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Aproximación a iniciativas locales de construcción de paz en Colombia Laura Sofía Bernardelli Velásquez Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz Bogotá D.C., Colombia 2014
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Aproximación a iniciativas locales de construcción de paz en Colombia
Laura Sofía Bernardelli Velásquez
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz
Bogotá D.C., Colombia
2014
2 Aproximación a iniciativas locales de construcción de paz en Colombia
Aproximación a iniciativas locales de construcción de paz en Colombia
Laura Sofía Bernardelli Velásquez
Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar por el título
de:
Especialista en Acción sin Daño y Construcción de Paz
Directora:
Martha Nubia Bello Albarracín
Línea de Investigación:
Investigación
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz
Bogotá D.C., Colombia
2014
Resumen
El inicio de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc)1, permitió que el tema de la paz contara con un
interés estatal, mediático y ciudadano. Sin embargo, la coyuntura de los diálogos ha
reducido la visión que se tiene de la paz, convirtiéndola en algo estático y que depende
únicamente del Estado. Esta investigación, tenía un objetivo muy específico: sacar del
anonimato algunas iniciativas locales de paz en Colombia, que han nacido y se han
fortalecido a pesar de no contar con un apoyo gubernamental o ciudadano. Además,
ponen de manifiesto la importancia del ámbito local y comunitario en un escenario de
construcción de paz, donde esta se asume como responsabilidad de cada individuo y no
solamente una política de gobierno. Por último, lograr empezar a entender la paz como
una construcción cotidiana y no solamente como el resultado de la firma de un acuerdo,
permitirá sentar las bases para un escenario de posconflicto exitoso y duradero.
Palabras clave
Construcción de paz
Territorio
Enfoque diferencial
Comunitario
1 Guerrilla colombiana conformada en 1964. Con la que se ha iniciado diálogos de paz, para lograr su
desmovilización y desarme.
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Abstract
The beginning of the peace talks between the Colombian government and the Armed
Forces of Colombia People (Farc in Spanish), allowed the peace topic to gain interest
among state organizations, media and citizens. However, the juncture of these talks has
reduced the view that we have of peace, making it something static and a liability of the
State. This research had a very specific aim: to extract of the anonymity some local
initiatives of peace in Colombia, which have been born and fortified in spite of not having
a governmental or civilian support. In addition, they reveal the importance of the local and
community area in a scene of peacebuilding, where it is assumed as responsibility of
every individual and not only a public policy. Finally, to start understanding peace as a
daily construction, and not only as the result of the signature of an agreement, it will allow
laying the foundation for a lasting and successful peace scenario.
Keywords:
Peacebuilding
Territory
Affirmative action
Communitarian
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Contenido
Introducción .................................................................................................................... 6
1. Marco conceptual ................................................................................................... 10 1.1 Aproximación histórica y analítica del concepto de Construcción de paz: ........ 11
1.1.2 Modelos de construcción de paz .................................................................... 13 1.1.3 Elementos que deben componer una iniciativa de construcción de paz ......... 14
1.2 Tipos de enfoques en gestión de conflictos ...................................................... 15 1.3 Teoría de la Paz Imperfecta .................................................................................. 17
2. Construcción y visión de la paz desde lo institucional ....................................... 19 2.1 Marco normativo .............................................................................................. 19 2.2 Procesos de paz anteriores .............................................................................. 23 2.3 Negociaciones en La Habana .......................................................................... 25
3. Iniciativas locales de paz en Colombia ................................................................. 31 3.1 Enumeración y breve descripción histórica las iniciativas encontradas ............ 32 3.2 Filtro de selección ............................................................................................ 37 3.3 Iniciativas seleccionadas .................................................................................. 38
3.3.1 Mujeres – Ruta Pacífica de las Mujeres ......................................................... 38 3.3.2 Campesinos - Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ............. 39 3.3.3 Afrodescendientes – Proceso de Comunidades Negras ................................ 40 3.3.4 Indígenas – Consejo Regional Indígena del Cauca ....................................... 41
3.4 Logros y obstáculos de las iniciativas ............................................................... 42 3.5 Coincidencias y divergencias entre las reivindicaciones de las iniciativas seleccionadas y la agenda de negociación en La Habana .......................................... 43
4. Conclusiones .......................................................................................................... 47
5. Bibliografía ............................................................................................................. 49
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Introducción
En Colombia, es amplia la descripción y el estudio de la violencia, pero no de la paz y
mucho menos se considera posible que existan “paces”, entendido esto como la
posibilidad de asumir que la paz no es monolítica y estática, sino que puede encontrarse
en diversos tipos de manifestaciones. Al enfocarnos en estudiar la primera,
invisibilizamos e impedimos que varias iniciativas y experiencias de la segunda se
conozcan y se multipliquen. La paz no es un objetivo teleológico sino un presupuesto que
se reconoce y construye cotidianamente (Muñoz, 2003).
En esta medida, el interés central de este trabajo fue realizar una investigación sobre la
paz en Colombia, si bien no es posible abarcar un marco de tiempo muy amplio,
considero que los aportes que se puedan realizar para una mayor comprensión de este
silenciado tema, son importantes y pertinentes dada la coyuntura de los diálogos de paz
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en La Habana. Sin embargo, no
pretendí centrar la atención en el Estado ni en los grupos al margen de la ley, actores
que juntos han contado con el protagonismo y la permanente atención mediática y civil.
Esta investigación tuvo como objetivo acercarse a esa paz, a esas “paces”, que las
personas día a día en medio de sus dificultades y proezas, construyen y fortalecen. Esas
“paces” que logran organizar colectivos, exigir derechos y transformar sociedades desde
una forma particular de anonimato.
Un país que ha sufrido tanto por tan variados tipos de violencia, como el nuestro, merece
comprender y multiplicar los espacios de expresiones no-violentas que se han mantenido
y fortalecido, en una muestra de verdadera construcción de paz. Pero debe,
principalmente, darlos a conocer. No significa ningún avance para esta construcción que
sólo sea un tema que tome relevancia por una iniciativa gubernamental de iniciar una
negociación con un grupo armado al margen de la ley.
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Desde el anuncio, por parte del presidente Juan Manuel Santos, del inicio de diálogos de
paz con la guerrilla de las Farc, los medios de comunicación y diversos sectores
académicos han centrado su atención en el desarrollo de estas negociaciones. Todas las
semanas nos hemos visto saturados de diversos análisis y posturas frente a lo que se
dice o se hace en La Habana, lugar elegido para las negociaciones. Sin embargo, tanto
los medios de comunicación como la academia han fallado en comunicar la importancia
de esa paz a la ciudadanía, dejando casi por sentado, que ésta se reduce a lo que se
decida en esa mesa. Esto se ha visto reflejado en la poca, casi nula, opinión que los
ciudadanos de a pie tienen sobre el proceso, sus implicaciones o sobre lo que significa
buscar y construir paz.
Es inevitable no comparar los actuales diálogos con experiencias anteriores como la
mesa de negociación en El Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana y/o la
exitosa desmovilización de la guerrilla del M-19 en 1990. En estas dos experiencias se
hicieron los mismos tipos de análisis y comparaciones frente a los procesos, actores y
desenlaces de cada uno, centrándose especialmente en lo político, lo económico y lo
militar, pero fueron pocos los que se enfocaron en la descripción de las iniciativas locales
y comunitarias de construcción de paz que surgieron o se desarrollaron paralelamente a
esos procesos. El nivel microsocial siempre queda relegado frente a la notoriedad que
otro tipo de eventos pueden tener; sin embargo, como dice Esperanza Hernández: “Las
iniciativas de paz desde la base en Colombia evidencian realidades diferentes en un país
marcado por expresiones persistentes de violencia” (2004).
Así pues, los esquemas mediáticos y academicistas que han permeado en el imaginario
de concebir la paz simplemente como un fin de actos bélicos, y de reducir la violencia a
sus manifestaciones físicas, son los principales obstáculos a la hora de estudiarla desde
la gente. Las lógicas de poder que dominan el análisis reducen las experiencias locales a
eventos esporádicos, despojándolos de toda complejidad e importancia. Si bien es cierto
que con el inicio de las negociaciones se han abierto espacios de diálogo y discusión
frente a este tema, sigue existiendo una ignorancia generalizada hacia iniciativas que han
permanecido y se han fortalecido a pesar del poco interés estatal y ciudadano.
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En esta medida, fueron los estudios para la paz los que incentivaron las preguntas que
dieron origen a este trabajo de investigación. La posibilidad de focalizar el análisis hacia
la paz y no hacia el lugar común de la violencia, facilitó el diseño y posterior desarrolló
investigativo.
Como piedra angular del marco teórico está la teoría de la paz Imperfecta, un importante
referente que han trabajado y perfeccionado los investigadores de la Universidad de
Granada. “(…) Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta a todas estas
experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir
en las que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de
las necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya
impedido” (Muñoz, 2003). Aunque es una definición amplia, pretende dar luces al análisis
de ver la paz y la construcción de esta como un empoderamiento de la sociedad; no sólo
de las iniciativas gubernamentales, que son importantes, sino de la responsabilidad y
participación que, como ciudadanos, asumimos en esta construcción.
Es por lo anterior que el objetivo principal de esta investigación, fue describir espacios de
construcción de paz, y de “paces”, que tuvieran un origen local y no-gubernamental en
Colombia. Aunque podemos afirmar que iniciativas de este tipo se pueden encontrar en
diferentes momentos de la historia violenta del país, la indagación se delimitó
temporalmente para que respondiera a la coyuntura específica de las actuales
negociaciones en La Habana. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, desarrollé
cuatro puntos específicos que se enfocaron en parte del entramado conceptual e
histórico necesario para la comprensión y análisis de lo previsto inicialmente. Buscando
visibilizar no sólo el avance que la academia ha hecho frente a la comprensión y
construcción de paz, sino también rescatar aquellas iniciativas que dan importancia a las
prácticas comunitarias de esta.
El desarrollo conceptual que acompañó el análisis de esta investigación, se enfocó en la
profundización de la descripción y comprensión de las principales características de los
enfoques de gestión de conflictos y la tipología de paces en la construcción de paz. Los
avances conceptuales hechos por Lederach, en esta línea, fueron un aporte inicial
importante, especialmente al ver la transformación del conflicto desde el reconocimiento
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del mismo: La transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder al ir y
venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear
procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la
interacción directa y las estructuras sociales, y respondan a los problemas cotidianos en
las relaciones humanas. (Reimann, 2000).
Como segundo punto, se diseñó una aproximación histórica y documental sobre
iniciativas locales y comunitarias de paz en Colombia que se desarrollaran dentro de la
delimitación temporal establecida. En este punto se creó un filtro para definir cuáles de
las iniciativas encontradas podrían ser tenidas en cuenta. En consecuencia, las que
tuvieron un origen en políticas de Responsabilidad Social Empresarial o fueron
financiadas desde su origen por instituciones religiosas de cualquier tipo, fueron
excluidas del análisis al representar visiones que no surgen, necesariamente, de
inquietudes locales sino de imposiciones políticas y económicas.
En tercer lugar, como parte de un ejercicio comparativo y de seguimiento, se procedió a
describir las iniciativas gubernamentales frente a la construcción de paz desde el anuncio
de los diálogos en La Habana. Pretendiendo hacer evidente la desproporción en términos
de acceso a espacios de difusión pública entre estas y las comunitarias.
Por último, como una consecuencia del avance conceptual e histórico, surge una
clasificación de iniciativas de paz que responden a lógicas territoriales y poblacionales
específicas. Siendo esto un producto no esperado desde el diseño inicial de trabajo.
La construcción de paz es un proceso gradual, y en ese sentido, las estrategias dirigidas
a conseguir transformaciones creativas de los conflictos y la consolidación de cambios
sociales constructivos deben pensarse en marcos amplios de tiempo que incluyan
acciones inmediatas de superación de las crisis, prevención y protección, pero también
acciones a mediano y largo plazo, que pasen por la transformación de las estructuras
sociales, políticas y culturales que dan origen a los conflictos y al ejercicio de las
violencias.
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1. Marco conceptual
Como punto de partida es importante y pertinente explicar la fundamentación teórica y
conceptual que da sustento a este trabajo. Aunque el programa académico de la
Especialización concentra su atención en la Acción sin daño, para la aproximación que
se tenía como objetivo, se optó por trabajar solamente desde el enfoque de construcción
de paz con las posibilidades que éste presenta. Una de las ventajas más importantes de
trabajar con este enfoque, es que permite la complementariedad entre teorías y
postulados que facilitan el análisis y enriquecen el debate. En este caso, fue necesario
recurrir a las tipologías de gestión de conflictos y a los elementos principales que trabaja
la Teoría de la Paz Imperfecta, para lograr un entramado conceptual que permitiera la
articulación con el tema objeto del estudio: iniciativas locales y comunitarias de paz en
Colombia.
En esta medida, se propone empezar el desarrollo de este capítulo por una aproximación
histórica y analítica del concepto de construcción de paz, para seguir con una descripción
de los tipos de enfoques en gestión de conflictos y terminar con una profundización en la
Teoría de Paz Imperfecta trabajada por los académicos de la Universidad de Granada.
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1.1 Aproximación histórica y analítica del concepto de Construcción de paz:
El reto de la construcción de paz en contextos de conflictividad armada o de otro tipo,
reside en aprender a trabajar en las situaciones de conflicto teniendo como punto de
partida, los siguientes componentes: Identificar y prever situaciones latentes de conflicto;
prevenir y enfrentar dinámicas destructivas; y promover dinámicas constructivas de
transformación. Al menos esta es la propuesta inicial que se presenta en el Módulo 5:
Construcción de paz, transformación de conflictos y enfoques de sensibilidad a los
contextos conflictivos, escrito por el académico Borja Paladini Adell. Inicio con esta
aproximación porque este documento será uno de los principales puntos de referencia en
la descripción teórica y conceptual que conforman este primer capítulo.
El concepto de construcción de paz se popularizó, académica y políticamente, a inicios
de la década de los noventa, cuando el entonces Secretario General de las Naciones
Unidas, Boutros Ghali, se refiere a este en la presentación del documento Agenda para la
Construcción de Paz en 1992. Si bien fue considerado una novedad en su momento
(finalización de la Guerra Fría), lo cierto es que la ONU ya utilizaba dos instrumentos en
el marco del mandato para la paz en el desarrollo de sus obligaciones: Peacekeeping, o
mantenimiento de la paz; y Peacemaking, como el establecimiento de la paz.
Instrumentos que se concentraban en lograr un cese al fuego entre actores
internacionales, imagen común para la época a la que hacemos referencia, que
reproducían una concepción de paz fundamentalmente negativa, porque tenían como
objetivo la terminación de algo violento y no la construcción de algo transformador.
La primera mención y elaboración del concepto de construcción de paz, se dio a
mediados de los años 70, cuando Johan Galtung lo define como: “Un emprendimiento
político que tiene como objetivo crear paz sostenible enfrentando las causas
estructurales o profundas de los conflictos violentos a partir de las capacidades locales
para la gestión pacífica de los mismos” (Galtung, 1976). Sin embargo, como explica
Paladini Adell, las Naciones Unidas inicialmente ven este nuevo concepto como un
instrumento complementario a sus ya establecidos esfuerzos de mantenimiento y
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establecimiento de la paz. Siendo así una serie de actividades que consolidan esfuerzos
previos de la Organización de Naciones Unidas que evitaban el decaimiento en
situaciones de conflicto y violencia, especialmente entre Estados.
Rápidamente se hizo necesaria la ampliación del marco de aplicación del nuevo
concepto, para poder considerar los conflictos que se desarrollaban al interior de los
Estados, en los que las víctimas eran en su mayoría civiles. En este nuevo escenario, los
grupos armados otorgaban al control sobre el territorio y la población, la mayor relevancia
como estrategia de guerra. En esta medida, la aplicabilidad de los instrumentos de
construcción de paz, desde la ONU, al interior de las naciones está ligada al desarrollo
del concepto de Seguridad Humana. Entendida desde dos definiciones: Una reducida, en
la que el énfasis está en las amenazas que sufren las personas por hechos de violencia
causada por otros seres humanos (como en conflictos armados); y la segunda, más
amplia, que considera que las amenazas que sufre la población no son sólo las que
tienen un origen en la violencia que se ejerce directamente, sino también en otras
situaciones que pueden afectar en mayor medida la vida de las personas, como las
hambrunas o los desastres naturales.
El mayor avance desde la adopción del concepto de Seguridad Humana, es que no sean
solamente considerados sujetos de seguridad los Estados. De esta manera, se originó un
enriquecimiento del concepto de paz que se había manejado hasta el momento. La paz
es vista ahora desde una concepción mucho más positiva, en la que debe edificarse algo
que busque la seguridad de las personas y la estabilidad democrática de los Estados.
“Desde esta nueva mirada, la construcción de paz se puede explicar como el producto de
la convergencia entre las agendas de la seguridad humana y las agendas del desarrollo y
la democratización” (Paladini Adell, 2011).
Con esta nueva concepción entre la seguridad humana y la construcción de paz, en 1995
el mismo Boutros Ghali, presenta el Suplemento a una Agenda de Paz, en el que se hace
un llamado a fortalecer la dimensión humanitaria de la Organización de Naciones Unidas
y la necesidad de desarrollar nuevas áreas de trabajo; interés que también fue una
consecuencia del nefasto trabajo de la ONU en la prevención de la tragedia en Ruanda.
Es así como en el año 2000, se publica el Informe sobre Operaciones de Paz, en el que
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se recomienda que se desarrolle una arquitectura institucional más sólida para la
construcción de paz fortaleciendo los instrumentos para estas operaciones (Naciones
Unidas, 2000). Por último, en el año 2005, se crea oficialmente la Comisión de
Construcción de Paz, además de un Fondo de Naciones Unidas para la Construcción de
Paz, institucionalizando el desarrollo conceptual y técnico del enfoque, permitiendo a la
vez su autonomía y complementariedad dentro del Sistema de Naciones Unidas.
En este nuevo entramado institucional, se define la construcción de paz como: “una serie
de medidas orientadas a reducir el riesgo de caer o recaer gradualmente en situaciones
de conflictividad a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los
niveles de la gestión de conflictos, y preparar así las bases para la paz y el desarrollo”
(Paladini Adell, 2011).
1.1.2 Modelos de construcción de paz
Dentro de esta última conceptualización se definen, analíticamente, dos formas
principales de entender el enfoque: El modelo global – internacional y el modelo local –
solidario. A continuación se da una explicación general de cada uno:
Modelo global – internacional: Es influido por las operaciones de paz impulsadas
por Naciones Unidas en el marco del Derecho Internacional Público. De esta
manera, se entiende como un esfuerzo liderado por actores internacionales que
se interesan en un Estado afectado por un conflicto interno y proceden a
intervenir por medio de una serie de actividades enmarcadas en el ámbito político.
Crea condiciones de seguridad y orden público, manteniéndose en el espacio
macro de la sociedad. Sigue siendo el más parecido a la primera concepción de
construcción de paz, en la que se asume como una simple herramienta de apoyo
para la consolidación y la imposición de una idea de paz a través de medios
implementados directamente desde el Sistema de Naciones Unidas.
Modelo local – solidario: Entendiendo la construcción de paz como un esfuerzo
que atañe a las comunidades y los territorios, es la conceptualización que más se
aproxima al objetivo de este trabajo. Los actores principales, en este modelo, son
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las comunidades y los territorios afectados, y en una situación de vulnerabilidad,
como consecuencia del conflicto armado. La importancia de elevar a status de
actores a las comunidades locales, que son las que permanecen en el lugar del
conflicto, y para ellas responder de una u otra manera a la guerra no es una
opción, sino una necesidad (Anderson & Olson, 2011).
1.1.3 Elementos que deben componer una iniciativa de construcción de paz
Una apuesta integral de construcción de paz debería contar, de acuerdo con Paladini
Adell, con las siguientes bases metodológicas y conceptuales: Responsabilidad de
proteger y acompañar; primacía de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario; responsabilidad de transformar para prevenir, emprendimiento político y
sostenible; y, por último, otorgar una especial importancia a lo local y lo regional.
Aunque se puede intuir que es un planteamiento desde la posibilidad de acción de
actores externos, que otorgarían un papel más relevante al Estado, es pertinente hacer
una descripción breve de cada componente.
a. Responsabilidad de proteger y acompañar: El origen normativo de la seguridad
humana en la construcción de paz, significa que debe buscar proteger a las
personas de cualquier tipo de riesgo o amenaza, especialmente los originados por
situaciones de violencia y conflicto armado. En esta medida, se considera
políticamente necesario acompañar a los países que se encuentren inmersos en
situaciones de conflicto para garantizar la protección de civiles y facilitar la
consolidación de mecanismos que ayuden a superar la situación de violencia.
b. Primacía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: El
impulso a marcos normativos donde la defensa y protección de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sean considerados de carácter
prioritario, son insumos esenciales para un escenario de construcción de paz. Sin
embargo, no pueden dejarse de lado los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales como parte vital de estos marcos, facilitando la integralidad y enfoque
diferencial de la propuesta.
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c. Responsabilidad de transformar para prevenir: En un sentido más amplio de
responsabilidad y ligada a las acciones preventivas de la ONU, la construcción
debe encaminarse también hacia el alcance de procesos transformadores de los
escenarios en conflicto.
d. Emprendimiento político sostenible: Al desarrollarse en contextos y escenarios de
conflicto, es imposible que la propuesta no tenga un componente político que la
oriente. “El éxito de la construcción de paz no reside en evitar o prevenir los
conflictos, sino en lograr mecanismos sociales y políticos que permitan
enfrentarlos y transformarlos sin violencia” (Paladini Adell, 2011)
e. Especial importancia a lo regional y lo local: En aspectos muy específicos como
el apoyo al desarrollo de las capacidades de los actores locales; promoviendo
procesos de articulación, acompañando la acción humanitaria donde sea
necesaria.
Aunque es una propuesta metodológica práctica y fácil de entender, el análisis que se
hace de este enfoque se concentra en una visión de construcción de paz desde el
Estado. En el que el fortalecimiento local, se desarrolla en términos institucionales y no
comunitarios. En esta medida, si bien resulta importante para sentar las bases
conceptuales de la investigación, debe reforzarse con lo que plantea la Teoría de la Paz
Imperfecta que será descrita más adelante.
1.2 Tipos de enfoques en gestión de conflictos
Dentro de los Estudios de Paz se recurre, con mayor frecuencia, sólo a tres tipos de
enfoques en gestión de conflictos: Regulación, Resolución y Transformación. Es
pertinente, entonces, describir las características principales de cada uno de estos para
evidenciar más claramente la conexión entre el concepto de transformación de conflictos
y el objetivo principal de este trabajo. Para ello se tomarán las definiciones trabajadas por
Cordula Reimann en el documento “Hacia la Transformación de conflictos: evaluación de
los enfoques recientes de gestión de conflictos”, artículo publicado en el año 2000:
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Regulación: Estrategias centradas en resultados que buscan obtener soluciones
sostenibles de tipo “todos ganan”, o poner fin a la violencia directa, sin
necesariamente abordar las causas subyacentes al conflicto.
Resolución: Hace referencia a todas las actividades centradas en abordar las
causas profundas de la violencia directa, cultural y estructural.
Transformación: Esfuerzos centrados en resultados, procesos y estructuras, que
pretenden superar realmente todas las formas de violencia, convirtiendo en
sujetos activos a la población civil sin depender de la intervención de terceras
partes como en los otros dos enfoques.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, podríamos ubicar la regulación y la resolución
con los primeros mecanismos de construcción de paz de la Organización de Naciones
Unidas, el mantenimiento y la facilitación de la paz respectivamente. Sin embargo, es el
tercer enfoque el que nos interesa, porque asume la visión de una sociedad activa,
dinámica y participativa, que puede desarrollar procesos propios que no requieran
indispensablemente de la agencia de actores externos, sean en forma de Estado o de
organizaciones internacionales. Además, su enfoque en el proceso de la gestión del
conflicto y no solamente en resultados o acciones, permite un margen de acción mucho
más preparado para las contingencias que se puedan presentar en el camino. Facilita la
comprensión de que la construcción de paz es un proceso de largo aliento, que implica
un fuerte compromiso.
Por último, esta clasificación hace evidente que ha sido tanto el énfasis en la prevención
y contención de la violencia, que se ha olvidado el componente más importante de la
construcción de paz: La promoción de dinámicas constructivas de transformación social.
John Paul Lederach, uno de los principales exponentes de este enfoque, considera como
piedra angular el cambio social constructivo, que define de la siguiente manera: “El
cambio social constructivo es el intento de desplazar las relaciones de aquellas definidas
por el temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las caracterizadas por el amor, el
respeto mutuo y el compromiso pro-activo” (Lederach J. P., 2008).
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1.3 Teoría de la Paz Imperfecta
La paz es un campo de estudio en sí mismo, en el que convergen imaginarios culturales,
sociales, económicos y políticos que generan una amplia posibilidad de análisis y
comprensión de fenómenos humanos. Aunque es casi automático relacionar la paz con
la ausencia de guerra, es menester que ésta sea vista en su propia autonomía como
manifestación y como concepto. Como dice Muñoz, “parece que la aparición del
concepto de paz ha estado ligada al de guerra, pues ambos aparecen casi
coetáneamente, la guerra porque no había nacido, la paz porque no era necesaria como
idea” (Muñoz, 2003).
Casi siempre los análisis se basan en la definición dual que presenta Galtung del
concepto de paz, que comprende dos manifestaciones: En primer lugar está la paz
negativa, que ya hemos mencionado como la ausencia de guerra; y en segundo, está la
paz positiva, que reproduce una visión ideal y utópica de la sociedad en la que no hay
violencia ni conflictos de ningún tipo. Considerar que el concepto de paz aparece ligado
al concepto de guerra, significa que se asume una visión negativa de la primera y de la
sociedad en su conjunto. Pero, considerar que los esfuerzos de construcción de paz
deben, entonces, tener como objetivo alcanzar una paz desde su definición positiva,
tendría como consecuencia la imposición de visiones inalcanzables de sociedad y
convivencia, lo que paradójicamente podría generar otros tipos de violencia.
Concentrarse solamente en esta definición dual del concepto de paz, representa la
primera talanquera en el objetivo de esta investigación.
Es así como los Estudios de Paz, nos presentan dos momentos importantes que articulan
lo que hemos desarrollado anteriormente, con un nuevo panorama de análisis. En primer
lugar, se presenta un giro epistemológico en el que el peso analítico e investigativo recae
en la comprensión de la “irenología”, lo que significa que se presenta un tránsito en lo
que tradicionalmente se ha estudiado desde la violencia, para empezar a estudiarlo
ahora desde la paz.
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En segundo lugar, está lo trabajado y perfeccionado por los investigadores de la
Universidad de Granada, que han desarrollado el concepto de Paz Imperfecta, entendido
preliminarmente como: “…todas estas experiencias y estancias en las que los conflictos
se han regulado pacíficamente, es decir en las que los individuos y/o grupos humanos
han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna
causa ajena a sus voluntades lo haya impedido” (Muñoz, 2003) De esta definición
podemos resaltar dos afirmaciones diferentes a lo que se ha trabajado tradicionalmente
en este campo de estudio: Se asume que la paz se da entre individuos y grupos
humanos, no solamente entre Estados; y, el énfasis está en la voluntad de las personas y
no necesariamente en el agenciamiento de instituciones externas.
La decisión de acompañar la paz del adjetivo “imperfecta”, surge como una posibilidad de
encontrar sentido a los distintos significados de la primera en diversos contextos sociales
y culturales. Francisco Muñoz resalta que “la paz” puede ser concebida como un invento
de los humanos, que se puede trasladar para comprender la naturaleza y el cosmos al
asumirla como símbolo, y en esta medida es construida y destruida constantemente
dependiendo del contexto cultural, social, político y económico en el que se desarrolla.
De esta manera, no es posible concebir la paz como un concepto monolítico e
inamovible, sino que debe asumirse dinámica, cambiante y en respuesta a las
particularidades del contexto en el que se desenvuelve.
A la paz como concepto se le suma la paz como vivencia, dotándola de un origen
creativo, diverso y más cercano a la cotidianidad de los seres humanos, especialmente
de aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad y violencia, que no pueden dar
espera a que un ente externo solucione sus dificultades. El concepto de paz, como se
mencionó antes, ha estado ligado al concepto de guerra, violencia y conflicto,
entendiendo este último de manera negativa. Lederach ya había avanzado en asumir el
conflicto no sólo como parte fundamental de todas las relaciones sociales, sino que
además lo dotó de un carácter positivo y transformador. En este sentido, el conflicto
como posibilidad resalta y se articula con la paz inacabada y sin utopías. La paz
imperfecta permite un aterrizaje epistemológico de los estudios de paz en la cotidianidad
de los seres humanos. Como lo sintetiza Muñoz, la paz imperfecta permite “que se
produzca un avance significativo en el tratamiento y las soluciones a los problemas
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vivenciales y reales, y por ende intelectuales, de los seres humanos” (Muñoz, 2003). La
paz imperfecta no es ausencia del conflicto, en tanto este es el dinamizador de prácticas
transformadoras.
Para terminar, y manteniendo la referencia a lo trabajado por Francisco Muñoz en la
Universidad de Granada, desde la visión de análisis que permite la paz imperfecta, se
podría hablar de tres manifestaciones generales de acciones pacíficas, que articulan esta
teoría con los modelos de construcción de paz descritos anteriormente: La causalidad,
que se evidencia cuando una acción pacífica produce otra directamente; la retroactividad,
cuando una acción pacífica continuada a lo largo del tiempo interactúa después de haber
realizado un recorrido circular; y, recursiva, cuando la acción pacífica es productora de
aquello que la produce. En esta medida, la paz imperfecta es la herramienta teórica más
pertinente para reconocer los diferentes tipos de paces que se evidencian en espacios
locales, permitiendo además, interrelacionarlas.
2. Construcción y visión de la paz desde lo institucional
2.1 Marco normativo
El capítulo anterior tenía por objetivo sentar las bases teóricas y conceptuales que
fundamentan esta investigación, pero la teoría sin la praxis no llega lejos. En esta
medida, los siguientes dos capítulos buscan describir desde la práctica las características
descritas sobre modelos de gestión de conflictos y de construcción de paz descritas en el
primer capítulo.
Es imposible avanzar sin hacer una aproximación a la percepción sobre la concepción de
paz que hay dentro del Estado Colombiano. Si bien es cierto que esto no puede reducirse
a lo legislativo, la publicación de normativa que regula este tema es una manera muy útil
para evidenciar qué visiones de la paz terminan cristalizadas en el imaginario
institucional.
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Como primer punto, es inevitable comenzar hablando de la Constitución de 1991, no sólo
como referente normativo base, sino como un referente de significado para los sentires y
opiniones de un momento histórico particular en Colombia. Esta constitución representa
un hito en la construcción de paz nacional, en varios niveles: Primero, porque surge de
un proceso de negociación con grupos armados al margen de la ley; segundo, porque
considera que su máximo objetivo es facilitar la inclusión y participación, política y
democrática de diversos sectores sociales, ya que asume como premisa que es la
exclusión el origen de la violencia; y, tercero, porque su construcción fue legitimada
ampliamente por la sociedad civil en ánimos de participación.
Además de esto, la constitución del 91 sentó las bases normativas para la construcción
de paz desde un intento por consolidar un marco institucional claro. En la Carta, la paz es
elevada a derecho, pero también se considera un deber, como consta en el artículo 22:
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esto tiene dos ámbitos de
interpretación: el primero se refiere a que el ordenamiento jurídico debe garantizar la
tranquilidad de las personas en su esfera personal; el segundo, el aspecto colectivo,
requiere del concurso de factores ideológicos, sociales, económicos y políticos. El
Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha
avanzado en la explicación de los significados del nuevo status de la paz desde la
constitución de 1991, como explican a continuación: “Ser considerado de tercera
generación, le otorga al derecho a la paz tres efectos cruciales: primero, no siendo un
derecho fundamental, podrá ser regulado por cualquier tipo de ley; segundo, no tendrá
aplicación inmediata, ya que debe contar con desarrollo legal y diversos factores que
permitan su progresiva realización dentro del Estado de Derecho; y, tercero, derivado de
lo anterior, no puede ser protegido directamente por vía de tutela, ya que cualquier
exigencia que se haga sobre el mismo no debe medirse por su protección o
desprotección, sino por los esfuerzos que realice el Estado para darle cumplimiento”
(Andrade & Barrera, 2013).
Desde este pequeño análisis jurídico del desarrollo que el concepto de paz ha tenido
dentro del Estado, podemos encontrar manifestaciones de esta normativa en
instituciones y medidas gubernamentales, como evidencia de que las leyes son vitales
para materializar la paz en varias de sus dimensiones. En esta medida, también
21
podemos ver cómo las normas, al trazar un marco de acción específico, cristalizan
escenarios de discusiones y debates en torno a temas particulares.
El alcance de lo explicado anteriormente, está atravesado por el contexto de conflicto
armado interno de largo aliento que se vive en Colombia, en esta medida el Estado ha
desarrollado cuatro grandes estrategias para tratar de poner fin a la conflagración, y
hacer debido cumplimiento de lo establecido desde la Constitución Política. Estas son2:
Regulación: Aprobación de una serie de tratados internacionales y convenios de
cooperación en materia de Derecho Internacional Humanitario. Normas que
pretenden mitigar efectos, regular el conflicto y proteger a las víctimas del mismo.
Siendo los más relevantes los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales
y la ratificación del Estatuto de Roma, que hacen parte del ordenamiento jurídico
nacional.
Coerción: A través de la normativa, se ha procurado definir las conductas que
configuran los delitos asociados con la violencia (varios tipos de violencia). De
esta manera se han ampliado las potestades del Estado en materia de
narcotráfico, secuestro, extorsión y la trata de personas.
Negociación: Leyes diseñadas para crear y elaborar una política de paz del
Estado. Tienen como objetivo brindar una serie de disposiciones que faciliten el
diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados ilegales de carácter
político.
Justicia transicional: Conjunto de medidas jurídicas y políticas, dirigidas a orientar
los procesos del cambio político. Especialmente la ley 975 de 2005, o ley de
Justicia y Paz; la ley 1440 de 2011, ley de Víctimas y Restitución de Tierras; y,
por último, el acto legislativo 01 de 2012, Marco Legal para la Paz.
2 Descripción tomada del artículo: Legislación y construcción de paz en Colombia: ¿Proclamas de papel?
Óscar Andrade y Lina Barrera. En Democracia, desarrollo y construcción de paz. Serie documentos para la paz. Número 4. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2013
22
Aunque estas estrategias en principio parecería que sólo reaccionan frente al conflicto
armado interno, también aplican para violencias que pueden tener otros orígenes como la
intrafamiliar, la escolar y la de género.
Ahora bien, la normativa cuenta con todos los elementos necesarios para poder actuar
certeramente contra, por un lado, la violencia y por el otro, crear y facilitar espacios de
paz. Sin embargo, en la práctica, la efectividad de este entramado normativo ha sido
bastante limitada. Un ejemplo claro es la ley 434 de 1998 con la que se crea el Consejo y
el Comité Nacional de Paz, así como los Consejos Regionales de Paz, con el objetivo de
facilitar la colaboración entre entidades estatales y la sociedad civil para buscar
alternativas para superar el conflicto armado interno. Órganos estatales que no han
tenido un papel protagónico en el inicio de las negociaciones con las Farc en La Habana,
para dar un ejemplo.
Por otro lado, es importante resaltar la evolución que ha tenido la normativa en justicia
transicional. La ley 975 hace una mención precaria del reconocimiento de las víctimas de
grupos paramilitares y su derecho a la reparación, las acciones del Estado se focalizaron
en los victimarios. La ley 1448 de 2011, tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º
de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos, ocurridas en el marco del conflicto armado interno3. Con esta ley se
da un salto grande en términos de reconocimiento a las víctimas y a los diversos tipos de
violencias que se han ejercido en el marco del conflicto armado.
Andrade y Barrera, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, describen esta paradoja
normativa-institucional de la siguiente manera: “Lo que se observa en Colombia es una
rutilante contradicción entre un sofisticado marco jurídico y una realidad de violencia
3 Definición de la categoría de víctima hecha dentro de la ley descrita.
23
endémica. A lo largo de su historia, el país ha hecho gala de ese “fetiche jurídico” que
hace creer que el surgimiento de una norma automáticamente transforma la realidad”
(Andrade & Barrera, 2013). Los autores hacen un llamado a la coordinación institucional,
que incluye la profesionalización y capacitación de la burocracia y el establecimiento de
fuentes de financiación. Si bien las limitaciones financieras cobran mayor importancia
cuando la paz se asume como una responsabilidad única del Estado, no puede
aceptarse como excusa que se recurra a la sostenibilidad fiscal para evitar el
cumplimiento de los compromisos y deberes adquiridos por ley.
Una de las mayores conclusiones que podemos extraer de este recuento legislativo, es la
decisión del Estado de privilegiar la visión negativa de la construcción de paz, siendo
algo bastante común en marcos normativos. Decisión que responde a una razón muy
particular, es mucho menos ambiciosa porque se enfoca en mitigar problemáticas
sociales concretas en marcos temporales delimitados específicamente. Una visión más
amplia y positiva de la construcción de paz, exige compromisos de largo aliento y una
movilización de recursos económicos y humanos mucho más extenuante.
2.2 Procesos de paz anteriores
En la historia de los procesos de paz en Colombia se pueden encontrar diversas etapas y
resultados. “La evolución, combinación e interacción a lo largo de los años entre las
políticas de los gobiernos y la respuesta de los insurgentes han producido “modelos
históricos” distintos para la resolución de conflictos” (García-Peña, 2012) Daniel García –
Peña encuentra dos modelos predominantes de resolución de Conflictos en Colombia. El
primero, basado en el modelo de negociación desarrollado entre el gobierno de Belisario
Betancur y la guerrilla de las Farc. El segundo, como resultado de las negociaciones
entre la guerrilla del M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Si bien son modelos opuestos,
han predominado en la historia nacional.
Primer modelo: Se caracterizó por una “agenda amplia” de negociación, esto
quiere decir que se enfocó en reformas estructurales sociales y políticas. En
primer lugar, porque se aceptó que la desigualdad y la exclusión política eran las
“causas objetivas” del conflicto y por ende debían ser atendidas con prioridad.
24
Además, se le dio un reconocimiento explícito de beligerancia a las Farc, como
interlocutores legítimos de las negociaciones.
Una de las principales causas del fracaso de este modelo, fue la no incorporación al
proceso de otros actores importantes en el marco del conflicto armado, como la Iglesia
católica, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Sin embargo, estableció un precedente
al diseñar los tres pilares que guiarían futuras negociaciones con la guerrilla: Diálogos,
reformas políticas y rehabilitación social y económica.
Segundo modelo: El objetivo de la negociación fue otorgar garantías políticas que
le permitieran a los insurgentes desarmarse y crear movimientos legales
democráticos para participar en elecciones. A comparación del modelo anterior,
esta se podría considerar como una “agenda limitada”, en la que las reformas
estructurales se asumieron como una responsabilidad del gobierno,
independientemente de las negociaciones.
La crisis de institucionalidad que se generó en el gobierno de Samper, estancó cualquier
avance en este punto. Pero, el gobierno de Andrés Pastrana, mezcló elementos de los
dos modelos, lo que significó un regreso de la diplomacia presidencial directa, en
palabras de García-Peña. Como consecuencia, en 1999, el gobierno y la guerrilla de las
Farc firmaron la Agenda Común para el Cambio por la Paz, inspirada en el modelo de
Betancur, pero agregando elementos propios como la creación de las Audiencias
Públicas y el Comité Temático que permitieron la participación de la sociedad civil. El 20
de febrero del 2002, las Farc secuestró al senador Jorge Eduardo Gechem, acto que
llevó a que el presidente Pastrana pusiera fin a los diálogos en El Caguán. Sin embargo,
los diálogos no produjeron ningún avance en términos estructurales.
Para el año 2002, año electoral, era claro el descontento generado por el fracaso de los
diálogos entre la administración Pastrana y las Farc, ambiente que abonó el terreno para
que resultara elegido Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática. Aunque en la
administración Uribe sí hubo acercamientos con grupos armados al margen de la ley,
nunca se consolidaron suficientes puntos en común que pudieran dar origen a un nuevo
proceso de negociación. Sin embargo, y con relación a la maleabilidad del concepto de
paz, el gobierno logró modificar, a través de una reforma legal, uno de los requisitos para
25
poder considerar entablar diálogos de paz: el carácter de estatus político. De esta
manera pudo sentarse con los grupos paramilitares y firmaron el Acuerdo de Santa Fe de
Ralito en el 2003.
El Acuerdo de Ralito llevó a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia,
grupo paramilitar responsable de algunas de las más atroces acciones contra la
población civil. La ley de Justicia y Paz, fue el mecanismo de justicia transicional creado
para acompañar este proceso. Pero, como ya se ha mencionado antes, el enfoque del
gobierno se centró solamente en la desmovilización de los paramilitares, sin generar
medidas de reparación integral para las víctimas de estos, sin mencionar la no
aceptación de algún grado de responsabilidad en la creación y desarrollo del
paramilitarismo. Tampoco se implantaron los mecanismos óptimos de reinserción a la
vida civil. Además, como en procesos anteriores, no hubo ningún espacio de
participación para los diversos sectores que conforman la sociedad civil.
Aunque esta crítica va más allá de la necesidad de que la sociedad civil tenga un puesto
en la mesa de negociación, es un llamado a considerar la importancia que tiene, para
garantizar el posible éxito de un proceso de paz, que la ciudadanía se apropie de los
temas que se están negociando. Parte del fracaso de procesos anteriores está en la baja
legitimidad de estos en el imaginario de la población. García-Peña al referirse a los
diálogos de la administración Pastrana, dice que la naturaleza bilateral en el modelo era
inadecuada para los niveles de complejidad de la crisis nacional. Es por esto necesario
considerar la importancia de la participación civil en estos procesos, porque refleja las
contradicciones que han caracterizado a esta nación en guerra.
2.3 Negociaciones en La Habana
Siguiendo la clasificación propuesta por García-Peña, se podría afirmar que la actual
negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, corresponde al
modelo Betancur, en tanto que incluye en el plan de ruta, políticas que afectan problemas
estructurales del conflicto y de la sociedad. Aunque, como se ha establecido en varios
comunicados, no es una negociación de la ideología de la guerrilla, sino de las causas
objetivas que los llevaron a organizarse. Más adelante se discutirá la agenda a
profundidad, pero por el momento es pertinente hacer un breve recuento o línea del
26
tiempo con los eventos más importantes en el desarrollo de estas negociaciones, para
así evidenciar los momentos más importantes hasta ahora, identificando así, las
carencias y faltas que se han tenido al transmitir la importancia de estos diálogos a la
ciudadanía.
a. Cronología de los diálogos de paz en La Habana4:
El 4 de septiembre del año 2012, el presidente de la República Juan Manuel Santos,
anunció que se iniciaría un proceso de negociación con la guerrilla de las Farc. Se
informa además que es un proceso que lleva seis meses de negociaciones
exploratorias y que se ha elaborado una hoja de ruta con cinco temas a tratar: El
problema de la tierra, la dejación de armas, la participación política de los
insurgentes, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las
víctimas del conflicto.
El 18 de octubre dan inicio formalmente a los diálogos en Oslo, Noruega. Se anuncia
además la composición de los representantes de la mesa de diálogo. Por el
Gobierno: Humberto de la Calle, ex vicepresidente: Sergio Jaramillo, alto consejero
para la paz; Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia; los generales retirados Jorge Enrique Mora Rangel y
Óscar Naranjo. Por las Farc: Iván Márquez, Rodrigo Granda, Jesús Emilio Carvajalino
y Luis Alberto Albán.
El 16 de noviembre dan inicio las conversaciones en la capital cubana. Se ha
determinado que el problema de la tierra será el primero a discutir. El 26 de
noviembre se abre un espacio para que la sociedad civil también participe; se
celebrará en Bogotá de Política de Desarrollo Agrario Integral, en diciembre del
mismo año. El 29 de noviembre termina la primera ronda de negociaciones.
4 La cronología se construyó a partir de notas de prensa e infografías realizadas en medios de comunicación
sobre el tema. Una de las fuentes principales, fue el especial multimedia de Telesur sobre las negociaciones hasta el 12 de mayo: http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/afondo/especiales/Cronologia_paz_colombia/
27
El 5 de diciembre se reanudan las conversaciones y el gobierno anuncia que se
habilitará una página web para recibir propuestas de la ciudadanía:
www.mesadeconversaciones.gov.co .
El 20 de febrero de 2013 se inauguran en Bogotá, las Asambleas Constituyentes por
la Paz en Colombia con Justicia Social; evento que tiene por objetivo la discusión de
la realidad colombiana con el fin de plantear alternativas de salidas al conflicto.
El 9 de abril se lleva a cabo una marcha en apoyo a los diálogos de paz, que cuenta
con una participación ciudadana multitudinaria a nivel nacional. El 29 de abril, las
Farc presentan cuatro propuestas para reformar el Estado colombiano que incluyen el
fin de las políticas neoliberales y una asamblea constituyente. Entre el 28 y 30 de
abril se lleva a cabo, en la ciudad de Bogotá, un Foro sobre Participación Política en
el que asistieron cerca de 1400 representantes de diversos sectores sociales.
El 6 de mayo se instala en Bogotá la segunda fase de las Mesas Regionales por la
Paz para conocer las opiniones de las víctimas del conflicto y llevarlas a la mesa de
negociación. Se informa que del primer ciclo se recibieron propuestas de 1333
organizaciones.
El 12 de mayo, más de dos mil mujeres se reunieron en la ciudad de Florencia,
Caquetá, para el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres por la
Dignidad y la Paz. Acto que buscó reiterar la necesidad de un aporte femenino para
construir una paz integral con justicia social.
El 26 de mayo se firma el primer acuerdo agrario entre las Farc y el gobierno. Tras
seis meses de negociación las partes llegaron a un acuerdo en la problemática de
tierras que incluye las zonas de reserva campesina.
El 21 de agosto, las Farc hacen un pronunciamiento en el que reconocen su
responsabilidad en la extensión del conflicto armado.
El 9 de septiembre, las comisiones negociadoras, le solicitan a la ONU y a la
Universidad Nacional la organización de un foro sobre drogas ilícitas, que
corresponde al cuarto punto de la agenda. El Foro Nacional Solución al Problema de
las Drogas Ilícitas, se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. Una sesión
28
complementaria se desarrolla en la ciudad de San José del Guaviare, el primero de
octubre. El tres de octubre el grupo insurgente se manifiesta a favor de un perdón
colectivo por parte de las víctimas.
El 12 de octubre, la guerrilla informa el lanzamiento de una página web dedicada a
las mujeres para debatir las propuestas del grupo guerrillero: www.mujerfariana.co
El 6 de noviembre las partes anuncian que han logrado un acuerdo sobre el segundo
punto de la agenda; la participación política del grupo insurgente. El 26 de noviembre
el gobierno anuncia el nombramiento de dos nuevos miembros al equipo negociador:
Nigeria Rentería y María Paulina Riveros.
El 28 del mismo mes se reanudan los diálogos para empezar a debatir el cuarto
punto de la agenda: la búsqueda de soluciones al problema del cultivo de drogas
ilícitas y el narcotráfico.
El 20 de diciembre, Iván Márquez presenta un plan para una Asamblea Constituyente
que oriente el posconflicto y tenga la función de validar los acuerdos que surjan de
los diálogos.
El 19 de enero de 2014 las Farc presenta cinco propuestas de políticas antidrogas,
que incluyen un programa de sustitución de cultivos ilícitos, reconocimiento de
territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de estos cultivos.
El 4 de abril el gobierno nacional crea una Red de Alcaldes y Gobernadores por la
Paz, para fortalecer el canal de comunicación con los mandatarios locales y
regionales.
El 16 de mayo las Farc y el gobierno anuncian que han llegado a un acuerdo sobre el
tercer punto de la agenda. Los insurgentes se comprometen a romper cualquier
relación con el narcotráfico.
Lo anterior nos permite inferir varias cosas no sólo alrededor del desarrollo de los
diálogos en la mesa de negociación, sino de las dinámicas que se han manifestado en
ámbitos gubernamentales y locales paralelamente en respuesta al proceso.
29
En primer lugar, si bien se han abierto espacios de participación y debate, la difusión de
las discusiones que se dan en la mesa de negociación es prácticamente nula. Aunque
anuncian la creación páginas web que tienen como objetivo no sólo que las personas
puedan enviar propuestas a la mesa, sino que también puedan enterarse de lo que
discute más allá de cuál es el acuerdo final, hay una profunda desactualización en estos.
Tanto la página de Mesa de Conversaciones como la de las Asambleas Constituyentes
regionales no han sido actualizadas a medida que ha avanzado el proceso en La
Habana. En la primera sólo se publican los comunicados oficiales que también se dan a
conocer en los medios de comunicación, y no lo hacen desde febrero del año pasado; y
la segunda, que por su descripción e información inicial se podría asumir que tiene como
objetivo hacer un seguimiento a las discusiones acerca de los diálogos en cada región,
sólo cuenta con breves reseñas de cuando se instalaron algunas de las mesas de
trabajo. Entonces, aunque se han creado espacios para que diversos sectores de la
sociedad civil puedan discutir en torno a temas específicos de la agenda de la mesa de
negociación, no hay una debida difusión y democratización de la información que se está
trabajando. Esto sin mencionar, que de los foros, charlas, seminarios y demás eventos
realizados es prácticamente imposible conseguir archivos oficiales con reseñas o
relatorías de lo discutido.
En segundo lugar, y directamente relacionado con la mesa de diálogo, está la casi nula
participación de mujeres, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes en
un espacio alto de decisión. No es un tema de darles un puesto en la mesa de
negociación, pero sí debería considerarse la posibilidad de que haya un representante de
estos sectores en conjunto, como lo hay de las Fuerzas Armadas. Luego de un año de
conversaciones el gobierno nacional incorporó a dos mujeres al equipo negociador, como
consecuencia de las presiones que se habían hecho al respecto. En el lado insurgente se
puede mantener la crítica, aunque han utilizado la imagen de Tanja Nijmeijer para
mostrar una guerrilla incluyente, esto también ha ido acompañado de denuncias por parte
de organizaciones de mujeres sobre el verdadero trato que se les da a las guerrilleras
dentro de la organización.
En tercer lugar, está la profunda centralización en el manejo de la información y la
creación de iniciativas gubernamentales. De todos los espacios creados para la discusión
30
de puntos específicos de la agenda, sólo dos se desarrollaron fuera de Bogotá. Uno de
las causas más clara de la desigualdad y la exclusión en Colombia, que además ha
llevado a la profundización de la violencia, es el centralismo exacerbado de las ramas del
poder. Se esperaría que las herramientas ideadas por el gobierno para generar un
sentido de identidad y pertenencia hacia los diálogos de paz tuvieran en cuenta las
particularidades de cada región para dar a conocer los avances y fomentar la
participación ciudadana.
Por último, el desconocimiento de los procesos de agencia locales y regionales que no
están ligados a instituciones del Estado, es absoluto. En ningún momento se evidencia la
preocupación o la inquietud por lo que está pasando en las regiones más allá de su
participación con propuestas para la mesa de negociación. Los eventos creados para
discutir y socializar temas de la agenda, son excluyentes hacía sectores de la sociedad
que no necesariamente hacen parte de organizaciones sociales, sumando el hecho del
centralismo que hemos mencionado, es prácticamente imposible tener una lectura o
aproximación del desarrollo de propuestas e iniciativas regionales en esta coyuntura
particular.
En esta medida se hace necesario un esfuerzo de recopilación y análisis que permita
hacer visibles las dinámicas locales y regionales entorno a la paz, y a la construcción de
esta. El siguiente capítulo pretende abordar este vacío documental, desde la recopilación
y descripción de iniciativas de construcción de paz que han tenido un origen civil y que
día a día trabajan por una sociedad más justa y participativa, aún sin contar con los
recursos y el apoyo del gobierno colombiano. Como lo afirma el Cinep: En La Habana no
termina la construcción de paz y democracia y mayor será el aporte si hay coincidencias
sobre los procedimientos a seguir para que la sociedad entera complete la tarea de hacer
realidad en Colombia la democracia representativa y la de participación” (2013).
31
3. Iniciativas locales de paz en Colombia
“La paz es nacional como propuesta, es regional como solución”
Mario Calderón
Luego del desarrollo conceptual e histórico anterior, se da inicio a la última parte de este
trabajo. El objetivo principal de esta investigación es hacer una aproximación, desde la
academia, de las iniciativas locales de construcción de paz en Colombia. Iniciativas que
aúnan esfuerzos que no atraen a los medios de comunicación, porque carecen de la
espectacularidad y amarillismo que se logra con la guerra. Iniciativas que deben darse a
conocer, especialmente en un escenario como en el que nos encontramos ahora, en el
que la posibilidad de iniciar un proceso de paz y posconflicto nos llama a comprender de
una manera más compleja las contradicciones y obstáculos que pueden seguir avivando
la llama de la violencia. Son paces, como diría Francisco Muñoz, que no se muestran
palpablemente, están sigilosamente guardadas en infinidad de pequeños
acontecimientos que muchas veces, por criterios erróneos, ni siquiera son dignos de ser
mostrados (Muñoz, 2003).
A pesar del poco interés mediático oficial y gubernamental, en Colombia, este tipo de
iniciativas han tomado fuerza y han aumentado desde la década del noventa. Sin
embargo, por la misma falta de divulgación y difusión de cada una, en muchas ocasiones
no ha sido posible una articulación entre estas que facilite la construcción de redes de
apoyo, información y la creación de espacios de socialización y agencia desde lo local
hacia lo nacional.
32
Sin embargo, es importante aclarar desde este momento que no todas las iniciativas
civiles de construcción de paz clasificaron para ser tenidas en cuenta en esta
investigación, punto que se explicará con mayor detalle más adelante.
En esta medida, la estructura que este capítulo plantea es la siguiente: En un primer
momento se hace una mención y breve descripción de las iniciativas que se conocieron a
través de una rigurosa revisión documental; en segundo lugar se explica el filtro de
selección creado para identificar unas iniciativas insignia dentro de la gran variedad
encontrada; en tercer lugar, se propone un análisis corto sobre los logros y retos que
estas iniciativas han encontrado a lo largo de su existencia; y, por último, una
comparación entre la agenda de la mesa de negociación de La Habana, y las exigencias
y reivindicaciones de las iniciativas seleccionadas.
3.1 Enumeración y breve descripción histórica las iniciativas encontradas
En Colombia, a pesar del conflicto profundo que se vive, las iniciativas de paz son
innumerables. Inicialmente se había planteado una delimitación temporal para identificar
iniciativas ligadas al inicio de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc (2011 –
2013); sin embargo, y a medida que avanzaba la investigación, se hizo necesario ampliar
el espectro y tomar en cuenta iniciativas que no necesariamente habían nacido con los
diálogos de paz en La Habana. A continuación se nombran y describen algunas de ellas,
con orígenes variados, pero con el objetivo común de querer construir una realidad
diferente desde sus lugares de acción5.
Chocaguan - Comité de cacoteros de Remolino del Caguán y Suncillas: Nace
en 1989 como una iniciativa de seguridad alimentaria y desarrollo regional.
Trabajan bajo el eslogan “Sí al cacao no a la coca”. Actualmente siguen
produciendo chocolate y lo comercializan en zonas aledañas a Remolino.
5 El listado que se presenta a continuación se logró con la ayuda de dos fuentes principales: La
categorización que en 2006 hizo la Ecola de Cultura de Pau y el mapa de iniciativas locales de paz que la organización Paz desde la Base tiene disponible en su página web: http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=10
33
Asojuntas - Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del
Chairá: Inicia en 1988 con la capacitación de 40 líderes comunales con la
finalidad de constituir un organismo de segundo grado en el orden comunal
nacional. Su principal objetivo es la defensa de sus comunidades para fortalecer
sus estructuras organizativas, brindando apoyo y capacitación a todos los líderes
y lideresas.
Amugasam – Asociación de Mujeres Campesinas Sembradoras de vida y
paz de Samaniego: Están ubicadas en el departamento de Nariño, se
organizaron en el año 2005 con el objetivo de lograr la visibilización, respeto y
defensa de los derechos de las mujeres, en la búsqueda continua de
oportunidades y una vida digna. Han consolidado redes de saberes que
incorporan las cosmovisiones de las comunidades, exigiendo la defensa de su
territorio.
Unipa – Unidad Indígena del Pueblo Awa: Trabajan por la unidad, el territorio, la
cultura y la autonomía del pueblo Awa, en el departamento del Cauca.
Acapa – Asociación de Consejos Comunitarios del Pacífico Caucano y la
Ensenada de Tumaco: Tiene una cobertura en 36 veredas de los municipios de
Pizarro, Tumaco y Mosquera, donde habitan ancestralmente 11.500
afrodescendientes. Surgen en 1998 como asociación campesina, luego se
constituyen en Consejo Comunitario con el objetivo de lograr la titulación
colectiva. En el año 2000 se les reconocen 94.338 hectáreas de tierra.
Consejo Comunitario del Río Sanquianga: Se constituyó en 1995, con el
objetivo de lograr la titulación colectiva de varias hectáreas de tierra, distribuidas
en cuatro sectores que dividen la cuenca del río Sanquianga.
Cococauca – Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de
Base del Pueblo Negro del Pacífico de Colombia: Tiene como objetivo adoptar
medidas de estabilidad organizativa para reafirmar identidad en los territorios
ancestrales étnicos, como una forma de resistir a las presiones de la violencia,
como el despojo y el desplazamiento forzado.
Cima – Comité de Integración del Macizo Colombiano: Entidad de apoyo
técnico, incidencia, gestión y ejecución de proyectos ante las formas de
administración pública en la región. Se diseña como una estrategia de trabajo
34
para la estructuración de áreas y programas para la implementación de
propuestas de desarrollo propio.
Cric – Consejo Regional Indígena del Cauca: Organización que agrupa a más
del 90% de las comunidades indígenas de este departamento. Lidera
negociaciones con el Estado, ya que se le reconoce como Autoridad Tradicional
de los pueblos indígenas del Cauca. Surge en 1971, con el objetivo de exigir la
aplicabilidad de lo estipulado en la ley 89 de 1890.
ACIT – Asociación de Campesinos de Inza-Tierradentro: Conformada en
1997, es una organización rural sin ánimo de lucro, que integra a 3 mil afiliados
activos del municipio de Inza. Tiene como objetivo generar desarrollo económico
y social endógeno y autogestionado en la región y mejorar las condiciones de vida
rurales para los pobladores de la zona.
ACIN – Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: Se creó en
1994, está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, agrupa 14
resguardos y 16 cabildos indígenas. Es reconocida por defender su plan de vida,
entendido como un sueño colectivo y el camino para lograrlo, siguiendo una
cosmovisión propia. Además, busca consolidar la construcción de un proceso
ancestral en plena libertad a través de la participación de la comunidad.
Consejo Comunitario del Bajo Naya: Promueve la defensa del territorio
ancestral mediante la reivindicación étnica y cultural. Impulsa el fomento de
proyectos etnoeducativos, tecnológicos y científicos que propendan por el
desarrollo sostenible y sustentable de los habitantes de la cuenca del río Naya.
Consejo Comunitario del río Cajambre: Es una organización de carácter
comunitario, autónoma y autóctona, de participación popular e independiente que
impulsa la unión de las comunidades negras asentadas en la cuenca del río
Cajambre.
Asociación de Organizaciones de Mujeres de Buenaventura: Tiene como
objetivo el bienestar colectivo y el mejoramiento de la calidad de vida de las
mujeres miembros. Sus principales actividades son: capacitaciones, asesoría
organizativa, rescate de identidad con perspectiva de género y trabajo en red.
Son 25 organizaciones, 12 urbanas y 13 rurales, siendo aproximadamente 925
mujeres.
35
Cocomopoca – Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA: Es una
organización étnico-territorial, estructura de gobierno, con autonomía para la
administración interna territorial de las comunidades afrodescendientes de los
municipios de Bagadó, Lloró, Atrato y Cértegui en Chocó. Fue creada en 1994,
siguiendo los ejes de defensa del territorio y los recursos naturales y defensa de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su objetivo principal es lograr la
titulación colectiva del territorio.
FISCH: Foro Interétnico Solidaridad Chocó: Está constituido por 57
organizaciones etnicoterritoriales del Chocó y tiene como objetivo fundamental
defender la dignidad de los pueblos, negros, indígenas y mestizos fomentando el
arraigo y la defensa del territorio.
Cavida – Comunidades de autodeterminación, vida, dignidad del Cacarica:
Está conformada por 1200 campesinos y campesinas, en su mayoría
afrodescendientes, que retornan a su territorio luego de haber sido desplazados
por la “Operación Génesis” llevada a cabo por la Brigada XVII del Ejército, con
apoyo de los paramilitares. Lograron la titulación colectiva de 103.024 hectáreas.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó: Nace en 1997 con el anhelo de
ser respetados y poderse mantener en el territorio, pero es violentada de diversas
maneras por el ejército y los paramilitares. Se trasladan al municipio de San José,
declarándose en desobediencia civil frente a los grupos armados, legales e
ilegales. Está conformada por 1300 personas campesinas.
Asprocig – Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la
Ciénaga grande del Bajo Sinú: Es una organización comunitaria, de base, sin
ánimo de lucro conformada por grupos campesinos, pescadores e indígenas.
Tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. Se
encuentra en 9 municipios, pero tiene como sede Santa Cruz de Lorica, en
Córdoba.
ATCC - Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare: Surge en 1987
como una forma de consolidar un plan de vida comunitario sin ningún tipo de
control por parte de los actores armados.
Asproas – Asociación de productores alternativos de Simití: Surge en 1997,
con el objetivo de elaborar propuestas alternativas que les permitan permanecer
de manera digna en su territorio.
36
Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de
Micoahumado: Está conformado desde el 2002, tienen como objetivo buscar el
derecho a la vida, la justicia y la paz con autonomía, declarando su rechazo a los
grupos armados.
ASOCAB – Asociación de campesinos en Buenos Aires: Conformada en
1998, con 129 familias del municipio de Buenos Aires, Bolívar. Tienen como
objetivo la producción, comercialización y procesamiento de productos
agropecuarios.
ACIA – Asociación Campesina Integral del Atrato: Se creó en 1982 y es un
proceso organizativo que agrupa aproximadamente a 50.000 personas
afrodescendientes y a 120 consejos comunitarios locales del Medio Atrato en el
Departamento del Chocó. Busca el reconocimiento de los derechos y el bienestar
de las comunidades negras de la cuenca mediana del río Atrato.
Organización Femenina Popular: Surgió en la década de los 60. Agrupa
aproximadamente a cinco mil mujeres de distintos orígenes. Está ubicada en la
región del Magdalena Medio, haciendo presencia en 8 municipios. Trabajan por la
defensa de la vida, el reconocimiento y desarrollo de los derechos integrales de la
mujer.
AMCT – Asamblea Municipal Constituyente del municipio de Tarso: Surge en
el año 2001 como un espacio permanente de organización social, como máximo
órgano de decisión y expresión popular de los habitantes del municipio.
Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas: Creada en 1996 está conformada
por 350 organizaciones de mujeres de ocho departamentos. Es una propuesta
política feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado y
por la visibilización de los efectos de la guerra en las mujeres.
PCN – Proceso de Comunidades Negras de Colombia: Se organizaron con el
único propósito de trabajar coordinada y conjuntamente para el reconocimiento de
los derechos de los afrocolombianos. Su origen se remonta a la Constitución de
1991, gracias a la afirmación que en ésta se hace de Colombia como una nación
pluriétnica y multicultural.
Titulación colectiva del territorio, defensa por los derechos de las mujeres,
administraciones públicas que incluyen la cosmogonía de grupos indígenas, asambleas
37
constituyentes municipales. Estos y más son los temas y objetivos que llevaron a varios
individuos a buscar una manera de organización y acción que les permitiera luchar por
sus intereses. Sin embargo, y debido a las características de este trabajo, no se puede
profundizar en todas las iniciativas nombradas. A continuación se explica el filtro definido
para orientar la selección de iniciativas que lograran, desde sus rutas de trabajo, ilustrar
más acertadamente el panorama general de la construcción de paz desde lo local en
Colombia.
3.2 Filtro de selección
Ya en el 2006 la Ecola Cultura de Pau (ECP) hacía un intento de visibilizar la gran
cantidad de iniciativas civiles de paz en Colombia, investigación que generó una
propuesta de agrupación de acuerdo a su origen temporal dentro de la historia
colombiana. Sin embargo, y a pesar de que significa un gran esfuerzo académico, la
discriminación temporal de iniciativas impide encontrar algunos puntos en común que
comparten entre ellas a la hora de generar espacios de resistencia. Además, esta
discriminación también omite el efecto diferencial que la violencia ha tenido en Colombia.
Organizar iniciativas de paz civiles por fecha de origen impide encontrar y hacer visibles
puntos en común dentro de las reivindicaciones que exige cada una. En este documento
la ECP dividía a las iniciativas en tres grupos: Tradicionales, que tenían reivindicaciones
ligadas a deudas históricas agravadas por el actual conflicto; origen reciente, que aunque
recogen muchas de las luchas de la primera categoría, suman nuevas preocupaciones
como la defensa del medio ambiente o la desmilitarización; y, como tercera categoría, las
iniciativas surgidas en torno a coyunturas específicas como los acuerdos de paz.
La última categoría carece de iniciativas que se mantuvieran en el tiempo y en el territorio
debido a su origen coyuntural. Se caracterizan más por ser expresiones ligadas a
manifestaciones ciudadanas de acompañamiento a propuestas gubernamentales de paz,
como las marchas o movilizaciones.
Las condiciones que orientaron la selección general de iniciativas fueron las siguientes:
Permanencia en el tiempo – No son iniciativas efímeras.
38
Reconocimiento dentro de la comunidad en la que surgen – Legitimidad que evita
imposiciones externas.
Son iniciativas civiles - No surgen por iniciativa estatal, de organizaciones no
gubernamentales o de las iglesias.
No surgen como parte de programas de responsabilidad social empresarial
Están a favor de una salida negociada al conflicto
Como segundo punto del filtro, se reagruparon las iniciativas encontradas de acuerdo al
grupo poblacional en el que surgieron. De esta manera, se seleccionaron cuatro del total,
las que han significado una especie de hito dentro de las organizaciones sociales y la
construcción de paz desde la base en Colombia. Por las mujeres, la Ruta Pacífica de las
Mujeres; por los campesinos, la Asociación de Campesinos del Carare; por las
comunidades afrodescendientes, el Proceso de Comunidades Negras; y, por último, por
las comunidades indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca.
3.3 Iniciativas seleccionadas
En este punto del capítulo se pretende hacer una descripción más profunda de cada
iniciativa, que permita identificar los logros y obstáculos de cada una6.
3.3.1 Mujeres – Ruta Pacífica de las Mujeres7
Surge en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia en la que se encuentran
las mujeres en zonas de conflicto. Se definen como un movimiento feminista que trabaja
por la tramitación negociada del conflicto armado, por la visibilización de los efectos de la
guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y la reconstrucción histórica de la memoria colectiva para la no
repetición.
Hacen parte del movimiento ciudadano por la paz, que desde la sociedad civil se ha
declarado en contra de la guerra. Tienen presencia en nueve regiones del país:
6 Las descripciones de cada iniciativa se hacen tomando como base la información que cada una presenta
en su página web. 7 www.rutapacifica.org.co/
39
Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del
Cauca. Está conformada por mujeres de diversos sectores sociales.
Su modelo de acción se define como participativo, feminista y de carácter nacional, que
busca incidir en las instituciones del Estado y permitir la relación y la transcendencia del
movimiento de mujeres en los ámbitos locales, nacionales e internacionales. Para ello
destacan sus acciones en cinco ámbitos: la movilización, la construcción de un nuevo
lenguaje simbólico, la formación política, la incidencia política y una red de relaciones
interorganizacionales.
Se rigen bajo los principios de: Verdad, justicia, reparación, esperanza, paz, equidad,
autonomía, libertad y reconocimiento de la otredad. Cuentan con el apoyo de
organizaciones como la Agencia Catalana de Cooperación, ONU Mujeres, el Programa
Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, y otros de carácter internacional.
En el ámbito nacional manifiestan tener alianzas con otras organizaciones sociales como
el CRIC, la Red de Iniciativas Paz desde la Base, la Mesa Nacional de Víctimas y el
Espacio de Mujeres por la Paz.
Han liderado las campañas “Saquen mi cuerpo de la guerra” y “Es hora de parar la
guerra, la llave de la paz también es nuestra”. La primera fue ampliamente divulgada por
los medios de comunicación, su objetivo principal es la visibilización de la violencia
sexual como arma de guerra en el conflicto armado interno colombiano. La segunda
campaña, es una iniciativa que surge desde la sociedad civil, que busca recoger
reflexiones de organizaciones y movimientos sociales que construyen paz en medio del
conflicto.
3.3.2 Campesinos - Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare8
Surge en 1997, con el ánimo de luchar por la vida, la paz y el trabajo ante las continuas
violaciones a los derechos humanos perpetradas por los actores armados. Está
8 www.atcc.org/
40
conformada por 650 socios, 36 juntas de acción comunal y 14 organizaciones sociales de
base.
Se definen como una asociación cívica, sin ánimo de lucro, conformada por los
trabajadores campesinos de la zona del río Carare y áreas vecinas. Una de sus
prioridades es la resistencia de la comunidad al desplazamiento, ante la agresión de los
actores para los habitantes de la región. También buscan contribuir a la construcción de
un proceso de paz mediante la organización y el diálogo.
Tienen presencia en seis municipios del sur occidente santandereano: Cimitarra,
Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza que corresponden a la cuenca media
del río Carare.
Cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Universidad Santo
Tomás, el Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
Dentro de sus líneas de acción, se destacan: La elaboración colectiva y participativa de
su plan de desarrollo, la respuesta pacífica ante las agresiones realizadas por los grupos
armados y un concepto de paz asociado al desarrollo local.
En 1990 fue merecedora del premio “Right Livelihood Award”, otorgado en Estocolmo,
considerado como el Nobel Alternativo de la Paz y en 1995 obtuvo el reconocimiento
“Nosotros el pueblo, 50 comunidades” otorgado por la ONU en la ciudad de Nueva York.
3.3.3 Afrodescendientes – Proceso de Comunidades Negras9
Nacen gracias a la Constitución de 1991, como una manera de apropiar la afirmación que
en ésta se hace de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. Se organizaron
con el único propósito de trabajar coordinada y conjuntamente para el reconocimiento de
los derechos de los afrocolombianos.
9 www.renacientes.org/
41
Está conformado por 120 organizaciones étnico-territoriales, entre consejos comunitarios
y organizaciones de base ubicadas en varias regiones del país, como: La costa caribe,
Magdalena Medio, Buenaventura, Tumaco, Bogotá, Villavicencio y la costa caucana.
Está dividido en palenques regionales y su máxima autoridad es el Consejo Nacional de
Palenques que reúne delegados de todos los regionales. Los pilares de trabajo de esta
organización son: La defensa de los derechos humanos de las comunidades negras en el
marco del conflicto; el fortalecimiento de la identidad cultural, la defensa del territorio y de
los recursos naturales; la búsqueda del reconocimiento de los derechos étnicos,
culturales, territoriales, económicos y políticos de la población afordescendiente; y, el
fortalecimiento de procesos organizativos autónomos.
Participaron activamente en la negociación y constitución de la Ley 70 de 1993 que tiene
por objeto: reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Han logrado la
titulación colectiva de territorios en 22 municipios, que representan 58 títulos que suman
el 10% del territorio Región Pacífico.
3.3.4 Indígenas – Consejo Regional Indígena del Cauca10
Nace en 1971, como un proceso de reivindicación y de resistencia que adelantaban los
pueblos indígenas colombianos en demanda al Estado por medidas de protección para
sus territorios ancestrales, sus entidades culturales y sus derechos fundamentales.
En su origen están presentes siete cabildos: Toribío, San Francisco, Tacueyó, Jambaló,
Totoro, Guambia y Chinaya; que definieron la plataforma política de la organización, de
siete puntos: La recuperación de tierras que habían sido usurpadas por terratenientes; la
constitución y ampliación de resguardos, fortalecimiento de cabildos y formas
tradicionales de gobierno; la recuperación de la autonomía indígena; la exigencia de
suministrar pago en trabajo a cambio de uso de la tierra; dar a conocer la legislación
sobre indígenas y asegurar su aplicación; la defensa de la historia, la cultura, el idioma y
costumbres propias; y, por último, la preparación de maestros indígenas bilingües.
10 www.cric-colombia.org/
42
Consolidando así los cuatro pilares que guían la organización, aún ahora: Territorio,
autonomía, cultura y unidad. Su línea de acción se desarrolla simultáneamente con tres
proyectos: Político, cultural y económico.
El proyecto político se divide en tres programas generales: capacitación, comunicaciones
y jurídico. Se consolidó como una herramienta de análisis y reflexión histórica del
movimiento indígena, y tiene como finalidad orientar el qué hacer de las comunidades en
aspectos organizativos, culturales y económicos. Ha trabajado siempre por la
recuperación del saber ancestral, buscando contrarrestar la penetración ideológica
occidental.
El proyecto cultural se divide en cinco programas generales: Educación, jóvenes,
mayores, salud y mujer. Tiene como fin liderar la reconstrucción de los procesos
culturales, la identidad y las relaciones de interculturalidad rescatando valores, prácticas
y formas de pensamiento propio. En el noveno congreso de la organización, resaltaron
los siguientes avances en términos culturales: Rescate de la identidad indígena, la
recuperación de territorios como fuente cultural y de autonomía, y el reconocimiento
constitucional de la existencia de la diversidad étnica del país.
Por último, el proyecto económico desarrolla principalmente el fortalecimiento de formas
económicas propias. Esto obedece a que uno de los puntos iniciales que llevaron a la
conformación de la organización fue el compromiso de fortalecer el trabajo comunitario
sobre las tierras recuperadas, de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades
indígenas. Han retomado la comercialización a través de una Central Cooperativa que ha
permitido la recuperación de los circuitos de mercado indígena y la revaloración de la
producción propia.
3.4 Logros y obstáculos de las iniciativas
En el caso de estas iniciativas es evidente la incidencia que han tenido en dinámicas
estatales que responden a cada una de sus reivindicaciones. Sea con programas para
concienciar a la ciudadanía, participación en la creación de leyes o lograr la titulación
colectiva del territorio, todas a su manera han logrado obtener victorias gigantes para
organizaciones de esas características.
43
Sin embargo, y aunque hay esfuerzos por consolidar redes de apoyo y comunicación
entre ellas, siguen siendo profundamente autorreferenciales en términos de difusión. Los
avances en titulación colectiva, la visibilización de la violencia contra la mujer, el
reconocimiento internacional de la resistencia campesina son temas que deberían ser
considerados de vital importancia en la agenda pública ciudadana. Desafortunadamente
se quedan en reconocimientos internos de cada organización a los que sólo se llega a
través de investigaciones académicas. Aunque son varias las organizaciones
internacionales que brindan un apoyo a estas iniciativas, en diversos frentes, en
ocasiones queda el sinsabor de que nadie es profeta en su tierra, y que la visibilidad y
legitimidad deben buscarse en el exterior primero, para lograr algún tipo de resonancia
en el ámbito nacional.
Un punto a resaltar, es que en este caso particular, las organizaciones seleccionadas
representan una amalgama de varias pequeñas iniciativas, colectivos civiles que se
agrupan con el ánimo de fortalecer capacidades de organización, movilización y de
redes. Pero, y aunque mantienen relaciones y comunicación con otras organizaciones del
país, los logros se siguen presentando de manera individual, y no se genera una
identidad de lucha colectiva que logre articular todos los esfuerzos particulares de cada
iniciativa u organización para plantearse una ruta de trabajo común. Aunque se
mencionan campañas que buscan una producción común de iniciativas, al hacer una
búsqueda parcial en los enlaces de difusión, son páginas que no se encuentran en
funcionamiento o que no han sido actualizadas con regularidad.
3.5 Coincidencias y divergencias entre las reivindicaciones de las iniciativas seleccionadas y la agenda de negociación en La Habana
Como último apartado de este capítulo, y luego de conocer un panorama general de los
pilares de movilización y acción que alimentan las iniciativas locales de paz encontradas,
es pertinente hacer una comparación entre lo que éstas exigen y la agenda de la mesa
de negociación que se desarrolla entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
Para empezar, es importante resaltar que en el “Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, nombre que recibe la agenda
44
de negociación, se hace un llamado a que la construcción de paz sea un asunto de la
sociedad en su conjunto y que por ello requiere la participación de todos. En esta
medida, resulta más que pertinente determinar cuál es el nivel de resonancia frente a lo
que se negocia en La Habana, y lo que se construye localmente.
De acuerdo a lo anterior, se transcribirá cada punto de la agenda tal como está en el
documento de conocimiento público, para seguidamente hacer los comentarios y críticas
pertinentes con relación a lo que ya se ha trabajado sobre las iniciativas locales de paz
en Colombia.
Primer punto:
Política de desarrollo agrario integral
El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.
1. Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la
propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
2. Programas de desarrollo con enfoque territorial.
3. Infraestructura y adecuación de tierras.
4. Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y
cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos.
Mercadeo. Formalización laboral.
Este es el punto más cercano a las causas estructurales que han motivado la creación y
desarrollo de varias iniciativas mencionadas anteriormente. El mayor logro del acuerdo
en este punto, son las Zonas de Reserva Campesina, que dan preferencia a campesinos
de recursos limitados, además de garantizar la permanencia y actividad económica de
comunidades campesinas en tierras baldías donde han estado asentadas durante años,
evitando además la acumulación de propiedad sobre estos terrenos.
Segundo punto:
Participación política
45
1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en
particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del
Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de
participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional,
regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable,
en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
En este punto es claro que el interés se centra principalmente en las condiciones
específicas de los insurgentes en una situación de posconflicto. Aunque las iniciativas
mencionadas tocan el tema de la participación, siempre es con un énfasis local y
comunitario, en el que la incidencia en las altas esferas del poder se asume como lejana.
Sin embargo, dado que es uno de los puntos en los que ya se llegó a un acuerdo, varios
de sus componentes podrían ser aplicados con beneficiarios diferentes, especialmente la
garantía al acceso a medios de comunicación.
Tercer punto:
Fin del conflicto
1. Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo.
2. Dejación de armas. Reincorporación de las Farc-Ep al a vida civil- en lo
económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses.
3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas
privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar
con las Farc-Ep.
4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar
con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha
contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier
organización responsable de homicidios y masacres o que atenten contra
defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos.
5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales
necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de paz.
46
6. Garantías de seguridad.
7. En el marco de lo establecido en el punto de víctimas de este acuerdo, se
esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un
tiempo prudencial acordado por las partes.
Este es el punto más cercano a los anhelos y reivindicaciones de las iniciativas descritas,
ya que en su mayoría surgen como respuesta a la violencia ejercida en sus territorios y
hacia sus poblaciones. Aunque no todas establecen dentro de sus líneas de trabajo, o
principios, la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno, cada acción
particular dentro de su comunidad está enfocada al desarrollo de una realidad alternativa
a la violencia que han vivido y soportado. De todos los puntos de la agenda, este podría
ser el único que lograría generar una relación y sentido de identidad hacia los diálogos y
el futuro proceso de paz.
Cuarto punto:
Solución al problema de las drogas ilícitas
1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de
desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y
evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las
áreas afectadas por dichos cultivos.
2. Programas de prevención del consumo y salud pública.
3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Este es el tercer punto en el que se logró un acuerdo entre las partes. Aunque su relación
con las iniciativas que conocidas está más ligado al problema de la tierra y la sustitución
de cultivos, y no a los programas de salud pública y consumo. La violencia generada por
el narcotráfico y su financiación a grupos armados ilegales, sigue articulada al punto
anterior de fin del conflicto. Aunque, a pesar de lo anterior, en las iniciativas descritas no
se mencionaba directamente como una exigencia el tema solución del fenómeno de
producción y comercialización de narcóticos.
Quinto punto:
Víctimas
47
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional – Farc –
Ep. En ese sentido se tratarán:
1. Derechos humanos de las víctimas.
2. Verdad.
Resulta inquietante que el tema de víctimas sea presentado de una manera tan escueta
a comparación del desarrollo de los puntos anteriores. Como se mencionó antes, casi
todas las iniciativas se originan en respuesta al ejercicio de la violencia de los grupos
armados, legales e ilegales, sobre su territorio y poblaciones. En esta medida, y así en
este caso sólo se haga referencia a la guerrilla de las Farc, el número de personas que
se identifica como víctima de este grupo armado es considerable. Por esta razón, no
tiene justificación ninguna que el tema de la reparación integral no esté dentro de los
puntos a tratar, especialmente si se menciona en la Ley 1448 de 2011. Un tema tan vital
no debería darse por sentado, la paz también es una construcción simbólica, que debe
ser nombrada y no simplemente inferida.
4. Conclusiones
La labor principal de este trabajo fue la búsqueda de información sobre iniciativas locales
de paz en Colombia. Sin embargo, y a pesar de que previamente se han hecho avances
en este tema, el conocimiento sobre información específica de iniciativas ubicadas en
regiones de difícil acceso es casi nulo. Como se puede evidenciar en la enumeración
inicial, en su mayoría están concentradas en las regiones andinas y costeras, el bajo
Magdalena en la región caribe, y el pacífico chocoano en medio y bajo Atrato; no hay
ninguna de la amazonia o de los llanos orientales, al menos en las fuentes investigadas.
Si bien este pretendía ser un esfuerzo académico, no puede desligarse de la importancia
de acceder a información de fuentes directas y primarias, no sólo para facilitar labores de
48
revisión documental, sino porque es uno de los primeros pasos para lograr espacios de
visibilización y reconocimiento a nivel nacional.
Como segundo punto, son varias las iniciativas de las que sólo es posible hacer una
descripción primaria de su historia y objetivos, esto se debe a que si bien se conoce la
existencia de organizaciones y colectivos de diverso tipo, no se hace un seguimiento
atento de la evolución de cada uno de estos. No es ambicioso esperar que sea posible
tener un mapa colombiano de iniciativas de construcción de paz, que no sólo se detenga
en el nombre y fecha de creación, sino que articule historias de surgimiento, actividades
realizadas, logros obtenidos y obstáculos encontrados. Que las iniciativas para la paz
reciban el mismo tratamiento que las manifestaciones de la violencia.
Una de las inquietudes más grandes que deja el desarrollo de esta investigación, es la
pertinencia de una nueva asamblea constituyente. Si bien asumiendo que los diálogos
con la guerrilla de las Farc en La Habana resulten exitosos, muchas de las iniciativas que
se conocieron deben su origen e impulso organizativo a la Constitución del 91. Aunque
es posible mantener los logros de esta constitución en una nueva, la legitimidad con la
que la segunda se construiría no es la misma con la que se forjó y puso en marcha la que
tenemos actualmente. La Constitución del 91, pese a las modificaciones y malas
interpretaciones, sigue contando con una amplia aceptación regional fundamentada en la
naturaleza de su surgimiento. ¿Es posible que el ánimo nacional que acompaña esta
coyuntura de negociaciones sea suficiente para sostener otro proceso constituyente?
Desafortunadamente este ya es tema para otra investigación, pero es pertinente dejar la
pregunta formulada.
Por último, el desconocimiento ciudadano de estas iniciativas está ligado a la frustración
que la realidad nacional ha generado en la sociedad civil. Especialmente por la amplia
difusión de actos violentos en varias regiones del país. En este punto debe prestarse
especial atención a la construcción de memoria. ¿Dónde está la memoria de la paz?
Aunque es claro que son varias las organizaciones preocupadas por la recuperación y
protección de la memoria colectiva, tiende a haber una inclinación por la memoria de la
guerra. Los informes, artículos, análisis, mapas, etc., tienden a estar pensados desde las
lógicas y efectos de la guerra y la violencia, en los territorios, en las personas, en las
organizaciones. La construcción de paz requiere de mucho más que la firma de un
49
acuerdo y de conocer las causas y consecuencias de un conflicto; la construcción de paz
obliga a generar procesos de búsqueda de la idea de paz y sus manifestaciones, en
distintos momentos y espacios, pero apropiarse de la idea de que ella está presente,
pero que no debería seguir siendo anónima.
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