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Contenido:

REPORTE DETALLADO

Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

FOLIO: FECHA:211PP068 OCTUBRE 2015

Análisis del impacto social de programas y proyectos agroalimentarios en la población juvenil y propuesta para mitigar el abandono de las actividades agroalimentarias

CONTENIDO

Análisis del impacto social de programas y proyectos agroalimentarios en la población juvenil y propuesta para mitigar el abandono de las actividades agroalimentarias

1. Introducción: definición de juventud y políticas agroalimentarias dirigidas a jóvenes 9

a) Definir la juventud, un ejercicio inacabado 9

b) Juventud del campo y políticas, la oferta insuficiente 10

2. Planteamiento del proyecto 11

3. Panorama de la juventud mexicana 11

a) Juventud mexicana, una visión actualizada 11

b) Enfoque de la política de juventud 13

c) Diagnóstico de la juventud mexicana 15

4. Análisis de programas y proyectos agroalimentarios orientados a la población juvenil 19

4.1 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 19

a) Diseño del Programa 19

b) Principales aspectos de la operación del Programa en 2010 20

b.1) Etapa de Proyecto Escuela 20b.2) Etapa de Proyecto Agroempresarial 21

c) Jóvenes indígenas atendidos en el Programa 23c.1) Perfil socioeconómico de los jóvenes apoyados en 2010 23

SAGARPA / COMPONENTE DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS MAPA DE PROYECTOS / ESTUDIO EN LA POBLACIÓN JUVENIL

d) Situación actual de los proyectos agroempresariales apoyados en 2010 25d.2) Permanencia de los jóvenes en los proyectos agroempresariales 25d.3) Acceso a la tierra para el desarrollo de los proyectos agroempresariales 25d.4) Acceso a la asistencia técnica y al crédito para la operación de los proyectos 25

4.2 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 26

a) Diseño general y objetivo 26

b) Encuadre jurídico y normativo 27

c) Cambios en las Reglas de Operación para 2010 27

d) Presupuesto público etiquetado para el ejercicio fiscal 2010 28

e) Mujeres, grupos y proyectos participantes en 2010 30e.1) Cobertura de los proyectos 30e.2) Giros productivos de los proyectos e inversión 33e.3) Sobrevivencia de los proyectos y la permanencia de sus participantes 34e.4) Acceso a crédito y a asistencia técnica para operar el proyecto 34

5. Análisis estadístico: ¿quiénes son los jóvenes mexicanos que se dedican al campo? 35

6. Propuestas para mitigar abandono de actividades agroalimentarias 42

6.1) Visión general sobre la empleabilidad en los jóvenes 42

a) La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción 42

b) Principios rectores 43

c) Políticas de empleo y económicas para promover el empleo juvenil 44

d) El camino a seguir 45

e) Empleabilidad: educación, formación y competencias, y transición de la escuela al trabajo 46f) Políticas de mercado de trabajo 48f.1) Iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia de los jóvenes 50

g) Derechos de los jóvenes 52

h) La acción de la OIT 54

i) Desarrollo y difusión de conocimientos 54

j) Asistencia técnica 55

j.1) Alianzas de colaboración y sensibilización 56

k) Liderazgo mundial en favor del empleo juvenil. 56

6.2) Jóvenes y agricultura, una visión desde Naciones Unidas 57

a) Acceso insuficiente al conocimiento, información y educación 57

b) Acceso limitado de los jóvenes a la tierra 60

c) Accceso inadecuado a servicios financiertos 62

d) Dificultad para accede a empleos verdes 64

e) Acceso ilimitado de los jóvenes a los mercados 65

f) Participación limitada de los jóvenes en el diálogo sobre políticas 67

7. Conclusiones: jóvenes del campo, hacia una visión

empresarial 70

Bibliografía 72

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Mapa de Proyectos / Estudio en la población juvenil

1. Introducción: definición de juventud y políticas agroalimentarias dirigidas a jóvenes

a) Definir la juventud, un ejercicio inacabado

¿Es posible definir a la juventud? A pesar de los esfuerzos que al respecto se han realizado, de los debates sostenidos en torno a los atributos que implica ser joven, no hay un acuerdo explícito e incontrovertible sobre las características de la ju-ventud. Hay incluso quienes sostienen que no es posible siquiera abordar a la juventud como catego-ría, sino que la diversidad contextual entre grupos juveniles obliga a hablar de ‘juventudes’, apelando a la preminencia de factores sociales y culturales sobre la esencia misma del ser.

Instituciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la legislación federal en México, incluyen la adolescencia dentro del concepto, quizá el acuerdo básico es que la juventud es la etapa de transición en la vida de cada persona que va desde la infancía tardía hasta a la edad adulta. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la juventud abarca desde los 15 y hasta los 24 años. Fue a partir de 1985, durante la celebración del Año Internacional de la Juventud, cuando este rango fue asentado como un primer esfuerzo por definir la juventud, al menos desde el punto de vista cronológico.

Desde esta persectiva, la de Naciones Unidas, toda persona menor de 15 años es considerada in-fante y todo aquel que supere los 24 años es adulto. Para la OMS, en cambio, el joven comienza a serlo desde los 10 años, cuando inicia la adolescencia, y concluye a los 24 años de edad, momento en el que idealmente está capacitado para ingresar al mercado laboral y asumir responsabilidades de cara a la comunidad. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), mientras tanto, asume que cualquier persona menor

de 18 años de edad es considerada infante; la Co-misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la juventud comienza a los 10 años y termina a los 19 años de edad.

En México tampoco hay un intervalo uniforme que enmarque a la juventud. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, organismo rector de la política de juventud del Estado mexicano, indica que el joven es toda persona que tenga entre 12 y 29 años de edad, sin embargo el Consejo Nacional de Población (CONAPO) define la juventud entre 15 y 24 años de edad. Por si fuera poco, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la edad mínima para trabajar legalmente es a partir de los 14 años de edad.

Los intentos de definir la juventud no son nuevos. Múltiples teóricos, de antes y ahora, han ahondado en el término, unos más profundamente que otros. Intelectuales de la talla de Marx, Weber, Durkheim, Comte, Stuar Mill, Parsons, entre otros, a lo largo de sus obras hacen alusiones y reflexiones en torno al concepto en cuestión, cada uno desde su perspectiva y pensamiento característico. Cabe decir que prác-ticamente en todos los casos, la juventud fue un as-pecto secundario en las disertaciones centrales, que normalmente abordaban la educación, las relaciones sociales, el devenir histórico, etcétera. Al respecto, Pérez Islas señala que la reflexión central en torno a la juventud comenzó en la década de los setenta con el trabajo pionero de Rosenmayr y Allerbeck, Introducción a la Sociología de la Juventud.

Aún cuando se da por descontado que el factor cronológico es insuficiente para la definición de la juventud, también es cierto que los elementos con-textuales son tan variados y amplios que resultan imposibles de aprehender. En este sentido, el único elemento asequible para establecer un acuerdo mí-

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SAGARPA / Componente de planeación de proyectos

nimo en torno al concepto de juventud es el tiempo. Con todo, favoreciendo al factor contextual, es lógico pensar que es en la juventud, entre los 12 y 29 años de edad, cuando ocurren muchos de los grandes eventos de la vida de una persona, según la eviden-cia disponible: definición de la identidad individual; descubrimiento y, en muchos casos, comienzo del ejercicio de la sexualidad; acceso a alcohol y drogas; culmen formal o informal de la vida académica; inserción al mercado laboral y establecimiento de la vida en pareja, entre otros.

En resumen, es posible observar dos fenóme-nos destacables respecto de una aproximación al concepto de juventud. En primer lugar, no hay un acuerdo nacional e internacional sobre el interva-lo que compone la juventud. Esta realidad no es trivial puesto que es el punto de partida para la intervención del Estado en la vida de la juventud. A partir de la definición cronológica de juventud, los gobiernos toman decisiones de políticas públicas. Al no existir un acuerdo sobre el rango de edad de la juventud, los estudios que se realizan con el fin de descifrarla con mayor precisión no cuentan con un estándar cronológico de análisis.

Un segundo problema para la definición de juventud llega cuando la realidad cronológica se enfrenta a la contextual. ¿Es posible definir a la ju-ventud únicamente a partir del criterio cronológico o es éste indispensable para suponer la realidad que enfrentará el joven en determinada situación de modo que sea posible intervenir oportunamente? La literatura al respecto revela que el instrumento cronológico es únicamente una herramienta para delimitar espacio y tiempo en la vida de un joven, pero no alcanza a abarcar las realidades contextuales a las que se enfrenta la juventud en su conjunto.

Es a partir de estos dos elementos por lo que hoy todavía existen desacuerdos sobre la definición de juventud. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la juventud? La respuesta a esta pregunta es apenas el inicio para abordar el gran fenómeno de la juventud.

Para efectos de este trabajo, entonces, se empleará el rango de juventud que establece la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que a la letra indica en el artículo 2:

Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

b) Juventud del campo y políticas, la oferta insuficiente

El gobierno mexicano tiene una serie de pro-gramas, políticas e intevenciones que, a la luz de a evidencia, resultan insuficientes para incluir a la totalidad de los jóvenes mexicanos, que conforman una tercera parte de la población total de nuestro país. Más aún, las políticas del campo que el go-bierno mexicano destina a la juventud rural son mínimas de cara a la importancia de este sector.

Al hacer la revisión de los programas que el go-bierno mexicano ha implementado para el apoyo de los jóvenes que trabajan en el campo, ha quedado evidencia que existen únicamente dos políticas dedicadas a ellos, mismas que serán expuestas a detalle más adelante. No obstante, este único dato refleja que el gobierno mexicano tiene una deuda importante con los jóvenes del sector rural.

¿Por qué los jóvenes mexicanos abandonan las actividades agrarias? Existen múltiples razones: falta de apoyo económico, de interés, de técnica y conocimiento, de recursos de otro tipo, etcétera. No obstante, es oportuno plantear la escasa oferta gubernamental hacia los jóvenes del campo con el fin de que se exploren posibilidades de políticas que puedan ser llevadas a estos horizontes para potenciar las distintas regiones agroalimentarias del país, con los jóvenes como base.

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2. Planteamiento del proyecto

Como se verá con detalle más adelante la juventud mexicana representa una parte sustantiva de la sociedad mexicana. De la misma manera, los jóvenes que viven en poblaciones rurales y que se dedican a actividades del campo representan un motor económico para sus regiones y, agregados, para nuestro país. De ahí la importancia de comprender por qué dejan sus regiones, el trabajo que en ellas tienen, y cómo es posible evitar esta deserción tan nociva.

El proyecto abordará un panorama general de la juventud mexicana con el fin de comprender la importancia de dedicar políticas que promuevan el desarrollo de este sector social. También serán ex-puestos los principales hallazgos de la evaluación a los dos únicos programas dedicados a la población juvenil dedicada a la agricultura, que son el programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). Cabe decir que dichas evaluaciones fueron realizadas en 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación.

El documento continúa con una exposición estadística de los jóvenes que conforman la población rural dedicada a la agricultura. Luego se describen los aspectos que, desde las mejores prácticas inter-nacionales, constituyen la manera adecuada para que los jóvenes mantengan su trabajo en condiciones óptimas. Para cerrar el documento, se exhiben las propuestas que sugiere Naciones Unidas para que los jóvenes dedicados al campo desarrollen mejor sus capacidades laborales.

3. Panorama de la juventud mexicana

a) Juventud mexicana, una visión actualizada

En México viven más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia sociopolítica y cultural del país. La población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes.

Los cambios ya están aquí y los jóvenes los personalizan con mayor elocuencia en comparación con el resto de la población, y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y la sociedad mexicana, debido a que:

a) Apenas un poco más de la mitad de los jóvenes mexicanos (56%) está recibiendo educación media superior, en contraste con el 84% logrado, en promedio, por los países de la OCDE, como requisitos de calificación para el trabajo actual y para desempeñarse como ciudadanos.

b) La mayoría de estos jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral, por ejemplo, siete de cada 10 consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares.

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c) 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años.

No obstante estas desventajas educativas y socioeconómicas, son los jóvenes quienes están avanzado más que el resto de la población en otras dinámicas, por ejemplo, en el acceso y manejo sofisticado de las tecnologías de la información y comunicación; y también en las nuevas posibilida-des de participación social y cultural.

Para que una sociedad se califique como iguali-taria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas perte-necientes a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportuni-dades de desarrollo económico y social respecto del resto de la población.

Uno de estos grupos lo representan los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación social, prevención, que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos.

Es fundamental que además de acciones afir-mativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten una visión de igualdad y no discriminación así como la pers-pectiva de juventud, a través de la cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para eliminar cual-quier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o tener cualquier otra condición o característica personal o de grupo.

Además, hay una serie de demandas estructura-les que es imperativo atender para lograr una mejora significativa en los niveles y las condiciones de vida

del sector juvenil: como más y mejores niveles edu-cativos, ampliar las fuentes de empleo, suficientes servicios básicos y de calidad, facilidad de acceso a una vivienda y de buena calidad, servicios espe-cíficos e integrales de salud, entornos personales, comunitarios y nacionales seguros y que propicien el mejoramiento de las relaciones entre generacio-nes. Condicionantes y demandas que, entre muchas otras, conforman el complejo mapa de acción que tiene ante sí el Estado y la sociedad mexicana.

Responder de forma adecuada a todas estas in-quietudes y expectativas resulta prioritario y es-tratégico para sentar las bases que posibiliten un desarrollo integral y nacional, acorde con las necesi-dades y los intereses de cada sector de la población, con énfasis para todos los sectores juveniles, y que reconozcan también las aceleradas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el que se encuentran no sólo estas generaciones, sino el país en su conjunto.

Para lograrlo es necesario conjuntar esfuerzos, para propiciar que los jóvenes asuman una ciuda-danía plena en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país.Cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las poten-cialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades de los jóvenes, es una garantía que permite hablar de desarrollo integral, justo y duradero.

Una perspectiva holística de juventud debe surgir de considerar a los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos de las acciones y las situacio-nes que les afectan. De este modo, la participación juvenil en los procesos de desarrollo nacional es y será el eje articulador que permita ampliar la ca-pacidad de la sociedad para cumplir los retos y los compromisos que transformen, a mediano plazo, las condiciones materiales de vida y fortalezcan la capacidad personal, comunitaria y nacional.

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Por ello, uno de los principales propósitos del Projuventud 2014-2018 es sumar esfuerzos y avanzar en el diseño de propuestas integrales, que permitan materializar el mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil, mediante la operación de proyectos estratégicos que articulen toda las acciones del gobierno y la sociedad, y permitan la efectiva coordinación transversal e intergubernamental a nivel nacional, entre los tres órdenes de gobierno.

b) Enfoque de la política de juventud

La pluralidad de la sociedad, la heterogeneidad de los jóvenes, la complejidad de demandas ciudada-nas y las crisis económicas, son algunos de los fenómenos que cada vez reclaman buscar caminos más creativos, diversos e incluyentes para la toma de decisiones y la solución de problemas públicos.

El Estado mexicano tiene el reto y la atribución de promover un cambio en las políticas de juventud, donde en lugar de pensarlas exclusivamente como intervenciones gubernamentales, sean capaces de generar políticas con la participación plena de todos los actores: organizaciones sociales, gobierno, or-ganismos internacionales, académicos y expertos, funcionarios y, sobre todo, los jóvenes.

El gobieno y sus políticas tienen como propósito crear oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades y su aporte al desarrollo nacional. Para ello el Projuventud 2014-2018 define como concepto rector a la participación. La participación busca reconocer la capacidad de acción y propuesta de los jóvenes, tanto en lo individual como a través de sus organizaciones, legalmente constituidas o no. Con esta orientación, el Projuventud contempla la participación juvenil como elemento activo y detonador, y no sólo ver a la población joven como sujetos receptores de las acciones a desarrollar. Por ello, en la base de la planeación de este programa está la perspectiva de los jóvenes como actores estratégicos.

En este mismo escenario, es importante señalar que para el grupo de jóvenes de 12 a 14 años, quienes también forman parte del grupo etario juvenil, deberá haber mecanismos que incentiven de igual forma su participación, pero promuevan, al mismo tiempo, su protección, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.

La política de juventud que enmarca este programa nacional implica la interlocución y el trabajo con-junto de toda la administración pública federal, así como de los estados y municipios, para responder de manera efectiva a las condiciones, las necesidades y los intereses de todas y todos los jóvenes del país.

La política de juventud requiere de la gestión inte- rinstitucional, mediante acciones que resalten el plano local y comunitario, y también el diseño y la implementación de programas más amplios y generales que contribuyan a impactos sociales y sustentables. Así, el Programa Nacional de Juventud tiene las siguientes características centrales:

• De juventudes. El Projuventud es un instrumento para la gestión de la política de juventud que integra a todos los sectores juveniles reconociendo su diversidad de origen social, económico, étnico, cultural, geográfico, de expresión y preferencias, y de diversidad sexual.

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• Transversal. Los diversos actores (gubernamental, social, académico, privado, etc.) involucrados en el diseño, la operación y el desempeño de las políticas de juventud requieren coordinar sus esfuerzos y recursos para, desde sus distintos ámbitos de responsabilidades, alcanzar los objetivos comunes que emanan de este Programa Nacional, logrando sinergias y acciones complementarias en beneficio de las juven-tudes mexicanas.

• Específico. El Programa busca la coordinación de acciones intra e intersectoriales a nivel general, pero en asuntos específicos para responder a las múltiples dimensio-nes de las situaciones, diversidades y contextos de las personas jóvenes, además con una visión intergeneracional, que contempla las acciones en relación con los otros ciclos de vida.

• Participativo. La participación juvenil es el concepto basal y rector de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa para favorecer la interlocución efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones, ejecución y evaluación de las intervenciones.

• De concertación. Implica involucrar a los sectores juveniles y aquellos actores gu-bernamentales y de la sociedad civil, directa o indirectamente relacionados con el proceso de la política de juventud, en la implementación del Programa.

• Descentralizado. El Projuventud supone la creatividad e innovación local como fuente de acciones con incidencia en materia de juventud, por ello, busca propiciar iniciativas nacionales, regionales, estatales y municipales para brindar una fuerte prioridad a los esfuerzos en el plano local, tanto de los municipios como de las organizaciones de jóvenes en las comunidades.

• De inclusión. El Programa se diseñó para convertirse en el principal instrumento de referencias de los esfuerzos del Estado para reducir las condiciones de exclusión de los jóvenes y dar relevancia al aporte de estos grupos al desarrollo del país, mediante estrategias de inclusión social y de acceso pleno a sus derechos.

• Efectividad. Implica priorizar el cumplimiento de metas e indicadores estratégicos para garantizar la sostenibilidad de las acciones.

• Universal. El Programa contempla a la totalidad de la población joven que vive en el país y se orienta al cumplimiento de los derechos a la vida, la integridad personal, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, la previsión social, la justicia, el empleo, la participación, etcétera.

• De afirmación positiva. El programa contempla a la población joven que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, y que enfrentan contextos de exclusión y discrimi-nación que violentan sus derechos, con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos.

Además de las características descritas arriba, el Programa Nacional de Juventud establece cinco ejes operativos para lograr los objetivos y realizar las estrategias y las líneas de acción establecidas. Consiste en acciones requeridas para un efectivo proceso de políticas públicas de juventud:

1. Conocimiento. Sumar los resultados de estudios e investigaciones para la formulación, diseño, operación y evaluación de las políticas de juventud.

2. Coordinación. Articular las acciones, las experiencias y los recursos de los diversos actores sociales, las instituciones públicas y los niveles de gobierno para un mejor desenvolvimiento de los jóvenes mexicanos.

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3. Comunicación. Impulsar espacios de interlocución entre los diversos responsables de la eje-cución y el seguimiento de programas, para integrar la perspectiva de los jóvenes a la operación y el seguimiento de las acciones e intervenciones gubernamentales.

4. Legislación. Promover los cambios pertinentes a todo el marco legal (federal y local) que necesite armonización de acuerdo a la perspectiva de juventud aquí plasmada.

5. Evaluación. Integrar mecanismos de seguimiento y de evaluación de impacto de las acciones derivadas del Projuventud, con el pro- pósito de medir su eficiencia y resultados en la población juvenil, para su permanente actua- lización.

6. En síntesis, las características y los ejes operativos definen que la política de juventud será un acompañamiento a los jóvenes, para facilitar y contribuir de manera decidida a la generación de condiciones para la mejora de su calidad de vida, bienestar y acceso progresivo a los derechos.

c) Diagnóstico de la juventud mexicana

Este diagnóstico permite vislumbrar la dinámica demográfica, así como los principales retos y opor-tunidades que platea el trabajo con jóvenes en diversos ámbitos. La investigación permite tener claros y ordenados los desafíos y sustentar el diseño de las acciones integrales en materia de juventud. La infor-mación recabada se agrupa en los cuatro objetivos del Projuventud 2014-2018: prosperidad, bienestar, participación e inclusión.

- Bono demográfico y pobreza

Con base en las recientes proyecciones del Conapo, se estima que la población juvenil en México, durante 2013, alcanzó los 37 990 448 millones de personas, lo cual representa un aumento del 4.9% respecto al Censo General de Población y Vivienda del inegi de 2010.Este incremento fue mayor para los hombres que para las mujeres (5.5 y 4.3% respectivamente). En 2013, la población juvenil (12 a 29 años de edad) representó 32.1% del total de la población. Para 2020 se estima que dicha proporción será de 30.5%, momento a partir del cual se reducirá de manera constante hasta alcanzar 24.4% en 2050.

Actualmente, por cada persona económicamente dependiente hay dos personas no dependientes. El escenario que proyecta el Conapo sugiere que se seguirá observando este comportamiento durante los próximos cinco años, por lo tanto es fundamental generar estrategias gubernamentales que potencien las habilidades y cualidades de la población joven para aprovechar, de manera óptima, esta ventaja de-mográfica.

Para hacerlo realidad, México debe impulsar y fortalecer entre otros: la inversión en educación, la ca-pacitación laboral y la creación de fuentes de trabajo decente para los jóvenes. Además, la incorporación de la población joven al desarrollo del país requiere garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y evitar situaciones como la reproducción intergeneracional de la pobreza, escenarios de mayor inseguridad y la falta de cohesión social.

Una de las principales barreras que enfrenta la población juvenil en el desarrollo de su vida es la po-breza. En México, se estima que 45.5% de la población enfrenta algún tipo de pobreza, mientras que, de manera particular, 44.9% del grupo de 12 a 29 años de edad enfrenta esta situación.

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De las personas que presentan algún nivel de pobreza, 9.8% se encuentra en pobreza extrema; en población joven, este porcentaje alcanza 9.4%. Derivado de lo anterior, es necesario atender de manera prioritaria a los 3.5 millones de jóvenes que viven en situación de pobreza extrema mediante acciones que propicien positivamente la ruptura de los circuitos de pobreza generacionales. Un primer paso es identificar la ubicación geográfica de estos jóvenes. En 2012, los estados de Chiapas (75.3%), Guerrero (70.2%) y Puebla (63.0%) registraron los niveles más altos de pobreza en jóvenes de 12 a 29 años; en cambio en Nuevo León (22.9%), Coahuila (26.1%) y Sonora (27.3%) se registró la menor proporción de jóvenes en esta situación.

Las principales carencias que enfrenta la po-blación juvenil, en términos de pobreza, son en relación al ejercicio de sus derechos sociales: siete de cada 10 presenta carencia por acceso a seguri-dad social; tres de cada 10, carencia de acceso a servicios de salud y 15.3% se encuentra en rezago educativo. Esta situación representa un obstáculo importante para el desarrollo del país, pues se trata de personas que inician su vida laboral y su proceso hacia la autonomía.

Entre 2010 y 2012 se registraron avances, aun-que marginales. Por ejemplo, 0.5 millones de jóve-nes dejaron la condición de pobreza extrema y el número de carencias promedio también disminuyó; aunque la mitad de la población de 12 a 29 años to-davía vive en hogares con ingreso per cápita inferior al valor de la línea de bienestar, y uno de cada cinco reside en hogares con ingreso per cápita inferior al valor de la línea de bienestar mínimo, es decir, el ingreso de estos hogares resulta insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.

El reto de la política social ante este panorama de pobreza juvenil es enorme. No sólo es dimensionar la cantidad de jóvenes y su distribución geográfica, también es comprender que la condición social de pobreza, es familiar. Lograr la ruptura generacional

de reproducción de la pobreza es crucial para im-pactar en los niveles de vida de la población juvenil y conseguir que estos resultados sean permanentes.

- Panorama de la educación de los jóvenes mexi-canos

La inversión en educación es uno de los mecanis-mos más importantes con los que el gobierno cuenta para potenciar las capacidades y habilidades de los jóvenes. De la educación de las niñas, niños y jóve-nes, depende en gran medida el nivel de desarrollo que México puede alcanzar en el futuro. Es crucial garantizar el acceso a la educación de calidad para que el bono demográfico sea aprovechado.

En el periodo de 2000 a 2012, se redujeron las tasas de analfabetismo, el rezago educativo y las tasas de deserción en el nivel básico y medio superior. No obstante, los resultados del Informe 2012 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Prueba Pisa, contrastan con lo anterior. En ellos, se ubica a los estudiantes mexi-canos en el lugar 53 de 65 de los países evaluados que forman parte de la ocde, lo cual es señal que a nivel internacional México presenta un deficiente aprovechamiento escolar.

Con base en la ENVA J2012, la mayoría de las personas jóvenes estudian el nivel básico, seguido por la población que se encuentra en el nivel me-dio superior (30.8%). Sin embargo, la trayectoria educativa de la población joven se ve notablemente truncada cuando estos llegan al nivel de educación superior, pues únicamente el 15% ha estudiado al menos un semestre de este nivel. De este modo, es preciso establecer mecanismos y acciones que permitan incrementar el acceso a todos los niveles educativos, pero, sobre todo, al nivel superior.

Al revisar el histórico de la tasa neta de escola-rización, entendida como el porcentaje de jóvenes que, dada su edad, asisten al nivel educativo que les corresponde, se observa una tendencia positiva

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del año 2000 a la fecha, incrementando en 15 puntos porcentuales en el nivel básico y 18.6 en el nivel medio superior. No obstante, uno de cada dos jóvenes entre 15 y 17 años de edad que debería asistir a algún bachillerato o escuela tecnológica no lo hace. Este escenario plantea la oportunidad de aprovechar los mecanismos no formales de educa-ción en jóvenes mayores de 14 años.

En la actualidad, los jóvenes mexicanos poseen un mayor nivel de escolaridad con respecto a la generación de sus padres. Hoy, tres de cada 10 tie-nen educación media superior, mientras que en la generación de sus padres la razón era de sólo uno de cada 10. Sin embargo, este avance educativo no se ha visto reflejado en la movilidad ascendente de estatus socioeconómico. Al considerar el nivel de ingreso de las personas, se observa que en el primer quintil (parte inferior de la distribución de ingresos), seis de cada 10 personas se mantienen en la misma posición en la que se encontraban sus padres, o tan sólo han subido al segundo quintil de la distribución.

- ¿Cómo transitan los jóvenes de la escuela a la vida laboral?

Los jóvenes mexicanos esperan obtener de la edu-cación un buen trabajo (53.5%), acompañado de un considerable desarrollo profesional (17.6%), poder generar los recursos monetarios que les permitan salir adelante (9.3%) y, en su mayoría, consideran que no tendrán problemas para conseguir un empleo una vez que concluyan sus estudios (48.8%).

No obstante, la inserción de los jóvenes al mer-cado laboral no es tan simple e implica grandes retos tanto a nivel institucional como individual. Una primera tarea es conocer la concordancia que hay entre los programas de estudio y las habilidades requeridas en el mercado laboral. Del total de jóve-nes, al ser cuestionados respecto a si consideraban que lo aprendido en la escuela les sería útil para conseguir un trabajo, únicamente el 27% consideró que mucho, mientras que el 23.5% consideró que fue de poca ayuda.

Según los resultados de la CNJ, el 20.9% de los encuestados consideraron como fundamental revisar los planes de estudio tanto para mejorar la calidad de la educación como para facilitar el acceso al primer empleo. No se observa alguna diferencia relevante en cuanto a sexo, pero el porcentaje es más elevado en el noreste del país (25.7%).

Otro gran reto a este respecto es la conexión que existe entre lo que los jóvenes estudian y el desempeño laboral que tienen. Para mejorar las condiciones en las cuales la población joven se incorpora al mercado de trabajo, debe existir un vínculo entre lo que esta población aprende en el salón de clases y el trabajo que va a desempeñar. Ello contribuiría a incrementar la eficiencia y pro-ductividad laboral de este grupo de población. Sin embargo, la situación actual se encuentra lejos de dicho objetivo: sólo entre el 20.0% y el 25.0% de la población joven que labora, percibe que existe una correspondencia entre su nivel de escolaridad y el trabajo que realiza.

- Estado actual de la vida laboral de los jóvenes mexicanos

Históricamente, la tasa de desocupación entre jóvenes ha sido mayor a la tasa que corresponde al resto de la población. Esta situación refleja la disparidad de oportunidades para la población que se incorpora a la pea. Para el cuarto trimestre de 2013, la tasa de desocupación en población abierta se ubicó en 4.6%, mientras que para la población de entre 14 y 29 años fue de 7.7%, siendo mayor para las mujeres (8.8%) que para los hombres (7.0%).

También se observa que contar con estudios de nivel medio superior y superior no garantiza la inserción laboral. La evidencia muestra que el mercado laboral genera mayor número de plazas para jóvenes con educación básica en compara-ción con el número de empleos generados para jóvenes con mayor nivel de estudios. Cabe añadir que las posiciones que ocupan las personas jóvenes con menor nivel educativo, suelen proporcionar remuneraciones salariales más bajas y menores prestaciones laborales.

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El ingreso tiene un papel preponderante para acceder a los satisfactores esenciales. De acuerdo con la medición de pobreza 2012 del Coneval, uno de cada dos jóvenes de 12 a 29 años no contaba con los ingresos suficientes para adquirir una canasta de bienes básicos alimentarios y no alimentarios (18.6 millones de personas); asimismo, 18.3% de los jóvenes no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria (6.8 millones de personas). De hecho, en 2012, el ingreso corriente total per cápita de esta población fue de $3,098.00 pesos al mes y, desagregando por sexo, se observa que resultó ligeramente mayor para los hombres ($3,240.00 pesos) que para las mujeres ($2,955.00 pesos). La mayor proporción del ingreso total proviene del ingreso laboral (81%) y una menor por transferencias (10.2%).

También, el acceso a la seguridad social es menor para la población joven (31.6%) que para el total (38.8%). Por sexo, el acceso es similar entre hombres jóvenes (31.4%) y mujeres jóvenes (31.8%). Ade-más, se observa una brecha desfavorable para las mujeres cuando se considera a la población juvenil que forma parte de la pea, así como aquella población de jóvenes que se encuentra laborando. Esta brecha se invierte al considerar a la población de jóvenes que no forman parte de la pea.

En la medida en que se garantice el acceso a la educación y se facilite la transición de la escuela al primer empleo, se espera reducir la proporción de jóvenes que se encuentren sin estudiar, sin trabajar y sin recibir capacitación laboral. Esta proporción, en 2012, alcanzó el 18.9% de los jóvenes de entre 14 y 29 años. Al analizar el problema por sexo, encontramos que por cada joven hombre que no estudia y no trabaja hay tres mujeres.

- La construcción del hogar propio, necesidad de independencia

La transición hacia la adultez implica, entre otras cosas, desarrollar una vida independiente en tér-minos económicos y sociales. Esta trayectoria generalmente se asocia con el proceso educativo, el ingreso al mundo laboral, y la conformación de un hogar propio tras el abandono del hogar de origen, ya sea porque la población joven busca una vida independiente en lo individual, en lo conyugal o bajo otro tipo de arreglo residencial. En 2012, la población joven residía principalmente en hogares nuclea-res (62.8%) y ampliados (34%). El 55.2% de quienes reportaron vivir solos salieron del hogar paterno antes de cumplir los 20 años.

Parte importante de esta vida autónoma se constituye a partir del acceso a una vivienda independiente. En 2012, el 74.6% de los jóvenes consideraba que se respetaba su derecho a una vivienda, no obstante, únicamente el 4.6% de la población juvenil solicitó un crédito hipotecario, mismo que fue aprobado en un 61.9% de los casos por instituciones de fomento a la vivienda.

La emancipación del hogar familiar de los jóvenes requiere su incorporación a un sistema de seguridad social que les permita hacerse de una vivienda. En el 2012, poco menos de la mitad de los jóvenes que se encontraban trabajando contaba con este derecho (49.1%), lo cual está relacionado con la proporción de jóvenes que cuentan con un contrato laboral formal. Es decir, las condiciones de contratación de la población joven no son las mejores ni las adecuadas, pues carecen de todas las prestaciones laborales que supone un empleo formal. De este modo, dado que el acceso a la vivienda se relaciona con la formalidad, implica un gran reto mejorar las condiciones de vivienda de los jóvenes que se encuentran en el mundo de la informalidad laboral o el subempleo.

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4. Análisis de programas y proyectos agroalimentarios orientados a la población juvenil

4.1 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

Características principales del programa y sus beneficiarios en 2010

En este capítulo se presenta un análisis general del diseño del Programa, sus principales aspectos de operación en el año 2010, el tratamiento específico que se da a la perspectiva de género y al empodera-miento de las mujeres, el perfil socioeconómico de sus beneficiarios y la situación actual de los proyectos agroempresariales apoyados en 2010.

a) Diseño del Programa

El Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) tiene como objetivo general lograr que el joven emprendedor rural cree su propia agroempresa rentable y sustentable en el núcleo agrario al que pertenece, a través de capacitación y adquisición o renta de derechos parcelarios, insumos y ser-

CONCEPTO HASTA UN MONTO TOTAL DEHASTA UN PORCEN-TAJE DE APOYO DE

RESTRICCIONES

a) Adquisicion de activos fijos y capital de trabajo

$300,000 100%Apoyo directo por Comite de

Jovenes y por unica vez.

b) Capacitacion tecnica $60,000 100%Apoyo directo por Comite de

Jovenes y por ciclo productivo.

c) Capacitacion empresarial $40,000 100%Apoyo directo por Comite de

Jovenes y por unica vez.

d) Becas 120 dias 100%Apoyo directo por joven em-prendedor rural, en salarios

minimos, por unica vez.

Cuadro 1. Montos de Apoyo en Proyecto Escuela

Fuente: Reglas de Operacion 2010 del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

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vicios de acompañamiento empresarial, con el fin de propiciar el arraigo y el relevo generacional en la titularidad de la tenencia de la tierra social, así como la mejora de sus ingresos.

Para lograr lo anterior el Programa JERFT contempla dos etapas:

• Etapa 1: Proyecto Escuela. Es un modelo de agroempresa a escala que permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades técnico-productivas y empresariales, el cual desarrolla un comité de jóvenes en los núcleos agrarios.

• Etapa 2: Proyecto Agroempresarial. Consiste en un proceso de planeación, gestión e implementación de una agroempresa, asociada a la explotación sustentable de la tierra y sus recursos, desarrollado por el joven emprendedor rural.

CONCEPTOS HASTA UN MONTO TOTAL DE HASTA UN PORCEN-TAJE DE APOYO DE

RESTRICCIONES

Compra de dere-chos parcelarios

$150,000 1Apoyo directo para constituir ga-rantia de financiamiento por joven

Renta de derechos parcelarios $35,000 1 Apoyo directo por joven

Adquisicion de activos fijos $125,000 1 Apoyo directo por joven

Financiamiento para capital de trabajo y ac-

tivos adicionales $125,000 0.6

Apoyo directo para constituir ga-rantia de financiamiento por joven

Tutoria de negocios $30,000 10% del costo total

del proyecto Apoyo directo por joven, has-ta por dos ejercicios fiscales

Cuadro 2. Montos de Apoyo en Proyecto Agroempresarial

Fuente: Reglas de Operacion 2010 del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

b) Principales aspectos de la operación del Programa en 2010

Durante el año 2010 el Programa JERFT ejerció un presupuesto total de 293.79 millones de pesos de gasto sustantivo y 36.92 millones de pesos de gasto operativo. En este monto de presupuesto se incluyen 87.5 millones de pesos transferidos para el fondo de garantía.

b.1) Etapa de Proyecto Escuela

En esta etapa se apoyaron un total de 203 proyectos escuela, con una inversión de 116.6 millones de pesos, beneficiando a 5,446 jóvenes emprendedores que viven en el medio rural. La inversión promedio por proyecto escuela fue de 574 mil pesos; en cada proyecto escuela participó un promedio de 27 jóvenes.

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De acuerdo con las Reglas de Operación, los criterios de cobertura del Programa consideran los núcleos agrarios localizados en municipios: a) que estén considerados como Zona de Atención Prioritaria; b) que los núcleos agrarios se encuentren certificados en términos del artículo 56 de la Ley Agraria; c) que los núcleos agrarios no tengan conflicto agrario y, d) que los núcleos agrarios tengan potencial productivo, cuenten con infraestructura y mercado local para implementar un proyecto agroempresarial.

La población objetivo del Programa son los sujetos agrarios cuya edad es de 18 años y hasta 39 años, que habitan en alguno de los núcleos agrarios, cumplan los criterios de cobertura y tengan interés de implementar una agroempresa.

Para la implementación de la Etapa de Proyecto Escuela, el Programa promueve la integración de comités de jóvenes de ambos sexos interesados en participar en el mismo, dichos grupos pueden ser de entre 15 y 30 jóvenes. El Programa provee apoyos directos para instalar el proyecto, el pago a capacita-dores y becas para los jóvenes.

Para el desarrollo de los proyectos agroempresariales, el Programa otorga dos tipos de apoyo a los jóvenes interesados en desarrollar un proyecto agroempresarial y que previamente han acreditado la capacitación técnica y empresarial impartida en la etapa de proyecto escuela. Por una parte, se entregan apoyos directos que son subsidios no reembolsables para renta de tierra, adquisición de activos fijos y pago de servicios de tutoría de negocios.

Por otra parte, el Programa provee garantías líquidas para que los jóvenes accedan al financiamiento para compra de derechos parcelarios, adquisición de activos fijos complementarios y capital de trabajo para la operación de los proyectos; desde el año 2007 el servicio de crédito es provisto por la Financiera Rural. Con excepción de la tutoría de negocios, que puede ser apoyada hasta por dos años, los demás conceptos de apoyo se entregan a los jóvenes solo por una vez.

La cobertura del Programa en esta etapa fue de 20 estados de la República; siete estados concentran poco más de la mitad del total de beneficiarios: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Sinaloa y Jalisco.

Las actividades productivas apoyadas con proyecto escuela en 2010 fueron mayoritariamente agríco-las (agricultura protegida para la producción de hortalizas) y pecuarias, las cuales concentraron el 70% de los proyectos, seguidas de las agroindustriales (10%) y acuícolas (9%). Aunque la participación de otras actividades es mucho menor, permite apreciar el esfuerzo por apuntar hacia una diversificación productiva que posteriormente sea concretada en la etapa de proyectos agroempresariales.

b.2) Etapa de Proyecto Agroempresarial

Durante 2010 el Programa apoyó un total de 51 Proyectos Agroempresariales, de los cuales 41 fueron grupales y 10 individuales, con una inversión total de 111.7 millones de pesos, compuesta por un 80% de apoyos directos de la SRA y 20% por créditos de la Financiera Rural con garantías líquidas aportadas por el Programa. La inversión promedio por proyecto fue de 2.19 millones de pesos y de 204 mil pesos por joven apoyado; en cada proyecto agroempresarial realizado en grupo participa un promedio de 13 jóvenes.

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En la etapa de Proyecto Agroempresarial el porcentaje de beneficiarios indígenas fue mayor que el observado en la etapa de Proyecto Escuela, representando un 25.23%.

ESTADO PROYECTOS BENEFICIARIOS INDIGENAS

Chiapas 18 492 46

Guerrero 18 474 108

Hidalgo 7 182 21

Michoacan 16 440 31

Morelos 15 442 27

Nayarit 14 364 73

Oaxaca 18 493 137

Puebla 4 115 4

San Luis Potosi 12 294 83

Sonora 9 231 109

Veracruz 12 316 1

Zacatecas 13 348 16

TOTALES 156 4191 656

Cuadro 3. Indígenas apoyados en Proyecto Escuela 2010

Fuente: Secretaria de la Reforma Agraria, 2010

ESTADO PROYECTOS BENEFICIARIOS INDIGENAS

Chiapas 8 102 38

Guanajuato 3 25 0

Guerrero 13 171 37

Michoacan 2 34 0

Morelos 3 42 0

Oaxaca 2 14 14

Puebla 1 14 0

Sonora 2 49 49

Veracruz 3 27 0

Zacatecas 14 69 0

TOTALES 51 547 138

Cuadro 4. Indígenas apoyados en Proyecto Agroempresarial 2010


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La asignación promedio de recursos de inversión por joven es muy similar entre hombres y mujeres, solamente en el componente de crédito se aprecia que las mujeres reciben en promedio un 14% más.

El total de beneficiarios con proyecto agroempresarial fue de 547 jóvenes, mismos que ya habían acreditado un proyecto escuela en años anteriores. La mayoría de los proyectos agroempresariales (75%) corresponde a jóvenes de la generación 2007 de proyecto escuela.

La cobertura geográfica de los proyectos agroempresariales abarcó 10 estados, el 70% de los proyectos y de los beneficiarios se concentró en los estados de Chiapas, Guerrero y Zacatecas.

Las actividades productivas apoyadas con proyecto agroempresarial en el año 2010 fueron mayorita-riamente agrícolas (agricultura protegida) y pecuarias (ovinos, bovinos, porcinos y caprinos), en ellas se concentró casi el 90% del total de proyectos. Llama la atención el contraste en la proporción de proyectos pecuarios entre la etapa de proyecto escuela (35.47%) y la de proyecto agroempresarial (56.87%), lo cual podría implicar que se están enfrentando dificultades para avanzar en la diversificación de activi-dades productivas acordes al potencial productivo y de mercado de cada una de las zonas de atención prioritaria en las que opera el Programa.

Tomando el total de proyectos escuela y proyectos agroempresariales apoyados en 2010, se observa que la mayor parte de ellos se localizó en regiones de muy alto y alto grado de marginación, en concor-dancia con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa.

c) Jóvenes indígenas atendidos en el Programa Los apoyos a la población indígena también son considerados dentro de la atención a grupos prio-

ritarios. De los 4,191 beneficiarios de Proyectos Escuela en estados donde participaron beneficiarios indígenas, 656 son indígenas, es decir el 15.6%, concentrándose en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora.

c.1) Perfil socioeconómico de los jóvenes apoyados en 2010

- Edad de los jóvenes participantes en el Programa

De acuerdo con la base de datos de la SRA, la edad promedio de los jóvenes cuando ingresaron al Programa (a la etapa de Proyecto Escuela) era de 29.8 años entre los hombres y de 28.3 años entre las mujeres, es decir, aproximadamente 10 años por debajo del límite de la edad máxima (39 años) señalada en las Reglas de Operación. Al momento de levantar la información de campo para la presente evaluación la edad promedio de los hombres fue de 32.9 años y de 32.4 años de las mujeres.

- Niveles de escolaridad

Tanto en hombres como en mujeres predominan los jóvenes con nivel de educación básica (59%), aunque también es de importancia el segmento que cuenta con estudios de bachillerato (19%); los jó-venes con estudios superiores en su mayoría son hombres (10%).

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La escolaridad promedio de los jóvenes es de 8.7 años en el caso de las mujeres y de 6.4 años en el de los hombres; esta es una brecha de género po-sitiva para las mujeres, aunque no necesariamente se refleja en mayor integración a las actividades productivas o en la capacidad de generación de in-greso, como se verá en otros apartados del presente informe de evaluación.

Los jóvenes, hombres y mujeres, con mayor ni-vel educativo tienden a concentrarse en proyectos agrícolas; esto puede entenderse por el tipo de proyectos, esencialmente de invernaderos, que re-quieren de mayor preparación de los jóvenes. Esto es más evidente entre los hombres: de un total de 102 jóvenes con estudios de bachillerato y profesional, 69 tienen este tipo de proyectos.

- Ingreso de los jóvenes previo a su incorporación al Programa

Se observa una relación directamente propor-cional entre el nivel de estudios y el ingreso que tenían los jóvenes antes de desarrollar su proyecto agroempresarial, aunque para todos los niveles de estudio es mayor el ingreso de los hombres que el de las mujeres. La brecha de género en el ingreso de los jóvenes al momento que se incorporaron a la etapa de Proyecto Escuela, medida como la pro-porción de ingreso de las mujeres por cada peso de ingreso de los hombres, fluctuaba en un rango de 61 centavos entre mujeres con educación básica y 76 centavos entre las que contaban con educación superior; la brecha promedio era de 63 centavos.

- Calidad agraria de los jóvenes

De acuerdo con la información de la muestra aplicada en la presente evaluación, las comuneras representan un 12.4% del total de mujeres bene-ficiarias; esto es indicativo de la participación de mujeres indígenas en el Programa. Esta proporción es significativamente menor entre los beneficiarios hombres (2.1% son comuneros). También resulta

importante el contraste en la categoría de ejidata-rios: mientras que entre las mujeres solo representan el 9.2%, en el caso de los hombres se eleva hasta el 24.2%, lo que puede estar asociado a factores culturales en los que los derechos sobre la tierra se heredan a los hijos varones, aunque las mujeres tienen una proproción mayor como pequeñas pro-pietarias. En la categoría de avecindados, es decir, sin derechos sobre la tierra, destaca la brecha de género de casi 12 puntos en contra de las hombres, situación que el Programa busca atender mediante apoyos para la compra o renta de tierra en donde se instalan los proyectos agroempresariales.

- Otras características socioeconómicas de los jóvenes beneficiarios

De acuerdo con la información recabada en la muestra aplicada en la presente evaluación, el es-tado civil de los beneficiarios indica que en el caso de las mujeres la mayoría (87.4%) están casadas (59.2%) o en unión libre (28.2%), solamente el 10.6% correspondió a jóvenes solteras. Entre los hombres beneficiarios la proporción de casados es ligeramente mayor (59.4%), pero es menor en los que se encuentran en unión libre (22.5%); los jóve-nes solteros son el 18.1% del total de los hombres.

Respecto a la jefatura del hogar, se observa un fuerte contraste entre la proporción de mujeres que están casadas o en unión libre (87.4%) y las que tienen la jefatura del hogar (9.0%), esto en gran parte se debe a la dependencia económica respecto de sus parejas; aunque debe señalarse que esa proporción era significativamente menor antes de que las mujeres participaran en un proyecto agroempresarial (4.5% en el año 2009).

El número de hijos e hijas promedio en las be-neficiarios mujeres es ligeramente mayor (2.2) que el observado entre los beneficiarios hombres (1.9). Estas diferencias son clave para la distribución de tiempos entre actividades remuneradas y no remu-neradas por sexo, como más adelante se analizará.

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Respecto de los beneficiarios hablantes de alguna lengua indígena, se observa que entre las benefi-ciarias mujeres hay una proporción (24.0%) muy parecida a la de los beneficiarios hombres (25.3%). Esta es una acción afirmativa del Programa para dar iguales oportunidades a las mujeres indígenas para emprender un proyecto agroempresarial.

Tanto para beneficiarios hombres como en el caso de las mujeres, el número de aportantes al ingreso familiar es igual (1.7 personas). En tanto que la presencia de migrantes en la familia es mayor en el caso de las mujeres (16.2%) que en el de los hombres (12.4%), esto se refleja en el ingreso de aquellas beneficiarias que reciben transferencias de algún familiar.

d) Situación actual de los proyectos agroempresariales apoyados en 2010

Sobrevivencia de proyectos

Después de poco más de un año de su implemen-tación, la mayoría de los proyectos en los que parti-cipan mujeres se mantienen en operación (94.6%); esta proporción resulta significativamente mayor a la encontrada en proyectos en los que participan hombres (82.9%). Esta diferencia es importante dada la relevancia que tienen los proyectos para las mujeres como una vía a la incorporación a las actividades productivas y a la posibilidad de obtener mayores ingresos. En el caso de las mujeres, estos valores están muy por arriba de los reportados en la última evaluación realizada por la FAO, en la que se encontró que 84.1% de los proyectos apoyados en 2009 seguían operando en 2011.

d.2) Permanencia de los jóvenes en los proyectos agroempresariales

Al momento del levantamiento de la información de campo para la presente evaluación (marzo- abril de 2012), la proporción de jóvenes que continúan

en su proyecto agroempresarial es significativamen-te mayor entre las mujeres (76.4%) que la observa-da entre los beneficiarios hombres (68.3%). En el caso de las mujeres esta proporción resulta bastante parecida a la encontrada en la última evaluación realizada por FAO sobre proyectos agroempresa-riales apoyados en 2008 y 2009.

d.3) Acceso a la tierra para el desarrollo de los proyectos agroempresariales

El acceso a la tierra como un elemento relevante impulsado por el Programa muestra importantes contrastes de género. Aunque tanto para hombres como para mujeres la opción de renta es mayori-taria, estas últimas tienen una mayor preferencia por la compra de la tierra en comparación con los varones. Este es un aspecto que responde al hecho de que la transmisión de derechos sobre la tierra de padres a hijos generalmente favorece a los varones.

d.4) Acceso a la asistencia técnica y al crédito para la operación de los proyectos

En cuanto al acceso a la asistencia técnica no se observan significativas diferencias en cuanto a género. La cobertura en el caso de proyectos en los que participan mujeres es del 94.0% y en el de hombres del 92.6%; ello porque el diseño del Programa contempla que todo proyecto cuente con el apoyo de un tutor de negocios.

En el caso del crédito sí se encontraron dife-rencias entre mujeres y hombres; las primeras lo-gran acceder en mayor proporción (72.8%) que los hombres (62.8%), incluso los montos promedio de créditos recibidos por las mujeres ($44,163) son 14% mayores a los que reciben los hombres ($38,680). Tanto para los hombres como para las mujeres el acceso al crédito ha sido el originalmente asignado por el Programa para la instalación de los proyectos, procurando pagar el crédito lo más

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pronto posible para evitar el pago de intereses; esto puede traducirse en presiones financieras sobre el proyecto y deja ver la necesidad de profundizar en la capacitación de los jóvenes en temas financieros.

4.2 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

Características principales del PROMUSAG en 2010

En este capítulo se presenta un análisis general del diseño del PROMUSAG, sus principales aspectos de operación en el año 2010, el tratamiento especí-fico que se da a la perspectiva de género y al empo-deramiento de las mujeres, el perfil socioeconómico de las mujeres participantes y la situación actual de los proyectos productivos apoyados en 2010.

a) Diseño general y objetivo

De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 (DOF, 2009), el PROMUSAG es un programa presupuestario federal que está sujeto a Reglas de Operación (RO), las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009 y se constituyen en el documento norma-tivo que regula su implementación.

El PROMUSAG otorga aportaciones federales directas a grupos de mujeres para la realización de proyectos productivos que permitan a las mujeres rurales incrementar sus ingresos y mejorar su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario.

En 2010, el artículo 2 de las RO estableció como objetivo general del programa “Contribuir al incre-mento de ingresos y generación de empleos de las mujeres en el sector rural, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos pro-ductivos.” (DOF, 2009). Entre los objetivos especí-ficos, el artículo 3 determinó dos cualidades de los proyectos: que fueran “técnicamente sustentables y con equidad de género”. Se señala también que

los apoyos se refieren al “otorgamiento de apoyos económicos”.

También se plantearon como propósitos, el otorgamiento de “capacitación productiva a los grupos de beneficiarios apoyados”, así como el aseguramiento de la sobrevivencia de los proyectos productivos apoyados, mediante los mecanismos de supervisión.

El artículo 6 de las RO, precisa que la población beneficiaria son “...las mujeres con dieciocho años cumplidos o más que habiten en núcleos agrarios y que no hayan sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio.” (DOF, 2009).

Las aportaciones directas, es decir los recursos económicos, se otorgaron a grupos integrados con un mínimo de tres y un máximo de seis mujeres. El monto máximo por proyecto fue de $180,000.00, considerando $30,000.00 por cada una de las inte-grantes, según el artículo 15 de la RO (DOF, 2009).

Los grupos de mujeres reciben asistencia técnica por parte de “Técnicos Habilitados” por la SRA que forman parte de un padrón avalado por la institu-ción, para la elaboración del proyecto y su ingreso al proceso de selección y cuentan con una serie de derechos y obligaciones definidos en los artículos 18 y 19 de las ROP. Asimismo, los grupos reciben “Capacitación”, correspondiente al módulo I, en el cual se abordan temas relativos a los derechos y obligaciones de las beneficiarias. Asimismo, se facilitan herramientas para la adecuada puesta en marcha del “Proyecto productivo” (artículo 62 de las ROP, DOF, 2009).

Como se puede apreciar, el objetivo general del PROMUSAG fue y sigue siendo brindar oportuni-dades en materia económica para las mujeres del medio rural, ahí radica su contribución al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres del sector.

De lo anterior se deriva que el problema fun-damental de desigualdad que se busca resolver es

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la falta de empleos y los bajos niveles de ingreso de las mujeres rurales, y con ello se pretende mejorar su participación en el ámbito económico, familiar y comunitario, con el fin de disminuir la pobreza y mejorar sus condiciones de vida.

b) Encuadre jurídico y normativo

En el 2010, el PROMUSAG, se enmarcó jurídica y normativamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 3 “Igualdad de Oportunidades” y en el Objetivo 2 “Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos”, y en el Programa para el Desarrollo Sectorial Agrario 2007- 2012.

Como se aprecia, las referencias que enmarcaron al PROMUSAG en 2010 fueron todavía muy ge-nerales, sin embargo en las RO 2011 y en las de 2012 se observa un avance progresivo importante al ampliar las invocaciones a otras leyes del ámbito estatal e internacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, lo que refleja un mejoramiento constante de las RO del programa tendente a forta-lecer la perspectiva de género.

Así, en las RO 2012 se detectan, además de las referencias señaladas para 2010, la del objetivo 6 del PND 2007-2012 “Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en un trato equitativo y justo para los mexicanos en todas las es-feras de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación”; responde también al Eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” (PND 2007-2012).

También se alinea con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008- 2012 (Proigualdad), en su objetivo estratégico 6 “Potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo” y en la Estrategia 6.4 “Incorporar la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural y de sustentabilidad ambiental; y atiende también el Pro-grama para el Desarrollo Sectorial Agrario 2007-2012 en el Eje 5 “Atención a grupos Prioritarios”, el cual tiene como objetivo Garantizar la Igualdad de Oportunidades de los grupos prioritarios que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

De manera destacable incorpora como referente, los artículos 1o y 4o de la constitución mexicana relacionados con la igualdad y los derechos humanos y los artículos 1o, 2o y 3o de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (DOF, 2006). Al tiempo que invoca la Convención sobre la Eli-minación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), referencias indispensables en materia de políticas públicas y género.

Con ello, se aprecia un trabajo constante, al menos de los últimos tres años, de la SRA por mejorar el PROMUSAG, que es la política pública que a una década de haber iniciado, se ha propuesto incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.

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c) Cambios en las Reglas de Operación para 2010

De acuerdo con el Informe Físico Financiero del PROMUSAG para el ejercicio fiscal 2010 (SRA; 2011), las RO 2010, respecto de las del 2009 (DOF, 2009), tuvieron modificaciones tendientes a me-jorar los aspectos normativos, operativos y de seguimiento y control del programa. De hecho al realizar una somera revisión se constata una reestructuración y reelaboración de las RO para el ejercicio 2010. A continuación se enlistan las que se consideran más relevantes:

• Se incorpora una introducción que establece la filosofía del PROMUSAG y su alie-nación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

• Se modificó el concepto de población objetivo, al incluirse la condicionante de no haber participado en el PROMUSAG, o en el Fondo para el Apoyo a Proyectos Pro-ductivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) en los últimos cinco ejercicios fiscales.

• Cambió el número de integrantes de grupo, donde se pasó de un mínimo de dos integrantes y máximo cinco, a tres y seis integrantes respectivamente.

• Aumentó en el monto de apoyo a cada grupo, de $125,000.00 como límite, creció a $180,000.00 como monto máximo.

• Se incorporó, de manera opcional, el esquema de capitalización “...para los Grupos que deseen destinar parte de las utilidades al ahorro, a través de cualquier institución financiera que esté dentro de la Ley de Ahorro y Crédito Popular” (Art. 1, RO. DOF, 2009) que pretende fomentar el ahorro y la capitalización orientadas a la reinversión productiva de utilidades en los proyectos.

• A fin de verificar la correcta aplicación de los recursos entregados, se incorporó como obligación para los grupos de mujeres, la presentación de la comprobación de recursos dentro de los siguientes noventa días naturales contados a partir de la entrega de los mismos (Art. 19 frac. IV, RO. DOF, 2009). En caso de que los grupos no cumplan con la comprobación, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA será notificada a efecto de que determine si existe daño patrimonial y se realicen las acciones legales correspondientes.

• Se fortalecieron las acciones de capacitación al obligar que mínimo el 80% de las integrantes de cada grupo reciban la capacitación del módulo I y supervisión, y al determinar las actividades de las personas que imparten la capacitación, denomi-nadas “Guías CASS”

• Se fortaleció la corresponsabilidad de técnicos/as en el desarrollo de los proyectos, así como las actividades de supervisión a los proyectos y a los grupos beneficiados por parte de la SRA.

d) Presupuesto público etiquetado para el ejercicio fiscal 2010

El presupuesto de egresos de la federación cristaliza el gasto público destinado a la provisión e in-versión en cuanto a bienes y servicios destinados a las personas y grupos sociales, de tal manera que las asignaciones presupuestales son un reflejo de las decisiones y prioridades del Estado que, desde luego, obedecen a los contextos sociales, económicos y políticos que enfrenta.

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Desde la perspectiva de género, se parte de la idea de que los presupuestos públicos no son neutrales, por el contrario, tienen impactos diferenciados para mujeres y hombres, pues no todas las personas se benefician de la misma forma ni en la misma proporción, por lo que es necesario derivar y formular propuestas de presupuestos públicos bajo el enfoque de género orientadas a la equidad y la igualdad. La utilización de la categoría de género y el desarrollo de métodos para analizar los presupuestos públicos y construir propuestas comenzó hacia 1984 en países como Australia y Sudáfrica (Debbie Budlender y Rhonda Sharp, 1998).

Actualmente existen distintas metodologías y definiciones en torno a los presupuestos públicos con perspectiva de género, tanto para su análisis, como para su elaboración. Los primeros presupuestos de denominaron “presupuestos para mujeres” y obedecieron al enfoque de las políticas conocido como MED (Mujeres en el Desarrollo), hoy en día es más usual hablar de presupuestos públicos con perspectiva de género. De acuerdo con Cooper y Guzmán, se trata de:

“...un presupuesto que reconoce la existencia de desigualdades económicas, sociales, políticas y cul-turales (...) las diferentes posiciones y condiciones que mujeres y hombres tienen en la sociedad (...) las diferentes necesidades de bienes y servicios (...) como producto de las relaciones genéricas [y por ende se] elaboran programas de ingresos y gastos, que atiendan no solamente las necesidades prácticas de mujeres y hombres, sino también sus intereses estratégicos (...) orientada a cerrar las brechas [y que] promueva el reconocimiento social y el empoderamiento de las mujeres” (2005:11-12).

Pérez y Rangel (2004) coinciden en que un presupuesto con enfoque de género considera en su for-mulación recursos y acciones “...que sirvan para eliminar las brechas de inequidad entre los géneros, mediante la atención de las necesidades diferenciadas de los diversos grupos de hombres y mujeres” (2004: 17).

De acuerdo con Kabeer (2006), el análisis con enfoque de género de presupuestos públicos, que ella denomina “Análisis del Presupuesto responsivo al Género”, tiene varios alcances o niveles, tales como el nacional, local, sectorial o programático, así como distintos propósitos, entre los que destacan la transparencia y la rendición de cuentas, o bien la revisión y valoración de la “...forma de empatar las decisiones de las políticas con las asignaciones de recursos; y también es una forma de comprobar si los compromisos de las políticas con los temas de género son retórica o realidad” (Kabeer, 2006:153).

En palabras de Shapiro (s/f), el análisis de presupuestos públicos ayuda a examinar cómo volver operativos los derechos, convirtiendo la retórica política o los compromisos legales en asignaciones pre-supuestarias y actividades operativas.

Aunado al desarrollo teórico y metodológico en materia de presupuestos públicos, en el campo del derecho internacional de los derechos humanos el tema cobró vigencia a partir de la Declaración y Pla-taforma de Acción de Beijing (ONU, 1996), donde se insta a los gobiernos a adoptar, entre otras me-didas, las de “reestructurar y dirigir la asignación presupuestal del gasto público con miras a aumentar las oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de las mujer a los recursos productivos, ...” (párrafo 58, inciso d).

30


En el ámbito nacional, después de la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (DOF, 2006), se incorpora en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación el artículo 26 (DOF, 2009), que hace obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública federal el desarrollo de elementos con perspectiva de género en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas. También, a partir de 2008, y derivado de la acción de la sociedad civil, se incorpora el Anexo 10, denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, como manifestación explícita de la asignación de recursos etiquetados a diferentes instancias federales para la implementación de programas orientados a la atención de las mujeres y la promoción de la igualdad entre los géneros.

En este sentido, sin pretender realizar un análisis del presupuesto etiquetado para PROMUSAG, dado que está fuera de los propósitos de esta evaluación, se intenta llamar la atención sobre la dimensión que adquiere el tema de los presupuestos públicos con perspectiva de género.

Así, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto total programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, para el Ramo Administrativo 15 correspondiente a la Secretaría de la Reforma Agraria fue de 5,195.1 millones de pesos y el gasto total del programa de subsidios sujeto a Reglas de Operación, S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) contó con un gasto programable de 662.9 millones de pesos, más 150.0 millones de pesos de “Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados”, para sumar un total de 772.9 millones de pesos.

Como se puede observar, el PROMUSAG representa 13 por ciento del presupuesto de la SRA, y es el único programa que cuenta con recursos públicos etiquetados, mediante el Anexo 10 del PEF (DOF, 7 de diciembre de 2009), es decir, es presupuesto público del sector rural que explícitamente está destinado a abatir la desigualdad de las mujeres rurales, respecto de los hombres rurales.

De acuerdo con el 5o Informe de Labores de la SRA (SRA, 2011), el presupuesto sectorial ejercido en 2010 ascendió a 4,953.78 millones de pesos, y el PROMUSAG ejerció un presupuesto de 792.81 millones de pesos. Estos datos, apenas modifican en 86% y 14% la distribución porcentual del presu-puesto respectivamente.

Al adicionar al presupuesto de PROMUSAG, los presupuestos de los otros dos programas de subsidio de la SRA, el del Fondo para el Apoyo a Proyectos productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) que ascen-dió a 780.0 millones de pesos y el del Programa Joven Emprendedor Rural (JERFT) que integró 458.2 millones de pesos, se observa que aun así, el porcentaje total de los tres programas de subsidio sujetos a Reglas de Operación, alcanza apenas el 28% del presupuesto del Ramo 15.

e) Mujeres, grupos y proyectos participantes en 2010

De acuerdo con el Informe físico financiero del PROMUSAG para el ejercicio fiscal 2010 (SRA, 2011), el programa brindó atención a 24 mil 343 mujeres mayores de 18 años que habitan en núcleos agrarios atendidos por el programa; que conformaron 4 mil 446 grupos para poner en marcha igual número de proyectos productivos en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal del país.

e.1) Cobertura de los proyectos

El artículo 4 de las Reglas de Operación del PROMUSAG determina que el programa “tendrá una cobertura nacional con el fin de atender a la población femenina asentada en los núcleos agrarios de las treinta y dos entidades federativas” (DOF, 2009).

31


El siguiente muestra el número de socias, de proyectos y el monto del presupuesto aplicado en cada una de las entidades federativas.

ENTIDAD FEDERATIVA SOCIAS PROYECTOS PRESUPUESTO

Aguascalientes 193 42 $6,068,700

Baja California 76 14 $2,399,100

Baja California Sur 72 17 $2,374,900

Campeche 757 141 $24,795,100

Chiapas 1,907 345 $62,338,100

Chihuahua 416 77 $13,722,500

Coahuila 342 60 $11,134,200

Colima 170 33 $5,562,700

Distrito Federal 141 27 $4,581,500

Durango 708 128 $23,309,000

Guanajuato 1,096 191 $36,083,300

Guerrero 1,192 213 $39,111,600

Hidalgo 1,268 233 $41,625,100

Jalisco 260 52 $8,561,300

Mexico 1,195 224 $38,358,100

Michoacan 1,506 272 $48,625,500

Morelos 1,261 236 $41,408,400

Nayarit 483 89 $15,721,200

Nuevo Leon 283 51 $9,258,700

Oaxaca 1,924 342 $62,965,100

Puebla 714 131 $23,500,400

Queretaro 291 58 $9,552,400

Quintana Roo 192 44 $6,253,500

San Luis Potosi 604 105 $19,930,900

Sinaloa 984 179 $32,256,400

Sonora 1,071 195 $35,181,300

Tabasco 1,137 202 $36,089,900

Tamaulipas 445 82 $14,454,000

Tlaxcala 522 97 $17,177,600

Veracruz 1,914 342 $60,272,300

Yucatan 602 106 $19,833,000

Zacatecas 617 118 $20,301,600

32


32

Tlaxcala 522 97 $17,177,600 Veracruz 1,914 342 $60,272,300 Yucatan 602 106 $19,833,000 Zacatecas 617 118 $20,301,600 TOTAL GENERAL 24,343 4,446 $792,807,400

Cuadro 5. Concentrado de nu mero de socias, proyectos y presupuesto, segu n entidad federativa


Los estados donde participaron mayor número de mujeres (poco más de mil 900, en cada caso) fueron: Oaxaca con el 7.90%, Veracruz con 7.86%, y Chiapas con 7.83% del total, y por ende también la mayor cantidad de proyectos (1,029) y de recursos públicos. Estas entidades federativas tienen un alto porcentaje de población rural que para Chiapas y Oaxaca rebasa incluso la mitad de la población total de la entidad, lo cual indica la canalización adecuada de PROMUSAG en congruencia con sus objetivos. En conjunto, estas tres entidades federativas concentran poco más del 23% tanto de la población femenina atendida, como de los proyectos y del presupuesto, como se puede observar en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Concentrado de nu mero de socias, proyectos y presupuesto, segu n entidad

federativa Fuente: Secretaria de la Reforma Agraria, 2010

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Concentrado de número de socias, proyectos y presupuesto, según entidad federativa

Socias Proyectos

33

Gráfica 2. Concentrado de nu mero de socias, proyectos y presupuesto, segu n entidad

federativa Fuente: Secretaria de la Reforma Agraria, 2010

Un segundo grupo conformado por 8 entidades, Sonora, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Michoacán, aglutina 40.0% del total de mujeres participantes y 39.7% del total de proyectos aprobados. Es decir, 11 estados de la república reúnen alrededor del 63 por ciento del total de socias y de proyectos. Un tercer grupo integrado por Yucatán, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Puebla, Campeche y Sinaloa, pusieron en marcha entre 106 y 179 proyectos, con la participación de entre 600 y 984 socias, concentrando 20.5% de las mujeres participantes, y 20.4% de los proyectos. En las otras 14 entidades federativas se distribuye poco más del 17% del presupuesto total del PROMUSAG. De conformidad con el artículo 8 de las RO, la atención a la población femenina respondió a criterios de focalización de recursos hacia mil 670 grupos conformados por 9 mil 189 mujeres que habitan Zonas de Atención Prioritaria que se ubican en municipios de alta y muy alta marginación; a 542 mujeres que se organizaron para desarrollar 100 proyectos que viven en municipios de la estrategia 100 x100; y a 11 mil 398 mujeres que habitan en mil 33 municipios indígenas y que implementaron 2 mil 053 proyectos productivos (SRA, 2011).

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Socias Proyectos

Grafica 2. Concentrado de numero de socias, proyectos y presupuesto, segun entidad federativa


Grafica 1. Concentrado de numero de socias, proyectos y presupuesto, segun entidad federativa




Los estados donde participaron mayor número de mujeres (poco más de mil 900, en cada caso) fue-ron: Oaxaca con el 7.90%, Veracruz con 7.86%, y Chiapas con 7.83% del total, y por ende también la mayor cantidad de proyectos (1,029) y de recursos públicos. Estas entidades federativas tienen un alto porcentaje de población rural que para Chiapas y Oaxaca rebasa incluso la mitad de la población total de la entidad, lo cual indica la canalización adecuada de PROMUSAG en congruencia con sus objetivos.

En conjunto, estas tres entidades federativas concentran poco más del 23% tanto de la población feme-nina atendida, como de los proyectos y del presupuesto, como se puede observar en la siguiente gráfica.

33


TOTAL GENERAL 24,343 4,446 $792,807,400

Cuadro 5. Concentrado de numero de socias, proyectos y presupuesto, segun entidad federativa


Un segundo grupo conformado por 8 entidades, Sonora, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Michoacán, aglutina 40.0% del total de mujeres participantes y 39.7% del total de proyectos aprobados.

Es decir, 11 estados de la república reúnen al-rededor del 63 por ciento del total de socias y de proyectos.

Un tercer grupo integrado por Yucatán, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Puebla, Campeche y Sinaloa, pusieron en marcha entre 106 y 179 proyectos, con la participación de entre 600 y 984 socias, concentrando 20.5% de las mujeres parti-cipantes, y 20.4% de los proyectos.

En las otras 14 entidades federativas se distri-buye poco más del 17% del presupuesto total del PROMUSAG.

De conformidad con el artículo 8 de las RO, la atención a la población femenina respondió a criterios de focalización de recursos hacia mil 670 grupos conformados por 9 mil 189 mujeres que habitan Zonas de Atención Prioritaria que se ubican en municipios de alta y muy alta marginación; a 542 mujeres que se organizaron para desarrollar 100 proyectos que viven en municipios de la estrategia 100 x100; y a 11 mil 398 mujeres que habitan en mil 33 municipios indígenas y que implementaron 2 mil 053 proyectos productivos (SRA, 2011).

e.2) Giros productivos de los proyec-tos e inversión

Como ya se ha señalado, durante 2010 se ins-tauraron 4,446 proyectos productivos a cargo de igual número de grupos de socias.

Los giros productivos que registraron mayor por-centaje corresponden a los proyectos pecuarios con 42.1% del total, seguidos por los del giro comercial con 20.4% y los de servicios con 17.2%.

Respecto de los datos registrados en el año 2009 (FAO/SRA, 2011), se observa que en términos generales continúa el comportamiento de los giros productivos que prevalecen, pecuario, comercio y servicios, aunque hubo una ligera baja en los rubros pecuario y comercial, del 44.54 % al 42% y del 23.28% al 20.4% respectivamente. En cambio el giro de servicios creció de 10.98% a 17.2% en 2010.

Destaca que el giro agrícola prácticamente se mantiene igual con respecto a 2009, que sin contar el rubro que agrupa “otros”, representa la actividad productiva con menor porcentaje, 3.2 para 2010 y 3.08 el año anterior.

Los resultados de la presente evaluación com-plementaria reflejan también la primacía de las actividades ganaderas, que incluyen bovinos de leche, carne o doble propósito, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, pollos y huevo, y que comprenden el 40.3% del total de proyectos.

El 33% de los proyectos corresponde al giro de servicios, que comprende también las actividades de comercio; ambas integran papelerías, tiendas de abarrotes, mercerías, carnicerías, farmacias, res-taurantes, fondas, cocinas económicas, verdulerías, cibercafés, entretenimiento, renta de mobiliario y equipo, turismo y recreación, refaccionarias, talleres automotrices, herrerías o carpinterías, entre otros.

El rubro otros, con 18%, agrupa a varios tipos de proyectos como boutiques, producción de ropa, apicultura, producción de artesanías diversas, por ejemplo:

34


Los tres giros señalados expresan cierta diver-sificación de los proyectos productivos implemen-tados por las mujeres, pero llama la atención que la producción de granos, hortalizas, frutales o cultivos ornamentales (diferentes a la producción de traspatio, por su escala) por ejemplo, que son actividades agrícolas, tengan poca participación de las mujeres, los porcentajes apenas rondan el 2%; es posible que haya una restricción genérica, es decir que sigan siendo consideradas como activi-dades “propias” de los varones, y no de las mujeres.

La agroindustria también refleja un porcentaje del 6.2%. En este giro se realizan actividades como conservas alimenticias, aceites y grasas comestibles, moles y salsas, chocolates, dulces, tortillas, pan y repostería, por ejemplo.

Al momento del levantamiento de la información en campo, la inversión promedio en el proyecto es de 161, 707 pesos. El Cuadro No. 7, proporciona una aproximación de la inversión promedio para cada uno de ellos según nivel de ingreso, aunque en la muestra no es estadísticamente representativa por giro.

e.3) Sobrevivencia de los proyectos y la permanencia de sus participantes

De acuerdo con la información obtenida en la presente evaluación, 73.9% de los proyectos con-tinúan operando a más de un año de su imple-mentación. En tanto, 6,356 proyectos no están operando. Las razones de ello son varias: 60.3% no se instalaron, 33.9% se repartieron el apoyo, 4.4% destinaron el apoyo a otros fines, 3.6% enfrentaron altos costos de producción y 2.4% por la venta de activos por falta de recursos para operar. (El total de causales supera al 100%, porque en algunos casos hay más de una razón).

En relación con la permanencia de las mujeres participantes en su proyecto, se observa que en promedio permanecen activas tres cuartas partes de las que ingresaron, lo cual tiene cierta proporción

con los porcentajes de los proyectos productivos que dejaron de operar.

e.4) Acceso a crédito y a asistencia técnica para operar el proyecto

El acceso a crédito por parte de las mujeres y de los grupos que conforman es un factor de empode-ramiento económico, que favorece tanto en el plano individual como grupal.

En el caso de las mujeres que participan en PRO-MUSAG, el acceso a cualquier tipo de crédito para desarrollar el proyecto, es apenas del 4.30%, lo cual revela la limitación en el acceso a préstamos que les permitan desarrollar el proyecto, elevar la produc-ción, ampliar los mercados, o adquirir más y mejores tecnologías, y fortalecer el tránsito de proyectos de subsistencia a proyectos de mercado. Estas restric-ciones, obedecen a su condición de género; la FAO apunta al respecto que “Las mujeres agricultoras se enfrentan a la discriminación sistemática respecto al acceso a los recursos y servicios necesarios para mejorar su productividad, como créditos, títulos seguros de propiedad de tierras...” (FAO, 2009:9).

En el capítulo tercero se podrán observar los datos sobre la titularidad y control de bienes como tierra o vivienda que es también muy baja, lo que representa un obstáculo para las mujeres y grupos que eventualmente quieran acceder a los servicios de las instancias crediticias.

Por su parte, la asistencia técnica es otro recurso de empoderamiento para las personas y los grupos que conforman, en cuanto a conocimiento y desa-rrollo de capacidades y habilidades técnicas para la producción o prestación de servicios, así como un factor que favorece el desarrollo óptimo de los proyectos productivos. En esta materia, 60% de los grupos de mujeres en 2010 recibieron asistencia técnica, mientras casi el 40% restante no, lo que refleja que dos quintas partes de los grupos ins-

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tauraron y desarrollaron su proyecto a partir de la experiencia o inexperiencia en la rama productiva correspondiente, es posible que este carencia haya afectado la instalación y operación de los proyectos.

Además de ello, el diseño y las reglas de ope-ración 2010 del PROMUSAG (DOF, 2009) con-sideran un monto económico para tal efecto y la realización de un contrato que avala la prestación del servicio por parte de las personas técnicas habi-litadas, por lo que además de incidir en la operación de los proyectos, la disposición normativa sobre la materia está siendo vulnerada.

México es un país conformado por jóvenes. Se-gún el Diagnóstico de la Situación de los Jóvenes en México realizado por el IMJUVE, durante los próximos 20 años casi la mitad de estará en edad de trabajar durante los próximos 20 años. Por lo que, el crecimiento demográfico de los jóvenes es una oportunidad para “estimular la inversión en capital humano, alimentación, salud, educación y capacita-ción laboral”. El IMJUVE considera que una persona es joven si está en el rango de 12 y 29 años de edad.

De acuerdo con el IMJUVE, el principal proble-ma de la juventud es su incorporación al desarro-llo del país en condiciones desfavorables debido a cuatro razones. El primero, las “dificultades para la inserción en el mercado laboral”, la segunda, “la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea”, la tercera, “la deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal” y, finalmente, “la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor incidencia de embarazos en adolescentes.”

Por lo tanto, el IMJUVE afirma que existen tres efectos importantes ante las situaciones anteriores. El primero es la incidencia de pobreza en los jóve-nes. El segundo es desaprovechamiento del bono demográfico. Finalmente, la elevada victimización de los jóvenes. Asimismo, el IMJUVE argumenta que algunos de los principales factores que di-ficultan la inserción laboral de los jóvenes son: “carencia de programas de práctica laboral, escasa generación de empleo, una desarticulación entre la relación educación – trabajo (demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y emprendedurismo”. Asimismo, la desvinculación de los jóvenes en su entorno político y social es ori-ginado por la escasa representación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones, causada por una falta de cultura política entre los jóvenes.

Si los jóvenes no logran su pleno potencial, el IMJUVE afirma que de ello deriva una escasa mo-vilidad social, la ausencia de espacios para toma de decisiones, un limitado ejercicio de los derechos sociales. Todo ello dará como resultado el desapro-vechamiento del bono demográfico que goza el país.

Total de productores según nivel de estudios

5. Análisis estadístico: ¿quiénes son los jóvenes

mexicanos que se dedican al campo?

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Total de productores según el sexo

Total de productores según rango de edad

En la Ilustración 2, se puede observar que el 54.43% del total de productores tienen entre 24 y 29 años; es decir, la mayoría de los productores pertencen a ese rango de edad. En segundo lugar, el 44.01% de los productores tienen un rango de edad de entre 18 y 23 años. Asimismo, el 1.56% de los productores tienen entre 12 y 17 años.

37


En la Ilustración 3, se puede observar que del total de entrevistados, el 87.1% de los productores son hombres. En menor proporción, la mujeres representan un 12.9% del total de productores entrevistados.

Unidades de produccion que obtuvieron credito: 6.76%

Porcentaje de unidades de producción que obtuvieron crédito para actividades agropecuarias según tasa de interés anual

“ Con base en la ENVA J2012, la mayoría de las personas jóvenes estudian el nivel básico y el 30.8% se encuentra en el nivel medio superior

y únicamente el 15% ha estudiado al menos un semestre de este nivel. “

En la Ilustración 1, se puede observar que del total de productores, el 62.55 % tiene nivel de estu-dios de primaria. Aproximadamente, el 30% tiene estudios de secundaria. En menor proporción, los productores tienen estudios hasta nivel preparatoria. Finalmente, una menor porcentaje tiene estudios profesionales. Un pequeño porcentaje, del total de productores, presenta otro nivel de estudios.

En la Ilustración 4, se puede observar que el 29.16% de las unidades de producción obtuvieron un crédito de tasa de interés anual de hasta el 10%; lo anterior representa a la mayoría de las unidades de

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Nota: la suma de los parciales es diferente al 100% debido a que una unidad de produccion puede declarar m·s

Porcentaje de unidades de producción que obtuvieron crédito para actividades agropecuarias según plazo de pago

En la Ilustración 5 se puede observar que la mayoría de las unidades de producción, el 86.57%, ob-tuvieron su crédito con un año de plazo de pago. El 4.99% lo obtuvo a dos años y el 4.97% lo obtuvo a tres años el plazo de pago. El 3.47% de unidades de producción tien un plazo de pago igual o mayor a cuatro años.

Porcentaje de unidades de producción que obtuvieron crédito según la fuente

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Nota: la suma de los parciales es diferente al 100% debido a que una unidad de produccion puede declarar m·s

producción. Un 23.46 % obtuvo una tasa mayor del 25% . El 14.99% de las unidades de producción obtuvo un tasa del 10% al 15%. Además, el 13.69% de unidades de producción obtuvo una tasa de in-terés anual del 15% al 20%. El siguiente grupo de unidades de producción, el 12.81%, obtuvo una tasa de interés anual del 20% al 25%. Finalmente, un 5.89% de unidades de producción no sabe la tasa de interés anual.

En la Ilustración 6, aproximadamente, el 35% de las unidades de producción obtuvo un crédito por medio de una caja de ahorro popular. Cerca del 20% de las unidades de producción obtuvo el crédito

En la Ilustración 7, el 80% de unidades de producción obtuvieron un crédito de tipo avío. Aproxi-madamente, el 10% obtuvo un crédito de tipo refraccionario y el 15% obtuvo un crédito de otro tipo.

“ Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la juventud abarca desde los 15 y hasta los 24 años.”

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por medio de una financiera rural. El 11% obtuvo el crédito a trvés de una unión de crédito. El 10% de las unidades de producción le fue dado el crédito por prestamistas. Cerca del 10%, la fuente del crédito

Unidades de produccion que solicitaron seguro: 3.15%

En la Ilustración 8 se puede observar que la mayoría de las unidades de producción un crédito y no lo obtuvieron, el 38.35%, fue debido a que no contaban con respaldo económico. En segundo lugar, el 31.04% de las unidades de producción que no consiguieron un crédito fue causado por no ser sujeto de crédito. El 26.64% de las unidades de producción que no obtuvieron un crédito fue por otra razón. El 3.97% no obtuvo el crédito debido a que estaban en el buró de crédito.

Distribución porcentual de unidades de producciónque solicitaron seguro

Unidades de produccion que solicitaron y no obtuvieron credito: 0.94%

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Nota: los porcentajes etan cualculados en funcion del total de unidades de produccion

fue por una banca comercial u otra fuente. Finalmente, el 5% de las unidades de producción tuvieron un crédito dado por familiares que viven dentro del país y cerca del 1% por familiares que viven en el extranjero.

Porcentaje de Unidades de producción que obtuvieron crédito según el tipo

Nota: Unidades de produccion con seguro: 3.05%

La ilustración 10 representa a el 46.38% de las unidades de producción contraron un seguro por medio de un fonde de aseguramiento. El 33.18% contrató a una aseguradora privada. El 11.12% obtuvo el seguro

por medio de una institución de gobierno. El 9.31% utilizó alguna otra institución.

Porcentaje de unidades de producción según tecnología de comunicación en el desarrollo de sus actividades

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Porcentaje de unidades de producción que solicitaron crédito para actividades y no lo obtivieron

La Ilustración 9 representa el total de unidades de producción que solicitaron un seguro, el 96.75% lo obtuvo. Sin embargo, el 3.25% que solicitó un seguro del total de unidades de producción no obtuvo un seguro.

Porcentaje de unidades de producción que contrataron seguro para actividaddes según instituciónEn la ilustración 11 podemos observar que aproximadamente un 14% del total de productores. Es decir,

la mayoría de las unidades de producción utiliza el teléfono celular para el desarrollo de sus actividades. Después del total de unidades de producción con menor del 5% la computadora es la segunda tecnolo-gía utilizada. Finalmente en menor porcentaje el internet es utilizados por las unidades de producción.

6.1) Visión general sobre la empleabilidad en los jóvenes

a) La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción

Los jóvenes representan la promesa de un cambio positivo en las sociedades. Sin embargo, no hay suficiente trabajo para ellos. Hay asimismo millones de jóvenes que no encuentran vías hacia un trabajo decente y corren riesgo de exclusión social.

En 2012 hay en el mundo casi 75 millones de jóvenes desempleados, 4 millones más que en 2007, y más de 6 millones han abandonado la búsqueda de un puesto de trabajo. Más de 200 millones de jóvenes están trabajando pero ganan menos de 2 dólares de los Estados Unidos por día. El empleo informal entre los jóvenes sigue ganando terreno.

La crisis del empleo juvenil, agravada significativamente por la crisis económica y financiera mundial, nos impone el gran desafío a gobiernos, empleadores y trabajadores, en la época actual, de trabajar aún más arduamente en la promoción, generación y mantenimiento de los empleos decentes y productivos.

El desempleo y el subempleo persistentes de los jóvenes conllevan un elevado costo socioeconómico y representan una amenaza para el tejido social. La incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo decentes puede tener efectos perjudiciales duraderos en los jóvenes.

Existe una necesidad urgente de revertir la tendencia actual. Si no se adoptan medidas inmediatas y enérgicas, la comunidad mundial se enfrentará al triste legado de una generación perdida. Invertir en los jóvenes es invertir en el presente y en el futuro de nuestras sociedades. Se ha adquirido mucha experien-cia sobre la forma de hacer frente a los distintos obstáculos con que tropiezan los jóvenes para entrar en el mercado laboral, pero en muchos países, las políticas ineficaces, macroeconómicas y de otro tipo, no han logrado generar suficientes empleos, ni en general, ni para los jóvenes en particular. El compromiso político y los enfoques innovadores son indispensables para mejorar la situación.

6. Propuestas para mitigar abandono de actividades agroalimentarias

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La crisis del empleo juvenil representa un reto mundial, aunque sus características sociales y económi-cas varían considerablemente, tanto en cuanto a su dimensión como a su naturaleza, entre los distintos países y regiones y dentro de cada uno de ellos.

Por consiguiente, invitamos a los gobiernos, a los interlocutores sociales, al sistema multilateral, in-cluido el G-20, y a todas las organizaciones nacionales, regionales e internacionales competentes a que adopten urgentemente nuevas medidas para afrontar la crisis del empleo juvenil. Sólo con una acción colectiva firme y una colaboración en los planos nacional, regional y mundial podremos mejorar la grave situación de los jóvenes en los mercados de trabajo. Pedimos a la OIT que lidere este llamado a la acción, facilite el aprendizaje mutuo en los planos nacional, regional y mundial y promueva alianzas de colaboración para hacer frente a la crisis.

Todas las acciones adoptadas para afrontar la crisis del empleo de los jóvenes deberían tener en cuenta la Declaración de Filadelfia (1944), la Declaración de la OIT relativa los principios y derechos funda-mentales en el trabajo y su seguimiento (1998), el Programa de Trabajo Decente (1999), el Programa Global de Empleo (2003), las conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles (2007), la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), el Pacto Mundial para el Empleo (2009) y las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en la discusión recurrente sobre el empleo (2010), así como el conjunto de normas internacionales del trabajo pertinentes para la cuestión del trabajo y los jóvenes.

La Resolución adoptada por la CIT en 2005 relativa al empleo de los jóvenes y su amplio conjunto de conclusiones proporciona un buen marco sobre el cual basarse. Se formula aquí un nuevo llamado a la acción para enfrentar la nueva y grave crisis del empleo juvenil.

En el Pacto Mundial para el Empleo, de 2009, que incluye un conjunto de medidas para dar respuesta a la crisis, se pide a los países que amplíen la ayuda destinada a los hombres y mujeres vulnerables que se han visto gravemente afectados por ésta, incluidos los jóvenes en situación de riesgo. La acción y la aplicación coordinadas de las políticas formuladas en el Pacto ayudaron a salvar millones de empleos.

En la discusión general celebrada por la CIT en 2012 se examinaron la magnitud y las características de la crisis del empleo juvenil, agravada en muchos países por la crisis económica y financiera mundial. Se analizaron en particular las elevadas tasas de desempleo y subempleo, el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo disponibles para los jóvenes, su desvinculación del mercado de trabajo y la evolución lenta y difícil hacia el trabajo decente. Se extrajeron enseñanzas de la aplicación de la Resolución de la CIT de 2005 y se evaluaron las innovaciones en materia de políticas en algunas esferas. Se tomó nota asimismo de los debates del Foro de Empleo Juvenil, que reunió a 100 líderes juveniles en Ginebra del 23 al 25 de mayo de 2012.

En estas conclusiones de 2012: a) se subraya el compromiso renovado de agilizar la aplicación de la Resolución adoptada por la CIT en 2005; b) se hace un llamado urgente a la acción en vista de la nueva situación de crisis, y c) se ofrece orientación sobre el camino a seguir.

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b) Principios rectores

No existe ninguna solución universal. Es necesario adoptar un enfoque multidimensional con medidas para impulsar un crecimiento favorable al empleo y la creación de trabajo decente mediante políticas ma-croeconómicas, empleabilidad, políticas de mercado de trabajo, iniciativa empresarial juvenil y derechos de los jóvenes, a fin de afrontar las consecuencias sociales de la crisis asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera y fiscal.

Los principios rectores son los siguientes:

• Tomar en consideración la diversidad de las situaciones nacionales para elaborar un conjunto de políticas multidimensional, coherente y adaptado a cada contexto;

• Incluir el pleno empleo como objetivo esencial de las políticas macroeconómicas;

• Asegurar la coherencia efectiva entre las políticas económicas, de empleo, de edu-cación y formación, y de protección social;

• Promover la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas mediante el diálogo social;

• Adoptar una combinación de políticas bien calibrada que aliente a un número mayor de empleadores a invertir y a generar nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes;

• Garantizar que todos los programas y políticas respeten los derechos de los trabaja-dores jóvenes y tengan en cuenta la dimensión de género;

• Corregir los desajustes entre los puestos de trabajo disponibles y las competencias de los jóvenes, que limitan el acceso a las oportunidades de empleo;

• Alentar la iniciativa empresarial juvenil con el fin de impulsar el crecimiento de empresas sostenibles, entre ellas las cooperativas y las empresas sociales, en las zonas rurales y urbanas;

• Crear alianzas de colaboración innovadoras con múltiples actores en las que par-ticipen los gobiernos, los interlocutores sociales, las instituciones educativas, las comunidades y los propios jóvenes;

• Aprovechar las amplias posibilidades para el intercambio de experiencias que puedan inspirar acciones concretas y adaptadas a cada contexto, aun teniendo presente que los modelos de acción no se pueden reproducir de forma sistemática;

• Llevar a cabo un seguimiento, una evaluación y una presentación de informes efi-caces de las políticas y los programas para fundamentar las intervenciones futuras;

• Los jóvenes son parte de la solución. Su voz ha de ser escuchada, su creatividad, aprovechada y sus derechos respetados en las acciones para afrontar la crisis del empleo juvenil.

c) Políticas de empleo y económicas para promover el empleo juvenil

Responder al enorme problema del empleo que ha generado la crisis económica y financiera mundial requiere la movilización de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, así como de la OIT

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y de la comunidad multilateral mundial. En respuesta a esta situación, es esencial buscar el desarrollo y el crecimiento económicos fuertes y sostenibles centrándose en la generación de empleos y la inclusión social.

Ningún enfoque parcial será eficaz. Se necesita un enfoque global en el que las políticas macro y microeconómicas funcionen conjuntamente para impulsar la empleabilidad de los jóvenes asegurando al mismo tiempo que existan oportunidades de empleo productivo para dar cabida a sus competencias laborales y a su talento.

Son esenciales unas políticas macroeconómicas favorables al empleo que refuercen la demanda agregada y mejoren el acceso a la financiación. Las diversas situaciones económicas de los países determinarán la combinación de políticas que adoptar para afrontar el reto.

Las políticas industriales y sectoriales son importantes para facilitar la transformación estructural. El crecimiento del sector privado depende de la confianza de las empresas, de los inversores y de los consumidores, y es esencial para la creación de empleo. La inversión pública intensiva en empleo en infraestructuras a gran escala y los programas públicos de empleo pueden generar nuevas oportunidades de trabajo decente y, al mismo tiempo, responder a las necesidades sociales y mejorar la infraestructura.

d) El camino a seguir

Los gobiernos deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:

• Aplicar políticas que promuevan el empleo pleno, productivo y libremente elegido sobre la base del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122);

• Promover políticas macroeconómicas favorables al empleo e incentivos fiscales que impulsen el crecimiento de la demanda agregada y la inversión productiva, aumentan-do así la capacidad de creación de empleo, y que faciliten el acceso a la financiación;

• Asignar la máxima prioridad al empleo juvenil en los marcos nacionales e interna-cionales de desarrollo; elaborar, con la participación de los interlocutores sociales, planes de acción nacionales integrados, con plazos definidos y con objetivos medibles para el empleo decente;

• Dar prioridad a las políticas de crecimiento generadoras de empleo que respondan al contexto económico actual y promuevan la sostenibilidad financiera a largo plazo, reconociendo al mismo tiempo que las medidas para impulsar el crecimiento deberían tener en cuenta las distintas realidades de los países;

• Encontrar medios sostenibles desde la perspectiva presupuestaria para las interven-ciones dirigidas específicamente a los jóvenes, como las políticas anticíclicas y las medidas para incidir en la demanda, programas públicos de empleo, mecanismos de garantía del empleo, infraestructura intensiva en empleo, subsidios salariales y de formación, así como otras intervenciones específicas en materia de empleo juvenil. Estos programas deberían garantizar la igualdad de trato a los trabajadores jóvenes;

• Incorporar objetivos de desarrollo favorables a la creación de empleo en políticas in-

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dustriales y sectoriales que puedan facilitar la transformación estructural, contribuir a una economía ambientalmente sustentable e impulsar una mayor inversión pública y privada en sectores que generen empleos decentes para los jóvenes;

• Promover un entorno de políticas y reglamentación que facilite la transición al empleo formal y a puestos de trabajo decentes; h) impulsar la participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones en materia de políticas por medio de consultas tripartitas periódicas, y

• Establecer y consolidar mecanismos de seguimiento y evaluación a fin de medir el impacto y perfeccionar los instrumentos de las políticas aplicadas. 22. Los interlocu-tores sociales deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:

• Participar en consultas tripartitas sobre las políticas económicas y de empleo con los gobiernos, y

• Entablar consultas a nivel sectorial y empresarial con el fin de impulsar el crecimiento y promover estrategias generadoras de empleo prestando una atención especial a las necesidades de los jóvenes.

e) Empleabilidad: educación, formación y competencias, y transición de la escuela al trabajo

El acceso a la educación básica es un derecho fundamental. En la Resolución adoptada en 2005 por la CIT se reconocía la importancia de la educación, la formación y las competencias laborales para aumentar la empleabilidad y facilitar la evolución al trabajo decente. Ello se reafirmó en la discusión general de 2012. La educación, la formación y el aprendizaje permanente generan un círculo virtuoso que promueve la empleabilidad, la productividad, el aumento de los ingresos y el desarrollo.

Desde 2005 se ha logrado mucho y se ha aprendido mucho. No obstante, hay que seguir trabajando, pues persisten considerables deficiencias en relación con el acceso a la educación, la formación, la calidad de éstas y las competencias que facilitan, así como con su adaptación a los requisitos del mercado de trabajo. La inadecuación de las calificaciones y las competencias laborales al mercado de trabajo, así como la falta de oportunidades, siguen siendo una limitación importante para la empleabilidad de los jóvenes.

La crisis económica y financiera mundial ha exacerbado los antiguos problemas y ha creado otros nuevos, a saber:

• Además de los 130 millones de jóvenes que carecen de las capacidades básicas de lec-tura, escritura y aritmética, las personas que abandonan la escuela antes de completar su instrucción constituyen un segmento cada vez mayor de jóvenes desfavorecidos. En relación con el primer grupo, el aumento de las medidas de protección social para ayudar a los hogares pobres a gestionar los riesgos sin que peligre la educación de los hijos resultó eficaz. Las transferencias en efectivo o las ayudas alimentarias pueden cumplir esta función si se integran en una estrategia de protección social más amplia.

Frente al abandono escolar, las iniciativas para brindar una segunda oportunidad han resultado eficaces para llegar a los jóvenes que no trabajan ni realizan estudios o alguna formación. La experiencia indica que estas modalidades alternativas de for-

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mación tienen más éxito cuando sus métodos y sus contenidos no son tradicionales y se llevan a cabo en entornos informales o no estructurados;

• El desempleo de los diplomados universitarios surgió como un reto crucial. En este contexto, es preciso analizar y prever mejor las necesidades del mercado de trabajo;

• La transición lenta e incierta de la escuela al trabajo genera más dificultades para la inserción en el mercado laboral derivadas de la falta de experiencia. En este contexto han aumentado las pasantías, los aprendizajes profesionales y otras modalidades de adquisición de experiencia laboral con el fin de obtener trabajo decente. Sin embargo, dichos mecanismos pueden correr el riesgo, en algunos casos, de ser utilizados como una forma de obtener mano de obra barata o de reemplazar a otros trabajadores que ya se encuentren en la empresa.

Por último, la experiencia indica que las medidas de educación y formación que responden a las ne-cesidades del mundo del trabajo se derivan de una colaboración sólida entre el gobierno, en particular las autoridades encargadas de la educación y la formación, y los interlocutores sociales, concretamente a través del diálogo social y de la negociación colectiva.


• Garantizar el acceso a una educación básica gratuita y de calidad;

• Reforzar los vínculos entre la educación, la formación y el mundo del trabajo por medio del diálogo social en lo que respecta a la inadecuación de las competencias y la normalización de las calificaciones en respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, y mejorar la enseñanza y formación técnica y profesional, concretamente el aprendizaje profesional y otras modalidades de adquisición de experiencia laboral y de formación en la empresa;

• Formular estrategias de desarrollo de competencias laborales que refuercen las po-líticas sectoriales, que aprovechen las tecnologías y los conocimientos prácticos de cada sector y que permitan la adquisición de mejores competencias y empleos mejor remunerados;

• Mejorar la oferta y las modalidades de aprendizaje profesional:

• Complementando el aprendizaje en el lugar de trabajo con una formación institucional más es-tructurada;

i) perfeccionando las competencias pedagógicas de los maestros artesanos y forma-dores que supervisan la formación;

ii) incluyendo la alfabetización y las competencias para la subsistencia, y

iii) reforzando la participación de la comunidad, sobre todo para asegurar el acceso de las mujeres jóvenes y otros grupos de población juvenil vulnerables a más ocupaciones;

• Reglamentar y controlar el aprendizaje profesional, las pasantías y otros pro-gramas de adquisición de experiencia laboral, entre otras cosas mediante la certificación, para garantizar que constituyan una auténtica experiencia de aprendizaje y que no se utilicen para sustituir a trabajadores de plantilla;

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• Ampliar el alcance de la educación formal y la formación mediante métodos de formación a distancia que combinen material impreso, centros de consulta para el estudio a distancia y elementos presenciales;

• Mejorar los mecanismos para la detección temprana de las personas que podrían abandonar la escuela prematuramente y prestarles apoyo para que no lo hagan, o para que puedan aprovechar otras oportunidades de empleo, instrucción o formación;

• Respaldar las iniciativas que brinden una segunda oportunidad para facilitar la adquisición de competencias y conocimientos básicos a aquellas personas que abandonan la escuela prematuramente o que nunca asistieron a ella y a las personas desempleadas que desean reanudar sus estudios, prestando atención especial a las mujeres jóvenes y las niñas;

• Promover la formación de los formadores, que se ha revelado como uno de los elementos más necesarios para ampliar el sistema de desarrollo de las compe-tencias laborales;

• Establecer sistemas de validación de los conocimientos previos, de la enseñanza no formal y de las competencias adquiridas en el empleo;

• Incluir técnicas de búsqueda de empleo en los programas escolares con el fin de reforzar la orientación profesional brindada y mejorar el acceso de los jóvenes a información sobre oportunidades profesionales;

• Adoptar medidas de protección social adecuadas para ayudar a los hogares pobres a gestionar los riesgos sin que peligre la educación de los jóvenes, integradas en una estrategia más amplia de protección social, prestando asimismo atención a la sostenibilidad de los medios institucionales y financieros para su aplicación;

• Promover el desarrollo de programas de formación y capacitación para el tra-bajo, que sean acordes con los requerimientos de las estrategias de desarrollo nacional y de los mercados de trabajo, y

• Establecer y consolidar mecanismos de seguimiento y evaluación a fin de medir el impacto y perfeccionar los instrumentos de las políticas aplicadas.

Los interlocutores sociales deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:

• Contribuir al diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas y programas de educación, formación y aprendizaje permanente, con el fin de que respondan mejor al mundo del trabajo;

• Entablar negociaciones colectivas sobre las condiciones de trabajo de los pasantes y aprendices;

• Alentar a las empresas a que ofrezcan pasantías y plazas de aprendices, y

• Generar conciencia acerca de los derechos laborales de los trabajadores jóvenes, los pasantes y los aprendices.

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f) Políticas de mercado de trabajo

Las políticas de mercado de trabajo pueden facilitar la entrada o la reincorporación de los jóvenes al mercado laboral. Bien orientadas, ayudan a los jóvenes más desfavorecidos y pueden producir amplios beneficios económicos y sociales: más igualdad, integración social y demanda agregada.

Existen importantes vínculos entre las políticas de mercado de trabajo, activas y pasivas, y las políticas de salario mínimo en países que los han establecido, por lo que es importante que todos estos elementos se tengan en cuenta y se refuercen mutuamente a fin de alentar la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes.

Los programas públicos de empleo e inversión deben, en su caso, promover el empleo en general y, especialmente, el empleo juvenil, sobre todo en los países con poca demanda de trabajadores, pues crean puestos de trabajo que requieren todo tipo de competencias laborales y tienen importantes efectos multiplicadores en la economía. Pueden proporcionar una base de normas laborales y favorecer en gran medida la productividad, el desarrollo del mercado y la protección social en el plano local. Pueden, ade-más, contribuir a un medio ambiente sustentable y a desarrollar infraestructuras y obras comunitarias muy necesarias en muchos países.

La aplicación de políticas de mercado de trabajo exige capacidad institucional tanto a nivel público como a nivel privado. Las intervenciones tempranas pueden contribuir a prevenir el desempleo de larga duración al permitir que los servicios y recursos se destinen a los jóvenes sin empleo que más necesitan la ayuda, como los que no estudian ni trabajan, tanto de zonas rurales como urbanas.

En muchos países, el apoyo a los ingresos que se brinda a los jóvenes desempleados puede asociarse a programas activos de mercado de trabajo, de forma que se combinen seguros de desempleo, asistencia en caso de desempleo, sistemas de garantía del empleo u otras fórmulas adaptadas a la situación concreta de los diversos grupos, en consonancia con el concepto de piso de protección social. Las buenas prácticas demuestran que los mecanismos de condicionalidad, activación y obligaciones recíprocas pueden con-tribuir a reducir al mínimo los períodos de desempleo. Resultan particularmente eficaces para que los jóvenes en situación de riesgo de marginación se mantengan vinculados al mercado de trabajo.


• Revisar sus políticas y programas de mercado de trabajo para asegurarse de que contribuyen lo más eficazmente posible a la creación de empleo para los jóvenes;

• Dar prioridad a medidas activas destinadas a proporcionar asistencia eficaz a los jóvenes y a sus empleadores potenciales para facilitar su incorporación a empleos decentes;

• Destinar recursos suficientes a las políticas de mercado de trabajo, entre ellas los programas públicos de empleo, por tratarse de instrumentos esenciales para la pro-moción del empleo juvenil;

• Integrar y secuenciar distintos componentes de las políticas activas de mercado de trabajo en relación tanto con la demanda como con la oferta para facilitar la transi-

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ción de la escuela al mundo del trabajo y el paso a la economía formal;

• Vincular el apoyo a los ingresos a la búsqueda activa de empleo y a la participación en las prestaciones derivadas de las políticas activas de mercado de trabajo;

• Facilitar la creación de empleo garantizando una mayor adecuación entre la demanda y la oferta de trabajo mediante la provisión de servicios de empleo eficaces;

• Mejorar las estrategias para facilitar la transición a la economía formal;

• Armonizar y coordinar la provisión de servicios para compaginar mejor las medidas laborales y las de protección social;

• Proporcionar protección social a quienes buscan su primer empleo;

• Promover estrategias de inversión intensivas en empleo;

• Consultar a los interlocutores sociales en lo relativo a la concepción, la aplicación y el seguimiento de las políticas de mercado de trabajo e invitarlos a participar en estos procesos;

• Focalizar su atención en los jóvenes de las zonas rurales, convirtiéndolos en grupo destinatario prioritario de políticas y programas de desarrollo, y


Los interlocutores sociales deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:

• Participar activamente en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la mejora de las políticas y programas de mercado de trabajo;

• Colaborar estrechamente con el gobierno para mejorar la eficacia de los servicios de empleo, a fin de lograr que los jóvenes desempleados puedan aprovechar en mayor medida las oportunidades de trabajo decente que se generen;

• Dar a conocer las ventajas de ofrecer oportunidades de empleo y de formación a los jóvenes desfavorecidos;

• Participar con los gobiernos en la formulación de programas públicos de inversión e infraestructuras, y

• Explorar vías creativas e innovadoras para ayudar a los jóvenes en su búsqueda de empleo y en el acceso a oportunidades de formación e instrucción.

f.1) Iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia de los jóvenes

Para algunos jóvenes, la iniciativa empresarial puede ser una vía hacia el trabajo decente y hacia la empresa sostenible, y debería incluirse dentro de los esfuerzos nacionales encaminados a superar la crisis del empleo juvenil. La promoción de la iniciativa empresarial abarca toda una serie de actividades realizadas con o sin ánimo de lucro, como el desarrollo de las empresas privadas, el empleo por cuenta propia, las empresas sociales y las cooperativas.

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Distintos tipos de asistencia serán adecuados para responder a los retos específicos que enfrentan los jóvenes aspirantes a convertirse en empresarios, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, teniendo en cuenta que estas aspiraciones pueden haber surgido en respuesta a oportunidades existentes o por necesidad.

Es esencial que exista un entorno propicio a la creación y al funcionamiento satisfactorio de una empresa. Los jóvenes empresarios hacen frente a las mismas dificultades al respecto que los demás. Un entorno empresarial que ayude a las empresas, a las cooperativas y a las empresas sociales a prosperar puede contribuir también al éxito de las que están en manos de los jóvenes, dirigidas por los jóvenes. El acceso al crédito para las microempresas y las empresas pequeñas y medianas ha disminuido, y su costo aumentado, a causa de la crisis financiera, y los jóvenes emprendedores suelen ser los que menos posibilidades tienen de acceder a esta financiación restringida. Un reto crucial es la creación de un entorno empresarial favorable a los jóvenes emprendedores.

Hay una serie de elementos que favorecen el éxito de los programas de promoción de la iniciativa empresarial de los jóvenes:

• Estos programas son más eficaces cuando se conciben y se ponen en práctica en co-laboración con el sector privado. Muchos empleadores, así como sus organizaciones, tienen la capacidad, la experiencia y la relación necesaria con los jóvenes para poder hacer una aportación significativa a la ejecución de los programas;

• La coordinación de las medidas que comprenden, también puede contribuir a la eficacia de estos programas de promoción de la iniciativa empresarial juvenil;

• La inclusión de contenidos de iniciativa empresarial en los programas escolares des-tinados a edades tempranas puede ser una buena manera de promoverla;

• Las cooperativas y la economía social también pueden brindar a los jóvenes oportu-nidades para crear sus propias empresas y establecerse por cuenta propia.

Se reconoce que son necesarias una supervisión y una evaluación rigurosas de los programas para examinar su eficacia. Los indicadores clave de desempeño deberían ser la sostenibilidad de las empresas de nueva creación, el nivel de ingresos generado, el número de puestos de trabajo creados y su calidad.

Los gobiernos deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:• Estrategias nacionales y mecanismos de coordinación y supervisión a fin de garantizar

que las intervenciones para promover la iniciativa empresarial sean complementarias y eficaces;

• Velar por que el entorno sea propicio, entre otros para las microempresas, las em-presas pequeñas y medianas, las cooperativas y la economía social, y favorezca las iniciativas empresariales de los jóvenes cuidando de que no haya relaciones laborales encubiertas;

• Promover la iniciativa empresarial de los jóvenes, en especial de las mujeres jóvenes y otros grupos de población juvenil vulnerables;

• Mejorar el acceso a la financiación en aras de la sostenibilidad de las empresas de los jóvenes, en particular las microempresas y las empresas pequeñas y medianas,

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las cooperativas y las empresas sociales. Ello puede incluir la subvención de líneas de crédito, la garantía de préstamos y el apoyo a iniciativas de microcrédito;

• Facilitar el acceso de las microempresas a los mercados públicos, en consonancia con las disposiciones del convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94), cuando éste se haya ratificado.

• Adoptar medidas para facilitar la transición de los jóvenes empresarios de la economía informal a la formal, entre otras cosas promoviendo y facilitando el cumplimiento de la legislación nacional del trabajo;

• Impartir formación sobre iniciativa empresarial a edades tempranas y dentro de los programas de enseñanza secundaria y superior, como medio eficaz para mejorar las actitudes hacia el empresariado. Debería facilitarse asimismo información sobre las cooperativas a los estudiantes dentro de los programas nacionales de enseñanza, en consonancia con la recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), y

• Crear y consolidar mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto y perfeccionar los instrumentos de las políticas aplicadas.

Las organizaciones de empleadores deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de:

• Establecer alianzas con los gobiernos para promover y prestar apoyo a la iniciativa empresarial juvenil;

• Colaborar con los gobiernos en la concepción y la ejecución de programas para pro-mover la iniciativa empresarial juvenil;

• Hacer aportaciones sobre políticas y comerciales en relación con medidas renova-das e innovadoras con el fin de facilitar a los jóvenes emprendedores el acceso a la financiación necesaria para la creación y la expansión de sus empresas;

• Ofrecer y facilitar servicios de tutoría y otro tipo de asistencia a los jóvenes empre-sarios, y

• Promover las redes de empresarios jóvenes dentro de sus organizaciones.

g) Derechos de los jóvenes

Las normas internacionales del trabajo son importantes para proteger los derechos de los trabajadores jóvenes. La Resolución de la CIT de 2005 contiene un anexo en el que se enumeran las normas inter-nacionales del trabajo pertinentes para la cuestión de los jóvenes y el empleo.

La Resolución de la CIT de 2005 también reconoció que la legislación del trabajo y los convenios colectivos, cuando existen, deberían aplicarse a todos los trabajadores jóvenes, incluidos aquellos que actualmente carecen de protección por encontrarse en relaciones de trabajo encubiertas.

Los jóvenes siguen sufriendo de forma desproporcionada los déficit de trabajo decente y la mala ca-lidad del empleo al que tienen acceso, que pueden medirse en términos de pobreza, baja remuneración o baja condición laboral y riesgo de enfermedades y accidentes laborales. Cada vez con más frecuencia,

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los trabajadores jóvenes pueden carecer de alternativas en la economía formal para evolucionar hacia un trabajo a tiempo completo a partir del empleo a tiempo parcial, temporal, ocasional o estacional. En la economía informal, los jóvenes suelen trabajar en condiciones deficientes, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

Al hacer frente al desempleo juvenil no debería olvidarse ni debilitarse la protección a la que los trabajadores jóvenes tienen derecho. Teniendo en cuenta el firme apoyo universal de que son objeto las normas internacionales del trabajo fundamentales, las políticas encaminadas a facilitar el acceso al empleo no deberían conducir a una discriminación en el trabajo. Los trabajadores jóvenes tienen los mismos derechos que los demás trabajadores. Las políticas de empleo juvenil deberían asimismo facilitar la transición del empleo temporal al empleo estable.

Experiencias nacionales recientes demuestran que, durante las recesiones económicas, los subsidios salariales bien concebidos y bien orientados pueden facilitar la entrada de trabajadores jóvenes al mer-cado laboral y moderar la depreciación de las competencias laborales. Sin embargo, se requiere un segui-miento y un control adecuados para impedir que estas medidas se apliquen de forma abusiva. La eficacia de estas medidas destinadas a garantizar unas condiciones mínimas a los trabajadores jóvenes depende de las demás políticas salariales, así como de los sistemas de salarios. Los salarios mínimos pueden ser eficaces para impedir las prácticas de remuneración abusivas y discriminatorias y para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores jóvenes. El diálogo social a nivel nacional es esencial para desarrollar un marco coherente y estable de políticas salariales que ofrezca protección adecuada y mejore las perspecti-vas de empleo de los trabajadores jóvenes. En términos más generales, los convenios colectivos deberían aplicarse a estos trabajadores.


• Adoptar un enfoque del empleo juvenil basado en los derechos;

• Velar por que los jóvenes disfruten de igualdad de trato y por que se les concedan sus derechos en el trabajo;

• Comprometerse a elaborar políticas de empleo juvenil, en consonancia con sus obligaciones nacionales y teniendo en cuenta las normas internacionales del trabajo;

• Velar por que los servicios de inspección del trabajo u otros órganos pertinentes garanticen el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios colec-tivos y pongan freno a las prácticas no conformes de empleo juvenil, inclusive en la economía informal, previendo sanciones firmes y pertinentes;

• Diseñar y poner en práctica mecanismos para proporcionar una protección adecuada, en particular una protección social, a todos los trabajadores jóvenes y favorecer la transición al empleo estable y al trabajo decente;

• Promover y proteger los derechos de los trabajadores jóvenes a la sindicación y a la negociación colectiva;

• Fijarse como meta la promoción de la salud y seguridad en el trabajo y la formación al respecto de los trabajadores jóvenes, incluida la formación inicial y previa al empleo;

• Velar por que se respeten los salarios mínimos establecidos con arreglo a la legislación o por negociación colectiva aplicables a los trabajadores jóvenes;

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• Elaborar un marco coherente y estable de políticas salariales en consulta con los interlocutores sociales;

• Diseñar, someter a seguimiento y supervisar adecuadamente las medidas adoptadas por los poderes públicos, como los subsidios salariales, para asegurarse de que estén sujetas a plazos y bien orientadas, y de que no den lugar a abusos. También es impor-tante vincular estas medidas a la formación para la transferencia de competencias;

• Incluir contenidos escolares sobre los derechos de los trabajadores en edades tem-pranas y en los programas de enseñanza secundaria y superior, como medio eficaz para mejorar las actitudes hacia los derechos de los trabajadores, y


Las organizaciones de empleadores deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de proceder a las siguientes acciones, y las organizaciones de trabajadores deberían:

• Promover y alentar una mayor participación y representación de los jóvenes en sus organizaciones y darles más voz en el diálogo social;

• Generar conciencia entre sus miembros acerca de los derechos de los trabajadores jóvenes, entre otras cosas mediante las nuevas tecnologías y las redes sociales, y

• Contribuir activamente a la aplicación de los derechos de los trabajadores jóvenes.

h) La acción de la OIT

La OIT tiene un importante papel que desempeñar como líder mundial y como centro de excelencia en lo relativo al empleo juvenil. Ha de respaldar la acción de los gobiernos, de los interlocutores sociales y del sistema multilateral para luchar contra la crisis del empleo juvenil y promover el trabajo decente para los jóvenes en los planos nacional, regional y mundial.

La OIT cuenta con buenas bases para esta tarea vital de envergadura mundial gracias a su Resolución de 2005 y a las aportaciones y experiencias compartidas por gobiernos, empleadores y trabajadores en 2012. Las presentes conclusiones parten de la Resolución adoptada por la CIT en 2005, que reconoció las repercusiones de la crisis económica mundial y el gran reto que representan. Deberían aplicarse teniendo presente el plan de acción de 2005, y ampliarse en lo que respecta a desarrollo y difusión de conocimientos, asistencia técnica, alianzas de colaboración y actividades de sensibilización en aras del trabajo decente para los jóvenes.

La OIT debería aumentar su capacidad con respecto a los cinco temas siguientes: i) políticas econó-micas y de empleo; ii) empleabilidad; iii) políticas de mercado de trabajo; iv) iniciativa empresarial, y v) derechos en el trabajo. La OIT debería tratar de mejorar la coordinación entre aquellos de sus programas que abordan el empleo juvenil, incluidos los de cooperación técnica. Sus actividades de promoción del empleo de los jóvenes deberían someterse a un seguimiento y una evaluación rigurosos que permitan garantizar su eficacia en cuanto a los costos y su impacto positivo. Ello ha de llevarse a cabo mediante el establecimiento de metas medibles y de indicadores. El empleo juvenil debería figurar entre los temas de la discusión recurrente sobre el empleo que la CIT celebrará en 2014.

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i) Desarrollo y difusión de conocimientos

La OIT debería reforzar su labor relativa al desarrollo de conocimientos y a la difusión de información sobre el empleo juvenil en los siguientes ámbitos:

• Tendencias del empleo: recopilar, analizar y difundir datos e información sobre las tendencias del mercado de trabajo juvenil en relación con los salarios, las condiciones de trabajo, las diversas modalidades contractuales para los jóvenes, la inadecuación de las competencias laborales y la transición de la escuela al trabajo, entre otros.

• Cuestiones emergentes: realizar investigaciones sobre temas emergentes, entre ellos las políticas e intervenciones que favorezcan la adquisición de experiencia laboral y combinen sistemas de formación y trabajo, reduzcan la informalidad y mejoren la calidad del empleo, afronten la vul-nerabilidad de determinados grupos de trabajadores jóvenes, como los migrantes, y extiendan la protección social a los trabajadores jóvenes.

• Políticas macroeconómicas e industriales: ampliar la capacidad técnica para evaluar el impacto en el empleo de las políticas macroeconómicas e industriales.

• Políticas y programas de empleo juvenil: recopilar información sobre políticas y programas na-cionales y analizar su eficacia, entre otras cosas, mediante exámenes voluntarios interpares con participación de varios países, y difundir los resultados a través de bases de datos mundiales y otros medios.

• Evaluación: realizar evaluaciones de las intervenciones que hayan resultado eficaces en la promo-ción del trabajo decente para los jóvenes y extraer enseñanzas de las mismas. Debería dedicarse especial atención a la evaluación de programas de fomento de la iniciativa empresarial y del empleo por cuenta propia de los jóvenes.

• Buenas prácticas: establecer mecanismos para el examen y la difusión de buenas prácticas en lo que respecta a intervenciones en el ámbito del empleo juvenil, entre otros, mediante el aprendizaje recíproco y la cooperación Sur-Sur.

j) Asistencia técnica

La OIT debería continuar prestando asistencia a los Estados Miembros para que puedan otorgar prioridad al empleo juvenil mediante la formulación y la aplicación de las políticas mencionadas en la Resolución de la CIT adoptada en 2005 y en las presentes conclusiones, entre otros, a través de Progra-mas de Trabajo Decente por País. Dentro de los límites de los recursos disponibles, debería ofrecerse asistencia técnica en los siguientes ámbitos:

• Integración de las prioridades en materia de empleo juvenil en los marcos nacionales de desarro-llo y en las políticas de empleo, y búsqueda de una mayor complementariedad de las políticas de mercado de trabajo y de protección social. La OIT debería asimismo proponer, a petición de los países, opciones de política macroeconómica que favorezcan la creación de empleo.

• Formulación de planes nacionales de acción, que han de ser exhaustivos, estar sujetos a plazos y sustentados por la asignación de recursos humanos y financieros al efecto.

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• Recopilación sistemática de datos sobre el mercado de trabajo desglosados por edad y por género.

• Elaborar bases de perfiles para definir mejor la orientación de los programas y servicios de empleo para los jóvenes desfavorecidos y lograr que sean más eficaces con respecto a los costos.

• Programas públicos de inversión y de empleo que den prioridad al empleo juvenil.

• Sistemas de desarrollo de las competencias laborales para reforzar los vínculos entre los programas de formación y las necesidades del mercado de trabajo.

• Programas integrales de mercado de trabajo destinados a los jóvenes, que presten especial atención a los desfavorecidos.

• Desarrollo de la iniciativa empresarial, las cooperativas y empresas sociales, entre otras cosas me-diante la educación y el acceso a servicios financieros y de otro tipo, como los de tutoría.

• Servicios públicos de empleo concebidos para responder a las necesidades de los jóvenes y para llegar a los que viven en zonas rurales, entre otras cosas mediante la cooperación entre las ofici-nas de empleo y las autoridades municipales, los interlocutores sociales, los servicios sociales, los servicios privados de empleo, cuando existan, y las organizaciones de la sociedad civil.

• Desarrollo de la capacidad y elaboración de herramientas para reforzar las tareas de seguimiento y evaluación por parte de las instituciones gubernamentales con el fin de evaluar el impacto de las medidas de fomento del empleo juvenil, a fin de fundamentarlas y desarrollarlas sobre la base de datos empíricos.

j.1) Alianzas de colaboración y sensibilización

La OIT debería continuar asumiendo el liderazgo y colaborando con otros organismos internacionales en el plano mundial (especialmente del sistema multilateral), regional y local a fin de aprovechar todos los medios de acción para promover y defender el trabajo decente y productivo para los jóvenes, y evitar así la aparición de una generación perdida.

k) Liderazgo mundial en favor del empleo juvenil.

La OIT debería tomar la iniciativa a nivel mundial en la promoción del trabajo decente para los jó-venes. A ese respecto, debería establecer alianzas estratégicas y de colaboración para situar el empleo juvenil como objetivo central de la agenda de desarrollo mundial, entre otras cosas actuando para que se incluyan metas específicas de empleo juvenil en el marco posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015. La OIT debería:

• Promover el diálogo en materia de políticas y la coherencia en lo relativo a cuestiones de empleo juvenil;

• Llevar a cabo investigaciones aplicadas y actividades de intercambio de conocimientos;

• Proporcionar asistencia técnica a los estados miembros y promover alianzas de colaboración específicas e innovadoras con miras a unas intervenciones eficaces en cuanto a los costos, y

• Promover la armonización y la coordinación de las políticas en materia de empleo de

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las naciones unidas y de otras instituciones multilaterales.

Alianzas regionales y nacionales. La OIT debería continuar promoviendo las alianzas regionales y na-cionales en favor del empleo juvenil, concretamente en las zonas rurales. Estas alianzas deberían incluir la participación de redes de jóvenes pertenecientes a organizaciones de empleadores y de trabajadores, y pueden asimismo integrar a otras organizaciones juveniles representativas que actúen promoviendo el trabajo decente para los jóvenes a escala regional y nacional.

Sensibilización. La OIT debería sensibilizar a los jóvenes en lo que respecta a las normas interna-cionales del trabajo y los derechos en el trabajo, la empleabilidad y la iniciativa empresarial, entre otras cosas, mediante la creación de redes que promuevan el trabajo decente para los jóvenes y el uso de las redes sociales y de otros medios de comunicación y difusión. Debería asimismo hacer un seguimiento de la situación relativa a los derechos de los jóvenes en todo el mundo e informar al respecto.

Movilización de recursos. Con el fin de responder a la demanda creciente de asistencia técnica, la OIT debería elaborar una estrategia de movilización de recursos para ampliar las actividades que realiza en este ámbito en apoyo de las prioridades en mate-ria de empleo juvenil dentro de los Programas de Trabajo Decente por País, así como para iniciativas de carácter regional y mundial. En esta estrategia debería especificarse la función que las alianzas de colaboración pueden desempeñar con miras a la movilización de recursos a partir de diversas fuentes a fin de superar la crisis del empleo juvenil.

6.2) Jóvenes y agricultura, una visión desde Naciones Unidas

Se espera que la población global incremente a 9 mil millones hasta el 2050, los jóvenes (de edades entre 15 y 24 años) representarán el 14 por ciento de este total. Si bien se espera que la

cohorte juvenil a nivel mundial crezca, el empleo y las oportunidades de emprendimiento para los jóvenes -particularmente para aquellos que viven en las zonas rurales económicamente estancadas de los países en desarrollopermanecen limitados, pobremente remunerados y de baja calidad.

En reconocimiento del potencial del sector agrí-cola para servir como una fuente de oportunidades de subsistencia para la juventud rural, en el 2011 se llevó a cabo un proyecto conjunto MIJARC/FAO/FIDA denominado Facilitar el Acceso de los Jóvenes Rurales a las Actividades Agrícolas con el fin de evaluar los desafíos y las oportunidades con respecto al aumento de la participación de los jóvenes rurales en el sector. A lo largo del proyecto se identificaron seis desafíos principales. Para cada desafío, esta publicación presenta una serie de es-tudios de caso relevantes que sirven como ejemplos sobre la forma cómo es posible superar este desafío.

a) Acceso insuficiente al conocimiento, información y educación

El primer desafío principal que fue identificado es el acceso insuficiente de los jóvenes al conoci-miento, a la información y a la educación [Capítulo 1]. Una educación pobre e inadecuada limita la productividad y la adquisición de habilidades, mien-tras que el acceso insuficiente al conocimiento y a la información puede obstaculizar el desarrollo de iniciativas de emprendimiento. Particularmente en los países en desarrollo, existe una clara necesidad de mejorar el acceso de las mujeres rurales jóvenes a la educación y de incorporar más generalmente las destrezas agrícolas en la educación rural. La formación y la educación agrícola también se deben adaptar para garantizar que las habilidades de los graduados satisfagan las necesidades de los merca-dos laborales rurales. Estudios de caso de Camboya, Uganda, Santa Lucía, Paquistán, Madagascar, Brasil, Ghana, Kenya, Rwanda y Zambia ilustran formas innovadoras de hacer que esto suceda.

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Se ha documentado ampliamente que la educa-ción es clave para superar los desafíos de desarro-llo en las áreas rurales. No sólo existe un vínculo directo entre la seguridad alimentaria y la educa-ción de los niños rurales, sino que también se ha demostrado que las habilidades numéricas y de lectoescritura básicas ayudan a mejorar los medios de subsistencia de los agricultores (FAO, 2007). El acceso de los jóvenes al conocimiento y a la in-formación es crucial para abordar los principales desafíos que ellos enfrentan en la agricultura. Para lograr que la juventud rural moldee las políticas agrícolas que le afectan directamente, en términos de acceso a mercados y a financiamiento, así como a empleos verdes y a la tierra, esta debe recibir una adecuada información y educación.

S bien esto es verdad tanto en los países de-sarrollados como en los países en desarrollo, en estos últimos este tema es de especial interés ya que es probable que en estos países los jóvenes habitantes rurales no posean acceso ni siquiera a la educación formal más rudimentaria y, además, las instituciones educativas son con frecuencia menos desarrolladas. La educación formal prima-ria y secundaria puede proporcionar a los jóvenes habilidades básicas, numéricas y de lectoescritura, de gestión y de negocios, e introducir a la juventud a la agricultura. Al mismo tiempo, la educación no formal (incluyendo la formación vocacional y los servicios de extensión) y la educación agrícola ter-ciaria pueden ofrecer a los jóvenes un conocimiento más específico relacionado con la agricultura.

En los países en desarrollo, el acceso a la infor-mación y a la educación es a menudo de menor calidad en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas y es posible observar esta discrepan-cia incluso desde la escuela primaria. En muchas áreas rurales de los países en desarrollo los niños están hambrientos y no poseen la energía necesaria para asistir a la escuela o para absorber fácilmente la información provista. Durante picos estacionales en el ciclo agrícola, puede existir escasez de mano

de obra y es posible que los padres no encuentren otra opción que permitir que sus hijos contribuyan a las actividades domésticas y agrícolas en lugar de asistir a la escuela. La infraestructura física de las escuelas rurales es con frecuencia mala y algunas veces carecen de los materiales de clase. Las escuelas pueden estar muy lejos de las comunidades rurales, lo cual hace que el acceso sea difícil para los niños rurales (FAO, 2009a).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reporta que los niños rurales tienen el doble de posibilidad de dejar la escuela en comparación con los niños urbanos (UNESCO, 2012). Si bien las desigualdades de género en el acceso a la educa-ción primaria se han reducido grandemente, aún es más probable que las niñas sean excluidas de la educación primaria cuando son pobres y viven en áreas rurales (ONU, 2009). Asegurar la transición de los niños rurales desde la escuela primaria a la escuela secundaria es incluso un mayor desafío para muchos países en desarrollo, especialmente en el África Subsahariana.

Es menos probable que las niñas rurales asistan a la escuela secundaria en comparación con los niños rurales y/o con las niñas urbanas: los matrimonios a edad temprana limitan la movilidad de las niñas y suele existir una preferencia por la educación de los hijos varones (ONU, 2009; Banco Mundial, 2011). Adicionalmente, el currículo a menudo no es relevante para el contexto rural y en muchas escuelas de los países en desarrollo los currículos agrícolas han desaparecido o están desactualizados y son inadecuados.

En la mayoría de lugares del mundo, la agri-cultura es vista como una asignatura menos útil o como un último recurso para los alumnos de bajo rendimiento; además, el uso de actividades agrícolas como una forma de castigo es una práctica común en las escuelos hogares en muchas partes de África y el Pacífico (MIJARC/FIDA/FAO, 2012; PAFPNet, 2010) - actitudes que influyen negativamente sobre

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las aspiraciones de los jóvenes rurales. La calidad de la educación es a menudo baja y es difícil encontrar profesores buenos y motivados que estén dispues-tos a permanecer en zonas rurales remotas (FAO/UNESCO, 2003; Banco Mundial, 2008).

En muchas áreas rurales, el conocimiento agríco-la y el ‘saber hacer’ de los agricultores se transmite de los padres hacia los hijos. Sin embargo, una en-cuesta llevada a cabo en el Pacífico indica que los jóvenes sienten que dicho asesoramiento debería ser provisto de una forma más coordinada y efec-tiva, en lugar de realizarlo de una manera informal (PAFPNet, 2010). La formación vocacional y los servicios de extensión son herramientas potencial-mente efectivas para enseñar habilidades agrícolas y para proporcionar capacitaciones que fomenten el desarrollo de capacidades en la juventud rural, pero estos no siempre transmiten las habilidades requeridas y, por lo tanto, pueden resultar en niveles de empleo pobres (Bennell, 2007).

Los programas de capacitación con frecuencia carecen de financiación y las capacidades de los proveedores de servicios son bastante débiles. Los bajos niveles de educación de muchos jóvenes rura-les limitan aún más las posibilidades de formación (FIDA, 2010a). Además, a menudo existe una discordancia entre el tipo de capacitación ofrecido y los requerimientos del mercado laboral en un sector agrícola en evolución (UNESCO, 2010). La juventud rural reportó repetidamente una falta de capacitación en áreas como el liderazgo y la gestión de negocios, así como la necesidad de contar con oportunidades de realizar prácticas de aprendizaje.

Además de estas limitaciones generales, los pro-gramas de formación llegan en su mayoría a los hombres jóvenes y no satisfacen las necesidades de las mujeres jóvenes. Esto es particularmente cierto en el África Subsahariana, en los Estados Árabes y en el sur y el oeste de Asia (Hartl, 2009). Los factores base que limitan el acceso de las mujeres

jóvenes a la capacitación incluyen la movilidad restringida, la maternidad a edades tempranas y los niveles de escolaridad limitados.

La educación superior es igualmente esencial para el desarrollo del sector agrícola. La creación de universidades de alta calidad que se enfoquen en la investigación agrícola y que establezcan vín-culos con la comunidad agrícola ha probado ser beneficiosa para el desarrollo del sector agrícola en países como Brasil, India, Malasia y China (Blackie et al., 2010). Conectar a las universidades con las comunidades agrícolas es esencial para ampliar el conocimiento, incrementar la diseminación de la investigación y el desarrollo y realzar la capacidad de resolución de problemas a nivel local.

Es igualmente importante conectar a las ins-tituciones educativas con las oportunidades del mercado laboral y construir asociaciones fuertes con los empleadores para garantizar que las habi-lidades de los profesionales agrícolas respondan a las necesidades del mercado laboral, de modo que los jóvenes graduados se encuentren aptos para ser empleados (Paisley, 2012). Desafortunadamente, en la mayoría de países en desarrollo, rara vez se instituyen tales sistemas y el acceso a la educación terciaria en agricultura es bajo (FAO, 1997; Bein-tema y Di Marcantonio, 2009; Banco Mundial, 2011a). En el África Subsahariana y en el Asia, respectivamente, sólo el 2 y el 4 por ciento de los estudiantes universitarios están inscritos en estudios agrícolas (BAfD/ OCDE/PNUD/UNECA, 2012).

Los datos desagregados por sexo sobre ciencias y tecnología agrícola son escasos, pero un estudio reciente del IFPRI (Instituto Internacional de Inves-tigación sobre Políticas Alimentarias) muestra que las mujeres están sub-representadas en la investiga-ción agrícola y la educación superior (Beintema y Di Marcantonio, 2010). Las TIC modernas, como los teléfonos móviles y la Internet, son atractivas para los jóvenes rurales y tienen un alto potencial para facilitar el acceso a la información para aumentar

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la productividad en el campo, posibilitan la inno-vación agrícola y proporcionan acceso a servicios y a mercados financieros.

Las consultas con los jóvenes de alrededor de todo el mundo dejaron claro que “los jóvenes com-prenden más fácilmente las nuevas tecnologías relacionadas con la agricultura y que los agricul-tores jóvenes están deseosos de incrementar su producción por medio de tecnologías modernas y mejoradas” (MIJARC/ FIDA/FAO, 2012). Si bien la tecnología móvil en general se encuentra amplia-mente difundida en las zonas rurales, la Internet no lo está. Los altos precios de los computadores y de la Internet, combinados con la falta de elec-tricidad, limitan el acceso a Internet en los países en desarrollo. Las mujeres rurales tienen menos acceso a las TIC que los hombres rurales debido a los niveles más altos de analfabetismo y a la falta de recursos financieros para garantizar el uso de las TIC (Banco Mundial, 2011b).

b) Acceso limitado de los jóvenes a la tierra

El segundo desafío identificado durante el pro-yecto es el acceso limitado de los jóvenes a la tierra. Aunque el acceso a la tierra es fundamental para iniciar una granja, para los jóvenes esto puede ser con frecuencia difícil de alcanzar. Las leyes y las costumbres sobre la herencia en los países en de-sarrollo a menudo hacen que la transferencia de tierras a las mujeres jóvenes sea problemática y, por lo tanto, necesitan ser enmendadas. También se requieren préstamos para asistir a los jóvenes en la adquisición de tierras, aunque los acuerdos de arrendamiento por medio de los cuales los jóvenes ganan acceso -aunque no la propiedad- a la tierra también podrían ser efectivos. Estudios de caso de Filipinas, Burkina Faso, Etiopía, México, Egipto y Uganda destacan posibles maneras de mejorar el acceso de los jóvenes a la tierra.

El acceso a la tierra es sumamente importante para los jóvenes que tratan de ganarse el sustento en la agricultura y las áreas rurales. Tener acceso a la tierra no es sólo el primer requisito para empezar a cultivar, sino que también puede contribuir a la seguridad alimentaria del hogar y es un medio para la creación de empleos y la generación de ingresos. Los jóvenes que participaron en el proyecto conjun-to MIJARC/FIDA/FAO reportaron que el acceso a la tierra sirve como seguridad y colateral para acce-der a crédito, marca la identidad juvenil, mejora su estatus y con frecuencia posibilita su participación en los órganos comunitarios de toma de decisiones y en las organizaciones de productores (MIJARC/FIDA/ FAO, 2012).

Los jóvenes de alrededor de todo el mundo ven el acceso seguro a la tierra como un aspecto funda-mental para ingresar a la agricultura,21 sin embar-go, ellos deben enfrentar mayores desafíos que los adultos. Además, los desafíos que deben enfrentar los hombres jóvenes al momento de acceder a la tierra se multiplican para las mujeres jóvenes.

La FAO reporta que las mujeres constituyen sólo una pequeña proporción de todos los propietarios de tierras agrícolas y que las mujeres generalmente poseen parcelas de tierra más pequeñas que aquellas de los hombres (FAO, 2011a). Aunque los desafíos que enfrentan los jóvenes han sido poco documen-tados y varían entre regiones y países (e incluso dentro de cada país), es posible identificar algunas cuestiones recurrentes. Los hombres jóvenes han reportado que el principal mecanismo para acceder a la tierra es por medio de la herencia (MIJARC/FIDA/FAO, 2012).

Debido a que la esperanza de vida se ha incre-mentado en todas las regiones, la transferencia de las tierras a menudo ocurre a edades más avanzadas y los hombres jóvenes deben esperar muchos años antes de heredar su parte de la tierra de la familia, si es que lo hacen. Es poco frecuente encontrar transferencias de tierras inter-vivos en los países en desarrollo, ya que la propiedad de la tierra es percibida como un privilegio de los adultos. Por

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un lado, se espera que los jóvenes aguarden hasta su adultez para poseer una parcela de tierra; pero, por otro lado, muchos hombres jóvenes están re-trasando el matrimonio debido a que no poseen su propia tierra.

Sin embargo, en muchas partes de América Lati-na y el Pacífico, la tradición dicta que una persona sólo puede poseer su tierra cuando esta ha formado su propia familia;22 en muchas partes de África, en cambio, es un tabú que los jóvenes accedan a la tierra familiar mientras los padres aún están vivos (ONU-HABITAT,2011). Mientras esperan por su herencia, muchos jóvenes sólo gozan de derechos subsidiarios sobre la tierra y trabajan en la tierra de la familia a cambio de ninguna remuneración o de una muy baja. En muchos países en desarrollo, las mujeres no heredan la tierra y sólo obtienen derechos de uso por medio de un familiar de género masculino.

Varios países han reformado su actual sistema legal para que se otorguen derechos igualitarios de propiedad y de herencia a las mujeres, pero la apli-cación de estas leyes oficiales puede ser muy desa-fiante, incluso debido a que pueden existir sistemas paralelos de derecho consuetudinario que nieguen el acceso igualitario a la tierra a las mujeres. Puede ser especialmente difícil para las mujeres solicitar la aplicación de las leyes oficiales debido a que con frecuencia no poseen el conocimiento requerido, los recursos financieros y la confianza para protestar en contra de las normas y las tradiciones sociales (FAO, 2011a; Banco Mundial/FAO/FIDA, 2009).

En países de ingresos altos y en algunos países de ingresos medios, transferir las tierras agrícolas de una generación a la siguiente usualmente significa transferir todo el negocio agrícola de esas tierras - un proceso potencialmente complicado pues incluye el traspaso de la gerencia y de la propiedad de la tierra, el negocio y otros activos. Por lo tanto, las partes involucradas a menudo buscan expertos en temas familiares, financieros, de gestión de explota-

ciones agrícolas y de impuestos con el fin de evitar impuestos de traspaso innecesarios y de aplicar un mecanismo de trasferencia adecuado para su situación específica (por ej. fideicomiso, sociedad en comandita familiar).

Se deben tomar en cuenta los intereses de dos partes: aquellos de la generación más joven que necesita principalmente apoyo financiero y capaci-tación para asumir el control de la tierra/negocio y aquellos de la generación de mayor edad que nece-sita seguridad financiera al momento de traspasar los activos agrícolas. Los sistemas de gestión de la tierra pueden cambiar con el tiempo. En lugares donde la tierra solía ser propiedad de la comunidad, linaje o clan, el control y la gestión de la tierra se está individualizando cada vez más. En los países en desarrollo, la pobreza con frecuencia obliga a los padres a vender sus tierras a afuereños, lo que excluye a los miembros jóvenes de la comunidad del acceso a la tierra.

Las transacciones de tierras a grande escala son particularmente injustas para las personas jóvenes, pues muchas veces ni siquiera son consultadas sobre los acuerdos que pueden bloquear su acceso a la tierra, al igual que el de las próximas generaciones (White, 2012). En países densamente poblados, como Rwanda, la tierra ha sido grandemente frag-mentada y se han adoptado leyes que prohíben cualquier división posterior de la tierra. En la prác-tica, esto significa que el hijo mayor de la familia es el único heredero y aquel que toma las decisiones finales (FIDA, 2010b).

Además, el aumento de la degradación de la tie-rra (FAO, 2011b) limita aún más la disponibilidad de tierras cultivables para los jóvenes. Es muy poco realista esperar que los jóvenes compren sus tierras por medio de sus ahorros, dado el alto nivel de des-empleo juvenil, los bajos salarios de la mayoría de jóvenes rurales y los elevados precios de la tierra. Para las mujeres jóvenes en los países en desarrollo es un desafío aún mayor obtener el capital nece-

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sario para comprar tierra, pues con frecuencia se dedican a las labores domésticas sin remuneración o subsisten con salarios bajos (FAO, 2011a).

Adicionalmente, los préstamos para comprar tierras no son de fácil acceso para los jóvenes rurales [Capítulo 3]. Actualmente, se están explorando el arrendamiento y el alquiler de tierras con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra [caso 15, caso 16]. Además, los jóvenes a menudo no poseen conocimiento sobre los sistemas actuales de tenencia de tierras en su área, lo cual no es una sorpresa debido a que estos sistemas pueden ser un complicado grupo de normas, leyes, costumbres y tradiciones que se superponen. Los jóvenes no siempre están al tanto de las medidas de adqui-sición, registro y tributación y, en consecuencia, ellos se ven desproporcionadamente afectados por la corrupción y las actividades fraudulentas de los traficantes de tierras (ONU-HABITAT, 2011).

Los derechos de los jóvenes a la tierra con fre-cuencia no están incluidos en las políticas y en los documentos legales y, si es que sí lo están, no se estipula ningún mecanismo concreto de imple-mentación. Los jóvenes no están involucrados en la elaboración de las políticas y las leyes relacionadas con la tierra y ellos consideran que estos marcos de trabajo no responden a sus necesidades. En respues-ta a este desafío, las Directrices Voluntarias sobre la Tenencia de la Tierra de la FAO establecen que «la participación efectiva de todos los miembros, hombres, mujeres y jóvenes, en las decisiones rela-cionadas con sus sistemas de tenencia debería ser promovida por medio de sus instituciones locales o tradicionales» (FAO, 2012).

c) Accceso inadecuado a servicios financiertos

El acceso inadecuado a los servicios financieros [Capítulo 3] fue identificado como el tercer desafío principal. La mayoría de proveedores de servicios financieros se muestran renuentes a proporcionar

sus servicios -incluyendo crédito, ahorros y seguros- a la juventud rural debido a su falta de colaterales y conocimientos financieros, entre otras razones. Tanto la promoción de productos financieros di-rigidos hacia los jóvenes como los programas de tutoría y las oportunidades de financiación inicial pueden ayudar a remediar esta cuestión. Animar a los jóvenes a unirse a clubes de ahorro informales también puede ser útil en este sentido. Estudios de caso de Francia, Canadá, Uganda, Moldavia, Senegal, Camboya, Bangladesh y Granada ofrecen ejemplos para los formuladores de políticas y los especialistas en desarrollo sobre cómo es posible mejorar el acceso de los jóvenes rurales a los ser-vicios financieros.

Al igual que el acceso a la tierra, el acceso a servicios financieros, como ahorros y préstamos, tiene una im-portancia fundamental para iniciar cualquier actividad agrícola [Capítulo 2]. Incluso si los jóvenes tienen acceso a la tierra, ellos aún requieren financiamiento para cubrir los costos de plantar y cosechar, al igual que para realizar inversiones para el mejoramiento de las capacidades productivas. Servicios de pago y de comercio, como la banca móvil y el comercio por medio de Internet, son herramientas importantes para vender sus productos. Además, dado que el sec-tor agrícola con frecuencia está expuesto a eventos naturales adversos que afectan negativamente a la producción (Dalla Valle, 2012), el acceso a esquemas de seguros es crucial para los agricultores jóvenes. Los proveedores de servicios financieros (PSF) deben jugar un papel crucial para responder a estas necesidades (FIDA, 2010c).

Los PSF incluyen los sistemas bancarios formales (bancos comerciales y de desarrollo), los sistemas bancarios semi-formales (cooperativas de ahorro y crédito [CAC]) y los sistemas bancarios informales que no se encuentran registrados oficialmente a nivel nacional (por ej. grupos de autoayuda [GAA], asociaciones rurales de ahorro y préstamo [VSLA, por sus siglas en inglés], prestamistas y comercian-tes). Sin embargo, datos de varios de los principales

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PSF revelan que los jóvenes suelen representar una pequeña proporción de los clientes formales totales de los PSF en comparación con aquello que sugeri-rían los datos demográficos del total de su población.

Proveer servicios financieros en las áreas rurales es típicamente considerado como de alto riesgo debido a las características únicas de la agricultura: dependencia de los recursos naturales y estacionali-dad, largos ciclos productivos y vulnerabilidad ante las condiciones variables del tiempo. Además, las poblaciones rurales dispersas incrementan grande-mente los costos de operación de las instituciones financieras. Si bien los servicios financieros se han hecho cada vez más accesibles para los agricultores pobres, aún queda mucho por hacer para mejorar la disponibilidad de tales servicios para los jóvenes que han emprendido iniciativas agrícolas y rurales (Dalla Valle, 2012).

Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, la mayoría de PSF proporciona pocos servicios de ahorros o de seguros a los jóvenes y se enfoca más en el crédito, a pesar del hecho de que los ahorros son extremadamente importantes para los jóvenes, pues les permiten acumular acti-vos para las inversiones y los seguros (MIJARC/FIDA/FAO, 2012). En muchos países, las leyes y los reglamentos también excluyen a las personas menores de 18 años del acceso a cualquier servicio o producto financiero (FNUDC, 2012). Adicional-mente, muy pocos productos financieros, si es que existe alguno, han sido especialmente creados para los jóvenes (MIJARC/FIDA/FAO, 2012).

Las investigaciones indican que si bien la mayoría de instituciones de micro-finanzas (IMF) sí presta servicios a los jóvenes mayores de 18 años, ellos rara vez están reconocidos como un grupo específico de clientes y pocos productos son desarrollados para satisfacer sus necesidades exclusivas (Shrader et al., 2006). Además, un continuo debate a nivel mundial demanda la revisión de los conceptos de las IMF, pues muchas IMF que proporcionan préstamos a

los jóvenes a menudo cobran intereses demasiado altos (FNUDC, 2012). Antes de desembolsar fon-dos a los jóvenes, muchos PSF solicitan garantías de préstamo, como títulos formales de propiedad de tierras [Capítulo 2], un empleo estable, garantes personales, garantías de grupos solidarios o garan-tías más informales (motocicletas, muebles, etc.) - todos estos son activos que los jóvenes generalmente no poseen. Asimismo, los jóvenes son percibidos como una categoría del alto riesgo (Atkinson y Messy, 2012) debido a sus limitadas capacidades financieras,30 las cuales se deben con frecuencia a su falta de experiencia.

A pesar del reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la financiación inclusiva, existen pocos modelos innovadores sobre la reducción de riesgos al momento de realizar préstamos a jóve-nes. Por lo tanto, los jóvenes a menudo dependen de fuentes informales -generalmente la familia y los amigospara obtener acceso a servicios financie-ros. La información sobre los servicios informales en las áreas rurales se provee principalmente por medio de canales informales (por ej. el boca a boca y la radio) (Dalla Valle, 2012). Las compañías de agro-procesamiento, los proveedores de insumos y los comerciantes con frecuencia proporcionan crédi-tos para insumos o para seguros agrícolas [Capítulo 5], pero, al igual que muchas IMF, estos cobran tasas de interés muy elevadas.

Las TIC ofrecen una amplia gama de productos para acceder a los servicios financieros, como la ban-ca en línea, los negocios electrónicos y el comercio electrónico por medio de la banca móvil. Hoy en día, un tercio de la población mundial utiliza Internet y más del 45 por ciento de estos usuarios son jóvenes, de áreas urbanas principalmente. Muchas áreas rurales aún no cuentan con conexiones a Internet -particularmente en los países en desarrollo- lo cual puede representar un inconveniente para los jóvenes que desean permanecer en las áreas rura-les y conducir su negocio desde allí (Dalla Valle, 2012). Otro servicio financiero poco asequible es

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el seguro agrícola. Si fuese más asequible podría apoyar a los jóvenes agricultores en el desarrollo de mejores estrategias de gestión de riesgos agrícolas para sus granjas.

Para mejorar tales servicios, se deberían redactar políticas apropiadas y revisar los servicios existentes con el fin de llegar a una clientela más joven (Dalla Valle, 2012). La acción colectiva está faltando en cierta medida entre los jóvenes rurales [Capítulo 5] y ellos rara vez están organizados en grupos de au-toayuda que podrían proporcionar los medios para generar ahorros y mejorar la capacidad de obtener préstamos, tanto de los miembros individuales como del grupo. En muchos países en desarrollo, las mujeres rurales jóvenes deben enfrentar limitacio-nes adicionales en el acceso a servicios financieros debido a sus niveles más altos de analfabetismo, a las restricciones en la libertad de acción y a la falta de consentimiento por parte de los miembros de la familia, una gran parte de estas limitaciones se puede imputar a la discriminación de género que se encuentra arraigada en las normas sociales [Ca-pítulo 1, Capítulo 2] (Dalla Valle, 2012).

d) Dificultad para accede a empleos verdes

La dificultad para acceder a empleos verdes [Ca-pítulo 4] fue identificada como el cuarto desafío para fortalecer el involucramiento de los jóvenes en la agricultura. Los empleos verdes pueden proveer medios de vida más sostenibles en el largo plazo y pueden requerir un trabajo más intenso y, en últi-ma instancia, involucrar un mayor valor agregado. Sin embargo, es posible que los jóvenes rurales no posean las habilidades (o el acceso a oportunidades de mejoramiento de las habilidades necesarias) para participar en la economía verde. Es necesario mejorar el acceso de los jóvenes a la educación y a la capacitación -incluyendo la capacitación formal y la capacitación informal en el puesto de trabajo- para corregir esta incompatibilidad de habilidades. Estudios de caso del Archipiélago de Zanzíbar,

Rwanda, China, Estados Unidos, Bahamas, Kenya y Uganda ilustran formas innovadoras de mejorar el acceso de los jóvenes a las habilidades y opor-tunidades necesarias para generar empleos verdes en la agricultura.

La transición hacia una economía verde36 no sólo promueve la sostenibilidad medio ambiental, sino que también se espera que cree empleos verdes en todos los sectores de la economía, incluyendo la agricultura, la silvicultura y la pesca (FAO, 2010). El Programa de las Naciones Unidas para el Me-dio Ambiente (PNUMA) define un empleo verde como aquel “trabajo en actividades agrícolas, de manufactura, de investigación y desarrollo (I&D), administrativas y de servicios que contribuyen subs-tancialmente a la preservación o a la restauración de la calidad del medio ambiente”.

Incluye empleos que “reducen el consumo de energía, materiales y agua por medio de estrategias de alta eficiencia, que descarbonizan la economía y que minimizan o impiden totalmente la generación de todo tipo de desechos y contaminación” (PNU-MA, 2008). En la actualidad ya se han creado un gran número de empleos verdes a nivel mundial. La creación de empleos verdes provee potenciales oportunidades para que los jóvenes, tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, parti-cipen en economías más verdes. No obstante, la voluntad de los jóvenes para involucrarse en estas economías verdes no necesariamente se traduce de inmediato en oportunidades de empleo.

Los desafíos que los jóvenes encuentran cuando desean acceder a empleos verdes se discuten en este capítulo, junto con algunas soluciones que pueden ayudar a los jóvenes de alrededor de todo el mundo a abordar estos desafíos. El recuadro inferior provee algunos ejemplos de empleos verdes relacionados con la agricultura, aunque la lista no es de ningún modo exhaustiva. Los empleos verdes no deben únicamente ayudar a reducir el impacto medio ambiental negativo de la actividad económica, es-tos también deben ser decentes.38 En general, las

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prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura orgánica, requieren más insumos de trabajo ya que son relativamente intensivas en mano de obra comparadas con la agricultura convencional y tie-nen el potencial de generar rendimientos sociales y económicos más altos.

Esto es especialmente importante en los países en desarrollo ya que, debido a la falta de suficientes empleos, los jóvenes migran desde las áreas rura-les hacia las áreas urbanas en busca de trabajo. En muchos países en desarrollo, las mujeres jóvenes juegan un papel importante en la gestión de los recursos naturales y los empleos verdes serán, por lo tanto, de interés y preocupación especial para ellas. Además, en el sector del turismo verde, de 60 a 70 por ciento de la mano de obra es femenina y la mitad de ellas tienen una edad de 25 años o menos. De acuerdo con un estudio de la OIT, para lograr una economía verde, el reto más importante es el desarrollo de habilidades (OIT, 2009; ONU DAES, 2010a). La transición hacia una economía verde y con bajas emisiones de carbono afecta las habilidades de tres formas: > Demanda reducida para algunos empleos (las habilidades se vuelven redundantes); > Aumento de la demanda para otros empleos (las habilidades deben ser más ampliamen-te adquiridas); y, > Desarrollo de nuevos empleos y empleos existentes ‘más verdes’ (se requieren nuevas habilidades).

En consecuencia, es necesario desarrollar las ha-bilidades apropiadas o mejorar las habilidades exis-tentes, particularmente de los y las jóvenes que están ingresando al mercado laboral por primera vez. Se necesita educación [Capítulo 1], tanto formal (en-señanza presencial y formación vocacional dentro de la educación secundaria y postsecundaria) como informal (programas de pasantías, capacitación en el puesto de trabajo e incremento de la exposición al trabajo y del conocimiento por medio de, por ejemplo, actividades extracurriculares). También se deben adoptar políticas específicas en materia econó-mica, educativa, social y laboral, así como servicios específicos del mercado laboral e información sobre el mercado [Capítulo 5]. Sin embargo, no existe

garantía de que los jóvenes encontrarán empleo o terminarán en estos empleos. Algunos desafíos rela-cionados incluyen la promoción del emprendimiento juvenil verde, la certificación de negocios verdes y el acceso a financiamiento [Capítulo 3].

e) Acceso ilimitado de los jóvenes a los mercados

El quinto desafío principal que se identificó fue el acceso limitado de los jóvenes a los mercados [Capítulo 5] ya que sin dicho acceso los jóvenes no serán capaces de participar en proyectos agrícolas viables y sostenibles. El acceso a los mercados para los jóvenes se está haciendo aún más difícil debido a la creciente influencia internacional de los super-mercados y los rigurosos estándares de sus cadenas de suministro. Las mujeres rurales jóvenes de los países en desarrollo deben enfrentar limitaciones adicionales para acceder a los mercados debido, en una parte, a que su libertad de movimiento está a veces limitada por normas culturales.

Mejorar el acceso a la educación, a la capacita-ción y a la información de mercado puede facilitar el acceso de los jóvenes a los mercados, además, los nichos de mercado ofrecen oportunidades particu-larmente importantes para los agricultores jóvenes. Facilitar su involucramiento en grupos de producto-res (jóvenes) puede ser igual de beneficioso en este sentido. Estudios de caso de Kenya, Ghana, Europa del Sur, Estados Unidos, Tanzania, Colombia y Be-nín ofrecen ejemplos de cómo es posible mejorar el acceso de los jóvenes a los mercados.

El acceso al mercado para los agricultores sig-nifica la habilidad de adquirir insumos y servicios agrícolas, así como la capacidad de entregar la pro-ducción agrícola a los compradores (FIDA, 2010a). Los mercados proveen la oportunidad de generar ingresos, lo que contribuye a la reducción de la pobreza y el hambre en los países en desarrollo. Los mercados también impulsan la producción para satisfacer la demanda de los consumidores en

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términos de cantidad y calidad (Van Schalkwyk et al., 2012).

Un acceso sostenible al mercado es necesario para garantizar a los pequeños productores un incremento de sus ingresos y para sacarlos de la pobreza. Debido a que los jóvenes rurales son el futuro del sector agrícola (MIJARC/FIDA/FAO, 2012), su acceso al mercado es vital para potenciar la productividad, incrementar los ingresos y reducir la pobreza y el hambre en los próximos años. Sin embargo, los jóvenes enfrentan una serie de desa-fíos cuando intentan acceder al mercado, incluso mayores que las limitaciones que enfrentan los pequeños productores en general, en particular en los países en desarrollo.

Antes de acceder a los mercados, los jóvenes rurales ya han tenido que enfrentar varias restriccio-nes para iniciar sus actividades agrícolas, incluyendo dificultades para acceder a la tierra [Capítulo 2], a insumos agrícolas y a servicios financieros [Capítulo 3]. Además, muchas personas jóvenes no cuentan con experiencia y conocimiento sobre el funciona-miento de los mercados, con frecuencia no poseen habilidades comerciales, de gestión y de empren-dimiento y, al igual que muchos otros pequeños productores, no poseen información sobre precios.

El acceso a la información y a la educación es más pobre en las áreas rurales que en las áreas urbanas. La alfabetización en las TIC también es baja, sobre todo entre las mujeres jóvenes pobres [Capítulo 1]. En el contexto de una globalización en auge, la demanda de alimentos procesados y de mayor valor, combinada con el crecimiento de los supermercados alrededor del mundo, tiene grandes implicaciones para el sistema mundial de marketing alimentario ya que altera los sistemas de abasteci-miento e introduce nuevos estándares de calidad y de seguridad.

Debido a un aumento de los vínculos rurales-ur-banos y a una comunicación más rápida, así como a menores barreras al comercio, los mercados son cada vez más abiertos y homogéneos de acuerdo con

los estándares internacionales y, en consecuencia, son cada vez más competitivos. Los nuevos sistemas de abastecimiento suelen requerir suministros gran-des y constantes (destinados a los supermercados) y favorecen a los agricultores más grandes en lugar de beneficiar a los pequeños productores - la condición que a menudo poseen los jóvenes, particularmente en los países en desarrollo. Estos jóvenes agricultores a pequeña escala con frecuencia se ven obligados a cumplir con los estándares de calidad, a cubrir los costos de la certificación y a invertir en tecnología e infraestructura, así como también en una fuerza laboral más calificada.

Los pequeños productores agrícolas jóvenes de los países en desarrollo pueden, en teoría, vender sus productos a varios tipos de mercados: local (ru-ral), urbano emergente, regional e internacional. Un acceso mejorado a los mercados nacionales, regionales e internacionales es importante para permitirles vender más productos a mayores precios. Sin embargo, puede ser difícil para ellos mantener los estándares, el volumen, la calidad y la diver-sidad de bienes requeridos. Los mercados locales son tradicionalmente los más accesibles debido a la menor complejidad logística, a la menor escala y a la, relativamente, más moderada competencia en comparación con los mercados domésticos e internacionales de mayor tamaño.

No obstante, a medida que los canales de distri-bución cambian, de pequeños mercados locales a supermercados, los mercados nacionales y locales están empezando a imitar los estándares interna-cionales, de manera que los desafíos para acceder al mercado que enfrentan los pequeños productores jóvenes ya no se aplican únicamente a las expor-taciones. En una organización de mercado rural típica, existe una gran cantidad de productores y consumidores que son atendidos por relativamente pocos intermediarios de mercado (FAO, 2005). Estos intermediarios poseen un buen conocimiento sobre el mercado y, por esta razón, pueden influir sobre las políticas de mercado.

En general, las cadenas de marketing más largas que involucran a numerosos intermediarios presentan un

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mayor desafío para los pequeños productores jóvenes, pues, debido a su edad, no poseen mucha experiencia ni poder de negociación. Los jugadores jóvenes suelen mercadear su producción por medio de estos fuertes actores de mercado, quienes con frecuencia obtienen una gran parte de las ganancias u otorgan créditos para la compra de insumos con altas tasas de interés [Capí-tulo 3]. Otra razón para la falta de información sobre el mercado y los precios y para la distribución asimétrica de poder (Van Schalkwyk et al., 2012) es que los jóve-nes a menudo no se encuentran suficientemente bien organizados (MIJARC/FIDA/FAO, 2012).

Las mujeres rurales jóvenes de los países en

desarrollo pueden enfrentan algunas dificultades adicionales para acceder a los mercados debido a que en muchas comunidades su libertad de movi-miento puede estar restringida debido a las normas culturales (USAID, 2005) [Capítulo 1]. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es claro que las actuales estructuras de mercado no son favora-bles para los agricultores jóvenes.

Sin embargo, el desarrollo del mercado y de la infraestructura en las áreas rurales puede derivar en oportunidades de empleo para los jóvenes en actividades fuera de la agricultura (brókeres, in-termediarios, agentes de información de merca-dos, etc.) y en empleos que no requieren acceso a tierras [Capítulo 2] o a otros activos, pero que sí requieren algunos tipos específicos de habilidades y conocimientos (por ej. sobre las TIC) donde los jóvenes pueden tener una ventaja comparativa. Los agricultores jóvenes generalmente se involucran en todos los vínculos de la cadena de valor; ellos están orientados hacia los negocios y buscan maneras innovadoras de ganarse la vida como parte de una red social - no sólo en la agricultura.

f) Participación limitada de los jóvenes en el diálogo sobre políticas

El sexto desafío identificado fue la participación limitada de los jóvenes en el diálogo sobre políticas

[Capítulo 6]. Con demasiada frecuencia, las voces de los jóvenes no son escuchadas durante los pro-cesos de elaboración de políticas y, en consecuen-cia, no se satisfacen sus necesidades complejas y multifacéticas. Las políticas a menudo no toman en cuenta la heterogeneidad de los jóvenes y, por lo tanto, no les brindan un apoyo efectivo. Para remediar esto, los jóvenes requieren las habilidades y las capacidades necesarias para la acción colectiva con el fin de garantizar que sus voces sean escucha-das. Los propios formuladores de políticas deben también involucrar activamente a los jóvenes en el proceso de elaboración de políticas. Estudios de caso de Togo, Nepal y Brasil, así como ejemplos a nivel regional de África y Europa, todos destacan formas sobre cómo involucrar a los jóvenes en la configuración de las políticas que más les afectan.

Los jóvenes han sido los más afectados por la crisis financiera global. Alrededor de todo el mundo, las tasas de desempleo de los jóvenes son más altas que las tasas de desempleo de los adultos (ONU DAES, 2012). El África del Norte y el Cercano Oriente (con tasas de desempleo de 27,9 y 26,5 por ciento, respectivamente) enfrentan el desafío de empleo juvenil más grande del mundo (OIT, 2012b). La agricultura moderna puede ofrecer oportunidades significativas para la creación de em-pleos para los jóvenes (Banco Mundial, 2009). No obstante, con el fin de atraer a los jóvenes al sector, es fundamental contar con un entorno regulatorio y de políticas propicio (OIT, 2012c).

Se reconoce cada vez más que la participación juvenil juega un papel importante en la toma de decisiones y en el diálogo sobre políticas, y los responsables de la formulación de políticas es-tán deseosos de trabajar no sólo para los jóvenes, sino con ellos. Por ejemplo, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, el cual guía la Agenda Juvenil de las Naciones Unidas, identificó la completa y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la toma de decisiones como una de sus diez

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áreas prioritarias (ONU DAES, 2010b). La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el ‘Año Internacional de los Jóvenes: Diálogo y Comprensión Mutua’ (ONU, 2010) se celebraría desde el 12 de agosto del 2010 hasta la misma fecha del año siguiente, este se enfocó en tres áreas clave, incluyen-do ‘movilizar y comprometer (incrementar la participación juvenil y las asociaciones con los jóvenes)’.

Las recientes revoluciones de la Primavera Árabe han visto levantarse a los jóvenes para reclamar su derecho a participar plenamente en la sociedad (Ncube y Anjanwu, 2012; Red de Empleo de los Jóvenes, sin fecha). Sin embargo, aún existe un largo camino que recorrer para asegurar la participación activa de los jóvenes en los procesos sobre políticas. Con demasiada frecuencia, su participación permanece simbólica o pasiva. La antigüedad es frecuentemente asociada con la autoridad y no se espera, o se per-mite, que los jóvenes hablen o transmitan sus preocupaciones, mucho menos que tengan un rol en los procesos de desarrollo de políticas (Lintelo, 2011).

En muchos países en desarrollo, la participación de las mujeres jóvenes en la elaboración de políticas es particularmente desafiante debido a las creencias tradicionales sobre la idoneidad de las mujeres para que participen en posiciones de toma de decisiones y la persistencia de desigualdades de género a nivel de hogar (Banco Mundial/FIDA, 2009). Existe poca información disponible sobre la participación de los jóvenes en los procesos sobre políticas específicamente relacionados con la agricultura y el desarrollo rural.

Un estudio conjunto elaborado por el MIJARC, la FAO y el FIDA encontró que los jóvenes rurales rara vez participan en la formulación de las políticas que les afectan; jóvenes rurales informantes de África y América Latina señalaron que: ellos con frecuencia no son vistos como ‘partes iguales’ sino como personas desinformadas, indecisas y alborotadoras… las políticas nacionales relacionadas con los jóvenes y la agricultura a menudo no son aplicables y/o sostenibles porque fueron diseñadas por otros que ignoran la situación de los jóvenes en las áreas rurales. (MIJARC/FIDA/FAO, 2012)

Aunque algunos documentos legales y políticas, incluyendo la Carta Africana de los Jóvenes, señala explícitamente el derecho de los jóvenes a participar en el diseño de políticas, muchos hombres y mujeres jóvenes aún ignoran sus derechos en este sentido. Adicionalmente, las políticas a menudo no reflejan la heterogeneidad de los jóvenes y suelen estar dirigidas a hombres que no son pobres y que viven en áreas urbanas (Bennell, 2007). Las reuniones con se llevan a cabo en las áreas urbanas y en el(los) idioma(s) oficial(es) del país y, en consecuencia, excluyen a los jóvenes analfabetos, rurales y pobres (Lintelo, 2011).

“ Una mayor organización podría acrecentar las economías de escala, reducir los riesgos, reducir los costos de transacción y mejorar el acceso a recursos

incluyendo el financiamiento (Kruijssen, Keiizer y Giuliani, 2009). “

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Existe una escasez de datos exhaustivos sobre los jóvenes rurales como un grupo diferenciado, lo que da como resultado políticas que no responden a los verdaderos desafíos que deben enfrentar los jóvenes rurales (IEG, 2013). Asimismo, se necesita una investigación más detallada para documentar las aspira-ciones de los jóvenes rurales (Leavy y Smith, 2010). Con el fin de que puedan participar activamente en el diálogo sobre políticas, los jóvenes rurales necesitan las habilidades adecuadas. No todos los jóvenes rurales nacen siendo líderes, por lo tanto, las organizaciones que representan sus intereses y que pueden ejercer presión en su nombre juegan un papel importante.

El estudio MIJARC/FAO/FIDA muestra cómo los jóvenes rurales no están suficientemente unidos y ven esta falta de unidad como una de las principales razones de la limitada voz que tienen en los procesos de elaboración de políticas. Existe únicamente un pequeño número de organizaciones que representan exclusivamente a los jóvenes rurales y aquellas que sí existen a menudo no poseen suficientes recursos financieros, son bastante pequeñas e informales, operan a nivel local y tienen poco poder de negociación en los procesos sobre políticas.

Las organizaciones mixtas, por otra parte, están con frecuencia involucradas en el diálogo sobre polí-ticas, aunque existe una limitada participación activa por parte de los jóvenes en la toma de decisiones y en el liderazgo. En los países en desarrollo, las mujeres jóvenes enfrentan restricciones particulares para participar en la gestión de las organizaciones rurales (MIJARC/FIDA/FAO, 2012) debido a una variedad de razones: las mujeres generalmente presentan menores niveles de alfabetización que los hombres, a menudo carecen de la confianza para defender sus intereses y poseen una limitada movilidad y disponibilidad de tiempo debido a la necesidad de combinar las tareas del hogar con una pesada carga de trabajo (Banco Mundial/FAO/FIDA, 2009).

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En primer lugar, debe decirse que abordar los seis desafíos principales que ha definido Naciones Unidas será vital para incrementar la participación de los jóvenes en el sector agrícola y, en última instancia, aprovechar el potencial inexplotado de este ya considerable y creciente grupo demográfico. Ya hemos visto la realidad mexicana, en la que el trabajo de campo está asociado con bajo nivel socioeconómico, por lo cual, potenciar el trabajo agrícola se traduce en movilidad social.

Tal como sugiere Naciones Unidas, en los países en desarrollo, como México, facilitar la participación de la cohorte juvenil en la agricultura tiene el potencial de impulsar la reducción de la tan extendida pobreza rural entre los jóvenes y los adultos por igual. Este es precisamente el reto, no solo evitar que los jóvenes se vayan, sino que se queden en las regiones rurales para contribuir en su desarrollo económico.

Es así que Naciones Unidas se ha enfocado a extraer lecciones que ofrecen distintos casos alrededor del mundo respecto del tema que nos ocupa. Es necesario que los jóvenes tengan acceso a la información correcta; esto es crucial een cuanto que la información les empodera y les da opciones de desarrollo. En este sentido, se requieren enfoques de formación integrados para que los jóvenes puedan responder a las necesidades de un sector agrícola más moderno.

No hay que dejar de lado las tecnologías de la información y la comunicación modernas, ya que ofrecen un gran potencial para el desarrollo de nuevas maneras de comercialización, por ejemplo. Es evidente evidente que existe una clara necesidad de organizar y reunir a los jóvenes para mejorar sus capacidades para la acción colectiva. La capacidad de organización y cooperación hace nodos más fuertes, alianzas comerciales más eficaces y una distribución más amplia.

Además, el gobierno mexicano tendrá que considerer la necesidad de crear e implementar programas y proyectos dirigidos específicamente a los jóvenes y que puedan ser efectivos para proporcionar a la juventud ese empujón extra necesario para ingresar al sector agrícola: financiamientos, apoyo técnico y tecnológico, capacitaciones, fortalecimiento de comunidades, entre otros.

Al respecto, los jóvenes mexicanos necesitarán una respuesta coherente e integrada, tanto por parte de los formuladores de políticas como de los especialistas en desarrollo, para asegurar que los desafíos clave que enfrentan sean tratados efectivamente. De ninguna forma será aprovechable que las políticas que se diseñen se hagan sin la participación de los jóvenes, puesto que ellos son quienes tienen la claridad de delinear los caminos sobre los cuales el gobierno puede contribuir con su trabajo.

De hecho, una respuesta coordinada para incrementar el involucramiento de la juventud en el sector agrícola es ahora más importante que nunca, pues la población global en crecimiento y las ganancias de la productividad agrícola en disminución significan que los jóvenes deben jugar un papel fundamental para garantizar que exista un futuro con seguridad alimentaria para ellos mismos y para las futuras generaciones.

7. Conclusiones: jóvenes del campo, hacia una visión empresarial

Mapa de Proyectos / Estudio de población juvenil

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En México, ya se ha mencionado repetidamente, los jóvenes constituyen una parte de la población muy relevante. De hecho, nuestro país cuenta con la mayor población joven de toda su historia, lo que significa que contamos con una cantidad vasta de mano de obra y un potencial productive envidiable Dejar pasar la oportunidad que hoy nos presenta esta coyuntura histórica no debe ser una posibilidad. Al contrario, el gobierno mexicano, de la mano de los distintos sectores sociales, deben encontrar los nodos que permitan impulsar a esta población juvenil. El momento es ahora, después será tarde.

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