19-0373 Revista N 31 politica exterior

Revista Costarricense de Política Exterior

Secretaría y redacción

Instituto del Servicio Exterior Manuel María de PeraltaMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

San José, Costa Rica(+506) [email protected]

[email protected] Postal 100027-1000 San José 10104

Puede tener acceso a esta revista en la dirección electrónica http://www.rree.go.cr

Impreso en Costa Rica

El texto es propiedad exclusiva de los autores y no debe ser reproducido sin su consentimiento. Asimismo, no constituye un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por lo cual las opiniones expresadas en él son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Revista Costarricense de Política ExteriorSan José, Costa Rica Número 31, mayo de 2019, ISSN 1659-0112

I. SECCIÓN INTRODUCTORIA

Develación del retrato de José Gervasio Artigas en el Instituto Diplomático ............................... 7

Necrología: La dama de los dos teléfonos: en recuerdo de doñaTatiana González de Sotela .................................................................................................................. 9José Joaquín Chaverri Sievert

Recuperación del patrimonio histórico y cultural de la Cancillería ............................................. 11

II. SECCIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL Y TEMAS CONEXOS

Costa Rica ante las actuales dinámicas y retos en la cooperacióninternacional para el desarrollo ........................................................................................................ 15Carmen Isabel Claramunt Garro

Los lazos entre la migración y el cambio climático ........................................................................ 41Maritza Chan Valverde

Migración y Derechos Humanos ....................................................................................................... 53Michel Chartier Fuscaldo

Responsabilidades y carencias en el notariado consular costarricense ....................................... 63Jorge Murillo González

South-South cooperation for confronting snakebiteenvenoming: the role of Costa Rica .................................................................................................. 71José María Gutiérrez and Elayne Whyte

III. SECCIÓN HISTÓRICA

La primera misión de Venezuela en Costa Rica ...................................................................................83Jorge Francisco Sáenz Carbonell

IV. SECCIÓN DISCURSOS

Discurso pronunciado en la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur ...........................................................................95Manuel Ventura Robles

Discurso pronunciado con motivo del 175° aniversario de la creacióndel Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y día del funcionario .............................................99Manuel Ventura Robles

V. ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR MANUEL MARÍA DE PERALTA ..................................................... 102

REVISTA COSTARRICENSE DE POLÍTICA EXTERIOR

SECCIÓN INTRODUCTORIA

7

Develación de l retrato de JosÉ Gervasio artigasen el Instituto Diplomático

De izquierda a derecha: don Ariel Belarmino, subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay; doña Lorena Aguilar Revelo, viceministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y don Gerald Miranda, autor del retrato del prócer uruguayo José Gervasio Artigas.

Fotograf ía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El día 6 de mayo de 2019, en el transcurso de una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el excelentísimo señor subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay, don Ariel Bergarmino, develó, junto con la señora vicecanciller doña Lorena Aguilar, un retrato del prócer uruguayo José Gervasio Artigas (1764-1850), obsequiado por la Embajada del Uruguay en Costa Rica al Instituto Diplomático Manuel María de Peralta.

El acto se efectuó en el salón Cardona del Instituto Peralta, donde se encuentran los de otras grandes fi guras de la historia de las Américas: Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez, José Martí, Bernardo O’Higgins, José de San Martín y Jorge Washington.

Artigas es considerado como la fi gura más importante del proceso de independencia del Uruguay y de la consolidación de la nacionalidad uruguaya. De credo republicano, federalista y profundamente demócrata e igualitario, luchó denodadamente por la libertad de su país y murió en el exilio, dedicado a cultivar la tierra con sus manos.

La iniciativa de la donación se debió al excelentísimo señor don Fernando Sandín, embajador del Uruguay en Costa Rica. El retrato de Artigas fue pintado por el artista costarricense Gerald Miranda.

En el acto de develación, al cual asistieron el artista y numerosos funcionarios de la Cancillería, hicieron uso de la palabra el director del Instituto Diplomático y el alto dignatario visitante, para evocar la fi gura de Artigas y su signifi cación histórica.



8

De izquierda a derecha: don Fernando Sandín, embajador del Uruguay; doña Lorena Aguilar Revelo, viceministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica; y don Ariel Belarmino, subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay.

Fotografía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



9

NECROLOGÍA

La dama de los dos telÉfonos:En recuerdo de doña Tatiana González de Sotela

José Joaquín Chaverri Sievert 1

Señora Tatiana González de SotelaFoto de cortesía del señor Tomás Guardia Echandi

El 25 de enero de 2019 murió en San José doña Tatiana González Taurel de Sotela, quien fue distinguida colaboradora de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado y del Instituto Manuel María de Peralta.

Doña Tatiana nació en San José el 28 de febrero de 1926, en el hogar de don Alberto González Lahmann y doña Carlota Taurel Serrano. Fue nieta paterna de don Alberto González Soto y doña Amalia Lahmann Carazo, y nieta materna de Mr. Leon J. Taurel, británico, y de doña Caridad Serrano Chamberlain, costarricense. Casó en primeras nupcias el 27 de febrero de 1943 en San José con don Max Echandi Jiménez (hijo de don Alberto Echandi Montero, secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas de 1940 a 1944, y hermano de don Mario Echandi Jiménez, presidente de la República de 1958 a 1962), y en segundas el 21 de julio de 1956, también en San José, con don José Enrique Sotela Montagné, distinguido médico, autor de los libros Reseña histórica de la anestesia en Costa Rica (1997) y Anécdotas, remembranzas y algo más, (2006), quien falleció el 2 de agosto de 2016. Servir en silencio también es un gran aporte.

1 Embajador de carrera retirado; fue director de Prensa de la Cancillería, embajador de Costa Rica en Alemania en dos oportunidades; director del Instituto Manuel María de Peralta, también en dos oportunidades, director general de Política Exterior, y embajador en misión especial en múltiples países, así como delegado a numerosas reuniones multilaterales.



10

Poseía el don de comunicarse con toda Costa Rica. Siempre dispuesta colaborar en las grandes ocasiones, en que había que dejar muy bien al país, era una gran dama, voluntaria en todo sentido, que nos ayudaba y aconsejaba cuando Costa Rica servía de sede a grandes conferencias o recibía visitas de reyes, príncipes, presidentes y primeros ministros, en las en donde el protocolo obligaba a tener en cuenta multitud de detalles. Doña Tatiana tenía ese don de cuidar la elegancia y colaborar a fondo en la organización, donde se necesitaban muchas manos.

También tenía la última palabra en lo que los modernos empresarios llaman control de calidad. De pronto encontraba un mueble lleno de polvo, una silla a punto de caer, una puerta descuidada o unas fl ores mal colocadas, mil y un detalles que en las visitas ofi ciales hay que cuidar, y ponía rápido remedio. Tenía por experiencia de vida muy amplia a nivel internacional, conocer políticos, dirigentes en diferentes partes del mundo y en el país. Siempre servicial, pensando en que Costa Rica quedara bien representada. Con carácter y criterio doña Tatiana Gonzales Taurel de Sotela, fue una discreta y gran amiga de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo todo lo que nadie ve, antes de que lleguen los grandes visitantes. Saber representar el país, y saber comportarse nacional e internacionalmente, lo e nseñó a muchos, en sus animadas charlas en el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta.

Cuando había que consultar algo, levantaba uno de los dos teléfonos celulares que siempre llevaba consigo, y se comunicaba con autoridad y buen modo. Siempre fue maestra de la elegancia y dueña de un innato y discreto sentido de la organización protocolaria.

Costa Rica está llena de personas silenciosas, como doña Tatiana, que hacen grande al país; de los sabios consejos de los que realmente conocen. Recordamos siempre sus derroteros políticos, pero jamás tuvimos un no, siempre discretamente colaboró para que este país saliera adelante con brillo. Los eventos arrancaban, pero ya con muchos detalles que ella había aconsejado para que salieran de manera correcta. Era una colaboración voluntaria, tratando siempre de cuidar los pequeños trabajos que hacen grande a Costa Rica, y ahora que ha partido la recordamos con profundo afecto y gratitud.

Señora Tatiana González de Sotela

Foto de cortesía del señor Tomás Guardia Echandi


Sección Introductoria

11

Recuperación del patrimonio histórico y cultural de la Cancillería

Una de las políticas de la administración iniciada el 8 de mayo de 2018 ha sido la recuperación el patrimonio histórico y cultural de la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Hace algunos años se retiraron del emblemático Salón Dorado de la Casa Amarilla los retratos de célebre diplomáticos y cancilleres de Costa Rica, pintados por artistas tan destacados como don Tomás Povedano, don José Claro y don Fabio Fournier, para reemplazarlos por obras de arte moderno. Ante el rumor de que las obras desechadas podrían ser enviadas a algún museo, el Instituto de Servicio Exterior solicitó y obtuvo su custodia y las colocó provisionalmente en el Salón Cardona. Además, el Instituto rescató los retratos de don Florencio del Castillo, don Julio Acosta, don Pablo de Alvarado y don Rafael Yglesias, desechados por diversas dependencias de la Casa Amarilla.

En forma simultánea al retiro de las pinturas del Salón Dorado se dispuso retirar las placas conmemorativas que se hallaban en el vestíbulo de la Casa Amarilla, entre ellas las colocadas por la Academia de Geograf ía e Historia de Costa Rica en 1965, con motivo del centenario de la muerte del canciller Joaquín Bernardo Calvo Rosales, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979, para recordar el décimo aniversario de la adopción del Pacto de San José, así como otra en que se reseñaba la historia del edificio y los diversos usos oficiales a que ha estado destinado. El Instituto también rescató las placas retiradas, que fueron encontradas en las vecindades de los garajes de la Cancillería, donde se hallaban al parecer para ser desechadas definitivamente.

Mediante memorándum DM-0250 de 11 de julio de 2018, por instrucciones de la entonces ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Epsy Campbell, se dispuso que se devolvieran al Salón Dorado las pinturas originalmente colocadas allí, lo cual se efectuó de inmediato, con la satisfacción para el Instituto de que esas obras regresaran a su lugar de origen y realzaran ese histórico recinto, en permanente homenaje a la memoria de esos grandes servidores del país: don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, canciller de 1844 a 1846 y de 1847 a 1856; don Felipe Molina y Bedoya, primer representante diplomático de Costa Rica en Europa y en los Estados Unidos de América; don Luis Molina y Bedoya, representante de Costa Rica en Washington durante la Campaña Nacional; don Francisco María Iglesias Llorente, canciller de 1861 a 1863 y destacado historiador e intelectual; don Julián Volio, canciller de 163 a 1869, benemérito de la Patria; don León Fernández, representante diplomático en Europa y uno de los pioneros de la historiograf ía costarricense, benemérito de la Paria; don Pedro Pérez Zeledón, tres veces canciller y gran defensor de los derechos de Costa Rica en litigios fronterizos; don Luis Anderson Morúa, canciller de 1906 a 1908, gran internacionalista; Ricardo Fernández Guardia, canciller de 1909 a 1910, benemérito de la Patria; don Alejandro Alvarado Quirós, canciller de 1920 a 1922, primer rector de la Universidad de Costa Rica; Octavio Béeche Argüello, canciller de 1930 a 1931, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Manuel Francisco Jiménez Ortiz, canciller de 1936 a 1937.

En junio de 2019, el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don Manuel Ventura Robles, tomó la decisión de que también se volvieran a colocar en el vestíbulo de la Casa Amarilla las placas conmemorativas que habían sido retiradas, para lo cual, mediante oficio DVMA-0327-2019 de 19 de junio de la señora viceministra administrativa doña Yorleny Jiménez al director del Instituto, se dispuso lo necesario para dar efecto a las instrucciones del canciller. Para el Instituto Manuel María de Peralta ha sido motivo de gran complacencia haber custodiado las pinturas y placas desplazadas y agradece también la invaluable contribución que prestaron los funcionarios del Ministerio don Adonay Arias, don Greyland Castro y don Roberto Sancho para rescatar estas obras e impedir que pasaran otras instituciones o fueran desechadas. Más grato aun ha sido que finalmente se haya restablecido el patrimonio histórico y cultural de la Casa Amarilla, que no debería depender de las preferencias de los titulares de turno, sino mantenerse en su integridad para las generaciones presentes y futuras.



12

Placas conmemorativas ubicadas en el vestíbulo de la Casa Amarilla



13

Fotos de cortesía: Dirección de Comunicación Institucional.


Política Internacional y Temas Conexos

15

Costa Rica ante las actuales dinámicas y retos en la cooperación internacional para el desarrollo

Carmen Isabel Claramunt Garro1

ResumenLa cooperación internacional es un concepto polisémico que a lo largo de su historia ha recogido énfasis distintos que han dejado una impronta en sus formas de operar. La Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Financiamiento al Desarrollo y el mismo Acuerdo de París sobre Cambio Climático, todos instrumentos adoptados en 2015, consagran una tendencia que venía fortaleciéndose previamente respecto del concepto mismo del desarrollo, por un lado y, por otro, respecto del concepto de cooperación al desarrollo, otrora muy vinculado a la llamada Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). En efecto, de esta última modalidad de cooperación tradicional los países de renta media y renta media alta, de hecho y de derecho, han venido siendo excluidos progresivamente, a pesar de sus brechas estructurales persistentes. El desarrollo con su calificativo “sostenible”, de naturaleza multidimensional, que se impone en el siglo XXI, es por cierto más exigente que lo que este concepto significó en el siglo XX y no puede valorarse solo con indicadores de naturaleza económica. Esa circunstancia, impulsa una narrativa que reabre el concepto de cooperación y en algunas ocasiones enfrenta perspectivas distintas y en otras encuentra vías conciliatorias. Como quiera que sea, después de la adopción de aquellos compromisos, la sociedad civil pero sobre todo el sector privado es llamado a jugar un rol significativo en los esfuerzos de los estados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en un mundo amenazado siempre por crisis naturales, ambientales, políticas y económicas tanto como sociales. La búsqueda de equilibrios entre los distintos intereses de los actores nacionales e internacionales en juego y el logro de beneficios mutuos y colectivos, dependerá a la postre de que los Estados en desarrollo, incluidos los de renta media, cuenten con una especie de tablero de control para articular plataformas innovadoras y asociativas de colaboración. Esto supone tener muy claras las prioridades y contar con políticas públicas idóneas, identificar las fuentes de recursos que podrían ser requeridas en cada caso, flexibilizar las modalidades de cooperación, y sobre todo contar con herramientas de monitoreo y medición para valorar cuánto las nuevas modalidades de colaboración y los nuevos actores, aportan a un desarrollo transformador en la manera de hacer las cosas, verdaderamente incluyente y multidimensional.

Palabras clave: cooperación internacional, financiamiento al desarrollo, cooperación para el desarrollo, asistencia oficial al desarrollo, desarrollo sostenible, alianzas multiactor.

AbstractInternational cooperation is a polysemic concept that throughout its history has gathered different emphasis that have left an imprint on its ways of operating. The Sustainable Development Agenda, the Financing for Development Agenda and the Paris Agreement on Climate Change, all instruments adopted in 2015, enshrine a previously strengthened trend towards the very concept of “development” on the one hand and towards the concept of “development cooperation” on the other, formerly closely linked to Official Development Assistance (ODA). In fact, medium income and medium high income countries, de facto and de jure, have been progressively excluded from this last form of traditional cooperation, despite their persistent structural gaps. Development with its «sustainable» and multidimensional nature, which is imposed in the 21st century, is certainly more demanding than what this concept meant in the twentieth century and cannot be judged by economic indicators alone. This circumstance drives a narrative that reopens the concept of cooperation and sometimes confronts different perspectives and at other times finds conciliatory means. Anyway, after the adoption of those commitments, civil society, but above all the private sector, is called upon to play a significant role in the efforts of states to achieve sustainable development goals in a world always threatened by natural, environmental, political and economic crises, as well as social. The search for balances between the different interests of the national and international actors involved and the achievement of mutual and collective benefits, will ultimately depend on developing States, including middle income States, have some kind of control board to articulate innovative and collaborative platforms. This means having very clear priorities and accurate public policies, identifying sources of resources that could be required in each case, making the modalities of cooperation more flexible, and above all having monitoring and measurement tools to assess how much the new modalities of collaboration and the new actors contribute to a transformative development in the way things are done, truly inclusive and multidimensional.

Key words: international cooperation, development financing, cooperation for development, official development assistance, sustainable development, multi stakeholder.

1 La autora es Embajadora de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Doctora en Derecho Internacional con énfasis en inversiones internacionales, Directora adjunta del Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta de Costa Rica.



16

Consideraciones preliminares

Los siguientes propósitos probablemente no añadan nada nuevo al conocimiento de los responsables de cooperación internacional que, en el día a día y desde distintos espacios de incidencia e implementación, interactúan en esta esfera. Tal vez la utilidad de estas reflexiones radique en brindar a aquellos diplomáticos y otros operadores que no se encuentran trabajando directamente en estas lides, claves de lectura para interpretar las dinámicas políticas, económicas y operativas que marcan el quehacer, modifican perspectivas, abren oportunidades y obligan tanto a repensar el estado de la cooperación internacional hacia países en desarrollo como a reposicionarla desde el concepto mismo de desarrollo en la actualidad.

La idea es por supuesto contextualizar, en alguna medida, particularmente los retos a los que se está enfrentando un país como Costa Rica, calificado por los organismos financieros internacionales como país de renta media alta y sobre el que pende, desde hace algún tiempo, su exclusión formal como destinatario de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Tradicionalmente, mediante este tipo de asistencia se brindaron facilidades de acceso a recursos financieros para la realización de programas o proyectos de desarrollo que permitieran ir escalando la solución de dificultades que afrontaban los otrora denominados países en vía de desarrollo o PVD y cuyo atraso relativo se traducía en distintos niveles de pobreza principalmente. Esta asistencia respondía a lógicas, por lo menos teóricamente, distintas a las del mercado, aunque, al fin de cuentas, cualquier horizonte de progreso debía vislumbrar mayores oportunidades de crecimiento económico para el país en desarrollo y, por añadidura, para su sociedad. Actualmente, muchos países desarrollados, anteriormente cooperantes importantes, por razones que luego evocaremos, han ido cerrando, progresivamente sus ventanas en este tipo de cooperación y han ido desplazando sus acentos e intereses hacia una mayor promoción de otro tipo de flujos que, para un buen sector crítico, sin desmerecer su alta relevancia e impacto en las economías nacionales y su efecto multiplicador sobre las condiciones materiales para impulsar el progreso de un Estado, responden más bien a otros móviles, igualmente válidos, pero de naturaleza distinta.

La tensión existente entonces entre, por un lado, el enfoque según el cual los países más avanzados cooperarían sin una directa expectativa de contrapartida con los que están en proceso de desarrollo menor para que estén en mejor postura de alcanzar sus metas y, por otro lado, la visión que privilegia relaciones entre iguales formalmente, cualesquiera sean sus asimetrías, donde quien da debe recibir algún beneficio de retorno, subyace en la narrativa que caracteriza a la cooperación internacional y en los significados que atribuyan unos y otros a un mismo significante.

El mundo en que vivimos refleja que muchos países salieron de niveles de retraso importantes y generaron importantes capacidades; igualmente, la interdependencia global ha puesto en evidencia que si bien los países en desarrollo son altamente vulnerables a las crisis económicas de alcance mundial, lo cierto es que los países desarrollados, por causas endémicas y exógenas, tampoco están al abrigo de permanentes amenazas que atentan contra su estabilidad y progreso y, por consiguiente, la preferencia que expresan unos y otros por los modelos de cooperación posibles pone igualmente a veces en evidencia otra dicotomía muy ligada a la anterior: de una parte, una visión del desarrollo muy anclada en parámetros económicos y que apuesta fundamentalmente a las dinámicas de mercado, a los flujos de inversión y negocios para expandir la economía y asegurar crecimiento económico y, de otra parte, una visión del desarrollo actualizada, más exigente, ligada al imperativo de sostenibilidad ambiental, social y económica que apela a sensibilidades distintas y pone en el centro de su abordaje la reducción de las asimetrías con una perspectiva de equilibrio multidimensional y el logro de metas globales muy ambiciosas de las que puede depender la convivencia planetaria. Desde esta última óptica, hay diferentes modulaciones en el enfoque: desde quienes abogan por la cooperación más tradicional hasta quienes ponen todo su acento en nuevos modelos de negocios amigables con el medio ambiente e inclusivos socialmente donde haya beneficios para todas las partes.



17

La cooperación internacional latu sensu como eje de progreso y cohesión de la comunidad internacional

Desde que se adoptó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la cooperación internacional fue concebida como una piedra angular en la organización de la comunidad internacional. La cooperación internacional, según el artículo 1, inciso 3, ha estado llamada a jugar un rol fundamental en “la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos…”. El capítulo IX de ese instrumento jurídico, expresamente estableció que la cooperación debía tender a mejorar los estándares de vida, pleno empleo, progreso y desarrollo económico y social incluso respuestas a problemas internacionales de carácter económico, social, sanitario y promover los ámbitos educativo y cultural, así como promover el respeto universal por los derechos humanos.

Al tener los estados un papel central en el tejido de las relaciones internacionales, la cooperación, tal y como fue concebida, tenía un marcado acento público e interestatal. La cooperación siempre ha servido a distintos propósitos, incluidos los geopolíticos, e indiscutiblemente ha sido impactada por el rol que se le atribuye al Estado desde los distintos modelos ideológicos; es entendible entonces que el concepto tanto como el instrumental que le ha sido asociado también hayan ido modelándose y nutriéndose de los énfasis que logran imponerse en cada época o de aquellos que caracterizan la naturaleza de la relación.

Así, a grandes rasgos, la cooperación en general y la financiera no reembolsable o reembolsable con facilidades de repago en particular como forma de relanzar el crecimiento y expansión económica en las postrimerías de la II Guerra Mundial, fue rápidamente calibrada e instrumentalizada ideológicamente durante la Guerra Fría; luego recibió la impronta de los reclamos históricos de un número creciente de países descolonizados que alcanzaban su independencia en condiciones muy dif íciles con una pobreza bastante generalizada, a lo que se sumaron las reivindicaciones cíclicas acerca de un nuevo orden económico que buscaba cerrar las profundas brechas materiales entre el “primer” y el “tercer mundo”. El paso de una economía con un fuerte arraigo keynesiano a un modelo neoliberal de mercado, el desmembramiento del Bloque del Este, la apertura a un mundo multipolar e interconectado, la fatiga de una cooperación que no lograba un efecto propulsor, con cambios profundos que permitieran a los beneficiarios dar saltos cualitativos, fueron nuevos episodios que modularon la dinámica de la cooperación internacional. Posteriormente, los principios rectores adoptados en París y Busan para la cooperación internacional en la primera década del siglo XXI, la creación de la Alianza Golbal para la Cooperación Eficaz bajo premisas distintas, y la adopción más reciente de la Agenda 2030, de la Agenda de Financiamiento al Desarrollo de Addis Abeba y del Acuerdo de París en Cambio Climático en 2015… han constituido nuevos hitos que permiten comprender los acentos en las tendencias conceptuales, en las herramientas y en la orientación de los flujos de cooperación para el desarrollo. Las discusiones actuales en materia de cooperación internacional no son un fenómeno nuevo en ese sentido.

Ante “nuevas” dinámicas -que generan a veces confusión o plantean nuevos retos-, no siempre las estructuras de los estados o su legislación han ido o van al mismo ritmo; hay momentos donde son perceptibles los desfases nacionales entre las políticas públicas, el discurso y los abordajes, entre aquellos respecto de nuevas corrientes internacionales y todo ello puede conducir a una pérdida de perspectiva, a una ausencia de preparación para estrategias de respuesta y a una pérdida de velocidad en la búsqueda de oportunidades en presencia de nuevos escenarios. Tal vez en este punto deberíamos preguntarnos cómo es vista tradicionalmente la cooperación en Costa Rica, por lo menos desde el quehacer ordinario y competencias que en este sentido atribuye la ley a la (s) rectoría (s) de cooperación internacional.



18

Cómo se entiende y regula la cooperación internacional en la legislación costarricense2

Desde cualquier ángulo que se la observe, la cooperación internacional para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, es parte consustancial de la política exterior y un instrumento de la misma: coadyuva, por un lado, con la realización de los objetivos de desarrollo nacionales y, por otro, promueve la interacción entre países a nivel bilateral, la integración regional y la global fortaleciendo el tejido de las relaciones internacionales y haciendo penetrar en él nuestra visión, nuestros valores y nuestro desiderata para forjar la comunidad internacional a la que aspiramos. Ambas dimensiones deben estar en perfecto diálogo y sintonía.

Acorde con una visión oficial de lo que se ha entendido tradicionalmente por cooperación internacional y, particularmente, de lo que se ha entendido como cooperación para el desarrollo, existen preceptos específicos que regulan las relaciones de cooperación y que se encuentran en instrumentos tanto jurídicos como políticos. La Ley de Planificación Nacional Nº 5525 de 2 de mayo de 1974 y sus reformas, es uno de ellos y es complementado, entre otros, con el Decreto 35056-PLAN-RE y sus reformas y con el Reglamento de Tareas y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, N°38435-RE.

Especial mención merece el Decreto N° 35777-PLAN-RE que ha tratado de delimitar las responsabilidades de quienes conforman lo que se conoce como nuestro esquema dual de cooperación internacional. Estos instrumentos son clave para entender desde qué nociones y plataformas hemos trabajado la cooperación que recibimos y más recientemente la que damos y cómo se gestiona en el sistema nacional.

El artículo 2 del Decreto a la Ley N° 5525 y sus reformas define la cooperación internacional como:“ viii. Conjunto de acciones de carácter internacional orientadas al intercambio de

experiencias y recursos entre países desarrollados y en vías de desarrollo, así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes de desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad”.

Aunque la denominación cooperación para el desarrollo que luego veremos en detalle no es expresa y sistemáticamente recurrida, sí está implícita y ha sido bajo esa óptica que se interpretan esos preceptos. Tómese nota de la consideración cuidadosa que se ha acordado a los flujos de cooperación entre estados, ya sea entre desarrollados y los que no lo son y entre los países en desarrollo. Pero tómese nota igualmente de las características atribuidas en ese párrafo lo que deslinda la cooperación al desarrollo de otras acepciones del término.

Luego ese mismo dispositivo afinará algunas definiciones al establecer:

“ix. Cooperación Financiera No Reembolsable: Es la cooperación ofrecida por Fuentes Bilaterales y Multilaterales a un país, mediante la asignación de recursos financieros que no se reintegran, con el objeto de apoyar y acompañar proyectos de desarrollo”

2 Ver también desarrollo del marco normativo costarricense en: MIDEPLAN, Política de Cooperación Internacional, Costa Rica 2014-2022, San José, Costa Rica, 2014, pp.11-15, en línea: https://docplayer.es/91342385-Politica-de-cooperacion-internacional-costa-rica.html . Ver igualmente el “Glosario de términos de planificación, presupuesto y evaluación”, marzo 2014, p.41; en línea:

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/94530783-2855-4f36-8821-6ed2628dc68b/Glosario%20de%20t%C3%A9rminos%20de%20planificaci%C3%B3n%202012.pdf?guest=true En estos instrumentos se da cuenta de lo que se entiende por cooperación internacional, por cooperación financiera reembolsable y no reembolsable, por cooperación técnica y por cooperación descentralizada.



19

“x. Cooperación Financiera Reembolsable: Es la cooperación ofrecida por Fuentes Bilaterales y Multilaterales a un país en forma de préstamos o créditos blandos, bajo condiciones de interés y tiempos favorables”.

“xi. Cooperación Técnica Internacional: Adaptación y adopción de conocimientos, capacidades, habilidades, experiencias, recursos y nuevas o mejores técnicas y tecnologías que el país no posee o no puede movilizar; aportados por las agencias y organismos de Cooperación en forma No Reembolsable para emprender actividades de desarrollo”.

“ xii. Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD): Modalidad de Cooperación Internacional que consiste en el intercambio de experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades entre los países en desarrollo, como apoyo y complemento a sus objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e institucional. Es también conocida como Cooperación Horizontal, Cooperación Solidaria o Cooperación Sur-Sur”.

Puede apreciarse que en todos los casos repertoriados por el instrumento normativo sobre cooperación internacional, se trata siempre de facilidades de acceso a distintos tipos de recursos sin beneficios materiales de contrapartida para el oferente (cooperante o donante). Entiéndase por “oferente”, normalmente a estados o entidades públicas de estados extranjeros, incluidas las agencias de cooperación internacional.Por otro lado, tómese nota que, en principio, desde hace buen tiempo nuestro país no es receptor de recursos frescos de financiamiento no reembolsable, salvo los que se aplican a la cooperación técnica.El artículo 1 del Decreto Nº 35777-PLAN-RE que introduce reformas a los artículos 3, 4 y 13 delimita las competencias de los rectores intervinientes:

“Artículo 3º-Funciones de MIDEPLAN. Le corresponde a MIDEPLAN la rectoría interna en materia de Cooperación Internacional, teniendo la competencia exclusiva en la gestión y la negociación técnica de esta con las entidades, organismos e instituciones nacionales, de manera que sea coherente con el Plan Nacional de Desarrollo. Sus funciones en materia de Cooperación Internacional son: ...” “Artículo 4º-Funciones del MRREE. Le corresponde al MRREE la rectoría externa en materia de Cooperación Internacional, teniendo la competencia exclusiva en la negociación diplomática y formalización de esta., Asimismo, establece la congruencia de los proyectos y programas de Cooperación Internacional con la política exterior del país. Sus funciones en materia de Cooperación Internacional son: ...”

“Artículo 13.-Cooperación No Reembolsable otorgada por organismos financieros internacionales. Las solicitudes de Cooperación No Reembolsable de proyectos aprobados por MIDEPLAN que deban ser presentadas ante organismos financieros internacionales, serán comunicadas por el Ministerio de Hacienda, que formalizará la operación en caso de que resulte aprobada por la fuente, de lo cual informará a MIDEPLAN y al MRREE. Cuando se trate de nuevos contactos con organismos financieros internacionales, que incluyan medidas de Cooperación No Reembolsable, el MRREE será encargado de realizar las gestiones para formalizar las correspondientes relaciones; posteriormente, el Ministerio de Hacienda realizará las solicitudes de Cooperación No Reembolsable que resulten procedentes, según lo dispuesto en este artículo”.

En efecto, de conformidad con esas normas, MIDEPLAN es el garante de los planes nacionales de desarrollo; tiene la rectoría interna de la cooperación internacional a fin que las solicitudes de asistencia que plantean nuestras instituciones estén alineadas a nuestros marcos políticos y estratégicos nacionales. Su papel es articular a lo interno los proyectos que, a través de la Cancillería, se presenten al cooperante internacional. Por otra parte, al Ministerio de Relaciones Exteriores se le reconoce la rectoría externa en materia de cooperación no reembolsable tanto para negociar y representar al Estado costarricense en las relaciones de cooperación como para velar que las mismas



20

sean también acordes con nuestra política exterior3. Dicho sea de paso, el Ministerio de Relaciones Exteriores no formula proyectos de cooperación (salvo por excepción cuando se trata de proyectos dirigidos a su entorno), como erróneamente se ha entendido. Por otra parte, es preciso acotar que dif ícilmente, como lo hace suponer el artículo 13 del Decreto N° 35777-PLAN-RE, las medidas de cooperación no reembolsables ligadas a préstamos o a operaciones con organismos financieros, son gestionadas por el MRREE. Como se aprecia, nuestra rectoría es tripartita pues todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos financieros depende del Ministerio de Hacienda.

Los denominados acuerdos marcos o convenios de cooperación internacional que existen con muchos países, encuadran normativamente la acción en este terreno y permiten cristalizar iniciativas concretas y variadas. Las comisiones mixtas son los mecanismos que de allí derivan y dentro de los cuales se negocian los programas de cooperación y se definen los proyectos a realizar con otros estados para un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, en ausencia de tales instrumentos, es dentro del formato de acuerdos políticos derivados de reuniones de alto nivel, donde se establecen especies de hojas de ruta para guiar las iniciativas de cooperación. En el seno de organismos regionales y multilaterales también hay plataformas y marcos previstos de cooperación internacional.

Además de los instrumentos normativos están, como lo anticipamos, los instrumentos de carácter político que orientan las prioridades sustantivas del quehacer en este terreno. Existen los que definen el accionar del Estado desde su propia visión tales como: los planes nacionales de desarrollo que establecen las grandes prioridades de cada administración, los planes sectoriales, las Políticas de Cooperación Internacional (v.g. POLCI 2014-2022); los Lineamientos de Cooperación Internacional emitidos por la Dirección de Cooperación internacional, guía orientadora destinada a las representaciones costarricenses en el extranjero la cual podría estar siendo sustituida a futuro por el nuevo formato de Perfiles de País que se han construido por todas las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) en un diálogo con las representaciones en el extranjero para cada Estado receptor; los Catálogos Nacionales de la Oferta de Cooperación Internacional; la Plataforma www.costaricacoopera.or; y los Planes Anuales de Trabajo (PPATs)…, todo lo cual constituye el marco obligado de referencia para el trabajo diario del diplomático en este ámbito.

En los últimos años han proliferado otra serie de instrumentos de carácter político a nivel bilateral como los Memoranda de Entendimiento, carta de Intenciones, marcos políticos…, no siempre exentos de dificultades prácticas respecto del régimen que debe regularlos en cada caso; adicionalmente, estos acuerdos no pocas veces van creando un universo pluriforme y multiactoral que escapa a un debido registro o control sobre el comportamiento de la cooperación internacional en distintos ámbitos y niveles. Este es un reto mayor para ordenar la cooperación en Costa Rica y permitir una mejor articulación y transparencia4.

Conocer las disposiciones y marcos programáticos existentes es imprescindible para saber cómo funciona la gestión de la cooperación en Costa Rica la cual, como se vio supra, no está confiada a un único órgano como pasa en muchas partes sino que es dual en materia de cooperación no reembolsable (con la rectoría interna de MIDEPLAN y la rectoría exterior del MRREE); incluso llega a tener tres rectores, si incluimos la cooperación financiera reembolsable, aunque sea concesional y vincule acciones técnicas no reembolsables ligadas a préstamos, en cuyo

3 Para detallar las funciones atribuidas a la Dirección de Cooperación Internacional, consúltese el art. 79 del Decreto N° RE-38435-RE “Reglamento de Tareas y Funciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto” que, entre otras, prescribe la competencia para: coordinar mecanismos y acciones ante las fuentes de cooperación, ejercer la interlocución oficial ante los cooperantes, emitir lineamientos a nuestras representaciones, negociar y oficializar programas y proyectos, coordinar la conformación de comisiones mixtas, promover reuniones internacionales y fortalecer la cooperación técnica entre países en desarrollo, la cooperación regional y triangular fomentando la solidaridad e integración regional. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=77357&nValor3=96911&nValor5=2

4 Sánchez Castillo, Guisella (2018). Propuesta de Lineamientos Generales para la regulación de los Acuerdos Administrativos (internacionales) de Cooperación. (tesis de Maestría en Diplomacia), Sistema de Estudios de Posgrado, Instituto Diplomático del Servicio Exterior Manuel María Peralta, San José, Costa Rica.



21

caso el interlocutor natural y legal es el Ministerio de Hacienda.Pero si el conocimiento de la estructura operativa costarricense es indispensable, no basta para una inserción exitosa en esquemas de cooperación. Entender el tejido en el que se desenvuelve la cooperación internacional y los retos que ella plantea se convierten en un requisito sine qua non para la definición de estrategias afirmativas.

Los desafíos actuales en materia de cooperación internacional

En primer lugar, hay que aceptar que vivimos en un mundo diferente: la realidad del siglo XXI no puede ser asimilada a la del siglo XX y por eso debemos observarla con otros cristales.

Con la caída del Muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, con la consecuente desaparición del Mundo bipolar y el resurgimiento de un mundo multipolar, con el desarrollo de las sociedades transnacionales y su peso en la nueva conformación de centros de poder, con la aparición de nuevos y múltiples actores, de una ciudadanía más participativa y con umbrales de exigencia mayores, con los avances científicos y tecnológicos, con los actuales retos en medio ambiente y cambio climático…, la realidad internacional debe ser redimensionada en términos de tiempo y espacio y, en consecuencia, el mundo del siglo XXI responderá a estímulos muy distintos a los que existieron en siglos pasados. Celestino del Arenal5 ha caracterizado esta época como aquella en donde coexisten los fenómenos de mundialización y de la universalización, de creciente inderdependencia, de globalización (en buena medida efecto del desarrollo de las Tics, del transporte, del comercio electrónico, de la innovación y tecnología), con su carácter multidimensional, desigual, parcial y contestado, con dinámicas como la heterogeneidad, la estatalización, la humanización, que son fuerzas que van al encuentro de los efectos negativos que aquellas primeras dinámicas propician. Podríamos decir que es una época donde los nuevos actores tales como las grandes empresas y consorcios internacionales, organizaciones de la sociedad civil, el mundo científico… toman, si no el relevo, sí un papel preponderante en las relaciones internacionales atenuando el papel reconocido hasta ahora a los Estados lo que, inevitablemente, va a acelerar el paso de una sociedad internacional a una sociedad universal y planetaria como la califica del Arenal. En este nuevo escenario, se desdibujan las fronteras geográficas y políticas, se borra la sacra distinción entre los asuntos internos y los de orden internacional, los actores emergentes pueden modificar el comportamiento de los estados y provocan por sí mismos transformaciones obligando a que los esquemas de gobernanza les incluyan cada vez más para la solución de problemas que se han vuelto amenazas comunes. El concepto mismo de seguridad ha dado paso a un concepto más vasto como el de “seguridad humana” (vocablos que traducen la multicausalidad, multifactorialidad y multidimensionalidad de la propia estabilidad de fuerzas en tensión); asimismo ha variado la naturaleza de los conflictos armados; la guerra no se manifiesta como lo ha hecho a lo largo de la Historia ni sus protagonistas son los mismos pero sigue igualmente presente bajo formas más complejas, difusas, desestabilizantes y vastamente destructivas.

En contraste con lo anterior, Arenal apunta que la ética parece a veces tomar fuerza discursiva; se revaloriza la solidaridad internacional y emergen consensos mundiales como los que por cierto hoy definen la agenda global.

Los grandes acuerdos políticos o jurídicos adoptados en el 2015, que se trate de Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París en Cambio Climático, del Marco de Acción de SENDAI en prevención de desastres, o bien de los esfuerzos revitalizados en materia de desarme nuclear que recientemente cristalizaron bajo el empuje decidido de Costa Rica en un Acuerdo sobre Desarme Nuclear las Naciones Unidas, parecen apoyar esa tesis, sin embargo los resultados apremiantes se hacen esperar y el año 2018 no fue especialmente reconfortante ni auspicioso en ese

5 Del Arenal Moyúa, Celestino (2001). La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la teoría y para la política; Dialnet, N°1, págs. 17-86. En línea: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=910448



22

sentido. Importantes retrocesos o estancamientos en la agenda climática, en temas como el hambre y la desnutrición, acusan el repunte de esas enquistadas amenazas.

Las dos primeras décadas del siglo XXI reafirman, insistimos, esa pérdida de centralidad de la figura del Estado, una pérdida de su monopolio del poder en la sociedad mundial y, para no perder vigencia, esta forma de organización político-social debe ser cada vez más inclusiva.

Como vemos, asistimos a una “sociedad planetaria” que convive en un espacio que se ha achicado y al que frecuentemente llamamos “aldea global”, con un tejido de nexos intrincado, débil en su gobernanza, con un viejo sistema de estructura de poder heredado del antiguo modelo de grandes potencias que muestra su enorme incapacidad para atender desequilibrios, entre ellos la desigualdad material científica y tecnológica, que se ensancha entre unos y otros, a niveles individuales y colectivos, y traslada en buena parte su esperanza a espacios regionales y otras alianzas, con la consecuente mayor atomización de estructuras políticas y regulatorias. Espacios regionales que, como subraya Lincoln Bizzozero, sirven muchas veces de plataforma a la política exterior de algunas potencias emergentes.6

En medio de eso, el recurso intermitente a un enfoque basado en el ser humano y la penetración de la ética en las relaciones internacionales, han brindado por oleadas aires de esperanza a un mundo azotado además por calamidades naturales que afectan a unos países más que otros, con crisis económicas cíclicas de efecto expansivo, una globalización con beneficios desiguales y acompañada de nuevas formas de violencia, formas más o menos sofisticadas de crimen transnacional y el espectro siempre amenazante del terrorismo. La pobreza sigue siendo un reto mayor y el germen de conflictos. Las crisis humanitarias no tienen precedentes y son impensables en este estadio de la evolución humana; esa efervescencia de elementos pone retos tanto a países en desarrollo como a los países desarrollados y hoy más que nunca se requiere de una acción articulada y, aunque sea por supervivencia de la especie humana, de un trabajo y una cooperación más estrecha entre todos los actores.

Ante agendas de desarrollo nacionales, regionales y globales tan complejas y ambiciosas, ante los movimientos telúricos que es impostergable incitar para cambiar el modo como hemos venido haciendo las cosas, ante la necesidad de movilizar más recursos y sinergias a nivel nacional e internacional, la cooperación está llamada a reforzarse, a remozarse y a volverse más eficaz y eficiente, impulsando o coadyuvando con las transformaciones profundas que requiere en estos momentos nuestra sociedad. Sin embargo, las tendencias no siempre confluyen, hay divergencias en el cómo y en los medios para alcanzar metas y, en el estira y encoge, unos pueden perder más terreno que otros.

En otras palabras, aunque nadie niega el papel de la cooperación como coadyuvante para avanzar, no es claro el horizonte de articulación, el tipo de compromiso y concesiones que deben asumir unos y otros para promover cambios duraderos y colectivos; existe el riesgo que la cooperación internacional ponga acentos que favorezcan a unos sectores en detrimento de otros. El peso que en buena parte de la narrativa y de las políticas públicas se está dando a la participación del sector privado en tareas para las que en efecto deben ser asociados, despierta en muchas organizaciones de la sociedad viejos y probados temores respecto de la función de las sociedades transnacionales en estas nuevas corrientes. Para neutralizar esos temores dos condiciones mínimas parecen ser innegociables: primero, entender que la cooperación debe responder a niveles de necesidad distinta y no puede, por ende, implicar recetas rígidas que compartamentaricen, clasifiquen y generen exclusión en los servicios que ella puede prestar y, segunda condición, que en los distintos arreglos y dinámicas de participación en esquemas colaborativos todos los actores involucrados tengan claro y coincidan sobre lo que entienden por desarrollo sostenible y afinen los indicadores que

6 Bizzozero, Lincoln (2011). América Latina a inicios de la segunda década del siglo XXI: entre el regionalismo estratégico y la regionalización fragmentada, Revista Brasileira de Política Internacional, año 54, N°1 pp. 29-43.



23

desean mover a la alza para lograrlo. En estos momentos, en las relaciones internacionales las denominaciones “cooperación internacional” y/o “cooperación para el desarrollo” tienden a ser más plurisémicos, categorías cognitivas más huidizas y desestabilizan los marcos teóricos y programáticos que anteriormente les eran los propios y orientaban su tratamiento; una primera gran tarea es acercarnos al lenguaje, al campo semántico en torno a esos conceptos pues muchas veces usamos un mismo vocablo pero entendemos cosas diferentes.

¿Qué se entiende por cooperación para el desarrollo?

En la definición de la Real Academia7 como en la de la Carta de Naciones Unidas, la cooperación permite articular voluntades para un fin común.Pero la cooperación internacional puede ser entendida bajo un concepto amplio como lo vimos anteriormente o de manera más específica como cooperación para el desarrollo. ¿Pero en qué radica esta especificidad? En este terreno la literatura es amplísima. Por comodidad y porque en efecto resume en muchas posturas ampliamente establecidas, permítasenos recurrir a las ideas centrales de un artículo de José Antonio Alonso y Jonathan Glennie para los Informes de política para el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo que anualmente es organizado en el marco del ECOSOC8. Dichos analistas indican que: “En determinados círculos, el término «cooperación para el desarrollo» sigue considerándose casi sinónimo de «ayuda financiera» o, en un sentido todavía más específico, de «asistencia oficial para el desarrollo». En efecto, este fue el sentido usual y original de esos flujos.Sin embargo, aquellos autores reconocen que existen ahora otras narrativas que cada vez más tienden a ampliar el concepto incluyendo “por ejemplo, los flujos de mercado (entre otros, las remesas de fondos o la inversión directa extranjera)”. A este respecto, Alonso y Glennie han insistido en que:

“Dada su historia y su potencial característico, la cooperación para el desarrollo debería mantener su énfasis riguroso en los países en desarrollo y en los conceptos acordados internacionalmente sobre los logros que la agenda mundial para el desarrollo debería perseguir. Más concretamente, la cooperación para el desarrollo debería cumplir tres tareas principales (Severino y Ray, 2009; Ocampo, 2015):

1. apoyar y complementar los esfuerzos de los países en desarrollo dirigidos a facilitar las normas sociales básicas universales a sus ciudadanos, como medio para que ejerzan sus derechos humanos fundamentales;2. promover la convergencia de los países en desarrollo (en especial de los más pobres) con niveles superiores de renta y bienestar, corrigiendo las desigualdades internacionales extremas; y3. apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo con miras a participar activamente en la provisión de los bienes públicos internacionales.”

Para que sea cooperación para el desarrollo los mismos autores, coincidiendo con otros analistas, establecen como condición la presencia de cuatro criterios, a saber:

1. Tiene como propósito expreso apoyar las prioridades de desarrollo nacionales e internacionales. 2. No persigue el lucro. Este es el valor añadido fundamental de la cooperación para el desarrollo: implica

hacer algo sin ánimo de lucro o aceptando un beneficio menor del que el mercado podría ofrecer. Eso no significaría excluir de plano actividades lucrativas legítimas que estimulen el desarrollo.

7 http://dle.rae.es/?id=Aiac8ws

8 Febrero de 2015, núm. 1. En línea: http://archive.ipu.org/splz-e/nairobi16/policy-brief-sp.pdf



24

3. Discrimina en favor de los países en desarrollo. Lo que implica que la cooperación primordialmente debe ayudar a remover los obstáculos al desarrollo en estas categorías de países; y

4. Se fundamenta en relaciones de colaboración que intentan mejorar la implicación de los países en desarrollo, es decir crear oportunidades para su progreso.9

Alonso y Glennie señalan finalmente que los tres tipos principales de cooperación para el desarrollo son las transferencias financieras (y contribuciones en especie), el apoyo a la capacidad, y el cambio normativo.

La “cooperación para el desarrollo” busca entonces acompañar los esfuerzos nacionales de los países en desarrollo en el logro de sus metas y objetivos. Paradójicamente, los países de renta media, a pesar de su ingreso, siguen siendo países en desarrollo y enfrentan enormes obstáculos; a pesar de ello, se les está haciendo cada vez más dif ícil el acceso a una amplia gama de posibilidades de cooperación. La cooperación técnica, para esta disímil categoría de estados, en algunos casos innova mediante la oferta de instrumental político y herramientas de medición, ambas cosas esenciales, pero deja por fuera otros tipos de cooperación que han servido en el pasado para apalancar proyectos o programas que promueven soluciones pioneras. No es que los estados deban hacer depender su desarrollo de la cooperación, pero sí que esta y la asistencia variada que se brinde sigue siendo importante.

La Asistencia Oficial al Desarrollo (OD) y los Países de Renta Media (PRM)10

Por cerca de cinco décadas, los países en desarrollo identificaron la cooperación internacional como Asistencia Oficial al Desarrollo. En efecto, la AOD fue por excelencia el instrumento de cooperación de los países más desarrollados y fue la definida por primera vez en 1969 y reforzada en 1972 en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), principal foro de países cooperantes (tradicionalmente conocidos como “donors”), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este Comité, desde sus inicios ha prestado especial atención a los recursos movilizados oficialmente, generalmente financieros, unilaterales y concesionales, definidos como “official development assistance” (ODA o AOD). Según consta en su página oficial, la AOD consiste en los flujos o las corrientes impulsadas por entidades públicas oficiales, incluidos gobiernos estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos, dirigidas a países aceptados como receptores y que figuran como tales en las listas del CAD y a instituciones multilaterales de desarrollo que operan o actúan en esos países con destino a receptores de esa misma lista de países. Cada una de cuyas transacciones: a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el bienestar económicos de los países en desarrollo b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el 25 por ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento)11.

¿Quién definía el tipo de desarrollo y las necesidades que debían ser atendidas? Este era un tema mayor: no siempre esa categoría tan variada y heterogénea de países en desarrollo tenía nítidas o bien identificadas sus necesidades prioritarias u orientaban la cooperación conforme con ellas. En la mayoría de los casos los países desarrollados decidían en buena medida hacia donde debía dirigirse la cooperación o en qué les interesaba cooperar.A raíz de los fenómenos descritos acápites atrás, para una buena parte de países desarrollados, no pocos de ellos

9 Ibidem.

10 Se recomienda ver análisis sobre la condición de los países de renta media realizado por Sauma, Yamna (2017). El consenso de Costa Rica: iniciativa de la Segunda Administración del Dr Arias Sánchez, (tesis de Maestría en Diplomacia), Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, Instituto Manuel María de Peralta, Ministerio de Relaciones Exteriores, Costa Rica.

11 http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm#Definition . Ver adicionalmente las precisiones sobre lo que no es ODA http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf



25

afectados en épocas recientes por desequilibrios financieros y viviendo bajo el espectro de nuevas amenazas económicas, se volvió necesario replantear su rol de cooperantes tanto tomando en cuenta sus propias necesidades incluso en el tema de gobernanza y rendición de cuentas con sus ciudadanías, como respecto del perfil de los países en desarrollo, muchos de los cuales han logrado un crecimiento económico significativo. Esto condujo inevitablemente a revisar la naturaleza de la AOD o, por lo menos, la naturaleza de los flujos que deberían ser canalizados hacia países con ingresos más altos dentro de esta última categoría. Para los primeros, la cooperación debe ser ahora más funcional y jugar a doble vía, en interés de las partes intervinientes sean más, o sean menos desarrolladas. La cooperación con el adjetivo “al desarrollo” y, preferiblemente sin él, tiende a enfatizar su sentido más amplio entendiéndose como una relación que debe crear oportunidades tanto para el “cooperante” como para el “beneficiario” que pasan a ser más bien “socios” en un plano formal de igualdad, donde se puede fomentar la inversión, los flujos de capital, el comercio y el acceso a la tecnología con réditos para ambas partes. La AOD, unidireccional, a partir de estos planteamientos, será cada vez más restringida en cuanto a los destinatarios y la movilización de recursos se hará, de manera excepcional, en beneficio de los países menos avanzados, de los estados insulares y de los países en conflicto o post conflicto como lo afirman con contundencia importantes instrumentos internacionales como la propia Agenda de Desarrollo 2030 adoptada para los próximos 15 años en el marco de Naciones Unidas y la Agenda de Addis Abeba sobre Financiamiento al Desarrollo. Los países en desarrollo, de renta media alta pero con importantes obstáculos y brechas estructurales, han venido, de facto, consecuentemente, siendo progresivamente excluidos de aquella última modalidad de cooperación. Y ello ha puesto bajo amenaza no solamente los flujos de financiamiento no reembolsables sino los flujos menores de financiamiento que complementan las acciones o proyectos de asistencia técnica que son los que reciben países como Costa Rica para quien esa asistencia técnica también ha podido sufrir una merma. El nuevo lenguaje reafirma en alguna medida esa exclusión si por cooperación se entendía una relación tradicional (Norte-Sur) donde el cooperante “rico” aportaba su concurso sin esperar obtener algún beneficio, donde la desigualdad se traducía en acciones que, bien que mal, denotaban, por lo menos en teoría, la búsqueda ética de equilibrios. Hoy el principio de dar más -y sin aparente contrapartida- a quien menos tiene, juega solo para los países más vulnerables asumiendo que los de renta más alta tienen suficientes recursos para alcanzar con sus propios esfuerzos su propio desarrollo.

No obstante, como lo reconoce el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS): “El concepto de Países de Renta Media fue utilizado originalmente por el Banco Mundial para clasificar a los «países deudores», con el objetivo de evaluar facilidades y condonaciones de los pagos exigibles. Su único indicador es la renta per cápita, es decir el pbi/cantidad de habitantes (sic). Posteriormente, la ocde (sic) a través del Comité de Ayuda al Desarrollo (cad) (sic) se apropia de dicha clasificación, desvirtuando su utilización original, y la equipara a una clasificación de «nivel de desarrollo» que establece países prioritarios para la recepción de aod (sic). Los países en desarrollo se han opuesto a la utilización de dicho indicador y han manifestado que: «Promedios estadísticos basados solamente en un criterio como el ingreso per cápita no reflejan las actuales particularidades y las necesidades del desarrollo de los países de renta media, y este tipo de clasificaciones falla en reconocer la diversidad entre y dentro de los países de renta media y desconoce la naturaleza multidimensional del desarrollo, y que este criterio falla en medir factores como la desigual distribución del ingreso, la calidad de vida y el acceso a necesidades básicas». (Declaración de Costa Rica, 2013)”12

12 Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) (2014). Diagnóstico de los marcos normativos e institucionales para la gestión de la Cooperación Sur Sur en los países de Iberoamérica, Documento de trabajo No. 6, p.9.



26

A pesar de que la idea de desarrollo ha ido evolucionando y no es más una simple función de crecimiento económico por esencial que este sea, como tampoco el desarrollo es sinónimo del solo bienestar material, importantes organismos siguen cómodamente identificándolo con bajos niveles de pobreza (y la pobreza no es sólo resultado de bajos ingresos, es un fenómeno multidimensional). El ingreso per cápita es claramente insuficiente para tener la ecograf ía de un país si no se toma en cuenta aspectos sustantivos que son hoy extremamente relevantes como la igualdad en acceso a las oportunidades, la justa redistribución de la riqueza, altos niveles de educación y educación cualitativa, empleo, salud pública, sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación climática, prevención de desastres, igualdad de género… y otros tantos que permiten medir un crecimiento sostenido, una mayor vinculación internacional, pero sobre todo un progreso incluyente que llegue a todos los estratos de la sociedad y de manera durable13. El indicador de ingreso invisibiliza distorsiones internas y oculta las brechas estructurales que impiden ver las verdaderas necesidades de acompañamiento que tienen los PRM, aún los de renta media alta. El criterio de la renta no refleja la vulnerabilidad de la economía de un país ante las vicisitudes externas. Inconsistencias pueden darse, por consiguiente, en términos de la clasificación puesto que países con enormes ingresos aparecen como desarrollados mientras que su realidad sólo refleja que están aún muy lejos de lograrlo.

Por otra parte, significativos agentes de cooperación internacional canalizan cada vez más sus fondos de a través de mecanismos multilaterales o fondos globales, no siempre fáciles de acceder. Cuando los PRM logran participar en esos esquemas, las contrapartidas con frecuencia son mayores a los recursos recibidos14.

Como lo señala la Política de Cooperación 2014-2022 (POLCI): “El desarrollo es un proceso multinivel y multifactorial, complejo y que requiere recursos de todo tipo, de allí la necesidad de buscar alianzas entre todos los sectores y actores, internos y externos, a nivel nacional y subnacionales”15.

En los últimos años, el CAD se ha abocado a reafirmar los criterios de “graduación”/exclusión de los PRM. Ha buscado cambiar su imagen: que no se le identifique más como el Club de donantes sino como facilitadores de instrumentos, herramientas y metodologías para elevar los estándares de desarrollo, de gestión y de vida. Los PMR, bajo este nuevo ángulo, serían objeto de cooperación a través de esos instrumentos, recomendaciones y metodologías y de combinaciones de políticas financieras no concesionables y de inversión. En cuanto a cooperación financiera, apuestan más a la inversión privada. En efecto en áreas como infraestructura y tecnologías de gran costo, esa es una vía innegable. De hecho, muchos cooperantes tradicionales posicionan ahora como cooperación internacional la venta de ciertos servicios, aunque no se les denomine tal cual y muchos proyectos de cooperación técnica empiezan a condicionar el aporte financiero a la contratación de expertos del país cooperante de modo que los presupuestos aplicados a esta cooperación igualmente se devuelvan al país de origen. En esa medida se explica el carácter político detrás de la confección de algunos instrumentos de medición de los flujos destinados en principio a los ODS. La cooperación concesional quedaría restringida a una categoría especial de países (países menos avanzados LDCs-PMA, pequeños estados insulares en desarrollo-SIDS y países en conflicto o pos conflicto). Actualmente hay un Grupo de Trabajo consagrado a establecer un instrumento de control y monitoreo de los flujos destinados a financiar el desarrollo y el tipo de recursos registrable incorpora la cooperación técnica y probablemente otras formas de movilización de recursos, incluidas las políticas públicas que promueven exportación de capitales; esta herramienta es conocida bajo las siglas TOSSD, Total Official Support for Development. En la determinación de los

13 En esa dirección, es interesante leer la Visión de Desarrollo que se expresa en el documento “Costa Rica: Objetivo de Desarrollo Nacional 2030”, en armonía con preocupaciones de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Allí se parte de las siguientes premisas: el desarrollo no es continuo ni puede ser siempre controlado; puede ser orientado; siempre supone una dimensión espacial precisa; se refiere a cambios de calidad, de cantidad, de brechas y de magnitudes; tiene una dimensión política y normativa, debe ser inclusivo, solidario y participativo”. MIDEPLAN (2013). p.9

14 MIDEPLAN, Op. cit., p.22.

15 Ibid.



27

instrumentos para tal fin, irá inserta una concepción específica de cooperación internacional o varias nociones de cooperación según el tipo de destinatario. Como quiera que sea, nuestro país está convencido de que es importante participar en las discusiones alrededor de estos aspectos pues es la única manera de influir en los procesos de decisión y reflejar nuestros intereses y preocupaciones.

Los argumentos detrás de estos ajustes de perspectiva y del instrumental se basan, como es deducible de lo anterior, en que el mundo ha cambiado y ya no hay tanto país pobre como en las postrimerías de la II Guerra Mundial; que muchos PRM han logrado importantes avances; que muchos países desarrollados han padecido los efectos de las crisis cíclicas económicas; que la madurez de las sociedades de países tradicionalmente “donantes” y las organizaciones de la sociedad civil exigen cuentas y son más que nunca un elemento político de primer orden que reta las estructuras de poder , elevando su voz, y decidiendo, en principio, con más información en los procesos electorales; y, ante las vicisitudes económicas y la inestabilidad internacional aunado a los retos globales, los países desarrollados deben concentrar sus esfuerzos financieros en el plano nacional y como excepcionalidad en el plano internacional. Los nuevos desaf íos de la agenda 2030 y la de Cambio Climático comportan también retos para los países desarrollados.

En una reunión del DAC en París en mayo 2017, se indicó:

“To support the DAC in this effort, the DAC Secretariat will continue the work on ‘countries most in need’ …While the criteria for ODA graduation remain unchanged, the DAC Secretariat will also make improvements in the management of the regular process of revising the DAC List of ODA Recipients, to ensure greater clarity and predictability about the process and to address data challenges”16.

La mal llamada “graduación” de los PRMA se está imponiendo a golpe de tambor, a pesar de este grupo de países que despliegan constantes esfuerzos para contrarrestar los efectos de tal medida. Y como se indicó antes, esa graduación ha afectado la propia cooperación técnica en muchos casos. Tendencia que parece revertirse en algunos espacios donde los instrumentos técnicos, tecnológicos y políticos se están revelando útiles para movilizar transformaciones que deben en toda hipótesis estar siempre bajo el control del país receptor.

Ahora bien, no podemos desconocer que, si los países de renta media tienen un mayor PIB per capita, entonces pueden tener más ingresos fiscales y más recursos en general para hacer más por su desarrollo interno. ¿Por qué no lo logran entonces? La respuesta está en causas exógenas como en causas endógenas y justamente Costa Rica es expresión de ello17. Pero además la respuesta también se encuentra en lo que entendemos por desarrollo en el siglo XXI que impediría que se apliquen los mismos parámetros de análisis que otrora.

16 DCD/DAC (2017)17 Supporting Countries Development Pathways in the SDG ERA: Update and Emerging issues, DAC, 22 May, 2017.

17 Recomendamos vivamente leer por lo menos el prólogo del estudio confeccionado con apoyo de la CEPAL (2016). Enfoque de Brechas Estructurales: análisis del caso de Costa Rica, Naciones Unidas, Santiago, Chile. En línea: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/KwLLihUFTqafdb6OxEDavg



28

¿Qué significa el desarrollo, de qué tipo de desarrollo hablamos? La multidimensionalidad del desarrollo sostenible. La cuestión de la denominación “países y/o desarrollo en transición”

Un aspecto que entra en primerísima línea de cuenta en este debate es lo que se entiende por desarrollo. Como resabio y resultado de las tendencias pendulares de la economía, a menudo el desarrollo ha sido asociado a crecimiento económico porque en las teorías más clásicas, grosso modo, el nivel de ingreso trae por añadidura bienestar. Hoy sabemos que el desarrollo es un concepto mucho más complejo con múltiples expresiones y, por ende, para que sea durable, sostenido y sostenible debe incorporar esas distintas dimensiones y tratarse en las políticas públicas de manera integral. El desarrollo no se resuelve solamente con el indicador del ingreso per capita que por lo demás refleja promedios, no realidades individuales ni grupales. Este indicador si bien muy importante para entender el comportamiento económico en un Estado es insuficiente para capturar una realidad más densa que implica tener en consideración igualmente la dimensión social y ambiental tanto como la calidad del bienestar colectivo en términos de inclusividad a los beneficios del progreso, la equidad y la sostenibilidad.

Una de las virtudes del Acuerdo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptado en 2015, fue acuñar, en una agenda aceptada globalmente, la multidimensionalidad y sostenibilidad del desarrollo; este adjetivo, “sostenible”, mucho más exigente, es crucial para interpretar lo que se haga en este terreno.

No olvidemos que el Informe Bruntland fue pionero en ampliar las fronteras del concepto. Los Informes de PNUD posicionaron en los 90´s el desarrollo humano con una visión más integral, esa organización adicionalmente ha reconocido que el progreso es una aspiración con una naturaleza multidimensional donde el bienestar debe entenderse igualmente más allá del ingreso18. Contamos desde hace pocos años con un Índice Mundial de Pobreza Multidimensional. Los distintos convenios en Derechos Humanos y su justiciabilidad, han impuesto niveles de exigencia mayores por parte de los ciudadanos y pone presión a la acción del Estado. Pero además, la nueva agenda global, conocida como Agenda 203019 , como ya hemos explicado, es universal e inclusiva y pretende no dejar a nadie atrás, supone retos mayores como lo expresan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las más de 169 metas a alcanzar, a lo que se incorporan los compromisos especiales a nivel país (NDCs) en la agenda de cambio climático del Acuerdo de París, instrumentos que de manera más actualizada y contundente han señalado los derroteros prioritarios a nivel mundial que deben reflejarse en las prioridades nacionales. A esos instrumentos, se añaden los pactos globales aprobados en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de migraciones y refugiados. El criterio del ingreso como única brújula para medir desarrollo sostenible y progreso ya no es de aceptación en esta nueva realidad y en la dinámica mundial.

Durante los últimos casi tres años, un concepto ha venido haciéndose camino para zanjar las diferencias de puntos de vista entre países desarrollados miembros de la OCDE y países en desarrollo de renta media alta. Se trata de la noción desarrollo en transición que, originalmente muy aferrada al criterio de la renta, parecía no aportar nada al concepto más ambicioso y actual del desarrollo sostenible. En fin de cuentas, allí se aludía a los países que pasarían a ser clasificados en la franja superior del ingreso medio (renta media alta) y, como corolario, estarían siendo “graduados”/excluidos progresivamente de la AOD. El nuevo concepto reflejaría que las necesidades de acompañamiento de estos países son más sofisticadas y no requieren tanto de flujos financieros concesionables como de otros tipos de cooperación. La noción ha ido evolucionando en el marco de un diálogo entre la CEPAL,

18 http://www.cl.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/IDH/UNDP_RBLAC_IDH2016Final.pdf

19 https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf



29

el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe. Este proceso de intercambio y entendimiento va por muy buen camino20 pero la denominada “transición” sigue desprovista del calificativo “sostenible” y eso deja sinsabores y dudas que son propias cuando se cambian los significantes, pero cuando los significados siguen siendo los mismos o cuando estos nuevos significantes no son una oportunidad para dar un nuevo contenido semántico a los que entendemos por desarrollo y actuar en consecuencia. Al fin y al cabo, el lenguaje es siempre convencional. Costa Rica ha dado una enorme batalla en este campo en distintos foros internacionales, a pesar de la incomprensión de países en condiciones parecidas que, por fin, recientemente, han dado muestras de comprender nuestro cometido. Los conceptos cuentan, no son inocentes y debe asegurarse mayor coherencia; a mayor flexibilidad en su uso, menor coincidencia real en su significado.

El financiamiento al Desarrollo

Como hemos visto antes, este tema ha constituido el objeto de un largo y lejano debate, a nivel nacional e internacional. Por citar lo esencial, ha habido tres importantes Cumbres o Conferencias Mundiales que abordaron específicamente el tema del financiamiento al desarrollo y una serie de reuniones de alto nivel han marcado el lenguaje. Hay que tomar en cuenta también las Cumbres sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente que dieron inicio con la Cumbre de Rio de 1992. Un significativo número de instrumentos adoptados en áreas específicas, se entrecruzan y complementan el sócalo aceptado por la comunidad internacional en el tema. Digamos simplemente para los efectos de este ejercicio que el “Financiamiento para el Desarrollo” es, en general, un asunto muy complejo, más aún cuando los recursos o son siempre escasos o están mal redistribuidos. Para Erika C. Veloz Gutiérrez, ese un elemento transversal a las diferentes modalidades de la cooperación, concepto que debe enmarcarse en lo que se ha denominado arquitectura de la ayuda y que no es más que el conjunto de reglas e instituciones que gobiernan los flujos de ayuda económica y financiera, pero que debe además de contemplar otro tipo de asistencias que también pueden contabilizarse financieramente, como lo es la cooperación en especie, la cooperación técnica y la científica a las que se le puede dar un valor monetario21.

El financiamiento para el desarrollo - que abarca más de lo que se ha entendido como cooperación internacional para el desarrollo pero que a veces en el discurso se utilizan como sinónimos-, comprende, como una de sus modalidades, la AOD o cooperación concesional, pero no deben confundirse género y especie. El primer concepto involucra también políticas que estimulen la movilización de capital productivo, y para los estados este tema es clave: para unos, los superavitarios que necesitan poner a trabajar los excedentes, ello expande los intercambios, produce riqueza y minimiza las actividades especulativas por acumulación de capital mientras que, para los otros, los deficitarios de capital, ello abre puertas a un mayor crecimiento económico como plataforma para generar desarrollo. Por eso se insiste con frecuencia, sobre todo por parte de los países exportadores de capital, que el financiamiento debe integrar el rol del capital privado, de las inversiones, de las alianzas público privadas, enfatizando el beneficio recíproco de las partes. Al hacerlo, se pone el acento en una acepción de cooperación más amplia y se abandona o desdibuja el concepto específico de cooperación entendido como asistencia oficial al desarrollo que comporta un carácter concesional, unidireccional, y se reorientan los flujos bajo una visión que apuesta más a una relación de paridad que en el fondo no es tal.

20 Se recomienda leer: CEPAL, Centro de Desarrollo de la OCDE (2018). Nuevos Desafíos y Paradigmas: las perspectivas de la cooperación para el desarrollo en los países en transición, Naciones Unidas, Santiago, Chile. En línea: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44121/4/S1800936_es.pdf

21 Veloz Gutiérrez, Ericka (2009). La cooperación internacional y el financiamiento para el Desarrollo, México. p.1 En línea: https://docplayer.es/14768719-La-cooperacion-internacional-y-el-financiamiento-para-el-desarrollo.html



30

La Agenda de Addis Abeba de Financiamiento al Desarrollo como la Agenda de Desarrollo Sostenible22 y el mismo Acuerdo de París23 de 2015, reafirmaron enfáticamente que las necesidades de financiamiento de estos retos globales desbordan las capacidades de los estados individual y colectivamente, por ello el mensaje es que hay que sumar y no restar esfuerzos y recursos. En esos instrumentos se ha subrayado el papel de los nuevos actores, a la par de Estados y organizaciones internacionales. Precisamente, el Objetivo 17 se enfoca en revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible y ello significa traccionar distintos sectores24. Aunque se dice que el Estado es el primer responsable de su desarrollo, lo cierto es que se requerirá el concurso de todos. En Monterrey se acordó al sector privado sus cartas de nobleza en la agenda global. Y con la Declaración de Busán en 2011 se refuerza esta orientación y se sientan las bases para la creación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz en la cual, hoy, todos los actores, estatales y no estatales, pueden estar concernidos. Las alianzas público- privadas son cada vez más llamadas a desplegar una fuerza motriz en ese engranaje25.

Las Alianzas público-privadas (APPs): la promoción de plataformas de acción incluyentes y atractivas

Aunque la noción de cooperación internacional ha comportado un elemento insoslayable que conectaba, de una u otra forma, en el discurso y en la práctica, a los actores estatales entre sí y a estos con los organismos internacionales encargados de la cooperación especializada o de la cooperación financiera, el sector privado representaba una fuente potencial de recursos para el desarrollo. Con el paso del tiempo y el poder de las compañías transnacionales, este interlocutor se ha constituido hoy en un agente más de las relaciones internacionales. Expertos provenientes de los sectores científicos, académicos y también del sector privado, han estado entendiendo que la sostenibilidad económica de un giro productivo, empresarial o comercial no es posible si siguen haciendo “business as usual”, y una nueva generación de procesos, de modelos operativos, de interacción con lo social o ambiental, están revolucionando justamente la manera de entender el desarrollo y de entender los negocios generando oportunidades de cambios positivos y convirtiendo círculos viciosos en círculos virtuosos de desarrollo. Estas sinergias deben ser estimuladas y están llamadas a crecer y a multiplicarse y, para ello, incuestionablemente hay que ir creando las condiciones también mediante políticas públicas que rompan con viejos paradigmas estatales. Para que el sector privado se involucre, debe haber un atractivo en esas alianzas y usualmente tiene que ver con los beneficios. El Estado debe tomarlos en cuenta, pero ser cuidadoso al mismo tiempo de sus propias exigencias: un error de concepción en los mecanismos y ganancias de unos y otros puede exacerbar la desconfianza, causar desbalances y afectar el logro de las metas socio ambientales.

22 https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf

23 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

24 “Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.

Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de dólares de recursos privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesitan inversiones a largo plazo, por ejemplo, la inversión extranjera directa, en sectores fundamentales, en particular en los países en desarrollo. Entre estos sectores figuran la energía sostenible, la infraestructura y el transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones”. En línea: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/

25 Ello explica que este tema haya sido objeto de especial atención en la Cumbre de Tuxtla en Costa Rica en marzo de este año y también haya estado bajo la consideración de la recién pasada Cumbre del SICA, para mencionar dos ejemplos puntuales (aunque han países que todavía expresaron sus reservas en esta última reunión y se preguntan cómo debemos entender y prepararnos para esas alianzas. Países como México y Colombia nos llevan la delantera, en todo caso, desde hace ya varios años).



31

Coherente con ese juego a múltiples bandas, es natural que se creara el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) para que la empresa privada contribuya al estado de derecho y a los ODS26, iniciativa que promueve un modelo ético de gobernabilidad en el que las empresas se comprometan con el impulso y el fortalecimiento del Estado de derecho. Como lo afirma la red española: el “Pacto Mundial parte del reconocimiento de que las empresas que disfrutan un mayor éxito en sus esfuerzos estratégicos y operativos en los lugares donde existe la seguridad jurídica, a través de gobernanza, paz y seguridad, entre otras cosas. Las empresas no sólo reconocen la importancia de respetar el estado de derecho, sino también la de apoyarlo mediante la promoción de un entorno favorable que permita prosperar a los mercados y las sociedades y que sea coherente con las normas y estándares internacionales”27.

Esta iniciativa internacional, con entidades firmantes de 145 países, hace suyos principios universalmente aceptados para promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

La devisa es que todos cuentan: comunidades científicas, la Academia, empresas, filántropos y por supuesto las ONG´s, la opinión pública y los individuos con capacidad de liderazgo28. En la actualidad de lo que se trata precisamente es de encontrar esos nuevos socios, encontrar formas de complementar la acción de unos y de otros, planificar cuidadosamente esas articulaciones para que cada parte haga lo que le corresponde, impulsar una mirada inclusiva de las fuentes, de las modalidades, de los actores y de los beneficiarios, con una óptica de mayor beneficio y equilibrio entre los intereses divergentes de todos los intervinientes así como de mayor transparencia y rendimiento de cuentas, evitando atomización innecesaria de esfuerzos, duplicidades, letargo e incoherencias y dando un uso más óptimo a los recursos de toda clase disponibles, es decir, buscando la eficacia para una cooperación inclusiva.De hecho, en ese contexto, ha cobrado mayor relevancia en Costa Rica la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), una organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad y competitividad del país, a través de la promoción de modelos de negocios responsables y sostenibles en las empresas o bien otra iniciativa conocida como Aliarse, que es una Fundación que intenta aunar esfuerzos para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo multidimensional con justicia social desde el impulso de alianzas público privadas29.

En los foros auspiciados por ECOSOC en 2018, empresas y bancos privados fueron invitados a compartir sus experiencias; la IED fue un elemento medular. La constante alusión a las alianzas público privadas apuesta en este mismo sentido sobre todo como suplidores de servicios públicos y para superar las rigideces presupuestarias, innovar con flexibilidad en los procesos y sobrepasar políticas cortoplacistas a las que está sometido con frecuencia el sector público.

En las Expo South -South organizadas por la Oficina de la Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, se deja entrever cuánto la idea de cooperación ampliada, incluidos esquemas de negocios, no solo es aplicable entre países desarrollados y en desarrollo sino entre estos últimos dadas las grandes asimetrías que los caracteriza.

Cualquiera que sea la orientación a la que conduzcan las actuales reflexiones sobre quiénes pueden ser sujetos de la cooperación al desarrollo como se la entendió hasta hace poco o qué tipo de cooperación deban recibir unos y otros, lo cierto es que a la inversión privada y a sus detentores se les considera indiscutiblemente un actor de primer orden como se considera de primer orden entrar cada vez más en esquemas pluralistas de participación que garanticen

26 Ver https://media.iese.edu/upload/ST0438.pdf

27 https://www.pactomundial.org/2015/03/se-presenta-una-iniciativa-global-para-que-las-empresas-contribuyan-al-estado-de-derecho/

28 Por cierto que la paradiplomacia es ejercida también por artistas, músicos, deportistas baste ver la amplia red de “embajadores de buena voluntad” que tienen organismos como UNESCO y UNICEF.

29 http://www.aliarse.org/quienessomos/



32

distintas miradas, aportes y perspectivas. El financiamiento privado bajo forma de donación o proveniente de la filantropía no está excluido tampoco No es por mera coincidencia que, a la par de los Estados miembros, de estados observadores, de bancos internacionales y de representantes de otros organismos internacionales, entidades como la Fundación Bill Gates esté invitada a participar en algunos debates del CAD y sea uno de los ejemplos que ilustran las capacidades que tiene este sector para movilizar recursos financieros y técnicos.

Lo anterior no significa tampoco confundir la categoría de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) con APP. Ambas son formas colaborativas distintas, aunque puede haber interfases que comuniquen ciertamente ambas cosas. En todo caso, en el marco de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de la cual Costa Rica es parte, sí que la participación del sector privado, bajo ciertas condiciones, puede ser considerada como o integrada a la cooperación para el desarrollo30.

El acceso a los distintos recursos incluidos los fondos globales: cuestión abierta

Es importante indicar que los fondos globales para financiar el desarrollo y particularmente atender el cambio climático, parecen tomar el relevo de fuentes de financiamiento tradicionales o, por lo menos, tienden a captar cada vez más recursos y muchos de los cuales antes fueron movilizados de manera directa y bilateralmente.No podemos ignorar que la magnitud de los retos que tienen los países a nivel interno y externo, aunados a la multiplicidad de fuentes e interlocutores que hoy son consideradas como potenciales aliados o potenciales actores a vincular y la incertidumbre acerca de los recursos a los que se pueden acceder efectivamente por los PRM, provoca una gran presión por los recursos y una competencia sin precedentes para accesarlos, competencia en la que participan numerosas entidades internacionales, incluidas las agencias del Sistema de Naciones Unidas dado el desfinanciamiento y las crisis presupuestarias que también afectan a estos organismos. Este fenómeno explica la cantidad de esfuerzos que también se despliegan para mapear dónde están esos recursos y cuáles son las condiciones políticas, técnicas, materiales, institucionales y otras condiciones (“tableros de control o de comando”) para incorporarlas a la toma de decisiones y a la implementación de programas para alcanzar los objetivos nacionales. Costa Rica también cuenta con varias de esos instrumentos analíticos de carácter general y especial. Aun así, en la percepción de quien escribe estas líneas, es que hay mucha dispersión y confusión en la apropiación de la información o en el procesamiento interno de lo que puede ser aprovechable y la gobernanza de esos esquemas no deja de ser compleja.

La Cooperación Sur- Sur y la Cooperación Triangular son cada vez más relevantes y deben sumar (CSS y CT)

Con la demanda de un Nuevo Orden Económico en los años 70´s del siglo XX, se reconoció la importancia significativa de la cooperación entre países en desarrollo y el sello político a este proceso se daría con la Conferencia sobre la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que tuvo lugar en Buenos Aires en 1978 y que brindó los primeros lineamientos generales para dicha cooperación y constituye la base conceptual para la cooperación Sur Sur en nuestra región:

30 https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-18-Global-Partnership-Work-Programme_SPA.pdf; Ver exposición sobre el caso de El Salvador en foro auspiciado por la AGCED en 2018 en : http://www.oecd.org/dac/effectiveness/estudio-de-caso-El-Salvador.pdf ; también visitar https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/alianza-global-para-la-cooperacion-eficaz-al-desarrollo-79136



33

“La CTDP es la modalidad de cooperación internacional que consiste en el intercambio de experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades entre los países en desarrollo, como apoyo y complemento a sus objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e institucional. Es también conocida como Cooperación Sur-Sur, Cooperación Horizontal y Cooperación Solidaria. Se rige por principios de horizontalidad, equidad y respeto mutuo. (Tomado del Manual de ctpd y Triangulación, 2010, y Política de Cooperación Internacional 2014-2022)”31.

En ese contexto, en el espacio Iberoamericano y en el marco del Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago, Chile, 2007, se creó el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) que ha sido un motor de múltiples iniciativas tendientes a robustecer las capacidades en los Estados para este cometido. En ese seno ha habido un esfuerzo sistémico por impulsar esta modalidad de cooperación como por contar con bases de datos, lenguaje, metodologías que le den mayor solidez y visibilidad a lo que hacen los países de la región.

Es innegable el dinamismo que están adquiriendo las nuevas iniciativas y formas de cooperación Sur-Sur en las que, bajo un modelo diferente de cooperación tradicional al desarrollo y una dimensión horizontal de participación, se fomenta la solidaridad y los traslados de conocimientos entre los propios países en desarrollo. Los países desarrollados y organismos multilaterales tienden a implicarse en esquemas de triangulación para impulsar esos programas o proyectos. Entre las ventajas que se reconocen a la Cooperación Sur Sur y Triangular están: el permitir el intercambio de las experiencias, el crear espacios de reflexión y retroalimentación, el optimizar recursos financieros y humanos, el ampliar las redes de trabajo, el fortalecer lazos políticos con los distintos países y empujar hacia adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos en Cambio Climático.

La cooperación Sur Sur y la Cooperación Triangular están tomando la delantera, pero responden a un postulado distinto a la AOD y, por ende, no debe tampoco confundirse con esta. En ambas, el traslado de conocimientos, experiencias y experticias entre los estados del Sur, o con apoyo de un tercero -país desarrollado, organismo multilateral, fundación… es horizontal, sin condicionalidades, basada en la solidaridad y en la necesidad de ayudarse y estimularse unos a otros porque potencialmente todos pueden tener buenas prácticas útiles a los demás. En estos procesos el aprendizaje es de todos y para todos, incluido el socio desarrollado en el caso de la cooperación triangular cuando financia o apoya técnicamente ese esfuerzo de apalancamiento que se da entre países en desarrollo.

Del 20 al 22 de marzo recién pasado, tuvo lugar la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas, llamada “PABA +40”, para refrescar la Declaración de Buenos Aires de 1978 y revitalizar la cooperación técnica entre países en desarrollo. Sin duda fue un momento para revisitar conceptos y establecer una hoja de ruta para actualizar criterios y estrategias.

En dicha ocasión, el Secretario General de Naciones Unidas, declaró que la Conferencia era una oportunidad para desarrollar y fortalecer los marcos de la cooperación Sur-Sur, perfeccionar sistemas e instrumentos y aumentar la transparencia y fomentar la rendición de cuentas. Igualmente señaló que el PABA transformó la dinámica de la cooperación internacional y puso de manifiesto el valor de una forma diferente de cooperar, basada en el intercambio de conocimientos y tecnologías apropiadas entre naciones que hacen frente a retos de desarrollo similares a través de la cual pueden los países en desarrollo “aprender unos de otros y crecer más rápidamente”. Don António Guterres tuvo a bien subrayar que la cooperación Sur-Sur nunca puede sustituir la asistencia oficial para el desarrollo o reemplazar las responsabilidades de los países del norte, “La cooperación Sur-Sur es un ejercicio global de todos los países del Sur para beneficiar a todos, incluidos los países menos desarrollados. Cada país, cada socio, tiene algo que compartir o enseñar, independientemente de sus circunstancias «32

31 Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, Op. cit., p. 37

32 https://news.un.org/es/story/2019/03/1453161



34

El papel de la Cooperación descentralizada.

La cooperación descentralizada por su parte, con un importante dinamismo de gobiernos locales o regionales, así como con un acervo de mecanismos de trabajo conjunto que a nivel interministerial y no interestatal ha ido prosperando, cobra más fuerza en el plano de las relaciones internacionales. En algunos países esta cooperación descentralizada prácticamente alcanza niveles de importancia que en otro tiempo tuvo el Estado, al punto que muchas veces el representante de alguna comunidad o municipio es recibido por jefes de Estado o cancilleres para negociar esquemas de cooperación33. El desarrollo sostenible empieza por lo local y puede crear vasos comunicantes que beneficien a otros territorios y regiones en el plano nacional. A ese nivel de gobierno hay más posibilidad de experimentación y articulación entre distintos actores, así como posibilidad de replicar experiencias exitosas. Países desarrollados y en desarrollo con amplia tradición en gobiernos regionales o municipales y una vasta trayectoria en la solución de problemas locales, constituyen un aspecto digno de atención, en particular porque es esperable que los procesos de colaboración que puedan instaurarse sean menos complejos que los que guían el accionar interestatal.

Costa Rica: algunos grandes desafíos

Como sabemos, la cooperación no reembolsable hacia los PRM, ha mantenido una constante decreciente en términos generales. América Latina confirma esa tendencia y Costa Rica no es la excepción. “En términos de flujos, Costa Rica ha experimentado un descenso sistemático en la cooperación internacional no reembolsable a partir de los años noventa” y en términos de modalidades de cooperación más de un 80% proviene en los últimos años de la cooperación reembolsable y menos de un 20% de la cooperación no reembolsable34.

La llamada “graduación” de los países de renta media alta es una calificación inapropiada. Se trata de exclusión por razones de ingreso que aparenta la revestidura de un principio de distribución equitativa. A decir verdad, Costa Rica ha sido tan exitoso en algunas áreas que le permite “ser percibido en una dimensión más grande que su proporción territorial y habitacional”35, en consecuencia, esa calificación de renta media penaliza los esfuerzos nacionales. A pesar de ello hay que comprender las razones detrás de los cambios, así como aceptar las ineficiencias que el propio Estado debe superar para maximizar y optimizar los recursos disponibles para el logro de las metas de desarrollo sostenible. Los nuevos escenarios obligan a revisar el discurso y a modernizar las estrategias de movilización de flujos financieros, intelectuales, científicos, técnicos, tecnológicos…bajo distintas cartas de navegación, según las necesidades en juego.

La diplomacia pública, como la conocemos desde los años 90´s en que empezaron a forjarse sus basamentos teóricos, marcó un punto de inflexión: ya no se trata de trabajar sólo entre pares sino de involucrar a distintos componentes de nuestra sociedad en el logro de los objetivos en que se traduce la política exterior de un país y que traducen desde luego un proyecto nacional. La diplomacia pública es asociativa e implica también trabajar o llegar a actores no estatales, a colectivos de otros estados y vincularlos a nuestro país, a nuestra visión, a nuestros esfuerzos. Tal vez una de las mayores tareas es prepararnos para nuevos esquemas asociativos.

33 Zeraoui, Zidane (2016). Para entender la diplomacia, Desafíos, vol.28, núm.1, enero-junio, p. 22 y ss.

34 MIDEPLAN, Op.cit., p. 30, 31 y 32.

35 Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2002). Costa Rica y la Cooperación Internacional Por qué y para qué la reforma al artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional N°5525, OEA, San José, Costa Rica, p.40



35

Identificación de socios para el desarrollo y de nuevos esquemas colaborativos: Uno de los grandes desaf íos para el país tiene que ver claramente con la recuperación o reforzamiento de redes de trabajo con socios tradicionales bajo formatos más novedosos y atractivos pero también con la identificación de nuevas contrapartes para los programas y proyectos nacionales. Ello supone explorar quién tiene qué fortalezas que se correspondan con lo que el país necesita y bajo qué condicionalidades pueden ser aprovechadas; significa conocer cuáles son las posibilidades de acceso a fuentes individuales, bilaterales, multilaterales, fondos globales y, muy especialmente, determinar qué capacidad tenemos de participar y negociar términos beneficiosos en programas país o en programas locales, regionales o sectoriales, con contrapartes públicas y privadas y bajo qué modelos. Como lo recuerdan distintos autores, hasta los individuos tienen hoy un peso en las relaciones internacionales y pueden jugarlo en materia de cooperación. El reto es cómo adaptarnos a esas nuevas circunstancias e incursionar en nuevas maneras de interactuar.

Costa Rica cuenta ya con experiencias exitosas en acciones conjuntas que involucran sectores públicos con el sector privado y la sociedad civil; ello es patente en algunas experiencias regionales y municipales, pero aún no se supera el estadio de los primeros pasos y estamos algo retrasados respecto de las nuevas corrientes; predomina todavía la acción interestatal o inter agencial pública. De hecho, en el plano internacional empiezan a ser notorias las colaboraciones exitosas mediante esquemas de triangulación con organismos internacionales. Pero todavía tenemos un gran desconocimiento del circuito de las fundaciones especializadas de la sociedad civil y del sector privado, nacional e internacional, más allá de intervenciones puntuales ligadas a programas de responsabilidad empresarial y movidas por la voluntad de una parte de ese sector en sumarse a procesos transformacionales. Algunas de estas entidades manejan impresionantes recursos tanto técnicos como financieros en áreas que coinciden con las prioridades país. La acción diplomática podría explorar más esas vetas.

Está claro que al buscar nuevos modelos de colaboración, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad primera en liderar procesos, en identificar las áreas que requieren atención, en las vías de solución posible, en la toma de decisiones sobre el esfuerzo nacional inexorable, particularmente en la determinación de las fuentes de financiamiento más adecuadas (hoy prolifera la oferta de mecanismos de fondos mixtos o blending pero habrá que ver cuáles ofrecen las mejores condiciones), en la ejecución de sus políticas y acciones y en el rendimiento de cuentas ante una sociedad cada vez más interesada en la cosa pública. Tampoco puede renunciar a su responsabilidad de control sobre las tareas que delega o en las que involucra a otros agentes y en las que hay de por medio un interés público. Esto no es tarea fácil.

Tablero de control: Al tratarse de nuevos socios y, principalmente, del involucramiento del sector privado, se debe prestar atención a qué es lo que busca y cómo se lo quiere logar, con quién y a qué costo y cómo son medibles los beneficios. Se debe tener claro si cuenta con el instrumental y las políticas necesarias para para ser asertivos en las opciones operativas. No es lo mismo el instrumental cuando quienes colaboran son agentes públicos de dos o más estados que cuando intervienen agentes nacionales o internacionales privados. Si las APPs deben ser aprovechadas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, el Estado debe disponer de un tablero de control para movilizar recursos y capacidades de distintas fuentes para ese propósito; debe contar con buenas métricas, registros, sistemas de indicadores por resultado, análisis crítico… Qué se entiende por APPs es aún algo difuso. Mientras en Costa Rica hay una Política Nacional de Responsabilidad Social 2017-203036, hay sin embargo varios marcos normativos y organizacionales desde los que se pueden entender o abordar las alianzas público-privadas37 y en ese andamiaje existe todavía mucha confusión y se está en un proceso inicial de aprendizaje y elaboración de marcos y esquemas de trabajo, muchas veces, muy teórico todavía. La Asociación de Empresas para el Desarrollo, la Fundación Aliarse, la

36 http://www.aedcr.com/sites/default/files/pn_responsasocialcr_2017.pdf

37 Ver entre otros, el Reglamento para los Contratos de Colaboración Público-Privada, Decreto N° 39965-H-MP.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83225&nValor3=106758&strTipM=TC



36

Federación de Empresas Sociales, las cámaras…son parte de ese tinglado cuyos roles deben conocerse y despejarse. El tablero debe tener muy claro quién articula qué. No todas esas alianzas pasan por un mismo vocero o rector y usualmente son ministerios técnicos en campos como comercio, inversión, ciencia… quienes coordinan y toman las decisiones. A partir de una mayor claridad en los lineamientos de la política y en las herramientas, la Cancillería no solo podría dar un acompañamiento más asertivo sino crecer como observatorio de oportunidades.

Coherencia a partir de la definición misma del desarrollo sostenible: En realidad, la agenda climática y los ODS sin duda han abierto la puerta a nuevas oportunidades de negocios que cambien la manera cómo hemos venido haciendo las cosas: cómo producimos, cómo comercializamos, cómo consumimos, cómo nos interrelacionamos… En la medida en que puedan coincidir esas oportunidades para cambiar nuestro entorno hacia un desarrollo sostenible, sería concebible considerar ampliar noción de cooperación para el desarrollo al sector privado, sociedad civil, academia, ciencia pues podríamos empujar juntos hacia una misma dirección. Pero las categorías cognitivas no pueden ser asimiladas. Como dijimos antes, las formas de colaboración APPS no constituyen a priori AOD.

La existencia de políticas públicas tendientes a crear esos entornos habilitantes y la existencia de indicadores de colaboración y de resultado podría ser una precondición en muchos casos.

Por el contrario, si la participación del sector privado se limita a una función del crecimiento económico y no transforma o mejora la sostenibilidad de forma holística (social, ambiental y económica en equilibrio) de los negocios, la idea de cooperación para el desarrollo sostenible no debería ser abusada por modelos de relacionamiento público-privados, necesarios pero existentes bajo la primacía de otros enfoques y otros registros contables.

Un uso inadecuado de la noción de cooperación para el desarrollo, la debilitaría y distorsionaría aún más y las oportunidades de una verdadera asociación apalancadora de cambios sustanciales en la dirección correcta, estaría cada más lejos de nuestro alcance. Se necesita la acción empresarial y la inversión extranjera. Esto es fundamental.

Pero no cualquiera empresa ni cualquier tipo de inversión. Costa Rica en general lo ha hecho bastante bien. Pero para entender las inversiones y la acción empresarial como cooperación al desarrollo sostenible, en caso de que se admita este presupuesto que impulsan los países de mayor desarrollo o excedentarios de capital o con un gran acervo empresarial, deben existir indicadores que reflejen desempeños no sólo en lo económico sino en lo social (más allá del empleo que es vital) y en lo ambiental con inclusividad y enfoque de derechos. Trabajar en esos sistemas de registro, monitoreo y evaluación por resultados para ir fortaleciendo las alianzas público-privadas, es tarea insoslayable. La discusión sobre el tipo de alianzas público-privadas es de la mayor actualidad y nos recuerda cuando en la segunda mitad de los 90´s empezamos a hablar de “outsourcing” en el sector público38. Identificar el tipo de alianza que se requiere, la evaluación costo beneficio, tener capacidad de monitoreo, precisar el alcance de la solución técnica a un problema y la asignación o distribución del riesgo son elementos medulares. En algunos foros se han elaborado recomendaciones orientadoras en ese sentido39.

Recalcar en permanencia que cuando hablamos de desarrollo es con su calificativo “sostenible” (lo que le da una profundidad y un significado diferente al que en el pasado se le asignó), es imprescindible40. La búsqueda de coherencia en ese campo debe entrañar igualmente coherencia en el ámbito de una cooperación internacional

38 MIDEPLAN (1998). No era pecado…La contratación privada para la renovación del Estado, Mideplan, San José, 500p.

39 Ver las conclusiones del Foro Académico “Mesoamérica Unida promoviendo las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo”. En el marco de la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Alajuela, Costa Rica, el 27 de marzo de 2017.

40 No es que en el pasado en la teoría no se hablara de desarrollo como progreso y bienestar social, es que en la práctica la dimensión material y económica primó sobre cualquier otra consideración y en el desarrollo sostenible justamente las dimensiones social, económica y medio ambiental son igualmente importantes.



37

incluyente, inclusiva, holística, más previsible y conforme con necesidades específicas. Chile ya puso en evidencia las consecuencias negativas, pero también los espacios de oportunidad que se han abierto a raíz de la exclusión oficial de la AOD41.

Las especificidades país, que entre otros, retrata el Análisis de Brechas Estructurales solicitado por el MRREE a la CEPAL y co-trabajado por la institucionalidad costarricense bajo la facilitación de MIDEPLAN42, deben ser afirmadas y evidenciadas ante la cooperación internacional. Las prioridades nacionales ante la cooperación internacional y el empoderamiento del que hagamos gala, deben estar enrumbados por instrumentos que producen evidencias sobre los obstáculos más dif íciles a los que debemos hacer frente a los que se suman los compromisos en materia ambiental, climática, en Derechos Humanos, en prevención de desastres y, en general, en los ODS.

Gobernanza y articulación fortalecidas: Una de las debilidades que acusa el sistema costarricense radica no tanto en la ausencia de una vocería única como en su falta de articulación y coordinación suficientes pues “en río revuelto, ganancia de pescadores”. No hay un registro único de la cooperación que se recibe ni siquiera un registro siempre confiable. No se conocen los montos reales de la cooperación con bases propias y oficiales pues no todos los cooperantes brindan la información como tampoco esa cooperación es siempre previsible y programable. Algunos organismos registran una cooperación hacia el país desde bases de datos internacionales que no han sido oficialmente avaladas por el Estado. En otro orden de cosas, los actores nacionales y su interlocución ha proliferado en forma desordenada a través de medios más flexibles de relacionamiento: muchos ministerios e instituciones han ido fortaleciendo sus propios departamentos de cooperación internacional como sus propios mecanismos de acción directa con interlocutores externos. El carácter especializado de muchos organismos internacionales hace que los representantes institucionales se constituyan en las contrapartes naturales de la negociación de Memoranda de Entendimiento, cartas de intención u otros arreglos cuyo carácter administrativo o interinstitucional a veces es dudoso y pone en riesgo la responsabilidad internacional del Estado por falta de controles de legalidad adecuados43. Esa dispersión y atomicidad de la acción estatal crea desaprovechamiento de recursos, duplicidades e inconsistencias en los resultados y va a contrapelo de cualquier esfuerzo por alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia.

A falta de una vocería única y de mejoras sustantivas en la gobernanza como fue propuesto en el Proyecto de “Ley Marco para la Cooperación Internacional Técnica y Financiera no reembolsable de Costa Rica” que no cuenta con el clima para su introducción en la corriente legislativa, deberían revisarse las distintas instancias de coordinación que pueden estarse traslapando y afectan una visión ordenada de la cooperación internacional. Es fundamental dar estabilidad y continuidad al acercamiento y diálogo permanente entre MIDEPLAN, Hacienda y el MRREE: en efecto, decidir qué modelos innovadores y bajo qué marcos podemos incursionar en nuevas experiencias de cooperación con nuevos actores y cuál es el margen de participación y roles que puede jugar cada instancia, incluido tener claro cuál es el papel que puede jugar la Dirección de Cooperación Internacional del MRREE, cómo involucrar de manera constante a entidades como MIDEPLAN y Hacienda de modo que en lugar de plantearse un problema de competencias más bien se sumen capacidades para llevar adelante iniciativas novedosas, es otra de las oportunidades que se presentan para edificar un sistema de cooperación a lo interno más sólido, cohesionado y acorde con las nuevas realidades.

El desarrollo sostenible desde lo local: La cooperación internacional debe repensarse estimulando mayores esquemas de trabajo con municipios y buscando que el progreso y las herramientas de unos beneficien a otros. Cómo convencer a los municipios de las bondades de trabajar coordinados, de sumar ventajas comparativas, y sobre

41 AGCI, PNUD, Primer Análisis de Impacto de la Graduación de Chile, diciembre de 2007. En línea: https://issuu.com/agci/docs/primer_analisis_impacto_de_la_gradu

42 Supra citado, en línea: https://www.cepal.org/es/publicaciones/40805-enfoque-brechas-estructurales-analisis-caso-costa-rica

43 Sánchez Castillo, G., Op cit..



38

todo cómo producir evidencias probatorias de los beneficios de esta vinculación, no es tarea menor. El estado de bienestar o de progreso municipal es muy desigual como desiguales son los recursos, capacidades instaladas y retos específicos que deben abordar los gobiernos locales, no siempre interesados en la entreayuda. La cooperación entre municipios es fundamental pues permite nivelar oportunidades de desarrollo sostenible mediante la transferencia de experticias, tecnologías, herramientas de gestión y de lecciones aprendidas. La cooperación internacional puede apalancar estos procesos y enriquecerse de la experiencia de gobiernos locales extranjeros. Más allá de las políticas públicas en marcha, las representaciones diplomáticas pueden ser un observatorio de casos exitosos en el extranjero.

La participación en esquemas de cooperación Sur-Sur y triangular: Hoy estamos pasando de un modelo quasi asistencialista a uno más proactivo: “de (una) cooperación internacional, donde el receptor es activo en la búsqueda, pero pasivo en la negociación, a un modelo interactivo de cooperación, donde hay mayor capacidad de las contrapartes para colaborar conjuntamente en el desarrollo de una actividad de cooperación internacional”44, menos jerarquizada.

El que los propios países en desarrollo aporten su concurso solidario a otros de igual o menor desarrollo mediante la cooperación horizontal o triangular, justifica tanto en términos éticos como pragmáticos. La cooperación hacia países de renta media tiene un efecto multiplicador importante y parte de la cooperación que hoy brinda Costa Rica a otros países es gracias al conocimiento, a las experiencias que generamos y a los ajustes que debieron introducirse a lo largo de los años a proyectos muchos de los cuales, inicialmente, contaron con el apoyo y confianza de la cooperación internacional. No se trata de buscar una cooperación indiscriminada sino focalizada sin minimizar las responsabilidades nacionales. Costa Rica aspira a ser un laboratorio de experiencias que puedan ser replicables en otros destinos, pero debe enfrentar varias dificultades: en primer lugar, tiene que establecer mejores condiciones para participar en proyectos de cooperación Sur Sur más ambiciosos, tanto como receptor como como oferente, entendiendo los réditos políticos que en la construcción de redes brinda la cooperación. El país debe priorizar los esfuerzos que aplique en su oferta, monitorear su real utilidad, planificar los recursos de contrapartida que son usuales en los esquemas de costos compartidos que caracterizan la cooperación Sur-Sur; debe igualmente apostar a una valorización de su aporte consistente y que refleje el esfuerzo país en esta entrega solidaria bajo modelos de CSS y CT.

Un obstáculo mayor que esperamos sea temporal, es la actual crisis fiscal y la disciplina presupuestaria para paliarla como complemento a otros esfuerzos que se han puesto en marcha para ese fin; esta limitante ha reducido muchísimo el margen de maniobra presupuestario para que las instituciones costarricenses entren en esquemas de costos compartidos para la movilidad no solo de expertos sino para la puesta en operación de experiencias conjuntas

Replanteamiento de la cooperación desde los organismos multilaterales: De todos es sabido que los organismos multilaterales, primordialmente en el resorte de la ONU y en la OEA, están desfinanciados; su aporte ha decaído para los PRM y sus posibilidades de tener una fuerte presencia en la cooperación para el desarrollo no reembolsable es limitada. Del mismo modo, la modalidad de cooperación técnica no reembolsable se da muchas veces bajo recursos propios del Estado que pasan a ser ejecutados por las agencias y, cuando hay operaciones con aportes compartidos, el Estado aporta significativamente mucho más. Los costos transaccionales y la manera en que se establecen cánones para distintos arreglos de cooperación, pasan facturas a las instituciones del Estado quienes, con razón o sin razón, recurrentemente, se cuestionan la relación costo/beneficio de esas operaciones.

Por cierto, a finales de 2017 La Junta Ejecutiva del PNUD y otras agencias de Naciones Unidas graduaron a Costa Rica de la cooperación no reembolsable; ello significa no solo disminución actual de recursos de cooperación provenientes de ese programa sino exclusión en un futuro muy cercano de esos recursos; supone adicionalmente

44 Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2002). Op. cit, p39.



39

invertir la carga del financiamiento de la presencia f ísica del PNUD en el país con potencial efecto rebote en otras agencias.

Muchas agencias o programas tanto de la ONU como de la OEA apuestan en la actual coyuntura por fortalecer la cooperación triangular, actuando en muchos casos como enlaces o vasos comunicantes, o bien complementando el conocimiento o la tecnología que se requiere. En estos esquemas donde la reputación del país y el reconocimiento a su trabajo tiene un valor, lo importante es asegurarse que, en esas relaciones de colaboración, efectivamente se reconozca el aporte costarricense.

Como quiera que sea, la ciencia de un buen aprovechamiento de la cooperación multilateral y un buen entendimiento para impulsar causas comunes radicará por un lado en las fortalezas y ventajas comparativas que esos organismos tengan frente a otros cooperantes para movilizar recursos y conocimientos de distinta índole sin crear dependencias sino más bien fortaleciendo capacidades locales y, por otro lado, en las fortalezas propias para impulsar conocimiento adicional, trasladar experticias y crear círculos virtuosos de solución de problemas. Costa Rica es una firme convencida de las ventajas del multilateralismo y las distintas crisis deben ser un estímulo para superarlas conjuntamente y encontrar formas novedosas de trabajo.

Estrategia Nacional para la Cooperación Eficaz y monitoreo periódico de la eficacia de la cooperación internacional: Las primeras dos rondas de monitoreo sobre el estado de la eficacia de la cooperación en Costa Rica hechas en el marco de los compromisos con la Alianza Global para la Cooperación Eficaz (AGPCE), mecanismo que se desprendió de los acuerdos de Busán, muestran que tenemos mucho por hacer. Un primer e importante paso ha sido ya dado.

La Dirección de Cooperación del MRREE impulsó una guía orientadora denominada Estrategia Nacional para la Cooperación Eficaz que brinda pistas valiosas de política pública para articular mejor la cooperación internacional que damos y que recibimos, para alinearla a los ODS mediante ciertos indicadores y a los estándares de la AGPCE.

Está pendiente ahora la tarea de operativizar esa guía, de involucrar a distintos actores en su consecución, de reunir a todos los actores bajo un mismo proyecto país y de mejorar la coordinación entre las distintas instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, de mejorar la transparencia, de optimizar los resultados versus los recursos empleados y de lograr cambios más transformadores y sostenibles. Será indudablemente pertinente abrirnos a nuevos esquemas colaborativos y, si es necesario, revisar el arsenal de normas, estructuras y políticas disponibles y, eventualmente también, mejorar esos marcos habilitantes.

Conclusión

El desarrollo sostenible en el siglo XXI comporta altísimas exigencias en el comportamiento de los individuos, grupos, sociedades, organizaciones, organismos internacionales, estados… De ello depende la supervivencia de todas las especies, incluida la humana, como la construcción de cimientos más sólidos para lograr una comunidad mundial más justa, más inclusiva y segura para todos. Los enormes desaf íos acumulados requieren movilizar un enorme compromiso de todos los sectores y hay que estar mejor preparados. Más que formas o recetas específicas de cooperación, lo esencial es que no se reduzca el espectro de los tipos de cooperación disponibles para países como el nuestro aún frágiles y sujetos a retrocesos y/o estancamientos. Ello no tiene por qué verse en términos de distracción de recursos hacia los más pobres. Aunque los recursos y el financiamiento deben siempre priorizarse, el ingenio no cuenta con límites para diseñar distintos modelos donde toda la gama de flujos de capital, reembolsable y no reembolsable, de conocimiento, de experiencia, de ciencia, de tecnología, de organizatividad, de instrumental…



40

pensables puedan ser articulados según las especificidades de cada país. Es menester entender que cada vez más debemos movernos a través de plataformas colaborativas e incluyentes de trabajo, alianzas multiactor, donde no se niegue ni invisibilice las desigualdades en los niveles de desarrollo, donde más bien se busque la reducción de esas brechas y los obstáculos más relevantes que tiene cada Estado. Bajo ese entendido, muchos interlocutores podrían ser invitados a aportar, según sus capacidades.

Existen tres retos mayores para países como Costa Rica cuya rectoría de cooperación está dividida ante modalidades de cooperación que no serán químicamente puras como antes y que pueden estar apuntando hacia mecanismos más sofisticados de partenariado. Lo primero es tener claro cuáles son los niveles de incidencia y roles que deben jugar los órganos involucrados en articulaciones más complejas. Lo segundo es precisamente cómo coordinar mejor y lograr mayores niveles de eficacia, de control sobre la cooperación y registro de los distintos flujos y recursos.

Finalmente, el tercer desaf ío es cómo lograr mantenerse atractivos como destino de la cooperación y cómo fortalecer la posición de oferente que aún no está plenamente consolidada. En fin de cuentas, es desde el propio Estado y desde su sociedad que deben trabajarse también reglas claras que vayan en ese sentido y allí los actores sociales están llamados a jugar, en el plano nacional e internacional, un papel clave. Muchas empresas con responsabilidad social ya se están sumando a esta dinámica; pero hay que ir más allá y por eso importantes coaliciones de empresas y de ONG´s están redefiniendo estrategias y compartiendo información. Los instrumentos de política que establezcan metas claras y los de medición con indicadores que nos permitan reflejarnos a todos en el grado de contribución a esos retos con enfoque transversal de Derechos Humanos e inclusividad y equidad, serán barómetros importantes para conocer cuánto avanzamos, cuáles escollos y distorsiones aún persisten. El que todos los actores se beneficien no es un pecado, debe ser un estímulo. El que unos se beneficien a costa de o desproporcionalmente más que otros, es algo de lo que no puede desatenderse el Estado.

Está por verse cuánto unos y otros contribuiremos a cambiar la matriz de producción y de consumo contaminante y energéticamente despreocupada; cuánto los estados más desarrollados, sus empresas y centros de investigación, apalancarán la transferencia de tecnología, de conocimiento, la inversión que genere empleo decente e inclusivo; cuánto esas actividades estimularán ciudades sostenibles; cuánto este sector será sensible a las señales que envíen otros sectores como la comunidad científica o la sociedad civil y el aparato público; cuánta movilización hacia arriba habrá de sectores tradicionalmente pobres, marginados y vulnerables; cuánto la innovación y la ciencia beneficie a los seres humanos de forma equitativa y generalizada.

La cooperación para el desarrollo sostenible será un motor incontestable de progreso integral y colectivo en la medida en que nos entendamos sobre su significado, en que no se convierta en un vehículo sesgado, en que responda pragmáticamente con equidad a las aspiraciones legítimas de unos y otros pero sobre todo a las aspiraciones comunes en la agenda global.



41

Los lazos entre la migración y el cambio climáticoMaritza Chan Valverde

1

ResumenEste artículo explora el posible impacto del cambio climático y de otros fenómenos ambientales sobre los flujos migratorios en la región y sus implicaciones para el desarrollo sostenible. Con frecuencia, desaf íos para el desarrollo como la pobreza, la desigualdad y la débil gobernanza de muchos países en desarrollo, exhiben también una gran vulnerabilidad al clima y a los desastres naturales. Estas dinámicas pueden conducir a poblaciones en exclusión social a migrar hacia otros países para asegurar su subsistencia. La evidencia científica apunta a que la migración por razones ambientales será cada vez más frecuente y que muchos de los Estados emisores y receptores cuentan aún con herramientas limitadas para garantizar la protección de los derechos humanos y la integridad de personas desplazadas a raíz del clima. El texto presenta las distintas herramientas de derecho internacional y recursos con las que cuentan los Estados para responder a esta nueva dinámica, asimismo, ofrece recomendaciones sobre cómo abordar el tema en futuras discusiones multilaterales.

Palabras clave: migración; cambio climático; desastres naturales; medio ambiente, derechos humanos.

AbstractThis article explores the possible impacts of climate change and other weather phenomenon on the global migration flows and their implications on sustainable development. Growth challenges such as poverty, inequality, and weak rule of law in developing countries are becoming increasingly vulnerable to the multiplying threats caused by climate and natural disasters. This dynamic could lead populations susceptible to social exclusion to relocate to other countries to ensure their survival. Scientific evidence suggests that environmental factors will play a major role in migration and that origin, transit and destination countries will not have the adequate tools to guarantee the protection of human rights and the integrity of displaced persons due to the climate related issues. The following argument presents a set of international human right tools and resources that inform States on how to better respond to this new reality and offers policy recommendations on how to approach the subject in upcoming multilateral discussions.

Key words: migration; climate change; natural disasters; environment, human rights.

Introducción

Los desplazamientos humanos han sido siempre una constante en la historia. Sin embargo, en décadas recientes la migración ha variado en intensidad, velocidad y en la diversidad de sus flujos. Nos enfrentamos a un fenómeno migratorio mundial, complejo y multicausal, con flujos con frecuencia asociados de forma estrecha a retos claves para el desarrollo sostenible. Aspectos como la pobreza, el crecimiento desigual, la inseguridad alimentaria, la violencia y el acceso limitado a educación de calidad y empleo decente interactúan entre sí y conducen a millones de personas a tomar la decisión de dejar cada año sus hogares en busca de mejores oportunidades.

Ante el dinamismo del fenómeno migratorio, la gestión integral de la migración se ha convertido en una prioridad internacional y es posible identificar esfuerzos multilaterales recientes en este ámbito. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó “La Declaración de Nueva York para los Migrantes y Refugiados”. El documento constituye un primer paso hacia la adopción de un modelo de gobernanza para una migración segura, regular y ordenada. La discusión multilateral que inició en ese momento culminó con la adopción de un Pacto Mundial sobre este tema en diciembre de 2018.

1 Maritza Chan es politóloga con una especialización en Gobierno de la Universidad de Georgetown. Diplomática de carrera, se encuentra destacada en la Embajada de Costa Rica en Washington DC, donde se encarga de los asuntos políticos y del medio ambiente.



42

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular parte del principio de responsabilidad compartida, es decir, del reconocimiento de que los Estados enfrentan retos comunes y se encuentran interconectados. Reconoce que una crisis migratoria en un país determinado puede impactar directa o indirectamente a toda la comunidad internacional. Un enfoque de responsabilidad compartida demanda, por tanto, de una respuesta integral a los desaf íos migratorios, que considere las necesidades y características particulares de Estados emisores, de tránsito y acogida de personas migrantes, facilitando el abordaje de las causas subyacentes de la migración. El Pacto contiene veinte tres objetivos enfocados a fortalecer la gobernanza migratoria en áreas estratégicas que incluye mejoras en la recolección y procesamiento de datos desagregados para el desarrollo de políticas públicas; el combate de los factores estructurales asociados a la migración en países de origen; la disponibilidad y flexibilidad de mecanismos para la migración regular, la lucha contra la xenofobia y la promoción de una integración plena y productiva de las personas migrantes en sus países de acogida. De hecho, bajo el objetivo 2: “Minimizar los conductores adversos y factores estructurales que obligan a las personas a dejar su país de origen”2, el Pacto aborda un problema central para el propósito de este artículo: los lazos entre la migración y el cambio climático. La relación entre la migración y los desastres naturales y la degradación ambiental en el contexto del cambio climático, es todavía un área en desarrollo. No obstante, cada vez es más evidente que fenómenos como la desertificación, la pérdida de zonas marítimas y el aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas, huracanes y otros desastres naturales amenazan la subsistencia de millones de personas y las empujan a desplazarse a lo interno de sus países o a través de fronteras internacionales en busca de protección y sustento.

En 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) advertía que el desplazamiento de millones de personas podría ser uno de las mayores consecuencias del cambio climático. Estos desplazamientos serían impulsados por desastres naturales, erosión de costas, inundaciones y disrupciones sustanciales en las industrias agrícolas.3 Tres décadas después, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que alrededor 200 millones de personas podrían convertirse en refugiados a causa del cambio climático para el año 2050.4 De estos, algunos estudios calculan que cerca de 17 millones de personas en América Latina (cerca del 2.6% de la población) podrían convertirse en “migrantes internos a raíz del clima” 5 y hasta 10.6 millones de migrantes a causa del clima podrían originarse en la región en el 2050.6

A pesar de la alta vulnerabilidad climática y del dinamismo migratorio de una región como Centroamérica, existen aún limitadas herramientas legales y administrativas a nivel global para asegurar la protección de personas desplazadas por desastres naturales o efectos progresivos del cambio climático. Algunos Estados han expresado –incluso- una reticencia a reconocer y abordar la discusión de los migrantes desplazados por el clima.

2 Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, Marrakech, 11 de diciembre de 2018, disponible desde Internet een: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

3 Deheza, Elisabeth y Mora Jorge, 2014; 20 de diciembre de 2018. Climate change, migration & security Best Practice Policy and Operational Options for Mexico. The Royal United Services Institute. [presentación en línea] Disponible desde Internet en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Elizabeth%20Deheza%20and%20Jorge%20Mora%20Presentation.pdf

4 European Parliament, 2019; 29 de enero de 2019. The concept of ‘climate refugee’ Towards a possible definition. [briefing en línea] Disponible desde Internet en: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/maritza/FMfcgxwBVqSSmvpBbgLtxPdplcjrPVzn?projector=1&messagePartId=0.1

5 Banco Mundial; 2018; 6 de diciembre de 2018. Groundswell Policy Note #3: Internal climate migration in Latin America. [informe en línea] Disponible desde Internet en: http://documents.worldbank.org/curated/en/983921522304806221/pdf/124724-BRI-PUBLIC-NEWSERIES-Groundswell-note-PN3.pdf

6 Ibídem.



43

El presente artículo intenta visibilizar la discusión actual sobre migración asociada al cambio climático, así como la necesidad de flexibilizar y ajustar paradigmas tradicionales para la gestión de la migración, de modo tal que tanto los Estados como la comunidad internacional como un todo, puedan responder de manera efectiva este fenómeno.

El texto se estructura en cinco secciones.

La primera sección presenta algunos conceptos fundamentales para encuadrar la discusión. La segunda sección analiza la relevancia de la migración asociada al cambio climático para el desarrollo sostenible. La tercera sección describe algunos de los posibles efectos del cambio climático sobre la migración, particularmente en la región centroamericana.

La cuarta sección lista los instrumentos y herramientas legales disponibles para la gestión de migración asociada al clima, incluyendo el recién aprobado Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada. En este apartado, se analiza la capacidad del Pacto Mundial para brindar protección a las personas migrantes desplazadas por desastres naturales y por los efectos del cambio climático, garantizando el respeto pleno de sus derechos.

Por último, la quinta sección presenta una serie de recomendaciones y conclusiones para la incorporación y el abordaje de la migración asociada al clima en las discusiones nacionales, regionales e internacionales sobre migración.

I. Algunas definiciones

El abordaje integral de la migración asociada al cambio climático debe partir de conceptos y definiciones comunes que nos permitan enmarcar la discusión, construir propuestas y operacionalizar políticas a partir de términos consensuados por la comunidad internacional.

Entre estos conceptos se incluyen los siguientes: “migración”, “cambio climático”, así como la distinción entre personas “migrantes”, “refugiadas” y “desplazadas”. Como se explicará más adelante, es fundamental utilizar adecuadamente los conceptos de refugiado y migrantes climáticos, eligiendo el término que facilite la mayor protección de personas en condición de vulnerabilidad.

Entendemos por cambio climático, el fenómeno “que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que sumado a otra variabilidad climática natural que ha sido observado en periodos de tiempo comparables”. 7 Por su parte, la migración es “el movimiento de personas o de un grupo de personas ya sea a través que de una frontera internacional o dentro de un Estado. Es un movimiento de población que comprende cualquier tipo de movimiento de personas, sin importar su duración, composición o causas”. 8 Este término incluye la migración de refugiados, así como a las personas desplazadas, a los migrantes económicos y a personas que migran por otras razones.

¿Cómo interactúan estos dos fenómenos y cuáles son las características que distinguen a personas que son desplazadas por temas ambientales de otros migrantes y refugiados? ¿Cuáles términos reflejan de mejor forma las características de este grupo de migrantes?

7 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Nueva York, 9 de mayo de 1992, disponible desde Internet en: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

8 OIM, Glossary on Migration. Ginebra, [OIM], 2011, 62-63.



44

El término de “refugiados ambientales” fue acuñado en 1985 por el experto Essam El-Hinnawi del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), quien definió a este grupo como “personas que han sido obligadas a abandonar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente por una disrupción ambiental considerable que pone en peligro su existencia o que seriamente impactan su calidad de vida”. 9 En ese momento, el concepto reflejaba las preocupaciones de la comunidad internacional sobre los posibles impactos del deterioro ambiental en los procesos migratorios. Desde entonces se han generado discusiones sobre la conveniencia técnica y jurídica de utilizar el término “refugiado” para referirse a personas desplazadas a raíz de desastres naturales o de los efectos del cambio climático.

El término “refugiado” tiene un significado muy específico bajo la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Implica un “temor fundado de ser perseguido” 10 por razones de sexo, edad, religión y afiliación política, entre otros. Esta definición excluye, por tanto, las situaciones de desplazamiento a raíz de factores ambientales. Múltiples expertos coinciden en que reabrir un proceso para modificar la Convención de 1951 carece de voluntad política y podría poner en riesgo lo alcanzado hasta la fecha. Lo anterior es aún más evidente en la actual ola de sentimientos fascistas y xenófobos, por lo que la renegociación de este instrumento podría abrir peligrosos portillos para limitar la protección ya ofrecida a personas refugiadas.

Debido a los obstáculos existentes para ampliar la definición actual, la OIM ha promovido en su lugar el término de “migrantes ambientales”. Los migrantes ambientales son “personas o grupos de personas que, por razones repentinas o cambios progresivos en el ambiente que impactan negativamente las vidas y las condiciones de vida, están obligados a dejar sus hogares o eligen hacerlo, ya sea temporal o permanentemente y que se desplazan ya sea a lo interno del país o afuera”.11

Es importante destacar que la OIM reconoce la existencia de tres tipos o causales distintos de migración ambiental: i) la inducida por un desastre natural repentino como el Huracán Mitch en 1998 en Honduras y en menor medida en Nicaragua; ii) la causada por degradación ambiental progresiva como el acceso limitado a agua y los pobres rendimientos del suelo en la franja del corredor seco centroamericano, y iii) la que se realiza para evitar futuras amenazas producidas por el clima como ocurrirá con mayor frecuencia en zonas con alta vulnerabilidad climática.12 Esta migración puede presentarse de distintas maneras. Puede darse de forma planificada o espontánea, puede ser forzada o voluntaria y puede involucrar a un solo individuo, a una familia o, en algunos casos, a comunidades enteras. Los desplazamientos pueden darse a lo interno de los países o trascender las fronteras internacionales.

Estos desplazamientos también pueden desarrollarse de forma segura, regular y ordenada o pueden llevarse a cabo de manera irregular, incrementando de forma considerable los riesgos para las personas migrantes.

9 El-Hinnawi, Essam. Environmental Refugees. Nairobi, [United Nations Environmental Program], 1985, 41.

10 Convención sobre el estatuto de los refugiados, Ginebra, 28 de julio de 1951, disponible desde Internet e: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf

11 OIM, 2007; 3 de enero de 2019. Migration and the Environment MC/INF/288, prepared for the Ninety-fourth Session of the IOM Council, 27–30 November 2007, Geneva. [nota de discusión en línea] Disponible desde internet en: https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/MC_INF_288.pdf

12 Stanish, James, 2017; 16 de diciembre de 2018. Environmental Migrants: Considerations for the U.S. Government. [nota de discusión en línea] Disponibles desde internet en: https://www.eesi.org/papers/view/issue-brief-environmental-migrants-considerations-for-the-u.s.-government



45

Ante este amplio escenario de posibles situaciones migratorias, los migrantes ambientales podrían parecerse más a migrantes económicos que a personas refugiadas.13 En este sentido, todas estas situaciones son acompañadas de características y necesidades de protección específicas que deben ser atendidas por los Estados desde una perspectiva de responsabilidad compartida y un enfoque de derechos.

Aun cuando algunos autores favorecen el uso del concepto “migrante ambiental”, también reconocen que en algunos casos la utilización del término “migrante” podría invisibilizar los motivos de fuerza mayor que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen. Por tanto, se debe aclarar que la utilización de este término no rechaza el carácter “forzado” de algunos de estos desplazamientos humanos. Se sugiere incluso utilizar el concepto de “persona desplazada por el clima o por razones ambientales”,14 cuando se busque enfatizar la naturaleza forzada de los desplazamientos por razones ambientales.

La evidencia sugiere que la mayoría de migrantes por razones ambientales se desplazan internamente y de forma temporal, por lo que estos desplazamientos podrán adquirir un carácter más internacional y permanente conforme se intensifican y aceleran los eventos asociados al cambio climático o la frecuencia de algunos desastres naturales. Por ende, la comunidad internacional debe prepararse para hacer frente a patrones cambiantes de los flujos migratorios asociados a factores ambientales y buscar soluciones integrales a este fenómeno.

II. Migración asociada al cambio climático

Millones de migrantes ambientales se ven forzados a migrar cuando la situación de su comunidad o región amenaza su capacidad de satisfacer necesidades básicas y, en muchos casos, su derecho a la vida. Al tratarse de un fenómeno multicausal, las condiciones demográficas, sociales, políticas y económicas de las comunidades y países de origen con frecuencia desempeñan un rol en la decisión de las personas de migrar, voluntaria o involuntariamente. Al respecto, Bailey y Bryant han desarrollado el concepto de “ambientes politizados”,15 según el cual los costos y beneficios del cambio ambiental se distribuyen de manera desigual entre los miembros de una sociedad.

Esta desigualdad implica que las personas pobres y los países en vías de desarrollo; en particular, niños, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y otras minorías, están más expuestos a choques ambientales. Según el IPCC, las poblaciones en situación de desventaja tienen mayor riesgo de sufrir las condiciones adversas de un calentamiento global. Al mismo tiempo, la pobreza y la vulnerabilidad de algunas poblaciones aumentarán conforme la temperatura global aumenta.16 Las poblaciones vulnerables estarán también más expuestas a cambios y choques climáticos, incluyendo enfermedades transmisibles por el agua, enfermedades vectoriales, pestes y pérdidas de cosechas.17 No son muchas entonces las posibilidades de que dichas poblaciones puedan desatar el nudo gordiano de la pobreza y la pobreza extrema.

13 Martin, Susan, 2010; 22 de enero de 2019. Climate Change and International Migration. The German Marshall Fund of the United States. [estudio en línea] Disponible desde Internet en: www.gmfus.org/file/2295/download


15 Bailey, Sinead y Bryant, Raymond, Third world political ecology-2nd edition. Nueva York [Routledge,] 2003, 26.

16 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Global Warming of 1.5 °C: Summary for Policy Makers. Suiza [Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático] 2019, 3-26.

17 Hallegate, Stephane et al., Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington D.C. [Banco Mundial], 2016, 1-3.



46

Además, la existencia de recursos muy limitados, ya presente en muchas comunidades y poblaciones vulnerables, se acentúa en el contexto de degradación ambiental o de desastres naturales. Estos fenómenos colocan mayor presión sobre recursos como el agua y los alimentos, así como sobre la seguridad y estabilidad de una comunidad o región.18 De igual forma, los efectos del cambio climático pueden traducirse en importantes pérdidas económicas para pequeños agricultores a raíz de extensos periodos de sequía e inundaciones más intensas y frecuentes. En suma, las personas de regiones más afectadas enfrentarán mayores obstáculos para satisfacer sus necesidades básicas y vivir de forma sostenible en sus comunidades de origen, recurriendo a estrategias como la migración internacional y los desplazamientos internos para gestionar sus necesidades.

A pesar de que la complejidad de los fenómenos migratorios y de sus causas subyacentes dificultan el establecimiento de relaciones causales directas entre migración y cambio climático y degradación ambiental, Walter Kälin, ex Representante para los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas, y Nina Schrepfer de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), han identificado cuatro factores ambientales de relevancia que contribuyen a magnificar los desplazamientos de población en contextos de deterioro ambiental; a saber: i) la reducción de agua disponible; ii) bajos rendimientos en cosechas; iii) riesgos de inundaciones y tormentas, y iv) los efectos negativos sobre la salud (especialmente sobre los personas pobres, adultos mayores, jóvenes y otras poblaciones vulnerables).19

El monitoreo y la respuesta efectiva a estos factores podría contribuir de forma significativa a la prevención y reducción de los impactos negativos de la migración asociada al clima. Otro aspecto importante de considerar es el efecto del cambio climático y los desastres naturales sobre los recursos y capacidades de los Estados para ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los desastres naturales que azotaron América Latina y el Caribe entre 1980 y 2016 causaron pérdidas por USD$ 282 miles de millones, que promedian una pérdida de USD$1.2 millones cada hora.20 El costo anual de estos desastres en la región equivale a seis veces el PIB de un país como Belice. Sin duda, la ausencia de estrategias de mitigación y prevención de desastres, así como la débil infraestructura y gobernanza de muchos países en desarrollo contribuyen a que se produzcan pérdidas aún mayores frente a eventos naturales como un huracán. Estos fenómenos tienen un mayor impacto sobre la economía de los países en vías de desarrollo e implican que los procesos de recuperación serán aún más lentos y onerosos para estos Estados. Es decir, en pocos días, un desastre puede borrar años de inversión y esfuerzos en programas para mejorar la calidad de vida de la población.

El efecto cíclico y vicioso entre bajos índices de desarrollo y el deterioro ambiental también ha sido corroborado por diferentes estudios. En este ciclo, los factores ambientales se conjugan con aspectos políticos, económicos y demográficos que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones y regiones más vulnerables y desfavorecidas.

Al ser impactados por desastres naturales o inducidos por el ser humano, estos grupos sufren mayoritariamente las consecuencias del daño ambiental y estos desastres demandan del Estado recursos significativos. Con frecuencia, los recursos son limitados debido a las bajas condiciones de desarrollo del Estado, que además se ven seriamente

18 Deheza, E. y Mora J., 2014; 20 de diciembre de 2018. Climate change, migration & security Best Practice Policy and Operational Options for Mexico. The Royal United Services Institute. [presentación en línea] Disponible desde Internet en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Elizabeth%20Deheza%20and%20Jorge%20Mora%20Presentation.pdf


20 Guerrero, R. 2018, 5 de enero de 2019; Seven things you need to know about disasters in Latin America and the Caribbean. Banco Interamericano de Desarrollo, Blog Let’s Talk About Sustainability and Climate Change. [entrada de blog en línea] Disponible desde Internet en: https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/seven-things-you-need-to-know-about-disasters-in-latin-america-and-the-caribbean/



47

perjudicadas por el impacto de fenómenos naturales sobre la economía y el desarrollo de los países. Un círculo que se repite cada vez más rápido gracias al cambio climático.

No obstante, es importante destacar que, aunque es probable que los desplazamientos humanos a raíz del cambio climático serán más frecuentes, la realidad distará mucho de las imágenes de éxodos masivos que han difundido algunos medios de comunicación. La mayoría de desplazamientos asociados al clima se producirán a lo interno de los países y de forma gradual.21 Por lo que, gestionada de forma adecuada, este tipo de migración podría constituirse en una estrategia de adaptación al cambio climático y generar consecuencias positivas en los países de origen y de acogida. De la misma forma, resulta evidente que la prevención y reducción de los efectos nocivos del cambio climático deberá ir acompañada de políticas de desarrollo eficientes, que desarrollen la resiliencia de aquellos más vulnerables y que incorporen la mitigación de los efectos del cambio climático como un eje transversal.

III. Efectos del cambio climático en la regiónEntre 2008 y 2018, un promedio de 22.5 millones de personas fueron desplazadas cada año a raíz del clima o desastres.22 La región Centroamérica no escapa a esta dinámica. Aunque es dif ícil obtener datos concisos sobre la cantidad de personas migrantes y desplazadas directamente por el clima, los países centroamericanos se encuentran entre los más vulnerables a desastres naturales y a los efectos del cambio climático.

De acuerdo con el World Risk Index de 2016, cuatro países de la región; a saber, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, están en la lista de los quince países con mayor riesgo de quedar devastados a causa de desastres naturales.23 Por su parte, Honduras se sitúa como el segundo país más afectado por desastres naturales para el periodo 1998-2017 según el Índice de Riesgo Climático compilado por la organización no gubernamental Germanwatch.24

En la actualidad, esta organización sitúa a Honduras y a Nicaragua entre los diez territorios más vulnerables al cambio climático. Dicha clasificación se vincula con factores de vulnerabilidad identificados por la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre las que se encuentra la combinación de largas costas y tierras bajas, así como la presencia de sequías, ciclones, lluvias intensas y del fenómeno de El Niño.25

El IPCC también ha señalado en múltiples ocasiones los potenciales impactos del cambio climático sobre la región, que pueden traer consigo fuertes implicaciones para las migraciones internas e internacionales. Por ejemplo, el quinto informe del IPCC advirtió sobre retrasos considerables de la estación lluviosa y mayores irregularidades en la caída de lluvias. 26 Además, se alertó sobre el posible incremento de temperaturas.

21 Kaenzig, Raoul y Piguet, Etienne “Migration and Climate Change in Latin America and the Caribbean”. People on the Move in a Changing Climate : The Regional Impact of Environmental Change on Migration, 2 (2014), 155-176.

22 Consejo de Derecho Humanos, 2018; 6 de febrero de 2019. Summary of the panel discussion on human rights, climate change, migrants and persons displaced across international borders, 26 de febrero-23 de marzo de 2018, Ginebra. [resumen de discusión en línea] Disponible desde internet en: https://reliefweb.int/report/world/summary-panel-discussion-human-rights-climate-change-migrants-and-persons-displaced

23 CNN en Español, 2016; 28 de enero de 2019. Estos países tienen el mayor riesgo de quedar devastados por un desastre natural. [artículo en línea] Disponible desde internet en: https://cnnespanol.cnn.com/2016/04/26/estos-paises-tienen-el-mayor-riesgo-de-quedar-devastados-por-un-desastre-natural/

24 German Watch, 2018; 28 de enero de 2019. Índice de Riesgo Climático Global 2019. [informe en línea] Disponible desde internet en: https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Indice%20de%20Riesgo%20Climatico%20Global%202019%20-%20Resumen_0.pdf

25 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Nueva York, 9 de mayo de 1992, disponible desde Internet en: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

26 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Suiza [Cambridge University Press,] 2012.



48

Al confluir todos estos efectos adversos, las probabilidades de que se agravarán los problemas políticos y socioeconómicos de la región que inciden sobre la migración, incluyendo amenazas a la salud, a la seguridad alimentaria, así como sobre la capacidad de satisfacer necesidades básicas, son muchas. De igual forma, procesos de degradación ambiental más lentos como el aumento de los mares, la destrucción o desaparición de fuentes de agua potable, la erosión y la desertificación, contribuyen a los desplazamientos humanos en el istmo.

Otras consecuencias previstas por el IPCC incluyen el aumento de la fuerza de huracanes que afectan el Mar Caribe, así como de las inundaciones y deslizamientos de tierra asociados. Así, se estima que la población expuesta a inundaciones en todo el mundo podría aumentar entre un 4 y un 15% para el año 2030.27

Se prevé también una mayor escasez de agua por sequías más prolongadas y frecuentes. Los estudios considerarán que los días de sequía habrán aumentado en más de un 20% a nivel mundial, mientras que las personas expuestas a sequías crecerán entre un 9 y 17% para el 2030, y entre un 50 y un 90% para el 2080. Este cambio tendrá efectos negativos para economías dependientes de la agricultura.28

En el caso de Centroamérica, se calcula que cerca de un tercio de los empleos en la región, están ligados a la agricultura,29 por lo que cualquier afectación a esta actividad tendrá consecuencias graves e inmediatas sobre el desarrollo de la región y sobre el bienestar de su población. La evidencia empírica y los testimonios de migrantes centroamericanos sugieren que los pequeños agricultores ya están sufriendo cambios en el clima; entre ellos, una reducción considerable en los rendimientos de cosechas y en sus ingresos. 30

En los últimos quince años, las temperaturas en Centroamérica y el Caribe se han elevado entre 0.5 y 1 grado Celsius,31 una tendencia que continuará en los próximos años. Mayores temperaturas aumentarán las probabilidades de migración externa e interna.32 Los expertos anticipan también la mayor presencia de enfermedades vectoriales como consecuencia del aumento de temperaturas, entre ellas la malaria y el dengue.33

La confluencia de estos efectos conducirá a un incremento en los desplazamientos de la región y de la “migración de emergencia”34, tal y como lo atestiguan los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de la ONU y el Consejo de Refugiados Noruegos, que sitúan a los desastres naturales como la principal causa detrás de este tipode movimientos.35

Aun cuando América Latina, y de forma específica, Centroamérica, ha sufrido durante muchos años los efectos

27 Hallegate, Stephane et al., Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington D.C. [Banco Mundial], 2016, 6

28 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Suiza [Cambridge University Press,] 2012.

29 The Guardian, 2018; 03 de febrero de 2019. The unseen driver behind the migrant caravan: climate change. [artículo en línea Disponible desde Internet en: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/30/migrant-caravan-causes-climate-change-central-america

30 Ibídem

31 Kaenzig, Raoul y Piguet, Etienne “Migration and Climate Change in Latin America and the Caribbean”. People on the Move in a Changing Climate : The Regional Impact of Environmental Change on Migration, 2 (2014), 155-176.

32 Deheza, E. y Mora J., 2014; 20 de diciembre de 2018. Climate change, migration & security Best Practice Policy and Operational Options for Mexico. The Royal United Services Institute. [presentación en línea] Disponible desde Internet en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Elizabeth%20Deheza%20and%20Jorge%20Mora%20Presentation.pdf

33 Hallegate, Stephane et al., Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington D.C. [Banco Mundial], 2016, 120-125.

34 De H-aan, Arjan. “Migration and livelihoods in historical perspectives: A case study of Bihar, India”. Journal of Development Studies, 38, 5 (2002),115-142.




49

adversos del clima, es probable que esta experiencia se acreciente en las próximas décadas y que sus consecuencias negativas conduzcan a las personas a migrar como estrategia para lidiar con un ambiente cada vez más hostil. Ante este panorama, es indispensable revisar las herramientas y marcos legales disponibles para asegurar la protección efectiva de las personas desplazadas por el cambio climático y la degradación del medio ambiente.

IV. Marco legal para la protección de migrantes ambientales y personas desplazadas por el climaExisten distintos instrumentos internacionales suscritos para la protección a migrantes ambientales, aunque en muchos casos la respuesta ofrecida a esta población y a sus necesidades es aún bastante limitada.

Uno de los principales desaf íos en la materia es que no existe una definición universalmente aceptada o reconocida para las personas desplazadas por motivos ambientales, ni un tratado o convención específico sobre el tema. Por lo tanto, en muchos casos, existen problemas para identificar a migrantes ambientales e implementar medidas adecuadas para su protección. En muchos casos el reconocimiento de esta condición y la facilitación de procesos para regularizar el estatus migratorio de personas desplazadas está sujeto en muchos casos a la buena voluntad de los Estados, quienes, con frecuencia, no distinguen entre este tipo de desplazados y otros tipos de migrantes irregulares.

La situación de los migrantes motivados por el deterioro lento del ambiente, en casos como la desertificación o el aumento del nivel de mar, es todavía más compleja que la de alguien desplazada por un evento concreto como terremoto o un huracán.

A pesar de estas dificultades, si se considera como objetivo principal la integridad y el bienestar de las personas migrantes o desplazadas y sus necesidades de protección, es posible identificar algunos acuerdos e instrumentos útiles, aunque estos se encuentren dispersos y persista algunos vacíos importantes.36 A continuación se describirán algunos de estas herramientas.

En primer lugar, la protección de todas las personas migrantes y desplazadas, incluyendo a aquellas movilizadas por factores ambientales, está consagrada en el derecho -internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros pactos convenciones derechos humanos obligan a los Estados a respetar los principios de no discriminación y el derecho a la vida y a la integridad de las personas, sin importar su estatus migratorio o país de origen.

En segundo lugar, el derecho internacional humanitario también es aplicable en el contexto de desplazamientos ambientales, como la aplicación de principios de imparcialidad y humanidad en la implementación de respuestas a situaciones de emergencia. De igual forma, podrían introducir obstáculos para la expulsión de personas en alta vulnerabilidad bajo el “principio de no devolución”. El sistema de Naciones Unidas también ha generado lineamientos y buenas prácticas con relación a personas desplazadas, que contemplan estándares legales que balancean el deber de proteger con la discrecionalidad de los Estados para implementar estos principios.

Ya que el derecho en materia de desplazamientos se encuentra aún en desarrollo, los mecanismos de protección de derechos humanos también podrían desempeñar un rol para generar nueva jurisprudencia y estándares de protección para migrantes ambientales. En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podría desempeñar un rol significativo para la producción de lineamientos, el monitoreo de actuaciones estatales, el desarrollo de audiencias y la implementación de medidas cautelares y criterios37 para hacer valer los derechos de personas desplazadas por cambio climático.

36 OIM, IOM Outlook On Migration, Environment and Climate Change. Ginebra, [OIM,] 2014, 27-33.

37 Consejo de Derecho Humanos, 2018; 6 de febrero de 2019. Summary of the panel discussion on human rights, climate change, migrants and persons displaced across international borders, 26 de febrero-23 de marzo de 2018, Ginebra. [resumen de discusión en línea] Disponible desde internet en: https://reliefweb.int/report/world/summary-panel-discussion-human-rights-climate-change-migrants-and-persons-displaced



50

En cuanto a instrumentos específicos para la migración, un referente importante es la Declaración de Nueva York para Migrantes y Refugiados, adoptada el 19 de septiembre de 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El documento incluye entre sus propósitos “mitigar los factores adversos y estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de subsistencia sostenibles en sus países de origen”.38 No obstante, el texto no sugiere acciones concretas en este sentido.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada abordó el desaf ío de la migración asociada al cambio climático, estipulando como meta en su preámbulo reducir los factores que impulsan la migración y reconociendo los cambios ambientales que enfrentan muchas sociedades que pueden resultar en flujos migratorios.39 Los Estados Parte asumen también el compromiso de velar por la existencia de condiciones ambientales adecuadas para vivir vidas pacíficas, productivas y sostenibles. Para ello, promueven la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París y del Marco de Sendai para la Reducción de Desastres Naturales. Se busca, además, el desarrollo de estrategias de adaptación y resiliencia para fenómenos naturales repentinos y graduales, así como para los efectos adversos del cambio climático y de la degradación ambiental.

Otro ámbito importante del Pacto Mundial es el objetivo de integrar las consideraciones sobre desplazamientos en las estrategias de preparación de desastres, promoviendo la cooperación con países vecinos. Finalmente, el texto propone desarrollar enfoques coherentes para abordar los retos de flujos migratorios en el contexto de desastres naturales súbitos y de lenta evolución.

Con respecto a instrumentos ambientales, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Declaración de Estocolmo), en su principio 1, describe el derecho de cada individuo a contar con “condiciones de vida adecuadas” y a un “ambiente de calidad”.40 Este principio reconoce el derecho humano al medio ambiente de calidad, así como su relación con otros derechos humanos. La Declaración sienta bases entonces para justificar acciones para asegurar la protección del medio ambiente y a generar medidas adecuadas de protección cuando se presenten daños ambientales.

Por su parte, el Acuerdo de París hace referencia a aspectos importantes de la movilidad humana. En su preámbulo, solicita a los Estados parte respetar, promover y valorar sus obligaciones con las personas migrantes cuando tomen acciones para abordar el cambio climático.41 De la misma forma, se subraya la importancia de la resiliencia y de la sostenibilidad de los medios de subsistencia, dos aspectos de gran relevancia para analizar el impacto del cambio climático sobre los desplazamientos.

Las políticas públicas han sido en ocasiones lentas para responder a esta nueva forma de desplazamientos. Sin embargo, algunos países han adoptado políticas específicas para personas cuyos países de origen han sufrido desastres naturales o eventualidades significativas, pero con la particularidad de que estas iniciativas son en muchos casos mecanismos ad hoc y están principalmente enfocadas en diferir la deportación de personas afectadas por desastres.42

En el caso de Estados Unidos, en 1990 desarrolló legislación especial para proveer refugio a personas que “temporalmente son incapaces de regresar de forma segura a su país de origen debido a un conflicto armado, un

38 Declaración de Nueva York para los Migrantes y Refugiados, Nueva York, 19 de septiembre de 2019, disponible desde Internet en: https://undocs.org/es/A/71/L.1

39 Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, Marrakech, 11 de diciembre de 2018, disponible en: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

40 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 16 de junio de 1972. Disponible desde Internet en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf

41 Acuerdo de París, París, 12 de diciembre de 2015; Disponible desde Internet en: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf




51

desastre ambiental u otras circunstancias extraordinarias o temporales”.43 El estado de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) se encuentra actualmente vigente por distintas razones para ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua y Haití, a pesar de recientes esfuerzos para suspenderlos.44 Esta medida es una estrategia interesante para facilitar la regularización de personas extranjeras en el país de origen; empero, presenta algunos obstáculos. En primera instancia, las personas deben encontrarse f ísicamente en Estados Unidos en el momento del desastre y, por otro lado, no asigna una categoría especial a personas desplazadas por procesos de deterioro ambiental más lentos.

La OIM también ha identificado buenas prácticas en Suecia y Finlandia, donde -de cierta forma- han incorporado la migración ambiental en sus políticas migratorias45. Suecia reconoce los desastres ambientales como uno de los requisitos para solicitar protección o asilo, sin que la persona sea catalogada como refugiada. Esta figura podría ofrecer mayor flexibilidad que los TPS, pero también está sujeta a mejoras, por ejemplo, el desarrollo de lineamientos que permitan interpretar de forma amplia el concepto de desastre natural.

Es probable que la migración por motivos ambientales se desarrolle aún más en las próximas décadas y estos desplazamientos ocurrirán de forma voluntaria o forzada y de forma regular o irregular. Una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos es la mejor forma de proteger a las personas desplazadas. Dicha respuesta implica al menos cuatro elementos: i) prevención y promoción del desarrollo en los países de origen; ii) compromiso con la reducción de las emisiones y la mitigación del cambio climático; ii) más y mejores mecanismos para facilitar la movilidad temporal o permanente de migrantes ambientales en casos en que los desplazamientos no puedan ser prevenidos y, iv) instrumentos internacionales y regulaciones nacionales para cada uno de los tres primeros elementos.

V. Conclusiones y recomendaciones

Con base en la información presentada en este artículo se enumeran a continuación algunas conclusiones y recomendaciones para el abordaje de las migraciones asociadas a factores ambientales.

En primer lugar, la migración es un tema central para el desarrollo sostenible. La gestión ordenada, segura y responsable de la migración desde un enfoque de derechos ha sido el sujeto de creciente interés por parte de algunos Estados, como Costa Rica, organismos multilaterales y sistemas regionales, que han promovido la investigación en el área, la adopción de importantes instrumentos, así como el monitoreo y el seguimiento de recomendaciones para el abordaje integral de este fenómeno.

En cuanto a la migración ambiental, ésta será una de las crecientes tendencias que influirá los flujos migratorios en las próximas décadas y las discusiones sobre cómo hacer frente a este fenómeno son aún incipientes.

Según el World Risk Index de 2016, cuatro países de Centroamérica; a saber, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, están en la lista de los quince países con mayor riesgo de quedar devastados a causa de desastres naturales. A esta propensión, debemos aunar dos factores adicionales asociadas al cambio climático: una mayor escasez de agua por sequías más prolongadas y frecuentes y el aumento en las temperaturas regionales.

El grave impacto del cambio en la agricultura regional es ya palpable, con una reducción considerable en los rendimientos de cosechas y en los ingresos de nuestros agricultores. Por su parte, el aumento de temperaturas conlleva, entre otras consecuencias, el aumento de enfermedades vectoriales como la malaria y el dengue. Todos

43 Ibídem.

44 U.S. Citizenship and Immigration Services. Temporary Protected Status. [página en línea] Disponible desde Internet en: https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status




52

estos factores, sumados a la debilidad del Estado y de sus instituciones en la región, prevén un incremento en los desplazamientos y de la “migración de emergencia”; en especial, de los grupos más vulnerables. Dichos desplazamientos suelen ser al interno de los países y de manera temporal, pero de intensificarse los eventos asociados al cambio climático o la frecuencia de los desastres naturales, podrán trascender las fronteras nacionales y adquirir un carácter permanente.

Ante este escenario, la migración y los desplazamientos internos se presentarán como una forma de adaptación para reducir los impactos negativos de cambios ambientales. Sin embargo, a nivel global, las herramientas para asegurar la protección de personas desplazadas por desastres naturales o efectos progresivos del cambio climático, continúan siendo pocas o, bien, muy limitadas.

Aunque no existen instrumentos específicos, ni una definición legal de “migrantes ambientales” o “personas desplazadas por el clima”, el derecho internacional de derechos humanos, el derecho humanitario y los instrumentos especiales para temas migratorios y ambientales ofrecen principios y recursos que pueden ser aplicados para la protección de este grupo de personas. Algunos Estados han adoptado políticas específicas para personas cuyos países de origen han sufrido desastres naturales, como es el caso de los Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), para ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. El TPS facilita la regularización de personas extranjeras que se encontraban en suelo estadounidense al momento del desastre. Países nórdicos, como Suecia y Finlandia, también han incorporado la migración ambiental en sus políticas migratorias. Empero, nos entramos ante mecanismos ad hoc enfocados en diferir la deportación de personas afectadas por desastres y no en proveer soluciones definitivas. Sin distinción del estatus migratorio del individuo o de su país de origen, los Estados tienen obligaciones irrenunciables de resguardar la vida, la integridad y la dignidad de las personas migrantes y desplazadas.

Existe una necesidad de mayor cooperación entre Estados para un abordaje conjunto e integral de los fenómenos migratorios asociados al clima, dado el carácter transnacional de muchos desastres naturales y procesos de degradación ambiental. Las políticas deben priorizar también aspectos de prevención y desarrollar la resiliencia de comunidades vulnerables para hacer frente a los cambios ambientales.

Del mismo modo, se debe trabajar para mejorar la gobernanza y las condiciones de desarrollo de los países y comunidades de origen con el fin de combatir los factores estructurales y las desigualdades que propician la migración irregular.

A nivel del Estado, es importante considerar el desarrollo de marcos normativos y regulatorios más flexibles que permitan la movilidad regular, temporal o permanente y el reasentamiento de personas afectadas por desastres naturales para garantizar un trato humanitario y reducir los riesgos asociados a la migración irregular, considerando de forma especial a las poblaciones más vulnerables.

El desarrollo de estas nuevas políticas y medidas de protección deben ser el resultado de un diálogo interinstitucional en el que intervengan tanto autoridades migratorias como ambientales, de relaciones exteriores y del sector social.

La nueva Red de Migración de las Naciones Unidas, así como el Foro Global de Migración y Desarrollo, ofrecen un espacio flexible y amplio para este tipo de diálogos, intercambios y creación de consensos.

Por último, los Estados deben asumir la discusión, creación e implementación de políticas migratorias de forma tal que promueva estándares de protección y reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y sus familias acordes a sus necesidades de protección especial. Una respuesta restrictiva, de fronteras cerradas, solo contribuirá a aumentar los riesgos para las personas migrantes y a reducir las oportunidades potenciales y beneficios de la migración, segura regular y ordenada.



53

Migración y Derechos Humanos

Michel Chartier Fuscaldo1

Resumen

El presente ensayo procura establecer algunas relaciones existentes entre los ODS y su Agenda 2030, con el Pacto de Marraquech o Pacto Mundial sobre Migración, suscrito en Marruecos en diciembre del 2018. Asimismo, se pretende establecer la relación que puede existir entre estas orientaciones internacionales, con la normativa nacional en materia migratoria y los compromisos nacionales que Costa Rica ha adquirido en materia migratoria. Lo anterior, para buscar de manera transversal, la parte esencial del artículo y es tratar de identificar la salvaguarda en toda esta normativa, de los Derechos Fundamentales.

Palabras clave: Derechos Humanos, Migración, Pacto Mundial sobre Migración, ODS, Política Migratoria.

Abstract

The present article intends to establish some existing links between the SDG´s and its 2030 Agenda, with de Global Compact on Migration, GCM, or Marrakech Agreement, signed in December 2018. It also intends to establish the possible links betweenthese international guidelines and the national legislation and engagements of Costa Rica in this matter. This, to find in a transversal way, the essence of this article, which is how to protect in the middle of it all, the Human Basic Rights.

Key words: Human Rights, Migration, Global Compact on Migration, SDG, Migration Policy.

Nocturno sin patria

Ni un cuchillo ni un rifle para nadie:

la tierra es para todos,

como el aire.

Me gustaría tener manos enormes,

violentas y salvajes,

para arrancar fronteras una a una

y dejar de frontera solo el aire.

Que nadie tenga tierra

como tiene traje:

que todos tengan tierra

como tienen el aire.

1 El autor es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y máster en Política Internacional (CERIS-Paris Sud). Es diplomático de carrera con el rango de Consejero. Actualmente se desempeña en el Área de Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.



54

Cogería las guerras de la punta

y no dejaría una en el paisaje

y abriría la tierra para todos

como si fuera el aire…

Que el aire no es de nadie, nadie, nadie…

Y todos tienen su parcela de aire.

Poesía de Jorge de Bravo

Introducción

Uno de los temas de mayor actualidad en nuestro planeta, es el fenómeno de las migraciones, que como parte de la acelerada globalización, se ha incrementado, en buena medida también por las expectativas que los medios y las redes sociales venden del Dorado Americano o Europeo u otros, donde se presentan estas sociedades como el modelo ideal para vivir y trabajar.

Aunado esto a las malas condiciones políticas y económicas en muchos países, sumando los efectos del Cambio Climático, donde hay más desplazamientos por desastres naturales que por las demás causas, tenemos un fenómeno que ha explotado en forma exponencial y que se llama los flujos migratorios mixtos.

Costa Rica, no escapa a esta fenomenología, donde somos país de origen, de tránsito y de destino de migrantes, lo cual nos pone ante un desaf ío triple, ya que cada componente de estas migraciones requiere de un abordaje distinto.

En este ensayo, procuraremos hacer un abordaje del fenómeno, migratorio con una óptica enfocada desde los Derechos Humanos y la Migración, en el ámbito costarricense.

Como antecedente reciente, hay que recordar la crisis que tuvimos a nivel nacional, con los migrantes continentales y extracontinentales entre el 2015 y 2016, que puso a nuestro sistema migratorio e institucional en jaque, ya que nuestra capacidad institucional fue excedida por estos flujos migratorios, aunado a la falta de colaboración de ciertos actores regionales, que no facilitaron el flujo de estos grupos de migrantes, hoy en día llamados caravanas de migrantes, también llamados flujos migratorios mixtos.

En el caso de nuestro país, tenemos aproximadamente un 10% de nuestra población que está conformada por migrantes, unas 500 mil personas. De estas en este momento tenemos unas 40 mil que están tratando de regularizar su situación migratoria, pero de las cuales aproximadamente un 10 por cierto, unas 4 mil han podido acceder al status de refugiados.

El resto de esa población, deberá de buscar algún otro status o condición migratoria que el Estado costarricense les pueda proveer para regularizar su situación migratoria, para no quedar en situación irregular, un desaf ía para las autoridades nacionales, sin que parezca una amnistía migratoria, ni mucho menos una invitación a migrar masivamente al país…



55

El difícil equilibrio entre Soberanía y Migración

La Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV) en su resolución N. 1312-99 estableció:

“Como una manifestación de la soberanía, tanto en el derecho nacional como en el internacional, se le reconoce al Estado la potestad de establecer la política migratoria del país (…) potestad que debe ejercer con absoluto respeto a los principios o normas constitucionales, para garantizar al extranjero un trato objetivo, fundado en la dignidad del ser humano y en el respeto de los derechos fundamentales.”

Nuestra Constitución, en su artículo 19, establece que las personas extranjeras tienen iguales deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la propia Constitución y las leyes establecen. La Constitución garantiza el principio de igualdad y la no discriminación, lo cual va acompañado de algunas excepciones y limitaciones a saber:

a) Prohibición de intervenir en asuntos de política interna (art. 19 de la CP).b) Prohibición de ejercer la dirección en los sindicatos (art. 60 C.P).c) Prohibición o imposibilidad de ser diputado, Ministro de Estado, o magistrado, al menos que sea naturalizado

y después de 10 años de haberse naturalizado (arts. 108, 142 y 149 de la C.P.).d) Imposibilidad o Prohibición de ser Presidente o Vicepresidente de la República, Presidente o Vicepresidente de

la Asamblea Legislativa (Artículos 115 y 131 de la C.P.).

Sobre estos aspectos la Sala Constitucional, también se ha referido, por ejemplo en su sentencia N. 02570-97, en la que indicaba entre otras cosas que “ En lo que al conjunto de derechos fundamentales se refiere, sólo serían válidas las diferencias entre los nacionales (y) quienes no lo sean, si éstas tienen rango constitucional y legal, y en éste último caso, siempre en la medida en que la diferenciación se ajuste plenamente a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que orientan la función legislativa, y por supuesto en tanto no sea contrario a la dignidad humana…”

Sistema UniversalEl Sistema Universal de los Derechos Humanos, provee una serie de instrumentos jurídicos que permiten la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes, con mecanismos para implementar su cumplimiento.

De esta manera se ha creado una base mínima de protección internacional, como el derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la detención arbitraria prolongada, prohibición de la discriminación racial, derecho a la autodeterminación, derecho a un trato digno y condiciones apropiadas de detención administrativa, prohibición de medidas penales retroactivas, derecho a la igualdad ante la Ley, derecho del acceso a la Justicia, derecho a la no discriminación, derecho a dejar un país y retornar al propio, derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al trabajo digno, entre otros.

En relación con estos derechos fundamentales, nuestra Sala Constitucional ha indicado, en su voto N. 3435-92 y su aclaración N. 5759-03, además del voto relacionado N. 2313-95, que:

“Tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 constitucional tiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en



56

Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas privan por sobre la Constitución.”Esto es lo que en la doctrina jurídica es conocido como el Ius Cogens, un derecho superior a la normativa nacional, que es más garantista en materia de Derechos Humanos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y su Agenda 2030Desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la migración es una de las estrategias más importantes para la reducción de la pobreza (ODS N.1). La Organización Internacional de las Migraciones, OIM, aporta a los ODS por medio de la capacitación (ODS N.4) y de manera más puntual, el ODS N. 8.7 establece ¨…poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas…¨ (Rel. Con Objetivo N. 10 del Pacto Mundial sobre Migración).

Igualmente, el ODS N. 8.8 establece ¨Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.” (Rel. Con el objetivo N. 6 del Pacto Mundial sobre Migración).

Asimismo, el ODS N. 10.7 establece “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.”

Finalmente, el ODS N. 17, se enfoca en alianzas para lograr los ODS y hace énfasis en la necesidad de contar con datos estadísticos para medir los progresos en materia de desarrollo sostenible, ODS N. 17.19.

Pacto Mundial sobre Migración (Pacto de Marrakech)

Precisamente el primer objetivo de este Pacto suscrito por nuestro país en diciembre del 2018, es sobre la importancia de disponer de bases de datos que permitan evaluar las políticas en el ámbito migratorio.

En seguida, se focaliza en buscar las causas estructurales que hacen que las personas emigren. Todos sabemos que es más barato para los Estados, enfrentar las consecuencias que las causas que impulsan a las personas a emigrar.

Asimismo, este Pacto, recuerda a los países la importancia de documentar debidamente a sus nacionales, para que si emigran, estén debidamente identificados, que es uno de los problemas que Costa Rica ha encontrado con una buena parte de los migrantes que llegan a nuestro país procedentes de la vecindad centroamericana.

En seguida, el Pacto promueve la búsqueda de salidas legales flexibles para regular la migración (objetivo N. 5) y paso seguido evoca la importancia del trabajo decente (objetivo N. 6). Sin olvidar la importancia del objetivo N. 23 sobre la necesidad de la cooperación internacional en esta materia, lo cual está ligado al objetivo e desarrollo sostenible N. 17 sobre alianzas a nivel global.

En Costa Rica, la OIT nos está apoyando, para regular las agencias privadas de empleo privado, lo cual redundará también en un beneficio para los trabajadores migrantes.

Hablando de cooperación para la implementación del Pacto Mundial sobre Migración, es importante mencionar que con el apoyo de las Naciones Unidas, se ha creado un Fondo especial para la implementación de este Pacto, para apoyar las capacidades nacionales instaladas en los países que puedan abordar esta temática e iniciativas acorde con este Pacto.



57

Convenios de la OIT y Naciones Unidas

En esta materia, existen dos convenios de la OIT que en especial nos interesan, el N. 97 y el N. 143.

El segundo revisa al primero y nuestro país no es parte de ninguno de estos dos, por lo que se nos ha criticado, pero cuando lo analizamos a fondo, nuestra legislación nacional es más garantista que ambos convenios, por ejemplo el Convenio 143, no aplica a trabajadores fronterizos, ni artistas, ni a profesionales liberales, ni a trabajadores del mar, ni a las personas en períodos cortos de negocios, ni a los trabajadores de ocupación específica, lo cual sí contempla nuestra normativa nacional.

Lo anterior, sin olvidar el Convenio de Naciones Unidas sobre protección de los trabajadores migrantes, que hoy en día las propias estadísticas de las Naciones Unidas los estima en 164 millones de personas, para quienes se contempla una serie de garantías, muchas de las cuales, quizás todas, cubiertas por nuestra legislación nacional costarricense.

Sistema Interamericano

Sobre la potestad de los Estados para elaborar su política migratoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido a los criterios que deben de ser tomados en consideración para este ámbito.

Por ejemplo, esta ha indicado que los derechos humanos deben de ser respetados y garantizados por cada Estado y que toda persona disfruta de atributos inviolables inherentes a su dignidad humana, por lo que estos derechos son superiores al Poder del Estado (Opinión Consultiva N. 18. Número 72). Agrega esta opinión en su numeral 168, que las políticas migratorias deben de tener presente el respeto a los derechos humanos. Asimismo, esta Opinión Consultiva, en su numeral 172, establece que si bien es lícito que los Estados establezcan las medidas respectivas al ingreso, permanencia o salida de las personas migrantes para el desempeño de un trabajo en determinados sectores productivos, esto debe ser en concordancia con la protección de los derechos humanos de estos trabajadores migrantes.

Esta Opinión Consultiva, nos recuerda sobre el equilibrio o balance necesario que debe de existir entre la Soberanía de los Estados y los compromisos en materia de Derechos Humanos, derivados de los convenios internacionales aprobados por cada país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH

En octubre del 2018, la CIDH visitó el país para constatar las condiciones de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica y entre sus conclusiones resaltaron “la normativa progresista en materia de protección internacional del estado costarricense… La CIDH también destaca la existencia y conformación del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica, institución que constituye el único organismo jurisdiccional especializado en materia de migración y asilo en América Latina.”

Este Tribunal ha sido una gran novedad para nuestro país y ha aliviado en buena medida la presión existente sobre la Comisión de Visas y Refugio que opera en apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, DGME, conformada esta Comisión por un representante del Viceministerio de Gobernación, otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y un tercero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



58

Igual, para las resoluciones que emite la propia DGME, es un respiro, el saber que sus decisiones pueden ser revisadas ante esta otra instancia, para efectos de garantizar al máximo los derechos humanos de los peticionarios, cuyo volumen de solicitudes es muy elevado.

Más adelante, en su comunicado de prensa, la CIDH “…hace un llamado a los Estados de la región y a la comunidad internacional a implementar una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas, a efectos de que el Estado costarricense cuente con los recursos necesarios para responder adecuada y efectivamente ante esta situación humanitaria de emergencia…”

En este sentido, entendemos la calificación que hace la CIDH de la situación que debe de hacer frente nuestro país y también es cierto que según sea el tipo de calificación de este tipo de situaciones migratorias, asimismo dependerá el tipo de asistencia internacional humanitaria a la que se pueda acceder. Pero también es una tarea políticamente sensible, el definir una situación como de emergencia o de crisis y todas las consecuencias a nivel de la política interna de un país, por lo que un dif ícil o frágil equilibrio se le presenta a quienes deban de tomar este tipo de decisiones, ya sean la Presidencia de la República o el Consejo Nacional de Migración, el cual es un órgano de tipo colegiado que reúne a varias instituciones e incluso a representantes de la Sociedad Civil.

Jurisprudencia Nacional sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas

El derecho a la educación y la imposibilidad de negar la matrícula por falta de documentos autenticados, ha sido defendido en varias resoluciones de la sala Constitucional (Resols. #2008-9, 345, #2007-12, 258, #2007-08,863, # 2006-006, 328 y # 2003-07,806.

Asimismo, esta Sala ha eliminado la restricción de ser costarricense para ser beneficiario del bono para la educación básica, resol N. 1998-8, 857.

En el campo del Derecho a la Salud, la Sala también ha reconocido este derecho a los migrantes, en especial a quienes padezcan de enfermedades crónicas.

En otros campos, como en los plazos de detención administrativa, detenciones colectivas de migrantes, la Sala también se ha manifestado al respecto.

Esta Sala ha concluido que las desigualdades entre las personas costarricenses y extranjeras, deben de ajustarse a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no ser contrarias a la dignidad del Ser Humano (resol N. 1998-02, 570).

Políticas nacionales

A nivel nacional, disponemos de amplia gama de políticas públicas en esta materia, como pueden ser una Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-1023, un Plan Nacional de Integración para Costa Rica 2018-2022 y una Política Nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia, 2014-2025, todas las cuales tratan el tema de los migrantes y la forma en que deben de ser tomados en consideración dentro de nuestra sociedad, de manera acorde con los Derechos Humanos. En particular, la última citada, es presidida y coordinada desde la Cancillería costarricense y reúne a unas 25 instituciones nacionales, como a la Sociedad Civil. Esta Política



59

estableció una Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, desde cuya plataforma varias subcomisiones, se coordinan los esfuerzos nacionales para atender los informes y cuestionarios en materia de Derechos Humanos que nos solicitan desde los distintos Organos de Tratados de Naciones Unidas e incluso desde el propio Sistema Interamericano.

Iniciativas nacionales recientes

El Plan de atención de flujos migratorios mixtos, que se ha anunciado públicamente, podría contemplar los distintos niveles de alerta migratoria, donde existan parámetros para esta clasificación, que permitan distintos niveles de acción a nivel interno e incluso de solicitar el apoyo a nivel internacional, ya que una de las situaciones que el país ha visto es que algunos organismos internacionales dedicados a la asistencia humanitaria, o bien organizaciones como la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras y ONGs, requieren de que el país tenga algún tipo de declaratoria de situación o de crisis migratoria, para ellos poder acceder a distintos niveles de fuentes de financiamiento. Este fue el caso en la crisis migratoria que vivió nuestro país con los migrantes continentales y extracontinentales entre el 2015 y 2016, donde el país reconoció que se encontraba ante una situación de tipo humanitario.

Asimismo, la DGME estudia la llamada figura de la Protección Complementaria, para todas aquellas personas que no califiquen para el status de refugiados, pero que puedan tener un status regular en nuestro país, al menos de forma temporal. Estas personas se estiman en unas 40000 ya que, según estadísticas oficiales, desde enero a setiembre del 2017, alrededor de 52000 personas ingresaron a Costa Rica y se han quedado. De estas, unas 14 mil han formalizado su status de refugio y en total el país ha concedido no más de 5000 status de este tipo. Al finalizar el primer trimestre del 2019 que se estima en unas 55000 de solicitudes de refugio, en su mayoría de ciudadanos de nacionalidad nicaragüense.

La Directriz presidencial N. 10 del 12 de junio del 2018, sobre la atención integral del fenómeno migratorio, instruye a todas las instituciones nacionales que tengan que ver en alguna medida con el fenómeno migratorio, un abordaje coordinado y complementario, incluyendo los servicios de salud que las personas migrantes requieran, cualquiera que sea su condición migratoria en nuestro país y ello por cuenta del Estado costarricense. (art. 3, punto B.1.i de la Directriz).

Este último punto, el de la Seguridad Social para los migrantes, ha sido un punto de debate, no solo en Costa Rica, donde la pregunta nos lleva a qué debe ser primero, el aseguramiento del migrante para que pueda trabajar, o bien que primero consiga una oferta laboral para que se pueda asegurar.

En todo caso, cuando hablamos del trabajo para los migrantes, nos encontramos ante muchos supuestos de hecho y de derecho que hay que resolver. Por ejemplo, el hecho de que se les permita trabajar y asegurarse, no les garantiza ningún tipo e trabajo específico, aunque la OIT, nos ha estado apoyando con una especie de bolsa laboral para estos.

El hecho de que la mayoría de estos migrantes no tienen una alta calificación profesional, los deja relegados por el mercado laboral a tareas muy básicas, como en el sector de la construcción, la agricultura, los servicios domésticos, de jardinería o de seguridad.

Por otra parte, si bien en los últimos grupos de migrantes procedentes de Nicaragua e incluso de Venezuela, que han venido al país, por ejemplo en el 2019, sí encontramos ya a grupos de estudiantes universitarios y de profesionales, quienes encuentran otro tipo de dificultades a superar y es la convalidación de sus estudios o títulos universitarios, para poder colegiarse y ejercer finalmente una profesión en Costa Rica.



60

Iniciativas regionales

A manera de referencia, en México, esta figura tiene su equivalente en las llamadas “tarjetas de visita por razones humanitarias¨ y se extienden por un período de un año, para las personas que no califiquen para el status de refugiados en ese país. Estas tarjetas les permiten tener acceso a un trabajo, como medida temporal mientras regresan a sus países de origen o bien mientras continúan hacia un nuevo destino. Porque no hay que olvidar, que este tipo de status temporal, se otorga de manera transitoria, incluyo con algunos estímulos, cuando las circunstancias lo permiten, para el retorno de estas personas a sus países, una vez que se ha superado la etapa de crisis política, económica u otra que les impulsó a migrar.

Por otra parte, nos encontramos que el propio México, está organizando una serie de coordinaciones estratégicas con los países el triángulo norte de Centroamérica, para procurar que las denominadas caravanas que se dirigen al norte, puedan darse de manera, regular, segura y ordenada, que son las máximas propuestas por el Pacto Mundial de Migración, también llamado Pacto de Marrakech.

Siempre dentro de las iniciativas regionales, nos encontramos por ejemplo que en noviembre del 2018, el Ecuador inició una serie de reuniones con países de la región que pudieran estar afectados por la situación de Venezuela, misma que solo al Ecuador le ha representado una migración de hasta medio millón de personas procedentes del país bolivariano. En esa reunión de noviembre, en la declaración conjunta, los países llamaron la atención sobre la necesidad de contar recursos de la comunidad internacional para atender la situación humanitaria, generada por la salida masiva de ciudadanos venezolanos hacia sus países vecinos.

Por su parte, Estados Unidos, tiene interés en que a las caravanas del triángulo norte y México, no se les vayan a sumar los migrantes nicaragüenses que actualmente vienen a Costa Rica, con lo cual pudiera ser que este país quiera apoyar a Costa Rica en este desaf ío.

MIRPS y MINARE

Al ser signatarios de la Declaración de Nueva York del 2016, que dio origen al Pacto Mundial sobre los Refugiados, se viene llevando a cabo un proceso a nivel interno, nacional, en ese espíritu, con lo cual en el 2018 se creó el Capítulo Nacional, del Marco Integral de Respuesta a los Refugiados, MIRPS, denominada esta iniciativa nacional como MINARE, Marco Integral Nacional de Atención y Respuesta a los Refugiados.

Con esta iniciativa, nuestro país pretende ofrecer una protección integral a la situación de las personas refugiadas en nuestro país, con miras a que estas puedan en algún momento regresar de manera segura a sus países de origen.

Esta iniciativa ha permitido a Costa Rica, unir en un solo documento, lo que son sus mejores prácticas, con la participación de distintos sectores nuestra sociedad, incluyendo a la academia, al sector privado, agencias de Naciones Unidas, actores de la Sociedad Civil, el gobierno central y gobiernos locales, como grupos basados en la fe, con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.



61

Algunas conclusiones

Para la atención del fenómeno migratorio de cualquier país, es importante definir la situación migratoria de ese país, con cifras o estadísticas claras que permitan tener una visión o espejo claro de la situación, para que las autoridades respectivas puedan tomar las acciones o políticas acordes con la situación imperante. Esto es importante para efectos internos, de comunicar claramente a la Sociedad Civil el estado de la situación, para que comprendan la dimensión real del problema y puedan ser un actor más en la solución de este tipo de situaciones y evitar así la creación de anticuerpos sociales, que puedan llevar a actitudes xenófobas de algunos, que vivimos a finales del 2018, en el Parque de la Merced.

Asimismo, esto es importante para los efectos de la búsqueda del apoyo de la comunidad internacional, en particular para la cooperación o asistencia internacional, que en general, requiere conocer el estado de situación, ya sea de de emergencia u otro que corresponda, para poder acceder a distintos niveles de ayuda o búsqueda de recursos, según sea la dimensión de la problemática. En esto, cada país debe de tener clara su propia situación y reflejarla apropiadamente a nivel interno y a nivel internacional para los efectos correspondientes.

El otro desaf ío a nivel nacional, es que si se aprueba una categoría migratoria como la denominada protección complementaria, para aquellas personas que no califiquen al status de refugiados, esto podría ser visto como una amnistía migratoria para todas aquellas personas que se encuentren hace mucho tiempo en situación irregular e incluso ser visto como una invitación a nuevos migrantes de venir al país para “estrenar “ este nuevo status, por lo cual lo más recomendable es que una categoría migratoria de esta naturaleza, pueda incluir o incorporar algún tipo de incentivos o de ayudas para facilitar y promover el retorno de los migrantes a sus países de origen, recordando que los fenómenos migratorios deben de forma circular y nunca unidireccionales.

La arquitectura normativa sobre la materia, debe de estar en concordancia con los ODS y la Agenda 2030, alineado también con el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados, así como con la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) para el financiamiento de iniciativas de cooperación al desarrollo, de forma que en nuestra comunicación nacional e internacional, estemos hablando con un lenguaje conocido y consensuado.En medio de toda esta dinámica migratoria, no debemos de olvidar, tema para otro ensayo, lo que es la vulnerabilidad a la que están expuestas muchas de estas poblaciones, como son los migrantes con discapacidades, los migrantes menores, a veces no acompañados y otros grupos, como mujeres solas y poblaciones LGTBIQ, que son víctimas de grupos sin escrúpulos, que se dedican al tráfico y a la trata de personas, ante lo cual nuestro país ha creado la Coalición Nacional contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, CONATT, con el apoyo del Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, FONATT.



63

Responsabilidades y carencias en el notariado consular costarricense

Jorge Murillo Gonzalez1

ResumenEste breve artículo intenta exponer de manera suscita las responsabilidades que se pueden derivar de las actuaciones desempañadas por los notarios consulares, así como algunas limitaciones a las que se pueden ver expuestos a pesar de la importante tarea que desempeñan, motivadas en mucho por la ausencia o lagunas en la legislación de esta materia.

Palabras claves: cónsul, función consular, notario consular, responsabilidad notarial, limitaciones notariales

AbstractThis brief article attempts to succinctly cover the responsibilities that can derive from the acts performed by the consular notaries, as well as some limitations the could face despite the important task they undertake, motivated by the absence or gaps in legislation of this matter.

Keywords: consul, consular function, consular notary, notarial responsibility, notarial limitations

I sección: Importancia y limitaciones del notario consular

Introducción

Hoy, influenciado por la globalización, el concepto de “frontera” desaparece paulatinamente, lo que se evidencia, entre otras, por el constante movimiento de personas entre distintos países, muchas de las cuales terminarán por cuestiones laborales, educativas o familiares residiendo temporal o permanentemente en un lugar distinto al que nacieron. Los costarricenses no escapamos a esta realidad y aunque según cifras del Banco Mundial la emigración tica es de las menores en América Latina, lo cierto es que representaba en el 2011 cerca del 6% de la población total, es decir más de 300.000 personas. Serán precisamente estos costarricenses que permanezcan fuera del territorio nacional, los que en mayor medida requerirán (en algún momento) los servicios que prestan los distintos consulados de Costa Rica, ya sea para la renovación de su pasaporte o cédula de identidad, así como para la realización de alguna actuación registral o notarial o simplemente para participar activamente de las votaciones nacionales desde el exterior.

Función del agente consularLa institución consular surge precisamente para velar por los intereses de sus nacionales en el exterior. Según lo indica Soledad Coello, “para comprender la historia de las funciones consulares y su establecimiento a lo largo de

1 Abogado y notario público con un posgrado en derecho comercial. Actualmente desempeña funciones en el Consulado General de Costa Rica en Panamá como Consejero y Cónsul.



64

los tiempos, es trascendental comprender la situación del extranjero en la historia. Es justamente esta figura la que empuja al hombre a crear una entidad que representa a su país en otro territorio para así velar por los intereses del extranjero en un entorno ajeno al suyo. Esta necesidad de protección se volvió tan imprescindible que el hombre dio un paso hacia la búsqueda de la figura del cónsul.”2

Actualmente, esa protección que brinda el cónsul, puede traducirse como aquellas gestiones que realiza en el país en el que está acreditado para garantizar los derechos de los nacionales que allí radican, “…es toda acción ejercida por el Estado por sí o a través de sus agentes consulares, y tiene como propósito proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales, dentro de los límites admitidos por el Derecho Internacional”.3

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares viene precisamente a regular esos intereses de los nacionales en el exterior, depositando en la figura del cónsul un mecanismo de garantía para velar por su adecuado cumplimiento. Lo anterior, según se desprende de lo dispuesto en su artículo 5, el que establece entre otras, las siguientes funciones consulares:

“Artículo 5: Las funciones consulares consistirán en: a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; (…) e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas (…)” El destacado no es del original.

Por su parte, la legislación nacional, dispone en el artículo 4 del Estatuto del Servicio Exterior y el artículo 5 de su reglamento, la obligación de las representaciones consulares de “atender con prioridad y esmero a los nacionales en el exterior y brindarles la protección debida, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes”.

La debida protección y asistencia consular incluye, entre otros, la prestación de una serie de tareas que regularmente brindarían ciertas instituciones gubernamentales o profesionales en el país, a las cuales, desde el exterior, muchos costarricenses no pueden acceder con facilidad.

Como se verá más adelante, el desarrollo de esas labores consulares se volverá determinante para satisfacer las necesidades de los costarricenses en el exterior, las cuales deberá realizar un profesional con conocimiento de cada una de las materias y normativas que las regulan.

Importancia del notario consularComo se ha mencionado, el funcionario consular debe asumir una serie de tareas de distinta índole, entre ellas, actuar como agente de migración en el exterior y por lo tanto apoyar a la Dirección General de Migración y Extranjería en la emisión de pasaportes, salvoconductos, permisos de salida a favor de menores, así como el estudio y autorización, cuando corresponde de visas para extranjeros. Debe participar también, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones en procesos de inscripción de nacimiento, defunción o matrimonio, otorgamiento de cédulas o de las votaciones en el exterior. Además, colaborar en el cálculo de expensas, diligenciamientos de exhortos o acompañamientos en procesos judiciales, así como otros trámites de índole administrativo y finalmente

2 Coello Moncayo, Soledad, Funciones Consulares y Principio Pro Homine: Análisis aplicado al caso del Dr. Manuel Antonio Muñoz Borrero, Cónsul del Ecuador en Suecia entre 1931 y 1942. Trabajo de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Estudios Internacionales con Mención Bilingüe en Comercio Exterior, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 2013, p 7.

3 http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,embajada-colombia,ampliacion-servicios-al-ciudadano-colombia,O,es,0,PAG;CONC;1488;10;D;asistencia-y-proteccion-consular-17781;1;PAG;



65

actuaciones de carácter notarial, tanto protocolares como extra-protocolares. En esta última actuación, descansa un elemento importante de la función consular, no solo porque debe realizar las gestiones que se le encomiendan de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Código Notarial4, sino porque además para muchos costarricenses es la única posibilidad de realizar actos que tendrán relevancia en Costa Rica, los cuales no podrían realizar de otra forma, pues por distintos motivos no pueden viajar para hacerlos directamente en el país.

Es así como la fe pública de los notarios plenos es delegada al cónsul dentro de una determinada circunscripción fuera del territorio nacional, en la cual tanto los costarricenses como los residentes que allí habitan pueden desarrollar sus actos, contratos o negocios jurídicos los cuales le asegurarán no solo su eficacia en Costa Rica sino que garantizan la misma seguridad jurídica que si se presentaran ante cualquier notario público pleno, pues debe tomarse en cuenta que el notario consular está sujeto a todo lo establecido por el Consejo Superior Notarial, así como al ordenamiento jurídico nacional, los convenios internacionales en materia consular y a cualquier otra disposición legal que el acto o contrato exija.5

Esta importante función conlleva a su vez una gran responsabilidad para el funcionario consular, quien debe, entre una de sus principales funciones, asesorar adecuadamente a las partes que solicitan sus servicios, exteriorizando su voluntad en el acto, contrato o negocios requerido. Este proceso requiere obligatoriamente un conocimiento técnico por parte del notario consular, quien deberá estar en capacidad de evacuar consultas y resolver de la mejor manera los requerimientos planteados.

Limitaciones en las actuaciones del notario consular

Como se ha visto, la función del notario consular se vuelve relevante para los intereses de los usuarios de este servicio, quienes se acercan al consulado necesitando no solo una actuación de carácter notarial, sino del criterio y recomendación del que se supone, especialista de esta materia.

Sin embargo, la Dirección de Notariado en su regulación sobre la actividad notarial consular, específicamente en el establecimiento de las condiciones personales y académicas del funcionario, ha definido en su directriz 00-004 de las siete horas y treinta minutos del veinte de julio del dos mil al notario consular de la siguiente manera:

“Notario consular: Es el Cónsul o funcionario diplomático, que por ministerio de ley y debidamente autorizado por la D.N.N., desempeña funciones notariales en el extranjero. Su ejercicio está limitado a la circunscripción territorial para la que ha sido nombrado, en actos o contratos que vayan a ejecutarse en Costa Rica, y dentro de las posibilidades que las especiales circunstancias personales y geográficas le permitan. Por disposición legal, está exento del requisito de ser abogado y especialista en derecho notarial y registral,

4 Artículo 14 del Código Notarial: Notario consular: Los cónsules de Costa Rica en el extranjero ejercerán el notariado público en su circunscripción territorial, respecto de los hechos, actos o contratos que deban ejecutarse o surtir efecto en Costa Rica. Ejercerán la función de conformidad con este código. Para el notariado consular no se aplicará lo dispuesto en el inciso c) del artículo 3 de esta ley. Corresponde a los notarios consulares vigilar y atender todas las disposiciones, prohibiciones y demás estipulaciones que asumen los notarios públicos de acuerdo con el presente código. Serán igualmente sancionables y su función estará sujeta a la fiscalización del órgano correspondiente. La dejación del cargo produce, de pleno derecho, la cesación de la función notarial y la obligación de devolver el protocolo, con la razón de cierre correspondiente y en el estado de uso en que se halle. Cuando la cesación se produzca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debe comunicarla a la Dirección Nacional de Notariado y al Archivo Notarial.

5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial aprobados por el Consejo Superior Notarial mediante Acuerdo # 2013-006-004, tomado en Sesión del 13 de marzo del 2013.



66

sin embargo, tomando en cuenta que, dentro de sus deberes como notario, se encuentra el asesorar jurídica y notarialmente a las partes, se estima altamente necesario que sí cuente con esa formación, de lo contrario, carece de un elemento básico para una prestación segura y eficaz del servicio notarial consular. Por expresa disposición del inciso c) del artículo 5 del Código Notarial, su condición de funcionario público no le impide ejercer funciones notariales, sin olvidarse que se encuentra bajo un régimen de servicio distinto, en el que más bien es esa condición de funcionario público consular, la que precisamente le permite acceder al ejercicio notarial. Sus labores son remuneradas de conformidad con el arancel consular respectivo. Las específicas regulaciones relativas al ejercicio del notariado consular, fueron desarrolladas en la Directriz número 2000-001, de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil.” (El destacado no es del original).

Lo anterior, constituye a mi juicio una de las grandes limitaciones de la legislación notarial costarricense, pues al no exigírsele al notario consular el requisito legal de ser abogado, como si lo hace con el resto de los notarios, deja en una clara desventaja tanto a los usuarios que se presentarán en los distintos consulados a requerir de sus servicios, como también a los funcionarios diplomáticos y consulares, los cuales serán responsables de los actos emitidos, igual que el resto de los notarios costarricenses.

En mi experiencia como cónsul general de Costa Rica en La Habana, Cuba, pude percibir como la labor notarial incluía irremediablemente consultas legales, las cuales no podían evacuarse de una simple lectura de leyes, sino que su respuesta llevaba implícita un conocimiento técnico que fue adquiriéndose durante mi preparación universitaria, pues la materia notarial tiene vinculación con otras áreas del conocimiento jurídico en materia comercial, civil, de familia, entre otras, que no se estudian en carreras como relaciones internacionales, ciencias políticas o economía.

Por otra parte, otra de las grandes limitaciones que percibí mientras ejercía funciones notariales como cónsul general, tuvo que ver con la imposibilidad de cumplir con algunas actuaciones requeridas en razón de no poder ejercer adecuadamente la denominada fase ejecutiva, específicamente al ser imposible su inscripción dentro del plazo legal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 inciso h) del Código Notarial que establece la obligación del notario de efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos autorizados por él.

Durante este período el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto externó su preocupación tanto a la Dirección de Notariado como al Registro Civil acerca de la imposibilidad del notario consular de cumplir con esta disposición y con la que se establecía además en el artículo 28 del Reglamento del Registro del Estado Civil, que señala que las personas facultadas para celebrar matrimonios deberán declararlos en las fórmulas que el Registro Civil emita para tales efectos y dentro del término de ocho días posteriores a su celebración, ello en razón de que resulta materialmente imposible por todos los inconvenientes que conlleva para el funcionario consular que ejerce funciones notariales ausentarse de su jurisdicción cada vez que celebre un acto que requiera ser inscrito en los registros de Costa Rica.

Situaciones como las anteriores confirman que existe aún mucho camino que recorrer en aras de reglamentar adecuadamente la importante y delicada labor que ejecutan los notarios consulares, pues tal y como se confirma de las distintas normas legales solo existen enunciados aislados de ésta importante labor que realizan alrededor del mundo funcionarios diplomáticos y consulares acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Sin embargo, a pesar de éstas limitaciones, puedo afirmar también siempre desde mi experiencia, las grandes oportunidades que ofrece a los usuarios acudir al consulado a gestionar sus actuaciones, encontrándose a un profesional que evacuará sus consulares de manera veraz, imparcial, transparente y sin cobro de horarios, pues debe recordarse que en las actuaciones que se realizan, ya sea protocolares o extra-protocolares, se cobra únicamente el monto correspondiente a lo estipulado en el arancel consular, dinero que se acredita a la cuenta que maneja el consulado para la recaudación de todos los trámites, ingresando posteriormente a la caja única del Estado.



67

De allí la importante tarea que deberán realizar en conjunto la Dirección de Notariado y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en aras de optimizar este importante servicio que realizan los notarios consulares en beneficio de la atención de los usuarios y de sus intereses. Capacitaciones permanentes y controles constantes por parte de la Dirección de Notariado, consisten solamente en parte de las alternativas que se tienen para mejorar los servicios que realizar el notario consular.

II Sección: La responsabilidad en las actuaciones del Notario ConsularHay que recordar que en un mundo cada vez más competitivo se requiere de profesionales que desempeñen de manera extraordinaria sus trabajos, debiendo por lo tanto, estar en capacidad no solo de conocer adecuadamente su campo laborar sino de ir evolucionando según los avances tecnológicos o normativos de su campo de acción, así como de cualquier otra disposición que los haga seguir siendo idóneos, no solo porque sus potenciales clientes así lo exigirán, sino porque sus malas actuaciones conllevarán una serie de consecuencias que incluso podrían hacerlos terminar en la cárcel.

El funcionario consular, aunque empleado público, no escapa a esta realidad, pues, aunque no ejerza sus funciones de forma privada, sus labores están siendo constantemente evaluadas, de allí que una actuación deficiente, omisa o contraria a la norma podría hacerlo incurrir en faltas que eventualmente terminarían en una sanción de carácter administrativa, civil o incluso penal.

Una de las tareas más delicadas dentro de la función consular es la del ejercicio del notariado, más si se considera, como ya se ha manifestado, que en muchas oportunidades quien la ejerce no es profesional en derecho y mucho menos tiene una especialidad en esta materia. Esa carencia “técnica” que muchas veces tiene el funcionario a quien se le encomiendan gestiones de esta naturaleza, los hace más propensos a realizar de forma errónea las actuaciones protocolares y extra-protocolares. Lo mismo sucede también con aquellos profesionales en derecho que no ejercen de forma privada su carrera durante muchos años pues han laborado como empleados públicos la mayor parte del tiempo.

En este sentido, la Dirección General de Notariado, refiriéndose a la preparación académica del notario consular, ha indicado, que “... para un íntegro cumplimento de los deberes notariales, el fedatario requiere la adecuada preparación académica, pues si carece de ésta, se encuentra impedido para asesorar jurídicamente a las partes, dar formación legal a su voluntad y hasta tramitar asuntos en los que sus actuaciones tienen el mismo valor de las de los funcionarios judiciales. Lo anterior se reafirma, si tomamos en cuenta que el mismo legislador reconoce tal necesidad de conocimiento especializado cuando estableció como requisito para ser notario, el contar con estudios de posgrado en Derecho Notarial y Registral. Si bien no existe definición concreta en el Código Notarial, al notariado consular, se le puede conceptualizar como el ejercicio limitado de la función notarial por medio de los cónsules de Costa Rica en el extranjero. Todo lo dicho, refleja la conveniencia de que, para una prestación idónea del servicio notarial consular, no obstante, la eximente contenida en la norma, lo ideal sería que quien ostente el cargo tenga también la condición de notario público para el ejercicio pleno y se encuentre debidamente inscrito como tal en el Registro Nacional de Notarios.”6

Es así como esa ausencia de conocimiento, actualización o especialización en la materia notarial puede llevar al funcionario consular a incurrir en una serie de faltas o incumplimientos de sus deberes que le obligarán eventualmente a tener que repararlos, con la correspondiente obligación de resarcir los daños generados, los cuales pueden ser disciplinarios, civiles o penales, tal y como lo estipula el artículo 15 del Código Notarial, quien al respecto señala:

6 Dirección General de Notariado. Directriz No 2000-0001 del 2 de febrero del 2000.



68

“Artículo 15.- Responsabilidades. Los notarios públicos son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. Esta responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal. Carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.” (El destacado no es del original)

Y a pesar de que nuestra legislación es omisa en el establecimiento de otras responsabilidades de carácter administrativo o fiscal dispuestas en la doctrina y en las que también podría incurrir el notario consular, lo cierto es que a mi criterio, la “responsabilidad civil notarial” se convierte en la más riesgosa de cometer en las actuaciones del notario consular, pues como he indicado, al no tener que exigírsele un título universitario en derecho y mucho menos una especialidad en notariado, lo más seguro es que al realizar sus gestiones desconozcan cuestiones técnicas que desarrollan los estudiantes de derecho en las aulas universitarias, así como las directrices o disposiciones propias de la materia.

Lo anterior se traduce por lo tanto en la antesala de “mal praxis” profesional por parte del funcionario consular, que definida por Oscar E. Zúñiga Ulloa “...como impericia profesional, pero en realidad engloba todas las formas de responsabilidad por culpa, tales como negligencia, imprudencia o falta en el desempeño profesional, también incluye hasta la falta de actualización del conocimiento. En relación con el ejercicio de las profesiones liberales, se ha considerado que quien las ejerce está obligado a tener los conocimientos suficientes para tal ejercicio; ya no basta con poseer un título universitario” (Lo destacado no es del original).

Si se parte de la premisa de que la principal obligación del notario frente a su cliente consiste en un adecuado desempeño acatando lo establecido en la normativa, una violación u omisión del notario por desconocimiento del ordenamiento jurídico puede generar una serie de situaciones que lo afecten tanto a él como aquellos que utilizan sus servicios. Es precisamente esta falta de cocimiento técnico en la materia la generadora de una potencial responsabilidad del notario ante actuaciones sin validez o ineficaces debido a un defectuoso ejercicio.

Con lo anterior no quiero decir que no puedan existir otras de las responsabilidades establecidas por el notario consular, pues omisiones administrativas o violaciones al ordenamiento jurídico podrían ser generadoras de responsabilidad disciplinaria o incluso penal.

Es así como surge el “Fondo de Garantía Notarial” como mecanismo que asegura a los usuarios la posibilidad de compensar las malas prácticas dentro del ejercicio profesional del notario en términos generales y del notario consular de forma concreta, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Código Notarial, “...constituirá una garantía por los daños y perjuicios que los notarios, en el ejercicio de su función, pueden ocasionar a terceros...”.

En mi opinión la existencia de esta figura en la legislación resulta novedosa analizándola desde sus dos perspectivas, pues además de ser un medio de garantía de pago frente a terceros, en este caso a usuarios, también surge como un fondo de pensión para los mismos notarios, quienes en un futuro se beneficiarían de los aportes económicos que durante años han vendido realizando.

Resulta por lo tanto ventajosa su existencia si se considera solamente para beneficio del notario, sin embargo en mi criterio, no contribuye a la formación de un profesional idóneo, con los conocimientos técnicos y dominio de la materia, sino por el contrario, se convierte en un paliativo para cubrir los errores cometidos por profesionales poco competentes o aquellos que aprovechan su posición para intentar sacar ventajas económicas ocultándose bajo la confianza que en ellos ha depositado el Estado.



69

Por otro lado, debe tenerse presente que este fondo, al tener un límite económico establecido en la propia legislación, se convierte en una herramienta insuficiente para garantizar el resarcimiento total por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de la función notarial, lo que obliga eventualmente a las partes a incurrir en gastos adicionales para resarcirse económicamente.

Es así como la figura del Fondo de Garantía Notarial debería ser tema de un profundo análisis y de una eventual reforma a efectos de que funcione como un instrumento que garantice un adecuado resarcimiento económico para aquellas personas que resultaren afectadas de las actuaciones de profesionales conocedores de la materia que por actuaciones mal intencionadas generaren afectaciones a sus usuarios.

Debe tenerse claro finalmente que la actividad realizada por los notarios consulares adquiere especial importancia y que el conocimiento adecuado de la materia se convierte en esencial no solo para un correcto asesoramiento, sino para evitar incurrir en actuaciones que conlleven responsabilidades por parte de los profesionales que terminen en amonestaciones, indemnizaciones por pagos de daños y perjuicios o en condenas penales.

Conclusiones

A manera de resumen resulta fundamental destacar la figura del cónsul y la importante labor que realizan desde el extranjero en aras de proteger los intereses de los costarricenses que por distintos motivos residen fuera de las fronteras de nuestro territorio.

Una manera de proteger esos intereses se refleja en la realización de una serie de tareas o actos de distinta índole, los que normalmente se realizarían desde oficinas públicas como la Dirección General de Migración y Extranjería y el Tribunal Supremo de Elecciones, o accediendo a los servicios de profesionales tales como los notarios públicos.

Entre esas funciones que la legislación otorga a los cónsules surge la figura del “notario consular” a los cuales se les otorga las mismas facultades y exigencias que los notarios plenos, a pesar de algunas limitaciones que se mantienen entre ambos.

Y precisamente son esas limitaciones en el ejercicio del notariado consular las que pueden derivar una serie de actuaciones defectuosas que eventualmente ocasionarían una serie de responsabilidades ya sea administrativas, civiles o incluso de índole penal a aquellos funcionarios consulares que durante el tiempo en que se encuentran destacados en el exterior les corresponde desarrollar labores notariales, independientemente de si tienen o no el título, los estudios o la experiencia necesaria.

De allí que es importante que se realice un profundo estudio en la forma que se desarrolla el ejercicio del notariado consular, ello con el fin de cubrir las lagunas que existen en la legislación actual, evitando así inconvenientes o atrasos a los usuarios, pero, además, perfeccionando esta importante labor que brindan los cónsules desde el exterior en beneficio de los propios costarricenses.

El rol protagónico que asuma el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en esta materia y una adecuada dirección de la Dirección de Notariado serán fundamentales para el desarrollo de una apropiada labor, de allí que una continua capacitación y actualización de la normativa se convierte en algo diario y obligatorio.



71

South-South cooperation for confronting snakebite envenoming: the role of Costa Rica

Dr. José María Gutiérrez and Ambassador Elayne Whyte1

ResumenEl presente ensayo describe los esfuerzos que ha efectuado Costa Rica en el estudio y la búsqueda de soluciones al problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente. Esta tradición se inició en las primeras décadas del siglo XX, continuaron con la producción de antivenenos en este país. El proyecto se fortaleció con la creación del Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica. Se emprendió un ambicioso programa de investigación científico-tecnológica, producción y distribución de antivenenos, extensión a comunidades y grupos profesionales y docencia universitaria. Posteriormente se dio una importante proyección de estos esfuerzos en el ámbito internacional, mediante programas de cooperación sur-norte y sur-sur, particularmente en América Latina y el Caribe.

Luego se amplió la cooperación con la producción de antivenenos y la transferencia de tecnología para África sub-Sahariana y otras regiones. Recientemente, se ha logrado agrupar a un grupo importante de países de todos los continentes, iniciativa en la que Costa Rica ha jugado un rol de liderazgo, junto con otras organizaciones. Como consecuencia de estos y otros desarrollos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) esté implementando un programa comprensivo a nivel global para reducir el impacto de esta enfermedad tropical desatendida.

Palabras claves: Envenenamiento por mordedura de serpiente; antivenenos; Instituto Clodomiro Picado; cooperación sur-sur; Organización Mundial de la Salud.

AbstractThe efforts undertaken by Costa Rica in the study and search for solutions to the problem of snakebite envenomings is summarized. This tradition originated in the first decades of the XXth century, and grew up with the production of the first antivenoms in Costa Rica. The project was strengthened with the creation of Instituto Clodomiro Picado, of the University of Costa Rica. An ambitious integrated program was developed, combining scientific and technological research, production and distribution of antivenoms, extension programs in communities and health professionals, and university teaching.

Thereafter, these initiatives were expanded at the international level through south-north and south-south cooperative programs, particularly in Latin America and the Caribbean. Then, cooperation was extended to sub-Saharan Africa and other regions, with antivenom manufacture and distribution and technology transfer projects. More recently, a concerted effort of a group of many countries from all continents, with the leadership of Costa Rica, has been established. As a consequence of these and other developments, the World Health Organization (WHO) is implementing a comprehensive program to reduce the impact of this neglected tropical disease at global level.

Key words: Snakebite envenoming; antivenoms; Instituto Clodomiro Picado; south-south cooperation; World Health Organization

Introduction

As of 2018, the international community has a global framework to address the problem of snakebite envenomings, an acute problem that affects rural populations in tropical areas of the world, which mainly affects people from the most vulnerable sectors of the population and leaves significant negative consequences in millions of people around the world. This global framework was adopted by a resolution of the World Health Organization (WHO)

1 *José María Gutiérrez, Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica; Elayne Whyte, Permanent Representative of Costa Rica to the United Nations in Geneva. Published in SOUTHVIEWS (No. 178, 19 March 2019), an e-newsletter service of the South Centre (www.southcentre.int) providing opinions and analysis of topical issues from a South perspective.



72

at its 71st World Assembly on May 24, 2018, thus providing for a strong mandate to develop a comprehensive plan to address this health problem, work with affected countries, partners, stakeholders and industry, and develop a comprehensive approach that will allow countries to implement an effective response to this health issue.

Decades of neglect of the problem ended when the Resolution “Addressing the burden of snakebite envenoming” was adopted. The lack of global awareness of the magnitude of this disease left this problem without proper and articulated attention from national and international health authorities, pharmaceutical companies, and research agendas.

Costa Rica, a middle-income country with high standards of health and social development, played a strategic role in the development of this global cooperation platform and has decades of international cooperation experiences in this area.

Costa Rica has given attention to snakebite envenoming since the first half of the XXth century. The country has established an integrated model for confronting this disease, based on a combination of scientific and technological research, active extension programs to communities at risk and to health professionals in charge of treating snakebites, and production, quality control and distribution of antivenoms, among other lines. These actions have been closely linked to the development of the public health system in the country.

This thorough experience has allowed Costa Rica to establish a cooperation platform with other developing countries that suffer this neglected disease, resulting in international networks of various sorts involved in South-South and South-North cooperation. On the basis of this long-standing tradition in the study and confrontation of snakebite envenoming, Costa Rica has been at the forefront of an international initiative to raise the attention to snakebites and to promote actions within the World Health Organization.

The public health impact of snakebite envenoming

Envenomings resulting from the bites of venomous snakes constitute a serious public health problem, particularly in sub-Saharan Africa, Asia, Latin America and parts of Oceania. It has been estimated that, every year, more than 2 million people suffer these envenomings and, as a consequence, between 81,000 and 138,000 fatalities occur. Moreover, among the people who survive, more than 400,000 are left with permanent physical disabilities and psychological sequelae (Gutiérrez et al., 2017). Snakebites affect predominantly impoverished populations living in rural settings and, therefore, contribute to a vicious cycle of poverty, since affected people often need to cover the costs of treatment, and the physical disabilities resulting from envenomings directly affect their working capacity (Harrison et al., 2009). Snakebite envenoming has been included in the official list of neglected tropical diseases by the World Health Organization (WHO). Owing to the fact that snakebites mostly affect vulnerable communities having little political voice, this problem has traditionally received very little attention from health authorities, research agendas, pharmaceutical companies and groups of the civil society. Therefore, snakebite envenomings constitute a truly neglected tropical disease. In the midst of this critical scenario, there have been several countries where this issue has been confronted through public policies and efforts from the research communities. One of these countries is Costa Rica; in addition to developing a strong national program for attending the problem of snakebite envenoming, Costa Rica has been involved in international cooperation activities, particularly under the frame of South-South cooperation, which have greatly impacted in various regions of the world. The present communication describes these developments.



73

From national experience to international leadership: the dawn of the snakebite programs in Costa Rica

In the first decades of the XXth century, Clodomiro Picado Twight (1887-1944), a renowned Costa Rican scientist, devoted much of his scientific efforts to the study of snakes, snake venoms and snakebite envenomings in his country. Picado identified the most important venomous snakes in Costa Rica, studied the toxic profile of their venoms and searched for novel therapies for envenomings. His scientific contributions are summarized in the book Serpientes Venenosas de Costa Rica. Sus Venenos, Seroterapia Antiof ídica (Picado, 1931). Besides his scientific legacy, Picado promoted a visionary law for reducing the impact of snakebite envenomings in the country. Moreover, he established a cooperation program with Instituto Butantan, in São Paulo, Brazil, an institution that, since 1901, had been producing ‘antivenoms’, the only scientifically validated therapy for snakebite envenomings. This was the first South-South international cooperation developed in Costa Rica on this problem. Through this program, Picado sent snake venoms to Brazil and Instituto Butantan prepared and sent back antivenoms to Costa Rica. This introduced the modern therapy of envenomings to this Central American country. As a consequence of this breakthrough, the mortality due to envenomings in Costa Rica was drastically reduced.

A renewed impetus on this topic occurred in the decade of the 1960s, when the government of Costa Rica promoted an international cooperation program involving the Ministry of Health, the University of Costa Rica, and the Embassy of the United States of America in Costa Rica. This tripartite partnership had the aim of producing, for the first time, antivenoms for the treatment of snakebite envenomings in this country. This international and inter-institutional antivenom program, known as Programa de Sueros Antiof ídicos, succeeded in the manufacture of the first batches of antivenoms in 1967. The program received the political support of the Costa Rican government and, as a consequence, an institute for the production of antivenom was created in 1970, the Instituto Clodomiro Picado.

Originally a dependence of the Ministry of Health, this institute was then ascribed to the University of Costa Rica, in 1972, owing to the leading role played by researchers of this university, among them Róger Bolaños Herrera, in the consolidation of this project. During almost five decades, the program has kept a close coordination with the public health institutions of Costa Rica, namely the Ministry of Health and the social security system of Costa Rica (Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS).

An integrated perspective for confronting snakebite envenoming

An essential feature of the way Costa Rica has dealt with the issue of snakebite envenoming has been the integrated and holistic character of the program. From the very beginning, the strategy involved concerted actions in four main branches: (1) manufacture and distribution of antivenoms; (2) scientific and technological research on the topics of snakes, snake venoms, envenomings and development of antivenoms; (3) extension programs to convey the basic aspects of prevention and management of snakebites; and (4) university teaching programs at undergraduate and graduate levels. Such holistic philosophy of development avoided the ‘reductionist’ approaches of focusing only on antivenom production, and allowed the building up of a solid scientific and technological basis for the development of this initiative. Moreover, a solid partnership was established with the public health institutions and with the academic community of the country.Despite the fact that, initially, this program was focused on finding solutions to the snakebite problem in Costa Rica, the Instituto Clodomiro Picado had, from the beginning, an international perspective of cooperation, reflected in early efforts to translate the developments made in Costa Rica to other countries in the region.



74

A history of cooperation

From its onset, the Instituto Clodomiro Picado started an ambitious international cooperative program in its main lines of action, i.e., scientific and technological research, antivenom production, extension, and teaching. In research, a solid frame of academic partnerships has been established with groups in 35 countries of the Americas, Europe, Africa, Asia and Oceania. Of particular relevance is the platform developed on South-South cooperation, not only in research and training of students, scientists and technicians, but also in the development and distribution of antivenoms to be used in the treatment of snakebite envenoming, especially in Latin America and sub-Saharan Africa, and also in Sri Lanka and Papua New Guinea. This extensive network of antivenom distribution has developed in parallel with the transfer of knowledge and technology for the production and quality control of antivenoms in several countries, particularly in Latin America. Hence the South-South cooperation of Costa Rica has involved the provision of these life-saving products and the collaboration for antivenom manufacture in other countries, under a frame of solidarity. This South-South cooperation has also impacted in the training of physicians and nurses of many countries in Latin America in the clinical management of envenomings. Table 1 summarizes the regions and countries with which Costa Rica has established cooperation links in this field. This ambitious platform of cooperation is described in more detail in the following sections.

Cooperation in scientific and technological research

A solid scientific and technological research program was created at Instituto Clodomiro Picado along various lines, such as the study of the biology of venomous snakes, the biochemistry and mechanism of action of snake venoms, the epidemiology and clinical aspects of snakebite envenoming, the development of antivenoms, the analysis of the efficacy and safety of antivenoms from Costa Rica and other countries, and the search for novel therapies to treat envenomings.

Table 1. Summary of the international cooperation activities developed by Costa Rica for improving the study and control of snakebite envenoming

RegionScientific and technological

research

Distribution of antivenoms

Transfer of knowledge and

technology for antivenom

production

Development of new antivenoms

Central America √ √ √

Somce countries in South America √ √ √

North America (Mexico and the USA)

√



75

S u b - S a h a r a n Aftrica (Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benin, Central African Republic, Ethiopia)

√ √

Sri Lanka √ √ √Other countries in Asia √

Papua New Guinea and Australia √ √

Europe (11 countries) √

Source: Archives of projects of Instituto Clodomiro Picado.

Along the development and consolidation of this ambitious research program, fruitful international cooperation programs were established with universities and other institutions from many countries in all continents, including many countries from the South. This extensive network of cooperation is clearly reflected in the authorship of scientific publications generated by Instituto Clodomiro Picado. As the following figure shows, the number of publications with combined authorships by Costa Rican and foreign researchers has steadily increased along the five decades of this institute as a reflection of this international partnership trend.

Figure 1. Numbers of scientific publications by researchers of Instituto Clodomiro Picado per decade, highlighting the publications authored by Costa Rican scientists alone (N) and those in which authorship was shared by researchers from Instituto Clodomiro Picado and from foreign institutions (I). A clear trend towards international cooperation is observed. From: Gutiérrez, J.M. (2018).Reflexiones desde la academia. Universidad, ciencia y sociedad. San José, Costa Rica: Editorial Arlekín, p. 173.



76

Figure 2. Countries that have one or more institutions with which Instituto Clodomiro Picado has established academic networks of cooperation. Each dot represents a country. In several countries, such as Brazil, academic partnerships have involved many institutions. Adapted from: Gutiérrez, J.M. (2018). Reflexiones desde la academia. Universidad, ciencia y sociedad. San José, Costa Rica: Editorial Arlekín, p. 359.

Beyond the fruitful output of this international scheme, in terms of scientific publications in specialized journals and books, such academic cooperation has involved an extensive exchange of researchers and students from many countries, which has contributed to the strengthening of the human capital in science and technology of Costa Rica and other countries. In particular, a strong component of this exchange has involved a number of countries in Latin America and the Caribbean, such as México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia, Argentina, and Martinique. Likewise, this academic cooperation has expanded to groups in the USA, Europe, Asia, Africa and Oceania (see Gutiérrez, 2016). This international cooperative platform greatly benefited groups with limited laboratory resources to be able to participate in studies using advance technological tools which, as a consequence, resulted in the strengthening of their own endogenous capacity to develop scientific research.

International cooperation for improving the prevention and management of snakebite envenomings

The knowledge generated through research has been transferred to the general population and the health professional sector by an extension program initially designed for Costa Rica. Through this program, rural communities in high risk of snakebites have been identified and a diverse set of extension activities have been designed to convey to these communities the basic aspects of how to prevent snakebites and what actions to do in the event of a bite by a venomous snake. This includes the avoidance of harmful interventions and the rapid transportation of the affected person to the nearest health facility in order to receive appropriate treatment. These activities have involved

The extension of this network of international cooperation in research is evident by analyzing the number of countries with which Instituto Clodomiro Picado has established academic partnerships, illustrated in the following figure. As indicated, a significant component of this international cooperation universe is based on partnerships with institutions from the South, particularly in Latin America.


POLÍTICA INTERNACIONAL Y TEMAS CONEXOS

77

indigenous communities that suff er a high number of snakebites, as well as farmers, students in rural areas, workers of private and public institutions, and other groups in risk. In parallel, a permanent education program has been developed for conveying the basic aspects of the diagnosis and treatment of snakebite envenomings to professionals of the public health system, particularly physicians and nurses, as well as to students of Medicine, Nursing and other careers of the health area. Th is program has signifi cantly improved the prevention of snakebites and the clinical management of these accidents.

Th is extension program has been expanded to include other countries in Central and South America. Regular training activities are coordinated with public health institutions of these countries, and seminars have been off ered by Costa Rican professionals in these countries, hence contributing to the strengthening of the management of snakebite envenomings in the region as a whole. As an example, the audience that attended a seminar on snakebite envenoming in the Ecuadoran community of Loja in 2017 is shown in the photo below. Th is activity was off ered by staff of Instituto Clodomiro Picado to health professionals of the Seguro Social Campesino of Ecuador.

Ensuring the provision of life-saving antivenoms in Latin America and the Caribbean

As indicated above, one of the main goals of Instituto Clodomiro Picado is to produce and distribute antivenoms for the treatment of snakebite envenomings. Th e administration of antivenoms in health centers is the only scientifi cally-validated therapy for these envenomings. Unfortunately, owing to the neglected character of this tropical disease, there has been a chronic defi cit in the availability and accessibility of antivenoms, particularly in countries of sub-Saharan Africa and Asia and, in some cases, also in Latin America. Hence, one of the main goals of the eff orts developed by Costa Rica in this fi eld has been the manufacture and distribution of antivenoms.

Photo: Attendees of a seminar on snakebite envenoming presented by Instituto Clodomiro Picado to health professionals, organized by Seguro Social Campesino of Ecuador in the city of Loja, Ecuador, in 2017.



78

Initially, during the decade of the 1970s, the volume of antivenom produced in Costa Rica only covered the needs of this country. Nevertheless, since the very beginning, Instituto Clodomiro Picado established cooperation agreements with other public laboratories in charge of antivenom production in Latin America. The technical expertise developed in Costa Rica was transferred to laboratories in Colombia and Ecuador, and then to other countries. Many of these cooperation activities have been developed in coordination with the Pan American Health Organization (PAHO). This philosophy of integration and cooperation has evolved along the decades and, in the past fifteen years, a network of public laboratories involved in antivenom production and quality control in Latin America was established, with a leadership role of Instituto Clodomiro Picado and Instituto Butantan. This network has promoted workshops, training activities, and collaborative research projects and has allowed an extensive exchange of colleagues between these institutions (Gutiérrez, 2016). This network has been financially supported by the program CYTED, the Organization of American States (OAS), through the program FEMCIDI, and PAHO.As a corollary of the improvements and innovations carried out in Costa Rica in the technology for antivenom manufacture, the production capacity of Instituto Clodomiro Picado has increased steadily over the last decades.

Hence, in the decade of 1990s it was feasible to distribute antivenoms beyond Costa Rica, particularly to the rest of Central American countries. As a consequence, this region has become self-sufficient in terms of the supply of antivenoms. It is relevant to remark that Costa Rica provides antivenoms at a low cost for the public health systems of countries in Latin America, the Caribbean and sub-Saharan Africa, hence ensuring the availability and accessibility of this previous medicine to the populations in need. The distribution of antivenoms has been done in parallel with continuous education programs and preparation of teaching materials to train the physicians and nurses in charge of the treatment of envenomings in the countries of this region. More recently, antivenoms manufactured in Costa Rica have been deployed to other countries in South America and the Caribbean, such as Ecuador, Saint Lucia, Guyana and French Guyana. Thus, the endogenous scientific and technological development in this field in Costa Rica over the last decades has greatly contributed to the amelioration of the impact of snakebite envenomings in the region as a whole. Plans are underway to foster this international cooperation scheme to other countries, and cooperation agreements are being negotiated with other public antivenom manufacturers in Latin America.

Beyond the Americas: cooperation in antivenom provision on a global basis

In the first decade of this century, Costa Rica became engaged in an ambitious international cooperation program to confront the serious deficit of antivenoms in sub-Saharan Africa, which has become critical (WHO, 2007). A partnership was established with the Federal Ministry of Health of Nigeria, the Liverpool School of Tropical Medicine, and the University of Oxford, in the United Kingdom, to generate a new antivenom for western sub-Saharan Africa. This antivenom, developed in Costa Rica, was evaluated in a clinical trial in Nigeria, and proved to be highly effective and safe. This antivenom is regularly produced at Instituto Clodomiro Picado and is currently being distributed to Nigeria, Mali, Burkina Faso, Benin, and is being also used in the Central African Republic and South Sudan by the organization Médecins sans Frontieres (MSF). The volume of production of this antivenom is being increased in order to cope with the demand of this product by other sub-Saharan African countries. This represents an example of a South-South partnership resulting from endogenous scientific and technological developments in Costa Rica for the benefit of faraway countries in sub-Saharan Africa.

Such South-South trans-continental cooperation has further expanded with a cooperative project with the University of Papua New Guinea and the University of Melbourne. An antivenom has been developed in Costa Rica for the treatment of a highly venomous snake in Papua New Guinea. This antivenom is currently under clinical evaluation in this country and it is expected that, in the near future, it will be produced in Costa Rica and sent to



79

Papua New Guinea for treating snakebite envenomings. A similar effort is being carried out in collaboration with Sri Lanka, in order to develop a new antivenom for this Asian country, where more than 30,000 cases of snakebite envenoming occur every year. At the same time, Instituto Clodomiro Picado has extensive communication links with manufacturers of antivenoms from countries in Latin America and Asia, with whom various sorts of technical cooperation are promoted. Hence, the global projection of Costa Rica in this field involves not only the production and distribution of antivenoms, but also permanent technical cooperation activities of various sorts aimed at improving antivenom manufacture by producers in other countries, particularly in the South.

The knowledge and expertise developed in Costa Rica in antivenom production and, in general, in the field of snakebite envenoming, have also impacted in international health organizations such as the WHO and PAHO. This has been reflected in the involvement of professional and technical staff from Costa Rica in the preparation of official guidelines for the production and control of antivenoms, and in the treatment of envenomings (see for example WHO, 2017).

Leading at the global stage

Costa Rica's historical experience in the successful management of this issue has allowed the country to assume a global leadership role, by means of a partnership between the Ministry of Health, the University of Costa Rica / Instituto Clodomiro Picado and the Ministry of Foreign Affairs.

A solid basis of support was built, especially among tropical low- and middle-income countries where the overwhelming majority of snakebite victims live, which were determined to generate global awareness and action.

The magnitude of the snakebite problem calls for international cooperation as the only way to significantly control and reduce its impact. It is through the synergies of the strengths and resources of various stakeholders that this ambitious goal can be achieved.

In May 2016, Costa Rica, along with 18 co-sponsors[1], chaired a Member State side-event, to set out a vision for a comprehensive holistic approach to the burden of snakebite envenoming. The motivation for global action was born, with the involvement of member states, public and private sectors and civil society, including several non-governmental organizations, such as the Global Snakebite Initiative (GSI), Médecins sans Frontiéres (MSF), Health Action International (HAI) and others. This was the start of a long and fruitful journey that gathered the support of more than 30 countries, and the regional organizations of the Americas, Asia, Africa and the Pacific.

As a follow-up, in 2017 a group of 18 states[2] filed a technical request to the WHO subcommittee of the WHO Strategic Technical Advisory Group for Neglected Tropical Diseases at its 10th meeting. After technical consideration of the file, this group recommended that snakebite envenoming should be included in the WHO neglected tropical diseases portfolio as a Category A neglected tropical disease. Such recommendation was later endorsed by the WHO Director-General and snakebite envenoming was officially included in the list of neglected tropical diseases in June 2017.

With this achievement, snakebite envenoming was incorporated as part of WHO comprehensive efforts to overcome the global impact of neglected tropical diseases, a terminology that embraces a diverse group of communicable and zoonotic diseases that prevail mainly under tropical and subtropical conditions, largely affecting socially and economically vulnerable people.



80

In October 2017, a group of nations[3] tabled the proposal of the resolution “Addressing the burden of snakebite envenoming” to be discussed by the Executive Board of the WHO, which adopted it by consensus in January 2018, and submitted the proposal to the 71st World Health Assembly (WHA) held in May 2018. The WHA adopted the resolution by consensus on 24 May and gave way to a new era for cooperation, articulation and global action in this field. Including snakebite envenoming as a recognized Neglected Tropical Disease, the resolution grants a clear mandate for an integrated global action plan that can eradicate the disease burden wrought by snakebite. Thereafter, under the leadership of the WHO, a multi-stakeholder global action plan will bring together WHO, member states, the public sector, scientific community, civil society and the private sector in a global alliance to develop actions aimed at reducing the impact of this disease. A roadmap for confronting snakebite envenoming, developed by the WHO with the participation of many people, will be launched in May 2019.

The WHA resolution (see below) includes interventions at various levels, such as prevention of bites, involvement of communities in the solution of the problem, improvements in the availability and accessibility of antivenoms, training of health personnel in the subject, monitoring and rehabilitation of affected people, and encouragement of research and development to improve the diagnosis and treatment of envenomings.

From a South-South Cooperation perspective

From the perspective of international cooperation and the trends that increasingly mark the work in this area, it is clear that the commitment and associativity that have been generated around the efforts in research, production of antivenoms and accessibility to these antidotes reflect the versatility that characterizes collaborative forms in the scientific field. Moreover, they highlight the contribution of South-South Cooperation schemes where solidarity constitutes the ethical and pragmatic motive that guides exchange initiatives among developing countries themselves to address common challenges.

Costa Rica for several decades, due, among others, to its good indicators in areas such as health and education, has been progressively excluded from all Official Development Assistance and, consequently, has not only had to resort to new partners for development and to new forms of support to leverage its own challenges but has increased its capabilities as a provider of cooperation in those fields where it has been successful. In other words, it has placed its strengths at the service of other countries with the purpose of overcoming obstacles and threats together for the benefit of the greatest number of people. We must not forget that, after the international community adopted the 2030 Agenda of Sustainable Development in 2015, development has expressly ceased to be understood as a mere function of per capita income. That limited notion that prevailed for a long time, does not translate the highest standards that sustainable development entails today and that force to reinvigorate alliances with different public and private partners, with civil society and academia; alliances in which science plays a central role since knowledge has become a first order value to identify the real needs, priorities and solutions to which public policies, programs and actions should focus. It is not by chance that sustainable development goal (SDG) 17 intends to stimulate these multi-stakeholder alliances.

Although the efforts deployed by Costa Rica for more than six decades in the field that concerns us, and to which other countries and research centers have joined, have not always shown revolutionary ways of doing cooperation, they do have an unquestionable double merit: on the one hand, they have managed to bring to the forefront of the world attention to the unwavering fight against snake bites as a cause of mortality and disability in many regions and, on the other hand, the different cooperation mechanisms that have been put in place for these purposes have strengthened increasingly ambitious work networks among the developing countries that exceed the regional space.



81

Whether it is scientific and technological research, the distribution of antidotes, the transfer of knowledge and technology in the production of antiophidics, the development of new products, the promotion of their accessibility where it is most needed it is undeniable that these synergies constitute an invaluable contribution to global public goods.If the transfer of knowledge and technology is now a key factor in international cooperation, Costa Rica has historically understood this commitment and the returns it implies for the world's most vulnerable populations. This work, in crescendo and collective, has not only positively impacted millions of people but also has much potential to save more human lives.

Addressing the burden of snakebiteResolution adopted by the 71st World Health Assembly, 2018, will trigger the following actions:

1. to assess the burden of snakebite and, where necessary, establish prevention, treatment and rehabilitation programmes;

2. to accelerate efforts for early treatment of snakebite cases;3. to improve the availability. accessibility and affordability of antivenoms to populations at risk, and to develop

mechanisms to ensure that additional costs of treatment and rehabilitation after snakebite envenoming are affordable;

4. to ensure that total costs of snakebite treatment envenoming do not discourage health-seeking behaviour or ongoing health care, and do not deepen poverty;

5. to integrate, where possible, efforts to control snakebite envenoming with other relevant disease-control activities;

6. within the context of health-system development, to establish and sustain partnerships for treatment of snakebite envenoming at country and regional levels;

7. to improve access to specific treatment and rehabilitation services for all victims of snakebite envenoming, by mobilizing national resources;

8. to provide training to relevant health workers on the management of snakebite envenoming;9. to intensify and support institutions working on research on snakebite envenoming, particularly in order

to develop new tools to measure the burden of the disease, and to diagnose, treat and prevent snakebite envenoming;

10. to promote community awareness of snakebite envenoming in support of early treatment and prevention, and to intensify community participation in awareness and prevention efforts.



82

References

Gutiérrez, J.M. (2016). Understanding and confronting snakebite envenoming: The harvest of cooperation. Toxicon 109: 51-62.

Gutiérrez, J.M., Calvete, J.J., Habib, A.G., Harrison, R.A., Williams, D.J., Warrell, D.A. (2017). Snakebite envenoming. Nature Review Disease Primers 3: 17063.

Harrison, R.A., Hargreaves, A., Wagstaff, S.C., Faragher, B., Lalloo, D.G. (2009). Snake envenoming: a disease of poverty. PLoS Neglected Tropical Diseases 3(12): e569.

Picado, C. (1931). Serpientes venenosas de Costa Rica. Sus venenos, Seroterapia Antiof ídica. San José, Costa Rica: Imprenta Alsina.

Segura, Á., Castillo, M.C., Núñez, V., Yarlequé, A., Gonçalves, L.R.C., Villalta, M., Bonilla, C., Herrera, M., Vargas, M., Fernández, M., Yano, M.Y., Araújo, H.P., Boller, M.A., León, P., Tintaya, B., Sano-Martins, I.S., Gómez, A., Fernández, G.P., Geoghegan, P., Higashi, H.G., León, G., Gutiérrez, J.M. (2010). Preclinical assessment of the neutralizing capacity of antivenoms produced in six Latin American countries against medically-relevant Bothrops snake venoms. Toxicon 56(6): 980-989.

World Health Organization (2007). Rabies and envenomings. A neglected public health issue. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (2017). Guidelines for the Production, Control and Regulation of snake antivenom immunoglobulins. Geneva: World Health Organization.

[1] Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Costa Rica, Gabon, Guinea, Kenya, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Philippines, Senegal, Uganda.

[2] Angola, Benin, Brazil, Cameroon, Chad, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Mexico, Namibia, Netherlands, Pakistan, Panama, Philippines, Peru, Uganda.

[3] Algeria, Angola, Argentina, Australia, Benin, Brazil, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, France, Gabon, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Kenya, Mexico, Namibia, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Senegal, Thailand, Togo, Venezuela, Vietnam and Zambia with the support of the African Group, the Group of the Americas.


Sección Histórica

83

La primera misión de Venezuela en Costa Rica

Jorge Francisco Sáenz CarbonellCatedrático de la Universidad de Costa Rica

Durante el siglo XIX, en reiteradas oportunidades, los vínculos oficiales entre los países hispanoamericanos se iniciaron mediante el intercambio de cartas autógrafas entre los respectivos gobernantes. Esto ocurría por lo general cuando un nuevo gobernante ascendía al poder en un país y decidía poner el hecho en conocimiento de otros gobiernos de la región.

Justamente de ese modo se iniciaron las relaciones entre Venezuela y Costa Rica. El 1° de marzo de 1858, el gobernador del estado de Carabobo, don Julián Castro, se alzó en armas contra el presidente don José Tadeo Monagas. Este no logró el apoyo necesario para combatir a los insurrectos y el 15 del mismo mes se asiló en el consulado francés. Poco después, Castro decidió que enviar notas a los gobernantes de diversos países, para enterarlos oficialmente de su ascenso al poder. Hasta ese momento, que sepamos, no había habido ningún contacto entre los gobiernos de Costa Rica y Venezuela, pero alguien en Caracas decidió incluir al presidente de nuestro país entre los destinatarios de la autógrafa. Y así llegó a manos del presidente don Juan Rafael una nota fechada el 20 de mayo de 1858, mediante la cual don Julián Castro, “general en jefe del Ejército Libertador de Venezuela, Encargado de la Organización de la República”, hacía de su conocimiento que había sido, precisamente, encargado de la organización de la República. Como era de rigor, Mora avisó recibo mediante otra nota autógrafa 1.

Establecidas así implícitamente las relaciones oficiales, en los años sucesivos el contacto diplomático directo entre Costa Rica y Venezuela prácticamente se limitó al ritual intercambio de autógrafas, cada vez que en uno u otro país un nuevo presidente llegaba al poder o era relegido para ese cargo, o cuando ocurría algún otro hecho político de extrema relevancia. Mediante una nota formal y de tono solemne, el nuevo gobernante informaba del hecho a su colega, y este le respondía para avisar recibo y expresarle sus parabienes. Así, por ejemplo, en el Archivo Nacional de Costa Rica se conserva una nota de 1860, mediante la cual el presidente venezolano don Manuel Felipe de Tovar avisó recibo de la nota autógrafa que le enviara el nuevo gobernante costarricense don José María Montealegre y le felicitó por haber sido elegido como primer magistrado de la nación 2; otra de 1863 de don Juan Crisóstomo Falcón, “General en Jefe de los Ejércitos Federales y Presidente Provisional de la Federación Venezolana”, al presidente de Costa Rica don Jesús Jiménez, para comunicarle que todo en Venezuela estaba en calma, que el pabellón nacional ondeaba de uno a otro extremo de la nación y que había vuelto la paz después de cinco años de guerra civil 3; otra de 1866 de don Rafael Arvelo, encargado del Ejecutivo Nacional de los Estados Unidos de Venezuela (nuevo nombre oficial del país desde 1864), al doctor don José María Castro Madriz, para felicitarle por haber sido elegido como presidente de Costa Rica y manifestarle sus mejores deseos por el éxito de su gestión 4… El rito diplomático continuó una y otra vez, prácticamente en cada oportunidad que ocurría un cambio de gobernante en Caracas o en San José. Sin embargo, durante el gobierno del doctor Castro Madriz ocurrió otro hecho importante en la historia de las relaciones entre los dos países, ya que por primera vez se nombró un funcionario consular de Costa Rica en Venezuela. El 26 de julio de 1866, el presidente Castro designó al doctor don Ricardo Becerra Bustamante como cónsul general de Costa Rica en Venezuela, con residencia en Caracas. Becerra era un abogado colombiano, al que

1 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Relaciones Exteriores, documento n° 15387.

2 Ibid., documento n° 15389.

3 Ibid., documento n° 15390



Sección Histórica

84

el gobierno de su país había acreditado en 1865 como cónsul general de Colombia en Caracas 5. No sabemos cómo se entabló contacto el doctor Becerra y el gobierno de Costa Rica o por qué este decidió nombrarlo como cónsul general en Venezuela, pero cabe recordar que el doctor Castro había sido ministro plenipotenciario de Costa Rica en Bogotá durante los primeros meses de 1865, y no es de descartar que allí haya conocido al designado.

Sin embargo, no parece que el consulado fuera muy necesario que digamos, ya que casi no había costarricenses en Venezuela y el comercio entre ambos países era sumamente limitado, especialmente por la carencia de rutas directas y regulares de navegación. Cabe recordar que en ese momento Costa Rica carecía en el Caribe de puertos adecuados abiertos al comercio y la comunicación terrestre entre San José y la costa caribeña era muy dif ícil. Si efectivamente la decisión de nombrar a Becerra provino de alguna relación con el doctor Castro, posiblemente en ella lo que pesó fue la idea de que Costa Rica tuviera alguna presencia simbólica en Caracas aprovechando para ello a una persona confiable y de prestigio. Becerra, que vivió hasta 1905, sirvió el cargo de cónsul general honorario durante alrededor de quince años. Todavía se le menciona como tal en la Memoria de la Cancillería costarricense de 1879-1880, pero su nombre ya no figura en el listado del cuerpo consular acreditado en Caracas contenido en el Almanach de Gotha de 1881 6. Durante un largo tiempo no se nombró a nadie para reemplazarlo, lo cual parece indicar que la actividad del consulado general costarricense no debía ser mucha. En 1883 llegó a Costa Rica una invitación de Venezuela para participar en la celebración del centenario del nacimiento de Bolívar. Como Costa Rica ya no tenía ningún funcionario consular en Caracas, el canciller costarricense don José María Castro se dirigió a su colega venezolano para pedirle que le sugiriera el nombre de alguna persona que representara a nuestro país en los festejos. Sin embargo, debido a la lentitud y dificultad de las comunicaciones, la respuesta de Venezuela llegó a San José cuando ya era extemporáneo nombrar un delegado. En la memoria de Relaciones Exteriores de 1883-1884, presentada al Congreso Constitucional en mayo de 1884, el canciller Castro refirió así lo sucedido:

“Venezuela

El ilustrado y activo Gobierno de esta República, invitó al de Costa Rica, a tomar parte en la gran fiesta americana consagrada a celebrar el centenario del natalicio del inmortal Bolívar.

Ninguna función más digna del sentimiento americano, ninguna de objeto más grandioso y justo; ninguna más grata que los amantes de las glorias del Mundo de Colón. El Poder Ejecutivo sintió viva satisfacción al verse invitado para esa espléndida fiesta que había de verificarse en el lugar mismo donde está la cuna del Libertador de un mundo, a inspiración universalmente simpática del Gobierno de la heroica Venezuela.

Luego que recibió invitación tan halagüeña, el Poder Ejecutivo, para más seguridad de no faltar a esa cita de la civilización y de la gratitud de los pueblos independientes, concibió la idea de que un dis-tinguido compatriota del héroe, fuera el que representase a Costa Rica en aquella solemnidad de que iba a ser teatro la ciudad de Caracas, y con intento tal, me dirigí al Excelentísimo Señor ministro de Rela-ciones de Venezuela, suplicándole se sirviera designarme la apersona a quien podría hacerse el cometido; pero el despacho comprensivo de la designación y fechado a 31 de marzo del año anterior, llegó tarde a la Secretaría de mi cargo y la representación de Costa Rica no tuvo efecto desgraciadamente, por los largos retrasos que casi de ordinario sufre nuestra correspondencia con las repúblicas del sur. Así lo manifestó

5 https://archive.org/stream/historiacontempo08gonz/historiacontempo08gonz_djvu.txt

6 https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_53/page/n1063


Sección Histórica

85

mi honorable antecesor al Gabinete de Caracas en despacho de 20 de julio último, y el gobierno de Vene-zuela quedó en la convicción de que faltó la suerte, no la voluntad de Costa Rica.

La Cancillería de la misma nación, dirigió a la de mi cargo, con fecha 21 de agosto último, un despacho que ha pocos días llegó a esta capital, contraído a comunicar el protocolo de la “Conferencia Oficiosa Protocolizada”, suscrita ad referéndum en Caracas a 14 del citado mes por los representantes de las naciones latinoamericanas que concurrieron al Centenario del Libertador Simón Bolívar , con el fin de que Costa Rica pueda adherirse a las declaraciones de dicho protocolo, -documento número 5.- con-tiene.

El Gabinete de Costa Rica estimó conveniente responder: que cuando esas declaraciones obtu-vieran la aprobación de los gobiernos representados en el Centenario y de la cual quedaban pendientes, tomaría en seria consideración el asunto, y resolvería lo conveniente, pudiendo desde luego asegurar que algunos de los principios comprendidos en ella son de indiscutible conveniencia y a toda luz aceptables y que apreciaba y agradecía el sentimiento de fraternidad y la benevolencia que revelaba la invitación hecha de tal manera a Costa Rica.” 7

Aunque Costa Rica estuviera sin oficina consular en Caracas, en 1887 Venezuela decidió nombrar un cónsul honorario en San José. La designación recayó en David Carlos Price Costello, un colombiano naturalizado costarricense, que había sido amanuense del Congreso Constitucional en 1882 8. Nacido en 1858, hijo de Henry Price y Elisa Costello, ingleses, casó en primeras nupcias en San José en 1881 con Natalia Pacheco Morales 9 y en segundas en 1903 con Guillerma Alvarado Rivero 10. Le fue concedido el exequátur el 18 de marzo de 1887. Quizá como consecuencia de la acreditación de Price, el gobierno de Costa Rica decidió nombrar nuevamente un agente consular en Caracas, y el 22 de julio de 188, de conformidad con lo acordado en esa fecha en Consejo de Gobierno, el presidente don Bernardo Soto y el canciller interino don Rafael Machado firmaron la designación de don Rafael Fernando Seijas como cónsul de Costa Rica en Venezuela. Cabe señalar que en esos momentos vivían en Caracas dos personajes del mismo nombre, padre e hijo. El padre había sido canciller de Venezuela en cinco oportunidades y había desempeñado otros elevados cargos, además de haber publicado eruditas obras sobre temas de Derecho Internacional. El hijo fue también diplomático de Venezuela y distinguido jurisconsulto. Aunque no se sabe con certeza cuál de los dos fue el cónsul de Costa Rica, nos parece mucho más razonable suponer que se trataba del hijo, por lo modesto del cargo, que pudo haber sido razonable para una persona joven y todavía sin un nutrido currículo, mientras que hubiera posiblemente resultado muy poca cosa para un ex canciller y destacada figura pública, que además volvió a ser canciller por sexta y última vez 11. De todos modos, el cónsul Seijas no calentó mucho el asiento consular, ya que, mediante acuerdo de 4 de febrero de 1889, el gobierno de Costa Rica dispuso cancelar su nombramiento sin expresar motivo alguno.

Casi un año después, el 30 de enero de 1890, el gobierno de Costa Rica reconoció como nuevo cónsul de Venezuela en San José al doctor don Bartolomé Marichal, un sexagenario abogado colombiano oriundo de Cartagena de Indias 12, que llevaba un tiempo considerable residiendo en el país.

7 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Archivo del Congreso, documento n° 8686.


9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL3X-1J2

10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQK7-XQR

11 http://bibliografilaguayanaesequibacom.blogspot.com/2012/05/el-derecho-internacional-venezolano.html

12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q5WM-FLHH


Sección Histórica

86

El año 1890 trajo cambios políticos tanto en Venezuela como en Costa Rica. El 19 de marzo ascendió a la presidencia venezolana el abogado don Raimundo Andueza Palacio, elegido para un período de dos años. Apenas un mes y medio más tarde, el 8 de mayo, tomó posesión como presidente de Costa Rica el licenciado don José Rodríguez Zeledón, triunfador por abrumadora mayoría en las célebres elecciones de noviembre de 1889.

El nuevo gobernante venezolano decidió impulsar la política exterior de su país, mediante la acreditación de legaciones de primera clase –encabezadas por un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, en vez de un ministro residente o un encargado de Negocios, jefes de misión de clase inferior- en los demás países hispanoamericanos.

En ejecución de esta política, Andueza Palacio designó el 22 de junio de 1891 13 como ministro plenipotenciario de Venezuela en las cinco repúblicas a un notable caraqueño, el doctor don Rafael Villavicencio (1838-1920), una de las figuras más distinguidas de la ciencia y la intelectualidad venezolana de esa época, al que se considera como el introductor en el país del positivismo, doctrina que difundió en sus obras, en sus lecciones y en la prensa. La reputada Enciclopedia Espasa sintetiza así su vida:

“Hizo sus estudios en la Universidad de su ciudad nativa, en la que obtuvo el título de doctor en medicina en 1860, doctorándose más tarde en filosof ía y letras y en farmacia. Sin descuidar las atenciones de su profesión, penetró con asiduo interés en los estudios de las ciencias naturales y filosóficas, llegando a poseer vastísimos conocimientos en diferentes ramos del saber. Sucesivamente fue cirujano del Hospital Militar de Caracas, llegando en el cuerpo de sanidad militar hasta el empleo de médico cirujano jefe del ejército, asimilado a general de brigada, administrador de la Aduana de Maracaibo, director de Instrucción superior, secretario general de los Estados de Zamora y Carabobo, senador y presidente del Senado, presidente de la Alta Corte Federal, cónsul general en Nueva York, ministro plenipotenciario en la América Central , ministro de Fomento, ministro de Instrucción pública, profesor de historia universal, de antropología y de historia de la medicina y rector de la Universidad de Caracas (en la que creó la facultad de filosof ía y letras y las cátedras de literaturas orientales y grecolatinas), correspondiente de la Real Academia Española, e individuo de número de la Venezolana y de la Nacional, de la que fue director. Debido tanto a las múltiples ocupaciones que sobre él pesaron, como a la diversidad de sus conocimientos, sus escritos no son muy numerosos, debiendo citarse entre ellos: Geograf ía médica y demograf ía de Venezuela; Bolívar, Vargas y Cajigal, su influencia en la evolución de Venezuela; La importancia de las ciencias para satisfacer las necesidades del espíritu humano, conferencia; La evolución del lenguaje, discurso de recepción de recepción en la Academia Venezolana; La evolución política y social de Venezuela, discurso de recepción en la Academia de la Historia; Relaciones entre la ciencia y la poesía, conferencia, etc. Además, colaboró en muchos periódicos.” 14

El mismo 22 de junio, el presidente Andueza Palacio dirigió una nota autógrafa a su colega costarricense don José Rodríguez para informarle que con el deseo de estrechar las cordiales relaciones que existían entre Venezuela y Costa Rica, había resuelto acreditar con el carácter de enviado extraordinario de Venezuela, ante el Gobierno de Costa Rica, al doctor don Rafael Villavicencio 15. Sin embargo, la intención del gobierno venezolano no era acreditar una legación con residencia permanente en Centroamérica, como la que tenían otros países en alguna de las capitales de los países centroamericanos y cuyo titular era concurrente en los otros cuatro, sino simplemente una misión diplomática de corta duración, lo que en la terminología de hoy se denomina como una misión especial.

13 MEJÍA GUARDADO, María de los Ángeles, y SALINAS ACOSTA, Aldo Josué, Las relaciones políticas, diplomáticas y de cooperación entre la República de El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela en el decenio de 1998-2008, tesis para optar al grado de licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador, 2008.

14 Enciclopedia Universal Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1ª. ed., 1905-1930, , vol. LXVIII, p. 1535.

15 Archivo Nacional de Costa Rica, Sección Histórica, Relaciones Exteriores, documento n° 14507.


Sección Histórica

87

En consecuencia, el doctor Villavicencio se limitaría visitar pasajeramente las cinco capitales, presentar credenciales al respectivo gobernante y quizá firmar algún convenio, para después regresar a Caracas.

Como secretario de la Legación se designó a don Gonzalo Picón Febres (1860-1918), un joven estudiante de Leyes que ya había sido cónsul de Venezuela en Francia y secretario de una legación enviada por su país a Colombia y al Ecuador 16.

Después de cumplir su cometido en los otros países centroamericanos, el enviado venezolano y su secretario llegaron al puerto de Puntarenas a las 12:30 p. m. del viernes 11 de diciembre de 1891. Al día siguiente, el diario oficial La Gaceta anunció su llegada en estos términos:

“El Excelentísimo señor Doctor don Rafael Villavicencio, Enviado de Venezuela ante este Gobierno, y su Secretario, señor don Gonzalo Picón Febres, han llegado en el vapor “Costa Rica” a Puntarenas, de donde ya se dirigen al interior.

Sean bien venidos los honorables huéspedes.” 17

Por su parte, el periódico josefino La Prensa Libre publicó ese mismo sábado una reseña biográfica del recién llegado diplomático, titulada “El Excmo. Sr. Doctor Don Rafael Villavicencio, Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Centro-América” y que ofrecía muchos detalles sobre su vida y actuaciones, extraídos de la publicación neoyorquina Las Novedades:

“Cuenta la República de Venezuela entre sus hijos muy distinguidos al Excmo. Sr. D. Rafael Villavicencio.

Las ciencias han tenido en él un cultivador asiduo y feliz y un maestro docto, la patria un servidor activo e inteligente en los elevados y numerosos cargos que le ha encomendado; sus amigos, un caballero afable, de modales en extremo distinguidos, cuya conversación culta encanta a cuantos la oyen, cuyo trato atrae y cuya modestia presta mayor realce a sus otras amables prendas.

Instruido sin ostentación, estudioso sin descanso, patriota convencido sin alardes vanos, reúne en su persona cuantas dotes se necesitan para brillar en distintas esferas, y sin duda para desempeñar con el mayor crédito y provecho para Venezuela la Plenipotencia en Centro-América, que le ha confiado el Gobierno del Dr. Andueza Palacio.

El señor Villavicencio, no es posible dudarlo, conquistará para sí y para la hidalga y simpática nación que representa, muchos amigos en la América Central, como ha sabido granjearse en Nueva York, en el tiempo en que tan dignamente desempeñó el Consulado General de Venezuela.

El Dr. Palacio es acreedor a los mayores elogios en la feliz elección de sus ministros. Bolet Peraza en los Estados Unidos, Ezequiel Rojas en al República argentina y el Dr. Villavicencio en Centro América, honrarían a cualquier nación, como honran en efecto a la suya, contribuyendo a hacerla favorablemente conocida y a aumentar ese caudal de simpatías, de buenos deseos, de consideración y respeto que siempre son gratos, que muchas veces se traducen en hechos positivos y prácticos, y que hoy más que nunca conviénele fomentar a la República venezolana.

16 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/picon_febres.htm

17 La Gaceta, 12 de diciembre de 1891.


Sección Histórica

88

Nada más acertado puede hacer el jefe de una nación que escoger para representarla en el extranjero a personas de verdadero mérito, de claro talento, de distinción y cultura; y si estas cualidades se reúnen en grado poco común como sucede con el Dr. Villavicencio, la elección resulta doblemente afortunada.

Encaríñanse las personas y los gobiernos con caballeros así, y la estimación que sus prendas personales conquistan por derecho propio, trasciende insensiblemente a cuanto con el representante se relaciona, incluyendo, como es natural, su patria.

Bien quisiéramos dar a nuestros lectores algunos datos biográficos del Dr. Villavicencio; pero el no haberlos a mano y el no haber sido empresa posible obtenerlos de la modestia del interesado, nos obliga a limitarnos a exponer lo que de propia cosecha sabemos.

El señor Villavicencio vio la luz hace aproximadamente cuarenta y cinco años, y cursó, con su innato amor por el estudio, la carrera de Medicina y Cirugía y entendemos que también la de Ciencias, en su nativa República de Venezuela. Su vida entera se ha consagrado al ejercicio de su profesión, al protectorado y a servir a la patria en diversas capacidades, habiendo sido médico cirujano de número del Hospital Militar de Caracas, médico cirujano en jefe del Ejército, administrador de la Aduana de Maracaibo, Director de Instrucción Superior, Ministro de Fomento, Director de la Comisión de Historia Patria, etc. Etc., a todo lo cual hay que agregar que ha servido las cátedras de Fisiología e Historia Universal respectivamente, en el Colegio Nacional del Zulia y en la Universidad de Caracas.

Muchas son las distinciones que ha merecido, pero solo citaremos aquí las siguientes: laureado con medallas de oro por la Universidad de Caracas, la facultad de ciencias Médicas de la misma Universidad y el Instituto de Ciencias Sociales; medalla de segunda clase del Busto del Libertador y medalla de Instrucción Pública.

Entre las sociedades a que ha pertenecido o pertenece figuran las siguientes:

En su patria: miembro de la Sociedad Médico Quirúrgica de Caracas, Presidente de la Sociedad “Escuela Médica”, primer Secretario de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas, Presidente del Instituto de Ciencias Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.

En el extranjero: miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, de la Real Sociedad Histórica de la misma capital, miembro honorario de la Trinity Historical Society de Dallas, Texas; miembro honorario del Gabinete de Lectura de Ponce, Puerto Rico; y de número de la Sociedad de Amigos del País de San Juan, en la misma Antilla.

Con tan brillantes antecedentes, con tal hoja de servicios, con tal bagaje intelectual y honorífico, llega a la América Central el nuevo representante de Venezuela.” 18

Prolongado y fatigoso debió ser el viaje del doctor Villavicencio y su secretario de Puntarenas a San José, en una época en que el ferrocarril todavía no unía al puerto con la capital y era necesario hacer el viaje desde la costa hasta la ciudad de Alajuela en carreta o a caballo. Al menos tuvieron la suerte de que imperaba la estación seca. Es de suponer que en Alajuela o en San José estuviera esperando a los diplomáticos el doctor Marichal, en su calidad de cónsul de Venezuela en Costa Rica, para saludarlos y ayudarlos a instalarse.

18 La Prensa Libre, 12 de diciembre de 1891.


Sección Histórica

89

La pequeña ciudad de San José tenía algunos edificios hermosos, como el Palacio Nacional y la Comandancia de Plaza, que hasta hacía poco había servido como Palacio Presidencial; había luz eléctrica y algunos teléfonos, y ya se había iniciado la construcción del Teatro Nacional. Sn embargo, al cultísimo doctor Villavicencio y a su secretario, que habían residido en París y visitado otras importantes ciudades europeas y americanas, no le debe haber parecido gran cosa la capital costarricense. A poco de su llegada, de conformidad con los usos diplomáticos, el plenipotenciario venezolano debe haber hecho la visita protocolaria de estilo al entonces secretario de Relaciones Exteriores; Justicia, Gracia, Culto y Beneficencia e Instrucción Pública, el doctor don Pedro María León Páez y Brown, un abogado originario de Cartagena de Indias radicado en Costa Rica en 1860 19. Al parecer, los colombianos siempre estaban presentes en las relaciones entre Costa Rica y Venezuela…

El miércoles 23 de diciembre se efectuó la solemne presentación de las cartas credenciales del doctor Villavicencio al presidente Rodríguez. Sin la vorágine comercial de hogaño, todavía las fiestas navideñas costarricenses eran un acontecimiento religioso y familiar, y la víspera de Nochebuena era un día hábil como cualquier otro. Empero, el hecho de que en un diplomático extranjero presentara credenciales seguía siendo un acontecimiento poco habitual en San José, por lo que la ceremonia llamaba mucho la atención. La recepción del ministro venezolano se realizó a la una de la tarde en la Casa Presidencial, y a ella asistieron no solamente el presidente Rodríguez y el canciller León Páez, sino además los demás secretarios y subsecretarios de Estado 20: el vicecanciller don Carlos Sáenz Esquivel; el secretario de Gobernación, Policía y Fomento Joaquín Lizano Gutiérrez y el subsecretario don Ricardo Pacheco Marchena; el secretario de Hacienda y Comercio don Pánfilo Valverde Carranza y el subsecretario don Eloy Truque García (otro hombre público de origen colombiano), y el secretario de Guerra y Marina don Rafael Yglesias Castro (futuro yerno del presidente Rodríguez y que en 1894 lo sucedería en la primera magistratura) y el subsecretario don Agustín Gutiérrez Iglesias 21. La banda militar y un cuerpo del ejército rindieron a la Legación venezolana los honores de rigor 22.

Según La Gaceta,

“El Excelentísimo señor Doctor don Rafael Villavicencio leyó un sentido e inspiradísimo discurso…” 23

El texto del discurso del ministro venezolano rezaba:

“Excelentísimo señor Presidente de la República:

Las tendencias fundamentales de los pueblos modernos, resultado dela civilización contemporánea, los llevan hacia la paz universal, hacia la unión sincera y cordial de todos, como el más seguro medio de realizar los ideales de dicha y engrandecimiento de la humanidad; y si intereses parciales parecen contrarias hoy en algunos países esas tendencias, ellos no pueden en manera alguna constituir factores capitales en la evolución humana, que nos conduce ineludiblemente hacia el mejoramiento y la mayor felicidad de la especie.

En nuestra América, en este continente salido del seno de los mares y revelado por la ciencia al genio investigador de Colón para ser el teatro de los destinos futuros del hombre;

19 Sobre León Páez, V. REVOLLO ACOSTA, Julio E., Los cancilleres venidos de Colombia, San José, Instituto Manuel María de Peralta, 1ª. Ed., 2014.


21 El detalle de los integrantes del gabinete en GRUB, 1994, p. 153.




Sección Histórica

90

regido como está, casi en su totalidad, por instituciones republicanas, el libre ejercicio de la democracia, permitiendo el nacimiento y el desarrollo únicamente de los intereses legítimos, que son por su naturaleza armónicos, hace que no solamente ningún obstáculo se oponga a la realización de aquellas tendencias, sino que el sentimiento de la fraternidad crezca de una manera prodigiosa cada día.

Esta fraternidad, excelentísimo señor, que en las Repúblicas hispanoamericanas es el efecto de la comunidad de origen, de lengua, y de los mismos sacrificios para la constitución de sus nacionalidades, es en toda la América independiente, el resultado de idénticas instituciones, de intereses comunes y de las mismas aspiraciones para el porvenir.

El Gobierno y el pueblo de Venezuela, que conservan aún vivientes los sentimientos y las inspiraciones del inmortal Bolívar, han experimentado la necesidad e unión con sus hermanas, las demás repúblicas de la América Latina, de una manera tan notable, que los ha conducido a procurar cuanto antes la realización de una alianza que fortalezca los vínculos que por tantos conceptos las enlazan.

Con tal propósito, excelentísimo señor, el muy digno Presidente de los Estados Unidos de Venezuela ha tenido a bien crear legaciones de primera clase en todas las repúblicas iberoamericanas, que han de hacer patentes a sus hermanas las ideas y los sentimientos del pueblo venezolano. Yo he tenido la honra de ser designado para hacer estas frases de amistad y de simpatía a los pueblos que componen la América Central; y me es, por tanto, altamente satisfactorio el significar al Gobierno y pueblo costarricense, en el acto de poner en manos de Vuestra Excelencia la carta autógrafa que me acredita como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de aquella República, que en Venezuela tienen hermanos que hacen constantes y fervientes votos por la paz y prosperidad e esta notable nación.” 24

El presidente Rodríguez contestó a Villavicencio “en sobrios pero muy cariñosos términos”, según el diario oficial 25. Don José, de carácter algo severo y poco amigo de los ritos protocolarios, no era ciertamente hombre de florida retórica, ni de largas peroratas. En su brevísimo discurso expresó:

“Señor ministro: El Gobierno de la República de Venezuela, la patria del Libertador Simón Bolívar,

persigue hoy, según lo habéis manifestado, los bellos ideales de aquel patriota esclarecido: la fraternidad, la unión de sentimiento y de intereses de los pueblos iberoamericanos.

Si es grato para el pueblo y Gobierno de Costa rica recibir de su hermana la República de Venezuela, una misión que trae tan nobles sentimientos, tan elevadas aspiraciones, lo es aun más por estar encomendada a una persona tan distinguida como vos.

Quedáis reconocido, señor ministro, en vuestro carácter oficial. Puedo ofreceros en nombre del pueblo y del Gobierno de Costa Rica la mayor facilidad para el desempeño de vuestro cometido, y hago votos porque vuestra permanencia entre nosotros os sea grata.” 26

La acreditación del ministro venezolano quedó formalizada mediante la expedición de un acuerdo ejecu-tivo fechado el mismo 23 de diciembre, que decía:

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Ibid.


Sección Histórica

91

“Palacio Nacional.- San José, 23 de Diciembre de 1891.

Vista la carta credencial que acredita al Excelentísimo señor Doctor don Rafael Villavicencio, con el carácter de Enviado Extarordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela en Costa Rica,

el Presidente de la República

ACUERDA:

Reconocer al señor Doctor Villavicencio en el expresado carácter, y que se le guarden las prerrogativas que le corresponden.- Publíquese.

Rubricado por el señor Presidente.- León Páez.” 27

El viernes 15 de enero de 1892 el canciller costarricense y el ministro venezolano suscribieron en San José un convenio relativo al canje de publicaciones científicas y literarias entre ambos países, tema que no deja de llamarnos la atención porque en Costa Rica eran poquísimas las publicaciones de ese tipo.

Pocos días después, don Rafael Villavicencio y don Gonzalo Picón Febres abordaron en San José el tren que los conduciría al puerto caribeño de Limón. Allí, los dos diplomáticos se embarcaron en el vapor Orinoco, que a las 4:30 de la tarde del miércoles 20 de enero levó anclas con destino al puerto colombiano de Colón, en Panamá, desde donde emprenderían el regreso a Venezuela. El vapor llevaba una carga de 5800 sacos de café, además de otros productos y diez sacos de correspondencia; en sus camarotes además de don Rafael y Gonzalo, iban nueve pasajeros, y había otros treinta y dos que viajaban en cubierta, sin ninguna comodidad 28.

El tratado León Páez-Villavicencio nunca llegó a ser ratificado, en lo cual posiblemente influyeron los acontecimientos políticos que en 1892 sacudieron tanto a Venezuela como a Costa Rica. Aunque el período presidencial de don Raimundo Andueza Palacio concluía el 20 de febrero de 1892, el gobernante intentó reformar la vigente Constitución de 1881 para reelegirse o prorrogar su período, lo cual provocó el 11 de marzo la insurrección del militar don Joaquín Crespo. El movimiento antirreeleccionista, conocido en la historia venezolana como la Revolución Legalista, provocó la caída de Andueza Palacio, que hubo de abandonar el poder el 17 de junio. Por su parte, en Costa Rica, el presidente Rodríguez protagonizó a mediados de ese año un fuerte enfrentamiento con el Congreso Constitucional, que el 25 de julio tomó un acuerdo en el cual le daba un voto de censura al gobernante y clausuraba anticipadamente sus sesiones. Estas decisiones exasperaron a don José, que no se caracterizaba precisamente por su paciencia, y el 4 de agosto de 1892 suspendió los derechos civiles y políticos y declaró disuelto el Congreso. Gobernó como dictador hasta el final de su período, el 8 de mayo de 1894, fecha en que entregó el poder a su yerno don Rafael Yglesias, declarado como vencedor de unas dudosísimas elecciones.

27 Acuerdo n° 592 de 23 de diciembre de 1891. Su texto en Colección de las disposiciones legislativas y administrativas emitidas en el año 1891, San José, Tipograf ía Nacional, 1ª. Ed., 1891, vol. II, pp. 378-379.

28 La Gaceta, 26 de enero de 1892.


Sección Histórica

92

El gobierno de Crespo nombró como ministro de Venezuela en Guatemala al doctor José Rojas Paúl 29, un médico que era hermano de don Juan Rojas Paúl, predecesor de Andueza Palacio en la presidencia venezolana y adversario político suyo. El gobierno venezolano anunció al costarricense que había constituido una legación en Costa Rica y nombrado como jefe de ella al doctor Rojas Paúl, con el carácter de ministro residente. Así lo informó don Manuel Vicente Jiménez Oreamuno, último canciller de la administración de don José Rodríguez, en la memoria que presentó el 7 de mayo de 1894 al Congreso Constitucional 30. En la misma memoria Jiménez indicó, con respecto a ese y otros dos nombramientos de diplomáticos extranjeros, que el Gobierno costarricense los había visto

“… con sumo agrado, como que ellos revelan consideraciones hacia la República, y por lo tanto se ha apresurado a reconocer en los agraciados el honroso carácter de que han sido investidos.” 31

Sin embargo, Rojas Paúl nunca vino a San José a presentar credenciales; en el Almanach de Gotha correspondiente al mismo año 1894, su nombre ya no figura en la lista del cuerpo diplomático acreditado en la capital guatemalteca 32.

Después de la misión de don Rafael Villavicencio, las relaciones bilaterales entre Costa Rica volvieron a quedar prácticamente limitadas a las notas autógrafas enviadas con motivo de los cambios de poder y los respectivos avisos de recibo y parabienes, además de lo habitualmente poco que podían efectuar los agentes consulares honorarios que se siguieron nombrando en ambas capitales y esporádicamente en otras ciudades.

Pasaron muchos años antes de que Venezuela volviera a acreditar agentes diplomáticos en Costa Rica. No fue sino hasta el sábado 2 de julio de 1932, durante la tercera presidencia del licenciado don Ricardo Jiménez, cuando este gobernante recibió las cartas credenciales del doctor don José Abel Montilla Betancourt como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en Costa Rica. La ceremonia se efectuó en la Casa Amarilla; una sección de policía efectuó los honores militares al diplomático, vestido de elegante uniforme, y la banda ejecutó los himnos nacionales de ambos países ante una muchedumbre de curiosos reunidos para mirar la ceremonia, pero no hubo discursos como en 1891 33. Montilla fue sucedido el 18 de junio de 1936 por don Mario Briceño Iragorry, primero como encargado de Negocios y después como ministro plenipotenciario. Posteriormente estuvieron como ministros plenipotenciarios de Venezuela en Costa Rica don Eduardo López Vivas (23 de setiembre de 1941), Alberto Posse Rivas (21 de agosto de 1946), don Pedro Bacalao Silva (6 de agosto de 1948), don Rafael paredes Urdaneta (17 de diciembre de 1950), don Alejandro Fernández Ortiz (21 de febrero de 1951) y don Francisco Navarrete (19 de mayo de 1952).

29 En el Almanach de Gotha de 1892, p. 961, se indica como diplomático de Venezuela en Guatemala a “J. Paúl”, pero no aparece acreditado en ninguno de los otros países centroamericanos. El texto del Almanach de 1892 puede verse en https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_71/page/960

30 V. SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, y UMAÑA VARGAS, Jorge, Manuel Vicente Jiménez Oreamuno: el canciller, San José, Instituto Manuel María de Peralta, 1ª. Ed., 2016, p. 81.

31 Ibid., p. 121.

32 Almanach de Gotha 1894, p. 991. El texto del Almanach de 1894 puede verse en https://archive.org/details/almanachdegotha00unse_73/page/990

33 Diario de Costa Rica, 3 de julio de 1932.


Sección Histórica

93

Costa Rica, por su parte, no empezó a acreditar agentes diplomáticos en Caracas sino hasta la segunda mitad del siglo XX. El 6 de julio de 1953, el gobierno del presidente don Otilio Ulate nombró a don José Pablo Quirós Quirós como embajador de Costa Rica en Colombia y a la vez como ministro plenipotenciario concurrente en Venezuela 34. Muy poco después, sin embargo, se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, debido al repudio del gobierno del presidente costarricense don José Figueres, que asumió el poder el 8 de noviembre de 1953, por la dictadura del general venezolano Marcos Pérez Jiménez. Costa Rica incluso de abstuvo de asistir a la Conferencia Interamericana de Caracas de 1954, donde se firmaron convenciones sobre asilo diplomático y territorial, por considerar que no tenía sentido discutir sobre derechos humanos en un estado policía, según expresó Figueres a la Asamblea Legislativa de Costa Rica en su mensaje del 1° de mayo de 1955.

El derrocamiento del régimen perezjimenista en enero de 1958 permitió el restablecimiento de los vínculos diplomáticos. El 29 de abril de 1958, el embajador de Costa Rica en Brasil, Rodolfo Peters Scheider, fue nombrado por el presidente Figueres como ministro plenipotenciario concurrente en Venezuela 35. Sin embargo, al parecer este último nombramiento no llegó a ser efectivo, ya que la administración Figueres concluyó el 8 de mayo de 1953.

En 1961, durante el gobierno del presidente don Mario Echandi Jiménez, Costa Rica nombró por primera vez un jefe de misión con residencia en Caracas, pero ya con el rango de embajador. El cargo recayó en el doctor don Virgilio Chaverri Ugalde, hasta entonces embajador de Costa Rica en España. Los restantes embajadores de Costa Rica en Venezuela durante el resto del siglo XX fueron don Roberto Losilla Gamboa (1962-1965), don Guillermo Pérez Fumero (1965-1966). don Rogelio Ramos Valverde (1966-1970), don E,milio Valverde Vega (1970-1974), don Noel Hernández Madrigal (1974-1976), don Pedro Abreu Menéndez (1976-1978), doña Virginia castro odio de Trigueros (1978-1982), don Rafael París Steffens (1982-1986), don Oscar Román Hernández Pacheco (1986-1989), doña Clara Montero Mejía (1989-1990), don Julio Suñol Leal (1990-1992), don Álvaro Suárez Bolaños (1992-1994), doña Clara Montero Mejía (segunda vez, 1994-1998), don Ricardo Lizano Calzada (1998-2003) 36, don Walter Hernández Juárez (2003-2007), don Vladimir de la Cruz de Lemos (2008-2010) y doña Nazareth Avendaño Solano (2011-2014). El último embajador designado (en 2014) fue don Federico Picado Gómez, quien fue separado del cargo en 2015 antes de la presentación de credenciales. Después de la embajadora Avendaño estuvieron sucesivamente como encargados de negocios ad interim en Caracas los ministros consejeros don Jorge Valerio Hernández (2014-2016) y doña Ana Patricia Villalobos Arrieta (2016-2018). Actualmente (marzo de 2019) está acreditado como encargado de negocios ad interim el ministro consejero Danilo González.

El primer embajador de Venezuela en Costa Rica fue don Hugo Trejo, a quien se reconoció en ese carácter el 7 de mayo de 1958 37. Los restantes embajadores venezolanos acreditados en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX fueron don José Luis Cisneros Sanmiguel (19 de mayo de 1960), don Guido Grooscors Caballero (26 de junio de 1961), don Arturo Briceño (29 de noviembre de 1963), don Eduardo Yibirín Marún (29 de marzo de 1966), don Luis Vera (23 de mayo de 1968), don Ambrosio Perera (22 de diciembre de 1969), don Germán Nava Carrillo ( 30 de setiembre de 1974), doña Josefina Ache Llapol (23 de setiembre de 1975), don Rolando Grooscors (29 de agosto de 1978), don Aquiles Certad (27 de junio de 1979), don Francisco Quijada González (7 de agosto de 1984), don Francisco Salazar Martínez (5 de julio de 1989), don Ildegar Pérez Segini (9 de febrero de 1993) y don Noel García Gómez (31 de enero de 1997). Posteriormente fueron embajadores Nora Uribe Trujillo (2004-2007), Nelson Ramón Pineda Prada (2008-2014) y Jesús Javier Arias Fuenmayor (2014-2018). La actual embajadora de Venezuela en Costa Rica es la excelentísima señora María Faria, quien presentó sus cartas credenciales al presidente don Carlos Alvarado en febrero de 2019.

34 Acuerdo n° 108 de 6 de julio de 1953.

35 Acuerdo n° 93 de 29 de abril de 1958.

36 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2000.2001, San José, Imprenta Nacional, 2001, p. 84.

37 Acuerdo n° 159 de 26 de junio de 1958.


Discursos

95

Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica,

señor Manuel Ventura Robles, en la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre

Cooperación Sur-Sur

Costa Rica apuesta por el Multilateralismo1

Estimado Señor presidente,Excelencias:

Permítame, en primer lugar, felicitarle a usted, así como a los demás miembros de la Mesa por su elección para dirigir este importante cónclave y agradecer al Gobierno de Argentina su cálida hospitalidad en esta bella ciudad de Buenos Aires, en la que hoy, felizmente rememoramos cuarenta años de un punto de inflexión en la historia de lo que hoy conocemos como Cooperación Sur-Sur con la aprobación del “Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo”, producto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en esta misma ciudad, en 1978, para impulsar esta modalidad de cooperación.

Expreso también el reconocimiento a las Naciones Unidas por la organización de este encuentro mundial de proyección inconmensurable.

Mi delegación se adhiere a la declaración de la delegación de Palestina en nombre del Grupo de los 77 y China, así como a la posición común de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que presentará la delegación de Guatemala en su condición de Presidencia Pro Témpore.

Costa Rica es un país pequeño, ubicado en la cintura del continente americano, que adoptó una forma diferente de abordar su desarrollo al abolir el ejército en 1949, redireccionando esos recursos hacia el desarrollo integral del país. Actualmente, un 8% del presupuesto nacional es destinado a la educación por mandato constitucional; un 6% es dirigido al Poder Judicial; un 9.9% es dedicado al Sector Salud; casi un 30% del territorio nacional ha sido declarado reserva nacional protegida por el Estado. Como feliz consecuencia de aquellas decisiones, en nuestro país el Índice de Desarrollo Humano no deja de crecer desde 1980, manteniéndose en la categoría de nivel alto.

Somos abanderados de la promoción y protección de los derechos humanos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; ambientales y del derecho a la paz. Enfatizamos que la indivisibilidad, interdependencia y universalidad, son características intrínsecas de esos derechos y de nuestra visión de desarrollo sostenible.

Muchas de nuestras fortalezas que hoy compartimos con otros países del Sur, establecidas en los catálogos de oferta especializada sobre población y desarrollo, medio ambiente y cambio climático, niñez y adolescencia, se relacionan con ese cúmulo de conocimientos y experiencias implementadas en nuestro modelo de desarrollo, asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030.

1 Discurso pronunciado por el Canciller de la República, señor Manuel Ventura Robles, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina el 20 de marzo de 2019.


Discursos

96

Es importante destacar que este acervo de fortalezas que tiene Costa Rica para la Cooperación Sur-Sur y su experiencia en los procedimientos para su gestión, ha sido reconocida internacionalmente, mediante la confianza que han depositado países como España y Alemania, organizaciones como la Unión Europea y los organismos especializados de Naciones Unidas, para la transmisión de nuestros conocimientos, experiencias y destrezas técnicas, a otros países de menor o igual desarrollo relativo, utilizando la modalidad de la Cooperación Triangular, mediante la cual, Costa Rica se ha vinculado con países de América Latina, el Caribe y África, particularmente en proyectos sobre medio ambiente y cambio climático.

Señor Presidente:

En nuestra región de América Latina, la cooperación Sur-Sur tiene un creciente dinamismo, que responde a la concentración de mayor cantidad de países catalogados de renta media, al desplazamiento de la región como receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y al énfasis en la gestión de una modalidad como oferente y receptor de cooperación técnica internacional.

El enfoque que ha imperado para medir el desarrollo, fundamentalmente en términos de ingreso, ha hecho que los países considerados de renta media, entre los que figuran 109 países del Sur, en los cuales viven el 70% de la población del planeta y el 73% de los pobres del mundo, dejen de ser partícipes de los principales flujos de cooperación internacional. Esta es una mala señal que penaliza el desarrollo de varias naciones que hemos hecho la tarea con responsabilidad, tesón y transparencia, para lo cual, en sentido contrario, deberían generarse incentivos que estimulen el desarrollo y la cooperación.

Por esta razón, insistimos en la necesidad de revisar esas metodologías y crear una base más amplia y sólida para medir este desarrollo, como la utilización del índice de pobreza multidimensional, el enfoque de brechas estructurales propuesto por la CEPAL o la evaluación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

Uno de los principales aportes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es que redefine el desarrollo desde una perspectiva multidimensional para la totalidad de los países, dispone una narrativa transversal de sostenibilidad, inclusión e igualdad, y establece principios y valores fundamentales que orientan las acciones para el logro de los ODS.

El eje central de tales principios gira en torno a los seres humanos, a quienes como tomadores de decisiones nos debemos. El “no dejar a nadie atrás”; las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países desarrollados y países en desarrollo; la interdependencia e indivisibilidad de los ODS y la universalidad de los compromisos, considerando las diferentes realidades de todos los Estados, sus recursos y capacidades disponibles, al igual que sus políticas y prioridades nacionales de desarrollo, deben ser nuestros nortes.

En este nuevo paradigma del desarrollo sostenible, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular constituyen un medio de implementación efectivo para el logro de los ODS. Así lo hemos reconocido junto con nuestros socios, en foros multilaterales que deliberan sobre los temas del desarrollo, en particular, en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el espacio iberoamericano, desde el cual se ha ido construyendo una posición común en torno a la reivindicación de los principios de la cooperación Sur-Sur, cuyo intenso dinamismo está documentado en los diez años de publicación del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.


Discursos

97

Señor Presidente:La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye una oportunidad para que la cooperación Sur-Sur complemente las intervenciones de la cooperación Norte-Sur en la consecución de los ODS.

En ese sentido, la cooperación Sur-Sur tiene un valor agregado a fin de contribuir al éxito de los marcos nacionales para el logro de los ODS. Concretamente, América Latina y el Caribe cuentan con un acervo de experiencias, una compilación de políticas públicas y una vasta trayectoria de cooperación que representan un insumo sustantivo para la implementación de la Agenda 2030.

Hace décadas, los países del Sur tienen la ventaja de estar trabajando en torno a las áreas propuestas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: educación salud, seguridad alimentaria, igualdad de género, acceso a la justicia, trabajo decente, agua y saneamiento, energía, industrialización e innovación, lucha contra el cambio climático, entre otros.

Entre los desaf íos de la cooperación Sur-Sur relacionados con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, identificamos puntualmente los siguientes:

• El impulso a la articulación y la coordinación regional para fomentar la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en la implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, los espacios regionales constituyen una plataforma de referencia para el diálogo que debe ser promovido en el marco de la Alianza mundial revitalizada.

• La habilitación de marcos institucionales sobre alianzas más inclusivas, fomentando el diálogo entre la cooperación Sur-Sur y la cooperación tradicional, mediante la cooperación triangular. En particular, esta modalidad complementa la capacidad de intervención en proyectos entre los países del Sur mediante la aportación de recursos financieros y técnicos.

• El fomento de la conformación de alianzas multiactor en el marco de los programas y proyectos de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, para fortalecer los medios de implementación de la Agenda 2030 e incursionar en prácticas que potencien estrategias innovadoras.

• El desarrollo de la cooperación Sur-Sur Descentralizada para la territorialización de la Agenda 2030, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias para robustecer los procesos de desarrollo local, bajo un enfoque articulado desde las instituciones rectoras de cooperación internacional del Estado, a fin de crear sinergias, complementariedades y lograr un mayor impacto en las intervenciones a favor del desarrollo.

• El desarrollo de un marco estratégico para la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en los sectores de ciencia, tecnología e innovación con la finalidad de promover la evolución hacia sectores más avanzados en materia de conocimiento, que incentiven la diversificación productiva, la generación de empleo de calidad, la producción sostenible y la competitividad internacional.


Discursos

98

Señor Presidente,Excelencias:

¡Costa Rica apuesta por el multilateralismo!Celebramos la vigencia y el fortalecimiento del multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas con el resultado positivo de las negociaciones del documento que se adoptará en esta Conferencia.Costa Rica cree fielmente en el desarrollo sostenible, en la vigencia de los derechos humanos y en la promesa de “no dejar a nadie atrás”. La cooperación solidaria resulta imprescindible para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Concluyo mi intervención manifestando el profundo agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República Argentina, que ha tenido la deferencia de acoger esta importante Conferencia, y manifestar nuestros deseos de que la paz y los beneficios del desarrollo sostenible, alcancen a toda la humanidad.¡Muchas gracias Señor Presidente!


Discursos

99

Discurso pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, señor

Manuel Ventura Robles, con motivo del 175° aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y

Culto y día del funcionario1

Creo que para todas las personas que estamos aquí, este es un momento privilegiado. Mucho más para ustedes que para mí, porque mi paso por las funciones de canciller es temporal, mientras que entre ustedes hay quienes dedicado largos años a esta institución y quienes han cifrado en ella sus juveniles esperanzas para construir el porvenir. Pero es muy significativo para todos poder ser partícipes de la celebración de los 175 años de existencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que junto con los de Gobernación y Hacienda conforma la trilogía de las carteras veteranas del Poder Ejecutivo. Habrá algunos de ustedes que hayan estado presentes en el sesquicentenario de 1994, y otros que llegarán al bicentenario en 2044, pero para una gran mayoría este será el día que nos quede en el recuerdo.

En Costa Rica, cuyas instituciones son relativamente jóvenes en comparación con las de otros países, 175 años es un lapso histórico considerable. Pero durar no es vivir. Este aniversario, el 176, el 177 y cualesquiera otro que recordemos, es significativo precisamente por el trascendental aporte que ha dado y sigue dando a Costa Rica y a los costarricenses nuestra cancillería.

Los antiguos griegos distinguían dos conceptos de tiempo. Estaba el tiempo cronológico, que era una cuestión de cifras de meses y años. Como 175. O como cualquier otro número. Eso era simplemente durar. Ver pasar. Pero había otro concepto de tiempo, al que los griegos llamaban el Kairós, que es una noción complicada pero que más o menos se refiere al tiempo más adecuado y oportuno, un lapso oportuno en el que algo importante sucede.

Entonces, mientras que el tiempo cronológico era meramente cuantitativo, el Kairós era siempre cualitativo; era el mejor tiempo para hacer algo bien, el tiempo que se aprovechaba en las situaciones imprevisibles e inusuales y era una condición necesaria para lograr el éxito en una empresa.

Y cuando hablamos de situaciones imprevisibles e inusuales, creo que cualquier persona que trabaje en este Ministerio, ya sea en la sede central o en embajadas y consulados en el exterior, podría hablarnos de infinidad de experiencias, en las que le tocó a hacer frente, a veces con recursos muy limitados, a ese tipo de coyunturas. Al contrario de otras instituciones, donde todo es más o menos previsible, los desaf íos que enfrenta nuestra institución son muy cambiantes, muy volátiles, muy coyunturales; y al mismo tiempo tenemos que ajustarnos a una serie de prácticas internacionales a veces antiquísimas y a veces hasta rígidas, que no siempre se comprenden bien en otros ámbitos de la vida nacional. Y me parece que este Ministerio y las personas que trabajan en él, deben sentir un gran orgullo, y celebrar con gran satisfacción cada abril, porque la Cancillería ha estado siempre a la altura de todas esas responsabilidades tan cambiantes y tan permanentes.

En otros tiempos Costa Rica tuvo un ejército, pero nunca se le vio como el medio natural para resolver problemas con otros países, ni para hacer prevalecer sus puntos de vista. Desde fecha muy temprana este país le atribuyó un papel central a las soluciones pacíficas, a la negociación, al tratado, a la conferencia, al arbitraje, al Derecho internacional. Y para un país sin ejército, su Cancillería se vuelve todavía más vital, porque aquí, en las personas que

1 Discurso pronunciado por el Canciller de la República, señor Manuel Ventura Robles, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 10 de abril de 2019.


Discursos

100

están laborando para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, están las primeras defensoras de todo aquello que es Costa Rica, de todo aquello que Costa Rica respeta y practica, de todo aquello que nos hace estar felices de ser costarricenses.

Y creo que todos coincidirán conmigo en que nuestro Ministerio ha tenido un Kairós, un tiempo de calidad, que no se mide por más o menos años, sino por haber logrado colocar a Costa Rica en un lugar muy destacado en la comunidad internacional.

No lo digo por jactancia o por arrogancia, pero si consideramos nuestras dimensiones geográficas, económicas, demográficas o defensivas, es indudable que la voz de Costa Rica resulta fuerte; que se nos escucha, que se nos toma en cuenta; que se nos ve como parte de las soluciones y rara vez como parte de los problemas. Ese buen nombre internacional no ha sido gratuito, ni fue producto del azar, sino el fruto de la labor paciente, callada, diligente y efectiva de las personas que han trabajado en este Ministerio a lo largo de toda su historia.

Para la persona funcionaria de Relaciones Exteriores, cualquiera que sea su actividad, su jerarquía, su salario o su destino, el tiempo siempre es Kairós. Como dice un autor, es el tiempo de nuestros momentos trascendentes, de los hechos que marcan fuerte el camino personal de cada uno de nosotros, eso que algunos denominan destino, y que en determinados momentos nos hizo tomar decisiones importantes.

Como los seres humanos estamos llenos de imperfecciones, a veces las cosas no funcionan tal como uno deseara. A veces las personas tendemos a quejarnos. De nuestro lugar de trabajo, de nuestros jefes, de nuestros subalternos, de nuestros compañeros, de nuestro país, de nuestro equipo de fútbol o de quien va delante nuestro en una fila o en una presa de tránsito. A veces tendemos a pensar que estamos mal de bienes y bien de males. Pero por lo general resulta más provechoso contar los bienes que los males. Nos hace más felices y a la larga eso nos ayuda a hacer más felices a nuestras familias y a todas las personas a las que amamos.

Por eso en este 175 aniversario, sin perder conciencia de todas las limitaciones que tenemos y de los problemas a los que les seguimos haciendo frente, quisiera compartir con ustedes algunas pequeñas buenas noticias.

Se ha venido gestionando la suscripción de convenios interinstitucionales, para una mejora en salud ocupacional y en los procesos internos de trabajo. Recientemente suscribimos un convenio con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) apara provechar su experiencia en este tipo de procesos, y con el Ministerio de Cultura estamos ejecutando un convenio para que el personal del Ministerio pueda contar con atención médica. Agradezco el interés de las comisiones de Clima Organizacional y Salud Ocupacional en este tema, y la labor que desempeñan otras como la de accesibilidad y discapacidad, teletrabajo, datos abiertos, mejora regulatoria y simplificación de trámites, entre otras, y el grupo Consenso que ha trabajado en los proyectos de la nueva normativa del Ministerio. Considero muy importante destacar, los logros alcanzados por la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, reflejados en la última evaluación realizada por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía que, como resultado de su gestión esta Cancillería obtuvo una nota de 96.93. Además, una calificación de 100 en los parámetros obligatorios del Programa Bandera Azul Ecológica, categoría eco diplomática, sumándole cuatro estrellas al galardón obtenido. También recientemente se ha incluido este tema en las capacitaciones para el personal destinado al exterior. Todo ello nos compromete a continuar trabajando en el cumplimiento de la metas y objetivos planteados en materia ambiental.

Una prioridad muy grande para este Ministerio y para el país es la solución de una serie de problemas estructurales, normativos y financieros que enfrenta nuestro servicio exterior. Para ello hay acciones que solo dependen de nuestra proactividad y diligencia, mientras que otras de las acciones que se deben concretar dependen en buena medida de agentes externos a este Ministerio, que no reaccionarán favorablemente si no cuentan con propuestas sólidas y


Discursos

101

equilibradas de nuestra parte. De mi parte y de parte de las señoras viceministras existe un compromiso de apoyar todos los empeños en esa dirección, y esos empeños no pueden efectuarse aisladamente, sino que demandan el perseverante involucramiento de todas las instancias técnicas institucionales y el compromiso de todas las personas funcionarias. El momento es ahora y los responsables somos nosotros. La ruta es clara, y aunque el tiempo actúa en nuestra contra, estoy convencido de que la Cancillería tiene la capacidad ténica para realizar esa transformación, y en su personal hay talento, capacidad, entusiasmo y empuje para conducirla y llevarla a una exitosa culminación.

Ahora bien, sin pretender obviar todo el camino que habrá que recorrer para llegar a la anhelada meta, debemos ser conscientes de una serie de situaciones problemáticas que surgieron porque en su momento surgieron otros intereses o prevalecieron puntos de vista que a largo plazo resultaron injustos y desmotivantes. Ya es hora de empezar a corregirlas en la medida en que sea posible. Una de ellas es la desaplicación del artículo 83 del Reglamento del Estatuto del Servicio Exterior, que ha causado un gran perjuicio a muchas personas y ha afectado gravemente el funcionamiento del sistema de ascensos para el personal diplomático.

Quiero informarles que el día de hoy emití la resolución administrativa que establece el procedimiento para la materialización de ascensos en el Régimen de Servicio Exterior, la cual incorpora la aplicación del referido artículo 83. Esta resolución, si bien, de forma inmediata no resuelve de modo integral los problemas del sistema de ascensos, dinamizará las listas y disminuirá considerablemente la mora existente hasta ayer. Espero que contribuya también a disminuir la frustración que justamente se ha generado en algunas personas. y lograr que este Ministerio no solo brinde una plenitud de experiencias interesantes, sino que sus funcionarios sientan que son apoyados y respetados por las personas jerarcas de la Institución.

Señoras y señores:

Agradezco profundamente a la señora viceministra administrativa y a las personas que han hecho posible esta modesta pero significativa celebración. Y especialmente quiero, en nombre del Gobierno de la República y en el mío propio, dar un testimonio de sincera gratitud a quienes están hoy aquí en este 175 aniversario, a quienes nos acompañan desde el exterior y a las generaciones que les precedieron.

Sin dejar de lado los méritos de varones extraordinarios como don Mariano Montealegre, nuestro gran pionero, o don Manuel María de Peralta, el diplomático costarricense por excelencia, quisiera también dedicar un recuerdo especial a las primeras mujeres que llegaron a nuestras filas, doña Graciela Sancho Colombari, que como mecanógrafa auxiliar se convirtió en 1936 en la primera mujer que trabajó en este Ministerio, y doña Yvonne Clays, que en el decenio de 1940 fue nuestra primera diplomática.

Mi homenaje es extensivo a todas las mujeres que han seguido su senda y muy especialmente a las dos guerreras que hoy encabezan la lista de todo nuestro personal por jerarquía de antigüedad, doña Nydia Quirós y doña Isabel Montero, quienes siguen dando su entusiasmo y su trabajo al país y a la Cancillería.

Les agradezco muchísimo, amigas y amigos, que quisieran compartir este momento con las demás personas que trabajan aquí, y que constituyen nuestra otra familia, que a veces hasta terminamos por ver más que a la nuestra, por las exigencias del trabajo. Espero que la proximidad de la Semana Santa les permita, nos permita, también, compartir gratos momentos con los seres queridos de los que a veces nos aleja el trabajo. Porque aunque el afecto esté siempre allí, el deber obliga.

Y que estos días propicios para la reflexión, nos lleven también a pensar en nuestros bienes y no en nuestros males, y ojalá que entre esos bienes puedan ustedes decir, “trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y eso me llena de orgullo”.

Muchas gracias. Muchas felicidades.


Sección Histórica

102

V. Últimas publicaciones del Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta

El Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta ha publicado las siguientes obras:

Revista Costarricense de Política Exterior Número 30, noviembre de 2018, ISSN 1659-0112 Puede tener acceso a esta publicación en la dirección electrónica http://www.rree.go.cr

Dos opúsculos políticos en México y en Costa Rica923.2F363A Arias Castro, Tomás Federico, 1976 -Dos opúsculos políticos en México y en Costa Rica:homenaje a la memoria de don Rogelio Fernández Güell, en el centenario de su asesinato (1918-2018) / Tomás Arias Castro-- San José, Costa Rica: MREC, Instituto Manuel María dePeralta, 2018.96 p. : 21x14 cm. __ (Serie Manuel María de Peralta, no. 4)ISBN 978-9977-76-050-61. BIOGRAFÍAS. 2. ENSAYOS. 3. ROGELIOFERNÁNDEZ GUELL. 4. EL MODERNO JÚAREZ. 5.FRANCISCO MADERO. 6. MÁXIMO FERNÁNDEZ. I.Título. II. Serie.

Puede tener acceso a esta publicación en la dirección electrónica http://www.rree.go.cr

Discursos y otras páginas del fundador de la República868.3C355d Castro Madriz José María, 1818 - 1892Discursos y otras páginas del fundador de la República / JoséMaría Castro Madriz; Jorge Fco. Sáenz Carbonell, ed. -- SanJosé, Costa Rica: MREC, Instituto Manuel María de Peralta,2018.524 p. : 21x14 cm. __ (Serie Manuel María de Peralta, no. 5)ISBN 978-9977-76-051-31. DISCURSOS. 2. ESCRITOS. 3. PROCLAMAS. 4.CANCILLERES. 5. COSTA RICA. I. Sáenz Carbonell JorgeFrancisco. II. Título. III. Serie.

19-0373 Revista N 31 politica exterior

Documents

Transcript of 19-0373 Revista N 31 politica exterior