, donación, almace-namiento, mantenimiento y dis-tribución de materiales, equipos e insumos para la administración de desastres. Alcance nacional.
d. Reforma integral de la legislación de emergencias y administración de desastres. Consulta nacional en torno al modelo de actuación ante emergencias de carácter civil y ad-ministración de desastres. Alcance nacional.
e. Fortalecimiento del registro nacio-nal de voluntarios y voluntarias y su articulación en una red nacio-nal para actuar de acuerdo a los parámetros profesionales que re-
quieren las emergencias. Alcance nacional.
f. Plan de despliegue nacional de la Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos y Bomberas. Alcance: territorios priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 4: medidas para evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito y mitigar las consecuencias de los que se producen.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Integración del Cuerpo de Vigilan-cia de Tránsito y Transporte Terres-tre a la PNB, ajustando el pie de fuerza necesario para cubrir todo el territorio nacional. Alcance na-cional.
b. Fortalecimiento de los órganos de control de tránsito: para realizar y verificar el control de la circulación del tránsito, del transporte de per-sonas y de carga en las carreteras, autopistas o vías expresas de todo el país. Alcance nacional.
c. Diseño e implementación del sis-tema nacional unificado de infor-mación de tránsito que permita registrar y mantener información actualizada, autorizada y validada sobre accidentes de tránsito, con-ductores, licencias de conducir,
infracciones y vehículos. Alcance nacional.
d. Nuevo marco legal de tránsito au-tomotor que fortalezca las me-didas de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tránsito. Alcance nacional.
e. Diagnóstico y normas de infraes-tructura vial a fin de mejorar la se-guridad vial a través de medidas estandarizadas de infraestructura vial sobre la base de un diagnósti-co previo. Alcance nacional.
f. Recuperación y mantenimiento de las vías públicas, extendiendo me-didas como la Fiesta del Asfalto a todo el país, a fin de asegurar su óptimo estado. Alcance nacional.
g. Instalación de un sistema de dis-positivos electrónicos para el con-trol de la velocidad y atender los accidentes de tránsito en las auto-pistas y vías expresas. Alcance na-cional.
h. Programa Escuela de Conductores UNES para favorecer una cultura de tránsito cuyo principio sea la vida como valor supremo. Alcance nacional.
i. Diseño y ejecución de una política nacional destinada a la protección
246 | Documentos
de los motorizados que incluya el cumplimiento de normas básicas de registro y marcaje de motocicle-tas y partes, fiscalización aleatoria de motorizados, programa de for-mación, seguridad vial, organiza-ción y coordinación de planes de seguridad. Alcance nacional.
j. Protección al transporte público de pasajeros urbano e interurbano, mediante la implementación de un sistema regular de revisión y acce-so a financiamiento para el mejo-ramiento de las unidades, coordi-nación de planes de seguridad y sistemas de alertas tempranas con comunicaciones fluidas. Alcance nacional.
k. Fondo de apoyo a la seguridad vial, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de vigilan-cia y seguridad vial en el territorio nacional. Alcance nacional.
VéRTICE 3: TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y CREACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS
Objetivo: transformar el sistema de justicia penal para adecuarlo a la ga-
rantía efectiva de los derechos huma-nos donde la justicia, y en particular los procedimientos penales y los me-canismos alternativos de resolución de conflictos, sean accesibles, impar-ciales, idóneos, transparentes, autó-nomos, independientes, responsables, equitativos y expeditos, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposicio-nes inútiles, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República Boli-variana de Venezuela.
LíNEA ESTRATéGICA 1: transforma-ción integral del Código Penal y defini-ción de un nuevo paradigma que con-temple la revisión de los tipos penales y el marco sancionatorio.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Construcción de un gran consenso nacional a través de una consulta y otras estrategias que faciliten la promulgación de una nueva legis-lación penal. Alcance nacional.
b. Promulgación de un nuevo Códi-go Penal para la definición de un nuevo paradigma que contemple la revisión de los tipos penales y del marco sancionatorio. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 2: reducir la im-punidad y mejorar la actuación en la
persecución penal y la gestión de los integrantes del sistema.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Instalación de la Comisión para la coordinación entre los integrantes claves del sistema de justicia pe-nal, con la finalidad de construir un nuevo paradigma de corresponsa-bilidad, la cual se realizará en dos ámbitos: nacional y regional. Al-cance nacional.
b. Sistema de información unificado para el seguimiento de los casos en todo el sistema de justicia penal, a los fines de mejorar su eficacia y eficiencia. Alcance nacional.
c. Sistema de información público de indicadores de seguimiento de gestión. Alcance nacional.
d. Fortalecimiento de una nueva ge-neración de integrantes del siste-ma de justicia mediante el mejora-miento de la formación, selección e incorporación de personal, gene-rando una nueva ética de la justi-cia. Alcance nacional.
e. Realización de una encuesta de percepción judicial a fin de medir la actuación de la justicia. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 3: Sistema de
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 247
faltas para establecer un procedimien-to que permita establecer sanciones alternativas a la privación de libertad.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Elaboración de una Ley de Faltas, que derogue el Libro de Faltas del Código Penal y establezca sancio-nes. Alcance nacional.
b. Creación de tribunales y fiscalías en materia de faltas. Alcance: terri-torio priorizado.
LíNEA ESTRATéGICA 4: fortalecer la justicia penal.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Creación de nuevos circuitos judi-ciales penales, despachos del Minis-terio Público y de la Defensa Públi-ca para conocer delitos violentos, circunscritos a municipios o parro-quias priorizadas por la Gran Mi-sión. Alcance: territorio priorizado.
b. Priorización en la resolución de ca-sos que impliquen la utilización de la coacción y la fuerza física, como homicidio, violación, robo, lesiones personales, secuestro y extorsión. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 5: desconcen-trar la administración de justicia a tra-vés de la creación de espacios comu-
nitarios de mediación y abordaje de conflictos.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Plan nacional de creación de cen-tros comunales integrales de reso-lución de conflictos conformados por Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensorías de la Mujer e instancias no penales de resolución de conflictos, entre otras, que brinden asesoría y me-diación en casos de problemas de convivencia entre personas. Alcan-ce: territorio priorizado.
VéRTICE 4: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Objetivo: transformar el sistema pe-nitenciario venezolano con el fin de garantizar la prestación de un servicio penitenciario garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, minimizando los efectos no-civos del encarcelamiento y facilitando los medios adecuados para procurar la rehabilitación del delincuente y me-jorar sus posibilidades de reinserción social.
LíNEA ESTRATéGICA 1: nuevo marco normativo para el sistema penitencia-rio que oriente las penas privativas de libertad y garantice celeridad, transpa-
rencia y profesionalismo en la presta-ción del servicio penitenciario.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Promulgación del Código Orgá-nico Penitenciario (COP) que re-gule de manera integral todos los aspectos relacionados con la eje-cución de las penas privativas de libertad, tanto en el ámbito orgáni-co de lo sustantivo y de los proce-sos generales del sistema. Alcance nacional.
b. Crear un sistema de faltas y san-ciones disciplinarias para las per-sonas privadas de libertad, que le otorgue carácter legal a los proce-sos sancionatorios del orden dis-ciplinario interno de los estableci-mientos penitenciarios, y evitar así abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del personal. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 2: sistema inte-gral de profesionalización del personal penitenciario.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Promulgación de la Ley del Estatu-to del Servicio Penitenciario, que tutele y prevea por ley las especi-ficidades necesarias para regular el trabajo, beneficios y disciplina del
248 | Documentos
personal del sector. Alcance nacio-nal.
LíNEA ESTRATéGICA 3: estableci-miento de planes, programas y proce-dimientos dirigidos a garantizar la vida y la integridad personal de las perso-nas privadas de libertad, sus familiares, visitantes y del personal de los estable-cimientos penales.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Despliegue del componente peni-tenciario de la Policía Nacional Bo-livariana como cuerpo de seguri-dad externa penitenciaria. Alcance nacional.
b. Plan nacional de clasificación peni-tenciaria de acuerdo con criterios técnicos de mínima, media y máxi-ma seguridad. Alcance nacional.
c. Plan de desarme de los centros pe-nitenciarios. Alcance nacional.
d. Sistema de visitas planificadas que permita, por un lado, prever la can-tidad de personas que ingresarán diariamente a los centros peni-tenciarios y, por el otro, mantener un mejor control en el régimen de contactos de la persona privada de libertad con el mundo exterior. Al-cance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 4: definir el
modelo arquitectónico del sistema pe-nitenciario venezolano y adecuar su capacidad a las necesidades de la po-blación privada de libertad y del mapa delictivo nacional.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Plan de descongestionamiento de la población privada de libertad para el aceleramiento de las causas en proceso, otorgamiento oportu-no de medidas cautelares a delitos menos graves, otorgamiento opor-tuno del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena a quienes cumplan los requi-sitos de tiempo para ello y actua-lización del régimen de beneficios de prelibertad a nivel nacional. Al-cance nacional.
b. Plan nacional de rehabilitación y construcción de centros peniten-ciarios. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 5: brindar, a la población privada de libertad, oportu-nidades para su rehabilitación y proce-so progresivo de reinserción social.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Programa de empleo para los pri-vados y privadas de libertad para la masificación de las oportunidades de empleo. Alcance nacional.
b. Programa de extensión de núcleos de la Orquesta Sinfónica Peniten-ciaria hasta lograr al menos un 50% de los establecimientos penales del país. Alcance nacional.
c. Sistema Nacional de Teatro Peni-tenciario, partiendo de experien-cias profesionales previas. Alcance nacional.
d. Programa de masificación de la actividad deportiva en los centros penitenciarios, a través del con-venio con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Alcance nacional.
e. Programa de organización socio-productiva, a fin de sentar las ba-ses de futuros procesos de reinser-ción laboral y comunitaria. Alcance nacional.
f. Fortalecimiento de la inclusión educativa, a fin de impulsar los procesos de inclusión educativa de la población privada de libertad en todos sus niveles. Alcance nacio-nal.
g. Fortalecimiento del sistema de atención a los hijos e hijas de las privadas de libertad que hacen vida en los centros penitenciarios. Alcance nacional.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 249
LíNEA ESTRATéGICA 6: fortaleci-miento de los centros de privación de los/as adolescentes en conflicto con la ley penal.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Diagnóstico de la situación proce-sal y de las condiciones de reclu-sión de adolescentes, a fin de crear un nuevo modelo programático para la atención de los/as adoles-centes en conflicto con la ley pe-nal. Alcance nacional.
VéRTICE 5: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VíCTIMAS DE VIOLENCIA
Objetivo: asegurar que, mediante una atención integral, oportuna y perti-nente a las víctimas de la violencia, se reconozcan y atenúen sus efectos ne-gativos sobre personas y colectivos y se incremente la respuesta efectiva del Estado, para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los acompaña.
LíNEA ESTRATéGICA 1: sistema de registro e información de víctimas de violencia para facilitar su acceso al Sis-tema de Atención Integral y abra la oportunidad para la creación de espa-
cios organizativos de las víctimas de estos hechos.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Registro Nacional de Víctimas de Violencia: para víctimas de violen-cia grave intencional como paso previo para su atención integral, preservando su identidad. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 2: Sistema Na-cional de Atención Integral a Víctimas de Violencia, que facilite la superación consciente y problematizadora de lo ocurrido y contribuya a su empodera-miento personal y colectivo.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Ley para la Coordinación del Sis-tema de Atención Integral a Vícti-mas de Violencia, que establezca los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional pertinentes, la asignación de re-cursos y el carácter integral de este Sistema. Alcance nacional.
b. Sistema de asignaciones dinerarias para sobrevivientes de víctimas de violencia grave intencional: para los sobrevivientes directos de víc-timas de homicidios (hijos e hijas, parejas y madres y padres depen-dientes), así como de los lesiona-
dos y lesionadas con graves disca-pacidades físicas. Alcance nacional.
c. Normas y protocolos estandariza-dos para la atención y acompaña-miento de víctimas de violencia en el campo jurídico, de la salud, aten-ción psicosocial y rehabilitación, así como para el impulso a proce-sos grupales que permitan a las víctimas rehacer sus vidas en una perspectiva empoderadora. Alcan-ce nacional.
d. Creación de clínicas jurídicas o pa-santías para la actualización y se-guimiento de casos de violencia delictiva, conformadas por estu-diantes de las carreras de derecho y programas nacionales de forma-ción en estudios jurídicos. Alcance: territorio priorizado.
e. Proyecto de reconstrucción inte-gral de casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, que comprenda el de-recho a la vida, integridad y des-apariciones forzadas, mediante su registro y sistematización a fin de recuperar su memoria, socializar su conocimiento y garantizar su no-repetición. Alcance nacional.
f. Proyecto sala situacional para el se-guimiento jurídico inmediato a los
250 | Documentos
casos emblemáticos de derechos humanos, a fin de garantizar su so-lución en el menor lapso posible y establecer los criterios y mecanis-mos para atender las reparaciones. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 3: programa nacional de capacitación a funcio-narios y funcionarias públicas para asegurar que brinden una atención idónea, acorde con los principios de derechos humanos.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Registro de oficinas de atención a víctimas de violencia, a fin de de-terminar sus recursos humanos, técnicos y sus necesidades de ca-pacitación. Alcance nacional.
b. Programa nacional de capacita-ción en derechos de las víctimas, para funcionarios y funcionarias públicas de los organismos, ofici-nas e instituciones competentes. Alcance: territorio priorizado.
VéRTICE 6: CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo: Organizar un sistema na-cional de investigaciones en el campo
de la convivencia, la seguridad ciuda-dana, el delito y la violencia, dirigido de manera conjunta por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y la UNES, en el que participen investigadores, activis-tas, trabajadores comunitarios, univer-sidades e instituciones públicas y pri-vadas para la creación y socialización de conocimientos en esta materia.
LíNEA ESTRATéGICA 1: promover el desarrollo de estudios e investigacio-nes que permitan un mayor conoci-miento del fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país y que contri-buyan a la consolidación de una políti-ca pública en este campo.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Encuesta nacional de percepción de seguridad y victimización, de carácter bianual, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadís-tica (INE) y la Universidad Nacio-nal Experimental de la Seguridad (UNES) con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Alcance nacional.
b. Sistema de documentación e infor-mación de investigaciones, repor-tes, indicadores y datos en el cam-
po de la convivencia, la seguridad ciudadana y el sistema de justicia penal que tribute a la evaluación y el diseño de las políticas públicas en este campo. Alcance nacional.
LíNEA ESTRATéGICA 2: sistema de estímulo a la creación y socialización de conocimientos en el campo de la prevención del delito, criminalidad, violencia y seguridad ciudadana.
ACCIONES PROGRAMÁTICAS
a. Fondo nacional para la investiga-ción en el campo de la seguridad ciudadana, a fin de contar con re-cursos para la investigación y apo-yo a la formación especializada y al intercambio científico en el campo de la prevención del delito. Alcan-ce nacional.
b. Sistema de estímulos a las investi-gaciones de mayor impacto social con premios nacionales, becas o mayor financiamiento. Alcance na-cional.
c. Política editorial especializada en el campo de la seguridad ciudada-na, convivencia solidaria, preven-ción de delito, justicia penal y cri-minalidad, con el fin de contribuir a la socialización del conocimiento. Alcance nacional.
gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 251
VI. ORGANIZACIÓN DE LA GRAN MISIÓN
La GMATVV cuenta con un Órgano Su-perior presidido por el Jefe de Estado y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y le acompaña el Vice-
presidente Ejecutivo de la República. Esta instancia de dirección articula los ministerios vinculados y se convierte en el interlocutor con los otros órga-nos del Poder Público, a saber: el Tri-bunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. (Ver Cuadro 5)
El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia asu-me la coordinación ejecutiva de la Gran Misión, para lo cual cuenta con una Se-cretaría Ejecutiva del Órgano Superior, que garantizará el flujo de información entre los comandos estadales de cada uno de los veinticuatro estados.
DIRECTIVA DEL ÓRGANO SUPERIOR
MIEMBROS DEL ÓRGANO SUPERIOR
Cuadro 5. Órgano Superior de la Gran Misión
252 | Documentos
Los veinticuatro comandos estada-les ¡A Toda Vida! se organizan a partir de tres comisiones: a) Comisión de los Órganos de Seguridad Ciudadana, b) Comisión de Justicia Penal, y c) Comi-sión de Prevención Integral.
a. Comisión de los Órganos de Segu-ridad Ciudadana: conformada por un representante del Sistema Inte-grado de Policía, el jefe de la Policía Nacional Bolivariana en aquellos estados donde se encuentre des-plegada; el comandante regional de la Guardia Nacional Bolivariana; el jefe de la delegación del CICPC; el director o directora de la Policía Estadal; los directores o directoras de Cuerpos de Policía de los muni-cipios priorizados; el comandante
de los Bomberos del estado y el jefe o jefa de Protección Civil del estado.
b. Comisión de Justicia Penal: confor-mada por el presidente o presiden-ta del Circuito Penal del estado, los jueces municipales de los munici-pios priorizados, el o la fiscal su-perior del estado, los o las fiscales municipales, el jefe o la jefa de la Defensa Pública y un representan-te del Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario.
c. Comisión de Prevención Integral: conformada por un representante estadal de los ministerios del Poder Popular para las Comunas y Protec-ción Social, Salud, Cultura, Depor-te, Juventud, Educación, Mujer e
Igualdad de Género y Educación Universitaria. Además de las di-recciones de Derechos Humanos, Prevención del Delito y un repre-sentante de la Oficina Nacional An-tidrogas (ONA) del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia; el gobernador o la gobernadora, los alcaldes y alcaldesas de los municipios prio-rizados, el IDENA y la defensora o el defensor del Pueblo delegado o delegada.
La Gran Misión se complementa, en lo local, con Organizaciones Populares por la Construcción de la Convivencia Solidaria, desplegadas en las comunida-des de los municipios priorizados para favorecer la prevención del delito.
No. 11
R ev i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e S e g u r i d a d C i u d a d a n a
P r o g r a m a d e E s t u d i o s d e l a C i u d a d • F L A C S O s e d e E c u a d o r
Investigación
Rafael Velandia Montes: Delincuencia sexual y populismo penal en Colombia Fernando Carrión M.: Barrios seguros para las mujeres
Karina Mouzo:Inseguridad y “populismo penal”
María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo: Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo
Raúl Ernesto Cadena Palacios: El pasado judicial, una clara propuesta de populismo penal
Artículo
Carlos Barrachina, Juan Ignacio Hernández: Reformas del sistema nacional de seguridad pública en México (2006-2011)
José María Ramos García:Gestión de una política de seguridad ciudadana en la frontera de México con los Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida
Jorge Giraldo Ramírez, José Antonio Fortou Reyes:Medición de la violencia homicida: El índice de incidencia del homicidio
ReseñasRealizadas por: Adriana Sepúlveda y Elena Azaola.
ISSN: 1390-3691
Tema central: Populismo penal
Pedidos y suscripciones: La Librería – FLACSO (lalibreria@flacso.org.ec)Canje: Biblioteca – FLACSO (biblioteca@flacso.org.ec)
La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito-Ecuador. Teléfono: (00593) 2 3238888Textos completos de URVIO disponibles en:
http://www.flacsoandes.org/urvio/principal.php?idtipocontenido=11
URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, es una publicación semestral(junio y diciembre) y se incluye en el índice científico de EBSCO
Urvio No. 10: Armas • Urvio No. 12: Militarización de la Seguridad Ciudadana
La Revista ComUNES recibe colabo-raciones para las secciones “Dossier” (tema monográfico), “Artículos y ensa-yos”, “Avances de investigación”, “Rese-ñas” (de libros y de eventos) y “Comen-tarios legislativos”. Para su publicación, requerimos que los autores y autoras se guíen por las siguientes pautas de presentación de originales:
a. Las colaboraciones que se de-seen proponer deben ser enviadas a revistacomunes@gmail.com. Allí se detallarán nombre del autor o auto-ras, institución o colectivo al que está afiliado o afiliada, sección para la que propone su colaboración, título de la colaboración y medios de contacto (dirección electrónica adicional, teléfo-nos, etcétera).
b. Se considerarán para su publicación trabajos preferiblemente inéditos y que no hayan sido propuestos simultá-neamente a otras revistas o publicacio-nes; o artículos en idioma extranjero que no hayan sido traducidos al es-pañol, y cuya traducción sea propues-ta por su autor o autora a la Revista ComUNES.
c. Todas la colaboraciones deben te-ner claros el título de la colaboración, nombre del autor o autora, correo(s) electrónico(s) y breve reseña curricu-lar (para todas las secciones excepto para el “Dossier” debe tener entre 15 y 30 palabras, mientras que para esta úl-tima sección la reseña curricular debe ser más amplia, entre unas 100 y 200
palabras, e incluirá sus principales líneas de investigación y publicaciones).
d. Los artículos destinados a “Dossier” e “Avances de Investigación”, adicio-nalmente deben contener resumen en español del artículo (entre 100 y 200 palabras) y palabras claves (entre 3 y 6 palabras). Tanto el resumen como las pa-labras claves serán traducidos al inglés y al portugués, por lo que agradeceríamos a los autores y autoras colaborar en este sentido, si está dentro de sus posibilida-des.
e. La extensión de los artículos o colabo-raciones es variable:
» Para las secciones de “Dossier” e “Artí-culos y ensayos”, oscilará entre las 20 y 35 cuartillas (o, lo que es lo mismo, entre 5.000 y 8.750 palabras).
» Para las secciones de “Comentarios le-gislativos” y “Reseñas” y “Avances de In-vestigación, oscilará entre las 8 y 15 cuar-tillas (o, lo que es lo mismo, entre 2.000 y 3.750 palabras).
f. Todas las colaboraciones, contempla-rán las siguientes pautas:
» Notas. Las notas a pie de página, si las hubiera, se avisarán en el texto con numeración correlativa en superíndice. Se reservarán para notas aclaratorias, pero no se incluirán en ellas referencias bibliográficas, que irán al final del texto.
» Citas textuales. Cuando dentro del cuer-po del artículo se citen frases textuales, estas figurarán de la siguiente manera:
o Si la frase textual ocupa menos de dos
líneas se redactará de corrido en el texto y entrecomillada.
o Si la frase textual ocupa más de dos líneas se escribirá aparte, precedida de dos puntos, entrecomillada y sangrada en el margen izquierdo y con espacio in-terlineal menor.
Para indicar la referencia bibliográfica a la que pertenece la cita, o bien para lla-mar la atención en el cuerpo del texto sobre cualquier referencia bibliográfica, se colocará entre paréntesis el apellido del autor, tras una coma se colocará la fe-cha de publicación de la obra y tras dos puntos la página o páginas a las que se refiere la cita. Ejemplo: (Sain, 2010: 38-39). La referencia bibliográfica completa irá al final del texto.
» Referencias o fuentes consultadas. Las referencias bibliográficas, documenta-les, hemerográficas y orales deberán in-cluirse al final del artículo, ordenadas al-fabéticamente y de la manera en que se ejemplifica a continuación:
LibrosDostoievski, Fiódor (2002). Los demonios.
Madrid: Alianza.
Habermas, Jürgen (1997). Facticidad y va-lidez. Madrid: Trotta.
Touraine, Alain (1998). ¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cul-tura Económica.
Negri, Toni y Michael Hardt (2006). Multi-tud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Madrid: Mondadori.
Pautas para los colaboradores y colaboradoras de ComUNES
Artículos
Arditi, Benjamín (2002). “Trayectoria y potencial político de la idea de socie-dad civil”. Revista Mexicana de Socio-logía, año 66, n. 1. México: UNAM.
Castillo Zapata, Rafael (2009). “Di que me quieres”. En Fenomenología del bo-lero, pp. 45-61. Caracas: Fundación Celarg.
Giménez, Lulú (1999). “Esperando a los bárbaros: Ficción y representación en la historia caribeña”. En Aura Marina Boadas y Mireya Fernández (comps.), La huella étnica en la narrativa caribe-ña, pp. 51-64. Caracas: Celarg.
Legislaciones
Ley Orgánica del Ministerio Público. Gace-ta Oficial Nº 38.647, del 19-02-2007.
Ley del Cuerpo de Investigaciones Científi-cas, Penales y Criminalísticas. Gaceta Oficial Nº 38.598, del 05-01-2007.
Obra, artículo o documento en formato electrónico
Comisión Europea (2001). Programa de trabajo de la Comisión para 2002. Consultado el 18-11-2001 en http://www.europa.eu.int/comm/workpro-gr/2002/).
Vallejo, Fernando (2006). “El monstruo bicéfalo”. Ojos abiertos (blog). Con-
sultado el 02-07-2011 en http://ojo-sabiertos.blog.galeon.com/
» Uso de abreviaturas y siglas. Se evitará el uso de abreviaturas y siglas, que nunca se usarán en los títulos de los artículos o en sus intertítulos. En el caso de siglas, la primera vez que se empleen deberán ir entre paréntesis precedidas por el nom-bre completo al cual hacen referencia; se escribirán sin puntos.» Esquemas, tablas y gráficos. Se ofrecerán con absoluta claridad y detalle, numera-das y tituladas. Su referencia en el texto no será de acuerdo a su ubicación sino a su numeración (por ejemplo, no se dirá: “En la tabla de abajo podemos ver…”, sino “En la tabla 1 podemos ver…”. En la medida de lo posible, estos elementos se enviarán en su formato editable, para hacer las adaptaciones y correcciones correspondientes. Deberán presentarse exclusivamente en blanco y negro o bien utilizando una escala de grises.
g. Valoración de los artículos. Los ar-tículos serán evaluados por el Consejo Editorial de la Revista, que determinará si el artículo encuadra en la temática, la política editorial y las normas de la revis-ta. Una vez evaluados estos artículos, se notificará al autor o autora la aceptación o no del trabajo, o se solicitará las modi-ficaciones sugeridas.
ReVista coMunes 3
Desarme: estrategias para
su control y gestión
Cierre de ConvoCatoria 31 de enero de 2013
h. Responsabilidad. La Revista ComU-NES no se hará responsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos pu-blicados. La responsabilidad plena será de los autores y autoras de los mismos.
i. Formatos de publicación. Los artícu-los o colaboraciones aceptados en la Re-vista, serán publicados tanto en formato impreso (2.000 ejemplares cada tirada), como en formato digital (PDF) de acceso abierto, en el sitio web de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes): unes.edu.ve, así como en todas aquellas bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización o inclusión, con miras a in-crementar la visibilidad de la Revista.
j. Solicitud de revisión o arbitraje. Los autores y autoras cuyos artículos hayan sido publicados por la Revista ComUNES, eventualmente recibirán solicitudes por parte del Consejo Editorial para su par-ticipación como árbitros o revisores de artículos propuestos para siguientes edi-ciones.
k. Envío de ejemplares y separatas. Los autores y autoras de los artículos publi-cados recibirán 5 ejemplares del número en que aparecen y 10 separatas de su ar-tículo, aparte de la versión digital (PDF) de la Revista.