AMNISTA GENERAL EN EL PERPor: R. Lavrenti Coronel Camino.

Agua divina del olvido, en ti hay sabiduraEurpides

El fantasma del pasado nos abruma Qu ser de mi pueblo y de su tierra? Inflndose hasta el infinito como espuma Queriendo romper el sendero que nos alumbraLavrenti Coronel Camino.

Temer peligros sobre amnista es temblar delante de fantasmas.Eugenio de Ochoa.

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NDICE

1. RESEA HISTRICA DE LA AMNISTA. 03 2.DEFINICIN Y FINES DE LA AMNISTA. 05 3.HISTORIA DE LA AMNISTA EN EL PER. 07 4.AMNISTA EN LATINOAMRICA. 09 5.LA AMNISTA EN EL MUNDO ACTUAL. 11 6.AMNISTA EN EL CDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL. 14 7.AMNISTA EN LA CONSTITUCIN DE 1993. 15 8.EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA AMNISTA. 16 9.LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA AMNISTA. 17 10.LOS PRESOS POLTICOS EN EL PER. 19 11.LA GUERRA INTERNA Y LA AMINISTA GENERAL. 24 12.EL MOVADEF VA ABRIENDO EL CAMINO HACIA LA AMNISTA GENERAL EN EL PER. 27 28 14.LA AMINISTA DE LA MEMORIA, DEL OLVIDO Y LA VERDAD. 31 13.DETRACTORES DE LA AMNISTA GENERAL EN EL PER.

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15.RECONCILIACIN NACIONAL. 34 16.CONCLUSIONES. 36 17, BIBLIOGRAFA. 38

RESEA HISTRICA DE LA AMNISTAPor R. Lavrenti Coronel Camino.La historia de Atenas nos presenta el primer ejemplo de amnista que nos ofrece la antigedad. El concepto de la amnista viene de la Grecia antigua, en donde fue utilizado despus de grandes enfrentamientos y como seal de perdn entre los contendientes. Precisamente, la expresin amnista viene de la palabra griega amnesia.1 Cuando Trasbulo en el ao 404 a.n.e, arroj a los treinta tiranos, pero al propio tiempo estableci una ley, a la que los atenienses dieron el ttulo de amnista, que quiere decir olvido de todo lo pasado, durante la guerra entre las partes beligerantes. El ejrcito de los tiranos fue derrotado fcilmente y los vencedores no persiguieron a los vencidos. En ella se mandaba que a nadie se inquietase por sus anteriores acciones, y de aqu nos ha venido el acto y aun el nombre. Habiendo Trasbulo vencido a los treinta tiranos que esclavizaban a su patria Atenas, hizo decretar una ley que se llam amnesia, por la cual se dispuso que ninguno pudiese ser perseguido por los delitos cometidos durante la tirana, concediendo olvido general de ellos, solo fueron exceptuado los treinta tiranos y los decemviros. De esta ley y su nombre viene la palabra amnista; pues es efecto, aquella es la primera de la que nos habla la historia.2

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Iaki Egaa Sevilla, Diccionario histrico-poltico de Euskal Herria, Editorial Txalaparta S.L, Tafalla, 1996, Tomo I, p.46. 2 Vase Pedro Mara de Oliv y Santos Lpez Pelegrn, Diccionario de sinnimos de la lengua castellana.

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Por otro lado, en el consulado romano de Marco Tulio Cicern, dos das despus de la muerte de Julio Csar en el ao 42 a.n.e; defendi la amnista de sus enemigos por el bien de Roma. Ambas posiciones seguan a quienes asesinaron a Csar y a quienes haban sido los aliados y privilegiados de su rgimen dictatorial. Cicern remarcaba que perda el pueblo por deplorar en vano un pasado que ya no le pertenece. La conflictiva situacin en Roma hizo que, El Senado, a propuesta de Cicern, aprob la amnista para los libertadores 3, lo que mostraba el divorcio entre los distintos estamentos de la sociedad romana.4 Pero sera a partir del derecho romano, en el presidido de Augusto, con la Indulgentia principis y la abolitio publica, sobre todo la ltima, son formas patentes del derecho de gracia. Lo que ah arranca el sistema de atribuir al monarca la concesin de las amnistas. Con el gobierno de Claudio -despus de la muerte de Calgula-, fue proclamado emperador (4154) por la guardia pretoriana y el Senado confirmara esta designacin y cuya primera medida fue decretar una amnista general y un perdn para muchas penas capitales, con el fin de borrar la memoria de las disensiones civiles. El espritu de la legislacin romana, las aboliciones generales tenan un carcter e ndole propia de las amnistas como actos espontneos de la autoridad suprema. Igualmente, Filipio Rey de Macedonia, cuando despus de hacer la paz con los romanos, hizo extenso una amnista y abandon el derecho de castigar a los macedonios que durante la guerra haban desertado de sus banderas. En la China antigua en el ao de 1321 Yng Song proclam una amnista general. Igual en el siglo XIII Kublai concedi amnista general a los delincuentes que se haban arrepentido de sus crmenes cometidos. Carlos V en el siglo XIV exigi que su nuevo Duque amnistase a los desterrados negros y blancos de Florencia y mand a que se les restituya sus bienes. Luego sera una prctica ms o menos corriente y ms o menos restrictiva, a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la Edad Media, la palabra abolicin era utilizada para expresar lo que hoy conocemos como amnista.5 La amnista establecida en Francia en 1598 por Enrique IV, que pone fin a la guerra a muerte entre los hugonotes y el catolicismo de la Santa Liga. Segn Coceyo, Maximiliano II de Alemania [siglo XVI], consigui por el nico medio de la amnista la tranquilidad completa de sus dominios. A la misma debi Enrique II el insigne beneficio de haberse reconciliado algunas ciudades de Lombarda, y haberlas conservado en una paz constante y slida. Segn Camdeno, el mismo remedio sirvi a la reina Isabel de Inglaterra [siglo XVI], para la completa pacificacin del reino, Un decreto de amnista fue la base la que se ciment en Francia la paz, en medio de las escisiones de sus magnates que quedaron de hecho extirpadas, con gran3

libertadores= eufemsticamente se les llamaba a los asesinos de Julio Csar. 4 Vase a Joaqun Gmez Pantoja, Historia antigua: Grecia y Roma, Editorial Ariel, Barcelona 2003. 5 Iaki Egaa Sevilla, Diccionario histrico-poltico de Euskal Herria, Editorial Txalaparta S.L, Tafalla, 1996, Tomo I, p.46

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ventaja de aquella monarqua, y es sabido de todos los que no son extraos al conocimiento de la historia que Enrique IV [siglo XVI] hizo su entrada en Pars a los gritos de perdn general, frase que signific desde luego, y ms an por los resultados, lo mismo que olvido general, o que amnista.6 Tras la muerte de Oliver Cromwell, en 1658, la fortaleza de la repblica se resquebraj. Lo que el 29 de mayo de 1660 se restaura la Monarqua y es elegido nuevo monarca, Carlos II de Inglaterra, heredero legtimo del trono, decret una amnista para los seguidores de Cromwell en el Acta de Inmunidad y Olvido (Indemnity Act.) Mientras las fuerzas productivas feudales se iban trocando con sus relaciones de produccin y la burguesa victoriosa y revolucionaria se apoderaba del aparato estatal, que traa el surgimiento de los Estados liberales burgueses, la divisin de los poderes (o funciones) entre ejecutivo, legislativo y judicial y tambin el surgimiento del Derecho Constitucional, se empieza a legislar al respecto de la competencia para ejercer esta facultad. Este derecho de gracia [la amnista] que, en los orgenes de nuestra civilizacin indiscutiblemente reposaba en el soberano, en aquel que concentraba en s mismo todas las funciones del Estado, posteriormente con la organizacin e institucionalizacin de los Estados debe racionalizarse de acuerdo a la lgica sistematizacin que impone el ordenamiento jurdico.7 Grandes ejemplos son: el 14 de setiembre de 1791, se concedi un amnista para todos los hechos relativos, delitos polticos, militares, relativos la revolucin francesa de 1789. La promulgada en Francia por Luis XVIII luego de la cada de Napolen y del terror blanco. En Francia el ao de1816 se decret amnista general por todos los que directa indirectamente haban tomado parte en la rebelin y usurpacin de Napolen Bonaparte. La amnista de Mara Cristina de Borbn del 15 de Octubre de 1832. En Roma, al mes de pontificado Po IX el 16 de Julio de 1846, decret una amnista para los condenados polticos. Por haber atacado el orden social, los sagrados derechos del legtimo soberano y haber participado en las discordias polticas. Aplastado Pars, por los marselleses, sometido el ejrcito, disuelta todas las guardias nacionales el 18 de Marzo; los consejos de guerra continuaron ametrallando al pueblo con sus condenas. Mientras Langlois deca despus de la muerte de la Comuna: Nada de piedad para los asesinos. Por otro lado en 1875, en vsperas de las elecciones, la amnista ya figuraba en los programas democrticos. Los radicales se comprometan a pedir una amnista general; los liberales se comprometan a borrar las huellas de nuestras discordias civiles, cuando la alta burguesa quiere lavar los charcos de sangre, enrojecidos por ella. Raspail pidi amnista general para todos los presos polticos de los acontecimientos de la Comuna, pero en Mayo se le deneg dicho derecho. Las matanzas, las deportaciones, los6

Vase Enciclopedia moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, Editorial Establecimiento Tipogrfico de Mellado, Barcelona 1851. p.380. 7 Vase a Xavier Zavala Egos, Amnista, en Revista jurdica de la Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil.

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destierros no mermaron las fuerzas del pueblo francs para seguir luchando por una amnista general, lo que la agitacin pro amnista no haba cesado en las mentes de los francs parisinos. Por lo que el partido socialista, luego partido obrero, establecieron su lucha por una amnista general. Lo que tuvieron que pasar nueve aos, para que el gobierno francs declarase una amnista general, y libertase a las vctimas de Versalles.8 En Agosto de 1941 Sikorski en plena segunda guerra mundial firmara una declaracin comn de amistad y de colaboracin con la Unin Sovitica, liderada por Stalin. En donde Stalin concedi una amnista general para todos los ciudadanos polacos que estuvieran detenidos en territorio sovitico, incluidos los prisioneros de guerra. Tales son los hechos ms notables que la historia nos ha transmitido acerca de este medio poltico, tan eficaz y poderoso, para extinguir, o cuando menos templar los odios civiles, que tan funestos son a las sociedades. Lo que nos presencia que en la historia universal, los gobiernos han concedido amnistas, dentro de los lmites de sus Estados, que con caracteres genricos, han estado reconocidos en la mayor parte de los pueblos del mundo entero.

DEFINICIN Y FINES DE LA AMNISTALa Real Academia Espaola define a la palabra amnista como el olvido legal de los delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores 9 La amnista (del griego amnestia, olvido) es una causa de extincin de la responsabilidad penal. Es un acto jurdico, normalmente emanado del Poder Legislativo, por el que una pluralidad de individuos que haban sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparicin de la figura delictiva. La amnista es una forma de prerrogativa soberana de Ius Gratiandi10 (Giuseppe Maggiore). La amnista es el olvido del hecho el cual se considera que ha lesionado un inters jurdicamente protegido, razn por la cual, el hecho o accin desaparece, no hay lugar a la aplicacin de una sancin. El Estado al aceptarla, se desprende de su facultad de investigar y sancionar los delitos correspondientes frente a los amnistiados. Es aquella institucin por virtud de la cual el poder pblico, en razones de alta poltica, anula la relevancia penal de ciertos hechos extinguiendo las responsabilidades punitivas dimanantes de los mismos.11 Es una institucin jurdica legal, por medio de la cual el Estado se abstiene de adelantar la investigacin y de imponer la correspondiente sancin, asumiendo bajo tal figura que el delito no ha existido y que por tanto no hay8

Vase H. Prosper-Olivier Lissagraray, Historia de la Comuna de Pars, Editorial Estela, Barcelona, 1971. 9 Vase el Diccionario de la Lengua Espaola, Vigsima segunda edicin. 10 derecho de perdonar11

Vase a Federico Puig Pea, en su colaboracin a la Nueva Enciclopedia Jurdica, F. Seix Editor, Tomo II.

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lugar a su sancin. La amnista hace relacin a la renuncia que el Estado hace, del derecho a castigar por un delito cometido. La amnista realmente es un olvido que el Estado hace, por motivos de carcter social y de poltica criminal, de ciertas infracciones, ya sean estas comunes, ya derivadas de hechos polticos.12 Es un acto jurdico, normalmente emanado del Poder Legislativo, por el que una pluralidad de individuos que haban sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparicin de la figura delictiva. A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnista acta sobre el delito mismo. Por ello, la amnista suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o a veces civil y anula los antecedentes penales, lo que lo convierte en un olvido total. La amnista obedece siempre a razones de alta poltica la amnista no se fundamenta en las condiciones personales, sino en un inters pblico que exige o aconseja el olvido y el perdn.13 Amnista significa que el legislador establece que determinado hecho, considerado en un inicio como un acto ilcito de carcter penal, deja de serlo, teniendo como consecuencia el olvido de la responsabilidad penal, implicando la renuncia del Estado tanto al ejercicio de la accin penal pblica as como a la ejecucin de la pena. Esto ltimo es muy relevante ya que, a diferencia del indulto (que solo extingue en forma exclusiva la ejecucin de la pena), la amnista extingue la persecucin penal como la ejecucin de la pena en forma paralela, adems de que una ley de amnista no puede beneficiar, en su propia definicin, a una persona determinada. Las amnistas por regla general especifican una categora o categoras de beneficiarios, como los miembros de las fuerzas rebeldes, los agentes estatales o los exiliados polticos. Las amnistas suelen especificar con mayor frecuencia y cada vez ms crmenes determinados o circunstancias determinadas en las cuales se obstaculizan el enjuiciamiento penal o las acciones civiles. En este sentido, las leyes de amnista crean una abolicin de la ley penal, en la que cesa cualquier efecto de la tipicidad penal de la conducta, en determinado tiempo o espacio de tiempo. Lo que una vez acordada la amnista, cualesquiera sean los hechos a que se refiera, debe ser general y debe otorgrsele a todos los que han cometido el hecho o los hechos que la originan, y no solo a algunos de aquellos, pues, atiende ms a los hechos que a las personas. Es por ello que la amnista como tal conlleva una serie de efectos, entre ellos: que se aplica retroactivamente y en una forma general a una cierta categora de crmenes, y no a grupos sealados.1412

Jorge Zavala Baquerizo. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I. Editorial Edino, Guayaquil, 2004. 13 Federico Puig Pea, Derecho Penal, Ediciones Nauta S .A., Barcelona Espaa. 1970. p. 471. 14 Robert Norris, Leyes de Impunidad y los Derechos Humanos en las Amricas: Una Respuesta Legal En: Revista IIDH, No. 15, San Jos, Costa Rica, 1992.

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La amnista suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que acta sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.Poniendo en claro adems que procesos de amnistas se dan en funcin a los requerimientos sociales, no de individuos particulares sino desde la perspectiva del conjunto general: La amnista general no se personaliza, no se da en funcin de las personas, sino en funcin de la sociedad, la amnista se da por conveniencia poltica.15 La amnista, es un derecho universal que se otorga en todos los grandes conflictos de guerra interna. Muchas veces hay que luchar junto al pueblo para lograr este beneficio en las sociedades burguesas. La amnista est recogida en muchos mbitos jurdicos y ha sido aplicada de tal forma que ha evitado guerras y ha solucionado problemas en sociedades. Donde se dice que la amnista es un pacto de paz. Como hemos visto arriba que, la amnista es real, lo que quiere decir que borra la criminalidad (anula en tiempo concreto la accin penal, de la pena) a que se refiera la norma legal concreta, es decir, cualquier Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal, al ius puniendi, con el fin de atender requerimientos de inters pblico, en especial por motivacin poltica, en bsqueda de ayudar a la reconciliacin en una nacin. Es as que la amnista se convierte en un dispositivo jurdico extraordinario orientado a la superacin de situaciones de conflictos sociales y a restablecer el orden jurdico. La amnista significa que cualquier Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal, en virtud de requerimientos graves de inters pblico, particularmente por causas de carcter poltico, que hacen necesario un llamado a la concordia y al apaciguamiento colectivo.16 La amnista en todo su trmino general tiene, una finalidad profunda y fundamental, que es la de restablecer las relaciones sociales, terminar con los enfrentamiento vanos y odios nacidos por un pasado entre luchas sociales, polticas. Las amnistas se conceden con la finalidad exclusiva de obtener paz social y una reconciliacin nacional entre pueblos hermanos. Los efectos de la amnista, vistos desde los casos particulares de los que han sufrido aquello cuya persecucin penal se olvida, resultan seguramente inmorales e injustos. Slo se justifica por su capacidad para recrear la amistad poltica y superar la interminable cadena vindicativa de la lucha faccionaria.17 Se dicta una amnista con el fin de apaciguar las discordias civiles y de reconciliar con el Estado a los ciudadanos que se sublevaron con el orden establecido.18

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Vase la entrevista de lvaro Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos das Per

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Vase Ricardo Nez. Enciclopedia Jurdica Omeba, Tomo I. Luis Maria Bandieri, Un pasado que se resiste a pasar?, Edicin Electrnica - Buenos Aires 2007. 18 Vase Enciclopedia Moderna, 2: diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio, Editorial Establecimiento Tipogrfico de Mellado, Barcelona 1851. p376.17

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HISTORIA DE LA AMNISTA EN EL PERLa amnista, es ampliamente conocida en la historia civil del Per y de otros muchos pases. Hay expresiones numerosas de ella, que ha seguido el desarrollo de nuestra Repblica desde sus primeras etapas y a lo largo de numerosas contiendas por las que ha pasado la vida republicana del Per. Nuestra Repblica en sus primeros aos del siglo XIX, el gobierno peruano ha expedido amnistas. Un gran ejemplo seran las de: Setiembre de 1822, Jos de La Mar, concedi amnista a fugitivos, ausentes y acusados de contumacia, y a delitos polticos. En julio de 1834 el presidente Luis Jos Orbegoso, concede amnista a los expatriados por los enfrentamientos militares de 1832 y 1833. Felipe Santiago Salaverry en mayo del 1835, considerando que las persecuciones polticas y extravos polticos, arruinan a muchas familias; fomentan el sosiego domstico, y privaban a la Nacin de luces y servicios, concedi amnista a todos los deportados y expulsados por delitos polticos desde 1821, para reconciliar a la Nacin. En agosto de 1835 Andrs de Santa Cruz, tratando de mermar las rebeliones frecuentes llevadas por Gamarra y Salaverry, concedi amnista a los delitos polticos, para que tranquilice a la Nacin y a las familias; conciliar los nimos por medios suaves y protectores. En noviembre de 1835, nuevamente Santa Cruz, dictar una amnista general a todos los individuos de tropas, jefes, oficiales que integraban los campos de Salaverry y de Gamarra, cuya amnista general fue encaminada a poner en alto la guerra civil y todo levantamiento, para reconstituir la Nacin. Luis Jos Orbegoso en enero de 1836, concedi una amnista general a los empleados civiles y eclesisticos que sirvieron a la sedicin de la Fortaleza de Callao del 23 de febrero. Santa Cruz en febrero de 1838, concedi amnista a los reos que haban cometido delitos contra el Estado. Luis Jos Orbegoso en julio de 1838, concedi amnista a los delitos polticos y a las opiniones pasadas de los enemigos en sedicin. Agustn Gamarra en octubre de 1838, concedi amnista general a todos los Jefes, Generales, Oficiales y tropas que se hallaban con los enemigos, siempre que hayan abandonado las filas opresoras. Santa Cruz en noviembre de 1838, concedi amnista a los que emigraron o se enrolaron con el ejrcito enemigo chileno. En mayo de 1841 Agustn Gamarra, concedi amnista a los habitantes de Arequipa que se haban comprometido con los rebeldes. Ramn Castilla en agosto de 1849, concedi amnista general a todas las personas enjuiciadas y deportadas por causas polticas. Y en diciembre de 1849, concedi nuevamente una amnista a los individuos que intervinieron en la conmocin popular acaecida en la villa de Chuquibamba del 3 de mayo de 1848. Jos Rufino Echenique en agosto de 1851, concedi una amnista para los delitos polticos cometidos en Arequipa. La de Lpez de Romaa 1899-1903 Ley de Amnista e Indulto general, que busca crear un ambiente de paz en el cual no haya persecuciones polticas.

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En nuestra historia republicana (siglo XX) se tiene en el Per cantidad de ejemplos ilustrativos, de cmo sublevaciones o revueltas, han sido resueltas con la promulgacin de amnistas, con el fin de cerrar heridas abiertas. La violencia poltica siempre ha estado presente en nuestro pas, se han expresado diversas luchas y con distintos contenidos que en esencia son expresiones de la lucha de clases. Se han dado movimientos militares de carcter poltico En la historia de nuestro pas tambin est estampada que las salidas a estas situaciones de convulsin social tambin se han hecho con medidas polticas como las amnistas. 19 Un gran ejemplo fue la de Augusto B. Legua que, autoriz la concesin de amnistiar -pedida por Riva Agero- a favor de los demcratas golpistas de 1909, lo que constituy un signo de conciliacin. El 22 de setiembre de 1916, el seor Presidente de la Repblica Jos Pardo y Barreda, firma la ley de amnista a favor de los presos de la Huelga de Huacho. El 28 de noviembre de 1916 en el diario oficial El Peruano se publica la ley N 2320, que en su artculo nico deca: concdase amnista a todos los enjuiciados de las huelgas producidas en Huacho y Sayn, procedindose luego por parte de los juzgados militares y comunes a cortar los juicios iniciados por motivo de las huelgas en nuestra ciudad. Fue as pues como despus de 67 das de encarcelamiento logran su libertad los Jornaleros huachanos. Luego de la cada del gobernante Augusto B. Legua, el 22 de agosto de 1930, por un golpe de Estado de Lus Miguel Snchez Cerro. Pero el gobierno de Snchez Cerro, una vez que convocaron a elecciones y se apoder de la presidencia, reprimi fuertemente a los apristas (con su revuelta del 7 de julio del 32) y comunistas de esos aos. Lo que luego, el gobierno snchezcerrista dara una amnista poltica, para calmar los enfrentamientos polticos de los apristas y para defender su orden poltico amenazado por "extremistas al servicio de ideologas forneas". Una vez que Oscar R. Benavides llega al Poder, su prioridad de su gobierno fue buscar el fin del conflicto con Colombia (se lleg a un acuerdo de paz en mayo de 1934), calmar la agitacin poltica interna y superar la crisis econmica. Al principio de su gobierno dio la Ley de Amnista General, el 9 de agosto de 1933, por la cual se amnistiaba a todas aquellas personas a las que se les segua juicio poltico y se permita el retorno de los deportados. Fue as como Haya de la Torre, el lder del APRA, fue puesto en libertad y retornaron al pas miles de apristas desterrados. Finalizada la dictadura de Manuel A. Odra, el hayismo dio su apoyo al candidato Manuel Prado por ser el nico interesado en dar una amnista general a los perseguidos polticos y a los partidos ilegalizados. La Ley N 12654 del 28 de julio de 1956, firmada en la plaza mayor por el presidente Manuel Prado, concedi amnista e indulto poltico y dispuso el corte de todos los procesos seguidos contra todos los civiles y militares, procesados o condenados, por cortes marciales, fueros privativos, consejos de guerra19

Vase Solucin Poltica, Amnista General Y Reconciliacin Nacional, Mocin presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares.

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de cualesquier clase, militares, navales, de aeronutica y de polica y de tribunales ordinarios por causas poltico sociales. Como vemos en nuestra historia peruana, en el curso histricoconstitucional, el Estado peruano ha expedido amnistas en relacin con los delitos polticos. En diferentes momentos de nuestra historia nacional, se han expedido este beneficio jurdico, partiendo en primer lugar de un criterio general, en el siglo XX. Las sucesiones de conflictos armados ha determinado el empleo frecuente de disposiciones de amnista general. Un ejemplo ha sido la amnista otorga por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, segn D.L. N 18692 del 21 de diciembre de 1970, donde se concedi amnista e indulto a todos los inculpados, acusados y sentenciados por delitos calificados como poltico-sociales y conexos. Esta amnista, como se sabe, se refiri a los levantamientos subversivos y acciones guerrilleras que tuvieron como ncleo de accin la guerrilla de 1965 encabezada por Luis de la Puente (MIR); cuya amnista comprendi a todos los que en relacin a tales acontecimientos haban cometido delitos de diversa gravedad, as como a los que desde el punto de vista poltico eran propios y conexos. La evolucin posterior de la institucin amnista, reflejada tanto en las reformas legislativas como en las sucesivas prcticas impuestas, vena a marcar un camino diametral en la hora de acabar con las sublevaciones y crear un ambiente de paz. En el Per actual, grupos de derecha y reaccionarios, tratan de maquillar la historia y, tratar de borrar cualquier evidencia sobre amnista en nuestra historia republicana y constitucional; que furibundamente se oponen a la necesidad de promulgar una amnista general a los presos polticos. La historia del Per, nos ha dado muestras infinitas sobre amnistas. Pero que la gentuza es tan ciega que, rehsa y se niega a ver y revisar la historia republicana. La historia peruana nos ha mostrado bastantes ejemplos de leyes sobre amnistas, con el fin de reconciliar al pas y buscar una solucin poltica a los problemas derivados de actos polticos y econmicos.

AMNISTA EN LATINOAMRICALa promulgacin de leyes de amnistas ha sido costumbre a lo largo de la historia en varios pases constitucionales de Latinoamrica. En donde las amnistas se convirtieron en instrumentos que lograron generar las circunstancias para olvidar los acontecimientos pasados y poder lograr as, una mejor convivencia social entre los pueblos. Varios casos ha moderado la historia. Grandes ejemplos han sido: En el Per en 1782, los realistas proponen la paz, el perdn y la amnista general, resuelto a poner fin a una situacin que ya no poda prolongarse. Diego Cristbal pact y puso fin a la revuelta indgena.20

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Vase Josefina Oliva de Coll, La resistencia indgena ante la conquista, Siglo XXI Editores, 1991.

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El Virrey de Mxico Juan Ruiz de Apodaca en 1816, empez a promulgar amnistas con el fin de calmar los levantamientos de los rebeldes. En Chile, Concepcin, en 1819 se declar una amnista general para los realistas, montoneros y bandidos y para los que haban resistido al gobierno del nuevo Estado de Chile. Desde Caracas, Bolvar dicta, el 1 de enero de 1827, en Puerto Cabello, expide un decreto en el cual expide una amnista a todos los comprometidos en el movimiento separatista de la Gran Colombia, con lo cual se aleja el fantasma de la guerra civil; queda tambin detenido el proceso de convocatoria al Congreso de Venezuela y el desarrollo de la Cosiata. Este ltimo se refera a un movimiento separatista, encabezado por Pez. El presidente de Chile, Manuel Bulnes (1841) en gobierno, se caracteriz por la paz interior, su espritu conciliador y aprob una ley de amnista a favor de los encarcelados o desterrados y por un gran desarrollo cultural y econmico: para los desterrados polticos. La reina de Espaa Isabel II, en 1847 en el tratado de reconocimiento de la soberana de Bolivia, concede una amnista general para todos los espaoles y bolivianos que hayan sido expulsados y desterrados y hechos presos polticos. En Santa Fe de Bogot, cuando estallo la rebelin de los comuneros en 1871, Antonio Caballero y Gngora, expidi una amnista completa, abri las crceles y derog el decreto que infamaba a los que haban tomado parte en la sublevacin de 20, 000 rebeldes (campesinos, artesanos, notables locales, etc.). En Espaa podemos registrar amnistas importantes, por ejemplo: la que resolvi las huelgas revolucionarias de 1917 y 18. En 193l el rey Alfonso XIII firma un decreto de amnista e indulto para conseguir la pacificacin social en Espaa. Y tambin las promulgadas por la Repblica tras el movimiento de octubre de 1934, como tambin la concedida despus del triunfo del Frente Popular de 16 de febrero de 1936. La amnista general de Espaa en septiembre de 1939 que inclua a los delitos polticos y conexos. Lo que tanto el uso de los indultos y de las amnistas, como instrumentos de pacificacin y reconciliacin entre la sociedad; es una prctica comn en nuestra Latinoamrica, incluso en los parlamentos entre los espaoles, venezolanos, argentinos, uruguayos, brasileos, peruanos. Pero si nos basamos en la historia concreta, vemos que durante el siglo XX y XXI, en la gran cantidad de pases latinoamericanos en los que se han desenvuelto conflictos armados internos o guerra civiles, una vez finalizados y el Estado vencedor, ha rematado, en conceder u otorgar amnistas a los presos polticos, para que as contribuyan a cerrar las heridas esa etapa de la historia y as iniciar procesos de reconciliacin nacional. Como bien sabemos, Latinoamrica ha sido recurrida por fuertes convulsiones y procesos revolucionarios, por medio de los cuales, en cada uno de los pases en donde explotaron los levantamientos revolucionarios, las clases explotadas y oprimidas buscaron romper el aparato estatal de dominacin imperialista de potencias extranjeras y tomar el poder poltico y

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erigir su propio gobierno, con el fin de acabar con la opresin, la explotacin y la injusticia a las que eran sometidas por el sistema imperialista. La historia de Latinoamrica nos ha mostrado, que la mayora de pases, han explotado movimientos y levantamientos revolucionarios, conducidos por determinadas clases, con el fin de enfrentar a los Estados opresores. Muchos procesos revolucionarios y guerras civiles se han desarrollado en pases como: en Brasil, Movimento Revolucionrio 8 de Outubro (MR-8), con la sublevacin de la Alianza Nacional Libertadora; en Colombia, donde han desplegado su accin armada varias organizaciones guerrilleras tales como el Ejrcito de Liberacin Nacional, el M-19, el Quintn, el Ejrcito Popular de Liberacin, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; en Uruguay, con los guerrilleros del Movimiento de Liberacin Nacional Tupamaros; en Argentina, donde se levantaron en armas los Uturuncos, Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas y el Ejrcito Revolucionario del Pueblo; en Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberacin Nacional incluso lleg a tomar el poder; en Venezuela, el Partido Bandera Roja; en El Salvador, con el Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional; en Guatemala, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Ejrcito Guerrillero de los Pobres; en Mxico, con el Grupo Popular Guerrillero, el Partido de los Pobres, el Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional y Ejrcito Popular Revolucionario; en Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en Puerto Rico, Fuerzas Armadas de Liberacin Nacional (FALN), EPB-Macheteros (EPB-M); en Surinam, el Ejrcito de Liberacin Nacional de Surinam; en Espaa, el Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), Movimiento Ibrico de Liberacin (MIL) y Euskadi Ta Askatasuna (ETA); en Italia, Brigadas Rojas; en Per el Ejrcito de Liberacin Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Partido Comunista del Per y el Movimiento Revolucionario Tpac Amaru. La gran mayora de estas organizaciones polticas (aunque algunas subsisten alzados en armas) fueron aniquiladas terminantemente por el aparato estatal, a travs de sus Fuerzas Armadas y Policacas, los vencidos ante la imposibilidad de lograr la victoria y para evitar que la sangre del pueblo se siga derramando innecesariamente, decidieron iniciar conversaciones con los vencedores, alcanzndose a concretar acuerdos de deponer las armas y firmar la paz. Con la culminacin de la guerra civil, se abri un nuevo escenario en esos pases, con nuevos problemas derivados del trmino y desarrollo de dichas guerras. Varios gobiernos de Latinoamrica, vieron la necesidad dar una solucin poltica a los problemas derivados de la guerra en sus concernientes pases que pasaron conflictos armados internos. Lo que demuestra palmariamente que la forma exclusivamente histrica que, se ha utilizado siempre ha sido a travs de leyes de amnistas generales, que involucraban a las partes contendientes en dichas guerras, para llegar as a un proceso de reconciliacin nacional. Es as que a mediados del siglo XX, en pases como El Salvador, Brasil y Espaa se resolvi promulgar leyes de Amnista; que en el caso salvadoreo, se aplic para las dos fuerzas que intervinieron en la guerra civil, y en el brasileo y espaol se aplic ampliamente contra todas las organizaciones que se alzaron en armas contra el Estado, as como tambin

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a quienes representaron a ste en los conflictos internos. Pero si seguimos revisando la historia, encontramos que en ms pases latinoamericanos, con el fin de cerrar las heridas originadas por las guerras civiles, al querer cambiar el orden y el poder viejo y establecido, se han promulgado amnistas por parte de sus Estados en numerosos ejemplos: en Argentina en 1973; Espaa 1977; Chile 1978; Mxico en 1978; Brasil en 1979; Colombia en 1982 concedi amnista a los colombianos, autores o partcipes de hechos que constituyan rebelin, sedicin o asonada, y delitos conexos con los anteriores, cometidos antes de la vigencia de la esa ley; Uruguay se promulg una ley de amnista en 1985; La amnistas de 1987 en El Salvador21; en Nicaragua en 1988 por los guerrilleros del FSLN, ya habiendo tomado el poder poltico en su pas, quienes promulgaron una amnista para permitir a sus contrincantes, incorporarse nuevamente a la vida civil del pas; Fidel Valdez Ramos, presidente de Filipinas 1992, concedi una amnista general a 4,000 miembros del ejrcito; El Salvador en 1993; Guatemala en 1996 y Venezuela 1998. Como se sabe -y ste es un hecho comprobado en todos los pases en los que se adopt esta medida- las leyes de amnista surgieron de parlamentos que se erigan en smbolos de la recuperacin democrtica de nuestros pases, cada vez que se cerraba un oscuro ciclo de dictaduras. Por consiguiente el significado histrico de la amnista fue la liberacin de los luchadores polticos y el reconocimiento a la justicia de su causa. 22 Comencemos

LA AMNISTA EN EL MUNDO ACTUALComo hemos revisado la amnista, como procedimiento poltico encaminado a voltear la pgina de la historia y a olvidar los rencores y recelos enquistados en la sociedad por conflictos civiles y en diversos pases del mundo; han siempre de resolver los conflictos polticos en sus naciones a travs de las amnista. La historia actual nos plantea procesos de amnistas generales en pases, que han salido de guerras civiles, y varios son los casos, revismosla. La violencia y los enfrentamientos civiles que se inician en 1986 en Uganda. El Parlamento aprob una Ley de Amnista el 1 de enero de 2000 siguiendo los deseos presidenciales para una resolucin pacfica del conflicto estatal. Esta ley general, concretaba que a cualquier ciudadano ugands que deseara abandonar la oposicin armada se le garantizara la amnista general, sin ningn riesgo de persecucin criminal ni penalizacin. Despus de casi 20 aos de violencia en el norte de Uganda, se dio inicio al proceso hacia la reconciliacin, aunque todava el gobierno no ha llegado a un acuerdo de paz con el Ejrcito de Resistencia del Seor (ERS). Si bien ha21

Vase Robert. E. Norris, Leyes de Impunidad y Derechos Humanos en las Amricas: Una respuesta legal. 22 Vase Solucin Poltica, Amnista General Y Reconciliacin Nacional, Mocin presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares.

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sido difcil pactar con el Lords Resistance Army, lo trascendental y el objetivo de la Ley de Amnista del ao 2000 fue detener el ciclo de violencia en la regin estimulando a los combatientes de los diversos grupos rebeldes a que abandonen sus insurgencias sin temor a ser perseguidos penalmente, y con el fin de llegar a una reconciliacin nacional. El 26 de abril de 1991, el presidente de Camern Paul Biya, volvi a instaurar la oficina de primer ministro -para la que nombr a Sadou Hayatou- y decret una amnista general para presos polticos y anunci elecciones legislativas anticipadas. El Gobierno de Albania promulg en 1993 una amnista que parece ser un ejemplo consecuente con esta institucin jurdica. La ley albanesa dispona que: se considera inocentes a todos los que han sido condenados por delitos polticos. Las autoridades argelinas en el 2006 excarcelaron a miles de presos polticos. Donde el 27 de febrero del 2006, el gobierno argelino en pleno, presidido por el presidente Abdelaziz Bouteflika, aprob el Decreto de Implementacin de la Carta para la Paz y la Reconciliacin Nacional. En el 2006, el gobierno de Nger trabaj en intentar que se garantice la amnista a todos los que estn dispuestos a dejar las armas en la regin del Delta del Nger. Y esta amnista incluir no slo la entrega de las armas, sino tambin la reincorporacin y la rehabilitacin de estas personas a la sociedad nigeriana, manifest el presidente de Nigeria, Umaru Musa YarAdua. Por lo que le gobierno est preparando un, proyecto de amnista general, para llegar a una reconciliacin y acuerdo de paz. El jefe de Estado de la Repblica Centroafricana, Franois Bozize, en octubre de 2008, promulg una ley que otorga una amnista general a personalidades, militares y lderes civiles de los grupos rebeldes. La ley de amnista estipula el aplazamiento de los procesos legales contra lderes y activistas de grupos polticos y militares que viven en el pas o en el exilio, por delitos contra la seguridad nacional y la defensa, as como los delitos relacionados con estos asuntos. Adems, concede amnista general a los coautores y cmplices de desfalco de fondos pblicos, asesinatos y participacin en asesinato. La Comisin tica de Derechos Humanos y Pueblos Originarios secretariado Europeo Harald Edelstam, en adelante CEDHSE Harald Edelstam, hizo un llamado a la sociedad civil organizada a realizar todas las gestiones que estn a su alcance a travs de la sociedad tanto como en Chile, Amrica Latina, Europa y el mundo entero para exigir al Estado de Chile: Amnista incondicional e inmediata para las presas y presos polticos Mapuche y no Mapuche, encarcelados por el Estado Chileno, como tambin exigir la no aplicacin de leyes antiterroristas contra Mapuche y no Mapuche. Considerando la actual situacin de persecucin y represin vivida por el pueblo-nacin mapuche en el actual contexto histrico, que proviene de una poltica neoliberal del Estado chileno en conjunto con intereses econmicos nacionales y de transnacionales, quienes tienen por objetivo desarticular toda movilizacin y demanda por los derechos polticos y territoriales.

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Las Mujeres de Negro, siguen bregando para que el Gobierno Nacional, decrete una amnista para todos los presos y perseguidos polticos de Venezuela. Para Solrzano (coordinadora de la Comisin de Derechos Humanos de la Unidad) es importante seguir en la lucha por lograr la liberacin de todos los presos polticos: No descansaremos hasta que podamos decir que en Venezuela no existe una sola privada de libertad o exiliada por oponerse a una forma de pensar. En Espaa, el Colectivo de Presos Polticos Vascos (EPPK) ha hecho pblica su adhesin al Acuerdo de Gernika, suscrito hace un ao por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar, y en el que se emplazaba a la organizacin vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a que declarara un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresin de voluntad para el abandono de toda expresin de violencia. Pidiendo una amnista general para los reclusos de la organizacin (ETA), que desde 1968, vienen luchando por la independencia del Pas Vasco y ahora lograr una solucin poltica para el conflicto. Tambin en el Acuerdo, suscrito por diversos sindicatos, partidos y organizaciones populares espaolas, plantea un alto al fuego entre el gobierno espaol y la organizacin armada ETA, as como exige mejores condiciones para los presos polticos de dicha organizacin, que suman ms de 700 y vienen cumpliendo severas penas y en duras condiciones carcelarias. El Acuerdo de Gernika plantea que la solucin al conflicto armado espaol debe ser integral, democrtica, sin perdedores ni ganadores y dialogada. En ese sentido, debe abarcar a todas las partes del conflicto y ser respetuoso con los derechos fundamentales de todas las personas. Frente a quienes creen que del conflicto deben salir vencedores y vencidos, los firmantes del Acuerdo responden: la paz y la normalizacin poltica de verdad nos colocan a todos en el bando vencedor frente al conflicto armado, al temor, a la imposicin y a las discriminaciones. Durante los 23 aos de mandato de Zine el Abidine Ben Al, miles de opositores polticos fueron encarcelados, especialmente los pertenecientes a movimientos o partidos islamistas, contra quienes se desencaden una feroz represin durante la dcada de los noventa. Una vez que cay el rgimen de Zine el Abidine Ben Al, el primer Gobierno tunecino de transicin haba adoptado un proyecto de ley de amnista general el 20 de enero. La amnista general para los presos polticos ha entrado en vigor en Febrero de 2011.El secretario de Estado ante el primer ministro, Ridha Belhadj, opin que este decreto ley pone fin a un perodo de abusos y violaciones, abre una era de reconciliacin y prepara las condiciones objetivas para este perodo transitorio y la organizacin de elecciones en las mejores condiciones posibles. Ridha Belhadj tambin seal que, el decreto ley instituye les mecanismos de reintegracin al trabajo y el principio de reparacin a las personas concernidas. El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, ofreci en Marzo de 2011, amnista general, para los altos cargos del ejrcito que el pasado lunes desertaron y ofrecieron su apoyo a los opositores gubernamentales. Anuncio una amnista general para todos aquellos que cometieron una

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estupidez, afirm Abdullah Saleh en un discurso retransmitido por la televisin estatal y en referencia a las deserciones militares. En Birmania, el gobierno militar U Thein Seil de Myanmar, hizo una amnista en mayo de 2011 que puso en libertad a 15.000 presos. Pero nuevamente U Thein Seil, pondra en libertad a ms de 6.359 presos polticos a travs de una amnista general. Lo que el gobierno militar de Birmania, estara poniendo sus miradas, en las puertas de ms de 50 crceles. El presidente de Siria, Bashar Asad, decret el 21 de Junio de 2011, una segunda amnista general en el pas. La medida beneficia a las personas inculpadas por cualquier tipo de delitos cometidos antes del 20 de junio de 2011, incluidos los que fueron perpetrados durante las manifestaciones antigubernamentales celebradas en las ltimas dos semanas, despus de la anterior amnista del 31 de mayo de 2011. Los presos polticos, incluidos miembros de la organizacin Hermanos Musulmanes, ilegalizada en Siria, tambin se beneficiarn de la medida. La amnista busca rebajar las tensiones en el pas rabe envuelto en sucesivas protestas contra el rgimen gobernante, que segn activistas por los DD.HH, hasta el momento han acabado con la vida de ms de 1.300 personas. El rey de Jordania, Abdulah II, decret en junio de 2011 una amnista general que beneficia a miles de presos polticos, con motivo de la celebracin de 12 aniversarios al frente de la monarqua del pas rabe. La medida coincide con un compromiso del monarca hachemita de llevar a cabo de forma real y rpida las reformas polticas prometidas ante las protestas acaecidas durante los ltimos cuatro meses, inspiradas en las revoluciones de Tnez y Egipto y crear un ambiente de tranquilidad y reconciliacin. El Gobierno interino de Somalia, en agosto 2011 ofreci, por primera vez, una amnista general al grupo insurgente islamista de al-Shabaab, llamndolos a rendirse y renunciar a la violencia que siguen en Mogadiscio. No obstante, el lder del grupo insurgente, Muktar Abu Zubeir, asegur que seguirn combatiendo contra el Gobierno. En agosto del 2011, las autoridades turcomanas han concedido la amnista a ms de 3.700 prisioneros, 30 de ellos de nacionalidad extranjera, como parte de la ltima ronda de perdones oficiales ordenados por el autcrata presidente Kurbanguly Berdymujamedov con motivo del final de los fastos musulmanes del Ramadn. El presidente Kurbanguly Berdymujamedov record que es tradicin en el pas centroasitico que se perdone sistemticamente a aquellos ciudadanos descarriados que han aceptado su culpa y demostrado sincero arrepentimiento. Estas amnistas son vistas por los analistas como un intento del pas para desvincularse de su imagen totalitaria y llegar a una reconciliacin nacional. En noviembre del 2009 el gobierno tayiko amnisti a unos 10.000 prisioneros, En setiembre del 2011 en Tayikistn fue promulgada una ley de amnista general por el Presidente Emomal Rajmn. Dicha ley tiene como motivo la celebracin de los 20 aos de independencia del pas centroasitico. La ley de amnista fue anunciada a finales de julio y

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pretenda la liberacin de 15000 presos, incluidos rebeldes islmicos. Sin embargo, la ley promulgada recientemente contempla la liberacin de unas 4000 personas, adems de la reduccin de la condena a 6 mil presos. Segn un comunicado oficial, esta ley es una muestra de la buena voluntad del Presidente y de la construccin de una sociedad democrtica, con respeto a los derechos, libertades de las personas, para llegar as a una reconciliacin como hermanos. Tanto el norte y el sur de Sudn se han enfrentado desde 1983, durante 21 aos de guerra civil. En el 2011, el presidente de Sudn del Sur, Salva Kiir Mayardit, ha anunciado una amnista general para todos los que se han alzado contra las autoridades de Yuba y les ha pedido que dejen las armas, con motivo de la declaracin de independencia del nuevo Estado. Quiero aprovechar esta oportunidad para declarar una amnista para todos los que han tomado las armas contra Sudn, afirm Kiir poco despus de tomar posesin oficial como presidente del recin creado Estado de Sudn del Sur. La lucha de los pueblos del mundo, demuestran otra vez palmariamente, que la amnista general se ha vuelto una salida indispensable para cerrar heridas despus de conflictos armados y que en varios pases del mundo

se pregona y se lucha por el derecho de amnista a los presos polticos. En varios pases del mundo se sigue bregando por amnistas afavor de la liberacin de los presos polticos como en: Per (ms adelante proseguiremos a desarrollar este tema tan importante en nuestra realidad peruana), Mxico, Argentina, Francia, Colombia, Venezuela, Espaa, Eritrea, Libia, Yemen y otros. Lo que la frase ecumnica que flameara en las luchas de los pueblos se ceira as: LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLTICOS DEL MUNDO!

AMNISTA EN EL CDIGO PENAL Y PROCESAL PENALEn el actual Cdigo Penal en su artculo setentiocho, establece como causal o forma de extincin de la accin penal (hecho punible), entre otros, a la amnista, el cual est especficamente reconocido en el artculo ochentinueve del Cdigo Penal y referido a: Artculo 89.- Amnista e indulto-Efectos La amnista elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a l. En el actual Cdigo Penal en su Artculo 78.- Causales de extincin La accin penal se extingue: 1. Por muerte del imputado, prescripcin, amnista y el derecho de gracia. 2. Por autoridad de cosa juzgada. 3. En los casos que slo proceda la accin privada, sta se extingue, adems de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o transaccin."(*)

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(*) Artculo vigente conforme a la modificacin establecida por el Artculo 1 de la Ley N 26993, publicada el 24-11-98 Cdigo Procesal Penal: Artculo 6: La Accin Penal: Excepciones: 1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciacin distinta a la prevista en la Ley. b) Improcedencia de accin, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolucin firme, nacional o extranjera contra la misma persona. d) Amnista. e) Prescripcin, cuando por el vencimiento de los plazos sealados por el Cdigo Penal se haya extinguido la accin penal o el derecho de ejecucin de la pena. 2. En caso que se declare fundada la excepcin de naturaleza de juicio, el proceso se adecuar al trmite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro ltimos literales, el proceso ser sobresedo definitivamente. Vemos que la amnista impide la persecucin de penal haciendo cesar todos sus efectos. De all que la amnista extinga la accin penal, puesto que no puede permanecer la pretensin punitiva por un hecho desincriminatorio que su inmediata consecuencia sea el sobreseimiento. Las causas de la extincin de la responsabilidad penal son circunstancias contenidas en la ley y extingue la responsabilidad criminal del autor de un delito ya cometido, aunque se den todos los elementos o categoras que normalmente fundamentan la exigencia de una responsabilidad criminal, y anulan la perseguibilidad en el proceso penal.

AMNISTA EN LA CONSTITUCIN DE 1993La facultad para la concesin de amnistas reposa en el Congreso de la Repblica pues se trata de una decisin que involucra una limitacin a la aplicacin de la ley penal y por ello ninguna otra rama del poder pblico se halla habilitada para tomarla. Es una institucin de carcter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las conductas punibles que son objeto de amnista. El Congreso no puede prohibir la concesin de amnistas e indultos por delitos polticos. Por eso es que la amnista constituye una atribucin privativa del Congreso ya que por su naturaleza y efectos presupone el ejercicio de una funcin eminentemente legislativa tanto desde el punto de vista formal como material. Y considerar que la promulgacin de un ley de amnista, sea inconveniente e inconstitucional, no son ms que razonamientos hurfanos en ideas, tachar a la amnista como el monstruo de la impunidad, son los argumentos de los vampiros que siguen chupando la sangre de los muertos. Ya el mismo Garca Belaunde nos dice: En nuestra tradicin, la amnista se considera como un atributo del Congreso, que sirve para olvidar la pena y en consecuencia se da en

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abstracto, si bien tiene beneficiarios concretos. Domingo Garca Belaunde, La Constitucin y su Dinmica, p.80, Publicado en Revista Jurdica del Per, Trujillo (Per), nm. 4, octubre-diciembre de 1995. En toda nuestra historia constitucional, las constituciones del Per han subrayado que la amnista es un derecho imprescindible. La historia y prctica constitucional republicana en el Per ha seguido, as la Constitucin de 1867 prescriba como atribucin del Congreso la concesin de amnista en los supuestos de juicios polticos. La Constitucin del 79, la observa en su artculo 186 como atribucin exclusiva del Congreso. La amnista es la facultad que tiene el Congreso segn el artculo 102 inciso 6 de la Constitucin, de perdonar a un procesado, la comisin de un delito poltico, la cual implica, el olvido de la pena y de los hechos delictuosos, es decir, es un perdn completo. La Constitucin del 93, la registra en su: Artculo 102 de la Constitucin Poltica del Per, nos dice: Son atribuciones del Congreso: 6. Ejercer el derecho de amnista.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA AMNISTALa doctrina y la jurisprudencia nacionales han indicado que: La amnista es una institucin que otorga el olvido a las personas procesadas y condenadas por delitos polticos23 La amnista es un dispositivo jurdico extraordinario orientado a la superacin de situaciones de conflicto social y a restablecer el orden jurdico. El Tribunal Constitucional, asever que dictar amnistas es una facultad exclusiva del Congreso, con base en la Constitucin. Ya en las sentencias deca: La amnista es un derecho que el Congreso ejerce en nombre de la sociedad a fin de aplicar el olvido a ciertos tipos de delito, los cuales se tienen como hechos no punibles, y se considera como nunca perpetrados24 Segn el artculo 102, inciso 6, de la Constitucin, entre las atribuciones del Congreso de la Repblica se encuentra la de dictar leyes de amnista. Mediante ellas el legislador establece que determinados hechos, considerados originariamente ilcitos, dejaron de serlo. La consecuencia del olvido de la responsabilidad penal es la renuncia del Estado al ejercicio de la accin penal (extincin) as como a la ejecucin de la pena. Por tanto, la entrada en vigencia de una ley de amnista impide la iniciacin de un proceso penal; suspende a ste en cualquier estado en el que se encuentre y, si se hubiera dictado sentencia condenatoria, cancela todos sus efectos penales. 25

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Vase Expediente N 013-96-I/TC Vase Expediente N 013-96-I/TC Vase Expediente N. 679-2005-PA/TC

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El Tribunal Constitucional llega a la conclusin que si bien el Poder Legislativo tiene la atribucin de ejercer el derecho de amnistiar, es decir, olvidar el delito cometido por determinadas personas, produciendo los efectos de la cosa juzgada, ello no significa, que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnista violaciones a los derechos humanos (esto lo revisaremos ms adelante, con las presuntas autoamnistas), por cuanto la legitimidad de la Constitucin reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad, ya que la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada ni se encuentra exenta de control constitucional: En la medida en que la expedicin de las leyes de amnista constituye el ejercicio de una competencia jurdico-constitucional, su ejercicio se encuentra sujeto a lmites constitucionales. Se trata de una competencia constitucionalmente conferida al titular de la poltica de persecucin criminal del Estado y cuyo ejercicio, por tanto, debe realizar dentro del marco de la Constitucin Poltica del Estado.26 En funcin de todo lo descrito, el Tribunal Constitucional no solamente llega a la consideracin de que las Leyes de autoamnista N 26479 y N 26492 no slo son nulas y carecen de efectos jurdicos, sino que tambin carecen de efectos jurdicos, siendo tambin nulas, las resoluciones judiciales dictadas al amparo de las mismas; en su condicin de resoluciones judiciales nulas, se agrega, ellas no dan lugar a la configuracin de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artculos 102.6 y 139.13 de la Constitucin, en la medida en que no existe conformidad y compatibilidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitucin consagra. El Tribunal Constitucional, concluy que: las leyes de amnista N 26479 y N 26492 son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurdicos. Por tanto, tambin son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propsito de garantizar la impunidad de la violacin de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. En su condicin de resoluciones judiciales nulas, ellas no dan lugar a la configuracin de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artculos 102, inciso 6 y el artculo 139, inciso 13, de la Constitucin, en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitucin consagra.27 Segn el Tribunal Constitucional ha previsto en el artculo 139.13 de la Constitucin, siendo preciso y obligatorio que la ley de amnista no solamente deba ser vlida sino tambin constitucionalmente legtima. Lo quiere decir que una ley puede ser vlida pero no necesariamente legtima desde la perspectiva de la Constitucin: una ley de amnista no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de personas en particular, con exclusin de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedicin. Tampoco2627

Vase Expediente N. 679-2005-PA/TC Vase Expediente N. 679-2005-PA/TC

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la amnista puede Constitucin.28

fundarse

en

un

motivo

incompatible

con

la

Por lo que vemos y queda claro, es que, el Tribunal Constitucional, en ningn momento impide al Congreso expedir leyes de amnista. Por lo que es una mentira ms por parte de los legisladores, que tratan de mancillar y tener a los presos polticos en una condiciones inhumanas, y aislamiento absoluto de los miembros del Comit Central del Partido Comunista del Per. Queda claro esto.

LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LA AMNISTALa Legislacin internacional reconoce, recomienda y ampara las leyes de amnista principalmente para pases que hayan atravesado un conflicto interno. Hemos revisado que la amnista es la institucin jurdica que mejor recoge los elementos legales necesarios para arribar a una solucin poltica que contemple todos los intereses de la sociedad luego de finalizado un conflicto armado interno, ya que la amnista es aplicable solo a delitos polticos y cuando este conflicto ya concluy. La posibilidad de que dentro de un proceso de paz se concedan amnistas amplias se encuentra consagrada en el Derecho Internacional Humanitario, en el Protocolo II del 8 de junio de 1977, que adicion a los Convenios de Ginebra de 1949 en el numeral 5 del artculo 6 que dice: A la cesacin de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarn conceder la amnista ms amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.29 Asimismo, los precisos comentarios del Comit Internacional de la Cruz Roja sobre el referido instrumento internacional, sealan como una competencia propia de las autoridades del Estado el otorgar amnistas, agregando que el objeto de ello es estimular gestos de reconciliacin que puedan contribuir a reestablecer las relaciones normales en la vida de una nacin que ha estado dividida (prrafos 4617 y 4618). Diversos documentos internacionales sobre derechos humanos hacen nfasis sobre amnista. Lo que en la normatividad Internacional, la amnista, es reconocida cabalmente en el ordenamiento internacional sobre derechos humanos. Las leyes de amnista no son incompatibles con la Convencin Americana y mucho menos sta la suprime o limita el derecho de amnista. La Convencin Americana, que en su artculo cuarto dice que la amnista procede en todos los casos, sin excepcin: Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnista, el indulto o la conmutacin de la pena, los cuales podrn ser concedidos en28

Vase Expediente N. 679-2005-PA/TC Vase el Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccin de las vctimas de los conflictos armados sin carcter internacional, en el Ttulo II, Artculo 6, Inciso 5.29

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todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisin ante autoridad competente.30 La Organizacin de las Naciones Unidas, en el marco de la superacin de conflictos armados o de la transicin a la democracia, ha aceptado la adopcin de amnistas, indultos o medidas anlogas, como un concepto jurdico aceptado y una muestra de paz y reconciliacin al final de una guerra civil o de un conflicto armado interno Los argumentos internacionales de derechos humanos, y el Pacto de San Jos de Costa Rica, contemplan rotundamente el instituto de la amnista. Si nos circunscribimos al nivel interamericano, no hallamos una sola normativa expresa, obligatoria, de carcter vinculante, que prohba a un Estado otorgar la amnista. Existe, es cierto, una tendencia a limitar el uso de la amnista por parte de los Estados, como se nota en ciertos informes, sobre todo aquellos vinculados con la comisin de delitos atroces o gravemente violatorios de los derechos humanos. Pero esto es todava una opinin no dominante (ver Informe 28/92 de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos), y no tiene carcter vinculante.31 En este sentido, cabe deslindar entre las llamadas autoamnistas expedidas a favor de quienes ejercen el aparato estatal, y las amnistas que resultan de un proceso de reconciliacin y pacificacin con sustento democrtico y alcances generales. Las amnistas o indultos, en un comienzo, las concedan los gobiernos a sus opositores polticos, con el fin de restablecer la paz. Despus de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos dictatoriales comenzaron hacer un uso perverso de la amnista y ya no la concedan a sus opositores polticos, sino que se la entregaban a los funcionarios del propio gobierno que haban violado los derechos humanos, o a los grupos paramilitares que lo apoyaban y que tambin haban violado los derechos humanos, y su fin, ya no era buscar la paz sino impedir que se investigara y se dejara en la impunidad a los violadores de los derechos humanos. Esto ya no eran amnistas sino autoamnistas y la comunidad internacional y los Tribunales Internacionales no solamente las rechazaron sino que las prohibieron. En esto coincido con la comunidad internacional y como regla general rechazo las autoamnistas. Las autoamnistas son amnistas aprobadas por los responsables de violaciones de derechos humanos para evadir su responsabilidad. Los rganos de tratados de derechos humanos, los juristas y otros han criticado enrgicamente las autoamnistas, que por su carcter, son el eptome de la impunidad. El 16 de junio de 1995, el gobierno del Presidente Fujimori promulg la Ley de auto-Amnista (No. 26479) que concede amnista a los militares, policas y civiles que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasin o30

Vase Pacto de San Jos de Costa Rica Convencin Americana Sobre Derechos Humanos art.4.6. 31 Domingo Garca Belande, La Constitucin y su Dinmica, Publicado en Revista Jurdica del Per, Trujillo (Per), nm. 4, octubre-diciembre de 1995, p.82.

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como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980 (artculo 1 de la Ley No. 26479). Esta ley alcanza a todos los responsables de crmenes, as no hayan sido an individualizados, denunciados, procesados o investigados (artculo 6 de la Ley No. 26479). A esta ley de amnista le sigui otra Ley No. 26492, llamada "interpretativa", que obliga al poder judicial a aplicar la amnista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ya estableci en los casos Barrios Altos y La Cantuta que este tipo de autoamnistas no procede: que son inadmisibles las disposiciones de [auto]amnista, las disposiciones de prescripcin y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigacin y sancin de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 32 Por lo general estas leyes de autoamnista no se han emitido para estimular el retorno a la reconciliacin social o para reintegrar a los presos polticos, exiliados o refugiados, sino para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado evitar el enjuiciamiento de sus agentes.33 Pues no ha prohibicin de los tratados Internacionales ni de los Convenios Internacionales, de otorgar amnistas por parte de los Estados, y est acorde no slo con la Constitucin Poltica, sino que, est de acuerdo con los principios de derecho internacional como de los tratados y la costumbre internacional. El general no hay limitacin para la promulgacin de leyes de amnista general, que promuevan o estimulen el retorno a la reconciliacin social o para reintegrar a los presos polticos, exiliados o refugiados. Ya el Dr. Abimael Guzmn Reinoso deca refirindose a las sentencias de la Corte tratando las autoamnistas en los diferentes pases de Latinoamrica: Considera la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] que tales autoamnistas van contra el derecho a la justicia, al conocimiento de la verdad y la reparacin de daos. En sntesis no cuestiona la amnista como institucin, ni habla de carcter de delito poltico de sus sentencias.34

LOS PRESOS POLTICOS EN EL PERLa Constitucin Poltica del Per, no delimita la denominacin del delito poltico. Pero algunos tratadistas llegar a proferir sus opiniones al respecto del caso. El delito poltico y concede al legislador un amplio margen de configuracin normativa en relacin con dicho concepto y que histricamente se ha sealado que el delito poltico es un desconocimiento de la ley penal por accin u omisin cometido por mviles polticos, sociales o de inters colectivo dirigidos a la conquista y detentacin del poder,32 33

Corte I.D.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Corte I.D.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. 34 Abimael Guzmn Reinoso, De Puo y Letra, Impreso por MANOALZADA, Lima 2009, pp. 181-182.

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tendientes a cambiar el orden poltico, as como aquellos actos en contra de la organizacin y funcionamiento del Estado. El delito poltico tiene por esencia la motivacin y mviles de cambiar las condiciones polticas, econmicas y sociales. En este sentido sern polticos los delitos ejecutados con el propsito de mantenerse en el poder, de defenderlo de cualquier agresin, de conseguirlo, de transformarlo.35 En forma general, puede considerarse que el delito poltico es aquella infraccin penal cuya realizacin busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otro tipo de gobierno. Por lo que los acontecimientos perpetrados en nuestra guerra interna, son delitos de naturaleza poltica, que comprometieron al conjunto de la sociedad peruana: Unos por revolucionar el orden y otros por defenderlo. La seguridad nacional es una cuestin poltica. La base poltica determina la norma jurdica. Los delitos que se cometieron fueron delitos de carcter neta y absolutamente polticos. Y fue as porque el Per vivi un conflicto interno o guerra civil de dilatadas proporciones que se expandi a todo el territorio nacional e involucr a toda la poblacin peruana. Esto lo admite la propia CVR en su primera conclusin: El conflicto armado interno que vivi el Per entre 1980 y 2000 constituy el episodio de violencia ms intenso, ms extenso y ms prolongado de toda la historia de la Repblica. El argumento descalificador preferido contra la subversin marxistaleninista-maosta es que ellos cometieron crmenes de lesa humanidad y que cometieron genocidio. Lo real es que las sentencias contra la direccin del Partido Comunista del Per, no contempla ninguna de esas tipificaciones. El doctor Guzmn no fue juzgado por delitos de lesa humanidad. No hay juicio contra el Dr. Guzmn por delito de lesa humanidad. Esa es una mentira creada por toda esa chchara pueril de los medios de comunicacin al servicio de las clases explotadoras. Ms an, como lo esclareci el jurista Manuel Fajardo, cuando dijo que se le aplic ilegalmente y como gran aporte de la izquierda burguesa al Megaprocesola autora mediata, que no figuraba en el Cdigo Penal Peruano. Los prisioneros polticos del Per, ellos jams fueron terroristas, sino que, son comunistas revolucionarios que despojndose de todo inters personal entregaron lo mejor de su vida al servicio del ms grande movimiento social revolucionario en la historia de nuestro pas, al servicio del pueblo. Sus delitos son polticos. A consecuencia de acciones armadas subversivas que se desarrollaron desde inicios de la dcada del 80, se fueron estableciendo, una legislacin penal y procesal penal antiterrorista fuerte y radicalmente represiva y violatorio de los derechos fundamentales. Algunas de las figuras introducidas desde el autogolpe de Estado del Presidente Fujimori (5 de abril de 1992) vulneraban la Constitucin de 1979 y los Pactos Internacionales sobre derechos humanos, estableciendo, por ejemplo, el juzgamiento de civiles ante tribunales militares, la utilizacin de jueces annimos o sin rostro, la imposicin de la pena de cadena perpetua, la eliminacin de la evaluacin del grado de responsabilidad del autor y la35

Miguel ngel Afanador Ulloa, Amnistas e indultos: la historia reciente (1948-1992), Bogot, 1993, p.15

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mera apreciacin del resultado del acto delictivo, la restriccin del derecho de defensa y la severa afectacin del debido proceso. El sistema jurdico antiterrorista peruano es ilegal a los principios de justicia e inconstitucional por ser contrario a un Estado constitucional de derecho.36 Por ejemplo del llamado megaproceso, siendo un juicio por terrorismo, donde el Estado peruano reitera recalcitrantemente sobre el PCP, con calificaciones como organizacin criminal, cpula responsable de todas las acciones terroristas, etc. etc. etc., y todo dentro de su poltica reaccionaria en el proceso contra el terrorismo presentando satnicamente a los comunistas como enemigos irreconciliables del pueblo peruano a quienes hay que destruir y aniquilar, negando su condicin de seres humanos con derechos y dignidad. Por lo tanto, el aislamiento, ms an, el aislamiento absoluto y perpetuo, es la negacin de los derechos fundamentales, que se agrega a la privacin de la libertad de los prisioneros de guerra, apunta a reducirlos a la condicin de subhumanos y a destruir su esencia social de hombre, de seres humanos. Este es un plan de reduccin y aniquilamiento, sistemtico y sofisticado que el imperialismo ha creado para combatir la revolucin, destruyendo a los revolucionarios, principalmente a los comunistas, y que hoy est extendiendo a las naciones oprimidas. 37 Todos sabemos que, condiciones polticas, econmicas y sociales, llevaron al comienzo de una guerra revolucionaria en las dos ltimas dcadas del siglo pasado (mayo del 80), dicha guerra ya termin en setiembre de 1992, pero quedan problemas derivados que requieren ser resueltos polticamente, pensamos que la vigencia de legislaciones antiterroristas que se vienen aplicando como arma de guerra antisubversiva implic e implica la violacin de los derechos fundamentales de los prisioneros polticos a quienes no solo se les proces y conden sin respetar el debido proceso, sino que fueron ultrajados a condiciones inhumanas y rigurossimas de carcelera con lo que se busc eliminar humana como polticamente y que hoy se centra contra el Dr. Abimael Guzmn Reinoso, sometido a aislamiento absoluto y con negacin de sus derechos penitenciario. Ya el mismo lo remarcaba: El ser humano es un producto social, la sociedad lo crea, lo modela El hombre, siendo producto de la sociedad, es eminentemente social, no puede vivir al margen de ella porque se destruye su condicin esencial. 38

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La legislacin antiterrorista peruana, como la propia Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha sealado, establece procedimientos que violan derechos fundamentales garantizados por la Convencin Americana y la Declaracin Universal" La plasmacin de esta legislacin ha producido la detencin prolongada de una serie de personas inocentes. Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de 1993, Secretara General, Organizacin de los Estados Americanos, Washington, 1994, p. 513. 37 Vase El Hombre, Abimael Guzmn Reinoso escrito en el Penal Militar Base Naval del Callao, 1994/ 1995. 38 Vase El Hombre, Abimael Guzmn Reinoso escrito en el Penal Militar Base Naval del Callao, 1994/ 1995.

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A los presos polticos adems de que fueron vctimas de toda clase de irregularidades en el proceso penal que se les sigui en el juicio, cuando lo hubo-, no se les castig nicamente con las penas impuestas por el juez, con la privacin de su libertad. Se les mantuvo como rehenes y trofeos de guerra. Cuando algn grupo realizaba alguna accin militar, los primeros en ser secuestrados y castigados ilegalmente por hechos que ellos no haban cometido, eran los presos polticos pertenecientes a la organizacin que presuntamente haba realizado los hechos. Otro castigo permanente a que estuvieron sujetos consisti en la intencin de los directores del penal y de las policas polticas de quebrarles la voluntad y desmoralizarlos. Los presos polticos fueron sometidos a castigos prolongados de segregacin y de incomunicacin con sus seres queridos. En los penales eran llevados por meses a calabozos o celdas de castigo, por el nico motivo, de sus ideas polticas que se expresaron con el uso de la fuerza revolucionaria. A sus familiares y amigos que los visitaban se les someta a revisiones excesivas, degradantes y a un hostigamiento total; en ocasiones no se les permita el acceso o el ingreso de vveres y de literatura. Ms an, se les someti a vigilancia y espionaje por perodos prolongados y, a varios de ellos, se les someti a detenciones arbitrarias, a tortura y a desaparicin forzada. Cuntos peruanos han sido juzgados por cargos falsos, y mantenidos y recluidos indefinidamente? Acaso alguien ha olvidado esta historia? El en Per se siguen violando los derechos de los presos polticos y demandar su libertad de todos los presos polticos, no es apologa al terrorismo, sino que es un deber como peruano. El problema de los beneficios penitenciarios es expresin de un Estado de Derecho. Todos los sentenciados, por cualquier delito deben tener derecho y beneficios. Alan Garca Prez fue el primero que expoli los beneficios a los sentenciados por terrorismo. Veinte aos despus los vuelve a quitar y dice que l personalmente va a impedir que salgan en libertad, interfiriendo en los fueros del Poder Judicial presion a los jueces, convierte el derecho en venganza, queriendo imponer internamiento absoluto, cadena perpetua sin ley, sin sentencia, porque si dice yo voy a impedir que salgan entonces quiere decir que no van a salir nunca jams. No hay principio de legalidad en el Per? Apuntan a impedir las libertades de los prisioneros cuando ya cumplieron sus sentencias. No fue acaso esto una accin antidemocrtica de los presuntuosos democrticos? Lo mismo pasa con los medios de comunicacin (los Aldos Maritegui, los Rosa Mara Palacios, los Nicols Lcar, etc.) y sectores de la extrema derecha, como promotores de la exacerbacin de los nimos, de la proterva campaa negra oficial y meditica montada para oponerse a las libertades condicionales de los presos polticos, y organizaciones polticas, hacen anticomunismo macartista del calibre ms vil. Han armado campaa moviendo las ms bajas pasiones atizando espritu de venganza, reeditando las posiciones ms retardatarias de la historia, alentando la persecucin por ideologa. Es tal extremo el odio de esta prensa terrorista peruana. Ya Elena Iparraguirre apunta en ese mismo sentido: La parte ms recalcitrante de la reaccin peruana reaviva los momentos ms negros de la historia de la humanidad al no tolerar las ideas cuestionadoras de lo establecido, por eso persiguen a los marxistas-leninistas-maostas del Per, pretenden

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desaparecer al PCP y extinguir a sus componentes, familiares, abogados, amigos o simpatizantes. Esto es ignominioso, las ideas se combaten con ideas no con represin. La ilegal negacin de los beneficios penitenciarios a la que una vez ms recurre el actual gobierno contra los presos polticos, esta negacin de derechos es parte de la poltica restrictiva y represiva que el gobierno aplica contra los hijos del pueblo peruano. Ultrajan los derechos de los prisioneros polticos, lo que es la aplicacin del Brgerstrafrecht und Feindstrafrecht39, del que tanto nos ha hablado Gnther Jakobs, por eso siendo personas no se le considera como tales, sino enemigos sin derechos a quienes hay que destruirlos, aniquilarlos y hundirlos en prisin por siempre y en las peores condiciones posibles. No olvidemos de la liberacin condicional de la Seora Lori Berenson, donde el mismo Estado y los medios de comunicacin, desataron una abyecta campaa negra contra los prisioneros polticos, con el presuntuoso rebrote terrorista; donde los grupos y la faccin derechista ms recalcitrantes de la reaccin peruana atizada y movida por sus intereses polticos y econmicos no vacilaron en seguir dirigiendo su campaa contra los prisioneros polticos y se levantaron para impedir sus libertades al haber cumplido sus sentencias tras largos aos de prisin. Acaso los presos polticos no tienen derecho a la libertad e incorporarse a la vida social cotidiana? En el campo poltico, aplican la poltica represiva, negacin de los derechos fundamentales, no quieren ver los cambios de la realidad, persiguen libros, persiguen movilizacin con banderas rojas con la palabra amnista, promueven linchamiento y discriminacin por ideas polticas y quieren modificar la ley de apologa que es inconstitucional, pues, la Constitucin dice que no hay persecucin por razn de ideas o creencias y que no hay delito de opinin. Se sigue manteniendo toda la legislacin anti-subversiva, y continuando la cacera de brujas iniciada contra todos los que tomaron parte durante el conflicto armado. Cuando un preso poltico, una vez cumplida su pena y quiere ejercer la actividad poltica en el Per, resulta que puede verse de nuevo entre rejas por ejercer sus derechos fundamentales. Entonces, es una forma de negar el derecho de lucha de la gente. Usted no puede protestar porque aunque en el papel, en la Constitucin, existe ese derecho, en la prctica concreta jurdicamente no existe. Esta es la realidad.39

Vase a Gnther JAKOBS, Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo. Traducido por CANCIO MELI, Manuel. En: JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Derecho Penal del Enemigo. Madrid: Civitas, 2003. -Cmo define el "derecho penal del enemigo"? -Es un fenmeno que se da en todos los ordenamientos jurdicos de los pases occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesin posterior tarda. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenmeno se da en el mbito procesal, especialmente con la restriccin de algunos mbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalacin de micrfonos o instrumentos para escuchas telefnicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una nocin descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democrticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relacin jurdica entre ciudadanos. Por Sebastin Dozo Moreno en www.lanacion.com

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El Estado peruano aplicando la poltica ms reaccionaria, utiliz para perseguir a los grupos nacionales opositores, la primera fue la de penalizar derechos civiles y polticos; otra fue la inventarles delitos utilizando la legalidad como mascarada. Un gran ejemplo fueron los 7 activistas del Movadef detenidos ilegalmente por la Dircote, haciendo creer al pblico que estaban haciendo apologa al terrorismo. Por lo que se debe descriminalizar la protesta social del pueblo, porque cuando cualquier movimiento social explota en cualquier regin, la tachan de terroristas, de sembradores de violencia que quieren traer abajo el gobierno de Humala. Y no es curioso que la prensa de la derecha poltica en Per comience a hablar de los movimientos sociales, exaltando el viejo discurso de llamarlos terroristas y acompaar su nota con viejas mentiras histricas. La liberacin de algunos presos polticos en el gobierno de Valentn Paniagua fue una medida positiva, pero la reforma estatal, largamente requerida por el pueblo peruano, del represivo aparato judicial y de seguridad sigue sin producirse. Por lo que la liberacin de presos polticos es slo uno de los barmetros de la seriedad del gobierno sobre un cambio a la supuesta inclusin social. Los presos polticos siguen recibiendo unos tratos inhumanos y degradantes. La libertad de los presos polticos y la reintegracin a la vida civil, son requisitos indispensables para formar una sociedad inclusiva. Si el gobierno nacionalista, bajo el timonel de Ollanta Humala Tasso, est decidido a demostrar su compromiso para la inclusin social, este debe ser tan slo el primer paso hacia la liberacin, lo antes posible, de todos los presos polticos y en particular de Dr. Abimael Guzmn Reinoso. Por lo que es ilegal la supresin de todos los derechos fundamentales del Dr. M Abimael Guzmn Reinoso, quien con 77 aos de edad sigue en aislamiento carcelario absoluto y perpetuo, desde hace 19 aos. Despus de un proceso arbitrario e indebido, fue condenado a cadena perpetua, y se encuentra retenido como rehn en una prisin militar, en la Base Naval del Callao en condiciones inhumanas.40 Este Estado peruano sometido a un rgimen policiaco y militar, en el cual interna ilegalmente en sus crceles ms de 300 presos polticos: algunos encarcelados desde hace 19 aos como Elena Iparraguirre Revoredo, condenada con toda impunidad a la perpetuidad, por haber luchado por un orden democrtico de justicia, bienestar social y popular. Los dirigentes del Estado peruano pisotean el sistema jurdico, las leyes y los acuerdos internacionales, y hacen caso omiso las decisiones de la ONU y de OEA. Ellos persisten en imponer; por el contrario; leyes y tribunales de excepcin, suprimiendo a los prisioneros polticos los derechos carcelarios.

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Y dentro del conjunto de libertades que deben de darse de los presos polticos y prisioneros de guerra, primersima importancia tiene obviamente, la del mximo revolucionario comunista del mundo como es el Dr. Abimael Guzmn Reynoso. Entonces, cualquier viento que trate el problema con amnistas incompletas particulares o centradas en una determinada persona no es lo ms conveniente ni adecuado para lo que el Per necesita, porque el Per necesita una amnista general. Manuel Fajardo Cravero en la entrevista de Servando Huanca, en el Viejo Topo Jueves, 15 de septiembre de 2011.

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El gobierno ollantista lejos de ser sensible a las sugerencias de los presos polticos, de sus familiares y del pueblo peruano, favorable a una poltica de reconciliacin, con una solucin poltica, y una amnista general; ellos acentan la confrontacin, la persecucin, el encarcelamiento, la supresin de derechos carcelarios. Recurre al aislamiento carcelario absoluto en prisiones militares, ellos pretenden aniquilar progresivamente la fuerza, la esperanza y la vida de las presas y los presos polticos tratando de rebajarlos a cero. En Concreto el gobierno actual (el ollantismo), marginando y dejando de lado la problemtica de los prisioneros polticos, de los requisitoriados, exiliados, expatriados, de los desaparecidos y desplazados. El Estado peruano no da muestras de voluntad poltica de resolver estos problemas latentes de la sociedad peruana. Sigue manteniendo a los presos polticos como rehenes de la democracia y como trofeos de guerra. El gobierno del Per defiende su rgimen policiaco y militar, negndose de restablecer plenamente al estado de derecho en Per, a restablecer los derechos democrticos del pueblo. En lugar de aceptar una solucin poltica, para poner fin a un perodo de odio y de venganza, con una Amnista General, l mantiene el conjunto del rgimen policiaco y militar, decretando de atentar al derecho a la vida. Tiene mucha razn cuando nuestro compaero Alfredo Crespo dice que: La justicia no es solamente crcel, en el Per todo lo vemos crcel, nos hemos vuelto carceleros, crcel para el ministro, crcel para el profesor, crcel para el polica, crcel para el presidente, todo queremos meter a la crcel, un estado policiaco, carcelario, necesitamos una solucin poltica, una reconciliacin nacional41 Estos mismos hechos descritos son los que estn martillando y carcomiendo a la sociedad peruana, y lo nico que puede ahorrarnos esos intentos vanos, son una solucin poltica y Amnista general y Reconciliacin Nacional. He ah vuestra salvacin como nacin, como pas y como pueblo.

LA GUERRA INTERNA Y LA AMINISTA GENERALEl conflicto armado desarrollado en el Per, fue un fenmeno social eminentemente poltico, econmico y cultural, que comprometi y se vio inmersa toda la sociedad peruana en general en los aos 80s y comienzos de los 90s. Las causas estructurales que originaron o generaron la guerra popular o conflicto armado, tales como injusticia, explotacin, inequitativa distribucin de la riqueza, falta de igualdad social y econmica, exclusin poltica, corrupcin de las clases polticas, as como el desmonte de los mecanismos de represin y entre otros, que no son ni siquiera analizados por este Estado. Para ver la causa que dieron origen a la lucha armada, es necesario recordar brevemente las condiciones en las que se desenvolvi la sociedad peruana a fines de los aos setenta del siglo pasado, donde las dos terceras partes de los peruanos no tenan satisfechas sus necesidades bsicas: alimentacin, salud, vivienda, educacin, trabajo,41

Entrevista de Augusto Thorndike a Alfredo Crespo en Buenos das Per. Noviembre de 2011.

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muy en especial es ver la situacin del campesino principalmente pobre sometido al hambre, la miseria, el atraso, la postergacin y la ignominia, sometido a un modo de produccin semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrtico. Durante todo el siglo XX el Estado no ha satisfecho las necesidades bsicas establecidas en el artculo 25 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, ni respetado los derechos fundamentales sealados en la Constitucin. Por todo eso a lo largo de los ltimos cien aos el camino del pueblo y el camino antipueblo han estado enfrentados. En las dcadas del 60 y 70 del siglo XX el pueblo peruano se hallaba soportando profunda crisis, hundido en creciente pauperizacin, hambre, miseria, ausencia de derechos, ultrajes, haciendo insostenible la situacin, generando una creciente protesta popular expresada en movilizaciones y luchas principalmente campesinas, el ascendente movimiento huelgustico del proletariado y del movimiento popular en general, producindose una crisis poltica en bases y cimientos mismos del Estado. En esa coyuntura casi todas las organizaciones de izquierda planteaban la necesidad de la revolucin como nica salida, sin embargo slo el PCP dirigido por el Dr. Guzmn Reinoso asumi la decisin de concretarla y lo hicieron. La coyuntura descrita explica, la duracin y tambin, el porqu la guerra popular (como lo denomina el PCP) alcanz dimensin nacional y gran repercusin internacional, lo que no se hubiera logrado, si no hubieran contado con un amplio apoyo de las masas populares, est realidad implcitamente tambin es reconocida por la CVR. 42 El movimiento revolucionario, o sea, la guerra popular librada por el PCP, fue una guerra poltica por la defensa de los sectores ms desfavorecidos, por promover la transformacin radical de la sociedad por una ms justa y humana. Lo que tomar las armas y hacer la revolucin en un momento histrico definido, es una accin profundamente poltica y legtima como respuesta a la violencia que impone el Estado opresor con sus mtodos antisociales de explotacin y negacin del ser humano. No es posible estar contra esta expresin de autodefensa que los pueblos revolucionarios escogen y optan como medida para salir de la miseria humana, como tampoco no es posible negar el costo y el dolor que estas expresiones sociales imponen con la lucha. Cerrar los ojos a esta realidad y calificarla de terrorismo, no es ms que la miopa del Estado peruano, a no reconocer su responsabilidad dentro de dicho acontecimiento. La mismsima CVR confirm que el conflicto armado interno que vivi el Per entre 1980 y el 2000 constituy el episodio de violencia ms intenso y ms prolongado de toda la historia de nuestra repblica. Asimismo que fue un conflicto que revel brechas y desencuentros profundos e intensos en la sociedad peruana. La CVR afirma que el conflicto armado abarc una proporcin mayor del territorio nacional que cualquier otro. y lleg a involucrar a la generalidad de la sociedad peruana. Asimismo, Amnista Internacional, tambin consider que lo que ocurri en el Per desde 1980 fue un conflicto armado interno, ya en su publicacin de mayo del 2003 deca: "En 1992, el conflicto armado42

Vase Solucin Poltica, Amnista General Y Reconciliacin Nacional, Mocin presentado por el Movimiento Popular de Control Constitucional en un encuentro de organizaciones populares

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interno entre el Estado peruano y los grupos armados de oposicin, que haba visto crecer sin cesar la violencia desde principios de los 80, haba alcanzado un nivel sin precedente, en que la mayora de la poblacin se vea afectada por el estado de emergencia. 43 No se puede negar que lo que hubo en el Per fue una guerra interna entre el PCP y el Esta