El SME presentará más pruebas en contra de su ex tesorero encarcelado
Acometida contra el SME
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•Acometida contra el SME •
Arturo Alcalde Justiniani
En la desbocada acometida del gobierno federal contra el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) se han utilizado todos los recursos. En primer lugar, mezclar un
diferendo interno del gremio vinculado con la conocida toma de nota, con la situación
de la empresa y su contratación colectiva; y en segundo término, implementar una
campaña en contra de los trabajadores y sindicatos del país, como si todos fueran de
la misma calaña. Para ello, el gobierno se ha apoyado de algunas plumas, televisoras y
vergonzosos desplegados, varios de ellos suscritos por personajes de reputación muy
dudosa, que buscan generar encono contra los trabajadores del país, particularmente
de los electricistas a partir de verdades a medias, aprovechando la legítima irritación
del público usuario por las limitaciones del servicio eléctrico, pretendiendo
convencernos de que todos los males de Luz y Fuerza del Centro provienen de la
conducta de sus trabajadores, evadiendo la propia responsabilidad gubernamental. En
este conflicto, resulta esencial poner cada tema en su lugar para no ser parte de este
linchamiento: el papel que de acuerdo con nuestras leyes corresponde a la autoridad
laboral registradora, la solución del diferendo interno del gremio en un entorno de
autonomía y democracia, y la necesidad de que la empresa cumpla con las exigencias
propias del servicio público que presta.
La toma de nota, en la particular interpretación del gobierno, es un claro vestigio del
sistema corporativo priísta que hemos sufrido muchos años. Mediante ésta, el gobierno
se abroga el derecho de controlar a los trabajadores y decidir desde el nacimiento
mismo de los sindicatos, hasta la autorización periódica de sus directivas. Cuando se
trata de un simple procedimiento administrativo en que el papel de la autoridad es de simple fedatario.
Los panistas, siendo oposición, propusieron la supresión de la toma de nota, así lo
acreditan sus proyectos de ley y el posicionamiento de sus fracciones parlamentarias.
El propio Vicente Fox, días antes de su elección, el 7 de junio de 2000 , suscribió
públicamente un compromiso ante organizaciones y personalidades de la sociedad civil,
en su octavo y noveno apartado protestó eliminar el trámite de registro y de la toma
de nota ante la autoridad laboral y establecer el registro público de sindicatos y
contratos colectivos. El organismo encargado de dicho registro será público y
autónomo del Poder Ejecutivo. Por lo visto, estos reclamos se han quedado en el cajón
mientras han sido gobierno; probablemente cuando dejen de serlo lo reivindicarán de
nuevo: ésa es la historia de nuestro país.
Los actos de la autoridad deben someterse a las normas vigentes. Conforme a la
Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo vigente en nuestro país, con una jerarquía incluso superior a
la ley mencionada, los sindicatos no requieren de autorización previa de la autoridad
para funcionar, y ésta debe abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer
su ejercicio legal (artículo 382 de la ley y 3.2 del Convenio 87). También es ilegal
suspender administrativamente su personalidad impidiéndoles el cumplimiento de su
objeto, ya que se deja en estado de indefensión a sus miembros (artículo 370 de la ley
laboral y 4 del Convenio 87). En el caso del SME, esta suspensión se actualiza al
limitarle el cumplimiento de sus tareas desde hace más de dos meses, negarles la
disposición de su patrimonio con la intervención de sus cuentas, sostener la tesis de
que carece de representantes legales y rechazar de manera absoluta la toma de nota.
Para muestra un botón: conforme al artículo 375 de la ley en la materia, la autoridad
registradora tenía tres días para contestar la toma de nota y se ha dilatado más de dos
meses, confundiendo el plazo que la ley establece para el registro de un sindicato, al
que corresponde a la toma de nota de una directiva. Para dimensionar el daño que se
hace al gremio, podríamos proyectarlo a otro tipo de personas morales. Imagínese los
estragos que se harían a la Ford o Televisa si no pudieran acreditar su personalidad
jurídica, ni defender sus intereses por periodos prolongados, pondrían el grito en el
cielo. Quienes aplauden estos actos autoritarios deberían valorar que más tarde podrían ser víctimas de los mismos.
Es claro que existe un diferendo interno en el SME. La pequeña diferencia de votos en
el amplio universo de sus trabajadores da cuenta de ello. Como en cualquier
organización democrática debe respetarse la voluntad mayoritaria. Si viviéramos un
verdadero estado de derecho, la solución sería muy simple: los inconformes van con el
juez y si hay signos de duda en la elección, se convoca a una nueva consulta. En el
nuestro, no existe ese árbitro imparcial. Corresponde al sindicato resolver por la vía
democrática esta controversia, debiendo existir la apertura suficiente de ambas partes
para admitir este ejercicio democrático con el fin de sacar la pelota de la cancha del
patrón-gobierno. La añeja tradición democrática de este gremio es suficiente para
entender que el reclamo de autonomía es consustancial con el respeto a la voluntad
mayoritaria y su acreditamiento fehaciente.
Por lo que se refiere a Luz y Fuerza del Centro, la operación eficiente de la misma es
una necesidad insoslayable. Se trata de un servicio público fundamental que obliga a
una operación y administración eficiente y transparente, sujeta a condiciones de
trabajo sustentables tanto para el personal de base como de confianza, conforme a
una política racional de financiamiento. Este proceso es propio de la negociación
colectiva, en consecuencia corresponde a la administración y trabajadores afrontarlo y
tomar las medidas que sean necesarias para tal fin. La propia ley otorga los medios
para ello. Valga repetirlo: este tema no debe mezclarse con el conflicto gremial que los
trabajadores y sólo ellos deben resolver para bien propio, del sindicalismo tan acosado en este tiempo y del propio país.