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8/20/2019 La Revista Agraria 179 - noviembre 2015 - texto completo
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AÑO 16 N.º 179NOVIEMBRE de 2015
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2 LA REVISTA AGRARIA / 179
Publicaciones
contenido
Estrategias del despojo. Análisis
jurídico de la Ley 30230 . Varios
autores. Lima: Instituto del Bien
Común (IBC) y Colectivo Territorios
Seguros para las Comunidades del
Perú, agosto de 2015.
El gobierno de Ollanta Humala ha
dictaminado cuatro polémicos
«paquetes» económicos que
han generado la preocupación delas organizaciones sociales y de un
amplio sector de la sociedad civil. Estas
modicaciones normativas debilitan la
protección del ambiente y la seguridad
jurídica de los territorios indígenas y comunales, en especial mediante
la Ley 30230 (que establece «medidas tributarias, simplicación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
inversión en el país»). El libro realiza un exhaustivo análisis jurídico de
la ley, ante la amenaza que sufren los territorios de las comunidades.
El colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú
está compuesto por diversas organizaciones representativas de los
pueblos indígenas e instituciones que trabajan para fortalecer a las
comunidades campesinas y nativas.Descárguese desde .
Agricultura peruana: nuevas
miradas desde el Censo
Agropecuario . Escobal,
Javier; Fort, Ricardo y
Eduardo Zegarra (Eds.).
Lima: Grupo de Análisis para
el Desarrollo (Grade), 2015.
Esta publicación contiene los
resultados de una serie de
estudios en donde se buscaampliar y profundizar el análisis
de los resultados del IV Censo
Agropecuario 2012. Para ello, se
relaciona la información del censo con diversas bases de
datos y también con la observación de procesos dentro del
propio sector agropecuario. A partir de la comparación entre
los dos últimos censos realizados en el Perú, se puede
comprobar una serie de profundos cambios; por ejemplo,
que la tenencia de la tierra se ha reestructurado hacia una
mayor fragmentación, minifundización y concentración de
la propiedad. Este trabajo demuestra la importancia de los
censos agropecuarios para generar investigación relevante
que derive en una serie de políticas públicas.Puede descargarse de .
4
Ley confrma
el derechohumano a laalimentacióny nutrición:garantizado porel Estado
6
ENTREVISTA:
Una nuevavisión pararecuperarla extensiónagraria en elcampo
11
Foroparlamentariose realizó enLima:Con hambrede leyes yderechos
13
TRANSGÉNI-COS:
Entrevista aJosé ÁlvarezAlonso, directorgeneral deDiversidadBiológica delMinam
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NOVIEMBRE de 2015 3
unque no han pasado muchos años, ¡qué lejanos
parecen aquellos tiempos en que las organizaciones
agrarias tenían iniciativas de políticas importantes
que obligaban a las autoridades de gobierno (y a los
que querían acceder al poder a través de un proceso
electoral) a escuchar y a pronunciarse de alguna
manera! Pero, al mismo tiempo, estas organizaciones
no eran lo sucientemente fuertes para conseguir
que sus propuestas se materializasen en políticas.
Rememoremos dos hechos que lo ilustran.
Recordemos el éxito de las organizaciones
agrarias, lideradas por Conveagro, en lograr en 2003
la creación —por Ley 27965— del Consejo Nacional
de Concertación Agraria (Conaca), que reunía en una
misma mesa a varios ministros —encabezados por el
de Agricultura— con los principales gremios agrarios.
Según el primer artículo de la ley, el Conaca era «una
instancia de debate democrático y propuesta para
la determinación de lineamientos de política para el
desarrollo de la actividad agropecuaria y agroindustrial a
nivel nacional». Sin embargo, los gremios demostrarían
su debilidad para mantener activo el Conaca, el cual
languideció hasta quedar congelado. La ley no ha sidoderogada; el Conaca sigue existiendo formalmente, pero
no en la realidad tangible.
Por esos mismos años, ocurrió uno de los puntos
más altos logrado por las organizaciones agrarias
en el periodo posreforma agraria: la propuesta de
«Plataforma agraria de consenso para el relanzamiento
del Agro Peruano»1, elaborada y aprobada en 2004
por gremios que representaban la diversa gama
de productores agrarios y agroindustriales, desde
Conveagro hasta la Asociación de Productores
editorial
A
Fernando Eguren
Director
Las organizaciones agrarias en periodo electoral
Agroexportadores del Perú (AGAP), pasando por la
Asociación Peruana de Avicultura y la Junta Nacional
de Usuarios de Riego.
Sobre la base de esta Plataforma, se elaboró y
consensuó La Carta Verde, un compromiso suscrito
por el entonces presidente Alejandro Toledo con los
gremios en 2004. Uno de los puntos principales era el
compromiso a «defender la agricultura nacional». Al
poco tiempo, y a pesar de importantes movilizaciones
de los gremios en contra, conducidos por Conveagro,
el mismo Toledo afirmaría que el tratado de libre
comercio (TLC) con EE. UU. —que contenía acuerdos
que desprotegían la agricultura nacional— se rmaría
«sí o sí». Su sucesor, Alan García, sostuvo durante su
campaña electoral en 2006 que el TLC conduciría a
la ruina a los productores del campo. Pero, ya elegido
presidente, no solo impulsó la rma del tratado, sino que
nombró a Hernando de Soto como su representante
personal para impulsar el TLC en el Congreso
estadounidense.
Estamos ya en el inicio de un nuevo periodo
electoral y cabe preguntarnos si hoy en día las
organizaciones agrarias tienen la capacidad deplantear una plataforma agraria común actualizada, de
convocar a los candidatos, de obligarlos a escuchar y
de lograr que suscriban compromisos. Es cierto que
en periodos electorales los candidatos rman cualquier
compromiso que signique asegurarse algunos votos,
aunque no tengan la menor intención de honrarlos una
vez elegidos. Pero, de todos modos, confrontarlos
en estos meses sería una demostración de que los
gremios están saliendo de un periodo de inconveniente
pasividad.
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
Av. Salaverry 818, Jesús María, Lima 11/ PerúTelf. (511) 4336610
Email: agraria@cepes.org.peWeb: www.larevistaagraria.org
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Director Fernando EgurenComité editorial
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1 Accesible en .
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El Pleno del Congreso aprobónalmente, el pasado 11 de noviembre,la Ley de Seguridad Alimentariay Nutricional. El itinerario deesta norma ha sido curioso, pues,aprobada por el Parlamento en juniode 2014, luego de una observaciónde la congresista fujimorista MarthaChávez, que fue desestimada, demanera inexplicable fue encarpetada2.
Meses después —ya en 2015—, otro proyecto de ley similar al aprobadoel año anterior, pero con algunoscambios menores, fue presentado alPleno del Congreso para someterlo avotación. Una vez más, la congresistaChávez planteó observaciones, perosin mayor efecto, pues la ley fueaprobada. Mientras se escribe estanota —sábado 21 de noviembre—,todavía se espera la rúbrica del
presidente de la República para quequede promulgada.
Hubiera sido muy bochornoso queel Congreso no aprobara la ley, pues,
pocos días después —del 15 al 17de noviembre—, se realizó en Limael VI Foro del Frente Parlamentariocontra el Hambre de América Latinay el Caribe, y el país antrión, el Perú,no iba a tener mucho que mostrar alos representantes de quince países
latinoamericanos.
La nueva institucionalidad
estatal para el derecho a la
alimentación
Lo primero que debe destacarsede la nueva ley es que confirmael derecho de todas las personas ala alimentación y nutrición comoun «derecho humano fundamentalgarantizado por el Estado» (inc. 2.1
del art. 2). La ley pone al Estado
como el principal responsable degarantizar el cumplimiento de estederecho, según señala el artículo4: «El Estado garantiza, respeta,
protege, promueve, desarrolla ymonitorea las diversas accionesencaminadas al pleno goce delderecho a una alimentación adecuadasin discriminación alguna».
Pero el contenido principal de la
ley está destinado a la creación de unaarquitectura institucional estatal que
posibilite el cumplimiento del derechoa la alimentación de toda la población.Para ello, la ley establece la creacióndel Sistema Nacional de SeguridadAlimentaria y Nutricional (Sinasan),integrado por los consejos de seguridadalimentaria y nutricional que seformarán en los diferentes niveles degobierno: Consejo Nacional, consejos
regionales, consejos provinciales yconsejos distritales. El ente rectorque orientará y conducirá el conjuntodel Sinasan es el Consejo Nacional(Conasan).
¿Quiénes componen el Conasan?Trece miembros: seis ministros(Agricultura, Salud, Educación,Desarrollo e Inclusión Social,Producción, Comercio Exterior yTurismo); un representante de la
Asamblea Nacional de GobiernosRegionales; un representante de laRed de Municipalidades Rurales(Remurpe); cuatro representantesde la sociedad civil (de pequeñosy medianos productores; delos comercializadores; de losconsumidores; de las organizacionesgastronómicas); y, por último, el
presidente del Consejo de Ministros,a quien le corresponde la presidenciadel ente.
Ahora, para que la ley sea aplicada,tiene que elaborarse su reglamento.Queda por verse si en 60 días este se
publicará, como lo manda la ley. La práctica demuestra, sin embargo, quesin presión y vigilancia por parte dela población organizada, ese plazo
puede convertirse en indeterminado ynada garantiza que un nuevo gobiernoasuma esa responsabilidad o, incluso,
derogue la ley.
La pertinencia de la ley
Más allá de denir la estructurade l Sinasan y descr ib i r lasresponsabilidades de cada nivelde gobierno, cabe preguntar quésignica esta ley en el largo camino
para alcanzar realmente la seguridadalimentaria. Como se sabe, para quehaya plena seguridad alimentaria
se requiere cumplir con, al menos,cuatro exigencias: suciente cantidady calidad de alimentos disponibles
para satisfacer las necesidades detoda la población; capacidad detoda la población de acceder a esosalimentos; asegurar que los alimentosque consumen las familias seannutritivos e inocuos; y seguridad deque todo lo anterior ocurra de maneracontinua, sin sobresaltos que pongan
en riesgo alimentario a un sector dela población, ya sea por elevaciónde los precios, desastres naturales ocrisis económicas.
Una manera de dar respuesta a la pregunta mencionada es especularsobre la pertinencia de la nuevaley para contribuir a la reducciónde la vulnerabilidad de sectoresde la población a la inseguridadalimentaria (VIA), denida esta porel Ministerio de Inclusión Social
El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ley confirma el derecho humano a la alimentación
y nutrición: garantizado por el Estado Fernando Eguren1
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(Midis) como «la disponibilidadlimitada o incierta de alimentosnutricionalmente adecuados einocuos, o la capacidad limitadae incierta de adquirir alimentos
adecuados en formas socialmenteaceptables».
El Midis publicó un informeen 2012, en el que, sobre la basedel análisis de 14 indicadores anivel distrital, agrupados en trescomponentes de la seguridadalimentaria mencionados más arriba(disponibilidad, acceso y uso),concluye que el 17 % de la población
peruana está en un nivel alto o muy
alto de VIA y un 16 % lo está en unnivel bajo o medio. Otra conclusióndel informe es que la población del38 % de los distritos de la sierra tienealtos o muy altos índices de VIA, ylo propio ocurre con el 26 % en losdistritos de la selva.
La importancia de la
intersectorialidad
Las conclusiones a las que
llega el estudio del Midis nos
muestran una situación crítica enuna gran parte de nuestro vasto,accidentado y heterogéneo país.En este sentido, es un aciertouna estructura institucional que
incluye hasta los niveles mínimosde gobierno —los municipiosdistritales—, pues es a ese niveldonde se está más cerca de lainformación y el seguimiento de lasituación alimentaria, así como a laevolución de la vulnerabilidad desectores poblacionales. Pero elloimplica un eficiente sistema deinformación y coordinación con losdemás niveles de gobierno.
También es importante quelas comisiones, en sus diferentesn iv e le s , e s t én co n fo rmad as
por varios sector es, pu es, po rdenición, la seguridad alimentariarequiere de una intervenciónintersectorial; pero, para que seaefectiva, se requiere vencer lacultura autonomista que caracterizaa la mayor parte de los ministerios,que los conduce a ser reacios
a relaciones, coordinaciones y
cooperación uidas. Quizá sea esteuno de los mayores obstáculos paraque la ley recientemente aprobadaalcance sus objetivos. En cuanto ala presencia de la sociedad civil en
las comisiones, esta debería teneruna participación más destacadaque la contemplada en la ley, entreotras razones porque corresponderíaa sus representantes un importante
papel scalizador.La ley que comentamos es una
pieza más de un rompecabezas al quetodavía le faltan muchas piezas, peroque ya cuenta con una Estrategia
Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, con su respectivoPlan de Acción, y con una Leyde Promoción de la AlimentaciónSaludable. Esperemos que hayauna mayor voluntad política paraque todas estas normas abandonenel papel y se materialicen en larealidad.
Notas1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria
y presidente del Cepes.
2 Ver detalles en .
Si el Congreso no aprobaba la
Ley de Seguridad Alimentaria,
hubiera sido muy bochornoso ,
debido a que pocos días
después se realizaba en Lima el
Foro del Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
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La asistencia técnica agraria noha sido promovida por los últimosgobiernos: el de Fujimori liquidóen 1992 lo poco que había, y lainiciativa privada no tomó el relevo(esa era la apuesta de su gobierno).Resultado: el censo agropecuariorealizado en 2012 muestra quemenos del 10 % de más de 2.3millones de unidades agropecuariasla reciben.
Pero ella no ha sido la únicadesdeñada; lo mismo ha ocurridocon la investigación agraria. Lanecesidad de asistencia técnica y deinvestigación es muy grande, tanto
porque los rendimientos promediode la mayor parte de cultivos puedenmejorar —en algunos casos, demanera dramática—, como por lasnecesidades de adaptación de laagricultura al cambio climático. Laseguridad alimentaria del país enlos años venideros depende de ello.
La Revista Agraria reunió a dosimportantes expertos en asistenciatécnica para hacer una radiografía dela actual situación y conocer cuálesson las causas que están provocando
su estancamiento: John Preissing,estadounidense, representanteen el Perú de la Organizaciónde las Naciones Unidas para laAlimentación y la Agricultura(FAO), especialista en el tema ycon una experiencia de tres décadas;y Miguel Ordinola, economista, conmás de veinte años de experienciaen ag ro n eg o c io s , mercad eoagrícola y gestión empresarial. En
la actualidad, es coordinador del
ENTREVISTA
Una nueva visión para recuperar
la extensión agraria en el campo Fernando Eguren y Ricardo MarapiProyecto IssAndes en el CentroInternacional de la Papa.
LRA: El año 1992 fue crucial para
el sector agropecuario peruano
porque se tomaron una serie de
medidas que cambiaron su rostro
de manera irreversible, quizá
para peor. El gobierno de Alberto
Fujimori redujo en forma radical
las funciones y el personal del
Ministerio de Agricultura. En el
caso de la extensión agrícola, el
supuesto de las autoridades era
que el sector privado llenaría el
vacío. ¿Funcionó? ¿Qué pasó en
estos años?
John Preissing: Voy a empezarcon un poco de temor porque yono estuve en el Perú, de maneracontinua, en los últimos veinte años.Pero conozco el proceso y, además,es muy similar a lo que ocurrió enotros países de la región. En 1992, el
gobierno de Alberto Fujimori redujo
bastante el papel del Estado en elcampo, y lo mismo ocurría en otros
países de Latinoamérica. Desdeel aspecto de la extensión y los
programas rurales, hay que destacardos puntos: en primer lugar, el Estadoatravesaba una situación en donde notenía recursos, ya sea por razonesscales o por el mismo Consensode Washington, lo que ocasionabauna fuerte reducción de sus deberesde extensión. En segundo lugar, los
programas rurales que se ejecutabanno eran tan buenos o no tenían tanto
éxito. Estos factores tuvieron fuerteinuencia aquí, en el Perú, y tambiénen el resto de Latinoamérica.
Sin embargo, no estoy de acuerdoen que estas últimas dos décadassean calicadas como perdidas. Esuna mala interpretación. A pesarde que ya no existía una cultura de
programas nacionales de extensión,sí se han generado experiencias
locales muy ricas, así como un
John Preissing: «... en el tema de laextensión agraria hubo una gran falta
de cobertura a nivel nacional y de
articulación con la investigación. De igual
manera, no se intentó articular una nueva
generación de ideas y conocimientos con
su aplicación en el campo. Ese fue un
gran vacío...».
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gran trabajo de las organizacionesno gubernamentales (ONG) quesurgieron en esos años. Por ejemplo,se empezó a trabajar de manerahorizontal con las comunidades,a identif icar las tecnologías
locales que eran más aplicablesy a vincular la producción conmercados interesantes, como elllamado Comercio Justo. Existierontambién experiencias interesantes
pa ra promo ver el pa pe l de lasmujeres agricultoras, cuyo trabajo noera reconocido y era casi invisible.Hubo muy buenas lecciones.
Sin embargo, hay que reconocerque en el tema de la extensión agraria
hubo una gran falta de cobertura anivel nacional y de articulación conla investigación. De igual manera,no se intentó articular una nuevageneración de ideas y conocimientoscon su aplicación en el campo. Esefue un gran vacío.
Miguel Ordinola: Usualmente,cuando doy charlas sobre la papa
peruana, empiezo mostrando quenos hemos convertido en el primer
produ ct or de pap a en Améri caLatina, con 4.7 millones de toneladasal año. Sin embargo, también explicoque en el Perú, solamente el 0.8 %de los productores usan semillacerticada. ¿Qué es lo que puedeestar pasando? Por un lado, tenemosuna curva creciente de producciónde papa y, por otro, cada vez usamosmenos semilla certicada, la cual,
para mucha gente, es sinónimo de
calidad e innovación. Lo que pasaes que existen diversos procesosen el campo. Por ejemplo, ahorahay una difusión más amplia de las
prácticas más adecuadas que deberealizar el pequeño productor de
papa, principalmente de la sierra.Es decir, en el tema de innovacióny extensión en el campo se ha
producido un proceso alternativoa la acción ocial del Estado. Para
mí, eso está muy claro. ¿Por qué?
Porque existe una fuerte demandade extensión técnica para satisfacera determinados mercados delcultivo de papa. No olvidemosque la demanda de servicios deextensión y de innovación depende
del producto nal: si este tiene unademanda concreta, se generaránservicios conexos alrededor de él.Así, el pequeño agricultor puedeinvertir directamente o acceder acréditos para contar con los serviciosde extensión o asistencia con lanalidad de mejorar su cultivo y
satisfacer la demanda del mercado.Un ejemplo concreto se observaen la costa: los esparragueros yalcachoferos pagan por su asistenciatécnica porque tienen un mercadoconcreto y sofisticado que debenatender. Este mismo proceso haocurrido en la sierra, en el caso
particular de la papa, en donde el
mercado ha inuenciado en el sector.Es decir, la pequeña agriculturaha encontrado nuevas formas deresponder y de actuar, en el temade extensión, con el n de accederal mercado.
LRA: Entre los dos últimos censos
demográfcos (el de 1993 y el de
2007), la población en el Perú
ha aumentado en nueve millones
de personas. Sin embargo, la
relación entre la producción de
alimentos para el mercado interno
y su importación no ha variado
mucho. Una primera conclusión
es que la producción nacional ha
aumentado en forma importante y
ha logrado abastecer el consumointerno; es decir, que la pequeña
agricultura está respondiendo
a e s t a d e m a n d a ( l a g r a n
agricultura destina su producción
a la exportación). Entonces,
estaríamos hablando de un gran
capital humano —la pequeña
agricultura— que no funciona
al cien por ciento mientras no
existan las condiciones propicias.
Una vez que éstas aparecen, ese
capital humano producirá al
cien por ciento, tal como lo haría
cualquier empresario. Si existieran
condiciones favorables, el pequeño
agricultor daría mucho más de lo
que está dando. ¿Tiene sentidoesta hipótesis?
Miguel Ordinola: ¡Claro! A pesarde que no ha habido un contextocon políticas favorables hacia laextensión, los agricultores han podidoresponder con productos de calidad.El consumo per cápita de papa en elPerú ha subido de 60 a 85 kilogramos,lo cual demuestra que sí es posibleque la pequeña agricultura pueda
dar una respuesta hacia diversos
Miguel Ordinola: «... es necesarioplantear enfoques diferentes para la
investigación y la extensión. Hay que
considerar la primera como un bien
público, en donde el Estado ejecuta
una mayor inversión; en cambio, con
relación a la segunda, el objetivo debe
ser fomentar una mayor intervención de
los privados...».
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mercados. El reto es recuperar elconsumo per cápita que teníamosen la década de los setenta, cuandoalcanzábamos los 100 kilogramos.
John Preissing: Yo añadiría un punto: la extensión es un instrumento de
las políticas públicas. Si estas últimasson favorables para el desarrollo rural, pueden influir mucho más que lamisma extensión agraria, que es solouno de sus tantos instrumentos. Porejemplo, la expansión de mercadossecundarios, una mayor comunicación,más cantidad de tiendas, el acceso anegocios e insumos, etc., pueden tenermás inuencia en la producción y la
productividad.
Miguel Ordinola: La extensiónagraria es una variable entre otrasque conuyen. Mucha gente armaque el periodo dorado de la extensiónfue la década de los ochenta, conel segundo gobierno de Belaúnde,cuando las instituciones vinculadas altema recibían bastante presupuesto.Además, había diversos proyectosdel Banco Mundial, del BID, dela cooperación israelí, gracias
a los cuales uno podía ver en elcampo aquellas famosas camionetasamarillas que llevaban la extensiónagraria. En esa época, creció elconcepto de ligar la extensión y lainvestigación en una sola institución.Existía el Instituto Nacional deIn v es t ig ac ió n y P ro mo c ió nAgropecuaria (Inipa), que tenía unejército de extensionistas —como sifueran «Rambos» todoterreno— que
se iban al campo con sus mochilasy equipos. Es decir, el concepto deextensión en esa época estaba muyinfluenciado por la mirada israelísobre cómo hacerla. El Inipa hacía lasdos cosas: investigación y extensión.
John Preissing: Existen pros ycontras respecto a esta relación omatrimonio entre investigación yextensión. Por el lado favorable, se
presenta una promesa de articulación
de ambos aspectos. Pero, por otro lado,
cuando están juntos, muchas veces lainvestigación está muy por encima dela extensión. La investigación siempreva a tener un personal mejor pagado,con más presupuesto, profesionalescon más títulos, y concentrados en
los llamados centros de excelencia;mientras que los extensionistas son personas solas, trabajando en lascomunidades más lejanas, quizá nocomo «Rambos», pero sí como unaespecie de pioneros. Son dos tipos de
profesionales distintos. De maneraseparada, cada uno de ellos podríaconstruir su propia lógica y tener unamejor llegada.
Miguel Ordinola: En los ochenta,
ese fue el modelo y se invirtió bastanteen ello. A nes de esa década, el sectorde la investigación agraria peruanatenía cerca de 6 000 trabajadores, entreinvestigadores y extensionistas. Larelación con el personal administrativoera de 5 a 1, a favor de los primeros.Sin embargo, cuando llegó el gobiernode Alberto Fujimori, en los noventa,se inició la liberalización de laeconomía y también un proceso
de reestructuración del Estado. En1992, el entonces Instituto Nacionalde Investigación Agraria se redujo al20 % y el indicador de relación habíacambiado completamente y ahoraera al revés: a favor del personaladministrativo. Muchísima gente delsector de investigación y extensión sefue porque el Estado brindaba diversosincentivos para que renuncien lostrabajadores públicos. Eran personas
muy capacitadas, con educacióninternacional, con maestrías ydoctorados, que simplemente sefueron. Ahí perdimos buena partede lo que extrañamos ahora: se
perdió el capital humano dedicadoa la extensión y la investigación.A eso hay que agregarle el fracasodel concepto de intentar trasladarlas estaciones experimentales deinvestigación, pertenecientes al
Estado, hacia la empresa privada o
las fundaciones. Eso fue un fracasototal. Todo tuvo que ser devuelto.Ahí perdimos muchos años. Debidoa este proceso, muy entreverado,en los últimos años empezaron aentrar las ONG y la cooperacióninternacional para sustituir al Estado,
brindando asistencia técnica en elcampo. Muchas de ellas no estaban
preparadas para ese tipo de modelo
pero, en la práctica, tuvieron queasumir el reto y trabajaron temas desemillas de calidad, manejo integradode enfermedades, etc. Entonces, mal o
bien, las ONG han sustituido al Estadoen este tema.
John Preissing:A eso hay que añadirel factor de la descentralización, porqueel Gobierno central en la actualidad yano cuenta con todas las competencias
para proveer asistencia técnica, pues
ahora están en manos de los gobiernos
Nuestro director, Fernando Eguren,
en plena entrevista con los expertos
en el tema de extensión agraria.
Una de las principales conclusiones
es revalorar los conocimientos
locales y tradicionales.
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regionales y subregionales. Esto es un problema porque estos últimos aún notienen las capacidades sucientes paraimplementar dichas competencias. Sien un momento hubo un problemade articulación entre la investigacióny la asistencia técnica, esto ya seconvirtió en multidimensional, porquelos gobiernos distritales y regionalesahora tienen sus propios conceptos de
cómo implementar la extensión, lo cualimplica una articulación mucho mayora nivel nacional.
Miguel Ordinola: Un casoejemplar, digno de tomarse encuenta, es el de Incagro1, que tuvoun componente de fortalecimiento deservicios de extensión de tecnologíaagropecuaria. Su objetivo eraformar un mercado de servicios quefuncionase mediante la oferta y la
demanda. Lamentablemente, no se
pudo ejecutar en forma completadebido a una serie de motivos.Conozco el tema porque estuve enel equipo de diseño de Incagro. Unode los supuestos que se planteó fueque el tema de la asistencia técnicae innovación estaba vinculado al
problema de la falta de demanda por parte de los agricultores. Lasolución era generar dicha demanda
a través del fomento de una mayorcantidad de productores organizados.El otro supuesto implícito era que síexistía una oferta desarrollada sobreasistencia técnica para satisfacer esademanda; sin embargo, este supuestono era ni es real. Cuando uno mira alas empresas y organizaciones que
proveen de servicios de asistenciatécnica, uno puede constatar queno están preparadas. No saben los
tipos de servicios que deben ofrecer,
ni tampoco cuentan con un simpletarifario de dichos servicios. No hayun mercado formado para el tema dela asistencia técnica. En cambio, en lacosta sí existen algunos casos porquelos agroexportadores pagan bien paraacceder a esa asistencia, como es elcaso de los que exportan espárragos,alcachofas, etc. En la selva existenexperiencias en cultivos de cacao y de
café, que provienen principalmentede la cooperación internacional quese dedica a promover esos productos.Y en la sierra intervienen las ONG.
No sé si, en la actualidad, el Instituto Nacional de Innovación Agraria(INIA) cuenta o no cuenta con elmandato de otorgar asistencia técnicaen el campo.
John Preissing: El DecretoLegislativo 1060 regula el Sistema
Nacional de Innovación Agraria.
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Allí se establece que el INIA tiene larectoría en el tema de la extensión,
pero no la implementación.
LRA: Hablemos sobre el actual
INIA, que es el ente rector de la
investigación agraria y responsablede dirigir, conducir, coordinar y
evaluar los servicios de extensión
agraria del país. Sin embargo, su
historia es un poco errática; en los
últimos años, incluso cambió de
nombre, reemplazando la palabra
investigación por la de innovación.
Estos cambios de términos también
significan cambios conceptuales.
¿Cuál ha sido el papel del INIA en
las últimas dos décadas? ¿Y cuáldebe ser su papel como institución
pública para mejorar las condiciones
productivas en el campo?
John Preissing: El INIA sufriómuchas bajas y cambios que afectaronno solo su capacidad, sino también sumoral y su espíritu. Ese ha sido un gran
problema. Muchas de sus estacionesexperimentales están prácticamentecerradas porque realizan pocas
actividades. El proyecto Incagro esun buen ejemplo comparativo porquefue el único momento en que lainvestigación se levantó de nuevo enel país, debido a que se enfocó confuerza en dicho tema. En cambio, enel INIA, la investigación solo era unactor más dentro de su estructura yno le prestaron mucha atención. Poreso se avanzó muy poco en lo quese reere a investigación. Creo que
la mayor parte de los proyectos deinvestigación agraria que hubo enel país durante estos años no ha sidorealizada por el INIA, sino por lasuniversidades, las organizaciones de
productores, etc.Miguel Ordinola:Estoy de acuerdo
con la mirada de John en el asunto delINIA. Esta institución —y, por ende,el tema de la investigación— ha sidodesatendida en el país en términos de
inversión. Sin embargo, cabe destacar
que ello entra dentro de una corrientelatinoamericana sobre los INIA. Siseparamos a los países del Cono Sur,a los cuales les va bien en el tema,como Chile, Uruguay, Argentina yBrasil, y nos jamos principalmente
en los casos de Colombia, Bolivia,Ecuador y el Perú, la sensación serámuy parecida: descapitalización,
pocos recursos y nula prioridad dentrode las políticas. Creo que, en el Perú,el INIA no se ha recuperado de lo que
pasó en la década de los noventa y noha habido una inversión fuerte paraconstruir una institución científica
poderosa. Por otra parte, es necesario plantear enfoques diferentes para la
investigación y la extensión. Hay queconsiderar la primera como un bien público, en donde el Estado ejecutauna mayor inversión; en cambio, conrelación a la segunda, el objetivo debeser fomentar una mayor intervenciónde los privados, como ha sucedido enla costa.
LRA: Hay que colocar estos
temas en un contexto de cambio
climático, donde cobra una granimportancia y valor el papel de los
conocimientos particulares y de
los pequeños agricultores locales.
Esta revalorización de lo local,
¿está cambiando la visión de los
que gestionan la extensión agraria?
¿Se ha modifcado la relación de
jerarquía entre los extensionistas
y los agricultores? ¿Cómo es la
actual relación o «maridaje» entre
la ciencia y tecnología modernascon los conocimientos locales?
John Preissing: Ante los problemasocasionados por el cambio climático,cobran mucho valor las experienciasde vida de los productores y desus antepasados, porque ellos sonlos que han tenido que sobrevivirdurante estos años (por ejemplo,experiencias en torno a cómo guardanlas semillas, cuándo siembran, qué
distancias manejan en el sembrío,
cuándo utilizan distintos sistemas deriego, etc.). Justamente, en la FAOestamos buscando sistematizar estasexperiencias. Aquí se presentan dos
posibilidades: primero, identicar lasexperiencias más valiosas que podrían
adaptarse en otros lugares; segundo,reconocer las otras experienciasno tan buenas, que no pueden servalidadas bajo ningún análisis. Notengo una respuesta concreta para tu
pregunta, pero sí te puedo asegurar queseguiremos organizando experimentosen el campo —con papas en lascomunidades de la sierra o con caféen la selva— para entender mejoresta relación. El objetivo es que las
lecciones aprendidas puedan serarmonizadas y tener relevancia en lavida de las comunidades.
Miguel Ordinola: Hay que mirarla estructura de vida y de trabajo deaquellas comunidades que han existidodesde hace siglos. Cuando uno leesobre la «agricultura climáticamenteinteligente», encuentra conceptoscomo terrazas, rotación de cultivos,
pisos ecológicos, entre otros. Allí uno
se da cuenta de que las comunidadesvienen realizando esto desde hacemuchísimo tiempo. Es necesarioque dichos conocimientos seansistematizados, ya sea por el Estadoo por la cooperación internacional,
porque se trata de un tema que puedeaportar mucho. El enfoque cientícoes importante porque nos permitehacer un seguimiento al cambioclimático. Pero hay que recordar
que los agricultores también hanhecho lo mismo y han respondidoa estos problemas durante miles deaños. Y lo han hecho bien, pues,si no, hubieran desaparecido. Allíhay todo un aspecto pendiente dereconocimiento y sistematización.
Nota1 Proyecto de Investigación y Extensión
Agrícola, para promover la Innovación
y la Competi tividad del Agro Peruano
(Incagro).
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el rol fundamental de la agriculturafamiliar comunitaria y campesina, enla soberanía y seguridad alimentariay nutricional», como principales
proveedores de alimentos. De igualmanera, el FPH se compromete aimplementar normas que favorezcan elreconocimiento, el rescate y la difusiónde los conocimientos ancestrales de lascomunidades nativas, «garantizandola redistribución justa y equitativa dela tierra, agua y acceso a la semilla,con énfasis en el acceso de las mujeresa estos recursos naturales», según rezala declaración nal.
Sin embargo, surge una pregunta:¿cómo conseguir que esta serie de
compromisos no se quede solo en«buenas intenciones»? En los últimosaños, en varios países, y en especial enel Perú, ha sucedido todo lo contrarioal compromiso asumido por el FPHen el tema del acceso a los recursosnaturales. Se ha emitido una seriede leyes, decretos legislativos ynormas que amenazan la seguridad
jurídica de las tierras comunalesy que, por consiguiente, ponen en
peligro el garantizar la seguridad
alimentaria para todos los peruanos,en especial la Ley 30230 (de julio de2014), conocida como del «paquetazoreactivador»3. Varios colectivos dela sociedad civil y organizacionesindígenas han denunciado que dichasnormas tienen un impacto negativo enmateria de derechos a la tierra.
Para el congresista Jaime Delgado —presidente del capítulo peruanodel FPH—, es indispensable generarlas condiciones apropiadas para quelos pequeños agricultores tengan
posibilidades de éxito y así garantizarla seguridad alimentaria. «Losagricultores son el sustento: son el80 % de nuestro plato diario. Los
agricultores terminan abandonando latierra, dedicándose a ser ambulantes enlas ciudades y entregan la tierra a lasgrandes empresas agroexportadoras deespárragos, de uvas, de mangos, que noestán pensando en resolver el problemadel hambre interno”, alerta el legisladoren declaraciones a LRA.
La lucha contra la burocracia y
el poder económico
Si bien es cierto, en el Perú,
¿Los parlamentos latinoamericanostendrán la verdadera capacidad, espacioy poder político de encabezar la luchacontra el hambre en la región? Demanera implícita, esa es la respuestaque han tratado de encontrar y construirmás de 60 legisladores de 25 paísesde Latinoamérica, 20 parlamentariosde España, Asia y África, así comorepresentantes de organismosinternacionales y organizaciones de lasociedad civil, que participaron en el VIForo del Frente Parlamentario contrael Hambre (FPH) de América Latinay el Caribe, realizado del 15 al 17 denoviembre en Lima.
Luego de tres días de análisis y
debates, el Foro emitió una declaraciónnal2 en donde asumen una serie decompromisos para promover leyesy políticas a favor de la seguridad ysoberanía alimentaria, la alimentaciónescolar y la agricultura familiar.
¿Compromisos reales o buenas
intenciones?
Precisamente, sobre este últimoaspecto, uno de los compromisos
del FPH es «continuar visibilizando
Del 15 al 17 noviembre se realizó en Lima el VI Foro del Frente Parlamentario contrael Hambre de América Latina y el Caribe
Con hambre de leyes y derechos Ricardo Marapi1
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el Congreso ha aprobado leyesdestinadas a garantizar la seguridadalimentaria y una buena alimentaciónsaludable, la gran mayoría de esasnormas no han podido entrar envigencia debido a la lentitud y la
burocratización en el momento deconstruir los protocolos y mecanismos para su aplicación.
En otros casos, la influenciade grupos de poder político yeconómico4 ha evitado la aprobaciónde los reglamentos que hubieran
permitido la entrada en vigenciade esas leyes. Es el caso de laLey 30021, de Promoción de laAlimentación Saludable para Niños,
Niñas y Adolescentes, promulgadaen mayo de 2013, que aún no seaplica debido a la oposición dela industria alimentaria, que veamenazada sus ventas. Esta esuna evidencia de que la actividadlegislativa de los parlamentos —en eltema del derecho a la alimentación—se estrella contra los intereses de losgrupos de poder.
La batalla por el concepto desoberanía
Otro compromiso adoptado enel VI foro anual del FPH fue elde respaldar un nuevo conceptoconsensuado sobre soberaníaalimentaria. Según la asambleístaecuatoriana María Augusta Calle,coordinadora regional del FPH, losacuerdos logrados en Lima —en eltema de la soberanía alimentaria—
serán entregados a los jefes de Estadoy de Gobierno de la Comunidad deEstados Latinoamericanos y el Caribe(Celac)5.
Según Calle —en declaracionesa LRA —, al hablar de soberaníaalimentaria debemos entender quenos estamos reriendo «al derechode autodeterminación de los pueblos.Y autodeterminación es cuando los
pueblos no tienen razón de aceptar
el yugo. Los Estados tampoco tienen
razón de ser dependientes de otros países o de poderes transnacionalesque son los que dominan el tema de laagricultura», advierte la ecuatoriana.
Mientras que en varios paísesde Latinoamérica, los diversos
parlamentos han recogido el conceptode soberanía y lo han incluido ensus leyes y normas, en el Perú elcamino va hacia el lado contrario.La flamante Ley de SeguridadAlimentaria y Nutricional (SAN),aprobada en el Congreso el pasado 11de noviembre, precisamente, retiró eltérmino soberanía del texto nal dela norma. ¿A qué se debe tanto temorentre los parlamentarios peruanos?
La asambleísta María AugustaCalle lamenta que haya «muchísimotemor cuando se habla de soberanía».Arma que «es lamentable que envarios de nuestros Estados haya unadependencia y una corporativizaciónde la decisión política. El derecho ala alimentación ha sido reemplazado
por el negocio de la alimentación»,alerta la asambleísta.
La soberanía en el PerúEl congresista peruano Jaime
Delgado reconoce que, durante lanegociación política en el Plenodel Congreso, se tuvo que quitarel término para que la aprobaciónde la Ley SAN pudiera ser viable.Sin embargo, en declaraciones a
LRA, Delgado deende el término soberanía y explica que significa privilegiar «lo nuestro» de manera
estratégica. «¿Cómo podemosimpulsar una política de alimentación
basada de manera fundamental en laimportación de productos? Con esodestruiríamos nuestra produccióny nuestra agricultura. La soberaníasignifica articular tradiciones,recursos, riqueza gastronómica,
biod iver sidad y economía paragarantizar la seguridad alimentaria.En la mayoría de países se entiende de
manera perfecta lo que es soberanía
y no temen incluirlo en sus políticas públicas», opina Delgado.
El congresista peruano no descartaque el término pueda ser incluido enel futuro, cuando el debate políticoevolucione aún más. Sin duda,
es destacable que exista un granesfuerzo y compromiso por parte delos parlamentarios de Latinoamérica
por asumir esta lucha contra elhambre; un esfuerzo que ha sidoacompañado y respaldado por lasorganizaciones e instituciones dela sociedad civil en el Perú, queemitieron un pronunciamiento
público que fue presentado durantela reunión del FPH6.
Uno de los puntos que destacanlas organizaciones es la necesidadde un compromiso político delos Estados y de sus autoridades
pa ra la el ab orac ión, di scusi ón ,implementación y seguimiento delas políticas públicas y los marcosnormativos sobre el derecho a laalimentación. Con certeza, este hasido el principal obstáculo que hanenfrentado varios parlamentarios
latinoamericanos que integranel FPH, ante la falta de voluntad
política del Poder Ejecutivo de susrespectivos países. El reto de loslegisladores es encontrar el espacio yel poder político necesarios para quesu lucha contra el hambre en la regiónno quede solo en buenas intenciones.
Notas1 Periodista. Editor de La Revista Agraria.2 Puede descargarse desde:
.
3 C a s t i l l o , P e d r o . « A m e n a z a s
gubernamentales a la propiedad de la
tierra». La Revista Agraria 166.4 Eguren, Fernando. «¿Los industriales vs.
la alimentación saludable?». La RevistaAgraria 176.
5 «Parlamentarios renuevan caminos para
erradicar el hambre». Agencia de noticias
Inter Press Service (IPS), 18 de noviembre
de 2015.
6 Declaración de la Sociedad Civil en el VI
Foro de Frentes Parlamentarios contra el
Hambre (Lima, 2015). Descárguese desde
.
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Desde que, en 2011, el Gobiernoaprobó la Ley de moratoria al ingresoy producción de organismos vivosmodificados (transgénicos) al Perú(Ley 29811), es muy poco lo que seha avanzado en su implementación.La ocina que debe encargarse de ello
es la Dirección General de DiversidadBiológica del Ministerio del Ambiente(Minam), cuyo director es el biólogoJosé Álvarez Alonso, quien tiene másde treinta años de especializaciónen temas de conservación, manejocomunal y aprovechamiento sosteniblede la biodiversidad, principalmenteamazónica.
En la siguiente entrevista, ÁlvarezAlonso habla del trabajo que ha
realizado su dirección para laimplementación de la ley y, también,de los obstáculos que ha debidoenfrentar.
¿Cuáles son los avances que han
realizado para la implementación
de la ley?
El primero es la construcción de unalínea de base de recursos genéticosnativos para determinar cuáles son las
condiciones para protegerlos ante la posible amenaza de los transgénicos.Hemos conseguido significativosavances a pesar de las restriccioneseconómicas o de problemas con lascapacidades nacionales. Por ejemplo,hemos abierto un concurso para unestudio biológico sobre plagas y otro
para un estudio sobre biodiversidad delsuelo y de los cultivos nativos, perono se han presentado concursantes o,
cuando lo han hecho, no han tenido
las condiciones. Son estudios muy
complejos, que requieren una altísimacualicación profesional y no tenemostantos expertos.
¿Qué capacidades se les están
pidiendo a los profesionales?
Lamentablemente, en el Perú no haymucha gente capacitada en el tema.La inversión pública es muy estrictay exige a los consultores o empresasconsultoras una gran cantidad de
requisitos; por ejemplo, un adecuadocurrículum, publicaciones en su haber,experiencia, o que estén inscritos en elsistema nacional de proveedores. Notenemos ni siquiera diez institucionesque cuenten con un equipo profesionalcon capacidades. Debemos buscarcon lupa y por eso se nos han «caído»varios concursos.
¿Cuáles son los principales estudios
que han realizado y en qué consisten?
Tenemos casi completo el estudio
de la línea de base de la distribuciónde la papa, del maíz y del algodón,y también hay avances sobre el ají yel tomate. Estos estudios determinandónde se distribuyen las variedades yrazas nativas, en qué condición están,cuántos agricultores las cultivan y
permiten identificar las tendenciasde una posible reducción; es decir,abarcan todos los conocimientosasociados a esas razas nativas, que
son los potenciales afectados por lostransgénicos. De esta manera, si algúndía el Perú decide permitir el ingresode organismos vivos modificados(OVM), sabremos dónde no se debe
permitir su cultivo. Así se podrá evitarque los cultivos nativos sean afectados,considerando que son el mayor tesorodel país. ¡Es un patrimonio genéticode valor mundial porque son degran importancia para la seguridad
alimentaria global!
Entrevista a José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Minam
«Hay personas en el Estado que notienen interés en que la moratoria a los
transgénicos se aplique a plenitud» Ricardo Marapi
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Cuando uno escucha la frase «ley
de moratoria», la impresión es que
se alude a una norma meramente
prohibitiva —o punitiva—, pero se
olvida que entre sus competencias
también está la realización de este
tipo de estudios.Así es. Y de eso se han aprovechadolos enemigos de la Ley de moratoria, ala que acusan de carecer de sentido yexigen que sea derogada porque, segúnellos, frena el desarrollo agrícola delPerú. Eso no es cierto. La moratoriaes una posición muy sabia que tomóen forma soberana el Perú paradeterminar un plazo de diez años deespera a n de conocer qué recursos
tenemos, dónde y en qué situaciónestán. Luego, eventualmente, si sedecide usar los OVM, que se hagacon seguridad, sin amenazar nuestra
biodiversidad nativa. Entonces ,estamos creando estas condiciones
porque no las teníamos ni las tenemostodavía. Estamos creando todo el
protocolo, los mecanismos y el aparatorelacionado con el tema.
Sin embargo, da la impresión deque los estudios que está realizando
el Minam estuvieran preparando
la cancha o el camino para un
indefectible ingreso de las semillas
transgénicas al país. ¿Ya se está
asumiendo esta situación?
Yo no lo interpretaría así, sinoque se está tomando una especie defotografía real y dinámica de cómo esnuestra biodiversidad, a n de tomar
una decisión informada en el futuro.Todavía no nos podemos adelantaren conocer cuál será la decisión. Miopinión como ciudadano peruano es:si algún día se autoriza ese ingreso,deberá ser en zonas muy restringidas yen donde no haya riesgo. Por ejemplo,no se debe sembrar maíz transgénicoen el Valle Sagrado de los Incas, enVilcabamba, porque contaminarías elconocido maíz gigante del Cusco y le
harías un daño irreversible al Perú. Es
como si destruyeras Machu Picchu.Pero, con esa lógica, no se podría
sembrar transgénicos en ninguna
parte de nuestro territorio, porque
hasta en el valle más alejado hay
agricultores que tienen un recurso
o una semilla nativa que requiereser defendida. Incluso, en muchos
distritos rurales pueden apreciarse
monumentos típicos al maíz, a la
papa, etcétera.
Precisamente, eso es lo queestamos descubriendo. Mi opinión
personal es denir si hay un sitio enel Perú en donde no exista un recursonativo. Recordemos que no soloestamos hablando de contaminación,
sino también de una amenaza a lacerticación orgánica. Por ejemplo,supongamos que se quiera sembrar20 000 hectáreas de soya transgénicaen un desierto, en donde hay pocas
posibilidades de contaminación. Sia menos de tres o cuatro kilómetrosexiste un valle en donde la gentecultiva productos nativos orgánicos,ella se vería amenazada, perdería sucerticación y no podría exportar sus
productos bajo la categoría orgánica.El potencial más grande que tiene elPerú en su agro es su biodiversidadnativa, para nichos de mercado
preferentes: certicación orgánica,comercio justo, etc., que le dan unvalor agregado que compensa la pocacapacidad de producción y volumenque enfrentan muchos agricultores.
¿Realmente se puede regular o
controlar la contaminación delos cultivos transgénicos al medio
ambiente? ¿O eso es más bien una
utopía?
Esa es una buena pregunta. Existelo que se llama «condiciones deconfinamiento» y que consiste enestablecer una serie de distancias y
barreras para evitar la transferenciade polen. Hay especies que transmiten
por ai re y ot ra s solamen te por
insectos. Eso lo deciden los técnicos
especializados. A nosotros lo que senos pide es que conozcamos lo quetenemos en el país, cuáles son lascondiciones y cuáles son los riesgos.Esa información se la otorgaremosal Congreso del Perú para que tome
una decisión soberana. Felizmente,la biodiversidad peruana se estáconservando muy bien..., hasta ahora.
¿Hasta ahora? ¿Cuáles son los
obstáculos que han encontrado?
La conservación se está realizandoa pesar de todas las tendenciasmundiales que indican pérdida dela agrobiodiversidad a causa dela globalización, la migración del
campo a la ciudad y la introducciónde cultivos comerciales. Te citoun ejemplo: en Francia, en 1850,se sembraban 3 000 variedades demanzana; ahora solo se cultivan tres.En el Perú, en 1850, probablementese cultivaban más de 3 000 variedadesde papa. ¿Sabes cuántas se cultivanahora? 3 500. No hay muchos paísesen el mundo que logren conservarasí. A pesar de estos procesos de
aculturación, de migración, deintroducción de cultivos comerciales,etc., la mayor parte del Perú seconserva como era.
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Aparte del factor tecnológico,
científico o productivo, también
hay un factor social, en donde
cobra importancia el trabajo de
las comunidades. ¿Cuáles son las
competencias del Minam y de su
dirección en este tema?En la actualidad, el proceso deconservación y desarrollo de la
biodiversidad es competencia de variossectores. La parte productiva la ve elMinisterio de Agricultura y Riego, ensu aspecto cultural es competencia delMinisterio de Cultura, y en su calidadde recurso genético entra en el campodel Minam. Todos cooperamos en esaconservación y desarrollo. Uno de los
mandatos de la Ley de moratoria esestablecer un programa de conocimiento —determinar dónde— y conservación —qué hacer para que no se destruya—,el cual ya estamos implementando.Por ejemplo, bajo este enfoque deconservación productiva ayudamos a losagricultores de cultivos nativos a poderencontrar un mercado o les brindamoscapacitación en alianza con el Minagri.Esto se logra mediante proyectos de
inversión pública.
Por otro lado, en cuanto al tema del
control y vigilancia, ¿cuáles son los
obstáculos que han encontrado y
qué logros se han obtenido?
La norma establecía una serie deherramientas útiles para realizar unadecuado control y vigilancia. Lo queencontramos es que no existían las
capacidades para realizar ese control enlos puntos de ingreso en Aduanas, bajolas condiciones que exigían la ley y sureglamento. Se ha trabajado casi un año enun decreto supremo, para consensuar unamodicación al reglamento y establecercon mayor claridad las condiciones yresponsabilidades. Eso ha permitido queel procedimiento sea mucho más ágil. ElServicio de Sanidad Agraria toma lasmuestras en Aduanas y se las entrega al
Minam. Nosotros hacemos el análisis enel mismo punto de ingreso, para saber sila semilla es transgénica o no. Aún faltaestablecer dos elementos; por ejemplo,el listado de partidas restringidas,es decir, las que estarían sujetas acontrol y vigilancia. En este proceso deelaboración estuvimos atascados dosaños. Ese listado fue observado por elMinisterio de Economía y Finanzas(MEF) y la negociación nos costó
mucho.
¿Por qué costó?
Aún hay personas en el Estado queno ven la Ley de moratoria con buenosojos y que, probablemente, no tieneninterés en que se aplique a plenitud
porque piensan que es un obstáculo para la inversión. Por ejemplo, en elMEF se demoraron seis meses en darrespuesta a la propuesta de listado que
les enviamos. Hemos consensuado conel Instituto Nacional de InnovaciónAgraria (INIA) una propuesta delistado, menos amplia que la que se
presentó inicialmente: las partidasse han reducido de 97 a 41. El MEFhabía pedido que el INIA —comoente técnico— avalase la lista. Ahoratenemos un listado consensuado sobreel tema de importación de semillas ylo hemos enviado nuevamente al MEF.
Esperemos que nos dé su respuesta en
dos o tres semanas y que no nos hagaesperar otros seis meses.
Durante la vigencia de esta Ley
de moratoria, ¿cuántos casos de
ingreso prohibido de semillas
transgénicas se han detectado ysancionado?
Como aún no es efectivo el sistemade control, debido a que falta el listadode partidas restringidas, todavía no se
puede sancionar, pues no tenemos lascompetencias. En la labor de controlde los puntos de ingreso hemos hechovarios trabajos, pero todavía no se hadetectado ningún ingreso de semillastransgénicas. En cuanto al trabajo de
vigilancia en campo, aún está poraprobarse un plan multisectorial devigilancia y alerta temprana, donde
participan todas las institucionesque tienen competencias. Ahí seestablecerán las responsabilidades ycómo se deben hacer las inspecciones.
Pero, a cuatro años de vigencia de
la Ley de moratoria, es preocupante
que aún no existan los instrumentos o
protocolos que permitan su aplicación.Es increíble lo que nos ha costado
consensuar con los otros sectores. ElEstado peruano no estaba hecho para unagestión transectorial. Pero, por n, ya seha consensuado y está ad portas de ser
publicado un decreto supremo que debeser refrendado por varios ministerios.
¿Admitiría que hay ciertos
obstáculos dentro del aparato estatal
debido a que existen autoridadeso técnicos que tienen una posición
favorable hacia los transgénicos y
que son críticos con la moratoria?
Probablemente esos sectores hayanretrasado el proceso de aplicaciónde la ley. Quizá no hubo el ánimoo la voluntad de cooperar con laagilidad que se exigía. Yo interpretolo que veo: fueron muy laboriososel procedimiento y la búsqueda de
consenso. Solo te puedo decir eso.
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