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“LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN MÉXICO” CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
DICIEMBRE 2010
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 2
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA PENAL .............................................................................. 3
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES ........................ 3
INDICADORES DE PRIMER NIVEL: DESEMPEÑO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL .................................................................... 10
INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL: RESULTADOS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL ........................................................................................................... 26
MAPA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO ......................................................................... 30
IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS POR ETAPA PROCESAL .................................... 32
INDICADORES POR OBJETIVO Y PRINCIPIO ......................................................................... 36
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA PENAL (PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL) ...................................................................................................... 111
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I. Introducción
La evaluación de las políticas públicas es una herramienta fundamental para mejorar la gestión gubernamental, pues a través de ella se puede juzgar el efecto e impacto de determinada política pública, al igual que verificar si están o no cumpliendo con los objetivos que las justifican.
Igualmente, los procesos de evaluación generan evidencia contrastable, objetiva y pertinente sobre el diseño, procesos y resultados, lo que fortalece la toma de decisiones informadas, oportunas y eficientes. Finalmente, la evaluación fortalece la rendición de cuentas e impulsa la gestión gubernamental basada en resultados.
En particular, la transición del sistema de justicia penal mexicano, de uno mixto a uno acusatorio - adversarial, significa un proceso complejo e integral de transformación de las instituciones encargadas de impartir y administrar la justicia en México. Es importante señalar que la correcta implementación de la reforma constitucional abarca e impacta ámbitos más amplios que los cambios legales, pues abandonar el sistema mixto que ha regulado el sistema penal mexicano durante años y adoptar uno acusatorio - adversarial significa cambios en los cuerpos legales que determinan los procesos penales de las entidades federativas y la federación, transformaciones en la normatividad que regula las instituciones que implementan el sistema de justicia y cambios en sus sistemas de organización y gestión internos, en los perfiles del recurso humano y hasta en su infraestructura física.
Además del contenido y objeto de la reforma, otra particularidad se refiere a la implementación de la misma, pues la reforma constitucional obliga al establecimiento de un sistema de justicia acusatorio - adversarial basado en principios generales con estricto apego al carácter soberano de las entidades federativas; para realizar esta transformación, la Constitución ha señalado como plazo límite para las entidades federativas y la federación el 18 de junio del 2016. Ante este panorama, las entidades federativas han abordado este cambio a partir de esquemas de gradualidad territorial o por delito, lo que obliga a evaluar de manera constante y progresiva.
La magnitud del cambio y la forma en que se está operando le confieren características particulares al sistema de indicadores de evaluación. Para ello, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, ha diseñado un sistema de evaluación que busca ser integral y transversal a todos los temas e instituciones intervinientes en una transición exitosa y en una operación óptima. Igualmente, se ha establecido un tercer nivel de indicadores para medir el impacto y percepción de la ciudadanía sobre el mismo.
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En este sentido, el presente documento pretende facilitar el establecimiento – en un primer avance- del marco conceptual de un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la reforma penal en México. El sistema sugiere distintos niveles de medición cuya consecución y optimización implica diferentes grados de complejidad. De igual manera, la operacionalización del mismo, depende no sólo de la situación de la información y de la estadística en cada institución en las entidades federativas y de la federación, sino del interés de las autoridades tengan en su implementación.
II. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA PENAL
El sistema de indicadores tiene por objetivo evaluar de manera integral el proceso de implementación de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, la operación del sistema penal acusatorio - adversarial en las 32 entidades federativas y en la federación, así como el impacto y la percepción de la ciudadanía a nivel nacional. Lo anterior se traduce en los siguientes objetivos específicos:
• Dar seguimiento continuo mediante la recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos que permita orientar la toma de decisiones de los responsables de la implementación de la reforma penal con información sobre las dimensiones del progreso en la consecución de los objetivos y la utilización de los fondos destinados.
• Determinar la relevancia y cumplimiento de la eficiencia de la implementación, su efectividad, impacto y sostenibilidad a nivel local y federal.
• Analizar las razones por los cuales no se logran los resultados esperados y aplicar medidas u ofrecer recomendaciones y asistencia.
III. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES
Para alcanzar los objetivos y cubrir la complejidad de la reforma y operación del sistema de justicia, se han desarrollado indicadores de seguimiento y evaluación en cuatro diferentes niveles con objetivos diferenciados y parámetros particulares a los mismos.
1. Primer nivel: Desempeño del proceso de implementación de la reforma penal
El propósito es verificar si durante el proceso de implementación se realizaron las actividades planeadas y los productos acordados utilizando adecuadamente sus recursos. Este aspecto incluye medir la efectividad (verificar que las actividades y
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productos se desarrollan y generan como se planeó) y eficiencia (analizar la forma en que se usaron los recursos).
2. Segundo nivel: Resultados del nuevo sistema procesal penal en operación
El propósito del segundo nivel de indicadores es medir los cambios que el nuevo sistema ha logrado inducir en los procedimientos de las diferentes instituciones locales y federales que intervienen en el proceso de impartición de justicia para verificar si se han logrado los objetivos y resultados esperados.
3. Tercer nivel: Impacto de la reforma penal
El objeto de medición de este nivel de indicadores son los factores reales de la reforma sobre la calidad de vida de la gente o su ambiente. Esta definición es estricta para diferenciar entre los resultados esperados de la reforma en las organizaciones y el fin último de la misma, es decir, mejorar la calidad de vida de la población.
4. Cuarto nivel: Resultados de la operación e interrelación de cada actor procesal
De acuerdo al segundo nivel de indicadores y en el marco de los objetivos del nuevo sistema acusatorio penal identificados, se medirán los resultados logrados en la actuación de cada uno de los actores procesales del sistema y la percepción de los usuarios en el uso de los servicios que se ofrecen en todas las etapas del nuevo proceso.
El presente avance se centra en el desarrollo de los primeros dos niveles del sistema de indicadores, es decir, en la medición del desempeño del proceso de implementación de la reforma y en los resultados del nuevo sistema procesal penal en operación. Asimismo, es importante aclarar que las definiciones que se presentan de los indicadores, se consideran como el marco conceptual – teórico de los mismos, esperando poder continuar su construcción mediante la prueba, validación y operación de los indicadores, en el seguimiento y evaluación de los procesos que se están desarrollando en las entidades federativas y en la federación.
En este contexto, se trabajaron diferentes herramientas metodológicas de acuerdo al nivel de medición que se estableció, en el primer nivel de indicadores más orientados a medir el desempeño del proceso de implementación de la reforma, se desarrolló mediante el enfoque de marco lógico, y herramientas de planeación y gestión de proyectos orientadas a objetivos; y en el segundo nivel de indicadores, se identificaron los objetivos de la reforma constitucional y principios del nuevo sistema de justicia, asociando estos objetivos y principios a las macro fases del proceso penal. En las fases se establecieron las entradas y salidas y a estas las variables que relacionadas se derivaron en los indicadores para medir los resultados.
Por otro lado, se llevó a cabo una revisión de experiencias tanto internacional como nacional, que sirvieron de referentes en el momento del diseño de los niveles de
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indicadores. Esto significa que la mayoría de los indicadores a proponer se basaron en experiencias que los han desarrollado, validado y probado en realidades concretas. Entre los principales documentos revisados se encuentran:
1. Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia y Unión Europea, 2009.
El objetivo del documento es evaluar la impunidad en el sistema penal colombiano a través de una metodología en la que se concibe a la impunidad, no como un problema en sí misma, sino como un síntoma de conflictividad social ante el cual el Estado no puede responder de forma eficiente. Y que el objetivo de estudio es un fenómeno que se desprende del funcionamiento penal, la metodología que se utiliza es de tipo procesal, en contraste con el método tradicional en el que se contrasta el número de casos sentenciados frente al número de casos conocidos.
Para cumplir con el objetivo de la evaluación se realiza una caracterización panorámica del sistema de justicia penal en Colombia a través de un análisis del marco normativo, del procedimiento penal y de las instituciones que intervienen en el sistema.
En particular, la valoración de la gestión del sistema oral penal acusatorio se realiza de forma cuantitativa a través del análisis de la demanda de justicia, el perfil delictivo (bienes jurídicos trasgredidos y perfil socio demográfico de la víctima e imputado), la oferta de justicia (seguimiento de las noticias criminales a través de todas las etapas y tiempos de la ruta de actuaciones del sistema penal) y las decisiones procesales para cada forma de entrada de noticia criminal.
Por otra parte, se analiza la eficiencia del sistema, es decir la capacidad de administrar justicia para todos los responsables de infringir los bienes jurídicos protegidos en el Código Penal. Lo anterior se hace a través de un análisis de los delitos, según su entrada, durante toda la ruta de actuaciones procesales y de las decisiones judiciales y no judiciales.
Entre otras particularidades de los indicadores desarrollados se encuentran:
a) Tiempos procesales entre la noticia criminal y la fecha de sentencia o conciliación
b) Tiempos para el transcurso de cada etapa y actuación según delito y tipo de entrada
c) Carga de trabajo en las diversas instituciones
d) Tendencias de resolución y tiempos entre la justicia ordinaria y los resultado de justicia alternativa o restaurativa
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e) Medición de la impunidad en el sistema oral acusatorio para los casos terminados y para los casos aún no concluidos
f) Gasto público en el sector justica en comparación ene le tiempo y según su destino
g) Proporción de personas cumpliendo sentencias privativas de la libertad
2. Measuring Progress toward Safety and Justice: A global guide to the design of performance indicators across the justice sector, Vera Institute of Justice, 2003
Este documento es una guía que describe el proceso de creación de indicadores de seguridad y justicia a través de tres niveles:
a) Estratégicos: es el objetivo más alto respecto al que diferentes instituciones y políticas se dirigen
b) Objetivos institucionales: usados para medir el objetivo específico de cada institución o política respecto a los objetivos estratégicos
c) Actividades: medir el progreso o avance en los alcances de políticas específicas
Para desarrollar los indicadores de seguridad y justicia se tomaron las siguientes ocho categorías:
a) Acceso a la justicia: Definido como un espacio amplio y equitativo para resolver conflictos en el que no sólo se contemplan aspectos formales, sino funcionales y de calidad. Dentro de esta categoría se realizan indicadores específicos para medir la utilización de la prisión preventiva, los servicios para difundir información sobre derechos para víctimas e imputados, medidas para disminuir la discriminación y el sesgo entre los usuarios del sistema e indicadores para medir la percepción de corrupción en el sistema.
a) Efectividad policial: No se refiere únicamente a los cambios en las tasas de criminalidad, sino a un concepto más amplio para evaluar el éxito de la estrategia criminal en cuanto a mejorar la confianza en la policía y elevar la respuesta institucional hacia las víctimas en respeto a los derechos humanos y los procedimientos institucionales. Los indicadores que se desarrollan miden el aumento en la confianza de la población y la respuesta que se da a las víctimas según su perfil socioeconómico.
b) Supervisión de la impartición de justicia y la ayuda legal: La ayuda legal y la impartición de justicia se entiende como un concepto amplio y alejado de las tasas de sentenciados o judicializaciones, sino de la calidad y proporcionalidad de las penas. En esta categoría se desarrollan indicadores específicos para medir la eficiencia de la fase pericial, la cantidad y calidad de
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los servicios para la víctima, plazos para solucionar los casos por nivel de ingreso de la víctima y tipos de salida por nivel de ingreso de las partes.
c) Ayuda Legal: No sólo se miden el número de defensores y la calidad del servicio de defensa, sino la calidad de la representación, la satisfacción de los servicios prestados y las salidas alcanzadas por los defensores públicos y privados, ya sea en forma de sentencia o no.
d) Desempeño judicial: Los indicadores de esta categoría van más allá de cantidad, velocidad y tipo de actuaciones judiciales, pues se mide también el cambio en la proporción de denuncias de de personas que no lo habían hecho antes y la prontitud de la respuesta institucional.
e) Mecanismo de sanción privativos de la libertad: Se mide la capacidad del sistema para utilizar sentencias diversas que tutelen la justicia sin privar de la libertad en la mayoría de los crímenes posibles, intentando que todos quienes califiquen a estas salidas sean beneficiados sin importar su nivel de ingreso y que a la vez se genere satisfacción en la víctima y legitimidad ante la sociedad.
f) Indicadores de prisión: Se mide su utilización de forma preventiva y cuando el imputado es un riesgo para la comunidad. Se hace mayor énfasis sobre la sobrepoblación y las condiciones de vida en la prisión y el acceso a la justicia por parte de los presos.
g) Mecanismos de rendición de cuentas: El objetivo es medir que tanto responden los medios de acceso a la información a la obligación democrática de rendir cuentas y la capacidad que hay dentro del sistema para generar confianza en las instituciones por medio del combate a las malas prácticas de parte de los servidores públicos.
3. Observatorio Ciudadano del Sistema Penal Acusatorio, CEJOSPA, Colombia, 2006
Esta evaluación busca medir el avance en cuanto al cumplimiento de las expectativas institucionales y ciudadanas hacia el nuevo sistema, la dinámica de comportamiento del sistema ante diferentes escenarios a través de la interacción de variables, la identificación de buenas prácticas para su réplica y la comparación internacional sobre los costos del sistema penal acusatorio y su relación con los beneficios producidos.
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Para cumplir con los alcances de la evaluación se plantean ocho objetivos principales:
a) Hacer más garantista el sistema penal: El sistema debe respetar los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal mediante la consagración de un proceso de partes de corte adversarial, en el que la libertad personal tenga las mínimas restricciones posibles y tanto la víctima como el imputado cuenten con asistencia legal de calidad durante todo el proceso. Para ello se desarrollaron indicadores para definir la diferenciación de roles, el funcionamiento de la defensa, el control legal en casos de restricción de derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional de la defensoría y de la fiscalía (carga de trabajo, cobertura territorial, audiencias atendidas en promedio al año, personal y presupuesto). Cabe destacar que la mayoría de estas variables se evalúan por medio de la observación de audiencias, lo que impone un reto y características particulares al sistema de indicadores.
b) Hacer más eficiente el sistema penal: Este objetivo busca medir la capacidad operativa del estado para dar respuesta a la criminalidad a través de la racionalización de la justicia. Los indicadores se desarrollan a través de la selectividad de casos, la efectividad en el cumplimiento de las medidas de seguridad y los acuerdos y la celeridad procesal.
c) Perseguir y sancionar la criminalidad grave según la política criminal vigente: Los indicadores se desarrollan para medir la capacidad investigativa de la Fiscalía para responder de mejor manera ante los delitos que más le cuestan a la sociedad y que exigen una respuesta decidida y ejemplar de su parte. Los indicadores analizan las proporciones de acuerdos y sentencias según los delitos, la duración de las penas y la forma de entrada al sistema.
d) Mejorar la calidad de las decisiones en materia penal: Se verifica la capacidad de la oralidad para hacer más ágil el proceso y garantizar la inmediación de las pruebas y su contradicción en el juicio para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. En este objetivo se desarrollan indicadores particulares para medir el desarrollo de las audiencias y los resultados en segunda instancia.
e) Implementar el programa de justicia restaurativa: Este objetivo evalúa el marco de protección a las víctimas a través de la agilización de los tiempos del proceso penal y la capacidad de reparar efectivamente el daño.
f) Garantizar la idónea atención de víctimas: Este objetivo desarrolla indicadores a partir de la idea de que en la medida que la víctima adopta un papel especial dentro del sistema, se espera que ésta pueda acceder a información clara y entendible sobre el proceso penal, sobre el sistema y sobre sus derechos, logrando así una solución más satisfactoria.
g) Lograr mayor confianza pública en las instituciones penales: Este objetivo busca medir que tanto se logra una justicia ágil, rápida (más eficaz y económica) y por tanto con mayor aceptación en una sociedad.
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4. Informe preliminar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia sobre el proyecto Indicadores para la Reforma Procesal Penal, División de Estudios Jurídicos-CIDE, 2009
En este documento se conceptualizan los indicadores a partir de la diferenciación entre los objetivos de política y los principios y derechos que rigen la operación del sistema penal. Pues, se asume que los objetivos no se satisfacen con una serie de medidas sino que su cumplimiento es el resultado de diversas acciones a lo largo del tiempo y que implican la participación de diversas instituciones y actores. Para evaluar el sistema de justicia penal se marcan diez objetivos principales:
a) La reducción del índice de impunidad
b) Acelerar la tramitación de los asuntos penales
c) Generar mayor certeza jurídica en su resolución
d) Asegurar que el sistema genera salidas justas y equitativas
e) Recuperar la confianza ciudadana en las autoridades que operan el sistema
f) Confianza publica
g) Calidad en el servicio
h) Respeto a los derechos humanos
i) Racionalizar el uso de pena
j) Certeza en los procesos
Para cubrir la evaluación de esos objetivos se desarrollaron siete objetivos estratégicos con un número diverso de indicadores:
a) Objetivo estratégico 1. Mejorar el acceso a la justicia Los indicadores de este objetivo estratégico miden la capacidad institucional del sistema de justicia, la carga de trabajo de los operadores del sistema, las demandas de justicia insatisfecha a través de la medición de posibles delitos susceptibles a ser conocidos que no ingresan al sistema y la percepción de la población sobre el funcionamiento del sistema.
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b) Objetivo estratégico 2. Reducir la impunidad Los indicadores de este objetivo verifican que se desplace al detenido como medio de investigación a través de la medición de la distribución de la forma en la que ingresan al sistema penal las denuncias y la conclusión de las mismas. Igualmente, se verifica la ejecución de medios de investigación que requieren control judicial y la capacidad de resolución de delitos de alto impacto.
c) Objetivo estratégico 3. Respetar las garantías de víctimas e indiciados Se mide en este rubro el respeto durante todo el proceso penal y en todas las instituciones del respeto a las garantías de víctimas y procesados a través de puntos clave como el respeto a la integridad física del detenido, el acceso a una defensa adecuada y el cumplimiento de la contradicción. También se mide la celeridad y la satisfacción de las víctimas.
d) Objetivo estratégico 4. Racionalizar el uso de las penas. Se mide la racionalización de las medias privativas de libertad, la eficacia de las medidas cautelares en libertad y la distribución de sanciones privativas de libertad.
e) Objetivo estratégico 5. Generar certeza en los procesos A través de los indicadores de este objetivo estratégico se verifica el nivel de revocación de los procesos penales llevados en primera instancia y los resultados generados por las diversas medidas judiciales tomadas.
f) Objetivo estratégico 6. Incrementar la eficiencia en el empleo de los recursos del sistema Se mide el tiempo de tramitación de las causas, la redundancia en la capacidad de procesamiento del sistema y el grado de cumplimiento de los plazos procesales para garantizar procesos jurisdiccionales eficientes.
g) Objetivo estratégico 7. Recuperar la confianza pública en las autoridades encargadas de la operación del sistema Mide si el sistema de justicia penal reúne las condiciones necesarias para que los delitos justiciables sean castigados en el mismo y que las víctimas sean atendidas en forma pronta y respetuosa. Se desarrollan indicadores específicos para medir la confianza pública en las instituciones, las denuncias de corrupción presentadas en contra de funcionarios del sistema y el número de quejas en contra de servidores de la Procuraduría, del Supremo Tribunal, de la Defensoría y de los encargados de la ejecución de sanciones.
IV. Indicadores de Primer Nivel: Desempeño del proceso de implementación de la reforma penal
Para verificar si durante el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal en las entidades federativas y la federación se han realizado las actividades planeadas y los productos acordados utilizando adecuadamente sus recursos, se identificaron los objetivos, metas e indicadores para medir el desempeño de la implementación, y para ello, se utilizó la metodología de marco lógico, determinando el fin, propósito, componentes y actividades del proceso de implementación para el período 2010-2016.
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Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Variables
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Medios de Verificación Supuestos
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
En este sentido, basados en los documentos COCO/02/IV/10 acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por el cual se aprueba la propuesta “Estrategia de Implementación de la Reforma Constitucional en las Entidades Federativas”; y COCO/04/III/10 acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mediante el cual se aprueban el “Programa y Líneas Generales de Trabajo de la Secretaría Técnica 2010”, se definieron siete componentes de evaluación para las diferentes instituciones involucradas en el proceso de reforma. Los componentes y los objetivos de medición de los indicadores desarrollados a partir de ellos son los siguientes:
1. Componente político-estratégico: Si se establecen efectivos mecanismos políticos (acuerdos y convenios) y órganos de implementación, coordinación, colaboración, planeación, seguimiento y evaluación del proceso de implementación en las entidades federativas.
2. Componente normativo legal: Si se realizan los cambios normativos legales en los ámbitos federal y local, en el marco de la reforma constitucional aprobada.
3. Componente organización y gestión: Si se fortalecen las capacidades técnicas, de organización, de gestión, de recursos humanos en las instituciones del sistema de justicia penal en las entidades federativas.
4. Componente infraestructura y equipamiento: Si se modifican y amplían los espacios físicos adaptados a los principios, gestión y organización, del nuevo proceso acusatorio en las instituciones del sistema de justicia penal a nivel de las entidades federativas.
5. Componente tecnología de la información: Si se introducen plataformas tecnológicas y de comunicación, así como sistemas automatizados de gestión integrales y efectivos en las instituciones del sistema de justicia penal a nivel de las entidades federativas.
6. Componente difusión, transparencia y participación ciudadana: Si se aumenta el conocimiento de la población sobre los avances del proceso de implementación y funcionamiento del nuevo sistema acusatorio penal a nivel nacional y en las entidades federativas.
7. Componente servicio de Carrera y Capacitación: Si se desarrollan las capacidades, conocimientos y habilidades de los magistrados, jueces, fiscales, defensores, policías y personal de apoyo administrativos de acuerdo a las necesidades de capacitación, perfiles y servicio de carrera.
A partir de los objetivos específicos para cada componente, se desarrollaron los siguientes indicadores que se deben medir:
A partir de los objetivos específicos para cada componente, se desarrollaron los siguientes indicadores que se deben medir:
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A partir de los objetivos específicos para cada componente, se desarrollaron los
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Los indicadores están diseñados para aplicarse en las distintas instituciones operadoras del proceso de reforma y dado a que la configuración de los procesos de implementación son heterogéneos no se pueden definir preguntas particulares. Sin embargo, se identifican en los tres niveles de gobierno, específicamente en las entidades federativas, las siguientes instituciones:
1. Poder Ejecutivo
a) Secretaría de Finanzas
b) Procuraduría General de Justicia
c) Secretaría de Seguridad Pública
d) Secretaría de Obras Públicas, en su caso
2. Poder Judicial
a) Tribunal Superior de Justicia
b) Juzgados
3. Poder Legislativo
4. Defensoría Pública
5. Organismo Implementador
A continuación se presenta una tabla con los indicadores de primer nivel, por cada componente definido, en donde se define el indicador, el indicador conceptual, pregunta asociada, respuesta posible, institución con la información, temporalidad y respaldos de la información.
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Sistema de indicadores para la Reforma de Justicia Penal
Nivel 1: Implementación del proceso de reforma penal
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V. INDICADORES DE SEGUNDO NIVEL: RESULTADOS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
Los resultados son una medida de los cambios que el nuevo sistema penal ha logrado inducir en los procedimientos de las diferentes instituciones locales y federales que intervienen consistentes con los objetivos y los resultados esperados. Para ello, se identificaron los objetivos de la reforma, entradas y salidas, e indicadores en cada uno de las macro fases del proceso penal acusatorio.
Los objetivos de la reforma constitucional aprobada del 18 de junio de 2008 identificados son:
1. Acceso a la justicia: Se entiende por acceso a la justicia la capacidad física y humana del sistema de justicia para que las personas puedan acudir a las instituciones a denunciar los delitos cometidos. Con este objetivo se medirá de forma específica la cobertura en cuanto a infraestructura y personal de cada institución, así como las características principales de los delitos que ingresan al sistema y las particularidades de los usuarios de los servicios del sistema penal, es decir, la víctima y el imputado. Finalmente, se mide el cambio en el número de delitos que ingresan al sistema a través del tiempo.
2. Justicia eficiente, pronta y expedita: El sistema de justicia penal debe dar respuesta pronta, eficiente y sin dilaciones injustificadas a las denuncias que se le presenten y que sean justiciables. Para ello, se mide la capacidad de las instituciones para atender con prontitud las diligencias de los asuntos penales. Con ese objetivo, se desarrollan indicadores específicos que caracterizan la carga de trabajo y la productividad de los operadores, así como el tiempo y costo de las acciones que dan trámite a los ingresos del sistema.
3. Calidad jurídica del proceso: La calidad jurídica del proceso penal se entiende como la adecuación a los parámetros legales y objetivos que brindan decisiones jurídicas de calidad. Para medir este objetivo se diseñaron indicadores que dan cuenta de la inconformidad con las resoluciones en primera instancia, la cantidad de inconformidades que el poder judicial admite para revisión en una instancia superior y finalmente el fallo que se otorga a cada una, siendo la revocación y modificación, el indicio de un proceso deficiente en primera instancia y la confirmación el caso contrario.
4. Certeza jurídica y garantía de procedimientos apegados al debido proceso: El sistema de justicia penal debe asegurar que todas las personas involucradas en un proceso penal tengan un trato basado en la objetividad, imparcialidad, certidumbre y legalidad, siempre garantizando que las decisiones judiciales se funden en el principio de presunción de inocencia. Para ello se verifica la utilización de las diversas medidas cautelares, para comprobar que exista un verdadero análisis sobre la disyuntiva entre asegurar el desarrollo del procedimiento; y vulnerar la libertad de un imputado del que se presume la no culpabilidad hasta no tener una sentencia.
Página 27
5. Respeto a las garantías individuales: El sistema de justicia debe garantizar que los derechos y las garantías de las víctimas y de los indiciados se respeten durante todo el procedimiento, para ello se verifica a través de indicadores el acceso a una defensa de calidad que garantice y vele por los derechos del imputado, así como la capacidad de la víctima para exigir la reparación del daño y que se le garantice su seguridad.
6. Justicia alternativa: Son los diversos procedimientos de mediación, negociación y conciliación que permiten la resolución de conflictos que hayan lesionado bienes jurídicamente tutelados sin lesionar el orden público.
7. Justicia restaurativa: La justicia restaurativa tiene como objetivo principal reparar el daño causado a la víctima de un delito ofreciendo beneficios al imputado que acuerde satisfacer los requerimientos que se convengan. Para ello se mide la intensidad en la utilización de los mismos y el porcentaje de cumplimiento.
8. Transparencia en el proceso: En el proceso de impartición y administración de justicia debe ser público y transparente en todas sus etapas e instituciones. Este principio asegura el libre acceso a información de calidad de los ciudadanos en general y de los usuarios de sistema de justicia.
9. Reducir la impunidad: El objetivo del sistema penal es que la menor cantidad de delitos cometidos o conocidos por las instituciones queden pendientes o sin resolver. Para ellos se verifica la cantidad de delitos que prescriben por falta de capacidad institucional para generar una investigación que genere una sentencia o impulsar una salida alterna en su caso. Los indicadores desarrollados para verificar el cumplimiento de este principio toman en cuenta las prescripciones en procesos terminados y la probabilidad de que prescriban ante el vencimiento del término legal.
Por otro lado, los principios del sistema acusatorio penal son:
1. Oralidad: La oralidad es la metodología del sistema adversarial que asegura el debate de las partes y la contradicción generen información de calidad y confiable para la toma de decisiones.
2. Publicidad: El proceso penal debe ser de carácter público y estar sometido al escrutinio público en todas las etapas del proceso para generar certidumbre sobre el funcionamiento del sistema y las resoluciones tomadas.
3. Contradicción: Este principio supone que las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y probatorios de la contraparte, para lo que pueden usar las pruebas que consideren pertinentes, así como la comparecencia de testigos y peritos.
4. Continuidad: y concentración: La continuidad y concentración significa que las audiencias y el proceso no se interrumpirán, salvo en casos excepcionales, para
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permitir la eficiente presentación, recepción y desahogo de pruebas, así como todos los otros actos procesales.
5. Justicia pronta: Este principio asegura que la administración de justicia se dé con la mayor celeridad posible entre todas sus partes y actuaciones, para brindar una solución pronta a los conflictos denunciados, así como para esclarecer la culpabilidad o no del imputado.
6. Igualdad procesal entre las partes: La igualdad procesal entre las partes supone que cuentan con herramientas y capacidades procesales similares los imputados y las víctimas para esclarecer el cometimiento o no de un hecho delictivo en etapas previas al juicio o durante las audiencias del mismo.
7. Licitud probatoria: Implica que los medios de prueba sólo tendrán validez si han sido obtenidos por medios lícitos y esto es validado durante el desahogo de las pruebas ante un juez que controle estas características.
8. Imparcialidad: Se asume que dado a que las funciones de investigación, acusación, preparación del juicio y enjuiciamiento quedan a cargo de actores distintos durante todo el procedimiento, las resoluciones y sentencias no deben presentar ningún sesgo hacia el imputado, víctima o delito cometido.
Basados en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 y en el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para Entidades de la Federación, elaborada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) en el año 2008, se definieron las macro fases del proceso penal acusatorio en: (1) etapa de investigación; (2) etapa intermedia o de preparación del juicio; (3) etapa de juicio oral; (4) etapa de medios de impugnación; y (5) etapa de ejecución de sanciones.
1. Etapa de investigación:
La etapa de investigación constituye uno de los cambios más radicales del nuevo sistema, pues sustituye la averiguación previa y elimina la fe pública del Ministerio Público. En un primer momento, los policías o fiscales reciben las denuncias o querellas directamente de la ciudadanía y deben documentar el caso de investigación, sin que esto signifique que se deban realizar la serie de formalismos que implicaba la averiguación previa del sistema tradicional. En un segundo momento, cuando, se tienen fundamentos para presumir que se ha cometido un delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se da paso a la audiencia de vinculación a proceso. Esta etapa termina con el cierre de investigación, que se debe cumplir dentro del plazo establecido por el juez de control.
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2. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral: Inicia dentro de los diez días siguientes al cierre de investigación con la presentación del MP del escrito de formalización de acusación. La formalización contiene datos sobre los hechos, la calificación jurídica del delito y la forma de intervención que se le atribuye al acusado en el evento, de esta forma el MP se compromete hace público y lo que desea comprobar en el juicio. Una vez realizado el escrito de acusación se notifica para la audiencia de preparación de juicio oral o “audiencia intermedia”. Dentro de esta etapa se resuelven cuestiones procesales y se conocen las pruebas que serán admitidas en el juicio por ambas partes, el debate en esta etapa se limita a considerar la acusación y no la responsabilidad.
3. Etapa de juicio oral: Esta etapa se compone por las audiencias de juicio oral, en la que debe privar el debate regido por la inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad. En estas audiencias se presentan y debaten pruebas por parte de ambas partes y se interrogan y contrainterrogan testigos frente al juez. Una vez desarrollados los alegatos y presentadas las pruebas se da paso a los alegatos finales. Esta etapa, previa deliberación de los jueces, termina con la sentencia.
4. Etapa de medios de impugnación: En esta etapa se valora y revisa la postura del juez de primera instancia. Se pueden presentar recursos de apelación y revocación para las decisiones de las etapas de investigación, intermedia o de preparación del juicio oral. Las sentencias se pueden impugnar mediante los recursos de casación y revisión.
5. Etapa de ejecución de sentencia: Durante esta etapa, el poder judicial, a través del juez de ejecución, vigila que el cumplimiento de las penas privativas de la libertad se haga con absoluto respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.
A continuación se presenta un mapa del proceso penal y las entradas y salidas de cada etapa procesal:
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2. Identificación de entradas y salidas por etapa procesal
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revi
ado/
núm
ero
de ju
eces
de
cont
rol
Página 55
*Núm
ero
de
sobr
esei
mie
ntos
en
et
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juic
io/n
úmer
o de
juec
es o
rale
s
*Núm
ero
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ncia
s/nú
mer
o de
juec
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rale
s
*Núm
ero
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tad
cond
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Página 56
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Just
icia
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El
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ción
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Página 57
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Just
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por
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ient
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n el
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ione
s pe
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iale
s pe
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de
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ero
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rueb
as
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iale
s in
gres
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n cu
rso)
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ero
de
prue
bas
conc
luid
as e
n el
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]/(nú
mer
o de
pru
ebas
pe
ricia
les
de
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an
terio
res+
núm
ero
de
prue
bas
peric
iale
s in
icia
das
en e
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es
de
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terio
res+
núm
ero
de
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stic
ia
alte
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iva
del
año
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o de
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os
a ju
stic
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dido
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conc
luid
os e
n el
año
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núm
ero
de c
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ados
a
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icia
al
tern
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a pe
ndie
ntes
de
añ
os
ante
riore
s+nú
mer
o de
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sos
cana
lizad
os
a ju
stic
ia
alte
rnat
iva
del a
ño e
n cu
rso)
*Pod
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Judi
cial
: [(
núm
ero
de
caso
s pe
ndie
ntes
de
añ
os a
nter
iore
s+nú
mer
o de
cas
os i
ngre
sado
s en
el
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en
curs
o)-n
úmer
o de
ca
sos
aten
dido
s y
conc
luid
os e
n el
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)]-(
núm
ero
de c
asos
pen
dien
tes
de
años
an
terio
res+
núm
ero
de
caso
s de
l añ
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cu
rso)
Página 58
Tasa
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Página 59
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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gnac
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anua
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de
Med
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o de
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Página 60
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Just
icia
pr
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y
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dita
Tiempo
medio
de
tramitación de causas
Est
e in
dica
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ón a
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tir
de la
judi
cial
izac
ión
de la
cau
sa.
De
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se
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cara
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o de
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ituci
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part
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es
judi
cial
izad
a ha
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que
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a se
nten
cia
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suel
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Página 61
Objetivo: Calidad jurídica del proceso
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cal
idad
y
cont
rol
judi
cial
Tasa de recursabilidad
La t
asa
de r
ecur
sabi
lidad
mid
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nuev
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cal
idad
del
pro
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.
Se
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e un
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tas
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rec
ursa
bilid
ad i
mpl
ica
may
or
inco
nfor
mid
ad,
sin
que
esto
ne
cesa
riam
ente
si
gnifi
que
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inis
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cal
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os re
suel
tos
en p
rimer
a in
stan
cia
en e
l a�o
i
Página 62
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cal
idad
y
cont
rol
judi
cial
Tasa de admisibilidad
La
tasa
de
ad
mis
ibili
dad
mid
e la
pr
opor
ción
de
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satis
facc
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era
inst
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l Pod
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caus
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terp
uest
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n se
gund
a in
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cia
Tasa
de
adm
isib
ilida
d
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mis
ibili
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Y�
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inte
rpue
stos
en
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anci
a en
el a
�o i
Página 63
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cal
idad
y
cont
rol
judi
cial
Resultado de
recursos
interpuestos en segunda
instancia
La
prop
orci
ón
de
reso
luci
ones
m
odifi
cato
rias
o re
voca
toria
s en
se
gund
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lo
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s en
pr
imer
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ficie
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y
opor
tuna
s pa
ra e
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ano
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Una
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tas
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rec
ursa
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ad y
un
alto
por
cent
aje
de
sent
enci
as
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irmat
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s en
se
gund
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con
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iale
s o
con
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roce
so j
udic
ial
y un
a ba
ja
resp
uest
a a
ello
.
*Tot
al
de
recu
rsos
co
n se
nten
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de
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ados
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se
gund
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stan
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*Tot
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*Tot
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de
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mod
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ción
/tota
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inad
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n en
seg
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anci
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nfirm
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inst
anci
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ados
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anci
a en
el a
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suel
tos
en s
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Página 64
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Página 65
Objetivo: Certeza jurídica y garantía de procedimientos apegados al debido proceso
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variable
Cer
teza
ju
rídi
ca
y de
bido
pro
ceso
Utilización de
medidas
cautelares
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e in
dica
dor
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ada
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leva
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ient
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nal
dest
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Página 66
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variable
Cer
teza
ju
rídi
ca
y de
bido
pro
ceso
Proporción de utilización
de la prisión preventiva
Est
e in
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dor
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Página 67
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cer
teza
ju
rídi
ca
y de
bido
pro
ceso
Duración de las medidas
privativas de la libertad
Los
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Página 68
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cer
teza
ju
rídi
ca
y de
bido
pro
ceso
Medias
cautelares
privativas de libertad
Est
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pro
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cial
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Página 69
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Cer
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ca
y de
bido
pro
ceso
Medidas cautelares
en
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dica
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Inte
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as c
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h,
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idas
cau
tela
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ad
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o de
vin
cula
dos
a pr
oces
o su
jeto
s a
una
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ás m
edid
as c
aute
lare
s en
libe
rtad
seg
�n e
l tip
o de
del
ito q
ue s
e ac
usa
Página 70
Objetivo: Respeto a las garantías individuales
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Def
ensa
de
calid
ad
Proporción de resoluciones
en etapa de investigación e
intermedia según la defensa
Est
e in
dica
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mid
e la
ef
icie
ncia
y
efec
tivid
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de
la
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nsa
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ión
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ión.
Se
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e un
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cal
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fom
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cisi
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sión
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úmer
o de
cau
sas
no ju
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Página 72
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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calid
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ació
n al
as
egur
amie
nto
del
prin
cipi
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igu
alda
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oces
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ara
cual
quie
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do p
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del
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ajo
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trim
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caso
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*Núm
ero
de
caso
s pe
nale
s co
noci
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or
la
defe
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tal d
e de
fens
ores
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blic
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fens
ores
p�b
licos
pen
ales
de
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ntid
ad e
n el
a�o
y
Página 73
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Def
ensa
de
calid
ad
Proporción de
audiencias
conocidas por la defensa
pública
La p
ropo
rció
n de
cas
os q
ue c
onoc
en l
os d
efen
sore
s pú
blic
os p
enal
es e
s un
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la c
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con
la
que
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ituci
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ad
al i
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y,
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, br
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blic
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or
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defe
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oral
.
*Núm
ero
de
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efen
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o to
tal d
e au
dien
cias
regi
stra
das
en e
l trib
unal
ora
l en
el a
�o y
Página 74
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Def
ensa
de
calid
ad
Proporción
de
salidas
alternas de la defensoría
pública
Est
e in
dica
dor
mid
e la
cap
acid
ad d
e la
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ensa
púb
lica
para
sol
ucio
nar
los
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pen
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con
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idas
no
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Se
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ado
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impu
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sin
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gres
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med
ir po
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efic
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a.
*N
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los
que
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Prop
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l de
asun
tos
solu
cion
ados
med
iant
e un
a sa
lida
alte
rna
en e
l a�o
y
Página 75
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Sat
isfa
cció
n a
la v
íctim
a Proporción de
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reparatorios para la víctima
Est
e in
dica
dor
mid
e la
pr
opor
ción
de
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ione
s de
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s re
para
torio
s/to
tal
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med
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cial
es d
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das
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ón d
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os r
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as e
n el
a�o
y
���
= sa
lidas
alte
rnas
dic
tada
s en
el a
�o y
Página 76
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Sat
isfa
cció
n a
la v
íctim
a Proporción de las medidas
judiciales que protegen a la
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La
prop
orci
ón
de
med
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ju
dici
ales
di
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as
con
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cu
enta
de
la
ca
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ad d
e sa
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alte
rnas
dic
tada
s qu
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ctim
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ción
, se
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ictim
izac
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rior,
en
cont
rapa
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te
nden
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del s
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l de
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que
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tima
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cció
n.
*Núm
ero
tota
l de
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as
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cial
es
para
pr
oteg
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la
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l de
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idas
alte
rnas
di
ctad
as
Prop
orci
ón d
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as ju
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n a
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ma
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o de
pro
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en e
l a�o
y
���
= sa
lidas
alte
rnas
dic
tada
s en
el a
�o y
Página 77
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Sat
isfa
cció
n a
la v
íctim
a Frecuancia en la utilización
del servicio de atención a
víctimas
Est
e in
dica
dor
mid
e la
fr
ecue
ncia
de
l us
o de
lo
s se
rvic
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de
aten
ción
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las
inst
ituci
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stic
ia.
Se
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e qu
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may
or u
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n de
los
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, m
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que
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tan
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s ví
ctim
as d
e un
de
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es
ince
ntiv
an
su
utili
zaci
ón
a tr
avés
de
re
spue
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y as
esor
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ntos
opo
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os q
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los
usua
rios.
*Núm
ero
de
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rios
de
los
serv
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s de
at
enci
ón a
víc
timas
Frec
uenc
ia e
n la
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ión
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ervi
cio
de a
tenc
ión
a ví
ctim
a
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ario
s de
l ser
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o de
ate
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n a
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n�m
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tota
l de
usua
rios
de
la u
nida
d de
ate
nci�
n a
v�ct
imas
en
el a
�o y
Página 78
Objetivo: Justicia alternativa
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Can
aliz
ació
n a
just
icia
al
tern
ativ
a T
asa
de
cana
lizac
ión
a ju
stic
ia a
ltern
ativ
a E
ste
indi
cado
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ropo
rció
n de
cas
os in
gres
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rocu
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que
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os
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es
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cial
izad
as d
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stic
a al
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ativ
a pa
ra s
u at
enci
ón y
po
sibl
e so
luci
ón a
trav
és d
e ví
as n
o ju
dici
ales
.
Se
asum
e qu
e la
just
icia
alte
rnat
iva
tiene
efe
ctos
pos
itivo
s so
bre
la s
atis
facc
ión
de l
as v
íctim
as y
los
im
puta
dos
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avés
de
deci
sion
es ju
dici
ales
de
calid
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an
proc
eso
pena
les,
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barg
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ambi
én t
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una
fun
ción
es
enci
al e
n fu
ncio
nam
ient
o de
l si
stem
a pe
nal
en g
ener
al,
ya q
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espr
esur
iza
el s
iste
ma
al s
elec
cion
ar l
os c
asos
qu
e de
ben
ser
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cion
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n ju
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y l
os q
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e pu
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co
nclu
ir po
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unto
s ca
naliz
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ativ
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gres
adas
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año
y
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Página 79
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Per
fil
de
delit
os
cana
lizad
os
a ju
stic
ia
alte
rnat
iva
Pro
porc
ión
de
caso
s ca
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a
just
icia
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el t
ipo
de
delit
os
Est
e in
dica
dor
da c
uent
a de
l nú
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cas
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naliz
an
a ju
stic
ia
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rnat
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segú
n el
de
lito
que
corr
espo
nda.
Se
asum
e qu
e ha
y de
litos
que
por
su
grav
edad
e im
pact
o so
cial
, le
galm
ente
, no
es
tán
cons
ider
ados
pa
ra
ser
solu
cion
ados
con
una
sal
ida
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rna.
Sin
em
barg
o, p
ara
el
rest
o de
los
delit
os,
es a
tra
vés
de la
pol
ítica
crim
inal
, qu
e se
dic
tan
crite
rios
públ
icos
que
per
mite
n lo
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obj
etiv
idad
, im
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ialid
ad y
cer
tidum
bre
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apl
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ión
de m
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n un
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de
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y de
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ero
tota
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#4� e
n el
año
y
Página 80
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
Res
oluc
ione
s en
ju
stic
ia a
ltern
ativ
a P
ropo
rció
n de
so
luci
ones
lo
grad
as
en
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icia
al
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ativ
a
Est
e in
dica
dor
cara
cter
iza
el t
ipo
de s
oluc
ione
s qu
e se
ot
orga
n en
los
asu
ntos
con
ocid
os e
n la
s in
stan
cias
de
just
icia
al
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ativ
a de
la
P
rocu
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segú
n el
de
lito
com
etid
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or t
ipo
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l nú
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stic
ia
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por
tip
o de
del
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núm
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o de
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rios
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tipo
de
delit
o/to
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núm
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stic
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Prop
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cion
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a po
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Página 83
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Página 84
Objetivo: Justicia restaurativa
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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Página 85
Objetivo específico
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Objetivo específico
Indicador
Operatividad
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Página 87
Objetivo: Transparencia en el proceso
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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Objetivo específico
Indicador
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Página 89
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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Página 90
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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ituci
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Página 91
Objetivo: Reducir la impunidad
Objetivo específico
Indicador
Operatividad
Variables
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Principio: Publicidad
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VI. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA PENAL (PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL)
El establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la reforma penal plantea la necesidad de realizar una serie de acciones, que permitan obtener un conjunto de herramientas de recolección y procesamiento de datos, y así lograr la generación de información, estadísticas e indicadores sobre el sistema de justicia penal. Se parte de la situación actual, donde se carece de una línea de base contra el cual se pueda comparar los resultados del cambio, además de la ausencia de una medición precisa de esos resultados en las instituciones que integran el sistema de justicia penal. Esto lleva a considerar una estrategia para que en función de los indicadores diseñados, se pueda resolver preguntas como: ¿qué información o datos recoger?; ¿qué fuente de información utilizar?; ¿qué herramientas utilizar para el levantamiento, depuración y procesamiento de la información?; ¿qué tipo de informes, aplicaciones y usos de la información, estadísticas e indicadores se van a disponer?, entre otros aspectos.
1. ¿Qué información o datos recoger?. Actualmente, la mayoría de las instituciones no generan toda la información y datos requeridos para operar una gran parte de las variables de los indicadores diseñados. Por lo general, la información o datos disponibles tienen fundamentalmente dos problemas: la primera, la información o datos estadísticos tienen diferentes definiciones, contenidos y estructura, es decir, no es homogénea; y en segundo lugar claramente no existe. En respuesta a esta situación, se demanda de un proceso gradual, para ir realizando un trabajo de homogeneidad de la información y datos estadísticos a nivel de todas las instituciones, así como la construcción de las variables inexistentes. En parte la aprobación de este conjunto de indicadores permitirá ordenar y priorizar la información institucional en función de los objetivos del sistema. El contenido y estructura de la información o dato, deberá considerar por lo menos lo siguiente: definiciones y conceptos de las variables; clase de información proporcionada por tipo de institución e instancia; periodicidad (anuales, semestrales, trimestrales o mensuales); distribución territorial (municipal, distritos, estados o regiones, nacional); niveles de comparación temporal y territorial; definiciones adicionales para información relativa a policías, instituciones penitenciarias, otros.
2. ¿Qué fuente de información utilizar?. La característica y dimensión de los indicadores obliga a pensar en varias fuentes de información.
a) Fuentes de información de origen institucional: se refiere a los informes anuales y/o informes estadísticos que producen las instituciones en forma períodica. Otra fuente institucional son los sistemas informáticos de gestión procesal.
b) Fuentes de información de origen externo:representan las instituciones públicas como el INEGI que producen información estadística como datos sobre población, PIB, otros; instituciones de investigación o académicas; organizaciones de la sociedad civil; instituciones de gobierno como las secretarías de finanzas; entre otros.
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c) Otros datos o fuentes de información: se considera que existen datos que su origen es diferente como a los que provienen de los sistemas informáticos, o su periodicidad es variable. La producción de estos datos plantea el uso de técnicas de muestreo o de observación según sea el indicador. De los indicadores señalados, datos como tiempo medio de tramitación se puede caracterizar a partir de un muestreo representativo del tipo de entradas y delitos, el tiempo promedio que le toma al aparato institucional brindar una solución a la demanda por parte de la ciudadanía. Otro ejemplo, el promedio de tiempo de lectura durante las audiencias es un parámetro para medir la utilización de la oralidad real, este dato implica técnicas de observación de las audiencias.
3. ¿Qué herramientas utilizar para el levantamiento, depuración y procesamiento de la información?. La diversidad de las capacidades, problemática y realidades institucionales en México, conlleva a trabajar como mínimo dos formas de realizar la recolección, depuración y procesamiento de la información, mediante:
a) La elaboración de cuestionarios, dado que el uso de sistemas informáticos, suelen ser limitados en cuanto al registro de cierta información, debido a que su alcance no va más allá de la gestión del proceso, es necesario la elaboración de cuestionarios que permitan recoger la información, derivados de los registros de manera manual que realizan las instituciones.
b) El diseño y desarrollo de un sistema informático, de ambiente web, de los subsistemas de administración de datos (bases de datos), subsistema de procesamiento y generación de reportes de información y subsistema de conocimiento del sistema de información centralizado para el seguimiento y evaluación de la reforma penal. Asimismo, se desarrollaran las interfases con las instituciones usuarias del sistema.
c) La implementación del sistema de información mediante el diseño de las guías o cuestionarios para el levantamiento de información; manuales técnicos y de usuarios del sistema, códigos fuentes y capacitación de los usuarios. El sistema estará funcionando en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
4. ¿Qué tipo de informes, aplicaciones y usos de la información, estadísticas e indicadores se van a disponer?. La fijación de los objetivos y principios del nuevo proceso penal acusatorio y la verificación de su consecución, en el grado de cumplimiento de esos objetivos en cada institución o la integración de las mismas en su logro, esboza la necesidad de informar y aplicar la información, estadísticas e indicadores en el proceso de toma de decisiones. Se piensa en trabajar tres tipos de informes:
a) Informe anual sobre el proceso de implementación de la reforma penal en México.
b) Informe de coyuntura, de periodicidad semestral sobre la situación o problemas de la operación del nuevo proceso penal acusatorio, esto con la finalidad de reaccionar ante la problemática mediante la adopción de medidas.
c) Informe de comparación entre entidades federativas y entre instituciones federales, aunque suele ser muy complejo y limitativo, se puede plantear a través de algunos de los indicadores.