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http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-236197-2013-12-21.html
ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Una herramienta
Por Alfredo Zaiat
La inflación ha sido la forma con que históricamente se procesó en Argentina los conflictos
distributivos. Es un marco imprescindible para saber que la principal fuente de tensión inflacionaria
se encuentra en la denominada puja distributiva. Esto implica que la disputa entre el salario y la
tasa de ganancia empresaria es el factor central que impulsa la suba de precios. Es la
manifestación de la pelea sobre cómo se reparte la riqueza. El dinamismo de ese proceso es más
intenso que el verificado en otras economías de la región por las características de los
protagonistas locales. Esta interpretación no es compartida por la corriente de difusión económica
dominante, pues considera que la expansión del gasto público y de la emisión monetaria son las
dos variables responsables de los aumentos de precios. La receta ortodoxa es entonces para todo
momento y lugar disminuir la emisión, elevar la tasa de interés, recortar el gasto público, enfriar la
demanda y reducir el salario real. Esas medidas fueron implementadas en varias oportunidades en
la larga tradición inflacionaria argentina, con el mismo resultado: castigo a la estructura productiva,
deterioro de las condiciones sociolaborales e impacto negativo en la equidad, crecimiento
económico y generación de empleo.
El gobierno de CFK no comparte el camino analítico de la ortodoxia para entender la inflación,
antes con Guillermo Moreno y hoy con Axel Kicillof. Defiende una mirada alternativa al instalado en
el sentido común en función de preservar los objetivos económicos que proclama, resumidos por
Kicillof en un círculo virtuoso de crecimiento, inclusión social, reindustrialización, más empleo,
incremento de la demanda interna, aumentos de salarios y consumo con la consiguiente mejora de
la rentabilidad empresaria motivadora de la inversión. El aspecto no explicitado pese a los
celebrados resultados que se buscan es que se trata de una estrategia generadora de tensiones
inflacionarias debido a que se aplica en una estructura productiva desequilibrada, heterogénea,
concentrada y extranjerizada.
En ese escenario económico los acuerdos de precios son una herramienta de la política de
ingresos. No son un fin en sí mismo, sino un ingrediente relevante de una estrategia económica
destinada a combinar creación de empleo con estabilidad. No son una solución mágica de la
inflación. Intervienen para reducir la inercia inflacionaria, reflejada en ajustes por incertidumbre
como los verificados en las últimas semanas. Deben estar complementados con una negociación
salarial consistente con el horizonte de precios previsto en los acuerdos. Es una de las formas de
intervención del Estado en la puja distributiva. De esa forma actúa también en la formación de
expectativas al brindar señales a los actores económicos sobre la perspectiva esperada en la
variación de precios.
La formalización y exhibición de los protagonistas de un nuevo acuerdo de precios, incluyendo
ahora a proveedores, es un avance cualitativo de la gestión económica oficial sobre la experiencia
previa. La existencia de una estructura productiva altamente concentrada, donde pocas grandes
firmas controlan los precios y las cantidades producidas de una gran variedad de bienes, exige un
compromiso escrito para su cumplimiento. El control y administración de precios es uno de los
instrumentos para evitar el abuso de empresas con posición dominante en cadenas de producción
y comercialización que perjudican a los eslabones más débiles, siendo el último el consumidor-
trabajador. El Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria difundió un documento
sobre formación de precios donde destaca que en el mercado del pan elaborado una sola firma
(Fargo/Bimbo) concentra el 80 por ciento de la producción; las cervezas son producidas en un 82
por ciento por dos empresas (Quilmes el 66 por ciento con sus marcas Palermo, Andes, Norte y
Bieckert, y Brahma con el 16 por ciento) y las galletitas son fabricadas en un 78 por ciento por tres
empresas (Kraft, Arcor y Danone).
En los últimos años, diferentes acuerdos informales sólo con las grandes cadenas de
comercialización derivaron en una elevada dispersión de precios de un mismo producto. El
consumidor de ese modo perdió referencia generando un escenario de confusión sobre el nivel de
los precios, agudizado por las promociones de descuentos y las permanentes modificaciones del
packaging. Un elemento indispensable para instrumentar una política de administración es contar
con precios homogéneos en una misma cadena, con pequeñas variaciones por ubicación
geográfica por cuestiones de logística y transporte.
Un informe de Economía difundido esta semana y publicado por Página/12 muestra cómo
proveedores y supermercados encontraron mecanismos para eludir los acuerdos vigentes.
Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con
precios acordados junto a otros prácticamente idénticos –versiones “fortificadas” o añadidos de
calcio y vitaminas– con valores con diferencias de más 200 por ciento. La táctica de distracción al
consumidor, sometido a un permanente agobio sobre el peligro de desbordes de precios, estuvo
concentrada en productos de la canasta básica como yogur, leche, yerbas o lavandina.
Proveedores y supermercados pudieron así evadir el compromiso asumido con el anterior
secretario de Comercio. Por ejemplo, Rosamonte se comprometió a fijar en 10 pesos el paquete de
medio kilo de yerba con palo, pero presentó su versión “Plus”, que cuesta 20,85 pesos. Nobleza
Gaucha hizo algo similar a través del lanzamiento de un “envase ecológico”.
Otro documento elaborado en base a información proporcionada de la campaña nacional Mirar
para Cuidar detectó otra serie de irregularidades en el cumplimiento del último acuerdo de precios.
Además de la exagerada diferencia de precios de un mismo producto en la misma cadena de
comercialización, observó desabastecimiento en distintas provincias (Corrientes, Mendoza y Salta).
Los inspectores señalaron que en muchos casos las reposiciones se efectuaban al momento de la
inspección, o que se remarcaban precios inmediatamente después de que se retiraban del
establecimiento. Además se encontraron con situaciones insólitas como personal de los
supermercados “disfrazados” de consumidores, encargados de seguirles los pasos. También
descubrieron en algunos establecimientos que los precios en la góndola no eran los mismos en los
cajeros en el momento de registrar la compra, con una diferencia siempre en contra del
consumidor.
Todos esos antecedentes fueron parte de la negociación que mantuvo el nuevo secretario de
Comercio, Augusto Costa, con supermercados y proveedores. En el “acuerdo voluntario de
precios” que entrará en vigencia el 1º de enero, como lo presentó ayer Kicillof, ambos funcionarios
mencionaron que “en este nuevo compromiso de trabajo debe haber responsabilidad sin hacer
engaños de marketing o packaging” para garantizar el abastecimiento al precio de venta acordado
y en forma homogénea en las diferentes cadenas de comercialización. “Si hay incumplimientos,
habrá sanciones”, advirtió Costas en el encuentro público donde participaron los empresarios.
Ante situaciones de “desvíos”, como definió las maniobras denunciadas, se aplicará la Ley de
Defensa del Consumidor, se denunciará por abuso de posición dominante, habrá fiscalización a
través de la AFIP (Ricardo Echegaray estuvo presente en el acto) para detectar irregularidades en
los precios y en los balances de las compañías, y se quitarán beneficios otorgados por el Estado.
Después de la experiencia Moreno, el Gobierno ha elegido ordenar la política de administración de
precios. Varios son los determinantes de los precios de la economía como para pensar que la
inflación puede ser atendida por una sola persona o enfrentarla exclusivamente con un esquema
informal de congelamiento de precios. El objetivo inicial de un acuerdo de precios es evitar la
receta recesiva de la ortodoxia para atacar los aumentos, que consiste en limitar la demanda. La
política de administración de precios ahora con un acuerdo formal pretende desprenderse del
simple voluntarismo político para consolidarse como una efectiva herramienta de la política de
ingresos.
azaiat@pagina12.com.ar