AGRAVIO CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPAL (copia).pdf

7/29/2019 AGRAVIO CONSTITUCIONAL SOBRE EL PRINCIPAL (copia).pdf

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EXPEDIENTE : 01786-2011 -0-2001 -JR-CI-03ESPECIALISTA : Landivar Cas tillo CristhianESCRITO NSUM ILLA : Recurso de Ag ravio Constitucional.

OR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE PIURA:

JORGE MANUEL RAMREZ GIANELLA, identif icado

con DNI N 02650678, con domicilio real en Int. 03 Urb. La Providencia Mz. B Lote 05,

Piura, con domicilio procesal en en la Casilla N 537 de la Central de Notificaciones de

la Corte Superior de Justicia de Piura, en el proceso de amparo seguido contra el

Gobierno Regional de Piura sobre reposicin al trabajo en mi condicin de dirigente

sindical, a Ud. con el debido respeto me presento y digo:

P E l i l O R i O1.1 Que, se me ha notificado la Resolucin Nmero Doce (12) de 20 de

octubre de 2011, mediante la que se formaliza la DECISIN de la

Primera Sala Civil de Piura que, REVOCANDO la sentencia contenida

en la Resoluc in N 04 de fecha 15 de julio de 2011, que resuelve

declarar fundada la demanda de Amparo y, en consecuencia orden

que la entidad demandada cumpla a travs de su titular con reponer al

demandante, Jorge Manuel Ramiiez Giarielia, en e puesto de trabajo

que tena antes de ser despedido con los derechos y beneficios que el

corresponden, bajo apercibimiento de hacer uso de las medidas

coercitivas previstas en el Cdigo Procesal Constitucional, que incluye

la destitucin del responsable en el incump limiento del mandato judicial.

Asim ismo declara sin efec to lega l los co ntratos de Contratacin

Admin is trativa de Se rvicios -C A S suscritos por el demandante con la

emplazada y requiere a los representantes de la entidad demandada

actuar con diligencia en el ejercicio de sus funciones respetando los

derechos fundamentales de la persona humana, especficamente del

trabajador pblico; y, REFORMNDOLA declaramos infundada la

demanda; asimismo, EXHORTAMOS al Juez de origen la observancia

de las reso luciones del Tribunal Constitucional, mxim e de aquellas que

resultan vinculantes; y, DEV ULV ASE al Juzgado de su procedencia',

1.2 Que, no estan do confo rme con esta decisin del Ad quem, peticiono

que el Tribunal Constitucional, como supremo intrprete de la


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Constitucin y la ley, y en mrito a su propia jurisprudencia y a los

nuevos y concordantes criterios de interpretacin y aplicacin que

pudieran corresponder a esta situacin en concreto, declare la nulidad

de la decisin de segunda instancia, en razn de que la misma vulnera

flagrantemente mi derecho constitucional al trabajo y de sindicacin

contemplados por el artculo 37 del Cdigo Procesal Constitucional,

derechos que en principio fueron respetados en primera instancia por el

A quo, quien despus de un prolijo anlisis y fundamentacin repusiera

las cosas al estado anterior a la violacin de mi derecho constitucional,

ordenando mi reposicin al trabajo en el Gobierno Regional Piura, orden

que ha sido revocada sin haberse merituado ni fundamentado lo relativo

a la desnaturalizacin de mis contratos bajo la modalidad locacin de

servicios o de servicios no personales (SNP), ni tampoco se ha tomado

en consideracin ni se ha refutado vlidamente lo establecido por el

Juez de la causa, con respecto a mi condicin de dirigente sindical, y en

el hecho de que mis contratos bajo el rgimen laboral especial de

contratacin administrativa de servicios (CAS) fueron tambin

desnaturalizados por haber tenido al 28 de junio de 2008 el derecho a

permanencia en el servicio por haber estado protegido por la Ley N

24041, e igualmente por haber estado mi persona bajo los alcances del

inciso f) de la Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 28411,

cuando se me impuso bajo coaccin la sustitucin de mi contrato SNP

por el de CAS;

1.3 Que, solicito igualm ente que, en aplicacin del Artculo III del Ttulo

Preliminar y el artculo 56 de la Ley N 28237, se ordene a la

demandada el pago de las costas y costos y gastos procesales propios

de la demanda interpuesta.

II. FUND AM ENTO S DE HECHO2.1 Al revo cars e en segunda insta ncia la orden judicial de reposicin al

trabajo dispuesta por el Juez de la causa, no se ha merituado el hecho

de que al 29 de junio del ao 2008, cuando se dispuso la sustitucin de

los contratos SNP por los de CAS, mi persona contaba con cuatro (4)

aos y cinco (5) meses de servicios ininterrumpidos bajo la modalidad

de servicios no personales (SNP), habiendo a dicha fecha estado

vigentes dos (2) normas legales aplicables a los servidores que como


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en mi caso estbamos contratados bajo la modalidad de locacin de

servicio o servicios no personales (SNP). Estas normas son:

> La Lev N 28 41 1, en cuyo inciso f) de su Tercera Disposicin

Transitoria, se dispone que los SNP con ms de un ao de servicios

ininterrumpidos desempeando funciones de carcter permanente

(es decir, los protegidos por la Ley N 24041) debern ser

incorporados gradualmente en el Cuadro para Asignacin de

Personal (CAP) y en el Presupuesto Analtico de Personal (CAP),

sustituyndose sus contratos SNP por el de contratos de servicios

personales bajo el rgimen laboral del Decreto Legislativo N 276, lo

que les da el derecho a una jornada mxima de 8 horas diarias y 48

horas semanales, 30 das de vacaciones al ao, aguinaldos porfiestas patrias y por navidad, bonificacin por escolaridad,

prestaciones de salud y afiliacin a un rgimen pensionario;

> El Decreto Legislativo N 1057 , que por su car cter de relacin

contractual a plazo determinado es de aplicacin a los SNP que por

no haber supe rado un (1) a c ininterrumpido de servicios, su

relacin contractual era tambin de carcter eventual, a quienes les

asiste el derecho a una jornada laboral no mayor de ocho horas

diarias ni mayor a 48 horas semanales, as como a un da de

descanso semanal y quince das de descanso anual, prestaciones

de salud y la opcin de aportar para un rgimen pensionario;

Como es de verse, en ambos casos se produce la mejora de la

si tuacin contractual de aquel los servidores cuyos contratos SNP

fueron desnaturalizados, sustituyendo sus contratos por el de un

rgimen laboral con derecho a beneficios que como SNP no tenan,

pero dentro de este contexto de aplicacin de dos normas diferentes

para situaciones diferentes, no puede interpretarse que existiendo la

Ley 28411 los contratos CAS son tambin de aplicacin para los

servidores SNP que venan realizando labores de naturaleza

permanente, porque con ese criterio restrictivo producto de ia duda o del

desconocimiento del cambio de relacin contractual dispuesto por la Ley

28411, se estara vulnerando el numeral 3 del artculo 26 de la


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Constitucin Poltica que seala la Interpretacin favorable al

t rabajador en caso de duda insalvable sobre el sent ido de una

n o r m a , y el artculo 27 que precisa que La ley o torga a l t raba jador

adecuad a pro tec c in cont ra el desp ido arb i t rar io .

Que, en este contexto, si se hubiese producido mi separacin del

servicio el 28 de junio de 2008, fecha de publicacin del Decreto

Legislativo N 1057, o antes de dicha fecha, es previsible que el

Tribunal Constitucional en aplicacin de su reiterada y uniforme

ju rispru dencia , hubie se dispuesto mi reposicin al traba jo en ap licac in

de la Ley N 24041, por haberse desnaturalizado mis contratos SNP

durante ms de cuatro (4) aos ininterrumpidos de servicios. De otro

lado, al haberse sustituido mis contratos SNP por los de CAS, pese a mi

negativa y observacin que sobre este abrupto cambio hice, cuyo

documento obra en autos, se habra producido la vulneracin del

artculo 62 de la Constitucin Poltica que seala que Los trminos

con t ractua les n o pueden ser mo di f icados po r leyes u o t ras

dispos ic iones de cua lqu ier c lase , en razn de que puede aceptarse

una modificacin del contrato para favorecer a la parte dbil, pero no

para perjudicarla quitndole el patrimonio de su permanencia obtenida

en aplicacin de la Ley N 24041.

Que, en cuanto a mi situacin de dirigente sindical, la Primera Sala Civil

al revocar la orden de reposicin al trabajo que fuera dispuesta a mi

favor en primera instancia por haber sido despedido como consecuencia

de tener un cargo de dirigente sindical, fundamenta su decisin en el

supuesto hecho de que (...) no se probado en autos que el despido del

demandante haya obedecido a un acto de represalia por parte del

empleador como consecuencia de su afiliacin y actividad sindical, por

lo que no se ha configurado la alegada lesin del derecho a la libertad

sindical, por lo que la demanda debe desestimarse y, por ende, debe

revocarse la recurrida", criterio de interpretacin que no se ajusta a la

realidad de los hechos, en razn de que:

a) Ningn em pleado r despide formalm ente a un dirigente sindical por el

hecho de tener dicha condicin dirigencial, porque sabe que tal


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despido es inconstitucional y nulo, por tanto nunca va a dejar

reflejado en un documento el motivo real del despido, razn por lo

que debemos atenernos a los indicios razonables que demuestran

que el empleador lo que busca es desestabilizar, desarticular,

desmembrar, debilitar y desactivar la junta directiva, para impedir elfuncionamiento del sindicato y dejar a los afiliados en una situacin

de indefe nsin contra la vulneracin de sus derecho s laborales bajo

diferentes argucias que deben ser percibidas por el juzgador.

b) En mi caso, he demostrado en su debida oportunidad, que no

solamente mi persona ha sido despedida por ser dirigente sindical,

sino que mi empleador ha hecho lo mismo y en forma masiva con

los dems dirigentes sindicales contratados bajo el rgimen de CAS,

habindonos dejado a la Junta Directiva sin el quorum respectivo

para poder sesionar y adoptar acuerdos en beneficio y defensa de

nuestros afiliados, tal como ha sucedido en el caso de los siguientes

dirigentes sindicales:

/1. Mximo Vs quez Godos, - Secretario de Organizacin,

(Expediente N 01699-2011-0-2001-JR-CI-03, 1ra Sala Civil de

Piura).

2. Rosa E lena Peralta Chunga, Secreta ria de Actas y Archivo,

(Expe diente N 01104-2011-0-2001 -JR-LA-0 2, 2do Juzgado

Laboral de Piura).

3. Javier Arteaga Garca, Secretario de Control y Disciplina,

(Expediente N 01296-2011-0-2001-JR-LA-01, 2do Juzgado

Labora! de Descarga de Piura).

4. Petra Tula Castellano s Jurez, Secretaria de Bienestar Social.

(Quien esta accionando su reincorporacin por otra va al ser

integrante de una lista de reincorporados Ley 27803).

5. Hilda Ramrez Jurez, Secretaria de Coope rativas. (Expediente

N 00981-2011, 1oJuzgado Laboral de Descarga de Piura).

6. Jorge Manuel Ram rez Gianella, Secretario de Cultura y Deporte.

(Exp. N 01786-2011-0-2001-JR-CI-03, 1ra Sala Civil de Piura)

c) Este listado de dirigen tes sindicales, que se encuentran accionando

en sede judicial su reposicin al trabajo, es suficiente indicio de la


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vulneracin de mi derecho constitucional, que no ha sido tomado en

cuen ta por la Sala Civil, para probar que s se est configurando la

lesin del derecho a la libertad sindical por tener la condicin de

dirigente sindical, dndose el lgico caso de que a ninguno de los

seis (6) dirigentes se nos ha dicho por escrito que nuestro despido

obedece a nuestra condicin de dirigente sindical, siendo a todas

luces evide nte que en este caso la dem andad a ha .tenido una

deliberada y no tan oculta intervencin anti laboral con el nimo de

evitar el funcionamiento del Sindicato con el velado propsito de

perjudicar las actividades gremiales, hecho que constituye una

prueba que no deja lugar a dudas de la intencionalidad de mi

despido por el slo hecho de ser dirigente sindical;

Que, sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sentado reiterada

y uniforme jurisprudencia en el sentido de que el impedir el

funcionamiento del sindicato constituye la vulneracin al derecho

sindical, tal com o aparec e en el funda me nto 13 de la STC N 0206-

2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante conforme al artculo

VII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Constitucional, en el que se

precisa que: la dimensin plural o colectiva de la libertad sindical

garantiza no slo la proteccin colectiva de los trabajadores

sindica/izad os (como fue reconocido po r este Colegiado en el Exp. N.

1124-2001 -AA/TC), sino que tambin reconoce una proteccin espe cial

para los dirigentes sindicales, toda vez que estos ltimos, libremente

elegidos, detentan la representacin de los trabajadores sindicalizados

a fin de defender sus intereses. Consecuentemente,' todo acto lesivo,

no jus t i f i cado e i r razonable, que afecte a los t rabajadores

s ind ica l izados y a sus d i r igentes Y QUE HAGA IMPRACTICABL E

EL FUNCIONAMIENTO DEL SINDICATO, deber ser reparado"

(subrayado y resaltado agregado);

Que, en el Fundamento 8 de la STC N 01139-2007-PA/TC de 13 de

noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional precisa que (...) De

manera que, a efectos de fo/ialecer la proteccin negativa, que

garantiza una eficaz proteccin al derecho a la libertad sindical, es

conveniente prec isar que una in tervenc in CON EL NIMO DE

EVITAR EL LIBRE FUNCIONAMIENTO, ya sea de manera directa o


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indirecta de per judicar las act iv idades sindicales, se considera

vu inerator ia de este derecho const i tuc iona lmente pro teg ido ,

(resaltado nuestro); habindose igualmente el Tribunal Constitucional

pronunciado en el Exp. 000653-2006-PA/TC de 18 de mayo de 2006, en

el sentido de que En efecto conforme, a nuestra jurispru de ncia recadaen los Exps. N os 3039 -2003-A A/TC (Fund. 5) y 3311 -2005-PA/TC

(Fund. 6), el derecho de s ind icac in t iene como con ten ido esenc ia l

el garant izar no slo la creacin de organizaciones sindicales, s ino

que tambin e l recono c imiento de su perso ner a ju r d ica;

asimismo, garant iza las act iv idades que desarrol la y a sus af i l iados

de manera colect iva, as como la de los dir igentes sindicales para

que puedan desempear sus func iones y cumpl i r con e l mandato

p ar a el qu e fu er on e l e g i d o s (resaltado y subrayado agregado);

Que, al respecto, mediante STC N 03736-2010-PA/TC de 15 de julio de

2011 (Publicada el 13 de setiembre de 2011), el Tribunal Constitucional

ha dictado jurisprudencia en el caso de un trabajador sujeto a contrato

in te rm ite n te , en el sentido de la nulidad de su desp ido por haberse

encontrado protegido por el fuero sindical por haber sido dirigente

sindical, precisando en su Fundamento 8 que No pasa desapercibido

para este Tribunal el carcter emblemtico del caso de autos con

relacin al derecho a la libertad sindical que el Estado peruano se ha

com prom etido a proteger, al haber ratificado en 1948 y 1964,

respectivamente, tanto el Convenio N. 87 de la Organizacin

Internacional de Trabajo (OIT) Sobre la libertad sindical y la proteccin

del derecho de sindicacin como el Convenio N. 98 de la OIT Relativo

a la aplicacin de los principios del derecho de sindicacin y de

negociacin colectiva". En ese orden de ideas, y en lnea con la

argumentacin expuesta por la Defensora del Pueblo en su condicin

de Amicus Curiae (f. 5 del cuadernillo del TC), debe valorarse la

decisin del Comit de Libertad Sindical del Consejo de

A d m in is trac i n de la OIT rec ada en el caso nm er o 2527 (f. 175 del

cuaderno pr incipal que, entre otros, est refer ido al demandante) ,

en el cual se destaca el deber de los Estados de proteger

adecu adam ente a los t rabajadores -y en esp ecial a los dir igentes

sindcales- contra los actos de discr iminacin ant is indical en


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re lac in con su empleo, ta les como su desp ido , (resaltado

agregado);

Que, habiendo sido repuesto al trabajo mediante medida cautelar como

consecuencia de la sentencia a mi favor de primera instancia, he sidoelegido nuevamente como Secretario de Actas y Archivo del Sindicato

Progresista de Trabajadores del Gobierno Regional Piura, tal como lo

acredito con el acta de instalacin y de escrutinio del proceso electoral

realizado el da 02 de diciembre de los corrientes y con la Credencial

que me ha sido otorgada por el Comit Electoral, concluyendo mi cargo

dirigencial sindical el 31 de diciembre del ao 2013, por lo que me

encuentro en pleno ejercicio de mis funciones de dirigente sindical,

cuyos derechos han sido conculcados;

2.9 Que, el artculo 11 A del Decre to Supremo N 065-2011 -PCM, ratifica el

derecho a sindicalizacin de los contratados bajo el rgimen de CAS, al

precisar que Los trabajadores sujetos al rgimen del Decreto

Legislativo N 1057 tienen derecho a constituir organizaciones

sindicales, afiliarse a ellas, redactar us estatutos, elegir libremente sus

representantes, y organizar su administracin y actividades", debiendo

en este sentido respetarse la condicin de dirigente sindical;

2.10 Que, en relacin a la aplicacin de la jurisprud encia recada en la STC

N 03818-2009-PA/TC en que la Primera Sala Civil de Piura fundamenta

su decisin que me causa agravio, no ha merituado el hecho de que el

pronunciamiento del Tribunal Constitucional no analiza la

desnaturalizacin de los servicios civiles, prestados bajo la modalidad

de servicios no personales, sino nicamente los efectos restitutorios de

un CAS lcitamen te suscrito y pactado; por lo tanto, el caso 3818-2 009-

PA/TC, no puede servir de parmetro normativo -precedente o doctrina

ju rispru dencia l- por cuanto los hechos mater ia del presen te proceso no

son los mismos a los que sustentan la ratio decidend i de la sentencia de

amparo;

2.11 Que, en efecto , la ratio decidendi de la STC 3818-2009-PA/TC ha sido

clarificada por el propio Tribunal Constitucional cuando, en reiterados


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pronunciamientos, en procesos de amparo, posteriores a la indicada

sentencia ha sealado que: Para resolver la controversia planteada,

conviene recordar que en las STC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-

PA/TC, as como en la RTC 00002-2010-PI/TC (sic), este Tribunal ha

establecido que el rgimen de proteccin sustantivo-reparador contra eldespido arbitrario previsto en el rgimen laboral especial del contrato

administrativo de servicios guarda conformidad con el artlcLilo 21 de la

Constitucin". Consecuentemente, en el pro ceso de amp aro no

cor respo nde an a l izar s i con p oster ior idad a la susc r ipc in de los

cont ra tos admin is t ra t ivos de serv ic ios , los cont ra tos c iv i les que

habr a suscr i to la demandante fueron desnatura lizados, pues en el

caso que ello hubiese ocurrido, dicha situacin de fraude constituira un

perodo independiente del inicio de los contratos administrativos de

servicios, lo que es constitucional" (Exp. 00604-2011 -PA/T C, del 5 de

abril de 2011);

Que, esta ratio decidendi se patentiza an ms cuando en la propia

STC 3818-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional precisa la

procedencia de la demanda y delimitacin de la l i t is, estableciendo

en el fundamento 3: De los argumentos expuestos por las partes y

conforme a los criterios de procedencia establecidos en el precedente

vinculante de la STC 00206-2005-PA/TC, concluimos en el presente

caso que procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un

despido arbitrario. Para determinar ello, cor responde ana l izar la

proteccin adecuada que se les debe br indar a los t rabajadores del

rg imen labora l espec ia l de l cont ra to admin is t ra t ivo de serv ic ios

contra el despido arbi t rar io conforme a la sentencia recada en el Exp.

Nro. 00002-2010-PI/TC.

Que, as, el objeto de la litis en aquel pronunciamiento era a nalizar los

alcances del derecho a la proteccin adecuada contra el despido

arbitrario en el rgimen especial del contrato administrat ivo de

s e r v i c i o s (fundamento 7). Y ms adelante concluye:

Consecuentemente, al rgimen laboral especial dei contrato

administrativo de servicios no le resulta aplicable el rgimen procesal de

eficacia restitutoria (readmisin en el empleo), sino nicamente el


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rgimen procesal de eficacia restitutiva (indemniza cin)" - fundamento 7

in fine-. Finalmente, en el fundamento 9, el Tribunal Constitucional,

asumiendo vlidos los contratos CAS presentados en ese proceso de

amparo, concluye que: queda demostrado que el demandante ha

mantenido una relacin laboral a plazo determinado, que culmin al vencer el plazo de la ltima clusula adicional. Por lo tanto, habindose

cumplido el plazo de duracin del referido contrato, la extincin de la

relacin laboral del demandante se produjo en forma automtica (...)

Siendo as, ha de concluirse que la extincin de la relacin laboral del

demandante no afecta derecho constitucional alguno, por lo que no

cabe estima r la demanda

2!.88 ? 2 *o 2 S

2.14 Que, las glosas que preceden permiten int e rp re ta r que la doctrina

ju risp ru dencial de la STC 3818 -2009 -PA/TC y los nu merosos

pronunciamientos anlogos, verbi gracia, el tambin citado expediente

nmero 00604 -2011-PA/TC - slo determina, resuelve o establece, a

partir de la incontrovertible constitucionalidad del CAS, ratificada con

efecto erga omnes, en la STC 002-2010-PI/TC, la imposibilidad de

otorgar tutela restitutoria (reposicin) derivada de un CAS vlidamente

suscrito;

Que, es importante tener presente que, como se vuelve a repetir, la

indicada doctrina jurisprudencial no se ha pronunciado sobre la

desnaturalizacin de la contratacin de servicios previa o anterior a la

suscripcin, sin solucin de continuidad, del CAS. As lo reitera el

Tribunal Constitucional en el fundamento 8 de la STC 3818-2009-

PA/TC, cuando enfatiza: Conforme hemos precisado en los

fundamentos precedentes, no corresponde analizar en el presente

proceso (remarcado agregado) si con anterioridad a la suscripcin del

contrato administrativo de sen/icios, los contratos que suscribi el

demandante fueron desnaturalizados"',

2.16 Que, de lo argum entad o en mi defe nsa hasta aqu, cabe resumir que,

tanto en la sentencia interpretativa 0002-2010-PI/TC, as como en la

doctrina jurisprudencial sentada por la STC 3818-2009-PA/TC, el

Tribunal Constitucional ha establecido que el CAS es conforme a la


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.Lomba

rdiPingo

Constitucin, declaracin que tiene efectos erga omnes, y ha declarado

tambin que los trabajadores con contrato CAS vlidamente suscrito

que sean despedidos, no tienen derecho a la readmisin en el empleo;

2.17 Que, a pa rtir de lo dicho es viable interpretar que el TribunalConstitucional no ha analizado lo que pas antes de la suscripcin del

CAS, es decir si hay o no desnaturalizacin de los servicios civiles; slo

efecta su anlisis a partir de la suscripcin del CAS, desde cuando ha

conc luido qu e no cabe la reposicin, porque el despido en tal rgimen

solo amerita una tutela resarcitoria y no restitutoria;

2.18 Que, en este contexto, en cuanto a la correcta interpretacin del

fundamento 6 de la STC 3818-2009-PA/TC, cuando seala que en elcaso que ello hubiere ocurrido, dicha situacin de fraude constituye un

periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicios,

que es constitucional. Por lo tanto, dicha situacin habra quedado

consentida y novada con la sola suscripcin del contrato administrativo

de servicios, es pertinente considerar que tal argumento debe ser

interpretado de manera sistemtica con el argumento segn el cual no

nnrmsponde Rnali iar en el presente proceso -de amparo- si con

anterioridad a la suscripcin a la suscripcin del contrato administrativo

de servicios, los contratos civiles que suscribi el demandante fueron

desnaturalizados " (fundamento 8 ya citado), reiterado en la primera

parte del fundamento 6;

2.19 Que, dicha interpretacin sistem tica arroja la misma conclusin ya

esbozada supra, en el sentido que el Tribunal Constitucional no ha

zanjado jurisdiccionalmente la situacin de los trabajadores cuyos

contratos civiles previos a la firma del CAS se desnaturalizaron. Talinterpretacin se refuerza cuando advertimos la utilizacin de la frase

habra quedado consentida y novada" en modo con dic iona l per fecto ,

es decir, sin hacer una afirmacin categrica y definitiva sobre la

situacin fctica anterior a la firma del CAS, lo cual es plenamente

cohe rente con la afirmacin -e st s categrica- en el sentido que en el

proceso de amparo resulta innecesario e irrelevante dilucidar la


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2.20 Que, esto permite concluir categricamente que el Supremo Intrprete

de la Constitucin no ha sentado jurisprudencia sobre la legitimidad y

licitud del pase de un contrato de trabajo SNP protegido por la Ley N

24041, a un contrato CAS, sin solucin de continuidad. Por el contrario,

en el presente proceso cabe realizar tal discernimiento porque forma

parte indisoluble del cuadro tctico planteado en mi demanda, ms an

cuando al producirse la sustitucin de mi contrato SNP por el de CAS,

se encontraba vigente el l i teral f) de la Tercera Disposicin

Transitoria de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, que obl igaba a mi empleador Gobierno Regional

Piura a incorporarme en el CAP y en el PAP, para mi inclusin en

plani l la de remuneraciones como servidor contratado bajo el

rgimen laboral del Decreto Legislativo N 276, Ley de Bases de la

Carrera Adm inistrat iva y de Remu neraciones del Sector Pbl ico;

2.21 Que, si del an lisis de los hechos y las pruebas arrojara que

primigeniamente hubo un contrato SNP desnaturalizado, protegido por

la Ley N 24041, es decir a plazo indeterminado, y que en la suscripcin

? del CAS medi v ic io de la vo luntad, este lt imo cont ra to ser nulo, en

| | ? aplicacin del artcu lo V del ttulo preliminar del Cdigo Civil, que

prescribe que es nulo el acto jurdico contrario al orden pblico; en tal

caso, conforme a las reglas del rgimen 276 al que estn adscritos los

trabajadores de la entidad demandada, corresponder juzgar las

consecuencias jurdicas que en dicho rgimen laboral tiene para un

trabajador que goza de un contrato a plazo indeterminado, tal como lo

seala expresamente el artculo 1 de la Ley N 24041, que estipula que Los servidores pbl icos contratados para labores de naturaleza

permanente, que tengan ms de un ao in interrumpido de

serv ic ios , no pu eden ser cesados n i dest i tu idos s ino po r las

causas previstas en el captulo V del Decreto Legislativo N 276 y

con sujecin al pro ced im iento establecido en l , s in per ju ic io de lo

dispuesto en el ar t culo 15 de la mism a Ley \


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2.24

2.25

Que, de acuerdo a lo antes justificado, arribar a tal conclusin, no

significa contravenir la sentencia interpretativa 002-2010-PI/TC, porque

tal sentencia ratifica la constitucionalidad del Decreto Legislativo N

1057; tampoco implica contravenir la doctrina de la STC 3818-2009-

PA/TC, porque, como ya se ha sealado supra, la ratio decidendi delreferido pronunciamiento consiste en interpretar que el rgimen de

proteccin sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en

el rgimen laboral especial del contrato administrativo de servicios,

guarda conformidad con la Constitucin, pero no ha discernido ni

analizado las consecuencias jurdicas que se derivan de una relacin de

servicios civiles desnaturalizada a la que le ha sucedido sin solucin de

continuidad un contrato administrativo de servicios. Tan cierto es esto

que el Supremo Intrprete de la Constitucin ha sealado que tal

anlisis no corresponde ser efectuado en un proceso de amparo;

Que, esto permite concluir categricamente que el TC en el 3818-2009-

PA/TC y pronunciamientos anlogos, no ha analizado o discernido el

supuesto de hecho de la desnaturalizacin de la locacin de servicios

previa a la suscripcin del CAS ni las consecuencias jurdicas de ella

derivadas. Esto significa que no estamos ante un caso igual y que en el

presente proceso -que no es un proceso urgente sino un proceso de

cognicin plena- s es posible entrar a analizar la licitud o eventual

ilicitud de la contratacin civil previa a la suscripcin de la contratacin

CAS, sus consecuencias jurdico-laborales y la validez de los contratos

CAS, sin que ello implique entrar en contradiccin con la jurisprudencia

del Tribunal Constitucional antes reseada;

Que, siendo esto as, el ncleo de discernimiento de este proceso de

conocimiento laboral, se remonta a antes de la suscripcin de los

contratos CAS, a la etapa en que se alega la desnaturalizacin de la

contratacin civil, vale decir, la existencia de un contrato de trabajo

sujeto al rgimen laboral pblico protegido por la Ley N 24041;

Que, en este sentido, deben juzgarse entonces hechos diferentes a los

del precedente 3818-2009-PA/TC. En este pronunciamiento -y en otros

similares-, el Tribunal Constitucional ha concluido que el vencimiento del


14/31

plazo de un contrato CAS (que es constitucional) pero sobre el cual no

pesa ninguna causal de invalidez, extingue el contrato CAS sin

posibilidades restitutorias, sino nicamente resarcitorias, mientras que

en el presente proceso los hechos somet idos a controversia

exigen al rgano jur isdiccional anal izar la contratacin civ i l deservic ios no personales, su desnatural izacin, y en tal contexto

analizar la validez de la suscripcin del CAS y a part ir de esas

premisas juzgar la existencia de una relacin laboral a plazo

indeterminado del rgimen laboral pbl ico, por desnatural izacin

de la contratacin civ i l f raudulentamente ut i l izada;

Que, la desnaturalizacin de una contratacin civil implica su utilizacin

fraudulenta para esconder una relacin de servicios subordinados; en elpresente caso, dicha desnaturalizacin de servicios se acredita a partir

de los siguientes elementos de juicio:

A.- Con los contra tos de servicios bajo la mod alidad de servicios no

personales (SNP) que obran en autos, y la Constancia de

Servicios de 30 de diciembre de 2010 otorgada por la Oficina de

Abastecimiento, Servicias Auxiliares y Contro! Pairimonia! de!

Gobierno Regional Piura, se prueba que se me contra t para laprestacin de servicios de Tcnico en Informtica de la Oficina

de Tecnologa de la Informacin del Gobierno Regional Piura,

desde el 1 de febrero del ao 2004, en forma ininterrumpida

hasta el 30 de junio de 2008, habindose sustituido mi contrato

SNP por el de CAS a partir del 1 de julio de 2008, es decir,

despus de 4 aos y 5 meses de servicios ininterrumpidos,

habiendo a dicha fecha estado protegido por la Ley N 24041 y

bajo los alcances del inciso f) de la Tercera Disposicin

Transitoria de la Ley N 28411;

B.- Aprciese adems la continuidad o vocacin de permanen cia en

el tiempo de los servicios de Tcnico en Informtica, a diferencia

de una locacin de servicios usualmente utilizada para servicios

de poca duracin, siempre que se presten con autonoma, lo que


15/31

2.27

desnaturaliza la finalidad y naturaleza de un contrato de carcter

civil-Servicios No Personales;

Asimismo, las actividades o funciones para las que fui contratado

son de naturaleza permanente, habiendo requerido siempre desupervisin en su ejecucin, habindose probado que tales

labores se .hacaa-ea-una jomada xle trabajo, con exclusividad a

un nico empleador, como es de verse de los propios contratos

de locacin de servicios anotados, as como en el Memorando

N 879-2007/GRP-480300 de 17 de agosto de 2007, mediante el

que el Jefe de Recursos Humanos ordena al Jefe de-la Oficina

de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial que

proceda al descuento de S/. 140.00 nuevos soles por las

tardanzas en que he incurrido en el mes de julio de 2007, lo que

acredita que estuve sujeto al control de asistencia diaria;

Que, todos estos elementos probatorios permiten concluir la existencia

de servicios subordinados, por la existencia de una actividad por parte

del trabajador, frente al poder de conducirla, de parte del empleador; y,

finalmente, la existencia de sujecin del trabajador, frente al poder de

direccin del empleador. (NEVES MUJICA, Javier. 'INTRODUCCIN

AL DERECHO DEL TRABAJO. Ara Editores; Lima-Per, 1997; pginas

36-37);

2.28 Que, en la valo racin de los hech os antes descritos, destaca la utilidad

prctica del principio de primaca de realidad, como herramienta

conceptual pero tambin como criterio de objetiva conformacin y

diferenciacin de lo que verdaderamente ocurre en los hechos frente a

las frmulas o rituales eventualmente utilizadas por las partes para

ocultar la verdadera naturaleza de las cosas (estos ltimos los contratos

de locacin de servicios);

2.29 Que, El Tribunal Con stituciona l, en tre otros, en los expedientes nmeros

0091 -2000-A A/TC , 186 9-200 4-AA/TC y 1259-2005-AA/TC, ha sealado

que el referido principio es un elemento implcito de la Constitucin

Laboral, y se enuncia como la pretericin de la frivolidad de las formas


16/31

frente a hechos certera y verosmilmente ocurridos en la realidad o en la

prctica, cuando estos se contraponen entre s, el cual debe utilizarse

en el juzgamiento de los hechos y las pruebas en su justo contexto y en

el marco del derecho aplicable conforme lo exige el artculo 122, inciso

3 del Cdigo Procesal Civil y el artculo 12 del Texto nico Ordenado de

la Ley Orgnica del Poder Judicial, Decreto Supremo nmero 017-93-

JUS; .........

2.30 Que, tambin est probado con los contratos administrativos de

servicios, y la Constancia de Servicios emitida por la Oficina de

Abastecimiento, que la suscripcin de la contratacin CAS se realiz sin

solucin en la continuidad de los servicios que, a la fecha de dicha

suscripcin, tenan indiscutible naturaleza laboral en el marco de un

contrato de trabajo a plazo indeterminado, en aplicacin del artculo 4

de la LPCL, que prescribe que en toda prestacin personal de servicios

remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato

de trabajo a t iempo indeterminado", as como por el hecho de

haberme encontrado sujeto a la contratacin de SNP protegido por la

Ley N 24041 y bajo los alcances del inciso f) de la Tercera Disposicin

Transitoria de la Ley N 28411:

2.31 Que, ahora bien, en cuan to a la invalidez de la contra tacin CAS

alegada en la demanda, es conve niente ' puntualizar que mi

consentimiento se encuentra viciado, dado que la firma del contrato

CAS, sealadamente se produjo siendo presionado, conminado y

amenazado con el despido, tal como aparece en el Memorando Mltiple

N 041-2008/GRP-480300 de 14 de agosto de 2008, mediante el que se

me conmina a suscribir el contrato CAS en un plazo de 48 horas, bajo

apercibimiento de no permitir mi ingreso al trabajo, documento que firmel 18 de agosto de 2008, con retroactividad al 1 de julio de 2008, ante la

necesidad de seguir contando con un puesto de trabajo, frente a cuya

circunstancia, no tuve ms opcin que firmar la nueva modalidad

contractual, no obstante ser menos ventajosa que la situacin laboral

que ya haba incorporado a mi patrimonio subjetivo de derechos -un

contrato SNP protegido por la Ley N 24041 y bajo los alcances de la

Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 28411;


17/31

E.

LombardiPingo

ABOGADO

^4CAPNMI1I

relacin contractual, en el hecho de que el 19 de agosto de 2008, hice

llegar a la Oficina Regional de Administracin del Gobierno Regional

Piura el respectivo contrato CAS, firmado por mi persona, dejando

expresamente sentado de que "(...) estoy en desacuerdo con los

trminos del contrato en cuestin por vulnerar e inobservar derechos

laborales adquiridos haciendo nfasis en el hecho de que "(...) me

encu entro am parado d entro de los alcances de la Ley 24041, po r lo que

correspondera que en lugar de suscribir un contrato como el propuesto

por la Oficina de Recursos Humanos del GRP, se me incorpore a la

planilla de Servicios Personales, por haber superado el ao

ininterrumpido en labores de naturaleza permanente", documento que

obra en autos;

contractual, resulta invlida porque supone claramente que la

manifestacin de mi voluntad estuvo viciada, pues no goc de libertad

real para decidir el cambio de modalidad contractual, adhirindome a un

contrato impuesto por mi empleador, quien, por el solo hecho de serlo,

ya supone una situacin de desigualdad o asimetra contractual,

ampliamente reconocida por la doctrina y jurisprudencia laborales, a

cuya situacin injusta debe agregarse el hecho -en modo alguno balad-

de que ese empleador es el propio Estado, con lo cual el desequilibrio

contractual se ahonda mucho ms;

2.34 Que, en este punto, es prec iso recordar que, la form ulacin de la

voluntad, en general, es todo un proceso que importa la capacidad de

elegir entre dist intas al ternat ivas de accin y exter ior izar lo

actuando segn la eleccin tomada; considerndose la capacidad de

elegir como presupuesto de la manifestacin de la voluntad, pues se

requiere que el primero sea causa de la segunda, de modo que haya

conformidad entre al ternat ivas de accin elegida y su

manifestacin, existiendo una relacin de causa a efecto. Debe

tenerse presente la premisa que: los hechos se juzgan voluntarios si

son ejecutados con discernimiento, intencin y libertad. El


18/31

discernimiento entendido como la aptitud o madurez mental que permite

al sujeto distinguir lo que le conviene de aquello que no; la intencin

entendida corno la determinacin orientada a la consecucin de una

finalidad prevista por el sujeto, esto es, el propsito deliberado de

celebrar el acto jurdico y producir sus efectos; y la l ibertad como la

capacidad de autodeterminacin de la voluntad, que permite a los seres

humanos actuar como deseen, realizando su acto sin coaccin externa.

Uesde esta perspectiva, resulta vlido preguntarme, si en mi condicin

de trabajador tena capacidad de elegir entre distintas alternativas y en

todo caso decidir no firmar el CAS?, la respuesta es que NO, no tena

eleccin porque hay un contexto de necesidad, como trabajador no

tena posibilidad de elegir, por cuanto o trabaja o no trabaja, en esos

extremos se circunscriba mi capacidad de eleccin, ms an cuando

por negarme a firmar el contrato CAS no se me haban pagado misremuneraciones del mes de julio de 2008 y haba de por medio una

amenaza de despido;

Que, esto implica concluir que, en mi caso, segn los hechos que se

acaban de analizar, la suscripcin por el actor de un contrato CAS,

resulta invlido por ausencia de manifestacin de voluntad del

traba jador, en aplicacin del artculo 219, inciso 1 del Cdigo Civil, que

prescribe que el acto jurdico es nulo, cuando falta la manifestacin devoluntad del agente, muy por el contrario, he demostrado

fehacientemente que cuando suscrib el contrato CAS mostr mi

disconformidad y objecin a la firma del mismo mediante el mencionado

documento de fecha 19 de Agosto de 2008 que obra en autos, pues,

pese a gozar a esa fecha de un contrato a plazo indeterminado, frente al

cual no se haba producido ninguna causal de extincin, conforme al

artculo 16 de la LPCL, fui conminado a suscribir un contrato de trabajo,

que si bien es cierto es constitucional, segn interpretacin erga omnes

del Tribunal Constitucional, consagra un repertorio de derechos

significativamente menor que el contrato de trabajo tipo o a plazo

indeterminado, que como actor haba incorporado a mi patrimonio de

derechos subjetivos;


19/31


20/31

PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRA BA JO . Tercera Edicin

Actualizada. Editorial Depalma; Buenos Aires-Argentina, 1998 pgina

223). Asimismo el principio de primaca de la realidad, ya citado, en

virtud al cual: en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la

prctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darsepreferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los

ftecfros (ibidem , pgina 313);

Que, en esta misma lnea de anlisis encontramos las Casaciones

emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de

la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, al emitir la Cas..Lab. 475-

2010-La Libertad expedida el 30.06.11, en la que en un caso similar al

que se analiza en autos, resolvi en el sptimo considerando: Que (...)

la sentencia de vista ha concluido que (...) labor de manera sucesiva,

desde el 01.07.98, como tcnico de campo, jefe de grupo y supervisor

en el PE TT y luego para COFOPRI, esto es, desarrollando labores

principales de las anotadas entidades pblicas, y bajo contratos de

locacin de servicios y posteriormente bajo contratos administrativos de

servicios, los mismos que fueron desnaturalizados, convirtindose en

una relacin laboral indeterminada sujeta al rgimen laboral de la

actividad privada, no evidencindose en dicho razonamiento la

vulneracin al debido proceso previsto en el inciso 3 del artculo 139 de

la Constitucin Poltica del Estado"] asimismo en la Cas. Lab. 2146-

2010-La Libertad de fecha 06.06.11, ha sostenido en su cuarto

considerando "(...) asimismo habiendo el actor adquirido el derecho a

un contrato laboral de naturaleza indeterminada bajo el rgimen laboral

del D. Leg. 728, no pue de aplicarse a la mism a lo sealado en el

rgimen especial de contratacin administrativa por ser un rgimen que

implica rebaja de sus derechos laborales ya adquiridos, por lo que la

presente denuncia resulta tambin improcedente; en este sentido sepuede apreciar que nuestra Corte Suprema, est analizando la

desnaturalizacin desde el INICIO del vnculo contractual, con lo cual no

puede haber otra respuesta que reconocer la vigencia plena de los

principios que informan el derecho laboral, como son el principio de

irrenunciabilidad de derechos y el de primaca de la realidad y

continuidad;


21/31

2.39 Que, en este orden de ideas, si los contra tos CAS de autos son

invlidos, aun cuando cuentan con la firma de la parte demandante, por

las razones que se acaban de expresar, y por haber mostrado en su

debida oportunidad mi objecin mediante el mencionado documento de

fecha 19 de Agosto de 2008, entonces ello implica que la relacinlaboral sujeta al rgimen laboral pblico y a plazo indeterminado que se

inici entre las partes por la desnaturalizacin de los contratos de

locacin de servicios, se ha proyectado hasta la actualidad;

Que, de lo expuesto, ha de concluirse, pues, que en mi condicin de

parte demandante he probado los principales hechos que sustentan mi

pretensin de reposicin al trabajo: a) Se ha probado la existencia de

una relacin laboral a plazo indeterminado sujeta desde su inicio alrgimen laboral de la actividad pblica en el ejercicio de funciones de

carcter permanente, por desnaturalizacin de la contratacin civil de

servicios no personales; b) Se ha probado la invalidez de la

contratacin CAS por vicio de la voluntad al momento de su suscripcin;

y, c) Se ha probado por tanto, que hasta la actualidad, la relacin

laboral siempre correspondi a un contrato de trabajo del rgimen

-laboral pblico y a plazo indeterminado por imperio de la Ley N 24041,

y por haberme encontrado incurso en los alcances del inciso f) de la

Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 28411;

2.41 Que, nuestra Carta Poltica otorga a todo ciudadano la garanta de una

tutela procesal efectiva, efectividad que puede ser otorgada por el Poder

Judicial, a travs de sus rganos especializados para conocer la materia

laboral, ms an si el artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo

Procesal Constitucional, impone a todo Juez el deber de interpretar y

aplicar el derecho conforme a la interpretacin de los mismos que

resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, tal

como lo ha hecho el A quo en mi caso, por lo que es vlido que el

Tribunal Constitucional valore los argumentos de mi defensa y acte

conforme a los nuevos elementos de juicio que estoy poniendo a su

consideracin para resolver en armona con el criterio que ya se tiene

sobre el particular, concordndolo con lo establecido por la Ley N

24041 y la Ley N 28411 y la Constitucin Poltica del Per;


22/31

FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1 Constituyen fundamentos de derecho que dan pleno sustento a mi

pretensin, los mismos fundamentos que obran en mi demanda de

amparo, en mi recurso de apelacin de segunda instancia y los criterios

a que se contrae este recurso de agravio constitucional;

3.2 El control difuso e interpretacin constitucional a que se contrae el

artculo VI del ttulo preliminar de la ley N 28237, as como el articulo

Viii en el sentido de que ei rgano jurisdiccional competente debe

aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido

invocado por las partes o lo haya sido errneamente;

3.3 Los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que aparecen

glosadas en el presente escrito, as como las Leyes Nos. 24041 y

28411;

MEDIOS PROBATORIOS

Ofrezco como medios probatorios los que se encuentran inserto en el

expediente que motiva este recurso extraordinario de agravio constitucional, y

la jurisprudencia a que se contraen las sentencias recadas en los Expedientes

mencionados, as como en las normas legales sealadas.

ANEXOS

A.- Copia legalizada de mi DNI.

B.- Copia fedateada de! Documento de! 18 de agosto de 2008, mediante e

que exprese mi desacuerdo con la sustitucin de mi contrato SNP por el

de contrato CAS.

C.- Copia fedateada de la constancia de Servicios del 30 de Diciembre de

2010, emitida por el jefe de abastecimiento del Gobierno Regional Piura.

D.- Copia Legalizada de la credencial de fecha 5 de diciembre de 2011, que

me acredita como secretario de actas y archivo del Sindicato

Progresista de Trabajadores del Gobierno Regional Piura, por el nuevo

periodo de enero 2012 a diciembre 2013

E.- Copia fedateada de certificacin de despido de dirigentes sindicales,

otorgada por los Srs, Orlando Codarlupo Cruz y Froilan Chero GonzalesSecretario Genera! y Secretario de Defensa respectivamente de!

sindicato progresista de trabajadores del Gobierno Regional Piura.


23/31

F.- Copia fedateada de memorndum N 279 del 17 de agosto del 2007,

donde queda demostrado, mediante los descuentos realizados ai

suscrito por faltas y tardanzas de que estuve sujeto a un horario de

trabajo y por lo tanto a una relacin de dependencia

actuado al Tribunal Constitucional, para que resuelva mi recurso excepcional de

agravio constitucional y deciare a nuiidaa de la sentencia de segunda instancia

emanada de la Primera Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Piura, y se ordene

mi reposicin al trabajo, en mrito a la sentencia de primera instancia, con costas y

costos.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, nombro como mi abogado defensor al letrado que

firma la presente a quien delego facultades generales de representacin, a que se

refiere el artculo 74 del Cdigo Procesal Civil concordado con el artculo 80 del

mismo cuerpo legal, y declaro estar instruido acerca de sus alcances.

POR TANTO:

Solicito a su Despacho proveer conforme a ley y elevar lo

Piura, 5 de diciembre de 2011

Jorge Man anella

DNI N 02650678


24/31

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25/31

GOB'fcRNO REGIONAL ' KJa r a

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' ICO '

; i D O

Reg" Ne_ Hora

SUMILLA: Aclara suscripcin de contrato

administrativo de servicios.

A OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION GOBIERNO REGIONAL PIURA

JORGE MANUEL RAMIREZ GIANELLA, identif icado con DNI 02650678,con domicilio legal en Calle Don Manuel Mz. B05-F1 Urbanizacin La Providencia- Piura, Trabajador de la sede del Gobierno regional Piura; digo:

Que, vista la conminacin del Memorando Mltiple N 041-2008/GRP -480300, fechado el 14/08/2008, proveniente de la Oficina de Recursos Humanos,

por el Q u e g g mo concede un plazo de 48 horas para suscribir el nuevo contratoadministrativo de servicios - CAS, caso contrario no se me permitir el ingreso alas labores habituales, lo que devendra en un evidente despido, no obstante venirlaborando en prestacin de naturaleza permanente (conforme la Opinin Legal dela Oficina Regional de Asesora Jurdica en Informe N 456-2005/GRP-460000,fechado el 13 de Mayo de 2005 y la opinin de la Oficina de Abastecimiento yServicios Auxiliares con informe N 058-2005/GRP-480400 fechado el 12 de Mayode 2005), contando a la fecha con 4 AOS, CINCO MESES Y 18 DIAS de laboresininterrumpidas en la misma oficina y enla misma fncin.

Dr las inform? citados se desprende que me -encuentro amparado dentrode los alcances de! D.L. 24041, por lo que correspondera que en lugar" de

suscribir un contrato como el propuesto por la Oficina de Recursos Humanos delGRP, se me incorpore a la planilla de Servicios Personales, por haber superado elao ininterrumpido en labores de naturaleza permanente.

Sin embargo me he visto obligado a suscribir el denominado CONTRATOADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, que unilateralmente ha elaboradovuestra oficina y evitar igualmente que se deje de abonar mi remuneracinhabitual, como servidor de la Oficina de tecnologas de la Informacin, con unhaber mensual de S/. 1,400.00 nuevos soles, ello no obstante que an no sepublica el reglamento del D.L. 1057, que regule dicha modalidad contractual, quedesde luego no afectara a quienes vienen laborando, como es mi caso, prestacina la fecha de ms de 4 aos y cinco meses, por lo que estoy en desacuerdo

con los trminos del contrato en cuestin por vulnerar e inobservarderechos laborales adquiridos, como el derecho a la estabilidad, elevados a lacategora de irrenunciables. conforme el art, 26 de la constitucin del Estado,significando que no he expresado mi voluntad de suscribir el citado contrato quese me hiciera l legar en blanco, sin expresin de cargo ni monto remunerativo,entre o tras cond iciones lesivas a mis derechos laborales.

Por lo que legalmente condiciono la suscripcin del cuestionado contrato alo sealado precedentemente y desde ahora me reservo el derecho de acudir a la


26/31

instancia jurisdiccional en su oportunidad, en resguardo de mis derechos laboralesque se pretenden conculcar, lo que hago extensivo a los recibos de honorariosque desde luego sin expresin de mi voluntad se adecuaran a dicha normatividad,lo que se servir tener muy en cuenta, mucho ms si en reiteradas oportunidadesLct uncina a la cual pertenezco-ha solicitado el cambio de mi modalidad contractual,,de SNP a SP, al amparo de la legislacin vigente.

Piura, 19 de agosto de 2008

JORGE MANUEL RAMIREZ GIANELLADNI 02650678


27/31

OFICINA DE ABA STECIM IENTO, SERVICIOS AUXILIARES V CONTR OL PATRIMO NIAL

HACE CONSTAR:

Que el Sr. RAMIREZ GIANELLA JORGE MANUEL conDNI N02650678, viene prestando servicios en el Gobierno Regional de Piura, en elperiodo y modalidad que se detalla, se adjunta anexo:

> AO 2004 FEBRER O (SER VICIOS) Y DE MARZO A DICIEMBRE(SNP)> AO 2005 DE ENERO A DICIEMBRE(SNP)> AO 2006 DE ENERO A DICIEMBRE(SNP)> AO 2007 DE ENERO A DICIEMBRE(SNP)> AO 2008 DE ENERO A JUNIO(SNP) Y DE JULIO A DICIEMBRE(CAS)> AO 2009 DE ENERO A DICIEMBRE(CAS)> AO 2010 DE ENERO HASTA LA ACTUALIDAD(CAS)

demostrando Responsabilidad, Eficiencia y Honradez..

Se expide el presente a solicitud de la parte interesada para los fines pertinentes,invalidndose automticamente en caso de correccin y/o enmendadura.

CONSTANCIA DE SERVICIOSEl que suscribe, Jefe de la oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y ControlPatrimonial, del Gobierno Regional Piura,

Piura, 30 de Diciembre del 2010.


28/31

I f i r aB g j i R f eg i n.

SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORESDEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

SINPROTRAGOBREG PIURA

CREDENCIAL

-yJhV ^ _ / D-S'

E l Co mit : E l e c t o r a l d e s i gn a d o e l d a 1 4 d e N ov ie m b r e d e 2 0 1 1 e n A s a m b l e a O r d in a r ia d e T r a b a j a d o r e s d e l a S e d e d e l 6o b

R e g i o n a l p iu r a , o t o r g a l a p r e s e n t e CREDENCIAL, a f a v o r d e l :

Sr. JORGE MANUEL RAMIREZ 6UANELLA

E l e g i d o e n e l c a r g o d e S E C R E T A R IO D E O R G AN I ZA C I ON , d e l S i n d i c a to P r o g r e s i s t a d e T r a b a j a d o r e s d e l G o b i e r n o R e q

i ur a , e n E l e cc i o n e s r e a l iz a d a s e l 02 d e d i c i em b r e d e 2011, p a r a e l p e r io d o e n e ro 2012 - d i c i e m b r e 20 13, Dos (02) A o s , en mr j

063-90-PCM, D . S . 026'&2 JUS. D S . 003-|,%CM V aju Art. I ^ d l l E s t a t u t o . s

NOTARIA PTJW t

CERTIFICO | Que t a e n c o m en d a d * .s copfa de) documento que he- > > i -i.^_ te '5

TIENDE LA PRESENTE CREDENCIAL, PARA QUE'SE LE RECONOZCA COMO TAL, POR LAS AU10RIDADLS DE LA ADMINISTRACIN PUi* ^ f| 1*/* (,5ry1 ^

e l iq i o s a s . M i li ta r e s Ys o c i e d a d C i v il , a u n q u e s e l e b r i n d c l la s . e a c iu d a d e s n e c e s a r i a s p a r a e l c u m p li m ie n to d e l m a n d a t o

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^SNiFICACIN V lj>RpHOS DE LOS TRABAJADORES Y BRINDAR EL APOVO AL AUGE INSTITUCIO

... f %, **.. I....

X 1 J *O S DE D i a E M B R E ^ l f ) |

"X\

Presi dente Comi tel ectoral

3DRIGUEZERQUXAGA

Vocal Comi tel ectoral


29/31

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SINDICATO PROGRESISTA DE TRABAJADORESDEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

REG. N 12468-2006-SDRGPDGAT DEL 12/09/2006-PIURA11/ W1/ R.E.R. N 792-2006/GQD.REG.PIURA-PR. del 13/10/06

Ao del Centenar io de Macchu Picchu para el MundoAo del centenario de la creacin Polt ica de la Provincia de Sullana

CERTIFICACION DE DESPIDO DE DIRIGENTESSINDICALES.

Conste por el presente documento que la Junta Directiva quesubsiste, del Sindicato Progresista de Trabajadores del Gobierno Regional dePiura CERTIFICA, que han sido despedidos arbitrariamente 06 de Nuestrosdirigentes sindicales que acontinuacin detallamos:

Secretario Organizacin

Secretario Control yDisciplina.

Secretario de Actas yArchivo.

Sect. de AsistenciaY Bienestar Social.

Sect. Cultura yDeportes.

Secretario de Cooperativas.

Sr. MA XIMO VASQUEZ GODOSDespedido el 03/01/2011.

Sr. JAVIER ARTEAGA GARCIADespedido el 03/01/2011.

Sra. ROSA PERALTA CHUNGADespedida el 03/01/2011.

Sra. PETRATULACASTELLANDespedida 03/01/201 i.

Sr. JO RGE MANUEL RAMIREZ GIANDespedido el 28/02/2011.

Srta. HILDA RAMIREZA JUA REZDespedida el 03/01/2011.

/ 'A # W"UII///%

[mismo precisamos que el Gobierno Regional Piura, no ha tenido enderacin el Art. 28 de la Constitucin Poltica del Per El estado

oce los derechos de sindicacin, negociacin colectiva y huelga;pnvenios Colectivos N 98; 151 de la OIT; la STC N. 5474-2006-PA,FUERO SINDICAL que estableci que "la libertad sindical protege a los

entes sindicales para que puedan desempear sus funciones y cumplir conmandato para el que fueron elegidos; es decir, protege a los representantes

sindicales para su actuacin sindical.

NOTARIA PUBLTCACERTIFICO : Que esta focosttitaes copla del documento ten ido a t a vis* '

P]ura,Jv)^_de

Sindicalmente;

RBGRESIS,

DR. PEDfiO TpCEW BENITS SOSANOTARIO - JU0UCt ,

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30/31

siftiQ osa. osiSHfc >.;o Ux:o :'

Wm&Mrm mvsh.

Piura,

MgMORAHPUM Ng -SirtVVaKP flaaCi

1 l ABO 2^7 ^

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a s u n t o

f tJPatrimonial

ja fe ae ia Oftcinu de A^stdm^rR? Servicios

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NtilftiA l R a FfttAGiili i ''tQii.i'j i-i "v:*uUiy:J: HurWisCJsj '

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REPORTE DE TARDANZAS

MES: JULIO 2007

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