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VI Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea
Buenos Aires – Julio 2015
Eje: Nuevas formas de gubernamentalidad y procesos de subjetivación
Título de la ponencia:
Liberalismo, neoliberalismo y administración: de las subjetividades administradas a las
subjetividades administrativas
Autor:
Sebastián Botticelli (UBA / UnTreF / UnLu)
El año 1978 marca una transformación en las indagaciones que Michel Foucault venía
desplegando en torno al surgimiento del biopoder. Al retomar sus cursos en el Collège de
France, Foucault comienza a desarrollar una perspectiva que considera al funcionamiento del
poder ya no sólo en sus aspectos represivo-regulativos sino además –y quizás especialmente–
en sus sentidos performativos. De ese modo, el problema del gobierno ya no se reduce a los
vectores jurídico-legales de la soberanía pues pasa a ser planteado en términos
gubernamentales. En su formulación foucaultiana, este problema se expresa en los siguientes
interrogantes: ¿Cómo gobernar a una sociedad de sujetos que deben pensarse a sí mismos
como libres e iguales? ¿Qué criterios será necesario fortalecer para consolidar los vínculos
requeridos por las nuevas dinámicas de producción social?
En los cursos Sécurité, territoire, population (1978) y Naissance de la biopolitique (1979),
así como también en algunas conferencias dictadas durante ese mismo periodo entre las que
cabe destacar “Omnes et singulatim: vers une critique de la raison politique” (1979), Foucault
recupera un conjunto de emergentes históricos en los que el surgimiento de la estatalidad
moderna aparece íntimamente vinculado con las primeras dinámicas de producción
capitalista. Esto se expresa en un conjunto de relaciones sociales que dan lugar a la aparición
de nuevas formas subjetivas. Dentro de esos desarrollos, Foucault puntualiza un elemento que
no alcanza a explorar en profundidad pero al que sin embargo le otorga un lugar relevante: la
puesta en práctica y posterior compendio y sistematización de los primeros saberes
administrativos.
Los apartados siguientes están dedicados a profundizar la caracterización de estos
emergentes en base a la lectura crítica de un conjunto de textos que funcionan como
referencias difundidas dentro de la historia de la administración moderna. Se aspira a que esta 1
revisión permita puntualizar el rol que la disciplina administrativa ocupa dentro de las
dinámicas político-sociales que comienzan a configurase en Europa desde mediados del siglo
XVII. Asimismo, considerando las hipótesis foucaultianas que comprenden a la aparición del
liberalismo y del neoliberalismo como reacciones frente a formas particulares de centralidad
estatal –el Absolutismo monárquico en el primer caso, las dinámicas del Welfare en el
segundo–, se apuesta por la posibilidad de que los elementos aquí recuperados funcionen
como una forma de interpelación de nuestra actualidad: se espera que –tomando las palabras
de Gilles Deleuze– la revisión del pasado que aquí se propone colabore con el objetivo de
pensar la relación entre “la parte de la historia” y “la parte actual”, es decir, que permita dar
cuenta de la brecha que se abre entre aquello que ya no somos y aquello que estamos siendo.
La Ciencia de la Policía del Cameralismo prusiano
De acuerdo con el esquema propuesto por Michel Foucault, las relaciones que se
despliegan dentro del marco de la gubernamentalidad moderna se expresan en la asociación
entre dos formas de ejercer el poder que en principio podrían comprenderse como
antagónicas: el poder pastoral (individualizador) y el poder estatal (centralizado y
centralizador).
Dichas formas influyen en la formulación de dos cuerpos doctrinarios: la Razón de Estado,
que establece los principios y los métodos del gobierno estatal distinguiéndolos de los
vínculos religiosos, comunitarios o familiares, y la Teoría de la Policía, que se ocupa de
definir los propósitos generales de la actividad estatal, la naturaleza de los objetos a los que el
Estado debe atender y la forma general de los instrumentos que deben ser empleados en dicha
actividad. La primera expresa la racionalidad propia de la naciente lógica estatal y la segunda
configura la tecnología política que resulta correlativa respecto de aquella (Foucault, 2008).
La Polizeiwissenschaft del Cameralismo prusiano aparece como una de las primeras
recapitulaciones doctrinarias en las que se compendian los criterios administrativos modernos.
Esos desarrollos buscan ya no solamente de establecer y custodiar límites y fronteras sino
además fomentar y garantizar la circulación de las personas y de los bienes. En vistas de ese
doble objetivo, el control deberá extenderse a cada uno de los factores que pudieran afectar
las condiciones de la vida social. En ese sentido, la Teoría de la Policía se despliega como una
ciencia de los detalles.1
1 Foucault ordena sus referencias en torno al surgimiento de la Teoría de la Policía en un esquema de tres etapas que puede aplicarse a la aparición de todas las disciplinas tecnológicas modernas: «Para analizar con un poco más de precisión esta nueva técnica de gobierno, más vale aprehenderla, me parece, bajo las tres grandes formas que toda tecnología está en condiciones de adoptar en el transcurso de su desarrollo y su historia: un sueño o, mejor, una utopía; a continuación, una práctica en la que las reglas rigen verdaderas instituciones, y por último
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En el Cameralismo, la relación entre el soberano y los súbditos sigue reproduciendo el
modelo del vínculo paternalista, pero lo hace en un sentido diferente de aquel que revestían
las relaciones dentro de las estructuras feudales. El gobierno cameral (Regierung) mantiene la
potestad de definir en qué consiste el bienestar de la población conservando por ello el
derecho de intervenir en los asuntos de los ciudadanos. En todas las esferas de actividad
social, el gobernante sabe qué es lo mejor para sus súbditos y regula por medio de leyes y de
medidas administrativas lo que se debe hacer y lo que queda prohibido. Y si bien preservar la
vida de sus habitantes es el principal objetivo del Estado, no se trata del único. El soberano
debe, además, brindar a su pueblo el mayor bienestar y la mayor seguridad posibles –el
pueblo aparece aquí como una entidad que se define sólo en tanto objeto del cuidado
gubernamental–.
Los manuales de la Polizeiwissenschaft cameralista ubican a la optimización de los
recursos nacionales en un lugar prioritario. La necesidad de emprender la búsqueda de
riquezas hace del comercio una actividad fundamental que debe ser estudiada con todo
detenimiento y que debe mantenerse bajo estricto control estatal. Por eso resulta substancial
estimular el trabajo, crear escuelas y universidades, tomar medidas para preservar la salud del
pueblo, asistir a los pobres, promover la seguridad y preservar los recursos del país.
Asimismo, estos textos resaltan la necesidad de crear un cuerpo de funcionarios capacitados
para lidiar con los múltiples problemas que la ejecución de las intervenciones estatales
pudiera llegar a originar (Lindenfeld, 1997). Desde esta acepción, la Polizeiwissenschaft se
presenta como un compendio de conocimientos cuya contribución resulta fundamental para a
la consecución de los objetivos del Estado. Para cumplir con esa misión, la policía debe
aplicarse a desarrollar criterios que aseguren la eficaz disposición de los fondos públicos y su
prudente utilización en beneficio de las dinámicas sociales. En ese sentido, se destaca la
importancia de no confundir los principios y funciones de la Polizeiwissenschaft con las de la
Finanzwissenschaft (administración de las finanzas): la policía es el fundamento y la base de
la hacienda, pues su prerrogativa es determinar hasta qué punto puede aumentarse el
aprovechamiento de los recursos por parte del Estado sin ir en detrimento de los intereses de
los contribuyentes. La policía trabaja para conservar y aumentar las rentas estatales mientras
que la hacienda debe ocuparse de emplear esos resultados obtenidos del modo más ventajoso.
De allí que tanto el control de la recaudación como la planificación de la economía deban
sujetarse a las decisiones de la autoridad policial.
una disciplina académica» (Foucault, 2013: 248). Este esquema que va desde la formulación de una pretensión utópica a la instauración de ciertas prácticas institucionales, y de allí a la conformación de una disciplina académica que sistematiza los principios que se desprenden de la analítica de dichas prácticas, ayuda a configurar una aproximación genealógica al surgimiento de la administración moderna.
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La policía también debe atender a la administración de justicia pues resulta fundamental
mantener la quietud y tranquilidad en el interior del Estado, condiciones que suelen ser
frecuentemente perturbadas por las situaciones violentas originadas por desavenencias entre
las personas. Al mismo tiempo, la policía debe orientar los elementos constitutivos de la vida
de los individuos de tal modo que la fuerza del Estado pueda nutrirse de ellos. En ese sentido,
debe fomentar el desarrollo de los talentos de los diferentes miembros que componen la
sociedad, lo que en ciertos casos significará obligar a los súbditos a abocarse a ciertas tareas o
a adquirir ciertos conocimientos según se los requiera en empleos específicos (Justi, 1756).
Como el objetivo del Estado es mantener y aumentar los recursos disponibles pero también
hacer que prolifere la felicidad de las mayorías, la administración policial debe lograr una
organización institucional adecuada que permita mejorar las condiciones de vida de las clases
productoras manteniendo el orden establecido. Por eso, además de las tareas de planificación,
vigilancia y control, la policía debe desempeñarse como una suerte de pedagogía cívica capaz
de estimular el desarrollo de la industria y de inspirar el apego al trabajo y a la probidad, pues
aún las mejores leyes y los reglamentos más específicos pueden resultar insuficientes cuando
se difunden valores negativos como la pereza, la parsimonia o la distracción (Justi, 1756: §
59).
Pero este principio de utilidad que legitima las intervenciones policíacas sobre las
actividades económicas funciona al mismo tiempo como el límite de aquéllas. Los autores de
la Polizeiwissenschaft destacan que el Estado debe abstenerse de dirigir la economía toda vez
que dicha orientación pudiera no ser necesaria, es decir, toda vez que el desenvolvimiento
“natural” de las dinámicas económicas redundara por sí sólo en el beneficio del Estado. Sin
embargo, esta afirmación de orden teórico-general siempre queda subordinada a los
problemas práctico-concretos y de corto plazo que las acciones de gobierno deben enfrentar.
Con este tipo de señalamientos, dentro de la dinámica administrativa estipulada por la
Polizeiwissenschaft queda abierta la posibilidad de una forma particular de libertad
relacionada con las actividades comerciales que luego será retomada y profundizada por la
corriente de la Economía Política británica.
La Economía Política británica
Las reformas revolucionarias que tuvieron lugar entre los siglos XVII y XVIII vuelven
necesario el desarrollo correlativo de nuevos saberes que fueran capaces de readaptar los
elementos centrales de la Polizeiwissenschaft cameral a las características de la nueva
racionalidad productiva que por entonces comenzaba a perfilarse (Lluch, 1996).
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Las ideas del Cameralismo influyeron en las consideraciones en torno a la dimensión
estatal que comenzaban a desarrollarse en otras regiones de Europa. Las caracterizaciones del
sistema de jurisprudencia elaborado por la corriente de la Economía Política británica son una
importante muestra de ello (Lluch, 1998). Ya en textos tempranos de los autores identificados
con esa corriente, se estipula que el objetivo del estadista debe ser proveer al pueblo de
abundantes medios de subsistencia y suministrar al Estado suficientes rentas. Para conseguir
esto, el poder de policía desempeña una función fundamental: en tanto que debe garantizar la
baratura y la abundancia en pos del mayor bienestar y la mayor satisfacción de las
necesidades naturales de los humanos. La policía debe encargarse de organizar la división del
trabajo, fomentar la extensión del comercio y regular la circulación del dinero como medida
de valor y medio de intercambio. Asimismo, la policía debe atender a las diferencias que se
dan entre el precio natural y el precio de mercado. La regulación de estos factores permitirá el
despliegue de la civilización, la multiplicación de los productos y el acrecentamiento de la
opulencia. Además, a partir del fomento del comercio y los oficios, la policía funcionará
como una forma de prevención de delitos y crímenes, cumpliendo indirectamente una función
moral (Smith, 1896).
Sin embargo, la Economía Política advierte sobre un peligro que encierra el
sobredimensionamiento del control al comercio, especialmente en todo lo respectivo a los
intercambios entre diferentes naciones. El crecimiento desmedido de las estructuras
burocráticas suele deberse a las decisiones tomadas por los funcionarios estatales, quienes
muchas veces se abocan a obstaculizar el comercio para ocultar el hecho de que su rol podría
ser prescindible. Para evitar ese tipo de situaciones indeseables, se aboga en favor de
multiplicar tanto las formas de los intercambios como los sujetos encargados de llevarlos a
cabo, reduciendo de este modo la posibilidad de un exceso de control (Smith, 1896: 255).
Este tipo de consideraciones muestran cómo el pensamiento de la corriente de la Economía
Política comienza a diferenciarse de la tendencia del Cameralismo prusiano postulando a la
preservación y protección de la libertad de los intercambios económicos como la fuente
efectiva de la prosperidad del Commonwealth.
Con la publicación de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations en
1776, este distanciamiento se hace patente. En ese texto fundacional, Adam Smith denuncia a
la política europea por obstaculizar las posibilidades generales del progreso con sus medidas
negativas que algunas veces restringen la competencia entre algunas ocupaciones –
principalmente otorgando beneficios exclusivos a ciertas corporaciones y ciertos gremios– y
en otras oportunidades la estimulan más allá de lo que resulta natural –generando una
distorsión en lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas intrínsecas al desarrollo de 5
los diferentes empleos–. Asimismo, la política también es señalada como la responsable de la
proliferación de leyes que buscan regular los oficios, el domicilio, la atención a la pobreza,
etc., reglamentaciones que sólo consiguen restringir la libre circulación de los trabajadores
(Smith, 1776: 137).
Esta crítica a los sistemas administrativo-policiales de la Polizeiwissenschaft tiene una base
epistémica: resulta inviable la intención de controlar desde la centralidad de la administración
estatal cada detalle del universo social, de mantener bajo su control cada parte de una
totalidad que, como tal, tiene por principal característica la de ser incognoscible (Smith, 1976:
237).
La solución para los problemas que conllevan este tipo de abusos y descuidos será
establecer una forma de gobierno que permita dividir la autoridad entre varios miembros, que
a su vez estarán sujetos a leyes generales previamente conocidas tanto por los gobernantes
como por los gobernados. Sólo así se podrá asegurar las condiciones de la libertad
comprendida como el objetivo la sociedad civil. De este modo se perfila una nueva forma de
igualdad de la que el gobierno, comprendido ahora como un conjunto de instituciones
agregadas a la dinámica social, no estará exento. Como cualquier otro miembro de la
sociedad, el soberano deberá preocuparse por procurar su sustento y atender con cuidado al
modo en el que dispone de sus recursos.
Basándose en este tipo de valoraciones, Smith dedica el Libro V de The Weath of Nations a
detallar las funciones del Estado desde el análisis de los gastos que el cumplimiento de esas
funciones suele comportar. Desde ese criterio, la actividad estatal aparece confinada a tres
deberes puntuales: primero, el deber de proteger a la sociedad frente a la violencia y la
invasión de otras sociedades independientes; en segundo lugar, el deber de proteger, en la
medida de lo posible, cada miembro de la sociedad de la injusticia o la opresión de todos los
demás miembros de la misma, o la obligación de establecer una administración exacta de la
justicia; y, en tercer lugar, el deber de erigir y mantener ciertas obras públicas y ciertas
instituciones públicas (Smith, 1776: 560-561).2
Este tipo de consideraciones perfila una relación entre el Estado y sus habitantes que
resulta diferente respecto de aquella que caracterizara al Absolutismo cameralista: las
obligaciones estatales ya no pueden limitarse a defender la sociedad de los enemigos externos
y de los peligros internos. El Estado debe procurar además el aumento del bienestar general
de la sociedad. La Economía Política comprendida como una forma de conocimiento de la
que el gobierno no puede prescindir enseña que el deber estatal va más allá del
2 En su libro Free to chose, Milton Friedman recupera los pasajes en los que Adam Smith propone estas ideas adjudicándole gran relevancia y vigencia (Friedman, 1979: 28).
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establecimiento de la ley y de la vigilancia de su cumplimiento: el Estado debe proponerse
generar las condiciones para incrementar el bienestar general comprendido bajo la forma de la
riqueza.
La Polizewissenschaft afirmaba que el acrecentamiento de la potencia del Estado debía
considerarse el objetivo primero y último de toda actividad estatal, mientras que la provisión
de bienestar a la población aparecía como un objetivo secundario y subalterno cuya
justificación se relacionaba con la posibilidad de ampliar la base de la que se extraían las
fuerzas para dicho acrecentamiento. La Economía Política británica señala al bienestar
general como un fin en sí mismo y supedita la jurisprudencia estatal a ese objetivo. En última
instancia, el Estado no sólo no debe infringir la “libertad natural” sino que además debe
proponerse asegurarla, disponiendo de todos sus recursos a tal fin. De allí que el énfasis se
traslade desde la figura del Estado hacia la riqueza de las naciones. Ya no se trata solamente
de permitir que cada individuo pueda perseguir su interés particular. Será indispensable
además garantizar la presencia de los medios que resulten necesarios para que dicha búsqueda
pueda ser llevada a cabo (Smith, 1776: 560).
De este modo, el Estado pasa a existir en virtud de la sociedad, por y para ella. La
legitimidad del poder estatal estará dada por la eficacia con la que las instituciones
gubernamentales desempeñen sus funciones administrativas en vistas de garantizar el objetivo
último del progreso económico que se obtiene sobre la base de los intercambios mercantiles.
En ese sentido, la impronta del liberalismo no propone una abolición de la administración
estatal sino la reducción de esas funciones a un conjunto de instancias básicas (pero
indispensables) cuya atención no puede quedar a cargo del libre interés de los individuos.
En base a este tipo de consideraciones, el desarrollo de las instituciones administrativas
estatales en el marco del Imperio Británico acompañó las necesidades de las dinámicas
comerciales locales e internacionales, dejando relegado lo concerniente a la prestación de
servicios de salubridad y seguridad. En contraste, en Europa continental la herencia de la
Polizeiwissenschaft dio lugar a la aparición de la Ciencia de la Administración Pública.
La Administración Pública francesa
Tras la Revolución de 1789 y la reacción burguesa que tuvo lugar luego de la derrota de
Napoleón se gestó en Francia una nueva organización de la dimensión estatal que en varios
aspectos resultó más centralizada y centralizadora que aquella que caracterizara al Ancién
Régime. La definición restrictiva del poder de policía que apuntaba al mantenimiento del
orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad personal fue reemplazada hacia la
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segunda década del siglo XIX por otra perspectiva que le otorgó a la administración estatal
funciones muy diferentes.
Por oposición a la burocracia (bureaucratie) propia del Absolutismo que detentaba un
carácter prepotente y arbitrario, la Administración Pública destaca la necesidad imperiosa de
generar una nueva teoría capaz de desterrar aquellos vicios y peligros, una nueva forma de
saber que apunte a desarrollarse desde la neutralidad de la ciencia (Bonnin, 1812: XV).
Los primeros textos de esta corriente afirman que los criterios organizativos que no se
apoyen en las leyes naturales que hacen al vínculo social sólo podrán fracasar. Una Ciencia de
la Administración debe considerar “las bases de naturaleza universal que constituyen,
sustentan y conservan las relaciones sociales” (Bonnin, 1812: XV). Para no perderse en
divagaciones improductivas, el desarrollo de esta ciencia debe tomar como punto de partida el
principio primitivo del que derivan los principios secundarios que organizan la vida social.
Este principio es ubicado en las relaciones sociales nacidas del derecho natural, cimentando a
la administración en la sociabilidad humana (Bonnin, 1812: XVI).
Desde esta perspectiva, la Ciencia de la Administración no debe interesarse por los
individuos en tanto tales, sino por su lugar como parte de la sociedad; tal es así que en estos
textos el término “ciudadanos” (citoyens) comienza a ser reemplazado por el término
“administrados” (administrés). Como encargada de desentramar los complejos vínculos entre
Estado y sociedad heredados del proceso revolucionario, la Administración deberá apuntar a
un trabajo conceptual que permita pensar la imbricación entre las relaciones administrativas
civiles y las relaciones administrativas públicas de una manera diferente.
Las relaciones civiles son aquellas que establecen entre sí los miembros individuales de la
sociedad; se trata de las relaciones relativas al estado civil, los vínculos familiares, la
paternidad y maternidad, etc. Las relaciones civiles suponen al administrado en tanto
individuo, pero a la vez en tanto sujeto a la acción de la administración y al interés de la
sociedad. El administrado es observado de manera particular: desde la visión que la sociedad
puede tener sobre él, y no en el sentido inverso.
Por su parte, las relaciones públicas son aquellas que existen entre la administración estatal
y los administrados. Frente al Estado, el administrado aparece vinculado de una manera cada
vez más específica a medida que las relaciones administrativas aumentan en diversidad.
Desde este punto de vista, los individuos son comprendidos como contribuyentes de la
hacienda, conscriptos para el servicio militar, miembros de la guardia civil, jurados, etc.
Asimismo, las relaciones administrativas contribuyen también a definir ciertas obligaciones
de los administrados, de modo que éstos puedan participar en las reparticiones y también en lo
relativo a los reclamos, las recaudaciones y las concesiones municipales. Las relaciones 8
administrativas estatales unen a los administrados entre sí y también con el Estado. Su
objetivo primero es conservar física y moralmente a los hombres que forman la sociedad.
Para sentar las bases sobre las que construir este estudio sistemático de los aspectos
administrativos del Estado, la corriente de la Administración Pública francesa entiende que es
indispensable separar las relaciones jurídicas de las cuestiones exclusivamente normativas y
técnicas. Por eso advierte respecto de los peligros que conlleva el hecho de que el cuerpo
administrativo esté sometido a los mismos avatares electorales que los gobernantes. Para
evitar este tipo de riesgo resultará fundamental distinguir el gobierno de la administración
(Bonnin, 1812: 80).
Se postula así una nueva definición según la cual la administración es el gobierno
considerado en su acción parcial y detallada. Su objeto es la ejecución de las leyes del Estado
en las materias generales y comunes a todos. De allí que la administración debe diferenciarse
del gobierno: es una institución en sí misma y tiene sus propias atribuciones. También debe
diferenciarse de la justicia: mientras que una se encarga de juzgar, la otra se ocupa de actuar.
Sin una dinámica administrativa que sirva para dirigir los asuntos públicos, el gobierno
tendrá una existencia vana pues aún la mejor voluntad de gobernar resultará absolutamente
superflua si no alcanza a ser efectivamente ejercida Por lo tanto, el buen funcionamiento de la
sociedad dependerá fundamentalmente de la administración, ya que sus funciones no estarán
reducidas únicamente a la sanción de las malas conductas sino también a la prevención de los
errores que los hombres puedan cometer, lo que resultará aun más importante. Por eso, en pos
del establecimiento y custodia del orden social, los principios administrativos serán más
significativos que las leyes penales (Bonnin, 1812: 85).
Si la Polizeiwissenschaft cameralista se expresaba en las leyes y los reglamentos que
buscaban acrecentar la potencia del Estado, la Administración Pública busca corregir y
mejorar todo cuanto existe dentro de la vida social, dando una dirección más conveniente
tanto a los seres organizados como a la disposición y circulación de los bienes materiales.
Gobierno y administración aparecen así profundamente imbricados en cuanto a sus objetivos
y a las necesidades recíprocas en su funcionamiento. Pero al mismo tiempo, la administración
comienza a diferenciarse del gobierno, consolidando su carácter institucional y estableciendo
sus propias atribuciones. El gobierno sigue comprendiéndose como el pensamiento que dirige
y la administración como el brazo que ejecuta. Sin embargo, esto no quiere decir que la
administración no sepa qué hacer sin el mandato gubernamental, pues sus principios
ejecutivos son naturales y hacen al mantenimiento del lazo común de la sociedad. En
resumen, desde la perspectiva de la Administración Pública de la Francia post-napoleónica, el
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gobierno provee de unidad a las distintas administraciones locales, pero éstas no dependen
ontológicamente de aquel (Bonnin, 1812: 78).
Con la difusión de estos trabajos, la disciplina de la Administración Pública comienza a
aparecer en el pensamiento europeo continental como el centro de actividad de la vida estatal.
Lo que antes se estudiaba como una imagen de la organización y el funcionamiento
administrativo del Estado pasa a concebirse como una fuerza que lo anima y encamina hacia
su progreso. Así comienza a perfilarse un nuevo ideario dentro del cual la administración
alcanza a postularse como la forma de conocimiento adecuada de las relaciones sociales en
general (Bonnin, 1812: XIV).
Consideraciones parciales: hacia una gubernamentalidad administrativa
El conjunto de apreciaciones recuperadas en los apartados anteriores muestra que la
respuesta a las nuevas exigencias que plantea el problema del gobierno desde el advenimiento
de la modernidad reviste un carácter eminentemente administrativo. El nuevo vínculo social
que se configura en torno a la estatalidad moderna es estructurado y dinamizado –al menos,
en gran medida– sobre la base de los saberes y las tecnologías diseñadas por la naciente
disciplina de la administración.
Las referencias compendiadas en los apartados anteriores muestran que, en su origen
moderno, la administración surge del seno del proceso de reestructuración de los vínculos
sociales. Dentro del contexto de las mutaciones que marcaron los siglos XVI y XVII, esta
reestructuración se motoriza a partir de la necesidad de conocer cómo son “las cosas mismas”,
–los elementos que hacen a la sociedad pero que conciernen al Estado– para poder controlar y
regir su funcionamiento.
Esta perspectiva muestra cómo las tendencias del absolutismo monárquico se expresan en
la configuración de un nuevo vínculo gubernamental que reemplaza los lazos feudales: la
obligación del gobernante ya no es proteger a sus súbditos; antes bien, el objetivo del
gobierno pasa por encontrar nuevas formas de aprovechar la fuerza de los gobernados. La
Teoría de la Policía aparece como la tecnología correlativa con la forma que adopta ese nuevo
vínculo social.
Sin embargo, el principio de utilidad que legitima las intervenciones policíacas sobre las
actividades económicas funciona al mismo tiempo como el límite de aquéllas. La propia
Teoría de la Policía comienza a reconocer la posibilidad de dejar que las dinámicas
mercantiles funcionen sin una orientación en aquellos casos en los que el desenvolvimiento
“natural” de los intercambios alcance a redundar por sí solo en el beneficio del Estado.
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La consideración de este tipo de situaciones expresa una problemática que comienza a
suscitarse durante el siglo XVII. Se trata de la tensión que se establece entre la regulación y la
liberalización de los procesos mercantiles, entre la conservación del buen orden colectivo y
las posibilidades de realización individual. La Doctrina de la Razón de Estado y la tecnología
política de la Teoría de la Policía propias del Absolutismo buscan resolver esta tensión en un
sentido disciplinario, intentando expandir diametral y transversalmente los alcances del
gobierno, procurando que el singulatim permanezca subsumido por el omnes. Esta será la
pauta que el liberalismo británico del siglo XVIII buscará invertir desestimando la custodia y
la regulación de las actividades de los seres productivos y afirmando la necesidad de generar
las condiciones para que dichos seres vivan en el mayor bienestar y la mayor seguridad
posibles.
La corriente del pensamiento liberal no desconoce los aportes del cameralismo prusiano.
En sus elaboraciones, el liberalismo propondrá una serie de desarrollos que pueden
interpretarse como una reformulación de las teorías y tecnologías camerales. Tomando como
punto de partida el postulado según el cual se gobierna demasiado o bien suponiendo que, al
menos, es necesario cierto ejercicio de la crítica que se proponga indagar si se está
gobernando demasiado (Foucault, 2007: 248), el liberalismo buscará potenciar la fuerza de
trabajo de la población. Para ello se propondrá poner a dicha población a resguardo de la
planificación estatal centralizada afirmando las posibilidades de la “auto-organización” de la
esfera social y destacando la necesidad de liberalizar las decisiones individuales y la
competencia mercantil.
La consolidación del liberalismo logrará que las vidas productivas se vuelvan valorables ya
no en virtud de lo que el Estado pueda extraer de ellas, sino en virtud de su propia
potencialidad efectiva. Los individuos pasarán a ser considerados en tanto componentes de
una fuerza de trabajo capaz de producir mercancías y además en tanto agentes de intercambio
que actúan orientados por su interés individual. Pero la mera acumulación de vidas
productivas no resultará suficiente: también será necesario que esas vidas puedan florecer y
pasar del “simplemente vivir” al “más que vivir” en la persecución de ese interés. Esto
producirá que los elementos a gobernar ya no resulten transparentes a la mirada de quien
gobierna; antes bien, estos elementos revestirán un carácter incognoscible, lo que provocará
que el propio lugar de la soberanía sea puesto en cuestión: el soberano no puede gobernar
porque no sabe, y no sabe porque no puede saber (Foucault, 2007: 286).
El ejercicio de ese plus de libertad requerirá del despliegue de nuevas tecnologías de
gobierno y del desarrollo correlativo de un nuevo compendio de saberes capaces de abarcar
los procesos que afectan las dinámicas poblacionales. La Economía Política se constituirá en 11
ese nuevo saber que comprenderá a la población como fuerza de trabajo disponible –desde su
aspecto demográfico–, pero también como conjunto de productores y consumidores,
propietarios y no propietarios, empleados y empleadores.
Lo que el liberalismo busca modificar no son las funciones administrativas concretas, pues
aun cuando el discurso liberal parezca otorgarle sólo un lugar marginal, el Estado sigue
desempeñando una serie de acciones que hacen al funcionamiento social –la administración
de justicia, la construcción de caminos y el mantenimiento de aquellas instituciones básicas
por las que la actividad privada no llega a interesarse–. Antes bien, en lo que respecta a la
administración estatal, la novedad del liberalismo se expresa en una reformulación particular a
partir de la cual la función administrativa del Estado queda supeditada al funcionamiento
general de la producción social. En última instancia, lo que se invierte es la ecuación que
sustentaba las prerrogativas del poder soberano: en la concepción liberal, es la sociedad la
que, afirmando su condición de autónoma e independiente, cede sólo algunos de sus derechos
a un Estado que debe cuidarse de no parasitar las fuerzas productivas sociales: la Teoría de la
Policía no desaparece sino que se transforma en la disciplina de la Administración Pública.
Esta disciplina buscará desarrollar tecnologías capaces de superar las restricciones
reglamentaristas para fomentar que cada individuo, renunciando a la tutela estatal, se
convierta en responsable de su propio bienestar. En este sentido, a partir del surgimiento del
liberalismo, los sujetos administrados se convierten en sujetos administrativos: deben hacerse
cargo de gestar las condiciones de su propio destino. Supeditadas a esta nueva impronta, las
nuevas-viejas tecnologías administrativas deberán cumplir la función fundamental de
garantizar que el omnes nunca interfiera con el singulatim.
Las críticas neoliberales al modelo del Welfare: administrar con eficacia y eficiencia
Como se mencionó en la introducción, la reconstrucción parcial del carácter administrativo
que asume la gubernamentalidad moderna en el pasaje del Absolutismo monárquico a la
configuración de una estatalidad liberal bien puede funcionar como una forma de interpelar
nuestro presente.
En tanto reacción frente al poder del Soberano, el liberalismo del siglo XVIII busca
impugnar las prerrogativas monárquicas a partir de una serie de críticas que revisten un
carácter marcadamente administrativo.
Esta caracterización permite comenzar a trazar una suerte de paralelismo, pues críticas de
una naturaleza similar pueden encontrarse en la etapa primigenia del pensamiento neoliberal
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del siglo XX. Esas críticas apuntan a poner en cuestión el funcionamiento administrativo del
Welfare. En los párrafos siguientes se recuperan algunas de las más significativas.
Crítica a las protecciones sociales del Welfare: El neoliberalismo difunde sospechas
sobre cualquier tipo de protección e invita a los individuos a “hacerse cargo de su propio
destino”. Por oposición a las posturas que sostenían la necesidad de una estructura
administrativo-estatal capaz de lograr que los ciudadanos no tengan que preocuparse
constantemente por la toma de decisiones políticas, los neoliberales sugieren a la población no
confiar: siempre será mejor elegir en nombre propio que delegar esa elección en terceros.
Conformarse con las garantías de la seguridad social provistas por el Estado y consentir la
centralización de la planificación económica equivale a transitar “el camino hacia la
servidumbre” (Hayek, 1944), pues implica aceptar que la definición de las nociones que
orientan los objetivos sociales, como por ejemplo la de “bienestar general”, quede en manos
de grupos reducidos, los que seguramente decidirán según su propia conveniencia.
El discurso neoliberal de post-guerra destaca que nada –ni siquiera la seguridad social–
puede ser tan importante como para aceptar la reducción de los márgenes de libertad: cada
persona debe poder expresarse libremente, es decir, debe poder tomar sus decisiones sin tener
que someterse a ningún tipo de condicionamiento ni enfrentarse con ningún tipo de
impedimento. Sólo de esa manera la dinámica de los intercambios mercantiles –comprendida
como la forma más eficaz, más eficiente y más equitativa de asignar los recursos– alcanzará a
cumplir cabalmente su función social (Fridman, 1979).
Crítica a la planificación centralizada del Welfare: La crítica a la planificación central
de la economía se sustenta eminentemente en el doble criterio administrativo de la eficacia y
la eficiencia: la centralización de las decisiones sólo puede conducir al despilfarro, a la
subvaloración o a la sobrevaloración de ciertos productos, a la obstaculización de la dinámica
de los intercambios, en definitiva, al error y al perjuicio general. Esto se debe a que resulta
imposible contar con la totalidad de los datos involucrados en el funcionamiento de una
economía. La complejidad del funcionamiento de las sociedades modernas vuelve imposible
la planificación centralizada de la producción económica. La difusión de la lógica de la
empresa privada permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos colectivos y de las
capacidades individuales. Los neoliberales entienden que las intervenciones del Estado en la
economía son la causa de dos males sociales que resulta indispensable erradicar: el creciente
grado de ineficiencia económica y el cercenamiento de las posibilidades de libre elección
mercantil (Buchanan, 1975).13
A partir de este diagnóstico, el neoliberalismo aboga a favor de un gobierno
descentralizado en todo lo que respecta a su estructura administrativa y descentralizador en
todo lo que refiere a sus formas de intervención. El reemplazo de una lógica organizacional
centralizada por otra cada vez más descentralizada, tanto en la órbita estatal como en la
empresarial (Mises, 1944), muestra la primacía de los criterios técnicos por sobre las disputas
propias de la dimensión política de la vida social.
Crítica a la Democracia: los neoliberales equiparan a la democracia con un mero sistema
de elección de representantes. La creencia generalizada de que el procedimiento democrático
garantiza que el poder estatal no se ejerza arbitrariamente resulta para estos autores
absolutamente infundada. Un sistema en el que haya elección de los representantes por parte
de los representados pero que admita la planificación central de la economía puede terminar
funcionando como la peor de las autocracias. Por ello la democracia, en tanto poder de la
mayoría es caracterizada por el neoliberalismo como un obstáculo potencial para la marcha de
un sistema económico cuyo funcionamiento debería reivindicar su independencia respecto de
elementos externos (Hayek, 1944).
Desde la impronta neoliberal, el imperio de la ley es condición necesaria para el ejercicio
de la libertad individual. La ley debe ser igual para todos, es decir, no debe considerar las
situaciones particulares de los legislados. Pero el imperio de la ley no resulta suficiente si sus
formas de aplicación pueden ser manipuladas por las estructuras burocráticas. Por oposición a
esto último, la primacía del mercado habrá de garantizar la libertad individual mucho más
eficazmente que el proteccionismo estatal. En ese sentido, la dinámica mercantil constituirá
una forma de democracia más directa y más difundida que aquella articulada por las
instituciones estatales (Mises, 1944).
La impronta neoliberal: a todos y a cada uno
A diferencia de lo postulado por el liberalismo europeo del siglo XVIII, el neoliberalismo
de mediados del siglo XX afirma que la competencia mercantil no sólo debe liberalizarse sino
que además debe ser fomentada por las propias lógicas de funcionamiento estatal, tanto al
interior de las estructuras burocráticas como en lo que respecta a la interrelación entre el
Estado y la sociedad. Por eso la garantía de igualdad ante la ley debe estar acompañada por la
producción de nuevas formas de desigualdad económica. Eso obligará a los individuos a
redoblar sus esfuerzos y a producir más. Sólo cuando esas formas particulares de libertad e
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igualdad estén aseguradas, el mercado podrá funcionar como el más equitativo asignador de
recursos, distribuidor de resultados y garante de la justicia.
Considerando esta caracterización, el neoliberalismo ya no puede comprenderse
meramente como una ideología que propugna el desmantelamiento del Estado a favor de las
dinámicas del mercado. Antes bien, se vuelve necesario pensarlo como una construcción que,
más que anular el orden cristalizado en el modelo del Welfare, busca transformarlo y
reorientarlo sobre la base de una nueva racionalidad que organiza la relación entre los
gobernantes y los gobernados según el principio universal de la competencia y la
maximización del rendimiento.
A partir de la difusión de la forma empresa, se producen nuevas formas de indistinción
entre el Estado y la sociedad: la difusión de los criterios de eficacia y eficiencia alcanza
niveles inéditos. En este sentido, el neoliberalismo configura una racionalidad que se
despliega instalando criterios que a un mismo tiempo son colectivos e individuales. La
impronta neoliberal funciona como una tecnología política que produce una suerte de
novedosa indiferenciación entre ámbitos que antes resultaban diversos postulando la
necesidad de que la totalidad del entramado social sea atravesada por una única
discrecionalidad homogénea. Las dos líneas, la de la totalización y la de la individualización,
convergen en la conformación de la gubernamentalidad neoliberal.
Así, el neoliberalismo articula un conjunto de criterios según los cuales la responsabilidad
por el correcto funcionamiento del colectivo social recae en los individuos, en tanto que éstos
deben cumplir con el mandato de maximizar sus posibilidades (eficacia y eficiencia), para lo
cual deben reclamar las condiciones de “libertad” que esa operatoria requiere. De este modo,
la gubernamentalidad neoliberal detenta la capacidad de circular tanto en el nivel de las
individualidades subjetivas como en el nivel de las estructuras institucionales, y también en
entre ellos, desactivando la oposición que en otros momentos históricos contraponía lo
particularizante y lo totalizador. Ese parece ser, en definitiva, el rasgo saliente de esta
impronta que se manifiesta en una suerte de novedosa convergencia entre lo colectivo y lo
individual, y que muestra como uno de sus rasgos más significativos la capacidad de abarcar a
todos y a cada uno.
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