El Perfil Del Ciudadano Neoliberal: la ciudadanía de la autogestión neoliberal
40 Años de Modelo Neoliberal en Chile
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FUENTE: http://radio.uchile.cl/2013/10/07/40-anos-de-modelo-neoliberal-en-chile40 aos de modelo neoliberal en ChileCarlos Prez Soto|Lunes 7 de octubre 20138:54 hrs.
1. El sistema neoliberal no requiere de una dictadura militarDurante casi cuarenta aos (desde 1975), Chile ha sido escenario de un profundo experimento econmico y social. En un pas pacificado a la fuerza por el golpe de Estado de septiembre de 1973, y por cinco aos (1973-1978) de cruenta represin de dirigentes polticos y sociales, los ministros civiles del gobierno militar pudieron despejar brutalmente toda traba institucional e implementar, gobernando a travs de decretos leyes, un modelo econmico completamente ajeno a la tradicin chilena, que careca de precedentes incluso en cualquier poltica econmica implementada alrededor del mundo durante el siglo XX.Muchas de las frmulas econmicas y sociales ideadas por los tericos neoliberales a lo largo de los aos 40 y 50 fueron aplicadas por primera vez en Chile y luego, desde aqu, predicadas y aplicadas con diversos grados de autoritarismo prcticamente en todos los pases del mundo desde los aos 80 hasta hoy. Esto hace que Chile, un pas de escaza poblacin (16 millones en 2012), con una economa relativamente menor a pesar de sus enormes riquezas naturales, se haya convertido en un verdadero modelo para la nueva derecha a nivel mundial. Un modelo protegido por los grandes poderes mundiales de las oscilaciones ms irresponsables del capital financiero y protegido tambin por una eficiente clase poltica de las tentaciones de convertir sus avances en provecho populista. Un pas cuyo xito econmico es usado para disciplinar a los trabajadores en todo el mundo en torno a las polticas capitalistas ms depredadoras. Polticas cuyas bondades son repetidas hasta el cansancio, como verdades evidentes y dogmas doctrinarios por las grandes cadenas de medios de comunicacin a nivel mundial. Verdades y evidencias que apuntan sobre todo contra los peligros que representara el Estado interventor, contra la irresponsabilidad contenida en cualquier poltica que busque asegurar derechos econmicos y sociales bsicos.Que el tan cacareado xito de este modelo en Chile slo encubre una enorme catstrofe social para los ms amplios sectores del pueblo chileno, y un modo de grosera depredacin y saqueo de sus riquezas, es algo que se ha mostrado, con cifras impresionantes, muchas veces. Baste con indicar dos datos:a. Entre 2006 y 2011 las grandes compaas mineras extranjeras se han llevado de Chile ms de 160.000 millones de dlares en ganancias. Hay que notar, adems que mientras la inversin total de estas compaas entre 1974 y 2006 sum 19.976 millones de dlares, slo en 2006 obtuvieron ganancias por 25.405 millones de dlares.b. Segn los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 99% de los chilenos vive con un salario promedio de 680 dlares ($339.680), el otro 1% con un salario promedio de 27.400 dlares ($13.703.000), es decir, 40 veces mayor. Es importante notar que esa mayora tambin es desigual: el 81% de las personas en Chile viven con un salario promedio de tan slo 338 dlares ($169.000) con un tope, en ese promedio, de 1096 dlares mensuales ($548.000).Datos como estos son los que permiten entender el fraude que se esconde tras las cifras macroeconmicas exitosas. Pero ms que las cifras que lo caracterizan, o su origen sangriento, lo que me importa aqu es ms bien en que ha consistido de manera profunda este modelo, y cmo un anlisis marxista puede dar cuenta de su normalidad, es decir, de la extraordinaria estabilidad poltica que lo ha acompaado hasta el da de hoy. Describir sus mecanismos y los compromisos polticos que permiten su funcionamiento.La primera fase del modelo neoliberal, la privatizacin de los activos del Estado y la reduccin del gasto estatal, es la que ha sido mejor estudiada y documentada. Es tambin la que sus propios gestores publicitan ms a menudo, atribuyndole toda clase de efectos ordenadores, disciplinantes, del caos en que los Estados habran sumido a las economas modernas.Los diversos analistas de izquierda que lo han abordado han puesto un gran nfasis en sus orgenes violentos. Por un lado la violencia militar extrema de las dictaduras latinoamericanas en los aos 70. Por otro la extrema violencia de la corrupcin civil que, amparada en esa posicin de fuerza, privatiz y desnacionaliz las riquezas y los aparatos productivos estatales levantadas tras dcadas de economas desarrollistas.Este nfasis en la violencia explcita, sin embargo, ha contribuido durante mucho tiempo a oscurecer la segunda fase, mucho ms profunda, en que el modelo se extiende y consolida, promovido incluso por los agentes polticos que han sido vctimas en diverso grado de la violencia primera, y que han usado sistemticamente esa calidad de vctimas para legitimar como alternativas, o como modificaciones en la medida de lo posible, los propios dogmas econmicos que dicen criticar.Es la segunda fase, en que Chile es nuevamente un modelo ejemplar, la que hoy en da es urgente analizar y criticar pues es la que est presente en casi todas las salidas que se ofrecen a nivel mundial para los efectos de la crisis financiera que se arrastra desde 2008. Es la que es necesario exponer y denunciar sobre todo para dejar al descubierto uno de los principales mitos de la crtica anti neoliberal imperante: el modelo neoliberal NO fue impuesto, ni fue hecho eficaz y viable, a partir y a travs de dictaduras militares. Su verdadera eficacia y profundidad ha sido implementada progresivamente a travs de gobiernos civiles, por medios democrticos, y por coaliciones polticas que proclaman ser de centro izquierda. Lagos y Bachelet son los herederos perfectos de Pinochet y sus ministros de hacienda. El PSOE es el complemento perfecto del PP en Espaa. Los Kirchner los sucesores perfectos de Menem. Lula es el complemento de Cardoso. Y esto es lo que ocurre en general con la centro izquierda europea y su retrica anti Thatcher y anti norteamericana.La primera etapa del nuevo modelo de dominacin capitalista que se ha implementado desde los aos 80 en todo el mundo ha sido caracterizada frecuentemente como poltica de shock. A la luz de lo ocurrido con posterioridad, es necesario agregar bastantes matices a esa visin simple. Es indudable que han existido estos momentos de shock pero, a pesar de su importancia, han sido ms bien la excepcin que la regla. Y, en todo caso, el componente de violencia militar en ellos no ha sido el elemento crucial ni, mucho menos, su condicin de posibilidad. El shock en Grecia, Irlanda, Espaa, Portugal, se ha realizado en plena democracia. La transicin neoliberal profunda se realiza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia y en casi todos los pases que formaron parte del rea socialista sin un shock visible, a travs de mltiples medidas que apuntan en esa direccin, pero que no se presentan como una poltica masiva, rpida y explcita.El shock neoliberal est relacionado bsicamente con cuatro cuestiones:a. las polticas de precarizacin del empleo y el debilitamiento de los derechos laborales;b. las polticas de privatizacin de las ramas de la produccin en manos del Estado;c. una poltica general de desnacionalizacin de los recursos naturalesd. una poltica general de liberalizacin del comercio mundial, de apertura arancelaria, congruente con las nuevas formas de organizacin industrial distribuida a nivel mundial.Ms que una dictadura militar que ordene estas medidas por decreto (como ocurri en Chile), en realidad es este ltimo aspecto el que desencadena y opera como motor permanente de los tres anteriores. Desde fines de los aos 70 ha ocurrido un drstico reordenamiento tanto en la base tcnica del capital como en su localizacin. La produccin manufacturera ya no est organizada en grandes instalaciones centralizadas, ubicadas de manera predominante en el primer mundo, sino que se ha desplazado hacia la periferia, en que es posible bajar notablemente los costos en salarios, y en forma de redes de produccin de partes y piezas, en que slo algunos mdulos actan como armaduras. Esto ha significado una radical desindustrializacin de Estados Unidos y Europa, y a la vez una industrializacin creciente de pases como Corea del Sur, Taiwn, Singapur, Malasia, en una primera oleada, y ahora de China, India, Brasil y Mxico. Esta produccin en red ha aumentado enormemente el comercio mundial al interior de las propias empresas trasnacionales, que se organizan como redes en que operan mercados interiores que deben traspasar las fronteras nacionales. Esta organizacin es la que ha obligado a la completa apertura comercial que, de paso, permite la destruccin de toda iniciativa de desarrollo industrial consistente y medianamente autnomo a todos los dems pases.Tanto la precarizacin del empleo, como la desnacionalizacin de los recursos naturales, como la destruccin de los aparatos productivos estatales, en realidad han sido efectos de esta profunda reorganizacin, de envergadura histrica, de la divisin internacional del trabajo capitalista. En rigor, el discurso doctrinario neoliberal, su pretendido saber tcnico, no ha sido la causa, ni el motor, de esta reorganizacin, sino ms bien el discurso con que se ha legitimado. La ineficacia del Estado, la necesidad compulsiva de integrarse a la globalizacin, las supuestas desgracias que traera el proteccionismo, las supuestas bondades de la iniciativa y el emprendimiento individual en torno a pequeas unidades econmicas, son todos argumentos que surgen desde, y son funcionales a, este proceso en el orden de la produccin.Es por eso que el llamado shock neoliberal no ha llegado de manera masiva, explcita y uniforme a aquellos pases donde imperan regmenes democrticos, es decir, a aquellos lugares y espacios sociales en que esta revolucin post fordista no ha sido necesaria an. La precarizacin del empleo, por ejemplo, se ha introducido en la mayor parte del mundo por reas, a travs de polticas que se presentan paradjicamente como fomento, o generacin de nuevos empleos, o como excepcin: empleo precario para jvenes, para mujeres, para zonas pobres, para profesionales universitarios recin egresados. Normas que se agregan a las ya existentes, sin eliminarlas, aunque de hecho las nieguen, van creando una tendencia, acompaada de aparatosas campaas de propaganda, en que se debilitan por sectores los derechos laborales tradicionalmente adquiridos a travs de prolongadas luchas de los trabajadores. Una propaganda que sostenidamente afirma favorecer el empleo, hacer viable la economa, abrir nuevas posibilidades al adelanto econmico de los individuos y las familias, sin hacerse cargo en absoluto ni de la calidad del empleo que favorecen, ni de los bajos niveles salariales implicados, ni de la absoluta falta de derechos laborales y sindicales que los rodean. Eso explica que en la mayor parte de los pases del mundo el avance de la precarizacin laboral coexista perfectamente con sectores enteros de trabajadores que mantienen an sus derechos clsicos, sobre todo en la administracin y en los servicios que provee el Estado, en las fbricas en que subsiste el rgimen fordista, y en el campo que no se ha reconvertido an a las nuevas formas de industrializacin agrcola. Cuestiones que son claramente visibles en pases como Mxico, Brasil y Argentina.De la misma manera, la desnacionalizacin de los recursos naturales, no se ha operado de un modo uniforme y tajante, que suprima o revierta las grandes nacionalizaciones promovidas por gobiernos antiimperialistas en los aos 70. Las formas ms eficaces son ms bien el control de la comercializacin de los recursos de los que no se es dueo, el dominio de toda la cadena de elaboracin de los derivados o concentrados, que son los que realmente se ocupan en la produccin industrial, e incluso el dominio de la administracin financiera de los excedentes en dinero que produce la riqueza tericamente nacionalizada. Los pases son dueos de la piedra, del crudo, pero de nada ms. La industria petroqumica, las refineras del cobre y el estao, las grandes productoras de acero, permanecen en manos del capital trasnacional. Los excedentes en dinero son administrados por la banca trasnacional. Y ahora, en la segunda fase del modelo, dos mecanismos adicionales. Uno explotacin mixta en que los Estados nacionales entran en sociedad con las empresas trasnacionales (que frecuentemente los exceden en poder econmico), en tratos paritarios que favorecen escandalosamente al capital, y a la vez lo liberan de cargas tributarias o excesos de fiscalizacin sobre sus operaciones. El otro es el rgimen de concesiones plenas, ideado en Chile, ante la negativa del gobierno militar a privatizar el cobre, por Jos Piera Echeique, uno de los principales idelogos nacionales del modelo, y dictado como ley en 1981, segn las cuales el Estado no pierde la propiedad de los recursos, pero si una vez dictada la concesin decide retirarla (para lo cual bastara un simple decreto presidencial), debe pagar a la empresa afectada el 100% de las ganancias que podra haber obtenido por su explotacin!.Por ltimo, la privatizacin de los activos econmicos en manos del Estado no ha operado en general sobre la base de decretos dictados bajo el amparo militar sino ms bien tras un proceso de destruccin metdica e intencionada: la disminucin de su productividad y eficacia por falta de inversin, la reduccin de sus ganancias y aportes al presupuesto general por la va del despilfarro. Con esto el dogma neoliberal de la ineficiencia del Estado se ha convertido en una mera profeca auto cumplida, tras la cual la privatizacin aparece casi como un beneficio para toda la sociedad. Es el caso de la empresa telefnica privatizada en la poca del PSOE en Espaa, es el caso de la telefnica mexicana que, milagrosamente, duplic su valor en menos de dos meses despus de ser privatizada. Los servicios de comunicaciones, de transportes, de agua potable, pueden ser privatizados cmodamente, y en forma pacfica por esta va.Incluso, cuando se observa el propio proceso chileno, del que se dice que estara fundado en la violencia militar, lo que se encuentra es que los efectos reales del shock, y sobre todo su consolidacin como rgimen de normalidad econmica, se produjeron a partir de 1990, durante los gobiernos de la Concertacin, no bajo la dictadura. A pesar de que la Ley de Concesiones Plenas se dict en 1981, la inversin minera en Chile entre 1974 y 1989 slo lleg a 2390 millones de dlares. En cambio, entre 1990 y 2005 subi a 17578 millones de dlares. Las leyes que han permitido que las empresas mineras eludan o evadan impuestos proceden del gobierno de Patricio Aylwin. A pesar de las garantas ofrecidas, an en 1990 las grandes mineras privadas controlaban slo el 16% de la produccin de cobre; en 2007 esta proporcin haba subido, en cambio al 69%. Otro tanto se puede decir de todas y cada una de las grandes medidas econmicas dictadas en la poca dictatorial. Hoy en da nadie pone en duda que los gobiernos de la Concertacin han respetado y profundizado plenamente el modelo econmico que heredaron, en contra incluso de lo que fue presentado como su propio Programa Fundacional.2. Los mecanismos bsicos del modelo en ChileConsiderando estas mltiples evidencias es que importa hoy enumerar con la mayor claridad posible cules han sido las herramientas econmicas han permitido que los tecncratas chilenos prediquen el xito de su modelo.a. El cobreDesde luego, y largamente, el gran asunto en juego es la desnacionalizacin del cobre. Chile es un pas que vale para el capital trasnacional lo que valen sus recursos naturales. Hoy en da la produccin de la minera chilena equivale al 17,4% del PIB. En esta cifra, el 16% corresponde a las exportaciones de cobre. En esta cifra, cerca del 70% corresponde a la minera privada. Es decir, ms del 12% del PIB sale de Chile por la va de la produccin minera privada.b. Las Administradoras de Fondos de PensionesEl crecimiento econmico exhibido o, al menos, el exorbitante crecimiento del que han gozado los sectores privilegiados de este pas tiene, sin embargo, otros dos componentes, que dan cuenta ahora de la expansin de los empresarios chilenos hacia los dems pases de Amrica Latina. Uno es el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado en 1980, que obliga a los chilenos a cotizar el 10% de sus salarios en Administradoras privadas, que pueden utilizar este ahorro forzoso como fuente de capital para empresas relacionadas, sin ofrecer a cambio ninguna garanta real de rentabilidad, ni absolutamente ninguna participacin en la poltica de inversiones, a los que son propiamente los dueos de ese capital.Tras ms de treinta aos del sistema se han acumulado ms de 250.000 millones de dlares, nominalmente propiedad de los trabajadores. Sobre esos fondos los propietarios de las Administradoras han cobrado cerca de un 30% de las cotizaciones en comisiones por su administracin independientemente de si las inversiones que hacen tienen o no rentabilidad real. Esto ha significado que, a pesar de las fluctuaciones y las crisis financieras, los dueos de las AFP han recibido entre 500 y 1000 millones de dlares cada ao. Es notable que desde 2008, debido a la crisis financiera internacional, el fondo global, perteneciente a los trabajadores, disminuy en cerca de un 30%!, una cifra mayor que todas las ganancias obtenidas por esos fondos en los 27 aos anteriores, y an as los dueos de las AFP obtuvieron en 2008 ganancias por 10 millones de dlares. Pero ya en 2009, sin que los fondos se hubiesen recuperado realmente, sus ganancias volvieron al orden de los 500 millones de dlares. Por estas dos vas, la posibilidad de utilizar el ahorro forzoso de los trabajadores de todo un pas, y la libertad de apropiar cerca de un tercio de ese ahorro como comisiones, las AFP han sido la viga maestra de los empresarios nacionales del retail, de la fruta y las pesqueras, de la celulosa y el papel, de la mediana minera privada. Como dato ilustrativo hay que considerar que el 70% de los fondos han sido invertidos en tan slo diez grandes grupos de empresas chilenas.El reverso de este gigantesco aporte de los trabajadores a la gran empresa privada es dramtico. En 2012 la pensin promedio pagada por el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanz tan slo 178.000 pesos (unos 360 dlares). Las pensiones pagadas correspondan en promedio a tan slo el 33% del salario percibido por los trabajadores antes de pensionarse. Peor an, el 60% de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009 han sido aportadas por el Estado! Una situacin que se explica porque el 60% de los pensionados recibe menos de $75.000 (150 dlares), y sus pensiones deben ser compensadas por un aporte estatal.c. La elusin tributariaEl otro mecanismo, que explica que el 0,1% de los contribuyentes chilenos acumulen 17% de la riqueza nacional son las mltiples formas de evasin y elusin tributaria de las que han gozado las empresas por ms de treinta aos. Slo por la principal de ellas, el llamado Fondo de Utilidades Tributables (FUT) los empresarios de este pas han logrado evadir cerca de 40.000 millones de dlares en impuestos. Una mdica contribucin a costa de beneficios posibles para todos los chilenos, que les ha permitido capitalizar e imponer su crecimiento como si fuese un producto de su propia eficacia. En general, se ha construido un sistema impositivo en que los empresarios pagan sistemticamente menos impuestos que los trabajadores.Precarizacin del empleo, desnacionalizacin de los recursos naturales, privatizacin de la administracin de los fondos de pensiones, un sistema de generosas ventajas tributarias, esos son los grandes mecanismos que han operado desde la poca de la dictadura. Pero a ellos hay que agregar una segunda fase que, como he adelantado, ampla y profundiza el modelo, gestada e implementada ahora completamente en democracia.3. La profundizacin del modeloEl gran asunto ahora, en general, es la completa funcionalizacin del Estado respecto del inters de los empresarios privados. Ms all de la privatizacin que recurre al expediente simple y brutal de vender a precio regalado los bienes acumulados por todos, se trata ahora de la introduccin de la lgica de gestin de las empresas privadas en la gestin de los servicios pblicos, acompaada de un masivo sesgo que lleva a que el Estado privilegie, e incluso financie directamente, a las empresas privadas en detrimento de sus propios servicios. Un rgimen en que el gran capital logra convertir en reas de negocios a los servicios, que se consideraron tradicionalmente como derechos sociales, que tenan que ser provedos y garantizados por el Estado. En la mercantilizacin de los servicios, que resulta de estas polticas, el costo es descargado progresivamente sobre los usuarios, el Estado autoriza y avala el lucro con bienes esenciales, e incluso aporta directa e indirectamente los capitales que requieren los privados para implementar sus negocios. Esto resulta particularmente claro en cuatro reas extremadamente sensibles para los ciudadanos comunes: el transporte pblico, la educacin, la salud y la industria alimentaria.a. El transporte pblicoEl caso del transporte pblico en Chile representa una mezcla de neoliberalismo y corrupcin abierta. La privatizacin de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado se llev a cabo en los primeros aos de la dictadura, bajo el pretexto de su ineficiencia y su obsolescencia tecnolgica. El transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago (que concentra al 40% de la poblacin del pas) y en todas las otras grandes ciudades, sin embargo, fue empeorando con el tiempo debido justamente a esas mismas razones cuya solucin, por cierto, no interes en lo ms mnimo a los eficientes empresarios privados. A pesar de esta ineficiencia, cuando desde 2004 se pens en hacer un cambio radical, la premisa que se dio por obvia es que tena que ser realizado a partir de nuevas concesiones a esos mismos o a otros empresarios privados.La extrema torpeza y falta de viabilidad del fastuoso proyecto que se dise durante el gobierno de Ricardo Lagos se hizo notoria en cuanto empez su implementacin, oportunamente apurada para imponerla al gobierno siguiente. Pero justo entonces, al enorme impacto que esta ineficiencia radical implicaba sobre las rutinas de la gran ciudad se le encontr una solucin extraordinaria: que el Estado subvencionara completamente las prdidas posibles que los empresarios pudieran enfrentar. Se supo entonces uno de los secretos a voces de esta gran renovacin: en los contratos que el Estado firm con esos empresarios se garantizaban, a todo evento, mrgenes de utilidad.Una frmula que se ha usado de manera cada vez ms frecuente en las licitaciones de obras llamadas por el Estado: en las carreteras, en las crceles concesionadas, como veremos luego, en los hospitales pblicos.En el caso del sistema de transporte de pasajeros, por esta sola va, en los cinco primeros aos de su funcionamiento el Estado tuvo que desembolsar ms de 9500 millones de dlares. Una cantidad absurda que es de hecho mucho mayor que la que esos empresarios tuvieron que gastar para comprar todas y cada una de las mquinas con que se presentaron a licitacin para ofrecer el servicio.No slo eso, se firmaron contratos, redactados por los propios representantes estatales, que no establecan ningn mecanismo real de fiscalizacin a la calidad del servicio, que establecan estndares de cumplimiento para los que no se fijaba absolutamente ningn castigo en caso de no llevarse a cabo, que no establecan absolutamente ningn resguardo de los derechos laborales de los trabajadores que se emplearan.No slo eso. Cuando la oposicin al gobierno de turno vislumbr la posibilidad de ganar las elecciones para el gobierno siguiente y, por tanto, la de heredar el desprestigio y enorme costo del sistema, ambos bloques se pusieron de acuerdo en no convertir el asunto en tema de las campaas electorales (ni la derecha critic al gobierno en lo que era su flanco ms dbil, ni el gobierno emplaz a la derecha para que lo resolviera si ganaba), y acordaron una ley que aseguraba el financiamiento de la ineficacia, y las ganancias de los empresarios, a costa de todos los chilenos: se acord por ley que el Estado apoyara el sistema, y otros equivalentes en las dems regiones del pas, por un monto equivalente a 16.000 millones de dlares en el decenio 2012-2022. An as, este monto no es suficiente, y cada ao se aprueban partidas presupuestarias que incrementan los aportes.Cuando se considera este cmulo increble de ineficiencias y costos con una cierta perspectiva, sin embargo, se advierte que tras lo que parece ser simplemente idiotez y descuido hay una poltica sistemtica, unas prcticas que sistematizan la corrupcin. En los grandes contratos de obras pblicas que se licitan a privados, por ejemplo, adems de garantizar los mrgenes de ganancia, se suele aceptar a un oferente que promete, a un costo muy conveniente, realizar una obra, digamos, en 100 millones de dlares. Como su propuesta es la ms barata y conveniente, se le adjudica, de manera vlida, la licitacin. Sin embargo, en el curso de la obra, el contratista declara que debe hacer correcciones o ampliaciones al proyecto original y entonces, fuera de toda licitacin, se renegocia el contrato por montos que pueden incluso doblar el costo proyectado original. O, en otro caso, en los estudios del impacto ambiental que producira una empresa privada, se autorizan instalaciones por una envergadura determinada, pero luego la empresa extiende sin lmites sus instalaciones slo con el estudio y la autorizacin inicial.b. La industria alimenticiaEl caso de las industrias de alimentos es ilustrativo de este sistemtico sesgo de los funcionarios pblicos a favor del inters privado, que incluso se defiende doctrinariamente en los cursos de capacitacin en que son formados. Se dicta un reglamento sobre los contenidos mximos que los componentes de un alimento deben tener para no daar la salud de tal manera que esos mximos permiten prcticamente todos los alimentos ya en circulacin, sean dainos o no. Se suscriben los tratados de libre comercio con toda clase de clusulas que permiten debilitar la autonoma e incluso la seguridad alimentaria del pas. Se aceptan las imposiciones de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) en torno a la circulacin de transgnicos y las patentes a productos biolgicos. Se acepta y promueve, sin gran publicidad, sin que haya una ley que lo autorice, el cultivo de transgnicos en Chile (slo para la exportacin). Se autoriza sin lmite la importacin de transgnicos para el consumo. Se logra, por la va reglamentaria, que los productos que contienen transgnicos no lo adviertan a los consumidores.c. El sistema educacionalPero son las reas de la educacin y la salud las que muestran mejor, en todas sus facetas, en qu consiste la profundizacin del modelo. En la educacin, el regalo a privados del sistema de educacin tecnolgica con que contaba el pas, y la absoluta ausencia de inversin estatal en ese rubro durante 35 aos. La creacin de un sistema de universidades privadas que recurren a todo tipo de triquiuelas para obtener el lucro que formalmente la ley les prohbe, a lo que hay que sumar toda clase de nuevas y especiales exenciones tributarias. La municipalizacin de la enseanza media bsica y media, paralela al crecimiento, fomentado por el Estado, de un sistema de educacin privada subvencionada, que tambin goza de privilegios tributarios. El encarecimiento de las escolaridades de las universidades estatales al mismo nivel de las privadas, obligado por las polticas de autofinanciamiento y por el retiro progresivo del aporte directo del Estado.Con las movilizaciones estudiantiles de 2005 y 2011 toda el drama de la educacin chilena ha salido flote por fin, y ha sido ampliamente discutida en la esfera pblica, sin que se haya logrado, por cierto, mover ni un milmetro ni la poltica oficial, ni la decisin de llevarla adelante en contra de la opinin de las ms amplias mayoras nacionales. O, peor an, todas las medidas propuestas desde las autoridades como soluciones no apuntan sino a profundizar el modelo.Una consecuencia es el que el 40% del costo de la educacin superior lo deben aportar las familias, en casi todos los casos sobre la base del endeudamiento con la banca privada, o con el Estado, en una situacin en que las escolaridades se encuentran entre las ms altas del mundo. Otra, los colegios privados subvencionados por el Estado crecen, y se agrupan en grandes sociedades en manos de sostenedores que pueden lucrar libremente con el servicio directo, y con los servicios relacionados como el transporte escolar, los materiales de estudio, o el financiamiento de las escolaridades compartido entre el Estado y las familias. Paralelamente, los colegios municipales se empobrecen, porque no pueden realizar ese lucro relacionado, porque los municipios, manifiestamente en contra de la ley, desvan los fondos que reciben para educacin hacia otros rubros, sin que haya la menor fiscalizacin y, junto con su empobrecimiento, van perdiendo a sus estudiantes, que migran al sistema privado, y desaparecen uno a uno. Otra consecuencia: crece la precarizacin del trabajo docente hasta el punto inverosmil de que en la educacin superior el 60% de la docencia es impartida por profesores que no tienen contratos estables y que frecuentemente slo reciben diez u once meses de paga cada ao.Pero el aspecto ms profundo de estos cambios es quizs, como he sostenido ms arriba, la introduccin de formas de gestin tpicas del sector privado al sistema de educacin estatal. Por esta va las universidades del Estado se han convertido en centro de negocios para muchos profesores, a los que se alienta a crear programas de diplomado, post ttulo o post grado administrados por ellos mismos, bajo el nombre y la normativa de la propia universidad a cambio de un cierto porcentaje de lo que recauden por escolaridad. Siguiendo el mismo estilo, las universidades estatales se han rodeado de sociedades relacionadas, formadas por los propios profesores, que usufructan del nombre y prestigio, e incluso de las instalaciones y personal de la universidad para concursar a fondos que resultan casi completamente destinados a su propio usufructo privado, nuevamente, a cambio slo de un porcentaje de los ingresos, que luego se exhibe orgullosamente como contribucin al autofinanciamiento decretado y promovido por la poltica oficial.Por supuesto, resulta plenamente funcional a esta situacin en la educacin superior, la adhesin a un sistema de certificaciones que privilegia las formas de gestin particularistas, de corto plazo, en beneficio de los acadmicos individuales. De esta forma la certificacin que se presenta como evidencia de la calidad de las universidades privilegia los grados en su aspecto meramente formal, las investigaciones de corto plazo que pueden dar origen a publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional, la gestin de los programas de post grado que, justamente contribuyen a reproducirla. Es decir, un sistema en que la calidad de la enseanza universitaria ha perdido toda conexin con el desarrollo nacional, con proyectos estratgicos de desarrollo del conocimiento y, mucho menos an, con las funciones tradicionales de recreacin de la cultura, extensin y dilogo con las necesidades del pas. Las universidades, incluso la del Estado, se han convertido en fbricas de profesionales individualistas, que slo compran una formacin que los habilite para el mercado laboral inmediato. Y esto es lo que la doctrina oficial describe, acertadamente, cuando considera a la educacin ya no como un derecho sino como un bien de consumo.A travs un sistema de mediciones peridicas en torno a estndares competitivos y meramente formales, desde sus primeros niveles (SIMCE en segundo bsico, cuarto bsico, octavo bsico, SIMCE por asignaturas, PSU para el ingreso a la universidad), el modelo se instala en la gestin de la educacin convirtiendo a cada unidad educativa, en todos los niveles, en una unidad en competencia, que lucha por destacarse en los ndices de resultados, que adapta completamente su modelo formativo a la formalidad de tales instrumentos, convirtindose en un sistema preparador de pruebas, que discrimina fuertemente segn los puntajes obtenidos, que adiestra cada vez ms y forma o educa cada vez menos. Pero con esto los actores mismos, los maestros, los estudiantes, las familias, internalizan el sistema de la competencia. Las mismas familias se acostumbran a demandar esos resultados formales, los maestros son evaluados en torno a ellos, las unidades educativas enteras son expuestas ao a ao a la publicacin de los resultados, y se prestigian y autoevalan como exitosas o no a partir de ellos.d. Las polticas en Salud PblicaLas polticas implementadas en la salud pblica durante los gobiernos de la Concertacin, que contina las polticas formuladas durante la dictadura son otro ejemplo central. El paradigma de focalizacin de los recursos termin con el gasto global, basal y permanente en salud, instaurando un modelo de gestin en que el Estado slo construye la planta fsica de los hospitales pblicos, y concesiona todo su funcionamiento, y en que el sistema pblico de salud (FONASA, AUGE, GES) se dedica slo a pagar prestaciones individuales.Consecuencia de esto es que se ha privilegiado completamente la medicina curativa, en detrimento absoluto de la prevencin primaria y de la medicina paliativa, a las que se accede slo a travs de su medicalizacin (vacunacin, rehabilitacin fsica, chequeos mdicos), y slo en la medida en que se asimilan al rgimen de las prestaciones curativas.Por un lado la licitacin y concesin, primero de los servicios anexos (aseo, alimentacin), y luego incluso de los centrales (administracin, prestaciones mdicas) precariza el empleo en el sector y convierte el gasto estatal ms bien en un privilegio, en un sistema de bonos y asignaciones, debilitando de manera sustantiva su carcter de derecho permanente.Por otro lado, el debilitamiento sistemtico de la infraestructura de la salud pblica, unida al sistema de Garantas Explcitas en Salud (GES), constituyen uno de los mecanismos caractersticos de transferencia de los fondos pblicos al sector privado.En Chile dej de haber autnticamente salud pblica, con las connotaciones sociales, de prevencin y empoderamiento de los ciudadanos que eso implica. En realidad lo que hay es un sistema de bonos y asignaciones estatales a las necesidades mdicas de los individuos, considerados como particulares aislados. Un sistema de prestaciones en que se evalan y fijan los montos de las asignaciones segn tablas de siniestralidad, al estilo de las compaas de seguros, y no de acuerdo a criterios sociales o de prevencin. Con esto el gasto estatal deja de ser inversin destinada a mejorar los niveles de salud de la poblacin, y empieza a ser simplemente gasto, costos que se deben vigilar permanentemente para que no aumenten demasiado el presupuesto estatal.La manera en que este modo de pago favorece a las empresas de salud privadas puede ejemplificarse con el escndalo de los pagos que hace el Estado a travs del sistema de garantas GES. Consideremos un ejemplo representativo. Si un cotizante de FONASA (en que se atiende el 84% de la poblacin) necesita hospitalizacin el Estado aporta un bono GES, a travs de FONASA, para pagar al hospital pblico que lo atiende. En 2012 la cantidad pagada por el concepto de da cama ascendi a $129.000. Pero el costo real de ese da cama es de alrededor de $300.000. Como el hospital pblico es administrado como una unidad econmica independiente, por los municipios, el hospital queda debiendo esa diferencia al Estado. Ese costo debera ser solventado por los municipios, pero estos no reciben fondos del Estado dedicados a cubrir esa diferencia. Con esto slo los cuatro o cinco municipios en Chile (de 350!) que tienen supervit econmico, porque en ellos se concentran los sectores econmicamente ms privilegiados del pas, pueden mantener sus servicios. En el resto los hospitales acumulan una deuda hospitalaria que, desde luego, les impide mejorar sus prestaciones, o aumentar las camas disponibles. Pero como el usuario ha recibido un bono que implica una garanta en salud, y como el hospital pblico, debido a su deuda, no dispone de las camas necesarias, entonces tiene derecho a acudir a una clnica privada, y el Estado debe asumir el costo que ello implique. Pero entonces, mgicamente, el Estado acepta pagar $800.000! por el da cama a esa clnica, es decir, ni siquiera el costo real sino el costo comercial!, establecido de manera unilateral por el empresario privado. Por esta va, slo en los primeros nueve aos de la implementacin del sistema GES, el Estado ha traspasado 8.000 millones de dlares al sistema privado de salud. En otro ejemplo del mismo tipo: FONASA paga $4.950 por el tem consulta mdica a los hospitales pblicos, y paga, en cambio, por el mismo concepto, $11.730 a las clnicas privadas. El resultado es que hasta 2012 se haban acumulado ms de 200 millones de dlares en deuda hospitalaria. Para el Estado es relativamente poco, pero es lo suficiente como para que el sistema pblico, administrado con criterios de autofinanciamiento, no pueda invertir en su propio mejoramiento.Durante el gobierno de Michele Bachelet se propuso, proclamndolo como solucin al problema, la construccin de ms hospitales pblicos. Una medida aparentemente muy progresista, porque la construccin de infraestructura hospitalaria pblica haba estado prcticamente paralizada durante casi treinta aos. Pero tanto la construccin como la operacin de estas unidades se han planeado a travs del sistema de licitaciones y concesiones a privados. Pero, a su vez, para atraer al sector privado a un rea de negocios que aparece como deficitaria, se han contemplado subsidios de construccin y de operacin que garanticen que los privados tendrn ganancias. Por esta va, en la construccin de slo dos hospitales, cuyo costo real asciende a 300 millones de dlares, el Estado pagar 600 millones de dlares! slo en subsidios.Un efecto notable de estas polticas es que el Estado chileno puede proclamar triunfalmente que el gasto que hace en el sector salud ha aumentado. Del mismo modo, a travs del mismo tipo de polticas, ha aumentado tambin en forma extraordinaria el gasto en educacin, en cultura, en vivienda y en obras pblicas. Lo que no se dice, en cambio, es que los beneficiarios son usados como un modo de desviar el gasto pblico al sector privado; que se le paga al sector privado sobreprecios y mrgenes de ganancias completamente por fuera del mercado; que la poltica de salud propiciada de esta manera (nfasis en la medicina curativa) empeora la salud pblica en lugar de mejorarla; que el gasto estatal se realiza a travs de concesiones y bonos cuyos montos no constituyen un derecho permanente, y que pueden ser congelados o desvalorizados progresivamente a travs de simples medidas administrativas (sin que haga falta una ley); que la proporcin en que aumenta el gasto pblico es absolutamente inferior al aumento de la inversin privada, sobre todo porque la mayor parte de ese aumento pblico va destinado justamente a esos privados.Es importante agregar a esto una triste perspectiva histrica. En Chile se intent privatizar la salud obligando a los trabajadores a cotizar el 7% de sus salarios en un sistema privado de seguros mdicos, las ISAPRES. Sin embargo, para que este sistema tenga una mnima viabilidad, es decir, para que garantice ganancias a los empresarios privados, es necesario que los salarios sean relativamente altos. Pero en Chile el salario promedio es slo de $390.000, y era mucho menor cuando se instal el sistema. Debido a esto, a pesar de que las ISAPRES llegaron a captar al 25% de la poblacin, actualmente slo afilian al 16%, que cuenta con los salarios ms altos. El 84% de los chilenos se atiende por FONASA. An as, entre 1990 y 2004 las ISAPRES recibieron subsidios directos del Estado por 530 millones de dlares, lo que les permiti no slo tener ganancias crecientes, sino comprar o formar sociedad con las principales clnicas privadas. Y luego, en una operacin que ya debe sernos familiar, se proclam con bombos y platillos que se termina la subvencin directa a privados en salud mientras, paralelamente, se implement desde 2005 el sistema GES. Con esto las ISAPRES y clnicas, que hoy forman sociedades estrechamente relacionadas, han llegado a tener acceso a los usuarios de FONASA, al otro 84%, pagado por el Estado! El resultado est en las cifras que ya he expuesto: entre 1990 y 2004 (15 aos) 530 millones de dlares en subsidios; entre 2005 y 2013 (9 aos) 8.000 millones de dlares en transferencias. El Estado ya no ayuda a las ISAPRES, simplemente les paga lo que ellas mismas, de manera unilateral, consideran su ganancia legtima. Esto ha llevado a que actualmente el 57% del gasto en salud en Chile se realiza en el sector privado, que atiende de manera preferente slo al 16% de la poblacin.Dems est decir que con esos 8500 millones de dlares se podran haber construido y gestionado 20 hospitales pblicos de calidad, mientras lo que ocurre, en cambio, es que la infraestructura pblica en salud es cada vez ms pobre y deficitaria. Y esto es lo mismo que ocurre que ocurre con la educacin pblica, el transporte, la vivienda, el derecho a la cultura, la inversin en infraestructura.Es importante aadir a todo esto que tambin en la salud pblica, como ocurre en educacin, las familias chilenas pueden optar a mejorar sus niveles de atencin aportando un copago a costa de sus propios bolsillos. El efecto de esta descarga de un derecho bsico sobre los propios usuarios, es que actualmente un 37% del gasto en salud proviene directamente de las familias, de sus salarios. Y esta es una situacin que se repite en educacin: cerca del 40% del gasto en educacin superior en Chile proviene directamente de las familias de los estudiantes.4. Burocratizacin y Estado Complacientea. Derechos permanentes y beneficios precariosLa esencia de estos mecanismos es la precarizacin del gasto estatal y, con ella, la conversin progresiva de todos los derechos permanentes y globales conquistados por los trabajadores en bonos y asignaciones personalizadas. Bonos a las madres por cada hijo, bono a las vctimas de un terremoto, subvenciones a los padres que deben hacer copagos en los colegios privados, bonos para mejorar las viviendas, para afrontar el alza de precio de los combustibles, para afrontar los gastos escolares a principios de cada ao, bonos a voluntad de la poltica neo populista y neo clientelista de los partidos que lleguen temporalmente al gobierno. De esta forma el gasto estatal, se convierte en un conjunto de concesiones ocasionales, de asignaciones especiales, para situaciones puntuales, que se pueden otorgar cuando las finanzas del estado marchan bien, pero que desaparecen cuando las finanzas andan mal o las prioridades exigen atender primero a la banca o a las grandes empresas.Y hay que observar que se trata de una situacin en que el retroceso del gasto estatal NO implica una disminucin de los derechos de los ciudadanos simplemente porque esos derechos ya no tienen la fuerza y permanencia propia de un derecho, que es exigible, sino la precariedad de un beneficio o una regala que no constituye derecho.De la misma manera, en las relaciones contractuales, el salario base, fijo, que es reclamable como un derecho disminuye, y es reemplazado por un sistema de bonos (por productividad, por responsabilidad, por festividades especiales, por las cualidades mostradas en la realizacin del trabajo), que constituyen ms bien privilegios o derechos que puedan ser exigidos. Bonos y asignaciones variables sometidos a formas de asignacin frecuentemente informales, que dependen de evaluaciones en que prima la subjetividad, y obligan, de paso, a los trabajadores a mantener una actitud positiva, proactiva para hacerse acreedores o elegibles, creando con eso una suerte de clientelismo interno entre los trabajadores y los mandos medios de una empresa y, a su vez, entre estos mandos medios y sus directivos superiores. No es raro, en los sectores de empleo ms precario que los trabajadores de menor nivel de especializacin deban pagar parte de los bonos que reciben a los mandos medios que estn en posicin de asignrselos pero, a su vez, que estos mandos medios deban pagar tambin ms arriba, por la posicin que mantienen, con lo que se crea una cadena de depredacin de los salarios en que la base ms amplia, y la que mantiene el sistema, es siempre el nivel de los salarios ms bajos.b. Burocratizacin al interior de las empresasPero, tambin, se observan prcticas anlogas entre los propios empresarios capitalistas. De manera habitual y formal, como parte de los contratos de compra y venta, las grandes cadenas de comercializacin de productos de consumo habitual (retail), cobran a sus proveedores entre un 15% y un 20% slo por mantener sus productos en las estanteras a disposicin del pblico. Una cantidad que se suma al margen de comercializacin habitual que ya obtienen por la operacin de comprar esos productos y venderlos a los consumidores. Y tambin, de manera informal, las compaas proveedoras pagan de diversas formas directamente a los encargados de escogerlas. El caso ms extendido y comn es el de los visitadores mdicos a travs de los cuales la industria farmacutica ofrece toda clase de incentivos a los mdicos para que receten los productos que promocionan, aunque sean ms caros que las posibles alternativas. Una poltica que se repite al tratar con las farmacias, o con los servicios pblicos. El resultado, por supuesto, es el encarecimiento en cadena de los precios de cada producto, que recae finalmente en el consumidor directo.Considerados de una manera ms general, lo que observamos en todos estos planos es un proceso de burocratizacin creciente al interior de la propia dinmica capitalista. Cada vez ms agentes econmicos intermediarios se interponen entre los productores directos de bienes y servicios y los consumidores y, paralelamente, entre los propietarios jurdicos de los medios de produccin y los trabajadores que reciben salario por tareas de produccin directa. Una burocratizacin de nuevo tipo, que ya no responde a las formas fordistas de la burocracia del siglo XX, sino que est constituida como una capa enorme y creciente, voltil y fluctuante, de prestadores de funciones de direccin y coordinacin que usufructan de manera formal e informal de las ventajas que pueda proporcionarles su espacio local e inmediato de poder.Y una burocratizacin, tambin, en que los recursos del Estado se ponen completamente al servicio del inters de los empresarios privados, lo que tiene como resultado una presin constante del empresariado sobre los agentes estatales y, desde luego, un chantaje permanente de estos funcionarios sobre el emprendimiento capitalista, que ha llegado a depender completamente de l. Esto explica el horror de los sectores empresariales ante los proyectos polticos populistas. No se trata ya de que se ponga en peligro la propiedad privada, como en los buenos tiempos de la amenaza marxista, se trata ms bien del precio, de la tajada, que los empresarios tendrn que pagar a quienes dominan el mecanismo de legitimacin de todo este sistema: la democracia administrada.c. Retrica progresista y disciplinamientoPorque, en efecto, nada de todo esto habra sido posible sin la activa y complaciente colaboracin de los propios agentes del Estado, cuya reproduccin y usufructo de la riqueza social proviene cada vez ms de la medida en que sepan administrar la democracia en beneficio del capital, y de s mismos. Para esto han destruido completamente el rgimen fordista de derechos laborales permanentes y estables, promoviendo y manteniendo sistemas de trabajo precario que han destruido los sindicatos, que anulan completamente el derecho de huelga, que obliga a los trabajadores a condiciones absolutamente desiguales de negociacin. Manteniendo el rgimen tributario regresivo, el sistema de las AFP, el sistema de concesiones plenas.Pero tambin, profundizando la precariedad del empleo estatal; destruyendo de hecho los sistemas de educacin y salud pblicos; manteniendo un sistema de qurum calificado para cambiar las leyes que afectan al inters privado, junto a un sistema electoral que asegura a la derecha el control de la mitad del parlamento con slo un tercio de los votos.Es esencial notar que, en estas estrategias, el disciplinamiento de los ciudadanos en torno al modelo pasa por una constante retrica progresista. No slo la precariedad del empleo y el endeudamiento excesivo mantienen a los ciudadanos atados a un sistema que cotidianamente los sobreexplota y niega, tambin resultan atrapados por la construccin permanente, orquestada desde el monopolio de los medios de comunicacin, de ilusiones en torno a la pronta y segura superacin de las miserias que temporalmente los afligen. El consenso bsico de lo que se ha llegado a llamar la clase poltica (que en Chile es el duopolio Alianza Concertacin), apoyado y magnificado casi unnimemente por los medios de comunicacin, es un discurso a la vez populista y claudicante, que se mueve desde una peculiar reconstruccin de un discurso izquierdista (todo esto es herencia de la dictadura), hasta el populismo atemperado por la prudencia de los expertos (estamos avanzando da a da en la medida de lo posible).Se trata de una retrica en que juega un papel esencial el relato pico de la lucha contra la dictadura. Incluso el presidente Piera, un notorio derechista, y un poderoso empresario, reclama entre sus mritos haber votado por el NO, contra Pinochet, en 1988. Un discurso en que los personajes que han traicionado a Chile exhiben, en tono moralizante, como si an sufrieran las secuelas, que estuvieron en el exilio, que sus padres fueron asesinados, o que estuvieron algunos meses en campos de prisioneros hace ms de treinta aos. Una retrica en que buscan distinguirse de manera ostentosa de lo que llaman la derecha slo para implementar ellos mismos las polticas de la derecha. En que no dudan en recurrir a Salvador Allende cuando son emplazados, pero en que lo silencian metdicamente cuando hacen llamados a la responsabilidad y a la prudencia.Como sostn poltico, por mucho que est respaldada por la precariedad del empleo y el endeudamiento, quizs esta sea la principal caracterstica del modelo chileno, y la que mejor se puede proyectar al resto de los pases de Amrica Latina y, ms an, al perodo de ajuste a que estn siendo obligados hoy los trabajadores europeos: la extraordinaria capacidad de la clase poltica para el gatopardismo, el disimulo y el arreglo entre cuatro paredes. Su olmpica capacidad para decir que reconocen lo que de hecho no reconocen, para decir que estn dispuestos a escuchar lo que de hecho no escuchan, para afirmar, sin que se les mueva ni un msculo de la cara, que han tratado de hacer algo cuando de hecho acaban de hacer lo contrario.Lagos diciendo que las concesiones mineras se concedieron por que Chile no tena recursos para explotar nuevos yacimientos de cobre; Bachelet, y todo el espectro poltico, anunciando una nueva ley de educacin, Bitar afirmando que los crditos universitarios con aval de Estado beneficiaron a los estudiantes, Piera declarando que el movimiento estudiantil de 2011 era una lucha grande, noble y generosa, son slo algunos de los momentos estelares de un estilo general.Hay que considerar que cada gobierno dura slo cuatro aos. Si hay protestas hay que escuchar a la gente, aunque luego no se haga nada. Si las protestas siguen hay que formar una comisin enorme e inoperante para que todos estn representados. Si el asunto se agrava hay que formar una comisin de expertos y mandar un proyecto de ley al parlamento. Si se est obligado por la presin poltica probar una ley hay que redactarla de manera vaga, que la haga inaplicable, o que impida su fiscalizacin. Si los apuran para que fiscalicen hay que elegir al peor de todos los empresarios, al que est al borde de la quiebra o es extremadamente corrupto, para castigarlo pblicamente, con escarnio, mientras se salva a todos los otros. Si el que resulta castigado tiene conexiones suficientes con el poder poltico hay que denostarlo con bombos y platillos, durante un tiempo breve, y despus tramitar en silencio y en las sombras sus apelaciones y compensaciones.Pero si todo esto falla, y el movimiento social se empecina en llenar una y otra vez las calles, hay que llamar a la responsabilidad, a respetar los canales de comunicacin. Hay que asustar con el caos, con los poderes fcticos, hay que recordar que Chile es una tarea de todos, apelar a las opiniones de los expertos, a lo que se hace en los pases desarrollados, hay que asustar veladamente con que no queremos repetir las desgracias que vivi nuestro pas. Hay que acusar a los intransigentes de no estar abiertos al dilogo, de no respetar las reglas bsicas de la democracia, y de poner en peligro el prestigio internacional de nuestro pas. Maquiavelo podra escribir nuevamente El Prncipe con todo esto, pero tendra que gastar el triple de pginas.5. Disciplinamiento de la subjetividad individuala. La corrupcin como modo de vidaEn su dimensin subjetiva, este patrn de comportamiento de los funcionarios del Estado, que se supone que deben velar por el beneficio de los ciudadanos a los que representan y que pagan sus salarios, se hace posible por la sostenida promocin del inters meramente individual, del beneficio puramente particular, sin miramientos ni cuidados de ningn tipo por el entorno, o por quienes puedan sufrir las consecuencias. La promocin de una mentalidad exitista, fuertemente presionada por el ansia de demostrar logros y estndares de consumo, una mentalidad en que no hay lmites al beneficio propio, que suea con una cierta impunidad ante los daos que pueda causar, y que en todo caso se desentiende de toda responsabilidad social o solidaria, salvo en las excepciones consagradas de ayuda al prjimo que se han revestido completamente de paternalismo, de falsa buena conciencia, e incluso de ocasin de negocios. Dos ahora tradicionales instituciones chilenas son una muestra dramtica de esto ltimo: la Teletn, que se hace para beneficiar a los nios discapacitados, y el Hogar de Cristo, que ha sido concesionado por la Iglesia Catlica a una empresa privada.El estado de la subjetividad pblica que ha originado esta mentalidad hace posible que haya mdicos de los hospitales pblicos que concursan como profesionales privados a la licitacin de las prestaciones que ellos mismos deberan realizar en su jornada regular de trabajo, y que puedan ganar esos concursos y ofrecer esas prestaciones en esos mismos horarios, sin dejar de percibir lo que el Estado les paga regularmente.Hace posible que los sostenedores privados de los colegios bsicos y medios fomenten que sus alumnos sean diagnosticados como personas que tienen necesidades educativas especiales (como el dficit atencional, o los trastornos leves de lenguaje) slo porque debido a eso recibirn el triple de la subvencin que reciben por un nio normal.Hace posible que los mdicos de zona en la atencin primaria atiendan sus pacientes particulares en los horarios para los que estn contratados por el Estado, o que los alcaldes desven los fondos que reciben para educacin hacia otros servicios, o incluso hacia sus propios sueldos, sin que nadie fiscalice realmente.Hace que los parlamentarios de este pas decidan de mutuo acuerdo, con unanimidad transversal a su orientacin poltica, trabajar slo dos das a la semana, para poder viajar los otros tres das, con pasajes pagados por el Estado, a sus regiones slo para hacer permanente campaa para su reeleccin.Hace que los partidos polticos elijan sin consulta ciudadana alguna a las personas que ocuparn los cargos parlamentarios de sus colectividades que quedan vacantes por renuncia o muerte de sus titulares.Hace que los profesores de las universidades estatales formen programas de post grado que administran de manera particular, usando el nombre y las instalaciones de la universidad, a cambio slo de un porcentaje de lo que recauden por matrcula o escolaridad; o que formen sociedades privadas para participar en concursos pblicos usando el nombre de la universidad, y frecuentemente su infraestructura.Hace que los funcionarios pblicos que dirigen los rganos fiscalizadores del Estado pasen habitualmente a formar parte de los directorios de las empresas privadas que fiscalizaban.Hace que los funcionarios pblicos redacten los contratos entre la empresa privada y el Estado de manera intencionalmente vaga, garantizando mrgenes de ganancia con cargo al Estado, y dificultando toda fiscalizacin o penalizacin por los incumplimientos contractuales de los privados, an cuando frecuentemente se gravan con altas multas los eventuales incumplimientos del Estado.Hace que existan millonarios fondos reservados de la Presidencia de la Repblica y de los principales ministerios, que por acuerdo nuevamente transversal, todos los sectores polticos aceptan que no sean susceptibles de cuentas formales o de escrutinio pblico.Hace que el Senado Universitario de la universidad de todos los chilenos exija financiamiento invocando su carcter estatal, pero que simultneamente se niegue, incluso ante los tribunales, a dar conocer los sueldos de sus funcionarios y profesores, cuestin a la que est obligada por ley, argumentando que es una institucin autnoma del Estado. Y la lista de estos ejemplos, que corre como secreto a voces en todos los sectores de la sociedad chilena, podra estirarse hasta el infinito.Dos cuestiones son esenciales en estos mecanismos: su normalidad y su elitismo. Lo que una visin moralizante, y apresurada, podra describir como corrupcin en realidad es parte del funcionamiento normal, ampliamente institucionalizado, del sistema. Describir con un cierto respaldo terico este carcter, de tal manera que no quede entregado a la estimacin moralizante, o relegado al espacio de la excepcin o lo incidental (porque en realidad no se trata, ni por el monto ni por la frecuencia, ni de excepciones ni de incidentes) requiere considerar al inters burocrtico como algo especfico, no como una simple prolongacin anmala o corrupta del inters capitalista. Requiere, en el fundamento, una descripcin del neoliberalismo profundo no ya como una prolongacin exclusiva de la lgica capitalista sino, basalmente, como una combinacin, una alianza de clase, entre el inters capitalista y el inters burocrtico.La cuestin de fondo es que no estamos aqu en presencia de una complicidad del Estado con el lucro capitalista, como si esa complicidad fuese una anomala, una especia de traicin a los verdaderos fines del Estado moderno. Estamos realmente, y de manera directa, ante la esencia del Estado: los agentes estatales tienen intereses propios, constituyen parte de una clase social. Forman, junto con los burcratas en las propias grandes empresas y bancos capitalistas (los funcionarios directivos superiores, no propietarios), una parte del bloque de clases dominantes, que usufructa, a partir de la apropiacin y el reparto de plusvala, de la riqueza real creada por los productores directos.b. Elementos para un anlisis de claseMs que esta cuestin de fundamento, que relaciona la situacin global de la profundizacin del modelo neoliberal con la emergencia del poder burocrtico, me interesa el carcter elitista de este modo de organizar la dominacin social.Desde luego, tratndose de una forma de organizar la explotacin, se trata de una situacin dominada desde grupos minoritarios. En la tradicin marxista, de manera mucho ms sincera, se puede obviar la elegancia oblicua y mistificadora del trmino lites, con que las designa la sociologa burocrtica estndar, y tratarlos como lo que realmente son: un bloque de clases dominantes.Un bloque de clases burgus burocrtico que a su vez es atravesado por una drstica diferenciacin en estratos. La enorme desigualdad en la distribucin del ingreso que he comentado en prrafos anteriores de este mismo texto puede ser entendida, en trminos de clase y estratos sociales, como la profunda diferencia que separa a poqusimos grandes capitalistas nacionales (mucho menos del 1% de la poblacin) y a los funcionarios superiores de la empresa privada y el aparato del Estado (que fcilmente alcanzan a un 10% de la poblacin) y el otro 90% de los chilenos.Respecto de la primera cifra, el escaso 1% (o incluso 0,1%) de los chilenos que son grandes capitalistas, banqueros o comerciantes, cabe una reflexin melanclica. En realidad sus riquezas, enormes y desproporcionadas para el resto de los chilenos, no son sino las migajas que quedan en manos de los strapas intermediarios una vez que el gran capital trasnacional ha saqueado las riquezas producidas en Chile. La verdad cruda y trgica, es que prcticamente toda la riqueza significativa que produce este pas se la llevan las empresas trasnacionales. Y para constatar esto basta con recorrer los principales enclaves desde los que se genera el xito del modelo chileno: el 70% de las exportaciones de cobre y la mayor parte de la propiedad de las AFP estn en manos del capital extranjero. Los capitalistas nacionales mantienen fuertes lazos de propiedad, y de endeudamiento, con el capital trasnacional. O, en resumen, el capitalismo nacional no tiene prcticamente nada de nacional.La segunda cifra, en cambio, es relevante para la pequea poltica de este pequeo pas. Cuando vemos que el sistema de salud privada afilia al 16% de la poblacin, esta cifra es muy significativa. Se trata de las familias que pueden pagarla. Se trata de los medianos empresarios pero, sobre todo, de los grandes funcionarios, que pueden usufructuar tanto del Estado como de la empresa privada desde sus experticias, desde sus gerencias interesadas, desde la manipulacin no slo de los fondos pblicos, que constituyen en realidad la principal empresa nacional, sino incluso de los fondos privados que les son encargados por pequeos y medianos propietarios de acciones. El caso de la empresa Ripley es ilustrativo respecto de este segundo aspecto: sus propios gerentes estafaron a los pequeos propietarios de acciones que los mantenan en sus cargos. Una situacin que se repite cotidianamente, por cierto con volmenes de riqueza muchsimo mayores, a lo largo de toda la economa capitalista, a nivel mundial.c. El disciplinamiento de los explotadosFrente a esos privilegiados est el 90%, constituido por los que produce toda la riqueza real. Desde los pequeos empresarios expoliados por el capital financiero y comercial, pasando por los pequeos y medianos funcionarios del Estado y los sectores profesionales, hasta llegar por fin a los trabajadores que producen bienes tangibles, que son, en buenas cuentas, el origen de la plusvala que logra mantener a todo el resto.Como he indicado ms arriba, para el 90% la realidad es la precariedad del empleo, el endeudamiento debido al altsimo costo que representa para las familias proveerse de servicios de salud, educacin y previsin, y debido tambin a la gruesa usura que campea en el crdito comercial.Para la poltica concreta, para la expresin de la indignacin, estas precariedades tienen, sin embargo, un signo contrario, que complejiza las perspectivas del movimiento social. Por un lado, la precarizacin de las condiciones laborales es evidente, masiva, y vivida de manera ampliamente consciente por los trabajadores.Pero esa misma precariedad los mantiene atados al poco y mal empleo que logran obtener: la sindicalizacin, la negociacin colectiva, la protesta ms o menos pasiva en el puesto de trabajo, son percibidas en general como conductas riesgosas. Y los empleadores mantienen polticas permanentes para prolongar esta inseguridad, recordarla constantemente, hacer pesar de tiempo en tiempo el poder arbitrario que poseen como recurso disciplinante.La prepotencia de los empresarios chilenos se ha hecho famosa en Amrica Latina. Los empresarios grandes por su prepotencia real, respaldada por un poder sin contrapeso. Los empresarios medianos y pequeos como un reflejo cultural, altisonante, grosero, cuyo doble carcter lo hace an ms ignominioso: capataces prepotentes ante los trabajadores, servilismo sin lmites ante los empresarios mayores que a su vez los esquilman con la misma doble faz.Pero el endeudamiento prolonga y agrava esta servidumbre. Por un lado aparece como poderosa droga, como evasin en el consumo vanidoso y exhibicionista, fomentado por la propaganda millonaria como ndice de estatus y de xito. Por otro lado pesa, cada vez ms, sobre las angustias, sobre los servilismos obligados, sobre la ansiedad de obtener algo, lo que sea, a toda costa, para encontrarle algn tipo de sentido a tanto sacrificio.Las condiciones del endeudamiento de las personas en Chile se han hecho cada vez ms opresivas y usureras. Establecidas como bancos, las grandes casas comerciales obtienen recursos del Banco Central a un 5% de inters anual, y pueden convertirlo en crditos de consumo a tasas del 50% o 60% anual. Chilenos que ganan escasamente ms que el salario mnimo, pueden tener, sin control pblico alguno, tres o cuatro tarjetas de crdito. Ganancias millonarias por un lado, angustia y obligacin de retener los malos empleos sin la menor protesta por el otro.El efecto de esta opresin cotidiana sobre la subjetividad pblica ha sido sealado por muchas voces de alerta. Chile presenta cifras rcord en maltrato infantil, violencia intrafamiliar, agresividad en los comportamientos pblicos. Y su reverso, enormes tasas de depresin, de todo tipo de cuadros psicosomticos, de disfunciones en las capacidades de comunicacin y expresin de los afectos.El doblez siniestro de este efecto sobre la salud subjetiva pblica, sin embargo, es que tambin ella se ha convertido en otro enorme negocio. Chile debe ser de los pocos pases en el mundo en que se pueden encontrar dos o tres farmacias en un mismo cruce de calles. Ansiolticos, antidepresivos, relajantes musculares, pastillas para las alergias, para los males gstricos, pastillas para dormir, pastillas para mantenerse despierto. La protesta social en Chile est retenida, de manera subterrnea, en las farmacias y las consultas mdicas. La indignacin que no puede expresarse sin graves riesgos laborales y salariales, termina expresndose como somatizacin del malestar, termina convirtindose en un sordo rumor, recubierto ideolgicamente de discurso mdico, que incluso es aplacado a travs de medios farmacolgicos que no hacen sino prolongarlo y profundizarlo. Chile es el pas del colapso depresivo. Desde la ms humilde trabajadora hasta el candidato presidencial fascistoide bajo un signo comn: cualquier agravamiento repentino de los niveles permanentes de estrs lleva al colapso.No es raro, en estas condiciones, que sean los estudiantes, o los pobres absolutos en la periferia de las ciudades, o los hinchas del ftbol, los que expliciten masivamente la violencia social contenida. Los estudiantes sintomatizan el malestar en las familias, y ante su propio futuro. Los pobres absolutos descargan su rabia contenida cada vez que hay algn evento pblico masivo.La violencia. Una sociedad profundamente violenta. Los que no ven, los que abusan posedos de un sentimiento ciego de omnipotencia e impunidad, no pueden sembrar y sembrar oscuros vientos sin lmites. Tendrn que cosechar tarde o temprano las tempestades que incubaron. Cosecharn tempestades. Slo esa puede ser, por fin, la hora de Chile.