15 DE ENERO: DIANA LUISA PEÑA WONG
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15 DE ENERO: DIANA LUISA PEÑA WONG
15 DE ENERO: GRACIELA VICTORIA ESCATE CABRERA
15 DE ENERO: DARCY VIVANCO BALLÓN
16 DE ENERO: CRISTIAN JESUS CHANG HERNANDEZ
16 DE ENERO: JANETH SUAREZ UVALLER
18 DE ENERO: ABRAHAM MEDINA MAGALLANES
18 DE ENERO: JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA
18 DE ENERO: CARLOS ADOLFO LEON CARMONA
19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS
20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS
20 DE ENERO: FABIAN LA TORRE MONTOYA
20 DE ENERO: FERNANDO JOEL CHOQUE QUINCHO
20 DE ENERO: GENARO JEAN UVIDIA GASPAR
21 DE ENERO: CARMEN RATTO QUISPE
22 ENERO: SANDRO HUAROTO HUAROTO
22 DE ENERO: AMERICO CILLER PACO RAMOS
22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEON ALEGRIA
22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SANCHEZ
22 DE ENERO: ANASTACION CHAMPE HUARCAYA
22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMON SILVA
Con el objeto de colaborar con la administración pública y de justicia
26 SECIGRISTAS SE INCORPORAN A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
Jefa de la ODECMA Ica dio la bienvenida a futuros abogados
Un total de 26 estudiantes de derecho de tres universidades iniciaron sus prácticas profesionales en la Corte Superior de Justicia de Ica, bajo el Programa de Servicio Civil de Graduados (SECIGRA) creado por Ley N° 27687 y dando cumplimiento a la Resolución Ministerial N°307-2017-JUS expedida por el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, la cual aprueba para el presente año el periodo del referido programa.
Dichos alumnos son procedentes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, y de las Universidades Particulares Alas Peruanas y San Juan Bautista, ambas con filiales en nuestra región.
La Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza, Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura ODECMA Ica, les dio la bienvenida y los exhortó a cumplir con responsabilidad sus funciones y sobre todo tener la reserva del caso con los procesos que se ventilan en los juzgados que serán asignados.
Seguidamente el Dr. Anthony Díaz Hernández, Asistente de Odecma, señaló algunas de las responsabilidades relacionadas con la tarea que tendrán que cumplir, así como los derechos de los que disfrutarán.
En su oportunidad el Dr. Luis Matías Nuñez, Secretario de la Presidencia, los felicitó por haber sido seleccionados por sus respectivas universidades para convertirse en secigristas de la Corte de Ica, a su vez les recomendó total puntualidad tanto en los horarios como con la asistencia a los días laborales.
En cuanto a la distribución de los secigristas, se les asignará en los órganos jurisdiccionales de la Sede Principal, Módulo Penal, Módulo Laboral y MBJ de Parcona.
FISCALÍA PEDIRÁ ACUMULAR LOS CASOS
DE CASTAÑEDA Y VILLARÁN
Para fiscales, ambas pesquisas coinciden por presuntas coimas de las constructoras
brasileñas OAS y Odebrecht
Castañeda es el actual alcalde de Lima y Villarán fue la predecesora. (Fotos: USI)
El equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Hamilton Castro, solicitará al Poder Judicial la acumulación de las investigaciones al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y a su predecesora en el cargo, Susana Villarán.
Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que la línea de investigación de ambos casos se ha unificado en torno a las presuntas coimas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a funcionarios de las dos gestiones.
En el caso de Susana Villarán, la fiscalía está investigando la información sobre los US$3 millones que OAS y Odebrecht habrían aportado para la campaña en contra de la revocación del 2013, así como un presunto pedido de dinero para la campaña por la reelección de Villarán.
NACIONALES
También se investiga al ex gerente municipal José Miguel Castro, señalado como el intermediario entre Villarán y las empresas brasileñas.
En cuanto a la investigación relacionada a Castañeda, fuentes de la fiscalía explicaron que hay resultados “importantes” en ella. En ese sentido, indicaron que al existir un común denominador, en este caso OAS y Odebrecht, amerita acumular las pesquisas en una sola carpeta.
Cabe recordar que la fiscalía tiene en su poder el informe del levantamiento del secreto de las comunicaciones de Castañeda Lossio y de su ex gerenta de Promoción de la Inversión Privada Giselle Zegarra.
Zegarra está directamente involucrada en las comunicaciones –vía WhatsApp–con el brasileño José Adelmário Pinheiro Filho (o Léo Pinheiro), ex presidente de la constructora OAS.
SALA PENAL NACIONAL OFRECE
"SATISFACCIONES" A DUBERLÍ RODRÍGUEZ
Los jueces también saludaron que se trabaje en la posibilidad de unir salas con el sistema
anticorrupción
(Foto: Poder Judicial)
Los jueces de la Sala Penal Nacional ofrecieron “satisfacciones” al presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, y saludaron que se estudie la posibilidad de unificar estas salas con el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción.
A través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial dio cuenta de una carta enviada por los jueces el pasado viernes 5 de enero a Duberlí Rodríguez.
En la comunicación, los jueces hacen referencia a un documento que remitieron a la Sala Plena de la Corte Suprema el último 28 de diciembre.
En ese documento, piden que se revise la resolución del Consejo Ejecutivo que crea el Estatuto de la Sala Penal Nacional que, según dijeron, generaba inestabilidad en los casos vinculados a Lava Jato.
Los jueces precisan dicho documento no pretendía desconocer la autoridad del presidente del Poder Judicial, "no obstante ofrecemos las satisfacciones del caso al señor presidente del poder Judicial y al Pleno de la Corte Suprema".
También saludaron que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia haya dado un paso decisivo en el trato igualitario a las dos sedes nacionales. Esto se daría mediante una comisión integrada por jueces de la Suprema Corte.
“Estamos convencidos de que esta unificación permitirá no solo el fortalecimiento organizacional, sino también el jurisdiccional de ambos sistemas, dando nacimiento a una nueva normativa y estructura orgánica”, señalaron.
Los magistrados agregaron que, para afianzar el diálogo asertivo, es necesario que las reformas eventuales de unificación de los órganos jurisdiccionales nacionales tomen en cuenta la experiencia de sus actuales miembros.
Recalcaron estar dispuestos a contribuir con la comisión nombrada en gestión, protocolos e información para la adopción de cambios estructurales adecuados, por el bien de la institución y la sociedad.
ho fue consultado sobre las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, respecto al comportamiento de la Sala Penal Nacional por los casos que analizarán los jueces del nuevo sistema anticorrupción. "Yo lo he calificado como una insubordinación, pero prefiero ya no poner etiquetas porque la Sala Plena emitirá un comunicado sobre los acuerdos tomados [...] El no tener en cuenta lo que dispone el estatuto aprobado para la Sala Penal Nacional es una suerte de desacato a esa norma", había dicho el titular del Poder Judicial el 7 de diciembre. “Quiero dejar en claro que el tema de la competencia de los jueces, y sobre todo la competencia de los jueces de la Sala Penal Nacional, está delimitada por ley. Es un tema jurisdiccional en el que cada juez debe decidir si es que sigue conociendo el caso o si lo debe derivar al Sistema Nacional Anticorrupción”, respondió el juez.
“Es un tema jurisdiccional, no es un tema administrativo […] Soy respetuoso de la institucionalidad del Poder Judicial y también de nuestro presidente del Poder Judicial. En principio habría que decidir caso por caso”, acotó. Entre los casos analizados por la sala que dirige Richard Concepción Carhuancho están los de Alejandro Toledo, Nadine Heredia, Ollanta Humala, Alan García, Keiko Fujimori y Odebrecht. Asimismo, ha resuelto pedidos fiscales vinculados a Pedro Pérez Miranda, alias 'Peter Ferrari', y Gerson Gálvez, alias 'Caracol'.
DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA
PRESUNTO FEMINICIDA DE LA MALETA
El Ministerio Público anunció mediante su cuenta de Twitter que se han dictado nueve meses de prisión
preventiva contra el presunto autor del crimen de la cantante vernacular que fue hallada en una maleta
en Pasamayo en una zona de Huaral.
“Fiscal Raquel Cardenas Manrique logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Franklin
Edinzon Cotrina Tirado, investigado por el delito de feminicidio tras muerte de cantante folclórica Vilma
Evangelista Cruz Pinedo, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en Pasamayo”, precisó el MP.
En su declaración a la policía, Franklin Edinson Cotrina (28) reveló haber estrangulado a quien fuera su
pareja, Vilma Evangelista Cruz (25).
LUIS CASTAÑEDA DENUNCIADO PENALMENTE
POR CORTE DE LUZ DURANTE MARCHA
CONTRA EL INDULTO
Un colectivo universitario integrado por alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
presentó este martes una denuncia penal contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda, por el corte del
servicio de energía eléctrica en la plaza Dos de Mayo, el pasado 11 de enero mientras se desarrollaba la
marcha contra el indulto a Alberto Fujimori.
El movimiento estudiantil, denominado Coherencia Universitaria, le atribuye al burgomaestre la
presunta responsabilidad en el hecho mencionado.
Los estudiantes también denunciaron penalmente el enrejado de las plazas San Martín y Dos de Mayo
durante los días 28 de diciembre y 11 de enero, fechas en las que se desarrollaron las marchas contra el
indulto. Se incluyó en la denuncia al jefe de la Séptima Región Policial Lima.
De acuerdo con el documento, presentado ante el Ministerio Público, y que el colectivo Coherencia
Universitaria ha compartido en sus redes sociales, Luis Castañeda habría cometido tres delitos
previstos en el Código Penal: prohibición de reunión pública lícita por funcionario público, perturbación
de reunión pública y abuso de autoridad.
Cabe recordar que la compañía responsable del sistema de distribución de energía en dicha zona
respondió que “la iluminación pública de la Plaza es responsabilidad de la Municipalidad de Lima”. “El
alumbrado público de la zona es gestionado por Enel Perú y funcionó correctamente”, aclaró la
administración.
MINJUS: EXPEDIENTE DEL INDULTO A ALBERTO
FUJIMORI LLEGARÁ A LA CORTE IDH
Instancia supranacional. Ministerio de Justicia asegura que entregará "la documentación requerida", pese a que se la negó a la Defensoría del Pueblo. Además, designa a dos abogados particulares para que defiendan el Estado ante la Corte.
La Corte Interamericana ha dado plazo hasta el lunes 29 para que el Estado peruano entregue copia del expediente
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supervisará el cumplimiento de sentencias de los casos La
Cantuta y Barrios Altos, tendrá el expediente del cuestionado indulto a Alberto Fujimori, aseguró
el Ministerio de Justicia a La República. De este modo, el Gobierno soltará esta documentación a este tribunal
internacional, la misma que ha negado a la Defensoría del Pueblo y a otros solicitantes.
"El Minjus (Ministerio de Justicia) emitirá en tiempo y forma la documentación requerida por la Corte", fue la
respuesta del sector que encabeza Enrique Mendoza.
La Corte Interamericana ha dado plazo hasta el lunes 29 para que el Estado peruano entregue copia del
expediente, que incluye el derecho de gracia que liberaría a Fujimori de procesos judiciales aún vigentes. Con
esta documentación, el tribunal internacional decidirá si el indulto a Fujimori hace que el Estado incumpla
sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos . De ser el caso, podría exigir que se anule la gracia
presidencial.
El Estado peruano, como suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos, está en la jurisdicción
de la Corte Interamericana.
Abogados de fuera
El 2 de febrero este tribunal hará la audiencia para revisar el indulto a Fujimori como parte de su supervisión
del cumplimiento de sentencias de La Cantuta y Barrios Altos. Expondrán representantes del Estado peruano
(en defensa de la gracia presidencial) y de las víctimas de estas matanzas.
Para defender al Estado, el Gobierno designó dos abogados particulares, fuera del aparato estatal: el procesalista
Adrián Simons Pino y el penalista Jorge Villegas Ratti. El procurador encargado de Derechos Humanos, Luis
Huerta, a quien hubiera tocado esta defensa, fue sacado del cargo.
Simons, con más de dos décadas como abogado y arbitro, dirige su propio estudio, enseña en la Universidad de
Lima y preside la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Integra varias entidades sobre derecho procesal y
arbitraje.
Villegas fue agente del estado ante la Corte Interamericana en el caso Lori Berenson y procurador de la
Superintendencia de Banca. Integró la comisión que redactó el Código Procesal Penal y presidió el grupo para
la incorporación normativa antiterrorista internacional. También estuvo en la comisión sobre el caso García
Asto y Ramírez Rojas ante la Corte Interamericana.
Indulto express
Simons y Villegas deben convencer a los jueces supranacionales que el indulto al ex dictador fue de acuerdo a
derecho, pese a los varios cuestionamientos que siguen apareciendo. Para buena parte de los ciudadanos fue un
negociado a cambio de evitar la vacancia presidencial.
A la rapidez de este beneficio, entre otras observaciones, se suma que no se cumplió la directiva sobre la
conformación de juntas médicas para gracias presidenciales. Aprobada el 5 de diciembre, seis días antes de que
Fujimori solicite su indulto, esta norma indica que uno de los médicos de la junta sea designado por elInstituto
Nacional Penitenciario. Sin embargo, los tres doctores que integraron la junta fueron colocados por el sector
Salud.
Uno de estos miembros fue Juan Postigo, médico de cabecera del ex mandatario. Después de treinta años en el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Postigo renunció a este centro poco antes de sumarse
al equipo que recomendó el cuestionado indulto. Su dimisión se hizo efectiva un mes después, ya en enero.
Cuando fue colocado en la junta, en diciembre, estaba de vacaciones.
Simons y Villegas tendrán que probar sus argumentos.
En la mira
- Supratribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la OEA
(Organización de los Estados Americanos) para proteger a los ciudadanos de abusos de los Estados.
- Casos clave. Sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos, la Corte ha dicho que el Perú debe procesar a los
culpables. En otro caso similar, ha dicho que no cabe indultos.
FISCALÍA SIGUE PISTA DE LOS BIENES DE FUNCIONARIO
DEL GR DEL CALLAO VÍCTOR SUELPRES
El código del silencio. A través de su abogado, el brazo derecho del presidente regional del Callao, Félix
Moreno Caballero, asegura que no lo quisieron matar por alguno de los cinco casos de corrupción que enfrenta,
pero tampoco aporta ningún dato sobre los probables autores del ataque que le costó la vida a su esposa, Esther
Huerta Estrada, el último domingo por la noche.
Víctor Suelpres Jerez niega que atentado contra su vida haya sido por investigaciones por corrupción, pero no informa cuál habría sido
el móvil.
Cuando se esperaba que el gerente de Administración del Gobierno Regional del Callao, Víctor Suelpres
Jerez, ofreciera datos sobre los presuntos autores del atentado que acabó con la vida de su esposa Esther Huerta
Estrada, el funcionario chalaco más bien pidió a la prensa que no se inmiscuyera en el caso.
Por intermedio de su abogado Jesús Valencia, Suelpres afirmó que el ataque de los sicarios en la noche del
domingo no está relacionado con las imputaciones de actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao,
durante el mandato de Félix Moreno Caballero. El letrado no esclareció por qué no existía vínculo.
"Solicitamos a la prensa que en lugar de hostigar a su persona (de Víctor Suelpres), su familia, su domicilio y su
centro de trabajo, que presionen al Ministerio Público y a la policía para que lleguen a determinar la autoría
(del homicidio)", señaló Jesús Valencia en conferencia de prensa.
"Que se abstengan de seguir emitiendo comunicaciones falsas, fantasiosas y tergiversadas porque eso pone en
peligro la vida de mi patrocinado y la de su familia", afirmó Valencia en nombre de su patrocinado Víctor
Suelpres, investigado por cinco graves casos de corrupción de funcionarios.
No aporta nada
Valencia también indicó que su defendido no intentó acogerse a la colaboración eficaz, como informó La
República, sustentándose en fuentes del Ministerio Público. Este diario se ratifica en que Víctor Suelpres sí
buscó beneficios judiciales a cambio de proveer información sobre algunos casos de corrupción de funcionarios
en los que está involucrado, y que alcanzan a importantes autoridades del Gobierno Regional del Callao y del
partido Chim Pum Callao.
Por razones de reserva, no es posible identificar a qué autoridades consultó Suelpres sobre la colaboración
eficaz, en qué fecha y en qué investigación en particular.
"(El caso del crimen) está en proceso de investigación, no podría revelar mayores datos porque es un tema que
tampoco me compete. Los procesos que tiene (mi patrocinado) no tienen ninguna vinculación con este
lamentable suceso en contra de la vida de su señora esposa", apuntó Valencia.
"(La familia ha señalado) que no ha habido ninguna presión, ninguna amenaza, ni nada por el estilo", añadió el
letrado.
El abogado Jesús Valencia no dijo por qué Víctor Suelpres sí negaba que el atentado haya tenido relación con
los procesos de investigación, cuál era su hipótesis sobre los presuntos autores.
Entre otros casos, Félix Moreno y Suelpres, su mano derecha desde que se iniciaron juntos en la alcaldía de
Carmen de La Legua, y luego continuaron en el Gobierno Regional del Callao, han sido señalados por la
Contraloría General de la República como presuntos autores de actos de corrupción para favorecer a las
constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz, en el caso de la construcción de la avenida Néstor
Gambetta, y Odebrecht, a la que se le adjudicó la habilitación del tramo chalaco de la vía Costa Verde.
En ambos casos se registraron sobrevalorizaciones que afectaron al Estado por cerca de 1.000 millones de soles.
En el caso específico del tramo chalaco de la Costa Verde, colaboradores eficaces señalan que Félix Moreno
recibió sobornos de Odebrecht a cambio de la adjudicación de la obra. En esa época, Víctor Suelpres tuvo un
papel decisivo como gerente de Infraestructura. Moreno, a su vez, ha rechazado los cargos de la Contraloría y
las acusaciones de los colaboradores eficaces, y se ha declarado siempre inocente.
Vida llamativa
Como parte de las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que
Suelpres haya sido parte de la organización que Chim Pum Callao montó en el Gobierno Regional para
adjudicar millonarias obras públicas a las constructoras cómplices.
Una de las pistas firmes que siguen las autoridades son los signos exteriores de riqueza de Víctor Suelpres.
Cuando ejerció como regidor de Chim Pum Callao durante la gestión de Félix Moreno en la alcaldía de
Carmen de La Legua, entre 1998 y 2006, Suelpres vivía en una casa de la urbanización La Merced, en la
segunda cuadra del jirón 27 de Julio, paralela a la línea del tren, en el mismo distrito donde era regidor
municipal. Al poco tiempo de haber sido llamado por Félix Moreno como gerente en el Gobierno Regional del
Callao, Suelpres compró una residencia en una zona exclusiva de Magdalena del Mar.
El funcionario y su esposa Esther Huerta hipotecaron el inmueble por 701 mil dólares y pagaron al anterior
propietario 380 mil dólares. En el 2016, Suelpres, ante la inminencia de los embargos preventivos, adjudicó la
casa a su esposa como parte de un proceso de separación de patrimonio.
Las declaraciones juradas ante la Contraloría confirman el salto económico de Suelpres: de declarar bienes por
523 mil soles luego pasó a 1 millón 565 mil soles.
Su sueldo osciló entre los 6 mil y los 10 mil soles, según los investigadores, aparentemente insuficientes para
justificar el inmueble de Magdalena del Mar, los vehículos, los viajes y otros lujos del funcionario chalaco.
Datos
- Antecedente. El fiscal anticorrupción Martín Salas Zegarra denunció, cuando sustentaba la acusación por
corrupción contra el ex presidente regional del Callao Alex Kouri, que fue amenazado de muerte.
- Advertencia. Salas logró la condena efectiva de Kouri, fundador de Chim Pum Callao.
“Se utilizan delincuentes”
- El ex presidente de la Comisión Lava Jato Juan Pari, que investigó actos de corrupción en el Callao, dijo que
el ataque contra Víctor Suelpres no es casual.
- "Es una investigación seria en la que no se debe descartar ninguna premisa, ninguna hipótesis de manera
ligera. Se deben considerar todas las variables", dijo.
- El dirigente del colectivo Frente Dignidad Callao, Víctor Huarancca, comentó el hecho: "La organización
Chim Pum Callao, liderada por el presidente regional Félix Moreno, utiliza a delincuentes de diversas bandas
criminales y a policías para cometer sus fechorías. Debe intervenirse el Callao, no debe repetirse este tipo de
crímenes".
DESCUENTOS A CONGRESISTAS FUERON
REGISTRADOS COMO APORTES DE FUERZA POPULAR
El partido fujimorista justificó parte de los ingresos de su campaña electoral de
2016 (100 mil soles) con una suma retenida a través de planilla a los legisladores
de su agrupación política. Ante la ONPE, se registraron montos iguales.
IN SITU. El fiscal José Pérez fue la ONPE para verificar la autenticidad de la información presentada por
Fuerza Popular sobre los aportes de campaña. (GeraldoCaso/Perú21)
En el marco de la investigación por lavado de activos que lleva a cabo el fiscal José Pérez sobre los
aportes de campaña del partido Fuerza Popular , un dato que había pasado desapercibido está
ahora bajo la lupa del magistrado. Se trata del aporte registrado ante la ONPE de 32 congresistas del
periodo 2011-2016 por un monto superior a los 100 mil soles.
Perú21 revisó en la página web de la ONPE los informes de aportaciones individuales, en efectivo y
especies, firmados por el entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez
Gamarra. En ellos se puede identificar a los 32 parlamentarios aportantes con montos similares
registrados los días 21 de enero, 23 de febrero y 22 de marzo de 2016.
Los depósitos oscilaron entre S/1,025.90 y S/1,228.70. Así, cada uno entregó en el primer trimestre
de 2016 más de S/3,037.63, en promedio, para el proceso electoral.
Otro dato que se aprecia en los informes de FP es que cada aporte económico consigna un número
de comprobante de pago diferente. Es decir, aparentemente, los legisladores no hicieron
personalmente el aporte, sino que los hizo el partido. ¿Sabían ellos que ese era el objetivo del
descuento que les hacían por planilla?.
Los 32 congresistas realizaron supuestamente 96 operaciones bancarias para depositar sus montos,
que incluían hasta céntimos de sol.
El total de aporte bajo esta modalidad de cascada, según los expertos, fue de S/100,777.09.
Según una fuente de la Fiscalía, se debe identificar en qué agencia bancaria se hicieron los
depósitos y determinar la procedencia de los S/100 mil que habrían sido ingresados por FP bajo la
apariencia de aportes de campaña de sus congresistas.
Este hallazgo habría sido también uno de los motivos que tuvo Pérez para solicitar el allanamiento
de los locales de Fuerza Popular, diligencia que se realizó el 7 de diciembre. Posteriormente, el 18
de diciembre, el fiscal acudió a la ONPE para verificar la autenticidad de las firmas y los datos
consignados en los comprobantes de pago y las declaraciones juradas de los aportantes, entre ellos
de los referidos congresistas naranjas.
Ante la Onpe. Parte del informe entregado por Fuerza Popular sobre gastos de campaña de 2016.
ACUERDO DE BANCADA
Víctor Medina, vocero de prensa del fujimorismo, confirmó que se utilizó el dinero de los descuentos
realizados a los congresistas como aporte de campaña y que por eso los montos consignados ante
la ONPE son similares.
“Hice la consulta a las autoridades del partido. Los aportes similares corresponden a un acuerdo que
tomaron los congresistas y se realizaron de manera porcentual a sus ingresos, como lo hace la
mayoría de los partidos”, sostuvo.
Sin embargo, la bancada para el periodo 2011-2016 estuvo conformada por 37 legisladores y, según
los reportes de la ONPE, solo 32 aportaron a la campaña de 2016. Entre los que no figuran como
aportantes están Eduardo Cabrera Ganoza, Martha Chávez Cossio, Juan José Díaz Dios, Víctor
Raúl Grández Saldaña y Julio Rosas Huaranga.
Ninguno de los mencionados tiene inscripción en Fuerza Popular según el Registro de
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si el argumento es que eran
invitados y que por eso no aparecen como donantes de campaña, en la lista de los 32 hay más de 20
que tampoco estaban inscritos. Entonces, ¿fue o no un acuerdo de toda la bancada?
Fuerza Popular
ANTECEDENTES
La investigación a Fuerza Popular se inició cuando el ex nacionalista David Apaza denunció a dicha
agrupación, el 13 de octubre de 2015, ante el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en los
aportes a las campañas presidenciales de 2006 y 2011.La denuncia cayó en la fiscal María del Pilar
Peralta, de la 26 Fiscalía Provincial Penal, quien abrió investigación preliminar por el delito de lavado
de activos y dispuso que la policía especializada se encargue de investigar los hechos denunciados
por Apaza, principalmente la existencia de aportantes fantasma.
Es así que, en diciembre de 2015, la Dirección de Lavado de Activos de la PNP (Dirila) identificó a
213 aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que fueron citados para esclarecer la
procedencia de los fondos consignados por la agrupación política en la campaña presidencial de
2011.
Sin embargo, la fiscal Peralta, sin dar mayores explicaciones, requirió a la Dirila, el 8 de marzo de
2017, que le remita el avance de las investigaciones en el estado en que se encuentren.
En el informe policial se deja constancia de que no se pudo investigar el caso de los aportes de los
congresistas fujimoristas porque no fueron considerados por la fiscal Peralta como parte de la
investigación, al considerar que gozan de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
TRABAS. Congresistas de FP interfirieron en labor del fiscal. (RenzoSalazar/Perú21)
Perú21, en su edición del 30 de marzo de 2017, informó que al menos siete aportantes consignados
por FP ante la ONPE negaron haber hecho los depósitos para la campaña del año 2011.
Félix Guayas y otras seis personas dijeron, ante la policía que tuvo a cargo la investigación
preliminar, que no entregaron dinero o contribuyeron con bienes a Fuerza Popular (FP), información
que fue corroborada por este diario con las mismas personas, varias de ellas sin solvencia
económica.
En noviembre, el caso de los aportes a la campaña de FP pasó al despacho del fiscal José Pérez,
quien inició las diligencias preliminares y amplió el periodo de investigación al proceso electoral de
2016.
Según el portal Ojo Público, la Fiscalía halló indicios de “doble contabilidad, libros contables
presuntamente fraguados... así como contribuciones sin identificar por S/1.3 millones, registros de
aportantes falsos o sin capacidad económica en las finanzas de FP en la campaña de 2011”.
JULIO CASTIGLIONI: "BUSCARON JUSTIFICAR UN MONTO"
La coincidencia de las fechas de los depósitos se debería al día de pago programado por el Estado
para los congresistas. Lo que no se puede hacer es descontar desde el Congreso a través de sus
planillas y que eso vaya a la ONPE. El congresista cobra sus haberes y luego puede hacer su aporte
al partido.
Es importante aclarar que cada aporte a la campaña debe tener la firma y los datos del aportante,
por eso es individual. Ahí se cae la tesis de que les descontaron por planilla, que cada uno cobró y
depositó. Fíjense en los céntimos y los montos iguales durante tres meses consecutivos antes de las
elecciones.
El partido Fuerza Popular no puede descontar para el partido y depositarlo como aporte de campaña;
eso no se puede hacer. El aporte electoral lo realiza una persona con plena voluntad.
Lo que puedo apreciar es que se hicieron aportes de tipo cascada para justificar algún monto. O sea,
en diferentes fechas y cada parlamentario con un monto igual, es para justificar algo.
El monto aportado por los 32 congresistas debería servir para justificar los S/100 mil, que al parecer
no sabían cómo hacerlo. Se le asignó a cada uno una suma. Eso es lo más probable que haya
sucedido. No puede haber tanta coincidencia.
TENGA EN CUENTA:
* El ex congresista Aldo Bardales dijo que sí le hicieron descuentos por planilla y que no sabía que
ese dinero iba a ser usado como aporte de campaña ante la ONPE.
* “En el año 2016, yo no hice depósitos (de campaña) al partido”, manifestó Bardales.
EN MARZO SE DECIDIRÁ SI EL CASO GASODUCTO
PASA A JUICIO ORAL
La jueza Ingrid Morales, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, decidirá
si los elementos de prueba presentados por el fiscal Abia son suficientes.
Costo se fijó en US$7 mil millones. (USI)
Entra en su etapa final. El próximo 19 de marzo será la audiencia de control de acusación del caso Gasoducto I , que está a cargo del fiscal Reynaldo Abia, y en el que se acusa de colusión agravada al ex funcionario de Provinversión Edgar Ramírez Cadenillas y a la ex representante de Odebrecht Claudia Hokama. Así lo confirmaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público . La jueza Ingrid Morales, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, decidirá si los elementos de prueba presentados por el fiscal Abia son suficientes para que la investigación pase a juicio oral. De acuerdo con la acusación, Ramírez y Hokama se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa Odebrecht con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur. Ramírez solicitó el archivamiento de la indagación alegando que no existen elementos en su contra, mientras Hokama interpuso una excepción de improcedencia.
IGUALDAD SALARIAL: ¿QUÉ LE FALTA AL
PERÚ PARA SER UN PAÍS MÁS EQUITATIVO?
La brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo a 12%; sin embargo, aún no es suficiente.
¿Qué le falta al Perú? Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú habla al respecto.
Una tarea pendiente. Según el último estudio realizado por Mercer, el Perú cuenta con una brecha
salarial, entre hombres y mujeres, de 12%, un porcentaje aún muy alto.
Entonces, ¿qué le falta al Perú para ser un país más equitativo? Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú
conversó con Gestion.pe al respecto.
“De acuerdo a los estudios de Mercer, esta brecha se ha ido disminuyendo a través de los años. En el
2014, se ubicaba en 27% a nivel de ejecutivos y hoy está en 12%, consideramos que esto ha venido de
acuerdo a las políticas de las compañías trasnacionales y multinacionales han venido incluyendo en sus
áreas de recursos humanos.”, precisó.
Y es que este porcentaje aún es muy alto, pero según Regalado, dependerá de cómo lo vean.
“Por ejemplo si lo comparamos con Islandia, país que tiene la menor brecha salarial, el 12% es
altísimo; sin embargo, si lo vemos con otros países, vamos por buen camino.”
Mencionó también que una tarea pendiente es tener una mayor cantidad de mujeres en posiciones de
ejecutivos. Ya que, según el estudio de Mercer, 8 de cada 10 ejecutivos en Perú, es hombre.
“El Perú está en una posición intermedia en cuanto a Latinoamérica, a nivel ejecutivo. Sin embargo,
creo que más que resaltar en qué posición se encuentra el país, se debe ver el avance que Perú ha tenido
en los últimos años.”
Pero, ¿y qué hay de la nueva ley de igualdad salarial promulgada en el Perú? Según Regalado, esta ley
busca reducir estas brechas salariales no solamente entre hombres y mujeres; sino también personas
que ocupen posiciones similares en las compañías.
“Estas leyes son buenas para el país, para la industria y sobre todo para una nación que tiene aún
pendiente la formalización del empleo. El Perú tiene una tasa muy alta de informalidad y esto no
ayudará a que las empresas vayan avanzando.”
Para Regalado, al Perú le falta dar ese primer paso para reducir la brecha salarial. Sin embargo,
mencionó que tras la promulgación de la ley, sigue el cumplimiento de esta.
“Las inspecciones que se tengan que hacer a las empresas, tiene que ser de modo correctivo.”, agregó.
A su vez, remarcó como otro punto para la reducción de la brecha salarial en el Perú, que cada vez más
los ejecutivos tienen que prestarle atención a Recurso Humanos como un activo importante dentro de
sus instituciones.
“Algo que impediría la reducción de la brecha salarial es el cortoplacismo, el dejarnos llevar por eso no
hace que veamos la gestión del talento, como una gestión estratégica de la compañía. Los líderes del
negocio, saben el objetivo; sin embargo, los de recursos humanos, aún no lo tienen muy en claro.”,
indicó.
En el caso de la informalidad, según Regalado, lo primero que habría que hacer es que el 30% de
formales estén cada vez más cerca de la reducción de brecha salarial.
Finalmente, mencionó que la combinación de dos factores que son la legislación de la ley más el tema
de la diversidad e inclusión hace que las empresa tengan políticas más allá del género, sino también de
la orientación sexual, harán que las brechas salariales se reduzcan año tras año.
“Las empresas tienen que tener valoración en sus puestos y establecer una política de compensación,
básicamente las reglas del juego. Y por último trabajar mucho en la comunicación con los empleados”,
finalizó.
KUCZYNSKI INSPECCIONA BASE LAS PALMAS
DONDE EL PAPA OFRECERÁ MISA MULTITUDINARIA
Presidente Pedro Pablo Kuczynski inspeccionó base aérea Las Palmas, donde el Papa Francisco oficiará misa
multitudinaria.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski supervisó esta mañana la base aérea Las Palmas, en el distrito
de Surco, donde el Papa Francisco ofrecerá una misa el próximo domingo 21.
Acompañaron al Jefe del Estado el ministro de Defensa, Jorge Kisic; el coordinador del Ejecutivo
para la visita del Sumo Pontífice, Alfonso Grados; el cardenal Juan Luis Cipriani, y el nuncio
apostólico en Perú, Nicola Girasoli.
El Papa Francisco llegará mañana jueves al Perú y el viernes se trasladará a Puerto Maldonado,
capital de la región Madre de Dios, en la selva sur, donde sostendrá un encuentro con la población
indígena.
El sábado, el Santo Padre partirá rumbo a Trujillo, capital de la norteña región La Libertad, en la que
sostendrá un conjunto de actividades.
Para el domingo 21, último día de su estadía en Perú, se ha previsto una misa multitudinaria en la
base aérea Las Palmas, en Surco.
Se espera para dicha fecha la presencia de más de un millón de personas.
FISCALES SE MANTIENEN EN ALERTA A POCOS
DÍAS DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO
Los presidentes de las juntas de fiscales superiores de Lima, La Libertad y Madre de Dios adoptaron
una serie de acciones urgentes a fin de garantizar la seguridad durante la visita que realizará el Papa
Francisco.
Dichas acciones se encuentran a cargo de las fiscalías de prevención del delito, que vienen
realizando las coordinaciones necesarias para evitar cualquier acción delictiva o desorden que pueda
poner en peligro la vida o salud de los miles de fieles católicos que se darán cita en los actos
religiosos.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, dispuso la
conformación de un equipo de diez fiscales, quienes apoyarán las labores preventivas adoptadas a
fin de evitar cualquier incidente de tipo penal durante el recorrido que realizará el Papa Francisco en
Lima.
Dicho grupo de fiscales brindará apoyo permanente a la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de
Lima, que estará de turno en la fecha de la visita. Además, estarán facultados para intervenir ante
cualquier hecho delictivo.
De otro lado, se dispuso la alerta permanente y el apoyo necesario a la Fiscalía Provincial Penal de
Turno y a las fiscalías distritales de Magdalena del Mar y San Isidro, distritos que también formarán
parte del recorrido oficial del Papa Francisco.
Como parte de las labores previas, el fiscal de prevención del delito, Oscar Díaz Alegre, se reunió
con representantes de la Nunciatura Apostólica de la Iglesia Católica del Perú y de la Conferencia
Episcopal Peruana.
Así como de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes coordinó la adopción de las
medidas de seguridad necesarias durante el recorrido oficial. Además, sostuvo reuniones con el jefe
nacional de Defensa Civil y con el jefe de la Región Policial de Lima.
Puerto Maldonado
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Madre de Dios, Octavio Ramos Pacompía,
dispuso el apoyo de diez fiscales adjuntos encabezados por el fiscal de prevención del delito, David
Payé Apaza,
Los fiscales se desplegarán en cada uno de los locales que serán visitadospor el Papa Francisco
este viernes 19 de enero, a fin de intervenir según el protocolo de actuación interinstitucional previsto
para los casos de flagrancia.
“Se tiene prevista la asistencia de más de 90,000 personas a la sede del Instituto Tecnológico Jorge
Basadre y de cerca de 200,000 personas al Coliseo Cerrado y al aeropuerto Padre Aldamiz de
Puerto Maldonado, por lo que las medidas preventivas deben ser extremas a fin de garantizar la
seguridad del público asistente”, afirmó el magistrado.
También se ordenó la alerta máxima de todos los fiscales de la región para intervenir ante cualquier
hecho delictivo.
Trujillo
Por su parte, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Celia Goicochea Ruiz,
informó que los fiscales de Trujillo han participado en jornadas de simulación de la visita papal en
diferentes escenarios y situaciones de riesgo como accidentes de tránsito, intoxicaciones, terrorismo
y fenómenos naturales.
“La medida se suma a otras de carácter preventivo adoptadas en Trujillo como la inspección y
reconocimiento de los lugares que recorrerá el Papa Francisco el próximo 20 de enero”, informó la
magistrada.
Además, informó que, en los días previos a la llegada del Papa Francisco a Trujillo, se tiene
programado realizar diversos operativos de control de identidad en los lugares que recorrerá el Sumo
Pontífice, a fin de detectar a posibles requisitoriados y verificar las condiciones de seguridad.
ACCIDENTES DE TRABAJO GENERAN INCAPACIDAD
LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑO MORAL SON ELEVADAS
Uniformidad de criterios a tomar en cuenta resulta necesario.
17/1/2018
La casuística del 2016 y 2017 refleja que las indemnizaciones a los trabajadores de la industria
extractiva, minería, construcción e infraestructura por daño moral producto de accidentes de trabajo
fluctúan entre los 350,000 y 1’000,000 de soles.
Esto debido a que el grado de incapacidad con el que quedan los trabajadores de esas actividades, a
consecuencia de un siniestro laboral, fluctúa entre el 60% y 70%, lo que impide a las víctimas volver a
trabajar, indicó el laboralista Percy Alache.
Para la determinación de estas indemnizaciones, además de las que corresponde por lucro cesante y
daño emergente, los jueces de primera y segunda instancia aplican los criterios de magnitud del daño,
carga familiar, tiempo de servicios, cargos desempeñados por el trabajador afectado y la remuneración,
explicó el experto, quien además se desempeña como director del área laboral de Pwc Perú.
Sin embargo, consideró que también deberán atenderse las condiciones médicas de la víctima antes del
accidente, si el trabajador tiene familiares con discapacidad o enfermedad, si existe daño reputacional y
si el trabajador afectado cuenta con otros ingresos.
A su vez, sostuvo que deben fijarse montos mínimos de indemnización por daño moral, como de repente
el 25% de la indemnización por lucro cesante.
Por tanto, Alache advirtió de la necesidad de que mediante una directiva o un pleno jurisdiccional se
uniformen los criterios para la determinación de la indemnización del daño moral de un trabajador
afectado por siniestro laboral.
También resultara importante un tarifario con topes para este tipo de indemnización, a fin de no generar
inseguridad tanto para la persona que reclama como para las empresas que son demandadas, detalló.
Por lo pronto, dijo, la Corte Suprema, mediante las casaciones N° 00139-2014 La Libertad, emitida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente; N° 04393-2013 La Libertad de la Sala Civil
Permanente; y N° 01594-2014 Lambayeque de la Sala Civil Transitoria analiza la prueba idónea para la
indemnización por daño moral. Básicamente el certificado médico y lo que debe generar convicción al
juez sobre el daño sufrido, detalló.
Recomendaciones
Como el pago de la indemnización por daño moral está relacionado con accidentes de trabajo, lo
principal es que las empresas realicen auditorías internas y periódicas respecto a los sistemas de
seguridad y salud en el trabajo identificando básicamente los riesgos potenciales, y las medidas
correctivas que el comité de seguridad y salud debe implementar, sostuvo Alache. Además, los
empleadores deben evaluar los riesgos que cada desvinculación laboral puede generar, agregó.
ELIMINAN MÁS 200 BARRERAS BUROCRÁTICAS
En cinco meses desde su creación, la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi logró que diversos municipios del país eliminen en forma voluntaria más de 200 barreras burocráticas que afectaban los sectores de construcción e infraestructura de telecomunicaciones.
17/1/2018
Así, con la intervención de dicha secretaría, las municipalidades provinciales de Huaraz (Áncash) y
Virú (La Libertad), y las municipalidades distritales de Independencia (La Libertad) y Paracas (Ica)
simplificaron sus trámites.
La eliminación de estas barreras habría permitido un ahorro de 967,688.84 soles a los agentes
económicos de dichas localidades, informó la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
Entre las barreras eliminadas figuran el plazo de 10 días hábiles para resolver trámites relativos a la
instalación de infraestructura de servicios públicos en telecomunicaciones y la exigencia de solicitar
el documento de constitución de la empresa, manifestó.
ENFOQUE LABORAL
PROHÍBEN LA DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA -PARTE III
El artículo sexto de la Ley N° 30709, que proscribe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres –usando con propiedad el criterio del sexo y no el del género–, prohíbe que el empleador despida o no renueve el contrato de trabajo por “motivos vinculados” con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en el período de lactancia. Son dos situaciones que merecen cierto estudio.
17/1/2018
Germán Serkovic GonzálezABOGADO LABORALISTA
Germán Serkovic G. Abogado laboralista El artículo 29 de la Ley de Productividad, en su literal e), ya contemplaba la nulidad del despido originado
en la gestación, el nacimiento o la lactancia, hasta por 90 días posteriores al nacimiento.
La Ley N° 30709 no añade mayores novedades conceptuales al respecto, pero sí amplía el plazo de la
prohibición del despido por todo el tiempo que dure la lactancia.
En nuestra legislación del trabajo se considera que la duración del período de lactancia es de un año. La
prohibición de la no renovación de un contrato a plazo o sujeto a modalidad sí constituye una disposición
sin antecedentes conocidos. Es una medida de justicia, el embarazo y la lactancia no deben ser motivo
de discriminación al momento de proceder a la recontratación.
Sería interesante que el reglamento aclare si esta prohibición alcanza también a las trabajadoras
contratadas por menos de cuatro horas y, es de esperar adicionalmente, que dilucide la expresión
“motivos vinculados” al embarazo o la lactancia que puede comprender un sinnúmero de situaciones, no
todas objeto de amparo.
De acuerdo con las normas vigentes, se presume que el embarazo o la lactancia son causales del
despido si el empleador no acredita la existencia de justa causa.
No actuaría la misma presunción en el caso de no renovación del contrato de trabajo, la trabajadora
deberá probar el acto discriminatorio.
De modo tangencial, usando el concepto de despido prohibido en lugar del correcto despido nulo, se
estaría modificando tácitamente el artículo 29 de la Ley de Productividad.
La comentada Ley N° 30709 debe ser reglamentada antes de los 60 días de su vigencia.
JURISPRUDENCIA RELEVANTE Materia Penal R.N. 2937-2014, Lima Reconocimiento fotográfico junto a versión de la víctima es suficiente para otorgar fiabilidad a los cargos Fecha de emisión: 19 de mayo del 2016
Sumilla:
Reconocimiento fotográfico.- La norma procesal penal no exige un reconocimiento físico en rueda para lograr la
identificación del imputado. El reconocimiento fotográfico unido a la versión de la víctima, es suficiente para
otorgar fiabilidad a los cargos.
La Resolución de adjunta en pdf.
