Anlisis general caso minero tia mariaPrimero sabemos que tenemos aproximada mas de 200 problemas socio-ambientales vigentes y una de ellas reciente conflicto de la poblacin de Islay, Arequipa, contra el proyecto minero Ta Mara de la empresa Southern Copper.Segundo, las autoridades del gobierno central no han entendido las causas de estos conflictos creyendo que su origen se encuentra en la accin de grupos polticos radicales o marxistas, contrarios a la economa liberal y a las empresas transnacionales. Segundo, las mismas autoridades han credo que cumpliendo con determinados procedimientos y estudios de impacto ambiental, y con ciertas acciones de responsabilidad social promovidas por las empresas interesadas (transnacionales o nacionales) se puede conseguir la aceptacin de la poblacin que habita sobre los yacimientos o recursos naturales solicitados. Tercero, las autoridades centrales tambin creyeron que penalizando legalmente las protestas sociales, en caso estas se susciten, y sumando la intervencin de las Fuerzas Policiales y, en extremo, la de las Fuerzas Armadas, pudieron controlar o solucionar estos conflictos.Los gobernantes salientes, como los propios gerentes de las empresas interesadas en los yacimientos o recursos naturales de nuestro pas, olvidan una regla muy simple en el tratamiento o la resolucin de estos conflictos: ponerse en el lugar del otro. Qu pasa si a un vecino se le ocurre construir un edificio de 5 pisos con un stano de 2 niveles al costado de la casa en la que vivimos sin que alguna autoridad nos avise del permiso concedido (al vecino) y la empresa constructora (contratada por el vecino) tampoco toma las precauciones sobre la contaminacin en polvo, ruido y basura que generar adems del cierre de veredas y calle? Lo aceptaramos de buena forma? Qu pasa en la misma situacin si nuestros hijos menores sufren de asma y sabemos que el polvo agravar su enfermedad? Ciertamente que no lo aceptaramos.La misma respuesta es la que ocurri con la poblacin de campesinos o agricultores de Islay cuando la empresa Southern Copper inform en julio de 2009 que invertira la suma de 950 millones de dlares en el proyecto minero Ta Mara localizado sobre el territorio que habitan. La poblacin de Islay fue sorprendida, pero lo sera ms an cuando meses despus la empresa trasladara maquinarias, equipos, insumos e instalara campamentos con el respaldo o los permisos concedidos por el gobierno central. Ante la amenaza de contaminacin de su medio natural agrcola, la poblacin se organiz, convoc y realiz su propia consulta popular, y dio inicio a acciones de protesta que se radicalizara en los ltimos das previos a las elecciones presidenciales del 10 de Abril del 2011. Dos das antes de estas elecciones y luego de haberse conocido la muerte de 3 personas y al menos 50 heridos en un nuevo escenario de desastre poltico, el gobierno central decidi cancelar el proyecto Ta Mara ordenando que la empresa se retire de la zona.Se solucion el conflicto socio-ambiental de Islay con la cancelacin del proyecto minero? Por la naturaleza y los efectos alcanzados en el conflicto creemos que no. Lo que se hizo fue confirmar que el conflicto en su origen puedo evitarse, aunque tambin se consigui una satisfaccin preliminar de la poblacin para no afectar el libre desenvolvimiento de las elecciones en el Sur. Pero las muertes y heridos ocurridos as como las prdidas millonarias ocasionadas por las protestas y las propias prdidas sufridas por la empresa inversionista desalojada, muestran que el conflicto y sus efectos continuarn.Una vez que el conflicto alcanza estos niveles de confrontacin violenta, con muertos y heridos y descontrol del orden (desastre poltico), como el ocurrido en Islay, solo el resarcimiento de daos, la sancin efectiva a sus responsables, y el establecimiento de medidas preventivas para evitar que el mismo conflicto se repita constituyen acciones para una solucin efectiva. Estas acciones incluiran la investigacin y sancin de quienes promovieron y autorizaron administrativamente el proyecto minero, y la declaracin transparente por la autoridad competente de la prioridad de la actividad agrcola, en la regin, sobre la actividad minera.El conjunto de estas acciones, sin embargo, corresponde ser ejecutadas por un prximo gobierno que tome en serio la comprensin, el anlisis y la resolucin de estos conflictos socio-ambientales.