ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN COLOMBIA

Anlisis Temtico de Coyuntura Nacional

Octubre de 2013

Introduccin

I. La situacin actual del contesto de las conversaciones de paz

II. Avances de la Ley 1448 de 2011 de Vctimas y Restitucin de Tierras.

III. El modelo de desarrollo econmico extractivista exportador: impactos sobre los bienes naturales y las resistencias sociales.

IV. Anlisis de la agenda legislativa colombiana: segundo semestre de 2013.

V. Coyuntura preelectoral y participacin poltica

Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.

2

Introduccin

El equipo del ADI (rea de Desarrollo Institucional) del Secretariado Nacional de Pastoral

Social, presenta a las Critas que conforman el Grupo de Trabajo por Colombia (GTC) este

documento de anlisis, que tiene como objetivo aportar una mirada crtica a los temas de

coyuntura nacional desde las realidades que viven las comunidades que acompaamos y desde

los espacios de debate nacional en los cuales hace presencia el equipo.

Este documento retoma los temas presentados en el anlisis temtico del mes de junio, los

cuales siguen estando vigentes y, consideramos, merecen una actualizacin para no perder el

hilo de los acontecimientos de este ao 2013.

Primero, se presentar una actualizacin de las negociaciones de paz con la guerrilla de las

FARC EP. Mesa de negociacin en la que actualmente se aborda el segundo punto de la agenda temtica: la participacin poltica, tema que ha generado nuevos debates y tensiones de

cara a la opinin pblica nacional por la posibilidad de que miembros de la insurgencia puedan

ser partcipes del escenario poltico.

Segundo, se presentar la actualizacin del tema de la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras.

En el tercer punto se actualizarn los debates en torno al tema de las implicaciones de un

modelo de desarrollo basado en la extraccin, con base en la informacin recopilada por el

equipo en los anlisis de realidad y en las investigaciones adelantadas.

Cuarto, se presenta un balance de la agenda legislativa colombiana durante el segundo semestre

del presente ao.

Por ltimo, introdujimos el tema de escenarios preelectorales, un nuevo tpico que tendr un

importante espacio en los anlisis del ao 2014 debido a las elecciones presidenciales y

legislativas, lo que reconfigura el escenario poltico y la agenda pblica de los prximos aos.


3

I. La situacin actual del contexto de las conversaciones de paz

Las delegaciones del gobierno y de la guerrilla de las FARC - EP se encuentran negociando en

la Habana el punto dos de la agenda, referente a la participacin poltica. En este captulo se

incluyen tanto las garantas y condiciones para la participacin poltica de los miembros de la

insurgencia que busquen participar en las instancias de la democracia, como una revisin de la

legislacin referente al modelo electoral, el acceso a los medios de comunicacin por parte de

partidos polticos, la financiacin de campaas electorales, entre otros.

Estamos frente a un punto particularmente controversial. Ya que el debate se ha concentrado en

la posibilidad que miembros de la guerrilla puedan participar en poltica, incluso aquellos que

tengan responsabilidades e investigaciones formales frente a crmenes de lesa humanidad.

El debate tiene una faceta jurdica y otra poltica. La jurdica est estrechamente relacionada con

el margen de accin que tenga el Estado colombiano frente a sus compromisos con la

legislacin penal internacional, particularmente el Estatuto de Roma.

La discusin poltica se centra en la aceptabilidad de la opinin pblica de este posible

escenario, en donde el pas vea un grupo de representantes excombatientes participando en los

escenarios que permite la democracia colombiana.

Finalmente, un bloque de la opinin pblica, as como grupos polticos, han planteado la

posibilidad de una pausa en las conversaciones de paz. Esto, para evitar la politizacin del

proceso de paz en medio del debate electoral colombiano, debido a que en el 2014 el pas tendr

dos elecciones fundamentales: las del poder legislativo y las presidenciales.

Ciertamente, la posibilidad de reeleccin del actual presidente Santos es viable jurdicamente,

pero su viabilidad poltica inevitablemente est relacionada con el xito en las conversaciones

de paz, dado el capital poltico que el gobierno ha invertido en las conversaciones con las

FARC.

La oposicin poltica al proceso de paz ha tenido unos meses de gran visibilizacin en la

opinin pblica, lo cual se suma a un ambiente en donde esta ltima pide se anuncien

pblicamente los avances en las negociaciones, lo que no se ha dado en las ltimas semanas.

Analizando esa posibilidad de cesacin de las negociaciones, es bueno recordar que en

experiencias pasadas, cuando se propusieron pausas en los dilogos de paz que se emprendieron

estos se han visto congelados e incluso finalizados. Como sucedi en los aos 80 con la

experiencia de Casa Verde con las FARC, y en los 90 nuevamente con el paso de los dilogos

desde Caracas a Tlaxcala en Mxico.

En contraposicin, hay muchas voces en el sentido de no pausar los dilogos de paz. Para

blindar el proceso, que debe ser entendido como un propsito nacional independiente de las

dinmicas electorales, se ha pedido a la mesa de conversaciones que se brinde un informe

completo al pas de los avances actuales en la mesa. Por otro lado, tambin se ha convocado un

acuerdo nacional, que involucre todos los partidos polticos, en donde haya un compromiso

pblico a no cesar este escenario de paz, que ciertamente es una opcin viable e importante para

Colombia, en medio de las obvias tensiones que un proceso de este talante conlleva.

En este complejo escenario, podemos retomar a Len Valencia cuando dice que Las FARC-EP

necesitan vislumbrar el espacio poltico que tendrn en su ingreso a la vida civil y quieren


4

absoluta claridad sobre el tema de Justicia Transicional1; puntos importantes de la agenda que si

logran acordarse es posible firmar un acuerdo definitivo para el fin de las hostilidades entre el

Estado y las guerrillas de las FARC-EP.

II. Avances de la Ley 1448 de 2011 de vctimas y restitucin de tierras

Anlisis general de la ley de victimas

La ley 1448 de 2011 es el resultado de consensos parciales sobre las vctimas del conflicto

armado interno y un esfuerzo de algunos sectores por armonizar con los estndares

internacionales, teniendo por objeto un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales

y econmicas, individuales y colectivas, para que se dignifique con la materializacin de sus

derechos constitucionales.

Dicha Ley ha establecido cinco medidas de reparacin para las vctimas del conflicto armado

interno: 1. Restitucin, 2. Rehabilitacin, 3. No repeticin, 4. Indemnizacin, 5. Satisfaccin;

las cuales contemplan un conjunto de garantas que pretenden materializar los derechos

fundamentales de las vctimas: verdad, justicia y reparacin integral. Constituyendo un avance

en el pas, en materia de reconocimiento de las afectaciones de los derechos de las vctimas y en

teora jurdica civil de transicin, puesto que:

Estas medidas se justifican a partir de cuatro razones: una basada en principios de justicia distributiva, otra relacionada con la insuficiencia de una propuesta de justicia

puramente correctiva, una tercera basada en elementos de eficiencia econmica, que

recomiendan otorgar un lugar importante a la economa campesina y de las

comunidades tnicas y, finalmente, una sustentada en la convivencia poltica debido a la

razonable relacin que existe entre equidad agraria, paz y democracia poltica (Sanchez, 2010).

Sin embargo, a pesar que la Ley de Vctimas se enfoca en la justicia correctiva, haciendo

esfuerzos por devolver las cosas a su estado anterior, subsanando parcialmente las afectaciones

materiales y subsidiarias que contempla la misma, enfrenta varias dificultades:

1. Implementacin en un contexto de continuidad del conflicto armado, caso nico en el mundo.

2. En un pas donde el ndice GINI de propietarios de la tierra es el ms alto del mundo 0.87, lo

que representa que un 78% de propietarios tiene un promedio de 10.5 hectreas y el 52% del

rea de territorio nacional es propiedad del 1% (Informe Colombia rural 2011. PNUD).

3. No trata, ni desarrolla, los temas de la justicia distributiva, lo que la Comisin de seguimiento

de la Poltica Publica de desplazamiento forzado ha denominado la falla de redistribucin respecto de este tipo de justicia como de los criterios de productividad, rentabilidad e insercin

econmica y como actor fundamental del modelo de desarrollo regional, nacional y mundial.

As mismo presenta una falla de reconocimiento por no reconocer al campesino como clase, como proyecto cultural nacional, como ciudadano de derechos y como actor poltico de un pas

agrario sin agro (Carlos Salgado, 2009).

4. La necesidad de una pedagoga de la Ley para que sea apropiada por los ms de cinco

millones de vctimas a quienes la sta reivindica. A este respecto se conoce que apenas el 61% de las mujeres jefes de hogar y el 56% de los hombres jefes de hogar desplazados han

1 En: http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-leon-valencia-la-habana/360693-3


5

completado la primaria y que menos del 5% cuenta con algn tipo de educacin superior o

tcnica. Esto para indicar el reto de que las vctimas conozcan las medidas de reparacin de la

Ley (Ministerio Educacin, 2013).

Principales desafos de la ley segn su implementacin a 2013:

a. Resultados exiguos en el proceso de restitucin de tierras

La Comisin de seguimiento de la Poltica Publica de desplazamiento forzado (Garay 2011)

estima que entre el ao 1980 y julio de 2010 se habran abandonado y/o despojado de manera forzada, como consecuencia del accionar sistemtico de algunos grupos violentos legales e

ilegales, cerca de 6,6 millones de hectreas, lo que representa el 15,4% de la superficie

agropecuaria de todo el pas, y el gobierno nacional ha establecido como meta 2.345.245 hectreas, con lo cual se podra concluir que existira un saldo en rojo que no se cubrira en la

vigencia de esta ley a junio 2021, cerca de las 2/3 partes de esta cifra.

Adicionalmente, las cifras de restitucin logradas al mes de junio de 2013, indican serias

debilidades en las etapas administrativa y judicial del proceso de restitucin de tierras. El

siguiente cuadro permite hacer la inferencia2:

Etapa administrativa Etapa judicial

Solicitudes

ingresadas

para

Registro

de Tierras

N de hectreas que

representan las

solicitudes

ingresadas

N de

Solicitudes

que han

presentado

demanda

Demandas

judiciales

que han

derivado en

sentencias

N de

hectreas a

restituir

segn

sentencias

Restituciones

materiales

hechas

Tierra

entregada

segn

restitucin

material3

43.590

2.915.687 hectreas

1.560 128

12.141,6

Es imprescindible cuestionar qu pasa con el excedente entre una etapa y la otra, si el nmero de

solicitudes de restitucin presentadas ante la Unidad de Restitucin de Tierras URT- es de 43.590 y el nmero de solicitudes de demandas judiciales es de 1.560, qu pasa con casos

restantes? Qu situacin jurdica presentan?, estos requerimientos faltantes de anlisis y de

informacin representan cerca del 90% del universo de los casos.

Por otra parte, el gobierno considera restitucin al proceso de otorgamiento y legalizacin de

ttulos de predios, as como a las restituciones materiales, no obstante no hay informacin

oficial sobre las restituciones materiales que den cuenta que las personas ya estn haciendo uso

de sus tierras.

Las medidas de post-restitucin tampoco se observan efectivas, a pesar que el gobierno ha

manifestado que 300 familias campesinas, hasta la fecha, se han beneficiado de las medidas de

restitucin y post-restitucin, se identifica en lo local las siguientes tensiones:

+ Especulaciones sobre las sumas de dinero por indemnizacin que reciben las familias

restituidas, creando una expectativa social que puede ser utilizada por los actores armados del

conflicto y las BACRIM, en diferentes modalidades delictivas y de re-victimizacin.

+ Nuevos conflictos en las restituciones de las tierras por anteriores poseedores, ocupantes de

buena fe, terceros y/u opositores de buena y de mala fe.

2La informacin contenida en el cuadro, se extrae de informe a junio de 2013 de la Unidad de restitucin de tierras.

Consultado 28-05-13. http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=386 3No hay informacin oficial sobre la cantidad de tierra entregada segn restitucin material.


6

+ Falta de financiamiento, asesoramiento y tecnificacin sostenida para proyectos agrarios

vigentes en un tiempo considerable de auto-sostenibilidad y equilibrio ambiental, que permita

superar el asistencialismo prevaleciente en esta poltica pblica.

Balance de los actores generadores de despojo4:

Actores armados generadores del

despojo y / o abandono de tierras

Solicitudes de ingreso al registro de tierras

despojadas y /o abandonadas

Guerrillas: 36.25% 12.995 solicitudes de ingreso

Paramilitares: 32.46% 11.636 solicitudes de ingreso

Bandas Criminales Bacrim: 0.87% 311 solicitudes de ingreso

Testaferros y otros: 30.42% 10.904 solicitudes de ingreso

100% 35.846 licitudes de ingreso

Los testaferros, como actores que se mueven entre la ilegalidad y la legalidad, son personajes

grises que permanecen en la sombra permisiva. Segn artculo de prensa en la versin en lnea

del diario nacional Eltiempo.com, La Comisin de seguimiento de la Poltica Pblica de

desplazamiento forzado, est avanzado en un informe sobre el tema, en el que segn este diario,

se hicieron 67 cruces de variables de despojo como caducidad administrativa y se encontr que este es un caso de un gran concierto para apropiarse de tierras, en el que particip gente del

INCORA (antiguo Incoder) y del INCODER(Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), de

oficinas de instrumentos pblicos, de notaras y hasta de inspecciones de polica. El estudio, que se plasmar en una publicacin, ser entregado a la Unidad de Restitucin de Tierras y a la

Fiscala para que se inicie la recuperacin de predios.

Desafos frente a la institucionalidad y la coherencia normativa de la ley

Por tratarse de una ley de justicia transicional, requiere para el desarrollo de las medidas

administrativas y judiciales, contar con funcionarios que manejen este enfoque, y se debe decir

que en Colombia son pocas las instituciones de educacin superior o tcnicas que desarrollen

proceso de enseanza en temas transicionales y agrarios.

Por otra parte, 17 jueces civiles de circuito son insuficientes para atender las demandas de

restitucin, a esto se suma, la falta de funcionarios vinculados en el nivel local y regional a las

unidades territoriales de atencin a vctimas y de restitucin de tierras.

Adicionalmente, en el sistema judicial colombiano ha prevalecido la falta de agilidad de los

procesos judiciales, la falta de credibilidad en esta institucin judicial y la prevalencia de

impunidad; y tratndose de justicia transicional, la experiencia con la Ley de Justicia y Paz

(975/05) no ha dado credibilidad y eficacia a las victimas luego de 8 aos.

Seguridad de los reclamantes de tierras

La ley de vctimas no contempla soluciones efectivas a las diferentes modalidades y nuevas

violencias que subsisten en los territorios restituidos por esta ley. Al respecto, en lo que va

corrido del ao se han registrado por lo menos 7 muertes a lderes reclamantes de tierras y cerca

de 700 lderes amenazados, la mayora de los casos presentados en Crdoba, Cesar, Antioquia y

Choc, segn lo reportan importantes medios de comunicacin como la revista Semana, El

Espectador y El Tiempo entre el segundo semestre del 2012 y lo que va del 2013. Sobre este

4 Ibid.


7

tema el informe de defensores y defensoras de DDHH 2013 es ms alarmante al respecto,

prueba de lo anterior es la ltima vctima reportada el da 6 de octubre de 2013 en la plaza

principal del municipio de los Palmitos (Sucre) el representante de la mesa de victimas el Seor

Carlos Olmos Crdenas. Haciendo de este tema el principal en la agenda de las vctimas.

Prolongacin y agravamiento de la situacin humanitaria de la poblacin vctima del

conflicto armado que est por fuera de las zonas focalizadas, para el proceso de restitucin

de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011.

El gobierno nacional, ha determinado la macro y micro focalizacin de las zonas que

inicialmente sern objeto de procesos de restitucin de tierras, esta determinacin la hace el

Consejo de Seguridad Nacional, quienes evalan las condiciones de seguridad en la zona. Si

bien es necesario contar con las condiciones de seguridad para que las vctimas que solicitan la

restitucin de sus tierras vuelvan a stas, se requiere la presencia efectiva de las instituciones

estatales y el acceso real a la oferta institucional general y la particular para las vctimas del

conflicto.

III. El modelo de desarrollo econmico extractivista exportador: impactos sobre los

bienes naturales.

Con el 0.7% de la superficie continental, Colombia posee cerca del 10% de la biodiversidad del

mundo, siendo uno de los pases con mayor nmero de especies de plantas y animales, as como

grandes porcentajes de territorios ricos en minerales, hidrocarburos, agua, ecosistemas nicos

como la Amazonia y el Darin, zonas de pramo que surten el 70% del agua que consume el

pas5, parques nacionales naturales, reas protegidas regionales y municipales, reservas de

sociedad civil, humedales de inters internacional (RAMSAR por sus siglas en ingls) y

territorios declarados por la UNESCO como zonas de reserva biosfera6. Adicionalmente, el pas

se caracteriza por su riqueza tnica y cultural: Actualmente hay 102 pueblos indgenas que representan 1.400.000 personas (de los cuales slo 87 estn reconocidos por el Estado) y cerca

de diez millones de personas son afrodescendientes7.

Por el gran dinamismo que tiene actualmente el sector minero energtico es difcil determinar

cuntas hectreas estn siendo realmente exploradas, explotadas y/o solicitadas. Segn datos de

la Contralora General de la Repblica, a finales de diciembre de 2012 haban sido suscritos

9.400 ttulos mineros, en un total de 5.6 hectreas. Se estima que en la actualidad existen ms de 19 mil solicitudes mineras [abril de 2013] por resolver () se puede sealar que en el pas las reas con inters minero abarcan cerca de 40 millones de hectreas de las 114 millones de

hectreas que conforman el territorio continental 8. Por su parte, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, a travs del Observatorio de Realidad, ha identificado que cerca del 91% de las

5 Colombia cuenta con el 60% de los pramos del mundo, con ms de 300 pramos reconocidos, en un

total en un total de 1 milln 932 mil hectreas, de las cuales 108. 972 han sido concesionadas para la

explotacin de minerales. 6 Colombia cuenta con cinco zonas de reservas bisferas: Seaflower (San Andrs, Providencia y Santa

Catalina), declarada en el ao 2000; la Sierra Nevada de Santa Marta (Sierra Nevada, parque Tayrona y el

Santuario de Flora y Fauna los Flamencos), declarada en 1979; la Cinaga Grande de Santa Marta declara

en el 2000; El Tuparro declarada en 1980; y El Cinturn Andino declarada en 1980. 7 Cceres Aguirre, Alirio, 2012, A cielo abierto: hacia un discernimiento ecoteolgico de las gracias y

desgracias de la minera en Colombia. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre economa

extractiva, derechos humanos e identidades religiosas. 8 Garay, Luis Jorge (Director), 2013, Minera en Colombia: fundamentos para superar el modelo

extractivista, Contralora General de la Repblica.


8

jurisdicciones (JE) del pas tienen en sus territorios algn tipo de explotaciones de ms 25 tipos

de bienes naturales que son comercializados.

Estas actividades estn afectando los territorios colectivos indgenas y afrodescendientes, tema

en el cual el Observatorio ha identificado que en 41 JE se percibe que la afectacin principal de

estas actividades recae directamente en dichas poblaciones con impactos como el

desplazamiento, la prdida de vocaciones econmicas, el aumento de la pobreza y miseria, el

aumento del alcoholismo, la drogadiccin y la prostitucin, entre muchos otros.

Adicionalmente, se estn afectando las zonas ecolgicamente protegidas, ya nombradas, a causa

de la contaminacin de suelos, aguas y aire; segn datos del Observatorio de Realidad 30 JE dan

cuenta de explotacin en zonas protegidas.

Esta realidad ha volcado a las comunidades afectadas, as como a diversos sectores de la

sociedad civil, entre ellos la Iglesia Catlica, a pronunciarse y actuar frente a la devastacin

ambiental y la enorme afectacin social por el escaso impacto social en el desarrollo humano de las regiones mineras9 y en general de todo el territorio nacional. Esta nueva conciencia social est generando diversas luchas y movilizaciones que estn marcando una forma diferente

de concebir los bienes naturales donde la tica, el bien comn, la Madre Tierra, el buen vivir y

la bsqueda de un desarrollo humano, integral y solidario marcan el camino de un creciente

movimiento latinoamericano que propende por un cambio de modelo de desarrollo econmico

donde la dignidad de la persona y la defensa de sus derechos sean los pilares fundamentales.

El Observatorio ha identificado que en 35 JE se han llevado a

cabo procesos de resistencia frente al incremento de la

actividad extractiva por el deterioro de las condiciones de

vida de las poblaciones. Una muestra de ello son las cifras

oficiales del DANE (Departamento Nacional de Estadstica)

que dan cuenta que en los municipios donde se ha llevado

acabo la explotacin de recursos por dcadas, las necesidades

bsicas insatisfechas de las poblaciones son cada vez ms

altas.

Uno de los principales conflictos minero energticos de los ltimos aos es el generado por el Proyecto Hidroelctrico El

Quimbo en el departamento del Huila, zona en la que confluyen un alto nmero de

hidroelcricas y proyectos petroleros, que han movilizado no solamente a campesinos sino a

indgenas y pobladores urbanos de toda la regin centro del pas por la grave afectacin

ambiental y social. En esta ocasin, la poblacin ha sido fuertemente amilanada por oponerse al

desarrollo de dichos proyectos, algunos de ellos en manos de una empresa italo-espaola y otra

China, por afectar las zonas agrcolas ms productivas de la regin, la pesca artesanal de miles

de pobladores, intervenir una de las principales arterias fluviales del pas (el Ro Magdalena),

desconocer quiz la zona arqueolgica ms importante de Colombia y obligar al desplazamiento

de un alto nmero de personas.

En esta ocasin la Iglesia ha estado acompaando de cerca a las comunidades afectadas y

propiciando el dilogo con entes territoriales para que se escuchen los clamores del pueblo. Un campesino al que yo le pregunte: por qu se dejaron sacar tan fcil?. El campesino mirndome

con tristeza [me dijo]: Padrecito nosotros sabemos pescar, pero no sabemos luchar. Cranme

9 Comunicado Conferencia Episcopal de Colombia, La realidad minero energtica en actual: riesgos y

posibilidades, 2012.


9

que estas palabras las tengo en la mitad del corazn, mi compromiso con Cristo me obliga a

comprometerme en esta lucha con los ms necesitados y con los ms pobres 10.

Estos son slo unos pocos ejemplos de las luchas y resistencias sociales que actualmente se

estn viviendo en Colombia, protagonizadas por la poblacin campesina, afro e indgena

histricamente excluida del bienestar y la proteccin del Estado. Poblaciones cuyos territorios

no se perciben por el aparato estatal como propios, sino como un bien transable y explotable en

los cuales prima el provecho econmico ms que la dignidad y calidad de vida de quienes los

habitan.

IV. Agenda legislativa segundo semestre 2013

Antecedentes: la compleja agenda del primer semestre

El 20 de julio de 2013 el actual Congreso de la Republica de Colombia inici su ltimo periodo

legislativo, antes que empiecen en forma las campaas para las elecciones nacionales del 2014

para Presidencia y Congreso de la Republica.

Luego de un primer semestre marcado al igual que el 2012 por intensos debates de control

poltico11

, tensiones entre Gobierno y Congreso, investigaciones por parapoltica, coaliciones

partidistas para apoyar precandidaturas y trmites legislativos dilatados, al Congreso le restan

los meses de octubre y noviembre para tramitar proyectos de ley pendientes del periodo anterior

(aproximadamente 150) como:

a. Reglamentacin del derecho fundamental a la consulta previa

b. Los tres proyectos de ley radicados sobre desarrollo rural (si la mesa negociadora en La

Habana lo avala)

c. Los nuevos Cdigos electoral y penitenciario.

d. La implementacin efectiva del marco legal para la paz.

e. El problema de la compra de tierras baldas por parte del sector privado (Ley Urrutia)

f. La implementacin de la Ley 1448 de 2011, sobre el reciente informe de su Comisin de

Seguimiento.

g. El reciente proyecto de Ley Estatutaria para impulsar un referendo por la paz en torno a los

acuerdos que surjan con La Habana.

Adems de priorizar en los proyectos que el gobierno nacional present con trmite de urgencia

con el apoyo de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional, como la Ley Estatutaria de Salud y

la reforma pensional.

Estos debates han sido muy fragmentados y convocados a ltimo momento, dada la dinmica

preelectroral y el ausentismo de las ltimas sesiones de debate sobre la reforma a la salud,

solucionado tras la expedicin de un Decreto Presidencial que les devuelve una prima de ocho

millones de pesos desconocida por un fallo del Consejo de Estado.

El conflicto fronterizo con Nicaragua:

10

Palabras del Padre Jaime Tovar de la dicesis de Neiva. http://www.youtube.com/watch?v=8khBkTD1u8E 11 Sobre temas como la implementacin de la Ley de Victimas y Restitucin de Tierras, el modelo de desarrollo rural, el desarrollo de la industria extractiva, la extranjerizacin de la tierra, la implementacin de la nueva reglamentacin

del fuero militar y el debate sobre el acceso a los derechos a la salud y la pensin (que modificar todo el Sistema

General de Seguridad Social en Colombia).


10

Aunque an falta la respuesta del Tribunal de la Haya al recurso de revisin presentado

Colombia para revocar el fallo que reduce territorio colombiano a favor del nicaragense, el

gobierno ha declarado inaplicable el fallo hasta tanto no haya un nuevo tratado con ese pas que

lo implemente.

Por otro lado, las alianzas entre partidos polticos y movimientos regionales, as como entre

bancadas oficialistas por un lado y movimientos de oposicin para presentar.

SINTESIS DE LOS SIETES DEBATES PARLAMENTARIOS MS IMPORTANTES

DE 2013

I. En el tema de vctimas

La pertinencia de los mecanismos y estructura definidos por el protocolo de participacin,

propuesto por la Unidad de Victimas para posibilitar la participacin de las vctimas en la

construccin de polticas pblicas a su favor, el marco de la ley 1448 de 2011.

Los conflictos entre restitucin de tierras y concesiones mineras.

La situacin de garantas de las organizaciones protierras y sus lderes.

El surgimiento de ejrcitos anti restitucin como problema de seguridad nacional.

II. Desarrollo rural y acceso a la tierra

La tierra para qu? Seguridad alimentaria / desarrollo extractivo/ generacin de empleo,

bancarizacin o una mixtura de las anteriores.

La tierra para quin?, para quien la habita /puede invertir en ella / tecnificarla y generar empleo

sobre su uso / o una mixtura de las anteriores.

La concentracin de tierras baldas a manos del sector privado y la propuesta de la ley Urrutia

para legalizar esos procesos de adquisicin irregular de las mismas

III. Derecho fundamental a la consulta previa

La consulta previa, derecho fundamental absoluto de las comunidades tnicas y rurales absoluto

o derecho que debe ser reglamentado para ponerlo al servicio del inters general, para priorizar

grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.

IV. Reforma a la salud

El control a la autonoma de las entidades prestadoras de salud, la participacin ciudadana en la

construccin del sistema y la poltica pbica en salud, los niveles de intervencin estatal en la

regulacin del sistema.

V. Reforma a la pensin

El control a la autonoma de los fondos privados de pensin, el desmonte de los regmenes

pensionales especiales y las pensiones paralelas la flexibilizacin del mnimo vital y mvil

pensional y del mnimo de semanas para acceder al reconocimiento pensional, y la figura de la

pensin compartida y los subsidios para cotizar.

VI. La constitucionalidad del marco legal para la paz


11

La Corte Constitucional recientemente aprob dicho marco, que gener debate por el riesgo de

que se repitan los errores de la Ley 975, que permiti desmovilizaciones de paramilitares sin

procesos de verdad, justicia y reparacin, pero ahora aplicables a grupos guerrilleros.

VII. El Referendo por la paz

Proyecto de ley estatutaria que de aprobarse hara uso de las prximas elecciones nacionales

para hacer un referendo aprobatorio de los acuerdos que se alcanzaron durante los dilogos de

paz el partido de la U y Conservador consideran que sin culminar los acuerdos en La Habana es riesgoso aprobar dicha ley.

V. COYUNTURA PREELECTORAL Y PARTICIPACIN POLTICA

La crisis de los partidos polticos por problemas como la corrupcin, ha generado nuevos

movimientos y expresiones de accin social y poltica que no necesariamente buscan su

intermediacin y han venido desarrollando rpida capacidad de convocatoria y presin poltica

mediante la generacin de opinin pblica.

En medio de esta, la institucionalidad publica tambin ha venido buscando nuevos espacios de

dialogo social ms directos con la sociedad civil, con el fin de jalonar su participacin y el

dialogo social directo en torno a temas como la construccin de polticas pblicas y la bsqueda

de garantas para la accin social y poltica en las regiones y comunidades (Conferencia

Nacional de Derechos Humanos, Mesa Nacional de Garantas, Foros Regionales de Paz).

Aun as, la persistencia y reconfiguracin del conflicto armado sigue siendo un obstculo a la

participacin y el dialogo social y poltico, limitando las garantas que busca ofrecer el Estado

para tal fin, y tratando de debilitar en varias zonas del pas, procesos de liderazgo, organizacin

y participacin, desde prcticas de estigmatizacin y persecucin a las comunidades y

movimientos sociales.

a. La corrupcin poltica y la crisis de los partidos polticos: el conflicto armado no es el

nico problema.

Durante estos dos aos, la Fiscala General de la Nacin, la Corte Suprema de Justicia, la

Procuradura General de la Nacin y la Contralora General de la Repblica han asumido en uno

u otro caso, las investigaciones por escndalos de corrupcin y presuntos fraudes ocurridos

durante el periodo de la seguridad democrtica, como robos de tierras a desplazados desde

notaras pblicas, defraudaciones a sectores como salud, pensiones, educacin, impuestos (caso

DIAN y fondos para la infancia, con casos como la corrupcin del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar- ICBF, presuntas falsas desmovilizaciones de grupos armados ilegales, falsos

atentados terroristas.

Estas instituciones deben continuar las investigaciones a la ejecucin de proyectos

gubernamentales como Agro Ingreso Seguro AIS, nexos del Estado con paramilitares, espionaje a defensores de derechos humanos, magistrados, oposicin poltica y periodistas, y el

fenmeno mismo de la Yidis poltica y parapoltica.

Segn el Movimiento de Observacin Electoral MOE, han sido procesados judicialmente por

parapoltica nexos con grupos paramilitares- entre 2010 y 2012 (19 en la cmara y 22 en senado, 38 de ellos en etapa de investigacin preliminar, dos condenados y uno en etapa de

juzgamiento).


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Estos 41congresistas representan a casi todos los departamentos del pas, pero principalmente a

los departamentos del norte, como Antioquia, Atlntico, Bolvar, Cesar, Crdoba, Magdalena,

Santander y Norte de Santander, y algunos del sur como Tolima y Valle del Cauca. La filiacin

poltica de los congresistas investigados corresponde a los partidos de la U, Conservador,

Liberal y Cambio Radical. Escndalos que han generado no solo una alteracin en las agendas

polticas (como la del Congreso con varios parlamentarios involucrados) sino crisis, fricciones y

problemas de imagen y legitimidad de los actuales partidos polticos, vacos que tratan de ser

llenados con nuevas coaliciones bipartidistas y surgimiento de nuevos movimientos polticos.

b. El surgimiento de nuevas expresiones de participacin social y poltica.

Ante la crisis descrita somos testigos hoy del surgimiento de nuevas expresiones de

participacin social y poltica, por una parte el surgimiento de nuevos movimientos polticos

como la Marcha Patritica, de corte originariamente campesino pero con nuevos brazos de

accin urbana con movimientos como el sindical y el estudiantil, de perfil opositor y de

izquierda, el Puro Centro Democrtico, que se anuncia como de centro pero en el que militan

representantes de la derecha poltica y partidos oficialistas seguidores del Uribismo y la poltica

de seguridad democrtica, y el Movimiento Pido la Palabra, conformado por algunos

acadmicos, intelectuales y lderes de Organizaciones sociales y no gubernamentales como

Claudia Lpez, ms de alcance deliberativo que poltico en la actualidad, adems del reciente

resurgimiento de la Unin Patritica como partido de izquierda.

As mismo el incremento de huelgas y movilizaciones sociales de sectores como el campesino,

estudiantil, de transportes, minero, docente, sindical, del sector areo entre otros, marcan una

tendencia fuerte a la accin poltica visible e inmediata, que evita intermediaciones, marcada

por la accin meditica y generacin de opinin pblica ante medios de comunicacin,

generalmente de oposicin a las polticas actuales en materia agraria, econmica e industrial

entre otras, que muchos ven como expresiones de Democracia Participativa, ante la crisis de la

Democracia Representativa.

c. Coaliciones sorpresivas entre partidos y movimientos polticos, de cara a la carrera por

la Presidencia y el Congreso de la Repblica.

Las divisiones internas al interior de los Partidos Polticos como parte de sus crisis, parece ser

evidentes en este periodo preelectoral.

Por ellos, los acercamientos a movimientos polticos para buscar mayor apoyo electoral son

cada vez ms frecuentes, como entre el Partido Verde con perfil de centro y el movimiento de

izquierda denominado Progresistas, as como acercamientos paralelos entre militantes del

primero y el Puro Centro Democrtico.

As mismo algunos militantes del Partido Liberal buscan acercamiento al Partido Verde y otros

a los Progresistas para el mismo fin, mientras el Polo Democrtico Alternativo busca la

unificacin de la izquierda con los Progresistas, el movimiento Marcha Patritica, los

Movimientos de Vctimas y la resurgida Unin Patritica (aunque esta ltima aun no entra

claramente a la dinmica electoral), coaliciones que permitiran nutrir las instituciones con

nuevas expresiones polticas, mientras se protege la continuidad de los partidos tradicionales

con crisis internas y de legitimidad.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN COLOMBIA

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