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Revista de Filosofía y Letras Departamento de Filosofía / Departamento de Letras
ISSN: 1562-384X
PRAGMÁTICA DEL DISCURSO
JURÍDICO. ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA
ARGUMENTATIVA EN UN
TEXTO DE LOS PAPELES DE DERECHO DE LA REAL AUDIENCIA DE LA NUEVA GALICIA
se considera como un efecto del discurso la construcción de la verdad sobre los hechos llevada a
cabo por el enunciatario, y esta verdad es el soporte de la estructura argumentativa del discurso.
Palabras clave: Discurso, discurso jurídico, análisis del discurso, construcción de los hechos,
estructura argumentativa.
I. Introducción
La administración de la justicia siempre se nos ha presentado como algo objetivo e imparcial, es por
ello que en el ámbito del derecho los conceptos de objetividad y verdad toman especial relevancia,
de manera particular en el descubrimiento de la verdad sobre los hechos juzgados. Las
características del discurso jurídico son resultado de esta necesidad de preservar y comunicar uno
de los principales valores del derecho: la equidad y/o justicia (Cubells e Iñiguez-Rueda, 2008). El
Cuauhtémoc Banderas Martínez
SUMARIO:
El propósito de este trabajo es estudiar
las características que presenta un tipo
de discurso jurídico, con el fin de analizar
cómo funcionan sus estructuras
argumentativas y a través de qué tipo de
estrategias discursivas se realiza en el
texto una fuerza ilocutiva con miras a
producir un efecto en el destinatario del
mismo. Interesa también explicitar cómo
se conforma la estructura argumentativa
del discurso mediante el procedimiento
de construcción (reconstrucción en este
caso) de la verdad sobre los hechos
juzgados, con el propósito de influir en el
tribunal y orientar su decisión. Partiendo
de la idea de que los hechos adquieren
materialidad y estatuto de hecho jurídico
a partir de las prácticas discursivas, se
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discurso jurídico cumple una importante función para la construcción de esta objetividad e
imparcialidad que pretende la Institución jurídica. La existencia de acuerdos propios de la disciplina,
como el sentido y el valor atribuido a las normas jurídicas o el consenso sobre lo que se considera
un hecho, una presunción o una verdad, junto con el uso de estrategias retóricas parecen no dejar
ninguna fisura abierta en este sistema que se nos presenta –en su forma y su contenido- como algo
formal y objetivo.
En este sentido, en el ámbito de la administración de la justicia los hechos que se pretenden
juzgar son resultado de un proceso de construcción discursiva -el fiscal, el defensor o el juez, por lo
general, no han sido testigos de los hechos motivo del proceso jurídico; no existe, pues, una
manera objetiva de describir hechos, de modo que sería inadecuado sostener que existe el acceso a
los mismos “tal y como fueron” dado que la única forma de acercarse a ellos es mediante el proceso
de re-construcción desde el presente de algo que ocurrió en el pasado. Esta reconstrucción se
realiza mediante prácticas lingüísticas. En este artículo analizaremos cómo los “hechos” adquieren
materialidad y estatuto de hecho jurídico a partir de las prácticas que se desarrollan en el seno de
una determinada comunidad jurídica. Así, la construcción de los hechos se nos presenta como
inseparable de la actividad que se realiza a través del habla y los textos (Potter, J. 1998))
De esta forma, consideramos como un efecto del discurso la construcción de la “verdad”
sobre los hechos llevada a cabo por el enunciatario del discurso quien forma parte de una
institución social que funciona de acuerdo con ciertas formas de práctica jurídica.
Aceptamos, de principio, que las prácticas jurídicas se han modificado a lo largo de la historia
en función del tipo de sociedad y el tipo de instituciones jurídicas con las que o en torno a las cuales
se realiza o genera el discurso, este hecho implica, como consecuencia natural, que los discursos a
través de los cuales o con los cuales se ejerce el derecho -asumiendo que las prácticas jurídicas se
realizan como procesos discursivos– también han sufrido cambios importantes en sus modos de
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enunciación; no obstante, es razonable pensar que tanto los discursos jurídicos de antaño y los
actuales comparten características comunes, características esenciales que se han mantenido a
través de los años, quizá siglos; la finalidad de la ley o del derecho sigue siendo la misma, lo que
cambia son aspectos que tienen que ver con el tipo de sociedad en la cual se opera y las
instituciones que la rigen. Despojar a alguien de sus propiedades (incluyendo entre éstas a la vida
misma, por ejemplo, ha sido punible en todo tipo de formación social, y las formas en que esos
hechos delictivos han sido tratados en los discursos no han variado mucho. Una de los aspectos que
ha sido común en los procesos jurídicos es el hecho en que un robo, un asalto o un asesinato, por
ejemplo, esto es, el hecho en sí, no se convierte en un hecho jurídico hasta que se le enmarca,
tipifica o califica en relación con una norma (un discurso) a través de un proceso también discursivo.
Nuestro trabajo no pretende analizar las diferencias que tendrían los discursos jurídicos
(informes del fiscal, en este caso) de la época colonial con los que se producen en las prácticas
judiciales de la actualidad, tampoco nos interesa estudiar las diferencias en las funciones de los
fiscales de la Real Audiencia con relación a lo que hacen actualmente este tipo de funcionarios,
tampoco nos proponemos, y no porque el tema no sea interesante, estudiar la función y la
importancia de la Real Audiencia como órgano de administración de justicia en las postrimerías del
Imperio Español.
El propósito de este trabajo es estudiar cuáles son las características que presenta ese tipo
de discurso, cómo funcionan sus estructuras argumentativas y de qué manera se plasman o a través
de qué estrategias discursivas se realiza en el texto una fuerza ilocutiva con miras a producir un
efecto, no sólo de sentido, sino un efecto real en el destinatario del mismo. Nos interesa explicitar
de qué manera se conforma la estructura argumentativa del discurso a través del procedimiento de
construcción (reconstrucción en este caso) de la “verdad” sobre los hechos juzgados, con el
propósito de influir en el tribunal y orientar su decisión.
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El análisis del texto jurídico que nos proponemos realizar parte de dos planteamientos
teórico metodológicos importantes: las aportaciones de Austin (1998) para quien el lenguaje es una
forma de acción que tiene efectos en el mundo real, y la concepción del discurso -y con ello la del
discurso jurídico- como una práctica social en la que la argumentación es una de sus características
principales.
Un trabajo de esta naturaleza será valioso en la medida en que contribuya a esclarecer las
características de los discursos jurídicos a través de los cuales se impartía la justicia en la época
colonial mediante la utilización de categorías de análisis que han sido utilizadas en investigaciones
similares (Casanovas, 1997; Cubells, 2005; Cubells e Íñiguez-Rueda, 2008; Del Valle, 2002), y de esta
manera aportar conocimientos valiosos para emprender estudios comparativos en este ámbito.
II. ¿Qué es el discurso?
Desde la lingüística, el discurso se ha definido inicialmente dentro de una perspectiva puramente
formalista, como simple sinónimo de enunciado. En esta perspectiva el discurso era
conceptualizado como un enunciado superior a la frase, considerado desde el punto de vista de las
reglas de encadenamiento de una serie de frases (Giménez, 1981: 123).
Posteriormente, E. Benveniste (1973) dio un gran paso hacia una concepción menos
formalista del discurso al integrarlo dentro de un modelo de comunicación. En esta nueva óptica, el
discurso sería cualquier forma de actividad lingüística considerada en una situación de
comunicación, es decir, en una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en que un
determinado sujeto de enunciación (yo, nosotros) organiza su lenguaje en función de un
determinado destinatario (tú, vosotros). Ya Saussure había definido el discurso como "lenguaje en
acción", esto es, como la lengua en cuanto asumida por el sujeto parlante.
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ue a par r de los trabajos de us n ( ), quien descubrió bajo las regularidades del
"lenguaje cotidiano" ciertas formas de institucionalidad (las "convenciones") que las explican y
determinan, cuando se pudo superar el modelo puramente comunicacional y avanzar hacia una
concepción más sociológica del discurso. Éste ha terminado concibiéndose como una práctica social
institucionalizada que remite no sólo a situaciones y roles intersubjetivos en el acto de
comunicación, sino también, y sobre todo, a lugares objetivos en la trama de las relaciones sociales.
En esta última perspectiva, se entiende por discurso toda práctica enunciativa considerada
en función de sus condiciones sociales de producción, que son fundamentalmente condiciones
institucionales, ideológico-culturales e histórico-coyunturales. Son estas condiciones las que
determinan en última instancia lo que puede y debe ser dicho a partir de una posición específica en
una circunstancia determinada.
Así, pues, cuando hablamos de discurso nos referimos tanto a una forma específica del uso
del lenguaje, como una forma específica de interacción social. Así, el discurso se interpreta como un
evento comunicativo completo en una situación social. Obviamente, las palabras y oraciones
declaradas son una parte integral del discurso, pero el discurso no se encuentra en sí mismo sólo en
el conjunto de palabras y oraciones expresadas en el texto y el habla. Como, empíricamente
hablando, el significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido incluir en el concepto
de discurso no sólo elementos observables verbales y no verbales, o interacciones sociales y actos
de habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias involucradas durante la
producción o comprensión del discurso (Van Dijk, 2003).
La concepción del discurso como práctica social significa por lo menos estas tres cosas a la
vez:
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a) Todo discurso se inscribe dentro de un proceso social de producción discursiva y
asume una posición determinada dentro del mismo y por referencia al mismo
(interdiscurso);
b) Todo discurso remite implícita o explícitamente a una "premisa cultural" preexistente
que se relaciona con el sistema de representaciones y de valores dominantes (o
subalternos), cuya articulación compleja y contradictoria dentro de una sociedad define
la formación ideológica de esa sociedad;
c) Todo discurso se presenta como una práctica socialmente ritualizada y regulada por
aparatos en el marco de una situación coyuntural determinada (Giménez, 1981: 125).
En lo referente a la relación entre discurso y sociedad, hay por lo menos tres áreas. La primera es
que, a muchos niveles, las estructuras sociales —desde la interacción cotidiana hasta las estructuras
de grupos o de organizaciones— son condiciones para el uso del lenguaje, es decir para la
producción, la construcción y la comprensión del discurso. La segunda es que el discurso, de muchas
maneras, construye, constituye, cambia, define y contribuye a las estructuras sociales. Y la tercera
“interfaz” entre discurso y sociedad uno puede llamarla “representativa” o, si se quiere, “indexical”,
en el sentido de que las estructuras del discurso hablan sobre, denotan o representan partes de la
sociedad (Van Dijk, 2002).
Los acontecimientos, relaciones y estructuras de la realidad tienen sus propias condiciones
de existencia; pero solamente dentro del discurso, sin perjuicio de sus circunstancias específicas,
sus límites y modalidades tienen sentido o pueden ser construidos en el interior de un marco de
sentido, Además, los mismos acontecimientos reales pueden ser concretados en el discurso, como
acontecimientos discursivos, los que, frente a los acontecimientos reales, pueden ser configurados
de modos muy diversos. Por lo tanto, no se trata únicamente, ni siquiera en primer lugar, de lo que
realmente sucede, sino del significado del suceso, de los significados atribuidos discursivamente a
los acontecimientos. “Significado” significa, en este contexto, la percepción más o menos
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generalizada acerca de un acontecimiento, que puede ser muy diferente, por ejemplo, entre grupos
humanos con ideología o creencias diferentes. De esta manera, la percepción de la realidad o,
mejor dicho, la atribución de significados a la realidad y, en relación con esto, la forma en que el ser
humano trata de dominar la realidad, son, por consiguiente, altamente variables (Jäger, 2008: 208).
Cabe subrayar que los discursos no reflejan simplemente la realidad, en el sentido
presupuesto por las teorías que conciben el lenguaje a modo de espejo, sino que representan
realidades propias creadas por el hombre. Los discursos no son, pues, expresión ni reflejo de la
realidad material, sino ellos mismos son materialidades sui generis; encierran contenidos de
conciencia y con ello transportan y forman conciencia (Jäger, 2008: 209). Los discursos son
depósitos de conocimiento desarrollados por seres humanos, que son transmitidos de persona en
persona, de generación en generación, son intercambiados entre culturas, son modificados a partir
de nuevas luchas entre ellos y de nuevos procesos de aprendizaje y de trabajo, y constituyen la base
desde la cual la realidad misma es alterada. Esto significa, al mismo tiempo, que todos contribuimos
a tejer los discursos, aunque lo hacemos con mayor o menor capacidad de influencia. Y significa
también que los sujetos se ven constituidos a través de los discursos, en tanto su saber y sus
sentimientos, su autocomprensión y su representación de la propia identidad se encuentran
(co)determinados por ellos.
Así, pues, el discurso no es otra cosa que una práctica social constitutiva y generadora de
realidades y relaciones sociales (Foucault, M. 1969), y en consecuencia, los discursos no sólo
reflejan o representan entidades sociales y relaciones, sino que éstos las construyen y las
constituyen.
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III. El discurso jurídico
En la teoría jurídica actual, el derecho es considerado como un lenguaje. Sin duda el desarrollo de
la filosofía del lenguaje a partir de Wittgenstein y Austin y los importantes avances experimentados
por la lingüística, particularmente, por la gramática generativa de Chomsky, han sido la pauta para
proponer nuevas explicaciones al problema de qué es y qué ha de entenderse por derecho. Es cosa
admitida y obvia que el derecho, entendido como las pautas obligatorias impuestas por la
autoridad, como normas de conducta, está estrechamente ligado a un lenguaje. De alguna manera,
el derecho se encarna en un lenguaje, en determinados textos y, consecuentemente, su estudio –
como lenguaje- tenía que ver con los aspectos característicamente lingüísticos.
Fue el libro de J. Austin, Cómo hacer cosas con palabras (1998), el que llamó la atención a
aspectos pragmáticos de los usos del lenguaje jurídico, un asunto fundamental cuando se
consideran los usos prescriptivos de las normas; el ensayo de J. Searle, Actos de habla (1994), puso
este aspecto en el centro de la atención de las teorías del derecho. Frente a las dificultades
ofrecidas por el lenguaje normativo para su análisis gramatical satisfactorio, y frente a la falta de
bases sólidas de las lógicas normativas elaboradas, la idea de que el derecho quedaba mejor
representado con un modelo que lo pensaba, no simplemente como un conjunto de enunciados
normativos, sino como un discurso, como una secuencia de actos ilocucionarios, ganó terreno
entre los teóricos del derecho (Vernengo, 1996: 90). El derecho pasaba de ser un lenguaje más,
analizable lógica y gramaticalmente, a ser un discurso, en el que el problema de los valores de
verdad dejaba de ocupar un lugar privilegiado; un discurso identificado por sus condiciones de éxito
o fracaso; un discurso que no es ni verdadero ni falso, pero puede ser efectivo o no.
El discurso jurídico, sin embargo, no es homogéneo y nos impone de entrada una distinción
fundamental: una cosa es el discurso sobre el derecho (o sobre la norma), y otra cosa el discurso del
derecho (o de la norma) El primero constituye un metalenguaje con respecto al segundo, reviste por
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lo general un carácter meramente descriptivo o constatativo, y se limita a representar
discursivamente la realidad jurídica. Tales son, por ejemplo, las teorías y las doctrinas jurídicas, las
opiniones con respecto al derecho, etcétera. Este tipo de discursos se les puede englobar bajo la
denominación general de ideologías teóricas sobre el derecho (Giménez, 1981: 70).
El segundo tiene un carácter esencialmente normativo y manifiesta propiedades
performativas, es decir, conlleva en su misma enunciación una cualidad operativa intrínseca que
impone modelos de comportamiento, produce realidades nuevas o modifica las situaciones
existentes. El discurso del derecho no es meramente constatativo, descriptivo o valorativo, sino,
también, un discurso operativo, un discurso-acción. En el plano del derecho decir es siempre hacer,
y sólo lo explícitamente dicho adquiere estatuto de existente.
De acuerdo con Kalinowski, el discurso del derecho o de la norma reviste tres modalidades
principales según se trate del discurso del legislador, del discurso del juez o del discurso de la ley.
as dos primeras modalidades no presentan mayores di cultades para su conceptualización. El
discurso del legislador constituye un metalenguaje performativo que tiene por objeto la ley y cuyo
sentido es la promulgación de la misma. Según Kalinowski ,"Es la consecuencia de la práctica según
la cual se requiere el empleo de expresiones 'rituales' para la realización de los actos legislativos de
edición y de promulgación de las leyes (en sentido amplio) " (Citado en Giménez, 1981: 71). Como
se puede ver fácilmente, esta modalidad de discurso es normativa sólo en sentido derivado. El
discurso del juez que dicta sentencia es también performativo al producir efectos inmediatos y
modificar ipso facto la realidad y, a diferencia de la modalidad precedente que es directamente
normativo, puede asumir también la forma de un metalenguaje, como el del legislador.
La dificultad surge cuando se trata de caracterizar teórica y lingüísticamente el discurso de la
ley, prescindiendo del metalenguaje ritual que lo introduce, lo enmarca y lo promulga. Este
discurso, en efecto, no se compone solamente de normas, como generalmente se cree, sino
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también de proposiciones en indicativo que carecen de modalizaciones deónticas o normativas.
Tales son, por ejemplo, las "disposiciones legales" de carácter meramente referencial que definen o
describen ciertas situaciones objetivas en vista de determinados efectos jurídicos.
De acuerdo con Vignaux todo discurso jurídico, trátese de la elaboración o de la
interpretación del derecho, debe considerarse como discurso argumentado y, por lo tanto,
organizado en vista de un proyecto que el discurso negocia frente a una audiencia particular o
general, habida cuenta de los valores que le sirven de pretexto para fundamentar sus enunciados
normativos. Lo que significa en primer lugar que este discurso debe considerarse como constituido
por estrategias que asumen una apariencia lógica y están destinadas a inducir y regular el juicio
colectivo sobre una situación o un objeto. No se puede ignorar entonces al sujeto que articula estos
discursos, ni las condiciones sociales que suscitan y aseguran su despliegue (Giménez, 1981: 132).
IV. Metodología de análisis
La pregunta inicial que podríamos plantear es: ¿qué hace que podamos hablar de una especificidad
del discurso jurídico? o ¿cuáles son aquellas propiedades que están presentes en él y no en otros
discursos?
Para realizar un análisis del discurso jurídico, es necesario el estudio de sus “reglas de
formación”. Esto no se refiere a hacer un estudio meramente lingüístico, más bien se refiere a los
aspectos fundantes de tal tipo de discurso. “ as reglas de formación del discurso jurídico no son
reglas referidas a los registros lingüísticos de las expresiones, sino, más bien, reglas de
identificación, es decir, reglas de designación de los sujetos que tendrían a su cargo el proceso
discursivo” (Entelman, 2: 6 citado en rutos, 2004).
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Así, pues, para conocer la estructura argumentativa del discurso jurídico sería pertinente
analizar los siguientes aspectos:
a) El proceso de enunciación. Este aspecto nos remite, por un lado, al sujeto enunciador
quien imprime un sello característico a la comunicación, y por otro, al carácter específico de
la comunicación.
b) El enunciado. En este rubro lo que importa es el modo en que el sujeto ubica lo que
dice en relación con la verdad; esto es, su representación de la realidad construida a través
de propio discurso.
c) La finalidad u objetivo. Puesto que el discurso jurídico pertenece al orden del hacer
por ello es que su organización interna se configura en relación a su finalidad.
Una de las particularidades de la estructura argumentativa del discurso jurídico del fiscal de la Real
Audiencia de la Nueva Galicia que nos ocupa es el proceso de construcción o reconstrucción de los
hechos; la “verdad” sobre los acontecimientos a juzgar es construida discursivamente, para ello es
necesario desacreditar la credibilidad de las versiones anteriores que motivaron la sentencia sobre
la que se presenta la súplica. Para analizar este proceso, que se concentra en el inciso b del
esquema anterior, utilizaremos las categorías propuestas para la construcción de los hechos por
Jonathan Potter (1998).
V. La construcción de los hechos
Para Jonathan Potter, el lenguaje, o más ampliamente, el discurso, no es un reflejo de la realidad.
Por el contario, "las descripciones y los relatos construyen el mundo o, por lo menos, versiones del
mundo" (1998:130). Esto, se presenta de esta forma porque las descripciones son prácticas
humanas, por lo que pueden variar tanto como personas existen. En el mismo tenor, Potter
propone que los "hechos" que constituyen este mundo no están allí antes que las personas, sino
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que las personas construyen los hechos al hablar de ellos. Es por ello que la atención debe centrarse
en el discurso, pues es a través de éste que se lleva a cabo la construcción de hechos y es parte de
las prácticas sociales.
Potter divide en dos grupos los procesos de construcción de hechos a partir de los recursos
que se emplean para elaborar la factualidad:
1. Recursos centrados en la identidad del hablante. Estos se refieren a la manera en que
se puede desarrollar la identidad de los agentes que producen descripciones para elaborar
su credibilidad. Los recursos utilizados para este fin son: a) Conveniencia e interés, b)
Acreditación de categorías y, c) Posicionamiento, neutralidad y alineamiento.
2. Recursos orientados a destacar la independencia entre hablante y descripción. Son
procedimientos que apartan la atención de la naturaleza o identidad del productor (de la
descripción). Esta cualidad se denomina "exterioridad", ya que se desvía la atención de los
intereses del productor y de su responsabilidad por la descripción. En este rubro los recursos
utilizados son: a) Discurso empirista, b) Consenso y corroboración y c) Detalle y narración.
Para estudiar la finalidad u objetivo del discurso del fiscal (inciso c) utilizaremos lo que Potter (1998)
denomina como procedimientos para “ a orientación de las descripciones hacia la acción”. os
principales procedimientos que Potter propone para que una descripción realice una acción son: a)
Categorización y manipulación ontológica, b) Maximización (extremismo) y minimización y, c)
Normalización y anormalización.
VI. El material de estudio
El texto seleccionado es una súplica a la sentencia de muerte que le fue dictada por la Real
Audiencia de la Nueva Galicia a un indio que fue encontrado en adulterio y que por escapar mató a
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su captor, que en este caso era un alguacil indígena. El documento está fechado en Guadalaxara
(sic.), el 30 de julio de 1891 y forma parte de los Papeles de Derecho de la Audiencia de La Nueva
Galicia, recopilados en su tiempo por el licenciado Ruiz Moscoso, su agente fiscal.1
Uno de los aspectos relevantes del discurso en el notorio esfuerzo del fiscal quien hace hasta
lo imposible por librar al indio de la pena de muerte que a todas luces se ve que le corresponde. El
fiscal utiliza todo lo que está a su alcance para probar que no se trataba de un caso de muerte
"segura y aleve" que era la que merecía la más alta pena, y para salvarlo recurre a todo tipo de
estratagemas y cita toda clase de leyes y de autores. Jurídicamente se trata de que el fiscal, en su
carácter de protector de indios, suplica la sentencia de muerte que le fue dictada a un indígena,
para lo cual intenta toda clase de recursos y argucias.
El texto en cuestión tiene un carácter retórico-argumentativo, el cual es propio de en los
discursos sobre la norma o a propósito de la aplicación de la norma (discursos de la dogmática
jurídica, discursos jurisprudenciales, decisiones de justicia, ordenanzas, etcétera) a los que
pertenece; esta característica es inmediatamente visible en la estructura del texto. En todo caso,
este discurso, al igual que todo discurso de la norma, puede considerarse como un discurso
legisferante de carácter indudablemente argumentativo.
La estructura argumentativa del discurso objeto de nuestro análisis puede resumirse en el
siguiente esquema: en una primera parte, el enunciatario justifica la necesidad de la suplica
haciendo referencia al hecho de que el tribunal aceptó con anterioridad la apelación del caso y, con
una profusa justificación de la legalidad y pertinencia de la misma; en un segundo momento, señala
las anomalías que encuentra en el procedimiento mediante la desacreditación de la credibilidad de
los testimonios y el relato de los hechos que dieron pie a la condena, y por último, reelabora una
versión de los hechos favorable al condenado a muerte, estos hechos son calificados jurídicamente
y se reitera la necesidad de reconsiderar el fallo.
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VII. La estructura argumentativa en el texto de la Real Audiencia
1. El proceso de enunciación. El sujeto enunciador
El sujeto enunciador del discurso parte de una posición de poder dentro de la estructura de
gobierno de la Nueva España: ostenta el nombramiento como fiscal de la Real Audiencia y, además,
funge como protector de indios. Este cargo le confiere el poder para defender al indígena y
materializarlo en el discurso; por otro lado, ese poder también se va a presentar como una
competencia que le faculta para emitir el discurso. Esta competencia se presenta como
conocimiento; el fiscal protector de indios tiene el saber requerido para elaborar el discurso, este
saber se manifiesta como conocimiento, tal como se muestra en los siguientes párrafos:
No sólo por lo dicho estimó el fiscal protector legal correspondiente y de fácil
admisión el recurso de súplica, sino por lo que la misma curia y el Maestro
Gómez al número 31 del capítulo 13, tomo 3 de sus Var. enseñan, y es que
para denegarse la apelación no basta que el reo esté confeso o convicto sino
que se requieren las dos cosas: Esto es que esté convicto y confeso (p. 256)
También creyó indisputable la admisión de súplica por lo que enseña la Curia
de que, aún en los casos que no debe admitirse la apelación sino llevarse a
efecto la sentencia, una vez admitida no puede executarse y debe seguir la
instancia; lo mismo debe suceder de la súplica por la igualdad que según
derecho corre, (p. 256)
Y ultímamente creía el fiscal protector tan llano y conforme a derecho en el
presente caso el recurso de súplica que no consideró necesaria previa petición
de Vensei para interponerlo, y menos en lo privilegiado de su oficio, porque
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creyó que, no obstante la expresión de sin embargo de súplica puesta en la
sentencia, nunca la justificación de este regio tribunal la llevaría a efecto, (p.
256)
No podía ignorar el protector que esta Real Audiencia para conceder o
denegar el recurso tendría muy presente la ley 52, título 4, libro 2 de la
Recopilación de Castilla (p. 257)
Como se puede apreciar en estos párrafos, frases como: “estimó el fiscal”, “creyó
indisputable”, “no consideró necesaria” y “No podía ignorar”, hacen evidente su posición; el
enunciador tiene el poder -la competencia en este caso- que le da el conocimiento. De manera
especial, como también se muestra en los párrafos precedentes, su gran conocimiento de la
dogmática jurídica de la época, mismo que se hace presente por las referencias a las leyes y a los
autores.
Con respecto a la relación entre discurso y poder, habrá que considerar, también, que
existen discursos que ejercen poder en tanto que determinan no sólo los desarrollos de otros
discursos, sino que ofrecen premisas de aplicación para ser convertidas en acciones y en
configuraciones de la realidad (Jäger, 2008). Existe, además, un poder sobre los diversos discursos
generado asimismo a través de otras vías discursivas; hablamos de los discursos hegemónicos. Todo
aquel que se manifiesta conforme con el discurso hegemónico se subordina a este poder, lo
refuerza, lo ejercita y daña o beneficia de este modo a los afectados/ valorados/excluidos y puede,
por lo tanto, estar contribuyendo al afianzamiento o modificación de ciertas prácticas ideológicas.
Así, encontramos que la actuación del fiscal protector está determinada por la ideología dominante
respecto de la población indígena.2
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El llamado reo, como queda dicho y no se impugna, es un indio por su
naturaleza ignorante, bárbaro, miserable y acreedor según leyes a toda
equidad, y más en delitos; y es un indio contra quien ninguna otra cosa se dice
más que el adulterio y este homicidio. De modo que por esto, y por lo que
dispone el derecho y ley 28, título 5, libro 2 de la Recopilación de Castilla, es
preciso considerar a Barreras un hombre bueno, de buen[a] fama, quieto,
nada provocativo, y de consiguiente sin rencor ni ánimo de ofender a su
próximo (p. 258)
Otra modalidad del discurso hegemónico se presenta como “máximas” que orientan la
actividad de los jueces y con ello la impartición de la justicia:
No es justo, según reglas de derecho, interpretar los hechos, ni aún las
disposiciones legales dudosas en perjuicio de los reos; antes bien, es
conforme a sus preceptos, a toda clásica doctrina, y a la humanidad,
interpretar a su favor lo dudoso y no exacerbar su rigor y penas contra el
acusado a quien es menos dañoso dar por libre que condenarle injustamente.
Esta máxima legal, que sin interrucción se ve observada por la sabiduría de los
tribunales superiores que en su cumplimiento, y a imitación de las
Magestades divina y humana la hacen resplandecer, manifestando en las
ocurrencias sin faltar a la justicia, la equidad, y benignidad a los perseguidos,
no es posible deje de producir sus benévolos efectos en un indio que por su
natural 4461 barbarie e ignorancia, (…) cometió algún exceso: (p. 257 y 25 )
En este párrafo también se pueden observar aspectos ideológicos de aceptación general en
la época, referidos a la concepción de la autoridad, la figura del Rey y la divinidad. Esta ideología,
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que se erige como un discurso hegemónico, gobierna de alguna manera, al menos en este ámbito,
la emisión de los discursos.
Por último, habrá que considerar que el enunciatario tiene un propósito bien definido. Este
propósito puede ser construido discursivamente mediante los recursos expresivos utilizados y la
estructura discursiva misma, o a través de la expresión explícita de la intención con el uso del
correspondiente verbo ilocucionario, tal como se muestra en el siguiente pasaje:
…procurará el fiscal protector convencer en este escrito que, aún
prescindiendo de las pruebas que dará el reo Francisco 445/ Barreras y no
promovió su defensor en la primera instancia dejándole indefenso, (…) no hay
mérito en lo actuado, no sólo para calificarlo homicida alevoso, pero ni para
estimar haberlo executado con dolo que deba conducirlo al patíbulo a perder
la vida, (p. 257)
sí, queda claramente explicitado que la intención del fiscal es “convencer” a la instancia de
recepción, en este caso, el Tribunal de la Real Audiencia, de que el acto cometido por el indio
Barreras no amerita la pena de muerte.
2. El enunciado
En este rubro, interesa ver dos cosas: en primer lugar la representación de la realidad construida a
través de propio discurso, esto es, la construcción de los hechos, y por otro, la relación de éstos con
la norma, esto es, su calificación como hecho jurídico.
Como se podrá ver, el fiscal protector de indios a través del discurso mismo reconstruye los
hechos con la intención de que el fallo emitido y la sentencia dictada por el asesinato cometido por
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el indio Barreras pueda ser reconsiderado. Para ello, primero tiene que socavar la credibilidad y la
veracidad de la descripción de los hechos sobre la cual se basó el fallo motivo de la presentación
del recurso de súplica y, posteriormente, reconstruirlos nuevamente mediante un proceso de
materialización discursiva.
En este proceso el enunciatario del discurso utiliza diversos recursos, los cuales se analizarán
con los elementos tipificados por Potter (1998) como “Recursos centrados en la identidad del
hablante”.
A) Recursos centrados en la identidad del hablante
Quien hace una descripción algo tiene que ganar o perder: ¿Qué es lo que ganaría el fiscal protector
de indios al lograr que la pena de muerte sea revocada? ¿Prestigio? ¿Credibilidad? Por lo que se
sabe, el rey era el más interesado en aplicar las leyes de protección de indios, pues, siendo
benevolente podría afianzar su poder sobre ellos. Explícitamente, en el discurso aparecen
referencias al interés de la Real Audiencia para aplicar la normatividad protectora de los naturales.
Y últimamente el fiscal protector, que es presencial testigo de los continuos
deseos y anhelos de esta Real Audiencia por la observancia de las leyes (con la
predilección que preceptúan) de las establecidas en favor de la miserable
casta india, y que por continua práctica experiencia sabe que V.A. sólo desea
el mejor servicio de Dios y del Rey; y en acierto en las determinaciones se
resolvió, sin ofensa de los respectos debidos a tan alta superioridad, a suplicar
de una sentencia que considera gravosa a un pobre miserable a quien el Rey
encomendó su defensa. Y como conducente a ella, y para evitar la posible
involuntaria tergiversación de hechos y su relación, estimó "proprio de su
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obligación, para no quedar a Dios ni al Rey responsable de la vida de este
infeliz, (p. 265)
Desde esta óptica, el enunciatario del discurso manifiesta su interés por probar que el hecho
juzgado tiene una naturaleza diferente a la se le asignó, porque el emisor del discurso tiene la
encomienda del Rey –y en consecuencia, la obligación– de defender a la “miserable” casta india.
Por otro lado, para desacreditar la credibilidad de una descripción se pueden imputar conveniencias
o intereses personales hacia quien la realiza. Así, por ejemplo, no todos los testigos que dieron su
versión sobre los acontecimientos son de fiar, de manera especial, las personas que tienen afinidad
con la víctima. Veamos los siguientes ejemplos:
El indio Lorenzo Islas, primo hermano del difunto, no pudo negar haber
llegado después de la herida; pero (contra cuanto persuade [)] la declaración
del regidor trata de aumentar el exceso de Barreras, pues asegura que éste
quería dar de golpes al rexidor, y con falta de verdad y sobrada malicia trata a
la pobre navajilla de cuchillo. (p. 262)
434/El indio Sandoval, con géneros con el difunto, aunque llegó después de la
muerte a la casa en que sucedió, parece que llegó cuando según el testigo
Islas debía estar el reo peleando con el regidor; sin cuio embargo lo que dice
persuade lo contrario, pues sólo oyó al reo = ave María Santísima, pues que
[he] hecho Yo[=], y que le entregó la navaja al regidor. Y están además
opuestos los testigos en que Sandoval asegura que cuando el reo entregó la
navaja ya 'aba muerto el alguacil; y Islas y el rexidor aseguran que después
que la dio cayó el difunto y le ayudó dos ocasiones Islas a bien morir. (p. 263)
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Como se puede apreciar en ambos pasajes, los testigos no son de fiar, por un lado, por su
relación de afinidad con el difunto: uno es primo, el otro es amigo, y por el otro, la credibilidad de
sus versiones es puesta en duda por las exageraciones (manipulación de los hechos) en la primera, y
en la segunda, por ser contraria a las evidencias o a otras versiones de los hechos.
A diferencia de las versiones dadas por estos testigos, la que presenta por el fiscal es
reconstruida desde una supuesta, aunque nunca demostrada, neutralidad. “Y para que se vea con
cuanto [léase cuánta] naturalidad y verosimilitud induce lo obrado al concepto expuesto, recopilará
el fiscal protector la substancia de cuanto contiene lo actuado.” afirma el fiscal protector y con ello
reafirma su posicionamiento frente a los hechos descritos; “naturalidad y verosimilitud”, son los
conceptos de definen su posición.
B) Recursos orientados a destacar la independencia entre el hablante y la descripción
En función de los propósitos del discurso, es importante que los hechos sean presentados con una
apariencia de objetividad, esto requiere que al ser descritos se utilicen recursos que contribuyan a
crear el efecto de verosimilitud, para ello las modalizaciones veridictivas se presentan como el
soporte fundamental de la argumentación.
Esta perspectiva implica partir de una posición objetiva con respecto a los hechos que se
pretenden narrar; la idea de “acercarse al hecho” para ver cómo fueron en realidad las cosas, es lo
usual en estos casos:
448/Pero acerquémonos más al acto en que se executó la de que se trata y
veremos cómo el alguacil difunto, queriendo llevar adelante el pensamiento
de ofender y dañar al reo que había explicado con los procedimientos de que
queda hecha mención, y con ofrecerse tan cuidadoso (p. 259)
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Este tipo de procedimientos, tales como presentar los hechos “tal como sucedieron” nos
apartan de la naturaleza o identidad del productor del texto. Esta "exterioridad" desvía la atención
de los intereses del productor y de su responsabilidad hacia la descripción, y con ello acrecienta la
credibilidad sobre los hechos descritos.
a) Discurso empirista
Para que la descripción pueda ser considerada como objetivas, es necesario que posea un conjunto
coherente y distintivo de características retóricas y lingüísticas. Estas se agrupan en dos temas
generales: impersonalidad gramatical y primacía de los datos. El repertorio empirista se caracteriza
por: a) presentar los hechos como si fueran “datos primarios” otorgándoles existencia “real” con
independencia de la intervención humana; b) la utilización de formas gramaticales que minimizan
las acciones de los autores. Veamos el siguiente párrafo:
El reo en su primera declaración confiesa ilícita amistad: Que el 22 el difunto
lo halló en la casa de la viuda poco después de la oración, lo llevó para la
cárcel; que a sus suplicas no le metió a ella y sí le dio doce azotes en las Casas
Reales. Que como a las 7 de la noche del 15 fue a su casa el Topil Nicolás
Chávez llamándolo de orden del alcalde (mintió el Topil rapo la orden): Que
llegando a las Casas Reales oyó al alcalde y a la viuda, y sospechando por eso
por lo antes acaecido que fuese para castigarlo se huió: Que volvió a casa de
la viuda con ánimo de sacarla, y que no habiendo querido huirse determinó
irse él: Que asomándose para ello a la puerta vio al difunto y al regidor: (p.
263)
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El texto anterior presenta los hechos con una apariencia de objetividad mediante el uso de
recursos que acentúan la exterioridad del enunciatario. Esta exterioridad se hace evidente en la
manera en que se organiza el discurso; éste está constituido por una enumeración de asertos
engarzados a un acto ilocucionario que no se menciona explícitamente. Salvo en la primera frase del
pasaje en la que se utiliza el verbo ilocucionario “confesar”, todas las demás declaraciones del
acusado inician con el relativo “que”. Con el uso de este recurso el declarante queda nulificado
como sujeto que realiza un acción; en otras palabras, al suprimir los verbos ilocucionarios, se
nulifica la presencia del declarante; no es relevante si el sujeto dijo, afirmó, sostuvo, insistó, negó,
sino lo que dijo, negó o afirmó, esto es, el contenido proposicional (Searle, 1994). Esta estrategia
persigue conferir una mayor credibilidad al acto que se menciona al revestirlo de objetividad puesto
que la subjetividad inherente a la actividad humana parece haber desaparecido con la no mención
del acto de habla realizado, y con ello también “desaparece” la persona.
b) Consenso y corroboración
Una manera de transformar una descripción en un hecho consiste en obtener la sanción de testigos
fiables. Así, el consenso en los informes proporciona una corroboración de la factualidad de una
versión.
En el caso que nos ocupa, los testigos cuya credibilidad ha sido puesta en duda, como ya
vimos, presentan versiones inconsistentes y hasta contradictorias, tal como se puede apreciar en los
párrafos precedentes. No así, las versiones de los testigos fiables:
El indio regidor José Justo, con géneros de afinidad con el reo, declaró que la
noche del 23 de septiembre de 89 notició el difunto al alcalde Nicolás Felipe
que la noche anterior había sacado al reo de la casa de la viuda Jesús y lo
había puesto preso en el cepo de la cárcel del pueblo por estar en ilícito
comercio con dicha viuda: Que en la misma noche lo había echado de la
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prisión por súplicas que le hizo el reo de que no lo supiese su alcalde y dicho
regidor; que el difunto lo azotó y le dio libertad; que sabidor de esto el alcalde
mandó al difunto y al Topil llevaran a su presencia al reo y a la viuda; (p. 262)
El alcalde indio, sin generales, igualmente se refiere al difunto en la mala
amistad y primera prisión del reo, y con demasiada claridad da a entender que
el difunto sin orden ni mandato suio ni de juez alguno lo prendió la primera
vez y lo azotó; y que igualmente sin orden pasó el Topil Nicolás a llamar al reo,
y entre él y el difunto lo metieron a la cárcel de donde huió por estar la puerta
abierta. (p. 262)
El reo en su primera declaración confiesa ilícita amistad: Que el 22 el difunto
lo halló en la casa de la viuda poco después de la oración, lo llevó para la
cárcel; que a sus suplicas no le metió a ella y sí le dio doce azotes en las Casas
Reales. Que como a las 7 de la noche del 15 fue a su casa el Topil Nicolás
Chávez llamándolo de orden del alcalde (mintió el Topil rapo la orden) (p. 263)
Como podemos ver, la corroboración de los hechos se refuerza por el consenso; las tres
versiones mencionan el hecho de que el reo fue maltratado por el difunto: “el difunto lo azotó y le
dio libertad”. También, las tres versiones coinciden en afirmar que el difundo se presentó en
compañía del Topil Nicolás a la casa de la viuda con la intención de prender al reo, pero sin una
orden de aprensión. Estos consensos refuerzan la credibilidad de la versión del reo.
c) Detalle y narración
El hecho de narrar mencionando los pormenores de una cosa o un suceso derivados del examen
cuidadoso de los acontecimientos o los objetos, así como destacar características que pueden
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parecer difíciles de inventar a causa de su especificidad, es un recurso para reforzar la credibilidad
del discurso; quien describe de esta manera tiene capacidad de observación y -se supone- estuvo
presente, y en consecuencia, su versión de los hechos es confiable:
pues contra la expresa orden que la daba el regidor para que no entrase a la
casa, no amarrase, ni menos ofendiese a Barreras, insistió en entrar y entró, y
en amarrarlo, y para conseguirlo le dio de palos y una bofetada sin cuio
embargo el reo, que le profesaba amistad, sin que conste lo contrario ni “aún
se indique, no trató de herirle con la chica e inútil, mojosa y despuntada
navaja que había por casualidad hallado ese día en el camino y de que en ese
acto se acordó para atemorizarlo, (p. 259)
En este párrafo, vemos como se muestran detalles que dan la impresión de que quien narra
los acontecimientos fue testigo presencial de éstos. Además, una descripción tan detallada del arma
homicida: “la chica e inútil, mojosa y despuntada navaja que había por casualidad hallado ese día en
el camino”, confieren un efecto de varacidad, y refuerzan la intencionalidad y el objeto ilocucionario
del discurso.
3. La materialización de los hechos
Como se podrá apreciar, las constantes en la narración de los hechos presentada por el fiscal son, a)
la intencionalidad de dañar al reo por parte del difunto, y b) la no intencionalidad de matar por
parte del reo. Estas contantes son las que dan coherencia a la versión de los hechos, y por supuesto,
abonan a favor de su credibilidad.
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Pero acerquémonos más al acto en que se executó la de que se trata y
veremos cómo el alguacil difunto, queriendo llevar adelante el pensamiento
de ofender y dañar al reo (…) (p. 25 )
Por haber procedido el difunto en estos términos, si no se hizo riguroso
agresor del homicidio que resultó de este origen, y por este principio se
constituió a lo menos verdadero calumniador del honor y cuerpo de Barreras
y de su muger, cuia defensa es del marido; por este hecho se hizo acreedor el
difunto, en opinión de alguno[s] autores clásicos, a riguroso castigo, sin que
pudiese ni debiese escusarle del la certeza del adulterio, ya porque sin
aquellos requisitos no podía conocerse del ni dar margen a que transgrediese
de la casada ofendida, e ya porque el alguacil no lo probó como debía; y por lo
mismo, en opinión de otros autores, pudo Barreras matar a este calumniante
lícitimamente. (p. 259)
En este fragmento se puede ver cómo se establece una relación de causalidad entre el
castigo recibido por la víctima y su intención de hacer daño; su muerte fue provocada por él mismo:
“la causa de la causa, es causa de lo causado”, tal como reza el adagio clásico. El recurso retórico
utilizado por el Fiscal está fundamentado en la denominada por Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, L
( ) “estructura de lo real”. De esta manera se establece una relación de solidaridad entre los
juicios admitidos –los hechos descritos- y el que se intenta promover.
A partir de la inferencia de las intenciones de los protagonistas, el fiscal construye la
coherencia de lo acaecido en un relato que recurre al uso de las “figuras de presencia” (Perelman,
Ch. y Olbrechts- Tyteca, L., 1989). Este recurso se basa en la selección de los datos presentados, de
tal manera que se repite en cada una de las versiones (las fiables) las intenciones y una determinada
manera de proceder en el obrar de los protagonistas. El recurso produce el efecto de construir una
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semejanza (familiaridad) entre los diversos relatos de los hechos en tanto que comparten aspectos
comunes, así como la asociación entre la intencionalidad y el acto cometido.
os “hechos brutos” materializados en la narración del fiscal serán convertidos en “hechos
jurídicos” al relacionarlos con las normas jurídicas. Como puede verse en el siguiente fragmento, el
homicidio es calificado como ‘no alevoso” citando a Gómez.
Pero vamos por partes: El homicidio ni fue ni hay mérito para tenerlo por
alevoso: Lo primero porque el homicidio por si sólo trae presunción de dolo,
pero no de aleves según leyes reales, porque para que haya prodicción o
alevosía es preciso que sean mutuamente amigos el ofensor y el ofendido
según doctrina del maestro Góm[ez] al número 5, capítulo 3, tomo 3 de su
Var.; y como resulte que Islas y su primo el difunto solicitaban con ardor al reo
para matarlo o herirlo, y a quien ya el difunto había azotado, no había esa
misma amistad. Lo segundo porque, aunque según la ley diez, título 26, libro 8
de la citada recopilación, la muerte segura se dice aleves y se tiene por
segura, la que no se hace en riña y pelea o guerra: Esto no es ser aleve sino
tenerse por tal o presumirse, cuya presunción legal es inudible por otras; y
como haya más y más fuertes para tener la muerte de que se trata por hecha
en riña o pelea, por lo ya dicho y declaraciones de la causa, cesa esa
presunción excluida por declaraciones "y acrosimilitud con autos, materia y
pasages. (p. 260)
La construcción de los hechos jurídicos requiere ciertas operaciones: primero, construir una
versión coherente y aceptable de los hechos acaecidos mediante la utilización de ciertos recursos
retóricos (figuras de presencia, estructura de lo real, etc.); segundo, en relación al punto anterior,
proponer las pruebas, argumentos en este caso, que apoyan la versión de los hechos presentados
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en el discurso, que serán, a su vez, utilizadas para la justificación de sus conclusiones finales, y por
último, la aplicación de la norma que funciona como esquema dogmático a través del cual los
hechos son interpretados. La aplicación de la norma implica por tanto un proceso de categorización
a través del cual los hechos son tipificados.
C) La finalidad u objetivo
No hay discurso sin intención, es por ello que una descripción no puede ser totalmente objetiva, ni
imparcial, ni ajena a las intenciones comunicativas de los hablantes: describimos, narramos, o
contamos cosas con una finalidad práctica, así, por ejemplo, se puede describir algo con la finalidad
de informar, impresionar, escandalizar, buscar adhesiones o provocar una respuesta. La cuestión
aquí es ver de qué tipo de recursos discursivos se vale el emisor para que la descripción de los
hechos sea orientada hacia la acción, o realice ella misma una acción además de la descripción, sino
también, produzca un efecto en el receptor del discurso.
Para lograr que la descripción de los hechos sea orientada a la acción es necesario utilizar
algunos procedimientos que están orientados a la manipulación de la información y las las
modalizaciones de presentación con la finalidad de reforzar el objeto ilocucionario del discurso.
1. Orientación de las descripciones a la acción
Es de sumo interés considerar el hecho de que el enunciatario, en este caso el fiscal protector de
indios, tiene la posibilidad de manipular la información para reforzar el efecto de sentido; uno de
los recursos utilizados son las exageraciones tendientes a minimizar o maximizar algunos datos;
ejemplos claros de esto son las referencias al arma utilizada por el reo: “una navajilla sin punta”, “la
chica e inútil, mojosa y despuntada navaja”. Este tipo de recursos también son utilizados para
exagerar la intención de la víctima, expresiones tales como: “Islas y su primo el difunto solicitaban
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con ardor al reo para matarlo o herirlo” logran el efecto. Con relación al acto realizado por el reo, el
fiscal trata a toda costa de demostrar que no tenía intención de hacerlo y que casi fue un accidente,
tal como se perfila en el siguiente pasaje:
Por esta ignocente acción, dirigida únicamente a facilitarse el camino para
huir, ensoberbeció más aquel enconoso alguacil, y lo precipitó a arrojársele
nuevamente a maltratarlo y a querer amarrarlo, para lo cual se le estrechó en
términos que en el debate de aprisionar el difunto y restituirlo el reo,
alentado de que así lo mandaba el regidor juez actual, se hirió el mismo
difunto o involuntariamente lo hirió Barreras (p. 259)
Tal parece que el emisor del discurso trata de convencernos de que la muerte del difunto fue
provocada por él mismo al casi arrojarse sobre la navaja, o que fue algo así como producto de la
fatalidad, o, en última instancia, algo totalmente incidental, y trata del convencer de que el hecho
de que el reo sacara su “navajita” no fue más que una “inocente acción”.
Como ya vimos con anterioridad, uno de los argumentos fundamentales en el discurso es la
relación de causa efecto entre el proceder del alguacil difunto y su muerte, este argumento se
enriquece cuando se evalúa la conducta del difunto con relación a una norma, este recurso produce
el efecto de considerar la conducta de éste como algo atípico, fuera de toda normalidad:
Este por mal nombre llamado alguacil, y quien por serlo de un alcalde de
indio no podía estimarse de mejor condición ni con más autoridad que, por
exemplo, la de un corregidor que no puede prender sin mandato de juez por
escrito según el Político Bobadilla, ni según el mismo, al número 16, capítulo
13, libro 1, "excederse de lo que se le manda, ni cometer atropellamiento,
exceso o insolencias con que dé motivo a resistencias, pena de no ser mirado
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como ministro de justicia sino como persona particular, fue todo el origen y su
reprobo procedimiento de la muerte que sufrió y a que dio él mismo causa:
Así mismo debe imputársela, y ni el sirviese ni el oficio judicial debe
desentenderse de que la causa de la causa es la causa de lo causado: Y de que
si su ilegal y reprobado modo de proceder al principio contra Barreras si
fijaron justo motivo, ni preceder escándalo, (p. 259)
La reacción del reo, por el contrario, es considerada como una reacción normal, esperada;
aunque fue una reacción no premeditada, en la que se “halló metido por su desgracia”, ejecutada
sin ánimo de ofender y con el sólo propósito de huir, como lo haría un fiera acorralada.
Este tipo de recursos tienen el efecto de reforzar el propósito ilocucionario del discurso, ya
que forman parte del proceso de construcción de la verdad sobre los hechos juzgados.
2. La estructura argumentativa
No hay que olvidar que el discurso está orientado a sus resultados, y es por ello que su coherencia
semántica está en relación con su fuerza ilocutiva. La configuración enunciativa determina la
organización interna de los procesos discursivos; el discurso se configura en relación con su
finalidad.
Uno de los componentes fundamentales de la argumentación es, como se vio antes, la inicial
desacreditación de las versiones de los hechos dadas por los testigos y sobre los cuales se basó la
sentencia, y la consecuente reconstrucción de los mismos para presentarlos con un carácter distinto
y que sean juzgados de modo diferente, para ello utiliza el esquema argumentativo en el cual el
hecho está relacionado con una norma jurídica, en tanto que ésta es una regla que establece las
consecuencias jurídicas que siguen a un hecho. sí, “si se da el hecho entonces se darán las
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consecuencias C. a relación ‘si ... entonces ....’ significa la relación normativa impuesta por la
norma jurídica.” (Wrobleski, : 2). O, en palabras de Calvo, J. ( 3), “la norma (premisa
mayor) funciona, pues, como criterio reductor o esquema dogmático de contención de los hechos
(premisa menor), permitiendo su puntualización objetiva, para desde allí prescribir –pre-escribir-
por subsunción la hipotética conclusión lógicamente deducible” (Calvo, 3:25).
así por lo resultante de autos como por las disposiciones de derecho y por las
circunstancias que imtervinieron, dándolas aquel peso legal que merecen y no
perdiendo de vista las causas originales que dieron margen al exceso, su
virtud, necesarias consecuencias, ni de cosa alguna de las que conducen a la
rectitud del juicio, se hallara claro, aun en lo obrado, que o no cometió
homicidio punible Barreras, o sólo por él puede ser castigado con pena
extraordinaria y arbitraria leve. (p. 258)
En este párrafo se muestra una de las estructuras básicas que se utilizan para organizar y
presentar las ideas: “así por lo resultante (…) y no perdiendo de vista las causas (…) se hallara claro
(…)”, la cual reproduce el esquema básico de la argumentación.
Como todo texto de esta naturaleza, su intención es presentar argumentos en contra o a
favor de una posición y su fuerza ilocucionaria se muestra a través el uso de ciertos recursos y
modalizaciones discursivas; en el caso de este párrafo, mediante modalizaciones epistemológicas
con el uso de las expresiones: “se hallará claro” y “tiene entendido” que son una constante en todo
el discurso; por otra parte, con estos recursos semántico-lingüísticos, también se refuerza la imagen
del emisor como un sujeto que tiene el poder del conocimiento, tal como se muestra también en el
siguiente párrafo:
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El fiscal protector tiene entendido que es conforme a derecho absolver al reo
cuando no se le prueba en los términos que el mismo derecho requiere el
delito que se le acusa: Que estando las leyes y el derecho natural y de equidad
más por defender al ignocente que por castigar rigurosamente al delincuente
corresponde en caso de duda absolver, y nunca457 imponer en esas
circunstancias la pena ordinaria del delito, aunque de él no esté enteramente
purgado el reo, porque entonces falta prueba de la gravedad que la mérita y
sólo queda bastante el exceso en la defensa punible, sólo con arbitrarias,
proporcionadas y leves. (p. 264 y 265)
La estructura argumentativa se ve reforzada por este tipo de ideas; el discurso va dirigido al
tribunal de la Real Audiencia, por tanto, sus virtuales receptores no son legos; por el contrario, son
sujetos que comparten el saber y también tienen la competencia para valorar y entender el discurso
del fiscal. Por último, como parte de la Real Audiencia, estos sujetos comparten con el fiscal
protector, el deseo y la disposición “… por la observancia de las leyes, de las establecidas a favor de
la miserable casta india".
El discurso, además de ser una argumentación jurídica en sentido estricto y que, en este
aspecto, trata de mostrar que los hechos encajan en un determinado tipo normativo o pueden
subsumirse en una norma universal, también es un discurso en el que la credibilidad de los
argumentos en relación a los hechos narrados y los mensajes que orientan su interpretación se
encabalgan gracias a la habilidad del enunciatario. Se trata de que el receptor del mensaje: a) no
ponga objeciones a la credibilidad de los hechos (no encuentre vacíos o contradicciones que le
hagan dudar) y, b) haya recibido una orientación clara de cómo interpretar estos hechos. La
estructura argumentativa se ve reforzada con la utilización de toda una serie de elementos
comunicativos, que aparecen de manera explícita o explícita en los argumentos, entre los cuales
destacan la descalificación de testigos, las apelaciones a la responsabilidad, sentido común e
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inteligencia del receptor, la deferencia hacia el papel del tribunal, las citas y los argumentos de
autoridad, entre otros.
Con el uso de estos recursos, el discurso no sólo se limita a comunicar una información, a
informar una versión sobre los hechos, o lo que piensa el fiscal sobre los hechos, sino a programar
una respuesta por parte del receptor. Las modalizaciones epistemológicas que muestran cómo
“deben entenderse” los hechos, inducen a qué es lo que “debe hacerse”, así, estamos frente a un
saber que se transmite para producir una reacción prefigurada de antemano. Este componente del
discurso jurídico es importante por cuanto remite a la figura de autoridad y, por tanto, de la
manipulación en tanto que hacer-hacer. El destinatario se siente obligado a aceptar (mediante la
estructura modal) el contrato propuesto. En realidad, va más allá: se trata de un no poder-no hacer.
(Frutos, 2004)
Es evidente que el texto tiene un carácter eminentemente argumentativo y este aspecto, su
superestructura es determinante para la organización interna de la enunciación, esto es, para su
coherencia.
Conclusiones
El discurso jurídico, tal como pudimos constatar, está ineludiblemente ligado al orden del poder,
esto tiene implicaciones en el modo en que se presentan en el discurso los sujetos discursivos. En
este caso, esta presencia puede ser vista no sólo como del orden del ser sino también como una
competencia para hacer; el sujeto discursivo, el fiscal protector, se nos presenta como provisto de
una competencia específica que les permite actuar seleccionando entre las posibilidades de acción
de que dispone para producir así los efectos previstos en relación con tal estrategia.
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El soporte del discurso no es otra cosa que una estructura modal veridictiva que lo presenta
como verdadero, razón por la cual debe ser aceptado. El pacto entre emisor y destinatario implica
un hacer persuasivo de parte del emisor y un hacer interpretativo de parte del destinatario. Así, el
tipo de representación del hacer persuasivo del emisor es tan relevante como los valores en juego.
Hay un direccionamiento de un saber (verdad) hacia el destinatario, mediante el uso de una serie de
operaciones destinadas al re-envío a un saber reconocido. Lo importante no es, pues, esta
información sino la modalización de esa información, realizada según la modalidad del saber
(Frutos, 2004)
El contenido proposicional del discurso -el qué, los hechos- es resultado de un proceso
discursivo, de ahí que los referentes inmediatos, no son los “hechos brutos”, sino un relato, es decir,
un discurso. En el discurso del fiscal, como pudimos constatar, este relato es el que se materializa
discursivamente y se le da forma de “hecho jurídico” al relacionarlo con la ley, o sea, otro tipo de
discurso. La cuestión semántica del referente está presente en todo el análisis del tipo de
articulación entre los enunciados concretos y su relación representacional, la relación entre el
hecho fáctico y la ley es una relación construida discursivamente.
El discurso, mediante el uso de determinados recursos expresivos, prefigura el tipo de
destinatario, estos son actores con enclave institucional; esto es, los destinatarios del discurso son
los que ostentan el saber específico y lo comparten con el emisor. Esta propiedad, que no es
privativa del discurso jurídico, muestra sin embargo un funcionamiento que parece más relevante
en el discurso jurídico que en otros tipos de discurso.
Por otra parte, el discurso del fiscal conlleva un componente pragmático importante; se trata
de un texto que ordena y sanciona. Remite, de este modo, al orden social, a las prácticas concretas
y a su inclusión en un eje del deber; estos aspectos, señalados habitualmente en el discurso
jurídico, están vinculados también a su posición con respecto a la norma jurídica. Desde esta
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perspectiva, el discurso no es una representación, sino un discurso en situación, que decreta,
sanciona, verifica, comprueba. Se trata de un discurso con una clara finalidad de transformación de
cierto orden de cosas y con una orientación que privilegia la acción, que indica y ordena cómo han
de modificarse las cosas (la sentencia dictada al indio Barreras) de acuerdo con la ley; un discurso
que muestra con claridad cómo el lenguaje pertenece al orden del hacer.
El discurso jurídico es, así, un discurso orientado a sus resultados; un discurso en el que el
contenido proposicional es manipulado para ser presentado de tal manera que produzca un
resultado efectivo: influir en el ánimo del receptor para que actué de acuerdo a cómo se espera.
Así, estamos frente a un texto de carácter conmisivo cuyo objeto ilocucionario es el deseo de que el
receptor actué de una determina manera (Searle, 1984), y es por ello que su organización, su
coherencia semántica, esté en relación directa con su fuerza ilocucionaria. Estamos, pues, frente a
un discurso cuya configuración enunciativa determina la organización interna de los procesos
discursivos; el discurso se configura en relación con su finalidad.
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Notas
1. Los papeles de derecho de la Audiencia de la Nueva Galicia del licenciado Juan José Ruiz Moscoso
su agente fiscal y regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810. Constituyen una valiosa
compilación de documentos que son una fuente de primer orden para acercarse y conocer algunos
aspectos sociales, culturales y sobre todo las formas de administración de la justicia en los últimos
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años de la Colonia. Los documentos fueron editados por Rafael Diego-Fernández Sotelo y Marina
Mantilla Trolle en La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio español. Guadalajara: El Colegio de
Michoacán/Universidad de Guadalajara. La edición, además de los Papeles de Derecho, incluye un
interesante y muy completo Estudio introductorio por parte de Rafael Diego-Fernández Sotelo, así
como unas Notas biográficas de Juan José Ruiz Moscoso Lanzos y Cansio, escritas por Marina
Mantilla Trolle y Claudia Gamiño Estrada. El texto que utilizamos en este trabajo se titula:“ 67
Sentencia de muerte. pelación de un indio”, y se ubica en las páginas 255 – 265 de esta edición.
2. De un modo más técnico, miserable es la persona incapaz de valerse por sí misma y necesitada en
consecuencia de protección jurídica especial; (…) la determinación concreta de quién es miserable a
los efectos de aquella protección se deja en manos del juez. Será muy conveniente recordar esto
cuando hablemos de los indios y veamos que todos ellos, con muy contadas excepciones, caen bajo
esta especial consideración legal.
La condición legal de persona miserable lleva aparejada una extensa serie de prerrogativas
que envuelven prácticamente todas las actuaciones jurídicas posibles de los sujetos amparados en
tal calificación, (…) esas ventajas no se aplican todas siempre, sino dependiendo de la clase de
miserable de la que se trate en cada caso. Entre los privilegios de alcance más general cabe recordar
los establecidos en el terreno de la administración de justicia y particularmente los muy notables
referidos al fuero competente para juzgar las causas que afectan a miserables; (Cuena Boy,
Francisco (1998) Utilización pragmática del derecho romano en dos memoriales indianos del siglo
XVII sobre el protector de indios. Revista de estudios histórico-jurídicos, n. 20. p. 2.)