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LA CREACIÓN DEL ENTE EFICIENTE
DAVID MORAL MARTÍN
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
1.- Introducción
La presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto más amplio de
investigación que, bajo la fórmula de tesis doctoral, analiza la presencia del otro gran
comportamiento sindical olvidado: el control social que históricamente el sindicalismo
ha ejercido sobre el movimiento obrero. Un amplio estudio que plantea introducir un
nuevo agente controlador de la fuerza de trabajo junto al históricamente presentado
como tal, cual ha sido la gestión del capital. Una aportación que se basa en la
presunción de la existencia de ciertos comportamientos sindicales amables y
comprensibles con dicha gestión, ocultados bajo nuevos usos en el significado del
lenguaje sindical clásico.
Éste texto presenta un ejemplo sobre dicho comportamiento colaborador. Para
ello analizaremos el proceso de legalización e institucionalización sindical que se llevó
a cabo durante la denominada transición española. Un relato situado entre los hechos de
Vitoria (1975) y la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980), al entender que
fue el periodo donde se originó y consolidó la creación del que hemos denominado ente
eficiente sindical. Una cronología a caballo entre el Plan de Estabilización y los Pactos
de la Moncloa, según la conocida temporalización realizada por Joaquín Estefanía
(2007). Un hecho histórico que nos permite comprobar la realidad de nuestra hipótesis
de partida, al observar tanto la presencia del control social sindical, por parte del ente
eficiente sindical, como su apuesta por un nuevo lenguaje sindical que justificase dicha
actuación sin renunciar a nada.
La necesidad de establecer cierta pax social ante un movimiento obrero visible
bajo una gran conflictividad, pero dividido en diferentes centrales sindicales en pugna,
dio lugar a que se entendiera urgente, por todas las partes implicadas, la construcción de
sujetos socio-laborales institucionalizables, como fue el caso del que denomino ente
eficiente sindical1, cuyo objetivo fue crear un ente sindical funcional las nuevas
relaciones laborales en España. Una apuesta que planteó todo un proceso de (re)diseño
1 Algo parecido también surgió en la construcción de la CEOE, pero no es objeto del presente texto
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de una estructura sindical que suplantara la identidad del movimiento de los
trabajadores de cara a controlar su conflictividad.
Un cambio que hubo de ser acompañado, irremediablemente, por la creación de
un nuevo lenguaje sindical que, combinando radicalismo verbal y colaboracionismo
fáctico, intentó ocultar el viaje sindical hacia un corporativismo acrítico frente a sus
bases y restantes trabajadores. Un modelo sindical muy contestado desde países que
vivieron, caso de Italia2, o vivirán, caso de Portugal3, procesos similares. Una
construcción condicionada por un contexto europeo, y mundial, situado bajo la conocida
"crisis del petróleo" del año 1973, y que supuso situar la creación del ente eficiente
sindical español en el centro de la apuesta que el sindicalismo internacional más
conservador planteó ante dicha crisis4 (Marín Arce, 1997).
En definitiva, analizamos el proceso por el cual nuestras centrales sindicales
mayoritarias se convirtieron en estructuras eficaces, eficientes y comprensivas con "la
respuesta del capital mundial en crisis a las turbas obreras" (Roth y Ebbinghams,
2011:49).
2.- El origen del ente eficiente: Los hechos de Vitoria y la necesidad de un
sindicalismo mediador y proclive a pactos globales
2.1.- Contextualización socio-económica de la época
Entre 1960 y 1973, en España se produjo una etapa económica denominada de
“intensa industrialización”, durante la cual “se asiste a un fuerte incremento de la
producción y de la productividad del trabajo. El PIB creció a una tasa media anual del
6,6 (...), mientras los salarios reales se situaban en el 6,4, y la inflación (...) se cifraba
en el 7,3. (...), el paro oficial registrado se reducía al 2,1 (…). (...) baja incorporación
2 Mediante el movimiento del “Vogliamo tutto” italiano y su historia narrada y estudiada por Nanni Balestrini (2006),
Giachetti (2006) y Bonnano (2009) 3 La ruptura de la apuesta de la Intersindical portuguesa por la unicidade duró hasta 1978, cuando se fundó la UGT
portuguesa con los militantes, "controlados pelos socialistas e pelos partidos à sua direita [ del Partido Comunista Portugués] tendo como origem sindicatos não operários (banca, seguros, etc.)", disponible en:
http://www.ugt.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4. Visitado el 21/III/13 4 Una interpretación basada en el dinero que recibió la UGT española desde la DGB (Confederación Alemana de
Sindicatos), la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres), o desde los sindicatos
suecos, así como la poco clara intervención de la CIA, mediante la oscura figura del sindicalista americano Irving
Brown. También contó con apoyo económico, el de la CFDT (Confederación Francesa Democrática de
Trabajadores), la Federación de la Electricidad de la USO, abiertamente pro-UGT. Una cuestión que si bien
solamente se refleja en el presente texto, se apunta como un tema a investigar en un futuro próximo (Marín Arce,
1997)
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de las mujeres al trabajo asalariado, (...) entre el 20 y el 28% de la población activa
entre 1960 y 1975” (Ruiz Galacho, 2006:8). Una buena situación teniendo en cuenta la
visión global económica de la mayoría de las economías occidentales sumidas en la
denominada crisis del petróleo. Una crisis que empezó a producirse cuando Nixon
anunció el 15 de agosto de 1971"el final efectivo de Bretton Woods: el dólar ya no sería
convertible en oro" (Varoufakis, 2011:134).
Una situación que se produjo en un momento de gran fortaleza de los
trabajadores españoles. Fueron “tiempos en los que existía un movimiento obrero capaz
de poner en jaque no sólo los principales centros productivos, sino todo el modelo de
regulación del capitalismo industrial” (López y Rodríguez, 2010:476). Un movimiento
que hizo su presentación bajo la Ley de Convenios Colectivos de 1958, enfrentándose al
intento de la dictadura de imponer un cierto tipo de keynesianismo, al vincular el
crecimiento salarial al incremento de productividad y ofrecer, a cambio, una mínima
representación colectiva a los trabajadores, como respuesta a la intensa etapa de
industrialización. Una fortaleza que explicó cómo “a partir de 1970-71 los salarios
acabaron por desengancharse de todos los mecanismos de control y negociación
establecidos", alcanzándose un incremento del 20% en 1972 que solamente
disminuirían casi una década después (Ruiz Galacho, 2006). La respuesta patronal, ante
esta conflictividad, no se hizo esperar y se basó en una doble represión; la política,
mediante la represión estatal, y la económica, al trasladar los costes laborales a los
precios finales, produciendo una espiral salarios-precios.
Este fue el paisaje económico ante el que se encontraban los trabajadores
españoles de la década de los 70. Un movimiento que obtuvo un gran éxito en la Ley de
Relaciones laborales de abril de 1976, donde “la ofensiva obrera explica (...) la
“paradoja” de que en plena crisis económica se formulara por vez primera en el
Derecho del Trabajo español una norma legal explícitamente favorable a la
contratación indefinida” (Ruiz Galacho, 2006:9). Una victoria jurídica que expresó la
imposibilidad de su control.
2.2.- Los hechos de Vitoria y el origen del ente eficiente
El nuevo fracaso de las políticas de rentas, del periodo franquista de 1973-1975,
que intentó mantener los salarios “tomando como referencia a la inflación precedente
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(del año anterior) más algunos puntos, y con lo que pretendía frenar el aumento de los
salarios monetarios” (López y Rodríguez, 2010:476), planteó la necesidad del control
del movimiento sindical. Una apuesta que, asumida por todas las fuerzas políticas, se
hizo absolutamente evidente cuando el movimiento obrero alcanzó su punto álgido en el
año 1976, con la convocatoria de la huelga de Vitoria. una jornada que terminó con el
resultado de que “cinco trabajadores fueron asesinados y más de cien resultaron
heridos5", en la Iglesia de “San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga
6”.
Tras la masacre de Vitoria, y las posteriores huelgas de 1976, quedó claro tanto
el dramatismo de éstas como la práctica ausencia de mediación sindical. Estas dos
cuestiones ayudaron a la creación del laboratorio político-institucional de los años
posteriores (López y Rodríguez, 2010), lo que nosotros hemos denominado: la
construcción de un ente eficiente sindical. Un ente que se empieza a configurar junto a
la constitución de la Coordinación Democrática, “organismo unitario” entre la Junta
Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática que surgió “tras los
trágicos suceso de Vitoria, con el fin de establecer un único organismo de toda la
oposición” (Marín Arce, 1997: 41, nota 77), cuando propuso la creación de la COS7
(Coordinadora de Organizaciones Sindicales) debido al “interés del PCE y del PSOE en
consolidar en el ámbito sindical la unidad alcanzada por las fuerzas políticas de
oposición”, si bien formalmente organizado por “las principales organizaciones
sindicales, CC.OO., UGT y USO” (Marín Arce, 1996:43).
Una Coordinadora que, instrumentalizada por el interés de los partidos políticos
mayoritarios de la izquierda antifranquista -PCE y PSOE-, ocultó un evidente deterioro
en la relaciones entre las centrales sindicales (Marín Arce, 1997). ¿Qué interés pudo
tener para dichos partidos políticos pues, frente a sus propias organizaciones sindicales
de referencia, la consolidación de dicha Coordinadora?. La explicación, que habrá de
ser refutada o no en posteriores investigaciones, tiene que ver con el coste de la
participación y la protección del futuro ente eficiente. Nuestra reflexión nos lleva a
entender dicha actuación ante la necesidad de repartir las culpas, entre las centrales
5 “J-3 a J-1. Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido
una masacre. Cambio”. Extracto de la conversación mantenida por las unidades de policía que
participaron en la matanza (Guindal, 2013: 81) 6 Información extraída de la propia página web de la “Asociación de Víctimas y familiares de Víctimas
del 3 de Marzo”, en www.3demarzo.org/hechos.html 7 A mediados de 1976
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sindicales participantes en la estrategia colaboracionista de la transición, para evitar no
estigmatizar exclusivamente a ninguna de ellas con el sambenito de la colaboración.
Una visión compartida en la que apostamos residió el verdadero origen del interés de la
unidad sindical, que no unicidade8, al objeto de preservar al ente eficiente.
Una estrategia que fue contestada desde Catalunya cuando se revitalizó la
Alianza sindical9 frente a las CC.OO. Un hecho que cuestiona, aún más, la apuesta
sindical por la colaboración y refuerza la teoría del testaferro político y su uso “como
instrumento unitario de lucha para conseguir la libertad sindical” (Marín Arce,
1997:51). Nuestra apuesta por la corresponsabilidad de la colaboración institucional y
la creación de la COS, como un elemento fundamental de demostración de voluntad de
cooperación, se vio reflejada en las definiciones que, de la misma, plantearon las
centrales sindicales.
Para la UGT, se trató de “exclusivamente un organismo de unidad de acción
destinado a precipitar la ruptura democrática y sindical”. Para la USO “un instrumento
muy válido para controlar el proceso de disolución de la CNS” y para CC.OO “un
instrumento de unidad de acción en la perspectiva de la unidad sindical de enorme
importancia para nosotros” (Marín Arce, 1997:51, notas 114,115 y 116). La
imposibilidad de ponerse de acuerdo con respecto a la estrategia a seguir ante la antigua
estructura sindical, supuso la verdadera vara de medir de la intencionalidad de la unidad
sindical. Entre el posicionamiento a favor de coparlas -CC.OO y USO- y la posición
absolutamente contraria a participar en ellas -UGT- se escondió la lucha por el control
del movimiento sindical que supuso el alejamiento de la unidad sindical y la evidencia
de la utilización de la COS.
La escasa intencionalidad unificadora, se ejemplificó en la convocatoria de una
jornada de paro general convocada por la COS10
, frente a la suspensión del artículo 35
de la Ley de Relaciones Laborales. Un paro que no se convirtió en una esperada jornada
de Huelga General11
“que debía de servir para imponer la ruptura” (Marín Arce,
1997:47), pero sí produjo una opinión favorable a un acercamiento entre el gobierno de
8 Al estilo del sindicalismo revolucionario portugués tras la revolución de los claveles 9 Unión de la CNT, SOC y UGT, en Marín (1977:45) 10 El día 12 de noviembre de 1976 11 Fue la jornada de lucha más importante del país en anteriores cuarenta años de dictadura
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Suárez, los partidos de la oposición y las, todavía ilegales, centrales sindicales12
.
Durante el mes de febrero de 1977 se continuaron los encuentros entres las centrales
sindicales y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata.
Curiosamente, la convocatoria del paro general se produjo en la reunión mantenida el
día 15 de octubre de 1976 en la COS. Una decisión que fue precedida por la mayor
huelga general conocida hasta entonces en el País Vasco, en conmemoración de la
ejecución de miembros de FRAP y ETA en 1975, por lo que, ¿quién obligó a una
demostración de fuerza: sindicatos o trabajadores?. Una pregunta que nos plantea una
duda sobre si la convocatoria de un paro general para protestar por la suspensión de un
artículo de la Ley de Relaciones Laborales y su no continuidad en una esperada Huelga
General, ¿no pudo suponer la primera de las intervenciones del ente eficiente y su
control sobre el movimiento obrero?, ¿no pudo tratarse del bautizo del nuevo lenguaje
sindical para "influir" sobre dicho movimiento?.
Nuestra interpretación es clara. Por un lado tenemos a un gobierno que
consciente de las victorias del movimiento obrero, bajo la Ley de Relaciones Laborales
favorable a la contratación indefinida, intensificó sus disposiciones contra las ventajas
de la misma, justificándolas mediante la necesaria homologación de la legislación
española a los estándares del entonces Mercado Común Europeo. Unas medidas que
“pasaba[n] por adoptar medidas de austeridad negociadas al “estilo europeo”, con
“interlocutores válidos”, que controlaran el movimiento obrero” (Ruiz Galacho,
2006:9).
Por otro lado, la demostración del conflicto, mediante el paro general, supuso la
apuesta por un hecho fundamental para la paz social: el control por la protesta del
movimiento obrero por el ente eficiente sindical. Una forma de control que invirtió los
términos clásicos de la protesta, ejemplo de nuevo lenguaje sindical, pero que consiguió
entrelazar una compleja realidad. Por un lado, la debilidad de los mecanismos de
control sobre un movimiento obrero radicalizado, y poco dispuesto a ceder, y, por otro
lado, la necesidad de establecer canales institucionales de interlocución social. Una
cuestión en la que se implicó a fondo el PCE, al apostar por “la necesidad de articular
un nuevo marco de relaciones laborales, (...) [y] también la formalización de agentes
12 Existieron reuniones anteriores a la fecha de la huelga, mantenidas entre agosto y octubre de 1976. ¿Ejemplo del
uso del nuevo lenguaje laboral que utilizó las manifestaciones para crear estados de opinión?
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sindicales “legítimos” capaces de contener la espiral sindical” (López y Rodríguez,
2010:223).
Una idea de participación institucional presente "desde la primera etapa de
refundación del movimiento sindical español a finales de los setenta", marcados por la
"institucionalización de los mecanismos de voz de los trabajadores" (Antón, 2006:55),
que confirma nuestra apuesta por: el control de la conflictividad obrera de la época, la
instauración de un interlocutor válido y la adopción de "acuerdos sustantivos" a la
baja13
. Como conclusión, entendemos que “los sindicatos, desde el mismo momento en
que se empezaron a construir, fueron el instrumento para que los trabajadores
aceptaran la austeridad y no para canalizar sus reivindicaciones” (Etzerreta,
1991:410).
3.- La legalización del “ente eficiente”: una formalización deseada
La puesta en marcha de la nueva estructura económica en España, necesitó de la
legalización de los agentes sociales para que cumpliesen con su tarea asignada. Una
cuestión que corrió a cuenta de los diseñadores del nuevo orden pre-democrático, ante
la idea, cercana, de la democracia. Las fechas, al menos, muestran una concatenación
que raya lo arquitectónico. Comenzamos en abril de 1977 cuando, en plena celebración
de la semana santa, se legalizaron los sindicatos, junto al PCE. El 15 de junio de ese
mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas y, finalmente, en octubre
del mismo año, se firmaron los Pactos de la Moncloa. Posteriormente, se produjo la
firma de los Pactos de la Castellana, en julio de 1978. Unos meses después, 29 de
diciembre de 1978, es publicada nuestra constitución en el BOE, donde se produce la
inserción, y el principio de la institucionalización, de los agentes políticos y sociales en
nuestra estructura social.
La “arquitectura cronológica” se agotó, poco menos de un año después de la
publicación de la constitución española, con la aprobación de la “otra” gran pata de las
relaciones laborales modernas en España: el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Un
texto que reafirmó la necesidad de la presencia de todos los partidos de izquierda y
centrales sindicales, pues “el segundo gobierno de la UCD también necesitaría el
acuerdo con el partido principal de la oposición, el PSOE, para tramitar la segunda
13 Tal y cómo se planteó en los Pactos de la Moncloa: control de la inflación y moderación salarial
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reforma laboral que comporta la promulgación del Estatuto de los Trabajadores
(1980)” (Etzerreta, 1991:410).
¿Cómo fue posible conjugar la institucionalización del ente eficiente sindical
evitando, al mismo tiempo, la conflictividad que se suponía anexa?. Paradójicamente,
mediante la recuperación de una vieja institución del régimen que habían contribuido a
derrotar: las elecciones sindicales. Sin duda se trató de una figura que, con un marcado
carácter totalitario, “casi desconocida en el resto del mundo industrializado” (Ruiz
Galacho, 2006) la que posibilitó “garantizar mecanismos legítimos de interlocución
entre la parte laboral y la patronal [a cambio de aislar] a las empresas más combativas
y los grupos vocacionales en conflictos localizados, sectorializados, aislados, por muy
radicales que éstos pudieran ser (…) limitando (…) la representación a nivel de sector
o de industria a las agrupaciones con un mínimo de votos” (López y Rodríguez,
2010:223).
Se trató de una estrategia de entrega de la representatividad laboral a aquellas
organizaciones que tuvieran mayor número de votos, o sea a las CC.OO y la U.G.T14
y
eliminando a aquellas que no obtuviesen un mínimo -máximo- de votos. En definitiva
ambas centrales sindicales lograron monopolizar "la representación de los intereses de
los trabajadores" (García Calavia, 2012:36). Bajo ésta visión planteamos si no hubo un
precio político en la firma de los Pactos de la Moncloa que consistió en la entrega de la
representatividad de los trabajadores a CC.OO y a U.G.T, su posterior
institucionalización y la legalización del PCE.
3.1.- La puesta en largo del “ente eficiente”: la asunción de los Pactos de la
Moncloa
Los resultados económicos de los Pactos de la Moncloa fueron la contención de
los precios y el incremento del desempleo15
. Si bien es cierto que los sindicatos no
firmaron los Pactos, debido a su “ínfima representación institucional”, se convirtieron
en sus “principales valedores a la hora de contener, empresa por empresa, sector por
sector, los crecimientos salariales” (López y Rodríguez, 2010:223). No obstante, éstos
fueron conocedores de primera mano tanto del contenido como de la participación que
14 Hablamos a nivel estatal en su conjunto, sin tener en cuenta las diferencias autonómicas, sobre todo la vasca 15 Pasó de un 4,4%, en 1978, a un 21,5%, en 1985
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de ellos se esperaba tras la firma de los mismos. El propio Fuentes Quintana, Ministro
de Economía, informó durante el agosto de 1977 a los sindicatos de los contenidos de
dichos Pactos. La tibieza del movimiento sindical ante la nueva situación se reflejó en
un desarrollo parcial de los Pactos de la Moncloa. Las medidas de corte económico,
como la contención de los salarios para el año 1978, fueron implantadas. Sin embargo,
no fueron desarrolladas las medidas sociales que contenía el Pacto.
Dicha acción sindical supuso la implantación, por vez primera, de “la
subordinación de los aumentos salariales a la inflación prevista por el gobierno, en
lugar de hacerlo sobre la inflación pasada”. Una estrategia que supuso una coacción a
éstas centrales sindicales en forma de despidos ante las exigencias de incrementos
salariales. Las empresas ante la conflictividad por la imposibilidad de rebasar la masa
salarial bruta, tomando como base el año inmediatamente anterior, pues, “en caso de
rebasar ese porcentaje, por “demandas sindicales” [se penalizaría] con medidas
crediticias y fiscales y sobre todo con la reducción de plantilla de trabajadores en un 5
por ciento” (Ruiz Galacho, 1996:10), consecuencia del nuevo lenguaje sindical.
La postura de las principales centrales sindicales obrero ante los Pactos de la
Moncloa fue una excelente ocasión para registrar una fotografía del mismo. Por un lado,
tenemos la postura de las CC.OO, cuyo argumentario público se basó en "sanear la
economía para sanear la democracia [y en] la estrategia política del PCE" (Antón,
2006:76). Por otro lado, la UGT declaró en su XXXI Congreso16
que dichos Pactos
constituyeron un "plan global de política económica que hoy por hoy no tiene
alternativas viables" (García Becedas, 1983:13). Por último, tenemos la negativa de la
CNT a participar del proceso, aún cuando fue invitada. La aceptación de los Pactos
supuso algún rechazo, por parte del movimiento obrero, que se sustanció en
contestaciones a los dirigentes de CC.OO, por las concesiones obtenidas mediante
dichos Pactos.
3.2.- La primera prueba del “ente eficiente”: los Pactos de la Castellana y el
nacimiento del nuevo lenguaje sindical
El análisis que hemos presentado sobre los Pactos refleja que su efecto no estuvo
tanto en su contenido, que también, sino en el consenso y lo simbólico, pues "lo
16 Celebrado en Barcelona en 1978
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importante era el cómo y no tanto el qué" (Marín Arce, 1997: 141) . Un gran acuerdo
que tuvo como defensor a Santiago Carrillo, Secretario General del PCE, el cual calificó
a los Pactos de la Moncloa de “un acto de responsabilidad nacional para desarrollar y
estabilizar la democracia” (Carrillo, 1978:115). Un consenso que se postuló frente al
conflicto y que impuso una visión sobre la postura sindical, siendo coobligados, por
“responsabilidad por la democracia”, a su desmovilización, a su incapacitación política
y a una reivindicación exclusivamente económica. Una estrategia que condenó a los
sindicatos a perder protagonismo en los trabajadores, pero a ganar en institucionalismo,
presencia pública y hegemonía, ya que dichos Pactos supusieron la progresiva
marginalización de los sindicatos más pequeños según Köhler (1995).
Poco después de la firma de los Pactos de la Moncloa se presentó la primera
ocasión para demostrar el compromiso de las organizaciones sindicales mayoritarias y
la nueva política del consenso: la reconversión industrial en España. Una reconversión
que supuso la firma de los denominados Pactos de la Castellana. “La impresión que uno
obtiene de todo esto es que el procedimiento de adoptar acuerdos por consenso se
utilizaba más como una fuente de legitimidad que como un método para que dichos
acuerdos dieran resultados” (Marín Arce, 1997: 141).
Unos Pactos, de la Castellana, donde “por primera vez se suscribían unos
acuerdos tripartitos en un sector en crisis que abarcaban a los astilleros más
importantes” y donde, curiosamente y en flagrante contradicción con la política del
consenso, se convocó una huelga general el día 9 de febrero de 1978 de una hora de
duración, “para acelerar las negociaciones y para obligar al ministro de Industria a
aceptar la tesis defendida por los sindicatos” (Marín Arce, 1997:147 y 145).
Unos acuerdos que si bien no fueron “modélicos desde el punto de vista
económico”, a base de invertir importantes fondos públicos que no sirvió para la
reordenación del sector, sí que parecieron continuar con el uso del nuevo lenguaje
laboral asociado a las nuevas formas de control sobre los conflictos y sobre las masas
de trabajadores afectadas por ellas. Adolfo Piñedo, secretario general de la Federación
del Metal de CC.OO, apuntó una continuidad en el uso del nuevo lenguaje al apostar por
ir “de la guerra de guerrillas que hemos hecho durante la dictadura a la fase de guerra
de movimientos, donde cada empresa o sector no puede ir a hacer lo que considere
oportuno, sin más, sino que hay que conjuntar las acciones a nivel de ramas, a nivel
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territorial, de manera que seamos capaces de lograr un máximo de eficacia” (Marín
Arce, 1997:149)
4.- El uso del nuevo lenguaje sindical en la lucha por la hegemonía del
control sindical dentro del ente sindical eficiente
Una vez analizado el origen, y las primeras actuaciones del ente eficiente
sindical. Pasaremos a analizar el uso, por parte de las dos grandes centrales sindicales,
del nuevo lenguaje sindical.
4.1.- El uso del nuevo lenguaje en la lucha por la hegemonía sindical
La defensa que las CC.OO. hicieron de la aplicación de los Pactos de la Moncloa
conectándolos con el simbolismo sagrado de la democracia, “en nombre de la
democratización del sistema político, frente los peligros de involución, a los que daban
crédito los ruidos de sable en el ejército” (Ruiz Galacho, 1996:10), se observa un cierto
cambio en el uso lenguaje sindical, al alabar unos Pactos que trajeron pérdida de
derechos y que olvidaron establecer una comisión de seguimiento.
Un nuevo lenguaje que se refrendó durante el I Congreso de las CC.OO17, donde
para valorar positivamente dichos Pactos se hubieron de unir términos tan contrapuestos
como: crisis, democracia, participación obrera y... reducción salarial. El cemento del
miedo sirvió para explicar que si la crisis "se agravara en nuestro país, la libertad y la
democracia, que aún no hemos terminado de instaurar, peligraría [, sin pugnar] con los
objetivos de Comisiones de ensanchar y consolidar esa libertad, asegurar el trabajo y
mejorar las condiciones de vida; hacer que la democracia penetre en las fábricas, entre
en los centros de trabajo, donde comienza la dictadura del patrón" (García Beceda,
1983:21).
Un giro en el lenguaje en un momento de reforzamiento de las CC.OO., por el
triunfo en las primeras elecciones sindicales frente a la UGT (37,8% de los delegados
frente al 31%), que incluso les animó a plantear una especie de OPA hostil hacia la
UGT, extendiéndoles una petición de unidad sindical en medio de un ambiente de
hostilidad sindical. La respuesta de la UGT no se hizo esperar, durante la celebración de
su XXXI Congreso criticó las normas de la convocatoria de las elecciones sindicales
17 Celebrado del 21 al 25 de junio de 1978
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utilizando su nuevo lenguaje sindical bajo la figura de la justificación defensiva de la
lucha intersindical, al considerar que "el Gobierno ha pretendido potenciar a
Comisiones Obreras, así como dejar la puerta abierta en el futuro a una tercera fuerza
sindical que recogiera la antigua idea de un sindicato amarillo al servicio del
Gobierno, actuando como contrapeso de las centrales sindicales de clase" (García
Beceda, 1983:13).
El uso del nuevo lenguaje coincidió con la consolidación, tras las elecciones
políticas de 1979, de las diferentes alternativas sindicales para asumir la hegemonía
sindical. La UGT, dio "prioridad a la ¨negociación¨ y el acuerdo”. Las CC.OO.,
combinó “movilización y negociación". Unos planteamientos basados en claras
referencias a modelos sindicales europeos. Las CC.OO entendían un modelo sindical
similar "a los modelos italianos y francés, de hegemonía del sindicalismo de
orientación comunista". La U.G.T, fue "más afín al alemán, de orientación
socialdemócrata" (Antón, 2006:77). Un cambio de lenguaje que siguió las directrices de
sus partidos políticos hegemónicos respectivos: abandono en 1979 del leninismo por el
PCE y del marxismo por el PSOE, pues "la renuncia es condición sine qua non para su
crecimiento" (Andrade, 2012:325).
El nuevo tempo sindical se observó en la firma del Acuerdo Básico
Interconfederal18 (ABI), en julio de 1979, entre la UGT y la CEOE. Un acuerdo que,
auspiciado por un PSOE que pensaba en la alternancia, tuvo pocas consecuencias de
cara al empleo o a los salarios, pero supuso una auténtica estrategia de ancla de cara a
fijar los contenidos del Estatuto de los Trabajadores. Una jugada de reacción sindical
frente al oportunismo de las CC.OO., que habían planteado un texto estatutario al estilo
del Código de Trabajo italiano de 197019
.
La negativa de las CC.OO. al proyecto del Estatuto de los Trabajadores
evidenció el uso fraudulento del nuevo lenguaje sindical, pues frente a “la jornada de
lucha del 11 de julio convocada por CC.OO. en toda España. En ella participan dos
millones y medio de trabajadores con media hora de paro en las empresas, con
asambleas y manifestaciones en la calle, pese a las intimidaciones de la CEOE” (Ruiz
Galacho, 1986:11), entre los cuadros dirigentes de CC.OO. "se habían instalado la
18 Sin apenas haber transcurrido un año tras la firma de los Pactos de la Moncloa 19 Un proyecto que fue presentado ante las Cortes, en octubre de 1977, por mediación del PCE
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concepción de una `salida compartida de la crisis´ y la idea de que las huelgas, en
periodos electorales, contribuyen a dar votos a la derecha” (Etzerreta, 1991:410).
Un nuevo ejemplo del uso fraudulento del lenguaje se pudo encontrar en la
protesta convocada por las CC.OO. que, ante la amenaza fagocitadora de la estrategia
del PSOE, convocó “una gran concentración en la Casa de Campo de Madrid, el 14 de
octubre de 1979, en la que se barajó llegar a la huelga general, y que fue finalmente
descartada” (Etzerreta, 1991:410). La renuncia al conflicto obrero, supuso el principio
del fin de una apuesta de alternativa sindical a la que había fraguado la UGT, tras ella el
PSOE y la patronal. La desmovilización fue en contra de sus propias bases y del
movimiento obrero, que entendieron la convocatoria de una Huelga General como la
contestación clásica a los nuevos aires liberales que la economía española estaba
tomando, al menos eso parecieron plantear los 400.000 manifestantes, “que en su
mayoría esperaban la convocatoria de una huelga general” (Ruiz Galacho, 1996:16).
Dicha renuncia supuso desarticular la acción reivindicativa de los trabajadores
que, desde entonces, se deshilacharon en movilizaciones parciales y dispersas tanto
temporal como geográficamente. La hegemonía del nuevo lenguaje sindical supuso el
uso de un lenguaje basado en la aceptación, acrítica, de un mercado de trabajo
occidental, con altos índices de desempleo y de cobertura social y laboral pero
manteniendo la mística de los instrumentos clásicos de la lucha obrera: huelga,
manifestaciones, movilizaciones, etc.
La apuesta de la UGT por el triunfo del nuevo lenguaje sindical resultó tan
evidente que pronto eliminó sus contradicciones introduciendo mecanismos
burocráticos de control interno, a través de cambios organizativos. Tras la firma, junto a
la patronal, el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) en 1980, la UGT convocó un
Congreso extraordinario20
, para "ofrecer a la CEOE garantías formales suficientes de
que el AMI (…), será íntegra y escrupulosamente cumplido" (García Becedas:1983:18).
El principal cambio consistió en la asunción por parte del Comité de nuevas
competencias, pasando de ser el "simple representante máximo de la Unión General»
(artículo 21 Estatutos derogados) [hasta el] organismo máximo de la UGT entre los
Congresos ordinarios» (art. 20) " (García Becedas, 1983:19). El nuevo cambio supuso
20 Celebrado entre los días 14 y 15 de diciembre de 1979
Moral Martín, David Página 14/22
que los sindicatos locales dejasen de ser la base de la UGT en detrimento del sindicato
supralocal. Un acuerdo que posibilitó introducir, junto a la moderación salarial, ya
clásica desde los Pactos de la Moncloa, "el descuelgue para las empresas con pérdidas,
y reglas sobre productividad y absentismo” (Antón, 2006:77).
4.2.- El uso del nuevo lenguaje en la justificación del cambio de postura
sindical
El conjunto de acuerdos pactados entre patronal y UGT, situó a las CC.OO ante
sus propias contradicciones. La negativa a firmar acuerdos que en su opinión suponían
“una pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios [e inducía a] un modelo de
negociación colectiva rechazable” (Antón, 2006:77), no escondió su participación en la
gestión de unos Pactos de la Moncloa basados en la necesidad de recortar el poder
adquisitivo de los trabajadores para traspasarlo a las cuentas de beneficios del capital.
La principal preocupación de las CC.OO. ante dichos acuerdos resultó del
modelo que plantearon, “un modelo sindical burocrático, antidemocrático y
corporativo” (Ruiz Galacho, 1996:11). Una crítica que planteada bajo un profundo
aroma a los autonomistas italianos de los años 1975-76, como la de Giachetti (2006)
que los acusó a los sindicatos oficiales de integrarse completamente en el Estado
burgués, le explotó en la cara al integrarse plena, y acríticamente, en el marco laboral.
Para evitar caer en una lectura lineal determinista desde el punto de vista
sindical, intentaremos explicar la postura de las CC.OO., al objeto de intentar explicar
cómo la renuncia a una alternativa sindical supuso una estrategia de lucha por la
supervivencia institucional y cómo, para su justificación estratégica, fue utilizado el
nuevo lenguaje sindical. Dicho principio estratégico de supervivencia institucional, lo
situamos en enero de 1980, cuando la UGT firmó el AMI junto a la patronal. Un pacto
que concretó “el nuevo marco de relaciones laborales para los dos años siguientes. A
partir de aquí la patronal puso en marcha una política destinada a favorecer a UGT
(...). UGT, por su parte, puso en práctica una táctica desmovilizadora, desconvocando
las acciones que promovía CC.OO. y firmando en solitario muchos convenios al
amparo del AMI” (Etzerreta, 1991:411).
¿Cuál fue la respuesta de las CC.OO.?. El triunfo en las elecciones sindicales de
1980, 30,9% frente a un 29,3%, demostró lo reducido de las distancias. Ante ello se
Moral Martín, David Página 15/22
plantearon diversas estrategias. Una de ellas se basó en el intento por romper “la
estrategia de UGT no restringiendo las movilizaciones al marco de la negociación
convenio a convenio, en la que necesariamente habría de tropezar con las dificultades
que suponían los descuelgues de UGT y los incrementos salariales disuasorios de
huelgas que ésta conseguía” (Etzerreta, 1991:412).
La otra estrategia se basó en romper con el aislamiento sindical. Una visión que
se justificó bajo la filosofía, planteada por el PCE, de una “salida compartida de la
crisis” al observarse como mientras la UGT firmaba convenios, en los que
intercambiaba pequeños aumentos salariales por paz social, “la mayoría de los
sindicalistas de CC.OO se quedaban fuera,[lo cual] contribuyó a consolidar la
necesidad de una línea pactista”(Etzerreta, 1991:411). Ello instauró el recurso al nuevo
lenguaje, esta vez bajo la forma de cultura del pacto. Una apuesta que asumió una clara
desventaja para las CC.OO., pues jugaron con unas reglas de juego, socialdemócratas,
para las que no estaban preparadas. El nuevo lenguaje no les impidió caer en la trampa
sindical: la pérdida de las elecciones sindicales a mano de la UGT, en 1982.
5.- La puesta de largo del "ente eficiente" sindical: el Estatuto de los
Trabajadores
La integración de las CC.OO., en el marco de las modernas relaciones laborales,
no se realizó de una manera plácida. El recurso al nuevo lenguaje sindical, para intentar
salvar la visión negativa que pudiese provocar su integración, lo atestigua. La pregunta
resulta clara, ¿porqué se apostó por dicha integración?.
Nuestro planteamiento es claro: a cambio de su renuncia a la conflictividad, y a
la creación de una estructura sindical alternativa, se les ofreció jugar un papel
institucional clave en los tiempos que corrían. Un acuerdo, válido para ambas centrales
sindicales, que consistió en instituirlas como las centrales sindicales más
representativas, eliminando a la CNT, y siendo protagonistas de la negociación de los
grandes acuerdos de Estado. Asimismo, se incorporó a una negociación colectiva que,
desde los Pactos de la Moncloa, consistió en la auto imposición de moderación salarial,
pérdida de poder adquisitivo y de recortes de derechos, pero ganando un trascendental
papel institucional.
Moral Martín, David Página 16/22
Dicha integración queda clara al analizar su comportamiento ante la aprobación
del Estatuto de los Trabajadores de 1980. Una Ley que supuso la juridificación del
cambio de estatus del movimiento obrero y la asunción de la pérdida de su centralidad
en los centros de trabajo, en un momento de una clara conflictividad laboral. La patronal
resumió la necesidad del Estatuto de la siguiente manera, “los conflictos se escapan en
ocasiones del control de los propios sindicatos convocantes, CC.OO. y UGT. Las
asambleas de trabajadores se convierten en órganos decisorios en los que
frecuentemente sindicatos minoritarios y radicales,(...). La finalización del conflicto se
produce por consunción en muchos casos y no por la acción negociadora de los
interlocutores”(Etzerreta, 1991:453).
Por otro lado, la apuesta por la aprobación del Estatuto de los Trabajadores fue
una pieza clave orientada a intentar mantener los beneficios empresariales mediante el
recurso al traspaso de las rentas salariales a las rentas empresariales, a través de la
entrada de figuras atípicas de empleo y de la asunción del nuevo paradigma de la
flexibilización. Un Estatuto, cuya aprobación, no estuvo exenta de complejidad. Las
CC.OO, mediante el PCE presentaron una primera propuesta de texto estatutario,
basado en la experiencia italiana del Código del Trabajo de 1970, y que “no fue
tramitado por la oposición de la derecha, del gobierno de UCD y el partido Alianza
Popular” (Ruiz Galacho, 1996:11).
Posteriormente, en la legislatura de 1979, “el grupo parlamentario comunista
volvió a presentar el proyecto, cuyos bloques de cuestiones eran: (…); 3) el
reconocimiento de los derechos de comités de empresa y secciones sindicales, y 4) el
papel de las centrales sindicales en la sociedad” (Ruiz Galacho, 1996:11). Un nuevo
texto rebajado que reconoció, por parte de CC.OO./PCE, tanto las nuevas fórmulas de
organización sindical, derivada de la ley franquista de las elecciones sindicales, como el
nuevo papel institucional de los sindicatos. Una propuesta que, tachada de sovietización
de España por parte de la patronal fue nuevamente abandonada.
La aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se puso en marcha bajo las
firmas del ABI y, posteriormente, del AMI por parte de la UGT y de la patronal. Una
vez aprobado en Cortes, el reconocimiento de la implantación de una nueva
configuración de las relaciones laborales satisfizo a partes desiguales a sus
protagonistas. Bastante satisfacción en la patronal, pues se asumieron sus condiciones
Moral Martín, David Página 17/22
de flexibilización y cambio de la figura del pleno empleo por la fórmula del fomento de
la contratación un nuevo ejemplo del alcance del nuevo lenguaje utilizado en tales
tiempos. En bastante menor medida a la UGT, en su lucha por la liquidación sindical de
su gran rival, las CC.OO21., y aún en menor medida a éstas últimas. El mismo hecho que
hizo posible la institucionalización de leyes laborales basadas en la negociación de
grandes acuerdos, eliminaron la posibilidad de conflictos, situando el marco de la
relaciones laborales en un terreno abonado para un sindicato socialdemócrata, al estilo
alemán, lo que dejó sin visibilidad a las CC.OO.
No obstante, el Estatuto de los Trabajadores se aprobó en marzo de 1980, con la
incorporación de aspectos planteados por las CC.OO. como, casualmente, las relativas a
la institucionalización de los sindicatos mediante “la consolidación de los comités de
empresa y el protagonismo de los sindicatos mayoritarios como interlocutores del
gobierno y la patronal”. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores supuso la
radical transformación del mercado de trabajo bajo una reducción eficaz de la capacidad
de presión de los trabajadores, ya que "la resistencia de los núcleos obreros más
combativos no fue repentinamente vencida, pero si eficazmente aislada, al tiempo que
el creciente ejército de reserva reclutado entre los recientes parados acababa por
apaciguar buena parte de los focos del conflicto" (López y Rodríguez; 2010:148)
No en balde, la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se puede considerar
como el final de la primera fase de la transición, que acabaría con la llegada al poder de
un gobierno tras las siglas de socialista, y que supuso “conseguir en España en muy
pocos años lo que en el mundo occidental se ha conseguido en un tiempo más largo: un
capitalismo eficiente y a la postre aceptado por la población, una democracia liberal y
un sistema cultural anclado en valores de libertad individual y tolerancia" (Etzerreta,
1991:438). Una asunción posible gracia a la colaboración de las centrales sindicales,
que no del movimiento obrero.
Una colaboración que la podríamos denominar de dos velocidades. Por un lado,
la de la UGT que ya había dejado clara, tras la firma junto con la patronal del ABI, su
21
Una visión que desde la "periferia" vasca se vivió de otra manera menos bipolarizada. "El año 1979, se
presenta el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores, fruto de un acuerdo entre UGT y CEOE que
obviando la realidad sindical quiere entregar el protagonismo de las relaciones laborales a UGT y
neutralizar el sindicalismo vasco de ELA. La importante contestación a esta imposición supuso las
primeras movilizaciones y manifestaciones masivas del movimiento obrero vasco a la vuelta de la
clandestinidad". en www.mrafundazioa.org/sobre-ela/historia-1/1911-1979
Moral Martín, David Página 18/22
apuesta por un tipo de relaciones sindicales corporativizadas, por otro lado, las CC.OO.,
que si bien comenzaron planteando una conflictividad laboral a la estrategia político-
sindical de la UGT/PSOE/CEOE, finalmente se rindieron ante su posible expulsión de
la representación institucional.
¿Qué “arrancaron” los sindicatos de esta novedosa concertación?. Por un lado la
“expansión relativa del gasto público que, entre 1975 a 1983, pasó del 25% del PIB al
35%, en cualquier caso muy por debajo de los estándares de la OCDE y de la
Comunidad Europea” (López y Rodríguez, 2010) y, quizás, un incremento del empleo
público. Por otro lado, su cobro político, en el reconocimiento, y la protección, de su
papel institucional. Una cuestión que permitió una visión de "domesticación sindical",
como la definida por Pérez Díaz (1986), donde “si se consigue a su vez que los
sindicatos se resignen con algunos descensos en los gastos sociales, siempre es posible
darles a cambio ayudas22
económicas directas o indirectas, y promulgar una
legislación favorable a la implantación de los sindicatos en las empresas, o bien
otorgar puestos de influencia en el aparato estatal o paraestatal a sus líderes y sus
militantes (.) En otras palabras, son muchas las posibilidades de un gobierno para
jugar o experimentar con concesiones a los sindicatos a cambio de su apoyo”.
6.- Conclusiones
La apuesta por la creación del ente eficiente sindical pretende criticar la visión
del declive del sindicalismo español explicada por la "transición y adaptación a la
nuevas realidades" (Beneyto, 2004:21), al obviar la cara oculta de dicha adaptación
que, al menos en el caso de la Transición española, supuso la entrega de un movimiento
obrero radicalizado, protagonista del fin de la dictadura: lo que hemos denominado el
control por la protesta, bautizado también como de ruptura pactada (Guindal, 2013:82)
Un ente eficiente que renunció a los planteamientos políticos y se centró en los
meramente económicos. Una apuesta que supuso la pérdida definitiva del carácter
transformador del sindicalismo y la asunción de un perfil sindical socialdemócrata,
corporativista e institucionalizado, recompensado con elevadas cuotas de participación,
presencia y poder institucional, impropias de un modelo de baja afiliación sindical y que
22 Ver las asignaciones a los sindicatos, las ayudas en formación, etc.
Moral Martín, David Página 19/22
da lugar a un sistema sindical muy inestable, pese a un cierto incremento que sitúa en el
18,9% la afiliación actual23
.
Una institucionalización que resultó del acuerdo de todas las fuerzas políticas y
sindicales de izquierda, alentadas desde ciertas centrales sindicales europeas
socialdemócratas, al objeto de repartir las culpas de la colaboración, evitando la
estigmatización de un único sindicato y creando la COS. Una cuestión que planteó la
necesidad de establecer un nuevo lenguaje sindical que ocultase bajo sus palabras,
acompañadas de cierta ficción factual: manifestaciones, paros, huelgas controladas, etc.,
la política de hecho de corporativización y pérdidas salariales y de derechos sociales.
Ejemplos del nuevo lenguaje lo encontramos en la defensa de la participación en
los Pactos y acuerdos planteados durante la Transición, Así como en la asunción del
Estatuto de los Trabajadores del 1980. Un nuevo lenguaje que terminó por influir en la
organización histórica de la propia U.G.T, provocando cambios orgánicos y
organizativos para hacer comprender a la patronal la buena disposición a mantener los
acuerdos llegados.
Para terminar con la presente comunicación, planteamos si la renuncia a la
transformación sindical durante la Transición, a cambio de institucionalización y
corporativismo, no nos puede servir como una de las claves explicativas del declive
sindical y como elemento de reflexión de cara a una nueva estrategia sindical. Una
lectura que surge ante las nuevas apuestas sindicales de las grandes centrales sindicales.
En el X Congreso de CC.OO los delegados y delegadas refrendaron una reducción en la
Ejecutiva confederal, dejándola "en catorce el numero de sus componentes24
", quizás
renunciando a tener "presencia tanto entre aquellos a los que aspira a representar como
en el conjunto de la sociedad" (Baylos, 2012:31). En el discurso de clausura en el 41º
Congreso de la UGT, Méndez defendió las subvenciones estatales al considerarlas como
"el reconocimiento al papel de interés general de los sindicatos, que no puede ser
financiado, exclusivamente, a través de nuestros afiliados que pagan la cuota25
". Unas
palabras que niegan la visión de la autosuficiencia sindical "se financia con sus cuotas"
(Beneyto,2012:33). En ambos casos parece que nuestro sindicalismo parece haber
23 http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub71345_Programa_de_Accion_y_Estatutos.pdf 24 http://www.ccoo.es/webcongresocsccoo/menu.do?Inicio:484407 25 http://www.ugt.es/41_Congreso_Confederal_UGT/actualidad/e13042013Congreso41.html
Moral Martín, David Página 20/22
escogido en encerrarse sobre sí mismo y defenderse de una supuesta tormenta del
desierto, cuando el problema, quizás, sea su solitaria travesía por el mismo.
Moral Martín, David Página 21/22
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