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Las Políticas Públicas para Personas con Discapacidad en México: Realidades y Desafíos Contemporáneos

“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN MÉXICO: REALIDADES Y DESAFÍOS

CONTEMPORÁNEOS”

DOCUMENTO METODOLÓGICO


Índice.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... I

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. ...................... VIII

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ...................................................................... XIII

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................... XV

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ......................................................................... XXI

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA. ............................................ XXIII

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. ........................................................................... LXIX

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS. ....................................... LXXI

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. ............................................ XCI

BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................. XCVIII


I

INTRODUCCIÓN

La discapacidad se ha convertido en los últimos años en un problema de salud

pública. A las personas con discapacidad se les considera como un "grupo

socialmente vulnerable" no sólo porque representan una minoría poblacional, sino

también porque viven bajo la constante segregación y discriminación de los que no

poseen ningún tipo de discapacidad. Cotidianamente dichas personas se

enfrentan a múltiples barreras físicas, psicológicas y culturales que inciden

directamente en la falta de acceso a un empleo y a una vida digna, lo que genera

una minusvaloración y aislamiento de ellos mismos.

Nuestro país no es ajeno a dicha situación, por ejemplo, en la Encuesta Nacional

sobre Discriminación en México 2010 (Conapred), describe que 4 de cada 10

mexicanos no estarían dispuestos a vivir con una persona con discapacidad;

mientras que el 70.6% de los encuestados considera que se respeta poco o nada

los derechos de las personas con esta condición. Por otro lado, la misma encuesta

refleja que las personas con discapacidad consideran que los 3 principales

problemas que enfrentan son: la falta de empleo (27.5%), la discriminación per se

(20.4%), y el no ser autosuficientes por las anteriores razones (15.7%).

Para el Estado mexicano, el tema de la discapacidad constituye tanto un problema

de salud pública como un problema de igualdad de derechos, puesto que no

cuenta con los suficientes sistemas de rehabilitación física y de inclusión socio-

laboral, que garanticen la accesibilidad universal y la autodeterminación de este

grupo.

En la Ciudad de México la situación de las personas con discapacidad sigue

siendo un reto a pesar de los diversos programas sociales que se tienen para su

atención y que representan una inversión anual aproximada de 732 millones de

pesos.


II

Estadísticamente, el Distrito Federal y su Zona Metropolitana concentran el 20.4%

del total de la población nacional con esta condición, cifra que representa la más

alta en todo el país y que se agrava por la estreches geográfica de la ciudad, la

falta de accesibilidad en los espacios y transportes públicos y, especialmente, por

la discriminación de la que son objeto. La conjugación de estos elementos exalta

el principal problema que enmarcan las personas con discapacidad en la capital

del país: el desempleo.

En el sistema educativo, la invisibilidad en la que se ha mantenido a las personas

con discapacidad no es algo reciente, desde el nacimiento de las sociedades

antiguas, las personas con discapacidad se han enfrentado a la dificultad de hacer

valer sus derechos en la escuela y en la sociedad. Sin embargo se tienen

antecedentes de que la discriminación que existe hacia las personas con

discapacidad se ha combatido desde 1940.

Razón por la cual el combate a la discriminación en el ámbito de educación en

México, toma importancia en la agenda política del país y se ve reflejada en las

políticas públicas, con la firma de acuerdos y mecanismos internacionales como el

Pacto de Derechos Sociales y Culturales y muy especialmente la Convención

contra la Discriminación de Personas con Discapacidad, y la creación de leyes

nacionales como: las recientes modificaciones al artículo 3° de la Constitución y la

Ley General sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad a nivel federal.

Las políticas públicas tienen como finalidad la puesta en marcha de eficientes

leyes o programas que mejoren el status de la cosa pública, entendiendo esto

como la búsqueda de la equidad social, la igualdad jurídica, la estabilidad y

libertad económica y política; asimismo, facilitan la gobernanza y la cohesión

social dentro del Estado cuando solucionan de manera conjunta las demandas y

necesidades públicas de los ciudadanos a través de proyectos, programas y leyes

gubernamentales.


III

Las políticas públicas deben ser un ejemplo de lo anterior. Tendientes a generar el

bienestar económico-social de la población en condiciones de vulnerabilidad, la

experiencia internacional sugiere que las políticas públicas más exitosas son

aquellas que logran menguar la pobreza, fortalecer la igualdad y construir a una

sociedad menos discriminatoria.

Por eso en un escenario tan heterogéneo como el de México, se plantean inéditos

desafíos para las políticas públicas, muchos de ellos están enraizados desde hace

décadas por la falta de construcción de acuerdos y a la falta de una sociedad más

equitativa, inclusiva y plural. Esta situación se ve más palpable en el caso del

Distrito Federal donde la implementación de las políticas públicas es una ardua

tarea por la complejidad de su territorio; por las grandes restricciones

administrativas que limitan la planeación económica a largo plazo; y por la alta

concentración poblacional que demanda una constante creación de servicios

públicos, infraestructura, accesibilidad y empleos. El problema radica en que la

oferta de respuesta no logra estar a la par de las exigencias sociales, y esto se

acentúa más con los grupos socialmente marginados, excluidos o discriminados.

Si bien es cierto que el Estado es quien debe garantizar un Estado de Derecho, es

éste el que debe crear políticas públicas acorde a su sociedad y a la época en que

se encuentra está, ya que las políticas públicas son los medios para solucionar

problemas que afecten a la sociedad.

Pero esto ha sido todo lo contrario. En 2009 el Relator del Derecho a la

Educación, el Dr. Vernon Muñoz, declaró que la situación de México respecto a la

educación para las personas con discapacidad se encuentra por debajo de lo

deseable, pues se basa en el convencimiento de que las personas con

discapacidad son una carga para el sistema de enseñanza regular, ocasionando

una reacción negativa a incluir a los alumnos con discapacidad.

En 2010 se modifica la Ley General de Educación planteando la inclusión de

cualquier alumno, sin importar su condición, para acceder a las escuelas públicas


IV

del país. En ella se señala la modificación y ajustes necesarios para la inclusión de

los alumnos desde la infraestructura de los planteles hasta la preparación de los

maestros y directivos; ajustes que coinciden con la Convención sobre los derechos

de las personas con discapacidad.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus 'competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud ,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas", En el Titulo Cuarto de la Le y Federal del

Trabajo, referente a los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los

patrones, en cuyo apartado. Se determinan las obligaciones de los patrones,

destacando:

Queda prohibido a los patrones:

Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo:...," En la práctica

se ha observado que también se discrimina laboralmente a las personas con

capacidades diferentes, es decir en proponer la incorporación de este tipo de

personas como sujetos de discriminación laboral en la Ley correspondiente.

La Ley Federal del Trabajo, dispone que las normas de trabajo tiendan a

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y

patrones.

Con este análisis se pretende dignificar el trabajo que pueden desempeñar las

personas con discapacidad dentro del ámbito laboral, ya que diariamente esta

comunidad se encuentra en la indagación de un empleo que les permita llevar una


V

vida digna y decorosa, siendo lo contrario al enfrentarse con este nefasto

problema y no ser contratados ni tomados en cuenta, ya que al emprender la

búsqueda se ven perjudicados directamente por su condición, afectando su

economía, su autoestima, su dignidad y como personas se ven violentados sus

derechos.

Para fines de exposición, el presente documento está dividido en cuatro capítulos.

En el capítulo I se presenta un esbozo epistemológico de las políticas públicas en

el Estado moderno, este último descrito y analizado desde una perspectiva

teórico-política e histórica, en donde destaca su construcción elegida por diversos

apelativos conceptuales a saber: Estado de derecho, democrático, neoliberal,

limitado, gerencial, pluralista, representativo, social, entre otros. La discusión versa

en el cómo ha influido el redimensionamiento del Estado y la conformación de lo

representativo ante lo privado, en un contexto donde la acción gubernamental se

basa en la toma de decisiones a través de la metodología de las políticas públicas.

Asimismo se pone de manifiesto la relevancia que tiene la participación de la

sociedad civil en la formación de las políticas públicas, quienes desde su

diversidad como sujetos políticos, sociales y jurídicos, permiten la persistencia y

legitimidad del mismo el Estado moderno. A través de la gobernanza, es decir, a

través de la relación estrecha y del trabajo en conjunto de la sociedad y el

gobierno para que sus instituciones funcionen.

En el capítulo II realizaremos un análisis histórico del concepto de la discapacidad

en México y el mundo, con lo cual se busca sustentar el principal problema de este

sector poblacional: la discriminación. Es por ello que se exponen las razones

históricas de por qué, de qué manera natural, el ser humano tiende a discriminar o

excluir a otros. El miedo, los prejuicios y la imitación social son determinantes en

este comportamiento, los cuales pueden ser menguados o hasta erradicados con

mejoramiento del contacto entre grupos, los cuales son de suma importancia en el


VI

proceso de sensibilización social para la inclusión laboral de personas con

discapacidad.

Posteriormente, el capítulo mismo lleva de la mano al lector por un esbozo

histórico del concepto de la discapacidad y su injerencia en la cultura y la política a

través de los movimientos sociales de las personas con discapacidad y sus

familiares. Su participación activa y pública ha llevado no sólo a la adecuada

búsqueda epistemológica de cómo nombrar su condición, sino a crear y recrear un

sin fin de normatividades internacionales como la Clasificación Internacional del

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y el Convenio sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que les

han abierto espacios en círculos educativos, sociales, laborales, políticos y

jurídicos, bajo el cobijo del Estado de derecho y del respeto esencial a sus

derechos humanos. Asimismo, su aportación social ha sido fomentar la paulatina

creación de una cultura de la discapacidad, basada en la sensibilización de la

sociedad civil ante la complejidad de su condición.

En el capítulo III, observaremos el proceso de reconocimiento de los derechos de

las personas con discapacidad a un trabajo digno. En el ámbito internacional

desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta la Convención sobre la

Inclusión de las Personas con Discapacidad. En México y específicamente en lo

laboral, el proceso de reconocimiento se ha conseguido ampliamente hasta el

siglo XX, por lo que aquí analizaremos la normativa sobre el derecho de las

personas con discapacidad a un trabajo remunerado de acuerdo a sus

capacidades físicas o intelectuales. Además se hace alusión a los conceptos

importantes y básicos dentro del Derecho Individual del Trabajo, tales como el

Derecho a un Trabajo justo, condiciones laborales, intercambios de la relación

laboral por mencionar solo algunos conceptos esenciales para dar una mejor

comprensión a nuestro tema de estudio.

En el Capítulo IV estudiaremos el marco jurídico que regula nuestro tema de

estudio que es políticas públicas en las personas con discapacidad, comenzando


VII

por nuestro máximo ordenamiento jurídico; la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, del cual se desprenden los demás ordenamientos legales que

regulan al país, posteriormente analizamos diversos instrumentos internacionales

que ha sido firmados y ratificados por México, mismos que ha adoptado el país

como base para comenzar a concientizar e incorporar a la vida social a las

personas con discapacidad, pretendiendo salvaguardar sus derechos y

protegiendo ciertos aspectos entre ellos el ámbito laboral, quedando plasmado

esto al reformar recientemente ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en

los cuales integra y da presencia a la comunidad con discapacidad, además

analizamos ciertos ordenamientos nacionales que forman parte del esfuerzo por

parte del Estado Mexicano para integrar a las personas con discapacidad a una

sociedad más justa e integral.


VIII

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

El “Estado” nace de la crisis de la sociedad medieval que se caracterizó por la

urgente necesidad de describir un ordenamiento político sin precedentes,

suscitado por las nuevas formaciones políticas de organizaciones humanas y con

el rompimiento entre la Iglesia y el Estado.

Las políticas públicas serán los lineamientos tomados por el gobierno en los

campos de su competencia y de su acción. Lingüísticamente se ha traducción

literal al español la locución inglesa de "public policy", la cual comprende y designa

la idea de "the output or product of government action", o sea la "producción" o los

resultados de la gestión gubernamental.

Las políticas públicas se han caracterizado por ser procesos razonados que

surgen de investigaciones, análisis, estadísticas, deliberaciones y toma de

decisiones en los diferentes niveles y ramas del gobierno. En el curso de ese

proceso los partidos políticos, los sindicatos, las ONG, los movimientos sociales y

los grupos de interés - grupos de presión y grupos de tensión - suelen ejercer

apremios sobre los órganos de gobierno para incluir sus propuestas y voluntad.

A través de las políticas públicas no sólo se conduce un Estado y se presentan los

servicios públicos, sino que se busca la distribución o redistribución de los

ingresos de manera más equitativa, pues éstas contemplan la participación de la

autoridad gobernante y la sociedad civil.

La democracia actual se diferencia con la democracia antigua a partir de la

concepción del Estado constitucionalista moderno (Heller, Bobbio) que establece

el paso de una democracia directa y selectiva de la polis a la democracia

representativa de partidos y asambleas que son consecuencia de las grandes

dimensiones del Estado moderno.

En el Estado Moderno o actual, el gobierno ocupa un lugar inicial en el desarrollo


IX

de la administración pública que representa la acción parcial y en detalle del

gobierno, así como en la ejecución de las leyes referentes a materias generales y

comunes para toda la ciudadanía.

El gobierno actúa en nombre del Estado y es la expresión más tangible de la

organización estatal. Y aunque no agota en sí todo lo que es el Estado, ni éste

puede reducirse a mecanismos específicos de gobierno, lo gubernamental posee

capacidades para inducir importantes cambios en lo estatal.

La administración pública será un reflejo de las reglas políticas, en donde el

hombre político debe poner especial atención en su herramienta de ejecución

legal: la administración.

De esta manera, una democracia hay una delegación de la acción gubernativa y

un pequeño número de ciudadanos elegidos por los demás; en ella puede

extender su influencia sobre un número mayor de ciudadanos y sobre una mayor

extensión territorial.

La política es inherente y de suma importancia en cualquier sociedad, es imposible

que le sea ajena. En toda comunidad existen arreglos que permiten la

organización de quienes mandan y quienes obedecen en función de la búsqueda

de la seguridad y el bien común.

La administración pública es, el gobierno, es decir, todo el conjunto de conducta

humana que determina cómo se distribuye y ejerce la autoridad política; y, en

sentido restringido, consiste en la ordenación de esa conducta para la realización

de los fines del sistema político mediante los procesos administrativos del

gobierno.

Las políticas públicas radican en el mantenimiento de la cohesión social del

Estado y en el mejoramiento del status de la cosa pública, pero también, poseen

una relevancia epistemológica para la ciencia política y la administración pública.


X

Las políticas públicas serán la base metodológica para comprender y encauzar el

proceso complejo de decisiones públicas en las que se cruzan las propuestas e

iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y las de las instancias

gubernamentales.

El objeto de estudio de las políticas públicas será, entonces, el análisis del poder

en acción a través del estudio del Estado en acción y su intervención. Y es ahí

donde enfocaremos la naturaleza de la investigación respecto a la forma en que el

estado atenderá y tratará de dar forma al mandato social de buscar la equidad y el

respeto de toda la ciudadanía, muy especial de aquellos que se encuentran en

estado de vulnerabilidad.



decisiones en los diferentes niveles y ramas del gobierno.


servicios públicos sino que se busca la distribución o redistribución de los ingresos

de manera más equitativa, pues éstas contemplan la participación de la autoridad

gobernante y la sociedad civil.

La historia usual que comparten todas las personas con discapacidad es el rasgo

negativo de la discriminación, la exclusión, la segregación y el prejuicio, las cuales

van acompañadas de actitudes igualmente negativas por parte de profesionales y

familiares que perpetúan su minusvaloración e incremento de barreras para que

desempeñen una vida normal.

La preocupación por la discapacidad apenas preparó en el siglo pasado tras el

asalto de los movimientos sociales por la defensa de los derechos de igualdad y

posteriormente de equidad de oportunidades, lo cual dio paso al análisis e

investigación científica desde diferentes enfoques

La OMS publicó en 1980 la Clasificación Internacional de Deficiencias,


XI

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), como una aproximación para la

comprensión de las situaciones que “limitaban” física y mentalmente a un ser

humano, a saber, se destaca por primera vez, las características personales del

individuo, los factores sociales y los factores culturales.

México se publicara el 10 de junio de 2005 la Ley General de las Personas con

Discapacidad (reformada el 1° de agosto de 2008), en donde se estableció que la

persona con discapacidad será "toda persona que presenta una deficiencia física,

mental o sensorial ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que

puede ser causada o agravada por el entorno económico o social”

La sociedad mexicana aún tiende a ser altamente discriminatoria hacia personas

que poseen conductas o prácticas moralmente desaprobatorias; hacia la gente

que profesa un credo diferente; hacia los que por su posición política o ideológica

no concuerdan con el de las mayorías; y especialmente, hacia aquellos que física

y económicamente son menos favorecidos.

Una de las tareas fundamentales del Estado moderno mexicano es trabajar para

cambiar el paradigma social y cultural en cuanto a la discriminación social

existente, cuyos resultados motivan la violación de los derechos fundamentales de

los mexicanos que por su condición de “vulnerabilidad” y “diferencia” limitan su

desarrollo pleno dentro de la dinámica social y económica del país.

Prejuicio y discriminación no son lo mismo; no siempre ocurren al mismo tiempo,

por lo que la primera no siempre refleja a la segunda ni viceversa.

El énfasis principal está en cambiar la conducta, no en cambiar directamente las

actitudes. Pero la modificación de la conducta a menudo es un primer paso hacia

la modificación de las actitudes que se logra mediante la influencia social proceso

por el cual otros, ya sea de manera individual o colectiva, afectan nuestras

percepciones, actitudes y acciones que desencadenan complejos procesos de

persuasión.


XII

Es de suma preeminencia pugnar la discriminación en sus primeras etapas,

cuando es tan sólo una frase, una broma o un gesto mal intencionado, con lo cual

se desterrarán de las leyes, de los centros educativos y de trabajo, de los

movimientos políticos y de los medios de comunicación.

El esfuerzo por la equiparación de oportunidades de las personas con

discapacidad en el Estado de Derecho, requiere un cambio de paradigma en la

mentalidad social que erradique los prejuicios, los estereotipos, la lástima y la

caridad, que provocan discriminación por motivos de discapacidad.

La segregación y la exclusión de las personas con discapacidad se cimenta en

reglas implícitas arraigadas en la cultura de la sociedad. “La visión de la diversidad

como “los otros‟ ha ocasionado que las sociedades choquen ante ella. Para las

personas sin discapacidad, un encuentro con las personas con discapacidad

puede ocasionar ansiedad.

La discapacidad desafía a la sociedad en su conjunto y al Estado mismo a vivir de

acuerdo con sus valores y encomienda al derecho internacional la tarea de lograr

un cambio positivo.

Las personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las

autoridades realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de

información y comunicaciones; al respeto de su dignidad intrínseca; el derecho a

vivir de forma independiente gracias a un trabajo en igualdad de condiciones y de

remuneración; y a procurar su incorporación, permanencia y participación en las

actividades educativas y sociales regulares.

Y es en este marco donde se entiende la relevancia que reviste la presente

investigación, dado que la discapacidad es un fenómeno social y una condición

individual que coloca a quien la padece en un estado de indefensión que la hace

fácil objeto de prácticas discriminatorias, así como del deterioro.


XIII

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo General

Examinar el estado que guarda el andamiaje institucional y normativo que soporta

la política estatal de atención y apoyo a las personas con discapacidad en México,

estableciendo sus logros en la provisión de mayor equidad social, así como

identificar los temas pendientes y sus posibles soluciones para alcanzar la

igualdad de oportunidades y disfrute de derechos ciudadanos.

Objetivos Específicos

• Distinguir la responsabilidad del estado mexicano en la provisión de un

marco institucional de protección a los derechos de los ciudadanos más

vulnerables.

• Distinguir la forma en que se diseña, instrumenta y ejecuta la política

pública.

• Identificar los conceptos de igual y equidad, como orientadores de políticas

sociales incluyentes y participativas.

• Describir las diversas manifestaciones del fenómeno de la discriminación

que resulta de una situación de discapacidad en la persona.

• Detallar el desarrollo histórico que ha tenido la respuesta del estado

mexicano a las demandas ciudadanas, de organizaciones ciudadanas y la

comunidad internacional en el tratamiento a las necesidades de este sector

de la población.

• Describir las diferentes formas de discriminación que proceden de una

situación de vulnerabilidad de la persona, en particular en la educación y el

trabajo.


XIV

• Identificar los principales principios y postulados que establece el marco

normativo e institucional en materia laboral en apoyo a la población con

discapacidad

• Examinar el marco jurídico que otorga protección y garantiza los derechos

de las personas con discapacidad, que incluye aquellos que son

considerados por organismos internacionales los cuales México ha suscrito.

• Analizar el desempeño de las instituciones del estado encargadas de la

aplicación e instrumentación de la política pública orientada a la población

con discapacidad.


XV

3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

El estudio y resultado de las políticas públicas no debe verse como una remedio al

saneamiento de necesidades y demandas de los sujetos políticos y sociales,

porque éstos tan sólo representan algunas propuestas racionales (eficientes,

inteligentes y públicas) a manera de método, que utilizan los gobiernos en la

planeación, programación, dirección, control y ejecución de diversos mecanismos

y herramientas del poder político y que tienen como finalidad: a) la resolución de

conflictos y peticiones sociales; b) el fortalecimiento político, económico y social

del Estado; c) la legitimación del Estado moderno democrático, representativo,

pluralista y gerencial; d) la administración eficiente y eficaz de los recursos

públicos; y e) el mantenimiento del Estado de derecho.

La notabilidad de las políticas públicas radica en el mantenimiento de la cohesión

social del Estado y en el mejoramiento del status de la cosa pública, pero también,

como lo describe Aguilar Villanueva, poseen una relevancia epistemológica para la

ciencia política y la administración pública. La discusión, surge a partir de cómo se

estudian y trabajan las cosas públicas. Con respecto a la ciencia política se dice:

La desigualdad ha estado presente desde el principio de los tiempos, y los pueblos

han mantenido una lucha constante contra ella aunque en muy pocas ocasiones

consiguieron la igualdad propuesta, y fue durante la Revolución Francesa, cuando

se alcanzó su integridad como concepto y empezó a ser un valor defendido

globalmente, representado en el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad”,

entendiéndose este lema como un principio donde, solo se contemplaba la

igualdad en cuestiones sociales.

Las Políticas Públicas de protección para las personas con discapacidad se

pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del pacto entre Estado

y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y


XVI

organizador. Aquí podemos rescatar el sentido de participación entre estos dos

actores, pera el beneficio a la sociedad.

Nuestra ciencia política ha estudiado sistemáticamente casi todo menos la manera

de cómo el gobierno construye y desarrolla sus decisiones, federales y locales.

Nuestros politólogos han prestado gran atención a la historia de la formación del

sistema político, a los alcances y límites de su funcionamiento, a los canales y

procesos de producción del consenso, a las varias patologías del sistema.

Contamos con estudios extraordinarios. Pero pocas han sido comparativamente

las investigaciones especializadas acerca de la forma, patrón y estilo de elaborar

las políticas, acerca de sus éxitos y fracasos en diversas áreas de asuntos

públicos, que en muchos habrían ayudado a llegar evidencia favorable a las

atrevidas hipótesis sobre el funcionamiento y destino del sistema político (Luis F.

Aguilar Villanueva, 2007, pp. 6-7).

Por otra parte, nuestra “teoría‟ de la administración pública ha quedado atrapada

entre las consideraciones jurídicas institucionales (repertorio de leyes y

reglamentos, ámbito de competencias y jurisdicción, instancias y procedimientos

formalesP) y las menores consideraciones operativas para cumplir órdenes dadas

y llevar a cabo decisiones previas. Al acercar la administración pública al proceso

decisorio de las políticas y a su compleja puesta en práctica se rescataría su

olvido sentido clásico de gobierno, de buen gobierno, y se reconstruiría la visión

integral de su objeto de estudio y profesión.

Abandonaría su triste imagen burocrática de empleo subordinado, simplemente

procedimental, de ventanilla y papeleo (Ídem).

Para una mejor comprensión, aplicabilidad y complementariedad epistemológica

entre ambas ciencias, asegura, es menester el estudio y análisis sistemático de

las políticas, como se describe en el siguiente apartado:

El estudio de las políticas puede también, tal vez, reactivar a la ciencia política y a

la teoría-práctica de la administración pública. [...] Entender, definir y explicar el


XVII

proceso de las políticas, así como prescribir mejores acercamientos a su

formulación y desarrollo, es innegablemente una tarea teórica y práctica tan básica

y crucial como complicada. Y dicho más divertida que polémicamente, puede

contribuir a bajarle los humos a una ciencia política frecuentemente imaginativa y

levantarle la autoestima a una disciplina publi-administrativa demasiado olvidada y

hasta servil en su programa de investigación (Ibídem).

Las ciencias de las políticas han aportado una nueva perspectiva a la

administración pública: el estudio del proceso de las políticas. Ello es de gran

relevancia, pues de alguna manera supone desplazar el énfasis de la gestión

pública desde el estudio de la gestión interna hacia el análisis de la gestión de las

políticas. En este sentido, las políticas públicas serán la base metodológica para

comprender y encauzar el proceso complejo de decisiones públicas en las que se

cruzan las propuestas e iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y las

de las instancias gubernamentales.

En otras palabras, el Estado se han vuelto el lugar de conflicto y consenso entre

los sujetos sociales y los sujetos políticos que formalizan o no la representatividad,

constitucionalidad y racionalidad de los gobiernos, lo que se traduce formalmente

en el sentido y función social del gobierno democrático actual.

Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad

ciudadana y con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos

requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público.

Las estrategias de gobierno homogéneas y globales, así como los estilos de

gobierno secretos, excluyentes y clientelares, están previsiblemente condenadas

en el futuro inmediato a la ineficiencia administrativa, al castigo electoral y a la

hostilidad política (Luis F. Aguilar Villanueva, p. 30).

Gobernar por políticas y con sentido público significa incorporar y aplicar en la

agenda pública y de gobierno los recursos económicos, la corresponsabilidad, la

opinión y la participación intelectual y práctica de los ciudadanos, con el único fin


XVIII

de no modificar ni cometer arbitrariedades en contra de las libertades, las

oportunidades y los beneficios de éstos, y mucho menos impone un trato desigual

inmerecido entre ellos. De hecho, las políticas públicas se crearon para descubrir,

denunciar y corregir los defectos de las políticas gubernamentales en curso. Por

ello, es cada vez más común la tendencia en donde la sociedad civil (encabezada

por organizaciones y grupos) apoye, consense y confíe en gobiernos que

instauren en su agenda pública la resolución de las demandas de éstos, con ello

se percibirán escuchados y atendidos por sus gobernantes, cuya característica

radica en su esencia eficiente para responder ante la sociedad.

Cabe aclarar que existen diferencias esenciales entre la estructuración de la

agenda pública y la formación de lo que se llama la agenda de gobierno. La

primera “se constituye a partir de que un asunto se vuelve importante en una

comunidad, porque está afectando la vida de muchas personas. En el momento en

el que socialmente se percibe la necesidad de solucionarlo, es cuando se detecta

el problema público” (Mónica Tapia Álvarez, et al., 2010, p. 38), por ende, merecen

atención de las autoridades en la agenda pública. Para tal cometido es importante

tomar en cuenta el papel de la opinión pública, la cual es definida como “un

proceso comunicativo mediante el cual los ciudadanos se interesan sobre un

hecho, forman juicios y se expresan sobre determinado asunto” (Ibídem). Aquí

intervienen muchos actores o sujetos sociales y políticos como la sociedad civil en

general, los medios de comunicación y grupos de presión como organizaciones

civiles, grandes compañías, grupos religiosos, organizaciones gremiales, el

gobierno, partidos políticos, entre otros.

Existen cuatro razones por las que algunos grupos tienen mayor facilidad de

acceso para colocar sus demandas en la agenda pública que otros.

Primero, el que toma las decisiones debe estar en deuda con un grupo en

particular o identificarse como miembro de ese grupo. Segundo, algunos grupos

tienen más recursos que otros o están en mejores condiciones para movilizar sus

recursos. Tercero, algunos grupos están localizados en forma tan estratégica en la


XIX

estructura social o económica de la sociedad que no se puede ignorar sus

intereses. Cuarto, algunos grupos son objeto de mayor estima por parte del

público que otros y, por consiguiente, pueden imponer un mayor acceso a los

encargados de la toma de decisiones (Cfr. Roger Cobb y Charles Elder, et al.,

1993, pp. 111-124).Como consecuencia, ciertos grupos tienen más probabilidades

que otros de recibir la atención de los que toman las decisiones cuando presentan

nuevas demandas.

Por su parte, la agenda de gobierno “comprende los temas en los que los

gobernantes se plantean tomar acción y les dedican recursos y tiempo,

formulando programas, leyes, y otro tipo de acciones gubernamentales de los que

las instituciones públicas o autoridades son responsables” (Mónica Tapia Álvarez,

op. cit., p. 38). Entonces, los asuntos que entran en el debate gubernamental,

aunque sean o no atendidos por las autoridades, son considerados como temas

de la agenda de gobierno.

La clave para comprender la formación de la agenda es la relación entre los temas

y las instituciones.

Éstas fijan los beneficios y ventajas de las acciones del gobierno a favor de las

demandas y cuestiones sociales a partir de los hechos observados y de marcos

conceptuales definidos. Por ello se dice que “la política se juega todo en torno de

las políticas” porque fija las correlaciones de poder, los liderazgos, y las

autoridades formales decisorias son establecidos de acuerdo a la disputa que se

esté desarrollando y a la respuesta (positiva o negativa) que dé el gobierno.


en acción a través del estudio del Estado en acción y su intervención.

Estos tres últimos términos (“Estado”, “acción” e “intervención”) forman la

particularidad del estudio de las políticas públicas porque, en primer lugar, son

competencia exclusiva del Estado; en segundo lugar, las políticas públicas sólo


XX

pueden ser comprendidas en el ámbito de la acción estatal o gubernamental, por

lo que éstas no sólo se limitan a la intención, sino son el Estado en acción.

Por lo tanto, las políticas públicas son decisiones y acciones públicas del gobierno,

emanadas de las opiniones e inconformidades sociales que se resuelven tras la

participación ciudadana, con capital económico, corresponsabilidad y acción

política de los ciudadanos, por lo que la institucionalización de dichas resoluciones

está en la acción per se del Estado.

En este nuevo estilo de decidir de las democracias representativas y participativas,

exigirá el apego estricto a la legalidad (leyes y arbitrajes imparciales) y a la

legitimidad (basados en la opinión pública vigilante y activa); al uso de la razón y a

la exigencia del rendimiento de cuentas; a la ampliación de las oportunidades y los

canales de acceso a individuos y grupos marginados para participar en el diseño e

implementación de las políticas públicas; una cultura civil y política basada en la

pluralidad y la tolerancia, en la competencia pacífica, y en la oportunidad de alterar

el statu quo.





Los diferentes conceptos que se tiene de la discapacidad, y de ahí se parte a lo

que se le denomina política pública, englobando las características que

acompañan a la discriminación como la desigualdad, sin dejar a un lado la

dignificación.


XXI

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué es una política pública y como se identifica su necesidad?

¿Cuáles son los factores constitutivos de una política pública de estado?

¿Cuál ha sido la forma del estado mexicano de entender la necesidad de una

política pública en materia de atención y protección a las personas con

discapacidad?

¿Existe evidencia de que la intervención estatal puede modificar la situación de

discriminación que sufre la población con discapacidad?

¿Por qué la importancia de los conceptos de igualdad y equidad en el diseño y

desarrollo de políticas públicas de carácter social más acertadas?

¿Cuál es el participación relativa en el total de la población en México de las

personas con necesidades especiales, cuáles son sus características principales?

¿Cuáles son las características que identifican un trato discriminatorio?

¿Qué demandas históricas ha levantado los movimientos sociales reivindicatorios

de los derechos de las personas con discapacidad?

¿Qué acciones en materia de educación ha implementado el estado mexicano

para reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad?

¿Qué caracteriza a la discriminación laboral en México para las personas con

discapacidad? ¿Qué medidas se han tomado para su eliminación? ¿Qué

resultados han obtenido?

¿Qué cambios ha tenido el marco legislativo de la atención a las personas con

discapacidad?, ¿Se tienen evidencias de su impacto?


XXII

¿En el marco de los programas y organismos que reflejan un determinado

paradigma respecto a la respuesta por políticas públicas, cuáles son las

principales lecciones?


XXIII

5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

1.5 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El norteamericano Harold D. Lasswell fue precursor en la conformación del

pensamiento de la ciencia política en el siglo XX al teorizar sobre las ciencias de

políticas (policy sciences) concebidas actualmente como políticas públicas, las

cuales emergieron tras las exigencias al gobierno por la reestructuración del tejido

social después de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de estas ciencias

sostuvo el mejoramiento del desempeño administrativo y la acción gubernamental

del Estado. Su origen epistemológico encara una ciencia que posee una teoría

basada en el empirismo de la toma de decisiones en los hechos públicos y

sociales, a saber:

Como definición del trabajo, consideramos que las ciencias de políticas se ocupan

del conocimiento del y en el (knowledge of and in) proceso de toma de decisiones

en el orden público y civil. [P] El conocimiento del proceso de toma de decisiones

comprende estudios sistemáticos y empíricos de cómo se elaboran y se llevan a

cabo las políticas. [P] Insistir en el criterio empírico es especificar que las

aseveraciones generales están sujetas a una cuidadosa disciplina de observación.

El énfasis en el proceso de toma de decisiones destaca la diferencia entre las

ciencias de políticas y otras formas de actividad intelectual (Harold D. Laswell, p.

105).

Lasswell teorizó sobre la interdisciplinaridad de las ciencias de las políticas, lo que

prometía la rectoría de éstas sobre el resto de las ciencias sociales, en especial de

la ciencia política, cuya objeto de estudio se empataba con el de las ciencias de

política en cuanto al análisis del Estado y la política per se, pero ambas tendrían

pretensiones divergentes que las harían complementarias, pues mientras la

ciencia política estudiaría el “es” o la esencia del Estado y la política, las ciencias

de las políticas analizarían el “cómo” y el “para qué”.


XXIV

Aunque este hecho marcó la separación de ambas ciencias durante muchas

décadas, no fue sino hasta los años ochenta del siglo pasado cuando hubo una

reconciliación entre ambas debido al interés (de intelectuales, académicos y

agencias multilaterales) por el estudio de las políticas públicas en cuanto a la

relación que poseen con las instituciones que toman decisiones para resolver

problemas y desajustes sociales. En este momento, las ciencias de políticas

fueron consideradas como una sub-disciplina de la ciencia política, las cuales

pasaron de ser una disciplina interesada en explicar la sociedad a una sub-

disciplina que busca mejorar las condiciones de vida de la sociedad a través del

saber, a través del análisis, conceptualización y evaluación normativa del Estado,

el gobierno y la administración pública.

Si resumimos el desarrollo contemporáneo de las policy sciences, podemos

definirlas provisionalmente como ciencias interesadas en el conocimiento del

proceso de decisión (knowledge of) y en el proceso de decisión (knowldge in). El

científico de políticas [politics], en tanto profesional, trata de obtener y dominar las

habilidades necesarias para lograr decisiones ilustradas en el orden público y civil.

En tanto profesional de políticas [policy], cultiva el interés disciplinario del científico

por lo empírico, pero busca alcanzar una síntesis óptima de las diversas

habilidades científicas con el fin de contribuir a la invención de una teoría y una

práctica confiables para la solución de problemas en el marco del interés público

(Ibídem., p. 117).

Tras tal divergencia conceptual entre politic y policy, se vuelve obligatorio aclarar

la diferencia conceptual entre éstas y otros términos semejantes como el de polity

que, en el idioma español aparentan similitud, pero tras el bagaje teórico y

lingüístico norteamericano de donde son originarios, el significado está claramente

diferenciado como se describe:

Con Politics se refiere a toda actividad del hombre de forma interesada, con una

justificación ideológica y que tienen unos objetivos supuestamente válidos para

toda la comunidad; con Policy se refiere a los programas sectoriales y a las


XXV

acciones concretas que emanan de las instituciones gubernamentales como

resultado de la interacción política. Finalmente con Polity, aunque de origen

aristotélico y asociado a la idea de democracia, hoy es utilizado para designar la

organización y el funcionamiento sujeto a las reglas de las instituciones políticas y

administrativas (Germán Valencia y Yohan Álvarez, 2008, p. 102).

En este sentido, las politcs se determinan, se arman y se orientan de acuerdo a

las policies (En la Enciclopedia de la Política del FCE, 4° edición, página 1538, su

autor Rodrigo Borja asevera que el término anglosajón de "POLICY" significa

"conjunto de planes", "sistemas", "método", "costumbre", "conducta", o "modo de

proceder" de un gobierno. Es la orientación, los alcances y las prioridades que él

da a su gestión. En este sentido se habla de "política económica", "política social",

"política agraria" o "política internacional" para referirse a los diversos cursos de

acción gubernativa. Aquí la palabra tiene un sentido distinto. Se refiere

específicamente a las prioridades que señala el gobierno y a los planes y

proyectos que formulan y aplica para atenderlas) (políticas públicas). Éstas fijan

los beneficios y ventajas de las acciones del gobierno a favor de las demandas y

cuestiones sociales a partir de los hechos observados y de marcos conceptuales

definidos. Por ello se dice que “la política se juega todo en torno de las políticas”

porque fija las correlaciones de poder, los liderazgos, y las autoridades formales

decisorias son establecidos de acuerdo a la disputa que se esté desarrollando y a

la respuesta (positiva o negativa) que dé el gobierno.









XXVI

Hoy en día, las políticas no poseen una única definición, como se explica en el

siguiente cuadro:

DEFINICIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AUTOR CONCEPTO

Harold D. Lasswell

Son aquellas estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. Su enfoque tiene dos dimensiones: el estudio de la multicausalidad de los procesos decisionales y el conocimiento de la mejor opción para lograr las soluciones.

Andrë-Noel Roth

Es un conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos considerados como necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratadas, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar los comportamientos de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.

Ives Meny y Jean-Claude Thoenig

Una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico.

J.E. Anderson

Es una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta. Las políticas públicas son aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios.

Aaron Wildavsky Es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma.

Pierre Muller

Es un proceso de mediación social, en la medida que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y la sociedad global.

Carlos Salazar Es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas.

Alejo Vargas Velásquez

Es el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas niveles manejables.


XXVII

Carlos Ruíz Sánchez

Son una práctica social ocasionada por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros.

Iván Cuervo

Son las actuaciones de los gobiernos y de las otras agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen – en desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas – caracterizadas porque constituyen flujos de decisión – o una decisión específica – orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención.

Víctor Anaya Cadena

Son decisiones del gobierno que incorporan la opinión, la participación y la responsabilidad de los grupos sociales y los agentes privados. Estas nuevas políticas constituyen y confeccionan nuevos criterios de participación de costos, consecuencias sociales, efectividad y transparencia.

Omar Guerrero

Es el campo de problemas propiamente gubernamentales, cuya característica, es el desarrollo de lo que se puede denominar una tecnología del gobierno. Donde convergen distintas teorías, métodos y técnicas que permiten sintetizar el conocimiento, la acción y la decisión gubernamental. Es cualquier decisión o elección gubernamental, incluyendo la de no actuar.

Aguilar Villanueva

Las decisiones del gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes.

Fuente: Germán Valencia y Yohan Álvarez, “La ciencia política y las políticas públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación”, en Estudios Políticos, núm. 33, Colombia, Instituto de Estudios Políticos-Universidad de Antioquia, julio-diciembre, 2008, p. 109.

Como se observa, las coincidencias en los conceptos radican en que las políticas

públicas son decisiones y acciones públicas del gobierno, emanadas de las

opiniones e inconformidades sociales que se resuelven tras la participación

ciudadana, con capital económico, corresponsabilidad y acción política de los

ciudadanos, por lo que la institucionalización de dichas resoluciones está en la

acción per se del Estado.


XXVIII








el statu quo.

1.6. ¿CÓMO SE CONFECCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

No existe un único método para la elaboración de las políticas públicas, pero la

mayoría coinciden en algunos procedimientos. Para la presente investigación se

expondrá y usará las propuestas metodológicas de Carlos Ruiz Sánchez y Eugene

Bardach (Los siguientes pasos de elaboración de políticas públicas corresponden

a los métodos expuestos en los libros de Carlos Ruiz Sánchez, Manual para la

elaboración de políticas públicas, México, UIA, 1996; y de Eugene Bardach, Los

ocho pasos para el análisis de políticas públicas, México, Miguel Ángel Porrúa-

CIDE, 1998), quienes suscriben los siguientes pasos para la hechura y evaluación

de las políticas públicas:

1° Definición del problema: La delimitación del problema se hace conociendo a

quiénes afecta, en dónde se presenta y cuánto miden las alteraciones que

provoca. Una vez percibida la problemática, se procederá a identificar y definir los

problemas susceptibles de modificación, considerando los diferentes puntos de

vista de los actores y comparándolos con el respaldo ideológico-político del

gobierno en la elaboración de la política pública. Se debe de conocer las

condiciones en que surgió el problema (si nació en un grupo social o político, y

cuáles son sus expectativas y valores), analizarlo estadísticamente para poder

argumentar y sustentar convincentemente a la política pública.


XXIX

2° Obtención de información: Se obtendrá por medio de entrevistas, datos

estadísticos, libros y asesoramiento con otros especialistas. La información es

necesaria para tres propósitos principales: a) para evaluar la naturaleza y la

extensión de los problemas que se están tratando de definir; b) evaluar las

características particulares de la situación concreta de la política que se pretende

estudiar y; c) evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han

pensado que funcionaría bien en situaciones aparentemente similares a la que se

estudia, ya sea en otras jurisdicciones o en otro momento.

3° Selección de soluciones o alternativas: Una vez definido el problema, se

construirá un plan de acción que satisfaga necesidades a través de alternativas y

posibles soluciones. Para decidir sobre la mejor solución, hay que considerar los

siguientes elementos:

a) El respaldo ideológico-político del gobierno al que se trabaja.

b) Valoraciones de criterios políticos: Se considera la cantidad de gente que

ve el problema, la organización de ésta, el poder representativo que posee

la gente, la legitimidad de la posible solución, el conflicto, el costo social y la

imagen del gobierno.

c) Valoración de los criterios técnicos: Se toma en cuenta los adelantos

tecnológicos con los que se cuenta para la implementación de la política.

d) Valoración de los criterios administrativos: Se considera la eficacia y

eficiencia de las diferentes alternativas de soluciones, es decir, con cuántos

recursos humanos (¿quién desarrolla la solución y cómo?) y financieros

(instrumentación y presupuesto) se cuenta, y en qué tiempo se aplicaría

cada una.

4° Calendarización: es el darle primacía a los problemas y sus posibles soluciones

a través de criterios como:

a) Análisis de viabilidad: Es la coincidencia de la política pública con los

lineamientos políticos del gobierno. (¿qué es lo que quiere el gobierno?).


XXX

b) Análisis de factibilidad: Es el cumplimiento de las políticas propuestas con

eficacia y eficiencia a partir de la evaluación tecnológica, de recursos,

organización administración, y organización operativa, con el objetivo de

prever posibles contingencias de estos insumos en situación de escasez y

que puedan obstaculizar el curso de la política pública.

c) Análisis de posibilidad: Permite prever las reacciones que la política pública

originará en el medio social; también permiten corroborar si las

proposiciones están o no de acuerdo con el respaldo ideológico-político del

gobierno.

5° Proyección de resultados: No es otra cosa que la construcción de escenarios

posibles al suponer la aplicación de los resultados de manera prospectiva, para

saber si la política pública puede o no ser implementada. Esto permitirá que el

hacedor de la política pública sea realista con su hechura y se encamine en la

búsqueda del interés meramente social.

6° Confrontación de costos y beneficios: A partir del punto cinco se podrán

analizar los costos y beneficios de los resultados asociados a sus distintas

opciones políticas para la satisfacción de la sociedad y de los propios analistas.

No obstante, la ponderación de costos se complican por el llamado “problema de

la atribución múltiple”, o sea, el hecho de que la alternativa de no solución sea

predominante, al mismo tiempo que los criterios evaluativos de las diferentes

opciones no sean fácilmente medibles. Asimismo, como no es posible medir todos

los problemas en términos cuantitativos, es necesario elaborar un análisis del

“mínimo aceptable”, pues puede resultar muy útil para estructurar indirectamente

los costos y beneficios en alguna medida pertinente.

Precisamente, una aplicación de este tipo de análisis puede ayudar a reducir la

incertidumbre en la predicción del futuro.


XXXI

Hasta aquí está hecho el análisis de cómo se realiza y se esquematiza una política

pública; pero estos pasos deben repetirse hasta que el proyecto sea óptimo y

viable. Su factibilidad y éxito será asegurada después de un proceso evaluativo.

1.7. ¿CÓMO SE VALORAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Según Ruiz Sánchez, la evaluación de las políticas públicas debe darse con base

en los siguientes pasos:

1. Especificación de objetivos: Ésta responde a la pregunta ¿qué debe

evaluarse de la política pública?

2. Obtención de la información necesaria: Responderá a la pregunta ¿Se

plasmaron criterios e indicadores?

3. Verificación de la pertinencia: Se examina a posteriori la justificación, los

programas, las actividades y las instituciones participantes de las políticas

públicas. Es comprobar la correspondencia entre las políticas formuladas y

las políticas nacionales en materia social y económica.

4. Precisión de la suficiencia: ¿Los problemas se definieron claramente?

5. Valoración de la eficiencia y eficacia: Se valora en términos de los

resultados obtenidos en relación con los esfuerzos desplegados, los

recursos utilizados y el grado de resolución de la problemática dada.

6. Ponderación de los efectos: Es analizar si la situación ha mejorado como

consecuencia de las acciones emprendidas.

7. Obtención de las conclusiones: Es la base para la reformulación de las

políticas y para reorientar los objetivos y las metas, controlar

periódicamente su cumplimiento y determinar nuevos cursos de acción.

1.8 EL CAMPO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA.

Como se explicó en el apartado anterior, las políticas públicas serán los

lineamientos tomados por el gobierno en los campos de su competencia y de su

acción. Lingüísticamente se ha traducción literal al español la locución inglesa de

"public policy", la cual comprende y designa la idea de "the output or product of


XXXII

government action", o sea la "producción" o los resultados de la gestión

gubernamental.











El conocimiento epistemológico anterior fue aplicado de manera errónea durante

la década de los años noventa del siglo pasado y a principios de este siglo,

cuando surgieron ambigüedades en la conceptualización de los términos que

circundan a las políticas públicas. En tales casos se suscriben las así llamadas

políticas de gobierno y las políticas de Estado, que de acuerdo a Rodrigo Borja

(Crf. Rodrigo Borja, 2012, p. 1538), el término "política de Estado" comenzó a

usarse para denotar una política permanente y a largo plazo en contraste con la

"política de gobierno", entendida como la acción gubernativa de coyuntura. Existen

varios ejemplos de esta equívoca connotación como se enuncia en los ejemplos

siguientes:

1. En su III Informe de Gobierno, el Dr. Ernesto Zedillo convocó "a todas las

fuerzas políticas representadas en el Congreso, a trabajar juntos para que

México cuente no solo con una política de Gobierno, sino con una política

de Estado, para lograr que el crecimiento económico no solo sea la

perspectiva de un sexenio, sino que sea el instrumento para un crecimiento


XXXIII

de largo plazo que beneficie a todos los mexicanos (José Mantecón

Gutiérrez; Ignacio Orendain Kunhardt; 1998).

2. Una Política de Estado es un acuerdo entre las fuerzas políticas, elevado a

norma constitucional o ley secundaria, sobre las cosas que son

permanentes, que no cambian en lo fundamental entre una administración y

otra. Una política de esas características necesariamente debe referirse a

los elementos medulares, a sus objetivos básicos y a los instrumento para

su logro (Francisco Suárez Dávila; 1998, p. 16).

3. Ningún gobierno será cabalmente aceptado si no logra avances

significativos en el combate contra la pobreza y en la extensión de mayores

oportunidades para todos. Los economistas siempre han colocado al

combate contra la pobreza en el centro de nuestras investigaciones y

deliberaciones y, con la movilidad social y la marginación de grandes

segmentos de la población. Sabemos que algunas políticas públicas

corresponden a plataformas de partido y, en su caso, se pueden volver

programas de gobierno sujetos a los vaivenes sexenales, pero otras

trascienden y merecen colocarse en el marco institucional como políticas

permanentes de Estado. No son muchas, pero son las más importantes

(Rolando Cordera; Jesús Reyes Heróles; 2007, p. 6).

Borja asegura que se usó erróneamente los anteriores términos debido a que no

se reparó en su estudio y obedeció, más bien, a una "moda" conceptual de

aquellos tiempos.

Todas las políticas de gobierno son necesariamente políticas de Estado, dado que

el gobierno representa al Estado [...] Toda política de Estado posee una naturaleza

pública. Por definición, las políticas estatales o de Estado no pueden ser otra cosa

que públicas. [...] todas las políticas de gobierno, independientemente de sus

plazos y de su continuidad, son necesariamente políticas de Estado y, además,

por tanto, políticas públicas (Cfr. Rodrigo Borja, op. cit., p. 1540).


XXXIV

Tales diferencias epistemológicas resultaron innecesarias porque los tres términos

son sinónimos; los actos que surjan de ellas serán procesos emanados del poder

estatal y del consenso social. Lo que se puede plantear son "políticas

permanentes" en contraste con "políticas transitorias", o "políticas de largo plazo" y

"políticas de corto plazo". Pero todas las políticas de gobierno,

independientemente de sus plazos y de su continuidad, son necesariamente

políticas de Estado y además, por tanto, políticas públicas (Cfr. Dieter Nohlen,

2006, p. 1069).

Rodrigo Borja hace una clara distinción entre las políticas de largo plazo y las

políticas de corto plazo, de la siguiente manera:

Las acciones políticas y administrativas de gobierno pueden ser de largo o de

corto plazo. Las primeras tienen continuidad: son instrumentadas sucesivamente

por varios gobiernos, cada uno de los cuales impulsa un tramo del proceso. Son

políticas de un horizonte temporal que está más allá de la gestión de gobierno. Las

políticas de corto plazo, en cambio, miran más hacia la coyuntura y son

implementadas hasta su conclusión por un gobierno. Esto ha dado base a que

surja la incorrecta distinción entre política de Estado, que en realidad son políticas

de largo plazo, que por tanto cobran continuidad en el tiempo y que suelen ir más

allá de los periodos gubernativos; y políticas de gobierno, que son de corto plazo y

que generalmente no exceden de los límites temporales de un mandato

presidencial (Rodrigo Borja, op. cit., p. 153).

Las Constituciones señalan en cada Estado la duración del ejercicio presidencial

en periodos que van de cuatro a siete años. Las gestiones administrativas,

económicas, sociales e internacionales que cumplen dentro de uno de esos

periodos suelen denominarse "políticas de gobierno", mientras que las gestiones

de larga duración, que exceden los periodos presidenciales y que, por tanto,

demandan una continuidad a través del tiempo, reciben el nombre de "políticas de

Estado".


XXXV

Las grandes obras de infraestructura económica o social se realizan

diacrónicamente en el curso de varios gobiernos. Ellas entrañan una continuidad

en el tiempo. Son obras de cierta permanencia. Su ejecución demanda plazos

mayores que los periodos presidenciales.

De igual manera, el problema y atención a grupos vulnerables se ha vuelto una

tarea inaplazable de la política de Estado en México, lo cual se ha visto reflejado

en el artículo 1° de la Carta Magna, que a la letra dice:


género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,



derechos y libertades de las personas. (Reformado mediante decreto, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011).

Un ejemplo de atención a grupos vulnerables ha sido el apoyo que se le ha

brindado al sector de las personas con discapacidad desde la década de los

noventa del siglo pasado cuando se promovió el Programa Nacional para el

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 1995-

200. "El programa implementado durante el gobierno del presidente Zedillo fue el

primer Programa Nacional formulado explícitamente como tal, e intentó, a lo largo

de sus poco más de 50 páginas, definir las acciones de articulación entre las

distintas dependencias federales" (Patricia Brogna, 2008; p. 372).

Como continuidad al programa zedillista, en el sexenio de Vicente Fox la Oficina

de Representación Presidencial de las Personas con Discapacidad formuló el

"Programa Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 2001-

2006" que, paradójicamente nunca se formalizó aunque estuvo vigente a través de

la implementación de sus subprogramas.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la política de Estado en materia de

discapacidad trabajo y en una decisiva injerencia en materia de política social a


XXXVI

través del "Programa de Igualdad de Oportunidades en materia de Atención a

Personas con Discapacidad 2007-2012". Este programa tuvo la preeminencia de

una mejor operatividad dado sus antecedentes legales del sexenio foxista con la

publicación de la Ley General de Personas con Discapacidad del 10 de junio de

2005, ley que representó el primer logro de este grupo vulnerable porque

estableció en su artículo 5 los ocho principios que deben observarse en materia de

discapacidad. Éstos son: a) la equidad; b) la justicia social; c) la equiparación de

oportunidades; d) el reconocimiento a las diferencias; e) la dignidad; f) la

integración; g) el respeto; y h) la accesibilidad. A este respecto, Patricia Brogna

señala:

Es importante reconocer estos principios o valores porque permiten tener

premisas para evaluar tanto a la propia ley como a los programas que se

promueven hacia el sector; destacan desde una perspectiva democrática, sin

disminuir a los demás, la equiparación de oportunidades y el reconocimiento de

las diferencias, así como la accesibilidad, que se puede afirmar son los más

específicos o focalizados para atender la problemática de ese sector de la

población (Patricia Brogna, p. 452).

Asimismo, en su artículo 6° fracción I señala que dentro de las facultades del

Ejecutivo federal está el de "establecer la política de Estado acorde a las

obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en

materia de personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar

cumplimiento a los programas nacionales". En este sentido, México suscribió un

convenio con la Organización Internacional del Trabajo en donde se comprometió

a desarrollar políticas públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

La formación de este convenio contó con la participación de México y se publicó a

nivel internacional por medio de la ONU el 13 de diciembre de 2006, teniendo por

nombre La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y

su Protocolo Facultativo. Este convenio fue ratificado por México el 27 de

septiembre de 2007 y entró en vigor internacionalmente el 3 de mayo de 2008.


XXXVII

Las siguientes fracciones del artículo 6° de la Ley General de Personas con

Discapacidad refuerzan la idea de que la discapacidad es un asunto de política de

Estado emanada del ejecutivo de la federación, a saber:

II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de

gobierno trabajen a favor de la integración social y económica de las personas con

discapacidad en el marco de la política de Estado;

III. Proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las

partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas

federales dirigidos a las personas con discapacidad;

IV. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los

programas federales en materia de personas con discapacidad; así como aquellas

que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad en el ejercicio de sus derechos, y

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales

que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.

Si se aplica la normatividad establecida en la Constitución Política de México, en

la leyes reglamentadas por ella, los programas surgidos del Plan Nacional de

Desarrollo y los acuerdos internacionales adoptados por México, el marco jurídico

de la discapacidad tendrá un cambio cualitativo, aunque debe haber reservas a lo

menos por dos factores: la voluntad política de la autoridad para aplicar esas

normas y la demanda, reclamo o requerimiento de las personas con discapacidad

y sus organizaciones para lograr su vigencia real.

1.9 LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO GENERADORA DEL BIENESTAR

ECONÓMICO Y SOCIAL.

Algunos teóricos tradicionales clasificaron a las políticas públicas en tres grandes

rubros: Políticas Económicas, Políticas de Seguridad y Políticas Sociales. Estas

últimas solían estudiarse desde diversos enfoques que las consideraban como


XXXVIII

promotoras exclusivamente del bienestar social de la población al resolver

problemas relacionados con la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y el

empleo.

Actualmente, a las políticas sociales se les han agregado novedosos y diversos

elementos que concuerdan con la dinámica de la globalización, el neoliberalismo y

la dinámica participativa de los nuevos movimientos sociales que se inclinan, por

ejemplo, por la búsqueda de un mejor estatus de vida en el medio ambiente a

través de políticas ecologistas y de desarrollo sustentable, así como del respeto a

los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades en cuanto a género, edad,

orientación sexual, condiciones de discapacidad, raza, origen, apariencia física,

entre otros. En este sentido, “la política social se define como las acciones del

Estado tendientes a lograr el bienestar de la población en condiciones de

vulnerabilidad física y mental. Buscando la equidad en el marco de crecimiento

económico y la legitimidad política” (Solís San Vicente, 2000, p. 25).

Entonces, el elemento central de las políticas sociales es mejorar las condiciones

de vida de la población en su conjunto, pero, ¿cómo se logra este objetivo? La

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asegura que: “la

política social debe reunir y expresar el conjunto de objetivos, normas y sistemas

por medio de los cuales la sociedad se compromete a garantizar los derechos

sociales, económicos, culturales, y pretende crear y consolidar capacidades y

oportunidades para que las personas mejoren sus vidas, actúen con mayor

libertad e influyan en las decisiones que les afectan” (José Antonio Ocampo, 2000,

p. 72).

Lo anterior es lo que describe Ignacio Burgoa como la finalidad del Estado

moderno, que consiste en la búsqueda de “el bienestar de la nación, la solidaridad

social, la seguridad pública, la protección de los intereses individuales y colectivos,

la elevación económica, cultural y social de la población y de sus grandes grupos

mayoritarios, las soluciones de los problemas nacionales, la satisfacción de las

necesidades públicas y otros similares” (I. Burgoa, 1993, p. 287). Estas tendencias


XXXIX

y acciones estatales son de carácter formal y dependen de las condiciones

históricas, económicas, políticas o sociales en que hayan nacido o actúen los

Estados particulares surgidos en el derecho vital de la humanidad.

El bienestar nacional, que no es otra cosa que el bienestar social, se encontrará

en el mejoramiento de las condiciones e igualdad de derechos en el trabajo,

educación, vivienda, salud, deporte, cultura, equidad e igualdad de oportunidades

en la legalidad, y dependiendo su objetivo particular pueden estar dirigidas a

grupos específicos de jóvenes, mujeres, infantes, personas con discapacidad,

homosexuales, adultos mayores, indígenas, desempleados, entre otros, que se les

ha considerado como “grupos vulnerables”.

CAPÍTULO II. HABLEMOS DE LA DISCAPACIDAD

Para comprender a la discapacidad y a las personas que poseen dicha condición,

es importante divisar la evolución histórica de las concepciones sobre

discapacidad, su maduración en la consciencia social como una “oportunidad” y no

como una limitante o enfermedad que promueven la invisibilidad de las personas

con discapacidad.

Es cierto que la historia común que comparten todas las personas con

discapacidad es el rasgo negativo de la discriminación, la exclusión, la

segregación y el prejuicio, las cuales van acompañadas de actitudes igualmente

negativas por parte de profesionales y familiares que perpetúan su

minusvaloración e incremento de barreras para que desempeñen una vida normal.

Esas conductas discriminatorias y segregativas todavía persisten, por lo que se

requiere la actuación de toda la sociedad civil, particularmente de profesionales e

investigadores, junto con las propias personas con discapacidad, para superarlas.

No se trata sólo de necesidades de apoyo y actuación profesional, del desarrollo

de programas individualizados, estrategias y técnicas comunes, sino también de

un claro impulso y cambio en la política social en general.


XL

La preocupación por la discapacidad apenas maduró en el siglo pasado tras el



investigación científica desde diferentes enfoques. Por ejemplo, se está

produciendo cambios profundos en el paradigma de la discapacidad que afecta

tanto a la consideración de la causa de la discapacidad como a la manera en que

la ciencia enfoca los problemas de la discapacidad y la privación de los derechos

civiles de esta población.

2.1 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD?

La palabra discapacidad es una traducción libre del término “disability” y comenzó

a utilizarse a partir de la llamada Carta para los años 80, elaborada por

Rehabilitación Internacional de la Organización Mundial de la Salud que enunciaba

e instaba a todos los gobiernos a promover la inclusión de las personas con

discapacidad en todas las actividades sociales, a saber:

La inserción no sólo beneficiaría a los impedidos, sino a la sociedad en su

conjunto.

Una sociedad que excluye a un cierto número de sus miembros es una sociedad

empobrecida. Los impedidos no deben ser considerados como un grupo especial

con necesidades diferentes de las del resto de la comunidad, sino como

ciudadanos corrientes que experimentan dificultades especiales para lograr la

satisfacción de sus necesidades humanas ordinarias. No se deben tratar por

separado las actividades para mejorar las condiciones de los impedidos, sino que

deben formar parte integrante de la política y la planificación generales en cada

sector de la sociedad (ONU, Proyecto Preliminar del Plan de Acción Mundial de

Largo Plazo, CEPAL, 1980, p. 2).

Tras la publicación del anterior documento, la OMS publicó en 1980 la

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

(CIDDM), como una aproximación para la comprensión de las situaciones que


XLI

“limitaban” física y mentalmente a un ser humano, a saber: (Cfr. Programa

Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad, STyPS,

2006, pp. 5-6 Y Patricia Muñoz Borja, Construcción de sentidos del mundo de la

discapacidad y la persona con discapacidad. Estudio de casos, Universidad del

Valle, Cali, Colombia, 2006, p. 73)

1. Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función

psicológica, fisiológica o anatómica. Esta definición hace referencia a las

anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de

un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; en principio, las

deficiencias representan trastornos a nivel de órgano.

2. Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que

se considera normal para un ser humano. Es entonces, la razón de los

efectos de la deficiencia, el proceso por el cual una limitación funcional se

manifiesta como una realidad en la vida diaria, con lo cual el problema se

hace objetivo al interferir en las actividades corporales.

3. Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo determinado,

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide

el desempeño de un rol que es normal en su caso, en su interacción y

adaptación del individuo en el entorno (en función de su edad, sexo y

factores sociales y culturales).

En la definición de este concepto se destaca por primera vez, las características

personales del individuo, los factores sociales y los factores culturales.

Estos conceptos médicos se utilizaban indistintamente en la década de los

ochenta y noventa del siglo pasado en investigaciones sociales y en el vocabulario

general de la sociedad, lo que remitía a una concepción reduccionista en cuanto al

diagnóstico y pronóstico de la salud de las personas.


XLII

No obstante, su gran aportación fue que puso énfasis, por primera vez, en la

dimensión social que antaño concebía a la discapacidad como una característica

intrínseca del individuo y que negaba o restaba importancia a la influencia

incapacitadora del entorno.

La CIDDM no sólo dio inicio a la década de investigaciones y conceptualizaciones

de la discapacidad, sino que resultó ser la punta de lanza para abrir la discusión

sobre la aceptación de la diversidad. Reconoció que los términos discapacidad y

enfermedad son distintos; vio en la deficiencia un hecho biológico, consideró a la

discapacidad como su manifestación funcional y señaló las desventajas generadas

no por la discapacidad en sí misma, sino por el entorno social. Ahora sólo la

sociedad y no la ciencia es quien definiría a la discapacidad como una

anormalidad, y sería la persona con discapacidad la que sufriría las consecuencias

de esa prejuiciosa definición.

En la década de los ochenta comenzaron las discusiones en ciencias sociales

sobre el paradigma de la problemática social que colocaba a las personas con

discapacidad en una situación de desventaja al encontrar barreras culturales,

físicas o sociales que les impiden el acceso a los recursos de la sociedad

disponibles para el resto de los ciudadanos. México no quedó excluido de tales

disquisiciones científicas, concluyendo con la aportación de la Norma 173 de la

Secretaría de Salud que entró en vigor en 1998 (aún vigente), en la cual se

enuncia que la discapacidad es "la ausencia, restricción o pérdida de la habilidad,

para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen considerado como

normal para una persona" (Secretaría de Salud. NOM-173-SSA1-1998, Para la

Atención Integral a Personas con Discapacidad. Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 19 de noviembre de 1999).

Sin embargo, los esfuerzos por definir el término apoyado en la idea de no generar

conceptos peyorativos que vulneraran la integridad de las personas que se

encontraban en dicha situación obligó y presionó a los integrantes de la OMS a

seguir trabajando sobre definiciones y clasificaciones en la materia hasta llegar, el


XLIII

22 de mayo de 2001, a un documento titulado y conocido como la CIF

(Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional del Funcionamiento,

de la Discapacidad y de la Salud. OMS-OPS-Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Madrid, España, 2001, p. 4) o “Clasificación Internacional del

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (ICIDICH, por sus siglas en

inglés), en donde se forjó un concepto acaparador que aglutinó a todas las

deficiencias, limitaciones en la actividad física y mental, y a todas las minusvalías

que propiciaban restricciones en la participación social: personas con

discapacidad.

Fue gracias a la CIF que “hoy definimos a la discapacidad como la pérdida o

disminución de las facultades físicas, intelectuales o sensoriales de una persona

que, debido a ello, requiere de apoyos y adecuaciones que favorezcan su

independencia y su plena integración social” (Alicia Molina Argudín, 2006, p. 16).

No obstante, la ONU ofrece un término más extenso del término, pero no por ello

más exacto y reconocido por la comunidad científica: “la discapacidad es una

alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que, con relación a

la edad y el medio social de la persona, implica considerables desventajas para su

integración familiar, social, educacional y laboral, así como para el disfrute efectivo

de sus Derechos Humanos” (Eduardo San Miguel Aguirre, 1999, p. 9).

En este sentido la CIF, a diferencia de su precedente (la CIDDM) y el concepto

dado por la ONU, tiene como primordial objetivo el brindar un lenguaje sintetizado,

unificado y estandarizado para la descripción de la salud y los estados

relacionados con el bienestar (como educación, cultura de la inclusión y trabajo).

Esta visión dio origen a un nuevo planteamiento desde los derechos humanos,

que tienen por objetivo que las personas con discapacidad y las organizaciones de

la sociedad civil que trabajan con ellas y para ellas, asuman el papel protagónico

de su causa para consumar de forma legal su lucha social, con lo cual no sólo se

apoyará al individuo a través de la medicina, la habilitación o rehabilitación,

educación especial y capacitación; sino que además se buscará transformar el


XLIV

paradigma de la comunidad (a través de cursos de sensibilización, por ejemplo)

para que en el contexto en el que la persona con discapacidad se desarrolla sea

más accesible, más incluyente y ofrezca los apoyos que requiere para su mejor

funcionamiento en el grupo y su plena integración social.

Gracias a los anteriores esfuerzos se consiguió que en México se publicara el 10

de junio de 2005 la Ley General de las Personas con Discapacidad (reformada el

1° de agosto de 2008), en donde se estableció que la persona con discapacidad

será "toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial ya sea

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada

por el entorno económico o social” (Ley General de las Personas con

Discapacidad, Artículo 2 fracción XI, Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el día 10 de junio de 2005. Asimismo: Ley para las Personas con

Discapacidad en el Distrito Federal, Artículo 2 fracción I, Publicada en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal el 29 de julio del 2012; y en la Ley para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, Artículo 4

fracción XIII, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de

septiembre de 2010). Y se entenderá por actividades esenciales de la vida diaria,

al conjunto de acciones que realiza todo ser humano para satisfacer sus

necesidades básicas.

El último esfuerzo por definir a la discapacidad se concretó con la publicación el 13

de diciembre de 2006 de La Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU (ratificada por México el 27 de

septiembre de 2007 y entrada en vigor internacionalmente el 3 de mayo de 2008),

en donde señala en su Artículo 1° párrafo segundo lo siguiente: “Las personas con

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de


XLV

condiciones con las demás” (Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU, 2006).

No cabe duda que el surgimiento y puesta en marcha de los documentos jurídicos

antes expuestos se debió a la incansable intervención y lucha de las personas con

discapacidad y sus familias, cuya finalidad ha sido el fortalecimiento del Estado de

Derecho y una nueva relación entre sociedad, personas con discapacidad y

Estado democrático.

2.2. ¿POR QUÉ EXCLUIMOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Como ya se expuso, la sociedad mexicana aún tiende a ser altamente

discriminatoria hacia personas que poseen conductas o prácticas moralmente

desaprobatorias; hacia la gente que profesa un credo diferente; hacia los que por

su posición política o ideológica no concuerdan con el de las mayorías; y

especialmente, hacia aquellos que física y económicamente son menos

favorecidos.

El objetivo de las políticas públicas en materia social es potenciar y mejorar las

condiciones de vida de la población en igualdad de derechos y con equidad de

oportunidades, especialmente de aquellos que sufren de rezago educativo,

económico, físico, laboral, de vivienda, de alimentación, entre otros.

En este sentido, una de las tareas fundamentales del Estado moderno mexicano

es trabajar para cambiar el paradigma social y cultural en cuanto a la

discriminación social existente, cuyos resultados motivan la violación de los

derechos fundamentales de los mexicanos que por su condición de

“vulnerabilidad” y “diferencia” limitan su desarrollo pleno dentro de la dinámica

social y económica del país.

La pregunta clave sería: “¿Por qué persiste la discriminación, la exclusión, el

racismo o la antipatía en la sociedad?”


XLVI

De manera natural, tanto hombres como animales responden al miedo ya sea

atacando o huyendo. Las ratas, por ejemplo, presentan gran nerviosismo y

retraimiento derivado de la neofobia (miedo a las novedades o ambientes nuevos);

los chimpancés reproducen conductas xenófobas como el asedio, la violencia

física e incluso el asesinato ante la presencia de otros chimpancés desconocidos.

Antaño se creía que las conductas beligerantes de los primates se derivaban de la

competencia por el territorio, el alimento y las hembras, pero recientes

investigaciones describen que estos animales se organizan en grupos de batalla

para invadir el territorio de otra manada con el único objetivo de matarlos.

Los seres humanos como primates, también somos xenofóbicos, pero a diferencia

del resto de los primates, nuestro extraordinario desarrollo cerebral y cognoscitivo

nos permite expresar nuestro miedo a lo extraño de maneras muy diversas.

Cuando eso ocurre quisiéramos atacar como lo haría un chimpancé; sin embargo,

gracias a la socialización y a la influencia cultural, dicho ataque debe acatar las

limitaciones sociales que normalmente nos impiden destruir o dañar al extraño. No

obstante, nuestros miedos se catalizan en forma de ataque social que conocemos

como discriminación, a dicho ataque en el que subyace nuestro miedo, nuestra

cognición trata de justificar el ataque adjudicando propiedades dañinas,

peligrosas, antinaturales o socialmente perjudiciales al objeto del miedo. Si la

especie a la que pertenecemos aspira algún día a llamarse dignamente especie

humana, en algún momento debe dejar a un lado sus miedos más animales

(Oscar Galicia, 2011, p. 20).

Sin duda, los seres humanos tenemos una tendencia innata a segregar.

Es decir, a separar, diferenciar, apartar, marginarP y arrinconar. Es un

mecanismo de defensa natural, biológico, de defensa frente a algo o alguien que

amenaza o perturba nuestra tranquilidad. Lo hacemos con las ideas, los

recuerdos, las situaciones, pasadas o previsibles, y lo hacemos con las personas”

(Jesús Flores, 2004, p. 191). Entendiese que las sociedades, con todo y su bagaje

racional, no logran comprender que las diferencias en cuanto a raza, credo, edad,


XLVII

género, apariencia física, orientación sexual y condición en la discapacidad, es

parte central de la experiencia humana, pues es en la diversidad en donde se

enriquece la cultura, los conocimientos y la tolerancia humana.

2.3. DIFERENCIA ENTRE PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN

La expresión “No me gusta su actitud” es muy reveladora. En ocasiones se le pide

a una persona que modifique o cambie su “actitud”, ¿a qué se quiere llegar con

esta frase? ¿Puede cambiarse una actitud? Si se analiza la naturaleza de las

actitudes, se puede definir que la actitud “es una organización relativamente

estable de creencias evaluativas, sentimientos y tendencias de conducta hacia el

objeto. Las creencias incluyen hechos, opiniones y nuestro conocimiento general

acerca del objeto. Los sentimientos abarcan amor, odio, agrado, desagrado y

sentimientos similares.

Las tendencias de conducta se refieren a nuestras inclinaciones para actuar de

ciertas maneras hacia el objeto, aproximarnos a él, evitarlo, etc.” (Charles G.

Morris, Alberto A. Maisto, 2005, p. 571)

Por ejemplo, nuestra actitud hacia un candidato político incluye nuestras creencias

acerca de sus capacidades y posturas sobre temas cruciales y nuestras

expectativas acerca de cómo votará el candidato al respecto. También tenemos

sentimientos acerca del candidato, como agrado o desagrado, confianza o

desconfianza. Y en función de esas creencias y sentimientos, estamos inclinados

a comportarnos de ciertas maneras hacia el candidato, por ejemplo, votar por él o

en su contra, contribuir con tiempo o dinero.

En resumen, cuando una persona tiene pensamientos positivos hacia algo o

alguien, regularmente forja creencias y comportamientos positivos hacia el objeto

o persona. De igual manera ocurre de forma contraria, lo que significa que cada

una de las acciones de la persona refleja sus actitudes con precisión.


XLVIII

Por ejemplo, “en México, 9 de cada 10 mujeres, con discapacidad, indígenas,

homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan

que existe discriminación por su condición” (Emma E. González Gutiérrez, 2010,

p. 10). Las conductas discriminatorias y los prejuicios surgen en las primeras

experiencias personales directas de vida y a menudo se desarrollan por medio de

la imitación a los padres y de sus allegados sociales (como amigos, familia,

maestros e incluso personas famosas). De igual manera los medios de

comunicación, especialmente la televisión, impactan en la formación de actitudes

discriminatorias y prejuicios en nuestra sociedad por medio de programas de

entretenimiento, noticias y comerciales. Los niños son principalmente susceptibles

a estos mensajes.

Prejuicio y discriminación no son lo mismo, porque: El prejuicio (una actitud) es

una opinión intolerante, desfavorable y rígida de un grupo de personas. La gente

tiene prejuicios cuando asume que todos los miembros de cierto grupo comparten

ciertas cualidades negativas; cuando es incapaz de ver a los miembros de ese

grupo como individuos; y cuando ignora información que refuta sus creencias. La

discriminación (una conducta) es un acto o una serie de actos que niegan

oportunidades y estima social a todo un grupo de personas o a miembros

individuales de ese grupo. Discriminar es tratar a una clase entera de personas

como si no fueran iguales (Charles G. Morris, Alberto A. Maisto, op. cit., p. 572).

El prejuicio y la discriminación no siempre ocurren al mismo tiempo, por lo que la

primera no siempre refleja a la segunda ni viceversa. Es posible estar prejuiciado

contra un grupo particular sin comportarse de una manera abiertamente hostil o

discriminatoria contra sus miembros. Por ejemplo, el propietario de una tienda

prejuiciado tal vez sonría a un cliente abiertamente homosexual o a otro cliente

que lleva consigo a su hijo con síndrome de Down para disimular las opiniones

que podrían dañar su negocio.

De igual manera, muchas prácticas institucionales pueden ser discriminatorias

contra las mujeres y ciertos grupos étnicos cuya estatura promedio está por


XLIX

debajo del criterio arbitrario, aun cuando las regulaciones no surjan de actitudes

sexistas ni racistas.

En este sentido, el prejuicio tiene tres componentes similares a las actitudes:

creencias, sentimientos y tendencias de conducta, pero se expresan de diferente

manera, por ejemplo, cuando un empleador prejuiciado entrevista a una persona

con discapacidad, el primero puede atribuirle todos los rasgos asociados con el

estereotipo de las personas con discapacidad, ignorando o pasando por alto las

cualidades individuales del sujeto que no coinciden con el estereotipo. El

empleador quizá menosprecie el título universitario que tanto esfuerzo le costó al

candidato pensando: “Probablemente lo obtuvo porque sus maestros tuvieron

condescendencia y lástima de él y le aprobaron sus materias más fácilmente”.

Esta atribución se conoce como error final de atribución (Cfr. Ídem., p. 573), que

es la tendencia de una persona con creencias estereotipadas sobre un grupo

particular a hacer atribuciones internas de sus deficiencias y atribuciones externas

de sus éxitos.

En el ejemplo anterior, el empleador está haciendo una atribución externa (el

apoyo y beneplácito de los profesores para aprobar a la persona con

discapacidad) que concluye con el éxito universitario del solicitante con

discapacidad. El otro lado del error final de atribución es hacer atribuciones

internas de los fracasos de las personas que pertenecen a los grupos que le

disgustan, en este caso, “uno de cada tres mexicanos está de acuerdo en que el

nivel educativo de las escuelas se ve afectado cuando acuden muchos alumnos

con discapacidad” (Emma E. González Gutiérrez, Op. cit., p. 8), por lo que la

escuela que egresó a la persona con discapacidad seguramente no posee una

educación de calidad y, por ende, los conocimientos y habilidades profesionales

de la persona no son los adecuados.

Junto con las creencias estereotipadas, el prejuicio suele asociarse con

emociones fuertes como el disgusto, el temor, el odio o la aversión. Por ejemplo,

cuando una persona adquiere una discapacidad, su empleador puede considerarlo


L

de repente como indeseable, enfermo, poco productivo, estorbo para la empresa,

limitado en su función física y cognitiva. Esta concepción negativa de la

discapacidad afecta directamente a las personas con discapacidad, quienes

además sufren psicológicamente de una auto-minusvaloración como seres

humanos.

En este sentido, la dinámica social de segregación y desvalorización de este grupo

ha potenciado la negación de oportunidades de trabajo, el incremento de las

barreras físicas, culturales y psicológicas que les impiden desempeñar una vida

autosuficiente, es decir, se les niega una real equiparación de oportunidades

debido a que existe la caritativa, errónea y mediática idea de que la sociedad se

esfuerza y trabaja sistemáticamente por incorporar plenamente a las personas con

discapacidad en las normas estructurales sociales, haciéndolas beneficiarse de

todas las posibilidades que la sociedad ofrece al resto de los ciudadanos. La

realidad es que las personas con discapacidad siguen enfrentando una serie de

estereotipos y prejuicios que promueven una imagen de enfermedad, minusvalía o

incapacidad.

2.4. ES VIABLE OPRIMIR EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN

¿Cómo se puede usar el conocimiento social del prejuicio, los estereotipos y la

discriminación para reducir el prejuicio y su expresión? Hay tres estrategias que

parecen prometedoras: categorización, procesamiento controlado y mejoramiento

del contacto entre los grupos. Para una mejor explicación, véase el siguiente

recuadro.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN EJEMPLO

categorización

Se extiende el esquema de un grupo particular para considerar que los miembros de diferentes razas o géneros comparten cualidades similares. Esos

En Estados Unidos los católicos y los protestantes se consideran “cristianos” o “estadounidenses” en lugar de verse como grupos separados en competencia (como


LI

esquemas más globales se convierten en categorías supraordenadas. Existe considerable evidencia de que si los individuos crean categorías supraordenadas, al mismo tiempo reducen los estereotipos y el prejuicio.

en Irlanda del Norte).

Procesamiento controlado

Se creó para que las personas sean más “atentas” con gente diferente a ellos. Dicho enfoque sugiere que es posible enseñar la tolerancia. Algunos investigadores han propuesto que la diferencia principal entre alguien que está prejuiciado y alguien que no lo está es la habilidad para suprimir las creencias prejuiciadas. Todos aprendemos estereotipos en nuestra cultura, pero que algunas personas también aprenden tolerancia y la habilidad para el procesamiento controlado.

Se enseñó a un grupo de estudiantes de sexto grado a ser más comprensivos con las personas con discapacidad proyectándoles transparencias y haciéndolos reflexionar sobre su situación respondiendo preguntas como la siguiente: “¿Cómo podría una persona con discapacidad conducir un automóvil?” Se alentó a los estudiantes a verlos como personas con cualidades y defectos. El grupo mostró mucho menos prejuicio hacia este grupo vulnerable después del procedimiento que antes del mismo.

Mejora del contacto entre grupos

Esta fue una de las intenciones de la famosa decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1954 en el caso de “Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, Kansas”, que ordenó la integración racial de las escuelas. Sin embargo, la evidencia de la eliminación de la segregación escolar ha demostrado que el contacto por sí solo no es suficiente. El contacto entre miembros de dos grupos ayuda a disminuir las actitudes de prejuicio, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones, como se explican en los ejemplos.

1. Los miembros del grupo deben tener el mismo estatus. Cuando se integró por primera vez a negros y blancos en el ejército y en los proyectos de vivienda pública, tenían un estatus relativamente igual, por lo que el prejuicio entre ellos se redujo de manera notable. La eliminación de la segregación escolar tuvo menos éxito en parte porque la estructura del sistema escolar tiende a recompensar las ventajas económicas y académicas de los niños blancos, dándoles una ventaja sobre los escolares negros. 2. La gente debe tener un contacto personal con los miembros del otro grupo. El solo hecho de poner a los estudiantes juntos en un grupo no cambia las actitudes. Es más efectivo el contacto personal como el que ocurre entre amigos durante el almuerzo y después de clases.


LII

3. El contacto entre grupos mejora las relaciones cuando se unen para cooperar y no para competir. Trabajar juntos para lograr una meta común ayuda a eliminar el prejuicio, quizá porque proporciona el tipo de contacto personal mencionado, así como in motivo común y el mismo estatus. Los equipos deportivos integrados son un ejemplo de este tipo de contacto. Las técnicas de aprendizaje cooperativo también han demostrado ser útiles para superar el prejuicio en las escuelas. 4. Las normas sociales deben alentar el contacto. En muchos casos, la eliminación de la segregación escolar tuvo lugar en una atmósfera sumamente tensa. Los niños llegaban a sus nuevas escuelas en autobuses repletos sólo para enfrentar las protestas de los padres furiosos. Es claro que esas condiciones no favorecieron el contacto. En situaciones en que las normas sociales o los que tienen la autoridad alientan el contacto, es menos probable que persistan las actitudes prejuiciosas.

Fuente: Charles G. Morris, Alberto A. Maisato, Psicología, 12ª edición, Pearson Educación-Prentice Hall, México, 2005, pp. 574-577

En todas las sugerencias anteriores, el énfasis principal está en cambiar la

conducta, no en cambiar directamente las actitudes. Pero la modificación de la

conducta a menudo es un primer paso hacia la modificación de las actitudes que

se logra mediante la influencia social proceso por el cual otros, ya sea de manera

individual o colectiva, afectan nuestras percepciones, actitudes y acciones que

desencadenan complejos procesos de persuasión. Y para que alguien se sienta

persuadido, primero debe prestar atención al mensaje que se le está enviando,


LIII

luego debe comprenderlo y por último debe aceptarlo como convincente para

interiorizarlo.

Es de suma relevancia combatir la discriminación en sus primeras etapas, cuando

es tan sólo una frase, una broma o un gesto mal intencionado, con lo cual se

desterrarán de las leyes, de los centros educativos y de trabajo, de los

movimientos políticos y de los medios de comunicación, éstos últimos promotores,

por ejemplo, de estereotipos y prejuicios erróneos que promueven una imagen de

enfermedad, minusvalía o incapacidad de las personas con discapacidad, quienes

derivado de lo anterior enfrentan dos problemas fundamentales: las conductas

discriminatorias en su contra y la falta de oportunidades para participar en la vida

social en condiciones similares que le resto de la población.

2.5. LA CULTURA SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD.

Ernest Cassirer (Cfr. Ernest Cassirer, 1992, cap. 6) concibe a la cultura como un

universo simbólico que expresa la esencia misma de lo que se encuentra entorno

de lo humano, es decir, es la expresión de la realidad de los hombres a partir de

sus actividades cotidianas. En este sentido, la cultura se refiere a las ideas,

creencias, valores, lenguaje, códigos, normas, tecnologías y criterios compartidos

por la gente para evaluar lo que significan los eventos naturales, las acciones

humanas y la vida misma.

La cultura ejerce una enorme influencia en nuestras actitudes y comportamientos

cotidianos, pues es ésta la que nos dicta cómo vestirnos, cómo y qué comer, y

hasta la manera en que percibimos, tratamos y convivimos con otros.

Hoy existen diversos y novedosos conceptos que abarcan la cultura, por ejemplo,

“cultura política” “multiculturalismo” o “alta cultura”, las cuales engloban la idea

primigenia de Cassirer. En este sentido, también se ha configurado una “cultura de

la discapacidad” queP


LIV

Toma en cuenta el hecho de que las personas con discapacidad y quienes las

rodean asuman la responsabilidad de hacer efectivo el adecuado funcionamiento

social de los primeros; para ello se debe de contar con una serie de acciones que

deben materializarse desde el individuo mismo ascendiendo hasta niveles

gubernamentales y viceversa. Cultura de la discapacidad implica que todos

contribuyamos a la inserción educativa y cultural de las personas con

discapacidad, implica la eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación,

tecnológicas y todas las demás que pudieran existir y que anulen la igualdad de

oportunidades de este sector a veces tan desprotegido (Emmanuel Duvignau,

2011, p. 3).

El trasfondo de la cultura de la discapacidad demuestra que la sociedad es quien

menosprecia a las personas con alguna limitación física, mental o sensorial. Un

ejemplo certero de lo anterior lo da Federico Fleischmann (Presidente y fundador

de Libre Acceso, A.C., con 20 años de estar constituidos. Luchador social en

México a favor de la no discriminación, de la inclusión de personas con

discapacidad, de la eliminación de barreras y promotor de la accesibilidad) al

enunciar que:

Cuando hablamos de las barreras culturales que son las del conocimiento o sea el

saber, puedo afirmar que esta es la barrera más difícil de eliminar, ponemos un

ejemplo sencillo: una vez entendido que un cajón de estacionamiento para

personas con alguna discapacidad tiene que existir; para qué y para quién es, así

como su ubicación y medidas y lo más importante ¡que no debe invadirse! ahí está

la eliminación de una barrera cultural, si alguien que no lo necesita llega y lo

invade, la existencia del cajón se pierde y la barrera cultural prevalece (sic)

(Doriana D. Ugarte, 2010, p. 19).

Este modelo de la discapacidad de las barreras sociales provoca que la

discapacidad deje de ser vista como una consecuencia negativa, producto de las

fallas personales, pues más bien es una secuela negativa de la organización y

estructuración de la sociedad. Así entonces, el impedimento de caminar es una


LV

deficiencia, mientras que la inexistencia de rampas accesibles y sólo la

construcción de escaleras a un inmueble provocan el impedimento de entrar a

éste, traduciéndose en una discapacidad. El impedimento de escribir en una

computadora por falta del sentido de la visión se considera una deficiencia, pero el

impedimento de trabajar en ello porque no existe el apoyo técnico apropiado, es

una discapacidad. La imposibilidad de mover el cuerpo por cuenta propia es una

deficiencia, pero el impedimento para realizar otras actividades por una

inapropiada rehabilitación, es una discapacidad.

Este esfuerzo por la equiparación de oportunidades de las personas con



caridad, que provocan discriminación por motivos de discapacidad (De acuerdo a

al Artículo 2 párrafos 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad, por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá

cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga

el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro

tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la negativa de ajustes

razonables. Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales). Pater McLaren da ejemplo de esta perspectiva cuando describe a

la cultura como las condiciones de posibilidad resueltas mediante relaciones de

clase, género y raza. De acuerdo con él, las identidades son variables y

transitorias y están vinculadas a la política de la lucha colectiva. Bajo el concepto

de “multiculturalismo”, la cultura se ensalza en nombre de la justicia social.


LVI

De lo anterior se devela que la identidad cultural está inserta en las relaciones de

poder, la política de la diferencia, la comunidad y la democracia.

Entonces:

Lo cultural es lo político y, por lo tanto, es un terreno de lucha en el que la

resistencia es una base para el desarrollo de una política cultural y una ideología

antidiscriminatoria como parte de la diferencia más amplia y una lucha

democrática por la justicia, la igualdad y la libertad. En otras palabras, los

postmodernistas redefinen la cultura “dentro de múltiples relaciones de diferencia

que ofrecen diversas posiciones para los sujetos desde las que las personas

pueden luchar contra las ideologías del Otro y la discriminación”. La postura de

muchos activistas por los derechos de las personas con discapacidad puede

ubicarse en esta perspectiva; especialmente en lo que respecta al énfasis que

ponen en desarrollar una política cultural, en su resistencia a la discriminación por

parte de la sociedad y en su lucha por la justicia social (Susan Peters, 2006, p.

148).

Entonces, la segregación y la exclusión de las personas con discapacidad se

cimenta en reglas implícitas arraigadas en la cultura de la sociedad. “La visión de

la diversidad como “los otros‟ ha ocasionado que las sociedades choquen ante

ella. Para las personas sin discapacidad, un encuentro con las personas con

discapacidad puede ocasionar ansiedad. Esto se debe a que se confrontan con la

contingencia, con algo que les puede pasar alguna vez y que frecuentemente les

horroriza” (Amalia Gamio Ríos, 2009, p. 432).

A pesar de todos los logros que han conseguido y pueden obtener, las personas

con discapacidad siguen padeciendo de un grave problema: “Su invisibilidad en el

sistema de libertades”. ¿Qué significa lo anterior? Existen cuatro derechos

fundamentales en cualquier Estado de Derecho, democrático, representativo y

neoliberal, a saber:


LVII

1. Derechos civiles. Ayudan a preservar una clara división entre el poder público

del Estado y la esfera de lo privado de la sociedad civil.

2. Derechos políticos. Es la influencia que posee la sociedad civil en los poderes

públicos. Mientras que los derechos civiles sirven principalmente, aunque no

exclusivamente, para contrarrestar el poder del Estado, los derechos políticos

permiten a los individuos ejercer un control democrático sobre el poder del Estado

en la política pública.

3. Derechos económicos, sociales y culturales. Dan a las personas capacidad de

acción en su propia vida: Acceso a educación, vivienda, trabajo, expresión cultural,

entre otros.

4. Los derechos humanos. Protegen a las personas contra el abuso del poder; dan

a las personas acceso al poder y; liberan a las personas en su propia vida para

poder decidir. Existe una fuerte simbiosis en la doctrina de derechos humanos

entre la libertad privada (protección contra el abuso del poder) y la libertad pública

(acceso de las personas a los espacios públicos y apoyo social a su presencia).

Históricamente, las personas con discapacidades no han gozado plenamente de

estos derechos, como si se tratase de “ciudadanos invisibles” a quienes por

excelencia se les niega la titularidad de derechos. Algunos grupos de personas

con discapacidad, por ejemplo, sufren de una doble invisibilidad por su género,

edad o raza. En algunas ocasiones se ha considerado que los niños con

discapacidad son tradicionalmente menos merecedores de la inversión social (por

ejemplo en educación) que otros niños; y no se hable de mujeres o de las minorías

raciales y étnicas, quienes apenas participan en la observancia social y pública.

Se trata de una herencia del pasado, de la época en que las personas con

discapacidad solían ser ciudadanos prácticamente invisibles en muchas

sociedades.


LVIII

Han sido marginados en casi todas las culturas a lo largo de la historia. Una

reacción común, tanto por parte del público general como de las autoridades, era

la compasión o la repugnancia. Se tendía a dar por sentada la relativa (o a veces

absoluta) invisibilidad de las personas con discapacidad o aceptarla como algo

“natural”. La diferencia que representa la discapacidad se percibía como motivo de

exclusión en lugar de un motivo para celebrar la diversidad de la familia humana.

Cuanto mayor era la tendencia a construir la vida cotidiana teniendo en cuenta

solamente a las personas sin discapacidad y mayor era la ausencia física de los

discapacitados en la corriente general, más “natural” parecía ser esta suposición.

Gran parte de la exclusión estaba financiada por programas de asistencia social

que llevaba más al aprisionamiento que a la liberación (Gerard Guinn; Theresia

Degener; 2002, pp. 17-18).

El paradigma del siglo XXI requiere la modificación en el modelo médico y social,

en donde se sensibilice y se aprecie las habilidades de estas personas por parte

de toda la sociedad civil en su conjunto, pues han demostrado su capacidad

competitiva a través de su trabajo, sus logros deportivos, científicos, artísticos y,

además, por los movimientos sociales que han alcanzado plasmar leyes y

reglamentos a favor de su desarrollo e inclusión en la sociedad.

2.6. PROCEDIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL

ACONTECER.

La discapacidad es un fenómeno social y una condición individual tan antigua

como el hombre mismo. Entre las primeras investigaciones que se hicieron sobre

el tema en la época antigua, siempre sorprendieron las prácticas infanticidas de

los espartanos de arrojar de la cima del monte Taigeto a los niños recién nacidos

con afecciones o defectos severos pues representaban una “carga” para los

padres y para la sociedad, lo que ponía en entre dicho su supervivencia en una

ámbito cultural que colocaba a la fuerza física y a la autodefensa por encima de

otras aptitudes y valores.


LIX

Este contexto ahora se interpretaría como bárbaro y cruel, pero en realidad

obedecía a prácticas acordes a concepciones propias de su marco cultural y

religioso en “donde el nacimiento de un niño con discapacidad era el resultado de

un pecado cometido por los padres en el caso de Grecia, o una advertencia de

que la alianza con los Dioses se encontraba rota en el caso de Roma” (Agustina

Palacios, Francisco Bariffi, 2007, p. 14).

Siglos más tarde y en un contexto social opuesto a Esparta, la cultura mochica

situada entre 50 a. C. a 750 d. C. en el norte de Perú conservó detalladamente la

vida de su gente en diversos objetos de cerámica que enriquecieron la iconografía

de la sexualidad, las ceremonias religiosas, la vida con los animales, su tradición

culinaria y, especialmente, los daños a la salud y sus consecuencias derivadas de

deficiencias y discapacidades causadas por enfermedad, cirugías o por

amputaciones infligidas como castigo.

En el caso de los mochicas, la identidad “discapacitada‟ se asignó a grupos

significativos de poder, por ejemplo, las amputaciones de los pies era un hecho

común para los sirvientes que atendían a los gobernantes. La mayoría de estos

“lisiados” tenían un lugar especial en la organización social, política y religiosa de

los mochicas, puesto que representaban la perennidad de la estructura de poder

de los dirigentes.

En la Europa de la Edad Media, las personas con discapacidad eran insertadas al

grupo de los pobres, marginados y excluidos, pero existía una marcada diferencia

entre la concepción religiosa católica-protestante (que difería de la Grecia Antigua

y el Imperio Romano) y que continuó abarcando el tratamiento social a este sector

durante siglos. La resignación fue (y en muchos casos sigue siendo) el sentimiento

que embargaba a los familiares que vivían con personas con discapacidad. Para

éstos, las lecciones y el poder de Dios, la consecuencia del pecado original, las

maldiciones o la actuación per se del Diablo, eran las causas de que una

determinada familia tuviera este tipo de “desgracias”. Sin duda, el rasgo principal

que caracteriza a este periodo fue la exclusión:


LX

...ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y

considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo

por considerarlas objeto de maleficios o como advertencia de un peligro inminente.

Es decir, ya sea por menosprecio ya sea por miedo, la exclusión parece ser la

respuesta social que genera mayor tranquilidad. Ya no se comente infanticidio,

aunque gran parte de los niños con discapacidad mueren como consecuencia de

omisiones (por falta de interés y recursos, o por invocarse la fe como único medio

de salvación). En cuanto a los que subsisten o a los mayores, la apelación a la

caridad, el ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión, son los medios de

subsistencia obligados (Ibídem, p. 15).

La falta de inclusión de las personas con discapacidad, prácticamente se

institucionalizó en Europa tras el descuido socio-estatal y el genocidio cometido

durante los siglos XVIII y XIX del desarrollo industrial, la creciente importancia de

la racionalidad económica, el utilitarismo liberal y la ciencia médica. En estos

siglos contribuyeron con nuevos elementos que agravaron los antiguos temores y

prejuicios, y también proporcionaron la justificación académica para medidas más

extremas, la sistemática marginación social de diversas personas por padecer

cualquier “anormalidad” física o cognitiva.

Esta práctica continuó en la primera mitad del siglo XX, teniendo su cúspide en

acciones de esterilización masiva de las personas consideradas como

“defectuosas” en diversas zonas de occidente y con el genocidio cometido contra

doscientas setenta mil personas con discapacidad en los campos de

concentración nazis entre las décadas de 1930 y 1940.

Tras las consecuencias físicas y psicológicas que dejaron en la población mundial

las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX se

configuró un nuevo orden y derecho internacional que le dieron mayor fortaleza a

los derechos humanos, pero estos beneficios no pudieron corregir la fragilidad de

la paz, el abuso de los grupos vulnerables y la falta de respeto a los derechos

fundamentales derivados de actos de violencia ligados a factores culturales y


LXI

políticos como la xenofobia, la intolerancia religiosa y más recientemente el

aumento del terrorismo, que en la mayoría de las veces incrementa la estadística

de personas con discapacidad adquirida.

Por otro lado, persiste la violencia originada por situaciones de exclusión y

marginalidad social como el desempleo y la pobreza, contextos permiten la

ausencia de oportunidades que generan un círculo vicioso de falta de decisión y

participación en la estructura de una sociedad excluyente e inequitativa.

En este contexto beligerante de la segunda mitad del siglo XX que ocasionó el

incremento mundial de personas con discapacidad, se dio paso a la organización

a nivel mundial de diversos grupos que tenían esta condición para exigir a los

gobernantes y al Estado mismo su atención inmediata a sus demandas. Ya no

eran más “retardados”, “anormales” o “impedidos”, ahora eran un conglomerado

que exigían ser tratados como iguales dentro del sistema de derecho.

2.7. LA DISCAPACIDAD Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS DERECHOS

HUMANOS

En el nuevo milenio donde el Estado neoliberal está inmerso en las concepciones

de Estado mínimo y Estado de Derecho, se plantea que el tema de la

discapacidad constituye un problema de salud pública y de igualdad de derechos,

respectivamente; pero además, falta un sistema adecuado de inclusión laboral y

social, así como de una accesibilidad universal que garantice su

autodeterminación.

Para vislumbrar la naturaleza y el significado de la adopción de una perspectiva

basada en los Derechos Humanos, es preciso tener una percepción clara de los

valores que sustentan, pues se apoya en un complejo sistema de libertades

fundamentales respaldadas y promovidas por acuerdos de la legislación

internacional. La discapacidad desafía a la sociedad en su conjunto y al Estado

mismo a vivir de acuerdo con sus valores y encomienda al derecho internacional la

tarea de lograr un cambio positivo.


LXII

Ver a la persona con discapacidad como un sujeto en lugar de como un objeto

supone darle acceso al beneficio pleno de las libertades fundamentales que la

mayoría de las personas dan por sentadas, y hacerlo de forma respetuosa y

sensible a su diferencia. Significa abandonar la tendencia a percibir a la persona

como un problema para verla en cambio en el contexto de sus derechos.

Además de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, las

personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades

realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de información y

comunicaciones; al respeto de su dignidad intrínseca; el derecho a vivir de forma

independiente gracias a un trabajo en igualdad de condiciones y de remuneración;

y a procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades

educativas y sociales regulares. Lo que se necesita es pensar menos en ellos

como sujetos necesitados de asistencia, sino como sujetos de derecho (Cfr. Mario

Alberto Solórzano Betancourt, 2010).

Para dar respuesta a lo anterior, se han visto involucrados diversos sectores del

gobierno y la educación a través de la implementación de políticas públicas e

investigaciones docentes; grupos de la sociedad civil con su continua lucha por los

derechos humanos y ciudadanos, y empresas privadas aportando donativos,

donaciones, innovaciones tecnológicas e implementando la cultura de la inclusión

laboral, con el fin de brindarles espacios para su desarrollo y autonomía personal y

profesional.

Los cambios habidos en la concepción de la discapacidad en los últimos años

pueden calificarse como una “nueva forma de pensar sobre la discapacidad”, e

incluye:

A) Una nueva concepción de la discapacidad en que la discapacidad de una

persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en que vive.


LXIII

B) Una visión trasformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las

personas con discapacidad. Esta visión supone subrayar la autonomía, la

autodeterminación, la integración, la igualdad y las capacidades.

C) Un paradigma de apoyo que reoriente la presentación de servicios a las

personas con discapacidad y se centre en la vida con apoyo, al empleo y con

apoyo a la educación integrada.

D) Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la

calidad, la garantía del mantenimiento de calidad, la gestión de la calidad y la

evaluación basada en los resultados (Miguel Ángel Verdugo Alonso, 2009, pp. 12-

13).

Esta nueva forma de pensar a la discapacidad se relaciona íntimamente con los

Derechos Humanos, donde la dignidad humana es su norma básica.

Toda y cada una de las personas tienen un valor inestimable y nadie es

insignificante. Las personas han de ser valoradas no sólo porque son útiles desde

el punto de vista económico u otro, sino por su valor intrínseco.

El modelo de derechos humanos se centra en la dignidad intrínseca del ser

humano y después, pero sólo en caso necesario, en las características médicas

de la persona. En este modelo, el “problema” de la discapacidad se deriva de la

falta de sensibilidad que representa esa discapacidad. De ello se sigue que el

estado tiene la responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados

socialmente a fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de

derechos de todas las personas.

A este respecto, el movimiento a favor de los derechos de los discapacitados se

integra en gran medida en un movimiento más profundo y amplio a favor de la

creación de sociedades auténticamente incluyentes para todos. Este movimiento

se ha descrito como el movimiento de derechos civiles de la “nueva generación”

(Cfr. Guinn, Gerard; Degener, Theresia; 2002, p. 13).


LXIV

En este sentido, debe aplicarse el criterio de derechos humanos para dar plenos

derechos civiles a las personas con discapacidad. Debe eliminarse las barreras

que impiden el acceso a las personas con discapacidad al sistema de libertades

públicas que los derechos humanos contribuyen a preservar y promover. Su

objetivo es garantizar el reconocimiento de que las personas con discapacidad

tienen un lugar por derecho propio en la corriente general de la vida y que el logro

de la independencia y la participación en condiciones de auténtica igualdad no es

sólo un objetivo deseable desde el punto de vista social, sino también un derecho.

Asimismo, se les debe dotar de los elementos necesarios para que tengan libre

derecho al voto, del derecho a un juicio imparcial, del derecho a la educación, del

derecho al trabajo, no a los abusos físicos y sexuales en instituciones.

Si no existen las condiciones adecuadas para consolidar los derechos humanos

fundamentales de las personas con discapacidad, nunca se consolidará un pleno

Estado de Derecho en México.

5.1 Marco Teórico de Referencia.

Introducción.

Capítulo I. La hechura de las políticas públicas del estado moderno.

1.1. Concepciones generales de estado.

1.1.1 Historia y origen del término “Estado”.

1.1.2 El estado actual.

1.1.3 Al estado de derecho en el estado representativo.

1.1.4 Estado y gobierno.

1.1.5 La democracia en las representaciones de gobierno.

1.1.6 Divergencia entre lo representativo y lo privado.


LXV

1.2 Diferencia entre la política y lo político.

1.3 La administración pública en el Estado.

1.4 La importancia de las políticas públicas.

1.5 Las políticas públicas

1.6. ¿Cómo se confeccionan las políticas públicas?

1.7. ¿Cómo se valoran las políticas públicas?

1.8 El campo conceptual de la política pública.

1.9 Las políticas sociales como generadora del bienestar económico y social.

1.10 Contraste entre “igualdad de oportunidades” y “equidad”

Capítulo II. Hablemos de la discapacidad

2.1 ¿Qué es discapacidad?

2.2. ¿Por qué excluimos a las personas con discapacidad?

2.3. Diferencia entre prejuicio y discriminación

2.4. Es viable oprimir el prejuicio y la discriminación

2.5. La cultura social de la discapacidad.

2.6. Procedimiento de las personas con discapacidad en el acontecer.

2.7. La discapacidad y su correspondencia con los derechos humanos

2.8. Los principios del activismo político de las personas con discapacidad.

2.9 Los datos duros de la discapacidad en México.

2.10 Cómo tratar la discapacidad


LXVI

2.11 Derechos de las personas discapacitadas a la educación.

2.11.1 Percepciones de la educación hacia estas personas.

2.11.2. Derecho a una educación inclusiva.

2.12 La secretaría de educación pública (SEP) y sus reformas educativas para la

inclusión

2.13. Una educación integral

Capítulo III. La discapacidad como causa de discriminación laboral.

3.1 Concepto de marginación.

3.2. Circunstancias laborales

3.3 Igualdad y desigualdad

3.4. Formas de protección laboral para las personas con discapacidad.

3.5 Dignidad, deficiencia, discapacidad.

3.6 Igualdad de oportunidades para laborar.

3.7. Artículo 133 de la ley federal del trabajo.

3.8 La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.

3.9 Breve estudio de la ley.

3.10 El consejo nacional para prevenir la discriminación.

3.11 Mejorías en la contratación de personas con discapacidad.

3.12 Estímulos fiscales para el desarrollo de programas sociales que incluyan a

las personas con discapacidad.


LXVII

3.13. Compromiso social de las empresas con las personas discapacitadas.

Capítulo IV. Políticas públicas y marco jurídico aplicable a las personas con

discapacidad en México.

4.1 Constitución política de los estados unidos mexicanos.

4.2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

4.3 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de

discriminación contra las personas con discapacidad.

4.4 Ley general para la inserción de las personas con discapacidad

4.5 Normatividad federal para prevenir y eliminar la discriminación.

4.6 Establecimiento y compromiso social a una norma (ley) que asegure el trabajo

de las personas con alguna discapacidad.

4.7 Ley para la integración del desarrollo de las personas con discapacidad en el

distrito federal.

4.8. Instancias de gobierno e instituciones involucradas en la integración social de

las personas con discapacidad.

4.9. Actores sociales involucrados en la integración de personas con discapacidad

en el distrito federal.

4.10. El trabajo como factor de inclusión y bienestar social.

4.11 El DIF y su cargo social.

4.12. El programa nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las

personas con discapacidad. (Políticas públicas).

4.13. Programas nacionales para el bienestar y la inscripción al progreso de las

personas con discapacidad.


LXVIII

Conclusiones.

Bibliografía.


LXIX

6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

Hipótesis Principal.

Pese al reconocimiento de la amplia participación de las personas con

discapacidad dentro de la sociedad mexicana, y los relevantes esfuerzos para

garantizar un marco de equitativo y justo para todos, aún subsisten temas de gran

relevancia, uno de ellos tiene que ver con la presencia de acciones

discriminatorias en diversos ámbitos de la vida que se oponen al desarrollo pleno

como individuos que tiene toda la ciudadanía; no obstante aunque el camino

tomado parece pertinente, la realidad es que han sido insuficiente para atajar el

problema y darle plena solución y subsisten las prácticas de discriminación y

segregación que sufren quienes sufren alguna discapacidad.

Hipótesis Secundarias.

1) La discriminación en México se encuentra presente en amplios espacios de

la vida social, de tal manera que la superación de estas condiciones solo es

posible con un cambio en las conciencias y la construcción de un marco de

responsabilidad civil, de la cual el estado es garante a través de los

diversos ordenamientos legales e instituciones, la sobrevivencia elevada de

estas prácticas discriminatorias alerta sobre el bajo impacto que los

programas instituidos han tenido y su necesidad de reforma.

2) Los programas y acciones de sensibilización respecto a las circunstancias

de la discapacidad, se encuentran sesgados hacia el cumplimiento de

estándares de lo “políticamente correcto”, por lo que sea abandonado la

búsqueda e investigación de modelos de atención que desde el ámbito del

estado, propicien un acercamiento más concreto a la problemática, de tipo


LXX

transversal e integral, el planteamiento actual se encuentra segmentado y

superficial lo que impide el ataque de fondo del problema de discriminación

y vulnerabilidad que enfrenta esta población.


LXXI

7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS.

Pese al reconocimiento de la amplia participación de las personas

con discapacidad dentro de la sociedad mexicana, y los relevantes

esfuerzos para garantizar un marco de equitativo y justo para

todos, aún subsisten temas de gran relevancia, uno de ellos tiene

que ver con la presencia de acciones discriminatorias en diversos

ámbitos de la vida que se oponen al desarrollo pleno como

individuos que tiene toda la ciudadanía; no obstante aunque el

camino tomado parece pertinente, la realidad es que han sido

insuficiente para atajar el problema y darle plena solución y

subsisten las prácticas de discriminación y segregación que

sufren quienes sufren alguna discapacidad.

Para comprobar la hipótesis central que guio esta investigación se inició con la

revisión de los factores que conducen al diseño e implementación de una política

pública, posteriormente con la revisión del concepto de la discapacidad, en

particular del fenómeno de la discriminación por esta causa, encontrando una

serie de elementos que dan cuenta de la situación que prevalece tanto en la

provisión de los servicios públicos, como del marco legal que le da soporte al

ejercicio de los derechos de protección, sin embargo observamos que estos son

provistos con gran desigualdad, tanto en lo referente al acceso como a la calidad

que se brinda. En pocas palabras, la realidad nos muestra que pese a reiterados

esfuerzos presupuestales y legislativos, prevalecen fuertes restricciones para el

ejercicio pleno de los derechos de acceso e igualdad.

En este sentido, dicha situación parte de que México es un país donde más del 50

por ciento de la población –aproximadamente 48 millones de personas – vive en

estado de pobreza. En Chiapas, uno de los estados con más pobres, los servicios

de salud y de educación no logran cubrir ni siquiera al 20 por ciento de sus


LXXII

habitantes. En contraste, en el estado de Coahuila, más del 65 por ciento de la

población está cubierta por los servicios educativos y sanitarios. Reconociendo

esta situación, se entiende que materias como la discapacidad manifiestan dentro

de las prioridades del gobierno, un rezago importante, lo que significa que pese a

que se ha declarado la intención de resolver este rezago a través de mecanismos

que articulan el trabajo conjunto del sector público y el privado, para con ello

disminuir las carencias y la desigualdad en el país.

De esta manera se hace una descripción de los temas relativos a la discapacidad,

identificando como una condición que exige de la colaboración social para alejarse

de la vulnerabilidad social y económica que significa, en este sentido se rescata el

tema evolución del sistema público de salud. A partir de un análisis de los

derechos humanos y las reformas que esto implica, pasando por la evolución de

los servicios públicos en México y como se ha tratado, así en el capítulo 1 se

analiza la forma en que se diseñan e instrumentan las políticas públicas, el rol del

gobierno en el origen, cambios, evolución y descentralización de los servicios

públicos en México orientados a esta población, se hace análisis de cómo desde

la década de los 40´s ya coexistían la líneas fundamentales para la asignación de

recursos y producción de servicios públicos.

A partir de tales líneas de asignación de recursos y producción de servicios de

salud, la fundación del actual sistema data de 1943, año en que fueron

establecidos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de

Salubridad y Asistencia (SSA), los dos principales componentes del Sistema de

Salud Mexicano. El IMSS se creó para canalizar contribuciones tripartitas (estado,

empresas y trabajadores), en apoyo a la industrialización de las principales urbes,

bajo la conducción gubernamental y la oferta pública de servicios integrales. La

SSA fue creada con la fusión de la Secretaria de Asistencia y el Departamento de

Salubridad. Su objetivo era el de asignar recursos a los Servicios Coordinados de

Salud Pública. La misión asistencial se amplió para cubrir de manera más integral

a la población que quedó al margen de la seguridad social, incluida la mayor parte


LXXIII

de los campesinos, desempleados y trabajadores de la economía informal. Otro

desarrollo significativo de esta época fue la creación en 1959 del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que

consolidó la diversidad de sistemas de pensiones y prestaciones de los

trabajadores del gobierno.

Posteriormente, en los 60s y 70s se agudizó la sobreposición de

responsabilidades oficiales entre los servicios de salud de la seguridad social y los

servicios de salud para no asegurados, poniendo de manifiesto la dificultad para

coordinar y normar a instituciones caracterizadas por su centralismo y su

arraigada autonomía. De ahí que en 1983 se iniciaran los primeros esfuerzos para

plantear estrategias de reforma como la descentralización del sistema de salud

mexicano.

En relación a la extensión de cobertura, la principal estrategia es la ampliación de

la cobertura de la seguridad social. Lo cual ha tenido un mediano éxito, sin

embargo se observan desproporciones significativas sobre todo en la relevancia

relativa que se le da al tema, recientemente se ha insistido en la importancia de la

prevención, en la que se incluye la atención a adicciones y a su carácter

discapacitante.

En este marco se propone una serie de mecanismos que garantizan mayor calidad

de vida a las personas que sufren alguna discapacidad a través de una estrategia

que ataca diversos ámbitos como son el acceso universal, la implementación del

mecanismo braille en diversos instrumentos jurídicos, la obligación para las

entidades de brindar asistencia, entre otros. Esto permitirá que la población,

principalmente urbana donde se concentra la mayor problemática en materia de

adicciones discapacitantes, tenga a su alcance medios para su rehabilitación.

Sin embargo, no se atiende de raíz el origen de la discriminación que aun permea

en diversas entidades, lo anterior debido a que se omite un reconocimiento de las

necesidades y problemáticas que presenta el fenómeno de la discapacidad; a las


LXXIV

cuales las acciones de prevención que promueve el estado no parecen ser las

más adecuadas.

Las políticas públicas implementadas por el estado mexicano no han conseguido

superar estas condiciones en razón de la escasa importancia concedida en la

agenda política y la desarticulada acción de las diversas agencias

gubernamentales involucradas. Que es uno de los postulados al que hace

referencia la hipótesis central, la cual quedó corroborada al enfrentar estos datos

sobre la existencia de los mecanismos jurídico-institucionales, con una serie de

indicadores que fueron elegidos para evaluar los niveles de involucramiento de la

acción pública en los problemas laborales de discriminación y abuso reportado por

la población con discapacidad.

De esta manera presentamos información empírica sobre tres grandes rubros:

1) La situación general de las personas con discapacidad en México, como

un primer acercamiento a la situación de discriminación en el país.

Los indicadores utilizados fueron: demográficos, educativos y laborales.

2) La participación específica de las agencias gubernamentales en la

defensa y reforma del marco normativo e institucional que garantiza la

integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral en

México.

Desde un enfoque sensible a la equidad, la participación plena y sin

limitaciones de las personas con discapacidad en el ámbito laboral,

significa la incorporación activa de este sector en el proceso de toma de

decisiones con lo cual se profundiza la democracia.

Los indicadores utilizados para evaluar la participación laboral de las

personas con discapacidad en México fueron: estadísticas sobre oferta

laboral y discriminación, proporción de personas con discapacidad con

estudios universitarios, nivel de ingreso y posición laboral, entre otros.


LXXV

Indicadores que asimismo apoyan la comprobación de la primer hipótesis

secundaria.

3) Desarticulada acción de las diversas agencias gubernamentales

involucradas.

La dispersión de las acciones a favor de la equidad laboral, no ha

permitido la obtención de la superación de la pobreza, prevaleciendo las

condiciones de desigualdad que sufren las personas con discapacidad,

ya sea en el ámbito de las oportunidades laborales o en la distribución de

los recursos. Así, no sólo se trata de que haya menos pobres, sino de

que las personas con discapacidad deben enfrentar un ambiente más

adverso para poder subsistir.

Los indicadores utilizados para medir la falta de articulación en las

acciones a favor de un trato más equitativo de la pobreza fueron:

situación de las personas con discapacidad que trabajan en empresas

maquiladoras, migrantes, porcentaje de personas sin ingresos propios y

desigualdad de remuneración.

Es decir identificamos que se carece de una perspectiva que identifique y

articule los diversos esfuerzos, por lo que duplican acciones y se dejan

espacios sin atender.

Cabe señalar que todos los indicadores utilizados provienen de fuentes como el

INEGI, la CEPAL, ANUIES, se eligieron una serie de indicadores.

De esta forma nuestra hipótesis quedó comprobada a partir del marco teórico el

concepto de capital humano, a partir del cual se marcan las diferencias e

inequidad de trabajo y oportunidades en el empleo hacia las personas con

discapacidad.

En lo referente a la participación estatal y municipal en el tema de la equidad, se

planteó que la participación organizada de grupos de personas con discapacidad


LXXVI

usuarios de servicios educativos, organismos no gubernamentales e instituciones

de diversa índole es un elemento fundamental en el mantenimiento de un trato

más equitativo beneficia a la colectividad. En este sentido la estrategia en materia

de equidad se constituyó a partir de un acompañamiento y de la participación

organizada de la comunidad a través de organizaciones altruistas en la definición

de prioridades, elaboración de programas de salud, y la realización y evaluación

de las actividades programadas.

La estrategia para ampliar la cobertura a través de un paquete de medidas

complementarias, pretende llegar al acceso universal en edificios y espacios

públicos, la estrategia más general plantea como objetivo fundamental llegar a

este grupo de población con servicios esenciales de salud, educación y laborales

en el cual se incluye la atención a la discriminación.

Esta estrategia se basa en la adopción de lo que se denomina “paquete básico de

servicios”, que se define como un conjunto esencial de intervenciones que deben

otorgarse a esta población en respuesta a sus necesidades prioritarias.

Por otra parte, un estamento superior las instituciones públicas deberán tener un

rol preponderante, seguramente limitado por sus capacidades financieras por lo

que se postula lo hagan sin duplicidades, en forma integrada y descentralizada.

El nuevo paradigma se enfoca en intervenciones preventivas, ante la imposibilidad

práctica de extender en el corto plazo las capacidades estatales en esta materia,

apoyado en un planteamiento estratégico de largo plazo, plantea en esencia

acabar con los problemas de equidad, calidad, acceso y cobertura de la protección

a sectores vulnerables en particular.

Hipótesis secundaria 1

1. La discriminación en México se encuentra presente en amplios espacios

de la vida social, de tal manera que la superación de estas condiciones

solo es posible con un cambio en las conciencias y la construcción de un


LXXVII

marco de responsabilidad civil, de la cual el estado es garante, a través de

los diversos ordenamientos legales e instituciones, la sobrevivencia

elevada de estas prácticas discriminatorias alerta sobre el bajo impacto

que los programas instituidos han tenido y su necesidad de reforma.

Para responder a esta hipótesis encontramos en los capítulos 2 y 4 un análisis de

las características de los principales programas que han buscado atender la

problemática, así se trata de identificar el compromiso del estado mexicano para

brindar atención a la población que presenta determinados niveles de

discapacidad y que actualmente carece de un sistema de protección social. En

efecto, a pesar de los avances de la seguridad social, más de la mitad del gasto

en salud mental en México procede directamente del bolsillo de las personas,

quienes deben pagar por su atención en el momento mismo de usar los servicios.

Esto deja a millones de familias ante la disyuntiva de empobrecerse o padecer la

enfermedad por falta de recursos económicos. Lo que ha intensificado la

existencia de otras patologías sociales como es la indigencia y la mendicidad de

estas personas, principalmente en los núcleos urbanos.

Desde esta perspectiva, el gobierno federal y los gobiernos estatales han

desarrollado esfuerzos de ampliación de cobertura de los servicios de protección.

A pesar de ello, entre 2 y 3 millones de familias se empobrecen anualmente

debido a que emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus

gastos en salud. Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destina principalmente

a la compra de medicamentos y consultas médicas afecta sobre todo a los

hogares de bajos ingresos. Dicha situación se agrava sustancialmente por los

costos de los medicamentos y las sesiones de rehabilitación, por lo que sin la

difusión de cifras oficiales se puede identificar el impacto social.

Así dentro de las acciones de política pública implementadas por el gobierno

federal para llevar servicios de protección social a grandes sectores de la

población.


LXXVIII

La novedad de estos programas es que incluyen en su operación la participación

comunitaria para el autocuidado de la salud, logrando vincular así las acciones

comunitarias con las acciones médicas. Lo que podría tener resultados positivos a

partir del reconocimiento de los problemas de la población como una cuestión de

salud pública, que evite la discriminación y el abandono que sufre la población

afectada, por lo que se considera acertada nuestra hipótesis.

Hipótesis secundaria 2

2. Los programas y acciones de sensibilización respecto a las circunstancias

de la discapacidad, se encuentran sesgados hacia el cumplimiento de

estándares de lo “políticamente correcto”, por lo que sea abandonado la

búsqueda e investigación de modelos de atención que desde el ámbito del

estado, propicien un acercamiento más concreto a la problemática, de tipo

transversal e integral; el planteamiento actual se encuentra segmentado y

es superficial lo que impide el ataque de fondo del problema de

discriminación y vulnerabilidad que enfrenta esta población.

Esta hipótesis se comprobó en el Capítulo 4, en el cual se reseña sobre los

compromiso normativos que obligan al estado mexicano a proporcionar de forma

universal el acceso a la población con discapacidad, destacando que el

financiamiento público con respecto a la conducción de los esfuerzos de diversas

instituciones que están involucradas, pero no es el único, por lo que la forma en

que se solventa las necesidades de las personas con discapacidad, se vuelven

relevantes desde el origen de los recursos y la equidad y pertinencia en su

aplicación, la participación del gobierno federal y de los gobiernos estatales, la

mancomunación y el sistema único apuntan a generar un intervención de mayor

impacto y alcance, que permite un cambio en la sustancia del problema aparejado

de un cambio de perspectiva sobre el problema.

La equidad en el financiamiento de los diversos sistemas dirigidos a beneficiar a la

población está vinculada con el origen de los recursos. En México, el porcentaje


LXXIX

de gasto privado en salud es alto. En lo que se refiere a la seguridad social, que

es otorgada por diversas instituciones, el porcentaje de participación es de 31.84

puntos. El 14.56 por ciento es realizado como gasto asistencial público, incluyendo

el ramo 12, las aportaciones federales para entidades federativas y municipios y

las aportaciones de los estados. Como sociedad, el principal desafío es evitar que

el sistema de salud genere efectos adversos como el de la perpetuidad del círculo

de la pobreza y la enfermedad. Concretamente, las metas son: incrementar la

cobertura, incrementar las medidas de prevención, asignar el monto de recursos

necesario para cumplir con los compromisos que obligan las normas y criterios,

así como equilibrar las aportaciones de los gobiernos estatales, entre otras.

Esta hipótesis se comprobó con la presentación de los marcos filosóficos que

definen los principios rectores de los derechos humanos los cuales tienen perfecta

concordancia con los derechos de las personas con discapacidad; en

consecuencia se han diseñado y establecido una serie de agencias

gubernamentales para garantizar y promover en diversos ámbitos de la vida social

de todos los ciudadanos; sin embargo parece una paradoja el que en estos años,

la re funcionalización de muchas de estas instituciones las ha alejado del

cumplimiento de estos principios.

Los indicadores utilizados para evaluar la baja presencia de organismos e

instituciones que garanticen el disfrute de los derechos humanos de tercera

generación fueron: evaluación de los mecanismos disponibles en distintas

agencias gubernamentales, la presencia de los derechos sociales en los diferentes

organismos involucrados con su salvaguarda.

En el caso de los hogares que tienen un ingreso menor gastan menos en salud, lo

cual se debe, al menos, a dos razones: el ingreso que perciben sólo les permite

cubrir las necesidades básicas o están protegidos por algún esquema de

aseguramiento. Si consideramos que hay un amplio sector de la población que no

está afiliado a la seguridad social, el reto es garantizar que quienes se encuentran

en ese segmento tienen acceso a otras alternativas. La distribución del gasto en


LXXX

salud, como porcentaje del gasto total de los hogares, cambia significativamente

de un decíl de ingreso a otro. En términos de equidad, es necesario equilibrar esta

proporción. Una alternativa para alcanzar este propósito es la de sustituir gasto

privado por gasto público en materia de salud mental, de manera que esta relación

pudiera aproximarse a una recta con una ligera pendiente negativa.

Si bien las autoridades federales mantienen un control significativo sobre el

modelo de atención a través de sus facultades de regulación y supervisión, los

gobiernos estatales o municipales le han impreso características distintas a dichos

modelos.

Para la construcción de un sistema que brinde atención a este sector vulnerable,

se debe romper con la actual segmentación causada principalmente por la

existencia de acciones aisladas y de bajo alcance, y formar una mancomunación

única de riesgos para dar acceso a toda la población.

Es deseable que el Estado garantice un nivel básico de atención médica a toda la

población que incluya la salud mental, y que el financiamiento de estos servicios

provenga de impuestos generales, alcanzando así la mayor equidad posible.

Participación del gobierno federal y participación de los gobiernos estatales Se

recomienda establecer claramente las responsabilidades de los gobiernos

estatales y municipales dentro de la operación del sistema nacional de salud.

En la medida en que se puedan alinear las capacidades e intereses de los

distintos órdenes de gobierno, de los operadores del sistema y de los usuarios del

sistema, se definirá un sistema más eficiente.

De esta manera, es imprescindible avanzar gradualmente hacia la definición de un

paquete de servicios esenciales adecuados que incorpore la atención a los

problemas que significan la discapacidad, las características de la población y a

sus condiciones ambientales, con base en el criterio de costo-efectividad. Donde

la efectividad se debe aplicar desde una perspectiva de bienestar social, no

económico.


LXXXI

Objetivo General Objetivos específicos

Preguntas Hipótesis Desarrollo

Examinar el estado que guarda el andamiaje institucional y normativo que soporta la política estatal de atención y apoyo a las personas con discapacidad en México, estableciendo sus logros en la provisión de mayor equidad social, así como identificar los temas pendientes y sus posibles soluciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y disfrute de derechos ciudadanos.

Distinguir la responsabilidad del estado mexicano en la provisión de un marco institucional de protección a los derechos de los ciudadanos más vulnerables.

Distinguir la forma en que se diseña, instrumenta y ejecuta la política pública.

Identificar los conceptos de igual y equidad, como orientadores de políticas sociales incluyentes y participativas.

Describir las diversas manifestaciones del fenómeno de la discriminación que resulta de una situación de discapacidad en la persona.

Detallar el desarrollo histórico que ha tenido la respuesta del estado mexicano a las demandas ciudadanas, de organizaciones ciudadanas y la comunidad internacional en el

¿Qué es una política pública y como se identifica su necesidad? ¿Cuáles son los factores constitutivos de una política pública de estado? ¿Cuál ha sido la forma del estado mexicano de entender la necesidad de una política pública en materia de atención y protección a las personas con discapacidad? ¿Existe evidencia de que la intervención estatal puede modificar la situación de discriminación que sufre la población con discapacidad? ¿Por qué la importancia de los conceptos de igualdad y equidad en el diseño y desarrollo de políticas públicas de carácter social más acertadas? ¿Cuál es el participación relativa en el total de la población en México de las personas con necesidades especiales, cuáles son sus características principales?

Pese al reconocimiento de la amplia participación de las personas con discapacidad dentro de la sociedad mexicana, y los relevantes esfuerzos para garantizar un marco de equitativo y justo para todos, aún subsisten temas de gran relevancia, uno de ellos tiene que ver con la presencia de acciones discriminatorias en diversos ámbitos de la vida que se oponen al desarrollo pleno como individuos que tiene toda la ciudadanía; no obstante aunque el camino tomado parece pertinente, la realidad es que han sido insuficiente para atajar el problema y darle plena solución y subsisten las prácticas de discriminación y segregación que sufren quienes sufren alguna discapacidad. 1) La discriminación en México se encuentra presente en amplios espacios de la vida social, de tal manera que la superación de estas condiciones solo es posible con un cambio en las conciencias y la construcción de un marco de

Capítulo i. La hechura de las políticas públicas del estado moderno. 1.1. Concepciones generales de estado. 1.1.1 historia y origen del término “estado”. 1.1.2 el estado actual. 1.1.3 el estado de derecho en el estado representativo. 1.1.4 estado y gobierno. 1.1.5 la democracia en las representaciones de gobierno. 1.1.6 divergencia entre lo representativo y lo privado. 1.2 diferencia entre la política y lo político. 1.3 la administración pública en el estado. 1.4 la importancia de las políticas públicas. 1.5 las políticas públicas 1.6. ¿cómo se confeccionan las políticas públicas? 1.7. ¿cómo se valoran las políticas públicas? 1.8 el campo conceptual de la política pública. 1.9 las políticas sociales como generadora del bienestar económico y social.


LXXXII

tratamiento a las necesidades de este sector de la población.

Describir las diferentes formas de discriminación que proceden de una situación de vulnerabilidad de la persona, en particular en la educación y el trabajo.

Identificar los principales principios y postulados que establece el marco normativo e institucional en materia laboral en apoyo a la población con discapacidad

Examinar el marco jurídico que otorga protección y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, que incluye aquellos que son considerados por organismos internacionales los cuales México ha suscrito.

Analizar el desempeño de las instituciones del estado encargadas de la aplicación e instrumentación de la política pública orientada a la

¿Cuáles son las características que identifican un trato discriminatorio? ¿Qué demandas históricas ha levantado los movimientos sociales reivindicatorios de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué acciones en materia de educación ha implementado el estado mexicano para reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad? ¿Qué caracteriza a la discriminación laboral en México para las personas con discapacidad? ¿Qué medidas se han tomado para su eliminación? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Qué cambios ha tenido el marco legislativo de la atención a las personas con discapacidad?, ¿Se tienen evidencias de su impacto? ¿En el marco de los programas y organismos que reflejan un determinado paradigma respecto a la respuesta por políticas públicas, cuales son las principales lecciones?

responsabilidad civil, de la cual el estado es garante a través de los diversos ordenamientos legales e instituciones, la sobrevivencia elevada de estas prácticas discriminatorias alerta sobre el bajo impacto que los programas instituidos han tenido y su necesidad de reforma. 2) Los programas y acciones de sensibilización respecto a las circunstancias de la discapacidad, se encuentran sesgados hacia el cumplimiento de estándares de lo “políticamente correcto”, por lo que sea abandonado la búsqueda e investigación de modelos de atención que desde el ámbito del estado, propicien un acercamiento más concreto a la problemática, de tipo transversal e integral, el planteamiento actual se encuentra segmentado y superficial lo que impide el ataque de fondo del problema de discriminación y vulnerabilidad que enfrenta esta población.

1.10 contraste entre “igualdad de oportunidades” y “equidad” Capítulo ii. Hablemos de la discapacidad 2.1 ¿qué es discapacidad? 2.2. ¿por qué excluimos a las personas con discapacidad? 2.3. Diferencia entre prejuicio y discriminación 2.4. Es viable oprimir el prejuicio y la discriminación 2.5. La cultura social de la discapacidad. 2.6. Procedimiento de las personas con discapacidad en el acontecer. 2.7. La discapacidad y su correspondencia con los derechos humanos: 2.8. Los principios del activismo político de las personas con discapacidad. 2.9 los datos duros de la discapacidad en México. 2.10 cómo tratar la discapacidad 2.11 derechos de las personas discapacitadas a la educación. 2.11.1 percepciones de la educación hacia estas personas. 2.11.2. Derecho a una educación inclusiva. 2.12 la secretaría de educación pública (sep) y sus reformas educativas para la


LXXXIII

población con discapacidad.

inclusión 2.13. Una educación integral Capítulo iii. La discapacidad como causa de discriminación laboral. 3.1 concepto de marginación. 3.2. Circunstancias laborales 3.3 igualdad y desigualdad 3.4. Formas de protección laboral para las personas con discapacidad. 3.5 dignidad, deficiencia, discapacidad. 3.6 igualdad de oportunidades para laborar. 3.7. Artículo 133 de la ley federal del trabajo. 3.8 la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 3.9 breve estudio de la ley. 3.10 el consejo nacional para prevenir la discriminación. 3.11 mejorías en la contratación de personas con discapacidad. 3.12 estímulos fiscales para el desarrollo de programas sociales que incluyan a las personas con discapacidad. 3.13. Compromiso social de las empresas con las personas discapacitadas.


LXXXIV

Capítulo iv. Políticas públicas y marco jurídico aplicable a las personas con discapacidad en México. 4.1 constitución política de los estados unidos mexicanos. 4.2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 4.3 convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 4.4 ley general para la inserción de las personas con discapacidad 4.5 normatividad federal para prevenir y eliminar la discriminación. 4.6 establecimiento y compromiso social a una norma (ley) que asegure el trabajo de las personas con alguna discapacidad. 4.7 ley para la integración del desarrollo de las personas con discapacidad en el distrito federal. 4.8. Instancias de gobierno e instituciones involucradas en la integración social de las personas con discapacidad. 4.9. Actores sociales involucrados en la integración de personas con discapacidad en el distrito federal.


LXXXV

4.10. El trabajo como factor de inclusión y bienestar social. 4.11 el DIF y su cargo social. 4.12. El programa nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad. (Políticas públicas). 4.13. Programas nacionales para el bienestar y la inscripción al progreso de las personas con discapacidad.


LXXXVI

Objetivo General

Objetivos específicos



• Distinguir la responsabilidad del estado mexicano en la provisión de un marco institucional de protección a los derechos de los ciudadanos más vulnerables.

• Distinguir la

forma en que se diseña, instrumenta y ejecuta la política pública.

• Identificar los

conceptos de igual y equidad, como orientadores de políticas sociales incluyentes y participativas.

• Describir las

diversas manifestaciones del fenómeno de la discriminación que resulta de una situación de discapacidad en la persona.

• Detallar el

desarrollo histórico que ha tenido la respuesta del estado mexicano a las

¿Qué es una política pública y como se identifica su necesidad? ¿Cuáles son los factores constitutivos de una política pública de estado? ¿Cuál ha sido la forma del estado mexicano de entender la necesidad de una política pública en materia de atención y protección a las personas con discapacidad? ¿Existe evidencia de que la intervención estatal puede modificar la situación de discriminación que sufre la población con discapacidad? ¿Por qué la importancia de los conceptos de igualdad y equidad en el diseño y desarrollo de políticas públicas de carácter social más acertadas? ¿Cuál es el participación relativa en el total de la población en México de las personas con necesidades especiales, cuáles son sus características principales?

1) La discriminación en México se encuentra presente en amplios espacios de la vida social, de tal manera que la superación de estas condiciones solo es posible con un cambio en las conciencias y la construcción de un marco de responsabilidad civil, de la cual el estado es garante a través de los diversos ordenamientos legales e instituciones, la sobrevivencia elevada de estas prácticas discriminatorias alerta sobre el bajo impacto que los programas instituidos han tenido y su necesidad de reforma.

Capítulo ii. Hablemos de la discapacidad 2.1 ¿qué es discapacidad? 2.2. ¿por qué excluimos a las personas con discapacidad? 2.3. Diferencia entre prejuicio y discriminación 2.4. Es viable oprimir el prejuicio y la discriminación 2.5. La cultura social de la discapacidad. 2.6. Procedimiento de las personas con discapacidad en el acontecer. 2.7. La discapacidad y su correspondencia con los derechos humanos: 2.8. Los principios del activismo político de las personas con discapacidad. 2.9 los datos duros de la discapacidad en México. 2.10 cómo tratar la discapacidad 2.11 derechos de las personas discapacitadas a la educación. 2.11.1 percepciones de la educación hacia estas personas. 2.11.2. Derecho a una educación inclusiva. 2.12 la secretaría de educación pública (sep) y sus reformas educativas para la


LXXXVII

demandas ciudadanas, de organizaciones ciudadanas y la comunidad internacional en el tratamiento a las necesidades de este sector de la población.

• Describir las

diferentes formas de discriminación que proceden de una situación de vulnerabilidad de la persona, en particular en la educación y el trabajo.

¿Cuáles son las características que identifican un trato discriminatorio? ¿Qué demandas históricas ha levantado los movimientos sociales reivindicatorios de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué acciones en materia de educación ha implementado el estado mexicano para reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad?

inclusión 2.13. Una educación integral Capítulo III. La discapacidad como causa de discriminación laboral. 3.1 concepto de marginación. 3.2. Circunstancias laborales 3.3 igualdad y desigualdad 3.4. Formas de protección laboral para las personas con discapacidad. 3.5 dignidad, deficiencia, discapacidad. 3.6 igualdad de oportunidades para laborar. 3.7. Artículo 133 de la ley federal del trabajo. 3.8 la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 3.9 breve estudio de la ley. 3.10 el consejo nacional para prevenir la discriminación. 3.11 mejorías en la contratación de personas con discapacidad. 3.12 estímulos fiscales para el desarrollo de programas sociales que incluyan a las personas con discapacidad. 3.13. Compromiso social de las empresas con las personas discapacitadas.


LXXXVIII

Objetivo General

Objetivos específicos



Describir las diversas manifestaciones del fenómeno de la discriminación que resulta de una situación de discapacidad en la persona. Detallar el desarrollo histórico que ha tenido la respuesta del estado mexicano a las demandas ciudadanas, de organizaciones ciudadanas y la comunidad internacional en el tratamiento a las necesidades de este sector de la población. Describir las diferentes formas de discriminación que proceden de una situación de vulnerabilidad de la persona, en particular en la educación y el trabajo. Identificar los principales principios y postulados que establece el marco normativo e institucional en materia laboral en apoyo a la población con discapacidad Examinar el marco jurídico que otorga

¿Existe evidencia de que la intervención estatal puede modificar la situación de discriminación que sufre la población con discapacidad? ¿Por qué la importancia de los conceptos de igualdad y equidad en el diseño y desarrollo de políticas públicas de carácter social más acertadas? ¿Cuál es el participación relativa en el total de la población en México de las personas con necesidades especiales, cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son las características que identifican un trato discriminatorio? ¿Qué demandas históricas ha levantado los movimientos sociales reivindicatorios de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué acciones en materia de educación ha implementado el estado mexicano para reducir la vulnerabilidad de las

2) Los programas y acciones de sensibilización respecto a las circunstancias de la discapacidad, se encuentran sesgados hacia el cumplimiento de estándares de lo “políticamente correcto”, por lo que sea abandonado la búsqueda e investigación de modelos de atención que desde el ámbito del estado, propicien un acercamiento más concreto a la problemática, de tipo transversal e integral, el planteamiento actual se encuentra segmentado y superficial lo que impide el ataque de fondo del problema de discriminación y vulnerabilidad que enfrenta esta población.

Capítulo iii. La discapacidad como causa de discriminación laboral. 3.1 concepto de marginación. 3.2. Circunstancias laborales 3.3 igualdad y desigualdad 3.4. Formas de protección laboral para las personas con discapacidad. 3.5 dignidad, deficiencia, discapacidad. 3.6 igualdad de oportunidades para laborar. 3.7. Artículo 133 de la ley federal del trabajo. 3.8 la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 3.9 breve estudio de la ley. 3.10 el consejo nacional para prevenir la discriminación. 3.11 mejorías en la contratación de personas con discapacidad. 3.12 estímulos fiscales para el desarrollo de programas sociales que incluyan a las personas con discapacidad. 3.13. Compromiso social de las empresas con las personas discapacitadas.


LXXXIX

protección y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, que incluye aquellos que son considerados por organismos internacionales los cuales México ha suscrito. Analizar el desempeño de las instituciones del estado encargadas de la aplicación e instrumentación de la política pública orientada a la población con discapacidad.

personas con discapacidad? ¿Qué caracteriza a la discriminación laboral en México para las personas con discapacidad? ¿Qué medidas se han tomado para su eliminación? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Qué cambios ha tenido el marco legislativo de la atención a las personas con discapacidad?, ¿Se tienen evidencias de su impacto? ¿En el marco de los programas y organismos que reflejan un determinado paradigma respecto a la respuesta por políticas públicas, cuales son las principales lecciones?

Capítulo iv. Políticas públicas y marco jurídico aplicable a las personas con discapacidad en México. 4.1 constitución política de los estados unidos mexicanos. 4.2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 4.3 convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 4.4 ley general para la inserción de las personas con discapacidad 4.5 normatividad federal para prevenir y eliminar la discriminación. 4.6 establecimiento y compromiso social a una norma (ley) que asegure el trabajo de las personas con alguna discapacidad. 4.7 ley para la integración del desarrollo de las personas con discapacidad en el distrito federal. 4.8. Instancias de gobierno e instituciones involucradas en la integración social de las personas con discapacidad. 4.9. Actores sociales involucrados en la integración de personas con discapacidad en el distrito federal.


XC

4.10. El trabajo como factor de inclusión y bienestar social. 4.11 El DIF y su cargo social. 4.12. El programa nacional para el bienestar y la incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad. (Políticas públicas). 4.13. Programas nacionales para el bienestar y la inscripción al progreso de las personas con discapacidad.


XCI

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN.

La historia de la discapacidad no está escrita, quizá se encuentra en sus inicios en

las investigaciones de las ciencias naturales o la medicina, por lo menos así fue

hasta finales del siglo XX cuando científicos sociales comenzaron a indagar sobre

la problemática de la discapacidad, sus orígenes y consecuencias apartándose de

la visión de la biología y la psicología.

En los pocos estudios realizados sobre este tema encontramos que la

discapacidad: es la condición que genera una organización a partir de la exclusión

del sujeto por una insuficiencia física o mental; concepto que en la actualidad se

sigue confundiendo con deficiencia la cual establece únicamente la falla o carencia

en algún miembro o capacidad del individuo; a diferencia también de la minusvalía

que hace referencia a la consecuencia en el ámbito social donde el rol y la función

no pueden ser desarrollados normalmente debido a la discapacidad.

En sus inicios las teorías sociológicas sobre la discapacidad, pretendían explicar el

origen de ésta y la necesidad de aislar a las personas con esta condición de la

participación en la sociedad, considerándolos enfermos o incapaces de interactuar

con las demás personas. En la actualidad las teorías sociológicas se han alejado

del estudio de la causa u origen físico de la discapacidad, para concentrarse en

las consecuencias que ha ocasionado la discriminación a las personas que viven

con una condición de discapacidad, buscando el reconocimiento de sus derechos,

cómo es el derecho a la educación.

En ello las políticas públicas tienen como finalidad la puesta en marcha de

eficientes leyes o programas que mejoren el status de la cosa pública,

entendiendo esto como la búsqueda de la equidad social, la igualdad jurídica, la

estabilidad y libertad económica y política; asimismo, facilitan la gobernanza y la

cohesión social dentro del Estado cuando solucionan de manera conjunta las


XCII

demandas y necesidades públicas de los ciudadanos a través de proyectos,

programas y leyes gubernamentales.









equitativa, inclusiva y plural. Esta situación es más palpable en el caso del Distrito

Federal donde la implementación de las políticas públicas es una ardua tarea por

la complejidad de su territorio; por las grandes restricciones administrativas que

limitan la planeación económica a largo plazo; y por la alta concentración

poblacional que demanda una constante creación de servicios públicos,

infraestructura, accesibilidad y empleos. El problema radica en que la oferta de

respuesta no logra estar a la par de las exigencias sociales, y esto se acentúa más

con los grupos socialmente marginados, excluidos o discriminados.





La dignidad humana ya no debería ser tomada como un concepto nuevo, por el

contrario debe ser considerada como parte intrínseca del ser humano que por

derecho de ser, esté humano, posee al momento de llegar a la vida misma, si

entendemos su significado, se logra su permanecía de está, en el mundo,

diferenciándonos del reino animal.

Lo anterior nos lleva a la primera propuesta de políticas públicas concreta:


XCIII

1) Es urgente que el estado mexicano realice la convocatoria más amplia

e incluyente a la conformación de un consejo ciudadano que permita

el análisis, la concertación, difusión y evaluación de la política pública

instrumentada, resarciendo con esto la discrecionalidad de los

esfuerzos que realiza el estado, dándole a las políticas públicas el

grado de consenso necesario para propiciar un cambio cultura

respecto a una cultura que discrimina y segrega a los más débiles.

Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, en efecto la

discapacidad puede ser física, sensorial, intelectual o mental, depende de su

origen, ya sea congénita o adquirida, pero cualquiera que sea la manera, son

personas aptas para desarrollar ciertos tipos de trabajo, actualmente muchos

empleadores que son obligados por ley, conservan a los trabajadores que quedan

discapacitados, en este sentido la Ley General para la Inclusión de las personas

con Discapacidad, en su artículo 6, que pretende señalar como una obligación el

contratar a personas con algún tipo de discapacidad, dando el sentido coactivo y

no propositivo a que se refiere dicha ley a efecto de propiciar la igualdad de

oportunidades.

Se debe asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de

oportunidades en el lugar de trabajo, desarrollando ferias de empleo por parte de

empresas denominadas socialmente responsables, las cuales fomentarán el

empleo y ayudaran al Estado a colocar a esta comunidad dentro de la población

económicamente activa.

Un camino alternativo seria el hacer cambios a la legislación y a las políticas

públicas, para dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad,

creando la unificación de leyes a favor de sus derechos, haciendo que todos los

niveles de gobierno realicen leyes que protejan y promuevan la igualdad de esta

comunidad ante los demás.

De esta forma establecemos nuestra segunda propuesta de acción específica:


XCIV

2) Establecer un fondo mixto, gobierno y empresas de promoción,

recapacitación y financiamiento de iniciativas productivas de carácter

incluyente para las personas con discapacidad. Este fondo podrá

orientar recursos a proyectos que faciliten la reinserción laboral,

brindar asesoría a las empresas para el ajuste de sus procesos o

infraestructura y preparar a las personas con algún grado de

discapacidad para su recapacitación.

Para ello las medidas de respaldo financiero a las empresas, ya sea como

incentivos directo o a través de medios fiscales, es una alternativa, con dichas

medidas se debe asegurar que el empleo de las personas con discapacidad no

implique para el empleador ningún costo adicional, propiciando una relación

ganar-ganar, es decir que brinde beneficios a ambas partes.

Las empresas que no cumplan con los requisitos que hacen mención la última

reforma de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 fracción XVI BIS,

deberán pagar una contribución a un fondo central, destinado a los puestos de

trabajo o a financiar actividades de readaptación profesional, en este tenor

proponemos que sea reformada la citada fracción añadiendo dicha propuesta.

Finalmente se propone:

3) Establecer un programa permanente de comunicación social y

educativa dirigido a la población en general, que en coincidencia y

previo a la emisión de leyes antidiscriminatorias, o leyes que regulen

la equidad del empleo, fomenten en la sociedad un mejor

entendimiento de las circunstancias que rodean a la persona con

discapacidad, las cuales determinan la forma en es posible que

atiendan sus necesidades básicas de forma autónoma, evitando la

exclusión social que significa la consideración de su inclusión como

el de una carga para la sociedad.


XCV

En esta misma investigación consideramos que la educación es el conjunto de

conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo

en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. A través

del perfeccionamiento de las facultades humanas y el desarrollo de las mismas, la

educación es el crecimiento artificial del hombre considerando el conocimiento,

impartido en la escuela y la promoción de experiencias que sirvan para el

desarrollo del individuo tanto en los conocimientos, como en lo humano con el

propósito de ofrecer al educado una vida más plena y con capacidades para el

desenvolvimiento social.

Cabe señalar que la participación de México en los acuerdos internacionales por

los derechos de las personas con discapacidad tuvo un papel promotor y activo en

la actual Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,

elaborada a partir del trabajo con los países de Latinoamérica.

En México la armonización de los mecanismos internacionales de protección a los

derechos humanos avanzan en el plano normativo favorablemente para garantizar

el derecho a la educación y la no discriminación de las personas con

discapacidad. A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad, se publicó el Reglamento de la Ley para las

Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, además se realizaron los

ajustes a la Ley General de Educación con el tema de la inclusión.

Actualmente en México el problema de la inclusión de los jóvenes con

discapacidad ha tomado fuerza e importancia debido a las reformas al marco

legislativo. La inclusión es un paso importante para la garantía de los derechos

humanos, sin embargo la carencia de información y de investigación sobre el tema

de la discapacidad ha llevado al proceso de inclusión a un ambiente tenso acerca

de la garantía del derecho sobre las personas con discapacidad y las que no viven

con esta condición.


XCVI

Consideramos que la educación es clave para llegar a eliminar las conductas

discriminatorias contra los sectores vulnerables de la sociedad, entre ellos, las

personas con discapacidad, por lo cual es indispensables establecer programas

educativos, materiales o talleres que estimulen e incluyan tanto el respeto de las

personas en general como el de las personas con discapacidad, para lograr la

incorporación y sensibilidad de la sociedad en este tema.

El Estado Mexicano, conjuntamente con las empresas llamadas socialmente

responsables, debe implementar acciones de información y concientización en los

diferentes medios de comunicación, que permitan ampliar el criterio y la

información respecto de las personas con discapacidad, para eliminar la pésima

visión y perspectiva que hay hacia esta comunidad, fomentando todo tipo de

valores entre ellos, respeto, igualdad, tolerancia por mencionar algunos.

Se plantea la adhesión del término discapacidad a la fracción V del apartado A del

artículo 123 Constitucional, el cual refiere “para trabajo igual corresponde salario

igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad” añadiendo en este último el

concepto de discapacidad, quedando “Pni nacionalidad, ni discapacidad”.

Haciendo que esta integración haga dignificante el trabajo que desempeñan las


Razón por la cual no basta con darles empleo a las personas con discapacidad sin

una plena inclusión en sus derechos, esto sólo resuelve los problemas de la

inmediatez, más no los problemas de su desarrollo social. El incluir laboralmente

significa dotar a los discapacitados de un sentido de participación y pertenencia en

sus derechos; es tener acceso a las mismas oportunidades e igualdad de trato en

todos los ámbitos de la sociedad; es procurar también su integración en los

programas de rehabilitación profesional y servicios de empleo; es promover y

hacer hincapié en sociedades libres de discriminación y prejuicios por medio del

fortalecimiento de los derechos humanos.


XCVII

Para culminar, la búsqueda del bien común o bien social a través de las políticas

públicas debe ser un factor insoslayable del Estado democrático mexicano. Esto

se vuelve observable por medio de la atención de las demandas de grupos

vulnerables, como las personas con discapacidad, a través de políticas públicas

innovadoras que propongan nuevas opciones de solución a políticas que

presumiblemente fueron insatisfactorias y que rompen con el statu quo. El

Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad de la Secretaría

de Protección Civil fue, en papel, una política pública sectorizada innovadora

porque se formó con la propuesta de muchas otras políticas laborales y de

inclusión que funcionaron en la esfera pública; pero en los hechos, el poco apoyo

que recibió para su desarrollo fue el detonante para su inoperatividad actualmente.


XCVIII

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“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN MÉXICO: REALIDADES Y DESAFÍOS

CONTEMPORÁNEOS”


Índice

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 1

CAPÍTULO I. LA HECHURA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO

MODERNO. ....................................................................................................................... 8

1.1. CONCEPCIONES GENERALES DE ESTADO. ...................................................... 8

1.1.1 HISTORIA Y ORIGEN DEL TÉRMINO “ESTADO”. .......................................... 9

1.1.2 EL ESTADO ACTUAL. .................................................................................... 12

1.1.3 EL ESTADO DE DERECHO EN EL ESTADO REPRESENTATIVO. ............... 13

1.1.4 ESTADO Y GOBIERNO. .................................................................................. 16

1.1.5 LA DEMOCRACIA EN LAS REPRESENTACIONES DE GOBIERNO. ........... 17

1.1.6 DIVERGENCIA ENTRE LO REPRESENTATIVO Y LO PRIVADO. ................. 21

1.2 DIFERENCIA ENTRE LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO. .......................................... 24

1.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO. .............................................. 27

1.4 LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ........................................... 31

1.5 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ................................................................................. 36

1.6. ¿CÓMO SE CONFECCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? ............................. 41

1.7. ¿CÓMO SE VALORAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? ........................................ 43

1.8 EL CAMPO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA. .................................... 44

1.9 LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO GENERADORA DEL BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL. .................................................................................... 50

1.10 CONTRASTE ENTRE “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” Y “EQUIDAD” ..... 51

CAPÍTULO II. HABLEMOS DE LA DISCAPACIDAD ...................................................... 60

2.1 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD? .................................................................................. 60

2.2. ¿POR QUÉ EXCLUIMOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?............... 65


2.3. DIFERENCIA ENTRE PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN ...................................... 67

2.4. ES VIABLE OPRIMIR EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN .......................... 70

2.5. LA CULTURA SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD. ................................................. 73

2.6. PROCEDIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ACONTECER. ...................................................................................................... 78

2.7. LA DISCAPACIDAD Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS DERECHOS HUMANOS ........................................................................................................... 81

2.8. LOS PRINCIPIOS DEL ACTIVISMO POLÍTICO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ................................................................................................. 84

2.9 LOS DATOS DUROS DE LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO. ................................ 90

2.10 CÓMO TRATAR LA DISCAPACIDAD ................................................................. 97

2.11 DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS A LA EDUCACIÓN....... 98

2.11.1 PERCEPCIONES DE LA EDUCACIÓN HACIA ESTAS PERSONAS. .......... 99

2.11.2. DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. ........................................... 103

2.12 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y SUS REFORMAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN ............................................................... 106

2.13. UNA EDUCACIÓN INTEGRAL ......................................................................... 107

CAPÍTULO III. LA DISCAPACIDAD COMO CAUSA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL.

...................................................................................................................................... 110

3.1 CONCEPTO DE MARGINACIÓN. ........................................................................ 110

3.2. CIRCUNSTANCIAS LABORALES ...................................................................... 111

3.3 IGUALDAD Y DESIGUALDAD ............................................................................ 112

3.4. FORMAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ............................................................................................... 114

3.5 DIGNIDAD, DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD. ..................................................... 116

3.6 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LABORAR. ...................................... 121

3.7. ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ................................... 125

3.8 LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. ...... 127


3.9 BREVE ESTUDIO DE LA LEY. ............................................................................ 128

3.10 EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. .............. 143

3.11 MEJORÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 148

3.12 ESTÍMULOS FISCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE INCLUYAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. .......................... 154

3.13. COMPROMISO SOCIAL DE LAS EMPRESAS CON LAS PERSONAS DISCAPACITADAS. .......................................................................................... 159

CAPÍTULO IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO. ........................................................ 165

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ........... 165

4.2. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ............................................................................................... 169

4.3 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ............................................................................................... 171

4.4 LEY GENERAL PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ................................................................................................ 172

4.5 NORMATIVIDAD FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. ............................................................................................ 175

4.6 ESTABLECIMIENTO Y COMPROMISO SOCIAL A UNA NORMA (LEY) QUE ASEGURE EL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD. ........................................................................................................................... 176

4.7 LEY PARA LA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL. ................................................ 179

4.8. INSTANCIAS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ........... 180

4.9. ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL. ........................................ 189

4.10. EL TRABAJO COMO FACTOR DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. ...... 193

4.11 EL DIF Y SU CARGO SOCIAL. ......................................................................... 198

4.12. EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL BIENESTAR Y LA INCORPORACIÓN


AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (POLÍTICAS PÚBLICAS). ....................................................................................................... 201

4.13. PROGRAMAS NACIONALES PARA EL BIENESTAR Y LA INSCRIPCIÓN AL PROGRESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. .............................. 206

CONCLUSIONES. ......................................................................................................... 208

BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................ 215


1

INTRODUCCIÓN.

La discapacidad se ha convertido en los últimos años en un problema de salud

pública. A las personas con discapacidad se les considera como un "grupo

socialmente vulnerable" no sólo porque representan una minoría poblacional, sino

también porque viven bajo la constante segregación y discriminación de los que no

poseen ningún tipo de discapacidad. Cotidianamente dichas personas se

enfrentan a múltiples barreras físicas, psicológicas y culturales que inciden

directamente en la falta de acceso a un empleo y a una vida digna, lo que genera

una minusvaloración y aislamiento de ellos mismos.

Nuestro país no es ajeno a dicha situación, por ejemplo, en la Encuesta Nacional

sobre Discriminación en México 2010 (Conapred), describe que 4 de cada 10

mexicanos no estarían dispuestos a vivir con una persona con discapacidad;

mientras que el 70.6% de los encuestados considera que se respeta poco o nada

los derechos de las personas con esta condición. Por otro lado, la misma encuesta

refleja que las personas con discapacidad consideran que los 3 principales

problemas que enfrentan son: la falta de empleo (27.5%), la discriminación per se

(20.4%), y el no ser autosuficientes por las anteriores razones (15.7%).

Para el Estado mexicano, el tema de la discapacidad constituye tanto un problema

de salud pública como un problema de igualdad de derechos, puesto que no

cuenta con los suficientes sistemas de rehabilitación física y de inclusión socio-

laboral, que garanticen la accesibilidad universal y la autodeterminación de este

grupo.

En la Ciudad de México la situación de las personas con discapacidad sigue

siendo un reto a pesar de los diversos programas sociales que se tienen para su

atención y que representan una inversión anual aproximada de 732 millones de

pesos.


2

Estadísticamente, el Distrito Federal y su Zona Metropolitana concentran el 20.4%

del total de la población nacional con esta condición, cifra que representa la más

alta en todo el país y que se agrava por la estreches geográfica de la ciudad, la

falta de accesibilidad en los espacios y transportes públicos y, especialmente, por

la discriminación de la que son objeto. La conjugación de estos elementos exalta

el principal problema que enmarcan las personas con discapacidad en la capital

del país: el desempleo.

En el sistema educativo, la invisibilidad en la que se ha mantenido a las personas

con discapacidad no es algo reciente, desde el nacimiento de las sociedades

antiguas, las personas con discapacidad se han enfrentado a la dificultad de hacer

valer sus derechos en la escuela y en la sociedad. Sin embargo se tienen

antecedentes de que la discriminación que existe hacia las personas con

discapacidad se ha combatido desde 1940.

Razón por la cual el combate a la discriminación en el ámbito de educación en

México, toma importancia en la agenda política del país y se ve reflejada en las

políticas públicas, con la firma de acuerdos y mecanismos internacionales como el

Pacto de Derechos Sociales y Culturales y muy especialmente la Convención

contra la Discriminación de Personas con Discapacidad, y la creación de leyes

nacionales como: las recientes modificaciones al artículo 3° de la Constitución y la

Ley General sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad a nivel federal.

Las políticas públicas tienen como finalidad la puesta en marcha de eficientes

leyes o programas que mejoren el status de la cosa pública, entendiendo esto

como la búsqueda de la equidad social, la igualdad jurídica, la estabilidad y

libertad económica y política; asimismo, facilitan la gobernanza y la cohesión

social dentro del Estado cuando solucionan de manera conjunta las demandas y

necesidades públicas de los ciudadanos a través de proyectos, programas y leyes

gubernamentales.




3







equitativa, inclusiva y plural. Esta situación se ve más palpable en el caso del

Distrito Federal donde la implementación de las políticas públicas es una ardua

tarea por la complejidad de su territorio; por las grandes restricciones

administrativas que limitan la planeación económica a largo plazo; y por la alta

concentración poblacional que demanda una constante creación de servicios

públicos, infraestructura, accesibilidad y empleos. El problema radica en que la

oferta de respuesta no logra estar a la par de las exigencias sociales, y esto se

acentúa más con los grupos socialmente marginados, excluidos o discriminados.





Pero esto ha sido todo lo contrario. En 2009 el Relator del Derecho a la

Educación, el Dr. Vernon Muñoz, declaró que la situación de México respecto a la

educación para las personas con discapacidad se encuentra por debajo de lo

deseable, pues se basa en el convencimiento de que las personas con

discapacidad son una carga para el sistema de enseñanza regular, ocasionando

una reacción negativa a incluir a los alumnos con discapacidad.

En 2010 se modifica la Ley General de Educación planteando la inclusión de

cualquier alumno, sin importar su condición, para acceder a las escuelas públicas

del país. En ella se señala la modificación y ajustes necesarios para la inclusión de

los alumnos desde la infraestructura de los planteles hasta la preparación de los


4

maestros y directivos; ajustes que coinciden con la Convención sobre los derechos

de las personas con discapacidad.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.


género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud ,



derechos y libertades de las personas, En el Titulo Cuarto de la Le y Federal del

Trabajo, referente a los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los

patrones, en cuyo apartado. Se determinan las obligaciones de los patrones,

destacando:

Queda prohibido a los patrones:

Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo:..., En la práctica

se ha observado que también se discrimina laboralmente a las personas con

capacidades diferentes, es decir en proponer la incorporación de este tipo de

personas como sujetos de discriminación laboral en la Ley correspondiente.

La Ley Federal del Trabajo, dispone que las normas de trabajo tiendan a

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y

patrones.

Con este análisis se pretende dignificar el trabajo que pueden desempeñar las

personas con discapacidad dentro del ámbito laboral, ya que diariamente esta

comunidad se encuentra en la indagación de un empleo que les permita llevar una

vida digna y decorosa, siendo lo contrario al enfrentarse con este nefasto

problema y no ser contratados ni tomados en cuenta, ya que al emprender la

búsqueda se ven perjudicados directamente por su condición, afectando su


5

economía, su autoestima, su dignidad y como personas se ven violentados sus

derechos.

Para fines de exposición, el presente documento está dividido en cuatro capítulos.

En el capítulo I se presenta un esbozo epistemológico de las políticas públicas en

el Estado moderno, este último descrito y analizado desde una perspectiva

teórico-política e histórica, en donde destaca su construcción elegida por diversos

apelativos conceptuales a saber: Estado de derecho, democrático, neoliberal,

limitado, gerencial, pluralista, representativo, social, entre otros. La discusión versa

en el cómo ha influido el redimensionamiento del Estado y la conformación de lo

representativo ante lo privado, en un contexto donde la acción gubernamental se

basa en la toma de decisiones a través de la metodología de las políticas públicas.

Asimismo se pone de manifiesto la relevancia que tiene la participación de la

sociedad civil en la formación de las políticas públicas, quienes desde su

diversidad como sujetos políticos, sociales y jurídicos, permiten la persistencia y

legitimidad del mismo el Estado moderno. A través de la gobernanza, es decir, a

través de la relación estrecha y del trabajo en conjunto de la sociedad y el

gobierno para que sus instituciones funcionen.

En el capítulo II realizaremos un análisis histórico del concepto de la discapacidad

en México y el mundo, con lo cual se busca sustentar el principal problema de este

sector poblacional: la discriminación. Es por ello que se exponen las razones

históricas de por qué, de qué manera natural, el ser humano tiende a discriminar o

excluir a otros. El miedo, los prejuicios y la imitación social son determinantes en

este comportamiento, los cuales pueden ser menguados o hasta erradicados con

mejoramiento del contacto entre grupos, los cuales son de suma importancia en el

proceso de sensibilización social para la inclusión laboral de personas con

discapacidad.

Posteriormente, el capítulo mismo lleva de la mano al lector por un esbozo

histórico del concepto de la discapacidad y su injerencia en la cultura y la política a


6

través de los movimientos sociales de las personas con discapacidad y sus

familiares. Su participación activa y pública ha llevado no sólo a la adecuada

búsqueda epistemológica de cómo nombrar su condición, sino a crear y recrear un

sin fin de normatividades internacionales como la Clasificación Internacional del

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y el Convenio sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que les

han abierto espacios en círculos educativos, sociales, laborales, políticos y

jurídicos, bajo el cobijo del Estado de derecho y del respeto esencial a sus

derechos humanos. Asimismo, su aportación social ha sido fomentar la paulatina

creación de una cultura de la discapacidad, basada en la sensibilización de la

sociedad civil ante la complejidad de su condición.

En el capítulo III, observaremos el proceso de reconocimiento de los derechos de

las personas con discapacidad a un trabajo digno. En el ámbito internacional

desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta la Convención sobre la

Inclusión de las Personas con Discapacidad. En México y específicamente en lo

laboral, el proceso de reconocimiento se ha conseguido ampliamente hasta el

siglo XX, por lo que aquí analizaremos la normativa sobre el derecho de las

personas con discapacidad a un trabajo remunerado de acuerdo a sus

capacidades físicas o intelectuales. Además se hace alusión a los conceptos

importantes y básicos dentro del Derecho Individual del Trabajo, tales como el

Derecho a un Trabajo justo, condiciones laborales, intercambios de la relación

laboral por mencionar solo algunos conceptos esenciales para dar una mejor

comprensión a nuestro tema de estudio.

En el Capítulo IV estudiaremos el marco jurídico que regula nuestro tema de

estudio que es políticas públicas en las personas con discapacidad, comenzando

por nuestro máximo ordenamiento jurídico; la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, del cual se desprenden los demás ordenamientos legales que

regulan al país, posteriormente analizamos diversos instrumentos internacionales

que ha sido firmados y ratificados por México, mismos que ha adoptado el país

como base para comenzar a concientizar e incorporar a la vida social a las


7

personas con discapacidad, pretendiendo salvaguardar sus derechos y

protegiendo ciertos aspectos entre ellos el ámbito laboral, quedando plasmado

esto al reformar recientemente ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en

los cuales integra y da presencia a la comunidad con discapacidad, además

analizamos ciertos ordenamientos nacionales que forman parte del esfuerzo por

parte del Estado Mexicano para integrar a las personas con discapacidad a una

sociedad más justa e integral.


8

CAPÍTULO I. LA HECHURA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO

MODERNO.

El Estado moderno ha cambiado el paradigma del acontecer de la política y la

administración pública tras la adquisición conceptual que lo enmarcan como

democrático, representativo, pluralista, gerencial, neoliberal, entre muchos otros.

Estos apelativos han surgido como consecuencia de la participación activa de la

sociedad civil en las decisiones públicas; las reformas políticas; y como resultado

de las transformaciones tecnológicas y económicas.

Derivado de lo anterior, el ciudadano ya no es más un sujeto pasivo ante la

autoridad gobernante, posee el derecho y la capacidad de representarse y

representar sus idearios de forma individual y grupal. Las demandas y

necesidades ciudadanas son llevadas institucionalmente ante los hacedores de las

políticas, quienes legislan, ejecutan y vigilan la creación y seguimiento de los

planes y programas gubernamentales que emanan de las políticas públicas, las

cuales detallan los ejes de acción de los gobiernos.

La acción pública en el Estado Moderno no puede concebirse sin las políticas

públicas que representan la búsqueda y consumación de un estilo de vida social,

político y económico en igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones ante

la ley.

En este sentido, el presente capítulo tiene por objeto detallar las raíces ideológicas

y cognitivas de las políticas públicas para lo cual, se partirá de la esencia misma

del Estado moderno y las acepciones circundantes que le han dado forma para ser

un Estado menos interventor y más rector; a una economía más libre y

competitiva; y a una sociedad más participativa e influyente en la dirección de sus

gobiernos a través de su injerencia en la elaboración de las políticas públicas.

1.1. CONCEPCIONES GENERALES DE ESTADO.


9

1.1.1 HISTORIA Y ORIGEN DEL TÉRMINO “ESTADO”.

La concepción de “Estado”, como se le conoce hoy en día, ha evolucionado a la

par de las más complejas transformaciones políticas, sociales, económicas y

científicas de la historia. El origen de su advenimiento etimológico tiene sus raíces

en el siglo XVI del Renacimiento italiano en el libro “El Príncipe” de Nicolás

Maquiavelo, quien diferenció las voces “Estado” y “república” de la siguiente

forma: “Cuántos Estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una

autoridad soberana sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados”

(Nicolás Maquiavelo, 2001, p. 15). Con ello Maquiavelo describió a la república no

como el Estado per se, sino como una forma de gobierno o régimen basado en la

autoridad popular, en donde los magistrados y los funcionarios son electos por el

pueblo.

Omar Guerrero aclara que, “literalmente, la palabra estado significa posición o

quietud, un estar de las cosas que brinda la idea de estabilidad, así como el ser de

esas mismas cosas, su fluir. Entraña, pues, la noción de permanencia gracias a la

transformación, de modo que cuando ordinariamente se hable del Estado se alude

explícitamente a la manera de ser o estar constituida políticamente una comunidad

humana” (Omar Guerrero, 2010, 301-302 pp. 14).

El significado genérico de situación (“status”) del término “estado” ostentó un

significado específico de posesión permanente y exclusiva de un territorio, así

como el de la máxima organización de un grupo de individuos sobre un territorio

en virtud de un poder de mando, a través del término “Estado”, el cual también

desplazó en su totalidad a conceptos tradicionales de la antigüedad como el de

polis (Platón, Aristóteles) de la Grecia antigua, que describía la organización

política y social de sus ciudades Estado, hasta antes de la dominación romana; el

término romano de civitas (Cicerón) que designaba al conjunto de las instituciones

políticas del imperio y, la idea de la república (Cicerón) que se relacionó con los

asuntos de la “cosa pública”.


10

Su evolución conceptual surgió tras una transformación histórica del mismo

Estado, posterior a la caída del imperio romano: Primeramente surgió el Estado

feudal que se caracterizó por el ejercicio acumulativo de diversas funciones

directivas de parte de las mismas personas y por la disgregación del poder central

en pequeños núcleos sociales.

Posteriormente, el Estado estamental nace como la organización política formada

por individuos que tienen la misma posición social y con determinados derechos y

privilegios que hacen valer frente a los que tienen el poder político soberano, ya

sea por medio de parlamentos o asambleas. Esto sugirió una paulatina

institucionalización de los contrapoderes y de las relaciones personales propias

del Medievo, pues de un lado se tienen a la Asamblea del estamento y por el otro

al rey con su aparato de funcionarios.

El Estado absoluto (Hobbes, Bodin, Spinoza, Maquiavelo) nace entre el Estado

estamental y el Estado burocrático (Weber). Se caracterizó por una progresiva

concentración y especialización de las funciones gubernamentales, así como una

centralización del poder sobre un determinado territorio en las manos del

soberano, que puede delegar algunas acciones a los funcionarios, pero siempre

conservando el poder absoluto.

La última transformación histórica del Estado (presente hasta el día de hoy) se dio

con el advenimiento del Estado representativo (Locke, Rousseau, Montesquieu,

Voltaire, Tocqueville) bajo forma de monarquía constitucional y luego

parlamentaria en la Inglaterra de la “gran rebelión” de 1688. Después se extendió

en el resto de Europa con la Revolución Francesa. Paralelamente, este tipo de

Estado se forjó bajo la forma de república federales (Madison, Hamilton, Jay) tras

la independencia de las Trece Colonias Inglesas en 1783.

El Estado representativo reconoce que la representación, legalidad y legitimidad

del poder político está en manos de los individuos a quienes se les reconocen

también derechos políticos a través del ejercicio del sufragio universal y la

creación de los partidos políticos. Ya no más un solo individuo investido por Dios o


11

las categorías concentrarían el poder como en los Estados anteriores. Los sujetos

soberanos poseen derechos naturales para intervenir en política y en los asuntos

públicos, por lo que se da un pleno reconocimiento de la igualdad natural de los

hombres: todo hombre cuenta por sí mismo ante la autoridad gobernante y dentro

de la sociedad. En otras palabras, es como diría Hermann Heller:

"El Estado es una unión de hombres para la realización 'de todos los fines

comunes' y [...] es como el soporte de la ordenación "en que se realiza la

comunidad de vida del pueblo" (Hermann Heller, 1998, p. 270).

Sin embargo, no toda la sociedad participa en los asuntos públicos del Estado a

pesar de ser un derecho inalienablemente. El Estado se mantiene por una minoría

que alienta y permea al resto de la masa con la idea de la preservación de su

bienestar a través de la salvaguardia misma del Estado, lo cual permite su

justificación y permanencia, a saber:

En el seno del pueblo del Estado hay siempre una reducida minoría para la que el

ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente en una decisión de

deber ser, minoría que participa, pues, con actividad consciente, en la

conservación y formación del Estado. Pero la gran masa, en cuanto es impulsada

a un obrar concorde con lo estatal por algo más que la dominación y las

necesidades elementales, concibe la realidad normal o eficaz como un deber ser;

para esa masa la normatividad o, más exactamente, la habitualidad apenas

consciente de lo fáctico, significa una base de justificación suficiente. [...] Para la

minoría influyente, sin embargo, y con ella, la cuestión de la justificación jurídica se

convierte en la cuestión de la existencia del Estado. [...] El problema de la

consagración del Estado [es que] hay que plantearlo de nuevo, con carácter de

necesidad psicológica, para cada generación. [...] El Estado nace y se mantiene

por este sacrificio espontáneo [personal y patrimonial] y sólo en segundo lugar, por

la coacción soportada pasivamente (Hermann Heller, 1998, p. 277).

Las decisiones que se tomen al interior del actual sistema político serán

concertadas entre individuos que representan a grupos sociales organizados


12

(como sindicatos, organizaciones civiles, movimientos sociales, medios de

comunicación, entre otros) y las fuerzas políticas (como los partidos políticos).

Estas decisiones institucionalizadas surgirán de elecciones directas o indirectas

llevadas a cabo por los individuos políticamente organizados e interesados en

participar en la creación, legislación y ejecución de dichas decisiones, pues lo que

ahora gobierna es el principio de las mayorías.

1.1.2 EL ESTADO ACTUAL.

El “Estado” nace de la crisis de la sociedad medieval que se caracterizó por la

urgente necesidad de describir un ordenamiento político sin precedentes,

suscitado por las nuevas formaciones políticas de organizaciones humanas y con

el rompimiento entre la Iglesia y el Estado. Para enfatizar su diferencia con

cualquier otro ordenamiento político anterior, se le agregó el término de “moderno

o actual”, que lo definió como:

Un sistema político separado respecto de la actividad social y por una soberanía

cuya titularidad corresponde a un pueblo, y cuyo ejercicio es remitido a una “clase

política” generalmente electa y de todas maneras separada profesionalmente en

una “esfera política” autónoma. Pero este sistema-pueblo se instala como conjunto

de instituciones político-jurídicas cuando madura un proceso de fusión nacional

articulado en varios planos (unidad económica o de “mercado”, unidad territorial,

unidad lingüística, unidad cultural) (Umberto Cerroni, 1992, p. 128).

Esta concepción apoyó la doctrina de la razón del Estado que perpetuó la idea de

la preponderancia de la política frente a la doctrina religiosa y su juicio moral,

donde el hombre se concebiría a sí mismo como un hombre político libre de

perseguir sus propios objetivos y sin estar obligado a tomar en cuenta los

preceptos morales, aunque sus decisiones al interior del Estado estarán sujetas a

la Carta Magna y, al exterior, a los tratados y acuerdos internacionales entre su

Estado y el resto de los Estados, por lo que en realidad, lo que está en juego es la


13

salvaguarda de la soberanía que está depositada en la autoridad que representa

al conjunto de los ciudadanos de cada Estado.

La soberanía poseerá de aquí en adelante dos caras: una que mira al interior y

otra que mira hacia el exterior, lo que demostró que el mantenimiento del Estado

Moderno estaría sujeto a la formación del derecho internacional porque entre más

unificado esté un Estado en su interior, más emancipado estará de otros Estados y

podrá ejercer con mayor presencia su autonomía de derecho ante el panorama

internacional.

De acuerdo a Bobbio, el Estado Actual está tradicionalmente definido por tres

elementos constitutivos: pueblo, territorio y soberanía; en donde “El Estado es un

ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un

territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que

pertenecen a él” (Norberto Bobbio, 2010, p. 128). Y continúa:

Desde el punto de vista de una definición formal e instrumental la condición

necesaria y suficiente para que exista un Estado es que en un territorio

determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir los mandatos

correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en este territorio, y

obedecidos efectivamente por la gran mayoría de los destinatarios en la mayor

parte de los casos en los que se requiere la obediencia; cualesquiera que sean las

decisiones. (Op. cit., pp. 129-130).

Ese poder que es capaz de tomar decisiones y emitir mandatos es lo que

Hermann Heller llama Estado de derecho, que lo define como: "la magna tentativa

de asegurar una continuidad normativa, histórica y sistemática, por medio de un

sistema ampliamente ramificado de controles políticos, administrativos y judiciales,

por la concesión de recursos en dos o más instancias y por la precisa

determinación de las responsabilidades" (Heller, op. cit., p. 339).

1.1.3 EL ESTADO DE DERECHO EN EL ESTADO REPRESENTATIVO.


14

Hoy en día se concibe a la teoría neoliberal como aquel conocimiento que

proviene de los preceptos tradicionales de la teoría liberal considerada moderna

por su temporalidad. En oposición, la democracia es considerada como una forma

de gobierno antigua, legada del pensamiento político griego que la definió como el

gobierno de las mayorías.

La democracia actual se diferencia con la democracia antigua a partir de la

concepción del Estado constitucionalista moderno (Heller, Bobbio) que establece

el paso de una democracia directa y selectiva de la polis a la democracia

representativa de partidos y asambleas que son consecuencia de las grandes

dimensiones del Estado moderno. Su similitud radica en que el titular del poder

político continúa siendo el pueblo “entendido no como el conjunto de ciudadanos a

los que toca en última instancia el derecho de tomar las decisiones colectivas, sino

la manera, amplia o restringida de ejercer este derecho” (Norberto Bobbio, pp. 32-

33).

La actual existencia de los regímenes liberal-democráticos o de democracia

liberal, induce a creer que liberalismo y democracia son interdependientes, pero

esto no es así debido a que su relación es compleja: mientras que la democracia

expone que el poder está en manos de las mayorías, el liberalismo lo pone en

manos de las clases pudientes, por lo que se opone a la formación de Estados

sociales, en los que la democracia se encuentra bien ubicada; y mientras la

democracia quiere hacer partícipes a todo el pueblo de las decisiones públicas y

pretende que el Estado participe en la mayoría de las actividades humanas, el

liberalismo limita al Estado en sus funciones y acción. En este sentido, cabe

aclarar que un Estado liberal no es por fuerza democrático, ni obligatoriamente un

gobierno democrático está presente o da origen a un Estado liberal.

En el sistema democrático contemporáneo, donde la participación ciudadana es

de suma relevancia para la acción gubernamental, la legalidad y la legitimidad del

Estado, la relación política fundamental de gobernantes gobernados, o soberano-

súbdito, o Estado-ciudadano, ocupa un lugar importante el Estado liberal o

neoliberal porque “es justificado como el resultado de un acuerdo entre individuos


15

en principio libres que conviven en establecer los vínculos estrictamente

necesarios para una convivencia duradera y pacífica” (Ibídem., pp. 14-15); sin

embargo, el Estado liberal posee cláusulas para su ejecución, no puede violar el

principio básico de los límites jurídicos del poder estatal que explican la relación

directa entre el individualismo y el liberalismo, es decir, impone la presencia de un

Estado limitado que comprende dos aspectos fundamentales:

1. Los límites de los poderes del Estado que comprende al así llamado Estado

de derecho.

2. Los límites de las funciones del Estado que corresponde al llamado Estado

mínimo.

Por Estado de derecho se entenderá a “un Estado en el que los poderes públicos

son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o constitucionales)

y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el derecho

del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer o rechazar

el abuso o exceso de poder” (Norberto Bobbio, op. cit., p. 18). Es decir, el Estado

de derecho es un ordenamiento jurídico regido por mecanismos constitucionales

como el principio de la división de poderes y el respeto a la legalidad individual y

colectiva, cuya labor es obstaculizar cualquier tipo de ejercicio arbitrario e ilegítimo

del poder; dificultar y frenar algún intento de abuso o ejercicio ilegal del mismo; y

limita al Estado en sus funciones al mantenimiento del orden público interno e

internacional, pues supone que el fin del Estado solamente es la seguridad,

entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley.

Por otra parte, en el Estado mínimo no hay cabida al intervencionismo estatal en

casi ningún ámbito que no sea la seguridad, puesto que el antagonismo propicia

una competencia económica que da sustento a un mejor bienestar social, la lucha

política permite la elección de los mejores gobernantes, y el debate de las ideas

ayuda a buscar la verdad en todos los ámbitos.

En suma, el “Estado” en el siglo XXI es un híbrido concebido como Estado social-

liberal: social porque continúa protegiendo los derechos sociales y promoviendo el


16

desarrollo económico; liberal porque usa más los controles de mercado y menos

los controles administrativos, porque implementa sus servicios sociales y

científicos principalmente a través de organizaciones públicas no estatales

competitivas, porque hace más flexibles los mercados de trabajo, porque

promueve la capacitación de los recursos humanos y de las empresas para la

innovación y la competencia internacional.

1.1.4 ESTADO Y GOBIERNO.

En el Estado Moderno o actual, el gobierno ocupa un lugar inicial en el desarrollo

de la administración pública que representa la acción parcial y en detalle del

gobierno, así como en la ejecución de las leyes referentes a materias generales y

comunes para toda la ciudadanía. De acuerdo a Jorge Alonso:

El gobierno es una parcela del Estado donde se concentra el poder, se asume la

responsabilidad de lo público, se garantiza la convivencia dentro de un orden

constituido, se hacen cumplir las leyes, se reprime, se representa

internacionalmente a los ciudadanos y se dan las orientaciones de las actividades

técnicas y administrativas.

El gobierno actúa en nombre del Estado y es la expresión más tangible de la

organización estatal. Y aunque no agota en sí todo lo que es el Estado, ni éste

puede reducirse a mecanismos específicos de gobierno, lo gubernamental posee

capacidades para inducir importantes cambios en lo estatal (Jorge Alonso, 1992,

p. 15).

De acuerdo a Herman Finer el gobierno es política más administración, y para que

esta fórmula funcione el gobierno tiene como propósito convertir todos los deseos

o voluntades en un comportamiento autorizado y dirigido de todos los individuos

que viven en el Estado. Para lograrlo el gobierno se divide estrictamente en dos

partes (Vid. Omar Guerrero, op. cit., pp. 66-72):

a) El proceso político que comprende el origen, desarrollo y madurez de la

voluntad social, que hace que las lealtades populares se orienten al


17

establecimiento de una normatividad socialmente aceptada. Esto implica

que el estímulo de la organización social es capaz de hacer sacrificios en

tiempo y dinero, en pro de la voluntad más general. El resultado del proceso

es la formación de un depósito de voluntad social y de poder.

b) El proceso administrativo es el empleo de ese depósito de voluntad social y

de poder mediante un servicio público apropiado, así como medios

mecánicos, espacio territorial y métodos de trabajo, con la finalidad de

proveer servicios gubernamentales para quienes están sometidos a la

autoridad del Estado.

En este sentido, la administración pública será un reflejo de las reglas políticas, en

donde el hombre político debe poner especial atención en su herramienta de

ejecución legal: la administración.

En una sola frase y retomando a Hermann Heller, el Estado actual puede ser

definido como “la comunidad políticamente organizada”, mientras que el gobierno

será “la autoridad constituida de la comunidad políticamente organizada”.

1.1.5 LA DEMOCRACIA EN LAS REPRESENTACIONES DE GOBIERNO.

Bobbio ha resumido el concepto de democracia moderna, como forma de

gobierno:

Es el gobierno que tiene que rendir cuentas y todas las decisiones son tomadas en

común [J] No es un gobierno a favor de pocos sino de muchos; la ley es igual

para todos, tanto para los ricos como para los pobres y por tanto es un gobierno

de leyes, sean escritas o no escritas, y no de hombres; la libertad es respetada así

en la vida privada como en la vida pública, donde no vale la pertenencia a éste o

aquel partido sino al mérito” (Norberto Bobbio, p. 195-197).

No hay que olvidar que los norteamericanos Alexander Hamilton y James Madison

fueron los primeros en teorizar esta nueva forma de gobierno democrático: la

república, basado en el principio de representatividad y libertad.


18

Citando a Madison, Bobbio explica la concepción de la democracia sobre esta

peculiar forma de gobierno de los Estados Unidos:

Los dos grandes elementos de diferenciación entre una democracia y una

república son los siguientes: en primer lugar, en el caso de esta última, hay una

delegación de la acción gubernativa y un pequeño número de ciudadanos elegidos

por los demás; en segundo lugar, ella puede extender su influencia sobre un

número mayor de ciudadanos y sobre una mayor extensión territorial (Ibídem., p.

211).

Con esta idea surgió el vínculo necesario entre el Estado representativo y

democrático (o república) y las dimensiones de un territorio vasto con una

población numerosa y dispersa. El hecho es que se pasó de una democracia

directa a una democracia indirecta por diversas condiciones históricas, por lo que

la república se consideró no tanto una forma opuesta a la democracia, sino la

única democracia posible en estas determinadas condiciones de territorio y

población, aplicables para la mayoría de los Estados Modernos.

De esta manera la representación política fue teorizada de la siguiente manera

dentro del Estado representativo, democrático y liberal:

Una relación de carácter estable entre ciudadanos y gobernantes por efecto de la

cual los segundos están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los

intereses de los primeros y están sujetos a una responsabilidad política de sus

propios comportamientos frente a los miembros ciudadanos por medio de

mecanismos institucionales electorales. La representación es, al mismo tiempo,

principio de legitimación política, estructura institucional y modalidad de

comportamiento. La estructura institucional típica, por medio de la cual la

representación se constituye como eje central de la democracia moderna, es

aquella que se identifica por el binomio elecciones competitivas-parlamento

(Gianfranco Pasquino, 1986, p. 272).


19

La democracia representativa construye el principio de la soberanía popular,

puesto que la sociedad actúa sobre sí misma al elegir, consensuar, vigilar y

modificar a sus instituciones, decisiones y mandatarios públicos, no existe poder

fuera de esta sociedad y no hay alguien que conciba buscarlo en otra parte.

La soberanía popular se forja de dos elementos esenciales: en la legitimidad de

todos los intereses particulares de los miembros de la nación y en la necesidad de

su integración selectiva en la voluntad política. Esto significa que ningún interés

puede ser excluido de la competencia política y, además, los intereses particulares

deben competir por obtener un consenso político general. El crecimiento cultural

de los pueblos implica que en tal competencia los intereses saben presentarse en

proyectos (políticas) racionalmente aceptables. También si el conflicto se

generaliza, la lógica de la moderna soberanía exige que éste se salga del nivel

volviéndose cada vez más competitiva fundada en un análisis convincente y en

propuestas aceptables.

El proceso de ampliación de la democracia en la actual sociedad civil no se

concretiza con la cohesión de la democracia representativa y la democracia

directa, sino con la extensión de la democratización, “entendida como institución y

ejercicio de procedimientos que permiten la participación de los interesados en las

deliberaciones de un cuerpo colectivo, en cuerpos diferentes de los políticos”

(Norberto Bobbio, p. 218), es decir, en la esfera política; mientras que en la esfera

social, la democracia ve a los individuos como ciudadanos en su multiplicidad de

status (padre, obrero, médico, productor, consumidor, entre otros).

En la esfera política de la democratización se condensa la participación política de

la sociedad civil, la cual aparece con las formas modernas de Estado en el mundo

occidental representativo, con los primeros impulsos hacia la democratización

interna y las presiones por una democratización sustancial y con esenciales

cambios socio-económicos. En este sentido, la participación política puede

definirse como:


20

Aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a influir de manera más o menos

directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del poder en

el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así como en su

misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura y por lo tanto los

valores del “sistema de intereses dominante”. Se identifica así esa modalidad de

participación visible que se expresa en comportamientos. Sin embargo, sobre todo

en los regímenes democráticos, puede tener también su propia influencia la

participación invisible, es decir, la presencia de un público, de una opinión pública,

interesada en la política e informada sobre sus actividades que, sin embargo, por

distinto motivos no se activa casi nunca, ni de manera continua. El tema, sin

embargo, es que ese público posee la capacidad de participar. Dadas ciertas

condiciones, ese público, ya “politizado‟, puede entrar en el terreno de la

participación política influyendo sobre las opciones y las decisiones (Gianfranco

Pasquino, et. al., 1986, p. 180).

Así, la participación política es relativamente espontánea, autónoma y desde abajo

(desde los propios ciudadanos) y tiende a influir sobre los detentadores del poder

político.

Una vez conquistado el derecho a la participación política, el ciudadano de las

democracias más avanzadas se ha dado cuenta que la esfera política a su vez

está incluida en una esfera mucho más amplia, la esfera de la sociedad en su

conjunto, y que no hay decisión política que no esté condicionada o incluso

determinada por lo que sucede en la sociedad civil, y por consiguiente una cosa es

la democratización de la dirección política, lo que sucedió con la instauración de

los parlamentos, y otra cosa es la democratización de la sociedad, la cual se mide

no tanto por quién vota para intervenir en las decisiones públicas (porque en las

sociedades civiles contemporáneas, el indicador democrático del sufragio

universal es obligatorio), sino más bien, lo que interesa es saber dónde se ejerce

este derecho.

Por ello, la democratización de la sociedad incluye al pluralismo como un ideario

más porque manifiesta la búsqueda de la igualdad de condiciones en la ley, sus


21

ciudadanos son entes voluntariamente asociativos que promueven el bien público.

Esta nueva forma de asociacionismo (Robert Dahl asegura que autores como

Durkheim y los primeros pluralistas subrayaron que las asociaciones son

esenciales a las necesidades humanas por la sociabilidad, intimidad, afectos,

amistad, amor, confianza y fe; para el crecimiento individual, la integridad personal

y la socialización dentro de las normas de una comunidad; para la preservación y

transmisión de la cultura; para las cualidades humanas de los seres humanos; y

para otorgar libertad. (Robert Dahl. 1991, pp. 39-60), es la característica

fundamental de una sociedad democrática de la que no lo es.

1.1.6 DIVERGENCIA ENTRE LO REPRESENTATIVO Y LO PRIVADO.

De manera general, Aguilar Villanueva definió a “lo representativo” como “el

campo de interacciones e interpelaciones en el que los ciudadanos individuales,

por sí mismos o por los voceros de sus organizaciones, hacen política y hacen las

políticas: definen las normas generales y dan forma a sus problemas y esquemas

de solución, perfilan y eligen a los líderes del Estado. A decir verdad, constituyen

el estado y ponen a la obra a los gobiernos” (Luis F. Aguilar Villanueva, Vol. I., p.

28).

La anterior definición se sujeta a los preceptos del Estado actual, no así existe una

profunda dicotomía persistente entre éste concepto y “lo privado” desde el

pensamiento sociopolítico del Derecho Romano que establecía al derecho público

como lo que concernía a la condición del Estado, y el derecho privado que

concernía a la utilidad del individuo (Cfr. Norberto Bobbio, pp. 11-12). La

persistente tensión entre ambos conceptos derivó en la exaltación y surgimiento

de nuevas diferencias que marcaron la relación legal entre Estado y sociedad. Por

ejemplo, tras el triunfo de la Revolución Francesa devino la idea dicotómica de

sociedades de iguales versus sociedades de desiguales en el mismo

conglomerado social, como se exalta en el siguiente cuadro:


22

IGUALDAD VS DESIGUALDAD EN LA SOCIEDAD CIVIL MODERNA.

Esfera Igualdad Desigualdad

Política (ámbito público)

Los asuntos del Estado son asuntos del pueblo, por lo que “la cosa pública es de incumbencia general de todos los individuos (Omar Guerrero, p. 290).

La sociedad se divide entre gobernantes y gobernados, o entre los que son ciudadanos y los que no son.

Económica (ámbito privado)

Se goza de igualdad de competencia en el mercado.

En cuanto a la división del trabajo preexistente

Fuente: Elaboración bajo normas de la investigación.

En otras palabras:

El principio de lo representativo reposa en la generalidad del Estado político, en

tanto que lo privado descansa en la singularidad de la sociedad civil. A partir de

esta antinomia, la administración cumple el eminente papel de mediación entre lo

representativo y lo privado, pues del mismo modo como a ella le incumbe lo

primero, por cuanto lo segundo cuida que sus efectos hacia el público sean

gestionados con sentido colectivo. La administración pública, tiene aquí su cuna

(Ibídem., p. 292).

Ante una sociedad de iguales y desiguales, su ámbito jurídico se explica de la

siguiente manera:

IGUALDAD VS DESIGUALDAD EN LA SOCIEDAD CIVIL MODERNA EN SU

ÁMBITO JURÍDICO.

Rubro Características Aplicabilidad

Derecho Público a. La ley es “pública” e “igual” para todos porque converge la voluntad soberana de la sociedad. b. Es impuesto por la autoridad política. c. Obtiene su fuerza con el

Posee una justicia distributiva encargada de aplicar la autoridad pública para la división de honores, recursos y gravámenes para la sociedad. Es definida como “pública” porque tiene lugar entre el todo y


23

tiempo al mezclarse con la costumbre. d. Se refuerza con la coacción. e. Son independientes de la reglamentación pública pero no del principio de reciprocidad. f. Contiene un conjunto de normas establecidas por individuos para regular sus relaciones, principalmente de índole patrimonial.

las partes: entre el Estado y los individuos. Posee una justicia conmutativa encargada de la justicia e igualdad en el valor de los intercambios de cualquier producto y/o servicio, y el castigo justo al que haya quebrantado la ley. Es considerada como la justicia entre las partes o entre privados

Fuente: Elaboración bajo normas de la investigación

Los juicios de valor que emanan de esta dicotomía, remite al surgimiento de dos

términos innovadores en el pensamiento de la dinámica social moderna:

a) La supremacía de lo privado sobre lo representativo: El mandatario del

Estado no puede expropiar la propiedad, violentar la libertad y atentar

contra la vida de ningún individuo, sin ningún motivo.

b) La superioridad de lo representativo sobre lo privado: Se basa en la

contraposición del interés colectivo al interés individual, y en la necesaria

subordinación del segundo al primero, busca el bien común en la suma de

los bienes individuales (Norberto Bobbio, p. 28).

La primacía de lo representativo obliga al individuo a renunciar a su autonomía

debido al principio que dice: “el todo (Estado) es primero que las partes

(individuos)”. Para velar por el cumplimiento de este principio, el Estado está

obligado a regular e intervenir coactivamente en la conducta de los individuos, por

lo que su solicitud de protección de la integridad física y material de la sociedad

ante el Estado es retribuida con su subordinación a las instituciones estatales y el

mando del soberano. A esto se le llama publicitación de lo privado.

La primacía de lo representativo y la publicitación de lo privado mantienen una

relación directa con la definición weberiana (que es de las más aplicadas y

consensuadas en ciencia política) sobre el Estado y el poder: Estado es aquella

comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es un


24

elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física

legítima. [P] El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.

Entonces, política significaría pues, para nosotros, la aspiración a participar en el

poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de

un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen(Max

Weber, pp. 8-9).

En este sentido, Hannah Arendt describe al poder como lo que “corresponde a la

capacidad humana no sólo de actuar sino de actuar en concierto. El poder nunca

es propiedad de un individuo, pertenece a un grupo y sigue existiendo sólo en

tanto el grupo se mantenga unido” (Adrián Leftwich (Comp.), 1996, p. 58). Ella

afirma que no debe confundirse con la fuerza o la violencia, porque éste

corresponde exclusivamente al poder público y al poder político.

El Estado también está obligado a regular y mediar la conducta de grupos como

sindicatos, partidos y organizaciones de la sociedad civil, para la consecución de

acuerdos y la minimización de los conflictos a través de la imposición a los

sindicatos de contratos colectivos similares a los privados, lo que da paso a la

intromisión del derecho privado en el derecho público, denominándose a esto

como privatización de lo público.

En este sentido, todo servidor público debe concebir al vocablo de “lo público”

como el interés colectivo soberano que sirve para legitimar a su gobierno y sus

autoridades. Los servidores del Estado son personas públicas que desempeñan

un oficio público, pues los negocios de su cargo son públicos.

1.2 DIFERENCIA ENTRE LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO.

Si el poder público, el poder político y el pacto social constituyen el fundamento del

Estado, éste no puede concebirse sin el surgimiento inherente de la política al

hombre. Hannah Arendt asegura que la política es:


25

Una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social.

Puesto que el hombre no es emancipado, sino que depende en su existencia de

otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin la cual la convivencia sería

imposible. Misión y fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio.

Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y tranquilidad de sus fines.

[J] El cuidado de la existencia sólo puede tener lugar mediante un estado que

posea el monopolio de la violencia y evite la guerra de todos contra todos (Hannah

Arendt, 2004, pp. 67-68).

En este sentido se deduce que la política está en el centro de toda actividad social

colectiva, formal e informal, pública y privada, en todos los grupos humanos,

instituciones y sociedades, por lo que siempre ha estado y estará presente. Es

como dice Hermann Heller: "la política es, en el más eminente y ejemplar sentido,

la organización y actuación autónoma de la cooperación social en un territorio"

(Heller, op. cit., p. 262) La política abarca todas las actividades de cooperación y

conflicto dentro y entre las sociedades, por medio de las cuales la especie humana

organiza el uso, la producción y la distribución de los recursos humanos, los

naturales y otros. En todas partes influye y refleja la distribución de poder y los

patrones de toma de decisiones, la estructura de la organización social y los

sistemas de cultura e ideología en la sociedad o en los grupos dentro de ella.

Por ello, de acuerdo con Sartori puede decirse que “la política es el hacer del

hombre que, más que ningún otro, afecta e involucra a todos” (Giovanni Sartori,

2002, p. 15). Si bien, asegura, no es la definición propia ni la más acertada,

expone y describe el principio fundamental de la política: el hacer o praxis de la

acción de hombre operante. Por ello, la acción y las conductas políticas están

precedidas y rodeadas por el discurrir en el Estado.

Sin duda la política es inherente y de suma importancia en cualquier sociedad, es

imposible que le sea ajena. En toda comunidad existen arreglos que permiten la

organización de quienes mandan y quienes obedecen en función de la búsqueda

de la seguridad y el bien común. En este sentido, Marco Kaplan asegura que:


26

La política puede ser considerada como el conjunto de fuerzas, funciones,

actividades, estructuras y procesos, que resisten o [...] expresan y refuerzan, los

dinamismos que amenazan de muerte a las formaciones sociales; que reducen o

aumentan, las discontinuidades y fracturas; que limitan, o por el contrario

amplifican los efectos modificatorios resultantes de la acción del tiempo. La

variable fundamental en la instancia política es el poder (Marco Kaplan, 1980, p.

136).

Por otro lado, tradicionalmente lo político nace como un término que señala la

imposibilidad de comprender toda la esfera de la política. La propuesta de este

término fue elaborada por Carl Schmitt quien define a “lo político” como:

Una decisión constitutiva y polémica. Es constitutiva porque es a través de ella

como se define o se determinan los contenidos en torno a los cuales se va a

configurar la identidad de un pueblo frente a otro. [...] Y es polémica porque con

ella se establece lo político como relación amigo-enemigo, tanto hacia el exterior,

frente a aquellos que no comparten o respetan la identidad concreta y específica

del Estado. La función de lo político, de esa decisión originaria, es pues la de

agrupar al pueblo en torno a un determinado contenido fundamental, y defenderlo

frente a los que no comparten esa identidad, ya procedan del exterior o del interior

(Carl Schmitt, 1987, p. 26).

Sin embargo, esta concepción tradicional no se relaciona en lo absoluto con la

definición actual de “lo político” puesto que, por un lado, la política ordena la

convivencia social en el ámbito público y privado, por el otro, "se califica de lo

político tan sólo al poder que en el Estado dirige o conduce, no al que ejecuta"

(Hermann Heller, op. cit., p. 262) es decir, será la percepción de un espacio

público donde los ciudadanos expresan sus necesidades y demandas a partir de

sus derechos y obligaciones, de libertades y restricciones, todo de acuerdo a la

legalidad que emana de la Constitución y el ordenamiento del Estado democrático

pluralista.


27

De manera concreta, lo político será el espacio donde los hombres deliberan los

asuntos de la política (su símil sería el ágora de la polis griega), por lo cual, lo

político está en cualquier parte que el hombre trate asuntos públicos, lo

determinante no es dónde se debate o se actúa, sino qué se debate y cuál es el

contenido de la acción política que se lleve a cabo.

1.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO.

Diversos estudios sobre el origen y praxis de la administración pública demuestran

que ésta es producto de las condiciones históricas, políticas y sociales en las que

se ha desarrollado, por lo que no puede ser analizada de manera aislada e

independiente de su devenir histórico, por ejemplo, los postrevolucionarios

franceses fueron los primeros en emplear el término de administración pública en

las leyes de Asamblea, pero fue Charles-Jean Bonnin quien la conceptualizó

científicamente como “la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de

la persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como miembro del

Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones que incumben al orden

público” (Omar Guerrero, p. 296), conceptualización que direccionó el nuevo

interés de la administración para gestionar los aspectos comunes de la sociedad

civil y el manejo eficiente de los “negocios” públicos para la solución de sus

problemas.

Woodrow Wilson sostenía a finales del siglo XIX que la administración era

independiente a la política, pero definitivamente existía una simbiosis entre ambas

ciencias para tratar los asuntos públicos en el Estado:

La administración está situada fuera de la esfera propia de la política. Las

cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Aunque la política fije las

tareas a la administración, ello no implica que deba sufrir la manipulación de sus

servicios [...] La política es la actividad del Estado en las cosas grandes y

universales, mientras que la administración, por otra parte, es la actividad del

Estado en las cosas individuales y pequeñas. La política es el territorio del hombre

de Estado; la administración, el del funcionario técnico. Las políticas no son nada


28

sin la ayuda de la administración; la administración no es nada tampoco sin la

política. La administración es la ejecución detallada y sistemática de la ley pública.

Cualquier aplicación particular de una ley general es un acto de la administración

[...] Los planes generales de la acción de gobierno no son administrativos; la

ejecución detallada de esos planes es administrativa (Woodrow Wilson 1887, pp.

10- 11).

Actualmente la administración pública es concebida como el gobierno per se por

tratadistas latinoamericanos como Pedro Muñoz Amato y Omar Guerrero, quienes

sostienen lo siguiente:

Para el primero la administración pública es, en su sentido más amplio, el

gobierno, es decir, todo el conjunto de conducta humana que determina cómo se

distribuye y ejerce la autoridad política; y, en sentido restringido, consiste en la

ordenación de esa conducta para la realización de los fines del sistema político

mediante los procesos administrativos del gobierno. A su vez, Omar Guerrero

sostiene que es "el gobierno en acción", su "aspecto dinámico" cuando

"desempeña las funciones involucradas en la movilización, organización y

dirección de hombres, recursos y poder para lograr los cambiantes objetivos del

Estado y la activación de la política del gobierno" (David Arellano Gault, 2004, p.

146). En suma, la administración pública tiene relación con los problemas sociales

y económicos concretos, como la salud, las obras públicas, la planeación regional

y todos aquellos campos relacionados con la actividad gubernamental (Omar

Guerrero, p. 298).

Es por ello que las decisiones y acciones públicas no pueden tomarse dejando a

un lado el ámbito de la política y sus actores (como los grupos de interés e

instituciones públicas como el Congreso), cuya presencia tiene que plantearse en

todo proyecto e implementación de política gubernamental.

Incluso, como asevera Naomi Lynn, y retomando la aseveración del devenir

histórico, deben considerarse cuestiones relativas a la historia de los cambios o


29

reformas en el sector público (Cfr. Naomi B. Lynn, Aaron Wildavsky, 2001, p. 12) y

del mismo Estado.

De igual manera J. Chevalier asegura que "la evolución de los estudios sobre la

administración pública depende muy estrechamente de las transformaciones que

afectan al Estado y a la concepción que del mismo se tiene. Del Estado absolutista

al Estado de Derecho, del Estado liberal al Estado intervencionista, el papel de la

Administración cambia y, en consecuencia, las preocupaciones que a él se

refieren" (Chevalier, J., Loschak, J., 1986, p. 19).

En otras palabras, las reformas al Estado permiten apelativos al mismo Estado y a

la administración pública de acuerdo a las ideologías y métodos de la toma de

decisiones que se ejercen a través de políticas, leyes y reglamentos. Es como

diría Hernann Heller:

Hay que reconocer asimismo que tienen razón los que declaran que, desde un

punto de vista científico, no puede llegarse a establecer objetivamente la "misión"

política concreta de un Estado determinado. Pues esta misión depende siempre

exclusivamente, lo mismo que aquellos fines psicológicos, de las ideologías, en

unitarias de determinados grupos humanos dentro del Estado (Hermann Heller,

op. cit, p. 257).

Y agrega sobre el fin del Estado:

El Estado no es posible sin la actividad, conscientemente dirigida a un fin, de

ciertos hombres dentro de él. Los fines establecidos por estos hombres actúan

causalmente sobre otros hombres como elementos motivadores de sus

voluntades. La realidad del Estado, el cual ha de ser supuesto aquí como unidad,

consiste en su acción o función, la cual tal como ella es, no precisa que sea

querida como fin, ni por todos los miembros ni siquiera por uno solo (Ídem., p.

258).

Ejemplo de lo anterior se suscita desde la década de los sesenta y setenta del

siglo pasado en el aún vigente Estado neoliberal, el cual dio paso a la intromisión


30

de diversos elementos de la ciencia gerencial como tendencia “modernizadora” en

la administración pública. Esta directriz surgió como consecuencia del incremento

de las quejas e insatisfacciones del servicio otorgado por los servicios públicos y

por la ineficiente actuación del gobierno.

La gerencia representó desde un inicio "el proceso de establecer y alcanzar

objetivos influyendo en el comportamiento humano dentro de un medio ambiente

apropiado. Corresponde al “gerente” [o manager] determinar los objetivos

colectivos de la empresa y crear el medio ambiente para su logro, a través de las

funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar" (David Arellano Gault; op. cit.,

p. 152). No obstante, la gerencia por sí sola no está preparada para implementar

acciones de acuerdo a las exigencias de las demandas sociales, el

involucramiento de diversas autoridades en la toma de decisiones y la

preocupación por la implementación de la equidad social.

La gerencia sólo hace alusión al sector privado considerado como más eficiente y

responsable en la determinación y consecución de los objetivos de las

organizaciones, premisa que se proyectó como el Public Management en las aulas

académicas y en los gobiernos de los Estados Unidos y Europa, lo que a su vez

se transformó en la premisa del inaplazable redimensionamiento del Estado que

apostaba a la reducción del tamaño del gobierno y al recorte de gastos, es decir, a

la imposición de un Estado mínimo y al libre mercado.

En suma, la adopción de los valores de la gerencia se dio como resultado de la

crisis de la administración pública provocada por tres grandes crisis que

cuestionaron - y cuestionan - a la administración pública contemporánea: "la crisis

de eficiencia en agencias gubernamentales que pone en duda la sobrevivencia de

las mismas; la crisis de eficacia en las acciones gubernamentales, que debido a su

dispersión no focalizan sus impactos y muy frecuentemente no solucionan

problemas públicos; y la crisis de legitimidad debido a la falta de credibilidad y

confianza en agencias de gobierno que son percibidas como agencias que han

desarrollado sus propios intereses y se han divorciado de la ciudadanía" (Enrique

Cabrero; Gabriela Nava; et. al., 2000, p. 20).


31

Se trata pues de transitar de un modelo tradicional de gobierno de tareas rígidas y

repetitivas, a un modelo de toma de decisiones en situaciones cambiantes y

complejas. Es aquí donde la gerencia pública puede ser un instrumento crucial

para los gobiernos, quienes consideran a la gerencia pública o Public

Management como:

Un método de toma de decisiones más que de una técnica aislada; es decir, un

método que en su proceder conjunta diversas técnicas. Algunas de carácter

administrativo (sistemas de planeación estratégica, sistemas de control de gestión,

procesos de reingeniería, métodos de evaluación costo-beneficio, etcétera), otras

de carácter técnico propias al sector de actividad (normas de evaluación de

sistemas de transporte, de recolección y tratamiento de basura, de monitoreo del

medio ambiente, etcétera) y otras de carácter político (intensidad de conflictos,

frecuencia de movilizaciones, grado de aceptación de la ciudadanía, análisis de

actores, etcétera). Además no se trata de técnicas provenientes de la

administración de empresas, si bien hay algunas, éstas son la minoría; la mayor

parte de técnicas utilizadas por la gerencia pública han surgido del estudio de

problemas de gestión de políticas públicas y de programas gubernamentales

(Ibídem., p. 9).

Hoy en día se puede afirmar que la administración pública y el Estado moderno

poseen el apelativo de "gerencial", dada la tendencia modernizadora inmersa en

los métodos ideológicos y en la toma de decisión de la autoridad política, es decir,

la gerencia pública ha sido una medio de desplazamiento de un Estado menos

operador e interventor, hacia un Estado más regulador y coordinador; pero como

una herramienta que permite modular el proceso, que se concentra más en buscar

los equilibrios necesarios, en desarrollar las nuevas potencialidades, que en

amputar o suprimir las anteriores.

1.4 LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Es menester señalar que el estudio y hechura de las políticas públicas no debe

verse como una panacea al saneamiento de necesidades y demandas de los


32

sujetos políticos y sociales anteriormente descritos, porque éstos tan sólo

representan algunas propuestas racionales (eficientes, inteligentes y públicas) a

manera de método, que utilizan los gobiernos en la planeación, programación,

dirección, control y ejecución de diversos mecanismos y herramientas del poder

político y que tienen como finalidad: a) la resolución de conflictos y peticiones

sociales; b) el fortalecimiento político, económico y social del Estado; c) la

legitimación del Estado moderno democrático, representativo, pluralista y

gerencial; d) la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos; y e) el

mantenimiento del Estado de derecho.

La relevancia de las políticas públicas radica en el mantenimiento de la cohesión

social del Estado y en el mejoramiento del status de la cosa pública, pero también,

como lo describe Aguilar Villanueva, poseen una relevancia epistemológica para la

ciencia política y la administración pública. La discusión, surge a partir de cómo se

estudian y trabajan las cosas públicas. Con respecto a la ciencia política se dice:

Nuestra ciencia política ha estudiado sistemáticamente casi todo menos la manera

de cómo el gobierno construye y desarrolla sus decisiones, federales y locales.

Nuestros politólogos han prestado gran atención a la historia de la formación del

sistema político, a los alcances y límites de su funcionamiento, a los canales y

procesos de producción del consenso, a las varias patologías del sistema.

Contamos con estudios extraordinarios. Pero pocas han sido comparativamente

las investigaciones especializadas acerca de la forma, patrón y estilo de elaborar

las políticas, acerca de sus éxitos y fracasos en diversas áreas de asuntos

públicos, que en muchos habrían ayudado a llegar evidencia favorable a las

atrevidas hipótesis sobre el funcionamiento y destino del sistema político (Luis F.

Aguilar Villanueva, 2007, pp. 6-7).

Sobre la administración pública se enuncia lo siguiente:

Por otra parte, nuestra „teoría‟ de la administración pública ha quedado atrapada

entre las consideraciones jurídicas institucionales (repertorio de leyes y

reglamentos, ámbito de competencias y jurisdicción, instancias y procedimientos


33

formalesP) y las menores consideraciones operativas para cumplir órdenes dadas

y llevar a cabo decisiones previas. Al acercar la administración pública al proceso

decisorio de las políticas y a su compleja puesta en práctica se rescataría su

olvido sentido clásico de gobierno, de buen gobierno, y se reconstruiría la visión

integral de su objeto de estudio y profesión.

Abandonaría su triste imagen burocrática de empleo subordinado, simplemente

procedimental, de ventanilla y papeleo (Ídem).

Para una mejor comprensión, aplicabilidad y complementariedad epistemológica

entre ambas ciencias, asegura, es menester el estudio y análisis sistemático de

las políticas, como se describe en el siguiente apartado:

El estudio de las políticas puede también, tal vez, reactivar a la ciencia política y a

la teoría-práctica de la administración pública. [...] Entender, definir y explicar el

proceso de las políticas, así como prescribir mejores acercamientos a su

formulación y desarrollo, es innegablemente una tarea teórica y práctica tan básica

y crucial como complicada. Y dicho más divertida que polémicamente, puede

contribuir a bajarle los humos a una ciencia política frecuentemente imaginativa y

levantarle la autoestima a una disciplina publi-administrativa demasiado olvidada y

hasta servil en su programa de investigación (Ibídem).

Las ciencias de las políticas han aportado una nueva perspectiva a la

administración pública: el estudio del proceso de las políticas. Ello es de gran

relevancia, pues de alguna manera supone desplazar el énfasis de la gestión

pública desde el estudio de la gestión interna hacia el análisis de la gestión de las

políticas. En este sentido, las políticas públicas serán la base metodológica para

comprender y encauzar el proceso complejo de decisiones públicas en las que se

cruzan las propuestas e iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y las

de las instancias gubernamentales.

En otras palabras, el Estado se han vuelto el lugar de conflicto y consenso entre

los sujetos sociales y los sujetos políticos que formalizan o no la representatividad,


34

constitucionalidad y racionalidad de los gobiernos, lo que se traduce formalmente

en el sentido y función social del gobierno democrático actual.

Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos, de alta intensidad

ciudadana y con graves problemas sociales irresueltos, parece exigir dos

requisitos fundamentales: gobernar por políticas y gobernar con sentido público.

Las estrategias de gobierno homogéneas y globales, así como los estilos de

gobierno secretos, excluyentes y clientelares, están previsiblemente condenadas

en el futuro inmediato a la ineficiencia administrativa, al castigo electoral y a la

hostilidad política (Luis F. Aguilar Villanueva, p. 30).

Gobernar por políticas y con sentido público significa incorporar y aplicar en la

agenda pública y de gobierno los recursos económicos, la corresponsabilidad, la

opinión y la participación intelectual y práctica de los ciudadanos, con el único fin

de no modificar ni cometer arbitrariedades en contra de las libertades, las

oportunidades y los beneficios de éstos, y mucho menos impone un trato desigual

inmerecido entre ellos. De hecho, las políticas públicas se crearon para descubrir,

denunciar y corregir los defectos de las políticas gubernamentales en curso. Por

ello, es cada vez más común la tendencia en donde la sociedad civil (encabezada

por organizaciones y grupos) apoye, consense y confíe en gobiernos que

instauren en su agenda pública la resolución de las demandas de éstos, con ello

se percibirán escuchados y atendidos por sus gobernantes, cuya característica

radica en su esencia eficiente para responder ante la sociedad.

Cabe aclarar que existen diferencias esenciales entre la estructuración de la

agenda pública y la formación de lo que se llama la agenda de gobierno. La

primera “se constituye a partir de que un asunto se vuelve importante en una

comunidad, porque está afectando la vida de muchas personas. En el momento en

el que socialmente se percibe la necesidad de solucionarlo, es cuando se detecta

el problema público” (Mónica Tapia Álvarez, et al., 2010, p. 38), por ende, merecen

atención de las autoridades en la agenda pública. Para tal cometido es importante

tomar en cuenta el papel de la opinión pública, la cual es definida como “un

proceso comunicativo mediante el cual los ciudadanos se interesan sobre un


35

hecho, forman juicios y se expresan sobre determinado asunto” (Ibídem). Aquí

intervienen muchos actores o sujetos sociales y políticos como la sociedad civil en

general, los medios de comunicación y grupos de presión como organizaciones

civiles, grandes compañías, grupos religiosos, organizaciones gremiales, el

gobierno, partidos políticos, entre otros.

Existen cuatro razones por las que algunos grupos tienen mayor facilidad de

acceso para colocar sus demandas en la agenda pública que otros.

Primero, el que toma las decisiones debe estar en deuda con un grupo en

particular o identificarse como miembro de ese grupo. Segundo, algunos grupos

tienen más recursos que otros o están en mejores condiciones para movilizar sus

recursos. Tercero, algunos grupos están localizados en forma tan estratégica en la

estructura social o económica de la sociedad que no se puede ignorar sus

intereses. Cuarto, algunos grupos son objeto de mayor estima por parte del

público que otros y, por consiguiente, pueden imponer un mayor acceso a los

encargados de la toma de decisiones (Cfr. Roger Cobb y Charles Elder, et al.,

1993, pp. 111-124).Como consecuencia, ciertos grupos tienen más probabilidades

que otros de recibir la atención de los que toman las decisiones cuando presentan

nuevas demandas.

Por su parte, la agenda de gobierno “comprende los temas en los que los

gobernantes se plantean tomar acción y les dedican recursos y tiempo,

formulando programas, leyes, y otro tipo de acciones gubernamentales de los que

las instituciones públicas o autoridades son responsables” (Mónica Tapia Álvarez,

op. cit., p. 38). Entonces, los asuntos que entran en el debate gubernamental,

aunque sean o no atendidos por las autoridades, son considerados como temas

de la agenda de gobierno.

La clave para comprender la formación de la agenda es la relación entre los temas

y las instituciones porque un tema sólo empieza a adquirir relevancia cuando

establece un vínculo con una institución del sistema político.


36

1.5 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El norteamericano Harold D. Lasswell fue precursor en la conformación del

pensamiento de la ciencia política en el siglo XX al teorizar sobre las ciencias de

políticas (policy sciences) concebidas actualmente como políticas públicas, las

cuales emergieron tras las exigencias al gobierno por la reestructuración del tejido

social después de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de estas ciencias

sostuvo el mejoramiento del desempeño administrativo y la acción gubernamental

del Estado. Su origen epistemológico encara una ciencia que posee una teoría

basada en el empirismo de la toma de decisiones en los hechos públicos y

sociales, a saber:

Como definición del trabajo, consideramos que las ciencias de políticas se ocupan

del conocimiento del y en el (knowledge of and in) proceso de toma de decisiones

en el orden público y civil. [P] El conocimiento del proceso de toma de decisiones

comprende estudios sistemáticos y empíricos de cómo se elaboran y se llevan a

cabo las políticas. [P] Insistir en el criterio empírico es especificar que las

aseveraciones generales están sujetas a una cuidadosa disciplina de observación.

El énfasis en el proceso de toma de decisiones destaca la diferencia entre las

ciencias de políticas y otras formas de actividad intelectual (Harold D. Laswell, p.

105).

Lasswell teorizó sobre la interdisciplinaridad de las ciencias de las políticas, lo que

prometía la rectoría de éstas sobre el resto de las ciencias sociales, en especial de

la ciencia política, cuya objeto de estudio se empataba con el de las ciencias de

política en cuanto al análisis del Estado y la política per se, pero ambas tendrían

pretensiones divergentes que las harían complementarias, pues mientras la

ciencia política estudiaría el “es” o la esencia del Estado y la política, las ciencias

de las políticas analizarían el “cómo” y el “para qué”.

Aunque este hecho marcó la separación de ambas ciencias durante muchas

décadas, no fue sino hasta los años ochenta del siglo pasado cuando hubo una

reconciliación entre ambas debido al interés (de intelectuales, académicos y


37

agencias multilaterales) por el estudio de las políticas públicas en cuanto a la

relación que poseen con las instituciones que toman decisiones para resolver

problemas y desajustes sociales. En este momento, las ciencias de políticas

fueron consideradas como una sub-disciplina de la ciencia política, las cuales

pasaron de ser una disciplina interesada en explicar la sociedad a una sub-

disciplina que busca mejorar las condiciones de vida de la sociedad a través del

saber, a través del análisis, conceptualización y evaluación normativa del Estado,

el gobierno y la administración pública.

Si resumimos el desarrollo contemporáneo de las policy sciences, podemos

definirlas provisionalmente como ciencias interesadas en el conocimiento del

proceso de decisión (knowledge of) y en el proceso de decisión (knowldge in). El

científico de políticas [politics], en tanto profesional, trata de obtener y dominar las

habilidades necesarias para lograr decisiones ilustradas en el orden público y civil.

En tanto profesional de políticas [policy], cultiva el interés disciplinario del científico

por lo empírico, pero busca alcanzar una síntesis óptima de las diversas

habilidades científicas con el fin de contribuir a la invención de una teoría y una

práctica confiables para la solución de problemas en el marco del interés público

(Ibídem., p. 117).

Tras tal divergencia conceptual entre politic y policy, se vuelve obligatorio aclarar

la diferencia conceptual entre éstas y otros términos semejantes como el de polity

que, en el idioma español aparentan similitud, pero tras el bagaje teórico y

lingüístico norteamericano de donde son originarios, el significado está claramente

diferenciado como se describe:

Con Politics se refiere a toda actividad del hombre de forma interesada, con una

justificación ideológica y que tienen unos objetivos supuestamente válidos para

toda la comunidad; con Policy se refiere a los programas sectoriales y a las

acciones concretas que emanan de las instituciones gubernamentales como

resultado de la interacción política. Finalmente con Polity, aunque de origen

aristotélico y asociado a la idea de democracia, hoy es utilizado para designar la


38

organización y el funcionamiento sujeto a las reglas de las instituciones políticas y

administrativas (Germán Valencia y Yohan Álvarez, 2008, p. 102).

En este sentido, las politcs se determinan, se arman y se orientan de acuerdo a

las policies (En la Enciclopedia de la Política del FCE, 4° edición, página 1538, su

autor Rodrigo Borja asevera que el término anglosajón de "POLICY" significa

"conjunto de planes", "sistemas", "método", "costumbre", "conducta", o "modo de

proceder" de un gobierno. Es la orientación, los alcances y las prioridades que él

da a su gestión. En este sentido se habla de "política económica", "política social",

"política agraria" o "política internacional" para referirse a los diversos cursos de

acción gubernativa. Aquí la palabra tiene un sentido distinto. Se refiere

específicamente a las prioridades que señala el gobierno y a los planes y

proyectos que formulan y aplica para atenderlas) (políticas públicas). Éstas fijan

los beneficios y ventajas de las acciones del gobierno a favor de las demandas y

cuestiones sociales a partir de los hechos observados y de marcos conceptuales

definidos. Por ello se dice que “la política se juega todo en torno de las políticas”

porque fija las correlaciones de poder, los liderazgos, y las autoridades formales

decisorias son establecidos de acuerdo a la disputa que se esté desarrollando y a

la respuesta (positiva o negativa) que dé el gobierno.








Hoy en día, las políticas no poseen una única definición, como se explica en el

siguiente cuadro:


39

DEFINICIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AUTOR CONCEPTO

Harold D. Lasswell

Son aquellas estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. Su enfoque tiene dos dimensiones: el estudio de la multicausalidad de los procesos decisionales y el conocimiento de la mejor opción para lograr las soluciones.

Andrë-Noel Roth

Es un conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos considerados como necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratadas, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar los comportamientos de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.

Ives Meny y Jean-Claude Thoenig

Una política pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico.

J.E. Anderson

Es una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta. Las políticas públicas son aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios.

Aaron Wildavsky Es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma.

Pierre Muller

Es un proceso de mediación social, en la medida que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y la sociedad global.

Carlos Salazar Es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas.

Alejo Vargas Velásquez

Es el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas niveles manejables.

Carlos Ruíz Sánchez

Son una práctica social ocasionada por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar con otros.

Iván Cuervo Son las actuaciones de los gobiernos y de las otras agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo


40

determinen – en desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas – caracterizadas porque constituyen flujos de decisión – o una decisión específica – orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención.

Víctor Anaya Cadena

Son decisiones del gobierno que incorporan la opinión, la participación y la responsabilidad de los grupos sociales y los agentes privados. Estas nuevas políticas constituyen y confeccionan nuevos criterios de participación de costos, consecuencias sociales, efectividad y transparencia.

Omar Guerrero

Es el campo de problemas propiamente gubernamentales, cuya característica, es el desarrollo de lo que se puede denominar una tecnología del gobierno. Donde convergen distintas teorías, métodos y técnicas que permiten sintetizar el conocimiento, la acción y la decisión gubernamental. Es cualquier decisión o elección gubernamental, incluyendo la de no actuar.

Aguilar Villanueva

Las decisiones del gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes.

Fuente: Germán Valencia y Yohan Álvarez, “La ciencia política y las políticas públicas: notas para una reconstrucción histórica de su relación”, en Estudios Políticos, núm. 33, Colombia, Instituto de Estudios Políticos-Universidad de Antioquia, julio-diciembre, 2008, p. 109.

Como se observa, las coincidencias en los conceptos radican en que las políticas

públicas son decisiones y acciones públicas del gobierno, emanadas de las

opiniones e inconformidades sociales que se resuelven tras la participación

ciudadana, con capital económico, corresponsabilidad y acción política de los

ciudadanos, por lo que la institucionalización de dichas resoluciones está en la

acción per se del Estado.







41



el statu quo.

1.6. ¿CÓMO SE CONFECCIONAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

No existe un único método para la elaboración de las políticas públicas, pero la

mayoría coinciden en algunos procedimientos. Para la presente investigación se

expondrá y usará las propuestas metodológicas de Carlos Ruiz Sánchez y Eugene

Bardach (Los siguientes pasos de elaboración de políticas públicas corresponden

a los métodos expuestos en los libros de Carlos Ruiz Sánchez, Manual para la

elaboración de políticas públicas, México, UIA, 1996; y de Eugene Bardach, Los

ocho pasos para el análisis de políticas públicas, México, Miguel Ángel Porrúa-

CIDE, 1998), quienes suscriben los siguientes pasos para la hechura y evaluación

de las políticas públicas:

1° Definición del problema: La delimitación del problema se hace conociendo a

quiénes afecta, en dónde se presenta y cuánto miden las alteraciones que

provoca. Una vez percibida la problemática, se procederá a identificar y definir los

problemas susceptibles de modificación, considerando los diferentes puntos de

vista de los actores y comparándolos con el respaldo ideológico-político del

gobierno en la elaboración de la política pública. Se debe de conocer las

condiciones en que surgió el problema (si nació en un grupo social o político, y

cuáles son sus expectativas y valores), analizarlo estadísticamente para poder

argumentar y sustentar convincentemente a la política pública.

2° Obtención de información: Se obtendrá por medio de entrevistas, datos

estadísticos, libros y asesoramiento con otros especialistas. La información es

necesaria para tres propósitos principales: a) para evaluar la naturaleza y la

extensión de los problemas que se están tratando de definir; b) evaluar las

características particulares de la situación concreta de la política que se pretende

estudiar y; c) evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han


42

pensado que funcionaría bien en situaciones aparentemente similares a la que se

estudia, ya sea en otras jurisdicciones o en otro momento.

3° Selección de soluciones o alternativas: Una vez definido el problema, se

construirá un plan de acción que satisfaga necesidades a través de alternativas y

posibles soluciones. Para decidir sobre la mejor solución, hay que considerar los

siguientes elementos:

a) El respaldo ideológico-político del gobierno al que se trabaja.

b) Valoraciones de criterios políticos: Se considera la cantidad de gente que

ve el problema, la organización de ésta, el poder representativo que posee

la gente, la legitimidad de la posible solución, el conflicto, el costo social y la

imagen del gobierno.

c) Valoración de los criterios técnicos: Se toma en cuenta los adelantos

tecnológicos con los que se cuenta para la implementación de la política.

d) Valoración de los criterios administrativos: Se considera la eficacia y

eficiencia de las diferentes alternativas de soluciones, es decir, con cuántos

recursos humanos (¿quién desarrolla la solución y cómo?) y financieros

(instrumentación y presupuesto) se cuenta, y en qué tiempo se aplicaría

cada una.

4° Calendarización: es el darle primacía a los problemas y sus posibles soluciones

a través de criterios como:

a) Análisis de viabilidad: Es la coincidencia de la política pública con los

lineamientos políticos del gobierno. (¿qué es lo que quiere el gobierno?).

b) Análisis de factibilidad: Es el cumplimiento de las políticas propuestas con

eficacia y eficiencia a partir de la evaluación tecnológica, de recursos,

organización administración, y organización operativa, con el objetivo de

prever posibles contingencias de estos insumos en situación de escasez y

que puedan obstaculizar el curso de la política pública.

c) Análisis de posibilidad: Permite prever las reacciones que la política pública

originará en el medio social; también permiten corroborar si las


43

proposiciones están o no de acuerdo con el respaldo ideológico-político del

gobierno.

5° Proyección de resultados: No es otra cosa que la construcción de escenarios

posibles al suponer la aplicación de los resultados de manera prospectiva, para

saber si la política pública puede o no ser implementada. Esto permitirá que el

hacedor de la política pública sea realista con su hechura y se encamine en la

búsqueda del interés meramente social.

6° Confrontación de costos y beneficios: A partir del punto cinco se podrán

analizar los costos y beneficios de los resultados asociados a sus distintas

opciones políticas para la satisfacción de la sociedad y de los propios analistas.

No obstante, la ponderación de costos se complican por el llamado “problema de

la atribución múltiple”, o sea, el hecho de que la alternativa de no solución sea

predominante, al mismo tiempo que los criterios evaluativos de las diferentes

opciones no sean fácilmente medibles. Asimismo, como no es posible medir todos

los problemas en términos cuantitativos, es necesario elaborar un análisis del

“mínimo aceptable”, pues puede resultar muy útil para estructurar indirectamente

los costos y beneficios en alguna medida pertinente.

Precisamente, una aplicación de este tipo de análisis puede ayudar a reducir la

incertidumbre en la predicción del futuro.

Hasta aquí está hecho el análisis de cómo se realiza y se esquematiza una política

pública; pero estos pasos deben repetirse hasta que el proyecto sea óptimo y

viable. Su factibilidad y éxito será asegurada después de un proceso evaluativo.

1.7. ¿CÓMO SE VALORAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Según Ruiz Sánchez, la evaluación de las políticas públicas debe darse con base

en los siguientes pasos:

1. Especificación de objetivos: Ésta responde a la pregunta ¿qué debe

evaluarse de la política pública?


44

2. Obtención de la información necesaria: Responderá a la pregunta ¿Se

plasmaron criterios e indicadores?

3. Verificación de la pertinencia: Se examina a posteriori la justificación, los

programas, las actividades y las instituciones participantes de las políticas

públicas. Es comprobar la correspondencia entre las políticas formuladas y

las políticas nacionales en materia social y económica.

4. Precisión de la suficiencia: ¿Los problemas se definieron claramente?

5. Valoración de la eficiencia y eficacia: Se valora en términos de los

resultados obtenidos en relación con los esfuerzos desplegados, los

recursos utilizados y el grado de resolución de la problemática dada.

6. Ponderación de los efectos: Es analizar si la situación ha mejorado como

consecuencia de las acciones emprendidas.

7. Obtención de las conclusiones: Es la base para la reformulación de las

políticas y para reorientar los objetivos y las metas, controlar

periódicamente su cumplimiento y determinar nuevos cursos de acción.

1.8 EL CAMPO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA.

Como se explicó en el apartado anterior, las políticas públicas serán los

lineamientos tomados por el gobierno en los campos de su competencia y de su

acción. Lingüísticamente se ha traducción literal al español la locución inglesa de

"public policy", la cual comprende y designa la idea de "the output or product of

government action", o sea la "producción" o los resultados de la gestión

gubernamental.








45





El conocimiento epistemológico anterior fue aplicado de manera errónea durante

la década de los años noventa del siglo pasado y a principios de este siglo,

cuando surgieron ambigüedades en la conceptualización de los términos que

circundan a las políticas públicas. En tales casos se suscriben las así llamadas

políticas de gobierno y las políticas de Estado, que de acuerdo a Rodrigo Borja

(Crf. Rodrigo Borja, 2012, p. 1538), el término "política de Estado" comenzó a

usarse para denotar una política permanente y a largo plazo en contraste con la

"política de gobierno", entendida como la acción gubernativa de coyuntura. Existen

varios ejemplos de esta equívoca connotación como se enuncia en los ejemplos

siguientes:

1. En su III Informe de Gobierno, el Dr. Ernesto Zedillo convocó "a todas las

fuerzas políticas representadas en el Congreso, a trabajar juntos para que

México cuente no solo con una política de Gobierno, sino con una política

de Estado, para lograr que el crecimiento económico no solo sea la

perspectiva de un sexenio, sino que sea el instrumento para un crecimiento

de largo plazo que beneficie a todos los mexicanos (José Mantecón

Gutiérrez; Ignacio Orendain Kunhardt; 1998).

2. Una Política de Estado es un acuerdo entre las fuerzas políticas, elevado a

norma constitucional o ley secundaria, sobre las cosas que son

permanentes, que no cambian en lo fundamental entre una administración y

otra. Una política de esas características necesariamente debe referirse a

los elementos medulares, a sus objetivos básicos y a los instrumento para

su logro (Francisco Suárez Dávila; 1998, p. 16).

3. Ningún gobierno será cabalmente aceptado si no logra avances

significativos en el combate contra la pobreza y en la extensión de mayores

oportunidades para todos. Los economistas siempre han colocado al


46

combate contra la pobreza en el centro de nuestras investigaciones y

deliberaciones y, con la movilidad social y la marginación de grandes

segmentos de la población. Sabemos que algunas políticas públicas

corresponden a plataformas de partido y, en su caso, se pueden volver

programas de gobierno sujetos a los vaivenes sexenales, pero otras

trascienden y merecen colocarse en el marco institucional como políticas

permanentes de Estado. No son muchas, pero son las más importantes

(Rolando Cordera; Jesús Reyes Heróles; 2007, p. 6).

Borja asegura que se usó erróneamente los anteriores términos debido a que no

se reparó en su estudio y obedeció, más bien, a una "moda" conceptual de

aquellos tiempos.

Todas las políticas de gobierno son necesariamente políticas de Estado, dado que

el gobierno representa al Estado [...] Toda política de Estado posee una naturaleza

pública. Por definición, las políticas estatales o de Estado no pueden ser otra cosa

que públicas. [...] todas las políticas de gobierno, independientemente de sus

plazos y de su continuidad, son necesariamente políticas de Estado y, además,

por tanto, políticas públicas (Cfr. Rodrigo Borja, op. cit., p. 1540).

Tales diferencias epistemológicas resultaron innecesarias porque los tres términos

son sinónimos; los actos que surjan de ellas serán procesos emanados del poder

estatal y del consenso social. Lo que se puede plantear son "políticas

permanentes" en contraste con "políticas transitorias", o "políticas de largo plazo" y

"políticas de corto plazo". Pero todas las políticas de gobierno,

independientemente de sus plazos y de su continuidad, son necesariamente

políticas de Estado y además, por tanto, políticas públicas (Cfr. Dieter Nohlen,

2006, p. 1069).

Rodrigo Borja hace una clara distinción entre las políticas de largo plazo y las

políticas de corto plazo, de la siguiente manera:


47

Las acciones políticas y administrativas de gobierno pueden ser de largo o de

corto plazo. Las primeras tienen continuidad: son instrumentadas sucesivamente

por varios gobiernos, cada uno de los cuales impulsa un tramo del proceso. Son

políticas de un horizonte temporal que está más allá de la gestión de gobierno. Las

políticas de corto plazo, en cambio, miran más hacia la coyuntura y son

implementadas hasta su conclusión por un gobierno. Esto ha dado base a que

surja la incorrecta distinción entre política de Estado, que en realidad son políticas

de largo plazo, que por tanto cobran continuidad en el tiempo y que suelen ir más

allá de los periodos gubernativos; y políticas de gobierno, que son de corto plazo y

que generalmente no exceden de los límites temporales de un mandato

presidencial (Rodrigo Borja, op. cit., p. 153).

Las Constituciones señalan en cada Estado la duración del ejercicio presidencial

en periodos que van de cuatro a siete años. Las gestiones administrativas,

económicas, sociales e internacionales que cumplen dentro de uno de esos

periodos suelen denominarse "políticas de gobierno", mientras que las gestiones

de larga duración, que exceden los periodos presidenciales y que, por tanto,

demandan una continuidad a través del tiempo, reciben el nombre de "políticas de

Estado".

Las grandes obras de infraestructura económica o social se realizan

diacrónicamente en el curso de varios gobiernos. Ellas entrañan una continuidad

en el tiempo. Son obras de cierta permanencia. Su ejecución demanda plazos

mayores que los periodos presidenciales.

De igual manera, el problema y atención a grupos vulnerables se ha vuelto una

tarea inaplazable de la política de Estado en México, lo cual se ha visto reflejado

en el artículo 1° de la Carta Magna, que a la letra dice:






48

derechos y libertades de las personas. (Reformado mediante decreto, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011).

Un ejemplo de atención a grupos vulnerables ha sido el apoyo que se le ha

brindado al sector de las personas con discapacidad desde la década de los

noventa del siglo pasado cuando se promovió el Programa Nacional para el

Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 1995-

200. "El programa implementado durante el gobierno del presidente Zedillo fue el

primer Programa Nacional formulado explícitamente como tal, e intentó, a lo largo

de sus poco más de 50 páginas, definir las acciones de articulación entre las

distintas dependencias federales" (Patricia Brogna, 2008; p. 372).

Como continuidad al programa zedillista, en el sexenio de Vicente Fox la Oficina

de Representación Presidencial de las Personas con Discapacidad formuló el

"Programa Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad 2001-

2006" que, paradójicamente nunca se formalizó aunque estuvo vigente a través de

la implementación de sus subprogramas.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la política de Estado en materia de

discapacidad trabajo y en una decisiva injerencia en materia de política social a

través del "Programa de Igualdad de Oportunidades en materia de Atención a

Personas con Discapacidad 2007-2012". Este programa tuvo la preeminencia de

una mejor operatividad dado sus antecedentes legales del sexenio foxista con la

publicación de la Ley General de Personas con Discapacidad del 10 de junio de

2005, ley que representó el primer logro de este grupo vulnerable porque

estableció en su artículo 5 los ocho principios que deben observarse en materia de

discapacidad. Éstos son: a) la equidad; b) la justicia social; c) la equiparación de

oportunidades; d) el reconocimiento a las diferencias; e) la dignidad; f) la

integración; g) el respeto; y h) la accesibilidad. A este respecto, Patricia Brogna

señala:

Es importante reconocer estos principios o valores porque permiten tener

premisas para evaluar tanto a la propia ley como a los programas que se


49

promueven hacia el sector; destacan desde una perspectiva democrática, sin

disminuir a los demás, la equiparación de oportunidades y el reconocimiento de

las diferencias, así como la accesibilidad, que se puede afirmar son los más

específicos o focalizados para atender la problemática de ese sector de la

población (Patricia Brogna, p. 452).

Asimismo, en su artículo 6° fracción I señala que dentro de las facultades del

Ejecutivo federal está el de "establecer la política de Estado acorde a las

obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en

materia de personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar

cumplimiento a los programas nacionales". En este sentido, México suscribió un

convenio con la Organización Internacional del Trabajo en donde se comprometió

a desarrollar políticas públicas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

La formación de este convenio contó con la participación de México y se publicó a

nivel internacional por medio de la ONU el 13 de diciembre de 2006, teniendo por

nombre La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y

su Protocolo Facultativo. Este convenio fue ratificado por México el 27 de

septiembre de 2007 y entró en vigor internacionalmente el 3 de mayo de 2008.

Las siguientes fracciones del artículo 6° de la Ley General de Personas con

Discapacidad refuerzan la idea de que la discapacidad es un asunto de política de

Estado emanada del ejecutivo de la federación, a saber:

II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de

gobierno trabajen a favor de la integración social y económica de las personas con

discapacidad en el marco de la política de Estado;

III. Proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las

partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas

federales dirigidos a las personas con discapacidad;

IV. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los

programas federales en materia de personas con discapacidad; así como aquellas


50

que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para las personas con

discapacidad en el ejercicio de sus derechos, y

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales

que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.

Si se aplica la normatividad establecida en la Constitución Política de México, en

la leyes reglamentadas por ella, los programas surgidos del Plan Nacional de

Desarrollo y los acuerdos internacionales adoptados por México, el marco jurídico

de la discapacidad tendrá un cambio cualitativo, aunque debe haber reservas a lo

menos por dos factores: la voluntad política de la autoridad para aplicar esas

normas y la demanda, reclamo o requerimiento de las personas con discapacidad

y sus organizaciones para lograr su vigencia real.

1.9 LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO GENERADORA DEL BIENESTAR

ECONÓMICO Y SOCIAL.

Algunos teóricos tradicionales clasificaron a las políticas públicas en tres grandes

rubros: Políticas Económicas, Políticas de Seguridad y Políticas Sociales. Estas

últimas solían estudiarse desde diversos enfoques que las consideraban como

promotoras exclusivamente del bienestar social de la población al resolver

problemas relacionados con la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y el

empleo.

Actualmente, a las políticas sociales se les han agregado novedosos y diversos

elementos que concuerdan con la dinámica de la globalización, el neoliberalismo y

la dinámica participativa de los nuevos movimientos sociales que se inclinan, por

ejemplo, por la búsqueda de un mejor estatus de vida en el medio ambiente a

través de políticas ecologistas y de desarrollo sustentable, así como del respeto a

los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades en cuanto a género, edad,

orientación sexual, condiciones de discapacidad, raza, origen, apariencia física,

entre otros. En este sentido, “la política social se define como las acciones del

Estado tendientes a lograr el bienestar de la población en condiciones de


51

vulnerabilidad física y mental. Buscando la equidad en el marco de crecimiento

económico y la legitimidad política” (Solís San Vicente, 2000, p. 25).

Entonces, el elemento central de las políticas sociales es mejorar las condiciones

de vida de la población en su conjunto, pero, ¿cómo se logra este objetivo? La

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asegura que: “la

política social debe reunir y expresar el conjunto de objetivos, normas y sistemas

por medio de los cuales la sociedad se compromete a garantizar los derechos

sociales, económicos, culturales, y pretende crear y consolidar capacidades y

oportunidades para que las personas mejoren sus vidas, actúen con mayor

libertad e influyan en las decisiones que les afectan” (José Antonio Ocampo, 2000,

p. 72).

Lo anterior es lo que describe Ignacio Burgoa como la finalidad del Estado

moderno, que consiste en la búsqueda de “el bienestar de la nación, la solidaridad

social, la seguridad pública, la protección de los intereses individuales y colectivos,

la elevación económica, cultural y social de la población y de sus grandes grupos

mayoritarios, las soluciones de los problemas nacionales, la satisfacción de las

necesidades públicas y otros similares” (I. Burgoa, 1993, p. 287). Estas tendencias

y acciones estatales son de carácter formal y dependen de las condiciones

históricas, económicas, políticas o sociales en que hayan nacido o actúen los

Estados particulares surgidos en el derecho vital de la humanidad.

El bienestar nacional, que no es otra cosa que el bienestar social, se encontrará

en el mejoramiento de las condiciones e igualdad de derechos en el trabajo,

educación, vivienda, salud, deporte, cultura, equidad e igualdad de oportunidades

en la legalidad, y dependiendo su objetivo particular pueden estar dirigidas a

grupos específicos de jóvenes, mujeres, infantes, personas con discapacidad,

homosexuales, adultos mayores, indígenas, desempleados, entre otros, que se les

ha considerado como “grupos vulnerables”.

1.10 CONTRASTE ENTRE “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” Y “EQUIDAD”


52

A pesar de su esencia paternalista, las políticas públicas en materia social son de

suma importancia en todos los Estados neoliberal-democráticos debido a su

capacidad resolutiva a los grandes problemas nacionales. El Estado, como

responsable y promotor de la equidad y el desarrollo de la sociedad, insta a los

gobiernos a defender y fortalecer estas políticas como la Política de Estado,

porque son el fundamento de la recuperación del sentido de bienestar.

Cohesión, cooperación, y desarrollo de la sociedad civil.

En México, tanto el Gobierno Federal como el del Distrito Federal crearon sus

respectivos Planes de Desarrollo para respaldar e invertir en la población y

expandir sus posibilidades de desarrollo. Su prioridad como gobiernos socialmente

responsables es combatir las causas que originan la marginación y la exclusión;

dotar a los grupos excluidos o vulnerables (como las personas con discapacidad)

de herramientas para hacer frente a las condiciones adversas de su entorno;

defender sus derechos; buscar su progreso social; y asumir el compromiso

inquebrantable del combate a la desigualdad, la discriminación y la pobreza.

Aunque los creadores de los programas de asistencia aseguren que su proyecto

social es diferente al Planeado por Zedillo porque son los generadores de

derechos en la equidad y no en la igualdad de oportunidades, la realidad es que

ambos gobiernos se enlistan en la misma lucha de la búsqueda del bienestar, la

igualdad y la equidad social. Su diferencia radica en su ideología en cuanto a la

creación y aplicación de estas políticas, como se describe a continuación en el

siguiente recuadro.

Tercer Eje Rector “Igualdad de Oportunidades” del Gobierno Federal.

Detalles Supuestos

Propuesta a. Política Integral que condensa la opinión pública y la participación política de otros órdenes de gobierno y de la sociedad civil, a través de programas y acciones de gobierno. b. Promueve un desarrollo humano integral a través de la gobernabilidad democrática.


53

Objetivo a. Lograr el desarrollo humano y bienestar de los mexicanos, especialmente de los que viven en pobreza y marginación, a través de oportunidades equitativas que resuelvan la pobreza. b. Conducir al país a un desarrollo económico y social sustentable.

Instrumentación A través de la coordinación entre las tres instancias de gobierno para regular el gasto público aplicado en: a. Acceso a servicios de salud. Educación de calidad. b. Superación de la pobreza extrema. Empleo.

Dirigido aP Todos los mexicanos, con especial atención a grupos vulnerables.

Grupos específicos beneficiados

Grupos vulnerables, como son: a. Adultos mayores. d. Adolescentes en situación de calle. b. Niñez. . Personas con discapacidad. c. Mujeres. Migrantes.

Fuente: Elaboración requerida para la investigación

El Plan Nacional de Desarrollo asumió como premisa básica la búsqueda del

Desarrollo Humano Sustentable, esto quiere decir que se generará un proceso

permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los

mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las

generaciones futuras. En cuanto al rubro de la política social, el Gobierno Federal

pretende lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de

la igualdad de oportunidades, especialmente en grupos con alta “vulnerabilidad”,

como es el caso de las personas con discapacidad, a quienes se les otorgarán los

siguientes apoyos y beneficios:

Acciones de “Igualdad de Oportunidades” en materia de Atención a

Personas con Discapacidad.

Rubro Acciones

Objetivo General

a. Abatir su marginación y rezago. b. Implementación de acciones diferenciadas según tipos de discapacidad, que permitan a las personas tener un mayor acceso a los servicios educativos y de salud, así como oportunidades de recreación y de inserción en el mercado laboral. c. Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a su atención.

Salud a. Garantizar la disponibilidad de los instrumentos y el personal necesarios


54

para realizar un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación. b. Dar seguridad social, evitando duplicidades, para ampliar el alcance y cobertura de los programas de gobierno enfocados a su protección y rehabilitación. c. Se implementará un sistema de salud integral e incluyente que vigile sus derechos, la difusión de la salud sexual y reproductiva.

Educación a. Promoción de acciones que favorezcan la prevención de la discapacidad y la articulación de las iniciativas públicas y privadas en materia de servicios de educación especial e integración educativa. b. Hacer viable la comunicación entre las personas con discapacidad y el resto de la población, mediante la instalación de sistemas uniformes de alarma, atención e información accesibles.

Empleo a. Se fortalecerá la política de estímulos fiscales para las empresas que ofrezcan oportunidades de empleo a personas con alguna discapacidad.

Vivienda a. Se promoverá la construcción de viviendas con las adaptaciones necesarias.

Legislación a. Armonización legislativa y análisis censal para la implementación de programas nacionales y estatales, que les brinden mejores oportunidades de desarrollo personal, familiar y social.

Áreas públicas.

a. Se promoverán acciones para la modificación y construcción de infraestructura pública urbana accesible en escuelas y hospitales. b. Crear incentivos fiscales para quienes remodelen inmuebles con fines de accesibilidad, así como promover la inclusión de normatividad para la señalización y atención de personas con discapacidad en planes de siniestro y evacuación.

Fuente: Elaboración hecha a base de la investigación.

Para lograr consumar las anteriores acciones no sólo se necesita una acción

coordinada entre las tres instancias de gobierno, sino que además se necesita

tener una estrecha vinculación entre una la política social y la política económica.

Esta última deberá ser lo suficientemente competitiva para generar más empleos y

oportunidades de mayores ingresos para un mucho mayor número de mexicanos,

como se explica a continuación:


55


A similitud del programa federal se plantea en el Programa General de Desarrollo

y en el Programa de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal 2007-

2012, para consolidarse como una economía creciente y competitiva en el sistema


56

global de ciudades, se debe construir un estado de bienestar que permita contar

con una ciudad igualitaria, equitativa y con fuerte cohesión social. Para ello, el

gobierno capitalino implementará las siguientes acciones en el marco de la

“Equidad en el Derecho”:

Segundo Eje Rector “Equidad” del Gobierno del Distrito Federal.

Detalles Supuestos

Propuesta

a. Construir una sociedad más igualitaria y equitativa, que mantenga un alto ritmo de crecimiento económico autosustentable, donde cada uno de los miembros de la comunidad tenga efectivas oportunidades para tener una vida digna. b. Ampliar los derechos sociales, proteger los bienes nacionales, modificar el régimen de privilegios y establecer una convivencia democrática para todos. c. Toda la ciudadanía del Distrito Federal será responsable de mejorar la calidad de vida de éste y garantizar a las futuras generaciones una ciudad segura, saludable y hermosa. Por lo tanto, se implementará la acción común para el encuentro de soluciones compartidas y un ejercicio firme del gobierno.

Objetivo

Avanzar en el abatimiento y superación de las condiciones de inequidad, desigualdad y exclusión social en el goce de derechos en que se encuentran todos los capitalinos. El gasto social se focalizará en las unidades territoriales más marginadas y atenderá en particular a los grupos vulnerables.

Instrumentación

Aplicando el gasto público en los siguientes ejes transversales: a. Equidad de género, igualdad sustantiva y no discriminación. b. Ciencia y tecnología. c. Desarrollo de la vida pública en la ciudad y recuperación de espacios públicos. d. Participación ciudadana. e. Reordenamiento territorial.

Dirigido aP La población del área metropolitana, pero con especial énfasis a la población inmersa en grupos vulnerables del Distrito Federal.

Grupos específicos beneficiados

Grupos vulnerables, bajo el siguiente orden: 1) niñez; 2) jóvenes; 3) mujeres; 4) personas con discapacidad; 5) adultos mayores; 6) indígenas; 7) personas con diferente preferencia sexual a la heterosexual; y 8) comunidades étnicas de otros orígenes nacionales.

Fuente: Elaboración hecha a base de la investigación


57

No ha sido fácil alcanzar las anteriores premisas de los programas (2007- 2012),

pues a pesar de que el Distrito Federal cuenta con un alto nivel de ingresos per

cápita y que debiera expresarse en niveles mucho más atenuados de desigualdad,

la realidad demuestra que la distribución del ingreso es de los más desiguales del

país. “La última encuesta de empleo urbano del INEGI el 58% de los trabajadores

en la Ciudad perciben menos de 3 salarios mínimos” (Programa General de

Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, p. 23).

Entonces el Distrito Federal enfrenta, además, una problemática de orden político

y administrativo limitante como lo hemos visto anteriormente con las definiciones

de administración y política, pues a pesar de que los ciudadanos del Distrito

Federal poseen la facultad de elegir a su Jefe de Gobierno, a sus asambleístas y

delegados, éstos no poseen facultades exclusivas (como las demás entidades)

para planear la deuda pública y autorregularse. “Un gobierno que no puede decidir

sobre su financiamiento y sus techos de endeudamiento es un gobierno atado de

manos, pues carece de las atribuciones necesarias para llevar a cabo una

planeación económica de largo plazo (Ibídem, pp. 16-17).

Esta situación de inequidad limita las posibilidades del gobierno capitalino de

contar con todos los instrumentos para impulsar el desarrollo y bienestar de sus

ciudadanos, puesto que sufre de una inequidad fiscal, esto es, no recibe la

asignación federal para programas de educación, ni los Fondos del Ramo 33

destinados al fortalecimiento municipal y la infraestructura social para atención a la

pobreza. Pese a esta situación, el Distrito Federal financia con ingresos propios

poco más del 43% del total de su gasto público, en comparación con el casi 8% de

estados como Jalisco y el Estado de México (Ibídem, p. 17).

A pesar de todas las dificultades anteriormente descritas, los gobiernos de

izquierda del DF han luchado por mantener el empleo, la vivienda, la

infraestructura y los servicios básicos en estados óptimos y en continuo

crecimiento, por crear una ciudad accesible, especialmente para los grupos

“vulnerables” como las personas con discapacidad, a quienes se les consideró en

los proyectos capitalinos de la siguiente manera:


58

Acciones en la “Equidad” para Personas con Discapacidad.

Rubro Acciones

Objetivo General

a. Eliminar las brechas de desigualdad -en escolaridad, ingreso, condiciones de salud, vivienda y tiempo libre- y garantizar el respeto a la diversidad y pluralidad, para hacer efectivos los derechos sociales. b. Mejorar la distribución del ingreso, disminuir la incidencia y la intensidad de la pobreza, con especial énfasis en los grupos más vulnerables y las zonas territoriales de alta marginación. c. Transformar la ciudad en un lugar favorable para el crecimiento y desarrollo de todos los niños, niñas y jóvenes, que brinde confort a los adultos mayores y que sea amable con la población con discapacidad. d. Se ampliarán las políticas y programas de atención para las personas con discapacidad para garantizarles el goce de sus derechos sociales y de su derecho a la ciudad.

Salud Cobertura universal y gratuita en salud para toda la población que no cuenta con seguridad social.

Educación Educación intercultural, en donde no se excluya a nadie por su condición física, sexual, étnica o de creencias.

Empleo

a. Se implementarán estrategias que favorezcan la rehabilitación y la reinserción social. b. Universalización del Seguro del Desempleo, salarios justos, empleo de calidad y vigencia plena de sus derechos laborales. c. Continuará el apoyo económico a personas con discapacidad.

Vivienda

a. Goce del derecho a una vivienda digna, adecuada y pertinente a sus condiciones económicas, físicas y culturales; especialmente de aquellos que tengan un poder adquisitivo menor a dos salarios mínimos.

Legislación

a. Se impulsarán reformas legislativas para incentivar la denuncia y combate a la discriminación. b. Crear un sistema de fortalecimiento de las organizaciones civiles.

Áreas públicas.

a. Avanzar en la accesibilidad plena de la infraestructura urbana, edificios y servicios públicos, establecimientos mercantiles, calles y banquetas, y transporte público para las personas con discapacidad.



59

Los programas de desarrollo que se emplean por parte del Gobierno del Distrito

Federal también concluyen en que las políticas sociales y económicas permitirán

que la política de empleo sea integral, tenderán a promover la inversión pública,

privada, social y mixta, que motivará la creación de un mayor número de empleos.

En ese propósito se apoyará a desempleados, personas del sector informal y

grupos vulnerables, a través de la adquisición de nuevas habilidades, constitución

de cooperativas, empresas de economía familiar, redes populares y micro,

pequeñas y medianas empresas para un mejor desarrollo social de las personas

con alguna discapacidad.


60

CAPÍTULO II. HABLEMOS DE LA DISCAPACIDAD

Para comprender a la discapacidad y a las personas que poseen dicha condición,

es importante divisar la evolución histórica de las concepciones sobre

discapacidad, su maduración en la consciencia social como una “oportunidad” y no

como una limitante o enfermedad que promueven la invisibilidad de las personas

con discapacidad.

Es cierto que la historia común que comparten todas las personas con

discapacidad es el rasgo negativo de la discriminación, la exclusión, la

segregación y el prejuicio, las cuales van acompañadas de actitudes igualmente

negativas por parte de profesionales y familiares que perpetúan su

minusvaloración e incremento de barreras para que desempeñen una vida normal.

Esas conductas discriminatorias y segregativas todavía persisten, por lo que se

requiere la actuación de toda la sociedad civil, particularmente de profesionales e

investigadores, junto con las propias personas con discapacidad, para superarlas.

No se trata sólo de necesidades de apoyo y actuación profesional, del desarrollo

de programas individualizados, estrategias y técnicas comunes, sino también de

un claro impulso y cambio en la política social en general.

La preocupación por la discapacidad apenas maduró en el siglo pasado tras el



investigación científica desde diferentes enfoques. Por ejemplo, se está

produciendo cambios profundos en el paradigma de la discapacidad que afecta

tanto a la consideración de la causa de la discapacidad como a la manera en que

la ciencia enfoca los problemas de la discapacidad y la privación de los derechos

civiles de esta población.

2.1 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD?


61

La palabra discapacidad es una traducción libre del término “disability” y comenzó

a utilizarse a partir de la llamada Carta para los años 80, elaborada por

Rehabilitación Internacional de la Organización Mundial de la Salud que enunciaba

e instaba a todos los gobiernos a promover la inclusión de las personas con

discapacidad en todas las actividades sociales, a saber:

La inserción no sólo beneficiaría a los impedidos, sino a la sociedad en su

conjunto.

Una sociedad que excluye a un cierto número de sus miembros es una sociedad

empobrecida. Los impedidos no deben ser considerados como un grupo especial

con necesidades diferentes de las del resto de la comunidad, sino como

ciudadanos corrientes que experimentan dificultades especiales para lograr la

satisfacción de sus necesidades humanas ordinarias. No se deben tratar por

separado las actividades para mejorar las condiciones de los impedidos, sino que

deben formar parte integrante de la política y la planificación generales en cada

sector de la sociedad (ONU, Proyecto Preliminar del Plan de Acción Mundial de

Largo Plazo, CEPAL, 1980, p. 2).

Tras la publicación del anterior documento, la OMS publicó en 1980 la

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

(CIDDM), como una aproximación para la comprensión de las situaciones que

“limitaban” física y mentalmente a un ser humano, a saber: (Cfr. Programa

Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad, STyPS,

2006, pp. 5-6 Y Patricia Muñoz Borja, Construcción de sentidos del mundo de la

discapacidad y la persona con discapacidad. Estudio de casos, Universidad del

Valle, Cali, Colombia, 2006, p. 73).

1. Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función

psicológica, fisiológica o anatómica. Esta definición hace referencia a las

anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia, y a la función de

un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; en principio, las

deficiencias representan trastornos a nivel de órgano.


62

2. Discapacidad: Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que

se considera normal para un ser humano. Es entonces, la razón de los

efectos de la deficiencia, el proceso por el cual una limitación funcional se

manifiesta como una realidad en la vida diaria, con lo cual el problema se

hace objetivo al interferir en las actividades corporales.

3. Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo determinado,

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide

el desempeño de un rol que es normal en su caso, en su interacción y

adaptación del individuo en el entorno (en función de su edad, sexo y

factores sociales y culturales).

En la definición de este concepto se destaca por primera vez, las características

personales del individuo, los factores sociales y los factores culturales.

Estos conceptos médicos se utilizaban indistintamente en la década de los

ochenta y noventa del siglo pasado en investigaciones sociales y en el vocabulario

general de la sociedad, lo que remitía a una concepción reduccionista en cuanto al

diagnóstico y pronóstico de la salud de las personas.

No obstante, su gran aportación fue que puso énfasis, por primera vez, en la

dimensión social que antaño concebía a la discapacidad como una característica

intrínseca del individuo y que negaba o restaba importancia a la influencia

incapacitadora del entorno.

La CIDDM no sólo dio inicio a la década de investigaciones y conceptualizaciones

de la discapacidad, sino que resultó ser la punta de lanza para abrir la discusión

sobre la aceptación de la diversidad. Reconoció que los términos discapacidad y

enfermedad son distintos; vio en la deficiencia un hecho biológico, consideró a la

discapacidad como su manifestación funcional y señaló las desventajas generadas

no por la discapacidad en sí misma, sino por el entorno social. Ahora sólo la

sociedad y no la ciencia es quien definiría a la discapacidad como una


63

anormalidad, y sería la persona con discapacidad la que sufriría las consecuencias

de esa prejuiciosa definición.

En la década de los ochenta comenzaron las discusiones en ciencias sociales

sobre el paradigma de la problemática social que colocaba a las personas con

discapacidad en una situación de desventaja al encontrar barreras culturales,

físicas o sociales que les impiden el acceso a los recursos de la sociedad

disponibles para el resto de los ciudadanos. México no quedó excluido de tales

disquisiciones científicas, concluyendo con la aportación de la Norma 173 de la

Secretaría de Salud que entró en vigor en 1998 (aún vigente), en la cual se

enuncia que la discapacidad es "la ausencia, restricción o pérdida de la habilidad,

para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen considerado como

normal para una persona" (Secretaría de Salud. NOM-173-SSA1-1998, Para la

Atención Integral a Personas con Discapacidad. Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 19 de noviembre de 1999).

Sin embargo, los esfuerzos por definir el término apoyado en la idea de no generar

conceptos peyorativos que vulneraran la integridad de las personas que se

encontraban en dicha situación obligó y presionó a los integrantes de la OMS a

seguir trabajando sobre definiciones y clasificaciones en la materia hasta llegar, el

22 de mayo de 2001, a un documento titulado y conocido como la CIF

(Organización Mundial de la Salud, Clasificación Internacional del Funcionamiento,


Sociales, Madrid, España, 2001, p. 4) o “Clasificación Internacional del

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (ICIDICH, por sus siglas en

inglés), en donde se forjó un concepto acaparador que aglutinó a todas las

deficiencias, limitaciones en la actividad física y mental, y a todas las minusvalías

que propiciaban restricciones en la participación social: personas con

discapacidad.

Fue gracias a la CIF que “hoy definimos a la discapacidad como la pérdida o

disminución de las facultades físicas, intelectuales o sensoriales de una persona

que, debido a ello, requiere de apoyos y adecuaciones que favorezcan su


64

independencia y su plena integración social” (Alicia Molina Argudín, 2006, p. 16).

No obstante, la ONU ofrece un término más extenso del término, pero no por ello

más exacto y reconocido por la comunidad científica: “la discapacidad es una

alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental, que, con relación a

la edad y el medio social de la persona, implica considerables desventajas para su

integración familiar, social, educacional y laboral, así como para el disfrute efectivo

de sus Derechos Humanos” (Eduardo San Miguel Aguirre, 1999, p. 9).

En este sentido la CIF, a diferencia de su precedente (la CIDDM) y el concepto

dado por la ONU, tiene como primordial objetivo el brindar un lenguaje sintetizado,

unificado y estandarizado para la descripción de la salud y los estados

relacionados con el bienestar (como educación, cultura de la inclusión y trabajo).

Esta visión dio origen a un nuevo planteamiento desde los derechos humanos,

que tienen por objetivo que las personas con discapacidad y las organizaciones de

la sociedad civil que trabajan con ellas y para ellas, asuman el papel protagónico

de su causa para consumar de forma legal su lucha social, con lo cual no sólo se

apoyará al individuo a través de la medicina, la habilitación o rehabilitación,

educación especial y capacitación; sino que además se buscará transformar el

paradigma de la comunidad (a través de cursos de sensibilización, por ejemplo)

para que en el contexto en el que la persona con discapacidad se desarrolla sea

más accesible, más incluyente y ofrezca los apoyos que requiere para su mejor

funcionamiento en el grupo y su plena integración social.

Gracias a los anteriores esfuerzos se consiguió que en México se publicara el 10

de junio de 2005 la Ley General de las Personas con Discapacidad (reformada el

1° de agosto de 2008), en donde se estableció que la persona con discapacidad

será "toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial ya sea

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada

por el entorno económico o social” (Ley General de las Personas con

Discapacidad, Artículo 2 fracción XI, Publicada en el Diario Oficial de la

Federación el día 10 de junio de 2005. Asimismo: Ley para las Personas con


65

Discapacidad en el Distrito Federal, Artículo 2 fracción I, Publicada en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal el 29 de julio del 2012; y en la Ley para la Integración al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, Artículo 4

fracción XIII, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de

septiembre de 2010). Y se entenderá por actividades esenciales de la vida diaria,

al conjunto de acciones que realiza todo ser humano para satisfacer sus

necesidades básicas.

El último esfuerzo por definir a la discapacidad se concretó con la publicación el 13

de diciembre de 2006 de La Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU (ratificada por México el 27 de

septiembre de 2007 y entrada en vigor internacionalmente el 3 de mayo de 2008),

en donde señala en su Artículo 1° párrafo segundo lo siguiente: “Las personas con

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,


condiciones con las demás” (Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y su Protocolo Facultativo de la ONU, 2006).

No cabe duda que el surgimiento y puesta en marcha de los documentos jurídicos

antes expuestos se debió a la incansable intervención y lucha de las personas con

discapacidad y sus familias, cuya finalidad ha sido el fortalecimiento del Estado de

Derecho y una nueva relación entre sociedad, personas con discapacidad y

Estado democrático.

2.2. ¿POR QUÉ EXCLUIMOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Como ya se expuso, la sociedad mexicana aún tiende a ser altamente

discriminatoria hacia personas que poseen conductas o prácticas moralmente

desaprobatorias; hacia la gente que profesa un credo diferente; hacia los que por

su posición política o ideológica no concuerdan con el de las mayorías; y

especialmente, hacia aquellos que física y económicamente son menos

favorecidos.


66

El objetivo de las políticas públicas en materia social es potenciar y mejorar las

condiciones de vida de la población en igualdad de derechos y con equidad de

oportunidades, especialmente de aquellos que sufren de rezago educativo,

económico, físico, laboral, de vivienda, de alimentación, entre otros.

En este sentido, una de las tareas fundamentales del Estado moderno mexicano

es trabajar para cambiar el paradigma social y cultural en cuanto a la

discriminación social existente, cuyos resultados motivan la violación de los

derechos fundamentales de los mexicanos que por su condición de

“vulnerabilidad” y “diferencia” limitan su desarrollo pleno dentro de la dinámica

social y económica del país.

La pregunta clave sería: “¿Por qué persiste la discriminación, la exclusión, el

racismo o la antipatía en la sociedad?”

De manera natural, tanto hombres como animales responden al miedo ya sea

atacando o huyendo. Las ratas, por ejemplo, presentan gran nerviosismo y

retraimiento derivado de la neofobia (miedo a las novedades o ambientes nuevos);

los chimpancés reproducen conductas xenófobas como el asedio, la violencia

física e incluso el asesinato ante la presencia de otros chimpancés desconocidos.

Antaño se creía que las conductas beligerantes de los primates se derivaban de la

competencia por el territorio, el alimento y las hembras, pero recientes

investigaciones describen que estos animales se organizan en grupos de batalla

para invadir el territorio de otra manada con el único objetivo de matarlos.

Los seres humanos como primates, también somos xenofóbicos, pero a diferencia

del resto de los primates, nuestro extraordinario desarrollo cerebral y cognoscitivo

nos permite expresar nuestro miedo a lo extraño de maneras muy diversas.

Cuando eso ocurre quisiéramos atacar como lo haría un chimpancé; sin embargo,

gracias a la socialización y a la influencia cultural, dicho ataque debe acatar las

limitaciones sociales que normalmente nos impiden destruir o dañar al extraño. No

obstante, nuestros miedos se catalizan en forma de ataque social que conocemos

como discriminación, a dicho ataque en el que subyace nuestro miedo, nuestra


67

cognición trata de justificar el ataque adjudicando propiedades dañinas,

peligrosas, antinaturales o socialmente perjudiciales al objeto del miedo. Si la

especie a la que pertenecemos aspira algún día a llamarse dignamente especie

humana, en algún momento debe dejar a un lado sus miedos más animales

(Oscar Galicia, 2011, p. 20).

Sin duda, los seres humanos “tenemos una tendencia innata a segregar.

Es decir, a separar, diferenciar, apartar, marginarP y arrinconar. Es un

mecanismo de defensa natural, biológico, de defensa frente a algo o alguien que

amenaza o perturba nuestra tranquilidad. Lo hacemos con las ideas, los

recuerdos, las situaciones, pasadas o previsibles, y lo hacemos con las personas”

(Jesús Flores, 2004, p. 191). Entendiese que las sociedades, con todo y su bagaje

racional, no logran comprender que las diferencias en cuanto a raza, credo, edad,

género, apariencia física, orientación sexual y condición en la discapacidad, es

parte central de la experiencia humana, pues es en la diversidad en donde se

enriquece la cultura, los conocimientos y la tolerancia humana.

2.3. DIFERENCIA ENTRE PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN

La expresión “No me gusta su actitud” es muy reveladora. En ocasiones se le pide

a una persona que modifique o cambie su “actitud”, ¿a qué se quiere llegar con

esta frase? ¿Puede cambiarse una actitud? Si se analiza la naturaleza de las

actitudes, se puede definir que la actitud “es una organización relativamente

estable de creencias evaluativas, sentimientos y tendencias de conducta hacia el

objeto. Las creencias incluyen hechos, opiniones y nuestro conocimiento general

acerca del objeto. Los sentimientos abarcan amor, odio, agrado, desagrado y

sentimientos similares.

Las tendencias de conducta se refieren a nuestras inclinaciones para actuar de

ciertas maneras hacia el objeto, aproximarnos a él, evitarlo, etc.” (Charles G.

Morris, Alberto A. Maisto, 2005, p. 571)


68

Por ejemplo, nuestra actitud hacia un candidato político incluye nuestras creencias

acerca de sus capacidades y posturas sobre temas cruciales y nuestras

expectativas acerca de cómo votará el candidato al respecto. También tenemos

sentimientos acerca del candidato, como agrado o desagrado, confianza o

desconfianza. Y en función de esas creencias y sentimientos, estamos inclinados

a comportarnos de ciertas maneras hacia el candidato, por ejemplo, votar por él o

en su contra, contribuir con tiempo o dinero.

En resumen, cuando una persona tiene pensamientos positivos hacia algo o

alguien, regularmente forja creencias y comportamientos positivos hacia el objeto

o persona. De igual manera ocurre de forma contraria, lo que significa que cada

una de las acciones de la persona refleja sus actitudes con precisión.

Por ejemplo, “en México, 9 de cada 10 mujeres, con discapacidad, indígenas,

homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan

que existe discriminación por su condición” (Emma E. González Gutiérrez, 2010,

p. 10). Las conductas discriminatorias y los prejuicios surgen en las primeras

experiencias personales directas de vida y a menudo se desarrollan por medio de

la imitación a los padres y de sus allegados sociales (como amigos, familia,

maestros e incluso personas famosas). De igual manera los medios de

comunicación, especialmente la televisión, impactan en la formación de actitudes

discriminatorias y prejuicios en nuestra sociedad por medio de programas de

entretenimiento, noticias y comerciales. Los niños son principalmente susceptibles

a estos mensajes.

Prejuicio y discriminación no son lo mismo, porque: El prejuicio (una actitud) es

una opinión intolerante, desfavorable y rígida de un grupo de personas. La gente

tiene prejuicios cuando asume que todos los miembros de cierto grupo comparten

ciertas cualidades negativas; cuando es incapaz de ver a los miembros de ese

grupo como individuos; y cuando ignora información que refuta sus creencias. La

discriminación (una conducta) es un acto o una serie de actos que niegan

oportunidades y estima social a todo un grupo de personas o a miembros


69

individuales de ese grupo. Discriminar es tratar a una clase entera de personas

como si no fueran iguales (Charles G. Morris, Alberto A. Maisto, op cit., p. 572).

El prejuicio y la discriminación no siempre ocurren al mismo tiempo, por lo que la

primera no siempre refleja a la segunda ni viceversa. Es posible estar prejuiciado

contra un grupo particular sin comportarse de una manera abiertamente hostil o

discriminatoria contra sus miembros. Por ejemplo, el propietario de una tienda

prejuiciado tal vez sonría a un cliente abiertamente homosexual o a otro cliente

que lleva consigo a su hijo con síndrome de Down para disimular las opiniones

que podrían dañar su negocio.

De igual manera, muchas prácticas institucionales pueden ser discriminatorias

contra las mujeres y ciertos grupos étnicos cuya estatura promedio está por

debajo del criterio arbitrario, aun cuando las regulaciones no surjan de actitudes

sexistas ni racistas.

En este sentido, el prejuicio tiene tres componentes similares a las actitudes:

creencias, sentimientos y tendencias de conducta, pero se expresan de diferente

manera, por ejemplo, cuando un empleador prejuiciado entrevista a una persona

con discapacidad, el primero puede atribuirle todos los rasgos asociados con el

estereotipo de las personas con discapacidad, ignorando o pasando por alto las

cualidades individuales del sujeto que no coinciden con el estereotipo. El

empleador quizá menosprecie el título universitario que tanto esfuerzo le costó al

candidato pensando: “Probablemente lo obtuvo porque sus maestros tuvieron

condescendencia y lástima de él y le aprobaron sus materias más fácilmente”.

Esta atribución se conoce como error final de atribución (Cfr. Ídem., p. 573), que

es la tendencia de una persona con creencias estereotipadas sobre un grupo

particular a hacer atribuciones internas de sus deficiencias y atribuciones externas

de sus éxitos.

En el ejemplo anterior, el empleador está haciendo una atribución externa (el

apoyo y beneplácito de los profesores para aprobar a la persona con

discapacidad) que concluye con el éxito universitario del solicitante con


70

discapacidad. El otro lado del error final de atribución es hacer atribuciones

internas de los fracasos de las personas que pertenecen a los grupos que le

disgustan, en este caso, “uno de cada tres mexicanos está de acuerdo en que el

nivel educativo de las escuelas se ve afectado cuando acuden muchos alumnos

con discapacidad” (Emma E. González Gutiérrez, Op. cit., p. 8), por lo que la

escuela que egresó a la persona con discapacidad seguramente no posee una

educación de calidad y, por ende, los conocimientos y habilidades profesionales

de la persona no son los adecuados.

Junto con las creencias estereotipadas, el prejuicio suele asociarse con

emociones fuertes como el disgusto, el temor, el odio o la aversión. Por ejemplo,

cuando una persona adquiere una discapacidad, su empleador puede considerarlo

de repente como indeseable, enfermo, poco productivo, estorbo para la empresa,

limitado en su función física y cognitiva. Esta concepción negativa de la

discapacidad afecta directamente a las personas con discapacidad, quienes

además sufren psicológicamente de una auto-minusvaloración como seres

humanos.

En este sentido, la dinámica social de segregación y desvalorización de este grupo

ha potenciado la negación de oportunidades de trabajo, el incremento de las

barreras físicas, culturales y psicológicas que les impiden desempeñar una vida

autosuficiente, es decir, se les niega una real equiparación de oportunidades

debido a que existe la caritativa, errónea y mediática idea de que la sociedad se

esfuerza y trabaja sistemáticamente por incorporar plenamente a las personas con

discapacidad en las normas estructurales sociales, haciéndolas beneficiarse de

todas las posibilidades que la sociedad ofrece al resto de los ciudadanos. La

realidad es que las personas con discapacidad siguen enfrentando una serie de

estereotipos y prejuicios que promueven una imagen de enfermedad, minusvalía o

incapacidad.

2.4. ES VIABLE OPRIMIR EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN


71

¿Cómo se puede usar el conocimiento social del prejuicio, los estereotipos y la

discriminación para reducir el prejuicio y su expresión? Hay tres estrategias que

parecen prometedoras: categorización, procesamiento controlado y mejoramiento

del contacto entre los grupos. Para una mejor explicación, véase el siguiente

recuadro.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN EJEMPLO

categorización

Se extiende el esquema de un grupo particular para considerar que los miembros de diferentes razas o géneros comparten cualidades similares. Esos esquemas más globales se convierten en categorías supraordenadas. Existe considerable evidencia de que si los individuos crean categorías supraordenadas, al mismo tiempo reducen los estereotipos y el prejuicio.

En Estados Unidos los católicos y los protestantes se consideran “cristianos” o “estadounidenses” en lugar de verse como grupos separados en competencia (como en Irlanda del Norte).

Procesamiento controlado

Se creó para que las personas sean más “atentas” con gente diferente a ellos. Dicho enfoque sugiere que es posible enseñar la tolerancia. Algunos investigadores han propuesto que la diferencia principal entre alguien que está prejuiciado y alguien que no lo está es la habilidad para suprimir las creencias prejuiciadas. Todos aprendemos estereotipos en nuestra cultura, pero que algunas personas también aprenden tolerancia y la habilidad para el procesamiento controlado.

Se enseñó a un grupo de estudiantes de sexto grado a ser más comprensivos con las personas con discapacidad proyectándoles transparencias y haciéndolos reflexionar sobre su situación respondiendo preguntas como la siguiente: “¿Cómo podría una persona con discapacidad conducir un automóvil?” Se alentó a los estudiantes a verlos como personas con cualidades y defectos. El grupo mostró mucho menos prejuicio hacia este grupo vulnerable después del procedimiento que antes del mismo.

Mejora del contacto entre grupos

Esta fue una de las intenciones de la famosa decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1954 en el caso de “Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, Kansas”, que ordenó la integración racial

1. Los miembros del grupo deben tener el mismo estatus. Cuando se integró por primera vez a negros y blancos en el ejército y en los proyectos de vivienda pública, tenían un estatus relativamente igual, por lo que el prejuicio entre


72

de las escuelas. Sin embargo, la evidencia de la eliminación de la segregación escolar ha demostrado que el contacto por sí solo no es suficiente. El contacto entre miembros de dos grupos ayuda a disminuir las actitudes de prejuicio, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones, como se explican en los ejemplos.

ellos se redujo de manera notable. La eliminación de la segregación escolar tuvo menos éxito en parte porque la estructura del sistema escolar tiende a recompensar las ventajas económicas y académicas de los niños blancos, dándoles una ventaja sobre los escolares negros. 2. La gente debe tener un contacto personal con los miembros del otro grupo. El solo hecho de poner a los estudiantes juntos en un grupo no cambia las actitudes. Es más efectivo el contacto personal como el que ocurre entre amigos durante el almuerzo y después de clases. 3. El contacto entre grupos mejora las relaciones cuando se unen para cooperar y no para competir. Trabajar juntos para lograr una meta común ayuda a eliminar el prejuicio, quizá porque proporciona el tipo de contacto personal mencionado, así como in motivo común y el mismo estatus. Los equipos deportivos integrados son un ejemplo de este tipo de contacto. Las técnicas de aprendizaje cooperativo también han demostrado ser útiles para superar el prejuicio en las escuelas. 4. Las normas sociales deben alentar el contacto. En muchos casos, la eliminación de la segregación escolar tuvo lugar en una atmósfera sumamente tensa. Los niños llegaban a sus nuevas escuelas en autobuses repletos sólo para enfrentar las protestas de los padres furiosos. Es claro que esas condiciones no favorecieron el contacto. En situaciones en que las normas sociales o los que tienen la autoridad alientan el contacto, es menos probable que persistan las actitudes prejuiciosas.


73

Fuente: Charles G. Morris, Alberto A. Maisato, Psicología, 12ª edición, Pearson Educación-Prentice Hall, México, 2005, pp. 574-577

En todas las sugerencias anteriores, el énfasis principal está en cambiar la

conducta, no en cambiar directamente las actitudes. Pero la modificación de la

conducta a menudo es un primer paso hacia la modificación de las actitudes que

se logra mediante la influencia social proceso por el cual otros, ya sea de manera

individual o colectiva, afectan nuestras percepciones, actitudes y acciones que

desencadenan complejos procesos de persuasión. Y para que alguien se sienta

persuadido, primero debe prestar atención al mensaje que se le está enviando,

luego debe comprenderlo y por último debe aceptarlo como convincente para

interiorizarlo.

Es de suma relevancia combatir la discriminación en sus primeras etapas, cuando

es tan sólo una frase, una broma o un gesto mal intencionado, con lo cual se

desterrarán de las leyes, de los centros educativos y de trabajo, de los

movimientos políticos y de los medios de comunicación, éstos últimos promotores,

por ejemplo, de estereotipos y prejuicios erróneos que promueven una imagen de

enfermedad, minusvalía o incapacidad de las personas con discapacidad, quienes

derivado de lo anterior enfrentan dos problemas fundamentales: las conductas

discriminatorias en su contra y la falta de oportunidades para participar en la vida

social en condiciones similares que le resto de la población.

2.5. LA CULTURA SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD.

Ernest Cassirer (Cfr. Ernest Cassirer, 1992, cap. 6) concibe a la cultura como un

universo simbólico que expresa la esencia misma de lo que se encuentra entorno

de lo humano, es decir, es la expresión de la realidad de los hombres a partir de

sus actividades cotidianas. En este sentido, la cultura se refiere a las ideas,

creencias, valores, lenguaje, códigos, normas, tecnologías y criterios compartidos

por la gente para evaluar lo que significan los eventos naturales, las acciones

humanas y la vida misma.


74

La cultura ejerce una enorme influencia en nuestras actitudes y comportamientos

cotidianos, pues es ésta la que nos dicta cómo vestirnos, cómo y qué comer, y

hasta la manera en que percibimos, tratamos y convivimos con otros.

Hoy existen diversos y novedosos conceptos que abarcan la cultura, por ejemplo,

“cultura política” “multiculturalismo” o “alta cultura”, las cuales engloban la idea

primigenia de Cassirer. En este sentido, también se ha configurado una “cultura de

la discapacidad” queP

Toma en cuenta el hecho de que las personas con discapacidad y quienes las

rodean asuman la responsabilidad de hacer efectivo el adecuado funcionamiento

social de los primeros; para ello se debe de contar con una serie de acciones que

deben materializarse desde el individuo mismo ascendiendo hasta niveles

gubernamentales y viceversa. Cultura de la discapacidad implica que todos

contribuyamos a la inserción educativa y cultural de las personas con

discapacidad, implica la eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación,

tecnológicas y todas las demás que pudieran existir y que anulen la igualdad de

oportunidades de este sector a veces tan desprotegido (Emmanuel Duvignau,

2011, p. 3).

El trasfondo de la cultura de la discapacidad demuestra que la sociedad es quien

menosprecia a las personas con alguna limitación física, mental o sensorial. Un

ejemplo certero de lo anterior lo da Federico Fleischmann (Presidente y fundador

de Libre Acceso, A.C., con 20 años de estar constituidos. Luchador social en

México a favor de la no discriminación, de la inclusión de personas con

discapacidad, de la eliminación de barreras y promotor de la accesibilidad) al

enunciar que:

Cuando hablamos de las barreras culturales que son las del conocimiento o sea el

saber, puedo afirmar que esta es la barrera más difícil de eliminar, ponemos un

ejemplo sencillo: una vez entendido que un cajón de estacionamiento para

personas con alguna discapacidad tiene que existir; para qué y para quién es, así

como su ubicación y medidas y lo más importante ¡que no debe invadirse! ahí está


75

la eliminación de una barrera cultural, si alguien que no lo necesita llega y lo

invade, la existencia del cajón se pierde y la barrera cultural prevalece (sic)

(Doriana D. Ugarte, 2010, p. 19).

Este modelo de la discapacidad de las barreras sociales provoca que la

discapacidad deje de ser vista como una consecuencia negativa, producto de las

fallas personales, pues más bien es una secuela negativa de la organización y

estructuración de la sociedad. Así entonces, el impedimento de caminar es una

deficiencia, mientras que la inexistencia de rampas accesibles y sólo la

construcción de escaleras a un inmueble provocan el impedimento de entrar a

éste, traduciéndose en una discapacidad. El impedimento de escribir en una

computadora por falta del sentido de la visión se considera una deficiencia, pero el

impedimento de trabajar en ello porque no existe el apoyo técnico apropiado, es

una discapacidad. La imposibilidad de mover el cuerpo por cuenta propia es una

deficiencia, pero el impedimento para realizar otras actividades por una

inapropiada rehabilitación, es una discapacidad.

Este esfuerzo por la equiparación de oportunidades de las personas con



caridad, que provocan discriminación por motivos de discapacidad (De acuerdo a

al Artículo 2 párrafos 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad, por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá





tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la negativa de ajustes

razonables. Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de


76

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales). Pater McLaren da ejemplo de esta perspectiva cuando describe a

la cultura como las condiciones de posibilidad resueltas mediante relaciones de

clase, género y raza. De acuerdo con él, las identidades son variables y

transitorias y están vinculadas a la política de la lucha colectiva. Bajo el concepto

de “multiculturalismo”, la cultura se ensalza en nombre de la justicia social.

De lo anterior se devela que la identidad cultural está inserta en las relaciones de

poder, la política de la diferencia, la comunidad y la democracia.

Entonces:

Lo cultural es lo político y, por lo tanto, es un terreno de lucha en el que la

resistencia es una base para el desarrollo de una política cultural y una ideología

antidiscriminatoria como parte de la diferencia más amplia y una lucha

democrática por la justicia, la igualdad y la libertad. En otras palabras, los

postmodernistas redefinen la cultura “dentro de múltiples relaciones de diferencia

que ofrecen diversas posiciones para los sujetos desde las que las personas

pueden luchar contra las ideologías del Otro y la discriminación”. La postura de

muchos activistas por los derechos de las personas con discapacidad puede

ubicarse en esta perspectiva; especialmente en lo que respecta al énfasis que

ponen en desarrollar una política cultural, en su resistencia a la discriminación por

parte de la sociedad y en su lucha por la justicia social (Susan Peters, 2006, p.

148).

Entonces, la segregación y la exclusión de las personas con discapacidad se

cimenta en reglas implícitas arraigadas en la cultura de la sociedad. “La visión de

la diversidad como “los otros‟ ha ocasionado que las sociedades choquen ante

ella. Para las personas sin discapacidad, un encuentro con las personas con

discapacidad puede ocasionar ansiedad. Esto se debe a que se confrontan con la

contingencia, con algo que les puede pasar alguna vez y que frecuentemente les

horroriza” (Amalia Gamio Ríos, 2009, p. 432).


77

A pesar de todos los logros que han conseguido y pueden obtener, las personas

con discapacidad siguen padeciendo de un grave problema: “Su invisibilidad en el

sistema de libertades”. ¿Qué significa lo anterior? Existen cuatro derechos

fundamentales en cualquier Estado de Derecho, democrático, representativo y

neoliberal, a saber:

1. Derechos civiles. Ayudan a preservar una clara división entre el poder público

del Estado y la esfera de lo privado de la sociedad civil.

2. Derechos políticos. Es la influencia que posee la sociedad civil en los poderes

públicos. Mientras que los derechos civiles sirven principalmente, aunque no

exclusivamente, para contrarrestar el poder del Estado, los derechos políticos

permiten a los individuos ejercer un control democrático sobre el poder del Estado

en la política pública.

3. Derechos económicos, sociales y culturales. Dan a las personas capacidad de

acción en su propia vida: Acceso a educación, vivienda, trabajo, expresión cultural,

entre otros.

4. Los derechos humanos. Protegen a las personas contra el abuso del poder; dan

a las personas acceso al poder y; liberan a las personas en su propia vida para

poder decidir. Existe una fuerte simbiosis en la doctrina de derechos humanos

entre la libertad privada (protección contra el abuso del poder) y la libertad pública

(acceso de las personas a los espacios públicos y apoyo social a su presencia).

Históricamente, las personas con discapacidades no han gozado plenamente de

estos derechos, como si se tratase de “ciudadanos invisibles” a quienes por

excelencia se les niega la titularidad de derechos. Algunos grupos de personas

con discapacidad, por ejemplo, sufren de una doble invisibilidad por su género,

edad o raza. En algunas ocasiones se ha considerado que los niños con

discapacidad son tradicionalmente menos merecedores de la inversión social (por

ejemplo en educación) que otros niños; y no se hable de mujeres o de las minorías

raciales y étnicas, quienes apenas participan en la observancia social y pública.


78

Se trata de una herencia del pasado, de la época en que las personas con

discapacidad solían ser ciudadanos prácticamente invisibles en muchas

sociedades.

Han sido marginados en casi todas las culturas a lo largo de la historia. Una

reacción común, tanto por parte del público general como de las autoridades, era

la compasión o la repugnancia. Se tendía a dar por sentada la relativa (o a veces

absoluta) invisibilidad de las personas con discapacidad o aceptarla como algo

“natural”. La diferencia que representa la discapacidad se percibía como motivo de

exclusión en lugar de un motivo para celebrar la diversidad de la familia humana.

Cuanto mayor era la tendencia a construir la vida cotidiana teniendo en cuenta

solamente a las personas sin discapacidad y mayor era la ausencia física de los

discapacitados en la corriente general, más “natural” parecía ser esta suposición.

Gran parte de la exclusión estaba financiada por programas de asistencia social

que llevaba más al aprisionamiento que a la liberación (Gerard Guinn; Theresia

Degener; 2002, pp. 17-18).

El paradigma del siglo XXI requiere la modificación en el modelo médico y social,

en donde se sensibilice y se aprecie las habilidades de estas personas por parte

de toda la sociedad civil en su conjunto, pues han demostrado su capacidad

competitiva a través de su trabajo, sus logros deportivos, científicos, artísticos y,

además, por los movimientos sociales que han alcanzado plasmar leyes y

reglamentos a favor de su desarrollo e inclusión en la sociedad.

2.6. PROCEDIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL

ACONTECER.

La discapacidad es un fenómeno social y una condición individual tan antigua

como el hombre mismo. Entre las primeras investigaciones que se hicieron sobre

el tema en la época antigua, siempre sorprendieron las prácticas infanticidas de

los espartanos de arrojar de la cima del monte Taigeto a los niños recién nacidos

con afecciones o defectos severos pues representaban una “carga” para los

padres y para la sociedad, lo que ponía en entre dicho su supervivencia en una


79

ámbito cultural que colocaba a la fuerza física y a la autodefensa por encima de

otras aptitudes y valores.

Este contexto ahora se interpretaría como bárbaro y cruel, pero en realidad

obedecía a prácticas acordes a concepciones propias de su marco cultural y

religioso en “donde el nacimiento de un niño con discapacidad era el resultado de

un pecado cometido por los padres en el caso de Grecia, o una advertencia de

que la alianza con los Dioses se encontraba rota en el caso de Roma” (Agustina

Palacios, Francisco Bariffi, 2007, p. 14).

Siglos más tarde y en un contexto social opuesto a Esparta, la cultura mochica

situada entre 50 a. C. a 750 d. C. en el norte de Perú conservó detalladamente la

vida de su gente en diversos objetos de cerámica que enriquecieron la iconografía

de la sexualidad, las ceremonias religiosas, la vida con los animales, su tradición

culinaria y, especialmente, los daños a la salud y sus consecuencias derivadas de

deficiencias y discapacidades causadas por enfermedad, cirugías o por

amputaciones infligidas como castigo.

En el caso de los mochicas, la identidad “discapacitada‟ se asignó a grupos

significativos de poder, por ejemplo, las amputaciones de los pies era un hecho

común para los sirvientes que atendían a los gobernantes. La mayoría de estos

“lisiados” tenían un lugar especial en la organización social, política y religiosa de

los mochicas, puesto que representaban la perennidad de la estructura de poder

de los dirigentes.

En la Europa de la Edad Media, las personas con discapacidad eran insertadas al

grupo de los pobres, marginados y excluidos, pero existía una marcada diferencia

entre la concepción religiosa católica-protestante (que difería de la Grecia Antigua

y el Imperio Romano) y que continuó abarcando el tratamiento social a este sector

durante siglos. La resignación fue (y en muchos casos sigue siendo) el sentimiento

que embargaba a los familiares que vivían con personas con discapacidad. Para

éstos, las lecciones y el poder de Dios, la consecuencia del pecado original, las

maldiciones o la actuación per se del Diablo, eran las causas de que una


80

determinada familia tuviera este tipo de “desgracias”. Sin duda, el rasgo principal

que caracteriza a este periodo fue la exclusión:

...ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y

considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo

por considerarlas objeto de maleficios o como advertencia de un peligro inminente.

Es decir, ya sea por menosprecio ya sea por miedo, la exclusión parece ser la

respuesta social que genera mayor tranquilidad. Ya no se comente infanticidio,

aunque gran parte de los niños con discapacidad mueren como consecuencia de

omisiones (por falta de interés y recursos, o por invocarse la fe como único medio

de salvación). En cuanto a los que subsisten o a los mayores, la apelación a la

caridad, el ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión, son los medios de

subsistencia obligados (Ibídem, p. 15).

La falta de inclusión de las personas con discapacidad, prácticamente se

institucionalizó en Europa tras el descuido socio-estatal y el genocidio cometido

durante los siglos XVIII y XIX del desarrollo industrial, la creciente importancia de

la racionalidad económica, el utilitarismo liberal y la ciencia médica. En estos

siglos contribuyeron con nuevos elementos que agravaron los antiguos temores y

prejuicios, y también proporcionaron la justificación académica para medidas más

extremas, la sistemática marginación social de diversas personas por padecer

cualquier “anormalidad” física o cognitiva.

Esta práctica continuó en la primera mitad del siglo XX, teniendo su cúspide en

acciones de esterilización masiva de las personas consideradas como

“defectuosas” en diversas zonas de occidente y con el genocidio cometido contra

doscientas setenta mil personas con discapacidad en los campos de

concentración nazis entre las décadas de 1930 y 1940.

Tras las consecuencias físicas y psicológicas que dejaron en la población mundial

las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX se

configuró un nuevo orden y derecho internacional que le dieron mayor fortaleza a

los derechos humanos, pero estos beneficios no pudieron corregir la fragilidad de


81

la paz, el abuso de los grupos vulnerables y la falta de respeto a los derechos

fundamentales derivados de actos de violencia ligados a factores culturales y

políticos como la xenofobia, la intolerancia religiosa y más recientemente el

aumento del terrorismo, que en la mayoría de las veces incrementa la estadística

de personas con discapacidad adquirida.

Por otro lado, persiste la violencia originada por situaciones de exclusión y

marginalidad social como el desempleo y la pobreza, contextos permiten la

ausencia de oportunidades que generan un círculo vicioso de falta de decisión y

participación en la estructura de una sociedad excluyente e inequitativa.

En este contexto beligerante de la segunda mitad del siglo XX que ocasionó el

incremento mundial de personas con discapacidad, se dio paso a la organización

a nivel mundial de diversos grupos que tenían esta condición para exigir a los

gobernantes y al Estado mismo su atención inmediata a sus demandas. Ya no

eran más “retardados”, “anormales” o “impedidos”, ahora eran un conglomerado

que exigían ser tratados como iguales dentro del sistema de derecho.

2.7. LA DISCAPACIDAD Y SU CORRESPONDENCIA CON LOS DERECHOS

HUMANOS

En el nuevo milenio donde el Estado neoliberal está inmerso en las concepciones

de Estado mínimo y Estado de Derecho, se plantea que el tema de la

discapacidad constituye un problema de salud pública y de igualdad de derechos,

respectivamente; pero además, falta un sistema adecuado de inclusión laboral y

social, así como de una accesibilidad universal que garantice su

autodeterminación.

Para vislumbrar la naturaleza y el significado de la adopción de una perspectiva

basada en los Derechos Humanos, es preciso tener una percepción clara de los

valores que sustentan, pues se apoya en un complejo sistema de libertades

fundamentales respaldadas y promovidas por acuerdos de la legislación

internacional. La discapacidad desafía a la sociedad en su conjunto y al Estado


82

mismo a vivir de acuerdo con sus valores y encomienda al derecho internacional la

tarea de lograr un cambio positivo.

Ver a la persona con discapacidad como un sujeto en lugar de como un objeto

supone darle acceso al beneficio pleno de las libertades fundamentales que la

mayoría de las personas dan por sentadas, y hacerlo de forma respetuosa y

sensible a su diferencia. Significa abandonar la tendencia a percibir a la persona

como un problema para verla en cambio en el contexto de sus derechos.

Además de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, las

personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho a que las autoridades

realicen acciones que garanticen su accesibilidad física, de información y

comunicaciones; al respeto de su dignidad intrínseca; el derecho a vivir de forma

independiente gracias a un trabajo en igualdad de condiciones y de remuneración;

y a procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades

educativas y sociales regulares. Lo que se necesita es pensar menos en ellos

como sujetos necesitados de asistencia, sino como sujetos de derecho (Cfr. Mario

Alberto Solórzano Betancourt, 2010).

Para dar respuesta a lo anterior, se han visto involucrados diversos sectores del

gobierno y la educación a través de la implementación de políticas públicas e

investigaciones docentes; grupos de la sociedad civil con su continua lucha por los

derechos humanos y ciudadanos, y empresas privadas aportando donativos,

donaciones, innovaciones tecnológicas e implementando la cultura de la inclusión

laboral, con el fin de brindarles espacios para su desarrollo y autonomía personal y

profesional.

Los cambios habidos en la concepción de la discapacidad en los últimos años

pueden calificarse como una “nueva forma de pensar sobre la discapacidad”, e

incluye:

A) Una nueva concepción de la discapacidad en que la discapacidad de una

persona resulta de la interacción entre la persona y el ambiente en que vive.


83

B) Una visión trasformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las

personas con discapacidad. Esta visión supone subrayar la autonomía, la

autodeterminación, la integración, la igualdad y las capacidades.

C) Un paradigma de apoyo que reoriente la presentación de servicios a las

personas con discapacidad y se centre en la vida con apoyo, al empleo y con

apoyo a la educación integrada.

D) Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la

calidad, la garantía del mantenimiento de calidad, la gestión de la calidad y la

evaluación basada en los resultados (Miguel Ángel Verdugo Alonso, 2009, pp. 12-

13).

Esta nueva forma de pensar a la discapacidad se relaciona íntimamente con los

Derechos Humanos, donde la dignidad humana es su norma básica.

Toda y cada una de las personas tienen un valor inestimable y nadie es

insignificante. Las personas han de ser valoradas no sólo porque son útiles desde

el punto de vista económico u otro, sino por su valor intrínseco.

El modelo de derechos humanos se centra en la dignidad intrínseca del ser

humano y después, pero sólo en caso necesario, en las características médicas

de la persona. En este modelo, el “problema” de la discapacidad se deriva de la

falta de sensibilidad que representa esa discapacidad. De ello se sigue que el

estado tiene la responsabilidad de hacer frente a los obstáculos creados

socialmente a fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad y la igualdad de

derechos de todas las personas.

A este respecto, el movimiento a favor de los derechos de los discapacitados se

integra en gran medida en un movimiento más profundo y amplio a favor de la

creación de sociedades auténticamente incluyentes para todos. Este movimiento

se ha descrito como el movimiento de derechos civiles de la “nueva generación”

(Cfr. Guinn, Gerard; Degener, Theresia; 2002, p. 13).


84

En este sentido, debe aplicarse el criterio de derechos humanos para dar plenos

derechos civiles a las personas con discapacidad. Debe eliminarse las barreras

que impiden el acceso a las personas con discapacidad al sistema de libertades

públicas que los derechos humanos contribuyen a preservar y promover. Su

objetivo es garantizar el reconocimiento de que las personas con discapacidad

tienen un lugar por derecho propio en la corriente general de la vida y que el logro

de la independencia y la participación en condiciones de auténtica igualdad no es

sólo un objetivo deseable desde el punto de vista social, sino también un derecho.

Asimismo, se les debe dotar de los elementos necesarios para que tengan libre

derecho al voto, del derecho a un juicio imparcial, del derecho a la educación, del

derecho al trabajo, no a los abusos físicos y sexuales en instituciones.

Si no existen las condiciones adecuadas para consolidar los derechos humanos

fundamentales de las personas con discapacidad, nunca se consolidará un pleno

Estado de Derecho en México.

2.8. LOS PRINCIPIOS DEL ACTIVISMO POLÍTICO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

Como ya se puntualizó, la segregación y la marginación se cimentan en reglas no

siempre escritas, arraigadas en la cultura de los pueblos. La historia ha

documentado diversos acontecimientos en los que la violación del statu quo

genera como respuesta el aislamiento o la confinación de los elementos

considerados como agresivos. La historia también ha constatado que los grupos

marginado suelen reaccionar demandando su aceptación y reclamando los

beneficios de vivir en sociedad, lo cual se traduce frecuentemente en conflictos

sociales de importancia.

En esta tensión de definición de identidad o de adhesión a un grupo social, se han

desarrollado las batallas de las minorías. Los discapacitados no son ajenos a este

contexto. La búsqueda de oportunidades de desarrollo y la posibilidad de ser

aceptados en la sociedad han conducido a muchos debates. Pero sobre todo, han

puesto en duda el marco de valores y las normas asociadas. Se ha logrado


85

consenso en que los derechos de los discapacitados que son los mismos de todas

las personas.

Toda deformación de este principio es lamentable. Por un lado, hay quienes

discriminan o se aprovechan de quienes constituyen las minorías. Pero,

recíprocamente, hay quienes fomentan una cultura de la excepción, en la cual las

problemáticas particulares se promueven como virtudes o como premisas de

exclusión en la satisfacción de compromisos. Los derechos deber ser los mismos

para todos la única limitante previsible es la relacionada con las capacidades

personales, pero ello se aplica también a todo ser humano, no es concesión

(Jesús Liceaga Ángeles, 2003, p. 22).

Los orígenes del activismo político de las personas con discapacidad pueden

encontrarse desde el siglo XIX, cuando el interés de familiares y científicos por

encontrar respuestas a esta condición llevaron a la formación de escuelas y

centros de investigación, tendencia reflejada en México el 15 de abril de 1861

cuando se atendió por primera vez a las personas con discapacidad auditiva. El

presidente Benito Juárez “dispuso el establecimiento y funcionamiento en la

ciudad de México y en el interior de la República de escuelas especializadas en la

educación de sordomudos; con posterioridad, en 1867, a escasos cuatro meses

de haberse restablecido la República, el mismo licenciado Juárez dispuso la

fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos, la que comenzó a funcionar en

el antiguo convento de las madres capuchinas” (Elizur Arteaga Nava, 1979, p. 5).

De acuerdo a Leonor Segura (Leonor Segura Malpica, 2005), es durante la

inestabilidad política de 1866 cuando llegó a México los maestros franceses

Eduardo Adolfo Huet Merlo (con discapacidad auditiva) y Catalina Brodbeck (su

esposa), quienes tras establecer la primera escuela para sordos en América Latina

en Brasil, se instalaron en México para cabildear la instauración de un nuevo

plantel educativo de esta índole.

Eduardo Huet consigue en ese mismo año el puesto de director de la Escuela

Municipal de Sordomudos en la Ciudad de México, la cual fue auspiciada y abierta


86

gracias al convencimiento que ejerció éste ante el presidente municipal de la

Ciudad de México, el Lic. Ignacio Trigueros, quien a su vez concilió con

Maximiliano de Habsburgo para su instalación. A la muerte del emperador y con la

instauración de la Segunda República, Benito Juárez fortaleció dicha institución

por medio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, bajo la creación de la

Escuela Nacional de Sordomudos (ENS) el 28 de noviembre de 1867, y que

también se concibió como Escuela Normal de Profesores. La idea de Juárez de

reproducir dicha institución en todos los estados del país quedó acotada por falta

de interés por parte de los gobernadores y por falta de presupuesto.

Con financiamiento propio, el Lic. Ignacio Trigueros inaugura el 24 de marzo de

1870 la Escuela para Ciegos (la primera en América Latina). En 1871, el

presidente Juárez apoyó las actividades de Trigueros y dotó de recursos

económicos a la institución, pero no fue sino hasta el 19 de enero de 1877 cuando

Porfirio Díaz nacionalizó la escuela para apoyarla con recursos federales y la

convirtió en la Escuela Nacional para Ciegos (a un costado de la ENS), la cual

continúa hasta hoy con sus labores docentes.

Ambas escuelas forjaron grandes avances en materia de rehabilitación e inserción

social y permitieron la fundación de diversas instituciones (Cfr. Norma Patricia

Sánchez Regalado, 2010) científicas y educativas que apoyaron el entendimiento

y potenciación de las habilidades de las personas con discapacidad, por ejemplo,

gracias a la ENS el grupo con discapacidad auditiva concretó su propio sistema de

comunicación denominado Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM), el cual fue

difundido en toda la República Mexicana por los alumnos egresados de esta

institución y hasta la fecha está vigente.

Tras una aparente calma durante casi un siglo, el activismo político de las

personas con discapacidad y sus familiares resurgió principalmente en Europa y

los Estados Unidos durante los años sesenta y setenta del siglo XX, obligados por

el aumento de esta condición a causa de las guerras mundiales, por su encierro

en instituciones de la salud, inspiradas por la agitación política y social de la

época, y por la pobreza y la discriminación a la que debían enfrentarse.


87

Algunos ejemplos notables de esa primera etapa son el Movimiento de Vida

Independiente estadounidense y el Movimiento de Auto-representación sueco

Self-Advocacy Movement, así como la formación del grupo pro beneficios por

discapacidad The Disablement Income Group (DIG) y la Unión de Impedidos

Físicos contra la Segregación (Union of the Physically Impaired Against

Segregation, UPIAS) en Gran Bretaña. Estos grupos llevaron a cabo acciones que

ayudaron a modificar aspectos culturales: participaron activamente en el campo

social y alinearon sus demandas con otros movimientos sociales claramente

definidos como el movimiento por los derechos de raza o género, que dieron lugar

a la escucha de sus demandas ante los gobiernos.

Por su parte, la autoridad mexicana gobernante tuvo un retroceso en el interés y

apoyo a los grupos de personas con discapacidad desde la década de los setenta

del siglo pasado, especialmente en contra de la comunidad afectada.

No obstante, de acuerdo al profesor Gustavo Couret y de Saracho, hubo un

momento previo en el que se pretendió dar un apoyo contundente a la comunidad

de personas con discapacidad, el cual quedó marcado con el siguiente hecho:

En 1948 se crea el Instituto Mexicano de Rehabilitación Oral (IMRO), dependiente

de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA),

cuyo director fue el profesor Fidel López de la Rosa, sordo ora lista, quien

presentó un proyecto de construcción de la Universidad de Sordos de México ante

la señora Beatriz Velasco Mendoza (esposa del entonces presidente Miguel

Alemán Valdés y defensora de las personas con discapacidad), con el objetivo de

formalizar el trabajo docente de la ENS. Dicha institución no podía extender

reconocimientos académicos porque estaba adscrita a la SSA (y no a la SEP). En

ese entonces, a los estudiantes con discapacidad auditiva no se les consideraba

como alumnos regulares, sino como “pacientes rehabilitados de la invalidez (cit.

Entrevista del 7 de mayo de 2012).


88

Este proyecto de vital envergadura para la comunidad de México se vio menguado

por diversos intereses políticos y económicos, así como por el divisionismo surgido

dentro de la comunidad de personas con discapacidad auditiva, a saber:

Ante la petición, la señora Velasco donó un terreno de cincuenta y tres mil metros

cuadrados para la creación del instituto que jamás se construyó, pues al nombrar

al Dr. Pedro Berruecos (otorrinolaringólogo y audiólogo) como Director del Instituto

Nacional de Audiología (INA) en 1954, éste junto con otro grupos de médicos y

empresarios trasnacionales de prótesis auditivas trabajaron para convencer a las

autoridades federales mexicanas que los „sordos‟ podían tener una educación oral

y no manual, es decir, a los sordos se les podía rehabilitar en la lectura de labios y

en la expresión oral del idioma español (con apoyos técnicos como los aparatos

auditivos) en cualquier escuela “normal”, por lo que el LSM era obsoleto. Por ello,

recalcaban, era innecesaria el funcionamiento de la ENS y, por ende, era

inadecuada la formación y construcción de la Universidad.

Ya para 1969, los médicos y empresarios logran su objetivo y el Ejecutivo Federal

decidió fusionar al INA con la ENS para concentrar todos los esfuerzos

económicos y rehabilitadores en el Instituto Nacional de Comunicación Humana

(creado ese mismo año y que hoy forma parte del Instituto Nacional de

Rehabilitación) (Ídem).

De acuerdo al profesor Couret y de Saracho, esta última decisión fue arbitraria y

autoritaria debido a que se acusó a estudiantes de la ENS de cometer actos

vandálicos durante la movilización estudiantil de 1968 y, ante esta acción

beligerante en contra de este grupo social, se tuvieron las siguientes reacciones a

partir de 1971 y hasta comienzos del siglo XXI:

Surgieron movilizaciones de ex profesores y estudiantes sordos en contra de las

autoridades de la SSA para la reapertura de la ENS. Sin embargo, no se pudo

lograr nada hasta la fecha debido al divisionismo existente en la comunidad

discapacitada de México. De hecho, en el año de 1999 se dio un punto de acuerdo


89

ante la Cámara de Diputados para la reapertura de la ENS, pero la propuesta se

vino abajo y quedó encajonada (Ídem).

La identificación, integración, organización y movilización social es fundamental

para la permanencia como grupo de presión ante el gobierno. Así lo demostró la

Escuela Nacional de Ciegos, quienes de acuerdo al profesor Couret y de Saracho,

no sufrieron tal infortunio gracias a su organización y preparación académica:

Pero por qué no cerró la ENC. Porque no hubo médicos ni empresarios que

tuvieran intereses económicos de por medio, es más, la comunidad de ciegos (con

impulso de sus propios abogados ciegos) se organizaron mejor que los sordos y

no permitieron el cierre de su escuela, la cual estuvo a punto de desaparecer a la

par de la ENS. De hecho, el movimiento de ciegos ganó en 1970 y la SSA decidió

no cerrar el instituto educativo y pasar el conflicto a la SEP a través de su

Dirección General de Educación Especial (Ídem).

Entre los principales logros de la ENS se encontraron: a) fue la primera institución

que investigó, atendió y rehabilitó a personas con discapacidad en México; b) hizo

productivas a las personas con discapacidad auditiva y las integró socialmente; c)

creó un lenguaje unificado y; d) conforme al Profesor Couret, su continuidad

permitió por primera vez la identificación y unificación como grupo de la

comunidad discapacitada de México.

Las anteriores demandas hechas hacia el Estado por las personas con

discapacidad auditiva y visual en la década de los setenta y ochenta del siglo XX,

formaron parte de un sinnúmero de movilizaciones sociales en el mundo que

representaron, por primera vez, la identificación como comunidad de cada sector

de las personas con alguna discapacidad, es decir, se identificaron como “sordos”,

“ciegos”, “minusválidos” o “retardados”, que en suma formaban el grupo de los

“anormales” o “impedidos”. Y gracias a estas movilizaciones, los derechos de las

personas con discapacidad y su inclusión social plena estaban en camino de

forjarse.


90

Ante el agrupamiento y exigencias por parte de estos sectores así como por parte

de sus familiares, el Estado se vio obligado a elaborar una serie de políticas

públicas que apoyaran su desarrollo e inclusión social. Incluso, en esas dos

décadas cruciales de los sesenta y setentas del siglo XX se abrió un nuevo campo

de investigación científica que relacionaba la discapacidad con conceptos de

segregación, opresión, exclusión, discriminación, y cultural de los derechos desde

una perspectiva social.

En América Latina el estudio de la discapacidad se desarrolló de un modo

diferente, centrándose con más fuerza en los aspectos macro sociales y con

menor énfasis en el análisis sociológico de los procesos que legitiman o

cuestionan la posición a la que eran relegados los sujetos con discapacidad. Los

movimientos sociales de personas con discapacidad han realizado, en general,

prácticas de asistencia a necesidades de salud y educación desatendidas por el

gobierno, y sus acciones políticas han estado más relacionadas con el cabildeo

que con el reclamo descriptivo o la confrontación (Brogna, Patricia. 2009, p. 16).

Puede decirse, entonces, que hasta antes de la década de los ochenta, el interés

académico en el ámbito de la discapacidad estaba caracterizado por explicaciones

médicas convencionales e individualistas. Los científicos sociales que actuaban en

este campo de estudio, cada vez más importante, solían recorrer caminos

similares.

El desafío a esta ortodoxia no provino de los académicos, sino de las propias

personas con discapacidad, quienes más allá de resolver su problema de inclusión

social, trataban de resolver su condición de discapacidad estando en el centro del

aislamiento, la depresión y la auto-discriminación.

2.9 LOS DATOS DUROS DE LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO.

A pesar de que en México se han involucrado diversos sectores y actores sociales

en la lucha por la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, el


91

Estado de derecho aún está lejos de consolidarse por los prejuicios existentes en

el tema.

Como ya se mencionó, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México

2010, expresa que cuatro de cada 10 personas entrevistadas no estarían

dispuestos a permitir que vivieran personas con discapacidad en su casa; el

70.6% de la población considera que se respeta poco o nada los derechos de las

personas con esta condición (CONAPRED, 2010. México, 2010, p. 38); y los tres

principales problemas que consideran que tienen las personas con discapacidad

es la falta de empleo (27.5%), la discriminación per se (20.4%), y el no ser

autosuficientes por las anteriores razones (15.7%) (Op. cit., p. 90).

Lo que demuestra la encuesta es que la población mexicana ha avanzado

lentamente en la disminución de la discriminación y existe una tendencia a la

intolerancia por las diferencias.

Asimismo, en la encuesta, la población mexicana en general asegura que en la

mayoría de los casos son discriminados principalmente por no tener dinero (20%),

seguida por su apariencia física (20.2%), y por su edad (19.8%) (CONAPRED:

2011, p. A6. En: Nación). En este sentido, parece ser que el principal problema

que tienen las personas con discapacidad en México es la falta de empleo debido

a la discriminación por su apariencia física y la incomprensión de sus

potencialidades laborales. El problema real de la discriminación en México

subyace en la frase clasista de “cómo te ven, te tratan”.

La OMS estima que entre el 7 y el 10% de la población mundial tiene alguna

discapacidad, esto varía de país en país dependiendo de la definición utilizada y

de los acontecimientos sociales o naturales que los hayan afectado tales como

epidemias, guerras y catástrofes naturales, entre otros (INEGI, 2004, p. 23). En

México, uno de cada diez personas tiene algún grado de discapacidad

(http://www.hazloahora.org.mx/); para ser más específicos, según los resultados

del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, revelaron que a nivel

nacional había un millón 795 mil personas con discapacidad, lo cual representó


92

1.8% de la población total. Por sexo, fue mayor el porcentaje de hombres con

discapacidad (52.6%) en comparación con el de mujeres (47.4%).

El XII Censo General de Población y Vivienda 2000, consideró cinco tipos de

discapacidad: motriz, visual, mental, auditiva y del lenguaje, agrupando el resto de

los tipos en una categoría denominada otro tipo de discapacidad.

Porcentaje de la población con discapacidad en México

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de

datos

En el caso del Distrito Federal las circunstancias son totalmente diferentes, a

saber:

Mental, 15%

Visual, 24%

Lenguaje, 4%

Auditiva

15%

Motriz, 42%


93

Porcentaje de la población con discapacidad en el Distrito Federal

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos

De acuerdo con esta clasificación y a los resultados obtenidos del censo,

expresados en la anterior gráfica, se tiene que el tipo de discapacidad más

frecuente es la motriz (45.3%), la cual agrupó las discapacidades músculo

esqueléticas y las neuromotrices. Las primeras se refieren a la dificultad que

enfrenta una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas, así

como las limitaciones en habilidades manipulativas como agarrar o sostener

objetos. Las neuromotrices son aquellas que dificultan la movilidad de algún

segmento corporal a consecuencia de un daño neurológico, incluyendo las

secuelas de traumatismos y de algunas enfermedades como la poliomielitis, las

lesiones medulares y distrofia muscular.

Mental, 16%

Visual, 18%

Lenguaje, 3%

Auditiva

15%

Motriz, 47%

Otra, 1%


94

La discapacidad visual se refiere a la disminución que sufre una persona en su

agudeza o capacidad visual. Este tipo de discapacidad, incluye a las personas

ciegas y a quienes tienen debilidad visual, las cuales regularmente ven sólo

sombras o bultos; las deficiencias o limitaciones visuales pueden ser progresivas

hasta convertirse en ceguera.

La discapacidad mental se caracteriza por un funcionamiento intelectual y de

comportamiento inferior al de las personas promedio. Este tipo de discapacidad

generalmente coexiste junto a limitaciones de la comunicación, el autocuidado, la

vida en el hogar, las habilidades sociales, la autodirección, las habilidades

académicas y el trabajo, entre otras. Una persona con discapacidad mental puede

tener un nivel de afectación leve, moderado, severo o profundo.

Las discapacidades auditivas implican la alteración de una de las vías a través de

las cuales se percibe la realidad sonora exterior, esta perturbación varía en

función de las características de la pérdida auditiva. Entre las discapacidades

auditivas se encuentran la sordera o anacusia y la hipoacusia, que puede

atenuarse mediante la utilización de un aparato o auxiliar auditivo.

Las personas sordas no distinguen los sonidos, incluso algunos de alta intensidad,

lo que les dificulta establecer un código de comunicación.

Las discapacidades del lenguaje se deben regularmente a problemas físicos en

las estructuras de los órganos del lenguaje (labios, paladar, nariz, etc.), y se

caracterizan por sustituciones, omisiones, adiciones o distorsiones del sonido.

Entre las discapacidades del lenguaje se encuentran la rinitis, la mudez, la

laringectomía, el labio leporino y otros defectos o alteraciones de la articulación

fonética o del habla.

La presencia de los diversos tipos de discapacidad guarda una estrecha relación

con la edad. Según los resultados del censo, 1.6% de los niños de 0 a 14 años

tenían algún tipo de discapacidad; en este grupo de edad las más frecuentes

fueron las motrices (35.1%) y las mentales (33.9%); en el extremo contrario se


95

ubicaron las del lenguaje (10.3%). En lo que respecta a los jóvenes de entre 15 y

29 años, uno de cada cien declaró tener algún tipo de discapacidad; en este caso,

las de tipo mental fueron las más importantes (36.4%), seguidas por las motrices

(31.4%) y las visuales (17.3%). Dos de cada 100 adultos de entre 30 y 59 años

tenían alguna discapacidad; en este grupo de edad las discapacidades de tipo

motriz (43.2%) y visual (28.7%) fueron las que se presentaron con mayor

frecuencia.

Al incrementarse la edad es mayor la probabilidad de adquirir alguna

discapacidad; el grupo de edad que concentró la mayor proporción de personas en

esta condición fue las personas de la tercera edad, donde 11 de cada 100

personas presentaron alguna discapacidad; el tipo más frecuente entre los adultos

mayores fue la motriz (55.1%), seguida de la visual (30.5%) y la auditiva (21%). La

presencia de discapacidades en este grupo de edad puede estar relacionada con

el propio proceso de envejecimiento donde se manifiestan las consecuencias de

enfermedades crónico-degenerativas, incapacitantes.

Por otro lado, la comparación entre sexos por grupos de edad permite destacar la

predominancia de los porcentajes de población masculina con discapacidad desde

el grupo de 0 a 4 años hasta el de 60 a 64 años, con especial relevancia entre los

15 y 39 años; situación que se invierte a partir de los 65 años, cuando son

mayores los porcentajes de población femenina con discapacidad frente a los de

su contraparte. Estos resultados pueden relacionarse con las diversas actividades

que desarrollan los varones durante la llamada edad productiva, mismas que en

combinación con los roles de género, constituyen factores de riesgo para adquirir

alguna discapacidad. Por otro lado, si bien las mujeres tienen una mayor

esperanza de vida, también poseen mayores probabilidades de adquirir alguna

discapacidad durante la vejez.


96

Distribución porcentual de población según grupos de edad y sexo, 2000

NOTA: No se graficó a la población con discapacidad que no especificó su edad (0.4% para hombres y 0.5% para mujeres).FUENTE: INEGI. XII CGPV 2000. Base de datos.

En el Distrito Federal, la población discapacitada se ha clasificado con referencia a

su edad, de la siguiente manera:

Población total por grupo de edad y su distribución porcentual según condición de

discapacidad, 2000

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

100 y más

95-99

90-94

85-99

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0.1

0.5

0.9

1.9

2.5

3.4

3.6

3.4

3.4

2.9

3

2.8

2.7

2.7

2.7

2.7

2.8

2.9

3.1

2.7

1.3

0.2

0.7

1.4

2.6

3.5

3.7

3.7

3.5

3.1

2.5

2.5

2.2

2

1.9

1.9

1.9

2.1

2.2

2.6

2.2

1.1

Hombre

Mujer


97

Grupo de edad Población total

Condición de discapacidad

Sin discapacidad

Con discapacidad

No especificado

Años 8, 605, 239 96.4% 1.9% 1.7%

0 - 14 años 2, 245, 014 98.6% 0.8% 0.6%

15 - 29 años 2, 471, 353 98.7% 0.9% 0.4%

30 - 59 años 3, 029, 234 98.0% 1.7% 0.4%

60 y más años 730, 640 89.8% 9.6% 0.6%

No especificado 128, 998 14.1% 0.4% 85.5%

NOTA: Cifras al 14 de febrero. FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Sin embargo, las cifras mostradas por el XIII Censo de Población y Vivienda 2010,

desdibujan un panorama crítico para el país, pues de casi dos millones de

habitantes con discapacidad registrados en el 2000, ahora se tiene el registro de

5, 739, 270 personas, de las cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% son

hombres. Esto representa más del 5% del total de la población mexicana.

2.10 CÓMO TRATAR LA DISCAPACIDAD

Las teorías de la discapacidad han cambiado su metodología pretendiendo

entender y estudiar la situación de las personas con alguna discapacidad.

Debemos recordar que el inicio de los estudios sobre la discapacidad se comenzó

con una interpretación errónea debido a la arbitrariedad del método.

Una de las críticas más fuertes que recibió esta metodología es que muchas veces

hacia uso de una visión biológica, la mayoría de las propuestas que surgieron

fueron de carácter irrelevante y en algunos casos opresoras (Oliver 1992). Es por

esto que muchos de los grupos que defienden la causa por la aceptación de las


98

personas con discapacidad han ubicado a la discriminación desde las teorías

como algo semejante a lo que se hizo en algún momento con las mujeres y los

homosexuales.

Además, se cuestionó el hecho de que siendo un estudio de carácter social se

considerara a las personas con discapacidad, como sujetos pasivos, retirándoles

nuevamente la condición de humano. Por este motivo, se criticó el hecho de que

eliminaran las condiciones sociales en las que se desarrollan los sujetos.

Así es como llegamos a la observación aplicada, una metodología que se sostiene

en dos valores esenciales, la capacitación y la reciprocidad. En esta nueva

metodología se pretende la interacción de los científicos o investigadores sociales,

junto con el sujeto-objeto de estudio. Es la reciprocidad en este momento el factor

más importante en la nueva metodología, puesto que a partir de ella se pretende

alcanzar un nuevo nivel de entendimiento de la situación de las personas con

discapacidad.

A partir de este punto, llegamos a una visión emancipadora, puesto que sólo de

esta forma se puede romper la barrera que existe entre la observación y la

participación. La intención de la visión emancipadora es pasar de una interacción

entre la sociedad y las personas con discapacidad a una visión de ruptura con el

minusválido, pues sólo así puede existir una verdadera relación, eliminando esas

características que se les han otorgado a las personas con alguna deficiencia.

2.11 DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS A LA EDUCACIÓN.

La historia de la discapacidad aún no está escrita con su grado de complejidad, no

obstante forma parte de la sociedad.

Se encuentran antecedentes en todas las épocas y sin embargo, no por eso tiene

relevancia o avances. Durante mucho tiempo, por lo menos hasta la década de los

80, se mantiene encerrada dentro de las frías paredes de la intimidad o de la

ciencia, considerando a la discapacidad como enfermedad que únicamente puede

ser tratada por las ciencias naturales.


99

A finales del siglo XX los científicos sociales comienzan a estudiar, que la

situación de las personas con alguna discapacidad, deja de ser considerada como

“enfermedad” pues ante todo se trata de individuos que pertenecen a la sociedad y

por lo mismo, merecen el mismo respeto que todos los habitantes incluso a una

misma educación al igual que a las demás personas que los rodean.

Por lo cual analizaremos la reivindicación de los derechos de las personas con

discapacidad y en particular, en su derecho a una sana educación integral.

2.11.1 PERCEPCIONES DE LA EDUCACIÓN HACIA ESTAS PERSONAS.

La educación es un concepto complicado de definir, pues ha sido estudiado desde

distintas visiones por lo que para el presente trabajo pretendemos rescatar

algunos fragmentos y construir uno propio.

1. Aportes de la pedagogía tenemos varios como: “Perfeccionamiento

intencional de las facultades específicamente humanas y, a través de ellas,

de la persona” (García Hoz V. en Delgado Criado Buenaventura, 1994, p.

899), de la cual consideramos necesario rescatar el perfeccionamiento de

las facultades humanas, pues esto no sólo se limita a las capacidades

intelectuales o físicas, también puede alcanzar a tocar las cualidades

humanas y personales.

La historia también ha alcanzado a cruzar algunas líneas con la educación

considerándola como: “Una introducción al aprendizaje útil y de tres tipos de

educación: formal, no formal e informal.” (Helu Thaman Konai, 1998, p. 25) En el

reconocimiento de la historia se puede observar la evolución de la educación,

pues al principio el hombre adquiría el conocimiento de una manera informal,

mediante la experiencia. Posteriormente se dio el aprendizaje no formal el cual

entendemos como la observación y análisis de la situación sus semejanzas y

diferencias con otros hechos. Por último el formal, que es a partir de la instrucción

de una persona a otra de manera institucionalizada.


100

Este mismo proceso que podemos observar a lo largo de la historia, es el mismo

proceso por el que cruza el ser humano en su vida, mientras que siendo recién

nacidos el niño pretende experimentar y jugar con su alrededor, siendo un niño

comienza a observar y analizar las semejanzas y diferencias que hay entre

algunas situaciones y objetos, para que llegando a la edad necesaria es inscrito en

alguna institución educativa.

Para Dewey, quien fuera filósofo y educador pragmatista: la educación no es un

proceso que sirva de preparación para la vida futura, más bien, la educación es la

vida en sí misma. El concepto de educación que Dewey hace referencia a una

reconstrucción continua de la experiencia, cuya finalidad es la capacidad de

crecimiento permanente e implica un desarrollo y un crecimiento constante. En

cuestión de educación, sin importar la condición de la persona, la educación debe

de prepararnos para el papel que desarrollaremos en la vida cotidiana.

Para Lev Vygotsky psicólogo ruso investigador en aprendizaje, “la educación no se

reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una

de las fuentes del desarrollo, y la educación misma se define como el desarrollo

artificial del niño.” (Castañeda Figueras Sandra, 2004, p. 32) En la visión de

Vygotsky tenemos que observar que guarda ciertas semejanzas con las de Dewey

pues entiende a la educación como un proceso largo y continuo, permanente, que

se obtiene a lo largo de la vida y que va construyendo la vida misma, la educación

en las escuelas es artificial, pues se le instruye al individuo, pero lo prepara para la

adquisición del conocimiento propio.

El psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel señala que: “La

educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los

cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando,

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión.” (Ibid. p. 34) Entonces

nuevamente podemos entender que la educación no es simplemente la

recolección de datos y métodos sino el conocimiento de cómo aplicarlos para el

desarrollo propio y colectivo.


101

Como podemos observar existen distintas definiciones de educación. Para

profundizar en el tema analizaremos cada uno de los conceptos que estas

definiciones nos presentan, por tal motivo hemos de desarrollar y esclarecer cada

uno de los conceptos que utilizaremos para el tema que nos atañe:

Humano: Lo humano es término relativo dependiendo de la visión que le

deseemos otorgar, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que puede

ser entendido como “perteneciente o relacionado con el hombre”, desde una

perspectiva espiritual como aquel que es sensible a los demás o también como las

facultades que posee la persona.

Conocimiento: Expertos en materia de filosofía del conocimiento de la Universidad

de Pamplona, establecen que el conocimiento es: Proceso básicamente humano y

cultural que facilita a las organizaciones, a través de diferentes medios, organizar,

analizar, evaluar, cuestionar, comparar, reformular, crear, recrear y compartir

distintos niveles de información, experiencias, valores, creencias y construcciones

individuales y colectivas: Sin embargo también hacen una diferencia con el

conocimiento explicito el cual se encuentra en objetos físicos de los que es fácil

obtener y retener la información. El conocimiento tácito que involucra las

tradiciones, valores e intereses Como podemos apreciar existe una división

semejante a la que se planteaba en la educación, el conocimiento puede ser

obtenido de distintas formas, pero nosotros retomaremos el concepto más general,

para poder entender la diferencia entre las capacidades de individuos que viven

con la condición de una discapacidad y los que no, pues así podremos entender el

por qué debe de existir una diferencia en la educación de ambos, pues los

individuos de acuerdo a sus facultades no procesan la información de la misma

manera.

Desarrollo: La cuestión del desarrollo es uno de los principales intereses de la

educación, por lo que para nosotros será esencial el rescatar una de sus

definiciones más explícitas para la educación y los derechos humanos. Por lo

tanto haremos uso del concepto de desarrollo humano que establece la ONU en

su Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “el proceso de


102

expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y

oportunidades”.

Al rescatar esta definición pretendemos entender la educación como un proceso

que permita el desarrollo de las habilidades de los alumnos que le ayude mejorar

sus opciones y oportunidades hacia el futuro.

Aprendizaje: Es un concepto necesario para la impartición y garantía de una

buena educación por lo cual nosotros retomaremos una definición amplia, “El

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la

experiencia, la instrucción y la observación.” (Abbagnano Nicola, 2000, p. 96).

El aprendizaje siendo un proceso, no es igual en todos los individuos, cada uno

tiene su forma única para adquirir el conocimiento. Además se vuelve diferente

cuando las capacidades físicas, intelectuales o emocionales de alguno se

encuentran impedidas, por lo tanto el aprendizaje en una persona con

discapacidad será distinto al de una persona que no tiene alguna deficiencia.

Ahora que hemos definido cada uno de los conceptos que integran las distintas

definiciones de lo que es educación, entonces podemos integrarlos y apoyarnos

en cada uno de ellos para ampliar y dar una visión más precisa de lo que en esta

investigación se considerará educación hacia las personas con alguna

discapacidad.

Consideramos en esta investigación que la educación como proceso, es el

conjunto de conocimientos, actitudes y métodos por medio de los cuales se

favorece el desarrollo y se potencializan las facultades intelectuales, morales y

físicas de la persona. Es el crecimiento artificial del hombre que considera el

conocimiento impartido en la escuela y la promoción de experiencias que sirvan

para el desarrollo del individuo tanto en los conocimientos, como en su calidad

humana, con el propósito de ofrecer al educando una vida más plena y con


103

capacidades para el desenvolvimiento social tanto para personas con

discapacidad, como para individuos que rodean a los mismos.

2.11.2. DERECHO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA.

“La educación es tanto un derecho humano como un medio vital para promover la

paz y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. A fin

de que se realice su potencial para contribuir a construir un mundo más pacífico, la

educación debe ser universal y accesible de manera igualitaria para todos y todas”

(Torres Rosa María).

En los últimos años se ha dado una revolución en el Derecho a la Educación, pues

en muchos países, incluido México, se han iniciado políticas sobre la aceptación

de niños y niñas, personas con discapacidad, de distintas religiones, de distintas

preferencias sexuales y de edad a los sistemas educativos. Ejemplo de esto, es la

creación de distintos acuerdos desde la Declaración Universal de Derechos

Humanos hasta acciones más recientes como el “Marco de Acción en Dakar”.

Ha sido una enorme lucha la que se ha realizado a lo largo del mundo por el

reconocimiento de la educación como un derecho, sin embargo y como dice la

autora Torres Rosa María, “el derecho a la educación, es mucho más que acceso

de niños y niñas a la escuela”, éste derecho involucra el acceso a una educación

de calidad y de gratuidad.

Gracias a los conceptos que analizados anteriormente podemos entender que la

educación no es simplemente la memorización de conocimientos, también

involucra el aprendizaje y las relaciones sociales, esto con el fin de permitir que el

joven pueda tener un desarrollo correcto tanto personal como social.

Para que este desarrollo se pueda conseguir la educación debe de encontrarse

ubicada en tiempo y espacio de acuerdo a la situación social de cada país, debe

de respetarse otra de las cualidades de la educación, la evolución e inclusión. Una

educación que como derecho, sea progresiva y busque siempre el mejor

desarrollo para todos los jóvenes del país, con discapacidades y sin ellas.


104

Para entender la progresividad de la educación como derecho, recurriremos

nuevamente a la autora Torres, quien nos señala cinco dimensiones en lo que

respecta al derecho a la educación:

• Derecho no sólo de niños y niñas sino de toda persona

• Derecho no sólo a acceder a la escuela sino a la educación

• Derecho no sólo a la educación sino al aprendizaje

• Derecho no sólo al aprendizaje sino al aprendizaje a lo largo de la vida

• Derecho no sólo al acceso sino a la participación (Idem)

Con estas cinco dimensiones, lo que pretendemos es realizar un análisis sobre la

situación del Derecho a la Educación recaída en las personas con alguna

discapacidad, pues en cada una de estas reside la defensa del derecho de los y

las jóvenes de gozar de una buena educación.

La educación es un derecho no sólo de niños y niñas sino de toda persona. Como

parte de su trabajo Rosa María Torres rescata el fragmento “La educación básica

para todos significa que las personas, cualquiera que sea su edad, tienen

oportunidad, individual y colectivamente, de realizar su potencial” el cual se

encuentra en la Declaración de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las Personas

Adultas, (CONFINTEA V, Hamburgo, 1997).

Dicho fragmento es necesario en este trabajo ya que al hablar de una educación

inclusiva, tenemos que referirnos no solamente a la inclusión de aquellos que

fueron segregados por las instituciones por su sexo, edad, religión o preferencia

sexual, también y en un sentido más amplio a los jóvenes que presentan una

discapacidad y que por lo menos hasta la última década se les considero como

sujetos de derecho.

El derecho no sólo a la escuela sino a la educación, lo entendemos también como

la participación de los familiares y del medio ambiente del niño, pues ellos también

tienen una enorme influencia en el joven. La educación inclusiva de los jóvenes

con discapacidad, toma en consideración a los padres y hermanos, pues son ellos


105

los que desde fuera del contexto escolar, participan en el crecimiento del alumno,

pues como podemos ver en las definiciones de educación anteriormente

desarrolladas, no sólo existe la educación formal (escolar), también la informal y

por esto la participación de otros miembros e instituciones es necesaria en el

crecimiento de los jóvenes.

Derecho no sólo a la educación sino al aprendizaje. “El objetivo de la educación es

el aprendizaje: aprender, a aprovechar y poner en práctica lo aprendido. La

educación está llamada no sólo a satisfacer necesidades de aprendizaje de las

personas, sino a generar y estimular nuevas necesidades de aprendizaje” (Idem).

El reconocimiento a la capacidad de jóvenes con discapacidades a aprender ha

sido un proceso rezagado igual que el reconocimiento como personas de derecho,

por lo cual el Dr. Vernor Muñoz en su trabajo como Relator especial del derecho a

la educación “no se encontró alusión alguna a las adaptaciones necesarias para

hacer accesibles las escuelas para usuarios con discapacidad.” (Muñoz Vernor,

2010 p. 23) Y si las instituciones no se encuentran adaptadas a las personas con

discapacidad, entonces el derecho al aprendizaje no se encuentra garantizado.

El derecho al aprendizaje a lo largo de la vida, hace referencia a los dos últimos

puntos, pues en toda su vida, el individuo va adquiriendo conocimiento desde la

educación formal, como la informal; conocimientos que se deben de generar

desde la familia y la escuela para que el individuo tenga las herramientas

necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, lo que nos lleva

nuevamente a lo dicho por el Dr. Vernor Muñoz.

El derecho a la participación educativa, “No basta con acceder a la escuela, a la

educación, al aprendizaje, al aprendizaje a lo largo de la vida. El Derecho a

educarse implica derecho a participar, en cada ámbito y nivel, en las decisiones y

relaciones que rigen la vida escolar y otros escenarios de la educación.” (Torres

Rosa María, Op. cit.).Es un Derecho que se liga con el mismo derecho de las

personas con discapacidad a definir ellos mismos lo que consideren la


106

incapacidad, así mismo tienen el derecho de participar en el tipo de educación que

desean recibir.

2.12 LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y SUS REFORMAS

EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se instituye el 3 de Octubre de 1921 en

el Diario Oficial de la Federación, siendo construida desde el pensamiento liberal

de José Vasconcelos quien considerabaP: Al decir educación me refiero a una

enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que nada

saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad

productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil,

trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he allí nuestro propósito.

Con el propósito de crear una institución educativa que permitiera el crecimiento

tanto colectivo del país como el individual de cada uno de los mexicanos; la SEP

se ha ido transformando con la intención de aceptar y recibir; además de

garantizar la educación de cada uno de los individuos en este país, adecuándose

a las decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo de la nación.

Enfocándonos en el tema de la discapacidad y la inclusión es necesario que

resaltemos el hecho de que México ha sido firme participe de la defensa de los

derechos humanos de las personas con discapacidad cuando menos en las

últimas dos décadas del siglo XX, promoviendo su derecho a una vida sin

discriminación y con las mismas garantías para los derechos que tienen las

personas sin discapacidad.

En una de las reuniones de diciembre de 2001, México propuso ante la Asamblea

General de la Organización de las Naciones Unidas preparar y crear una

convención internacional para proteger integralmente los derechos de las

personas con discapacidad. Durante el periodo de tiempo de 2002 a 2006, el

Comité Especial elaboró la convención y el protocolo facultativo, el 13 de


107

diciembre de 2006 la Asamblea General reconoce y aprueba la Convención sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo para la presente investigación, es necesario que resaltemos el hecho

de que a pesar de que México tuvo una participación bastante activa durante la

elaboración de la Convención y del protocolo, su trabajo en este tema a nivel

nacional, se ha visto rezagado.

En 2011 se modificó la Ley General de Educación, reconociendo y especificando

que cada uno de los mexicanos tiene derecho a la educación. El artículo 41 fue

modificado para establecer que “La educación especial está destinada a individuos

con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes

sobresalientes. Se Atenderá a los educandos de manera adecuada en sus propias

condiciones, con equidad social e igualdad.” (Ley General de Educación).

Por lo tanto, a pesar de que México propuso la creación de una Convención en

protección a los derechos de las personas con discapacidad, inició las

adecuaciones al sistema escolar para la inclusión de los jóvenes con discapacidad

nueve años después a lo promulgado.

También es necesario que indiquemos que fue en el año 2011 a finales del mes

de marzo que el Presidente de la República promulgó la Ley General para la

Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces los derechos de las

personas con discapacidad y las garantías a su protección fueron ratificados por el

Senado diez años después de que México promoviera a nivel internacional el

derecho de las personas con discapacidad.

2.13. UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

Para seguir con el tema del derecho a la educación y el derecho de las personas

con discapacidad, debemos de hablar sobre la “educación integral” término que se

acuño desde la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en

Salamanca. La aceptación del término “integral” enfatiza el derecho de todos los

educandos, con necesidades educativas especiales o no (P) porque la inclusión


108

incluye la participación de todos los alumnos en la escuela, no sólo su presencia”

(Martínez-Otero Pérez Valentín, 2007, p. 85).

Sin embargo, explica el autor Martínez-Otero, para poder llegar a la aplicación de

la integración se tiene que hacer un trabajo de concientización en los centros

escolares, posteriormente se debe de tratar intensivamente la forma de establecer

relaciones cotidianas y personales entre cada uno de los individuos pertenecientes

a la comunidad escolar.

La educación integral, se sostiene firmemente en la creencia de la libre interacción

de las personas sin importar las creencias religiosas, culturales o cualquier

característica que pudiera separar a los educados, considera que los planteles

educativos que utilizan cualquier rasgo distintivo entre los individuos para

separarlos con el interés de una “mejor educación” son acciones enmascaradas

que fomentan la desigualdad y la discriminación.

“Las consecuencias de esta disfuncionalidad no se hacen esperar:

resquebrajamiento de la identidad, pérdida del sentido vital y malestar” (Ibid. p.

86). La división de los alumnos en los planteles educativos, provoca en los

alumnos a su corta edad, las anteriores consecuencias, explica el autor.

Sin embargo, la exclusión en los planteles educativos, no sólo puede llevarse a

cabo en la prohibición de entrada a las escuelas, también se ha construido el

concepto “próximo lejano”, la sociología explica este fenómeno a partir del hecho

de que el individuo puede encontrarse dentro del sistema incluso formar parte de

él y funcionar con él, pero todo esto sólo es en un ámbito físico, en la realidad los

vínculos entre los integrantes del sistema no se han construido y los alumnos

permanecen excluidos y discriminados del resto del plantel.

La puesta en marcha de este sistema es de vital importancia para la

transformación del sistema educativo y el sistema social, ya que es una propuesta

que promueve el multiculturalismo, sin embargo, no debe ser considerada y

aplicada sin una preparación, de ser llevada sin ningún cuidado puede ser


109

perjudicial para los educandos, se necesita de un estudio firme y conciso sobre las

necesidades de cada uno de los planteles y de los alumnos con discapacidad

inscritos en ellos. “P se requieren estrategias adecuadas que partan de la realidad

personal de los educandos, satisfagan sus necesidades y eviten la discriminación

y la desigualdad de oportunidades” (Idem).

Tenemos que establecer como idea principal, que la idea de integración de las

personas con discapacidad, es un avance favorable. Pero en la actualidad el

sistema escolar mexicano no se encuentra en una posición adecuada para

promover la inclusión de las personas con discapacidad.

“Estos cambios deben realizarse decidida y gradualmente. La precipitación en este

terreno es muy desaconsejable, porque puede provocar efectos muy negativos,

acaso peores que las situaciones que se pretenden cambiar” (Ibid. p. 87).


110

CAPÍTULO III. LA DISCAPACIDAD COMO CAUSA DE DISCRIMINACIÓN

LABORAL.

Se habla de los diferentes conceptos que se tiene de la discapacidad, y de ahí se

parte a lo que se le denomina política pública, englobando las características que

acompañan a la discriminación como la desigualdad, sin dejar a una lado la

dignificación.

Al hablar del derecho laboral es para entender que de ahí, surgen derechos pero

también obligaciones, lo que conforma este derecho, que comienza con la relación

laboral, los elementos de esta y los sujetos que forman parte de ella.

3.1 CONCEPTO DE MARGINACIÓN.

Marginación significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La

marginación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de forma

desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría

social distinta.

Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el

rango socioeconómico, la edad y la discapacidad.

Existe una amplia legislación contra la marginación en materia de igualdad de

oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios.

Aunque en general significa acción y efecto de separar o distinguir unas cosas de

otras, en Derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una

persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo,

de filiación o ideológicos, entre otros.

Ha sido tradicional la desigual consideración de los hijos según fuera su origen

matrimonial o extramatrimonial. Así, los segundos tenían menos derechos en la

herencia de sus progenitores que los hijos habidos en matrimonio. También, en el

ámbito laboral, es reseñable el trato discriminatorio que sufren las mujeres, pues el

trato que para las empresas supone contratar a una mujer, en especial si está


111

casada, es mayor si se tiene en cuenta una posible baja por maternidad. Es

célebre el caso que en Francia protagonizaron hace décadas las auxiliares de

vuelo de la compañía aérea Air France: la discriminación dada, no por la condición

de mujer, sino por la de ser mujer casada.

La política oficial de apartheid fue abolida en la República Sudafricana, en lo cual

tuvo un protagonismo indudable el dirigente de la población negra Nelson

Mandela, además de las presiones internacionales generalizadas. A pesar de

todo, en los últimos tiempos se han recrudecido las prácticas racistas o xenófobas

en los países occidentales por ejemplo los skin heads alemanes o cabezas

rapadas, grupos neonazis, entre otros, y de una manera alarmante en algunos

países árabes (Argelia, Irán, Egipto), en éstos ya con serias implicaciones

religiosas.

Las modernas Constituciones prohíben la discriminación, a partir de la

proclamación de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Es más, uno de los

llamados derechos fundamentales es precisamente la no -discriminación por razón

de nacimiento, sexo, raza o cualquier condición personal o social. En la

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 este derecho se

encuentra reconocido expresamente.

No son pocas las legislaciones penales que consideran delito la práctica del

funcionario público o del particular que desempeña un servicio público que

deniega a una persona, por razón de origen, sexo, religión o raza, una prestación

a la que tiene derecho.

Desde otro punto de vista, el Derecho del comercio utiliza el término marginación

para referirse al trato desigual que se puede conferir según sea el cliente, un

consumidor o un profesional o proveedor.

3.2. CIRCUNSTANCIAS LABORALES

Para Mario de la Cueva las circunstancias generales de trabajo no pueden ser

inferiores a las señaladas por la ley, y esto se debe a que precisamente tratan de


112

asegurar la salud, la vida en todos sus niveles así como en satisfacer todas las

necesidades, en sí, es obtener todo lo necesario para que se pueda obtener un

desarrollo integral por medio de su trabajo.

Entendiéndose que las circunstancias de trabajo constituyen un cúmulo de

obligaciones y derechos a que están sujetos el trabajador y el patrón en su

relación laboral, que está regulada por la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que

no da una definición, en nuestra legislación se hace mención en su artículo 24, al

hacer hincapié que estas no podrán ser inferiores a la ley como se había

comentado anteriormente, mismas que deben ser proporcionales a la importancia

de los servicios e iguales a la ley, salvo unas excepciones.

Dentro de la doctrina, diversos autores han comentado que conlleva estas

condiciones laborales, José Dávalos menciona que: “Las condiciones o

circunstancias de trabajo son las distintas obligaciones y derechos que tienen los

sujetos de una relación laboral”, (Davalos Morales, José. op. Cit. p. 65) es decir,

se parte con la idea de que no subsisten una de otra, que se da una u otra para

poder dar paso a una obligación derivada de la relación laboral y por otra el

derecho que se tiene de dicha relación.

Con estas condiciones se trata de tener un pago justo y remunerado, estabilidad

en el empleo, contar con una jornada justa así como sus días de descanso, estas

condiciones debe constar por escrito, pero de no contar con esta formalidad, no

por ello priva a los trabajadores de sus derechos.

Describiendo la prestación del servicio que va a prestar el trabajador, su duración

de jornada, la forma y el monto a pagar el patrón, así como el lugar y días de

pago, la duración del servicio que va a prestar el trabajador, los datos que de una

identificación de quien es, el trabajador y quien el patrón, duración de esta relación

de trabajo, entre otras condiciones, por mencionar días de descanso, vacaciones y

demás.

3.3 IGUALDAD Y DESIGUALDAD


113

El hablar de igualdad es un tema bastante ambiguo y complejo porque existen

diversas perspectivas de que llamamos o entendemos por igualdad, de tal manera

que la palabra deriva del latín equalitas, conformidad de una cosa con otra en

cuanto a su naturaleza, forma calidad o cantidad.

Para algunos la igualdad puede ser entendida como todo derecho que posee o

tiene toda persona para poder gozar de sus libertades fundamentales, Al oír la

palabra igualdad nos vienen a la mente siempre las mismas cosas. Igualdad entre

razas, igualdad de sexos, que no son las únicas, pero que tal vez son las que más

preocupan a la gente, porque están más presentes en su vida cotidiana.

“La dificultad de establecer el significado descriptivo estriba sobre todo en su

indeterminación, de modo que decir que dos entes son iguales, sin otra

determinación, nada significa en el lenguaje político, sino se especifica de que

entes se trata y respeto a que cosas son iguales, es decir, si no se está en

condiciones de responder sobre la igualdad entre quienes, e igualdad en qué”

(Bobbio Norberto. 1993. pp. 53-54).

La desigualdad ha estado presente desde el principio de los tiempos, y los pueblos

han mantenido una lucha constante contra ella aunque en muy pocas ocasiones

consiguieron la igualdad propuesta, y fue durante la Revolución Francesa, cuando

se alcanzó su integridad como concepto y empezó a ser un valor defendido

globalmente, representado en el lema: “Libertad, igualdad y fraternidad”,

entendiéndose este lema como un principio donde, solo se contemplaba la

igualdad en cuestiones sociales.

Para otros, todo ello nos permite apuntar a la tesis que afirma que la “igualdad

material es la igualdad equitativa entre los grupos, frente a la igualdad formal que

solo afirma la igualdad entre los individuos” (Añon, María José. 2001 p. 44).

Pero entonces dónde queda el tema de la igualdad, porque a pesar de estar

ausente en nuestros días, sin importar las luchas sociales, lemas y demás. La

desigualdad es quien ha ganado la lucha, al estar tan presente y radicada en


114

todas las épocas, crea una corriente por llamarla de una manera, el racismo,

donde se encuentra todo tipo de diferencias y ha sido el banderín de muchos para

discriminar a todo aquel ser humano que a su parecer sea diferente, haciendo

desigual a todos e igual a aquellos que comparten este concepto.

3.4. FORMAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

Entiéndase a la política como ciencia y arte de gobernar que trata de la

organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses.

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar

ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido.

Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de

decisiones y operadores. La política también es una actividad de comunicación

pública.

Una vez que ya hemos recapitulado lo que es político, a continuación trataremos

el término de lo público, logrando así el complemento al tema de formas de

protección para las personas con discapacidad. Podemos decir que público como

un adjetivo notorio, patente, visto o salido por otros del común de la sociedad,

relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedad generalmente por Políticas

Públicas se han entendido los programas de protección que un gobierno,

cualquiera que sea, desarrolla en función de un problema o situación determinada.

Las Políticas Públicas de protección para las personas con discapacidad se

pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del pacto entre Estado

y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y

organizador. Aquí podemos rescatar el sentido de participación entre estos dos

actores, pera el beneficio a la sociedad.


115

Cabe resaltar que no todo es asunto público y de lo público no todo se convierte

en política y actualmente asuntos públicos están siendo atendidos solamente y

únicamente por el gobierno.

Las Políticas Públicas de protección son “el conjunto de actividades de las

instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos que

se pretende ayudar”. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser

consideradas como “procesos decisión”, un conjunto de decisiones que se llevan a

cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Pallares, al mencionar esa persuasión

sobre la población no comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos

decir que en ocasiones el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o

de imposición fiscal por ejemplo, logrando ciertamente esa modificación

conductual (Pallares, Francesc. 1988, p. 14).

Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el

bienestar de la población.

Lo que genera profundo interés en el estudio de la materia que estamos tratando

es que al generarse una propuesta, inmediatamente surgen los actores

integrantes, donde unos apoyan y otros se oponen; de esta manera surge la

necesidad de negociar y realizar acuerdos.

Las Políticas Públicas de protección tienen que ver con el acceso de las personas

a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen

como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades,

intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es

lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al

final, las soluciones encontradas permitan que las personas o grupos coexistan a

pesar de sus diferencias. La participación ciudadana en distintos momentos, es

una de las maneras de contar con Políticas Públicas socialmente relevantes.


116

La construcción de alianzas con organizaciones de los sectores públicos y privado,

es decir que en una Política Pública de protección deben intervenir estos dos

actores, a fin de que cada uno manifieste su postura y en momento dado puedan

aportar a la propuesta. Recordemos que cuando se implemente la política, todos

serán afectados de manera positiva o negativa.

Las Políticas Públicas de protección son relevantes, ya que constituyen uno de los

instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la

población. La visión que se requiere enfatizar aquí es, una de tipo instrumental

haciendo hincapié que son “medio para”, la resolución de los problemas sociales

(Aguilar Villanueva, Luis. 16 de agosto de 2012).

3.5 DIGNIDAD, DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD.

Resulta extraordinariamente difícil encontrar una definición precisa del concepto

dignidad, puesto que varios autores señalan diferentes enfoques, como espiritual,

filosófico, social etc., por mencionar algunos, y en si se necesitan ser

comprendidos en sí mismos.

El término dignidad designa en latín lo que es estimado o considerado por sí

mismo, no como derivado de otro. La dignidad humana significa el valor interno e

insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos

rendimientos que prestará ni por otros fines distintos de sí mismo.

Immanuel Kant (1724-1804), exponente de la ilustración filosófica, escribe: “la

humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado por

ningún hombre (ni por otro, ni por sí mismo) como un simple medio o instrumento,

sino siempre a la vez, como un fin, y en ello estriba precisamente su dignidad”.

La dignidad, como dimensión intrínseca del ser humano, posee un carácter

ontológico. Esta idea se encuentra presente en Tomás de Aquino que sostenía “el

término dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia” (Jiménez Garrote,

José Luis. 18 agosto 2012).


117

Se podría decir entonces, que la dignidad es un término que se aplica al hombre

para señalar una peculiar calidad del ser, para sostener que es persona y no

individuo. Entender que el ser humano es digno por sí mismo, y no sólo en razón

de su conciencia o racionalidad, puede a simple vista carecer de diferencias, sin

embargo posee una gran trascendencia en la práctica, pues no puede existir

respeto a la persona, sin respeto a su dimensión corporal.

Deficiencia

Los términos asociados a la discapacidad (deficiencia, disfunción, minusvalía) son

el resultado de amplios desarrollos conceptuales entre los que resaltan los

modelos médico y social. Ambos modelos de análisis ofrecen visiones diferentes

aunque complementarias de la discapacidad.

Para el Diccionario de la Real Academia Española, la deficiencia es el

funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se manifiesta desde la infancia y

está asociado a desajustes en el comportamiento (Real Academia Española,

2012).

Por lo tanto, al hablar de que es la deficiencia podría decirse que es toda pérdida o

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. El

término de deficiencia hace referencia a las anormalidades de la estructura

corporal, de la apariencia, así como de la función de un órgano o sistema,

cualquiera que fuese su causa; en principio, las deficiencias representaban

trastornos en el ámbito de algún órgano.

Dentro de la experiencia de la salud, la CIDDM Clasificación Internacional de

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías Conocida por sus siglas en inglés

como ICIDH (International Clasification of Impairments, Disabilities and

Handicaps). La ha definido como toda pérdida o anormalidad de una estructura o

función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias presentan trastornos

a nivel del órgano, se identifican por ejemplo, en términos de pérdida de miembros

o de sentidos, disfunciones o limitación de funciones; algunos ejemplos de


118

deficiencia son ceguera, sordera, mudez, amputación de un miembro y retraso

mental (Vaz Leal, Francisco J. y Cano Carrasco Mª Ángeles, 2012).

Como se acaba de señalar, la CIDDM se ha basado en un esquema que delimita

los tres conceptos básicos antes mencionados, de la deficiencia se explica que

sirve para hacer referencia a la pérdida o la anormalidad de una estructura o

función en la cual como se puede observar, en las deficiencias aparecen definidas

en unos casos, por el órgano o sistema afectado (viscerales, músculo-

esqueléticas...), en otros casos por la función afectada (audición, visión...) y en

otros casos por el resultado a nivel morfológico de la misma (desfiguradoras).

Planteando la existencia de tres niveles en que se puede clasificar la deficiencia

está: el nivel biológico, desde el que se puede plantear la existencia de la

deficiencia; el nivel de la persona, al que referir las actividades personales y sus

limitaciones; y el nivel social, en función del cual se define el grado de

participación social del individuo.

Dentro de este esquema, la deficiencia viene dada por el hecho de que el cuerpo y

secundariamente la mente no funciona de forma apropiada, lo que da lugar a una

alteración en una determinada función o estructura. Por función corporal hay que

entender las funciones fisiológicas y psicológicas de los diferentes sistemas que

configuran el organismo, en tanto que el concepto de estructura corporal hace

referencia a las partes anatómicas que componen el cuerpo tales como los

órganos, los miembros y sus componentes.

Hablamos, por tanto, de la existencia de una deficiencia cuando existe un

problema en alguna función o estructura corporal que provoca un funcionamiento

que difiere significativamente del que sería esperable en el sujeto en condiciones

normales (Vaz Leal, Francisco J. y Cano Carrasco Mª Ángeles, 2012).

Discapacidad

La definición lingüística de discapacidad fue el resultado del consenso efectuado

entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un


119

dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original

el inglés, el término disabilities en sustitución de handicapped, y posteriormente, el

término traducido al español discapacidad fue aceptado por la Real Academia

Española de la Lengua en 1990, apareciendo vigente en el diccionario de la

lengua española de la misma Real Academia.

Desde 1990, los gobiernos del orbe y los organismos internacionales, regionales o

locales, asumieron la aplicación del término discapacidad, siendo congruentes con

la importancia de buscar en dicha definición, eliminar el uso de términos

lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una

desventaja física, intelectual o sensorial. La Organización Mundial de la Salud

estableció en 1980 un criterio único en La Clasificación Internacional de

Deficiencias Discapacidades y Minusvalía (CIDDM).

En la CIDDM se introdujeron los conceptos de:

• Deficiencia

• Discapacidad

• Minusvalía

Las definiciones establecidas en esta clasificación, fueron el primer paso para

identificar que el entorno social y físico, incide en mayor o menor medida en la

evaluación y diagnóstico de la discapacidad.

Los especialistas en la materia realizaron diversas críticas y pidieron que se

hiciera una revisión a este documento. Aplicando el modelo bio-psico de

Discapacidad y estableciendo un lenguaje común, aplicable transculturalmente,

que permitiera describir de manera fiable y replicable los estados funcionales

inherentes a las condiciones de salud de las personas. Este proceso dio como

resultado la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y

de la Salud (CIF), aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de

2001.


120

En la nueva conceptualización de la CIF, se estableció el término de Discapacidad

como un término genérico que a barca las distintas dimensiones:

• Deficiencias de función y deficiencias de estructura

• Limitaciones de las actividades

• Limitaciones en la participación

De igual forma, en la Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y

Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, último

Acuerdo Internacional ratificado por México, el día 27 de septiembre del 2007.

Utilizó el término de discapacidad y lo definió como: “Deficiencia física, mental,

intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,


condiciones con las demás” (Las personas con discapacidad en México: INEGI,

2004).

Por otra parte, es importante considerar la reforma constitucional publicada del 4

de diciembre de 2006, al artículo primero, párrafo tercero. En esta reforma se

sustituyó el término de personas con capacidades diferentes por el de

discapacidad, para quedar de la siguiente manera:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el


la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas”.

En congruencia con el término establecido en los Acuerdos Internacionales, y

ahora, con la Constitución Mexicana, el término adecuado para referirse a las

personas que tienen alguna discapacidad es personas con discapacidad, esto con

la finalidad de no confundirnos y no llamar de maneras despectivas a esta

comunidad.


121

El Derecho del Trabajo es en donde se asientan todo lo anteriormente comentado

ya que todos los derechos pero también las obligaciones que posee el trabajador y

el patrón, deben quedar plasmadas en las condiciones laborales, que pactan en

un contrato individual del trabajo formando una relación laboral. Y es el trabajo el

que debe ser digno para todos las personas por igual, sin distinción alguna, donde

existan para todos las mismas oportunidades. El Derecho Laboral respalda

muchos de los derechos que se están perdiendo en las personas con

discapacidad

Y es el Estado quien debe garantizar la creación de políticas públicas para poder

fomentar el trabajo, beneficiando a la sociedad y cumpliendo con su labor de

vigilar y hacer cumplir la ley.

3.6 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LABORAR.

Mucho se menciona sobre las pocas oportunidades que tienen las personas para

encontrar un trabajo, si sumamos la falta de capacidad, de aptitudes de

conocimiento y demás, llegamos a deducir que pocas son las proporciones que se

llegan a dar, pero ni pensar de aquellas vacantes que se llegan a ocupar, sin

mencionar que si poseen alguna discapacidad simplemente se esfuma esta

oportunidad.

Si bien hay muchas personas discapacitadas que pueden y quieren trabajar, a

menudo se hallan excluidas del mundo laboral. La tasa de desempleo entre los

trescientos ochenta y seis millones de discapacitados de todo el mundo en edad

de trabajar, asciende hasta el ochenta por ciento en algunos países, es mucho

más elevada que entre los demás individuos en edad de trabajar. Dando como

consecuencia, que muchas de las personas discapacitadas vivan en condiciones

de pobreza y que su contribución potencial quede desperdiciada, haciendo que

tanto para sus familiares como para los empleadores y la sociedad en su conjunto,

sea un problema que nos corresponde a todos.


122

Es evidente cada vez más que las personas con discapacidad no solo realizan una

contribución valiosa a la economía nacional, sino que su empleo también reduce el

costo de la prestación de invalidez y puede ayudar a mitigar la pobreza.

Para las empresas, es interesante emplear a discapacitados que a menudo tienen

una formación que les permite ocupar algunos empleos específicos.

Pocas son las oportunidades que poseen las personas con discapacidad para

laborar, en casi todas las sociedades las personas no discapacitadas tienen un

empleo remunerado, en la mayoría de los países la proporción de personas con

discapacidad desempleada es muy elevado de hasta un ochenta por ciento y

también lo es la de las personas sub empleadas o que ni siquiera tiene acceso al

mercado laboral.

Es frecuente encontrar que las personas con alguna discapacidad no pueden

ganarse la vida, mediante un empleo digno y remunerado, siendo recurrente para

ellos depender de la mediocridad o de la caridad, así como de la asistencia social

que muchas veces es insuficiente, lenta y no efectiva, que simplemente no ayuda

ni contribuye en nada a esta comunidad.

Dentro de los instrumentos internacionales creados recientemente en beneficio de

esta comunidad, contamos con la Convención sobre los Derechos de las personas

con discapacidad, la cual en su artículo 27 reconoce el derecho de estas personas

a obtener y trabajar en igualdad de condiciones con los demás, a lo que se

adhiere el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y a

trabajar en un entorno laboral accesible e inclusivo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Mundo

existen 110 a 190 millones de personas con discapacidad, es decir, el 15 por

ciento de la población, un quinto de la población mundial vive con alguna

discapacidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que en México

datos del 2010, hay poco más de 527 mil 784 personas con alguna discapacidad


123

motriz, 448 mil personas viven con discapacidad mental y 498 mil con

discapacidad auditiva (INEGI).

El Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal 2008, señala que en el

Distrito Federal hay 159 mil 754 personas con discapacidad, pero apunta que

existe un sub registro importante, por tanto, se calcula que la cifra puede elevarse

hasta cinco veces más. El Diagnóstico también señala que de cada diez mujeres

con discapacidad, cinco son adultas mayores y de cada diez hombres con

discapacidad, siete son adultos mayores. Esto ratifica que el proceso de

envejecimiento del país, tiene su reflejo en el Distrito Federal (Ibídem).

El Distrito Federal ubica a un cincuenta y cinco por ciento de las familias con hijos

o hijas con alguna discapacidad en un nivel de marginación muy alta.

Aquí cabe destacar que a nivel nacional, de cada cien personas con discapacidad

en nuestro país, diecinueve la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al

nacer.

Entre los factores que al nacer propician una discapacidad, está por ejemplo la

desnutrición en la madre y las deficiencia e insuficiencias en su alimentación que

se manifiestan en falta de hierro o de ácido fólico, este último indispensable para

el desarrollo del cerebro humano.

Es decir, hay discapacidades que son consecuencia de la pobreza y como parte

de ésta se encuentran las violaciones al derecho a la alimentación, a la salud y al

acceso a servicios médicos que pueden impactar negativamente en la salud de la

niña o niño. Una mala atención o atención inoportuna en el parto puede generar

un discapacidad mental en el recién nacido o daño cerebral. Esto mismo se

reproduce a nivel micro, por lo que el Distrito Federal no está exento de esta

problemática.

Las formas de proporcionar trabajo decente a las personas con discapacidad

variarán de un país a otro y de un contexto a otro. Los grupos empresariales, los

Gobiernos y las personas con discapacidad deben trabajar en estrecha


124

colaboración para subsanar la falta de oportunidades que impide a las personas

con discapacidad incorporarse a la fuerza de trabajo y modificar las actitudes

existentes entre los empleadores. Para muchas personas con discapacidad de los

países en desarrollo, la única opción es el trabajo por cuenta propia.

El país debe estudiar formas para prestarles apoyo, respecto a la creación de

empleo mediante su inclusión en los sistemas de microcréditos y de micro

financiación, de entre cuyos posibles beneficiarios se ha excluido a menudo a las


También en países más desarrollados siguen registrándose tasas elevadas de

desempleo entre las personas con discapacidad. Los países deben seguir

reduciendo la brecha existente entre las personas con discapacidad y el resto de

la población. La aplicación de la Convención antes mencionada hace hincapié en

la adaptación de los lugares de trabajo y las prácticas laborales para hacerlos más

accesibles e inclusivos. También otorga a los empleadores y a la comunidad

empresarial un papel mayor en la integración social y económica de las personas

con discapacidad.

Se estima que por lo menos la mitad de todas las personas con discapacidad del

mundo desarrollado, y la gran mayoría de las personas con discapacidad de los

países en desarrollo, están desempleadas. La mayoría de las demás están

subempleadas, o nunca tendrán pleno acceso al mercado laboral, creando una

situación deplorable.

Más los temores y los prejuicios acerca de su capacidad les niegan oportunidades

de trabajo que están al alcance de los demás. Los lugares de trabajo inaccesibles,

legislaciones y prácticas implícitamente discriminatorias, y condiciones de trabajo

desfavorables constituyen obstáculos adicionales.

Además, siguen siendo en gran parte marginados, desproporcionadamente más

pobres, a menudo desempleados y tienen mayores tasas de mortalidad, entonces


125

como sociedad que estamos haciendo para incorporar a estas personas a la vida

laboral.

Son pocas las oportunidades que hay para laborar en ambos sectores tanto para

las personas con discapacidad como para las que no poseemos alguna, pero se

reducen más para aquellas personas con discapacidad, porque no darle la

oportunidad a esta comunidad y dejarnos sorprender de las grandes cosas que

suele hacer, el mundo está hecho para que todos podamos obtener las mismas

oportunidades laborales.

3.7. ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

En el Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, referente a los derechos y

obligaciones de los trabajadores y de los patrones, en cuyo capítulo I se

determinan las obligaciones de los patrones, destacando:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones:

“I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo;...”

En la práctica se ha observado que también se discrimina laboralmente a las

personas con capacidades diferentes, es decir, se propone la incorporación de

este tipo de personas como sujetos de discriminación laboral en la Ley

correspondiente.

Entre las discapacidades o minusvalías físicas más comunes se encuentran la

ceguera, la sordera y la parálisis, mientras que entre las mentales se encuentran

el autismo y los efectos del síndrome de Down, entre otras.

Las discapacidades pueden revestir diferentes grados. Así, entre dos personas

con el síndrome de Down, una puede estar muy limitada en términos de actividad,

mientras que la otra (sólo ligeramente afectada) puede ser capaz de realizar un

trabajo y ser casi autosuficiente.


126

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas

por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público,

subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor

reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una

clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e

incluso ocultados en instituciones.

Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad reconociera que los

discapacitados (aparte de su defecto específico) tenían las mismas capacidades,

necesidades e intereses que el resto de la población; por ello seguía existiendo un

trato discriminatorio en aspectos importantes de la vida.

Había empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a discapacitados,

propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y tribunales que a veces

privaban a los discapacitados de derechos básicos como los de custodia de los

hijos. En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios

en la legislación, a la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por

sus derechos como ciudadanos e individuos productivos.

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer

los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas

estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios

que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social

(facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a

espectáculos) y finalmente y, en la medida de lo posible, integrarse con la

población capacitada.

Las injusticias y desventajas que encaran las mujeres son recurrentes: en la

esfera educativa, en el acceso y la atención a la salud, en la familia, en el ámbito

de la participación política y en el trabajo, donde las expresiones no solo se dan en

términos de acoso sexual, sino también en el valor que se otorga a su trabajo.


127

La discriminación en otros ámbitos de la vida de las mujeres se acumula afectando

sus carreras. En el mundo laboral, las mujeres padecen una de las formas de

discriminación más arraigadas porque su participación en esta esfera pone en

cuestionamiento la exclusividad de su rol en el ámbito doméstico. Y ese rol

precisamente, el de madre y cuidadora, es el que sirve de excusa para actuar de

manera inequitativa y discriminatoria.

Así lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones

Unidas, organismo que ha recomendado prestar especial atención a la protección

de la maternidad de las mujeres que trabajan, ya que la condición actual, futura o

probable de las mujeres como madres sigue siendo una de las principales causas

de su discriminación en el empleo y, por añadidura, en otros ámbitos de su vida

(La discriminación contra las mujeres. consejo nacional para la prevención de la

discriminación. 2007. p. 17).

3.8 LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

Encontramos como antecedentes legislativos más importantes de esta Ley, los

siguientes:

1. Ley de Asistencia Social, publicada en enero 9 de 1986, contra la

discriminación a Mujeres y Adultos mayores.

2. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en Julio 15 de

1992, contra la discriminación a Credos diversos.

3. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en junio 29

de 1992, contra la discriminación a Mujeres, Etnias y razas Discapacidades,

Migrantes, Adultos mayores, Infancia y adolescencia, Preferencias sexuales

y Credos diversos.

4. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

publicada en mayo 21 de 2003, contra la discriminación a Etnias y razas.

5. Ley de Entidades Paraestatales, publicada 14 de mayo de 1986, regula

organismos como el CONAPRED. (CONSEJO NACIONAL PARA

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN)


128

6. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en junio

25 de 2002, contra la discriminación a adultos mayores.

7. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en enero 6 de 1999,

contra la discriminación a Infancia y Adolescencia.

8. Ley del Instituto Nacional de Mujeres, publicada en enero 12 de 2001,

contra la discriminación a Mujeres.

9. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos, publicada en

diciembre 15 de 2002, contra la discriminación a Etnias y razas.

10. Ley General de Educación, publicada en julio 13 de 1993, contra la

discriminación a Mujeres, Etnias y razas, Discapacidades, Migrantes,

Adultos mayores, Infancia y adolescencia, Preferencias sexuales y Credos

diversos.

11. Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en junio 10 de

2005, contra la discriminación a personas discapacitadas.

12. Ley General de Población, publicada en enero 7 de 1974, contra la

discriminación a Migrantes.

13. Ley General de Salud, publicada en febrero 7 de 1984, contra la

discriminación a Mujeres, Etnias y razas, Discapacidades y Migrantes.

Contiene esta Ley 85 artículos, el Capítulo I es de Disposiciones Generales y

consta de 8 artículos, el Capítulo II contiene Medidas para Prevenir la

Discriminación y se ubica en el artículo 9, el Capítulo III se refiere a las Medidas

positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, se sitúa del

artículo 10 al 15, el Capítulo IV, contiene lo referente al Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación, entre los artículos 16 al 42, el Capítulo V regula los

Procedimientos, de los numerales 43 al 82 y el Capítulo VI reglamenta las

Medidas Administrativas para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

3.9 BREVE ESTUDIO DE LA LEY.

El contenido de los principales artículos de la ley publicada en el Diario Oficial de

la Federación, el 11 de junio de 2003; es el siguiente:


129

CAPÍTULO I Disposiciones Generales “Artículo 1

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto

de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se

ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de

oportunidades y de trato”.

El orden público designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros de

una comunidad. Esta idea está asociada con la noción de paz pública, objetivo

específico de las medidas de gobierno.

El orden público se refiere a la cultura jurídica de una comunidad determinada,

incluyendo sus tradiciones, ideales e, incluso dogmas y mitos sobre su derecho y

su historia institucional.

Respecto a la igualdad, es considerada elemento fundamental de la justicia. En

efecto, la justicia únicamente puede existir entre personas que son tratadas de la

misma manera en las mismas circunstancias y cuyas relaciones, en tales

circunstancias, son gobernadas por reglas fijas. Este tipo de problemas, como

veremos, se encuentran más vinculados con el funcionamiento del orden jurídico.

El requerimiento de igualdad no significa: lo mismo para todos. El requerimiento

igualitario de la justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados

igual y por otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus

diferencias relevantes. Los corolarios de la igualdad son la imparcialidad y la

existencia de reglas fijas. La justicia requiere imparcialidad en el sentido de que la

discriminación o el favor en el trato de individuos es un hecho sólo en virtud de

circunstancias, relevantes. Si un padre favorece a un hijo por encima del otro, sin

fundamentos relevantes para tal discriminación, el trato es desigual y, por tanto,

injusto. Si un hombre, por el contrario en cuestiones de hospitalidad, favorece a

sus amigos por encima de los desconocidos, su conducta es injusta toda vez que

no está realizando una función en que se requiera que sea imparcial.


130

La igualdad requiere de reglas fijas porque su modificación, durante el proceso de

valoración de las circunstancias, altera, precisamente, las circunstancias en

perjuicio o en beneficio de alguien. Esto es lo que convierte a las reglas fijas y a la

imparcialidad en elementos indispensables para entender los problemas de la

igualdad jurídica.

Un juez, por ejemplo, no debe favorecer a ninguna de las partes en virtud de que

es rico o pobre, bondadoso o mezquino.

La justicia requiere del Juez que considere a las partes como jurídicamente

iguales en el sentido de que las únicas diferencias que el juez puede considerar

son aquellas que el derecho le exige tomar en cuenta y ningunas otras.

En términos generales puede decirse que si ahí donde se requiere de

imparcialidad, los hombres son tratados de forma desigual, es en un principio,

injusto.

La inmensa mayoría de las situaciones sociales nos permiten construir clases de

situaciones iguales de manera simple, prácticamente intuitiva.

La igualdad que garantiza el orden jurídico a los hombres no significa que éstos

tengan siempre los mismos derechos y facultades. La igualdad así considerada es

jurídicamente inconcebible: es prácticamente impensable que a los hombres se les

impusieran las mismas obligaciones y tuvieran los mismos derechos sin hacer

ninguna distinción entre ellos (menores, hombres, mujeres, alienados,

extranjeros). La igualdad jurídica no es esencialmente diferente de la idea de

igualdad como condición de justicia.

El principio de la igualdad jurídica no significa sino que en las relaciones jurídicas

no deben hacerse diferencias de trato sobre la base de ciertas consideraciones

bien determinadas.

Este es un aspecto importante en la idea de la igualdad jurídica, si el orden jurídico

contiene una fórmula que proclama la igualdad de los individuos, pero si no se


131

precisa qué tipo de diferencias no deben hacerse, entonces la fórmula de la

igualdad jurídica, sería normativamente superflua. Establecer la igualdad jurídica

significa que las instituciones que crean y aplican el derecho no pueden tomar en

consideración, en el trato de individuos, diferencias excluidas por el orden jurídico;

los órganos de aplicación sólo pueden tomar en consideración las diferencias

aceptadas o recibidas por las normas de un orden jurídico.

El funcionamiento de la igualdad jurídica tal y como ha sido explicada corresponde

fundamentalmente a la exigencia del principio de la aplicación regular de las

normas jurídicas, conocido como principio de legalidad.

Pensemos en una sentencia por la cual el tribunal se abstuviera de pronunciar

contra un delincuente reconocido como tal, la pena prevista en la legislación,

únicamente porque el delincuente es blanco y no un negro, o bien porque es

cristiano y no judío, no obstante que en la definición del delito de la disposición

penal no tenga en cuenta la raza o la religión del delincuente. Una sentencia de

este tipo sería susceptible de ser considerada irregular.

Al crear límites en la creación y aplicación del derecho, el orden jurídico, garantiza

que no existen diferencias de trato en virtud de ciertas diferencias relevantes, las

cuales no deben ser tomadas en cuenta.

“Artículo 2 Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y

la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su

ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva

participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán

la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los

particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

En este numeral observamos que el interés del Estado estriba en determinar que

es necesario fomentar la igualdad entre los mexicanos.


132

La expresión “poder público” en el discurso jurídico y en el campo de la ciencia

política ha dado origen a grandes controversias. El significado de la expresión no

es unívoco. Por el contrario, con la expresión “poder público” los autores se

refieren a diferentes objetos. Un uso muy extendido de “poder público”: en la teoría

del derecho público y en la teoría general del Estado es el de “poder político”, de

“poder del Estado”. En este sentido, con “poder público” los autores entienden la

instancia social que conduce (que gobierna) a la comunidad (estatal). Este poder

se distingue de cualquier otro poder por varias características las cuales,

precisamente, permiten denominar lo del “poder público”, y el “poder político”.

Con el predicado “público” o “político”, se alude a que dicho poder afectaría a

todos los miembros de la comunidad. El poder público es el superior común de

cada uno de los miembros de la comunidad.

El poder público es un poder que se atribuye a la comunidad en su conjunto; es,

consecuentemente, considerado unitario. El poder público es, además exclusivo.

En el marco geográfico del poder político es una comunidad política

independiente. Ciertamente, el poder político se manifiesta en comunidades

políticas dependientes (municipios, departamentos, condados, entidades

federativas); sin embargo, éste no es sino una instancia del poder público que

pertenece a la comunidad política independiente en su conjunto, a la comunidad

soberana.

El poder público, entendido, como el poder de una comunidad política

independiente es considerado un poder irresistible. A diferencia de cualquier otro

poder social, el cual se ejerce en razón de ciertas condiciones (relaciones -

parentesco-, ascendiente, compromisos, -pactos, alianzas, promesas -, etc.), el

poder público constituye una dominación en la que se manda de modo

incondicionado.

CAPÍTULO II Medidas para Prevenir la Discriminación


133

“Artículo 9” Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de

oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conductas

discriminatorias:

“I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e

incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las

disposiciones aplicables;

“II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se

asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de

subordinación;

“III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso,

permanencia y ascenso en el mismo;

“IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones

laborales para trabajos iguales;

“V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y deformación profesional;

“VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre

ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

“VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la

participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro

de sus posibilidades y medios;

“VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles,

políticas o de cualquier otra índole;

“IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el

derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos

públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y


134

programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las

disposiciones aplicables;

“X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición

de bienes de cualquier otro tipo;

“XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;

“XII .Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en

que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos que la

ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpretes en procedimientos

administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables;

“XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e

integridad humana;

“XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;

“XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere

el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de

comunicación;

“XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento,

conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no

atenten contra el orden público;

“XVII. Negar asistencia religiosa apersonas privadas de la libertad, que presten

servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o

asistencia;

“XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean

establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales

aplicables;


135

“XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y

desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños;

“XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer

limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley

así lo disponga;

“XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de

atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;

“XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que

preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los

espacios públicos;

“XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;

“XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o

culturales;

“XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en

actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

“XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones

para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una

vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

“XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o

la exclusión;

“XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia

física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia

sexual, y

XXIX. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4

de esta Ley”.


136

Es un numeral que tiene la virtud de cubrir las hipótesis de discriminación que

sufren y siguen sufriendo los mexicanos con discapacidad.

La previsión social es el conjunto de acciones públicas o privadas: destinadas a la

protección de la población en general y de los trabajadores y sus familias en

particular, contra las contingencias o desastres que provengan de situaciones

imprevistas. Métodos dirigidos a satisfacer necesidades futuras a consecuencia de

circunstancias que no puedan advertirse o evitarse. Apoyo económico otorgado a

obreros y empleados, así como a sus familiares, de sobrevenir la falta de medios

para subsistir por motivos naturales o involuntarios, derivados de accidentes,

enfermedades paros forzosos, invalidez, ancianidad o fallecimiento. Para el doctor

Mario de la Cueva la previsión social se contrae a las formas al través de las

cuales, mediante el empleo de recursos presentes, se garantiza un interés futuro''.

Y en tanto el Diccionario de la academia de la Lengua Española define la palabra

previsión como ''la acción de disponer lo conveniente para atender las

contingencias o necesidades previsibles, lo que puede ser previsto, es atributo de

social lo adquiere en cuanto una colectividad o una comunidad de interés es busca

de resolver problemas particulares de un número indeterminado de personas que

convergen en un objetivo común: la adopción de medidas que tiendan a cubrir

riesgos profesionales, la desocupación a los requerimientos de la vejez, a través

de sistemas económicos de seguridad que se pongan en práctica.

Cuando las clases desheredadas sienten su impotencia en el presente y viven con

el temor del futuro, y se dan cuenta además de que no podrán resolver

individualmente el problema de su necesidad, es cuando surge en forma

imperativa la previsión social y se pone en práctica el principio de la mutualidad.

La solución que este sistema conlleva es aceptable y cubre exigencias inmediatas,

pero se han encontrado soluciones colectivas más eficaces provenientes de

instituciones públicas o privadas cuya finalidad es contribuir en mayor grado a la

solución del problema de la necesidad presente y futura de sus miembros o de los

seres que no son autosuficientes económicos.


137

La previsión social tuvo en su origen un carácter privado: los obreros que tuvieron

una visión más amplia de las contingencias presentes, organizaron las llamadas

sociedades de socorros mutuos o mutualidades, en las que mediante la aportación

personal de cuotas módicas se constituía un fondo común que se utilizaba para

otorgar ayudas económicas temporales, a los asociados que sufrían algún

contratiempo que les impedía realizar sus actividades ordinarias. Cuando esto

acontecía, de dicho fondo se tomaban algunas cantidades que eran entregadas al

asociado para que pudiera atender parte de sus necesidades. En su inicio las

mutualidades se concretaron a resolver problemas derivados de accidentes o

enfermedades, pero con el tiempo y al aumentarse las cotizaciones convenidas,

los servicios se extendieron y se destinó a los familiares un modesto seguro de

vida, al sobrevenir la muerte de algún socio.

Los propósitos fueron nobles y resultaron eficaces, pero: llego un momento en que

el costo de la vida se elevó y las cuotas no pudieron alcanzar igual nivel no siendo

posible entonces para muchos trabajadores la entrega de las aportaciones

requeridas, por cuyo motivo dichas sociedades resultaron impotentes para cumplir

sus finalidades y acabaron por disolverse. Por otra parte, el derecho del trabajo

amplio su radio de acción y se impusieron a los patronos obligaciones en materia

de socorros, surgiendo las primeras cajas de socorros y pensiones en países

como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América.

La seguridad social ha sido prácticamente conquista en nuestro siglo tanto en su

creación como en su funcionamiento.

Ha formado parte de la previsión social, que en su vasto campo de acción a barca

no solo los sistemas de seguros que han sido establecidos, si no toda clase de

protección a diversos grupos humanos o sectores: de población. Los gobiernos de

los Estados, compenetrados del principio de que una sociedad sana, protegida y

garantizada en su futuro (aunque en parte mínima) constituye el principal factor de

progreso de una comunidad política y permite al propio Estado el logro de sus

proyectos de asistencia pública que han organizado instituciones que abarcan


138

todo ese campo y que hoy son modelo en el mantenimiento y extensión de sus

servicios).

La previsión social no se ha concretado por ello a la idea exclusiva de conservar

para el hombre su: energía de trabajo por mayor número de años, si no que su

dirección se orienta hacia otros objetivos que podemos sintetizar en lo siguiente

forma: a) la búsqueda de un ingreso que permita al trabajador una existencia

decorosa y a su familia el disfrute de un status aceptable dentro de la sociedad en,

que vive; b) la ampliación de un régimen de seguros que abarquen el mayor

número de contingencias posibles esto es, que cubran no únicamente los riesgos

profesionales (accidentes o enfermedades provenientes de la actividad

productiva), si no riesgos ordinarios propios o de los miembros de su familia, que

con regularidad se presentan en el contacto permanente con la naturaleza y con

las cosas; c) el otorgamiento, de, recursos económicos cuando sobreviene la

desocupación, ya sea por desempleo debido a descensos en la incapacidad

temporal o por ancianidad; d) a la concesión de satisfactores no económicos, sino

de índole personal o familiar. Como son las actividades culturales, recreativas,

deportivas o de ocio activo, como hoy se les denomina, que lo mismo abarcan las

propiamente educacionales que las de transportación, las de comunicación o los

viajes, y e) a la garantía de una vejez digna, de ser posible independiente, en la

que no se carezca de los recursos básicos para sobre llevarla hasta el último

destino: la muerte.

Es indudable que el trabajo, ha sido el promotor de todas estas situaciones al,

constituir la base real de la sociedad, como expresa Marx al hablarnos de los

momentos decisivos de toda la vida. El trabajo para él adquiere sus más altas

dimensiones en cuanto es fuente del salario y de las asignaciones del futuro. Por

esta razón cuando la actividad presente se torna difícil o imposible y hace

necearía la proyección para el mañana, surge el imperativo de pensar en

previsiones, en la seguridad social o en regímenes que protejan la vida y faciliten

la actividad del hombre.


139

Es aquí donde se encuentra el fundamento de la previsión social y en donde la

operatividad de sus principios ha obligado a un cambio radical de concepciones,

pues por un lado se ha impuesto la idea de que un acto de beneficencia no es

compatible con la naturaleza humana, sobre todo tratándose de trabajadores; a

estos en cualquier nivel, condición social o comunidad, repugna pensar que se les

otorgan beneficios como dádiva, como acto generoso de un patrono del Estado o

de un conglomerado social. Por otro lado, el anhelo de obtener razonables

condiciones de vida, ha sido el motor de la clase trabajadora para lograr

elementales satisfactores como un derecho alcanzado gracias al esfuerzo que

realiza en beneficio de la productividad, Estas nuevas concepciones comunitarias

que reconocen al trabajo humano como un deber y una responsabilidad social,

pero que, al mismo tiempo, exigen compensaciones ante el desgaste de energías

vitales, han convergido al final en el reconocimiento de que quien cumple un deber

social tiene derecho a que sea la propia sociedad quien lo recompense.

La previsión social en nuestro país ha alcanzado un notable desarrollo no obstante

los factores negativos que en ocasiones se han presentado para dificultar su

implantación y su desenvolvimiento. Desde principios del siglo la preocupación por

asegurar la vida de los trabajadores dio origen a las primeras reglamentaciones

laborales; Históricamente, antes de surgir el derecho del trabajo entre nosotros,

surgieron leyes que impulsaron el mutualismo, la seguridad social incipiente y los

primeros derechos sociales. Estos se afirmaron en la Constitución de 1917 con la

inclusión, dentro de sus normas de artículos tan importantes como el 27, el 28 y el

123, asombro de legisladores de otros países y otras latitudes.

Es en el texto de estas disposiciones constitucionales donde está la base de la

previsión social mexicana; su redacción y contenido representan el mayor elogio al

trabajo humano, el reconocimiento más completo de las condiciones necesarias

para su desenvolvimiento y la eficaz protección para la eventualidad de riesgos

profesionales.

Otra variante de este concepto, más antigua (data de Platón), es la que postula

que los niños y personas con igual virtud tengan las mismas oportunidades de


140

alcanzar diferentes posiciones sociales. En una acepción más moderna, se trataría

de compensar durante el periodo educativo las diferencias socioeconómicas de

cuna para posibilitar la mayor igualdad posible en el acceso al trabajo y a los

diferentes bienes que ofrece una sociedad.

En 1910, la escritora Clara Zetkin, compañera y amiga de Rosa Luxemburgo,

organizó la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, donde se

aprobó una resolución que establecía el día 8 de marzo como Día Internacional de

la Mujer; esta fecha se conmemora hoy en múltiples países del mundo. En

Latinoamérica son muy desiguales, según los países, las leyes que protegen la

igualdad de oportunidades.

Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la

discriminación laboral por causa de la edad, determinada sin capacidades físicas o

la propia orientación sexual.

CAPÍTULO VI De las Medidas Administrativas para Prevenir y Eliminar la

Discriminación

“Artículo 83

“El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para

prevenir y eliminar la discriminación:

“I. La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto de una

resolución por disposición dictada por el Consejo, de cursos o seminarios que

promuevan la igualdad de oportunidades;

“II. La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes incumplan

alguna disposición de esta Ley, en los que se promueva la modificación de

conductas discriminatorias;

“III. La presencia del personal del Consejo para promover y verificar la adopción

de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma


141

de discriminación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto de una

resolución por disposición, por el tiempo que disponga el organismo;

“IV. La publicación íntegra de la Resolución por Disposición emitida en el órgano

de difusión del Consejo, y

“V. La publicación o difusión de una síntesis de la Resolución por Disposición en

los medios impresos o electrónicos de comunicación.

La imposición de estas medidas administrativas a los particulares, se sujetará a

que éstos se hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente”.

“Artículo 84

“Para determinar el alcance y la forma de adopción de las medidas administrativas

dispuestas por el Consejo se tendrán en consideración:

“I. El carácter intencional de la conducta discriminatoria;

“II. La gravedad del hecho, el acto o la práctica discriminatoria, y

“III. La reincidencia.

Se entiende que existe reincidencia cuando la misma persona incurra en nueva

violación a la prohibición de discriminar”.

“Artículo85

“El Consejo podrá otorgar un reconocimiento a las instituciones públicas o

privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas

y medidas para prevenirla discriminación en sus prácticas, instrumentos

organizativos y presupuestos y el reconocimiento será otorgado previa solicitud de

la interesada.

“La Junta de Gobierno, a propuesta de la Presidencia del Consejo, ordenará

verificar el cumplimiento de los requisitos señalados.


142

El reconocimiento será de carácter honorífico, tendrá una vigencia de un año y

podrá servir de base para la obtención de beneficios que, en su caso, establezca

el Estado, en los términos de la legislación aplicable”.

Esta serie de artículos se refieren al manejo institucional de los derechos de las

personas que pudieran ser discriminadas y reconocen oficial y documentalmente a

quienes propicien el respeto a la igualdad.

Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la

discriminación laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades físicas o

la propia orientación sexual.

Un concepto aparentemente contradictorio desde el punto de vista de su

interpretación literal, es la discriminación positiva, entendida como la política social

dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles

la oportunidad de conseguir alimentos y de disponer de derechos civiles.

Este concepto fue utilizado, por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970 en Gran

Bretaña para definir las áreas prioritarias de educación.

Su equivalente en Estados Unidos es la disposición de intercambiar niños entre

áreas escolares con el fin de favorecer una mayor mezcla étnica en las escuelas.

Ambos términos han surgido al intentar las democracias parlamentarias liberales

crear un área de juego con igualdad de oportunidades para todos los grupos con

independencia de sus desventajas históricas o de explotación.

Los programas están especialmente concebidos para eliminar el racismo, el

sexismo y la discriminación contra las personas mayores y los discapacitados.

El objetivo de estos movimientos es combatir cualquier estatus o característica

que tradicionalmente ha justificado un tratamiento desigual promoviendo los

derechos y privilegios del grupo desfavorecido en cuestión.


143

La teoría subyacente es que si, a través de acción estales como el trato

preferencial a la hora de conceder un trabajo, se consigue que el grupo

desfavorecido comience a ser respetado, se podrán ir retirando de forma paulatina

las acciones oficiales y se establecerá una igualdad de oportunidades o, en el

caso ideal, una igualdad de resultados.

Aunque es patente que muchos colectivos (grupos étnicos, mujeres, personas

mayores, discapacitados, homosexuales, niños, etc.) reciben un trato injusto,

resulta difícil demostrar legalmente esta discriminación.

Las principales áreas de discriminación positiva tienden a combatir el racismo, el

sexismo y a defender a los niños.

Ejemplos como los documentos de transporte especiales para la tercera edad o el

establecimiento de porcentajes de empleo para discapacitados, ponen de

manifiesto la naturaleza de esta reforma social.

3.10 EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN.

El CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, CONAPRED,

es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el 11 de Junio del mismo año.

El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a

contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar

el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la

Constitución Federal.

El CONAPRED también se encarga de recibir y resolverlas reclamaciones y

quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por

autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el CONAPRED desarrolla acciones para proteger a todos los

ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen


144

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias

sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas

(artículo 4° Ley Federal para Prevenir la Discriminación).

Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y está

sectorizada a la Secretaría de Gobernación.

Además, goza de autonomía técnica y de gestión, adopta sus decisiones con

plena independencia, y no está subordinado a ninguna autoridad para sus

resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas. (Artículo 16 de la

Ley Federal para Prevenir y Eliminarla Discriminación).

Uno de los principales antecedentes del Consejo fue el trabajo realizado por la

Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación.

Esta comisión realizó un primer esfuerzo de síntesis y acopio de datos acerca del

fenómeno de la discriminación en el país. Además, postuló la formulación de

políticas públicas y el dictado de disposiciones para prevenir y eliminar actos que

vulneren el derecho a la igualdad en derechos y oportunidades y el imperativo de

la justicia.

Del trabajo realizado por la Comisión, surgió el anteproyecto de lo que

posteriormente se convirtió en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, publicada el 11 de junio del 2003.

Entre algunas de las acciones de la Comisión se pueden contar:

7 Foros Regionales de discusión con especialistas y organizaciones locales, en los

cuales se abordaron temas como: La discriminación contra las mujeres en Ciudad

Juárez.

La discriminación contra niños y adultos mayores en Monterrey.


145

La discriminación por preferencia sexual y temas de desarrollo humano y pobreza

en Guadalajara.

La discriminación contra personas con discapacidad y por estado de salud en el

Distrito Federal.

La discriminación religiosa en Puebla

La discriminación contra migrantes en Zacatecas.

La discriminación por pertenencia étnica o raza en Veracruz.

Foro sobre la discriminación en los servicios de salud en la Ciudad de México (en

colaboración con la Secretaría de Salud).

Además, se recibieron 17 estudios especializados sobre las distintas prácticas

discriminatorias en México y se integró un archivo seminal con información sobre

las legislaciones y los estudios en el terreno de la lucha contra la discriminación.

La Comisión Ciudadana de Estudios contrala Discriminación concluyó sus trabajos

en noviembre del 2001. De su trabajo se derivó un informe general, publicado bajo

el título: "La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad".

Algunas fechas memorables en los antecedentes del Consejo:

Marzo 27 del 2001 Se instala la Comisión Ciudadana de Estudios contra la

Discriminación. Esta Comisión estuvo integrada por 160 personas, y fue presidida

por Gilberto Rincón Gallardo.

Noviembre del 2001 El presidente Vicente Fox Quesada envía el proyecto de Ley

Federal para Prevenir y Eliminarla Discriminación al Congreso de la Unión.

Julio 16 del 2002 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal establece que la

discriminación es un delito en esa entidad federativa. Artículo 206 del Código

Penal para el Distrito Federal.


146

Abril 29 del 2003 Se aprueba por unanimidad en el Congreso de la Unión la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Junio 11 del 2003 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

(LFPED) es publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se crea el

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED).

Septiembre 17 del 2003 Se instala la Junta de Gobierno del CONSEJO

NACIONAL PARA PREVENIRLA DISCRIMINACIÓN.

Abril 26 del 2004 El Estatuto Orgánico del CONAPRED se publica en el Diario

Oficial de la Federación.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, los objetivos del CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA

DISCRIMINACIÓN son:

Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.

Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo

Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

En cuanto a las atribuciones del CONAPRED (Artículo20), son:

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y

acciones para prevenir y eliminarla discriminación.

II. Proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar

la Discriminación conforme a la legislación aplicable.

III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la

discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como

expedir los reconocimientos respectivos.


147

IV. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en

los ámbitos político, económico, social y cultural.

V. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes

en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones

aplicables, las modificaciones que correspondan.

VI. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que

envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, así como los proyectos de

reglamentos que elaboren las instituciones públicas.

VII. Divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; así como

promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno.

VIII. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas

discriminatorias en los medios de comunicación.

IX. Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su

competencia.

X. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación

mediante asesoría y orientación, en los términos de este ordenamiento.

XI. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a

responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales

XII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en

esta Ley.

XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales,

locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y

privadas.


148

Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal y de más órganos públicos, con el propósito de

que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y

compensatorias para cualquier persona o grupo.

XIV. Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para

verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia,

con las excepciones previstas por la legislación.

XV. Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley.

XVI. Asistir a las reuniones internacionales en materia de prevención y eliminación

de discriminación.

XVII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás

instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales o

internacionales en el ámbito de su competencia.

XIII. Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de administración de

personal basado en el mérito y la igualdad de oportunidades que comprende los

procesos de Reclutamiento, Selección, Ingreso, Sistema de Compensación,

Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción y Separación de los

Servidores Públicos, y

XIX. Las demás establecidas en la Ley, en el Estatuto Orgánico y demás

disposiciones aplicables.

3.11 MEJORÍAS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

La discapacidad puede tener una incidencia mínima en la capacidad de trabajar e

integrarse en la vida social. Y es precisamente en este apartado donde

abordaremos las distintas capacidades que pueden desarrollar las personas que

padecen discapacidad, al introducirnos a pocas empresas que han optado por

agregar a su planilla laboral a personas de esta comunidad.


149

Los empleadores son los que se ven beneficiados pues el mayor número de

personas aptas para el trabajo que desempeñan están en aquellos trabajadores

que son afectados por una discapacidad, debido a que si estos trabadores se

logran mantener en su empleo que poseían antes de padecer una discapacidad,

pueden reincorporarse, ya que de lo contrario se perderían las valiosas

competencias adquiridas por estos en el marco de la actividad laboral y de la

formación relacionada con su trabajo.

Ya desarrollado las diferentes discapacidades existentes en los anteriores

apartados, entramos de lleno a los beneficios que se obtienen en la contracción de

las personas con discapacidad, partiendo de la idea que la discapacidad no es

sinónimo de incapacitado. Los argumentos económicos que avalan la

conveniencia de contratar a personas con discapacidades son cada vez más

evidentes.

Muchos empleadores han contratado a personas discapacitadas, con base a sus

calificaciones profesionales, debido a la política de equidad en materia de empleo

de la empresa o bien a causa de la obligación resultante del sistema de cuotas.

Las personas discapacitadas suelen ser empleados capaces y responsables cuya,

tasa de asistencia al trabajo es elevada, que sufren pocos accidentes y que con

frecuencia permanecen en el puesto de trabajo durante más tiempo que los demás

empleados. Asimismo, contribuyen a la productividad, a la moral del personal y al

espíritu de equipo en el lugar de trabajo en general (Gestión de las discapacidades

en el lugar de trabajo, 2002).

Además, pueden atraer a una clientela más amplia, como las personas con

discapacidades y sus familiares, amigos o defensores. Habida cuenta de que las

personas con discapacidades representan alrededor del diez por ciento de la

población, este incremento de la clientela puede tener un gran impacto sobre una

empresa o un servicio.


150

Los empleadores también se benefician al conservar en el empleo a las personas

cuya discapacidad se produjo durante su contratación. Así, siguen aprovechando

los valiosos conocimientos adquiridos en el puesto de trabajo y por medio de

cursos de capacitación profesional. Evitando pérdidas de tiempo y ahorrando los

gastos de asistencia médica y de seguro afines, así como los costos resultantes

de contratar e impartir formación al nuevo personal.

Por sus características personales tienen:

• Alta motivación para trabajar;

• Afán de superación personal;

• Capacidad para afrontar nuevos retos;

• Gran interés y disposición para aprender;

• Gran disponibilidad para trabajar;

Por el desarrollo laboral que representan para la empresa son:

• Personas constantes en su trabajo;

• Personas que suelen ser más puntuales que los demás;

Para muchas empresas dentro de ellas IBM de México y el grupo BIMBO, por

mencionar algunas, coinciden que las personas con discapacidad son más

productivas que los demás empleados, personas que solicitan licencias y permisos

con menos frecuencia que las que no tienen ninguna discapacidad y personas

altamente responsables.

Otra forma para fomentar empleos a las personas con discapacidad, ha sido crear

enérgicamente campañas de concienciación con la participación de

organizaciones de personas con discapacidades y de organizaciones

internacionales, que han impulsado nuevos cambios a raíz del problema

ocasionado por el incremento del desempleo y de los elevados costos, en ascenso

vertiginoso, a que debe hacer frente el erario público.


151

Algunas empresas han optado por una postura social como consecuencia de

diferentes factores, en donde cada vez hay conciencia de las ventajas económicas

y sociales resultantes de la integración de los discapacitados en la población

activa.

Si tomamos en cuenta los resultados de la Encuesta 2010, del Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se sabe que el veintisiete punto

cinco por ciento de las personas con discapacidad considera que el principal

problema al que se enfrentan en México es el desempleo, y es que sólo un treinta

y ocho punto nueve por ciento de este colectivo obtiene un ingreso por su trabajo

(Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, ENADIS 2010).

Bajo el contexto de la discriminación tenemos que muchos empleadores la

piensan dos veces, antes de contratar a personas que pertenecen a este colectivo.

Se cree erróneamente que con este tipo de empleados sus empresas podrían ver

reducida su producción, y que por su condición serían faltistas y creen que podrían

tener mayores dificultades para realizar sus actividades.

Además, entra en consideración la falta de accesibilidad dentro de las plantas de

trabajo y de los edificios. Ahora bien, muchos de esos empleadores ignoran en su

mayoría de los beneficios fiscales que podrían obtener al contratar a personas con

discapacidad.

Entre los beneficios resultantes de la contratación de personas con

discapacidades para la sociedad en general, figuran los siguientes:

Una reducción de los costos de las prestaciones públicas de discapacidad que se

han disparado en muchos países en los últimos años.

La reducción del costo de oportunidad, es decir, los gastos resultantes del tiempo

perdido como consecuencia de las discapacidades crónicas o temporales que,

según se ha demostrado, son muy elevados y tienen un importante efecto sobre la

economía nacional y la aportación de las personas discapacitadas, una vez


152

integradas en el mundo del trabajo, mediante el pago de los impuestos y del

seguro social.

En muchos países, las organizaciones y redes de empleadores están

contribuyendo actualmente al proceso de cambio. Están empezando a

desempeñar un papel, activo al brindar a sus miembros información y

asesoramiento acerca de la contratación de personas discapacitadas o de la

conservación en el empleo de trabajadores que sufren de una discapacidad

posterior a la contratación.

Varias organizaciones de empleadores han elaborado una declaración de política

sobre la discapacidad y algunas están desempeñando un papel promocional de

alcance nacional.

Las organizaciones de trabajadores también han empezado a fomentar las

posibilidades de empleo y a facilitar la conservación en el empleo y las

oportunidades de reintegración profesional para las personas discapacitadas,

defendiendo sus intereses en el lugar de trabajo.

Esas organizaciones elaboran declaraciones de política sobre los derechos de las

personas discapacitadas en materia de igualdad de oportunidades y de trato en el

lugar de trabajo.

Asimismo, aportan su contribución representando los intereses de las personas

discapacitadas en los procesos de consulta y de negociación nacionales, así como

mediante la elaboración de prácticas adecuadas.

Las mujeres y los hombres discapacitados con las aptitudes adecuadas, en el

puesto de trabajo apropiado y con el requerido apoyo, son empleados capaces y

responsables, y miembros valiosos desde el punto de vista económico.

La gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el lugar de

trabajo presenta un interés económico para los empleadores. Puede en efecto

suponer un ahorro importante en términos de tiempo y de pagos de seguros y de


153

asistencia médica, así como de costos de contratación y de formación de nuevo

personal.

Una estrategia global de gestión de las discapacidades debe asimismo contemplar

la contratación, la promoción y la retención en el empleo, así como ajustes y

acondicionamientos en caso de necesidad.

Se pueden utilizar las prácticas en materia de recursos humanos, los comités de

representación y otras estructuras existentes para aplicar la estrategia de gestión

de las discapacidades, con las adaptaciones precisas para que se ajusten a los

trabajadores empleados discapacitados.

Con el apoyo de las organizaciones de empleadores, pueden beneficiarse de la

contratación de personas con discapacidades, ya sea directamente o tras un

período de formación en el empleo o una contratación a prueba, debido a que se

aprovecha la experiencia de estas organizaciones.

La conservación en el empleo de las personas, cuya discapacidad se produjo con

posterioridad a la contratación significa que el empleador conserva a trabajadores

experimentados, con gran pericia y en los que se ha invertido mucho.

A veces resulta necesario realizar ajustes en el lugar de trabajo o en lo referente a

las modalidades de trabajo. Y es cuando, el costo de estos acondicionamientos es

relativamente bajo.

Empresas socialmente responsables que han puesto en práctica diferentes

políticas, para incorporar a las personas con discapacidad, por mencionar un

ejemplo exitoso de integración laboral de personas con discapacidad, es la

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que es el fruto de la unión

de personas con discapacidad desde 1938, en el cual, su integración laboral se

basa en una norma estatal que le otorga la explotación del cupón denominado

“Pro-ciegos”, boletos de lotería para que sus afiliados tengan un trabajo digno

(Todos y todas podemos trabajar: guía regional de accesibilidad para empleados.


154

México-El Salvador- Ecuador y Perú. Organización de Estados Americanos (OEA).

Realizado en Estados Unidos de Norteamérica).

Dicha organización es una pionera en la inclusión de las personas con

discapacidad, donde su director general de dicha fundación, Luis Crespo, afirmó

que “La contratación de personas con discapacidad es un valor seguro para la

empresa porque con ellas la fidelidad y el buen rendimiento están asegurados”.

Además, “contar con trabajadores que, como las personas con discapacidad,

tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo, motiva que éstas tengan

mayor fidelidad a su puesto de trabajo, lo cual repercute consecuentemente en

mayor productividad” (www.empleoydiscapaciad.mx última consulta 24 d enero de

2013).

Se puede expresar fácil, las medidas que deben tomar tanto el empleador como el

gobierno, a pesar de no ser un tarea fácil, es momento para empezar a crear

conciencia y valorar el trabajo de todo aquel que pueda desarrollarlo sin importar

su condición física y deja a un lado la falta de cultura para erradicar la

discriminación, dar paso a la igualdad de oportunidades pero por algo hay que

empezar, esto es un trabajo de día a día que podemos lograr si contribuimos con

integrar a todos aquellos grupos vulnerables, dignos de tener una vida mejor.

3.12 ESTÍMULOS FISCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS

SOCIALES QUE INCLUYAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Dentro del ámbito fiscal tenemos que es el Estado a quien corresponde buscar la

manera de obtener recursos para brindar bienestar a sus habitantes, dentro de

esta recaudación, en México, como en muchos países, contamos con los

impuestos que para el público en general representan una carga. Por lo cual el

gobierno, para minimizar estos pagos, crea incentivos que sirven como apoyo para

estimular obras a favor de la sociedad.

Y es a través de diferentes ordenamientos legales, que el gobierno introduce

estímulos fiscales a favor de las personas con discapacidad. Entre los cuales


155

contamos con la Ley del Impuesto sobre la Renta, a través de su artículo 40, que

establece una deducción del 100% para las adaptaciones que se realicen a

instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas

adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad

motriz, intelectual, auditiva o de lenguaje, y visual, el acceso y uso de las

instalaciones.

Para ello, las empresas deben de hacer ciertos "ajustes razonables" a sus

instalaciones, tales como la instalación de rampas, el acondicionamiento de

baños, elevadores, guías en braille, salva-escaleras, gusanos, etc. Muchos creen

que con estas adecuaciones se depreciaría el cinco o el diez por ciento anual.

En realidad, esta inversión se puede deducir en un cien por ciento al momento de

hacer el desembolso, tal como se establece en el artículo antes citado en su

fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el cual se establece: "Es

deducible al cien por ciento las adaptaciones que se realicen a instalaciones que

impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones

tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y el uso

de las instalaciones del contribuyente".

Otro beneficio fiscal es el de poder deducir al 100% todo el impuesto sobre

prestación de trabajo que se le haya retenido al trabajador, y que se haya pagado

en su momento a Hacienda, así lo menciona el Artículo 222 de la Ley del Impuesto

sobre la Renta que a la letra dice: "El patrón que contrate a personas que

padezcan discapacidad motriz, y que para superarla requieran usar

permanentemente prótesis, muletas o silla de ruedas; mental; auditiva o de

lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal; o tratándose de

invidentes, podrá deducir de sus ingresos un monto equivalente al cien por ciento

del Impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al

Capítulo I del Título IV de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo

respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el Art. 12 de la Ley

del Seguro Social, que estén inscritos al régimen obligatorio y además obtenga del

Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador".


156

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su

artículo 14 señala que en el caso de concurso para la adquisición de bienes,

arrendamientos o servicios, que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se

otorgarán puntos a la empresa que cuente con al menos el cinco por ciento de

personal con discapacidad en su planta de empleados, cuya antigüedad no sea

inferior a seis meses, comprobándolo con el aviso de alta al régimen obligatorio

del Seguro Social.

Con lo cual se pretende lograr que los gastos que deben sufragar los

empleadores, en relación con la discapacidad de los asalariados se reduzcan al

mínimo, incluidos, en algunos casos, los gastos por atención médica y seguros,

haciendo maximizar la contribución que los trabajadores con discapacidad pueden

realizar a las empresas.

Es importante señalar que el beneficio fiscal, que da la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), establece que no todos los estímulos fiscales son

acumulables y para evitar doble beneficio fiscal, sólo permite escoger sólo una

opción.

Los beneficios y estímulos fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) ofrece a los empresarios que contratan a personas con

discapacidad aplican directamente sobre los impuestos que pagan. Dentro de las

modalidades, está la opción del ahorro real para la empresa, es el impuesto que

no va a pagar.

Cabe mencionar que en algunos Estados exentan del pago del Impuesto sobre

Nómina las erogaciones por remuneraciones a los trabajadores de capacidades

diferentes, entre ellos podemos mencionar al Distrito federal, Jalisco y Morelos.

De igual forma mediante Decreto Presidencial, se otorga el estímulo fiscal al

impuesto sobre la renta a los contribuyentes que empleen a personas con

discapacidad. En este Decreto se autoriza deducir de los ingresos acumulables del

contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional


157

equivalente al veinticinco por ciento del salario efectivamente pagado a las

personas con discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje contratadas en

un ochenta por ciento o más de la capacidad normal, o tratándose de invidentes.

En México, como en muchos otros países, la integración laboral de personas con

discapacidad y necesidades especiales es impulsada por las autoridades

correspondientes. Para ello se han diseñado diversos estímulos fiscales que

tienen como objetivo principal promover la contratación bajo un esquema de

ganar-ganar, dentro del cual tanto empleadores como empleados obtienen

amplios beneficios.

Poco se sabe de los reconocimientos que otorga el Estado Mexicano, los cuales

fueron creados ante la preocupación constante por estimular a las unidades

productivas, y mejorar la calidad de vida de ciertos grupos vulnerables, el Estado

Mexicano se suma al resto del mundo que ha creado estos reconocimientos para

propiciar beneficios.

Retomando la idea de ayudar a los grupos más vulnerables, crea el distintivo

denominado "reconocimiento por la cultura de la no discriminación", otorgado por

la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual busca

reconocer instituciones públicas o privadas o sociales que lleven a cabo

programas y medidas para prevenir la discriminación en todas sus prácticas.

Y a su vez la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS) crea el galardón

Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo", con el ánimo de distinguir a las

instituciones públicas, privadas y sociales que se comprometen a las prácticas

laborales hacia grupos de situación vulnerable como son las personas con

discapacidad, adultos mayores y con VIH/SIDA (Lineamientos, Distintivo Empresa

incluyente 2010).

Dicho reconocimiento fue elevado al rango distintivo, lo cual implica un mayor nivel

de competencia para los centros de trabajo comprometidos con la inclusión

laboral, así como el respaldo de esta dependencia para promover el


158

fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas y sociales que se convierten

en el modelo de una nueva cultura laboral basada en la incorporación, en la

dignidad y el respeto de los derecho humanos.

Con este distintivo se pretende erradicar la discriminación y la creación de

condiciones óptimas para la inclusión laboral de las personas en situaciones

vulnerables, asimismo se busca promover un cambio cultural que tenga impacto

cualitativo, traducido en efectiva igualdad de derechos, trato y oportunidades para

todos los grupos vulnerables.

La inclusión de este distintivo va encaminado a inspirar el derecho de las personas

a participar en la vida productiva y lograr por medio del trabajo la satisfacción de

saberse útil y capaz de servir a México y a la vez generar centros de trabajo más

humanos, productivos y competitivos.

El gobierno dentro de sus acciones para promover la integración laboral de

personas con discapacidad, debe dar a conocer estos beneficios a todos los

empresarios, ya que uno de los obstáculos más grandes para la contratación de

personas con discapacidad, es la falta de información sobre la existencia de los

estímulos fiscales.

Podemos lograr el empleo de las personas con discapacidad si impulsamos la

contratación de personas con discapacidad y necesidades especiales al ofrecer

beneficios fiscales a los empresarios, además de promover una cultura de

aceptación a la diversidad en el ámbito laboral.

Crear conciencia entre los trabajadores que en su entorno existe la posibilidad de

sufrir algún accidente que podría causarles una discapacidad, pero con el

beneficio que de ser así, podrán conservar su empleo, sea cual fuere la causa.

Otorgar beneficios para los patrones que reincorporen a aquellos trabajadores que

hayan sufrido alguna discapacidad por una accidente de trabajo, proponemos

beneficios en las cuotas obrero-patronales a cargo del Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los


159

Trabajadores (INVONAVIT), los cuales desafortunadamente no tienen privilegios,

dando como resultado que existan rendimientos para el trabajador como para el

patrón, donde uno conserva su empleo y el otro no manda a su casa a un

trabajador que paga por su rehabilitación y pensión en el supuesto de ser por

accidente de trabajo, sino que podrá volver a producir para la empresa, con el plus

de obtener los beneficios que el gobierno cree a favor de todas la empresas que

recontraten a aquellos trabajadores que sufran un accidente de trabajo.

Asimismo, todas las capacitaciones que requiera el personal, tanto las personas

con discapacidad que entran a trabajar a la empresa, como las que ya laboren ahí

tengan un proceso de sensibilización con sus nuevos compañeros de trabajo,

puede ser deducible al 100%.

México cuenta con empresas incluyentes que contratan a personas con

discapacidad, sin importar sus condiciones, el trabajo es una parte importante para

el desarrollo de todo ser humano y en el caso de las personas con discapacidad

es un paso más para tener una vida independiente. Hay muchos estados de la

república, para efectos del Impuesto sobre nóminas o de remuneraciones, donde

las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad no se incluyen en el

pago de dicho impuesto. Y sin importar esta situación, hay empresas que

contratan a personas con discapacidad, entonces es el momento de hacer

conciencia y respaldar a estas empresas que ayudan a esta comunidad,

otorgándoles el descuento necesario para poder ampliar su personal a favor de la

comunidad discapacitada.

Después de lo anterior, sólo falta que las empresas aumenten su índice de

contratación hacia las personas con discapacidad en beneficio de nuestra

sociedad, que se acerquen cada vez más a ser empresas que incluyan en su

nómina a personas con discapacidad, siendo un gran reto, pero sobre todo un

arduo trabajo que sin duda requiere del esfuerzo del día a día.

3.13. COMPROMISO SOCIAL DE LAS EMPRESAS CON LAS PERSONAS

DISCAPACITADAS.


160

La implicación social del empresario es fundamental para creer que existe una

clara convicción de que es posible la incorporación de las personas con

discapacidad al mercado ordinario de trabajo, siendo ésta una realidad y no tan

sólo un proyecto bonito pero poco alcanzable.

Los empresarios son los que posibilitan las diferentes oportunidades de empleo.

Los agentes sociales cumplen con el objetivo de difundir que las empresas tienen

la posibilidad de colaborar con un proyecto que consiste en ofrecer una

oportunidad para las personas con diferentes discapacidades.

Por este motivo, es importante que los empresarios vean la integración de estas

personas como una ventaja para sus negocios y no como un problema, no creer

que contratar una persona con discapacidad conlleva una serie de dificultades

continuas porque, no va a poder desempeñar plenamente su misión en su puesto

de trabajo; eso no es cierto, ya que estas personas se pueden adaptar plenamente

gracias a sus capacidades.

Desde las empresas y el mundo laboral se debe procurar una sociedad más justa,

en la que se luche porque todas las personas tengan la posibilidad de poder

integrarse en el mercado de trabajo, que no se vean privadas de algo tan

fundamental, como es el derecho a un puesto digno.

Pero para que esto sea posible, es vital que el empresario tenga una mentalidad

abierta a una nueva forma de entender la discapacidad, romper los distintos

prejuicios que se pueden tener, ya sea por una falta de información o por tener

una concepción errónea de esta realidad social.

Realmente la discapacidad, por grave que pueda ser, es una circunstancia de la

vida exactamente igual que otra, sus consecuencias dependerán de cómo nos

enfrentemos con ella, por lo tanto tienen posibilidades de alcanzar la

normalización en el mundo laboral y social.


161

Mucho se menciona acerca de la responsabilidad social que tiene la empresa,

pero cuantas veces vemos que las instalaciones no son las adecuadas ni para los

mismos clientes de ella, y mucho menos pensar que las fábricas las poseen.

Si se trata de ayudar a las personas con discapacidad, porque no hacer la

conciencia de adaptar los puestos de trabajos, incluidos el ajuste y la modificación

de maquinaria, equipo, innovar en el contenido del trabajo, del tiempo del trabajo

hay empresas que prefieren donar una parte de sus ingresos a Instituciones de

Asistencias Privadas para deducir sus impuestos, siempre y cuando éste no debe

de rebasar el siete por ciento de sus ingresos acumulables en el año, que

incorporar a su lista de trabajadores a personas con discapacidad.

Siendo que a través de esta incorporación, la compañía puede ofrecer su cara

más humana, en responsabilidad social empresarial. Haciendo que la

accesibilidad y la incorporación de personas con discapacidad enriquezcan la

política de Responsabilidad Social de su empresa.

Cabe mencionar que los empleadores del sector privado y del sector público, sea

cual fuere el tamaño de la empresa o entidad, situados tanto en las zonas urbanas

como en las zonas rurales de los países industrializados, los países en desarrollo

y los países en transición, deben incluir en su personal a todas aquellas personas

con discapacidad que puedan ser aptas a ocupar una vacante en su empresa,

dejando a un lado la discriminación y haciendo honor a ser llamada una empresas

socialmente responsable no solo por donar en especie a su comunidad, sino

también para que de esta forma, las personas con discapacidad puedan obtener

una mejor calidad de vida, sin importar su condición, y que mejor manera de

hacerlo que por ellos mismos.

Dentro de toda esta responsabilidad social que la empresa hace con la sociedad

en general, va de la mano garantizar que las personas con discapacidad reciban

un empleo digno, con un trato igual al de los trabajadores no discapacitados, tanto

en salario, como en aquellas prestaciones en especie por concepto de vales,


162

transporte, horarios, días de descanso y demás prestaciones que por derecho les

corresponde.

Como empresa responsable debe ayudar a las demás empresas a fomentar estos

valores, donde sus miembros participen en pláticas, asesoramiento, ya sea en

grandes, micro y pequeña empresa, con la finalidad de sensibilizar sobre las

ventajas que conlleva la gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo,

promocionar puestos a los discapacitados en el área laboral.

Sin dejar a un lado el papel fundamental que deben realizar las autoridades

competentes, proponer estrategias de gestión de la discapacidad en el lugar de

trabajo, como parte integrante de una política nacional encaminada, a promover

oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en los sectores

públicos y privados.

Con la colaboración de asociaciones y organizaciones en defensa de las personas

con discapacidad se podrá intercambiar avances de las técnicas y la tecnología en

materia de adaptación del lugar de trabajo, adquisición de experiencia laboral en

relación a las personas con discapacidad, la práctica en materia de ética

inherentes a la divulgación de información sobre los trabajadores con

discapacidad, sensibilizando a todos sus integrantes pero en si a los empleadores

en el tema de la discapacidad.

Los empleadores pueden ayudarse también de autoridades competentes o con

organismos técnicos que disponen de conocimientos especializados en materia de

discapacidades para poner en marcha técnicas, programas que fomenten y

ayuden la incorporación de personal con discapacidad, pero también a todo

trabajador que llegue a adquirir una discapacidad, sin tener que aportar capital,

sino al contrario ser beneficiados de los conocimiento que poseen estas

instituciones, es decir crear un intercambio donde ambos tendrán mucho

provecho.


163

Para llevar a cabo la incorporación de las personas con discapacidad a su lugar

trabajo, el empresario, como ya se mencionó debe hacer ciertas transformaciones

o mejoras a su empresa, dentro de estas tenemos que el empleador debe informar

a sus demás trabajadores, en términos fáciles de entender, conocimientos de que

es la discapacidad, de la tarea que se va a desempeñar al laborar con personas

con discapacidad, resguardar la observancia de las normas de seguridad y salud

en el trabajo para poder desenvolverse todo en armonía.

De la misma forma, los altos directivos de las empresas deberían manifestar su

compromiso con la estrategia de la gestión de discapacidad, en materia de

contratación de personas con discapacidad, así como del mantenimiento del

empleo de aquellos trabajadores que sean afectados por una discapacidad.

Como suele suceder, habrá ocasiones en que los empleadores que no estén en

condiciones de contratar inmediatamente a un trabajador discapacitado, podrían

considerar la posibilidad de dar oportunidades para adquirir una experiencia

laboral a las personas con discapacidad que buscan trabajo, y así permitirles que

obtengan las competencias, conocimientos y disposición al trabajo indispensable

para el desempeño especifico de cada puesto. Con la opción de ofrecer al

trabajador discapacitado la oportunidad de evaluar las aptitudes y competencias

del mismo y considerar la posibilidad de contrátalo una vez finalizado el periodo de

formación del empleo.

Siendo la empresa un prototipo para la sociedad, la cual se convierta en modelo

en la contratación de personas con discapacidad, al par deberán manejarse la

igualdad de oportunidades que brinden a los trabajadores con discapacidad, sin

necesidad de recurrir solamente a los donativos que éstas realizan a asociaciones

civiles, lo cual es benéfico pero simplemente queda hasta ahí, su labor social,

pues cuantas veces no encontramos en los cruceros gente con alguna

discapacidad, mendigando dinero para tratar de sobrevivir en este mundo lleno de

discriminación y de ignorancia, sin ponerse a pensar que estas personas también

tiene derecho a obtener su propio dinero a través de su trabajo, y que mejor que la


164

empresa sea su primera opción para lograr una mejor condición de vida, al ser una

fuente generadora de empleos.


165

CAPÍTULO IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO.

En materia de protección de las personas con discapacidad existen instrumentos

jurídicos tanto nacionales como internacionales que protegen sus derechos. A

nivel internacional están la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad. En el ámbito

nacional están la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de personas

con Discapacidad.

Las personas con discapacidad son titulares de la totalidad de derechos humanos

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

tratados internacionales firmados y ratificados por México, la normatividad

nacional e internacional aplicables a este grupo de población siendo una de las

más amplias.

Este es el marco legal, que si bien es perfectible, es un excelente punto de partida

para trabajar a favor de los derechos de las personas con discapacidad, tomando

en cuenta que es necesario generar políticas públicas para ellos y ellas, por medio

de la ley, ya que es fundamental brindar las oportunidades para que puedan

integrarse a las actividades productivas y culturales con plenos derechos e

independencia, aplicando programas y acciones diferenciadas según los tipos de

discapacidad, incrementando el acceso a los servicios educativos, de salud y a los

espacios urbanos, así como oportunidades de recreación y de inserción en el

mercado laboral.

4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Nuestra máxima ley del derecho mexicano fue reformada en el año 2001, con la

finalidad de comenzar a combatir la discriminación que hasta ese entonces no

existía ley alguna para erradicaría, es hasta este año que se inicia de forma legal


166

el reconocimiento en forma expresa de este gran problema, donde la

discriminación, ha estado y sigue a lo largo de los años, violentando a su vez el

concepto de igualdad.

En agosto del mismo año se adicionó un tercer párrafo al artículo 1° de nuestra

Carta Magna, que establece "Queda prohibida toda discriminación motivada por

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Dicha modificación deja claramente ver que con dicha adhesión se quiso dar

protección a todo aquel que sufre de discriminación pero a su vez otorga el

derecho a no ser discriminados, a través de la prohibición de todo tipo de

discriminación originada por diferencia, exclusión y segregación hacia los diversos

sectores de la población; el texto hace alusión a una serie de circunstancias por

las cuales no pueden ser sujeto de discriminación las personas, dejando

acertadamente abierta la posibilidad de que sea considerada discriminatoria

cualquier situación que transgreda los derechos fundamentales del hombre y en

consecuencia pretenda abolir la dignidad humana.

Dentro de estas reformas está la inclusión de ciertos derechos a las comunidades

indígenas en el artículo 2°, las cuales han sufrido del gran problema de la

discriminación, si bien es cierto forman parte importante de nuestra historia,

también lo es que aquí solo se incluye el reconocimiento de esta minoría por su

legado cultural y trascendencia, significando un gran paso para escuchar a lo que

el gobierno ha denominado minorías.

Es de considerarse que el artículo 4 constitucional hace el reconocimiento

evidente de la igualada entre hombre y mujer, tal y como lo describe el primer

párrafo que a la letra dice " el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta

protegerá la organización y el desarrollo de la familia."


167

Dentro de la licitud se encuentra el poder dedicarse al trabajo que uno quiera o

pueda desempeñar, siempre apegado a la ley; el artículo 5o.- dispone: " A ninguna

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o

por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su

trabajo, sino por resolución judicial."

Contempla nuestra máxima ley la libertad de poder realizar el trabajo que a uno

mejor le parezca, sin importar la rama, dando la oportunidad de poder tener

acceso al trabajo lícito.

En concordancia, el párrafo tercero del citado artículo prevé " nadie podrá ser

obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el

cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123."

Quedando perfectamente claro que nadie puede ser obligado a prestar servicios

profesionales, sin que por ello no le sea otorgada una retribución justa, salvo que

dicha causas sea impuesta por una autoridad judicial derivada de una sentencia

dictada por un órgano jurisdiccional.

El artículo 123 de nuestra Carta Magna asienta una serie de preceptos de tipo

social, siendo proteccionista de los derechos de los trabajadores, este articulo está

divido en dos apartados, con la finalidad de diferenciar los tipos de trabajadores

que presten sus servicios, siendo de la siguiente manera, el apartado A regula el

trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticas, entre otras, es decir,

todo aquel que esté regido por un contrato de trabajo, mientas que el apartado B

rige las relaciones laborales de los poderes de la unión, el gobierno del distrito

federal y sus trabajadores.


168

Para nuestro tema de investigación hablaremos genéricamente del trabajador, ya

que se tocarán derechos fundamentales de todo aquel trabajador, como es la

jornada laboral, que será de ocho horas diarias; el lapso que debe cubrir la jornada

máxima nocturna de siete horas, sin exceder el trabajo extraordinarios de tres

horas diarias, el descanso necesario para todo trabajador, la prohibición de los

menores de 14 años a trabajar, del salario mínimo que debe obtener un trabajador

en pago a la prestación de sus servicios. Del mismo modo, la fracción VII del

apartado A del artículo 123 constitucional dispone "para trabajo igual debe

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad", y aquí

debería decir ni discapacidad, porque deja desprotegidos a la población con

discapacidad, siendo que por su condición reciben menos salarios, realizando el

mismo esfuerzo que una persona sin discapacidad. Se propone que la citada

fracción sea reformada al tenor siguiente: “artículo 123 fracción VII "para trabajo

igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad, ni

discapacidad”.

Vemos que este artículo señala de forma general las normas mínimas de trabajo

que deben exigir en una relación de trabajo, de ahí que la ley reglamentaria de

este artículo está contenida en la Ley Federal del Trabajo, de la cual ya se

comentó anteriormente y que al igual que la Constitución resguarda, defiende y

vela los derechos de los trabajadores.

Por otra parte, diversos tratados internacionales que están ratificados por México;

de acuerdo a nuestro sistema jurídico, los tratados internacionales y las leyes

federales se encuentran en el mismo rango de inferioridad respeto de la

Constitución, como lo establece el artículo 133 constitucional " esta constitución,

las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y todos los tratados que

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de

la república, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión.

Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o

leyes de los estados."


169

A continuación se analizarán los siguientes instrumentos internacionales,

relacionados con las personas con discapacidad.

4.2. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

Aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), el 13 de diciembre de 2006 esta convención, cuya finalidad es ampliar

internacionalmente e integrar, promover y proteger los derechos y la dignidad de

las personas con discapacidad con la participación y recomendaciones de la

Comisión de Derechos Humanos.

Tomando en cuenta desde su preámbulo todos los derecho inherentes al ser

humano, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y

aclarando que las barreras puestas a esta comunidad es más de actitud y de

enfoque, puesto que los obstáculos impuestos a las personas con discapacidad

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

En su artículo 1, segundo párrafo, "Las personas con discapacidad incluyen a

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las

demás." como ya se mencionó, la inclusión de las personas con discapacidad y la

inserción en este artículo de todos los tipos de discapacidad, a su vez el artículo 2

tercer párrafo, señala “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá





tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de

ajustes razonables;" es decir, rechaza todo tipo de discriminación, por lo cual no

da lugar a ejercerla en los países suscritos a esta Convención.


170

Abarca todos los aspectos de la población con alguna discapacidad, pero más allá

de esto, coloca a las personas con discapacidad en igualdad de circunstancias

que el resto de la población.

Denominado Capítulo de obligaciones generales, el artículo 4, conformado por

incisos, A, B, E, I. A la letra dice:

a) “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;” hacer todo

lo posible los países miembros para formar todos aquellos instrumentos que sirvan

a esta comunidad. b)”La no discriminación;” insertar en las leyes de los países

miembros normatividad que incluya la incorporación de las personas con

discapacidad y eliminar aquellas leyes que estén en el cuadro normativo que

afecten y fomenten la discriminación contra la comunidad con discapacidad.

Dentro de este artículo, el inciso importante a tratar en relación a nuestro tema se

encuentra el e), ya que en este inciso fomenta que las personas con discapacidad

no sean objeto de ser discriminados por parte de las empresas privadas u

organizaciones y sociedad misma, que a la letra dice: “La igualdad de

oportunidades;” Así como retoma el tema el inciso i), añadiendo "promover la

formación de los profesionales y el personal que trabajen con personas con

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a

fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos."

capacitar, informar, colaborar a que las personas con discapacidad puedan

desarrollarse con otras personas que sepan de los padecimientos de la

discapacidad para obtener un mejor servicio en sus derechos.

Si bien el trabajo es fundamental, esta convención no lo deja a un lado, ya que en

su artículo 27 denominado Trabajo y Empleo, incluye el derecho a tener la misma

oportunidad de trabajo que cualquier persona que forme parte de los países

miembros, de igual manera al no ser discriminado, pero el hecho más significativo

es la integración de todas aquellas personas que por una accidente sea o no de

trabajo, y a su vez adquieren por este percance una discapacidad tendrán por


171

igual este derecho, mencionando su respeto a los derechos que se obtiene por la

realización de un servicio.

Al conseguir un empleo, hace hincapié en todas las condiciones generales que

deben recibir al ser contratado, entre ellos el no ser acosado, y es de observarse

que también se menciona su derecho de asociación, al mencionar el respeto a su

derecho sindical y a ser igualmente capacitado.

Esta capacitación va de la mano con la contratación de personal que posee alguna

discapacidad, ya sea en el sector público o privado, mediante políticas públicas y

programas que incluyan incentivos u otras medidas que realicen esta

incorporación de la población con discapacidad al campo laboral.

Por mencionar algunos de los objetivos de esta convención, está salvaguardar y

atender por encima de todo sus derechos laborales y cumplir con las metes

trazadas por los países en materia de política públicas, sin dejar a un lado sus

derechos fundamentales.

4.3 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

En esta convención comenzaremos como lo enmarca el artículo 1, la enunciación

de que se entiende por discapacidad, en su punto 2, " Discriminación contra las

personas con discapacidad, a) El término "discriminación contra las personas con

discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una

discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad

anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto

o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las

personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades

fundamentales”, la delimitación a que se le llama discriminación y discapacidad.

Dicha convención se crea por la preocupación de la gran discriminación que

sufren las personas con discapacidad y es en la ciudad de Guatemala, con fecha 6


172

de junio del 1999, que surge este instrumento, perteneciente como lo indica el

título a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Como parte importante de esta convención, el artículo 3 " Para lograr los objetivos

de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas

de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,

necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y

propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a

continuación, sin que la lista sea taxativa:". Toma la incorporación de las personas

con discapacidad al mundo laboral, creando que los países miembros busquen la

forma de eliminar la discriminación y así como la adhesión de esta comunidad a la

vida cotidiana de cada país.

Mencionando el interés por agregar a las personas con discapacidad al entorno

laboral, el artículo 3, párrafo segundo, menciona: “Medidas para eliminar

progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las

autoridades gubernamentales y entidades privadas en la prestación o suministro

de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo

se compromete a los Estados a crear técnicas para extender información que se

suscite de las personas con disparidad, de igual forma que todas aquellas

personas que trabajen con este sector y colaboren con esta comunidad.

4.4 LEY GENERAL PARA LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Esta ley comienza como un esfuerzo más del Gobierno Federal para ayudar a los

denominados grupos vulnerables, promulgada el 27 de mayo del 2011, comienza

definiendo una serie de conceptos aplicables a esta ley de los cual para fines

prácticos, ejemplificaremos los más útiles a esta investigación, de estos

encontramos a que se le denomina políticas públicas donde el artículo 2 fracción

XX que a la letra dice: “Todos aquellos planes, programas o acciones que la

autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley,

”de esta definición de discapacidad, abarca todo tipo de discapacidad, ampliando


173

e informando que se debe de entender por esta, haciendo amplio los conceptos

básicos de dicha población.

Esta ley, en su artículo 5, “Los principios que deberán observar las políticas

públicas, son” fracción “La igualdad de oportunidades” lo que debe contener las

políticas públicas como base, en relación al artículo 2 fracción XXII que puntualiza

a que se le conoce como políticas públicas, reafirmando la equidad de las


El estado mexicano es quien debe promover leyes justas y acordes a su

población, el artículo 6 da un ejemplo de ello, que a continuación se transcribe,

“Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las

siguientes: “Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad,

a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de

derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas

legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de

las personas con discapacidad;” asevera el establecimiento de las políticas

públicas, así como el compromiso que el gobierno mexicano tiene a través de los

tratados internacionales firmados y ratificados por este con la comunidad

internacional, dentro de los compromisos asumidos en estos tratados está crear

instrumentos legislativos o de la índole necesaria para cubrir dichos acuerdos, de

la misma manera la fracción IV restablece este pacto al instaurar.“ V. Establecer y

aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del

Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las

personas con discapacidad”.

Otro tema a tratar por este articulo 6 en su fracción V, “Conceder, de conformidad

con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o

morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen

sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se

adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación

aplicable, “ la transcendencia que marca esta fracción al formar parte por primera

vez de los estímulos fiscales para coaccionar un apoyo más a esta comunidad,


174

con más ayuda a los que no lo poseen, obteniendo beneficios y haciendo que

exista ayuda mutua.

Dentro de esta ley en su Capitulo Segundo, trabajo y empleo, articulo 11, el

Estado por medio de la secretaría especializada en la materia, en nuestra

legislación contamos con la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, dotará del

derecho a obtener un empleo a la comunidad con discapacidad con igualdad de

condiciones, para que pueda desarrollarse en todos los ámbitos, por lo cual

tomara medidas para llevar a cabo esta encomienda, este artículo en sus ocho

fracciones desarrolla, la prohibición de cualquier tipo de discriminación en razón a

su discapacidad; como lo señala la fracción I, “Prohibir cualquier tipo de

discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación,

remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación

laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles,

seguras y saludables”, de mismo modo, la fracción II hace hincapié en que el

Estado es quien debe realizar políticas públicas para incorporar en la vida laboral

a las personas con discapacidad en sectores públicos y privados.

Sin dejar de instalar programas para fomentar empleos para este sector, la

fracción III lo señala adecuadamente, “Elaborar e instrumentar el programa

nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda

la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de

trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia

técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus

modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la

administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con

los sectores público, social y privado;” o de las fracciones que agrupa este artículo,

se relaciona a la asistencia jurídica que deben proporcionar, así como la

capacitación que es esencial sin perder ni descuidar su procedimiento de

rehabilitación, por cumplir con sus obligaciones laborales, las cuales no debe

interferir en su tratamiento. Buscando siempre la estabilidad de las personas con

discapacidad, al procurar tener como prioridad su salud.


175

4.5 NORMATIVIDAD FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA

DISCRIMINACIÓN.

Dentro de los esfuerzos que realizó el gobierno de Vicente Fox, fue la propuesta

por escuchar todo aquel reclamo que venía de la sociedad, que era discriminada,

sin ser un delito o simplemente visto con el total rechazo social, al contrario, la

sociedad parecía que colabora con llevar a cabo prácticas discriminatorias, y es

como un paso más que durante el primer sexenio panista se da esta normatividad

de ley promulgada el 11 de junio de 2003.

La Ley establece disposiciones para prevenir y eliminar todas las formas de

discriminación, así como para promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Asimismo, enumera las conductas discriminatorias que quedan prohibidas y

dispone las medidas positivas y compensatorias que los órganos públicos y las

autoridades federales deberán adoptar a favor de la igualdad de oportunidades de

diversos grupos: mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con

discapacidad y población indígena.

Se trata de un ordenamiento que consta de 85 artículos y cinco transitorios, y sus

disposiciones son de orden público y de interés social.

Por principio, la Ley define su sentido y alcances cuando señala que corresponde

al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las

personas sean reales y efectivas y, en tal sentido, señala que los poderes públicos

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su

ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva

participación en la vida política, económica, cultural y social del país.

También establece que dichos poderes federales deberán promover la

participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los

particulares en la eliminación de dichos obstáculos.


176

Por otra parte, y luego de enunciar una serie de prácticas discriminatorias que se

encuentran expresamente prohibidas, el ordenamiento especifica que no se

considerarán conductas discriminatorias las acciones legislativas, educativas o de

políticas públicas positivas o compensatorias que, sin afectar derechos de

terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad

de oportunidades y, en general, todas las que no tengan el propósito de anular o

menoscabar los derechos y libertades o la igualdad de oportunidades de las

personas ni de atentar contra la dignidad humana.

4.6 ESTABLECIMIENTO Y COMPROMISO SOCIAL A UNA NORMA (LEY) QUE

ASEGURE EL TRABAJO DE LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.

Nuestra legislación contempla muchos deberes pero al igual obligaciones; para

desarrollar el tema comenzaremos por el artículo 2 párrafo primero, del cual se

desprende que el trabajo debe conseguir un equilibrio entre los factores de la

producción y la justicia social, donde el trabajo sea digno o decente en todas las

relaciones laborales, ampliando los conceptos antes mencionados, hace hincapié

del respeto hacia la dignidad humana, añadiendo por primera vez en esta ley a

todos los grupos vulnerables en especial a las personas con discapacidad, en su

segundo párrafo.

Ahora bien, el articulo 3 hasta antes de la reforma, nos hablaba acerca del trabajo

bajo el concepto que este no sería visto como una mercancía bajo ninguna

circunstancia, con esta conceptualización se visualiza que el legislador de ese

entonces protege los derechos inherentes al ser humano, ya que antiguamente

esta idea no hacia presencia, con la reforma reciente se visualiza el trabajo como

un deber social, pero la parte importante a resaltar es que el legislador agregó el

trabajo como un derecho, el cual establece que no podrá haber condiciones de

discriminación por motivos como: origen étnico o nacional, género, edad,

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición

migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que

atente contra la dignidad humana, tomando por primera vez en nuestra historia el

concepto de la dignidad como parte central del ser humano.


177

Agregando el concepto de discapacidad en su segundo párrafo que a la letra dice:

“No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad

humana.”

Partimos de nuestra Carta Magna, que contempla en su artículo 5 el deber de

realizar un trabajo lícito, el cual no afecte a la sociedad; del mismo modo el

artículo 4 de ley federal del trabajo no podría dar marcha atrás, al reforzar este

principio contenido en la constitución, el derecho a la libertad del trabajo, haciendo

que este artículo condene el que se niegue el acceso a un trabajo digno por

cuestiones discriminatorias.

Para obtener y desempeñar un trabajo digno debe existir las condiciones de

trabajo adecuadas para desempeñarlo, el artículo 56 de la ley nos dice: "las

condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta

ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza,

nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades

expresamente consignadas en esta ley." este concepto engloba características

generales de discriminación, pero hasta antes de la reforma del 30 de noviembre

de 2012 no se mencionaba a las personas que padecen alguna discapacidad,

dicha reforma colaboró con la integración de grupos vulnerables quedando de la

siguiente manera “discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,

opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades

familiares o estado civil; relacionado a este tema, el articulo 86 refiere al principio

de igualdad que debe existir entre los trabajadores que están en las mismas

condiciones y también iguales, debe corresponder salario igual; en la realidad no

exige tal si no hay igualdad de género, menos pensar que serán considerados

como grupos minoritarios a las personas con discapacidad, porque es hasta esta

reforma que podemos leer en la ley que están contemplados, grupos vulnerables e


178

inclusive se incluye como ya hemos vistos en varios artículos el termino

discapacidad.

De la misma manera, el artículo 133 fue reformado a favor de todos los

trabajadores que deseen obtener un empleo, al introducir en este artículo ciertos

conceptos que hasta antes de la reforma no se encontraban, entre ellos, tenemos

la edad, la discapacidad, genero, etc., con esta adhesión se incorporan algunos de

los grupos vulnerables existentes, pero sobre todo se deja en claro que no debe

existir la discriminación por padecer una discapacidad, al momento de contratar a

un trabajador, esperamos que esto no sea letra muerta, ya que muchas veces

vemos que las personas no son contratadas por ser mujer o peor aún por ser ya

mayores de 40 años, entonces que podemos esperar de las personas con

discapacidad, que en la actualidad se supone han obtenido voz, al considerarlos

como un grupo minoritario, al tomarlo en cuenta en esta última reforma, donde por

primera vez se incluyen sus derechos. Bien por hacer modificaciones a la ley, las

cuales están incorporando poco a poco a los diferentes sectores de la población y

que va acorde a la vida actual de la sociedad.

Muchos fueron los debates surgidos en cuanto a la reforma de nuestra legislación

laboral, lo que implicó acuerdos y desacuerdos, pero más allá de esto, es de

reconocer que sea ha escuchado la voz de los grupos minoritarios, este gran paso

que se dio al incluir en su artículo 132 fracción XVI BIS de nuestra ley laboral en

su capítulo 1, obligaciones de los patrones que a continuación se transcribe

“Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con

instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las

personas con discapacidad;” esto significa mucho para las personas con

discapacidad, porque se incluyen por primera vez legalmente a nuestra legislación

laboral su incorporación a la vida productiva de un empresa y que mejor que

siendo la misma ley quien brinde esta adhesión.

Sin embargo, proponemos que para el caso de incumplimiento a lo dispuesto en la

fracción XVI BIS del artículo antes citado se obligue al patrón a constituir un fondo

central destinado a puestos de trabajo para financiar la readaptación profesional


179

así como la capacitación de las personas con discapacidad encaminado a

prepararlos para obtener una carrera profesional, de modo que se propone que la

fracción citada sea incorporada en los términos antes mencionados.

La importancia de crear conciencia al patrón o empleador de que la ley está para

proteger, velar y cuidar por los derechos de todos los individuos sin importar su

condición social, sexo, edad, raza, discapacidad, salud y demás.

Gracias a esta reforma es que ahora por ley el patrón tiene la obligación de incluir

a sus centros de trabajo a personas con discapacidad, ojalá esto sea respetado,

antes no se podía pensar en esta posibilidad, hoy ya es una realidad que se

encuentra plasmada en nuestra ley laboral, solamente falta llevarlo a cabo para

obtener todos los beneficios deseados por esta comunidad.

4.7 LEY PARA LA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL.

En el contexto del Distrito Federal, en diciembre del 2010 se aprobó la Ley para la

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal.

Esta ley deroga a la anterior que existía en la materia. En su realización,

organizaciones civiles especialistas en los derechos de las personas con

discapacidad enriquecieron de manera sustantiva el lenguaje existente e

introdujeron conceptos importantes para promover el reconocimiento de los

derechos de las personas con discapacidad como el de “acceso universal”.

Asimismo, la ley crea el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas

con Discapacidad del Distrito Federal, constituido como un organismo público

descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión.

Sin embargo, esta ley incurre en una grave violación al derecho a la igualdad y a

la no discriminación. En el artículo 53 de la ley se señala como requisito para ser

el Director de este Instituto, que el aspirante deberá “Tener algún tipo de

discapacidad permanente, con una antelación no menor a 5 años”.


180

Requisito en verdad incongruente y que podría ser motivo de una acción de

inconstitucionalidad, pues viola el artículo primero de nuestra Carta Magna en

materia de no discriminación. Es necesario tener o vivir con una discapacidad para

defender los derechos de este grupo de población. Al cuestionarlo la respuesta fue

no. Un instituto como el que crea esta ley requiere de un perfil con conocimientos

en materia de políticas públicas, derechos humanos, enfoque de género y no

discriminación y, por supuesto gran sensibilidad ante las necesidades y

características de los grupos que atiende, pero entonces tendría que ser una

persona con discapacidad. Tenemos una ley que busca evitar la discriminación,

pero que contiene un artículo absolutamente discriminador.

Deberemos estar atentos a la hora de promulgar estas leyes y ser más cuidadosos

en las implicaciones que tienen ciertas propuestas que, a pesar de su nobleza y

de significar un avance en materia de no discriminación, pueden contener algunos

preceptos contrarios a su propio espíritu.

4.8. INSTANCIAS DE GOBIERNO E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El gobierno a través de la administración pública cuenta con Instituciones, planes y

programas que funcionan de acuerdo al orden administrativo de que se hable es

decir, en orden Federal, Estatal o Municipal. Por lo que se refiere a la

Administración Federal, esta consta de 16 Secretarías de Estado y una

Procuraduría General de la República, que le dan sustento y cuerpo físico a la

gestión gubernamental en donde los ciudadanos pueden sentir tanto la función,

como el carácter del aparato de gobierno, de estas 16 secretarias de Estado,

algunas tienen injerencia práctica en el Distrito Federal, de las cuales

mencionaremos a continuación sólo algunas por motivo de espacio ya que

también cuentan con programas o están vinculadas a la integración social de las

Personas con Discapacidad formando un cuerpo institucional fundamental para las

políticas públicas que se deseen implementar.


181

Robert Agranof menciona un aspecto interesante para el análisis de las relaciones

entre actores en la formulación y sobre todo en la puesta en práctica de las

políticas públicas como relaciones intergubernamentales, es conveniente señalar

que estas relaciones se dan entre estas instancias de gobierno, en coordinación

con otros actores sociales y políticos.

Dentro de las secretarías de Estado a nivel Federal se encuentran las siguientes

(Cámara de Diputados, 1996, p. 36):

• Secretaría de Gobernación.

• Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Secretaría de la Defensa Nacional.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

• Secretaría de Energía.

• Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

• Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Secretaría de Desarrollo Social, (Secretaria de Desarrollo Humano).

• Secretaría de Educación Pública.

• Secretaria de Salud.

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Secretaria de la Reforma Agraria.

• Secretaria de Turismo.

• Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

• Y una Procuraduría General de la República

En el Distrito Federal Son 26 las instituciones públicas que atienden a Personas

con Discapacidad, de las cuales sólo mencionaremos algunas por motivo de

espacio (Para mayor información consultar Comisión Nacional de Derechos

Humanos Guía de Instituciones Públicas que atienden a Personas con

Discapacidad CNDH México 1999).


182

Asamblea legislativa del Distrito Federal

Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); en esta institución existe una

comisión especial para la integración social de Personas con Discapacidad en el

Distrito Federal y dentro de los principales servicios que brinda a la comunidad se

encuentra el de asistencia jurídica, difusión, información y orientación, promoción,

protección y defensa de derechos humanos y sobre todo la sensibilización a la

sociedad por medio de pláticas, juntas, o reuniones relacionadas con este tema

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos de los

Discapacitados, serie folletos. 1991/20 México, 1991, p. 5).

Cámara de Diputados

Cámara de diputados; donde existe la Comisión de Atención y Apoyo a

Discapacitados dentro de las principales acciones que se llevan a cabo se

encuentran; la asistencia jurídica, difusión, información y orientación, promoción,

protección y defensa de derechos humanos y sobre todo la sensibilización a la

sociedad por medio de pláticas, juntas, o reuniones relacionadas con este tema.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de la

Dirección General de Quejas y Orientación. Los servicios que presta son la

accesibilidad al entorno físico, asistencia jurídica, promoción, protección y defensa

de derechos humanos, la Comisión a través de la secretaría ejecutiva, está

integrada al programa sobre personas con discapacidad.

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora información de

gran utilidad para difundir los aspectos básicos del orden normativo mexicano

vigente en materia de discapacidad para contribuir al fortalecimiento de la vasta

cultura de respeto a los derechos humanos (La Coordinación de Construcción,

Conservación y Equipamiento ha publicado los siguientes títulos: Elementos de

apoyo para discapacitados físicos; invidentes y silentes. Guía de accesibilidad

para discapacitados físicos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México).


183

Comisión Nacional del Deporte

Comisión Nacional del Deporte (CONADE).a través de la Dirección General de

Desarrollo del Deporte y Educación Física, dentro de los principales servicios que

presta la CONADE se encuentran el apoyo a las federaciones nacionales de

deportes sobre sillas de ruedas, ciegos, débiles visuales, sordos y deportistas

especiales para el desarrollo de actividades deportivas, perteneciente a la

CONADE, el Centro Paralímpico Mexicano mantiene el programa del deporte

adaptado para deportistas con discapacidad de alto rendimiento , brindando los

servicios de accesibilidad al entorno físico, actividades deportivas y atención

médica.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) a través de la coordinación

Nacional de Museos y Exposiciones del INAH presta los servicios de cultura y

recreación, intérpretes, prestaciones en especie. Dentro del sistema del (CNA)

existen varios museos que cuentan con personal especializado que ofrece visitas

guiadas para ciegos, sordos y mudos, así como a pacientes de hospitales

psiquiátricos.

A través de la Dirección General de bibliotecas se encuentran bibliotecas que

cuentan con acervo especial para personas con discapacidad como libros en

Braille, servicio de videoteca, audio casetes.

Dirección General de Culturas Populares

La Dirección General de Culturas Populares-Dirección de acción regional

contempla el programa de fomento a las culturas municipales y comunitarias

(Pacmyc), el cual apoya a personas con discapacidad en la elaboración de

proyectos culturales y brinda los servicios de accesibilidad al entorno, cultura y

recreación, difusión, información y orientación e integración laboral.

Dirección de Fomento y Coinversiones Culturales del Fonca


184

Dirección de Fomento y Coinversiones Culturales del Fonca que contempla el

programa de Fomento a proyectos culturales para personas con discapacidad

otorgando los siguientes servicios; accesibilidad al entorno, cultura y recreación,

difusión, información y orientación e integración laboral.

Instituto Nacional de Bellas Artes

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que presta los servicios de Accesibilidad

al entorno físico, cultura y recreación, intérpretes y prestaciones en especie, los

museos del INBA ofrecen visitas guiadas, taller de artes plásticas texturización de

fragmentos murales para que los discapacitados visuales los puedan apreciar,

actividades de expresión oral y gráfico, plástica para personas con parálisis

cerebral, taller infantil para menores con debilidad visual, ficheros en Braille y

material didáctico.

Por otra parte las personas con discapacidad pueden asistir en forma gratuita a los

conciertos y ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional que se llevan a cabo en el

palacio de Bellas Artes.

Dirección General de Equidad

Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General de Equidad,

contempla el programa de dignificación de las personas con discapacidad

ofreciendo los siguientes servicios; accesibilidad al entorno físico, actividades

deportivas, asistencia jurídica, capacitación laboral, cultura y recreación, difusión,

información y orientación, educación, prevención, rehabilitación laboral,

sensibilización.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la Coordinación de

Construcción, Conservación y Equipamiento, contemple el programa institucional

sobre la discapacidad y su prevención y se encarga de elaborar normas y

especificaciones que pretenden la eliminación de las barreras físicas.


185

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a través de la

Subdirección de Estadísticas sobre Población con Discapacidad contempla el

programa del Sistema Nacional de Información sobre Población con Discapacidad

y presta los servicios de difusión, información y orientación.

La Organización de las Naciones Unidas hizo una recomendación sobre los

Censos de Población y Vivienda 2000 y señala en su párrafo 113 que " La

decisión de cada país respecto a los temas que habrá de incluir dependerá de una

igual o mejor información recurriendo a otras fuentes" (Recomendaciones de la

ONU sobre Censos de Población y Vivienda 2000, documento

ST/ESA/STAT/SER.M67/Rev. 1. Noviembre 1996).

Es por eso que en el Censo General de población y Vivienda INEGI 2000 se pudo

contar con la presencia del tema en los cuestionarios y resultados finales.

Instituto Nacional de la Senectud

Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), a través de la Subdirección de

Afiliación y Estadística ofrece los servicios de accesibilidad al entorno físico y

prestaciones en especie.

Lo que ahora se propone como tarea que sigue es, identificar y trabajar sobre las

prevenciones y soluciones desde el enfoque de las políticas de población.

Debemos reconocer la necesidad de contar con políticas de población frente al

envejecimiento y sobre todo al envejecimiento con discapacidad (Senado de la

República, CONAPO. 1999, p. 45).

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), a través de la Coordinación General de Atención al Derecho habiente

ofrece los servicios de accesibilidad al entorno físico, asistencia jurídica, difusión,

información y orientación, sensibilización.


186

Aunado a lo anterior el Director General del IMSS declara que es necesario no

sólo impulsar programas específicos para superar los rezagos que la discapacidad

impone sino que es indispensable crear conciencia en toda la sociedad de que la

defensa de condiciones de equidad social no implica implantar subordinaciones ni

crear exclusiones, sino que tienen por objeto primordial lograr relaciones

recíprocas de respeto, apoyo y superación colectiva (Instituto de Segundad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1999, p. 29).

Procuraduría Federal del Consumidor

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de la Dirección de

Quejas y Conciliación, ofrece los servicios de accesibilidad al entorno físico,

asistencia jurídica, difusión, información y orientación, sensibilización.

Por su carácter de organismo público, cuya función esencial es servir a la

comunidad de manera directa en el marco de las funciones que le otorga la ley,

PROFECO ha propiciado la publicación de diversos documentos que orienten a la

población consumidora en el ejercicio de sus derechos, y le permitan a la familia

mexicana mejorar sus condiciones de vida a través del destino adecuado y

objetivo de sus recursos (PROFECO, 1999, p. 3).

Procuraduría General de la República

Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección General de

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, brinda los siguientes servicios;

Accesibilidad al entorno físico, asistencia jurídica, difusión, información y

orientación.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) a través de la Dirección

General de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Desarrollo

Regional, contempla el programa de Apoyo para la instalación de empresas y


187

brinda los servicios de difusión, información y orientación así como el de

integración laboral.

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del Fondo Nacional para

Fomento de las Artesanías (FONART) contempla el programa de créditos para

artesanos con discapacidad y brinda los servicios de difusión, información,

orientación e integración laboral, a través del Instituto Nacional de Solidaridad

(INSOL), contempla al programa de apoyo a Personas para el desarrollo de

proyectos productivos, de investigación y capacitación. Brinda los siguientes

servicios; bolsa de trabajo, capacitación laboral, difusión, información y

orientación, integración laboral y sensibilización.

Mediante programas específicos, la Secretaría de Desarrollo Social puso en

marcha diversos proyectos para atender a grupos sociales que enfrentan

condiciones especiales de rezago económico y marginación.

Para atender a los grupos vulnerables SEDESOL cuenta con los programas de

jornaleros agrícolas, maestros jubilados y servicio social comunitario (SEDESOL,

Programa de Trabajo 2000, México, Junio 2000, p. 103).

Secretaría de Educación Pública y el Programa de Atención a Personas con

Discapacidad

Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Colegio Nacional de

Educación Profesional Técnica (CONALEP) y de su Dirección de Atención a la

Comunidad y Concertación contempla el programa de atención a personas con

discapacidad (PAD), que brinda los siguientes servicios: bolsa de trabajo,

capacitación laboral, educación, integración laboral y sensibilización.

Dirección de Educación Especial y el Programa de Integración de Alumnos con

Necesidades Educativas Especiales.


188

La Dirección de Educación Especial contempla el Programa de Integración de

alumnos con necesidades educativas especiales, dicha dirección proporciona

apoyos didácticos y pedagógicos necesarios para lograr la integración escolar a la

curricular regular de las personas con discapacidad, así como garantizarles la

posibilidad de recibir instrucción básica. De igual forma, orienta a docentes y a

padres de familia sobre los apoyos que requieren los alumnos con necesidades

especiales para facilitar su aprendizaje.

El apoyo para los estudiantes con discapacidad que cursan la educación básica,

se ofrece a través de tres modalidades; Unidades de Orientación al Público (UOP);

Centros de atención múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la

Educación Regular (USAER).

Unidades de Orientación al Público (UOP); ofrece orientación en torno al proceso

de integración educativa y escolar de los menores que presentan necesidades

educativas especiales, favoreciendo su integración a la educación regular.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de la Dirección General

de Empleo y Servicio Nacional de Empleo (SNE) contempla el programa de becas

de capacitación para desempleados (PROBECAT) otorga los siguientes servicios;

accesibilidad al entorno físico, becas, bolsa de trabajo, capacitación laboral,

difusión, información y orientación, integración laboral, rehabilitación laboral y

sensibilización. Por medio del PROBECAT, se capacita a las personas con

discapacidad que se encuentran desempleadas para que estén en mejores

condiciones de obtener un empleo: Este Programa cubre puestos de trabajo que

demanda el sector productivo, además desarrolla actividades laborales bajo la

modalidad de autoempleo o mediante la creación de pequeñas unidades

productivas.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)


189

A través de la subdirección General de Asistencia y Concertación contempla el

Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad, brindando los siguientes servicios; accesibilidad al

entorno físico, atención médica, difusión, información, y orientación, educación,

prevención, prótesis y aparatos especiales, rehabilitación física laboral,

psicológica, y sensibilización.

La prevención de la discapacidad, la rehabilitación de las personas con

discapacidad y su integración social y productiva, son acciones que de ninguna

otra manera pueden darse aisladas.

En esta atención integral que el DIF coordina en todo el país, y para lo cual cuenta

con el apoyo de otras instituciones, destacan la rehabilitación laboral, la

capacitación para el trabajo, el acceso a la cultura, la recreación y el deporte, la

adecuación del entorno físico a las necesidades de los discapacitados y la

actualización jurídica para el pleno respeto a sus derechos humanos (DIF,

Dirección de comunicación social, El DIF hoy. México. 1999, p. 24).

4.9. ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN LA INTEGRACIÓN DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL.

El Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las

Personas con Discapacidad (PRONADIS) contempla entre sus programas de

acción, la integración al Sistema Nacional de Información sobre Población con

Discapacidad (SNIPD).

La Subcomisión del Sistema Nacional de Información sobre Población con

Discapacidad, conformada por diversas dependencias del sector Público y

múltiples organizaciones no gubernamentales está encabezada por el Sistema

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cuenta con la

coordinación técnica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(INEGI).


190

En el seno de esta subcomisión se definieron los criterios y las actividades

necesarias para la elaboración del Directorio Nacional de Asociaciones de y para

Personas con Discapacidad cuyo propósito consiste en fortalecer vínculos sociales

y facilitar el acercamiento entre la población con discapacidad y las organizaciones

abocadas a su atención y coordinación. Cabe señalar que para la publicación de la

cuarta edición de este directorio se contó con la valiosa colaboración de los

Comités Estatales del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad, particularmente, de los Promotores

Estatales del Programa (INEGI, 1999).

Este es un ejemplo de la coordinación entre diversos actores involucrados en la

conformación de la subcomisión encargada para elaborar el Directorio Nacional de

Asociaciones de y para Personas con Discapacidad, una consecuencia directa de

las relaciones intergubernamentales y de las relaciones entre diversos actores que

genera una fórmula de cooperación informal como en este caso la subcomisión

antes mencionada (Las fórmulas de cooperación informal se refieren a los

mecanismos que se generan en la gestión gubernamental para dar una mejor

solución a un determinado problema público, Idea tomada de Robert Agranoff

El Directorio Nacional de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad

edición 1999, contempla datos muy interesantes sobre las Asociaciones que

trabajan a favor de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal. Entre los

datos que presenta el Directorio se encuentran el Nombre de la organización. El

representante, el domicilio, el número telefónico, total de afiliados, discapacidades

y servicios que prestan.

En base al directorio antes mencionado en el Distrito Federal existen ciento

setenta y dos Asociaciones de y para Personas con Discapacidad, de las cuales

ciento sesenta y cuatro si cuentan con registro oficial y las restantes ocho no

cuentan con registro.


191

Gráfica de Instituciones por registro.

Fuente: Sistema Nacional de Información sobre Población con Discapacidad, tomado de INEGI

Directorio Nacional de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad. INEGI, México, 1999

Cuarta edición, p. 403.

De las ciento sesenta y cuatro Asociaciones de y para Personas con

Discapacidad, veintitrés cuentan con registro ante la Secretaría de Gobernación,

sesenta y dos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ciento diez y seis ante

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, veintinueve ante la Secretaría de

Salud, ochenta y tres ante la notaría Pública, cuarenta y nueve ante el registro

público de la propiedad, cuarenta y dos ante otras instituciones.

El tipo de registro que tienen las Asociaciones anteriores son las siguientes: De un

total de ciento sesenta y tres Asociaciones de y para Personas con Discapacidad,

siete están constituidas como Sociedad Civil, ochenta y cinco como Asociación

Civil, sesenta como Institución de Asistencia Privada y once como otro tipo de

asociaciones.

Destacaremos también los años de fundación de estas Asociaciones, ya que de

ciento setenta y dos Asociaciones de y para Personas con Discapacidad, doce

tienen menos de tres años, veintitrés tienen de tres a cinco años, treinta y cinco


192

tienen de seis a nueve años, cuarenta y tres tienen de diez a diecinueve años,

cuarenta y ocho tienen más de veinte años y once no están especificadas.

Las Asociaciones de y para Personas con Discapacidad atienden diversos tipos de

discapacidad, de. Tipo visual son cincuenta y un asociaciones que se encargan de

este tipo de discapacidad, las Asociaciones que atienen la discapacidad auditiva

son cuarenta y nueve. Las que atienden la discapacidad del lenguaje son

cincuenta y siete, las que atienden discapacidad neuromotoras son sesenta y dos,

las que atienden discapacidad intelectual son noventa y cinco, distinguiéndose

otros tipos de discapacidad en treinta y cinco asociaciones de y para Personas

con Discapacidad.

Para llevar a cabo la integración social de personas con discapacidad se llevan a

cabo diversos servicios por parte de las Asociaciones de y para Personas con

Discapacidad, entre los que destacan; de un total de ciento setenta y dos

Asociaciones de y para Personas con Discapacidad un número de veintisiete

Asociaciones que brindan atención médica, noventa y nueve que ofrecen

rehabilitación física, ciento dos que brindan educación especial, setenta y ocho

que brindan orientación psicológica, ochenta y nueve que brindan capacitación

laboral, ciento tres que brindan servicios deportivos y recreativos, noventa y uno

que brindan servicios artísticos y culturales y setenta y dos asociaciones que

ofrecen otros servicios.

Con respecto a la cobertura geográfica de sus servicios podemos mencionar, que

de las ciento setenta y dos asociaciones que existen en el Distrito Federal, setenta

y seis de ellas tienen cobertura nacional, dieciséis tienen cobertura estatal, cuatro

tienen cobertura municipal y setenta y seis tienen cobertura local.

Las formas en las que se sostienen estas Asociaciones son las siguientes: Treinta

y siete de ellas se mantienen por cuotas de socios, setenta y siete de ellas se

mantienen por cuotas de recuperación, ciento veintidós se mantienen por

donativos, cuarenta y seis por organización de eventos, doce por colectas y


193

cincuenta y dos se mantienen por otros medios. Una Asociación puede responder

a varias formas de sostenimiento. (lbidem, p. 41).

Respecto a los principales problemas que enfrentan estas Asociaciones, se

encuentran los siguientes: Cincuenta cuentan con instalaciones inadecuadas,

cincuenta y uno tienen materiales y equipos inadecuados, cuarenta y siete falta de

personal profesional, cincuenta transporte inadecuado, treinta y dos barreras

arquitectónicas, ciento treinta y uno financiamiento, cincuenta falta de apoyo

público y privado, cincuenta y seis falta de información y difusión, dieciséis

enfrentan otros tipos de problemas.

4.10. EL TRABAJO COMO FACTOR DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

Es necesario reforzar las políticas públicas existentes para que las personas que

se encuentran excluidas de la sociedad puedan incorporarse satisfactoriamente.

Podemos afirmar que existen muchas personas con discapacidad que no salen de

sus casas por vergüenza, traumas psicológicos, sobreprotección de sus familiares,

pero lo más lamentable el rechazo de la sociedad, la imposibilidad de allegarse de

información para poder reintegrarse a la sociedad, por falta de recursos

económicos entre otros.

Las personas con discapacidad que ya trabajan, en la mayoría de las ocasiones

ganan sueldos raquíticos que les impiden vivir con dignidad y ser responsables del

sustento familiar de manera óptima (Senado de la República, 1995, p. 44).

Es difícil conceptualizar teóricamente esta situación por las implicaciones en la

práctica ya que en México existen sectores como el comercio informal, el

ambulantaje, el subempleo que integra a personas con preparación académica, y

que por falta de empleo formal o por baja remuneración económica eligen estas

formas de ocupación.

Proyectar en este contexto mejores oportunidades para personas que bajo los

estándares de competitividad laboral no cuentan con tal aptitudes para desarrollar

determinadas funciones es muy difícil, pero no imposible, esta situación requiere


194

nuevas formas de organización, convocar a las personas que sufren esta situación

y capacitarlos para formar empresas productivas dirigidas y trabajadas por ellos.

Para ello los actores involucrados en estas políticas deben de ser todos los

ciudadanos que de alguna manera creen en el valor del ser humano como tal y no

por sus rasgos físicos, deficiencias o discapacidades, más aún si tomamos en

cuenta que todos podemos quedar discapacitados, por causa de algún accidente,

violencia, guerras, etc.

Los afectados por el problema de la discapacidad no son solamente las personas

que sufren esta discapacidad sino también los familiares que viven y conviven con

alguna discapacidad. Ante esta situación no cabe duda que las principales

acciones gubernamentales deben estar dirigidas a garantizar el derecho al trabajo

para asegurar el bienestar social de personas que tienen carencias y

discapacidades.

Deberían adoptarse también medidas para que las personas con discapacidad

puedan utilizar plenamente los medios de adaptación y readaptación profesionales

a su disposición, entre las medidas que se deberían implementar están la

información y publicidad sobre las perspectivas que esos medios ofrezcan a los

interesados; la concesión a las personas con discapacidad de asistencia financiera

apropiada y suficiente (Senado de la República, 1999, p. 26).

Dado que el trabajo es una actividad física, mental, espiritual del ser humano; es

una de las características esenciales que nos diferencian de los animales. El

hombre, como ser creativo, inteligente, pensante, realiza trabajos dando

significado a su existencia a través de él y llevando con dignidad su vida en la cual

puede desarrollarse de manera integral en el aspecto social, educativo, cultural,

amoroso, etc. Podemos decir que cuando una persona queda discapacitada es

muy difícil o casi imposible su inserción en al ámbito laboral.

Las causas son muchas, en primer lugar el supuesto de que las personas con

discapacidad necesitan una capacitación mejor y más especializada, el adecuar


195

instalaciones físicas para que tengan acceso las personas con discapacidad, la

falsa creencia de que son personas amargadas o inadaptadas que traerían

dificultades en el trabajo, la creencia de que el mismo término discapacitado,

impedido, minusválido se refleje en sus tareas y labores en la no producción o la

producción de mala calidad y deficiente.

La problemática del ingreso al empleo es uno de los asuntos más agudos para las

personas con discapacidad y sus familias. La discriminación que sufren en materia

de oportunidades, capacitación y trabajo es uno de los retos fundamentales de

reproducción de las condiciones de desventaja social y exclusión en que aún viven

las personas con discapacidad. Remontar esta discriminación es un asunto de

primer orden para promover una política a favor de la equidad social (GOF, 1999.

p. 5).

Debemos tomar en cuenta que el ser humano que no trabaja, en especial una

persona con discapacidad que sí puede hacerlo pero que no encuentra

oportunidades que ayuden a su colocación laboral, se ve envuelto en alteraciones

psicológicas y emocionales, que dificultan su incorporación social y además un

gran impedimento en la satisfacción de contribuir en la superación y desarrollo del

núcleo familiar, ocasionando una valoración negativa llena de pesimismo y de

melancolía, definiéndose a sí mismos como una carga o como un estorbo social.

Los satisfactores básicos que se pueden generar mediante la inversión de tiempo,

esfuerzo, entrega y aportación de energía en alguna determinada acción que sea

lógicamente compensada, son de gran importancia para la satisfacción material,

moral, ética, y social del individuo (Secretaría Ejecutiva de la Red de Cooperación

Técnica para el desarrollo de políticas de atención a personas mayores y personas

con discapacidad. 1993, p. 22).

Algunos satisfactores que podemos adquirir para una vida digna son; la

alimentación, el vestido, bienes raíces, etc. por lo tanto, podemos mencionar que

sin trabajo no hay dinero, sin dinero no hay perspectivas de conseguir bienes

esenciales para la incorporación social y sin esos bienes no existen condiciones


196

para garantizar la motivación o el estímulo para vivir con dignidad y respeto; pero

sobre todo no se pude transitar a ninguna etapa superior cuando las inmensas

mayorías carecen de lo más indispensable para vivir y si consideramos que las

personas con discapacidad además de la situación en que se encuentran le

sumamos índices como la exclusión en los centros laborales como recursos

humanos aún no explotados ni aprovechados, estamos contribuyendo como

nación a la marginación y a la decadencia de una sociedad que discrimina excluye

y aparta.

La falta de trabajo puede ocasionar graves índices de descomposición social,

violencia, asaltos, corrupción, delincuencia, adicciones, etc. Las personas con

discapacidad en muchas ocasiones se ven rodeadas de altos grados de

marginalidad, pobreza, deserción escolar, trabajo informal o en otros casos se

encuentran resguardados en sus casas por miedo, timidez, decepción, melancolía,

etc. Debemos abrir los canales que procuren una mayor participación de estas

personas incorporándolas cada día con optimismo a centros laborales que

garanticen su inclusión armónica en el ámbito social (Conferencia magistral Arq.

Enrique García Fomenti, 2001).

La importancia del trabajo en la vida de las personas es tan relevante y

trascendental que nadie puede dudar de los valores aunados a los hechos

laborales de una persona que ha decidido ser el artífice de su propio destino

tomando decisiones por sí mismo ya que el individuo consciente que no trabaja

tiende a sentirse inútil e insignificante.

Trabajar significa un derecho y un deber para todos, sin excepción,

independientemente de las condiciones culturales, académicas, sociales y físicas

que existan siempre y cuando sean aptos para la realización adecuada de alguna

determinada labor.

Se debe procurar reconocer el derecho que todas las personas tienen a dedicarse

a una verdadera obligación personal. Ese derecho es universal y debe incluir sin


197

duda, a todos los individuos que viven en todos los segmentos poblacionales que

usualmente han estado al margen de la sociedad (Op. cit. p. 45).

Podemos añadir que si en el sector laboral se excluye a las personas con

discapacidad como parte importante en los recursos humanos de cualquier

organización porque, o bien no se conocen sus aportaciones positivas en una

organización, o bien no se tiene la disponibilidad de aceptar a las personas con

discapacidad por creencias negativas en torno a la misma, entonces estamos

hablando de una sociedad oscurantista y un Estado nación que no evoluciona en

el ámbito humanístico y que no ha llegado a una etapa madura en donde se torna

cada vez más difícil la procuración de los medios indispensables para la

realización humana.

Es conocido por todos, incluso por las mejores y más avanzadas organizaciones

mundiales y locales que el factor humano, es el elemento más valioso y por el cual

una organización puede triunfar o caducar.

Este recurso humano es elemental para llevar a cabo un adelanto administrativo y

productivo que se traduzca en rentabilidad y eficacia para las organizaciones

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, p. 33).

La motivación y un buen ambiente de trabajo no lo es todo para lograr que las

personas que trabajan en una organización sean eficientes. Para que el recurso

humano de una organización se sienta parte de la misma y para lograr que trabaje

con satisfacción y en pro de los intereses, metas y objetivos de la organización, se

necesita, además, la capacitación que garantice un desarrollo armónico y una

evolución integral del recurso humano y de la organización. También son

necesarios los entrenamientos y el enfoque de recursos humanos hacía una

filosofía que procure unir intereses y esfuerzos en torno a un mismo objetivo.

Las empresas de todo tipo saben que los recursos humanos mal pagados y poco

preparados acaban por restar eficiencia a las labores de la organización y en la


198

mayoría de las ocasiones se traduce en poca productividad y horas de trabajo mal

aprovechadas.

Al respecto Moisés Naím opina que de todos los trabajadores del sector formal, los

empleados públicos experimentaron la mayor disminución en su salario real en los

años ochenta. El incremento salarial de los funcionarios se mantuvo muy por

debajo de la tasa de inflación y el salario real se redujo, en esa década en más del

30%; más de tres veces de la reducción que experimentó el sector privado. El

primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong. Dijo cuando quiso poner fin a la fuga

de sus ministros al sector privado que; "si pagas con maníes tendrás monos como

ministros" (Naím Moisés, 1994, p. 14).

La exigencia de un salario bien remunerado es una constante, no sólo de los

ministros sino también de todos los trabajadores que son presa de malas

condiciones laborales, bajos salarios y exclusión y que no cuentan con

prestaciones económicas, ni de seguridad social; pero la exigencia de un trabajo

digno es asunto primordial de todas las naciones que conforman el ámbito

mundial."

4.11 EL DIF Y SU CARGO SOCIAL.

Una de las funciones principales del DIF. es su atención a grupos vulnerables que

son dignos de Asistencia Social, en párrafos anteriores se define lo que es la

Asistencia social y los sujetos de Asistencia Social, en este párrafo presentaremos

algunos de los objetivos que persigue el apoyo a personas sujetas de asistencia

social por parte del DIF.

Su objetivo fundamental es; contribuir a la integración familiar de menores,

ancianos y personas con discapacidad en estado de abandono, orfandad o

desventaja social; a través de la orientación, asesoría y apoyo de los servicios de

la comunidad; en caso necesario recurriendo al apoyo de instituciones de

asistencia social, públicas y privadas (DIF, 1997. p. 6).


199

En México existen un total de; 367 Unidades Básicas de Rehabilitación, 29

Centros de Rehabilitación Integral y 28 Centros de Rehabilitación y Educación

Especial (CONVIVE, 1997. p. 13).

En la República mexicana existen 29 centros de rehabilitación integral, 367

unidades básicas de rehabilitación en 27 estados, dentro de los requisitos básicos

para ser atendido en los centros y unidades básicas de rehabilitación, se

encuentra el presentar algún tipo de discapacidad o factor de riesgo asociado con

ella (Ibidem. p. 7).

Los principales servicios que proporcionan los centros de rehabilitación son los

siguientes: Consulta médica especializada (Medicina de Rehabilitación, Ortopedia,

Comunicación Humana, Neurología). Auxiliares de diagnóstico (Electromiografía,

Electroencefalografía, Rayos X). Consulta paramédica (Trabajo social, Psicología).

Terapia rehabilitadora (Terapia física, Terapia ocupacional, Terapia de lenguaje,

Prótesis y ayudas funcionales). Evaluación de aptitudes y desarrollo de

habilidades para el trabajo.

Algunos programas que desarrollan los centros de rehabilitación son de

prevención, rehabilitación integral, integración escolar, laboral, familiar, social.

Dentro del ámbito de recursos humanos debemos hablar de la rehabilitación

integral de personas con discapacidad donde instituciones como el DIF. Nacional y

DIF D.F., realizan grandes acciones para coadyuvar en la integración social de las


Además de instituciones como el DIF Nacional y DIF D.F. existen organizaciones

internacionales e instituciones en diversos ámbitos de la vida social que

representan hoy en día un gran esfuerzo y voluntad de adecuación y de apoyo a


La rehabilitación etimológicamente significa hacer algo de nuevo, dar la habilidad

perdida, en este sentido podemos decir que la rehabilitación es el proceso

tendiente al logro de los máximos y más eficaces mecanismos de compensación


200

de alguna o algunas funciones humanas menoscabadas o perdidas (Diccionario

enciclopédico de educación especial. D-G, 1985, p. 1760).

El término se populariza después de la segunda guerra mundial, cuando surge,

como consecuencia de la violencia bélica una inmensa población de inválidos

físicos que reclaman una asistencia comunitaria, por ello la asistencia médica

constituye la vanguardia de las actividades sociales más destacadas en los

últimos decenios y se le denomina la tercera fase de la medicina, para

diferenciarla de la primera (medicina preventiva), y de la segunda (medicina

terapéutica).

Posteriormente se convierte en un vocablo específico para designar acciones

multidisciplinarias a favor de la persona afecta de minusvalías físicas o mentales

(lbidem. p. 176).

Por otra parte es conveniente señalar las bondades de la rehabilitación profesional

que va más allá de la simple rehabilitación médica y que se define como el

proceso que permite el inicio o vuelta al trabajo de una persona con discapacidad.

Es una parte de la rehabilitación entendida como un proceso integral y un modelo

de acción global; en la que se distinguen diversos ámbitos.

Incluye la valoración y orientación profesional, el reentrenamiento al esfuerzo

psicológico-motivacional, la formación profesional, las prácticas y actitudes pre-

laborales, la adaptación del individuo al puesto y el puesto al individuo (junto con

los estudios ergonómicos y la ingeniería de la rehabilitación aplicada al caso

concreto), la colocación selectiva u organizada, las medidas de carácter

psicológico y social dirigidas al individuo, a su entorno y al grupo laboral donde se

inserta, así como otras actuaciones de carácter social encaminadas a la resolución

de sus problemas de desplazamiento al trabajo, autonomía personal, etc. (Ibidem.

p. 1763).


201

4.12. EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL BIENESTAR Y LA

INCORPORACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD. (POLÍTICAS PÚBLICAS).

En todas las sociedades y en todas las formas de organización pese a las

medidas que se han tomado para erradicar la discapacidad, ésta siempre ha

existido debido a las alteraciones biológicas en el ser humano o a accidentes o

enfermedades propias del hombre.

Históricamente, las personas con discapacidad deshabilitadas han sido totalmente

invisibles, encerradas en sus hogares o en sus instituciones, o exhibidas con el

objetivo de causar lástima y generar humillantes limosnas. El movimiento para los

derechos civiles de personas deshabilitadas en países industrializados ha logrado

eliminar algunos de estos abusos. Lo que tal vez no se sepa es que personas

deshabilitadas también se están liberando de su aislamiento en países alrededor

del mundo, desde México a Zambia y a Sri Lanka. Se están uniendo para

sobrevivir, para ayudarse mutuamente a vivir plenamente y para integrase a la

vida diaria social (Chardon Press, 1996, p. 7).

Las causas de la discapacidad varían en el mundo, así como la frecuencia y sus

consecuencias, estas variaciones son el resultado de las diferentes circunstancias

socioeconómicas y de las diversas disposiciones seguidas por los Estados.

La pobreza extrema, la marginación social, la malnutrición, el analfabetismo, la

ignorancia, el abandono, la superstición, el miedo, la indiferencia y la falta de

conciencia de algunos sectores de la sociedad, son factores que han aislado a las

personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo (Ibídem, p. 23).

Las normas, procedimientos jurídicos y los planes y programas de gobierno en

materia de política pública, debe garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres

con discapacidad deben de tener los mismos derechos y obligaciones que los

demás.


202

Algunas de las limitantes principales para la integración de las personas con

discapacidad constituye el entorno físico y la casi nula señalización adaptada, que

les impide desplazamiento en edificios, viviendas, servicios de transporte público,

calles, edificios, espacios recreativos, deportivos y turísticos, parques y jardines

etc. Al respecto se ha colocado en el servicio de transporte público a unidades con

adaptación especial para el transporte de personas con discapacidad, en silla de

ruedas o con otro aditamento para facilitar su traslado (Doriga López Joaquín

2001).

A pesar de los programas que han desarrollado las instituciones de salud,

seguridad y asistencia social en materia de prevención, rehabilitación médica y

laboral de personas discapacitadas, no se han articulado adecuadamente y no han

tenido la continuidad ni la cobertura suficiente, ya que sólo se han concentrado en

las zonas urbanas.

Las instituciones de educación pública también requieren actualizarse con una

nueva visión que marca la integración de los niños con discapacidad a las

escuelas del sistema regular, en el sector laboral no existe equidad en las

oportunidades de acceso al trabajo incluso para aquellos que se han destacado

por sus habilidades, eficiencia y profesionalismo.

Para lograr la equidad y la incorporación al desarrollo, es indispensable la

articulación de medidas estratégicas en los ámbitos del quehacer político,

económico, social y cultural para propiciar el acceso y la igualdad de

oportunidades.

Es necesario actuar en las siguientes líneas: En la salud, en la educación, en

materia de capacitación y empleo, en la cultura, en la recreación, en el deporte, en

el libre acceso a las telecomunicaciones, al transporte y a la comunicación, que

permitirán potencializar, multiplicar y dar seguimiento a los compromisos

contraídos.


203

En virtud de lo anterior, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia, convocó a las dependencias del Ejecutivo Federal, a las organizaciones

de personas con discapacidad y a organismos privados a formar la Comisión

Nacional Coordinadora que formuló el Programa Nacional.

El 10 de enero de 1995 se realizó un encuentro entre el DIF. y un amplio sector

representativo de las personas con discapacidad y sus organizaciones, a

consecuencia del cual se ha consolidado el Programa Nacional para el Bienestar y

la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en el cual el

Estado mexicano, el gobierno y la sociedad se unen a la tarea de garantizar que

en la dinámica social se generen las mismas oportunidades de desarrollo para el

sano crecimiento y desarrollo de nuestro país (Comisión Nacional Coordinadora

del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las

personas con discapacidad, 1993, p. 15).

La Comisión Coordinadora del Programa Nacional para el Bienestar y la

Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad se instaló el 13 de

febrero de 1995 y representa la unión de esfuerzos y de voluntades para dar

rumbo y matiz a las acciones de implementación del programa antes mencionado.

El Programa sirve de marco de referencia para orientar el esfuerzo institucional,

las acciones de concertación, los criterios de operación y las estrategias futuras

que se llevan a cabo en un esfuerzo multidisciplinario que convoca por primera

vez a la sociedad interesada en el tema y surge así un movimiento sin

precedentes en la historia de la participación social.

En su instrumentación el programa plantea la coordinación interinstitucional y la

concertación con Estados y municipios, así como la búsqueda de esquemas que

permitan la participación creciente de todos los sectores de la sociedad,

especialmente de las organizaciones de personas con discapacidad, en esta tarea

que hoy es responsabilidad de todos y que define los aspectos prioritarios para la

primera etapa de su ejecución (lbidem. p. 18).


204

Así pues, el Programa Nacional pretende dar respuesta a las necesidades de las

personas con discapacidad sumando los recursos de las instituciones públicas y

privadas participantes y establece una coordinación transversal que articula sus

acciones, aprovecha de manera óptima los recursos existentes, potencializa los

recursos e incrementa el impacto social de su aplicación.

El programa es obligatorio para las dependencias y entidades del ejecutivo

Federal a las cuales el marco jurídico vigente les asigne responsabilidades para la

atención de las personas con discapacidad y para aquellas que hayan contraído

compromisos en este programa. El seguimiento y ejecución del mismo será

responsabilidad de la Comisión Nacional Coordinadora Integral de la Familia, para

los Estados y Municipios, se promovió la creación de Comisiones Coordinadoras

que han articulado las fuerzas y los recursos locales (GDF. 1998, p. 34).

Uno de los objetivos centrales del Programa fue el de promover en toda la

sociedad una nueva cultura de la integración, de respeto a la dignidad y a la

diversidad de las personas, considerando a la familia como el fundamento de la

unión y de la fuerza de toda sociedad.

Algunos de los principios y propósitos generales de este programa fueron los de

garantizar la dignidad y la integración social de las personas con discapacidad,

favorecer la unidad y la fuerza de la familia en su beneficio, e impulsar el

desarrollo armónico de la comunidad y la sociedad para brindarles oportunidades

de desarrollo, considerando la unidad y la fuerza de la familia como el motor de un

desarrollo armónico.

Fomentar una cultura de respeto, dignidad e integración hacia las personas con

discapacidad, derribando todas las barreras físicas y mentales que aún existan,

considerando a las personas con discapacidad como actores estratégicos de su

propio desarrollo ya que su participación es vital para el enriquecimiento de toda la

sociedad.


205

Consolidar el papel del Estado como rector y promotor de la integración social de

este importante grupo poblacional, garantizando el pleno respeto de los derechos

humanos, políticos y sociales eliminando toda forma de discriminación.

El objetivo general del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al

Desarrollo de las Personas con Discapacidad 1995-2000 es el de promover la

integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al

desarrollo a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos

humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad en el

acceso a los servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura,

recreación, deporte e infraestructura que permita la movilidad y el transporte y

todo aquello que en su conjunto contribuya al bienestar y mejora de la calidad de

vida, así como a la difusión de la nueva cultura de la integración social basada en

el respeto y en la dignidad, considerando que la participación plena de las

personas con discapacidad enriquece a la sociedad en su conjunto y fortalece los

valores y la unidad de la familia (Programa Nacional para el Bienestar y fa

Incorporación al desarrollo de las Personas con Discapacidad 1995- 2000. p. 13).

Las principales estrategias que contempla el Programa Nacional se dirigen a

fomentar la participación activa de las personas con discapacidad, así como a

actores sociales y organizaciones para propiciar su desarrollo y fortalecimiento así

como el impulsar la autosuficiencia basada en la superación personal y en el

equipamiento de oportunidades para las personas con discapacidad (Sesión

Ordinaria, del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas

con Discapacidad, 1998, p. 43).

Apoyar a las familias de las personas con discapacidad como un primer paso para

su integración a la vida comunitaria e integrar los recursos públicos y privados

para la adecuación, articulación y promoción de los programas de las instituciones

públicas y privadas para potencializar la energía social de las organizaciones a

favor de las personas con discapacidad y dar respuesta a problemas acumulados.


206

Instrumentar una política económica que contemple el financiamiento de

programas, exenciones fiscales, subsidios y fondos especiales para estimular y

apoyar el desarrollo de las personas con discapacidad.

Estimular el proceso de descentralización para impulsar las acciones estatales,

municipales y comunitarias y la modificación integral al marco jurídico,

consolidando su establecimiento y observancia en los niveles federal, estatal y

municipal, continuando el proceso de cambio.

Fomentar la cultura de respeto y dignidad hacia las personas con discapacidad a

través de los medios masivos de comunicación, continuar la formación de personal

especializado para la ejecución del programa e impulsar la investigación científica

y el desarrollo tecnológico sobre la discapacidad y su atención, con el concurso de

las instituciones de educación superior.

4.13. PROGRAMAS NACIONALES PARA EL BIENESTAR Y LA INSCRIPCIÓN

AL PROGRESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Uno de los principales subprogramas de acción se presenta en el área de salud,

bienestar y seguridad social, cuyos objetivos específicos son el prevenir y detectar

oportunamente las discapacidades y en su caso dar la debida estimulación

temprana que el paciente necesite, ya que las circunstancias que causan la

discapacidad, se relacionan con las enfermedades crónico degenerativas, con

enfermedades transmisibles, con accidentes de todo tipo, las intoxicaciones, la

violencia y las secuencias ocasionadas por la desnutrición, los partos mal

atendidos, las enfermedades y los accidentes (DIF. p 78).

Al respecto el Gobierno del Distrito Federal realizó acciones de detección de

riesgo perinatal a las aproximadamente 40,000 mujeres que se atienden

anualmente en la red hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de México, dichas

acciones incluyen contenidos de prevención de la discapacidad en un 15% de las

pláticas de educación para la salud (GDF, p. 4).


207

Retomando el Programa antes mencionado, también incluye el subprograma de la

accesibilidad a las telecomunicaciones y al transporte, ya que un gran número de

personas con discapacidad padece serios obstáculos para transitar por la vía

pública, el acceso a edificios públicos, centros de reunión, instalaciones

comerciales, culturales, deportivas, recreativas y turísticas.

Algunos de los objetivos específicos son el transformar, adaptar la infraestructura

urbana para garantizar el libre tránsito y el acceso seguro a todos los espacios y

edificios públicos, continuar con una enérgica campaña de sensibilización y de

concertación con instituciones públicas y privadas, que permita derribar las

barreras físicas sociales y mentales que impiden a las personas con discapacidad

las facilidades de acceso en todos los espacios públicos, la infraestructura urbana

y la correspondiente a la planta comercial y de servicios del país (CONVIVE,

México, 2000, p. 19).

También se menciona el subprograma de comunicación, ya que la interacción

social de las personas con discapacidad se ha visto limitada por la falta de

información específica hacia la población en general y por la difusión de

estereotipos inadecuados, lo que hace necesaria la participación de los medios de

comunicación para propiciar una actitud justa, digna y favorable hacia las


Algunos objetivos específicos son el de establecer un programa de difusión

masiva sobre la cultura de respeto y dignidad de las personas con discapacidad,

así como de equidad en las oportunidades para su integración social, promover la

transmisión de información que contribuya a la integración social de las personas

con discapacidad, emitida a través de mensajes y recursos de comunicación

adaptados para crear una sociedad más igualitaria y menos discriminativa.


208

CONCLUSIONES.

La historia de la discapacidad no está escrita, quizá se encuentra en sus inicios en

las investigaciones de las ciencias naturales o la medicina, por lo menos así fue

hasta finales del siglo XX cuando científicos sociales comenzaron a indagar sobre

la problemática de la discapacidad, sus orígenes y consecuencias apartándose de

la visión de la biología y la psicología.

En los pocos estudios realizados sobre este tema encontramos que la

discapacidad: es la condición que genera una organización a partir de la exclusión

del sujeto por una insuficiencia física o mental; concepto que en la actualidad se

sigue confundiendo con deficiencia la cual establece únicamente la falla o carencia

en algún miembro o capacidad del individuo; a diferencia también de la minusvalía

que hace referencia a la consecuencia en el ámbito social donde el rol y la función

no pueden ser desarrollados normalmente debido a la discapacidad.

En sus inicios las teorías sociológicas sobre la discapacidad, pretendían explicar el

origen de ésta y la necesidad de aislar a las personas con esta condición de la

participación en la sociedad, considerándolos enfermos o incapaces de interactuar

con las demás personas. En la actualidad las teorías sociológicas se han alejado

del estudio de la causa u origen físico de la discapacidad, para concentrarse en

las consecuencias que ha ocasionado la discriminación a las personas que viven

con una condición de discapacidad, buscando el reconocimiento de sus derechos,

cómo es el derecho a la educación.

En ello las políticas públicas tienen como finalidad la puesta en marcha de

eficientes leyes o programas que mejoren el status de la cosa pública,

entendiendo esto como la búsqueda de la equidad social, la igualdad jurídica, la

estabilidad y libertad económica y política; asimismo, facilitan la gobernanza y la

cohesión social dentro del Estado cuando solucionan de manera conjunta las

demandas y necesidades públicas de los ciudadanos a través de proyectos,

programas y leyes gubernamentales.


209









equitativa, inclusiva y plural. Esta situación es más palpable en el caso del Distrito

Federal donde la implementación de las políticas públicas es una ardua tarea por

la complejidad de su territorio; por las grandes restricciones administrativas que

limitan la planeación económica a largo plazo; y por la alta concentración

poblacional que demanda una constante creación de servicios públicos,

infraestructura, accesibilidad y empleos. El problema radica en que la oferta de

respuesta no logra estar a la par de las exigencias sociales, y esto se acentúa más

con los grupos socialmente marginados, excluidos o discriminados.





La dignidad humana ya no debería ser tomada como un concepto nuevo, por el

contrario debe ser considerada como parte intrínseca del ser humano que por

derecho de ser, esté humano, posee al momento de llegar a la vida misma, si

entendemos su significado, se logra su permanecía de está, en el mundo,

diferenciándonos del reino animal.

Lo anterior nos lleva a la primera propuesta de políticas públicas concreta

1) Es urgente que el estado mexicano realice la convocatoria más amplia

e incluyente a la conformación de un consejo ciudadano que permita


210

el análisis, la concertación, difusión y evaluación de la política pública

instrumentada, resarciendo con esto la discrecionalidad de los

esfuerzos que realiza el estado, dándole a las políticas públicas el

grado de consenso necesario para propiciar un cambio cultura

respecto a una cultura que discrimina y segrega a los más débiles.

Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, en efecto la

discapacidad puede ser física, sensorial, intelectual o mental, depende de su

origen, ya sea congénita o adquirida, pero cualquiera que sea la manera, son

personas aptas para desarrollar ciertos tipos de trabajo, actualmente muchos

empleadores que son obligados por ley, conservan a los trabajadores que quedan

discapacitados, en este sentido la Ley General para la Inclusión de las personas

con Discapacidad, en su artículo 6, que pretende señalar como una obligación el

contratar a personas con algún tipo de discapacidad, dando el sentido coactivo y

no propositivo a que se refiere dicha ley a efecto de propiciar la igualdad de

oportunidades.

Se debe asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de

oportunidades en el lugar de trabajo, desarrollando ferias de empleo por parte de

empresas denominadas socialmente responsables, las cuales fomentarán el

empleo y ayudaran al Estado a colocar a esta comunidad dentro de la población

económicamente activa.

Un camino alternativo seria el hacer cambios a la legislación y a las políticas

públicas, para dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad,

creando la unificación de leyes a favor de sus derechos, haciendo que todos los

niveles de gobierno realicen leyes que protejan y promuevan la igualdad de esta

comunidad ante los demás.

De esta forma establecemos nuestra segunda propuesta de acción específica:

2) Establecer un fondo mixto, gobierno y empresas de promoción,

recapacitación y financiamiento de iniciativas productivas de carácter


211

incluyente para las personas con discapacidad. Este fondo podrá

orientar recursos a proyectos que faciliten la reinserción laboral,

brindar asesoría a las empresas para el ajuste de sus procesos o

infraestructura y preparar a las personas con algún grado de

discapacidad para su recapacitación.

Para ello las medidas de respaldo financiero a las empresas, ya sea como

incentivos directo o a través de medios fiscales, es una alternativa, con dichas

medidas se debe asegurar que el empleo de las personas con discapacidad no

implique para el empleador ningún costo adicional, propiciando una relación

ganar-ganar, es decir que brinde beneficios a ambas partes.

Las empresas que no cumplan con los requisitos que hacen mención la última

reforma de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 fracción XVI BIS,

deberán pagar una contribución a un fondo central, destinado a los puestos de

trabajo o a financiar actividades de readaptación profesional, en este tenor

proponemos que sea reformada la citada fracción añadiendo dicha propuesta.

Finalmente se propone:

3) Establecer un programa permanente de comunicación social y

educativa dirigido a la población en general, que en coincidencia y

previo a la emisión de leyes antidiscriminatorias, o leyes que regulen

la equidad del empleo, fomenten en la sociedad un mejor

entendimiento de las circunstancias que rodean a la persona con

discapacidad, las cuales determinan la forma en es posible que

atiendan sus necesidades básicas de forma autónoma, evitando la

exclusión social que significa la consideración de su inclusión como

el de una carga para la sociedad.

En esta misma investigación consideramos que la educación es el conjunto de

conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo

en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. A través


212

del perfeccionamiento de las facultades humanas y el desarrollo de las mismas, la

educación es el crecimiento artificial del hombre considerando el conocimiento,

impartido en la escuela y la promoción de experiencias que sirvan para el

desarrollo del individuo tanto en los conocimientos, como en lo humano con el

propósito de ofrecer al educado una vida más plena y con capacidades para el

desenvolvimiento social.

Cabe señalar que la participación de México en los acuerdos internacionales por

los derechos de las personas con discapacidad tuvo un papel promotor y activo en

la actual Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,

elaborada a partir del trabajo con los países de Latinoamérica.

En México la armonización de los mecanismos internacionales de protección a los

derechos humanos avanzan en el plano normativo favorablemente para garantizar

el derecho a la educación y la no discriminación de las personas con

discapacidad. A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad, se publicó el Reglamento de la Ley para las

Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, además se realizaron los

ajustes a la Ley General de Educación con el tema de la inclusión.

Actualmente en México el problema de la inclusión de los jóvenes con

discapacidad ha tomado fuerza e importancia debido a las reformas al marco

legislativo. La inclusión es un paso importante para la garantía de los derechos

humanos, sin embargo la carencia de información y de investigación sobre el tema

de la discapacidad ha llevado al proceso de inclusión a un ambiente tenso acerca

de la garantía del derecho sobre las personas con discapacidad y las que no viven

con esta condición.

Consideramos que la educación es clave para llegar a eliminar las conductas

discriminatorias contra los sectores vulnerables de la sociedad, entre ellos, las

personas con discapacidad, por lo cual es indispensables establecer programas

educativos, materiales o talleres que estimulen e incluyan tanto el respeto de las


213

personas en general como el de las personas con discapacidad, para lograr la

incorporación y sensibilidad de la sociedad en este tema.

El Estado Mexicano, conjuntamente con las empresas llamadas socialmente

responsables, debe implementar acciones de información y concientización en los

diferentes medios de comunicación, que permitan ampliar el criterio y la

información respecto de las personas con discapacidad, para eliminar la pésima

visión y perspectiva que hay hacia esta comunidad, fomentando todo tipo de

valores entre ellos, respeto, igualdad, tolerancia por mencionar algunos.

Se plantea la adhesión del término discapacidad a la fracción V del apartado A del

artículo 123 Constitucional, el cual refiere “para trabajo igual corresponde salario

igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad” añadiendo en este último el

concepto de discapacidad, quedando “Pni nacionalidad, ni discapacidad”.

Haciendo que esta integración haga dignificante el trabajo que desempeñan las


Razón por la cual no basta con darles empleo a las personas con discapacidad sin

una plena inclusión en sus derechos, esto sólo resuelve los problemas de la

inmediatez, más no los problemas de su desarrollo social. El incluir laboralmente

significa dotar a los discapacitados de un sentido de participación y pertenencia en

sus derechos; es tener acceso a las mismas oportunidades e igualdad de trato en

todos los ámbitos de la sociedad; es procurar también su integración en los

programas de rehabilitación profesional y servicios de empleo; es promover y

hacer hincapié en sociedades libres de discriminación y prejuicios por medio del

fortalecimiento de los derechos humanos.

Para culminar, la búsqueda del bien común o bien social a través de las políticas

públicas debe ser un factor insoslayable del Estado democrático mexicano. Esto

se vuelve observable por medio de la atención de las demandas de grupos

vulnerables, como las personas con discapacidad, a través de políticas públicas

innovadoras que propongan nuevas opciones de solución a políticas que

presumiblemente fueron insatisfactorias y que rompen con el statu quo. El


214

Programa de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad de la Secretaría

de Protección Civil fue, en papel, una política pública sectorizada innovadora

porque se formó con la propuesta de muchas otras políticas laborales y de

inclusión que funcionaron en la esfera pública; pero en los hechos, el poco apoyo

que recibió para su desarrollo fue el detonante para su inoperatividad actualmente.


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