TEMA 2. ESTATUTO Y ORGANIZACIN DE LA GUARDIA

CIVIL (II)

ORDEN INT/77/2014, DE 22 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA EL

USO GENERAL DEL UNIFORME DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

El artculo 25 de la Ley Orgnica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos

y deberes de los miembros de la Guardia Civil, establece que los componentes del Cuerpo

tendrn el derecho y el deber de utilizar el uniforme reglamentario, de acuerdo con las normas

que regulen dicho uso, en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo el artculo 7 de la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad, recoge el carcter de agente de la autoridad de los miembros de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Rgimen del Personal del Cuerpo

de la Guardia Civil, al regular las situaciones administrativas recoge, para cada una de ellas, la

sujecin o no de los guardias civiles al rgimen general de derechos y obligaciones, entre los

que se encuentra el de utilizacin del uniforme reglamentario. Asimismo, dicha ley determina

los supuestos en los que, al cesar en la relacin de servicios profesionales en virtud de retiro,

existe derecho a usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes.

Por su parte, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales

Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 1437/2010, de 5 de

noviembre, por el que se declara de aplicacin para los miembros del Cuerpo de la Guardia

Civil el mismo, establece que dada su naturaleza militar y la condicin militar de sus miembros,

estas Reales Ordenanzas sern de aplicacin a todos los miembros de la Guardia Civil,

aadiendo en el artculo 52 que los militares se esforzarn en destacar por vestir el uniforme

con orgullo y propiedad, siendo este precepto de plena aplicacin a los guardias civiles.

En otra lnea, la disposicin adicional segunda del Real Decreto 1040/2003, de 1 de

agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, establece que

ser el Ministro de Defensa quien autorice el uso sobre el uniforme de las recompensas civiles

nacionales y extranjeras, y de las militares extranjeras al personal militar y, entre l, a los

miembros de la Guardia Civil, con la excepcin con respecto a este ltimo personal de la Cruz

del Mrito de esta Institucin. Posteriormente, la Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio, sobre

delegacin de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relacin con

determinadas materias administrativas, modificada por la Orden DEF/2171/2011, de 27 de

julio, delega en el Director General de la Guardia Civil, en su mbito, las autorizaciones para

uso sobre la uniformidad de recompensas civiles nacionales y recompensas civiles o militares

extranjeras. Se hace necesario, por tanto, determinar los criterios que deben presidir las

autorizaciones para uso sobre el uniforme de las citadas recompensas.

Por otra parte, el uso del uniforme de la Guardia Civil presupone la condicin de Agente de

la Autoridad de su portador, por lo que resulta imprescindible tanto salvaguardar la seguridad

jurdica de los ciudadanos, garantizndoles que todos aquellos que visten un uniforme de la

Guardia Civil son miembros del Instituto, como dar a conocer a los ciudadanos la composicin

TEMA 10. PROTECCIN INTEGRAL CONTRA LA

VIOLENCIA DE GNERO

OBJETO DE LA LEY Y PRINCIPIOS RECTORES

TTULO PRELIMINAR

Artculo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestacin de

la discriminacin, la situacin de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre

las mujeres, se ejerce sobre stas por parte de quienes sean o hayan sido sus cnyuges o de

quienes estn o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin

convivencia.

2. Por esta Ley se establecen medidas de proteccin integral cuya finalidad es prevenir,

sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus vctimas.

3. La violencia de gnero a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de

violencia fsica y psicolgica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las

coacciones o la privacin arbitraria de libertad.

Artculo 2. Principios rectores.

A travs de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar

los siguientes fines:

a. Fortalecer las medidas de sensibilizacin ciudadana de prevencin, dotando a los

poderes pblicos de instrumentos eficaces en el mbito educativo, servicios sociales,

sanitario, publicitario y meditico.

b. Consagrar derechos de las mujeres vctimas de violencia de gnero, exigibles ante las

Administraciones pblicas, y as asegurar un acceso rpido, transparente y eficaz a los

servicios establecidos al efecto.

c. Reforzar hasta la consecucin de los mnimos exigidos por los objetivos de la ley los

servicios sociales de informacin, de atencin, de emergencia, de apoyo y de

recuperacin integral, as como establecer un sistema para la ms eficaz coordinacin

de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonmico.

d. Garantizar derechos en el mbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos

de la relacin laboral y de empleo pblico con las circunstancias de aquellas

trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de gnero.

e. Garantizar derechos econmicos para las mujeres vctimas de violencia de gnero, con

el fin de facilitar su integracin social.

f. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administracin

General del Estado, a travs de la Delegacin Especial del Gobierno contra la Violencia

sobre la Mujer, en colaboracin con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la

Mujer, impulse la creacin de polticas pblicas dirigidas a ofrecer tutela a las vctimas

de la violencia contemplada en la presente Ley.

TEMA 13. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

DE LA COMPETENCIA DE JUECES Y TRIBUNALES EN LO CRIMINAL

TTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES EN LO CRIMINAL

CAPTULO I

DE LAS REGLAS POR DONDE SE DETERMINA LA COMPETENCIA

Artculo 8.

La jurisdiccin criminal es siempre improrrogable.

Artculo 9.

Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa

determinada, la tendrn tambin para todas sus incidencias, para llevar a efecto las

providencias de tramitacin y para la ejecucin de las sentencias, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artculo 801.

Artculo 10.

Corresponder a la jurisdiccin ordinaria el conocimiento de las causas y juicios

criminales, con excepcin de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de

Guerra y Marina y a las autoridades administrativas o de polica.

Artculo 11.

El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas

sujetas a la jurisdiccin ordinaria y otras aforadas corresponder a la ordinaria, salvo las

excepciones consignadas expresamente en las leyes respecto a la competencia de otra

jurisdiccin.

Artculo 12.

Sin embargo de lo dispuesto en el artculo anterior, la jurisdiccin ordinaria ser siempre

competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados.

Esta competencia se limitar a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la

jurisdiccin ordinaria remitir las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la causa

con arreglo a las leyes, y pondr a su disposicin a los detenidos y los efectos ocupados.

La jurisdiccin ordinaria cesar en las primeras diligencias tan luego como conste que la

especial competente instruye causa sobre el mismo delito.