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REVISTA Informática
de cooperación e integración
Centroamericana
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Índice
Número 01 Octubre de 2010
EDITORIAL de Paolo Bruni 03
EL RELANZAMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE ITALIA
Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL Artículo de Vincenzo
Scotti
04
ENFOQUE
I CONFERENCIA DE MINISTROS DEL INTERIOR Y DE LA
JUSTICIA DE LOS PAÍSES DEL SICA, DE MÉXICO Y DE
ITALIA
07
LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN EL SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Artículo de Erick
Vilchez
08
LA EXPERIENCIA ITALIANA EN LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO Entrevista a Antonio Ingroia
14
LA LEGISLACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN
LOS PAÍSES DEL SICA Entrevista a María Eloísa Quintero
20
LA CONVENCIÓN DE PALERMO Y EL COMBATE A LA
CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL Entrevista a Luca Ferrero
23
ALREDEDOR
MERCOSUR: SEGURIDAD Y CIUDADANÍA
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El Embajador Paolo Bruni es Secretario General del Instituto Ítalo-Latino Americano, el organismo internacional con sede en Roma, formado por Italia y las veinte Repúblicas de América Latina.
E ra el 1994 cuando la cooperación
italiana comenzó su experiencia de alta
formación finalizada al fortalecimiento
de los procesos de integración regional
en América Latina. La iniciativa, dirigida a los
participantes de los países del Mercosur, ha
siempre tratado de contribuir a la construcción
operativa de la integración regional
sudamericana a través de un proceso de gradual
formación de una cultura comunitaria.
Con dieciséis años de experiencia madurada en
este tema, la cooperación italiana ha sido llamada
en América Central para conseguir los mismos
objetivos.
Es un evento importante que, por un lado, demuestra
la madurez política alcanzada por el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) y, por otro, da
prueba del compromiso italiano en seguir
reforzando las instituciones regionales nacidas en
América Latina al principio de los años noventa.
El programa de Alta formación de los Cuadros
Dirigentes de los Países del SICA es el primer
resultado operativo del acuerdo cuadro
estipulado en el 2008 entre el Instituto Ítalo-
Latino Americano (IILA) y la Secretaría General
del SICA.
Representa, por lo tanto, una elección importante
de la política exterior italiana en la Región,
delineando como sus objetivos la consolidación
de los procesos democráticos, la lucha al
narcotráfico y al crimen organizado y el apoyo a
los procesos de integración regional y
transfronteriza.
Articulado en tres acciones estratégicas,
totalmente integradas entre ellas, el programa de
cooperación entre IILA y SICA ya ha llegado a la
mitad camino con sus primeros resultados
positivos.
La primera parte de la actividad, caracterizada
por la coordinación política entre los dos
interlocutores y por la consolidación de las
relaciones con cada uno de los países miembros
del SICA, culminó con la “Conferencia de los
Ministros del Interior y de la Justicia de los países
del SICA, de México y de Italia acerca de Justicia y
Seguridad”, llevada a cabo en Roma el pasado 25
de marzo.
Después que se definieron los temas prioritarios
para el SICA, la segunda parte del programa fue
dedicada a los Cursos de Alta Formación para los
Cuadros Dirigentes de los Países del SICA,
concentrados en temas relativos a la seguridad, a
la integración regional y a la energía.
Concluidos en la ciudad de San Salvador el pasado
primero de octubre, los cursos han formado 39
cuadros dirigentes públicos provenientes de los
ocho países miembros del SICA.
La particularidad de este tipo de formación está
no solo en la metodología utilizada - que aun
avalorando la didáctica frontal, se basa
principalmente en el desarrollo de proyectos en
grupos plurinacionales – sino sobre todo en su
objetivo, es decir, la creación de una cultura
proyectual y el desarrollo de la capacidad de
elaborar proyectos operativos comunes.
Ahora, con el inicio de la tercera parte del
Programa, se apunta al fortalecimiento de los
resultados de las dos primeras acciones, a través de
una confrontación directa, en Europa, de los
mejores resultados adquiridos con los cursos, sea de
un punto de vista de los recursos humanos que de
los proyectos elaborados durante los cursos.
En este momento, en que los objetivos de Italia y
del SICA convergen y se concretizan en la
actuación de una estrategia al más alto nivel
político, la revista IILA-SICA se suma al
instrumento de la Newsletter para dar voz a los
interlocutores de este proceso.
Los artículos y las entrevistas de este primer
número, monográfico, dedicado al tema de la
seguridad, desean brindar al lector una
interpretación profundizada de la realidad
centroamericana e italiana, a través de los puntos
de vista de sus protagonistas. Buena lectura!
Editorial
Paolo Bruni
4
Artículo
El Subsecretario de Asuntos Exteriores de Italia para América Latina, Vincenzo Scotti, hace algunas reflexiones sobre el relanzamiento y las perspectivas de las relaciones entre Italia y los Países de América Central
E xpresando mis más grandes
felicitaciones a la Revista Informática
creada en el ámbito del Programa IILA
-SICA – financiado por la Cooperación italiana –
deseo en primer lugar señalar cuánto es
oportuno este nuevo instrumento de
divulgación que “nace” justo en el año 2010. Un
año caracterizado no solo por las celebraciones
del Bicentenario de la Independencia de
América Latina: si no también, en el caso de
Italia, por el relanzamiento de nuestras
relaciones con los Países centroamericanos.
Ya en el pasado mes de diciembre la IV
Conferencia Nacional Italia-América Latina se
había caracterizado por un excepcional nivel de
participación por parte de los países
centroamericanos. Y en el margen de la
Conferencia Nacional había sido firmado el
Acuerdo que establece la admisión de nuestro
País como observador extra-regional del SICA.
Un acuerdo importante el cual, por un lado,
permite a nuestras relaciones efectuar un salto
de calidad también desde un punto de vista
formal, y por el otro confirma el excelente
estado de la colaboración entre Italia y el SICA,
caracterizado ya en los últimos años por
iniciativas de gran relieve. Pienso en particular
en el Programa de Alta Formación para Cuadros
Dirigentes del SICA, que se realiza a través del
Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), y así
mismo en la consultoría técnica sobre temas
sociales, en particular sobre niños y jóvenes,
realizada por nuestra Cooperación al
Desarrollo.
Y a partir de diciembre de 2009 nuestras
relaciones con Centro América han sido
caracterizadas, como nunca antes, por un
constante y continuo intercambio de visitas del
más alto nivel, culminando en el mes de junio
con la visita del Presidente Berlusconi a
Panamá: la primera vez que un Presidente del
Consejo italiano visita el país del Istmo, el
primer encuentro entre un Presidente del
Consejo y todos los Países del SICA.
La decisión de reforzar el dialogo con Centro
América nace por lo tanto de la voluntad por
consolidar nuestra colaboración con las
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Vincenzo Scotti
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EELL RELANZAMIENTORELANZAMIENTO DEDE LASLAS RELACIONESRELACIONES ENTREENTRE IITALIATALIA YY
LOSLOS PPAÍSESAÍSES DEDE AAMÉRICAMÉRICA CCENTRALENTRAL
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distintas realidades que componen el
variado panorama latinoamericano.
Incluyendo a todos los niveles: no solo a
nivel bilateral, sino también en el ámbito
del diálogo entre Centro América y la
Unión Europea. Por tal motivo hemos
hecho de todo y con gran determinación
para favorecer la firma del Acuerdo de
asociación entre EU y Centro América,
durante la pasada primavera, el primero
de este género firmado por la Unión con
un grupo sub regional.
En particular, y como significativo ejemplo
de nuestra renovada atención hacia el Área
centroamericana, quisiera mencionar la
Conferencia de Ministros del Interior y de
Justicia de los Países del SICA, de Italia y de
México sobre los temas de justicia y
seguridad. Una iniciativa organizada en
Roma durante el pasado mes de marzo y
realizada luego de las solicitudes que
recibimos por parte de algunos Países
centroamericanos con la finalidad de
reforzar las formas de colaboración ya
existentes en materia de justicia y
seguridad. Pero
también en razón
de las
experiencias que
Italia ha
madurado sobre aspectos de gran
relevancia, como por ejemplo los
mecanismos judiciales, legislativos y de
investigación.
Solicitudes a las cuales hemos respondido
en términos positivos, convencidos de que
América Latina se ha convertido en un
interlocutor indispensable en la
gobernabilidad global, en relación a los
grandes retos de nuestro tiempo: de la
creación de nuevas reglas financieras
internacionales, a la reanudación de las
negociaciones de Doha, a los temas
ambientales, al terrorismo y a la no
proliferación, a la lucha contra los tráficos
ilegales y el narcotráfico.
Seguridad, fortalecimiento del estado de
derecho, respeto de los derechos humanos,
desarrollo social. Son temas que cada vez
más seguido interactúan en un juego de
fuerzas en el cual los factores en campo
asumen inevitablemente un peso
diferente, dependiendo de las distintas
realidades políticas y económicas de cada
país. Y resulta del todo evidente que, para
enfrentar y combatir fenómenos de tal
relevancia, nadie puede pensar en correr
solo o en encontrar soluciones
individuales sin la colaboración de Países
amigos. Una colaboración que, hoy más
que en el pasado, en un mundo
globalizado, trasciende el factor
geográfico, favoreciendo el crecimiento de
sinergias entre Países y gobierno que, más
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“La decisión de reforzar el diálogo con
Centro América nace de la voluntad por
consolidar nuestra colaboración con las
distintas realidades que componen el
variado panorama latinoamericano”
M.R.E., Roma
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allá de las distancias y de las diferentes
realidades geopolíticas, comparten valores
comunes y un esfuerzo común a favor del
completo respeto de la legalidad.
Y la confirmación del interés por parte de
los Países de la zona hacia los temas de la
seguridad y hacia la necesidad de una
colaboración que supere las distancias
geográficas también tuvo lugar en la ya
mencionada visita del Presidente
Berlusconi a Panamá. Momento durante el
cual fue firmado un Acuerdo de
colaboración técnica en materia de
seguridad, que consentirá un mejor
control de las costas, en particular en la
lucha contra el narcotráfico.
Italia pretende seguir sobre este camino de
fructuosa colaboración, mediante la
realización de iniciativas concretas.
Recuerdo en particular el curso de
formación efectuado en septiembre de
2009 en Guatemala por la Dirección
Central para los servicios antidroga, que
pretendemos repetir a beneficio también
de los otros Países, mediante la
colaboración del Secretario del SICA; la
decisión de iniciar algunos cursos con el
Consejo Superior de la Magistratura
dirigidos a los magistrados
centroamericanos; la apertura de una
nueva oficina de expertos antidroga en
México con jurisdicción en toda la zona; la
renovada contribución financiera a la
Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala de las Naciones
Unidas (CICIG); un programa de
Formación en temas de seguridad para
altos cuadros dirigentes del SICA y de los
países miembros que se realiza a través
del IILA; un proyecto en colaboración con
la Unidad de Seguridad Democrática del
SICA y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), orientado a
la promoción del estado de derecho en los
Países del Sistema, mediante acciones de
capacitación a las instituciones que se
ocupan de la lucha contra el crimen
organizado, la corrupción y el lavado de
dinero, principalmente ligado al tráfico
ilícito de drogas.
Y es con el mismo
espíritu de renovada y
reforzada colaboración
que estamos
trabajando junto al
IILA para organizar, en el primer semestre
del 2011, en Guatemala, un Foro Italia-
Centro América, en base a las experiencias
previas con otros Países Sudamericanos.
Esto podrá representar la ocasión para
afrontar diferentes aspectos de las
relaciones de Italia con los Países de la
zona centroamericana: de aquellos
referidos a lo económico-comercial, a
aquellos culturales, científicos y
universitarios, sin dejar a un lado,
obviamente, las dimensiones y el
significado político general.
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I Conferencia de Ministros del Interior y de la Justicia de los Países del SICA, de México y de Italia
LA LUCHA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
LA EXPERIENCIA ITALIANA
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La C o n f e r e n c i a - estructurada en tres paneles temáticos técnicos: tráfico de droga, delincuencia organizada y cooperación judicial, seguidos por una Asamblea plenaria de alcance más político - ha representado la referencia política del más amplio paquete de actividades emprendidas y a emprender en este sector: desde su finalización y actualización de la red de acuerdos de cooperación judicial y policial hasta iniciativas específicas de cooperación y asistencia legislativa, pasando por ofertas en el ámbito de formación.
Roma, 25 y 26 de marzo de 2010
En los últimos años, la comunidad internacional ha alcanzado un amplio consenso sobre la necesidad de poner como prioridad de la agenda internacional "el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos". Estos tres factores decisivos deben ser reconocidos como partes esenciales e inseparables de un todo, que interactúan para alcanzar la meta del "buen gobierno". No es posible establecer una prioridad entre los tres elementos porque, para afrontar los desafíos del milenio, es necesario un desarrollo homogéneo y equilibrado de los mismos.
Italia desempeña desde hace años un papel de primer plano tanto en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y las acciones antidroga ONU, como en el ámbito del "Grupo de Dublín". El 2010 es el septuagésimo aniversario del nacimiento de Giovanni Falcone, el juez italiano asesinado por la mafia en 1992, cuyo enfoque financiero en la lucha contra la delincuencia organizada ha inspirado los principios y las metodologías del Convenio de Palermo. A diez años de la firma de la dicha Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional – hito en la lucha contra el crimen internacional - Italia renueva su compromiso en este marco.
Su objetivo general, mediante la ilustración de la experiencia y práctica de Italia en la lucha contra la delincuencia organizada, fue contribuir a la detección, por parte de los responsables político-institucionales de los países centroamericanos, de una posible ruta a seguir para el contraste del fenómeno de las organizaciones criminales.
Para saber más: SICA, Ministerio de Justicia y Mini-
Ministerio del Interior de Italia
8
Artículo
El Director de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Unidad de Seguridad Democrática del SICA, Lic. Erick Vilchez, discurre sobre los desafíos de los países Centroamericanos en el campo de la seguridad democrática
L os orígenes de la seguridad
democrática en la región, se remontan
a las décadas de los años setenta y
ochenta, períodos en que la mayoría de los
países de Centroamérica se encontraba en
medio de serios conflictos armados, que
generaron inestabilidad en toda la región.
Dicha inestabilidad fue superada mediante el
apoyo de mecanismos de solución pacífica
como el Proceso de Contadora, y en particular,
por el proceso de Esquipulas, y dentro de éste,
por el Procedimiento para Establecer una Paz
Firme y Duradera en la Región, mediante el
cual se impulsó la pacificación, la
democratización y el proceso de integración
regional.
A partir de las decisiones adoptadas en materia
de seguridad, cada país inició un proceso
voluntario de desarme y reducción de efectivos
militares, que fortaleció el clima de confianza y
seguridad en todo el Istmo.
En el marco de dichos acuerdos, los países
Centroamericanos basaron sus iniciativas en
los instrumentos jurídicos que le dieron
vigencia al actual Sistema de la Integración
Centroamericana, siendo el más importante de
ellos el “Protocolo de Tegucigalpa” a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos
ODECA, aprobado el 13 de diciembre de 1991,
en el cual se dispone que: “Centroamérica debe
concretar un nuevo modelo de seguridad
regional, sustentado en un balance razonable
de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la
superación de la pobreza extrema, la
promoción del desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente, la erradicación
de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el
narcotráfico y el tráfico ilícito de armas”, todo
lo cual representa elementos innovadores, para
la construcción de un nuevo concepto de
Seguridad Democrática.
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Erick Vilchez
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LALA SSEGURIDADEGURIDAD DDEMOCRÁTICAEMOCRÁTICA ENEN ELEL SSISTEMAISTEMA DEDE
LALA IINTEGRACIÓNNTEGRACIÓN CCENTROAMERICANAENTROAMERICANA
Presidentes de Centroamérica cuando se reafirmó la Sede de la ODECA
en El Salvador, 1956. Fuente: sitio institucional SICA
9
Hoy en día, la Seguridad es visualizada en
Centroamérica como un todo, o sea, con un
carácter integral y multidimensional,
estrechamente vinculada al desarrollo de
la persona humana y de su entorno
político, económico, cultural, social y
medio ambiental, con perspectiva de
género, buscando consolidar una
comunidad democrática de derecho, con el
objetivo fundamental de consolidar a
Centroamérica como una Región de Paz,
Libertad, Democracia y Desarrollo.
ANDAMIAJE JURÍDICO CENTROAMERICANO EN
MATERIA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Desde la aprobación del
Tratado Marco de Seguridad
Democrática, los países del
Istmo se dotaron de
instrumentos jurídicos que les permitiesen
poner en práctica sus ideales en materia
de seguridad democrática, siendo además
pioneros en una definición
multidimensional e integral de la
Seguridad. Los países centroamericanos
fueron los primeros en establecer un nexo
directo entre la Seguridad, la Democracia y
el Desarrollo.
El Tratado Marco de Seguridad
Democrática fue el primer instrumento del
cual se dotaron los países del SICA para
abordar los temas relacionados a la
seguridad. Este Tratado fue suscrito por
todos los Estados Miembros en el año
1995.
El “Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica” constituye
el instrumento jurídico regional, cuyo
objetivo principal es la creación de un
nuevo marco conceptual e institucional de
la seguridad en la región, rigiendo el
comportamiento de los Estados signatarios
en la materia y diseñando lineamientos
para la ejecución de esa nueva agenda de
seguridad.
El Tratado propugna, entre otros aspectos,
por la necesidad de establecer y fortalecer
los mecanismos de coordinación operativa
de las instituciones competentes, para
hacer más efectiva la lucha contra la
delincuencia y todas aquellas amenazas
tradicionales y no tradicionales a la
seguridad democrática, que requieran el
uso de las fuerzas de defensa o de
seguridad pública, como son el terrorismo,
el tráfico ilícito de armas, la narcoactividad
y el crimen transnacional organizado.
Como instrumento derivado del Protocolo
de Tegucigalpa, el ”Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica”,
tiene como instancias, la Reunión de
Presidentes, el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y la Comisión de
Seguridad de Centroamérica.
Además, para impulsar las iniciativas
regionales en materia de seguridad, la
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Comisión tiene como instancia de
coordinación, a la Presidencia Pro
Tempore, la cual es ejercida cada seis
meses, por cada país Miembro del Sistema
de la Integración Centroamericana SICA, la
cual es apoyada de forma permanente, por
la Secretaría General de este sistema, la SG
-SICA.
La Comisión de Seguridad de
Centroamérica, actualmente impulsa tres
ámbitos específicos en la agenda regional
de seguridad, constituidos por: los
Desastres Naturales; la Seguridad de las
Personas y sus Bienes y la Seguridad
Regional. Para desarrollar sus funciones, la
Comisión de Seguridad de Centroamérica,
es apoyada por sus propias subcomisiones
sectoriales, de Defensa, Jurídica y
Seguridad Pública, a estas últimas dos se
han integrado los Fiscales Generales y los
Jefes o Directores de Policía de
Centroamérica respectivamente.
La Comisión de Seguridad, coordina sus
actividades en materias específicas, con
otras Instancias, organismos e
instituciones que forman parte de la
arquitectura jurídica e institucional del
sistema de la integración centroamericana.
Asimismo, en uso de sus facultades, la
Comisión de Seguridad de Centroamérica
podrá crear (y ha creado) grupos
especializados, o Ad Hoc para trabajos
específicos.
La Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México constituye otro
instrumento regional en materia de
Seguridad Democrática, surgió en el marco
de la IX Reunión de los Jefes de Estado y de
Gobierno del Mecanismo de Diálogo
Político y de Concertación de Tuxtla, y de
la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de
Estado y de Gobierno de los países del
SICA, ocasión en la cual los mandatarios,
sobre la base de la propuesta presentada
por el Gobierno de El Salvador
denominada “Estrategia de Seguridad
Regional”, instruyeron la constitución de
un grupo interinstitucional para la
elaboración de una propuesta regional.
La Estrategia fue acogida por los
Presidentes durante su XXXI Reunión
Ordinaria, celebrada en Guatemala el 12 de
diciembre de 2007, y desde entonces
constituye la columna vertebral de las
actividades de la Comisión de seguridad,
cuyas actividades se encuentran
enmarcadas en la puesta en marcha de
esta Estrategia.
La Estrategia de Seguridad se desglosa en
componentes, y su objetivo es integrar los
esfuerzos nacionales, en concordancia con
los ordenamientos jurídicos nacionales,
con el fin de armonizarlos para la
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obtención de resultados contundentes en
contra de las amenazas a la seguridad
democrática.
Su objetivo general es “establecer los
componentes y actividades necesarias
para fortalecer en la región
centroamericana y en México la seguridad
de las personas y sus bienes que permita a
nuestros pueblos alcanzar los objetivos de
desarrollo humano”.
Los Componentes de la Estrategia son:
Delincuencia Organizada; Combate al
Narcotráfico; Pandillas; Deportados con
Antecedentes Penales o Ex convictos;
Homicidios; Combate al tráfico ilícito de
armas;
Terrorismo;
Corrupción
y otros
temas
policiales tales como la creación de
agregadurías policiales en los países del
SICA, inteligencia policial, el apoyo de
INTERPOL I-24/7, seguridad turística,
seguridad fronteriza policial
En Aspectos legales comprende el
Convenio Centroamericano de
Cooperación para la Protección de
Víctimas y Testigos; la agilización de la
vigencia del Tratado Centroamericano
Relativo a la Orden de Detención y
Extradición Simplificada, la posibilidad de
incorporar la orden de arresto
internacional en el ordenamiento interno
de los países; intercambio de información
policial; y la armonización de la legislación
penal y procesal penal de los países
miembros del SICA. También comprende la
Prevención de la violencia y el
Fortalecimiento Institucional para la
coordinación y seguimiento de la
estrategia regional.
Para la puesta en marcha de la Estrategia
se conformó la Unidad de Seguridad
Democrática del SICA, que tiene como fin
especial apoyar a la Comisión de Seguridad
de Centroamérica en el seguimiento
adecuado y oportuno de sus acuerdos, en
especial a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México, así como de otros
acuerdos en
materia de
seguridad
emanados de
las reuniones
de Presidentes y Consejos de Ministros.
También apoyará a cualquiera de las
Subcomisiones que la integran.
También tiene entre sus tareas, el auxiliar
a la Comisión de Seguridad de
Centroamérica en el cumplimiento de las
funciones que le encomienda el Tratado
Marco de Seguridad Democrática de
Centroamérica, firmado en San Pedro Sula
el 15 de diciembre de 1995, así como
proponer las iniciativas que correspondan
para la búsqueda de financiamiento y el
cumplimiento de los objetivos de la
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“El objetivo de la Estrategia de Seguridad Regional es integrar
los esfuerzos nacionales, en concordancia con los
ordenamientos jurídicos nacionales, con el fin de armonizarlos
para la obtención de resultados contundentes en contra de las
amenazas a la seguridad democrática”
12
estrategia. Está integrada por seis
funcionarios y tiene su sede en la
Secretaria General del SICA en San
Salvador.
En la actualidad y como consecuencia de
los acuerdos de la reunión Intersectorial
de Ministros de Relaciones Exteriores,
Defensa, Seguridad Pública, Fiscales
Generales y Jefes de Policía de
Centroamérica, nos encontramos en el
proceso de revisar y actualizar la
estrategia, tres años después de su
aprobación, con el propósito de priorizar
actividades, incorporar temas estratégicos
emergentes y actualizar el Plan de Acción
con Costos.
CONCLUSIONES
Centroamérica al cumplir los compromisos
de Esquipulas II, inició con el “Protocolo de
Tegucigalpa” una nueva etapa en su vida
Política, Económica y Social, haciendo
posible un cambio cualitativo en la
Seguridad Regional, fundamentada en el
Modelo de Seguridad Democrática e
impulsando una visión integral de la
misma, en coherencia con las necesidades
y realidades de los pueblos y gobiernos
centroamericanos.
El “Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica”, ha venido
consolidando un Modelo de Seguridad
Democrática, que es coincidente con el
"enfoque multidimensional de la
seguridad". En la actualidad
Centroamérica posee una arquitectura
político-institucional en materia de
seguridad, representada por las instancias
del modelo centroamericano de seguridad
democrática, que ha permitido entre otros
aspectos, una expresión armónica del
Sistema de Seguridad Regional,
desarrollando planes, estrategias y
acciones concretas, para llevar a la práctica
el espíritu y la letra del “Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica”.
Sin embargo, a pesar de todos los
esfuerzos realizados para consolidar una
Centroamérica más segura, todavía no
hemos alcanzado los resultados que hagan
la diferencia y en la mayoría de nuestros
países, los servicios de seguridad pública
operan al límite de sus capacidades.
Por su parte la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México, que resulta de un
largo proceso de diálogo entre los países
miembros del SICA representa un paso
muy positivo para mejorar la seguridad
ciudadana y detener la influencia del
crimen organizado, pero esta Estrategia es
aún reciente y su Plan de Acción con
Costos, no cuenta con los suficientes
recursos para su implementación, por lo
cual es importante disponer del apoyo
adicional de la cooperación internacional.
Por ello, la Secretaria General del Sistema
de la Integración Centroamericana,
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concibió la Conferencia
Internacional de Apoyo a la
Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México, con el
objeto de establecer una base
sólida y previsible para
financiar la asistencia
relacionada con la Seguridad
Democrática en Centroamérica.
En la reunión propuesta, los
países y organizaciones
donantes podrán anunciar las
contribuciones que tienen
previsto o que podrían asignar
para la financiación de la
Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México o la
asistencia técnica que están en
capacidad de otorgar.
La propuesta no contempla
únicamente la recaudación de fondos, sino
que también será una oportunidad única
para entablar un diálogo político
sustantivo entre los Miembros de la
comunidad internacional, Presidentes,
Ministros y eminentes personalidades que
podrán expresar sus opiniones sobre
aspectos concretos de la asistencia
relacionada con la seguridad pública y la
creación de capacidades en Centroamérica,
especialmente, el desafío que supone el
cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica
y México. Previo a la celebración de la
Conferencia, se establecerá un
Fondo Fiduciario Global en el
Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
En la actualidad los países del
Sistema de a Integración
centroamericana, con el apoyo
de la secretaria General del
SICA, el BCIE, el BID, EL PNUD y
países amigos nos encontramos
en el proceso de organizarnos
para celebrar la Primera
Conferencia Internacional de
Apoyo a la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica y
México, que tendrá lugar en
Guatemala en junio del año
2011, de cuyo éxito dependerán
muchas de las iniciativas que
necesita la región para resolver
sus problemas de seguridad.
CCCOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓN DEDEDE SSSEGURIDADEGURIDADEGURIDAD EEESTRUCTURASTRUCTURASTRUCTURA OOORGANIZATIVARGANIZATIVARGANIZATIVA
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Entrevista
La Revista IILA-SICA entrevistó al Magistrado Antonio Ingroia, Juez de Segundo Grado con función de Procurador Adjunto de la Procuraduría de la República de Palermo. Ingroia inició su carrera en Palermo en 1987,
desarrollando su práctica profesional al lado del juez Giovanni Falcone, uno de los pilares de la lucha contra la mafia en Italia. Revista: Las mafias siempre se han
caracterizado por mantener fuertes lazos y
raíces sobre el territorio. ¿Esta característica
se mantiene todavía?
Ingroia: Hoy, por razones varias, tales como la
evolución de los medios de comunicación, del
proceso económico y de las relaciones sociales –
que son cada vez más globales - un poco de este
fuerte lazo con el territorio se ha debilitado.
Por eso yo hablo de mafia desterritorializada, o
mafia líquida, en el sentido de que hasta una
mafia tan enraizada en el territorio como la
italiana, está cada vez menos ligada al territorio,
y opera cada vez más en una dimensión
financiera, con gran capacidad de relación e
integración con otras mafias y con las diferentes
actividades ilícitas desplazadas en diferentes
lugares del mundo.
Revista: ¿Cuál es la consecuencia de la
evolución de la mafia en términos de la
aparición de nuevas formas de delitos?
Ingroia: Hay una mayor capacidad de
desarrollar, entre organizaciones criminales
diferentes y sobre áreas geográficas diversas,
actividades ilícitas en común, ya sea en manera
directa a través del tráfico de armas, de drogas,
de personas etc., o en manera indirecta, con la
producción de riquezas mediante la reinversión
de las ganancias de estas actividades ilícitas, o
sea, el lavado de dinero. El lavado constituye
uno de los problemas principales, porque las
mafias tienen una gran facilidad de movilización
de sus riquezas, mientras que - a pesar de los
progresos de las últimas décadas - la capacidad
de los Estados de reaccionar frente a un
fenómeno como éste, notablemente
internacional y transnacional, es muy bajo.
LA COOPERACIÓN JUDICIAL TRANSNACIONAL
Revista: ¿Cuáles podrían ser los siguientes
pasos en materia de cooperación judicial en
la lucha contra el crimen organizado?
Ingroia: La acción de lucha contra el crimen
organizado tiene que ser transnacional y, para
eso, necesitamos hablar el mismo idioma. Los
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Antonio Ingroia
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LLAA EXPERIENCIAEXPERIENCIA ITALIANAITALIANA ENEN LALA LUCHALUCHA CONTRACONTRA
ELEL CRIMENCRIMEN ORGANIZADOORGANIZADO
15
criminales hablan el mismo idioma y se
entienden fácilmente. Comprendo que esto
es difícil operando en un mundo de reglas y
códigos con diferentes tradiciones
jurídicas, pero hoy no se habla el mismo
idioma.
El auspicio mayor sería la constitución de
una procuraduría internacional. Pero más
allá de esto que constituye en sí un objetivo
final, podemos identificar pasajes
intermedios, como el intercambio de
experiencias y de información, para
entonces llegar a un proceso de
armonización y homogenización de las
legislaciones y de las praxis operativas.
En efecto no es sólo un problema
legislativo, sino también de praxis: en un
país la investigación se desarrolla en un
cierto modo y está a cargo de un cierto
organismo mientras que en otro país el
funcionamiento es totalmente diferente.
Desde el punto de vista legislativo, la
noción de crimen organizado, si bien fijada
por la Convención de Palermo de la ONU,
no ha sido adaptada en el mismo modo en
los ordenamientos nacionales, lo que no
facilita la integración, la cooperación y la
colaboración internacional.
Revista: ¿Cuál sería el papel de una
procuraduría internacional dedicada a
la lucha contra el crimen organizado?
Ingroia: No creo que una procuraduría
internacional surja ahora mismo, pero
mientras tanto es necesario contar con
organismos de coordinación, tal y como se
hizo primero en Italia, con la dirección
nacional anti-mafia, y luego en Europa, con
EUROJUST.
En este momento, organismos como
INTERPOL tienen algunas funciones
importantes, pero no funcionan bien como
oficina de clasificación de los datos, de
información y de coordinación.
Además, mediante el reforzamiento de
oficinas de coordinación, no sólo se podría
hacer actividad judicial, sino de presión
política sobre los “Estados-mafia”, cuya
economía se basa en el crimen organizado.
LA EXPERIENCIA ITALIANA
Revista: ¿Qué puede contar usted sobre
la evolución de la lucha contra la mafia
en Italia?
Ingroia: Algunos años atrás en Italia había
un enfoque equivocado, consistente en
considerar a las mafias como fenómenos
regionales. Las mafias no son fenómenos
regionales sino globales y por lo tanto
deben ser afrontadas globalmente,
inclusive cuando en un determinado
momento histórico el fenómeno adquiere
formas de manifestaciones más violentas
en una región respecto a otra.
En el pasado ha sido en Sicilia y nos
equivocamos, tanto en Italia como en el
mundo, al pensar que fuera un problema de
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los sicilianos. Hoy tal vez es un problema
fuerte de Centroamérica, de Sudamérica, y
sería equivocado por parte del resto del
mundo no enfrentarlo juntos.
La lucha a la criminalidad organizada no es
solo interés de los países directamente
involucrados, sino que también es interés
de nosotros.
Revista: ¿Habría que “exportar”
modelos jurídicos para lograr la
uniformidad?
Ingroia: Ninguna experiencia judicial y
operativa puede ser transferida
mecánicamente de un país a otro, sin
considerar las especificidades, las
tradiciones jurídicas y las diferentes formas
de administración del fenómeno criminal
del otro país. Pero existen diferentes
modelos adoptados, por ejemplo, en la
experiencia italiana, que después de largos
años de experimentos podrían ser puestos
a disposición de los otros países.
Revista: ¿Qué elementos de este modelo
podrían ser propuestos?
Ingroia: Existen algunos elementos
fundamentales, como la previsión de una
clara definición normativa del crimen
organizado. En Italia es la “asociación de
tipo mafiosa”. En otro país puede haber
otro tipo de fenómeno asociativo, pero el
delito asociativo constituye un
instrumento estratégico para enfrentar a
las mafias.
En segundo lugar es importante tener un
núcleo de investigadores especializados,
preferiblemente que esté compuesto por
magistrados públicos, ya que éstos cuentan
con una cultura de los derechos y de las
garantías.
Un cuerpo dotado de suficiente autonomía
e independencia del poder político para
poder combatir cualquier forma de
corrupción, así como la corrupción política
al interior de las instituciones estatales.
Otro requisito es que tenga bajo su mando
a un núcleo de fuerza de policías (no
militares) especializados en combate al
crimen organizado, independientes del
poder político.
Éstos núcleos tienen que contar con
recursos, ya sean financieros (porque es
necesario el dinero para hacer una buena
acción investigativa), ya sean legislativos.
Por recursos legislativos se entiende una
eficiente normativa que prevea una serie
de medidas: la definición del delito
asociativo, la reglamentación de los
incentivos a la protección para los
colaboradores de justicia (“arrepentidos”),
que en Italia han representado un
instrumento fundamental para el
desmantelamiento de asociaciones secretas
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“Existen diferentes modelos en la experiencia italiana que, después de largos años
de experimentos, podrían ser puestos a disposición de los otros países”
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mafiosas, y de las interceptaciones
telefónicas, ambientales (uso de
micrófonos ocultos) y preventivas para uso
judicial, que se han demostrado ser muy
importantes.
Desde el punto de vista del abordaje
financiero en la lucha contra la
criminalidad, debe desarrollarse una
normativa eficiente para atacar a las
estructuras financieras de las asociaciones
mafiosas a través del secuestro y la
confiscación del patrimonio de los
mafiosos. Con la finalidad de recuperar el
consenso de la población, sería importante
prever que los bienes confiscados no sean
sólo apoderados por el Estado, sino que
puedan ser restituidos a la población, como
se hace ahora en Italia.
Finalmente sería también necesaria una
efectiva normativa contra el lavado de
dinero que esté a la altura del reto.
Todo esto naturalmente en el ámbito de
una acción integrada y coordinada para
evitar que el trabajo se ejecute de manera
aislada.
Revista: ¿Cómo funciona el sistema
italiano el día de hoy?
Ingroia: El equipo anti-mafia hoy es una
ley del Estado. En cada ciudad importante
italiana se cuenta con una procuraduría
anti-mafia, la cual distribuye los riesgos de
los magistrados, evitando que algunos de
éstos se conviertan en un objetivo fácil
para las organizaciones mafiosas. Además,
favorece la circulación de la información,
es un modelo operativo colectivo y colegial
de acción, y constituye la célula base de
una estructura más amplia.
De esta manera tenemos difundido en el
territorio, en las ciudades más
importantes, a las procuradurías del
distrito anti-mafia, las cuales a su vez están
conectadas a un órgano central que es la
Procuraduría Nacional Antimafia, la cual
juega un papel de coordinadora que
garantiza la circulación de la información
investigativa y judicial a nivel nacional,
facilita las interconexiones entre las
actividades y favorece la interacción entre
las Procuradurías locales. En una escala
transnacional, la Procuraduría Nacional
Antimafia es el punto de referencia
internacional.
Revista: ¿Este modelo operativo de
coordinación podría ser propuesto a un
nivel transnacional?
Ingroia: Si este mecanismo se produjera a
nivel Estatal o regional en todas las
Procuradurías, un sistema similar se
podría hacer en Centroamérica,
contemplando, por ejemplo, Procuradurías
estatales, que hicieran referencia a un
organismo a nivel regional, el cual a su vez
se convertiría en una especie de interfaz
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Cooperación
judicial
trans-
nacional
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de la Procuraduría Nacional Antimafia
italiana o de la EUROJUST a nivel europeo,
o de las oficinas federales de Estados
Unidos.
Si se lograra construir todo esto, las
estructuras de cada país, con el pasar del
tiempo, se irían desenvolviendo. Como
consecuencia, habrían menores riesgos de
que un cierto Estado se convirtiera en el
paraíso de los criminales y se
concentraran ahí los mafiosos y sus
capitales. Si hay un nivel de represión
adecuado en todos los países del mundo es
más difícil que la mafia pueda penetrarlos.
COOPERACIÓN ITALIA-CENTROAMÉRICA
Revista: Teniendo en cuenta la
experiencia italiana en la lucha contra
la mafia y el mayor acercamiento por
parte de Italia hacia América Central,
¿qué aportes puede dar este país a la
región centroamericana?
Ingroia: Italia se presenta como un país
con buenas credenciales. A pesar de no
haber vencido por completo a la mafia,
ésta se ha redimensionado fuertemente.
Hemos logrado construir un modelo
exportable para el mundo, el cual se
demuestra incluso en una realidad que
hasta hace cuarenta o cincuenta años era
controlada casi completamente por el
crimen organizado y que el día de hoy es
una tierra que poco a poco se está
liberando.
Este proceso debe iniciarse con un
presupuesto de fondo, o sea: cuando se
enfrenta a verdaderos fenómenos del
crimen organizado amplios, difundidos en
un territorio y que pueden asumir
características de fenómenos de masa,
comprometiendo directa o indirectamente
los intereses de la población y de la
economía de un determinado país o
región, no se puede pensar en vencer
utilizando el principio de la mano de
hierro.
La historia italiana demuestra
paradójicamente que cuando se ha
utilizado únicamente la mano de hierro, se
obtuvieron aparentes resultados en el
plano represivo militar pero se perdió algo
que es fundamental: el consenso de la
población. Porque se trata de fenómenos
criminales que cimientan una parte de su
poder no sólo sobre la riqueza y sobre la
violencia, sino también sobre el consenso
de la gente.
Por lo tanto es necesario hacer una obra
para sustraer el consenso de la gente. Para
esto son necesarios proyectos sociales y
económicos de re-saneamiento, proyectos
culturales de formación y de educación a la
legalidad y proyectos legislativos
operativos, dirigidos a la represión pero no
a través de un Estado que se convierte en
un enemigo del ciudadano, si no de un
Estado justo.
Es necesario un Estado duro e inflexible
contra quien viola las reglas, pero inclusive
magnánimo con quien no comete
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violaciones o con quien comete pequeñas
violaciones. Un Estado que respeta los
Derechos Humanos y las reglas
fundamentales del principio de
responsabilidad consagrado en todas las
convenciones en materia de derecho penal.
Éste es un Estado que puede ganar la
confianza de su gente.
COMBATIR LA IMPUNIDAD
Revista: Uno de los grandes problemas
en la lucha a la criminalidad en
Centroamérica es la impunidad. ¿Cómo
se podría empezar a trabajar sobre eso?
Ingroia: En Italia, en un cierto período, uno
de los motivos de mayor fuerza del poder
mafioso, del consenso y del crecimiento de la
cultura de la ilegalidad estaba ligado al mito
de la impunidad, porque el mafioso era
impune. Esto ya no es así. Hoy el prófugo de
mafia debe esconderse, cosa que antes no
sucedía. Este es el fruto de muchas cosas,
incluso el hecho que en Italia, a partir de los
años 90, fue posible procesar también a los
prófugos, lo que nos ha dado resultados
óptimos.
Se podrían, además, prever mecanismos
operativos con la constitución de núcleos
especializados en la búsqueda y la captura
de los prófugos. En Italia, siempre en los
años 90, se constituyeron los núcleos
especializados de policías, especializados en
esto, con resultados óptimos, lo que ya
garantizaría la atenuación de la impunidad.
Luego es necesaria una seria lucha contra la
corrupción, pero para esto se necesita una
voluntad política.
Revista: ¿Qué hacer cuando la impunidad
se debe al miedo por parte del juez al
aplicar la pena?
Ingroia: Hay dos sistemas: uno es lo que he
dicho sobre la distribución del riesgo. El otro
es que donde hay un riesgo de exposición del
juez, se debe exponer al legislador.
Hay que prever una ley que, sin abandonar
los principios generales, reduzca los
márgenes de responsabilidad del juez y lo
obligue a adoptar determinadas decisiones
por ley, porque él no puede violar la ley.
Si se pone toda la responsabilidad sobre la
espalda del juez, todo se vuelve más difícil.
EL SICA Y LA LUCHA A LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
Revista IILA-SICA: ¿Qué beneficio pueden
obtener los países de un organismo
regional como el SICA?
Ingroia: La creación de los presupuestos
para una cultura judicial, investigativa y, más
ampliamente, cultura de la legalidad o
cultura de la anti-mafia, no puede hacerse
más desde el punto de vista territorial.
La existencia de un organismo regional que
contribuya a crear los presupuestos, a
homogenizar y armonizar la legislación y la
visión del crimen organizado, sin duda
favorece singularmente a los Estados y les
permite al mismo tiempo representarse
hacia el exterior no como un grupo de varios
Estados sino como una región.
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Entrevista
La Revista IILA-SICA entrevistó a María Eloísa Quintero, Profesora de Derecho Penal, Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y especialista en los fenómenos penales surgidos alrededor del combate a la criminalidad organizada.
Revista: Profesora Quintero, en la primera
fase del Programa de Alta Formación de
Cuadros Dirigentes del SICA, habló usted
sobre la falta de homogeneidad en la
legislación del delito de delincuencia
organizada dentro de los países del SICA.
Quintero: Efectivamente, éste es un tema que
vengo trabajando desde hace ya algún tiempo y
que me generaba mucha preocupación. Todos
los países firmantes de la Convención de
Palermo se han comprometido a adoptar en sus
legislaciones locales diversas disposiciones,
entre ellas, la tipificación de lo que es
delincuencia organizada como delito autónomo,
pero cuando uno analiza cada uno de los
ordenamientos locales en Latinoamérica
advierte que muy pocos de los países tienen
realmente tipificado, es decir consideran delito,
el crimen organizado.
Revista: Pero los países de Centroamérica
tienen leyes de Delincuencia Organizada, ¿no
cumplen o no abarcan todos los
compromisos contemplados en la
Convención de Palermo?
Quintero: Casi todos los países del SICA cuentan
con una ley de delincuencia organizada. En
dichas leyes está claramente descrito qué es la
delincuencia organizada y en este aspecto
cumplen parcialmente la Convención de
Palermo, porque la descripción que hacen es a
los efectos de aplicar otras medidas, como
procesos especiales, técnicas de investigación,
plazos diferenciados con los procedimientos
ordinarios, etc., Pero en esas legislaciones, no se
contempla una sanción autónoma para el
fenómeno del crimen organizado. En este punto
es donde advierto falta de homogenización. Esto
es lo que quise remarcar en aquella
intervención/conferencia que di durante la
primera fase del programa.
Revista: Es decir, ¿no en todos los países la
delincuencia organizada es un delito?
Quintero: Exactamente, no en todos los estados
del SICA es un delito. En algunos países el hecho
de cometer algún delito bajo las características
de crimen organizado habilita al Estado la
posibilidad de utilizar procedimientos y
herramientas especiales. En otro grupo de
países lo que hace es convertir esta
circunstancia en una agravante genérica de (Continua a pagina 21)
María Eloísa Quintero
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LLAA LLEGISLACIÓNEGISLACIÓN DEDE DELINCUENCIADELINCUENCIA
ORGANIZADAORGANIZADA ENEN LOSLOS PPAÍSESAÍSES DELDEL SICASICA
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cualquier tipo de delito, agravando las
penas. En otros países es un agravante
específico para otros delitos, catalogados
específicamente por su relación a las
supuestas actividades de la delincuencia
organizada. En algunos otros se tipifica
como un supuesto de asociación ilícita y la
delincuencia organizada vendría a ser una
especie de acuerdo para cometer delitos.
Por último, son minoría los países que
efectivamente adoptan la definición de la
Convención de Palermo como la base de un
delito en el cual se sanciona la pertenencia
a una organización delictiva permanente,
estructurada, etc., como prescribe la
Convención de Palermo.
Revista: Ante esta problemática de
homogenización del marco legal ¿Cuál
es la propuesta que dentro de los grupos
de trabajo del curso de alta formación
para cuadros dirigentes se ha venido
aterrizando?
Quintero: Mi inquietud era precisamente
esa: lograr, en primer lugar, que seamos
conscientes hasta qué punto estamos
contando los distintos países
latinoamericanos con las mismas
herramientas para combatir el crimen
organizado.
En algunos rubros sí hay una
homogenización: por ejemplo, en lo que
respecta a las técnicas de investigación.
Casi todos los países del SICA tienen
regulados de manera bastante precisa las
técnicas de investigación a implementar.
Pero en otro aspecto –aquel que quería
remarcar- falta aún trabajar mucho a los
efectos de lograr un marco común, un
lenguaje común, porque sin un lenguaje
común es difícil entablar una correcta
cooperación. Por ejemplo ¿cómo sé qué
pruebas le sirve al otro estado, qué datos
probatorios le son necesarios, si no
conozco como es su figura tipifica
particular (delito)?
Revista: Y para efectos de la materia
probatoria y de las herramientas
jurídicas con que cuenta cada uno de los
miembros del SICA ¿se encuentran
realmente en una igualdad de armas
legales para plantar un frente común a la
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¿QUé ES INACIPE?
El Instituto Nacional de Ciencias Penales
de México (INACIPE), organismo descen-
tralizado del Gobierno Federal, con perso-
nalidad y patrimonio jurídico propios, ha
crecido de manera significativa desde su
creación, en 1976, y se ha convertido en
interlocutor entre los poderes de la Unión,
los niveles de gobierno y los sectores pú-
blico, privado y social, en lo que a las
Ciencias Penales se refiere.
El INACIPE es promotor de la capacitación
de servidores públicos de la Procuraduría
General de la República y diversas procu-
radurías y tribunales statales y un recono-
cido centro de investigación científica en
el campo de las ciencias penales.
A 30 años de su creación, se ha consoli-
dado como un generador y difusor de
ideas, propuestas de iniciativas de ley,
políticas públicas y ejercicios de evalua-
ción crítica en el país.
Info: www.inacipe.gob.mx
22
delincuencia organizada trasnacional?
Quintero: Como le comentaba, en algunos
ámbitos sí, pero no en todos. Aún existen
disparidades entre las diversas
legislaciones y esto dificulta, la
cooperación. Esto se ve de manera
significativa en los conceptos y las
instituciones que se utilizan al momento de
querer asegurar o dar un tratamiento
particular a los bienes de la delincuencia
organizada. Es decir, incautar y el día de
mañana, decomisar los bienes.
Revista: Al delinear la problemática en
ese tono, ¿podemos remarcar al mismo
tiempo avances y áreas de
oportunidades? Si es así, ¿Cuáles?
Quintero: Claro que sí. Considero que
Centroamérica tiene -en algunos ámbitos-
una situación privilegiada, porque ha
avanzado desde el punto de vista
legislativo en cuanto a la regulación de
instituciones mucho más que otros países
latinoamericanos en general. Por ejemplo,
en lo que toca a la protección a víctimas y
testigos, no solamente tienen legislaciones
avanzadas en cada uno de los países (como
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Honduras, etc.), sino también tienen un
Convenio centroamericano para la
protección de víctimas, testigos, peritos y
demás sujetos que intervienen en la
investigación, con medidas transnacionales
y un marco de cooperación muy
especializado. Este tipo de herramientas
son ya las bases de ese lenguaje común que
facilita la cooperación, en términos
judiciales, operativos, e incluso, en medidas
de integración profunda basadas en la
suma de voluntades y capacidades para la
resolución de problemáticas globales.
Revista: Al ser el SICA una zona de
integración, ¿con qué herramientas
jurídicas cuentan los países y la región
para atacar el lavado de dinero y el
fenómeno económico surgido alrededor
del crimen organizado?
Quintero: Al respecto, la mayoría de los
países de la región tienen legislaciones que
son de vanguardia en relación a otros
países latinoamericanos. Por ejemplo:
México, no cuenta hasta el momento con
una ley para prevenir y combatir el lavado
de dinero; así tampoco Argentina,
Colombia, entre otros. En cambio los países
del SICA, en su mayoría, tienen una
legislación específica al respecto, lo cual
implica contar con un solo marco legal en el
que se sistematizan e integran las
herramientas para combatir y sancionar
ese fenómeno. En este punto se tiene un
gran avance y por eso es necesario también
reforzar las otras herramientas, sobre todo
aquellas penales, para poder combatir
eficientemente la delincuencia organizada.
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“Centroamérica tiene - en algunos ámbitos -
una situación privilegiada, porque ha
avanzado desde el punto de vista legislativo en
cuanto a la regulación de instituciones mucho
más que otros países latinoamericanos en
general”
23
Entrevista
La Revista IILA-SICA entrevistó al Magistrado Luca Ferrero, Consejero de Apelación con funciones de Juez en el Tribunal Penal de Turín. Entre 2000 y 2001 Ferrero ejerció funciones de Juez Internacional para el Departamento de Justicia
en la Administración Transitoria de las Naciones Unidas en Timor Leste.
Revista: El día de hoy se quiere “relanzar” la
Convención de la ONU. ¿De dónde nace esta
necesidad?
Ferrero: Me parece que “relanzar” es un término
inapropiado. En realidad se trata de otorgar
pleno efecto a un instrumento de derecho
internacional extremamente eficaz y moderno.
Eficaz porque antepone la irrenunciable
premisa metodológica de la necesidad de ajustar
las legislaciones de los Estados miembros para a
continuación desarrollar múltiples
instrumentos de cooperación.
El primer paso hacia la cooperación en la lucha
contra el crimen organizado transnacional es la
homogeneidad, la identidad, de las definiciones
jurídicas. Parece intuitivo, pero no lo es.
Mientras que el crimen transnacional ha
inmediatamente aprendido un nuevo lenguaje
común, los países se quedaron anclados a los
conceptos jurídicos creados durante los siglos
de cultura jurídica y de elaboración
jurisprudencial y no es fácil modificarlos.
Por ejemplo, en ocasión de la primera fase de
nuestro proyecto de formación, hemos
descubierto que todos los países del SICA han
ratificado la Convención de Palermo, pero
ninguno se ha planteado el problema de
verificar si el delito de asociación delictuosa
transnacional existe en todos los Estados y si se
regula de manera uniforme.
De hecho, las diferencias existen y son
significativas, y es por esto que uno de los
proyectos se ocupa en particular de resolver
este problema. Una vez superado este primer
obstáculo, la Convención pone a disposición
numerosos instrumentos de cooperación en
diferentes sectores y en diferentes niveles: en la
fase de las investigaciones, en la protección de
los testimonios, para identificar instrumentos
organizativos y legislativos que sirvan para
(Continua a pagina 24)
Luca Ferrero
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“Mientras que el crimen transnacional ha
inmediatamente aprendido un nuevo lenguaje
común, los países se quedaron anclados a los
conceptos jurídicos creados durante siglos de
cultura jurídica y de elaboración
jurisprudencial y no es fácil modificarlos”
LLAA CCONVENCIÓNONVENCIÓN DEDE PPALERMOALERMO YY ELEL COMBATECOMBATE AA
LALA CRIMINALIDADCRIMINALIDAD TRANSNACIONALTRANSNACIONAL
24
prevenir y para reconocer delitos como la
corrupción y el lavado del dinero
proveniente de la actividad criminal, hasta
la identificación de las políticas de
prevención del crimen, con particular
atención a los países en vías de desarrollo.
Otra característica de la Convención de
Palermo es que prevé diferentes niveles de
cooperación: bilateral, multilateral o
regional. De este modo cualquier Estado
miembro puede escoger el modelo según
sus necesidades, dependiendo del tipo de
crimen organizado al cual debe hacer
frente.
En este caso, los países de SICA podrían
escoger el modelo regional, a excepción de
los acuerdos bilaterales específicos entre
los Estados que presenten crisis
particulares
Revista: ¿Se trata de un instrumento
todavía aplicable o debe ser actualizado
a la nueva realidad y a los nuevos
crímenes que se han verificado en esta
última década?
Ferrero: Sostengo que la Convención no
requiere actualizaciones porque su
flexibilidad la convierte en fácilmente
adaptable a la evolución del crimen
transnacional. Algo que en cambio es muy
lento es el uso que se le da, pero no es culpa
de la Convención, más bien lo es de los
Estados miembros.
Revista: ¿Cuáles son los obstáculos de la
plena aplicación de la Convención? y
¿cuáles pueden ser las soluciones?
Ferrero: El primer obstáculo es la ausencia
de una evaluación realista, en ocasiones
confundida con humildad o, inclusive,
humillación: los países sostienen que
dirigirse a un instrumento internacional
para resolver los problemas de derecho
penal signifique reconocer la propia
incapacidad de controlar el orden público
interno.
¡Obviamente no es así! En cambio significa
tomar nota de que el crimen organizado se
ha dotado de instrumentos internacionales
que deben y pueden ser afrontados
únicamente con instrumentos de derecho y
de cooperación internacional.
Cumplido este primer paso, cada Estado
debe estar dispuesto a renunciar a aquella
parte de soberanía nacional que conlleva
cualquier forma de cooperación judicial,
sobre todo en materia penal. Este es un
segundo obstáculo que la Convención
ayuda a superar porque señala los sectores
de cooperación y dicta las líneas guía que
los Estados miembros deben seguir,
haciendo más fácil el aceptarlas.
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“Sostengo que la Convención [de
Palermo] no requiere actualizaciones
porque su flexibilidad la convierte en
fácilmente adaptable a la evolución del
crimen transnacional. Algo que en
cambio es muy lento es el uso que se le
da, pero no es culpa de la Convención,
más bien lo es de los Estados miembros”
25
Revista: Usted ha trabajado en Timor
Oriental. ¿Nos podría compartir su
experiencia sobre la importancia de la
cooperación internacional en la
resolución de conflictos nacionales y/o
regionales?
Ferrero: Sí, he participado en la misión de
las Naciones Unidas (UNTAET) de nation
building, con el cargo de juez internacional
y he tenido el raro privilegio de escribir la
primera sentencia emanada del nuevo
gobierno provisorio. En ese caso la justicia
era una de las tantas emergencias en la
creación de una organización provisoria
para transformar en poco tiempo un
territorio devastado y abandonado en un
Estado independiente y soberano. Por tal
motivo la ONU no ha considerado
prioritario instituir un tribunal penal
internacional como aquellos para los
crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y
en Ruanda, sino más bien una “sección
especial”, compuesta por jueces
internacionales y por jueces de Timor
Oriental, con la tarea de juzgar los
crímenes graves cometidos en ocasión del
referéndum con el cual los habitantes de
Timor Oriental habían decidido ser
independientes de Indonesia. Ésta última
ha aceptado las decisiones de la ONU, pero
no ha proporcionado ningún tipo de
cooperación judicial. De hecho, la sección
especial se limitó a juzgar sólo a aquellos
que habían sido arrestados por las Fuerzas
de Paz (INTERFET) sin haber obtenido
ninguna extradición de aquellos – la gran
mayoría – que habían logrado refugiarse
en Indonesia.
Se trató de una solución de compromiso,
aceptada por la mayor parte de la opinión
pública local, que ha privilegiado la rapidez
de la independencia respecto a las
exigencias de la justicia.
Revista: ¿Cuánto puede incidir el hecho
de contar con organismos como la ONU
o el Tribunal Penal Internacional de la
Haya en la aplicación del derecho
penal?
Ferrero: Se trata
ciertamente del fruto de
una lenta pero incesante
evolución del derecho
internacional gracias a la cual el derecho
penal no está solo reservado a los Estados,
sino que existen crímenes particularmente
graves – genocidio, crímenes contra la
humanidad y crímenes de guerra – que
pueden ser juzgados en un tribunal penal
internacional, y existen otros crímenes,
definidos transnacionales, en los cuales la
cooperación judicial se ha convertido en
una regla y no en una excepción.
Ambos son fenómenos nuevos, que
ciertamente no encuentran poca
resistencia, pero que están destinados
inevitablemente a desarrollarse desde el
momento en que la internacionalización
(o globalización) del crimen se encuentra
bajo la mirada de todos.
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Alrededor
Thais Palermo Buti (Revista IILA-SICA)
E l Mercosur, Mercado Común del
Sur, es un bloque regional
compuesto por cinco Estados
Partes (Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela) y cinco Estados Asociados
(Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador). Su
marco histórico de creación es el Tratado de
Asunción, firmado en 1991, y el Protocolo de
Ouro Preto, firmado en 1994, a partir del cual el
bloque adquiere personalidad jurídica
internacional.
Además de la integración económica y
comercial, el Mercosur busca una aproximación
política, social y cultural cada vez mayor entre
sus miembros.
Y es bajo la óptica de un Mercosur cada vez más
dirigido al ciudadano que los Ministerios de
Justicia y del Interior de los países miembros
vienen desarrollando sus acciones en el ámbito
regional, en donde el objetivo primordial es
promover la integración entre los habitantes de
la región.
Para la construcción de este “Mercosur
Ciudadano”, fueron aprobados Acuerdos que
prevén desde la exención de la traducción de
documentos administrativos a los efectos de la
inmigración hasta la residencia para nacionales
de los Estados Partes de
Mercosur, pasando por otros que
determinan la exención de visas
entre Estados Partes del
Mercosur y la regularización
migratoria interna de ciudadanos del Mercosur.
Sin embargo, no es suficiente facilitar el tránsito
de bienes y de personas. Hay que combatir la
circulación ilegal de productos y de individuos.
En ese sentido, hay una preocupación creciente
de los Países del Mercosur en desarrollar
mecanismos de combate contra los delitos
transnacionales, en particular, contra el crimen
organizado.
Hoy en día, los países de la región cuentan ya
con instrumentos jurídicos, políticos y técnicos
capaces de respaldar acciones entre sus fuerzas
de policía. En ese contexto, se destacan el
Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia
de Seguridad Regional, el Plan General de
Seguridad Regional y el Sistema de Intercambio
de Informaciones de Seguridad del Mercosur
(Sisme).
Una serie de otros instrumentos de carácter
operativo busca complementar acciones de
combate a actividades delictuosas específicas,
como el contrabando, la piratería, el robo de
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Mercosur: Seguridad y Ciudadanía
Revista iila-sica.it n° 01
La sección Alrededor presenta al lector las experiencias vividas en el sector por otras realidades latinoamericanas
27
vehículos y el terrorismo.
El Mercosur y la lucha contra las nuevas
amenazas
En el ámbito del Mercosur, fueron creados
diferentes procesos de cooperación
relacionados con la prevención y el
combate contra las nuevas amenazas,
como el terrorismo y el crimen organizado
transnacional. Esas medidas involucran
una serie de instituciones de los Estados
miembros y permiten evaluar el esfuerzo
de los gobiernos en profundizar la
cooperación en el área de seguridad.
La incorporación de actores
transnacionales, que pueden ser
combatidos solamente por los esfuerzos
integrados de diversos países, llevó a un
desplazamiento de la seguridad desde los
planes normalmente utilizados, o sea
unilateral o bilateral, hacia el multilateral.
Ya en la Reunión del Grupo de Rio, el 24 de
mayo de 2003, el documento final
(llamado “Consenso de Cuzco”), ha
reconocido el enfoque multidimensional
de la seguridad, la necesidad de consolidar
“una arquitectura flexible de seguridad,
basada en la cooperación y en el
tratamiento común y renovado de este
concepto”.
El Consenso ha reconocido además que las
medidas de incentivo a la confianza y a la
cooperación en el ámbito de la defensa
deberían ser profundizadas y que las
nuevas amenazas a la seguridad deberían
ser “enfrentadas integralmente mediante
una cooperación internacional eficaz,
articulada y solidaria, a través de las
organizaciones competentes y basadas en
el respeto a la soberanía de los Estados y al
Derecho Internacional”.
En ese contexto, el Mercosur ha adoptado
diversas medidas de carácter multilateral,
basado en el entendimiento de que las
nuevas amenazas no pueden ser tratadas
solamente en términos militares o de
seguridad pública, y no serán solucionadas
por la acción individual del Estado, sino
más bien por la cooperación de diversos
países, luego de un más amplio ejercicio de
diálogo colectivo sobre seguridad.
Los temas de Seguridad y la Reunión de
Ministros del Interior del Mercosur
La Reunión de Ministros del Interior del
Mercosur y Estados Asociados (RMI),
órgano del Mercosur responsable de los
temas de seguridad regional, fue creada
por el Consejo del Mercado Común del
Mercosur en diciembre de 1996. Su
antecedente inmediato se relaciona a lo
acordado en la VI Reunión de Ministros de
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Reunión de Ministros del Interior del Mercosur
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Justicia del Mercosur (22 de noviembre de
1996), a la cual fueron invitados a
participar los Ministros del Interior de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sin
embardo, su primera reunión oficial se dio
en la ciudad de Asunción, Paraguay, en 30
de mayo de 1997.
En aquella oportunidad, quedó establecido
como prioridad de la reunión “...avanzar
en la cooperación y coordinación de las
políticas y tareas relativas a la seguridad y
a la armonización de las legislaciones en
áreas pertinentes, a fin de profundizar el
proceso de integración y generar
seguridad a los habitantes de los países
que componen el Mercado Común del Sur.”
Las primeras acciones de la Reunión
abarcaron temas de carácter delictivo,
aduanero, migratorio y financiero/
bancario en Triple Frontera entre
Argentina, Brasil y Paraguay. Para dar
soporte a esas acciones, fueron tomadas
dos medidas. La primera fue la
celebración, en 1998, del “Plan General de
Seguridad para la Triple Frontera”. La
segunda fue el lanzamiento, en el mismo
año, de las bases para la construcción de
un Sistema de Intercambio de
Informaciones sobre Seguridad en el
bloque, mediante la firma de las “Normas
Generales para la Implementación del
Sistema de Intercambio de Informaciones
del Mercosur”.
Sucesivamente, la RMI ha ampliado su
espacio de actuación y sus acciones. De un
lado, empezó a ocuparse de temas como el
combate al narcotráfico, terrorismo,
lavado de dinero, contrabando, tráfico de
menores, robo/hurto de vehículos
automotores, tráfico ilícito de material
nuclear y/o radiactivo, migraciones
clandestinas y depredación del medio
ambiente. Del otro, ha extendido esas
acciones a todo el Cono Sur, añadiendo
además Bolivia y Chile.
En esa fase fueron firmados diversos
instrumentos, siendo el más importante el
“Plan General de Cooperación y
Coordinación Recíproca para la Seguridad
Regional”, aprobado en 1999 por la
Decisión n° 22 del Consejo del Mercado
Común. Al mismo tiempo, se llegó a un
acuerdo sobre la contratación de un
vínculo de comunicaciones, de base
satelital, para el Sistema de Intercambio
de Informaciones sobre Seguridad
(SISME), sistema que permite un rápido
intercambio de informaciones entre los
países miembros.
Asimismo la RMI ha procurado
desarrollarse institucionalmente, con la
creación de grupos de trabajo encargados
de acompañar las acciones de combate al
crimen, de implementar el SISME, de
promover actividades de capacitación
policial, de proponer acciones relativas a la
seguridad ciudadana y de formular
políticas en el campo migratorio.
A partir del año 2000, la Reunión inicia
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una nueva etapa. Sus acciones, dedicadas
inicialmente a la lucha contra el crimen en
la región, pasan a contemplar, además,
medidas para la construcción de un
“Mercosur Ciudadano”, a fin de promover
la integración de las personas del bloque.
Fueron aprobadas acciones con miras a
facilitar el tránsito entre los nacionales de
la región, mediante la instalación de
canales privilegiados en aeropuertos,
exención de visas, dispensa de traducción
de documentos
administrativos para
efectos de migración y
residencia para los
ciudadanos mercosureños.
Con este último
instrumento, fue posible
para los nacionales de los
Estados Parte, más Bolivia
y Chile, mediante el previo cumplimiento
de algunas formalidades, entrar, salir,
circular y permanecer libremente en el
territorio de otro Estado.
Una sucesiva fase de desarrollo de la RMI
fue la implementación de las medidas
definidas en la fase anterior, finalizadas a
la construcción del “Mercosur Ciudadano”,
así como y la reestructuración de la
cooperación en materia de seguridad
pública regional.
Fue un momento en que las autoridades de
la región se dieron cuenta de que el “Plan
General de Cooperación y Coordinación
Recíproca para la Seguridad Regional”,
complementado y modificado diversas
veces, necesitaba de base legal para su
plena aplicación. Se procedió, por lo tanto,
con la negociación del “Acuerdo Marco
sobre Cooperación en Materia de
Seguridad Regional entre los Estados Parte
y Asociados del Mercosur” (aprobado en
2006 con Decisión n°16 del Consejo del
Mercado Común) con miras a dar respaldo
jurídico a una serie de acciones en el
campo de la cooperación policial en el
bloque.
A su vez, el SISME tuvo su
tecnológica revista, y los
inconvenientes anteriores
en cuanto a la contratación
del vínculo de
comunicación satelital
fueron superados por la
creación de una Red
Particular Virtual (Virtual
Private Network - VPN), construida con
base en Internet, usando protocolos de
criptografía.
En junio de 2006, con la adopción del
“Compromiso de Buenos Aires sobre
Seguridad Regional en el Mercosur”, se
inaugura una nueva etapa de la RMI.
En esa ocasión, se constató que el foro de
los Ministros ya disponía de una base
jurídica y de un acervo de Acuerdos y
Protocolos en vigor para respaldar
acciones entre sus fuerzas policiales, y que
correspondía a los Estados-Miembros y
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Asociados la tarea urgente de
implementarlos y ponerlos en práctica.
El Compromiso de Buenos Aires se basó
por lo tanto en la intención de lograr los
progresos necesarios por medio del
establecimiento de objetivos concretos,
metas claras e instrumentos de
implementación eficaces, con medidas y
plazos definidos. Los sectores de trabajo
escogidos fueron: fortalecimiento
institucional; intercambio de información
de seguridad; coordinación y
cooperación operativa y capacitación.
Resultados alcanzados
El balance de los 14 años de la Reunión
de Ministros del Interior del Mercosur es
positivo. La coordinación
interinstitucional, que se hace sentir
también en el campo de las operaciones
policiales, ha llevado a la realización, en
el 2008, de dos acciones policiales
conjuntas, una de las cuales ha culminado
en la erradicación de casi 500 hectáreas
de marihuana en territorio paraguayo.
Los procesos cooperativos, que van desde
los controles integrados de las fronteras
y la cooperación aduanera hasta el
intercambio de informaciones sobre
comercio de armas y otros tipos de delito,
han permitido, a lo largo de los años, la
aprehensión de drogas, armas y
productos contrabandeados, obtenidos
gracias a la cooperación regular entre las
policías. El SISME, inicialmente distante,
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OOTRASTRAS
EEXPERIENCIASXPERIENCIAS
LALA CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
POLICIALPOLICIAL ENEN ELEL
MMERCOSURERCOSUR
La historia En el año 2000, los Ministros del Interior de los países miembros del Mercosur, reconociendo que las formas delictivas adquirían una dimensión cada vez más transnacional y demandaban la adopción de procesos educativos dinámicos para la capacitación de los recursos humanos de las fuerzas de seguridad y policiales, decidieron elevar a la consideración del Consejo del Mercado Común (CMC), máximo órgano del bloque suramericano, una propuesta para la creación de un órgano que enfrentase el novedoso desafío. En el mismo año, el CMC, respaldando la Reunión de Ministros y motivado por la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes de capacitación policial, ha aprobado, con la Decisión n° 16, la creación del Centro de Coordinación de Capacitación Policial del MERCOSUR (CCCP). La Misión El objetivo del Centro, que está conformado por las áreas educativas dependientes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales de cada Estado Parte, es favorecer la articulación y la coordinación de la capacitación y actualización de estas Fuerzas, respecto de la seguridad pública, desde un enfoque interdisciplinario, cooperativo y abierto a la permanente evolución de los conocimientos científico-tecnológicos. Funciones Entre sus funciones, podemos citar la difusión y la coordinación de la oferta educativa internacional en temas de seguridad pública la temática de la Seguridad Pública; la promoción del intercambio de experiencias que evidencien abordajes creativos y novedosos de la problemática aludida; la generación de un espacio de reflexión común entre las Autoridades de Seguridad y/o Policiales de los Estados Partes y Asociados ante fenómenos de violencia que exigen una visión ajustada en el marco de la convivencia urbana y la búsqueda de la mayor integración profesional posible, para la permanente actualización de métodos y sistemas de seguridad pública. Informaciones institucionales Cada país cuenta con un enlace operativo, que actúa como nexo con la dirección del centro. Para mayores informaciones, visitar el portal del
CCCP.
31
es una realidad. En el 2008 fueron
realizadas las primeras aprehensiones de
vehículos robados en el Mercosur basadas
en las consultaciones al sistema.
La capacitación policial también está en
buena fase, con la realización de cursos y
seminarios en diferentes áreas dirigidos a
los operadores de los países del bloque.
Últimos desarrollos
En ocasión de la XXXIX Reunión del
Consejo del Mercado Común, realizada el
03 de agosto de 2010 en San José,
Argentina, el ministro del Interior de
Argentina, Julio Alak, destacó los logros de
la presidencia pro-témpore argentina y la
revalorización integral de los derechos
humanos en la región.
El Ministro ha dado particular énfasis al
diseño de un sistema recíproco de órdenes
de captura, destinado a “enfrentar los
efectos no deseados de la libre circulación
en el bloque regional”.
El Mandato de Captura - nombre que se le
dará a este instrumento - permitirá que,
frente a un delito transnacional, los países
del Mercosur, en forma recíproca, liberen
órdenes que deberán ser acatadas por la
justicia de las naciones vecinas,
simplificando de este modo el sistema de
extradición.
Durante la Cumbre, los Presidentes de los
Estados Partes del Mercosur y Estados
Asociados, subrayando la importancia de la
cooperación entre los países de la región
en temas de seguridad, saludaron el
avance en la negociación y en la
aprobación de diferentes instrumentos,
que mencionamos a continuación:
Aprobación del “Acuerdo Marco de
Cooperación entre los Estados Partes del
MERCOSUR y Estados Asociados para la
Creación de Equipos Conjuntos de
Investigación”, que permitirá reforzar la
cooperación en materia penal a los fines de
enfrentar aquellas actividades delictivas de
modo más eficiente.
Según el Ministro Alak, se trata de una
herramienta que posibilitará el trabajo
coordinado entre los operadores judiciales
de cada Estado en la investigación de
delitos transnacionales, en procura de
mayor eficiencia en las investigaciones. El
ministro sostuvo además que permitirá
optimizar el tiempo y el esfuerzo de jueces,
fiscales y fuerzas de seguridad.
Avances de la Reunión de Ministros de
Interior en relación al proyecto de
“Acuerdo de Cooperación entre los Estados
Partes del MERCOSUR y Estados Asociados
y la Organización Internacional de Policía
Criminal (INTERPOL)”, instrumento que
permitirá desarrollar la más amplia
asistencia recíproca entre las autoridades
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El documento “Principios y Directrices Básicos
del Mercosur en materia de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos” recoge los principios
fundamentales que han cimentado el bloque y
constituyen el piso sobre el que se edificarán las
políticas regionales
Julio Alak, Ministro del Interior de Argentina
32
de policía criminal.
Presentación, en la Reunión de Ministros
de Interior y de Justicia, de la “Guía de
conocimientos, difusión y alcance de los
instrumentos negociados en los ámbitos
del MERCOSUR cooperación Judicial y
Policial”, que contribuirá a la difusión de
los compromisos asumidos a nivel regional
e internacional por el Mercosur.
Aprobación, por parte de la RMI, del
documento que contiene los Principios y
Directrices Básicos del Mercosur en
materia de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, como ejes necesarios para el
avance en la integración regional. El
documento, en las palabras del Ministro
Alak, agrupa los principios fundamentales
que han cimentado el bloque y constituyen
la base sobre la que, en adelante, se
edificarán las políticas regionales.
“A partir de ese documento - prosiguió el
Ministro - quedan integrados como
principios rectores de nuestros países,
entre otros, la igualdad soberana de los
Estados y de no injerencia en Asuntos
Internos, la reciprocidad y cumplimiento
de buena fe de las obligaciones asumidas,
la promoción y aplicación de políticas
públicas tendientes a asegurar
progresivamente la plena efectividad de
los derechos económicos, sociales y
culturales, el interés superior del niño y la
protección de los migrantes”.
Firma del Memorándum de
Entendimiento entre los Ministros de
Justicia del Mercosur con la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado.
Suscripción de la “Declaración de Buenos
Aires sobre trata de personas con fines de
cualquier forma de explotación”, que ha
plasmado la posición regional en este
punto, que revela la voluntad de los países
por erradicar esta forma de “esclavitud
contemporánea”. La Declaración fue
compartida por la comunidad
internacional en una resolución aprobada
por las Naciones Unidas.
Durante la Presidencia semestral brasileña
de las Reuniones de Ministros de Justicia e
Interior del Mercosur, el Ministro de
Justicia de Brasil, Luiz Paulo Barreto,
pretende lograr una mayor cooperación
entre los órganos de justicia y seguridad
del Mercosur, promover el intercambio de
experiencias en los dos sectores e
implementar modelos más ágiles y eficaces
de cooperación entre los países, con miras
a la creación de un espacio de seguridad
regional.
En su mandato, el ministro dará énfasis a
la negociación del Mandado de Captura y a
los estudios sobre Delitos Fiscales, dando
continuidad a la implementación del Plan
de Acción sobre Seguridad Pública con
Ciudadanía del Mercosur.
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LA AGENDA ACTUAL
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En el organigrama del Mercosur, la RMI se
relaciona directamente con el Consejo del
Mercado Común (CMC), órgano superior
de la estructura institucional del bloque,
compuesto por los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Economía de
los Estados Partes.
La Reunión se realiza una vez por
semestre en el Estado que ocupa la
Presidencia Pro Tempore, que es rotativa,
por semestre y por orden alfabético entre
sus miembros plenos.
Anteriores a la Reunión de los Ministros,
se realizan tres rondas de encuentros
técnicos, para las cuales pueden ser
convocados los siguientes grupos:
Comisión Técnica (CT/RMI): es el foro de
asesoría directa y de coordinación de las
acciones determinadas por los Ministros.
Sus reuniones se realizan, en media, dos
veces por semestre;
Subcomisión de Seguimiento y Control
(SSC/RMI): subordinada a la Comisión
Técnica, se reúne una vez por semestre
con el objetivo de implementar y
acompañar las acciones previstas en el
Plan General de Cooperación y Asistencia
Recíproca para la Seguridad Regional.
Para esa función, cuenta con el apoyo de
los siguientes grupos de trabajo: Delictual,
Control Migratorio, Informática y
Comunicaciones, Capacitación, Ilícitos
Ambientales, Tráfico Ilícito de Material
Nuclear y Radioactivo y Seguridad
Ciudadana;
Grupo de Trabajo Permanente y Grupo
de Trabajo Especializado sobre
Terrorismo (GTP/GTE): creado en el
marco de la III Reunión Extraordinaria de
Ministros del Interior del Mercosur
(Montevideo, Uruguay, 28 de septiembre
de 2001), a partir de la "Declaración de los
Ministros del Interior del Mercosur sobre
Terrorismo". Su objetivo principal es
implementar las acciones operativas y de
coordinación previstas en el capítulo VII
del Plan General de Cooperación y
Coordinación Recíproca para la Seguridad
Regional. El grupo se reúne tres veces por
semestre;
Foro Especializado Migratorio: creado en
la XIV Reunión de Ministros del Interior
(Montevideo, Uruguay, 21 de noviembre
de 2003), con el objetivo de estudiar los
impactos de las migraciones regionales y
extra-regionales en el desarrollo de los
países del bloque; analizar y presentar
propuestas o recomendaciones sobre la
armonización de legislaciones y de
políticas en materia. Sus reuniones se
realizan tres veces por semestre.
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Cómo funciona la Reunión de Ministros?
Fuentes:
- Artículo “El Mercosur diseña un sistema recíproco de
órdenes de captura”. 02 de agosto de 2010. http://
www.jus.gov.ar/prensa/noticia.aspx?id=511
- Comunicado Conjunto dos Estados Partes do Mercosul e
Estados Associados. XXXIX Reunião do Conselho do Mercado
Comum - San Juan, Argentina. 03 de agosto de 2010. http://
www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa
- CRUZ AGUILAR, Sérgio Luiz. Instituições e processos
cooperativos na área da segurança: o exemplo do Mercosul -
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
(UNESP), São Paulo, 2010.
http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-
papers/lasa2010/files/2664.pdf
- Mercosur www.mercosur.int
- Ministério da Justiça do Brasil - http://portal.mj.gov.br - TRENTO, Maikel. Intervenção do Coordenador Técnico do
Brasil da Reunião de Ministros do Interior do Mercosur.
Documento CSH/GT/MISPA/INF. 21/08. Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos -
Comisión de Seguridad Hemisférica. 9 Septiembre 2008.
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Revista iila-sica.it n° 01
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IIL
A-S
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La Revista IILA-SICA hace parte del
Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del SICA y se realiza en el ámbito del
Acuerdo de Cooperación del 28 de mayo de 2008 entre el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) y el
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Dedicada a las temáticas sectoriales y transversales enfrentadas en el Programa, la Revista se propone
brindar al lector una interpretación profundizada de la realidad centroamericana e italiana, a través de
los puntos de vista de sus protagonistas.
El Programa de Alta Formación de Cuadros Dirigentes de los Países del SICA es un programa de cooperación financiado por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores (DGCS/MAE) de Italia, y ejecutado por el IILA, junto con el SICA.
Edición IILA
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El IILA es un Organismo internacional intergubernamental con sede en Roma, del cual son miembros Italia y las veinte Repúblicas de América Latina, en virtud del Convenio Internacional firmado el 1 de junio de 1966. El IILA es Observador Permanente en la Asamblea General de las Naciones
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Editado el 29 de octubre de 2010