Cmara Federal de Casacin Penal

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Sala III

Causa N CFP 7111/2010/10/CFC1 Magnetto, Hctor y otros s/recur so de casacin

///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 das del mes

de marzo de dos mil quince, se renen los miembros

de la Sala Tercera de la Cmara Federal de Casacin Penal,

doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Rigg i y Mariano

Hernn Borinsky, bajo la presidencia de la primera de los

nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cmara , doctor

Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sent encia en la

causa n 7111/2010/10/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada

Magnetto, Hctor y otros s/ recurso de casacin . Representa al

Ministerio Pblico el seor Fiscal General doctor R icardo

Wechsler; al pretenso querellante el seor Jos Sba tella con el

patrocinio letrado de los doctores Mariana Noem Qu evedo y Juan

Ignacio Iribarne. Ejerce la defensa de Hctor Magne tto, el doctor

Hugo Mario Wortman Yofre; la defensa de Ernestina H errera de

Noble, los doctores Gabriel Rubn Cavallo y Pablo Miguel Jacoby;

la defensa de Bartolom Mitre, el doctor Alejandro Ral Alberto

Perez Chada.

Efectuado el sorteo para que los seores jueces e mitan

su voto, result que deba observarse el siguiente orden: doctor

Eduardo Rafael Riggi, doctor Mariano Hernn Borinsk y y doctora

Liliana Elena Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El seor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a ra z

del recurso de casacin interpuesto a fs. 67/80vta. por el Sr.

Jos Sbatella, titular de la Unidad de Informacin Financiera,

contra la resolucin dictada por la Sala I de la C mara de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal d e esta Ciudad

obrante a fs. 60/2 que resolvi, en lo que aqu int eresa,

confirmar la resolucin del juez de primera instanc ia que no hizo

lugar a la peticin de ser tenida por parte querell ante a la

referida reparticin.

Cabe destacar que si bien en la resolucin cuesti onada

la Cmara a quo tambin haba declarado mal concedido un recurso

Registro nro.: 268/15

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de apelacin interpuesto por la U.I.F. contra el re chazo de

medidas cautelares solicitadas en primera instancia , en su

recurso de casacin la parte agraviada no ha realiz ado

consideraciones puntuales sobre tal extremo, por lo que nada cabe

decir sobre ese particular.

2.- El tribunal de grado concedi el remedio impetrado

a fs. 83 y vta., el que fue mantenido en esta insta ncia a fs. 92.

3.- Desarrollo de los agravios.

El recurrente encauza sus agravios en los incisos 1 y

2 del art. 456 del Cdigo Procesal Penal de la Nac in.

Expresa que [e] l decisorio que se recurre deniega a

este Organismo la constitucin en calidad de parte querellante en

la causa () exigiendo presupuestos que no son requ eridos por las

normas procesales (art. 82 y sg. del CPPN) .

Alega que la Cmara ha incurrido en errnea

aplicacin de la ley sustantiva, artculo 456 inc. 1, por cuanto

ha dado al delito tipificado en el artculo 303 del Cdigo Penal

una interpretacin errnea, que cercena la posibili dad de que el

delito en cuestin sea investigado en la causa prin cipal.

Seala que la existencia de ms de un acusador no

implica una anomala en el proceso, ni menos an un perjuicio

para el imputado, siempre y cuando, claro est, cad a uno haya

acreditado el inters particular que motiv y funda menta su

participacin.

Resalta as que el hecho de que la Secretara de

Derechos Humanos se halle en la rbita de la admini stracin

centralizada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no

resulta bice para que esta Unidad pretenda tambin su

participacin ; ello as pues la UIF [es] un ente autrquico en

la rbita de aquel Ministerio y adems es su competencia

especfica lo que determina su inters en la causa .

Se queja porque la Cmara a quo sostuvo en su fallo que

la UIF haba omitido especificar cul fue la maniob ra de lavado

de activos que respaldara su pretensin de querell ar, indicando

que esta Unidad ha sealado la maniobra de Lavado d e activos,

esta consiste en la administracin de las acciones de la Sociedad

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Papel Prensa S.A., desde la fecha de entrada

en vigencia de la ley 26.683 art. 303 del CP-, has ta la

actualidad.

Sostiene que a diferencia de lo expuesto por el

tribunal de grado, la UIF ciertamente ha acreditado un inters

especial, concreto y directo () en esta causa , pues los

comportamientos de los imputados Hctor Magnetto, Ernestina

Herrera de Noble y Bartolom Mitre han afectado el orden

econmico y financiero no slo con su accionar mono plico dentro

del mercado de papel de diario sino por el hecho de que el

ingreso a ese mercado se habra logrado mediante la obtencin de

las acciones de la firma Papel Prensa S.A. de manos de la familia

Graiver, mediante la comisin de delitos de lesa hu manidad en

connivencia con las Fuerzas Armadas .

En este sentido, explica que la calidad de ofendido

que habilita para ser parte querellante atae tanto a quien es

sujeto pasivo tpico del delito, cuanto a quien, si n serlo, es

agraviado por el delito de un bien propio dependie nte de aquel

otro y no simplemente sufre las consecuencias daos as

objetivamente causadas- a raz del delito .

Se alza contra el fallo porque entiende que la C mara

Federal le ha exigido la demostracin de un plus no previsto en

el Cdigo adjetivo como requisito para querellar, a legando que la

legitimacin de la UIF surge por el hecho que el delito que se

habra cometido recae dentro del Poder de Polica d e [esa unidad]

y se encuentra abarcado por la estructura del tipo penal que en

el art. 303 (vigente al momento de los hechos) esta blece el

delito precedente (en este caso extorsin) dentro d el elemento

objetivo (sic).

Se agravia tambin porque en la resolucin cuesti onada

se citaron precedentes que segn el recurrente se e ncuentran

impugnados ante esta Cmara de Casacin.

En otro orden, destaca que en este caso no parece

lgico hablar de una afectacin al principio de igu aldad de

armas, ya que la acusacin efectuada por los divers os actores

persigue un inters sumamente distinto, por lo que no puede

considerarse que de su accionar pueda surgir una ac cin conjunta

o coordinada que pudiera afectar la defensa de los imputados.

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Finalmente cita las normas legales que a su juici o

otorgan legitimidad a la UIF para querellar en este proceso.

Hace reserva del caso federal.

4.- Puestos los autos en das de oficina en los

trminos de los artculos 465 y 466 del Cdigo Proc esal Penal de

la Nacin, se present el pretenso querellante y po r los

fundamentos obrantes en el escrito de fs. 95/100vta . solicit se

haga lugar al recurso oportunamente interpuesto.

5.- Por su parte, a fs. 106/7vta., compareci la defens a

particular de la seora Ernestina Herrera de Noble, explicando

los motivos por los cuales considera que debe recha zarse el

recurso interpuesto por el representante de la UIF.

6.- Superada la etapa procesal prescripta por el

artculo 468 del ritual fs. 119-, la causa qued e n condiciones

de ser resuelta.

SEGUNDO:

1. Ingresando al anlisis del caso sometido a estudio, y

a fin de otorgar autosuficiencia a la presente reso lucin,

conceptuamos oportuno recordar la sustancia del pla nteo incoado

por el titular de la U.I.F. en el que ha pretendido fundamentar

su legitimidad para querellar en estos obrados.

En este sentido, notamos que en la resolucin de fs.

14/18, el juez federal de primera instancia, sintet iz la

presentacin inicial del Sr. Jos Sbatella, en repr esentacin de

la Unidad de Informacin Financiera, en los siguien tes trminos:

[el nombrado] seal que el objeto de la presente causa era el

de investigar si existieron un conjunto de acciones ilegales

diversas y articuladas entre s, que con intervenci n del aparato

represivo estatal habran tenido por finalidad logr ar la

transferencia compulsiva de las acciones de Papel P rensa S.A.,

que eran propiedad del grupo Graiver, a favor de la s empresas

S.A. La Nacin, Arte Grfico Editorial Argentino (AGEA) y

S.A. La Razn E.E.F.I.C. y A.. Despus de efectua r un amplio

relato de la manera en que se habran llevado a cab o las diversas

transferencias de las acciones de la empresa Papel Prensa,

mediante los convenios firmados el 2 de noviembre d e 1976 que

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culminaron con la cesin, venta y

transferencia de la totalidad de aquellas clase A a la firma

FAPEL S.A., por parte de Galeras Da Vinci S.A. qu e las adquiri

de los socios fundadores- y de Rafael Ianover, como as tambin

las acciones clase C y E de Juan Graiver, Eva G itnach de

Graiver y Lidia Papaleo (ejerciendo la patria potes tad de su hija

Mara Sol Graiver), explic cmo Fapel S.A., que te na como

socios fundadores a la Sociedad Annima La Nacin, Arte Grfico

Editorial Argentino Sociedad Annima, La razn Edit orial Emisora

Financiera Industrial, Comercial y Agropecuaria, H ctor Horacio

Magnetto, Bernardo Sofovich, Patricio Peralta Ramos , Sergio Jos

Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos

y Ernestina Herrera de Noble, cedi a los tres prim eros las

acciones clase A, C y E, antes adquiridas. Se al que

resultaba a todas luces evidente que desde la confo rmacin

accionaria de la firma, la misma fue constituida al slo efecto

de disimular que los verdaderos adquirentes de Pape l Prensa SA

eran los diarios Clarin SA, La Nacin y La Razn. I ndic que la

firma de aquellos convenios en los que participaron los herederos

de David Graiver, se efectu en el marco de un plan orquestado

por el gobierno de facto que tena como principal o bjetivo

desapoderar de sus bienes al grupo Graiver y evitar que contine

operando en la Argentina, y prueba de ello eran los testimonios

brindados por Lidia Papaleo y Rafael Ianover. Refir i que esto no

significaba un dato menor, toda vez que el Estado N acional en su

carcter de socio de la empresa Papel Prensa, deba aprobar el

traspaso de las acciones al futuro comprador, y un ejemplo de

ello era el hecho que la aprobacin de la compraven ta de las

acciones que efectu el grupo Graiver a travs de l a firma

Galera Da Vinci S.A. a los socios fundadores de Pa pel Prensa, se

efectu recin el 18 de enero de 1977, fecha en la que ya haban

sido enajenadas a Fapel S.A., y posteriormente cedi das al grupo

de diarios. Por ello es que surge la sospecha de qu e las acciones

fueron apropiadas por los principales diarios del p as, junto a

sus socios y directivos, con la connivencia y colab oracin de la

plana mayor del Ejrcito Argentino que en el marco del terrorismo

de estado infringi el temor suficiente para que lo s herederos de

David Graiver tuvieran que entregar por un precio v il la

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totalidad de las acciones que legtimamente le corr espondan. De

igual forma sostuvo que a la fecha no se ha probado que los

vendedores hayan percibido la totalidad del precio convenido,

sino tan slo una mnima parte de l, que a su vez resultaba

nfimo desde el inicio, [y] que tampoco obra en la sucesin que

se haya otorgado autorizacin para que la seora Pa paleo pudiera

disponer de las acciones que eran de su hija, lo cu al contribuye

a sostener lo irregular que result aquella venta, la urgencia

con la que se concret, y la falta de sustento jur dico que

revisti toda la operacin. Por ello sostuvo que a n cuando

pudiera afirmarse que el secuestro ocurri con post erioridad a la

firma de los convenios, lo cierto es que el mismo p odra haber

tenido la finalidad de evitar que el hecho sea cono cido, as como

evitar el pago de los montos pendientes, y su resgu ardo a efectos

de que pudieran realizar las gestiones administrati vas y/o

judiciales necesarias para que la operacin se mate rialice sin

sobresaltos. As refiri que los delitos de extorsi n, privacin

ilegal de la libertad, torturas, vejaciones y asoci acin ilcita

de los que habran resultado vctimas, Juan Graiver , Eva Gitnach

de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver , Lidia Hayde

Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael

Ianover, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul, y de las t orturas

seguidas de muerte de Jorge Rubinstein, fueron cali ficados como

crmenes de lesa humanidad, y por ende, imprescript ibles. Segn

sus dichos, estos actos fueron cometidos con el obj eto de hacer

efectiva la operacin de compra venta de las accion es con una

doble finalidad: por un lado, para que los extorsio nadores den

los pasos necesarios para regularizar las mltiples anomalas que

contena la operacin (como es el caso de la falta de aprobacin

de las sucesivas ventas de acciones por parte de la asamblea de

Papel Prensa S.A.) y por el otro, imposibilitar que aquellas

personas que podran haber hecho retrotraer los act os viciados,

realizaran alguna gestin en tal sentido. De est a forma, los

diarios se beneficiaron con la compra de parte de l as acciones de

la nica empresa productora de papel de diario en e l pas,

manteniendo as, por ms de treinta aos, el monopo lio de la

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produccin de papel y el rgimen militar se

benefici con el beneplcito de los peridicos que pasaban por

alto todos los sucesos que se venan desarrollando como

secuestros, torturas, desapariciones, etc. Por otro lado, seal

que los hechos aqu ventilados eran de lesa humanid ad e

imprescriptibles, toda vez que se trataba de maniob ras delictivas

que formaron parte de una secuencia y una metodolog a sistemtica

diagramada por el Estado con finalidad persecutoria y no de

simples e independientes hechos violatorios de la p ropiedad ()

Asimismo agreg que, en la presente causa se encont raba

configurado el delito de lavado de activos toda vez que el grupo

Clarn (a travs de Agea SA y Cimero SA) y SA La Na cin, junto a

sus socios principales, Hctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera

de Noble y Bartolom Mitre se encuentran administra ndo las

acciones de la empresa Papel Prensa S.A., con el fi n de darle

apariencia de licitud cuando su origen resulta ilc ito, en

atencin a que las mismas fueron adquiridas de mano s de los

herederos de David Graiver, mediante el uso de amen azas y

extorsin en el marco del rgimen imperante en los aos 1976 y

1977 () Por ltimo, indic que resultaba evidente que para cada

uno de los propietarios de los bienes lavados, desd e el 1 de

julio de 2011 resulta aplicable [la figura del art. 303 del CP] ,

puesto que se trata de delitos permanentes en los c uales el

momento de la completa realizacin de los elementos constitutivos

y el momento en que cesa el delito, no coinciden .

2. Pues bien, sentada las bases de la pretensin del

impugnante, conviene recordar en punto a la legitim acin del

querellante para actuar como tal en el proceso, que el artculo

82 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin dispone q ue Toda

persona con capacidad civil particularmente ofendid a por un

delito de accin pblica tendr derecho a constitui rse en parte

querellante....

Al respecto, ha sostenido este Tribunal en referenc ia

al concepto de ofendido que ... dicha condicin es propia de la

persona que, de modo especial, singular, individual y directo se

presenta por el dao o peligro que el delito compor te... (conf.

Francisco DAlbora, Cdigo Procesal Penal de la Na cin, 4

edicin, Edit. Abeledo Perrot, 1999, pg. 177); y q ue el dao

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ocasionado por el delito ...ha de recaer, especial ,

singularmente, sobre dicha persona... (Ral Washin gton balos

Cdigo Procesal Penal de la Nacin, Ediciones Jur dicas Cuyo,

1994, Tomo I, pag. 227) ... (conf. causa n 2709 caratulada

Besa, Sandra y otros s/ recurso de casacin, reg. n 64/01, del

28/3/01).

Para Navarro, el ofendido es la persona que resulta

directamente afectada por el delito de tal manera que para

verificar esta circunstancia deberemos conjugar el verbo a que

alude la descripcin tpica acuada en la ley penal . Para el

autor, entonces, el acceso a la funcin procesal ac tora queda

reservado al que hipotticamente logra acreditar qu e soporta la

lesin, citando en apoyo de dicha interpretacin lo resuelto por

la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Federal en las causas n 944 caratulada Fernndez Alvario,

Prspero G., del 25/9/79, y en los autos Peteiro, Higinio,

resueltos el 25/7/52.

Tambin el autor distingue el concepto de lesin u

ofensa del de dao o perjuicio, sealando al respec to que el

primero es la razn de ser del proceso penal, mient ras que el

segundo slo puede ser introducido en el proceso pe nal mediante

la accin civil. Y es que segn explica, con cita d e lo dispuesto

por el artculo 1079 del Cdigo Civil, la lesin se refiere a un

bien jurdico tutelado, mientras que el dao o perj uicio puede

sufrirlo otro, concluyendo que el carcter de ofend ido debe

unirse a serlo directamente; no es admisible la les in indirecta

(conf. Guillermo R. Navarro, La querella, Pensami ento Jurdico

Editora, pg. 78 y ss., Buenos Aires, 1985).

Esta Cmara Nacional de Casacin Penal ha sealado que

... comnmente se ha hecho una distincin entre los conceptos

de ofendido y de damnificado. Al primero siem pre se le ha

reconocido legitimacin para constituirse en parte querellante,

por cuanto es el titular del bien jurdico tutelado que el hecho

delictuoso lesiona, y por ende, se erige como perso na que ha

sufrido las consecuencias del delito de un modo dir ecto e

individual, resultando ser el sujeto pasivo del del ito. El

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damnificado, en cambio, si bien no es el

titular del bien jurdico afectado por el ilcito, es quien ha

recibido un perjuicio real y concreto que lo habili ta para

accionar. De este modo, no se protege solamente el bien jurdico

tutelado por la norma penal y que aparece violado p or la conducta

que constituye el contenido de la imputacin, sino que no quedan

excluidos aquellos bienes garantizados secundaria o

subsidiariamente ... (conf. Cmara Nacional de Casacin Penal,

Sala IV, causa N 1379 caratulada Gmez, Jorge Ernesto

s/recurso de casacin Reg. 1946/99, del 15/7/99).

La doctrina que fluye del pronunciamiento

precedentemente citado coincide con lo que al respe cto seala

DAlbora, en cuanto a que ... la invocacin del bien jurdico

protegido para determinar la legitimacin procesal activa no

resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la

proteccin subsidiaria de otros bienes garantidos, siempre que

derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra

legitimado para ejercer el rol de querellante ... (ob. cit., pag.

177).

Tambin ha sido este el criterio sostenido por la

Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Cor reccional

Federal de esta ciudad, en el sentido que la apelacin al bien

jurdico protegido a los fines de determinar la leg itimacin

procesal activa no resulta una pauta definitoria, p uesto que no

se ha de excluir la proteccin subsidiaria de otros bienes

garantidos (conf. causa n 7931 caratulada San Vicente S.A.,

reg. 8717, del 20/4/92; en igual sentido, causa n 23.729,

Negri, Carlos Mara, reg. 494, del 11/8/92, y cau sa n 19.763

caratulada Taiana, Jorge, reg. n 461 del 24/10/86).

3. Aplicando nuestra doctrina sobre el particular e

ingresando ya en el anlisis de las resoluciones di ctadas en este

legajo, adelantamos desde ya que la impugnacin ded ucida no puede

prosperar, pues conceptuamos que el recurrente no h a logrado

refutar ms all de su disenso-, los slidos y cla ros argumentos

por los cuales en ambas instancias se le ha denegad o la facultad

de querellar en forma concordante con nuestra postu ra que sobre

el concepto de particular ofendido acabamos de expl icar, lo cual,

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a nuestro juicio, sella la suerte de la va intenta da.

En efecto, notamos que tanto el juez de primera

instancia como los integrantes de la Cmara a quo , examinaron la

pretensin del incidentista a la luz de la normativ a aplicable al

caso, y de conformidad con las particulares constan cias de la

causa, explicaron razonablemente los motivos por lo s cuales la

U.I.F. no rene en las actuaciones la calidad de pa rticular

ofendido en los trminos del art. 82 del C.P.P.N.; argumentos que

la parte recurrente en modo alguno ha logrado rebat ir.

4. Ciertamente, apreciamos que el juez de primera

instancia, para enmarcar y analizar la pretensin, en primer

lugar, detall el objeto procesal de las actuacione s, los

objetivos y facultades de la U.I.F., sus condicione s de

funcionamiento con autonoma y autarqua financier a, pero bajo

la rbita del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos-, y su

composicin el presidente y el vicepresidente son designados por

el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministe rio de

Justicia y Derechos Humanos y existe un consejo ase sor de siete

vocales dentro de los cuales uno de sus funcionario s representa a

dicho ministerio-.

Adems, el magistrado expuso que, conforme la no rmativa

vigente, la unidad en cuestin se encuentra faculta da a querellar

slo en procesos donde se investiguen los delitos d e

encubrimiento y lavado de activos.

Estos extremos no se encuentran controvertidos en el

legajo.

En este contexto, pues, y ya exponiendo los argum entos

que motivaron el rechazo del planteo, el juez seal que el

Estado Nacional se encuentra representado en el m arco de estas

actuaciones a travs del rol que como querellant e ha asumido

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y es ese mismo

Ministerio el que participa activamente en la UIF, no slo en los

procesos de seleccin de los cargos presidenciales de aquella,

sino que tambin posee dentro del mbito de la Unid ad, un vocal

que integra el Consejo Asesor de la UIF, representa nte del

Ministerio indicado.

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As las cosas, el magistrado de

primera instancia, seal que la UIF posee en su estructura

organizacional una gran participacin del Ministeri o de Justicia

y Derechos Humanos , de modo tal que la presentacin que en

calidad de querellante pretende () se avizora como un

desdoblamiento de la querella, que ya posee el Esta do Nacional en

estas actuaciones, y por tanto, se hallan salvaguar dados sus

intereses.

De esta manera, entendi el seor juez federal qu e la

afectacin alegada por la UIF, no se presenta, en este caso,

del modo especial y directo que se le exige a quien procura

intervenir como parte querellante en el proceso.

Pero adems, sostuvo que [a] ceptar la participacin de

la UIF como querellante provocara una situacin de desigualdad

respecto de las otras partes del proceso, permitien do la

duplicidad en el rol ejercido por el acusador.

Finalmente, agreg el magistrado que el pretendido

ingreso al proceso como parte del licenciado Sbatel la, lo es al

amparo de una forzada interpretacin del art. 303 d el Cdigo

Penal, cuya norma fue creada unos treinta y cinco a os despus de

los hechos denunciados (Ley 26.683, B.O. 26/06/2011 ) , es decir,

postulando la aplicacin retroactiva de una norma penal, lo

cual debe ser descartado de plano por expresa prohi bicin legal y

constitucional.

5. Por su parte, la Cmara a quo , confirm la decisin

antes reseada, indicando, en primer trmino que en el sumario,

el rol de acusadores, lo ejercen ya [e] l Ministerio Pblico

Fiscal; la Secretaria de Derechos Humanos (dependie nte del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nac in) , siendo

que la U.I.F. funciona bajo la rbita de este ltimo

ministerio.

Asimismo, detall que el pretenso querellante omiti

especificar cul sera la maniobra concreta de lava do de activos

de origen ilcito que a su juicio- respaldara la pretendida

intervencin en el expediente , ms an cuando en este sumario

se inspecciona un supuesto traspaso ilcito de acci ones ocurrido

en el ao 1976, mientras que los planteos del impug nante aluden

en abstracto- a una hiptesis de autolavado de ac tivos de

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origen ilcito ocurrido a partir del ao 2011 (conf . Ley

26.683).

As, entendieron los seores camaristas que [l] a

evidente desconexin de las circunstancias invocada s con los

episodios que son objeto de instruccin en este leg ajo () nos

impide dilucidar cul sera el especial, concreto y directo

perjuicio que, en lo pertinente, conmovera los int ereses de la

oficina pblica en cuestin.

De esta manera, se anot en el fallo que, de los

requisitos jurisprudenciales para asumir el rol pre tendido y de

la especfica autorizacin normativa otorgada por l a ley 25.246

y por el Decreto PEN no. 2226/08- a la UIF, los sus criptos no

observan la existencia de un especial, concreto y d irecto

perjuicio en cabeza del recurrente como consecuenci a de los

hechos que aqu se investigan.

Asimismo, se aadi que, adoptar un criterio cont rario

conducira a la extensin de la legitimacin proc esal asignada

a la UIF en el proceso penal por fuera de su compet encia

especfica, habilitando una pluralidad ilimitada de partes

acusadoras en la investigacin, en desmedro, tanto del avance de

la pesquisa, como del principio de igualdad de arma s.

6. Sentado ello, apreciamos que en el particular, el

recurrente no consigue demostrar los vicios jurdic os que alega,

toda vez que no se ha hecho cargo de rebatir adecua damente los

argumentos por los cuales tanto el juez de primera instancia como

la Cmara a quo resolvieron no hacer lugar a la pretensin de la

U.I.F. de asumir el rol de parte querellante.

En efecto, las resoluciones cuestionadas se encue ntran

razonablemente sustentadas y los agravios slo evid encian una

opinin diversa sobre la cuestin debatida y resuel ta (C.S.J.N.

Fallos 302:284; 304:415); decisiones que cuentan, a dems, con los

fundamentos jurdicos necesarios y suficientes, que impiden su

descalificacin como actos judiciales vlidos (Fall os: 293:294;

299:226; 300:92; 301:449; 303:888).

Es que tal como surge de las transcripciones

realizadas, la representacin del Estado se encuent ra garantizada

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en el caso por la intervencin como

querellante del Ministerio de Justicia y Derechos H umanos

Secretara de Derechos Humanos-, y la U.I.F., preci samente, acta

bajo la rbita de dicho Ministerio y tiene una conf ormacin que

aparece estrechamente vinculada a las decisiones o influencia de

la referida cartera, por lo que no se advierte la c oncurrencia de

un inters especial y singular en cabeza del organi smo impugnante

que permita fundar su legitimacin en los trminos del art. 82

del C.P.P.N., ni tampoco un perjuicio real y direct o respecto de

los bienes que el recurrente dice pretender tutela r.

En este ltimo sentido, no podemos dejar de obser var

que la supuesta legitimacin alegada por el impugna nte, se

sustenta en la posible comisin del delito de lavad o de activos

del art. 303 del CP, norma sancionada en el ao 201 1, cuando los

hechos investigados habran tenido lugar durante el transcurso de

los aos 1976 y 1977.

Es que conforme el propio relato de los hechos

efectuado por la UIF, en esta causa se investiga el presunto

traspaso ilcito que durante aquellos aos se produ jeron de las

acciones de la firma Papel Prensa SA en favor de lo s imputados;

mientras que como base de la presunta legitimacin para

querellar, se alude a la administracin de las acciones de la

firma desde la entrada en vigencia de la ley 26.683 [o sea,

despus del 21/06/2011] art. 303 del CP- hasta la actualidad.

Queda claro pues que el impugnante intenta susten tar su

calidad de ofendido no solamente en base a una invo cacin

genrica y abstracta del delito de lavado de activo s, es decir,

sin especificar concretamente cules son las maniob ras de lavado

que pretende investigar simplemente alude, insisti mos, a la

administracin actual de las acciones de la firma -, sino que

adems, ha realizado una mutacin del objeto proces al de la

encuesta con la nica finalidad de sortear el probl ema que su

interpretacin del art. 303 del CP plantea desde la ptica de la

irretroactividad de la ley penal.

En este ltimo sentido, conceptuamos que, en rig or,

resulta notorio que para considerar reunidos los re caudos del

art. 82 del C.P.P.N., el impugnante ha procurado m s all de que

en su recurso lo intenta disimular- la aplicacin r etroactiva de

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un tipo penal que entr en vigencia casi 35 aos de spus de

ocurridos los hechos objeto del proceso.

El avasallamiento que tal razonamiento comporta al

principio de legalidad, nos exime de realizar mayor es anlisis

sobre el particular, a la par que revela la manifie sta

inadmisibilidad del planteo formulado y, por aadid ura, de la va

intentada para encarrilarlo.

Finalmente, debe tenerse presente que en lo que h ace al

principio de doble instancia, tal extremo se halla debidamente

garantizado, por cuanto han recado pronunciamiento s concordantes

del juez federal instructor y de la Cmara de Apela ciones

respectiva.

Por ello, y toda vez que no se advierte en el ca so la

existencia de una cuestin federal, la verificacin de un

supuesto de arbitrariedad ni un yerro en la aplicac in de la ley

penal en los pronunciamientos criticados, entendemo s que debe

rechazarse el recurso de casacin interpuesto por e l pretenso

querellante, con costas (arts. 470, 471 a contrario sensu , 530 y

531 del C.P.P.N.).

Tal es nuestro voto.

El seor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Que en el acotado marco de la presente incidencia cuyo

objeto es la pretensin de la Unidad de Informacin Financiera

para ser parte en el proceso, y sin que implique ad entrarse en la

cuestin de fondo, se observa que el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nacin (rbita bajo la cual la Unidad de

Informacin Financiera se encuentra) ya es parte e n la causa

principal, no advirtindose caso federal ni arbitra riedad, por lo

que corresponde estarse a lo decidido en la instanc ia anterior.

La seora Juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

Al estudiado voto del Dr. Eduardo Riggi, slo he de

acotar que las maniobras investigadas en autos, y r especto de las

cuales debe relacionarse la legitimacin procesal a ctiva, no

abarcan las que en la actualidad est encargada de prevenir e

impedir la entidad representada por el impugnante, ni puede

Cmara Federal de Casacin Penal

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Sala III

Causa N CFP 7111/2010/10/CFC1 Magnetto, Hctor y otros s/recur so de casacin

reconocrsele el carcter que pretende en

virtud de una indebida aplicacin retroactiva del d erecho penal

(art. 2 del Cdigo Penal, a contrario sensu ).

Por lo expuesto, me adhiero a lo dicho por el voca l

preopinante.

Tal es mi voto.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casacin interpuesto por el pretenso

querellante, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu , y 530

y 531, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

Regstrese, notifquese, comunquese a la Direcci n de

Comunicacin Pblica de la Corte Suprema de Justici a de la Nacin

(Acordada de la CJSN n 15/13) y remtase al Tribun al de

procedencia, sirviendo la presente de atenta nota d e envo.

Ante m:

Fdo: Eduardo Rafael Riggi, Mariano Hernn Borinsky y Liliana E.

Catucci. Ante m: Walter Daniel Magnone.