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DESAMPAROSPor Juan Gelman

 

Aún patalean los tiempos que hace más de 90 años Karl Kraus consideró poblados de

"enanos (que) manejan asuntos de gigantes". Con el voto a favor de los doctores JulioNazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo López yAdolfo Vázquez, la Corte Suprema de Justicia falló -–en dos sentidos, por lo menos-- que"no resulta admisible" el recurso que Carmen Aguiar de Lapacó presentó para conocer eldestino de su hija Alejandra, desaparecida en el centro clandestino de detención El

Atlético, instalado en pleno San Telmo. Dicho de otra manera: la búsqueda de la verdad,pilar de toda justicia, es "no admisible" para el alto tribunal. "Del error en los actos

 judiciales de los hombres, cuando está oculta la verdad" es el título del capítulo VI delLibro XIX de La ciudad de Dios, la obra que San Agustín dedicó a la exploración deasuntos terrestres y celestes. Es probable que algunos de esos 6 jueces la hayan leído, pero,si es así, no la recuerdan: allí se dice, por ejemplo, "la ignorancia del juez viene a ser lacalamidad del inocente". Y también: "En semejantes densas tinieblas como éstas de la vidapolítica, pregunto: ¿se sentará en los estrados por juez un hombre sabio o no se sentará?".Esas densas tinieblas de la política son notorias en la Argentina de hoy: consisten en laspresiones de las Fuerzas Armadas y del gobierno para que no sigan desfilando

uniformados por los tribunales con el objeto de conocer la suerte que corrieron las víctimasde la dictadura militar. San Agustín aconseja a los jueces que se dirijan a Dios con estasúplica: "Líbrame, Señor, de mis necesidades".

La decisión de la Corte Suprema quiere ocluir una verdad, pero habla de otra: lacontinuidad civil, por vía judicial, del terrorismo de Estado militar. En efecto: desde elpunto de vista de la justicia distributiva -–esa que definió Aristóteles y mucho preocupó aSanto Tomás--, la Corte prolonga la partición sancionada por ejecutivos y legislaturasciviles de los últimos l5 años: protección para los asesinos e intemperie para las víctimas,ahora incluso cohibidas de conocer la verdad. ¿Algún retacito de antiguas vergüenzashabrá movido a un par de jueces votadores de ese fallo a proponer que la medida no era

inamovible, que aún cabe la posibilidad de un recurso de amparo? ¿De amparo para quién?¿Hay ingenuos que suponen que la Corte hará lugar a un recurso de amparo contra ellamisma? ¿Y cuándo nos ampararán de esos engaños? ¿Y cuándo ampararán de la angustia,la desesperación y la imposibilidad de duelo a miles y miles de familiares de losdesaparecidos a quienes se les prohíbe conocer qué pasó con sus seres queridos? ¿Ycuándo se amparará a la sociedad argentina, otra vez condenada -–como antes por ladictadura militar-- a no saber, a padecer agujeros de memoria por los que se desmorona elintento de construir su moral cívica? El fallo de la Corte insiste en mantener al rojo vivo

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las secuelas de la peor tragedia de la historia argentina. Se trata de una extraña manera decontribuir a la pacificación nacional.

Los argumentos empleados apuntalan claramente la impunidad que nos enferma: se aduceque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del ex presidente Raúl Alfonsín y losindultos decretados por el presidente Carlos Saúl Menem -–cristalización del decreto deamnistía que las Juntas se dictaron a sí mismas-- han clausurado la vía de las condenas

penales para los represores. Pero Carmen Lapacó no está pidiendo el juicio a losresponsables "aunque lo quiera -–dijo-- porque sé que las leyes de impunidad me loimpiden. Que en treinta renglones me digan que no tengo derecho a saber la verdad es unaburla". Tal vez para los seis jueces sea otra cosa: la verdad conduciría a los autores deldelito, y hay que encubrirlos, ya que no ante la ley, ante el repudio moral de la sociedad.Tal vez sin saberlo, los H.I.J.O.S. reanudan con sus operaciones de "escrache" una prácticaamparada por el viejo derecho romano: bajo el Imperio, no era raro el espectáculo de undeudor seguido por quienes lo abrumaban con insultos, exigencias de pago y cancioncitassatíricas; lo único que imponían los jueces es que no se desnudara del todo al deudor y quelas letras de las canciones no fueran obscenas. En la Argentina hay deudores de vidas yquienes, aun sin haber asesinado, deben la verdad.

El argumento de "cosa juzgada" aflora automáticamente en labios de los que no quierendestapar los crímenes perpetrados en el período 1976-1983: habitó incansablemente la vozde legisladores y políticos para no anular las leyes y decretos perdonadores emitidos pordos presidentes civiles que son doctores en Derecho. Esos enterradores de la verdad deseanmatar el pasado, del mismo modo que las Fuerzas Armadas y de seguridad mataron enpresente. Habría que equiparar su sueldo con el que ganan los sepultureros de la Chacarita.No sólo será justo: además, una manera de aliviar las partidas del presupuesto nacional.

No deseo en absoluto que desaparezca -–del modo que sea-- uno solo de los hijos de esosseis jueces de la Corte y mucho menos, si así fuere, que se les prohibiera averiguar la

suerte corrida hipotéticamente por su descendencia. Aunque hayan decretado que haprescripto la verdad. Y vos, Caín, tranquilo: tu causa ha caducado.

 

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