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La Política Económica Bolivariana (PEB). Período 2003-2015.
Ec. MSc. Juan José Pérez S.
Introducción: Idea clave Dinámica de la Política Económica (PE):
El Estado venezolano exporta petróleo, recibe dólares, requiere, por lo tanto, una política cambiaria. Con el ingreso público (ingreso petrolero + recaudación del SENIAT + emisión
de deuda + utilidades contables por devaluación+ dinero inorgánico), procura financiar el gasto público (educación, salud, defensa, seguridad, misiones, etc.) en pos de ciertos
objetivos (política fiscal y política social). Con
el fin de fomentar las inversiones y el empleo (crecimiento económico), el BCV regula la tasa
de interés, las condiciones del crédito y la cantidad de dinero en circulación (política monetaria). El Ejecutivo, mediante decretos, regula salarios
mínimos y administra precios de algunos bienes y servicios básicos (política de precios). Todo tras un objetivo mayor: estimular el desarrollo
económico, corregir desequilibrios, abatir la inflación y erradicar la pobreza. En eso consiste la
política económica TRADICIONAL. Contrario a lo que se supone, precios altos del petróleo –suponiendo constante el volumen de producción- hacen marchar bien a la economía, por tanto, se deja la PE
intacta. Sólo en caso de declinación de precios o del bombeo, proceden “ajustes en la PE”, medidas que modifican tipo de cambio, tasas de interés, nivel de gasto, salarios, etc.
El prolongado lapso 1983-2003 con tendencia descendente de precios, aunque con fluctuaciones, marcó el carácter pro-cíclico de la PE: Expansiva al subir los precios y Contractiva al bajar. Déficits fiscales cubiertos con devaluación o endeudamiento. En 1996
se empieza a cobrar el IVA, en un intento de suplir el aporte petrolero. Esa dinámica se interrumpe en 2003. La PE adquiere otro carácter.
Con el barril en auge, coloca énfasis en: a) distribución de la Renta Petrolera (que supone ilimitada) en pos de la igualdad social; y b) eliminación del mercado como mecanismo de asignación de recursos, mientras expande la actuación económica del
Estado. La PE no persigue ahora restaurar equilibrios macroeconómicos perdidos. Apunta hacia la instauración de una estructura socio productiva llamada Socialismo del Siglo XXI y la consolidación de una hegemonía política que permita su implantación.
La crisis, visible desde de 2013, justo cuando el barril bate récord histórico (103$), evidencia contradicciones internas del modelo económico. Mayor acento en la distribución
que en la producción desemboca en desabastecimiento, recesión e inflación. El desplome brutal del precio del barril, al que se asiste desde el segundo semestre del año 2014, agrava los problemas, pero no es su causa. Frente a esta calamidad, el país se debate
entre retomar el tradicional papel de la PE en procura de restablecer los equilibrios o avanzar en el proyecto hegemónico trazado. Al comenzar 2016, no se avizoran medidas
que sugieran cómo superar el cuadro crítico.
Venezuela es un Petro-
Estado. El Gobierno es omnipotente, detenta el poder político, concentra el poder económico y para
funcionar puede prescindir de los contribuciones ciudadanas.
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La Política Económica Bolivariana (PEB). Período 2003-2014.
1. De las condiciones para el surgimiento de la PEB
Si se siguen textos de macroeconomía de uso corriente, la PEB es de una sencillez
aplastante, al punto de suplantar el sentido común. La política fiscal y la política monetaria
serán expansivas siempre, dejando anclado (sin modificaciones) el tipo de cambio para
contener la inflación. Sin embargo, el estudio aislado de la economía venezolana -dejando
al margen la diatriba política-, carece de sentido, al excluir las motivaciones ideológicas,
intereses políticos de actores involucrados y la cuestión central de quién y cómo se toman
las decisiones. Carece de sentido porque deja sin explicar medidas incomprensibles, por
ejemplo, el control de cambio con abundancia de divisas. Luce razonable, entonces, hablar
de la economía política del período bolivariano.
Desde esta perspectiva, la PEB se concibe como un proceso dual: distribución
discrecional (no sujeta a reglas) de la renta petrolera y manejo gubernamental del aparato
productivo para anular la influencia del mercado (sector privado) sobre la economía. El
lenguaje político disfrazará las cosas con términos grandilocuentes: lucha contra el
liberalismo salvaje y fomento de una economía basada en el trabajo, no en el capital.
La PEB define su perfil en 2003, cuando se tiene relativa certeza que los precios del
petróleo subirán y el equipo en funciones de mando acumula fortaleza suficiente para
imponer controles a la sociedad. Ya no se trata del programa de una circunstancial
mayoría electoral en función de gobierno. Al controlar PDVSA y varias ramas del poder
público, podrá el adoptar sus Tesis Programáticas, contenidas en un plan rector (Proyecto
Simón Bolívar). Se asume la confrontación como principio rector de la vida pública,
organizar a sus seguidores en torno a los conflictos y derrotar a los adversarios, para
emprender un nuevo conflicto. Así va extendiendo el dominio sobre la economía, la
educación, la cultura, la ideología, hasta llegar a la raíz última, cuestionamiento de la
propiedad privada. Accionar que se resume en la consigna: “Unidad y lucha, batalla y
victoria”.
La contienda nace a raíz de la siguiente circunstancia. El Estado venezolano recibe
una renta internacional, como un derecho adquirido por permitir la explotación de
yacimientos que son de su propiedad. Si bien el petróleo es propiedad social, “patrimonio
natural de los venezolanos”, es el Estado quien ejerce la representación política de la
nación. Se constituye entonces un Estado Patrimonial, con ingresos propios. Este rasgo,
que comparten los petro-Estados con otros países periféricos mono exportadores de
naturaleza, les proporciona un mayor grado de autonomía respecto a la sociedad en la
medida en que sus ingresos dependen menos del trabajo y de la creación de valor en su
territorio nacional (Coronil, 2013). Es decir, no depende de los tributos de sus
ciudadanos. En lenguaje bastante laxo, no hay contrapesos, cesa la interdependencia
Estado-Sociedad civil. El Estado puede adoptar ciertas decisiones, disponer o implementar
medidas de carácter público sin necesidad de negociar, acordar o consultar; incluso
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pudiera ir más lejos, confrontar los demás actores para alcanzar sus propios objetivos o
imponer su dominio. “La amplia autonomía de la que goza el Estado venezolano en el siglo
XXI gracias a los ingentes flujos financieros permite desarrollar una agenda de gobierno
que ignora al resto de los actores, poniendo al servicio de su proyecto particular los
recursos de la nación” (Arenas, 2010: 83).
Por tradición y constitucionalmente (sin importar el gobierno de turno), la renta
petrolera internacional tiene dos destinos: una porción de divisas, que se transforma en
bolívares, se canaliza hacia al presupuesto nacional, bajo conducción del Ministerio de
Finanzas. Otra, en divisas o en oro, alimenta las reservas internacionales, administradas
por el BCV, ente autónomo encargado de poner dólares a disposición del público, sin más
restricción que pagar su precio. La revolución altera este esquema. La renta circulará
conforme a decisiones del Ejecutivo, de acuerdo a una acepción muy particular del
término soberanía. El gobierno fijará las condiciones, sin ataduras determinadas a priori,
pocas de las cuales coinciden con algún procedimiento aprobado constitucionalmente, o
consagrados en ley.
La primera medida importante, decisiva de la PEB apunta hacia un desiderátum: el
Presupuesto Nacional tradicional debe ampliar su base impositiva, “evasión cero”, de
modo que, a mediano plazo, pueda financiarse sólo con tributos. El aporte petrolero
quedará libre, a disposición del Ejecutivo, para alcanzar otros objetivos de la revolución.
La PEB despeja así una incógnita histórica, el destino de la renta. Este modo de
“sembrar el petróleo”, estipula que la renta vaya hacia fondos especiales no incluidos en el
Presupuesto; el remanente queda como reservas internacionales, en ese orden. Los
fondos especiales manejados por el Ejecutivo, en ejercicio de su soberanía, habrán de
convertirse en herramienta multipropósito: saldar la deuda social acumulada, organizar el
poder popular, adquirir pertrechos militares, financiar cooperativas, fundos zamoranos,
empresas de propiedad social, proyectos de inversión dentro y fuera del país, exportar la
revolución, fomentar el deporte o la educación, impulsar pequeñas o grandes misiones,
y/o otros fines por asignar o inventar pero, por sobre todo, arma estratégica para retener
y expandir el poder político. En un proceso gradual, no exento de reformas, enmiendas y
agregados, se conformará una estructura de gasto paralela al Presupuesto, con fondos
crecientes, en dólares. Esta estructura contradice la sección económica de la CRBV,
expresamente los artículos 314 y 321. A pesar de tal contravención, de reclamos y
protestas, se imponen los nuevos arreglos apelando a leyes habilitantes, con la
obsecuencia del TSJ y la Asamblea Nacional entre 2003 y 2012.
La “solución soberana” empezó discriminando administrativamente los ingresos
petroleros en ordinarios y extraordinarios. Al hacerlo, aprovechando que la CRBV, salvo
alusiones generales, no dispone qué hacer con ingresos extraordinarios, los calificó como
“excedentes petroleros”, que podía movilizar el Presidente, libres de engorrosos controles
y rendición de cuentas. Toda la administración pública se somete a un Presupuesto Anual
(ley) sobre el cual se ejerce contraloría (Gobernaciones, Alcaldías, AN, Ministerios, Fiscalía,
CNE, Poder Moral, TSJ, Universidades, etc.), a los que puede sancionar por mal manejo. El
gasto público se expandirá a pasos agigantados de manera global como nunca antes. Este
arreglo soberano dota de facultades excepcionales al Ejecutivo para imponerse sobre los
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demás poderes: además del presupuesto dispone de fondos especiales (en dólares y en
bolívares). Mediante leyes habilitantes, la AN delega en el líder presidente la potestad de
dictar leyes económicas. En un doble juego que se condiciona mutuamente, el líder
político extiende su poder hasta el ámbito económico, y el poder económico adquirido
permite expandir su fortaleza política, al convertirse de manera exclusiva en el repartidor
de la renta petrolera. En ejercicio de “su soberanía” la figura presidencial impone el uso y
destino de la renta, “sin contravenir la normativa”, pues el TSJ lo designa la AN.
El siguiente paso de la PEB consiste en establecer un límite anual a las reservas
internacionales, que pone a disposición de la sociedad. Las reservas que estén por encima
de un nivel considerado óptimo, reservas excedentarias, se traspasarán obligatoriamente a
fondos especiales, sin pago alguno como contrapartida (confiscación). “Los criterios
técnicos que el Ejecutivo y el BCV han usado para determinar el nivel óptimo se
desconocen” (Vera y Zambrano, 2005). Cabe resaltar que, con la “solución soberana", un
aumento del valor del barril no significa mayor disponibilidad de divisas para la sociedad,
pero sí para el gobierno. Adicionalmente, somete a racionamiento la entrega de divisas,
llamado de manera encubierta control de cambio. Se conceden autorizaciones de gasto en
el extranjero, expedidas por una comisión presidencial ad hoc (CADIVI), encargada de
establecer y verificar requisitos para importaciones, fijar cupos para asignación de dólares
a viajeros, remesas y compras electrónicas. En adelante, nadie –distinto al gobierno-
tendrá acceso a dólares en efectivo.
Como se mostrará más adelante, la PEB viene a ser una colección de controles y
regulaciones a los agentes del mercado fijados por la autoridad política, que se multiplican
en el tiempo. Acciones que cierran espacios a la inversión privada, que reserva para sí el
gobierno, abriendo paso a la provisión gratuita o a precios subsidiados de bienes y
servicios, cada vez más extensa. Mediante profusas providencias administrativas el
Ejecutivo tendrá potestad de fijar precios y salarios, regular tasas de ganancias, establecer
canales de distribución, tasas de interés bancarias y carteras obligatorias. El mercado,
sentenciado a muerte en documentos de planificación y argumento central en discursos
cotidianos, será reducido mediante expropiación y estatización de empresas privadas,
teniendo como complemento la eliminación del latifundio. Alegando perseguir justicia
social, los planificadores racionarán el consumo, tantos kilos por persona, tantos viajes al
extranjero, evitando la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. Cabe enfatizar que
nada de esto podría hacerse sin una renta petrolera abundante.
Adelantando elementos que se explicitarán luego, puede aseverarse que en doce
años transitando por el riel de los controles, el empeño en destruir el mercado exhibe
logros parciales, algunos lamentables. Se ha configurado un espacio mercantil imperfecto,
distorsionado, opaco, con información asimétrica, regulado, controlado y con múltiples
desequilibrios que propician el contrabando de extracción, arbitraje (bachaqueo),
especulación y corrupción. El modelo de reparto de la renta acusa serios e inocultables
problemas. El modelo productivo socialista no ha podido implantarse, a pesar de la
gigantesca inyección de recursos. La extinción de 200.000 cooperativas, creadas entre
2005 y 2008 y las pérdidas financieras de numerosas empresas del Estado constituyen
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pruebas irrefutables. "La lección fue clara: apostar a la desaparición de la economía
capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para
quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción (PIB), escasez,
acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social” (Álvarez,
2008). El equilibrio fundamental entre la oferta y la demanda de bienes y servicios está
roto, monstruosamente visible en las colas.
La crisis consiste en recesión (tasas de crecimiento negativas del PIB y de la
inversión), inflación, desabastecimiento, escasez de bienes y salarios que no alcanzan a
cubrir el valor de la canasta alimentaria normativa, que ya se está convirtiendo en
depresión. Se han tejido dos explicaciones para la crisis que atraviesa la economía
nacional a comienzos de 2016: a) “la guerra económica”; y b) “agotamiento del modelo”
implantado. Las líneas que siguen se inscriben en segunda opción, la crisis es
consecuencia directa de un diseño de política económica que limita la oferta de bienes y
servicios y que estimula la demanda interna. El hostigamiento al sector privado y la
merma de las importaciones reduce la disponibilidad de bienes (Oferta). Y, frente a una
oferta que se contrae, la PE ha respondido de la peor manera posible: incremento
desmesurado de la demanda mediante la impresión de dinero inorgánico. En el intento de
mejorar el poder adquisitivo de los menos favorecidos y apuntalar la popularidad del
gobierno, al repartir dinero sin contrapartida productiva, logra el efecto contrario: escasez
e inflación y surgimiento de mercados negros. Al regular la tasa de ganancia por debajo
de lo normal, se provoca salida de capitales (desinversión), los productos se llevan al
extranjero de manera ilegal (contrabando) o emigran las personas, en busca de mejor
remuneración. Para conseguir los productos internamente, se evaden las regulaciones, se
eluden controles y se burlan los guardianes de precios en diversos lugares de forma no
concertadas, pero alineadas en el vigoroso empeño por restituir la fórmula del mercado,
por la sencilla razón que el dinero es para gastarlo, para comprar cosas. La PEB llega a un
verdadero callejón sin salida: ¿cómo destruir el mercado, si cada vez hay más dinero?
2. Supuestos de la Política Económica Bolivariana, PEB
La visión de conjunto de la PEB parte una premisa mayor: la inestabilidad de la
economía es ocasionada por la volatilidad de la renta petrolera, asociada a los vaivenes
del precio en el mercado internacional. Al cesar la fuente de inestabilidad, o mejor, al
zafarse de esa dependencia, se sientan las bases para un crecimiento “armónico,
sostenido y equilibrado”.
Premisa que se sostiene a partir de los siguientes supuestos:
2.1. Precios del barril en continuo ascenso
Los precios crecerán indefinidamente, a partir de 2003. No se trata de una
elaboración caprichosa de la élite dirigente para captar votos. Se apoya en la Teoría del
Pico de Hubbert, llamada así en honor al geólogo que la propuso, que se acomoda
bastante bien a la ideología anti-imperialista convertida en doctrina oficial. Esta hipótesis
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parte de dos afirmaciones: 1) la cantidad de petróleo existente en la tierra, cualquiera que
sea, es una magnitud finita; 2) llegará un punto en el tiempo, el Pico de Hubbert, en el
cual la humanidad habrá consumido la mitad del recurso, la otra mitad queda en el
“tanque”, constituyen las reservas. El “pico” ocurriría en 2006 ± 6 años. Las consecuencias
de esta especie de profecía apocalíptica son obvias. Se inicia un período de escasez
(Demanda mayor que la oferta) con la consecuente alza permanente de los precios.
2.2. Demanda garantizada
La producción mundial declina por agotamiento de los pozos, mientras el
consumo se expande a una tasa mayor, debido al progreso económico y al aumento de la
población. Todo barril extraído tendrá compradores. Los entusiastas seguidores de la
hipótesis de Hubbert estiman que el tanque petrolero del planeta alcanza para unos 40
años. Venezuela destaca por excepción, sus reservas alcanzan para tres siglos aun
duplicando la tasa de extracción actual. La posibilidad de exceso de barriles, la temida
sobreoferta de mercado, queda excluida del análisis.
2.3. Venezuela, país inmensamente rico
Venezuela posee enormes riquezas mal distribuidas. Sobre una lectura moral de
la economía, argumento esencial de la visión ideológica, la PEB, además de vislumbrar un
probable curso, condena un pasado ominoso. El empobrecimiento de las mayorías es
culpa de las cúpulas corruptas que se apoderaron de la renta, saquearon al país. En el
lapso 1981-1998 los precios del petróleo no descendieron, se llegó a ese nivel como
resultado de acciones u omisiones de irresponsables gobiernos apátridas que propiciaron
su declive, al actuar en favor de intereses extranjeros. Se introduce la idea distorsionada
que los precios se manipulan, “antes se regalaba el petróleo” Hay que impedir que vuelva
esa calamidad. “No volverán”, es norte y consigna del nuevo tiempo. El gobierno asume la
misión de repartir la riqueza atrapada en el subsuelo, incluso sin el concurso del esfuerzo
productivo. Es un derecho que cada quien reciba su gota de petróleo. Hasta el extranjero
ha de llegar el goteo, conforme a la visión integracionista del Libertador Simón Bolívar; el
calificativo “bolivariano” calza a la perfección. La solidaridad internacional es beneficiosa
en sí misma, y no menguará nuestra inmensa riqueza.
2.4. Caída de barril no amenaza continuidad del proyecto
Los descensos de precios, serán transitorios, accidentales, infrecuentes. En caso de
ocurrir, la OPEP reducirá sensatamente la oferta hasta recobrar la normalidad, es decir, la
tendencia alcista. Es más, un derrumbe de precios, lejos de representar una tragedia,
pudiera constituir una bendición para Venezuela, -no así para los demás países-, de
cumplirse el supuesto de alza permanente del barril. Los dólares que el petróleo deje de
proporcionar se compensarán con endeudamiento externo. Al subir el precio a un ritmo
superior a la tasa de interés, se obtiene una ganancia, al cancelar préstamos con menos
barriles equivalentes. Quizás sea innecesario, muchos países querrán efectuar compras
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pre-pagadas, con el fin de asegurar suministros. En ese escenario, la fortaleza económica
vendrá dada no por la cotización del barril sino por la cuantía de las reservas.
Una temporal insuficiencia de ingresos, puede ser suplida también con emisión de
deuda interna, un fabuloso negocio en las condiciones que surgen. En situación de
apremio, los pasivos contraídos en moneda nacional pueden cancelarse con ganancia,
recurriendo previamente a una devaluación. Se “licúa” la deuda, al honrar el compromiso
con menos dólares. En cualquier caso, Venezuela, el mayor reservorio del planeta, ante
una caída momentánea del precio, dispone de otra carta: incrementar la extracción sin
romper la disciplina en el seno de la OPEP, ya que el criterio para la asignación de cuotas
es precisamente la magnitud de las reservas.
2.5. Venezuela, Potencia Energética mundial
Altos precios permitirán explotar costosos crudos pesados de la Faja Petrolífera del
Orinoco (FPO), que de otro modo quedarían atrapados en el subsuelo. Más temprano que
tarde, Venezuela, inevitablemente, designio divino o azar geológico, ha de convertirse en
potencia. Elevadas reservas y precios altos prefiguran dólares en abundancia y riqueza
creciente. El Plan Siembra Petrolera, lanzado en 2005, recoge en líneas gruesas la profecía
de la Potencia Energética. Los precios crecerán al menos a una tasa del 15% anual. La
producción comenzará con 3 millones de barriles diarios, se duplicará en un lapso de 6
años para volverse a duplicar más adelante.
Fuente: MENPET, PDVSA
Se usa el término profecía en el sentido de ocurrencia inevitable de un suceso
anticipado, sin definición del conjunto de pasos secuencialmente ordenados, articulados,
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para acercarse a una imagen-objetivo, en cuyo caso sería planificación. La PEB, en
adelante, actuará alineada y alienada con esta perspectiva, tomando como dato cierto la
incógnita mayor de la ecuación económica: el precio futuro del recurso. La Epifanía de la
Potencia Energética además de prometer suprema felicidad, corre aparejada con un
mensaje persistente, difundido por todos los medios en todo momento: llegar al final de
trayecto, la conquista de la utopía, es posible, sí y sólo sí, se acatan reverencialmente las
sabias instrucciones del líder y los revolucionarios repelen sin tregua ni descanso
eventuales agresiones de opositores reales e imaginarios.
El gráfico insertado muestra las ambiciosas proyecciones de precios y producción.
Puede apreciarse que el vaticinio de precios altos se cumple de modo general, aunque
falla estrepitosamente en cuanto a producción. Los precios caen en tres ocasiones. A cada
desplome le sigue una recuperación con ímpetu mayor. Esta ha sido la pauta. Está por
verse si en la presente encrucijada sale del foso a comienzos de 2016, pero esa materia
pertenece a otras páginas, cuando se efectúe el balance de lo acontecido. Subráyese por
ahora la extrema fragilidad del argumento cuyos elementos básicos se explican en la
siguiente sección.
3. Las directrices generales de la PEB
En la Venezuela Potencia, la política económica operativa tradicional (cambiaria,
fiscal, monetaria y de precios) pierde relevancia y espacio, existe como complemento
insustancial, subordinada y alineada con objetivos políticos y sociales mayores. La
necesidad de expandir la revolución fuera del marco nacional requiere la construcción de
cuidadosas alianzas, por encima de las conveniencias comerciales, según afinidad política
o ideológica, que impidan bloqueos y sanciones: la ALBA, PETROCARIBE, PETROSUR,
UNASUR, CELAC, convenios con Cuba, Rusia y China, forman parte de esa estrategia. La
PEB cumple la parte que le toca desarrollar de un programa a largo plazo, 20 años,
delineado en el “Proyecto Simón Bolívar”. Apunta al logro de dos objetivos supremos:
reparto Ejecutivo de la renta petrolera (no sujeta a reglas) para mantenerse en el poder al
paso que va erradicando la pobreza y “la destrucción de los viejos elementos de la
sociedad capitalista”, entendido como hostigamiento a la empresa mercantil. Objetivos
interrelacionados que tienen como prelación un requisito jurídico-político que pasamos a
dar cuenta.
2.1. Apropiación de los excedentes
Luego de convertir a PDVSA en empresa “roja-rojita” en 2003, el primer paso de la
PEB es, por fuerza, la apropiación de la renta petrolera por parte el Poder Ejecutivo, tomar
para sí las divisas que constitucionalmente pertenecen a los venezolanos. De acuerdo a lo
dispuesto en la Constitución y las leyes, si el gobierno, como cualquier agente económico,
necesita dólares, debe comprarlos al BCV, como siempre fue. Disposiciones a ser
removidas por decretos-leyes especiales, de manera unilateral (leyes habilitantes) o por
simples providencias administrativas. Se facultar al Poder Ejecutivo, más precisamente al
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Presidente de la República, para disponer sumas crecientes de dólares sin contrapartida,
que de manera obligatoria suministran el BCV y PDVSA, depositados en fondos especiales.
La estrategia del Ejecutivo diseñada para apropiarse de la Renta, avanza en cuatro
direcciones con ritmos diferentes, vías que se entrecruzan y afectan mutuamente pero se
ejecutan por separado, ocultando el verdadero propósito,: a) creación de “excedentes” en
el presupuesto nacional al subestimar el precio del petróleo; b) aplicación de gastos
directos de PDVSA en Desarrollo Social, no enterados en el Presupuesto; c) constitución
de Fondos Especiales del Ejecutivo, con aportes del BCV y PDVSA; d) apropiación de la
Contribución especial por precios extraordinarios de los hidrocarburos.
En la medida que disminuyan los aportes petroleros al Presupuesto, vía sustracción
de excedentes, aumenta el músculo financiero paralelo. Es difícil anticipar el curso de la
política a seguir en el manejo de los fondos, debido a su carácter discrecional y porque
involucra secretas adquisiciones de pertrechos militares. Se tendrá una gran alcancía, y
una autorización presidencial para movilizar recursos. La oposición política y las otras
ramas y niveles del poder público quedan excluidos de consulta.
2.2. Reparto discrecional (no sujeto a reglas) de la renta
La renta petrolera se divide en tres toletes: la que va a los fondos especiales, la
contribución al presupuesto y la que se dirige a las reservas internacionales, que
constitucionalmente corresponde administrar al BCV, pero que pasó a ser controlada por
una comisión presidencial.
La distribución popular de la renta, financiada en lo esencial con fondos especiales,
atendería a tres objetivos: a) saldar la deuda social acumulada con los sectores menos
favorecidos, impulsar el gasto social (alimentación, educación, salud y asignaciones
monetarias directas) para resolver el problema de la pobreza; b) una política anti-
mercado, que avanzaría en dos direcciones. Por un lado, promoción de un Nuevo Modelo
Productivo, empresas del Estado, cooperativas y empresas de propiedad social; que
sustituirían a la empresa privada y por el otro, un programa de nacionalizaciones y
expropiaciones, acompañado de regulaciones, controles y restricciones a la libertad de
empresa que impidiesen la reproducción del modelo capitalista, basado en iniciativa
privada y en la obtención de lucro; y c) desplegar una portentosa campaña de propaganda
y de promoción del líder, que lo hicieran imbatible en las contiendas electorales, para
garantizar la permanencia en el poder.
Se dijo que la política económica instrumental pasa a segundo plano. Desde 2003,
la PEB se limita al destino de la renta petrolera y la destrucción del mercado. Este cambio
de orientación se entendería después, entretanto, lo que se presentó al gran público,
siguiendo los manuales en uso, fue que, luego de la turbulencia del paro golpista de 2002,
se requería una orientación de política económica diferente.
En ese orden de ideas, la propuesta del gobierno fue:
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La Política Económica Operativa o instrumental
3.1. Política Cambiaria
A la par de un control de precios –a productos de consumo masivo, médicos, de
aseo y servicios- el 6-02-2003 se instaura un Control de Cambio, según se dijo, para
contrarrestar nocivos efectos derivados de: a) la reducción del ingreso petrolero y b) del
paro empresarial y petrolero. Así nace la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),
dependiente de la Presidencia de la República. Ya no será el mercado, ni el BCV; será el
Ejecutivo, oferente único, quien dirá a quiénes, cuántos y a qué tasa se entregan los
dólares. (Entre 1996 y 2002 las empresas y las personas podían comprar dólares
libremente y el valor fluctuaba en una banda, con un piso y un techo).
La economía tendría un tipo de cambio fijo, controlado políticamente, por decreto.
Se contendría la inflación asignando un precio al dólar (tipo de cambio) por debajo del
valor de mercado (bolívar sobrevaluado). Los insumos y productos importados resultarían
baratos, permitiendo estabilizar lo economía, mientras se iban gestando las bases del
“despegue” económico endógeno.
Se pensó que eran medidas transitorias. Su permanencia, hizo patente la intención
de obviar el mecanismo de mercado y restringir el sistema de libertades económicas. El
gobierno “rompió” paulatinamente con los postulados del libre comercio, que sirvieron de
fundamento doctrinario a los dos mandatarios anteriores (CAP y Caldera) y a sus primeros
5 años. Se hizo claro que emprendía el camino opuesto, el intervencionismo estatal, el
enfrentamiento con el sector privado y la colectivización de la economía.
Con el control de cambio se perseguía, según se esgrimió: 1) contener la fuga de
divisas o salida de capitales, 2) democratizar su uso estableciendo límites por persona
(cupos para viajeros y compras electrónicas) y 3) canalizar las importaciones hacia bienes
necesarios para el desarrollo nacional (que lograría el abastecimiento y contendría la
inflación). Tal disposición vendría acompañada de beneficios adicionales: a) las empresas
que solicitaran dólares a CADIVI estaban obligadas a demostrar Solvencia Laboral (con
los trabajadores, SSO, política habitacional, INCE, etc.) y Solvencia Fiscal (estar al día con
el SENIAT); b) incremento de los ingresos públicos; c) disminución de la informalidad
laboral, y d) el más importante -si se cumplía la secuencia de eventos descrita- se
incrementaría notablemente el empleo en el sector privado de la economía. Resumiendo:
asignación racional de las divisas, freno a la inflación, formalidad laboral, mejoras en la
recaudación y pleno empleo.
El sistema cambiario controlado ha sido reformado muchas veces en los 13 años
de vigencia, manteniendo sobrevaluada la moneda. Mediante resoluciones, llamadas
Providencias, se fue configurando un entramado engorroso, confuso y poco entendible
para los usuarios, por la cantidad de aspectos que regula. Pero de una sencillez
apabullante, si se mira desde la óptica gubernamental. Es al Ejecutivo, sólo a él, quien
compete determinar el destino de los dólares. Aunque en ocasiones el sistema cambiario
se use como instrumento de política fiscal para cubrir déficits, o como parte de la política
monetaria para absorber los excesos de liquidez, esa no es su función primordial. Su
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propósito es poner a su disposición del Ejecutivo mayores porciones de renta petrolera al
margen del presupuesto nacional. Luego se retomará este punto. Por ahora, se muestran
las modificaciones formales efectuadas.
Cuadro N° 2 (a): Evolución del Tipo de Cambio. (BsF x US$). Período 2003-2010
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tipo de cambio (Bs) 1,68 1,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,60
CADIVI (Bs)
4,30
SITME (Bs) 5,30
Dólar permuta (Bs) 1.92 2,70 3,40 4,40 5,15 5,97 9,14
Devaluación % 38,6 19,4 12 0 0 0 0 72,8
BCV y cálculos propios.
La primera fila refleja que en el tramo 2003-2005 continuaron las devaluaciones;
cesan durante el quinquenio 2005-2009, en el cual se adopta un tipo de cambio fijo y
único, 2150 Bs x dólar. Patrón que no pudo prolongarse por la crisis financiera mundial, la
caída del ingreso petrolero trajo de nuevo las devaluaciones. En 2008 se quitan 3 ceros a
la moneda y se implanta el bolívar fuerte.
El cuadro también pone de relieve otro asunto importante. Desmiente la idea que
“se estableció un estricto y severo control de cambio”. Sencillamente, no es verdad.
Siempre dispuso de formas alternativas para acceder a dólares, cerradas y reabiertas con
otros nombres, pero con la misma función, distintas a la CADIVI. De hecho, mediante el
llamado dólar permuta y acciones de la CANTV, entre 2000 y 2009, se conseguían dólares
de manera legal, con las casas de cambio y casas de bolsa. En 2010, se establece un tipo
de cambio dual (2,60 Bs. para sectores prioritarios y Bs. 4,30 para el resto), lo que antes
hacía el sector privado, será encomendado al SITME, Sistema de Transacciones con
Títulos en Moneda Extranjera, con una tasa de Bs. 5,30, quien controlará las asignaciones
dirigido por un ente distinto: el BCV.
El dólar negro (paralelo), que siempre fue recurso alterno de poca significación,
agarra vuelo en 2010, cuando empiezan a ser insuficientes los dólares oficiales. La crisis
bursátil 2008, como es conocido, provocó recesión en muchos países. Al contraerse la
demanda de hidrocarburos bajaron los precios, ocasionando diversos problemas: caída de
las exportaciones, merma de las importaciones, déficit fiscal y desabastecimiento. Luego
de esperar un año “a ver qué pasaba con el precio del barril”, las autoridades comprenden
que la tasa de 2,15 no puede sostenerse en este escenario de restricciones. Había que
devaluar, y así se hizo.
Cuadro N° 2 (b): Evolución del Tipo de Cambio. (Bs. por US$). Período 2010-2015
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tipo de cambio 2,60 4,30 4,30 6,30
CADIVI-CENCOEX 4,30 4,30 4,30 6,30 6,30 6,30
12
SITME 5,30 5,30 5,30 ---- ---- ----
SICAD 6,30 ----- Flota
12 SICAD I 10,8
SICAD II 49,9
SIMADI libre
Dólar paralelo 9,14 15-17 17-24 25-72 72-163 188
Devaluación % 72,8 27,1 6,2 38,2 ¿? ¿?
BCV y cálculos propios.
El Cuadro N° 2(b), muestra la unificación cambiaria (4,30 Bs F) decretada en 2011,
y el valor asignado a la tasa SITME hasta febrero de 2103. Este mecanismo se elimina
ante escandalosas denuncias de irregularidades. Con funciones similares, lo reemplazará el
Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, un régimen de cambios
múltiples. En 2014 se sustituye CADIVI por el Centro Nacional de Comercio Exterior,
CENCOEX, adscrito esta vez a la Vice-Presidencia de la República. En Febrero de 2015, se
anuncia un sistema cambiario de “tres mercados”, con una tasa de cambio preferencial
de Bs. 6,30 por dólar, un “sistema de subastas” que unifica los SICAD con una tasa “piso”
de 12 Bs x $, y un tercer mercado libre, Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, “donde
podrán participar los sectores privados”, y se venderán bonos de deuda y dólares en
efectivo, a una tasa que irá dictando el juego de la oferta y la demanda, para “torcerle
el pescuezo al paralelo”. Arrancó con una tasa de 170 Bs x dólar.
El “paralelo” desde entonces emprendió una carrera indetenible, ante la insuficiencia
de la provisión oficial de divisas, la especulación y la necesidad de insumos y bienes
extranjeros.
Conviene aclarar que el gobierno puede poner los dólares que recibe del resto del
mundo, y que no precisan de esfuerzo productivo (no le cuestan nada), a disposición de
los particulares a través del mercado a cualquier tasa de cambio. El límite inferior de esta
última, en todo caso, viene determinado por requerimientos de fondos fiscales (Baptista,
2010). Pero también puede restringir la entrega de dólares al sector privado, o utilizarlos
directamente para cumplir sus propios fines de estatización de la economía, como de
hecho ha ocurrido. Debido a que la estrategia fiscal es financiar el presupuesto con
impuestos internos deslastrándose del aporte petrolero, excepcionalmente recurrirá a la
devaluación. Como el propósito es abastecer el mercado local con productos foráneos, lo
aconsejable es tener una moneda con gran poder de compra en el extranjero, esto es
sobrevaluar el bolívar (630 Bs. es una cifra insignificante en el país, que no compra medio
kg de cebolla; pero al cambio preferencial de 6,30 Bs. son 100 dólares, que pueden
comprar un celular en EEUU). Es así como el gobierno, sea cual sea el procedimiento para
la entrega de dólares a cambio de bolívares, pone en manos privadas parte de la renta
propiedad del Estado, mediante la entrega de más poder de compra del que recibe a
cambio. Obviamente, como no hay libertad cambiaria, no todos tienen acceso a la golilla.
El control selecciona quiénes pueden cambiar el medio Kg de cebolla por el celular,
pasando por el puente de CADIVI. Por ese intercambio desigual, en el pasadizo del
control, puede hacer ricos en un santiamén a unos cuantos.
13
La sobrevaluación permite la importación ventajosa de bienes de todo tipo.
Impide los estragos de la inflación importada y aumenta el poder adquisitivo de la
población, al poner a su disposición bienes baratos. De ella se aprovechan tanto
importadores privados y gubernamentales, viajeros, y toda suerte de especuladores. La
bonanza petrolera y la sobrevaluación nos convirtieron en país importador desenfrenado
(60% de los bienes provienen del extranjero). La sobrevaluación se convierte en el nervio
central de la PEB, llevada al extremo del desquicio.
Por diversas razones, Venezuela no ha podido controlar la inflación. Al mantener la
tasa de cambio fija, los productos importados se hacen más baratos. Cabe inquirir que si
la comida es más barata en la calle, nadie cocina en su casa. Por el mismo motivo,
empresarios devienen en importadores, productores en comerciantes y profesionales en
revendedores. La PEB anula en la práctica la aspiración del desarrollo endógeno. La
pretendida industrialización por sustitución de importaciones, termina transfigurada en un
esquema al revés, sustitución de producción nacional por bienes importados.
En cuanto a la llamada “democratización del uso de las divisas”, uno de los
objetivos perseguidos, cabe precisar que sólo han tenido acceso al sistema los titulares de
tarjetas de crédito (clase media y alta), unos 2 millones de usuarios; las asignaciones por
persona han ido reduciéndose con el fin de cumplir la promesa “dólares sólo para el
pueblo”. Un análisis detenido del sistema cambiario, revela un racionamiento de las
divisas, que se deriva no de administrar un flujo de divisas en declinación, sino que, por
diseño, el Ejecutivo cada vez aparta para sí una mayor porción de petrodólares, con el fin
de abastecer sus programas de distribución de alimentos, de consolidar la revolución y
reducir la participación del sector privado, tal como se indica en el Plan de la Patria.
Cuadro N° 4. Límite máximo de Asignaciones de dólares por Tarjetahabiente. Venezuela. Período: 2003-2014
Asignaciones 2003 2007 2008 2010 2014 2015
Cupo Viajero $ anual 5000 5000 3000 2500 2500 2500
Remesas exterior $/mes 500 1800 900 500 ¿?
Cupo Internet $ anual 3000 400 400 300 300
Efectivo $ anual 600 600 500 400 ¿?
FUENTE: CADIVI, CENCOEX (2014)
La información vertida se explica por sí sola, a los viajeros se les hace cada vez
más difícil salir del país; se les “da” cada vez menos. Se intensifican los requisitos para
acceder a divisas en 2010, y se diversifican los montos por destino. En 2014, las
asignaciones, que se hacían a dólar preferencial, se trasladan a Tasa SICAD I, incluido el
precio de los boletos aéreos. Aun así, persiste el diferencial y sigue siendo atractivo
adquirir dólares, para reventa. Cierto es que se restringe la movilidad de viajeros; pero no
la de mercancías y capitales, dando lugar a negocios semi-clandestinos, algunos
descaradamente ilícitos. El cupo internet, recortado paulatinamente, desde junio 2015 se
14
encuentra inactivo “hasta nuevo aviso” y se ha obligado a los tarjetahabientes a migrar
hacia la banca pública, al parecer murió.
La fiebre de importaciones y salida de capitales con
sus nefastos efectos se tratará más adelante, aquí
consígnese que las distorsiones cambiarias prohijaron
una verdadera legión de avispados en torno a la
CADIVI: “carpeta-habientes, “raspa cupos”, “viajeros
ficticios”, importadores de maletín, remesas
fraudulentas, sobre facturadores de envíos,
aprovechadores todos del diferencial cambiario (dólar
negro-valor dólar oficial). En 2012 por ejemplo, un
viajero con gasto autorizado en sus Tarjetas por
2500$ en el Perú, consumía 1000$ y “raspaba” 1500$
en efectivo, para vender en el mercado negro, por
seis veces su precio de compra. Al transitar por la
“cámara secreta”, le quedaba el equivalente al salario
mínimo devengado en un año.
El diferencial cambiario y la política sistemática de subsidios a los alimentos de la
dieta básica del venezolano implementada por el gobierno bolivariano, constituye quizás
los principales incentivos al contrabando de extracción, estimado por algunos ministros en
15% de la producción nacional (la mitad del índice de escasez reportado por el BCV) y a
más de 150 mil barriles/día en fuga de combustibles. Un producto regulado cuesta, en
promedio, 8 veces más en Colombia; vendiéndolo con rebaja, deja una ganancia
astronómica. Un litro de gasolina cuesta 700 veces más. La fabulosa “fuga” de mercancías
es similar al negocio del “raspado” en cuanto a las ganancias, pero comporta riesgos de
decomiso, vacunas y otras desventuras.
Esos desajustes incubaron una creciente “ninfomanía por los dólares y una brutal
dependencia de las importaciones”, en palabras del ministro Giordani. En esas
circunstancias, los dólares fueron escaseando. Escasez acentuada por la estrategia oficial
de estimular la salida de divisas, poco divulgada pero de gran poder corrosivo.
Operaciones legales en las cuales el BCV depositaba en cuentas en el exterior los dólares
que “los seleccionados” compraron en bolívares, a una tasa ligeramente superior a la
oficial, pero muy lejos del valor de mercado, generando una “utilidad cambiaria” al banco
y una cucharada grande para el tenedor. Por esta razón en Venezuela no puede hablarse
en estricto sentido de “fuga de divisas”.
Un balance preliminar de la política cambiaria llevada a cabo, revela que mientras
el precio del petróleo estuvo al alza no hubo mayores problemas ni escasez. Tras la crisis
financiera mundial del 2008, la situación se complica. Los gastos de divisas del gobierno y
PDVSA superan las entradas petroleras. La solución circunstancial fue endeudar a PDVSA
para alimentar el Sistema Integral de Transacciones en Moneda Extranjera, SITME, para
combatir el alza en el precio del paralelo, se procedió a quemar reservas para estabilizar el
mercado cambiario (Guerra, 2013). Contener la inflación sin devaluar era y es crucial.
El tipo de cambio, el
nivel de importaciones, el monto asignado para cupos de viajeros, más que de la disponibilidad de divisas del país, valga decir del ingreso
petrolero, dependen del objetivo consolidar el proyecto político donde el Estado controla todo.
15
Levantar los controles, que es lo aconsejable, implica que el mismo Ejecutivo de disminuya
el poder económico.
En 2010, presionado por recurrentes déficits públicos, el gobierno se ve en la
necesidad emitir más deuda y devaluar drásticamente la moneda. Acompaña las medidas
con el cierre de las casas de bolsa, para detener la sangría de divisas. A estas alturas, era
patente que el anhelado desarrollo endógeno no se avizoraba por ningún lado, promo-
viéndose, más bien, todo lo contrario: importaciones masivas, con el fin de evitar el
desabastecimiento. En 2013, se evidencia la crisis, las divisas no alcanzan, ni con un barril
a 103,2$US, en la llamada potencia energética mundial. Punto se aborda de manera crítica
en la parte final del documento.
De vuelta a la tema del control cambiario iniciado en 2003 y su relación con la PEB,
al represar la salida de divisas –siguiendo el argumento oficial-, tal como se confirmó
posteriormente, aumentaría el dinero en circulación, (fundamentalmente en los bancos)
obligando a la adopción de medidas estabilizadoras en otros ámbitos. Es decir, había que
definir ¿qué hacer con tanta masa monetaria en circulación? con el fin de ser coherentes
en el diseño de una política de crecimiento sin inflación.
3.2. La Política Monetaria expansiva
Una mayor cantidad de dinero en circulación, provocaría una caída en las tasas de
interés, estimulando la inversión privada y, desde luego, la producción nacional no
petrolera. Eso se dijo. Tasas de interés bajas posibilitaría que pequeños empresarios y
emprendedores accedieran al crédito, se animaran a invertir y, bajo estas condiciones
favorables, se estimularía la creación de microempresas, la proliferación de cooperativas y
nuevas formas de organización productiva, previstas en el Plan de Desarrollo de la Nación.
Apoyados desde diversos organismos y ministerios, y respaldados por un conjunto de
leyes especiales que establecían carteras obligatorias y tasas preferenciales para
actividades consideradas prioritarias decretadas ejecutivamente. De esta forma, la política
monetaria serviría a la promoción del crecimiento y desarrollo endógeno.
La trayectoria de la liquidez monetaria en los últimos años muestra una expansión
descomunal. Leve expansión hasta 2005, crecimiento moderado entre 2006 y 2010,
expansión violenta después de 2011, tal como se aprecia en el Gráfico 1. Este
comportamiento estrambótico encuentra explicación en la constante inyección de bolívares
como resultado de contratación de deuda pública, devaluación de la moneda y emisión de
dinero inorgánico, acentuada en los últimos 4 años con el fin de cubrir déficits fiscales.
Las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela, se ubicaron
a comienzos de noviembre 2015 en 14.486 millones de dólares. Cifra que representa una
contracción de 45,7% en los últimos siete años, pero en paralelo se produjo un
crecimiento de 921% en el monto de la liquidez monetaria (M2). Eso significa que existen
en circulación más bolívares respaldados por menos dólares.
16
Gráfico 1. Liquidez Monetaria en Venezuela. 1996-2014
Fuente: BCV.
El carácter expansivo de la política monetaria no descarta ocasionales operaciones
de absorción, ni incrementos en el tope de los encajes, creando cierta confusión. Se
emiten bonos con la excusa “recoger exceso de liquidez”, que van dejando, “de pasada”,
jugosas ganancias a la banca comercial, que encuentran un pasadizo cómodo para colocar
dinero ocioso. En realidad, se trata de operaciones para que el Ejecutivo disponga de
recursos adicionales para extender la cobertura de sus programas sociales y aumentar la
nómina improductiva del sector público: militares, milicias, becas, transferencias en
metálico, aumento del salario mínimo. Transferencias directas de dinero a través de las
misiones para mejorar el consumo del venezolano, rompiendo todo vínculo con la
actividad productiva. Lo importante es que la gente, antes excluida, tenga que agradecer
por el dinero entregado para mitigar sus necesidades. Esto proporciona rédito político,
cualquier mejora en el nivel de vida de gruesos sectores de la población se acredita a las
misiones del gobierno-redentor y no a mecanismos remunerativos de naturaleza laboral, ni
a la preparación o competencia del trabajador.
La magnitud de la liquidez monetaria ha crecido de manera sustancial frente al
tamaño real de la economía: mientras que para el primer trimestre de 1999 circulaban BsF
1,05 por cada unidad de producto interno bruto (PIB), para el cierre de 2014 circulaban
BsF 124,2 por cada unidad de PIB.
Para julio de 2015, en Venezuela circula BsF 89.608 por ciudadano, lo que
representa un aumento significativo frente a los BsF 5.520 per cápita que circulaban en
enero de 2008, momento en que entra en vigencia el bolívar fuerte.
La ideología “oficial” pregona que la inflación no es el resultado de un exceso de
dinero, sino de la voracidad sin límite de los capitalistas. Las empresas especulan, por eso
se crean organismos en defensa del consumidor, del pueblo, de los derechos económicos,
encargados de ejercer contraloría.
En conclusión, la PE monetaria es altamente Expansiva, bien porque buena parte
de los petro-dólares se convierte en bolívares, o bien porque aumenta el gasto público vía
2010
17
endeudamiento o devaluación o porque sencillamente emite dinero sin respaldo. En
consecuencia, “le toca al BCV ir a limpiar el reguero” (política contractiva), absorber
excesos de liquidez. Este “secado” es insignificante en comparación con la magnitud y
efectos de las emisiones. Con frecuencia se aplica en secuencia para que no choque con
los “regueros”. El saldo es netamente expansivo debido a la gigantesca creación de
dinero hace la política monetaria y las inyecciones monetarias que hace la política fiscal,
que se examina en la siguiente sección.
La expansión “enloquecida” de la liquidez monetaria, tasa interanual del 55% en
promedio para el período 2010-2015, que viene a constituir la demanda interna, frente al
nimio crecimiento de la oferta nacional (TCR PIB promedio 2,44% anual), induce por un
lado a niveles crecientes de importación, con el consabido sacrificio de divisas. Por el otro,
alimenta las llamas de la inflación. Cabe destacar que la inusitada expansión no es para
“estabilizar la economía y preservar el valor de la moneda”, como pudiera creerse, sino
para financiar el tren de gasto de la revolución (Oliveros, 2015). Violando, de paso, lo
dispuesto en el art. 320 de la CRBV, que prohíbe financiar o convalidar políticas fiscales
deficitarias. En 2010, se procedió a modificar la ley del Instituto emisor, desde entonces
el BCV puede “otorgar créditos con garantía de títulos de créditos emitidos por la
República o por sus entes descentralizados, así como de instrumentos relacionados”.
Adicionalmente, elimina el lapso máximo de duración de dichos créditos, que era de dos
años y ahora queda sujeto a la discreción del Directorio.
Tal expansión del circulante tendrá otros efectos indeseados. Mucho dinero en
manos del público, en ausencia de incrementos en la producción, conduciría, como se ha
insistido, a mayores niveles de importación pero, al contraerse el flujo de divisas (por
caída del barril y fuga de capitales) se desemboca con el paso del tiempo en escasez,
desabastecimiento, especulación, inflación. Las colas para comprar que se observan en la
Venezuela actual son fiel testimonio de un desequilibrio categórico entre la demanda y la
oferta. En el país, hay mucho dinero y poca producción. Si bien provoca un daño
económico colateral grave, tiene la extraña virtud política que los sectores populares,
antes excluidos, reciben dinero “sin ser explotados” por los capitalistas.
Aún cuando suene absurdo y cueste creerlo el BCV financia a PDVSA, al revés de lo
que supone la gente, desde 2010. La emisión inorgánica opera del modo siguiente. La
estatal petrolera cancela sus obligaciones al BCV con promesas de pago en dólares,
(recibe bolívares para efectuar gastos de desarrollo social) que luego pospone con otra
promesa de pago (bono). El FONDEN, el BANDES, el Banco del Tesoro, hacen otro tanto,
sobre la base de estos papeles, -elementales asientos contables-, el instituto emisor
imprime dinero (llamado inorgánico porque no tiene respaldo en dólares), que entra en
circulación alimentando vorazmente la inflación.
Se desconoce el monto exacto de las emisiones inorgánicas en los dos últimos
años, pero en 2013, alcanzó los 280 millardos de Bs.F., cuyo peso puede calibrarse al
saber que el presupuesto nacional ejecutado ascendió a 680 millardos de Bs.F.
18
3.3. La política Fiscal expansiva
Se dejó dicho que a partir de 2003 la PEB adquiere perfil y rumbo definidos,
estatización de la economía. Gira en torno al petróleo y se expresa en crecimiento
irrefrenable del gasto público. La transitoria reducción de la producción petrolera
venezolana provocada por el paro (recorte inducido de la oferta en 2002), por muy
paradójico que parezca, contribuyó a elevar el precio del barril en el mercado mundial, y
con ello el ingreso fiscal venezolano, una vez superada la contingencia y amainada la
conflictividad política.
La invasión norteamericana a Irak un
mes después del paro, (19 de marzo 2003) que
redujo aún más la oferta mundial, dispara el
precio, aumentando las divisas venezolanas. El
Gasto Público crece de manera desaforada e
imprevista, a un ritmo mayor que los ingresos;
entonces el fisco se inunda de bolívares. Se
gasta sin ahorrar, este es un rasgo constante de
la política económica de la administración de
Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.
Los ingresos fiscales crecen tanto por
incremento de la contribución petrolera como por aumento de recaudación interna, al
poner en vigor el SENIAT el plan “Evasión Cero” en 2005. Este último constituye logro
impresionante, al tomar en cuenta que antes de 1996 ni siquiera se cobraba el IVA.
El gasto se canalizaría hacia la inversión pública, dirigida a la construcción de
grandes obras de infraestructura (metros, ferrocarriles, carreteras, etc.) fomentaría el
empleo, el ingreso familiar, el consumo, resolviendo el grave problema del desempleo.
Avanzado el tiempo se tiene la certeza que los buenos deseos no se cumplieron. La
inversión, tanto pública como privada han seguido el curso del ciclo petrolero, al
desplomarse los precios se paralizan las inversiones, dejando la economía expuesta a
shocks. Así, luego de la crisis financiera 2008 se desploma el gasto de capital y el gasto
corriente, a pesar del endeudamiento creciente contratado. La evolución del gasto
contemplado en el Presupuesto Nacional, se registra en siguiente cuadro.
Cuadro N° 5: Discriminación del Gasto Público, como % del PIB. Venezuela.
Período 2003-2011
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gasto Corriente 20,8 19,6 19,0 22,0 19,7 19,8 20,5 19,0 21,7
Gasto de Capital 5,5 5,0 5,8 6,7 5,9 5,8 5,5 2,9 3,1
Fuente: Weisbrot (2012); Nota: No incluye los gastos de Desarrollo social efectuados por PDVSA.
Política fiscal expansiva, es el rasgo más sobresaliente de la PEB, sobretodo el correspondiente al denominado gasto social, posible gracias a los generosos precios del petróleo.
19
La información revela que el gasto corriente, con leves parpadeos, se mantiene. Su
comportamiento es independiente de los altibajos del precio del barril, aun cuando ésta
sea la fuente que permite su expansión. Detrás de esta conducta está la terca vocación
del gobierno de continuar expandiendo el gasto social, así tenga que recortar Gasto de
Capital o recurrir a endeudamiento.
La política fiscal, expansiva por diseño, se encargará de dispensar bienes y
servicios gratuitos o a precios simbólicos, exhibición fastuosa de bondades del socialismo,
muy superior al capitalismo, a pesar de que precios del petróleo circunstancialmente
caigan. Una vez se recuperen, se saldarán las deudas y sobrevendrá la abundancia de
dólares en la potencia energética, tal como aconteció en 2003 y en 2010, de acuerdo al
supuesto de precios petroleros ascendentes a largo plazo. Que el Gasto Público tenga que
financiarse con endeudamiento, devaluación o emisión inorgánica de dinero, no constituye
problema alguno, en esta visión de las cosas, tal como se explica.
La deuda interna lejos de ser una carga, se ha
convertido en negocio fabuloso. Al cancelar pasivos
contraídos en moneda nacional luego de una
devaluación, se están entregando menos dólares. Por
Ejemplo, un préstamo por 2150 Bs. Contratado en
2004, (en dólares y a cambio oficial eran 1000 dólares
ese año, cuando 1$ = 2,15 Bs.); al momento de
cancelar, en 2010, sin contar los intereses, se están
cediendo apenas 500 dólares, puesto que el 1$ = 4,30 Bs. A esto se le llama “licuar la
deuda”. Se deja a la libre imaginación del lector conjeturar lo que pasará si el precio del
dólar se ubica en 300 Bs., que se presume ocurrirá pronto. Con una tasa así la deuda
interna será insignificante.
Estas medidas si bien benefician al gobierno, lesionan fatalmente al sector privado,
al quedar expuesto a descapitalización, pérdida de valor de sus activos. Para protegerse,
los banqueros optan por buscar refugio, proteger sus activos manteniendo su patrimonio
en dólares. Otra razón más para sacar los capitales del país.
Otro tanto ocurre con la deuda externa.
A pesar de proclamas en contrario, la tentación de endeudamiento externo en
épocas de bonanza, no ha podido contenerse, ni antes ni ahora. ¿Cómo no dejarse seducir
por tan fantástico negocio?, sabiendo que a la final, la deuda externa se cancelará con
barriles. Curiosamente, una deuda pagadera al vencimiento, contraída por ejemplo en
1998 por 1000 dólares, (100 barriles de petróleo ese año, Precio = 10 $USA), verá reducir
su valor. En el año de vencimiento, 2012, el precio del barril es 100$, entonces se está
cancelando con 10 barriles apenas, sin contar los intereses. Mejor, imposible. El drama
impensable, de terror, es que si se desploman los precios a la mitad, se revierten las
condiciones: hay que entregar el doble de barriles, por la misma deuda + los intereses.
Construir una serie estadística que dé cuenta de la trayectoria del Gasto ejecutado,
sin que importe saber la fuente de financiamiento en el período, es difícil, si no imposible,
ya que desde 2004 se discrimina en 3 porciones: a) Gasto Programado incluido en
El gasto público creciente, dispensando bienes y servicios gratuitos, servirá para
mostrar las bondades del socialismo
20
Presupuesto; b) Aportes de PDVSA al desarrollo social y c) Fondos Especiales que se
crean, amparados en lo que dio en llamarse “distribución popular de la renta petrolera”.
Tal modo de proceder, comenzó con la solicitud presidencial de un “millardito” para
la agricultura, al BCV en un Aló Presidente. Ante la negativa del instituto, se modifica la
ley que lo rige y se crean fondos especiales como FONDESPA, FONDO MIRANDA Y
FONDEN, que, entre 2005-2013 “ha manejado 115 millardos de dólares”, según reporte
oficial del Ministerio de Finanzas; cifra respetable si se compara con 15 millardos $USA, el
monto de las reservas internacionales a comienzos de 2016. Fondos Especiales (18 en
total) que se alimentan con aportes obligatorios del BCV y PDVSA, manejados
discrecionalmente, violando leyes y reglamentos de la administración financiera del sector
público, incluyendo a la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que
dispone en su Artículo 314: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en
la Ley de Presupuesto”.
Otro expediente utilizado para desviar recursos hacia fondos especiales, es la
subestimación del precio del petróleo en las cuentas del presupuesto. La diferencia entre
el precio de realización y el estimado contable queda a disposición del Ejecutivo para
actividades no programadas. Públicamente, la PEB asume la distribución discrecional como
rasgo visible y sin rendición de cuentas a la Asamblea Nacional.
A manera de síntesis, la política fiscal ha sido claramente expansiva, sin importar
que los gastos sean mayores que los ingresos públicos, ocasionado déficits recurrentes.
No hay ahorro público de manera previsiva para enfrentar eventuales caídas del ingreso
petrolero. Esa contingencia está excluida del análisis. Dado que endeudarse no trae
problemas, ni hay restricciones para la impresión de dinero sin respaldo, el gasto social
seguirá expandiéndose, hasta el colapso total del sistema. Ya sea pensando en intereses
políticos y electorales, o en atención a la justicia social, o por una especie de derecho
natural sobre gotas de petróleo, tarde o temprano, es fácil vislumbrar el colapso de este
modelo improductivo. Se hará insostenible en la medida que el ingreso petrolero crezca a
un ritmo menor que el gasto público. De hecho, ya ocurrió. Sus estragos están en pleno
desarrollo.
3.4. La Política Social y la Distribución del ingreso
Una parte del gasto público, desde el inicio de la gestión de Chávez, venía
dirigiéndose a la promoción de un “Nuevo Modelo de Producción Social”, NMP, del cual se
hablaba sin especificar su naturaleza y viabilidad, excepto la promoción de cooperativas.
Será en diciembre de 2007 con la propuesta de Reforma Constitucional, fallida pero
echada a andar de todos modos, que se imprima dirección precisa a los objetivos de la
revolución, cuando se anuncia el Socialismo del siglo XXI, (Empresas del Estado, Empresas
Mixtas, Empresas Comunales, Empresas Socialistas, Cooperativas, Empresas de
Producción Social), y enfrentamiento feroz al sector privado (controles, regulaciones,
acusación de explotadores, acaparadores y sujetos de expropiación).
Según el diseño, se expandiría la oferta de bienes y servicios con el concurso de un
NMP cada vez más vigoroso en alianza con empresas del Estado. Por el lado de la
21
demanda, se incrementarían los montos de las pensiones y los pensionados, se pagaría la
“enorme deuda social acumulada”, se otorgarían becas, ayudas, subvenciones
(transferencias directas en dinero) y se dispensarían gratuitamente o con subsidio bienes y
servicios: educación salud, seguridad, alimentación y vivienda, a los sectores populares.
En relación a esto, una precisión es menester.
La versión ideológica que intenta vender a las misiones –sin éxito, por cierto-,
como extensión o desarrollo de ciertas previsiones programáticas del Proyecto Simón
Bolívar, encontrará como adversario al propio presidente Chávez quien asume el encargo
de desmentir tales falsificaciones. Al respecto cuenta la siguiente anécdota:
“Presidente, si el referéndum fuera ahorita (SIC) usted lo perdería”. Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello. . . Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije: “Mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza”, y me dijo: “Si algo sé yo es de eso, cuenta con todo mi apoyo.” Ver texto completo en Chávez (2004; p. 48).
A partir de 2003, las misiones se convierten en el centro de lo que será la política
distributiva-social del gobierno. Se abandonan programas previos y con ellos las
instituciones que los impulsan –por ejemplo el FUS y el Plan Bolívar 2000, ruta de la
empanada, gallineros verticales-; dándole el gobierno prioridad a las acciones organizadas
alrededor de aquellas.
Ya para el quinto año de gobierno, el Ingreso Público (Petróleo y Tributos + deuda
+ devaluación) había crecido tanto que se pudo financiar cualquier actividad por extraña,
improvisada o descabellada que pareciera. Un año después de creadas las cuatro
primeras misiones, apoyadas por personal cubano, en Venezuela no se habla sino de
misiones, ahora sí todas con acento nacional. Desde el ángulo económico, esto viene a
constituirse en la expansión sin precedentes del gasto corriente, llamado Gasto Social (que
no se dirige a la inversión sino a la satisfacción de las necesidades inmediatas),
fortaleciendo el consumo (demanda).
Más allá de estas consideraciones, es necesario reconocer que las mismas apuntan
más a tratar de resolver el problema de la exclusión, básicamente las relacionadas con los
aspectos educativos, de empleo y salud, alimentación, sin saber a ciencia cierta qué son
en realidad, ¿programas permanentes o proyectos transitorios? (D´Elia, 2006).
Cabe mencionar por separado la Misión “Vuelvan Caras”, por lo promisorio de los
resultados esperados y la importancia económica atribuida. En el diseño, en breve tiempo
se prepararía la mano de obra necesaria para gestionar cooperativas y otras formas de
organización que incrementarían la oferta nacional de bienes y servicios. Más tarde, 2007,
se transformaría en la Misión Che Guevara, reconfigurándose en Gran Misión Saber y
Trabajo, año 2012, sin que se sepa a la fecha cuántas cooperativas o empresas socialistas
se han incubado desde esta plataforma.
No hay información clara y precisa sobre la situación actual de las misiones. Sí se
sabe que desde la contabilidad nacional califican como transferencias sin contrapartida y
constituyen un incremento sustancial de la demanda efectiva. En el año 2011 unas
22
desaparecen, otras se absorben en programas más amplios y se transforman en Grandes
Misiones, así como grande es el precio del petróleo que permite su financiamiento.
Constituye un logro indiscutible de la actual administración no sólo porque hace crecer el
PIB (el consumo es un componente de este indicador), sino porque contribuye a la
satisfacción de las necesidades más urgentes de la población y reduce el porcentaje de
hogares venezolanos en condiciones de pobreza (ver Cuadro N° 6). Aun cuando a este
logro contribuye el descenso en el promedio de hijos por mujer observado, y el número de
empleados por hogar, por donde quiera que se mire es un logro espectacular; durante los
20 años previos a Chávez, la asistencia y ayuda del Estado a los sectores desfavorecidos
retrocedió considerablemente, sin que importen los elevados niveles de inflación
reportados.
Cuadro N° 6 Principales indicadores sociales. Venezuela. Período 2004-2013
Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TCR PIB % 18,29 10,33 10,33 8,43 4,80 -3,30 -1,90 4,2 5.6 1,3
TCR Consumo % 14,2 9,4 14,9 16,1 6,3 -5,0 -2,2 3,1 3,1 Nd
Pobreza (% personas) 53,9 43,7 36,3 33,6 31,5 26,4 26,8 27,1 26,5 32,3
Desocupación (% PEA) 14,1 11,4 9 7,9 7,2 8,1 8 7,1 7,2 7,1
Coeficiente de Gini 0,45 0,47 0,44 0,42 0,41 0,39 0,42 0,39 0,40 0,39
Inflación 19,2 14,4 17 22,5 30,9 25,1 27,2 27,6 20,1 56,2
Fuente: BCV, INE (2014)
En el cuadro puede observarse que el porcentaje de personas en condiciones de
pobreza registra un gran descenso, de 53,9 a 26,5 por ciento entre 2004 y 2012, pero se
deteriora en el último año de la serie cuando se dispara la inflación y retrocede el PIB.
Reportes de la UCAB colocan el porcentaje en 52 en 2015. Estas cifras no incluyen el
programa más reciente, introducido en diciembre de 2011, bajo el cual las familias en
extrema pobreza reciben 430 bolívares fuertes al mes por cada niño y embarazo en el
hogar (Misión Madres del Barrio). Tampoco la misión Amor mayor, dirigida a ancianos.
Alineado con el logro de La suprema felicidad social, contemplado en el Plan de la
Nación y respaldado por la Ley de Emolumentos para funcionarios públicos (enero 2011),
se ha ido cerrando la brecha entre los sueldos y salarios de la población trabajadora, tal
como refleja el Coeficiente de Gini (Cuadro N° 5). Un valor cercano a cero habla de mayor
igualdad en los ingresos. Cercano a 1 registra una distribución desigual. Arribar a un 0,39
después de estar en 0,45 es logro notable no exento de controversia. La “homologación”
de los salarios atiende a lo dispuesto en el art. 91 de la CRBV, que impone al Estado la
obligación de efectuar ajustes anuales del salario mínimo en proporción con el valor de la
canasta básica. Detrás de la medida está el interés político de “nivelar”, igualar.
Consecuente con tal propósito, para el resto de los trabajadores las revisiones salariales
proceden cada dos, tres y hasta 5 años, concediendo ajustes inferiores a la tasa
23
inflacionaria. De persistir en el empeño, dentro de poco “todos tendrán igual salario”,
habrá SALARIO ÚNICO, sin importar si se trata de trabajadores activos calificados, obreros
rasos, jubilados, pensionados, o perceptores de ayudas sociales a través de misiones o
programas similares. Tal como aconteció en países que adoptaron el llamado socialismo
real. (NOTA: el coeficiente de Gini sólo mide diferencias entre las escalas salariales; no da
cuenta de la brecha entre los ingresos de los más ricos (comerciantes, empresarios) y los
más pobres (trabajadores y beneficiarios de asistencia social).
Lo anotado en párrafo anterior ha sido fuente de conflictividad laboral a lo largo y
ancho del país. Ha encontrado enérgica resistencia, sobre todo en profesionales y técnicos
de alta calificación, estudiantes, que no se resignan a la proletarización generalizada. La
emigración del talento y la fuga de cerebros, son otras secuelas del igualitarismo.
La mejora en la distribución del ingreso, cabe indicar, no es posible en la PEB sin el
concurso de importaciones baratas subsidiadas por el Estado, que abastecen los
programas de alimentación MERCAL, PDVAL y productos regulados, de modo que la
política cambiaria, fiscal, monetaria y social, están entrelazadas. Es decir la sobrevaluación
permite “estirar el ingreso” de los sectores populares, a los cuales llegan preferentemente
las importaciones con dólares preferenciales.
El reparto popular de la renta, diseñado con el fin de garantizar el acceso a bienes
y servicios a amplios sectores de la población mientras exalta la figura del líder supremo,
sin que nadie pueda descifrar qué va primero, la exaltación o el reparto, ha sido exitoso en
lo político -ahí están los resultados electorales- , pero un verdadero fracaso en lo
económico, -ahí están los indicadores- que corroboran lo afirmado. Genuinamente, se
incubó un modelo improductivo, que con el tiempo se convirtió en el atasco fundamental
de la dinámica económica, al estimular progresivamente la demanda sin provocar una
correlativa expansión de la oferta. El modelo empezó a inficionar desde el año 2008, pero
sus deficiencias, hoy palmarias, en aquel entonces se solaparon con los efectos de la crisis
financiera mundial. Los signos de agotamiento del modelo se harían visibles en 2011,
cuando con un barril todavía en auge se recurre al endeudamiento y a la devaluación,
prácticas neoliberales calificadas como satánicas en el discurso oficial del pasado, sin que
mejore la situación económica de vastos sectores de la población.
No hay espacio para entrar en detalles, pero conviene saber que a partir del 2010
se empieza a transferir directamente recursos a los Consejos Comunales, nueva forma de
participación popular, los cuales se agrupan para formar el Estado Comunal, no previsto
en la CBRV, pero al cual debe asignársele recursos, ocasionando más gasto.
Aun así, con todos los reproches que puedan hacerse, la Revolución Bolivariana
tiene el gran mérito de haber creado el escenario idóneo para descifrar tres interrogantes
históricos claves: ¿cuál debía ser la nueva relación entre el Estado venezolano y su
industria petrolera?; ¿cómo distribuir los ingresos de la nueva PDVSA?; y ¿qué hacer con
la Renta? Independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus planteamientos.
Que sea reprochable el reparto clientelar de los recursos, y se dirijan masivamente al
consumo y no a la inversión reproductiva, es harina de otro costal.
24
3.5. Política de (control) Precios
Junto al control de cambios, en febrero de 2003, se implantó un control de precios
(25 productos de la dieta básica, ampliado posteriormente) y un plan masivo de
importaciones y subsidios para garantizar el abastecimiento con el fin de impedir el
deterioro del salario real y controlar la inflación (CADIVI, 2003). El INDECU, y más tarde
INDEPABIS, se erigieron en organismos emblemáticos de vigilancia y control contra la
especulación, escasez y acaparamiento, que, según la maniquea explicación oficial, serían
las causas de la inflación. Obviando la explicación científica del desequilibrio que resulta
del aumento desaforado del dinero en circulación (provocado a su vez por un gasto
público descomunal) frente a una producción nacional restringida o de crecimiento lento.
En 2011 recrudece el acoso sobre el sector privado, mediante la Ley de Costos y Precios
Justos, LCPJ. En 2014 mediante reforma de la ley se establece que el órgano regulador es
la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(SUNDDE), órgano que, mediante providencias administrativas, pretende “asegurar el
desarrollo armonioso, justo equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a
través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de
las estructuras de costos, fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización
efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de garantizar los ingresos de todas
las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los
trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus
necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los
delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la
consolidación del orden económico socialista productivo” (art. 1).
Cabe traer a colación que para que la política económica tuviera sentido y se
engarzara con el objetivo político rector, se planteó desde el comienzo incrementar el
salario mínimo por encima de la inflación. Bajo esta directriz el gobierno estaba
“autorizado” para implantar cualquier medida a fin de contener los precios. Hazaña que se
logró entre 2003 y 2007. En los años sucesivos se revirtió el fenómeno, gana la carrera la
inflación, se insiste en más y agresivos controles, culpabilizando al sector privado, pues se
ajusta bien a la fuerza motriz de lucha de clases que nutre su ideología.
No hay espacio para mayores comentarios sobre los efectos de aumentos salariales
compulsivos sin incrementos en la productividad, pero por experiencia de muchos países
terminan promoviendo inflación, desatando una dinámica perversa: aumento de costos de
mano de obra, aumento de precios, aumento de salarios, etc. De modo que a la par,
contradicciones internas que no ha podido resolver la PEB, por un lado se incrementa los
salarios y por otro se estimula la inflación. Pero hay más inconsistencias, que van
desbaratando los arreglos de política económica.
En 2012, se opta por "dar rienda suelta a las importaciones”, sin que aumentara el
ingreso nacional de divisas, por tratarse de un año electoral. El fracaso de las medidas
adoptadas era evidente, aunque nunca se reconoció públicamente. Se hizo a un lado el
pregón ideológico Soberanía agroalimentaria en aras de una supuesta estabilización. El
efecto palpable es que disminuye temporalmente la inflación, aumenta la dependencia del
25
petróleo, fluye el suministro de divisas y se incrementan las importaciones. Sin embargo,
la inflación, represada durante 2012, se dispara en 2013, record en el período, 56,2%, y
64,2% (nuevo récord, 2014), acompañada esta vez de un aliado desconocido, que parece
llegó para quedarse: desabastecimiento.
El novedoso instrumento de regulación, la
LCPJ, más que regular el precio, pretende controlar
la ganancia máxima (fijada en 30%), estableciendo
penas y sanciones a los infractores. Funcionarios
gubernamentales se encargan de revisar la
contabilidad empresarial, y fijar los precios y las
remuneraciones. Tarea difícil en un ambiente
inflacionario. Los productores ineficientes, pequeños
empresarios que no disponen de economías de
escala ni automatización de procesos, son víctimas
de tal política. Impedidos de competir con
importaciones baratas, al no lograr niveles
razonables de ganancias optan por retirarse del
mercado, convertirse en comerciantes o migrar sus
capitales al exterior. Las cooperativas y empresas de
producción social, son las más golpeadas, ni con
dólares preferenciales levantan cabeza, víctimas de
la PEB. Ese es el costo indeseado de la estabilización relativa de los precios, por vía
jurídica y policial.
El ascenso sostenido de los precios petroleros ha favorecido a la economía
venezolana, impulsado el crecimiento, posibilitado una distribución clientelar de la renta
(reparto), financiado expropiaciones y ampliado el poder de la élite en funciones de
gobierno. Eso no significa una economía exenta de problemas. Estancamiento de la
producción doméstica, fuga-salida de capitales, negocios fraudulentos con divisas,
inflación, desabastecimiento, empleos improductivos son espesas nubes negras en el
horizonte. Se quiere asentar la idea que aún en circunstancias de bonanza, la presencia de
una Renta Petrolera abundante provoca desarreglos en la dinámica económica del país, de
complejo discernimiento. A continuación se aborda brevemente esa problemática.
4. El crecimiento económico y los precios del petróleo
A la luz de cifras oficiales para el período, con la limitación de suponer constante el
volumen de producción petrolera, se encuentra un resultado paradójico: entre los años
2004 y 2008 cuando los precios exhiben alzas vigorosas, el crecimiento del PIB es
decepcionante. El récord histórico, 18,3% en 2004, después de dos años de recesión
profunda, va menguando año tras año hasta aterrizar en cifras negativas en 2009-2010,
Desde que se instauró el control de precios la inflación no ha dejado de reinar. Desde la implantación de la la ley de Costos y Precios Justos, LCPJ, en 2011, la inflación aceleró su marcha, hasta batir récord mundial en el año 2014. Lo que quiere decir que en otros países ese fenómeno ha sido dominado.
26
mientras que correlativamente el valor del barril sube de 32,8$ a 86,5$. La línea continua
representa los precios y las barras las tasas de crecimiento.
Gráfico 2: Precios del petróleo ($USA) y TCR PIB (%), período 1998-2014.
Fuente: BCV, PDVSA
Las fluctuaciones erráticas del crecimiento, ascensos y caídas, bastante alejado del
“crecimiento sostenido”, a primera vista pudieran atribuirse al vaivén de los precios. Pero
no es así. Este comportamiento divergente, esta marcha en contrario, es un rasgo peculiar
de la estructura llamada “capitalismo rentístico”, estudiada por Baptista (2010) que
descansa sobre la relación entre el mercado mundial y la propiedad estatal del petróleo, la
cual alterna períodos de crecimiento y maduración seguidos por un aprovechamiento cada
vez menor de la renta captada, hasta alcanzar una situación en que los circuitos de
acumulación se entraban impidiendo su desarrollo. En síntesis, esta estructura lleva
implícita una tendencia al estancamiento, aún con precios petroleros muy por encima de
los costos de producción. La condición rentista lleva en su seno las crisis, tarde o
temprano habrá de bajar el telón.
Lo anotado en el párrafo anterior invalida creencias muy arraigadas. Calificar de
brutos o ignorantes que no saben nada de economía, o gente de mala fe puesta al frente
de los ministerios, en nada contribuye a la comprensión del fenómeno. Estas explicaciones
obvian fuerzas objetivas que limitan las posibilidades de expansión de las cuales es difícil
zafarse. Una avalancha de dólares convierte al país en importador, quiéralo o no. Los
esfuerzos y recursos destinados por formar el talento nacional, caen en el vacío, pues el
$ US
27
mercado interno sólo absorbe vendedores y revendedores. La acumulación de dinero se
lleva a cabo en actividades ligadas al comercio y la prestación de servicios. ¿Dónde más
pueden gastarse las divisas?
Pueden identificarse en el gráfico cuatro recesiones, áreas sombreadas: 1ra) 1999;
2da) 2001-2002; 3ra) 2008-2009 y 4ta) 2014-20?? Estas crisis han sido despachadas en
el discurso oficial a su turno así: la primera, herencia de la IV República; la segunda,
sabotaje petrolero, la tercera, provocada por la crisis financiera mundial, y la del
momento, atribuida a guerra económica de la burguesía, el imperio, la derecha, Uribe, los
medios de comunicación. La debilidad de esta argumentación radica en que desconoce el
carácter petrolero y rentista de la economía venezolana.
Un escrutinio meticuloso y científico de la serie cronológica trimestral que provee el
BCV (Cuadro 5_4_2 (1), 2014) encuentra que los efectos del desplome de los precios se
manifiestan en caídas del PIB con un rezago de 3 o 4 meses, y las fases recesivas tienen
una longitud de 6 trimestres consecutivos. En la primera recesión del período, en 1999, el
PIB cae en 5,9% consecuencia del derrumbe de precios en el último año del presidente
Caldera. En la segunda, en 2001, tras la recesión en el sudeste asiático y el ataque
terrorista del 11-S en Estados Unidos, caen los precios trasladando sus efectos negativos
sobre el PIB. En la recesión 2001-2002 en Venezuela, se añade una novedad: los efectos
del shock de precios se solapan, mezclan o confunden con los del paro obrero-patronal
acaecido entre diciembre 2002-enero 2003, alargando el período recesivo a 7 trimestres,
ahondando las caídas del PIB, a niveles históricos 8,9% y 7,8%.
El hundimiento 2002-2003 precisa una calificación adicional. Sería una insensatez
mayúscula desconocer el impacto del paro general de 62 días sobre el crecimiento. Pero
se incurriría en grave distorsión omitir la influencia del colapso previo de los precios, que
indujo a las autoridades a devaluar y emitir bonos de la deuda, exacerbando la inflación.
La superposición de eventos permitió culpabilizar audazmente a la oposición política
venezolana, ocultando que, justo cuando el mercado petrolero se desanimó de manera
abrupta la conflictividad se agudizó. El recorte forzoso de la oferta petrolera venezolana
durante el paro, hizo recuperar paulatinamente el precio del petróleo. Un mes después, en
marzo 2003, alzará vuelo, en la víspera de la Guerra de Irak-USA.
En el lapso febrero 2003-julio 2008 la tendencia ascendente de los precios es clara.
Se quiebra a la baja, en el segundo semestre de 2008. El crecimiento sostenido durante
22 trimestres llega a su fin, consecuencia del desplome brutal de los precios de los
hidrocarburos (126$ en julio, y 31$ en diciembre), secuela a su vez de la crisis financiera
mundial. El portentoso crecimiento registrado, 10,5% en promedio anual, se exhibe
ideológicamente como un extraordinario logro de la política de soberanía plena, que obligó
a los convenios operativos a migrar hacia empresas mixtas y se expropiaron 76 empresas
que proporcionaban servicios en el sector primario, mediante decreto-ley. Tal aserto no
resiste un análisis serio, pues los precios del barril los fija el mercado mundial.
En 2009 llega otra recesión, la tercera (-3,3% TCR PIB). Persiste durante el año
2010 (-1,4%), a pesar de la recuperación de los precios registrada desde enero. A tal
28
adversidad se respondió con devaluaciones en los años 2010 y 2011, con niveles
importantes de endeudamiento procurando estimular la producción nacional. Este
proceder de la PEB, similar al de gobiernos anteriores, revela su esterilidad; su carencia de
dinámica propia, la economía no mejora hasta que no lo hacen los precios. Denota la
necesidad de precios petroleros crecientes para funcionar, sin importar que ya sean altos.
En 2011 la TCR del PIB alcanzó un 4,2 %, recuperándose de la tradicional caída de
dos años que siguen al desplome de los precios. En 2012 fue 5,6% pero en 2013 registra
un insignificante 1,3%. Cifras que deben interpretarse con cautela, son cifras engañosas.
Para lograr tal avance en 2011-2012 hubo de recurrirse al endeudamiento: del equivalente
a un 20% del PIB en 2010, se ha pasado a un 52% del PIB a comienzos del 2013.
Dos conclusiones pueden extraerse del comportamiento del precio del barril y el
crecimiento: i) a medida que ascienden los precios la economía crece, pero de manera
desacelerada, y ii) cuando éstos caen, la economía empieza a deprimirse hasta
desembocar en recesión al año siguiente (TCR negativas). Tal regularidad perfila un sector
no petrolero de la economía desprovisto de impulso propio para recuperarse y la inanidad
de las políticas aplicadas, incapaz de revertir los estragos del ciclo negativo de precios.
La cuarta recesión en curso, que atraviesa 2014-2015, es mucho más compleja,
más larga y más profunda que las anteriores. Categóricamente hay que decir, que no es
provocada por un shock externo. Cuando los precios se desploman en agosto 2014, ya se
tenían 2 trimestres de recesión (PIB ˂ 0); la crisis se gesta justo cuando los precios están
en la cúspide. Aunque, desde luego, el desplome dificulta salir del atolladero, las causa del
hundimiento han de buscarse en las debilidades del modelo rentista: 1) pérdida de
incentivos para la inversión productiva; 2) imposibilidad de empresas públicas y privadas
de competir con productos importados, motivado a la combinación de inflación y
sobrevaluación; 3) salida o fuga de capitales; 4) elementos asociados a la política
distributiva de corte socialista: a) creación de fuentes de empleos redundantes en la
administración pública; b) fuga indirecta de divisas en programas de solidaridad energética
con países a los cuales se vende combustible por debajo del precio de mercado; c) cierre y
expropiación de empresas; d) incomprensibles compromisos de ventas de petróleo a
futuro, (fondo chino) en la cual ya se recibieron los dólares pero no se ha entregado la
mercancía; e) fracaso productivo de las empresas expropiadas, pérdidas sufragadas con
renta. Y por último, degradación ética que desemboca en importaciones ficticias o
fraudulentas, sobornos a funcionarios, corrupción, acaparamiento, contrabando. Como
puede apreciarse, todas las variables están asociadas o conectadas con el destino de la
renta petrolera.
5. Balance de la Política Económica Bolivariana, PEB
La PEB se planteó entre otras cosas: instaurar un Nuevo Modelo Productivo,
distribuir la renta petrolera para erradicar la pobreza, derrotar la inflación, y borrar del
mapa las devaluaciones y el endeudamiento sistemático, “diabólicas prácticas
neoliberales”. Razonablemente, los logros deben ser juzgados en concordancia con los
29
recursos que tuvo a disposición, recordando que las políticas se evalúan por sus resultados
y no por las buenas intenciones. Si se suma el ingreso petrolero, la recaudación del
SENIAT y la deuda consolidada (interna y externa), se llega a astronómica cifra de $USA
1.391.824.800.000, magnitud gestionada en un país de 29 millones de habitantes
(Zamora, 2012: 469) en un lapso de 15 años, para dejar como saldo una economía con
dificultades. Se reconocen méritos indudables en el área social, combate a la pobreza y en
mejoras en la distribución del ingreso, pero los indicadores fundamentales, muestran
signos de deterioro alarmante, evidencian una crisis que, de no ponerse correctivos
eficientes a corto plazo, pudiese colapsar toda la estructura económica. Algunos signos
preocupantes son los siguientes:
- El crecimiento promedio del PIB en 15 años de gestión es 2,44%, inferior al 3%
considerado como aceptable. Han ocurrido 4 recesiones sin que la PEB muestre eficacia en
superarlas.
- La lucha contra la inflación ha sido estéril. Un “estricto control de precios” y “una
guerra declarada a la especulación”, cohabita con la inflación más alta del continente y la
segunda mundial. Bate record en 2014 (68,3%) superando el 56,2% del año anterior y en
2015 supera esta cota con creces (200-260%), sin que valgan controles, ley de costos y
precios justos, guerras a las colas y el BCV deje de suministrar cifras oficiales. La inflación
en alimentos fue cercana a 300%.
- El salario real, luego de una sostenida expansión hasta 2008, sufre un deterioro
importante. El porcentaje de hogares en situación de pobreza aumentó en los últimos 2
años, medido por el método de la línea de ingreso.
- En materia laboral, las tasas de desocupación han disminuido de manera sensible
desde 2004, abultando la nómina en empleos redundantes, improductivos.
- El consumo nacional, luego de mejorar durante 5 años, muestra un revés del 2008
en adelante.
- La PEB exhibe logros ampliamente publicitados en cuanto a número de
pensionados y monto de pensiones, contingente de militares y milicianos, beneficiarios de
misiones y atendidos por programas de alimentación, matrícula en todos los niveles
educativos. Realidad inocultable en la cual se resuelve el problema del día a día, pero no
los saca de la pobreza. - El fracaso mayor se acusa en la política cambiaria. En realidad, sostiene Víctor
Álvarez (2013), la tragedia de la economía venezolana no es la devaluación sino la
sobrevaluación. Al dejar congelado el precio de la divisa en un contexto inflacionario muy
superior al de los principales socios comerciales, se hace inevitable la sobrevaluación, la
cual se traduce en un subsidio al dólar y, por lo tanto, a las masivas importaciones que
barren con la producción nacional.
- En la misma línea expositiva Weisbrot (2014) señala que:
“Un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, con devaluaciones periódicas, es uno
de los regímenes cambiarios más inestables que pueda haber. Invita a la
especulación, promueve la dolarización de la economía y puede conducir a la
fuga de capitales. (…) Cuando la diferencia respecto del mercado negro es
30
suficientemente grande, se producen más incentivos para la corrupción que
en el caso de la propia cocaína. Ni siquiera tienes que arriesgarte a
despedirte de este mundo en una balacera si puedes obtener dólares oficiales
a Bs 6,3 para luego venderlos a Bs 72”.
- La Inversión, variable básica de la economía, muestra altibajos extremos en su
variación interanual (%) como puede apreciarse en el Cuadro N° 7. Sobresale la
recuperación del indicador durante 2012, como parte del ambicioso programa Gran
Vivienda Venezuela, del cual no se disponen cifras para fechas recientes.
- La política anti-mercado, basada en exceso de controles, regulaciones y la
inseguridad jurídica a que están sometidos productores y empresarios desembocó con el
tiempo en una parálisis de las inversiones (Cuadro N° 7) y estancamiento productivo,
(ningún ente privado está obligado, ni puede hacerlo, a producir con pérdidas). Ganancias
del 30% con inflación de 60 ó 200% conlleva a descapitalización de las firmas
comerciales. Bajas tasas de inversión se traducen en bajos niveles de producción, lo que
refuerza la propensión a importar (Penfold y Corrales, 2012). De manera que, en el país
simultáneamente coexisten elevados ingresos petroleros con menguante producción
interna, pues los productores devienen en comerciantes de productos importados, con lo
cual los dólares se devuelven al exterior. Ese es el drama. Cuadro N° 7 Indicadores importantes de Venezuela, período 2006-2013
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TCR Inversión 33,5 25,4 -2,1 -7,8 -6,3 4,4 15,8 nd
Deuda externa $ 26598 38942 46652 61626 79812 83047 136430 158766
Exportaciones $ 65210 69165 99923 57603 64243 93896 97340 66881*
Importaciones $ 32498 44463 49482 38442 38062 45615 53693 41151*
Valor del dólar 2,15 2,15 2,15 2,15 3,60 4,30 4,30 6,30
Precio barril $ 56,45 64,74 86,49 57,02 72,4 101,5 103,42 99,7
Deuda Interna Bs F 36221 35991 30515 49072 83047 154110 249300 373590
Fuente: BCV (2013). BCV Cuadro 2_4_2 (1). Cuadro 2_5_2; Cuadro Datos de Importaciones y Exportaciones 2013, hasta Trimestre III
- La pesquisa acerca de las causas de la crisis (escasez, desabastecimiento e
inflación) en 2013-2015, debe emprenderse preguntando por el uso de las divisas que
ingresaron al país, es decir el destino de la renta petrolera en los últimos años. Mientras
las Importaciones crecen 35% en 2011-2012, el precio del petróleo sólo lo hace en 2%.
Para financiarlas había que quemar reservas internacionales o apelar al endeudamiento
externo, o combinación de ambas estrategias, para cubrir la demanda. Así se hizo, o
patrocinó, si cabe el término, tal como documenta el Cuadro N° 7. La expansión de la
deuda externa es impresionante. Sin embargo, las divisas no alcanzaron y se entró en
mora. Las divisas autorizadas por CADIVI no pudieron ser liquidadas a tiempo.
Empezaron a retrasarse los pagos, y las casas matrices interrumpen los flujos de
mercancías tanto al sector público como privado, ocasionando escasez de productos
31
importados, es decir desabastecimiento. Aerolíneas amenazan o efectivamente cumplen la
promesa de irse del país, por falta de pago. Obviamente, no pagar es síntoma de escasez
de dólares; y ahí está la fuente del problema, las divisas salieron del país; punto que se
explaya más adelante.
Un balance crítico a grandes trazos de lo acontecido conduce a afirmar que los
resultados obtenidos no se compadecen con los objetivos trazados ni los recursos que
tuvo a disposición, pone de relieve serias inconsistencias y contradicciones en la política
económica bolivariana.
- El nuevo modelo productivo, NMP, basado en la propiedad social de los medios de
producción no ha podido implantarse, a pesar de una gigantesca inyección de recursos al
decir de sus promotores.
- Se gasta lo que no se tiene. En los últimos 15 años el gasto público se ha
expandido anualmente 35% y pasó de representar 26,1% del PIB a finales de la década
de los 90 a 40,0% del PIB a finales del año antepasado. El crecimiento del gasto, más allá
de las importantes posibilidades brindadas por un aumento en los ingresos, ha llevado a
déficits promedio de 5% del PIB –y más de 15% en los últimos tres años- y ha hecho que
la deuda crezca 304,5% en el mismo periodo.
- La disponibilidad de recursos generados en el mismo ejercicio fiscal y no
contemplados en el presupuesto, es inmensa. Los excedentes constituidos en fondos
especiales sirven para financiar gastos nacionales e internacionales, desde expropiaciones
de empresas hasta compra de pertrechos militares, sin que la contabilidad esté clara
(Guerra, 2011).
- En Venezuela menos de la mitad (25,7%) del monto total de deuda contratada en
los últimos diez años por el Gobierno Central se ha destinado a proyectos de inversión,
mientras que los servicios y la restructuración de la deuda han ocupado el 63,1% del
nuevo financiamiento.
- La emisión de dinero inorgánico ha disparado la inflación a niveles sin precedentes,
hasta alcanzar récord mundial 2014 y 2015.
- Precios petroleros en declive ha hecho retroceder el precio de los bonos de la
deuda externa venezolana. Aumenta el riesgo y las tasas a cobrar por dinero fresco muy
altas. Se comenta la posibilidad de cesación de pagos.
6. La salida de capitales y el crack de 2013-201?
Según la vocería oficial, el modelo económico se encuentra “en transición al
socialismo”. Amparado en esta consigna, restringe paulatinamente la entrega de dólares al
sector privado a la vez que aumenta las importaciones del sector gubernamental, proceso
llamado propagandísticamente socialización de la renta. Tal socialización no ha ocurrido,
hay evidencias en contrario. En el período 2003-2011, se ha asistido un proceso de
privatización creciente de la renta petrolera, al punto que ya parece formar parte de la
vida cotidiana los negocios con el Estado. El Ejecutivo, discrecionalmente, ha transferido a
manos particulares una porción considerable de renta petrolera, en principio patrimonio
32
social de los venezolanos. Proceso llevado a plena luz del día, con los consecuentes daños
a la nación, sobre todo en restricción en el acceso a medicinas y alimentos.
Transcurre un proceso de acumulación privado de base rentística en un sector
empresarial políticamente protegido y conectado, al cual el gobierno beneficia asignando
dólares a favorecidos, testaferros, intermediarios, “empresarios socialistas”. (Urbaneja,
2013). Aunque es posible, es difícil admitir que se haya favorecido a opositores políticos,
“por plata el mono baila”. El CENCOEX se ha negado en redondo a mostrar la lista de
empresarios y firmas que han recibido dólares preferenciales.
Esta sección del documento sostiene la tesis que la crisis económica en curso
encuentra su génesis en una política cambiaria perversa, que propició la privatización
creciente de la renta petrolera, la exportación de capitales para los cuales utilizó
mecanismos legales tortuosos, opacos, que permitieron el enriquecimiento fácil y rápido
de un grupo privilegiado con acceso comedido a los dólares y a otras operaciones
revestidas de manto legal. La economía se quedó sin los dólares necesarios para importar
los bienes que “normalmente” servían para abastecer el mercado interno, y sin que el
aparato productivo doméstico pueda suplir esta carencia, al menos en el corto plazo. La
oferta de bienes es insuficiente, ello se aprecia en los anaqueles vacíos. De ahí las colas
para comprar. Pero ¿por qué no hay dólares, en la potencia energética mundial? A
responder esta inquietud se dedica el resto del documento, se toma como base la
siguiente información.
Cuadro N° 8 La salida de capitales en Venezuela, período 2006-2013 Posición de Inversión Internacional (Saldos al cierre del período) mm$ US
Años 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variación posición 12815 23257 28877 32407 11527 14180 43178 16131 581
Salidas Sector Público 9656 16501 10499 20.110 -6311 -1202 27769 7137 -5998
Salidas Sector privado 3159 6756
18378 22596 17838 15382 15409 8994 6579
Fuente: BCV (2013). BCV Cuadro 2_4_2 (2). Cálculos propios Salida de Capitales: Variación interanual de Posición de Inversión Internacional Variación de posición = salidas sector público + salidas del sector privado Nota: Datos de 2013, sólo hasta Trimestre III.
El control de cambio, se mantuvo en medio de abundancia de dólares, revela la
existencia de objetivos políticos no declarados pero de fácil conjetura: restringir las divisas
a ciertos sectores y favorecer otros. Tal control no logró
abatir la inflación ni detuvo la fuga de divisas. Propició por
el contrario, la salida (ahorro externo) de 203 mil millones
de $USA, desglosados en 117 millardos sector privado y
86 millardos sector público, acumulados entre 2003 y
2013, mostrado en Cuadro N° 8. Debido a la relevancia
del tema, para explicar la génesis y el desarrollo de la
crisis en ciernes, se sugiere consultar en la web dos
Los dólares que salieron del país NO
VOLVERÁN. A menos que cambien las reglas de juego.
económicas.
33
explicaciones contrapuestas: http://www.aporrea.org/tiburon/a178809.html y también “La
salida de capitales en Venezuela” http://prodavinci.com/2011/05/17.
El Cuadro N° 8 acopia las gigantescas cifras “registradas oficialmente” desde que
se puso en vigor el control. Salidas estimuladas o patrocinadas por el Ejecutivo Nacional,
bajo diversas modalidades: acciones de la CANTV, Notas Estructuradas, SITME, SICAD,
comentadas. Sobresalen la acaecida durante 2007-2008, en la cual el sector privado,
luego del anuncio del Socialismo del siglo XXI, procedió a migrar 18.378 y 22.596 mm
$USA respectivamente. La migración durante 2011 alcanza su cúspide, 43.178 mm $USA,
de los cuales de 27.769 mm $USA corresponden al sector público, sobre los cuales no hay
explicación. Cálculos efectuados sobre datos del BCV (2014), arrojan que en el período
bolivariano las salidas acumulan 242.396 mm $USA. Una idea de la magnitud colosal en
consideración aflora al saber que equivale a 12 veces las reservas internacionales a finales
de 2014. Aquí se incluyen las “divisas del éxodo”, fuga de jóvenes talentosos que
abandonan el país y de empresarios que ven truncadas sus aspiraciones.
Hay que insistir que el sector privado,-la burguesía parasitaria en el discurso
oficial-, no sacó a escondidas su capital. Muy por el contrario, contó con protección y
diligente apoyo institucional, mecanismos expeditos y puentes tendidos, personeros y
funcionarios que pusieron los semáforos en verde y dejaron hacer.
Participaron tanto el sector privado como el público. En esta segunda vertiente
cabe incluir recursos del FONDEN, Fondo Chino, BIV, BANDES, dólares que se depositan a
favor del Ejecutivo en cuentas en el extranjero. (No confundir con los más de US$ 20.000
millones “perdidos” denunciados por Giordani como importaciones ficticias. Saqueo a las
finanzas que permanece sin castigo, aunque el daño ocasionado sea 17 veces superior al
del paro petrolero 2002-2003).
Cabe comentar que la publicitada persecución a raspa cupos es una estratagema
para hacer recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la crisis. Una pequeña trocha
del desaguadero mayor.
Erróneamente se dice que la economía venezolana tiene una ninfomanía por los
dólares. El término apropiado para describir la situación patológica es adicción a la renta,
en el sentido que depende del consumo previo y cada vez requiere mayores dosis para
lograr los mismos efectos. Patología que se extiende sobre la parte sana de la economía,
debido al requisito contraproducente exigido para acceder a dólares preferenciales:
certificado de no producción nacional. Ni cortos ni perezosos, los empresarios, de maletín
o verdaderos, siguen la corriente. Frenan la producción interna para acceder a dólares.
Dólares que permiten ganancias extraordinarias y pueden ser expatriadas.
La escasez de dólares se hace patente porque la gallina de los huevos de oro,
PDVSA, cada vez produce menos. Aunado a que el Ejecutivo, mediante decretos y
manipulaciones contables obliga a PDVSA y al BCV a entregarle dólares que de otro modo
estarían disponibles como parte de reservas internacionales. A la subestimación del precio
del barril en el presupuesto como mecanismo para desviar recursos hacia los fondos
paralelos, ya comentada, hay que agregar la Ley que Crea la Contribución Especial por
Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de
34
Hidrocarburos, (aprobada en 2008 y reformada en 2011, 2012 y 2013) que puso un tope a
las reservas. Dispuso que, si el precio supera los 70 dólares, el remanente se traslada al
FONDEN. De modo que, si la economía crece y con ello los requerimientos de divisas, está
previsiblemente condenada a trabajar con capacidad ociosa, por insuficiencia de insumos
importados. Pero además, y ese es el punto neurálgico de la crisis, las divisas que una vez
llegaron al país, se marcharon sin boleto de regreso.
Los capitales que se van, no retornan, “ni que estuvieran locos los agentes
económicos”, comenta Urbaneja (2013). Varias son las razones. Las tasas de interés
negativas (por debajo de la inflación), convierten el ahorro interno en una penalización.
Para proteger el patrimonio de la inflación y la devaluación, y de eventuales
expropiaciones, la alternativa adecuada para cualquier agente económico es la posesión
de activos financieros en el extranjero. Cosa que todo el mundo hizo y desea hacer para
no descapitalizarse. Para las firmas que permanecen en el país, las importaciones de
bienes o de insumos se hacen con dólares de CADIVI o CENCOEX, que se solicitan al
gobierno a tasas preferenciales. Nadie es tan tonto para usar sus dólares. Cierto es que se
han dispuesto medidas en procura de retorno de los capitales, tales como apertura de
cuentas en dólares en el país y el Sistema Marginal de Divisas, SIMADI, de reciente
aprobación. Pero no luce atractivo, porque el paralelo ofrece mejor precio y todos los
tenedores esperan mejor ocasión ante inminentes rumores de devaluación o piensan que
allá el dinero está más seguro. Nadie gasta los suyos, ni los trae para venderlos en el
mercado negro, por lo tanto recrudece la escasez. Y prosigue la salida de capitales, por la
brecha entre el valor de mercado y el tipo oficial sobrevaluado.
7. La Guerra económica de Nicolás Maduro
En 2012, la cotización del barril promedió el máximo histórico en un siglo,
103,4$USA. Nicolás Maduro asume la presidencia en abril de 2013. Justo con la partida de
Hugo Chávez, por coincidencia prestada a toda suerte de suposiciones, finaliza una etapa
de precios en alza. Contra todo pronóstico, comienza un lapso de declinación leve hasta
mediados de 2014, para emprender una caída de vértigo. El precio baja de 96$ por barril
en Julio, a 40,3$ en Enero 2015, ennegreciendo las expectativas. Aun así, en 2013-2014,
en promedio los precios siguen siendo elevados: 98 y 88 dólares/b respectivamente.
Endeudamientos del Estado y PDVSA no pueden revertir la recesión a lo largo de 2014, ni
detener el avance de la inflación.
Los problemas venían desde antes. El panorama económico difícil que recibe
Nicolás Maduro fue ocultado convenientemente por la campaña electoral presidencial en la
cual se invirtieron cuantiosos recursos destinados a mostrar que todo marchaba sobre
ruedas. Las dificultades no tardaron en aflorar. Escasez, inflación y colas, una trilogía
indeseable. Impedido de acusar debilidades del modelo socialista en curso, incompetencia
de sus colaboradores o culpa del gobierno anterior, recurre al ardid de la guerra
económica. No hay fallas en el modelo, nada que rectificar.
35
Sus asesores intentan poner a funcionar un modelo desvencijado. Modelo que
dejó al descubierto sus fisuras: la crisis adviene justo en pleno auge de precios, y no en su
fase de desplome. La potencia energética mundial sin divisas, luego de un prolongado
boom petrolero. Incomprensible, pero realidad cruda. El atasco resucita una explicación
trillada en los países socialistas hasta el cansancio. Se trata de agresiones imperiales,
sabotajes conspiraciones, boicots.
Contrariando el pensamiento académico nacional, que ha reclamado en no pocas
ocasiones un cambio de orientación de la política económica, a favor de permitir mayores
libertades, levantar controles y restricciones, el gobierno se empeña en explicaciones
rebuscadas de difícil asidero. Desde noviembre 2013 ha declarado tres ofensivas para
contrarrestar la “guerra económica”. Esta declaración sostiene que la oferta nacional
agregada de bienes y servicios es suficiente (Producción Interna + Importaciones), pero
que la oposición política (sic) esconde los productos, los acapara o los saca de
contrabando, con propósitos desestabilizadores con la malévola intención de derrocar al
Presidente. Cifras oficiales del BCV, sin embargo, desmienten tan artificiosa fantasía con
la cual se pretende eludir la responsabilidad oficial sobre el desabastecimiento. Sin entrar
en mayores detalles, véase la evidente correlación entre descenso del PIB e índice de
escasez, según información disponible.
Cuadro N° 9. Índice de escasez, TCR PIB (%). Trimestres año 2013-2014
Tri-IV-2013 Tri-I-2014 Tri-II-2014 Tri-III-2014
TCR PIB % 1 -4,8 -4,9 -2,3
Índice Escasez 20% 22% 28% 32%
Fuente: BCV
Pero hay algo más, las cifras oficiales reportan pleno empleo. Obviamente, menos PIB y mayor consumo tienden a agudizar la escasez. Agréguese otro dato: las
importaciones fueron 7.564 millardos dólares menos (22%) que el año anterior (hasta trimestre III). Lógicamente, menos importaciones son menos productos en los estantes.
Hay que hacer algo. La situación se torna insostenible.
Las medidas que deban tomarse tienen sus aristas petroleras e ideológicas
(solidaridad internacional, el petróleo es de todos, la revolución, el legado de Chávez),
restringen las opciones que pueden conjurar la crisis. Somos más dependientes del
petrolero (96% de las divisas), y el ingreso por exportaciones está menguando.
Es oportuno recordar que entrando febrero 2013, en ejercicio interino de la
presidencia, Nicolás Maduro decreta una devaluación del 45%, con lo cual el gobierno
obtuvo 80.000 millones de Bs. F. en ingresos adicionales que sirvió para aliviar el déficit
fiscal. Fue acusado de neoliberal. Un año después, con otro ropaje, insiste: cambia el
SITME por el SICAD, sin que pueda decirse que tales maniobras mejoren la situación.
Devaluaciones encubiertas que proporcionan más bolívares sin resolver la escasez de
dólares, la escasez de bienes, ni las colas.
El 21 de enero 2015 anuncian un nuevo esquema cambiario “transitorio” de tres
mercados, sin que se sepa de dónde saldrán los dólares para abastecerlos. Venezuela se
36
encuentra inmersa en un proceso de revisión completa de su sistema cambiario, más
ahora que el precio del barril ronda por los 25$, el dólar paralelo que en enero 2015 se
cotizó en 184 Bs, de momento se ubica en Bs. 830 por dólar y la tasa del SIMADI arribó
a 199 Bs.
Se han conseguido créditos con Rusia y con China, para destrabar el mercado y
resolver el desabastecimiento pero, frente al tamaño de las deudas del gobierno, tales
aportes lucen insuficientes. Por eso toma fuerza la hipótesis de la venta de activos de la
nación (privatización), caso CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos o emisión masiva de
bonos. También se menciona como probable la entrega de lotes importantes de la Faja del
Orinoco a las transnacionales, en procura de dólares que permitan estabilizar la economía
y relanzar el modelo, sin abandonar el legado socialista.
El presidente Maduro mediante Ley Habilitante aprueba a comienzos de 2015 una
reforma tributaria (IVA, ISLR y COT), para incrementar los ingresos públicos y convertirse
en un gobierno de eficiencia, cuyos efectos no se han visto. Se intensifica la lucha contra
el contrabando, se cierra la frontera, se habla de aumentar el precio la gasolina, la
electricidad y otros servicios, pero no hay certeza de que ello ocurra. Para recuperar el
poder adquisitivo el salario mínimo se ajustó en 4 ocasiones, no aplicable a las restantes
escalas salariales. El gobierno se obstina en políticas fiscal y monetaria expansivas, cuando
los expertos recomiendan lo contrario.
El 31 de diciembre de 2015 venció la última Ley Habilitante otorgada por la
anterior Asamblea Nacional (AN) al Presidente Maduro y bajo su aplicación se publicaron
más de una decena de Decretos-Leyes, muchos con el objeto de ampliar el control del
Poder Ejecutivo sobre la economía, y para su vez reducir el ámbito de control de la AN
electa el pasado 6 de diciembre. Según Abadí (2016) con la reforma a ley del BCV y a la
ley de Administración Financiera del Sector Público se pretende disminuir el control de la
AN sobre el Fisco y da carta blanca al Gobierno Central para seguir promoviendo un
marcado desorden fiscal y continuar financiando el déficit vía emisión inorgánica
monetaria. Esto, en suma, generará aún mayores presiones inflacionarias.
En medio de las restricciones, el Presidente Maduro reafirma la “directriz socialista”
de avanzar hacia el establecimiento del salario único nacional por decreto, la
homologación entre salarios y pensiones. En la primera semana de febrero 2015 se
publica en Gaceta Oficial el nuevo tabulador para el sector público, en el cual se aprecia
diferencias mínimas entre los diversos tipos de trabajo y calificación personal. Mejoran las
remuneraciones de nivel inferior, mientras que los demás reciben incrementos menores a
la inflación.
A comienzos de 2016 la economía venezolana exhibe diversos problemas. La senda
del endeudamiento, por su magnitud, parece acercarse fatalmente a su fin, cierre de las
líneas de crédito (se deben cerca de 200.000 millones $USA). Las reservas disminuyen por
la caída del barril. La devaluación no luce viable por temor a una escalada de precios y
porque contradice el argumento que echa la culpa de la inflación a los capitalistas. Igual
pasa con la gasolina. A fin de cuentas la emisión inorgánica de dinero es una medida
expedita, silenciosa, pacífica, de efectos inmediatos, que puede justificarse diciendo que
hay que mantener las misiones.
37
Existe un innegable malestar en la población, que se manifiesta, entre otras cosas,
en voto castigo que acusa al gobierno y recrimina la inmovilidad que exhibe frente a la
crisis. La vocería oficial reconoce algunos desarreglos, pero -sostiene- éstos son causados
por la guerra económica tramada por la maléfica alianza entre empresarios y opositores,
que pronto serán derrotados. Argumenta que tales acciones de sabotaje no podrán torcer
el curso de la revolución, ni alterar los postulados básicos del socialismo. Insiste en
apretar controles y acosar al sector privado porque –según supone la PEB-, los
desarreglos en la Potencia Energética son pasajeros, pronto se verá repuntar el barril, por
tanto, corresponde prudentemente esperar. Mientras tanto sigue el legado de Chávez
contenido en el Plan de la Patria, pero con un detalle: aumento de la conflictividad.
En la presente encrucijada es previsible un aumento de la conflictividad social ya
que, como quedó dicho, al asumir la confrontación como principio rector de la vida
pública, ¡qué mejor ocasión para organizar a sus seguidores y recuperar fuerzas que la
crisis! Exacerbar los conflictos y resistir hasta que los precios del petróleo vengan en
auxilio de la revolución; se podrá infligir una nueva derrota a los adversarios, para
emprender un nuevo conflicto. Fieles a la consigna: “Unidad y lucha, batalla y victoria”.
Según esta línea, el gobierno dispone de recursos suficientes para mantener el gasto
social, surfear sobre la crisis y meter en cintura a especuladores.
Cualquiera sea el desenlace, la producción petrolera, el tanque de las divisas, está
mermando, ello crea enormes dificultades. No se vislumbra en el horizonte cercano
aumento de precios del barril, ni hay indicios que hagan suponer que el mercado
internacional pueda absorber más crudo, en el caso que se tuvieran los recursos para
invertir y aumentar la producción.
CONCLUSIONES
Los argumentos elaborados en páginas precedentes parecen tener peso suficiente
para respaldar las siguientes afirmaciones:
- El gobierno bolivariano avanza hacia la Estatización general de la Economía. Propicia
acciones tendientes a suprimir el mercado y la iniciativa privada.
- La política monetaria y fiscal son perceptiblemente expansivas. La PEB renuncia a
fórmulas restrictivas, pues Venezuela es Potencia Energética Mundial, dispone de
petróleo por 300 años, aún duplicando la producción.
- La PEB cabalga sobre el supuesto que los precios del petróleo crecerán a largo plazo.
Cualquier descenso en los precios petroleros, de ocurrir, constituye un desajuste
temporal superable con devaluaciones, endeudamiento, incluso con emisión
inorgánica de dinero.
- El objetivo rector de la PEB, perpetuación de la élite política en funciones de gobierno,
se apoya en la distribución “popular de la renta” y un gasto público de naturaleza
clientelar.
- El gasto crece a un ritmo mayor que el ingreso público, (ingreso petrolero, SENIAT,
Deudas + devaluación) ante la apremiante necesidad del modelo de exhibir una
supuesta superioridad sobre el sistema que desea sustituir.
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- La política social impulsa mejora en la distribución del ingreso hasta nivelar las
remuneraciones, sin importar calificación o capacidad de cada trabajador.
- Las llamadas misiones sociales atienden a la población excluida y reciben parte la
renta petrolera al paso que promocionan al líder.
- La política cambiaria procura estirar al máximo las compras internacionales, intenta
sostener un tipo de cambio fijo, con descarada sobrevaluación del bolívar,
destruyendo la producción nacional, imposibilitada de competir.
- Se restringe el acceso a las divisas al resto de la economía y se avanza hacia el
desiderátum de divisas sólo para el gobierno.
- Se han ensayado 6 sistemas cambiarios, todos conviviendo con un dólar paralelo,
corrupción y distorsiones.
- La PEB estableció severos controles de precios y acentuó las regulaciones al sector
empresarial, para desembocar en la inflación más alta del mundo.
- La PEB provocó una dependencia aberrante de las importaciones y estimuló la salida
de capitales, hasta aterrizar en una escasez sin precedentes.
- La vocería oficial sostiene que la crisis económica caracterizada por creciente inflación,
escasez, desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo de la población es
resultado de la “guerra económica” promovida por la derecha golpista.
- En defensa de la PEB hay que decir que durante varios años llevó comida barata a
amplios sectores de la población y financió programas de asistencia social.
- El mayor error de la PEB, o de sus diseñadores, estuvo y está en suponer
ingenuamente que los precios petroleros crecerán indefinidamente.
- El desequilibrio entre la oferta y la demanda tiende a ensancharse debido a la emisión
inorgánica de dinero y la falta de incentivos a los productores.
- El país continúa expuesto a una circunstancia que la política económica interna no
puede controlar: el azaroso destino del precio de los combustibles. Más allá de esta
incertidumbre, hay evidencias contundentes que el destino asignado a la renta
petrolera no ha sido el más adecuado.
- Las medidas que se implantan a comienzos de 2016, amenazan con profundizar el
sistema de regulaciones y controles. La PEB avanza hacia un callejón sin salida, donde
solo puede retrasar lo inevitable, el relanzamiento del mercado.
- Todos los agentes económicos esperan medidas para conjurar la crisis, en medio de
una conflictividad social.
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