El silencio no es opciónBarcelona protege a periodistas de México

EL SILENCIO NO ES OPCIÓNBARCELONA PROTEGE A PERIODISTAS DE MÉXICO

Colaboración de:Giomar Rovira

Luis Hernández NavarroMontse Santolino

Xavier GiróJacob Morales

Luis Daniel NavaMiriam Daniela Ramírez ArévaloMayra Mireya Cisneros Reyes

Carlos Manuel JuárezMartín Alberto Durán Romero

Prólogo de:Majo Siscar

Programa de Acogida Temporal de Periodistas

Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

Barcelona protegeix periodistes de Mèxic

ElaboraciónEquipo PAT periodistas

Diseño y maquetaciónJosefina Arista

Sandra Rodríguez

Ilustración portadaLa portada es la crónica ilustrada de la manifestación

del día 20 de noviembre de 2014, dibujada en directo por Pedro Strukelj

www.pedrostrukelj.com

ImpresiónEstilo Estugraf, s.l.

Contacto Taula per Mèxicwww.taulapermexic.org

patperiodistas@taulapermexic.orgtaula@taulapermexic.org

ISBN 978-84-09-10727-8Asociación por la Paz y los Derechos Humanos

Taula per Mèxic

Barcelona, marzo 2019

“El buen periodismo, valiente, digno, responsa-ble, honesto, no tiene sociedad alrededor; está solo, y eso habla también de nuestra fragilidad,

porque significa que si van contra nosotros o esos periodistas y les hacen daño, no va a

pasar nada”.

Javier Valdez

ÍNDICE

PRÓLOGO..............................................................................................................11 Majo Siscar Banyuls

INTRODUCCIÓNPeriodismo en México 2018: contexto electoral.......................................................17Periodistas asesinados 2018/2019.............................................................................23Equipo PAT Periodistas

· UNA CUESTIÓN DE JUSTÍCIA GLOBAL ·Medios de comunicación y poderes fácticos en México. Relaciones peligrosas.................................................................................................29Guiomar Rovira SanchoEl riesgoso oficio del periodismo en México............................................................33 Luis Hernández NavarroLos matan porque pueden y pueden porque lo ignoramos..........................................43Montse SantolinoImprudentes..................................................................................................................47Xavier Giró

· EN PRIMERA PERSONA: VOCES DEL PROGRAMA DE ACOGIDA ·PERIODISMO EN AÑO ELECTORAL

Narcoelecciones en el estado de Guerrero...............................................................53Jacob MoralesEl sello de la violencia.................................................................................................65Luis Daniel NavaEl periodismo mexicano ante la cuarta transformaciónMiriam Ramírez..............................................................................................................85 Ser mujer periodista en México...................................................................................93 Mayra CisnerosDefender el hogar en tierra azteca............................................................................101Carlos Manuel JuárezInsistir en el periodismo en México..........................................................................107Martín Durán

· REFLEXIONES FINALES ·Recomendaciones para el nuevo gobierno.............................................................113

Obra realizada en el marco del Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic, Ajuntament de Barcelona.

PRÓLOGOpor Majo Siscar Banyuls

–Ustedes no se preocupen, ellos trabajan aquí y les andan cuidando, solo se iden-tifican a qué vienen y ya– dice un militar, sin atreverse a mirar la camioneta que nos ha seguido los últimos quince quilómetros.

El soldado, chaleco antibalas en el pecho, va acompañado de otros dos militares y tres policías estatales en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defen-sa Nacional (equiparable al ministerio de Defensa) y la Secretaría Mexiquense de Seguridad Ciudadana (una Consejería de la policía) para reforzar la seguridad en el Estado de México, la entidad que rodea la capital mexicana. Los hombres que siguen el coche donde viajan tres periodistas forasteras, usan una camioneta de trabajo agrícola y transportan en la paila a dos niños. Deben ser campesinos, pero también halcones o vigías de alguno de los dos grupos de la delincuencia organiza-da que se disputan la Tierra Caliente mexiquense, la zona sur del Estado de México, colindante con Guerrero y Michoacán. Una área fronteriza entre tres estados, donde históricamente se siembra estupefacientes, y repleta de caminos de cosecha –las brechas – que facilitan el paso de la droga de una entidad a otra sin pisar carreteras federales. El sobrenombre la enzarza con el Triángulo Dorado, la cuna de la amapo-la en México y donde se forjó el famoso cártel de Sinaloa.

De estas cañadas han salido los movimientos políticos de oposición más importan-tes de la región y también varias estirpes de criminales. Durante décadas el narco era solo un negocio más, como la siembra de tomates o la cría de ganado. Ilegal pero pacífico. En la última década, todo se ha podrido. Ahora que los narcos son estrellas cinematográficas, los mexicanos normalizan los efectos especiales: ase-sinatos, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desapariciones, secuestros, violaciones,... se han adherido a la cotidianidad abonados por una espesa capa de impunidad y colusión entre autoridades y criminales.

En esta densidad los periodistas son un objetivo a silenciar. Hay que callar a cual-quiera que cuestione el nuevo orden vigente, el statu quo de la violencia. En Tierra Caliente, por ejemplo, hay más de treinta reporteros que intentan hacer periodismo entre el fuego cruzado. “Nuestros pueblos han dado la vuelta al mundo por noticias trágicas pero nosotros ya estábamos aquí antes de la guerra, antes que esta se convirtiera en una zona de riesgo para periodistas. Diez, quince años atrás nuestros problemas eran con notas de otra índole. Por ejemplo, en una ocasión llegué a la redacción y el alboroto era grande; habían detenido al editor Samuel Jaimes, el due-ño del periódico. Yo fui a pedir la liberación inmediata de mi jefe a la Procuraduría y no lo querían soltar hasta que revelase el autor de una columna política semanal que se firmaba con un seudónimo y que había molestado a una regidora. Jaimes no

11

lo delató, pero el columnista se quedó sin espacio. Así era entonces. Y aprendimos a justificar a los agresores, fueran simples y sencillos lectores o encumbrados polí-ticos locales, líderes, funcionarios, policías… cualquiera podía mostrar su inconfor-midad agrediéndonos de diversos modos por ser reporteros o voceadores. Ahora, con esta situación muchos nos tildan de locos, temerarios o demasiado tontos para arriesgarnos, pero tratar de sobrevivir del periodismo no es un acto de valentía, es nuestro trabajo.

Ya estábamos aquí antes de que esto se convirtiera en una zona de riesgo” escribe Maricarmen Aguilar en el libro Romper el Silencio, 22 gritos contra la censura. Ella es una de las tres periodistas que viajábamos por Tierra Caliente cuando quiénes debían de protegernos, nos mandaron bajar la cabeza ante los peones del narco. Un mes antes, el Ejército había ejecutado extrajudicialmente a 22 presuntos criminales en un almacén en Tlatlaya. Nosotras buscábamos contar esa historia. Un equipo de la agencia internacional Associated Press ya lo había intentado hacía dos semanas. “Te van a preguntar de dónde vienes, qué haces aquí. Diles que vienes a visitar a un pariente que vive en San Pedro”, le aconsejó un transportista al periodista esta-dounidense según escribió él mismo en su nota. Ahora era el propio Ejército, quién nos decía que no había que preocuparse, que nada más nos identificásemos ante los criminales.

–Nosotros las acompañaríamos pero tenemos que regresar a la Base, allí en la sierra–añadió cínicamente el militar.

Esperamos en aquella gasolinera hasta que vinieron a identificarnos. No se trata-ba de mostrar ningún tipo de documentación si no de decir quién eras y con quién venías para ver si te dejaban pasar o no.

–La cosa es que ahora Tlatlaya es foco rojo, entonces vigilan a todo fuereño que viene– nos explicó el periodista local que era nuestro contacto y cuyo nombre nos salvó.

–Pero si vienen con alguien de aquí y lo dicen, no hay falla–aseguró.

–¿Y si no viniéramos con nadie?–pregunto.

–Ah, entonces si es peligroso. Si quieren, las desaparecen rapidito.

A nosotras no nos desaparecieron. Los halcones nos identificaron antes de encon-trarnos con el periodista local y dos minutos después de encontrarnos con él, el jefe de plaza llamó al teléfono del reportero, antiguo compañero suyo de colegio, para pedirle que nos fuéramos.

12

–Entonces, ¿no se puede hacer periodismo en la zona?–le pregunto después de la llamada maldita.

–¿Tú quieres ser héroe? Si quieres ser héroe y morir como mártir…

Cualquier pregunta de más sobra. No solo pone en riesgo a los periodistas sino a quién se atreva a contestarlas. Por eso en Tlataya aquellos días nadie hablaba, y si lo hacía era sin dar nombres ni caras. Los periodistas locales preferían no tocar algunos temas pero mantenerse como enlaces para periodistas foráneos que, espo-rádicamente, puedan contar lo que ellos viven a diario. En esta profesión de egos, son los periodistas menos mediáticos y que más necesitarían presumir su nombre para escalar, quiénes nos dan una lección de compromiso y ética periodística. Tam-bién son ellos los que se llevan las presiones más grandes y los peores sueldos. Periodistas que conviven cada día con el crimen organizado o institucional, cuando reportean o cuando van a comprar las tortillas. Son los periodistas más violentados. En las siguientes páginas aparecen muchos nombres de compañeros y compañe-ras, que, como un goteo incesante, han sido asesinados los últimos años.

Vivir en algunas regiones mexicanas es, como dice Jacob Morales, “sobrevivir a la explosión de una bomba porque no sabes en dónde, y a qué horas te tocará un enfrentamiento”. Su retrato sobre Acapulco dista mucho de aquel paraíso de antaño donde veraneaban Frank Sinatra o Elisabeth Taylor. Nos muestra una ciudad inmer-sa en una guerra por la supervivencia donde un grupo armado puede asaltar una escuela y cortarle el cabello a las chicas para venderlo en el mercado negro.

En ese contexto, Jacob Morales subraya la responsabilidad del periodista en con-tar estas historias, aunque sea solamente para hacer memoria. Porque en México, pese al cambio de color político, la justicia es todavía un concepto abstracto muy lejano. Un país donde el autoritarismo se ha inserido en el ADN y como bien ex-plican los textos de Guiomar Rovira y Luis Hernández Navarro, salpica también el ecosistema mediático. El nuevo gobierno afronta retos enormes en todos los ámbi-tos, pero en materia de libertad de expresión, tiene, como señala Miriam Ramírez, una amplia agenda pendiente que inicia con reducir la impunidad y continúa con la imperiosa obligación de garantizar un entorno seguro, libre y plural en el que ejercer el periodismo.

Miriam Ramírez y Jacob Morales son dos de los seis periodistas beneficiarios del Programa de Acogida Temporal que impulsa la Taula per Mèxic desde 2017. La Tau-la per Mèxic somos una asociación catalana que trabajamos por la paz y los dere-chos humanos en México. Queremos visibilizar la crisis humanitaria que vive el país para que la comunidad internacional se haga corresponsable y presione al gobierno mexicano en el cumplimiento de los tratados internacionales que ha firmado. En esta

13

estrategia, hacemos énfasis en el ejercicio del periodismo y la defensa de los dere-chos humanos. Defensores y defensoras han sido estigmatizados en Latinoamérica para demeritar su trabajo y hacerlos más vulnerables.

Las y los periodistas, como defensores del derecho a la información son un foco de agresión en un país donde también matan a doctores, plomeros, estudiantes o maestras. Pero en el caso de los periodistas, frecuentemente hay algunas amena-zas antes que acaben con sus vidas y la investigación que tienen entre manos. Es en ese momento donde las redes de defensa y la solidaridad internacional debe activarse.

Aunque las extracciones no son lo deseable porque suponen una ruptura con su cotidianidad, su familia e incluso los procesos sociales que lideran; cuando el gatillo acecha es necesario poner kilómetros de por medio. Salir desescala la tensión y permite pensar en nuevas estrategias para continuar con su labor en condiciones más seguras. Nuestros Programas de Acogida Temporal pretenden ser ese respiro empoderador. Tomar distancia para dejar de normalizar la violencia, entender que las periodistas y defensores no somos un daño colateral o que las agresiones no forman parte de la rutina periodística o de defensa. Descansar y recuperarse. Pero también tejer redes de cooperación internacional, de seguridad y de denuncia. Para ello los programas de acogida, ya sea el de defensores como el de periodistas, cuentan con capacitaciones profesionales, actividades gremiales, apoyo psicosocial e incidencia con actores catalanes, españoles y europeos cívicos y políticos. Nues-tro objetivo es que, después de la estancia, la persona regrese a su entorno con más seguridad y con la certeza de que hay organismos internacionales con la vista puesta en México y en su caso en particular.

El programa dirigido a periodistas es exclusivamente municipal y depende del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona Protege Periodistas de México no solo em-podera, visibiliza y denuncia, sino que está consolidando una red de periodistas Cataluña-México insólita hasta ahora por el nivel de intercambio de información y conocimiento. Es un ínfimo retorno a un país que nos abrió las puertas y los puertos en 1939. Ahora somos nosotras quiénes no podemos dejarlos a la intemperie o, como el militar mexiquense, a expensas de cualquier agresor impune.

*

14

MAJO SISCAR BANYULSPeriodista. Desde 2009 explica México, Centroamérica y el Caribe. En México colabora en la emisora Radiofórmu-la y con la Red de Periodistas de A Pie. Voluntaria de la Taula per Mèxic.

Foto: www.diario.es

INTRODUCCIÓN

La violencia contra periodistas en México se manifiesta de diversas formas, des-de precariedad laboral, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición forzada y asesinato; los cuales, además, comparten un patrón de impunidad. México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre au-toridades y grupos criminales. Los índices de impunidad son casi absolutos, según Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. La ineficiencia de las autoridades ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99,13% 1.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han con-vertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo. El Estado mexicano ha incumpli-do sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradu-rías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información con-tenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Pese a contar con instancias gubernamentales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Meca-nismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-distas, encargadas de la procuración de justicia y de brindar protección, la situación en vez de mejorar ha empeorado. Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investiga-ción relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amoro-sos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas. Y partiendo de estos vicios de origen, en las instancias de im-partición de justicia, no se arriba a sanciones para las personas responsables en

1 Article 19. (2019). Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas. Recuperado de https://articulo19.org/informeimpunidad

PERIODISMO EN MÉXICO 2018: CONTEXTO ELECTORALpor Taula per Mèxic

17

las instituciones, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos. Desde el año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documen-tado el asesinato de 124 periodistas en México en posible relación con su labor periodística. Del total, 115 son hombres y 9 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 4 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

A nivel de los estados de la República, el gobierno de Javier Duarte en Veracruz destacó por su preocupante violencia. Duarte gobernó de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2016 fecha en que se fugó de la justicia acusado de delitos por desvío de recursos públicos a través de una red de empresas fantasma. Durante su gobierno, 17 personas que ejercían el periodismo en Veracruz fueron asesina-das. Destaca el asesinato del periodista Rubén Espinosa, ocurrido en la Ciudad de México en julio de 2015 bajo amenazas del gobernador Duarte.

El Programa de Libertad de Expresión y Género de la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó que del 1 de diciembre de 2012 hasta el 1 de diciembre de 2018 se registraron 448 casos de violencia contra muje-res periodistas en 31 de los 32 estados del país. De estos casos, CIMAC tiene cono-cimiento que 11 casos fueron feminicidios, seis de estos casos están relacionados

Altar en el Día de Muertos en recuerdo a los y las periodistas asesinadas en México / Barcelona, 2018

18

con su trabajo periodístico y se documentaron ocho casos de desplazamiento. Dos de estos se convirtieron en exilio.

En comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), cuando se contabilizaron 131 casos de violencia contra mujeres periodistas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto la violencia contra las periodistas aumentó 341%. Las entida-des donde se concentró la mayor parte de las agresiones fueron Ciudad de México con un 17%, Veracruz con 13% y Puebla con 10%. Durante el primer semestre del 2018, Artículo 19 documentó 388 agresiones en contra de la prensa, de las cuales, 243 fueron en contra de hombres; 127 en contra de mujeres y 18 perpetradas en contra de medios. México se encuentra en el lugar 147, entre 180 países, en la Cla-sificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras.

Año electoral, periodistas en riesgo

La Red #RompeElMiedo 2 documentó 185 agresiones específicamente relaciona-das con el contexto de las campañas electorales realizadas en México durante el 2018. De estas, 63 agresiones se registraron durante el mismo día de la elección, el domingo 1 de julio de 2018. Los principales agresores en elecciones fueron in-tegrantes, militantes o simpatizantes de partidos políticos con 38,9%, seguidos por funcionarios públicos con 37%. Los casos de agresiones en contra de mujeres co-municadoras contabilizan un total de 63, equivalente al 34% de las agresiones tota-les; y se registraron 27 agresiones en el entorno digital.

La Red #RompeElMiedo se activó el 4 de abril de 2018, sin embargo, comenzó a documentar agresiones desde enero. Así, la Red dividió la documentación de agresiones antes de la jornada electoral, lo que incluyó parte del periodo de pre-campañas, las campañas y la veda electoral. Durante el periodo anterior a la jornada electoral, el total de agresiones en contra de la prensa fueron 105, de las cuales 68 ocurrieron el 1 de julio, y el resto posterior a la jornada electoral 3.

2 La Red #RompeElMiedo es una plataforma de articulación de medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos que tiene como objetivo fortalecer herramientas, procesos y redes para la protección y seguridad de periodistas y de su trabajo durante co-berturas de alto riesgo y movilizaciones sociales. Desde su creación en el 2013, la Red se ha activado en más de 26 ocasiones, y actualmente cuenta con presencia en las 32 entidades federativas y con más de 800 integrantes.

3 Estos ataques son descritos en el informe presentado por la Red #RompeElMiedo –con-formada por ARTICULO 19 México y Centroamerica, Data Cívica y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)–, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, Iniciativa Sinaloa y la Red Nacional de Periodistas.

19

Desde el año 2018 hasta marzo de 2019 se contabilizan 13 periodistas asesinados por algún motivo relacionado a su labor. Según fuentes oficiales como Artículo 19.

20

21

Una vez inaugurado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta preocupante algunas declaraciones del Jefe de Estado mexicano en relación con el papel de la prensa, los medios y los y las periodistas.

En varias ocasiones López Obrador ha señalado de forma general a los medios como amarillistas y mentirosos, o ser parte de la mafia del poder. En este sentido, los funcionarios del gobierno tienen el deber de garantizar la libertad de expre-sión por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico. Algo a tomar en cuenta para que los cambios sean verdaderos.

PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL DE PERIODISTASEl programa tiene por objetivo facilitar la estancia temporal en Barcelona de personas de este colectivo amenazadas por el ejercicio de su profesión particularmente a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos; promoviendo también las re-des y alianzas internacionales, así como la investigación e inci-dencia en la materia.

22

PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO DURANTE 2018/2019

13 de enero de 20185 de febrero de 201821 de marzo de 201815 de mayo de 201829 de junio de 201824 de julio de 201821 de septiembre de 201824 de octubre de 20181 de diciembre de 201820 de enero de 201916 de febrero de 201920 de febrero de 201915 de marzo de 2019

* Fuente: Artículo 19

Carlos DomínguezPamela MontenegroLeobardo Vázquez AtzinJuan Carlos HuertaJosé Guadalupe Chan DzibRubén Pat CahuichMario Leonel GómezGabriel Soriano KuriJesús Alejandro Márquez JiménezRafael Murúa ManriquezReynaldo López SalasSamir Flores SoberanesSantiago Barroso

Tamaulipas

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Quintana Roo

Chiapas

Guerrero

Nayarit

Baja California SurSonora

Morelos

Sonora

*

El Horizonte de Matamoros

Denuncias Acapulco Sin Censura

Enlace Informativo Regional

620AM Sin Reservas

Semanario Playa News

Semanario Playa News

El Heraldo de Chiapas

Radio y Televisión de Guerrero

Orión Informativo

Radiokashana

Locutor de radio

Radio Amiltzinko 100.7 FM

Noticias Red 653 / 91.1 FM Río Digital

23

Carlos Domínguez, columnista político de El Horizonte de Matamoros. Trabajó la mayor parte de su carrera periodística en El Diario de Nuevo Laredo y desde mediados del 2017 dio amplia cobertura a asuntos de política local en su columna, publicada en el medio digital El Horizonte de Matamoros. Ahí, abordó durante los meses recientes la pugna política en Ta-maulipas de cara a las elecciones de las 43 cabeceras muni-cipales. Un día antes de su asesinato Domínguez abordó la situación de violencia e impunidad generalizada a nivel nacio-nal en su columna.

Pamela Montenegro del Real, mejor conocida como “Nana Pelucas” era bloguera en redes sociales famosa por difundir videos de diversas temáticas incluyendo sátira política local y por entrevistar a funcionarios del estado de Guerrero en su canal de YouTube llamado El SillónTV. Según periodistas en-trevistados por Artículo 19, había sido criminalizada y amena-zada en diciembre de 2016 a través del despliegue de “nar-comantas” en distintos puntos del puerto de Acapulco y que esto podría vincularse con la difusión de información sobre seguridad y justicia vía redes sociales en la entidad.

Leobardo Vázquez Atzin, creó su medio propio de comu-nicación, Enlace Informativo Regional, desde su cuenta de Facebook informaba todo lo que ocurría en municipios de la zona norte del estado de Veracruz. Antes trabajó en medios digitales e impresos como Noreste, La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Investigaba una problemática vinculada con el despojo de predios a habitantes de la zona, por parte de un grupo de personas apoyadas por el Ayuntamiento de Teco-lutla, Veracruz. El 9 de marzo del 2018, el periodista informó en su página que tras publicar información vinculada con los predios en disputa fue amenazado por redes sociales.

Juan Carlos Huerta, fundó la estación que dirigía después de años de trabajo como reportero en otras empresas de comu-nicación. De acuerdo con los testimonios recopilados, había conseguido la posibilidad de transmitir vía AM tres meses an-tes de su asesinato.

24

José Guadalupe Chan Dzib, director y reportero del semana-rio digital Playa News. Realizaba cobertura policiaca regional. Días antes Chan Dzib había publicado dos notas por las que recibió amenazas, lo que comunicó a las autoridades sin que se adoptaran medidas de protección.

Rubén Pat Cahuich, director del semanario digital Playa News. Cubría temas policiacos y nota roja. Era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de De-rechos humanos y Periodistas, quienes le otorgaron un botón del pánico y un GPS. En junio de 2017 había sido detenido arbitrariamente, amenazado y torturado por miembros de la policía municipal de Solidaridad, días después de que publicó información sobre los vínculos entre funcionarios y grupos cri-minales locales.

Mario Leonel Gómez, reportero de El Heraldo de Chiapas. En 2016 Artículo 19 documentó que el periodista fue amenazado los días 15 y 16 de junio en el municipio de Yajalón, Chiapas, tras haber hecho públicos actos de corrupción de funcionarios del estado. Después de que organizaciones y compañeros pe-riodistas hicieran presión a las autoridades estatales para que le asignaran medidas de protección y que sin saber la razón, le fueron retiradas dejándolo sin cobertura.

Gabriel Soriano Kuri, periodista, ingeniero y productor, condu-cía el programa de radio “En Efecto, Cultura Hip Hop”, que se transmitía por la estación Más Radio del organismo público Ra-dio y Televisión de Guerrero (RTG). Era un conocido promotor cultural en Acapulco. Su asesinato se vio entre dos versiones, el de la fiscalía, que decía que había sido resultado de un con-flicto vial y el que expresaron fuentes expertas, quienes decían que tenía implicaciones políticas.

Jesús Alejandro Márquez Jiménez, director del medio digital Orión Informativo su trabajo se caracterizaba por ser muy críti-co de funcionarios y servidores públicos locales. Anteriormente trabajó en el Diario Crítica.

25

Rafael Murúa Manriquez, director de la radio comunitaria Ra-dio Kashanay miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Dos años antes de que fuera asesi-nado fue agredido y había tenido protección por parte de las autoridades federales. Las amenazas continuaron, según las fuentes, venían por parte de una persona que pertenecía al crimen organizado quien le exigía eliminar o publicar ciertas notas periodísticas. A pesar de las intimidaciones no quiso abandonar la radio comunitaria. También denunció pública-mente que estaba siendo víctima de amenzasp por parte del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado.

Reynaldo López Salas, periodista y conductor quien por muchos años colaboró en la sección deportiva en la cadena Televisa en Sonora, la cual había dejado tres meses antes de su asesinato para producir el programa “Motores del Desierto” que se transmitía en la televisora oficial, Telemax.

Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y fundador de la radio comunitaria Radio Amiltzinko 100.7 FM. El periodista indígena náhuatl, también presentaba el progra-ma musical “Amanecer Grupero”, era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) y delegado del Concejo Nacional Indí-gena (CNI). Fue amenazado, criminalizado y difamado desde el 2012. Cubría temas sobre las problemáticas comunitarias, los efectos y riesgos del Proyecto Integral Morelos (PIM) y la puesta en marcha de una termoeléctrica construida por la Co-misión Federal de Electricidad (CFE) en la comunidad indíge-na Huexca.

Santiago Barroso, locutor de 91.1 FM Río Digital, director de Noticias Red 653 y era colaborador del semanario Contrase-ña. Los últimos temas que destacan antes de su asesinato son los relacionados a un grupo de migrantes liderados por un traficante de personas cruzando la frontera y al narcotráfico como; el papel de San Luis Río Colorado en las rutas de tra-siego de drogas del Cártel de Sinaloa y colaboradores locales.

26

UNA CUESTIÓN DEJUSTICIA GLOBAL

La organización internacional por la libertad de expresión Article 19 ha documenta-do el asesinato de 124 periodistas en México desde 2000 hasta marzo de 2019. En total 115 hombres y 9 mujeres reporteros han perdiido la vida de forma violenta. La entidad Mexicana más letal fue Veracruz, con 26 casos. Además siguen desapare-cidos 24 periodistas de quienes se desconoce su suerte.

El ejercicio del periodismo se ha vuelto una labor de alto riesgo en este país. Los profesionales de la información enfrentan la violencia la impunidad, su labor se ve afectada por los intereses de corporaciones, mafias y autoridades. El miedo de no saber realmente cuáles pueden ser las consecuencias del trabajo periodístico aque-ja a los reporteros: a quién pueden molestar con sus fotos o notas, qué acciones pueden desencadenarse en su contra o en contra de sus familias. Estamos ante una emergencia paralizante para el gremio que es ni más ni menos el encargado de mediar entre la sociedad y los acontecimientos de interés público.

Las amenazas contra los medios de comunicación y en especial contra sus re-porteros llevan a escenarios de censura y autocensura, con el consecuente silen-ciamiento de datos y la desinformación generalizada. Amplias regiones sacudidas por la violencia son hoy en día bolsones de silencio donde los profesionales de la información han tenido que callar o desplazarse para salvar sus vidas.

El silenciamiento de un periodista o el desplazamiento del mismo es una tragedia para la libertad de expresión y para la democracia, pues no nada más se trata de una afectación individual sino que impacta plenamente en la posibilidad de hablar de democracia en México. No están fuera de esta problemática los blogueros y quienes utilizan Internet para informar y generar comunicación ciudadana, también a la red han llegado los asesinatos, las amenazas y las intimidaciones.

La Constitución Mexicana, en sus artículos 6 y 7, defiende los derechos indivi-duales a la libertad de expresión y la libertad de prensa y dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. El artículo 7 afirma que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. El gobierno de Méxi-co ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, México también ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, un tratado multilateral ge-neral que reconoce los derechos civiles y políticos, estableciendo los mecanismos para su protección y garantía. Desde 1977, esta norma garantiza el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PODERES FÁCTICOS EN MÉXICORELACIONES PELIGROSAS

por Guiomar Rovira Sancho

29

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cual-quier otro medio.

Ante la tragedia que sufren los comunicadores, desde el sexenio pasado se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Ex-presión (FEADLE), que es hoy la autoridad encargada de dirigir las investigaciones y perseguir delitos contra quienes ejercen periodismo o aquellos que se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información. En 2012 se implementó además el mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-distas desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia para operar las medidas cautelares que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que estén en situación de riesgo. Muchos comunicadores se han so-metido a este mecanismo al ver peligrar su vida, pero la solución que se ha aplicado hasta ahora no ha logrado resolver la emergencia ni siquiera evitar los asesinatos, en el mejor de los casos extrae y desplaza temporalmente a la víctima de su lugar de trabajo y vida, a otro estado de la República, principalmente a la Ciudad de México. El periodista aislado sufre las consecuencias psicológicas de dejar su entorno, su labor cotidiana y su medio, lo que no soluciona siquiera el trauma de la violencia como amenaza. Las condiciones que permitirían su reintegración al trabajo y hogar (acabar con la impunidad y garantizar su labor) no se han resuelto. La impunidad en los casos de agresiones y asesinatos a periodistas sigue siendo al día de hoy del 99%. Es decir, no se hace justicia.

En los hechos, tanto los periodistas como los medios de comunicación en los que laboran han tenido que renunciar a abordar temas relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Las redes sociales personales de los reporteros y blogueros muchas veces son los únicos espacios donde se informa sobre temas delicados e investiga-ciones más especializadas. Sin embargo, la vigilancia, las ciberamenazas y el con-trol de datos privados aparece como una agresión más contra los comunicadores, no sólo de parte de los cárteles criminales sino también de parte de las autoridades del estado, como reveló el caso de espionaje oficial a que se sometió a periodistas y a activistas con el software Pegasus en 2017.

No es posible pensar la violencia contra periodistas sin considerar las condiciones estructurales e históricas en las que se ha desarrollado el periodismo mexicano. Los ataques, la falta de calidad o el silenciamiento de la información no se deben sólo a la violencia de los poderes fácticos o institucionales en un estado de guerra reciente. “La violencia criminal sólo intensifica las prácticas e inercias ya existentes”, explica la investigadora Mireya Márquez. Hay que tomar en cuenta que un régimen de partido único, el PRI, imperó en el país durante más de setenta años y que se basó en una red de prebendas, connivencia y servilismo con los medios, a los que el presupuesto público se abocaba y donde los reporteros completaban su salario

30

con las dádivas de gobernadores y alcaldes, insumos que han adquirido una deno-minación propia: “el chayote”. La falta de una formación sólida de los periodistas, la ausencia de mediación de editores y correctores, así como la tradición de no contrastar fuentes y de basar la información en las declaraciones o boletines de funcionarios y políticos, ha llevado a que a la fecha sean pocos y bastante recientes los medios que pueden presumir de independientes y sobre todo de hacer perio-dismo de calidad con investigación original. Tampoco existe un público extenso y habituado a la lectura que permita la proliferación de periodismo local de calidad sustentable económicamente.

Clasificada como ”posautoritaria”, la cultura mediática mexicana enfrenta la re-ciente etapa de la “guerra contra el crimen organizado” desatada en 2006 por el presidente Caledrón con el afán de legitimarse tras un proceso electoral cuestio-nado. La prensa enfrentó el desencadenamiento de la violencia con una debilidad estructural de décadas, que potenció la vulnerabilidad del último eslabón de la in-formación: el reportero y el fotógrafo. “Piezas indefensas de la maquinaria aceitada por el clientelismo, la cooptación y las relaciones de connivencia”, expone Márquez, los reporteros además de estar sometidos a condiciones de precariedad laboral, se vieron expuestos a las presiones cruzadas entre autoridades locales, el ejército, las mafias del crimen organizado e incluso los intereses de sus propios medios, que no responden por su integridad.

La violencia en México se ha cobrado 250.547 vidas entre diciembre de 2006 y abril de 2018. Sólo en 2018 fueron más de 34 mil los asesinatos, además de arrastrar una cifra de 40 mil desaparecidos. Este es el contexto donde trabajan los periodistas. La descomposición de los poderes tradicionales y la entrada de nuevos actores políticos coincide con el auge del crimen organizado, sus disputas por negocios y territorios. Es así como puede entenderse que uno de los estados donde más violencia ha habido, Guerrero, haya sido el lugar donde más agresiones a periodistas ha habido durante el periodo electoral de 2018.

Con el último gobierno del PRI, la proliferación de robots en Internet ha conta-minado también de forma inaudita el espacio de las redes digitales. Como ya en 2017 señalaba Samantha Bradshaw, una investigadora del Proyecto de Propaganda Computacional de la Universidad de Oxford, en México los “spam-bots” patroci-nados por el gobierno fueron usados para “atacar a los periodistas” y “propagar desinformación”. Inundar las redes sociales con spam y noticias falsas es algo que ha estado sucediendo en los últimos años de forma cada vez más grave en México. Los blogueros que lo han denunciado, como Alberto Escorcia, quien con su trabajo ha logrado visibilizar estas prácticas, han sufrido amenazas, violencia, e incluso han tenido que exiliarse temporalmente. En este sentido, varios medios de comunicación mexicanos, universidades y ONGs formaron una iniciativa llamada Verificado 2018,

31

donde usando el hashtag #QuieroQueVerifiquen varios investigadores verificaban los hechos y publicaban sus hallazgos.

El periodo electoral de 2018 estuvo plagado de bots usados por todos los partidos políticos para promocionar o atacar a otros candidatos. Incluso en la actualidad, un informe de Signa Lab denuncia estas prácticas a favor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en los hechos está intentando cambiar la relación entre los medios y el poder, al suspender la derrama de dinero en publicidad oficial que de forma discrecional los gobiernos anteriores distribuían a los medios como práctica habitual para comprar favores.

En un país de contrastes, cabe hablar del florecimiento de un periodismo mexicano de valor extraordinario que documenta, acompaña y visibiliza la injusticia, con una nueva hornada de periodistas jóvenes, en su mayoría mujeres, como son la Red de Periodistas de a Pie y las distintas propuestas periodísticas en plataformas electró-nicas, así como la publicación de libros y documentales con amplios y arriesgados reportajes de denuncia que hacen evidente las terribles historias de corrupción, violencia y el dolor que sacuden al país. La disputa por la información y por la de-mocracia pasa en México por acabar con la impunidad. La necesidad de encontrar a los desaparecidos, de hacer justicia en todos los casos de violencia y corrupción, es la única vía para garantizar la libertad de la palabra y la vida de los periodistas.

*Referencias: - Article 19. https://articulo19.org/- Márquez, Mireya, “Estudio introductorio”, en Del Palacio, Celia (Coord.) Violencia y periodismo regional en México, Conacyt-JP, 2015.- Bradshaw, Samantha, y Howard, P. (2017). Toops, trolls and trublemakers: A global inventory of organized social media manipulation. Working paper 2017.12. University of Oxford.- RT, “Estrategia fallida: 250.000 asesinatos en México desde el inicio de la “guerra contra el narco”, 24 mayo 2018, https://actualidad.rt.com/actualidad/272788-mexico-lle-ga-250000-asesinatos-inicio-guerra-narcotrafico

GUIOMAR ROVIRA SANCHODoctora en Ciencias Sociales y maestra en Comuni-cación y Política y licenciada en Ciencias de la Infor-mación, especialidad Periodismo. Como periodista acompañó el conflicto zapatista de Chiapas de 1994 a 2000. Autora de Mujeres de Maíz (1997), Zapata Vive (1994), Zapatistas sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo (2009) o Activismo en red y multitudes conectadas (2017). Foto: www.uv.mx

La violencia

Eran pasadas las 9 de la noche del viernes 15 de marzo. Dos personas tocaron la puerta de la casa del periodista Santiago Barroso Alfaro, en San Luis Río Colorado, Sonora. Al abrir, le dispararon tres balazos: dos en el estómago y uno en el pecho. Dos horas después, el director del noticiero Buenos días en San Luis, transmitido en la estación de radio Río Digital, falleció en un hospital público.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2000 han sido asesinados en México 145 periodistas, cuatro de ellos durante los primeros cuatro meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La lista es larga. El cuerpo sin vida del periodista Armando Saldaña Morales apa-reció el 4 de mayo de 2015 en Cosolapa, Oaxaca. Tenía heridas de bala y señales de tortura. El municipio es vecino del estado de Veracruz. El laboraba en el área de noticias de la estación Ke Buena 100.9 F.M. en Tierra Blanca, Veracruz.

Casi un mes después, el 2 de julio, no lejos de allí, en Miahutlán, Oaxaca, ase-sinaron de cinco disparos al locutor de radio de la estación La Favorita, Filadelfo Sánchez Sarmiento. Los matones lo esperaban al salir de su espacio informativo.

Ese mismo día, fue encontrado muerto en Boca del Río Veracruz, Juan Mendoza Delgado. Durante 16 años había sido reportero de la fuente policial del diario El Dictamen. Hace apenas dos años, se independizó, y junto a otros colegas fundó el portal Escribiendo la Verdad.

A comienzos de 2015, el 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez fue secuestrado por un grupo armado que entró a su casa en el rico estado de Veracruz, en México. Eran las 7.30 de la tarde y la víctima dormía, cuando nueve personas con el rostro cubierto a bordo de cuatro automóviles y una camioneta fueron a llevárselo a su casa. Entraron armados con metralletas, revisaron palees y se llevaron documentos, su cámara fotográfica, su laptop, su celular y su tablet. La policía tardó horas en llegar a su domicilio. Veintitres días después fue encontrado muerto.

Moisés Sánchez, director de La Unión de Medellín, era el onceavo periodista asesi-nado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que tomó posesión el primero de diciembre de 2010. Ahora van quince. Además de los homicidios, en ese mismo lapso de tiempo han habido cinco desapariciones de profesionales de los medios de comunicación y 132 ataques contra la prensa local.

EL RIESGOSO OFICIO DEL PERIODISMO EN MÉXICOpor Luis Hernández Navarro

33

Lo que sucede en el estado de Veracruz es muy grave pero dista de ser una excep-ción. En amplias zonas de México, de manera destacada en la frontera con Estados Unidos o donde impera el narcotráfico, los comunicadores han sido víctimas de todo tipo de agresiones.

Eran las 7:06 de la mañana del 23 de marzo de 2017 y la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, se alistaba a llevar a su hijo Carlos a la escuela, cuando un sicario le disparó ocho balazos de arma calibre .38. Todos dieron en el blanco. Al lado del cuerpo sin vida, el asesino dejó un cartulina con un mensaje:

“Esto te pasó por lenguona, por estar cerca del gobernador. Firma el 80”.

Para su colega Javier Valdez Cárdenas, también corresponsal de La Jornada, pero en Sinalos, contar el mundo del narcotráfico, esa sucursal del infierno en la tierra, era como ser un nuevo Pípila cargando una enorme losa sobre las espaldas. Era su tarea como periodista. Para él, era eso o hacerse tonto. “No quiero que me digan –me explicó una mañana de octubre del año pasado en Ciudad de México– ¿qué estabas haciendo tú ante tanta muerte? No quiero que me recriminen: ¿si eras pe-riodista, por qué no contaste lo que estaba pasando? Él fue asesinado pocos días después: el 15 de mayo de 2017.

En junio de 2011, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió que México era el país más peligroso del continente americano para los comunicadores. Documentó 66 casos de asesinatos de periodistas ocurridos entre 2000 y 2010, y 12 desaparecidos entre 2005 y 2010, de los cuales muy pocos fueron esclarecidos.

Lejos de disminuir, la cifra de agresiones contra medios y reporteros ha seguido creciendo. Tan sólo en 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agre-siones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación. Este fue el año con más agresiones documentadas desde 2007. Hasta llegar a los 145 reportados por la CNDH.

Los Informes de la organización Artículo 19 han documentado tres hechos esca-lofriantes: 1) que los ataques contra los comunicadores van en aumento en México; 2) que prevalece la impunidad en la mayoría de los casos; y 3) que en más de la mitad de las agresiones se advierte como presuntos responsables a gente vinculada al poder público.

En abril de 2012, fue aprobada por una nueva Ley para la Protección de Personas

34

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A lo largo de 2013, se comenzaron a instrumentar ciertos mecanismos de protección a los periodistas, que implican adoptar medidas cautelares y, en algunos casos, la protección policíaca de la per-sona amenazada.

Sin embargo, pese a ello, la violencia contra los comunicadores sigue en escalada. La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA) y las Brigadas Internaciona-les de Paz (PBI) presentaron un informe en el que señalaron como insuficiente la nueva legislación, al considerar que no ha proporcionado respuestas oportunas y eficaces a las peticiones de protección.

El documento culpa al gobierno mexicano de desacreditar y criminalizar a los de-fensores y organizaciones de derechos humanos. Cita otras deficiencias, como la falta de personal y de recursos, así como la poca colaboración entre el Gobierno federal y los estatales. Destaca, además, los niveles de impunidad que han goza-do los perpetradores de crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

La situación ha hecho ya crisis en el terreno internacional. Un extenso grupo de escritores, artistas y periodistas de diversos países dio a conocer una misiva

Luis Hernández, Jacob Morales, Alicia Oliver, Luis Daniel Nava y Arturo Landeros (miembro del equipo PAT Periodistas) en Jornada realizada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya en el marco del Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic / Barcelona, 2018

dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que se demanda el rápido y efectivo esclarecimiento de los asesinatos perpetrados el pasado 31 de julio en un departa-mento de la colonia Narvarte de esta capital, cuyas víctimas fueron el fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa, la estilista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín (de nacionalidad colombiana), la empleada doméstica Alejandra Negrete y la antropóloga Nadia Vera.

La carta, firmada entre otras personalidades por los escritores estadunidenses Noam Chomsky y Paul Auster, el indo-británico Salman Rushdie, el nicaragüense Sergio Ramírez, la canadiense Margaret Atwood, los mexicanos Juan Villoro, Loren-zo Meyer, Lyidia Cacho, José Agustín, el director ejecutivo del Comité para la Pro-tección de Periodistas, Joel Simon, la periodista estadunidense Ariana Huffington y los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, señala que “las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes”, hace énfasis en la necesidad de investigar “sin contemplaciones” a “los funcionarios estatales y muni-cipales que se puedan haber visto involucrados” en ésta y en otras agresiones con-tra informadores y recuerda que desde la llegada al cargo del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en 2010, en es entidad “las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes” y que en todos los casos “se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”.

El documento señala como causas de “la extrema vulnerabilidad” en la que desem-peñan su trabajo los informadores en el México actual a “las organizaciones crimi-nales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos”.

Los reclamos son fundados, no sólo por el alto número de periodistas asesinados en el país durante el sexenio anterior y en lo que va del actual sino también porque la gran mayoría de los crímenes correspondientes no han sido esclarecidos; por el contrario, las autoridades encargadas de procurar justicia han buscado en forma regular desviar las investigaciones hacia circunstancias ajenas al trabajo informativo de las víctimas.

El documento confirma que, en tanto las instituciones nacionales sigan siendo in-capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, periodistas y activistas o no, y mientras las entidades encargadas de procurar justicia sigan dando muestras de falta de voluntad política y hasta de sensibilidad, es inevitable que los crímenes pro-fundicen la mala imagen gubernamental de México en el extranjero, como ha venido ocurriendo a casi doce meses transcurridos desde la agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, que dejó un saldo de seis asesinados, dos heridos graves y 43 estudiantes jóvenes, y cuyo paradero no ha sido dilucidado en forma verosímil.

36

37

La concentración

“Nuestros sueños no caben en tu pantalla”, anuncia la rúbrica del video Televisa, estamos aquí, elaborado por el movimiento #YoSoy132, surgido durante la campaña electoral de 2012. Ese mismo movimiento convirtió sus protestas en un festival de carteles, performances y poesía instantánea en el que se repitió, una y otra vez, una estampa: una joven enmarca su rostro en la pantalla de un televisor de cartulina, con un letrero escrito a mano que advierte Televisa te idiotiza. La rúbrica y la imagen son los emblemas que simbolizan la declaración de guerra de los jóvenes contra la telecracia que entretiene e informa a más de 70 por ciento de los mexicanos. En ella, una manifestante, que es simultáneamente emisora y receptora, que observa y es observada, lanza un grito de advertencia que busca sacudir la conciencia ciu-dadana.

El monopolio televisivo mexicano ha hecho de la televisión no un lugar para infor-mar sino para ocultar mostrando. La cadena pone a la vista algo distinto de lo que tendría que divulgar, o presenta lo que sucede y es importante de manera inadver-tida o irrelevante, de tal manera que lo que trasmite no corresponde en absoluto a la realidad.

Televisa es uno de los grandes conglomerados mediáticos del mundo. Entre sus negocios están la producción y transmisión televisiva, programación para la TV de paga, distribución internacional de programación para televisión, servicios de TV satelital Direct To Home (DTH), publicaciones diversas y su distribución, TV por cable, producción y transmisión de radio, promoción de eventos deportivos profesio-nales y otros eventos, radiolocalización. Televisa justifica a través de la lucha por el rating el consorcio mediático un contubernio con el poder. Desde hace años política institucional y medios son en México un matrimonio bien avenido. El vínculo que existe hoy entre el gobierno federal y el consorcio mediático es muy estrecho. Y lo es al punto de que con frecuencia verdad televisiva y verdad oficial se confunden. La estructura para asignar las concesiones y la generosa reducción de impuestos que los concesionarios debían pagar ha acercado aún más a unos y otros.

Es por ello que el poder no regulado de la mediocracia es uno de los principales obstáculos en la democratización del país. “Si queremos una democracia auténti-ca –señalan los movimiento emergentes que critican a la cadena televisivac–, será ineludible la democratización de los medios. Como todos los defectos de nuestra pobre democracia, la concentración y manipulación de la información es una heren-cia que perdura del viejo régimen y del supuesto cambio.”

Efectivamente, la otra cara de la moneda del problema de la falta de libertad de prensa en México es la alta concentración en la propiedad y el control de los medios

de comunicación. Así lo reconoce el diagnóstico presentado por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, después de una visita a México que tuvo lugar en agosto de 2010.

El 96 por ciento de las estaciones comerciales de televisión están en manos de dos empresas, y el 80 por ciento de las emisoras de radio son propiedad de 13 gru-pos comerciales. Así mismo, hay grupos que controlan decenas de radiodifusoras. Para contrarrestar está situación se promulgó en 2014 una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ella se estableció la creación de una nueva cadena de televisión, que hasta el momento no se ha materializado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil hicieron fuertes críticas a la nueva norma. Según ellas, se limitan las atribuciones del organismo regulador que debiera ser autónomo; se eluden los mecanismos necesarios para combatir eficazmente los monopolios mediáticos; se restringe a los medios públicos y los de uso social, y se ignoran los derechos de las audiencias.

La mediocracia y la teleguerra

La industria del entretenimiento montó el 11 de septiembre de 2007 uno de sus más ambiciosos espectáculos en años. Los usufructuarios de concesiones radioeléc-tricas y algunos de los más destacados personajes de su segmento informativo protagonizaron un verdadero reality show en cadena nacional. En él, asumieron el papel de voceros públicos del interés nacional y de adalides de la libertad de expre-sión, amenazados, según ellos, por una reforma electoral promovida por el Poder Legislativo.

El enfrentamiento entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televi-sión (CIRT) y el Senado fue parte de la teleguerra sucia con la que la mediocracia ha ido sentando sus reales en el panorama político nacional. Las lágrimas de cocodrilo que los señores dueños de los medios electrónicos y beneficiarios de las conce-siones radioeléctricas de la nación derramaron lamentando las modificaciones a la Constitución que impiden a los partidos políticos contratar tiempos pagados en me-dios, y prohíbe a las personas públicas y privadas contratar mensajes en radio y te-levisión, se convirtió en el prolegómeno de un ajuste de cuentas mucho más grande con la clase política, y en la apuesta por fabricar un candidato presidencial propio.

El pleito entre conductores, concesionarios y legisladores en cadena nacional fue, por principio de cuentas, una disputa por una parte de la renta. En los comicios presidenciales de 2006, los partidos destinaron casi 70 por ciento de los millonarios recursos que recibieron como prerrogativas por parte del Estado para financiar sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.

38

39

Pero, el pulso entre un poder fáctico y el Congreso de la Unión fue más allá de una mera cuestión monetaria. La cruzada de los señores de los medios contra la partidocracia fue, también y simultáneamente, una representación de la crisis y una muestra más de la crisis de representación que vivimos.

Ese 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, uno de los con-ductores televisivos advirtió a los senadores que los políticos profesionales están más desacreditados que sus empresas. La aseveración era cierta. La clase política no disfrutaba (ni disfruta) de buena reputación. Junto con la policía, se encuentra en uno de los niveles más bajos de estima ciudadana. Los ciudadanos no tienen confianza en sus representantes.

Esta crisis de representación ha propiciado que los medios de comunicación elec-trónicos asuman un liderazgo efectivo. Con frecuencia han sustituido a los partidos. Una muestra de ella se vivió con la convocatoria a la movilización ciudadana contra la inseguridad pública el 27 de junio de 2004.

Pero más allá de situaciones excepcionales, este papel se corrobora, día a día, cuando los conductores de radio y televisión excomulgan, pontifican o exaltan de acuerdo a la conveniencia del momento. No sólo informan sino que, indistintamente, editorializan, enjuician y condenan. Se comportan, en los hechos, como un nuevo Ministerio Público, como un vehículo de justicia popular instantánea capaz de cana-lizar la indignación de la audiencia ante los funcionarios públicos.

Hasta ahora, el enorme poderío mediático y cultural de las televisoras y radiodi-fusoras en México parecía no tener contrapeso. El chantaje de la ley Televisa en la marco de la contienda electoral de 2006 fue el rubí en la corona de esta fuerza. Una fuerza que se presenta en sociedad como la reserva moral de la nación, como un poder al que partidos y políticos deben rendir pleitesía. Más allá de sus evidentes limitaciones y del fortalecimiento a la partidocracia, la reforma electoral aprobada por el Senado pone un coto real a un poder fáctico sin contrapesos. De allí la viru-lencia con la que los empresarios de la industria del entretenimiento han enfrentado la situación adversa.

La respuesta de la mediocracia ante la reforma electoral pareció sacada de una telenovela. Soñó con hacer de la realidad una calca del mundo virtual. Para defen-der sus intereses específicos, sus ganancias y poder, se disfrazó de representación genuina de la ciudadanía, usurpó la voz pública, alertó contra la estatización y habló en nombre de la libertad de expresión.

Con el pretexto de defender una reforma electoral de más largo aliento –indudable-mente necesaria– apostó a preservar sus privilegios.

Como añadido, los radiodifusores comerciales fueron aún más lejos. Envolvién-dose en la bandera de la democracia participativa propusieron que se efectuara un referéndum, al que pomposamente llamaron de la “Libertad”.

Ellos, que aplaudieron la secrecía y la rapidez con la que se aprobó la ley Televisa en 2006, que no presentaron objeción alguna al albazo legislativo del que nació la Ley del ISSSTE, mediante la cual se avanzó en la privatización de las pensiones del sector público, pretendieron que se le preguntara a la ciudadanía qué piensa de esta reforma electoral. Pero, aunque el lobo se vista de cordero, se le ve el plumero. Tan-ta y tan súbita vocación democrática no es más que un recurso para ganar tiempo y tratar de conservar la parcela de poder que habían conquistado.

La reforma electoral aprobada tuvo grandes limitaciones. Sin embargo, éstas no impiden reconocer que, con ella, se revierte, en principio, la subordinación de los partidos políticos a la lógica y los intereses de las grandes compañías mediáticas. De allí la rabiosa respuesta de los radiodifusores. Una reacción que nos recuerda que, parafraseando la célebre telenovela, la mediocracia también llora.

La respuesta

Las televisoras -Televisa en particular- respondieron al tímido desafío de la partido-cracia construyendo una candidatura presidencial cercana a sus intereses. La ima-gen de Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de México, un personaje sin mayor carisma, cultura, ni atributos, fue transformada por los medios electrónicos hasta hacer de él un superpolítico.

Los jóvenes universitarios resintieron la maniobra y la resistieron. Formaron el mo-vimiento #YoSoy132. En su nombre la protesta resumió su origen y atributos. Nació de la indignación de los estudiantes universitarios ante la manipulación informativa de los medios de comunicación y la pretensión del Canal de las estrellas de imponer un candidato a la Presidencia de la República.

Un hecho tan común y corriente como el que la mayoría de la prensa ocultó y desvirtuó, el descontento juvenil contra Enrique Peña Nieto en la Universidad Ibe-roamericana, fue la gota que derramó el vaso de la ira estudiantil. De ese agravio informativo nació el hashtag que convocó a la acción colectiva contra Televisa y en favor de la democratización de los medios de comunicación.

El movimiento surgió realmente como un hashtag, es decir, como asunto al que cualquier joven universitario tiene la posibilidad de sumarse o de aportar su punto de vista, adhiriéndose a la cadena de iniciativas tras la almohadilla que da nombre a esa causa, como lo haría en Twitter. Ser parte de #YoSoy132 implicó identificarse

40

41

como alguien no manipulado por los medios electrónicos, como alguien que escapa a la mediatización y a la alienación del control mediático.

El movimiento ubicó al poder no regulado de la mediocracia como uno de los prin-cipales obstáculos en la democratización del país. “Si queremos una democracia auténtica –advirtieron en el discurso pronunciado durante la toma pacífica de las instalaciones de Televisa Chapultepec–, será ineludible la democratización de los medios. Como todos los defectos de nuestra pobre democracia, la concentración y manipulación de la información es una herencia que perdura del viejo régimen y del supuesto cambio.”

Ese discurso desmiente a quienes acusaron a los universitarios de tener ideas ramplonas; por el contrario, el diagnóstico que hicieron sobre el papel de la telecra-cia es de gran brillantez. Propusieron seis puntos programáticos para caminar hacia adelante y nunca volver atrás, que incorporan algunas de las ideas-fuerzas centra-les de los movimientos sociales alternativos en el país, son notables.

El movimiento reivindicó la necesidad de democratizar y transformar los medios de comunicación, sobre la base de la socialización de los mismos y el desarrollo de un modelo de medios públicos. Cambiar el modelo educativo, científico y tecnológico. Sustituir el modelo económico neoliberal. Transformar el modelo de seguridad na-cional, retirando las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas. Y, luchar por el pleno cumplimiento del derecho a la salud.

La problemática de los medios de comunicación atravesó al #YoSoy132 en sus ac-ciones colectivas, debates y proclamas. Una de sus primeras definiciones consistió en exigir a la prensa información de calidad para poder emitir un voto informado. En sus protestas iniciales en las calles se gritaron consignas como Televisa-Tv Azteca / no más imposición / libre elección, Queremos escuelas, no telenovelas y Lucero, Gaviota / se acabó la caja idiota.

Conforme su lucha avanzó, sus demandas se fueron sofisticando: democratiza-ción de los medios, información veraz y equilibrada sobre la campaña presidencial, apertura informativa a la televisión abierta, creación de la figura del ombudsman en cada medio, difusión de códigos de ética para los medios de comunicación, como instrumentos de defensa del interés público; masificación del uso de Internet y que el acceso a ésta sea un derecho constitucional, transmisión del segundo debate de los candidatos a la Presidencia en cadena nacional; impulso al derecho a la informa-ción, y protección a periodistas.

La crítica de #YoSoy132 a la telecracia y la manipulación mediática fue notable. En

el festival de carteles, performances y poesía instantánea en que se convirtieron sus protestas se repitió, una y otra vez, una estampa: una joven enmarca su rostro en la pantalla de un televisor de cartulina, con un letrero escrito a mano que advierte Te-levisa te idiotiza. La imagen es emblema que simboliza la declaración de guerra de los jóvenes contra la telecracia. En ella, una manifestante, que es simultáneamente emisora y receptora, que observa y es observada, lanza un grito de advertencia que busca sacudir la conciencia ciudadana. Un grito que, a pesar de la desaparición del movimiento hace casi siete años, se sigue escuchando en todo el país.

***

Hoy, con el triundo de Andrés Manuel López Obrador, hay un nuevo gobierno en México. Y una voluntad por hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, el pleno goce de la libertad de prensa en México sigue enfrentando graves y diversos obstáculos.

Dar garantías a los periodistas en el ejercicio de su profesión, combatir la impu-nidad, limitar el poder de los monopolios y abrir espacios a los medios de comu-nicación públicos son tareas centrales. Y en esta labor, hay que impedir el que asesinatos como los de Armando Saldaña, Filadelfo Sánchez, Moisés Sánchez, Mi-roslava Breach, Javier Váldez y Santiago Barroso sigan sucediendo.

*

LUIS HERNÁNDEZ NAVARROPeriodista y escritor mexicano. Coordinador de Opinión y articulista semanal del periódico diario La Jornada. Colabora en publicaciones como The Guardian y Carta Maior.

43

“Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos y evitar que sean agredidos, es nuestra responsabilidad como representantes del Estado”. AMLO 25/03/2019

López Obrador se ha comprometido a reforzar la protección de los periodistas y de-fensores de los derechos humanos el mismo día del asesinato de Omar Iván Camacho, reportero deportivo, en Sinaloa, el séptimo periodista asesinado desde que asumió el cargo. Nueve defensores de derechos humanos han sido también asesinados en los primeros meses del 2019.

El nuevo gobierno mexicano reconoce que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se puso en marcha el 2012 no fun-ciona, y señalan la falta de medidas preventivas y de coordinación intergubernamental, y un presupuesto insuficiente, como las principales razones de su ineficacia. El nuevo gobierno promete “rediseñar” el programa de protección e incrementar el presupuesto para responder al aumento de demandas de protección en un 20%. Un compromiso y unas medidas que son sin duda una buena noticia para las 790 personas bajo protección estatal, 498 defensores de derechos humanos y 292 periodistas, pero que no revertirán la situación de manera inmediata porque las raíces del problema son históricas y pro-fundas.

Solo Afganistán y Siria son más peligrosos para ejercer el periodismo. 144 periodistas asesinados desde el 2000 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país. Esas cifras que durante años han sido ignoradas en los círculos políticos y mediáti-cos de los países europeos, como si de un elemento cultural más se tratara, como las rancheras, las catrinas o la Virgen de Guadalupe, empiezan a resonar con una nueva fuerza: en un momento en que se recortan los derechos y la libertad de prensa en todo el mundo, México en un auténtico aviso para navegantes y el mejor ejemplo de dónde se puede llegar cuando una nueva clase política convierte los ataques a los periodistas en una estrategia de comunicación política “sin complejos”, como les gusta decir, y con Trump como modelo y exponente máximo. Cuando el odio a los periodistas se extiende aumentan las agresiones y los asesinatos como certifica Reporteros sin Fronteras, 63 periodistas asesinatos el 2018 frente a los 55 del año anterior, y también aumenta el número de periodistas en prisión (348) o secuestrados (60).

México es un país peligroso para los y las periodistas, y muchos otros países lo son cada día más. En Catalunya el Mapa de la censura de Media.cat recoge nuevos casos cada mes, y la plataforma Xnet para la defensa de los derechos digitales en su informe

LOS MATAN PORQUE PUEDEN Y PUEDEN PORQUE LO IGNORAMOS

por Montse Santolino

“Fake news y desinformación” recién publicado, calcula que entre el 10% y el 25% de los seguidores de los partidos políticos españoles son bots. Algunos de esos partidos, en un ejercicio de cinismo político inigualable, abogan por controlar la desinformación limitando la libertad de expresión, cuando los principales responsables de dicha desinformación son las propias instancias de poder.

Hace 25 años el levantamiento zapatista consiguió abrir una ventana informativa sobre México y su realidad de pobreza, desigualdad y corrupción política, pero la máquina informativa se centró más en lo pintoresco de los indígenas y su subcomandante que no en lo que pretendieron denunciar, que era la connivencia del gobierno con los poderes económicos internacionales a través del Tratado de libre comercio.

La ventana informativa se fue cerrando progresivamente mientras se volvía a imponer un relato insultantemente simplificado del país como potencia económica de la región y país de renta media a nivel internacional, donde “la lacra” del narcotráfico provocaba algunas disfunciones puntuales.

Ahora hace cuatro años, en marzo de 2015, la periodista mexicana Daniela Pastrana, impulsora de Periodistas de a Pie y también perseguida y amenazada por su trabajo, estuvo en Barcelona invitada por Lafede.cat. y su programa de periodismo Devreporter.

Fue el mismo año que recogió el premio IPI Free Media Pioneer Award 2015 y cuando le preguntamos porque mataban periodistas ella sencillamente contestó: porque pue-den. Con Pastrana descubrimos hasta qué punto el relato fácil y escabroso del narco había invisibilizado la multiplicidad de factores que hacen posible que “se pueda” matar periodistas con total impunidad.

Mucho más allá de la estrategia de Felipe Calderón en su momento, la debilidad históri-ca del sistema judicial y del ecosistema periodístico, o lo que es lo mismo, una democra-cia de muy baja calidad, están en el origen del problema. El control de la prensa a través de la publicidad, la concentración de medios, la poca tradición, espacio, profesionales y recursos para hacer periodismo de investigación han convertido, a la fuerza, a los profe-sionales más responsables en héroes que se juegan la vida.

Igual que denunciaba que nunca había habido una prensa realmente libre en México, Pastrana también se quejaba del malperiodismo internacional, ese que solo ubica los países en el mapa a golpe de crisis, desastre natural, elecciones fraudulentas, atentados terroristas o asesinatos del narco, sin profundizar nunca en las razones de ese mundo desastre.

Como bien explicaba, el foco se pone en los 43 estudiantes desaparecidos en un esta-do pero no se menciona que en ese mismo estado hay cientos de concesiones mineras,

44

45

o que es el principal productor de amapola del país.

Su gran lección fue recordarnos que todos los lugares peligrosos resultan siempre estratégicos a nivel económico, y que en todos ellos, o con todos ellos, siempre hay alguien que gana mucho dinero. Los cárteles funcionan como transnacionales, y las transnacionales nunca han dejado de trabajar allí.

La OCDE recomendó hace poco al gobierno mexicano leer la prensa extranjera para enterarse de la corrupción de sus empresas señalando a las exportaciones en sectores de “alto riesgo de corrupción” como la industria extractiva, la manufacturera o la agríco-la. Los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos están relacionados, de una u otra forma, con los intereses económicos de las elites mexi-canas e internacionales. Negarlo es no querer ver el elefante dentro de la habitación.

Probarlo y castigarlo es lo que se ha convertido en misión imposible y España y Ca-talunya no pueden mantenerse al margen, porque México no es cualquier país para la economía y las empresas españolas. La última polémica fabricada a raíz de la petición de López Obrador para que España pida perdón por la conquista, es el mejor ejemplo de cómo, por mucho ruido mediático que se genere, los nombres de las empresas españo-las o catalanas que operan en el país no aparecen nunca mencionados en los medios generalistas o de gran audiencia.

El último (de momento) defensor de derechos humanos asesinado en febrero de 2019, el campesino Samir Flores, se oponía a la construcción de centrales termoeléctricas de la empresa Abengoa, centrales que forman parte de toda una infraestructura mucho mayor que incluye los gasoductos de Elecnor y Enagas, todas ellas empresas españo-las. Ecologistas en Acción ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que paralice el megaproyecto e investigue el asesinato, pero esa noticia jamás abrirá los informativos catalanes ni españoles.

Muchas comunidades campesinas se oponen a estos proyectos por sus impactos so-bre la salud y el medioambiente, y no es casual que en las fotos que circulan sobre Samir aparezca siempre con un micrófono delante. Miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua empezó a protestar contra las termoeléctricas con una ‘radio bocina’, un altavoz ambulante que movía por las azoteas, y después fundó la radio comunitaria Amiltzinko. Su periodismo de base y su capacidad de extender el mensaje lo hicieron especialmente peligroso. Como nos dijo Daniela Pastrana, los matan porque pueden, y pueden porque lo ignoramos. La impunidad es posible gracias a nuestro silencio o nuestro desinterés como activistas y periodistas.

Puesto que el sistema de protección no funciona como debiera en México, programas refugio como el de Barcelona son imprescindibles para que las personas amenazadas

45

MONTSE SANTOLINO

Periodista y responsable de comunicación de La Fede (Federación Catalana de ONG para el Desarrollo, la Paz y los Derechos Huma-nos).

puedan eludir el peligro inminente o sencillamente descansar gracias al apoyo econó-mico o psicológico. Conocer su testimonio de primera mano es necesario para romper el silencio sobre la situación, pero no es suficiente. Pastrana nos pidió fondos y ayudas para los medios y periodistas independientes, y también que apoyáramos su periodismo con el nuestro, que trabajáramos en equipo con periodistas mexicanos, y de cualquier otro país donde hubiera periodistas amenazados, para darle salida a las informaciones que a ellos y ellas podían costarles la vida.

Ojalá que el programa de refugio permita construir redes personales y profesionales que permitan de nuevo poner a México en la agenda y construir, conjuntamente, un buen periodismo transnacional porque, como han demostrado Wikileaks o el Consorcio Inter-nacional de Periodistas de Investigación, solo un buen periodismo transnacional podrá investigar y denunciar los abusos de los poderes globales.

*

Foto: www.directa.cat

47

Hace más de un siglo, en Francia, el propietario de un diario decidió que para te-ner más publicidad en sus páginas era mejor escribir la información de una forma aparentemente neutra, sin tomar partido explícitamente. Así evitaba un obstáculo a su rentabilidad: que los anunciantes rechazasen sus ofertas por falta de simpatía política.

También han pasado unos cuantos lustros desde que, en los Estados Unidos de América, una agencia de noticias que cubría una de sus guerras internas, se perca-tase de que si redactaba sus cables sin entusiasmos por una de las partes en liza, entonces, no solo sus amigos ideológicos comprarían y publicarían sus despachos, sino que todos los periódicos, tanto los afines a unos, como a otros, se suscribirían a sus servicios. Le guiaba la misma lógica del beneficio que en el caso anterior. Y así nació el mito de la objetividad periodística.

En el fondo, casi sin escarbar, basta arañar un poquito, para notar que es la mísma lógica con que Charles Prestwich Scott, el propietario y editor de The Guardian, que antes había sido parlamentario liberal, escribió en 1921: «el comentario es libre, pero los hechos son sagrados». Sin embargo, aunque la expresión haya sido tan repetida y asumida, es desacertada e imprudente.

No acierta porque, primero, según que opines, te juegas la vida, y la libertad no está en el derecho a decirlo, sino en poder seguir en la brecha, después del comen-tario. Segundo, porque siempre hay una valoración impregnada en la exposición de los hechos. Desde el instante en que decidimos contar un hecho, ejercemos una valoración, consideramos que merece ser conocido, que es importante. Y esa sim-ple estimación -y, por tanto, comentario, por muy poco explícito que sea- impregna indefectiblemente lo que exponemos y la transmitimos.

Desde esa sencilla valoración, hasta los eventuales valores implícitos (positivos o negativos) que conllevan los términos lingüísticos usados en el relato de los ‘hechos’ están cargados de opinión. Por poner un ejemplo casi inoquo, no es lo mismo decir que ‘el gobierno cambio su postura’ que decir ‘el gobierno corrigió su postura’. En el segundo caso, se indica implícitamente que antes estaba equivocado y, ojo!, en el primero no se indica si lo estaba o no, cuando eso puede que sea relevante.

Por lo tanto, la distinción entre hechos y comentarios es artificiosa. Pero aún hay otro motivo, el tercero. También es un error porque para dar sentido a los hechos, para comprenderlos, es necesaria una explicación, con lo cual si fuera posible ofre-

NI LOS HECHOS SON SAGRADOS, NI MUCHO MENOS LAS OPINIONES LIBRES, ES COSA DEL PODER

por Xavier Giró Martí

cerlos realmente solos, asépticos, aislados de una explicación -y por tanto comen-tario- su relato no tendría ningún valor, ni informativo, ni sagrado.

Sí, y también es imprudente porque sirve de base a las concepciones profesiona-listas del periodismo, las que por limitarse a presentar como modelo el trabajo ‘bien hecho’ -por mucho que se refiera a bien hecho en múltiples aspectos y no solo técni-cos- no constatan su naturaleza inevitablemente política, especialmente, en cuanto la actividad ‘profesional’ se ocupa de personas o grupos con poder y aún más si existe abuso de poder, que es cuando el periodismo tiene más sentido.

No hace tanto, pero si ya algunos años, que, sobre el poder y los poderes, un in-forme titulado “Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo”, decía:

“De manera acelerada, la región mesoamericana se ha convertido en una de las más violentas, inseguras y conservadoras del continente americano. En México, ello se expresa por el notable incremento de las violaciones a los derechos hu-manos por parte del Estado en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, así como por la cada vez más visible protección y complicidad de las autoridades locales y federales con el crimen organizado, los grupos de poder económico, las jerarquías religiosas, los caciques, entre otros poderes fácticos. Esta situación no solamente pone en riesgo la vida y la integridad de la población, sino que ha instalado un clima de miedo, desesperanza y descomposición del tejido social que restringe la capacidad de las personas para defender sus derechos.”

Si le damos crédito - y no se ve razón para no hacerlo, sino que más bien los datos conocidos de la realidad lo atestiguan-, la teoría que sostiene que la democracia se basa en la separación de poderes se estrella en el abismo. En primer lugar, porque con los tres poderes a que alude -el legislativo, el ejecutivo y el judicial- se deja de lado al económico -que en este caso incluye al narco-, o sea, como teoria es irreal. Y, en segundo lugar, porque, según deduce de los testimonios de las personas en-trevistadas para el diagnóstico mexicano, los poderes fácticos han intervenido en el Estado de tal forma que ni los avances legislativos en materia de protección de las defensoras y ni en protección de los derechos humanos son efectivos. De lo cual tampoco hay base para ponerlo en duda.

Es más, la capacidad de influencia determinante o de control de los poderes rea-les-fácticos sobre los supuestos poderes del Estado, los unifica por arriba y, claro, así hace añicos su supuesta separación. En síntesis, -esto no lo dice el informe- se hace bastante difícil hablar de democracia.

A estas alturas, es casi irresistible evocar el parecido entre la situación de las de-

48

fensoras con las amenazas, la persecución y la represión efectiva que padece quien práctica un periodismo de denuncia (explícito o implícito) o que no se pliega a las exigencias ‘informativas’ de los poderes reales.

Hay otro factor que, en detrimento de la democracia, opera en paralelo para las dos figuras. La impunidad, es decir, la falta de investigación y de sanción de los crímenes que afecta al conjunto de la sociedad, asemeja aún más, en particular, a las defensoras y a las y los periodistas críticos. Adicionalmente, la impunidad actúa como un elemento de inseguridad, porque el agresor puede volver a actuar, como un vector inhibidor de la actividad de denuncia o de contestación.

En definitiva, la naturaleza tozudamente política -en el sentido noble del término- que caracteriza el día a día del quehacer de la defensoras, impregna igualmente la tarea del periodismo inconformista. Paradójicamente, en un marco caracterizado por los indómitos poderes fácticos y la irreal separación de los poderes del Esta-do, el periodismo crítico, sin una protección efectiva del Estado, asume tareas del Estado -investigación y denuncia de la corrupción y de la no-democracia-, pero no dispone de las medidas de protección de un real Estado de derecho. La narrativa que presenta al periodismo como el cuarto poder que debería controlar a los otros tres es una idea carcomida, un mito enmohecido. Si alguien sueña con que la profe-sionalidad lo pondrá a salvo, vale más que despierte.

En realidad se trata de una lucha de poderes, de un conflicto, aunque no entre iguales sino palpablemente asimétrico. No obstante, no solo los ‘fácticos’ tienen poder, también lo tiene el periodismo que es capaz de revelar lo que otros quieren esconder, de exigir responsabilidades, de erosionar las bases sociales y electorales de los expuestos a la luz pública. Lo tendrá mientras pueda ejercer. Y porque así se contribuye a una sociedad más justa, conviene practicarlo, pero sería imprudente olvidar la dimensión política del periodismo crítico, que por eso está en conflicto, y que el conflicto tan desigual.

*

Xavier Giró MartíProfesor de Periodismo Político en la UAB, director del grupo de investigación Observatori de la Cobertura de Conflic-tes (OCC) y codirector de la diplomatura de postgrado ‘La comunicación de los conflictos y la Paz’. Foto: www.elcritic.cat

EN PRIMERA PERSONA VOCES DEL PROGRAMA

DE ACOGIDAPERODISMO EN AÑO ELECTORAL

El proceso electoral de 2018 en México, dejó entre 135 y 145 políticos asesinados por grupos criminales según recuentos realizados por los medios. Muchas de las investigaciones de estos asesinatos quedarán archivadas en las distintas Fiscalías de los estados del país, como ocurre con las víctimas de la narcoguerra, –desde que inició en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón– y que suman más de 250 mil, en una nación que se pinta de rojo de norte a sur, como una de las muestras del terror que se vive en la patria tricolor. Pero los delincuentes no sólo mataron a candidatos, sino defendieron el voto. En Acapulco un día antes de las elecciones aparecieron alrededor de 13 mensajes del narco escritos en lonas que fueron colgadas en diferentes avenidas, incluso en la Costera –la zona económica más importante del estado de Guerrero– donde advirtieron que quien fuera sorpren-dido comprando votos, sería asesinado.

En las elecciones de 2018 según la organización Artículo 19, se documentaron 143 agresiones contra comunicadores, de estos 52 ocurrieron el día de las elecciones el 1 de julio, mismas que van desde ataques físicos, intimidaciones, hostigamiento, bloqueo informativo, alteración o remoción de la información, que fueron cometidas por funcionarios públicos, e integrantes de partidos políticos, pero hay otras de las que no se sabe desde dónde viene la advertencia.

Las elecciones también dejaron en el cargo al primer presidente de izquierda, An-drés Manuel López Obrador, junto al partido que fundó cuatro años atrás, Movimien-to de Regeneración Nacional (Morena), con el que obtuvo la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Su partido, rompió la hegemonía que mantenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN) en el poder, pero también desbancó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en el 2006 y 2012 lo postuló como su candidato presidencial, y cuyas elecciones fueron fuertemente cuestionadas por las fallas en el sistema electoral y la intervención de los gobiernos en turno para que no ganara.

De un padrón de 89 millones 332 mil 31 ciudadanos que podían votar el 1 de julio, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo hicieron 56 millones 611 mil 27 ciudadanos. Las cifras oficiales finales del conteo señalaron que 30 millones 113 mil 483 votantes favorecieron a López Obrador es decir un (53.19%), en segundo lugar se ubicó al candidato de la coalición PAN, PRD, MC, Ricardo Anaya con el 22.27 %, y del PRI-PVEM, José Antonio Meade en el tercer lugar con el 16.41 % de los sufragios. Lo más inquietante y alarmante fue la intervención directa de grupos criminales antes, durante y después de las elecciones, que en estados como Gue-rrero, con amenazas de muerte o ejecutando a los candidatos los quitaron de las

NARCOELECCIONES EN GUERREROpor Jacob Morales

53

boletas o en su caso estos renunciaron bajo argumentos personales ante el Instituto Electoral local y de cuyo casos se aborda más adelante.

Según las cifras oficiales del INE, las elecciones fueron las más participativas en la historia de México. Tal vez provocadas por el desencanto de la población por la política priista del presidente Enrique Peña Nieto que con una serie de reformas a los sectores energéticos, y educativos, molestó a los sindicalistas quienes salieron a protestar. Poco a poco se sumó la molestia de la población, por la incumplida promesa de que los precios de las gasolinas y otros productos bajarían. Además del aumento de la violencia en todo el país, ejecutados, desaparecidos y la represión contra los movimientos sociales en defensa de sus tierras, el agua y minerales. La Ciudad de México que era considerada una de las menos violenta en el país dejó de serlo.

Guerrero: las elecciones de la muerte Guerrero, ubicado en el pacífico sur de México, es un estado de 3 millones 500 mil habitantes, que viven en una extensión de tierra de 64 mil 281 kilómetros cuadrados. Es uno de los tres estados más pobres y su principal fuente económica del estado es el turismo. Al menos una tercera parte de sus habitantes son de las lenguas Na’savi, Nahualt, Ñomndaa’, Me’phaa y afrodescendientes que se asientan en prin-cipalmente en la regiones Costa Chica, Montaña y Centro del estado.

Datos del Instituto Electoral indican que en Guerrero el padrón electoral es de 2 millones 561 mil 204 ciudadanas y ciudadanos, de estos un millón 18 mil 163 votó por López Obrador. En una de las elecciones consideradas las más tranquilas y serenas en la historia del estado, que se ha caracterizado por hechos violentos en el día de la jornada electoral.

Pero hay un antes, y un después de las elecciones, que pesa, y no es para más. Al menos 2 candidatos fueron ejecutados en plena campaña electoral, ambos del PRI. Se trata de Abel Montúfar Mendoza candidato a diputado local por el distrito 17 de la región de Tierra Caliente ejecutado el 8 de mayo, y el candidato a regidor en el municipio de San Marcos en la costa chica, Rodrigo Salado Agatón de apenas 23 años de edad, ejecutado en Acapulco, el 31 de Mayo. Sin embargo no fueron los únicos, la lista es larga y hay de todos los partidos políticos, incluso conocidos líderes locales.

El 14 de octubre de 2017, ex dirigente estatal del PRD y líder social, Ranferi Her-nández Acevedo, fue asesinado. Sería postulado por Morena como candidato para la diputación federal del distrito 06, en Chilapa.

El 26 de septiembre de ese mismo año, ejecutaron al dirigente de Movimiento Ciu-

54

55

dadano y aspirante a la alcaldía de Ajuchitlán del Progreso, Ángel Vergara Chamú.

El 9 de octubre, fue asesinado a balazos el ex alcalde de Zitlala, Francisco Tecu-chillo Neri, que sería postulado una vez más por el PRD a la alcaldía.

El 14 de noviembre fue hallado ejecutado adentro de una camioneta en Zihuata-nejo, el ex regidor y aspirante independiente a la alcaldía de ese municipio, Miguel Ángel Solorio Figueroa.

El 24 de noviembre, fue asesinado el dirigente de Movimiento Ciudadano en Que-chultenango, Armando Arturo López Solano, sería por cuarta vez el candidato a la alcaldía.

El 27 y 28 de diciembre fueron asesinados en Costa Grande, el alcalde perredista de Petatlán, el perredista Arturo Gómez Serna, quien buscaría la reelección, y el aspirante a la alcaldía de Atoyac por el PRI, Adolfo Serna Nogueda.

El 30 de diciembre, el ex director de Servicios Públicos Municipales de Zihuata-nejo, Marino Catalán Ocampo, que sería postulado por el PRD para alcalde, fue asesinado a balazos.

El 17 de enero de 2018 fue asesinado el dirigente municipal de Partido Encuentro Social (PES) en Petatlán, Gabriel Hernández Alfaro, aspirante a diputado local.

El 21 y 25 de febrero fueron asesinadas las precandidatas del PRD y del PRI a la diputación local del distrito 25, de Chilapa, Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Anayely Rebaja Pedro, respectivamente.

El 2 de marzo, el coordinador de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zihuatanejo y precandidato a la alcaldía por el PRD, Homero Bravo Espino, fue ejecutado en la colonia San José Ixtapa.

Pero también hubo reconocidos dirigentes locales ejecutados. El 7 de febrero fue asesinada a balazos en su casa la dirigente de izquierda en el municipio de Omete-pec, Evelia Acosta Genchi.

El 28 de mayo, en Chilapa fue asesinada en un transporte público, Paula Gutiérrez Morales, dirigente indígena del PRI.

Para el 28 de junio fue ejecutado el encargado de la estructura electoral del PRD, Jorge Luis Vargas Díaz, dentro de la casa de campaña del candidato a presidente municipal de Chilapa por el PRD, Antonio Hernández Godínez.

Además, hubo una decenas de amenazas y atentados contra candidatos a cargos locales de elección popular. Entre estos al candidato a la alcaldía de Eduardo Neri (Zumpango) por el Partido Nueva Alianza (Panal), Mario Alberto Chávez Carbajal, quien fue atacado a balazos en pleno centro de la ciudad el 19 de abril.

El 27 de junio. El aplcalde de ese mismo municipio el perredista Pablo Higuera Fuentes fue atacado a balazos, resultó ileso. Su esposa era la candidata del PRD, a la alcaldía. En el ataque armado murió una joven mujer y su bebé de un año.

Otros amenazados fueron por el crimen fueron el candidato a la alcaldía de Zirán-daro de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT y PES) Gregorio Portillo Mendoza, la candidata a alcaldesa de Teloloapan por la misma coalición, Rubí Nava Adame, y dos candidatos a diputados locales en la región, según denunció el repre-sentante de Morena en el instituto electoral local, Sergio Montes Carrillo.

Además del candidato de Morena a alcalde de Coahuayutla, Rafael Martínez Ra-mírez, quien denunció que recibió amenazas de muerte del candidato al mismo cargo postulado por el PRI y PVEM, Eleazar Rodríguez Mercado. La candidata a diputada local por el distrito 02 de la coalición Por Guerrero al Frente (PRD, PAN y, MC), Ana Laura Medina Bello, denunció amenazas en su página de la red social Facebook.

En el municipio de Cutzamala de Pinzón, la primera planilla completa de la coa-lición PRD, PAN y MC a cargos de presidente, síndicos, regidores y sus suplentes renunciaron, por motivos personales, sin embargo el hecho ocurrió luego de la ame-naza de un grupo criminal, después los partidos realizaron un nuevo registro y los nuevos candidatos volvieron a renunciar.

El poderío del narco

Son las 8 de la mañana de 1 de junio. El cuerpo de Rodrigo Salado Agatón sale de la iglesia del poblado de Las Vigas, San Marcos, en un ataúd. Arriba fue colocada una playera que usaba él en campaña. Una sonrisa denotaba el ánimo que tenía. Lo rodean unas 300 personas a su última morada.

El pueblo aún no se reponía del asesinato de su párroco, Iván Añorve Jaimes de 36 años, quien junto a otro sacerdote muerto y dos jóvenes heridas, fueron atacados a balazos en el municipio de Taxco de Alarcón al norte de Guerrero, el 5 de febrero de 2018. Rodrigo Salado fue asesinado a balazos el 31 de mayo en la carretera Acapulco-Barra Vieja, en la zona diamante del puerto.

El gordo como le decían sus familiares tenía 23 años de edad y era candidato a

56

57

regidor por el PRI en el municipio de San Marcos, ubicado a una hora de Acapulco. En su natal Las Vigas, entre gigantescas ofrendas de flores blancas que trataban de aliviar el llanto ensordecedor de los presentes, el joven priista fue recordado como alguien que quería apoyar a los campesinos de su pueblo, y que desde ese partido y el cargo, por el que contendía mejoraría la situación. A él también el cielo le lloró en el camino al panteón municipal de Las Vigas. Una pequeña población de casi 5 mil habitantes. Fue ese el último momento que su familia tuvo el privilegio de verlo, antes de que una losa de concreto sellara su tumba.

En el adiós sus familiares lo recordaron como un “niño sencillo”, a quien le gustaba la poseía y la oratoria. Recriminaron que sus sueños de político fueron interrumpi-dos por las balas de una pistola cuando viajaba en su camioneta. También exigieron hasta el cansancio justicia para el joven político. La imagen del ataque fue la más destacada en las primeras planas de los diarios de Guerrero, un estado donde nadie se salva de la muerte y donde el gordo pagó con su vida el intento de ser un político que quiso apoyar a los campesinos.

Otro de los políticos ejecutados en pleno proceso electoral fue el candidato del PRI a diputado local Abel Montufar. Sus hermanos Erit y Bonifacio, el primero de-legado de la Secretaría de Gobernación en el estado, y el segundo director de la policía auxiliar de Guerrero, indicaron que dejarían en manos de las autoridades la investigación del crimen cometido por integrantes de un grupo criminal.

Pero apenas el pasado 27 de agosto en una columna en el periódico El Universal, que escribe el periodista Héctor de Mauleón, reveló que el asesinato del candidato priista fue por no haber solicitado autorización a la alianza de los grupos criminales

Jacob Morales, y Luis Daniel Nava en entrevista para Radio Nacional de España / Barcelona 2018

de La Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación, para su postulación, y por-que se negó a declinar su candidatura porque el grupo de criminales apoyaba a otro candidato. En la columna el periodista da a conocer una foto filtrada en redes socia-les donde se observa el candidato asesinado y al líder criminal José Pineda Gon-zález “El JP”, con varios fajes de billetes. El periodista escribe y cierra su texto: “La imagen de Montufar con el JP tiene, al parecer, la fecha alterada para dar a entender que se tomó en marzo pasado. Lo que nada altera es el vínculo, de complicidad o sujeción, entre los políticos locales y los grupos del narcotráfico. La imagen captada aquella noche confirma nuevamente la amarga realidad del estado de Guerrero”.

Pero, en el estado los lazos entre los criminales y los políticos también son de sangre. Es el caso del diputado local por el distrito 24, Bernardo Ortega Jiménez quien fue postulado por la coalición Por Guerrero al Frente (PRD-PAN-MC). Sus hermanos Celso y Jorge Iván lideran el grupo delincuencial Los Ardillos, que man-tiene hundida en la violencia a los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Tixtla Que-chultenango y Zitlala.

Otro personaje vinculado al crimen es el líder transportista Servando de Jesús Salgado Guzmán “el puma de la sierra”, que fue postulado por el partido de izquier-da Partido del Trabajo (PT) como diputado local plurinominal, y una vez en el cargo se integró a la bancada de Morena, que en Guerrero logró una mayoría absoluta al sumar 25 diputados de 46 diputados.

El dirigente transportistas fue evidenciado en marzo de 2018, al filtrase una gra-bación conversación que sostuvo cara a cara con el líder criminal Issac Navarrete Celis, y que el gobierno de Guerrero lo señala como el cabecilla del Cartel del sur. En ella, Salgado Guzmán propone al capo una firma de “convenio de colaboración” entre sus organizaciones para parar la ola de asesinatos contra choferes del trans-porte público concesionado a particulares. La hermana del dirigente transportista, María Eugenia Salgado Guzmán fue postulada como candidata a la alcaldía de Chilpancingo, capital de Guerrero por el PT, pero perdió.

Incertidumbre, temor y miedo

Previo, durante y después de la jornada electoral en México, hubo incertidumbre, temor y miedo por parte de los comunicadores y reporteros que nos dedicamos día a día a salir a las calles por información, más aún por la cobertura el día de las elecciones.

La ola de agresiones y periodistas asesinados que a finales de agosto de 2018 suman 10, provocó que en 10 estados de la república, incluido Guerrero se confor-mara una Red de monitoreo #RompeElMiedo, que impulsó Artículo 19 México, junto

58

59

a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que coordinaron cada una de las redes de reporteros para registrar las agresiones y hacerlas visible lo antes posible.

En el caso de Guerrero al menos hubo dos alertas, generados un día antes del proceso electoral de los 143 documentados por Artículo 19. El caso del reportero del periódico La Jornada de Guerrero, Misael Damián quien recibió amenazas de muerte a través de redes sociales, en la ciudad de Ometepec, en la costa chica de la entidad. Además de mi caso, un bloqueo informativo, al tratar de dar cobertura a una gran congregación de personas quienes estaban entregando una copia de la credencial de elector a cambio de dinero, en la casa del candidato del PRI-PVEM, a la alcaldía de Ometepec, Alfredo Adame Montalban, quien ganó las elecciones.

Semanas antes y un día previo a las elecciones en comunidades de los munici-pios de las costa chica, como Ometepec, Xochistlahuaca, Ayutla de los Libres y Tlacoachistlahuaca los habitantes –en algunos casos apoyados por autodefensas y policías comunitarios, y afines a Morena– colocaron retenes en las carreteras, y así evitaron la entrega de productos básicos de alimentación, y el reparto de dinero para la compra de votos, ante la incapacidad de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales de evitar la compra de votos.

En los retenes los pobladores revisaban automóviles particulares, y del transporte público. Si no eras de la zona o las comunidades cercanas, te interrogaban hasta que ellos quedaran convencidos de que tu presencia en el lugar no era para comprar votos, –esto incluía a los reporteros que llegamos a dar cobertura en la zona–, de lo contrario quedabas retenido. Ilegales o no, la población salió a defender una demo-cracia donde el voto, realmente fuera libre y secreto, como reza la frase del Instituto Electoral de México, y con los retenes obligó y evitó a los viejos caciques empode-rados por los partidos tradicionales como el PRI a comprar la voluntad del pueblo.

Esta situación avizoró una confrontación y posible violencia entre simpatizantes de los partidos políticos el día de las elecciones, en una de las regiones donde en años pasados los ánimos se han desbordado y acaban con la quema de la papelería electoral y peleas a puño limpio entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el 1 de julio, el panorama fue otro. Una sorpresa que nadie se espe-raba. Largas filas se observaron dos horas antes de las 8 de la mañana, momento en que las casillas deberían abrir. Cientos de ciudadanos salieron a votar de manera tranquila y en orden, ese día no se registró un solo hecho de violencia en esa zona de Guerrero. En el resto del estado se reportaron algunos incidentes pero la gene-ralidad fue orden y un proceso en paz. Pero en Guerrero, hubo zonas de silencio donde ningún reportero se paró para tratar de dar cobertura a lo que ahí sucedía,

por precaución, miedo, y ante la falta de garantías del Estado de ejercer la libertad de expresión. Estos en su mayoría eran municipios de la región de la Tierra Caliente controlados por las organizaciones criminales.

Incluso la propias autoridades electorales informaron que en cinco comunidades de los municipios de Apaxtla, Teloloapan, Leonardo Bravo, y San Miguel Totolapan, no se instalarían casillas porque no tenían pobladores, muchos de estos había huido para evitar ser obligados a trabajar como sicarios o pistoleros de los delincuentes. Para informar de algún hecho uno se limitaba a los boletines de prensa del gobierno del estado o en su caso de los órganos electorales, que trataban de minimizar los hechos. Con suerte algunos reporteros obtenían testimonios por teléfono de algunos pobladores, obligando a las autoridades a dar más información.

En medio de todo y el miedo de todos

El día a día en Guerrero y sus principales ciudades como Acapulco –uno de los centros turísticos más importantes al sur de México– y la capital, Chilpancingo, son escenas de hechos violentos a cada minuto, el olor de la sangre ha quedado impreg-nada en cada una de sus calles.

Cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, indican que en 2017 hubo en México 30 mil 469 homicidios y ubicaron a Guerrero en el 2017 como uno de los dos estado más violento de México, con 2 mil 529 homicidios dolosos, en Acapulco ocurrieron 943 casos. En los primeros 6 meses del 2018 en el estado se contabilizan mil 408 homicidios por arma de fuego.

Vivir en Acapulco, es como sobrevivir a la explosión de una bomba. ¿Por qué?, porque no sabes en dónde, y a qué horas te tocará un enfrentamiento entre grupos rivales de los criminales o de estos con las fuerzas de seguridad. Peor aún si el transporte público en el que viajas es atacado a balazos. El puerto con la bahía más hermosa del mundo, pasó de la noche a la mañana, a ser la capital del homicidio en México, las cifras oficiales son más que claras, aunque pueden ser superiores porque hay víctimas de zonas lejanas que no son contabilizadas o porque sus cuer-pos jamás son encontrados y sus familias prefieren callar para no tener el mismo destino, y ser criminalizadas por el propio gobierno.

Guerrero tiene la cifra más alta de adolescentes y jóvenes asesinados en 2017, con 438, de un total de 2 mil 418 adolescentes y jóvenes asesinados en el país. Mientras la cifra de desaparecidos en el estado, de acuerdo a las mismas estadísticas de las Segob, de 2007 hasta enero de 2018, sumaban mil 688 casos.

Hasta el 31 de diciembre de 2016 en el Informe anual del Registro Nacional de

60

61

Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), había un total de 30 mil 499 personas desaparecidas en todo México. Los estados de Sonora, Guerrero, Puebla, Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Guanajuato con-centran el 91.4 por ciento de los desaparecidos, si se suman los datos. Para el go-bernador del estado que pertenece al PRI, Héctor Astudillo Flores, los jóvenes que están en calidad de desaparecidos “participaban en acciones delincuenciales” por la perdida de valores de las familias guerrerenses. Así lo dijo en un evento elitista en Las Brisas, Acapulco el pasado 3 de agosto.

En Acapulco es titánico encontrar una calle donde las balas no hayan cobrado la vida de una persona. Las escenas de sangre se han convertido en la cotidianidad para una población de poco más de medio millón de habitantes. Los niños han iden-tificado el olor de la sangre que se riega por sus pies a las afueras de las escuelas. Nadie se salva en una ciudad que día a día se hunde. Los militares han tenido que cuidar las escuelas porque los delincuentes entran roban y secuestran a los maes-tros que les enseñan a sus propios hijos. Los casos ocurren en las colonias más violentas de la zona sub urbana, como Emiliano Zapata, Renacimiento, Vacacional, Sector 6, Sinaí, Jardín. En otras como las del centro de Acapulco, los maestros son extorsionados. Incluso, los delincuentes han diversificado sus delitos.

El pasado 20 de marzo un grupo armado entró a una telesecundaria y una pre-paratoria ubicadas en la colonia La Frontera, para cortar el cabello a 20 alumnas y 2 maestras, además de robarles sus móviles. Después se supo que el cabello fue vendido en el mercado negro. El hecho generó el cierre de unas 200 escuelas en la zona suburbana. Otros sectores afectados son los pequeños comerciantes informa-les que venden en las aceras de las calles, quienes son asesinados a sangre fría e incluso frente a las autoridades. Todos tienen algo en común se han negado a pagar una extorsión denominada “cuota” a los grupos criminales, quienes de manera impu-ne incendian taxis, autobuses y negocios como una forma de venganza, y dejando narcomantas con amenazas o señalando a comandantes de la policía que apoyan a determinado grupo en las principales avenidas del centro turístico.

Lo mismo les pasa a los choferes del transporte público, a los médicos, a los dueños de hoteles y restaurantes, pero nadie se atreve a denunciarlos, porque si lo hacen la muerte también está garantizada, por la complicidad de las autoridades y los grupos de la delincuencia, aunque esto se niega.

Lo único que puede hacer la población es sobrevivir y cuando cae la noche resguar-darse en casa, porque las balas ronda a uno, pero ni entre las cuatros paredes es seguro. En cualquier momento un comando armado puede llegar a irrumpir y matar a toda tu familia, como ocurrió el 16 de diciembre de 2015, cuando en una casa en la colonia Providencia, tres integrantes de una familia y su perro fueron ejecutados.

Operativos van y vienen en la ciudad. Militares en cada 500 metros en la Costera, la principal avenida turística y económica del estado, pero, pese a ello, los crimi-nales han demostrado estar más entrenados, y asesinan con la tranquilidad de que no serán atrapados. Por la violencia, los turistas internacionales no llegan y los que provienen en su mayoría de la Ciudad de México han disminuido. Los que se atreven a nadar en la había no solo se encuentran peces, ahora también se pueden topar con una extremidad de alguna víctima que ha sido cortada en varias partes para después ser arrojada al mar.

Las aguas de la bahía poco a poco se han pintado de rojo y de llanto de aquellas familias que buscan a sus hijos o los hijos que buscan a sus padres desaparecidos. Los operativos que mes a mes cambian de nombre y que son integrados por la po-licía del estado, federales, el Ejército y la Marina, son sólo la sombra de la muerte, porque nada hacen ante la violencia, generada por la disputa de las colonias por parte de los grupos del narco que se dedican a la venta de drogas.

Para los reporteros salir por la mañana de casa a una jornada de trabajo en Aca-pulco, es despedirse de la familia como si fuera el último día de vida, porque nada, ni nadie te garantiza que regresarás para la cena, y así pasa con el resto de la po-blación. Pero darse cuenta de la realidad en que se vive, en un estado en una guerra no declarada, es compleja. Porque en la misma calle, hay vecinos que sufren más, unos que se han ido por miedo a ser asesinados y otros que llegan de pueblos leja-nos donde han sido desplazados, porque los grupos de criminales los amenazaron.

62

Jacob Morales, Luis Hernández Navarro y Luis Daniel Nava, Jornadas sobre periodismo en México en la Facultad de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) / Barcelo-na 2018

63

Ahora tratan de sobrevivir en una ciudad donde la mayoría vive de la economía del turismo y donde los campesinos que llegan se tienen que acostumbrar a vivir en una tierra de concreto donde el maíz y el frijol no crecen, peor aún entre una sociedad que los discrimina por su origen étnico.

Reportero en guerra

Ser reportero en Guerrero, México, en la época reciente, implica no tener vida, multiplicado por lo infinito. No hay un día que sólo trabajes las 8 horas que marca la Ley laboral, menos hay tiempo para tomar tus alimentos con tranquilidad, porque la noticia tiene un ritmo que te supera. En un día puedes contar 13 asesinatos sólo en Acapulco, ese mismo día se registra un sismo, bloqueos carreteros por falta de maestros, el anuncio de una nueva autodefensa, un enfrentamiento entre de-lincuentes en la sierra, y el asesinato de algún dirigente social que recientemente entrevistaste. Es caótico.

Los reporteros de las provincias de México, somos los más expuestos, frente a la ola de violencia, no sólo porque los delincuentes nos tienen identificados, sino por-que la mayoría no tenemos las garantías laborales, ni sociales que la Ley establece. Peor aún cuando un periodista quiere comprar en la iniciativa privada un seguro de vida, nos damos cuenta de nuestra realidad, hemos sido excluidos porque no somos un negocio, por la garantía de ser asesinados. Desde hace 10 años trabajo en este oficio, cubriendo los movimientos de lucha del sector educativo, la conformación de grupos armados –autodefensas y policías comunitarias en la costa chica de Guerre-ro–, la vida de las familias que buscan a desaparecidos y desplazados, la pobreza, los asesinatos y conflictos sociales como el movimiento contra la construcción de la hidroeléctrica La Parota a las afueras de Acapulco, lucha que cumplió en julio pasado 15 años.

Pero entre todas las coberturas hay una que no logro superar, Ayotzinapa. Desde Chilpancingo en caravana junto a otros colegas llegamos a Iguala casi dos horas después de los ataques. Bajo una fuerte lluvia. En el lugar no quito la mirada a los dos cuerpos inertes de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, asesinados la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, en el periférico de Iguala.

El ataque perpetrado por la policía municipal de ese municipio, y el grupo criminal Guerreros Unidos, dejó a otro estudiante más asesinado y tres civiles muertos en los distintos ataques simultáneos por la ciudad, uno de ellos, un adolescente de un equipo de futbol, además un estudiante normalista que sigue en coma y 43 desapa-recidos. Desplazado por una amenaza de muerte en Acapulco, vivo en otra ciudad en el mismo estado. No dejé de trabajar, de hacerlo estaría muerto en vida, sin dejar

a un lado que la muerte me ronda a cada momento. No pensé jamás que fuera mi realidad. Lo había oído de otros colegas del estado y del país, y siempre pensé, no me pasará.

Desde mi llegada a Barcelona, España, el tema de la violencia no ha dejado de dar vueltas por mi cabeza. Si bien la ciudad me ha ofrecido un espacio de respiro, lejos de la violencia cotidiana que se vive en México, antes de que el gallo cante por la mañana, estaré con un pie en mi estado, Guerrero.

El acompañamiento de quienes integran la Taula Per Mèxic, ha sido fundamental en analizar, todo aquello que por falta de tiempo y por otra excusa nunca me detuve a valorar. Ahora entiendo que soy un reportero en mi propia Guerra, aquel que en un inició planteó dedicarse y migrar del texto en papel, a las narraciones en radio y la televisión. Compartir con colegas, estudiantes de periodismo, así como las charlas con activistas y defensores de los derechos humanos en Barcelona me hizo com-prender más allá de lo importante que puede ser mi trabajo, la responsabilidad que tengo con aquellos que me cuentan sus historias, buscando justicia, sanar heridas y buscando oportunidades. Dejar de escribir sería lo equivalente a dejarlos morir en un llanto de silencio.

*

JACOB MORALESOriginario de Guerrero, México, reportero en El Sur. Periodista acogido en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

EL SELLO DE LA VIOLENCIApor Luis Daniel Nava

El previsible resultado de las elecciones en México el verano de 2018 fue salpicado por el asesinato de más de 100 candidatos y políticos; Guerrero fue la demarcación que más víctimas aportó.

La agenda de los medios de comunicación la marcó, como desde hace al menos cuatro años, la violencia y la inseguridad cotidiana, el horror convertido en cifras, así como los temerarios y desangelados mítines y los discursos de campaña de los candidatos ajenos a la realidad. Los reporteros laboraron en medio de la vorágine de la muerte y la lucha por los cargos de elección popular, que tampoco se detuvo.

El sello de la violencia

El proceso electoral de 2018 en México estuvo marcado por alrededor de 150 asesi-natos de candidatos y políticos así como por el rechazo reflejado en las urnas hacia los partidos políticos en el poder.

Al ejercicio mexicano de democracia electoral le antecede un estado de descom-posición social: pobreza, una escalada de violencia extrema, inseguridad, documen-tados casos de corrupción que involucraron directamente al gobierno federal y la inmunidad de la clase gobernante.

La peculiaridad de este proceso electoral fueron las agresiones y asesinatos sis-temáticos y en todo el país contra políticos y candidatos de todas las expresiones políticas, sin embargo el clima hostil generado fue rebasado por la alta participación ciudadana en las urnas. El hartazgo y la zozobra fueron el impulso.

De acuerdo al Indicador de Violencia Política de la consultora privada Etellekt, del 08 de septiembre de 2017 (inicio oficial del proceso) al 30 de junio de 2018 (día previo a las votaciones) en el país se registraron “145 asesinatos, 206 amenazas e intimidaciones, 85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego, 52 atenta-dos contra familiares (50 víctimas mortales), 36 asaltos con violencia, 25 heridos por arma de fuego y 21 víctimas de secuestro e intento de secuestro”.

Los estados con más casos registrados son Guerrero con 23, Oaxaca con 19, Pue-bla 13 y Veracruz 8, asentó la consultora.

Los estados que más padecieron la inusitada violencia política, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, son los que coincidentemente a lo largo de su historia han pre-sentado los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema.

65

E históricamente, principalmente el estado de Guerrero, ha experimentado protes-tas de campesinos, estudiantes normalistas, activistas y maestros para demandar justicia ante la sistemática violación a sus derechos humanos, la profunda desigual-dad social y la impunidad de los delitos.

Las demandas de justicia se pierden en el viento áspero, como si fueran hechas en medio de un desierto y ante el creciente número de desaparición de personas (incluida la desaparición forzada), las familias de las víctimas ya ni siquiera claman justicia, sino verdad.

Guerrero, semillero de insurrección

Guerrero es uno de las 32 entidades federativas, incluida la Ciudad de México (CDMX), capital del país; se ubica entre el sur de la CDMX y la costa del Océano Pacífico, y cuenta con de 3 millones 533 mil habitantes (Instituto Nacional de Infor-mación Estadística y Geografía, 2015).

La aportación de este estado a la historia de México es de tal calado que en la emancipación al virreinato de España, el territorio de Guerrero fue trinchera infran-queable para tal propósito, además de aportar a personajes de la primera línea de esa lucha como Vicente Guerrero.

Fue justo en esas tierras donde el cura José María Morelos y Pavón, conocido como Siervo de la Nación, lideró en 1810 un levantamiento armado de los pueblos (empresa que le dio el cura Miguel Hidalgo) y la ocupación del puerto de Acapulco, estratégico para la comunicación de la Nueva España. Luego del triunfo, Morelos instaló, en la ahora capital del estado, Chilpancingo, redactó y presentó lo que sería la primera Constitución de México, Los Sentimientos de la Nación, en septiembre de 1813.

Un personaje de relevancia, nacido en Tixtla, lugar de la emblemática Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es Vicente Ramón Guerrero Saldaña, caudillo, militar y político reconocido como el “Consumador de la Independencia” de México.

El apellido Guerrero se le dio a la nueva entidad federativa en 1829 como recono-cimiento su por la independencia.

En las décadas recientes, Guerrero ha sido semillero de más luchadores de causas políticas y sociales, que han sido perseguidos e incluso asesinados.

Genaro Vázquez Rojas (1931- 1972), maestro egresado de la Normal de Ayotzina-pa, encabezó luchas magisteriales y fue opositor político al gobierno estatal denun-

6666

ciando despojo de tierras, fraudes electorales y represión; fue encarcelado y luego pasó a la clandestinidad formando un grupo armado en la década de los sesenta y setenta.

Lucio Cabañas Barrientos (1931-1974), también fue maestro egresado de la Normal de Ayotzinapa, fue dirigente estudiantil y encabezó al grupo armado del Partido de los Pobres en la sierra de Guerrero en los setentas. En 1974, Lucio Cabañas encabezó el secuestro al entonces senador y candidato único a la gubernatura de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa (1908-1991), jefe de un clan de caciques que en la actualidad aún mantienen control político y económico en el estado.

***

A partir de 2013, ante el vacío de autoridad, en varios puntos del estado los pueblos comenzaron a conformar policías comunitarias para frenar asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones; la decisión de asumir su propia seguridad fue y está sustentada en una ley local, en la Constitución y en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que otorgan el derecho a las comunidades (que han clasificado como “indígenas”) de tener sus propios sistemas de justicia.

No obstante, el Comité para la Libertad de Presos Políticos de Guerrero docu-mentó la persecución de parte del gobierno del estado de al menos 12 dirigentes e integrantes de las policías comunitarias, así como de un centenar de ordenes de aprehensión en su contra.

… de literatura

Guerrero ha dado su aportación a la literatura. Ignacio Manuel Altamirano (1834-1823) originario de Tixtla, hijo de un alcalde, formado en colegios de la capital del país y diplomático, rescató con la narrativa las condiciones de la vida rural del país en obras como La navidad en las montañas (1871) y El Zarco (1901).

La obra de Altamirano fue influencia en Juan Rulfo, impulsor de la literatura hispa-noamericana y celebre por El Llano en llamas (1953) y Pedro Paramo (1955), este último inspiración de Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez, como el mismo lo reconocería en un artículo que escribió para el diario El País de España en 1995.

… de pobreza

Más de la mitad de la población en Guerrero es pobre y está ubicada con un grado de rezago social “muy alto”.

67

En 2016 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-neval) informó que de una población de 3 millones 593 mil 873 personas, 2 millones 314 mil 720 viven en condición de “pobreza” (población que presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades), es decir el 64 por ciento.

Las carencias o derechos sociales son educación, salud, seguridad social, vivien-da, servicios básicos y alimentación.

Mientras que en “pobreza extrema”, que define a la población que tiene un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria y tiene tres o más carencias sociales, se encuentran 825 mil 214 personas, el 22.9 por ciento.

… de organización

Los pueblos originarios han ganado batallas. Una de ellas a favor de su territorio se dio en la región de La Montaña: En un juicio, la comunidad San Miguel El Progreso del municipio de Malinaltepec logró que el gobierno mexicano cancelará un nuevo permiso para que una minera canadiense continuara con la extracción en sus tie-rras.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó en julio de 2017, que el 28 de junio del mismo año, una jueza ordenó al gobierno federal dejar insubsistente una Declaratoria (basada en la Ley Minera) que permitía reactivar con-

Luis Daniel, Manu Chao, y defensoras de Derechos Humanos de México en un encuentro de solidaridad con Latinoamérica en la Casa de la Solidaritat / Barcelona 2018

6668

cesiones para la extracción de minerales por parte de particulares y que en caso de insistir se tendría que consultar a la comunidad.

Tal Declaratoria de la Secretaria de Economía, explicó Tlachinollan, contravenía la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ponen como interés superior los derechos de los pueblos originarios y su autonomía.

La lucha de San Miguel del Progreso en contra de las mineras inició en 2010.

No obstante, en el estado operan 901 concesiones mineras que abarcan 13 mil 542 kilómetros cuadrados de un total de 63 mil 596, es decir, el 21 por ciento del territorio está siendo saqueado y está provocando daños al medio ambiente, a la salud de la población y a los trabajadores que tienen contacto directo con el cianuro.

… de droga

Con la llegada de la planta amapola (base de la producción de la heroína) prove-niente de Sinaloa en los setenta, su cultivo ha llegado a convertirse en el principal sustento económico de miles de familias campesinas en la sierra y en La Montaña.

Guerrero ya es el principal productor de esa planta, de acuerdo a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena); en 2017, la Sedena halló 28 mil 221 hectáreas sem-bradas, sobre las 22 mil 235 hectáreas de 2016.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó en 2017 que México es el tercer productor de la heroína en el mundo, detrás de Afga-nistan y Myanmar.

Por cada hectárea sembrada de amapola se producen ocho kilos de goma de opio (con un valor de 48 a 66 mil pesos) con la que se puede producir un kilo de heroína que actualmente tiene un costo de cuatro millones 500 mil pesos, de acuerdo a los mismos reportes militares. Familias enteras que se dedican a la siembra y cosecha de amapola o mariguana no tienen opción, trabajan sus pequeñas parcelas o rentan su fuerza de trabajo a bajo costo.

Y de tragedia

La historia, movilización y tragedia sistemática se retrata en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera del municipio de Tixtla. La escuela se fundó el 2 de marzo de 1926 como parte de un proyecto de Escuelas Rurales o Centrales Agrícolas y que tenían como premisa la concientización y par-

69

ticipación social de los alumnos para la transformación de su entorno. El principal requisito para el ingreso es ser pobre y tener vocación de servicio.

Su modelo socialista y la defensa de su presupuesto –de las 36 normales rurales que en 1939 existían en México, sobreviven 17–, le ha generado a la normal de Ayotzinapa la estigmatización del sector conservador y de los representantes del gobierno local y federal que han buscado desmantelarla y han atentado contra la vida de sus estudiantes.

En diciembre de 2011, la policía estatal y federal desalojó con brutalidad y a ba-lazos una manifestación sobre una autopista en Chilpancingo; los estudiantes res-pondieron con piedras y petardos; el resultado: los estudiantes de nuevo ingreso Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados, así como el despachador de una gasolinera, Miguel Rivas Cámara, al tratar de apagar el fuego provocado durante la trifulca.

En enero de 2014, dos estudiantes, Eugenio Tamarit y Fredy Vázquez, también de nuevo ingreso, murieron al ser arrollados por un tráiler durante una colecta de dinero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

La noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014, cuando agarraban el control de autobuses de transporte público para futuras movilizaciones, los nor-malistas fueron atacados por policías municipales, estatales y pistoleros del crimen organizado, ante la presencia de policías federales y del Ejército. El resultado de la represión ha sido uno de los más crueles y sangrientos de México: 6 asesinados: 3 estudiantes, 2 integrantes de un equipo de futbol juvenil y un civil; 29 personas heridas por arma de fuego y 43 estudiantes fueron desaparecidos.

El crimen sigue sin ser esclarecido por las autoridades.

En ese contexto, este reportero recuperó la biografía de tres de los estudiantes desaparecidos a partir de testimonios de su familia y personas cercanas.De esta manera se plasmó la historia de Abelardo Vázquez:

Estaba decidido a ir a Ayotzinapa, su papá no tenía dinero para sostener sus estudios pero ahí le iban a dar todo

Atliaca, Tixtla octubre 20, 2016.

En el festejo de su cumpleaños, el 21 de septiembre, Abelardo Vázquez Peniten, contaba entusiasmado a su familia que había sido aceptado en la Normal Rural

6670

de Ayotzinapa, y que en un futuro no tan lejano estaría enseñando a leer y a es-cribir a sus propios alumnos.

Al siguiente día por la mañana salió de su casa… no ha regresado.

Abelardo Vázquez Peniten e Israel Caballero Sánchez son los dos estudiantes originarios de la localidad de Atliaca –ubicada a 15 minutos de la Normal–, que, junto con otros 41 compañeros, fueron desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre y aún se desconoce su paradero.

El día de su clausura de la Preparatoria Popular Emperador Cuauhtémoc, el 19 de julio, Abe ya tenía la actitud firme de irse para Ayotzinapa.

—Sabes que no tengo dinero —le dijo su padre Ciriaco, que solo pudo estudiar hasta la primaria por falta de dinero pero que del campo y la albañilería ha podido sostener a una familia de siete hijos y ha levantado ladrillo por ladrillo su pequeña vivienda rústica de concreto.

—Allá nos van a dar todo, yo quiero estudiar.

—Pues si te vas, échale ganas, voy a conseguir dinero para ayudarte –asintió su padre.

Abe se fue al siguiente día y comenzó las pruebas de agricultura en la escuela y comunidades vecinas así como las actividades físicas para mostrar que es campesino.

El sábado 20 de septiembre, día en que cumplió 19 años su hijo, recuerda don Ciriaco, Aberlardo llegó de sorpresa a su casa, nadie lo esperaba.

—No sabía que ibas a venir hijo, no hay nada preparado, no hay comida.

—Es que me dieron permiso.

Al siguiente día la mamá de Abelardo le preparó una comida para no pasar sin festejar el cumpleaños. La familia con cinco de sus siete integrantes, rió, celebró, platicó.

Ese día Abe le contó a don Ciriaco que ya había pasado las dos semanas de prueba y que iba a empezar a estudiar para formarse como maestro rural.

“Se fue el lunes 22 a las 8 de la mañana, ya no regresó,. Dijo: ‘ya me voy, ahí re-

71

greso, no sé cuándo, ahora nos van a dar permiso el 30 de octubre’”, recuerda don Ciriaco con una carga de tristeza y coraje en la cara, esa tristeza y coraje que le han dado los más de 90 días de lucha y de espera sin saber el destino de su hijo.

Fue el sábado 27 cuando don Ciriaco ya se iba a trabajar que le dieron la noticia y se fue de inmediato a la Normal; ahí recibían noticias de viva voz de los estu-diantes a los que aún les temblaban las manos y permanecían pálidos tras estar en medio del terror provocado por las balas de los policías municipales, por ver morir a sus compañeros y por lograr escabullirse de los retenes de los militares y sicarios de la delincuencia organizada. El domingo por la mañana, junto con otros padres y madres, emprendieron la búsqueda en la ciudad de Iguala porque les ha-bían dicho que sus hijos estaban en las barandillas de la Comandancia municipal.

“Fuimos a barandillas y no había nadie, y los policías que estaban en guardia se veían entre ellos, luego se ve que sabían algo, dónde los tienen; fuimos al cuartel, nada; fuimos al Semefo (morgue) nada… Después supimos que ese día domingo, mientras nosotros estábamos buscando en Iguala, a ellos (los estudiantes) los te-nían en Pueblo Viejo, ese día domingo los tenían en una casa pero pues nosotros no sabíamos”.

Los recuerdos de Abelardo no se han ido, están más vivos que nunca:

“Como padre le decía, como relajo, ‘yo quiero en la boleta puro 10 no puro 6 o 7 pero ni modo si van saliendo así tus calificaciones ni modo’; pero sí, que tiene ochos, nueves y partes que tiene 10. Le gustaba estudiar”.

En efecto, Abelardo egresó de la preparatoria popular de Atliaca con un prome-dio de 9.

“Le gustaba estudiar pero también le preguntaba ‘¿porqué quieres estudiar ahí (en Ayotzinapa)? ‘, yo ahí le dije ‘sabes que los maestros también ganan poco, a veces los mandan a la Sierra, a la Montaña, lejos, y aparte ganan poco, de ahí sacan para el pasaje y la comida y ganan muy poco, para mí como que no tiene caso’”.

Don Ciriaco cuenta que su hijo tiene una novia y que por ahí lo trató de conven-cer de no irse a la Normal.

“A veces le hablaba, hijo: ‘mejor júntate pues ya tienes los 18’”.

—No, a mi me falta, yo tengo que estudiar, tener un trabajito porque no quiero yo andar sufriendo, ve a unos que tienen estudios y ya tienen familia y no pueden,

6672

73

ya no se puede. Primero voy a terminar de estudiar, ser maestro y ya después lo otro.

Los tiempos libres de Abelardo y de su hermano menor, eran para ayudar a su padre en el trabajo.

“En sus tiempos libres les decía (a sus dos hijos varones) que fueran conmigo a trabajar y me ayudaban a trabajar, ‘saben qué: van hacer esto y esto’. Me ayuda-ban a amarrar varilla, a pegar tabique, a la mezcla, ya sabían y como son chavos le echaban ganas”.

A Abelardo también le gustaba practicar futbol en el pueblo y últimamente, como si se estuviera preparando para las próximas pruebas físicas de la Normal, se levantaba a las 4 de la mañana para irse a correr hasta Tixtla.

Mientras sus hijas pequeñas juegan y gritan en el cuarto contiguo, la televisión está prendida sin que nadie le ponga atención y su esposa continúa con sus labo-res del hogar, don Ciriaco describe que Abe, su hijo regresa a casa.

“Ya van dos veces que lo sueño, que si llega, que llega. El otro día soñé que pla-tiqué con él, me dice que está bien, me dice que ya está aquí. Su mamá también no sé cuántas veces lo ha soñado”.

“Pero sí, y ahora, quién sabe hasta cuándo van a regresar a nuestros hijos, ya van cuatro meses. ¿Qué quiere más el gobierno, a cambio de qué, qué quiere a cambio de nuestros hijos?.

“A lo mejor quiere cerrar la escuela, a lo mejor algún candidato no la quiere. De eso no sabemos.

“Nosotros sabemos que están vivos, el gobierno los tiene, yo lo sé. ¡¿Por qué no los quiere entregar?!”.

***

Búsquedas

En 2017 se registraron 2 mil 529 homicidios en el estado; en el primer semestre de 2018 la cifra tocaba los 3 mil, la mayoría considerados dolosos y por lesiones de arma de fuego, según la Secretaria de Gobernación. De 2007 a enero de 2018 suman mil 688 casos en la entidad; de 24 desaparecidos en 2007 la cifra se disparó a 316 en 2017. El nivel de violencia se traduce en historias de horror cotidiano y evi-

Chilapa, Gro; 10 de mayo de 2018. Familiares y madres de desaparecidos en Chilapa, agrupa-dos en el colectivo Siempre Vivos, dedicaron este 10 de mayo a la búsqueda de fosas clandes-

tinas en la zona rural donde tenían indicios de que pudieran encontrar restos o cuerpos. En el accidentado recorrido sólo hallaron fragmentos de ropa. / Fotografía: Luís Daniel Nava

dencian el fracaso de las políticas de seguridad y de justicia. Sin entusiasmo alguno ni ánimo ante la proximidad de las elecciones, en mayo de 2018 una docena de fa-miliares de personas desaparecidas salieron a buscar (uno de tantas búsquedas ciu-dadanas), indicios de sus seres queridos en lugares una zona de fosas clandestinas.

Así se consignó la búsqueda de una madre, que ya lleva tres años de vía crucis:

“A veces no tengo ganas de levantarme ni de seguir”, dice Carmen, madre de dos desaparecidos en Chilapa

Chilapa, Guerrero. Mayo 11, 2018.

“A veces ya no tengo ganas ni de trabajar, no tengo ganas de levantarme ni de seguir pues”, comentó la señora Carmen a tres años de la desaparición de dos de sus hijos, y en la víspera del Día de las Madres.

Esta vez la presencia y promesas de atención de altos representantes de las co-misiones nacionales y estatales de derechos humanos así como de autoridades estatales y municipales en Chilapa, no la inmutan.

“No me alegra nada porque siempre vienen autoridades, siempre autoridades van y siempre está igual”.

La señora María del Carmen Abarca Nava de 47 años sufrió en marzo y mayo de 2015 la desaparición de dos de sus tres hijos, el mayor y el menor, y desde entonces ha emprendido sin éxito la búsqueda de sus muchachos.

Héctor Jaimes Abarca que al momento de su desaparición tenía 30 años estu-dió Antropología en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y colaboró en el Centro Morelos. La última vez que lo vieron fue la tarde del miércoles 18 de marzo de 2015, justo el día del cumpleaños de su mamá, cuando regresaba de Chilpancingo y se dirigía a su casa en la periferia de la ciudad de Chilapa.

Luego, en la irrupción de civiles armados, la tarde del nueve de mayo del mismo año, Jorge Jaimes Abarca, de 18 años, fue detenido en un retén en la glorieta de la ciudad cuando aún trabajaba como repartidor de tortillas, desde entonces no hay noticias de él.

A tres años de la tragedia, fatigada física y emocionalmente con su trabajo de comerciante a cuestas para subsistir, Carmen continúa buscando a sus mucha-chos. La lucha la ha costeado sola sin el apoyo de las autoridades a pesar de

6676

que está en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) creado para atender a los familiares de las personas afectadas por delitos del crimen organizado, para brindar asistencia, salvaguardar su integridad física y psicológica así como para hacer una reparación integral del daño.

El trabajo sigue, dice, “lo mas trabajoso sigue al no saber nada de ellos, no hay ni una investigación, ni un detenido, no hay nada que las autoridades nos puedan decir, no hay nada, no sabemos nada de ellos”.

Revela que en cuestión económica no ha recibido apoyo para subsistir o man-tener la búsqueda.

“Dicen que los que tengan Renavi los apoyan pero de nada sirve que tengamos, ya tres años y casi no nos han dado nada, hemos andado dando vueltas, hemos andado gastando dinero pero de nosotros, gastando nuestro poquito dinero que tenemos, trabajamos y ya así nos vamos, pero por parte de las autoridades nin-gún apoyo”, se quejó.

La búsqueda, agrega, la ha tenido que combinar con su trabajo diario por lo que su situación económica decayó.

“Cambió mucho porque ya no trabajamos igual, como yo siempre he trabajado desde que tenía 12 años, siempre me ha gustado trabajar, cuando empezaron a estudiar mis hijos los he sacado adelante”.

“Héctor empezó a estudiar una carrera y trabajaba yo para que él se fuera y pa-gaba su renta, lo que iba a pagar de colegiatura, me ponía a trabajar, sin embargo ahora ya no trabajamos igual porque en lugar de ponernos a trabajar nos vamos a buscarlos. Andamos investigando por dónde los tienen, si los tienen vivos o si ya los mataron. O sea, no sabemos nada, aunque andamos por allá, pues no, no sabemos nada”, relató.

–¿Qué esperan con la visita de las autoridades y de los representantes de de-rechos humanos nacionales y estatales?– se le pregunta después de comer al término del foro organizado por el colectivo Siempre Vivos, del cual es integrante.

–Pues ya no me alegra nada porque siempre vienen autoridades, siempre auto-ridades van y siempre esta igual.

Comentó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les ha pagado el pasaje a la Ciudad de México, pero que tienen que devolver el poco dinero que les sobra y que con la mala fortuna de un robo en este momento está endeudada.

77

“Hemos ido a la Ciudad de México como tres veces, nos han pagado el pasaje, nos han depositado para el puro pasaje pero el poquito dinero que nos sobra lo tenemos que devolver”.

“Incluso yo esta vez que fui a México me robaron lo que es mi dinero, todo el monedero y aun así lo tuve que devolver, ese dinero yo lo debo, tuve que conse-guir ese dinero para devolverlo todavía, tenía que devolverlo para que mi historial estuviera limpio”, cuenta.

“Eran 4 mil 200 (pesos) que me robaron en el transcurso que fuimos a México porque como no hallamos flecha (autobús) de México a Chilapa, nos tuvimos que venir de México a Chilpancingo trasbordando, entonces cuando nosotros nos venimos a mí me robaron mi dinero”.

Desmoralizada por su peregrinar y la falta de resultados, con una depresión evidente sostiene que tiene que seguir la búsqueda de sus hijos.

“A veces me siento mal, a veces ya no tengo ganas ni de trabajar, no tengo ganas de levantarme ni de seguir pues, pero aún así ando y también si vamos al doctor, lo hacemos por nuestros propios medios”.

***

Luis Daniel, Jacob Morales, Sandra Vicente (miembro del equipo PAT Periodistas) y David Llistar (Director de Justicia Global i Cooperació Internacionals) durante la presentación oficial

del programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic, en la Direcció de Justicia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona / Barcelona 2018

6678

La Montaña baja

En la parte baja de la Montaña, cuyo principal población es el municipio de Chilapa, fueron asesinados, de octubre de 2017 a junio de 2018, un aspirante de Morena a candidato a diputado federal y dos mujeres que aspiraban a ser candidatas a dipu-tadas locales por el PRD y el PRI, una promotora del voto y un responsable de la estructura electoral en ese municipio.

Si se amplía el lapso del tiempo y la demarcación las cifras suben: Chilapa y sus vecinos Ahuacuotzingo y Zitlala han registrado de 2014 a la fecha 26 asesinatos y

En la elección del 1 de julio, en Gue-rrero votó el 62 por ciento de 2 millo-nes 100 mil electores. En la entidad, el partido Morena ganó la presidencia de la República; ganó 8 de 9 diputa-ciones federales y las dos senadurías por mayoría de votos.

El resultado en los puestos locales quedó de la así:

*Ayuntamientos

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM): 22Morena y Partido Encuentro Social: 16 Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movi-miento Ciudadano (MC): 17 PRD: 10PT: 5MC: 4PVEM: 4

Partido del Pueblo de Guerrero (PPG): 1Partido Nueva Alianza: 1

El municipio Ayutla de los Libres que gobierna el PRI, eligió el 15 de julio a sus autoridades por “usos y costum-bres”.

*Congreso (Conformado por 46 dipu-taciones)

Morena-Partido Encuentro Social: 21PRI-PVEM: 12PRD: 8PT: 2PAN: 2Movimiento Ciudadano: 1

A esos números le antecedieron 14 ataques a los políticos, operadores electorales y candidatos registrados prácticamente en todo el estado.

LA ELECCIÓN DE LA VIOLENCIA

79

Zitlala, Gro; 01 de julio de 2018. Imagen de las votaciones del 01 de julio de 2018 en la localidad de Zitlala, la entrada a la Montaña de Guerrero. /

Fotografía: Luís Daniel Nava

una desaparición en contra de precandidatos, autoridades y ex alcaldes. Además en el primer municipio tres jefes policiacos y cuatro policías municipales han sido ase-sinado, dos cesados por presuntos vínculos con grupos delictivos y señalamientos de organizaciones no gubernamentales; uno más renunció.

La incubación de la violencia en la forma de vida en un municipio de 130 mil habi-tantes viene de cuatro o cinco años atrás; los ataques a los personajes políticos son parte de un rompecabezas sin pies ni cabeza.

Como la humedad, la inseguridad fue permeando en todos los sectores de la so-ciedad en el municipio y alteró el orden de uno de los lugares considerados uno de los más pacíficos, religiosos y pintorescos del estado por su artesanía, gastronomía y sitios arqueológicos.

De manera abrupta el comercio, la educación, el transporte, la cultura, la vida pú-blica, los espacios de recreación, la cotidianidad se colapsaron por estar en medio de la violencia.

Las consecuencias son evidentes, decenas de colectivos buscan ya no justicia sino rastros de sus familiares desaparecidos, decenas de inocentes privados de la vida, calles solitarias por las noches donde ni los perros ya prefieren estar, una ciudad militarizada de manera aparatosa pero con índices de criminalidad a la alza.

Chilapa es el microcosmos de lo que viven cientos de municipios; de lo que se ha convertido la vida a nivel estado y a nivel nacional.

Sólo para ilustrar, en este municipio el partido oficial (PRI) retuvo la alcaldía y la diputación local.

En medio de este enrarecido ambiente, se encuentra la actividad de un polémi-co obispo que busca de conciliación entre los políticos, ciudadanía y grupos del crimen. El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha revelado acercamientos con lideres de la delincuencia con el fin de evitar más asesinatos, así como las recomendaciones que le hicieron sobre las elecciones.

El 30 de marzo, consultado al concluir una misa en la catedral de Chilapa, el obispo soltó:

“(…) esas personas están dispuestas a cooperar, a respetar el voto y sobre todo algo muy importante que acordamos con estas personas es que van a dejar en entera libertad a estos candidatos y que el pueblo elija, eso me agradó muchísimo que esas mismas personas no van a coaccionar el voto por medio de la violencia”.

6682

83

“Chilapa ha sido una de las ciudades mártires de Guerrero, desgraciadamente se ha dado a conocer en una manera internacional por la violencia que se está dando. Mi presencia aquí en Chilapa en estos días santos es para darle confianza a la gen-te, yo poner mi granito de arena y esto es muy importante, que la gente se empodere de la ciudad y de las instituciones”.

“Decirle a las personas que se dedican al mal, que no queremos que sigan hacien-do el mal, las aceptamos como personas, como ciudadanos, pero que ya no causen más lagrimas, más dolor, que la gente ya está más adolorida”. (El Sur, 31 de marzo de 2018).

Periodismo bajo fuego

Así como la defensa de los derechos es sinónimo de represión y la política se con-virtió en el nuevo flanco de la violencia, el ser reportero en Guerrero es una labor de alto riesgo.

A raíz de la retención y asalto a siete reporteros en 2017 en la región Tierra Calien-te4 , fue reagrupada la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG).

La APEG ha documentado de 1997 a la fecha que en el estado se han registrado 13 asesinatos de comunicadores, dos desapariciones y un exilio.

Tan sólo en 2017, 34 reporteros fueron objeto de agresión, hostigamiento y ame-nazas (uno de ellos se trata de un homicidio) en el contexto de su labor periodística por parte de gobernantes, servidores públicos, sindicalistas y grupos criminales.

A la condición vulnerable de la actividad periodística se le suma la precariedad salarial y la falta de prestaciones laborales, como salarios justos, seguro de vida, derecho a la salud, a la vivienda o vacaciones, en la mayoría de los reporteros o fotógrafos (no hay un registro exacto del porcentaje de periodistas con contratos de trabajo y sin ellos).

Las grandes empresas que tienen sus filiales en Guerrero como la Organización Editorial Mexicana en la actualidad están pagando 35 pesos (1.6 euros) por nota informativa, mientras que empresas privadas de televisión o radiofónicas mantienen salarios de 50 pesos (2.3 euros) por nota informativa en un contexto donde salir a trabajar es poner en riesgo la vida.

4 De Dios Palma, A. (15 de mayo de 2017). “Nos detuvieron por lo que documentamos”: perio-distas agredidos en Guerrero. El Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/

La labor de informar como un acto de resistencia, de rebeldía o de compromiso social en medio de una guerra que nadie pidió y que ha dejado decenas de miles de víctimas, en medio de una pobreza que no es destino sino causa, de una violencia incubada en la corrupción, impunidad y en falta de empleos, bienestar.

La labor de informar en un ambiente social no convencional también implica en-tender y explicar las causas y consecuencias de las dramáticas y frías estadísticas, pero también buscar las salidas que ni el gobierno electo en julio de 2018 ha sabido explicar.

*

LUIS DANIEL NAVALuis Daniel Nava. Originario de Guerrero, México, reportero en El Sur. Colabora con la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero APEG. Periodista acogido en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

EL PERIODISMO MEXICANO ANTE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

por Miriam Ramírez

El presidente le cedió el micrófono. Ella aún sin entender qué estaba sucediendo se quedó sentada, un poco encogida de hombros. Él insistió: “pasa aquí al frente, ¿tienes algo que decir?”.

Sin dudarlo pero evidentemente nerviosa, Griselda se levantó de su silla, junto a ella había una centena de periodistas de todo el país que diario acuden al Salón Tesorería del Palacio Nacional para dar cobertura a la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Griselda subió al podio y tomó el micrófono, a su costado derecho y un paso atrás de ella se colocó Andrés Manuel; de su lado izquierdo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Griselda Triana es la viuda de Javier Valdez Cárdenas, periodista sinaloense ase-sinado el 15 de mayo de 2017. El 25 de enero de 2019 entró a Palacio Nacional, respaldada por un grupo de periodistas cercanos a su causa, para exigir una inves-tigación rigurosa en el asesinato de su esposo. Ninguno de ellos se imaginó que Andrés Manuel le daría la palabra.

“Que la Fiscalía General de la República haga su trabajo; que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier”, fue la exigencia de Griselda para su esposo. Aunque fácilmente a sus palabras se le podría quitar el nombre “Javier” y colocarle el de cualquier victima en México. La exigencia sería la misma.

El momento transmitido a nivel nacional, no tiene precedentes en la búsqueda de justicia para 123 1 periodistas asesinados y 24 desaparecidos en México en los últimos 19 años. “Las puertas están abiertas”, fue una de las respuestas que dio el presidente de México a la viuda del periodista.

El mensaje de apertura ha sido fundamental en la estrategia del gobierno que inició el pasado 1 de diciembre de 2018 y que mantiene a López Obrador con una aceptación ciudadana del 67 por ciento, al finalizar su primer trimestre de gobierno. Se trata de la calificación más alta que ha tenido un presidente mexicano al inicio de

5 Este texto fue escrito cuando según Artículo 19, los periodistas asesinados eran 123. Hasta marzo 2019 ya se cuentan 124.

5

85

su gobierno, en los últimos tres sexenios, según reporta la encuestadora mexicana Consulta Mitosfky.

Sin embargo, ¿el periodismo mexicano tiene realmente las puertas abiertas en el gobierno de López Obrador? ¿éste está comprometido con la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos y es firme en garantizar el ejercicio libre y seguro de la profesión?. La realidad es que los hechos distan bastante del mensaje que se buscó enviar el 25 de enero pasado, al atender, darle voz y escuchar a la viuda del periodista.

La realidad es que Andrés Manuel es un político intolerante a la prensa crítica. Lo ha demostrado en los últimos 12 años, desde que inició su carrera presidencial. Aprovechando el hartazgo y la desconfianza de la ciudadanía hacia los principales medios de comunicación en México (acusados de ser artífices del triunfo de Enrique Peña Nieto), López Obrador incluyó a la prensa mexicana, sin excepción, en el te-rrible grupo detestado por sus seguidores: “la mafia del poder”, un concepto con el que conjuga a políticos, empresarios, periodistas y sociedad civil que no comulgan con sus ideas.

A mediados de 2015, cuando Morena, el partido fundado por López Obrador, vo-taba a sus liderazgos en cada Estado con miras a la elección presidencial de 2018, los grupos políticos del partido estaban enfrascados en luchas internas de poder.

En ese contexto, Andrés Manuel viajó a la capital de Sinaloa, Culiacán, para estar presente en la asamblea donde se elegiría al Comité Directivo de Morena. Pero la

Miriam Ramírez, en una entrevista para El 9tv sobre la situación del periodismo en México / Barcelona 2019

asamblea se salió de control y aquello se volvió una batalla campal entre quienes acusaban imposición del hoy presidente y los que le defendían férreamente.

Un periodista local que daba cobertura a la asamblea, alcanzó a Andrés Manuel y le cuestionó la violación a sus propios estatutos, las reglas del partido que él mismo había formado se estaban violentando para favorecer al candidato favorito de López Obrador.

“No te voy a contestar, a ti te envió la mafia del poder”, le respondió Andrés Manuel al reportero, mientras este era jalado por los asistentes que encolerizados le grita-ban “mafia del poder”, “mafia del poder” y entre empujones terminaron por alejar al periodista del político.

La anécdota ocurrió en Sinaloa pero fácilmente podría ser relatada por cualquier periodista, en cualquier lugar de México que haya intentado cuestionar al popular político de izquierda.

En la recta final de la campaña presidencial de 2018, López Obrador acuñó por pri-mera vez el término “prensa fifí” para acusar que algunos medios de comunicación manejaban líneas editoriales con las que defendían intereses económicos y políticos de un poderoso sector empresarial.

La palabra “fifí” es un adjetivo coloquial utilizado en México y en algunos países latinoamericanos para referirse a aquellas personas de una clase social alta que presumen y siguen las modas, según la definición que le otorga la Real Academia de Española.

El político ha utilizado la frase como una forma de demeritar y desprestigiar el trabajo periodístico en México, afirmando que la información que le afecta o le invo-lucra en determinados sucesos es tendenciosa y amarillista.

El pasado 7 de enero, ya como presidente de México, la organización civil Artículo 19 dirigió una carta pública a López Obrador para pedirle que su gobierno sea plural, tolerante a la crítica, no excluya a medios ni a periodistas y evite hacer declaracio-nes que inhiban la discusión pública sobre su Gobierno.

“Desde el 1 de julio, a lo largo del periodo de transición y durante el primer mes de la toma de posición, Artículo 19 ha documentado con preocupación algunas referen-cias que estigmatizan la labor de la prensa. Cabe recordar que las descalificaciones y estigmatizaciones constantes hacia medios de comunicación o periodistas, como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generan un clima que impide una

87

deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos y, en un contexto de violencia como el nuestro, incrementa la vulnerabilidad de las y los periodistas”, destaca la carta.

Un ejemplo claro de cómo el discurso intolerante de López Obrador incrementa la vulnerabilidad de los periodistas ocurrió apenas el pasado 24 de febrero de 2019, en Quintana Roo, un estado al sur de México.

Tras una serie de hechos delictivos de alto impacto en la ciudad turística de Playa del Carmen y sus alrededores, la alcaldesa Laura Beristáin, del municipio de Soli-daridad, acusó a los medios de comunicación de ser “sicarios periodísticos” por su-puestamente publicar información falsa sobre la violencia que ocurre en esa ciudad. “Son sicarios, no son medios de comunicación, son sicarios que están lastimando al polo turístico que vivimos, nosotros estamos en la cuarta transformación, tenemos problemas de violencia sí, lo estamos atendiendo pero los medios no abonan a la paz que estamos buscando en este país”, dijo la alcaldesa en entrevista, después de haber hecho esa misma acusación en la Reunión Nacional sobre Turismo celebrada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en donde se encontraba López Obrador.

De nuevo, la organización Artículo 19 señaló que las declaraciones de la servidora pública no sólo estigmatizan la labor periodística sino que los coloca en una situa-ción de riesgo frente a un clima de violencia tan adverso como el que se vive en dicho estado.

Pero la intolerancia y agresión a la prensa no sólo está en el plano físico, también se ha trasladado al ámbito digital a través de las redes sociales. El pasado 11 de febrero, el diario mexicano Reforma publicó una investigación que revelaba la omi-sión cometida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al ocultar en su declaración patrimonial la propiedad de un departamento en Houston, Texas, Estados Unidos, con un valor de 11 millones de dólares.

Apenas un par de horas después de la publicación, en Twitter el hashtag #Refor-maTodoLoDeforma se convirtió en tendencia nacional. El hashtag fue utilizado para desprestigiar al diario y acusarlo de “amarillista” y “mentiroso”.

La cuenta @LoQueSigue_ especializada en medición de tendencias en twitter, detectó que la tendencia #ReformaTodoLoDeforma no era orgánica, sino que estaba impulsada por cuentas con entre cero y 10 seguidores que daban retuits masivos a la cuenta de origen @Fafhoo, un usuario que se describe como seguidor de An-drés Manuel López Obrador y fundador de la RedAMLOVE. Este personaje además opera diversos canales de Youtube desde donde se difunden videos acusando a los periodistas que asisten a las ruedas de prensa diarias de López Obrador de recibir

6688

dinero y ser enviados por grupos de oposición para “afectar” al presidente. En estos videos se exponen los nombres, rostros y cuentas personales en redes sociales de los periodistas y se incita a atacarlos digitalmente.

Una de las recientes “víctimas” de esta red de tuiteros fue la periodista Nayeli Rol-dan, ganadora del premio Ortega y Gasset 2018 por la investigación La Gran Estafa, un reportaje que reveló la maquinaría de corrupción que operó el Estado, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para desviar más de 420 millones de dólares de recursos públicos con ayuda de 11 dependencias del gobierno mexicano y ocho universidades públicas.

Roldán, quien normalmente no acude a las ruedas de prensa, asistió el pasado 23 de febrero para cuestionarle a López Obrador la colocación en su administración de varios ex funcionarios vinculados con la investigación Estafa Maestra. Después de su intervención, los insultos y ataques dirigidos a la cuenta de twitter de Roldan fueron inmediatos.

A diferencia del uso que se le dio al llamado “ejército de bots” de Enrique Peña Nieto, el cual era utilizado principalmente para diluir en redes sociales las conver-saciones sobre corrupción y violaciones a derechos humanos ocurridas durante el sexenio priista, con López Obrador las cuentas falsas agreden, difaman, insultan y denostan a los periodistas mexicanos.

Los Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita conjunta a México en 2017 alertaron que “los ataques digitales contra los periodistas y sus fuentes, el hostigamiento a través de medios sociales y la vigilancia secreta no supervisada están entre los desafíos más recientes y alarmantes”. Además de la intolerancia a la crítica y los cuestionamientos de la prensa, durante el primer tri-mestre del gobierno de López Obrador, las agresiones y asesinatos de periodistas no han cesado.

Lo ocurrido entre finales de enero y las primeras semanas de febrero de 2019 es terrorífico:

El 29 de enero, en Guerrero un estado al sur de México, un policía del Estado apuntó con su rifle de asalto directamente al rostro de un periodista y amenazó un grupo de otros 10 periodistas que daban cobertura a un operativo policiaco. De la agresión hay videos y fotografías que retratan los momentos de tensión a los que se enfrentó este grupo de periodistas que fueron intimidados por los policías locales para evitar que hicieran su trabajo.

89

El 1 de febrero, el periodista Daniel Blancas fue privado de la libertad por sujetos armados en el estado de Hidalgo, en el centro de México. El reportero realizaba una investigación sobre la estrategia para combatir la extracción ilegal de combustible en la región cuando fue interceptado por unos 10 hombres armados que lo interro-garon, lo retuvieron y amenazaron de muerte. Durante media hora, al periodista le apuntaron con un rifle y le hicieron preguntas como ¿a quién buscas?, ¿quién te mandó? ¿qué haces aquí?, ¿a quién le estas sacando fotos hijo de la chingada?.

El 5 de febrero, la periodista de televisión en la Ciudad de México, Montserrat Ortiz recibió amenazas de muerte y de violación sexual por medio de mensajes a su cuenta de Facebook. Esto ocurrió después de que la periodista publicó un reportaje con los testimonios de tres mujeres que habían sido víctimas de violen-cia domestica por un hombre llamado Carlos. Luego del reportaje, este mismo hombre le envió mensajes amenazantes a la periodista. Los mensajes decían: “Te voy a violar y después te vas a morir, Ya sé dónde trabajas te voy a esperar y no la vas a contar. No sabes todo lo que te va a pasar por meterte conmigo”.

El 6 de febrero de 2019, la periodista Viétnika Batres, directora del periódico El Sur, de Guerrero, fue víctima de amenazas de muerte y suplantación de identidad por parte de personas desconocidas que tomaron el control de dos de sus cuentas de correo electrónico. Desde sus propias cuentas de correo, la periodista recibió mensajes con amenazas de muerte dirigidas a su familia, en los que se incluyeron nombres y direcciones de sus domicilios y horarios de sus actividades.

En el primer trimestre del sexenio, siete periodistas han sido asesinados en dife-rentes partes del país, el Comité para la Protección de Periodistas, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado que por lo menos tres de ellos podrían estar en relación directa con su labor periodística o de defensa de derechos huma-nos.

Se trata de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, asesinado el 1 de diciembre de 2018 en Nayarit; Rafael Murúa Manriquez, asesinado el 20 de enero de 2019 en Baja California Sur y Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019.

Y es que pese al cambio de gobierno en México, el periodismo sigue ejerciendo su profesión en un contexto de violencia e impunidad crecientes. De acuerdo con una investigación del periódico digital Animal Político, enero de 2019 se convirtió en el mes más violento del que haya registro en los últimos 19 años. En el primer mes del año se registraron 2 mil 928 homicidios y 164 víctimas de secuestro en el país, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Del análisis que el periodista Arturo Ángel realizó a las cifras registradas por el SESNSP se detalló que 17 de las 32 entidades federativas mos-

6690

91

traron un alza en el número de homicidios, siendo los casos drásticos la Ciudad de México y Nuevo León, con repuntes por encima del 100 por ciento.

En enero de 2019 se registraron 2 mil 853 homicidios dolosos y 75 mujeres fueron asesinadas por su condición de género. En total son 2 mil 928 víctimas. En promedio fueron asesinadas 94 personas al día, casi cuatro personas asesinadas por hora, reveló la investigación periodística.

Al terminar de escribir estas páginas, el viernes 1 de marzo, el vocero de la Presi-dencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que a mediados de marzo firma-rán un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para crear un fondo que permita financiar el periodis-mo de investigación. El anuncio lo realizó durante su participación en una charla de-nominada La Nueva Narrativa de la Cuarta Transformación, organizada por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ramírez Cuevas dijo que la estrategia forma parte del proyecto de sis-tema de medios públicos y con ella se iniciará un proceso de profesionalización de “una nueva generación de periodistas”.

Serán la Unesco y universidades públicas las instancias que califiquen qué inves-tigaciones pueden ser financiadas, con lo que se pretende promover un periodismo crítico que no esté sujeto a intereses políticos y económicos de quienes pagan la investigación, como es el caso de algunos grupos que usan el periodismo de inves-tigación como arma política”, informó la agencia de noticias del gobierno federal Notimex.

Ante el contexto ya planteado de descalificaciones y estigmatización hacia la pren-sa, así como una reiterada intolerancia a la crítica que ha caracterizado al gobierno de López Obrador, el anuncio del vocero resulta desconcertante y hasta cierto punto alarmante. Sin embargo, según se ha explicado, esta propuesta surge inicialmente de un proyecto de Ley de Publicidad Oficial presentado en 2018 por el colectivo #MediosLibres, conformado por unas 85 organizaciones civiles, académicas y em-presariales, así como medios de comunicación y periodistas, quienes durante 2017 expusieron el uso desmedido que hizo Enrique Peña Nieto de la publicidad oficial.

La propuesta de #MediosLibres 2 propone la creación de un Fondo de Fomento a la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Periodistas con el objetivo central de fomentar la pluralidad de medios, el periodismo de investigación y la profesiona-

6 #MediosLibres, Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se expide la ley general de publicidad oficial. [PDF file]. Recuperado de https://articulo19.org/wp-content/uploads/2018/10/LGPO-VF-241020181.pdf

6

lización de periodistas. #MediosLibres propone que el Fondo esté integrado por un comité técnico ciudadano y opere con recursos obtenidos del 20 por ciento del presupuesto asignado a comunicación social y publicidad.

Según el colectivo, el esquema se ha implementado en países como Sudáfrica y Argentina, de la mano de la UNESCO, quien para el caso de México operaría el Fondo por lo menos durante tres años y con ello se buscaría prevenir que el gobierno federal tenga facultades para incidir en las investigaciones periodísticas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el gobierno federal se apegará a la propuesta original planteada por el colectivo y cuáles serán las reglas de operación que garanticen que el gobierno mexicano no intervenga en la construcción de una narrativa oficial a través del periodismo. Este es sin duda un proyecto que deberá ser vigilado y analizado a detalle en los próximos meses.

Más allá de la creación de un fondo para financiar investigaciones periodísticas, el gobierno de México tiene una amplia agenda pendiente en materia de libertad de expresión, la cual inicia con un 99.13 por ciento de delitos contra periodistas que están en impunidad. Y continúa con la imperiosa obligación de garantizar un entorno seguro, libre y plural en el que los periodistas mexicanos podamos ejercer nuestro trabajo sin riesgos de amenazas, ataques digitales, intervención de nues-tras comunicaciones, espionaje, ataques a las instalaciones de los medios, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. Todos ellos, obstáculos ante los cuales se ejerce el periodismo en el México actual.

*

MIRIAM DANIELA RAMÍREZ Originaria de Sinaloa, periodista y exreportera del diario Ríodoce.Periodista acogida en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

En México ejercer el periodismo resulta cada día más peligroso, y se complica si eres mujer. En mis más de veinte años como periodista en diversos medios de co-municación, he vivido muchísimas experiencias pero ninguna como la última, que ante las amenazas y agresiones sufridas me vi obligada a salir de mi región para fortalecerme, replantear mi vida y reflexionar sobre todo lo que deseo para mi país.

La simulación, la impunidad y la corrupción se han convertido en protagonistas en pleno siglo XXI. Las amenazas y agresiones que sufrimos periodistas y defensores de Derechos Humanos nos han colocado en situaciones a las que hemos tenido que ceder, siendo desplazados de nuestros estados e incluso de nuestro país.

Políticamente, en los últimos 60 años, millones de mexicanos nos hemos visto sumidos en una democracia simulada ante los partidos políticos, que lucharon más por sus propios intereses que por los derechos de los ciudadanos.

El deseo del poder y la avaricia junto con la impunidad que les les otorga el fuero a los servidores públicos, encabezan el 45% de las amenazas o agresiones que sufrimos los periodistas. De las cuales el 99.1% de las investigaciones o sanciones legales están sin resultado.

En la mayoría de los casos se criminaliza a las víctimas. Muchas de ellas somos extraídas de nuestro lugar de origen o estamos bajo el esquema de seguridad que brinda el Mecanismo Federal de Protección, creado en la año de 2010 para protec-ción de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Ser mujer jamás fue impedimento para desarrollar mi labor periodística, mientras no tocara temas que “dañaran” la imagen del Estado mexicano. Pero una sentencia de muerte nos llega cuando hablamos de lo que de verdad se vive en cada rincón de nuestras regiones, de nuestro país.

Romper los esquemas, salir de las pautas gubernamentales o de sus boletines ofi-ciales es un insulto para ellos. Los mensajes amenazantes que algunos funcionarios envían suelen llegar a través de correos propios o a través de las gerencias de los medios de comunicación.

Pasamos a ser periodistas incómodos y no deseados al grado de que se nos relega limitándonos el acceso a la información y a las agendas para que no asistamos a los eventos públicos y no informemos a la gente sobre lo que harán, dónde estarán, evitando que se les pueda reclamar o pedir algo.

SER MUJER PERIODISTA EN MÉXICOpor Mayra Cisneros

93

Mi historia en Coahuila

Soy originaria de Coahuila, el tercer Estado más grande de la República Mexicana, colindante con la frontera con los Estados Unidos. Coahuila tiene 59 puntos para cruzar hacia el país vecino, entre caminos y puentes internacionales, a través de dos municipios: Piedras Negras y Ciudad Acuña. Esta situación fronteriza coloca a Coahuila como un área estratégica. De ahí se desprende, por ejemplo, el corredor carretero internacional “Port to Plains” que une a Canadá, Estados Unidos y México, región donde se genera el mayor dinamismo económico y comercial a nivel mundial.

Pero lamentablemente en Coahuila han quedado para la historia una serie de ge-nocidios, saqueos, lavado de dinero, corrupción e impunidad que políticos y fun-cionarios pretenden ocultar para que los periodistas seamos mudos, ciegos y sin memoria. Un ejemplo ocurrido en 2011 es el asesinato de más de 300 personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos en el municipio de Allende, Región Cinco Manantiales, Coahuila, del cual no hubo mayor trascendencia mediática o legal.La historia contada tiempo después por algunos medios de información que han logrado investigar lo que pasó en Allende, señala que un comando armado llegó a la población para efectuar una venganza por una supuesta traición de algunos de los suyos, lo único que encontraron fue una población desarmada que fue masacrada.

Pero según las autoridades, el caso de Allende fue una guerra entre grupos delicti-vos. Con ese pretexto el gobierno estatal intentó minimizar los asesinatos sin inves-tigación previa, criminalizando a las víctimas, incluidos los menores y las personas de la tercera edad.

Fue tal la mordaza que las autoridades nos pusieron a los periodistas, que con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones (Ley Peña-Televisa) la informa-ción de cualquier persona sobre el caso sería registrada por el gobierno. Esto incluía registro de llamadas, páginas web, mensajes de texto, tipo de conexiones a internet, historial de las redes sociales, movimientos a través de GPS, entre otros.

A través de la declaración del Secretario de Gobierno de Coahuila, el profesor Víctor Zamora, se nos dijo que los periodistas que tocamos este tema, éramos narco periodistas, cómplices de delincuentes y que entorpecíamos las investigaciones si informábamos sobre lo acontecido. Pero este es sólo un ejemplo de la actuación de una fraccióde la cámara de Senadores, la llamada telebancada, para ejercer una ley mordaza sobre periodistas.

La corrupción llegó de tal manera a Coahuila que se llegó a extremos como lo ocurrido en el penal de Piedras Negras, ciudad que está a solo 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y de donde se dijo que se fugaron 137 reos por un

6694

túnel en enero de 2012. Según declaraciones de testigos, aquellos que decidieron no escapar, denunciaron que quienes se fugaron lo hicieron por la puerta principal ante la complicidad de custodios, del director y de todos aquellos que laboraban en el interior.

Pero la fuga y el 8% de exceso de población que tenía este penal no fue lo que llamó la atención de los medios, pues los 7 penales del Estado se encontraban en las mismas condiciones para esas fechas, sino lo encontrado en el interior de sus grandes y altas paredes que como mudos testigos estaban salpicadas de sangre y olor a muerte.

Al entrar a investigar sobre la fuga y el escándalo que se hizo, se encontraron restos humanos, que una vez iniciada la investigación y documentando las declara-ciones, se descubrió que 150 personas fueron cocinadas en el interior de botes de 200 litros de diésel. Después de que los mataban de un balazo o con un martillo, los quemaban y los tiraban en un campo deportivo o en las inmediaciones de un río que estaban cercanos.

Algunos testigos dicen que se les pagaban 300 dólares a quienes los cocinaban, desmembraban y quebraban los huesos para así tirarlos más fácil. Muchos de los verdugos más sanguinarios ni siquiera eran reos, pero entraban y salían libremente

Mayra Cisneros, Ada Colau (alcaldesa de Barcelona) y Miriam Ramírez en reunión oficial con el Ayuntamiento de Barcelona / Barcelona, 2018 – 2019

95

siendo amos y señores en el penal que tomaron como fuerte para esconderse de la sociedad, y según ellos dicen que resulta difícil creer que las autoridades no se daban cuenta de lo que ahí sucedía.

En el interior del penal se maquilaban chalecos antibalas que utilizaban en sus fechorías y habían montado un taller en donde modificaban vehículos para blin-darlos. Todo ante los ojos de quienes tenían la responsabilidad de vigilar el buen funcionamiento, que se hicieran cumplir las normas de seguridad e incluso que se cumplieran con los estándares internacionales.

Nuestra labor periodística es informar cualquier acontecimiento, cómo callar tal he-cho, cómo no tomar las declaraciones de familiares que denunciaban temor por sus reos y que desde hacía mucho tiempo sufrían por ellos, pues cuando los visitaban veían cosas fuera de lo normal, pero callaron para no arriesgar a los que cumplían alguna condena o esperaban su sentencia.

En esas fechas y antes de la fuga ya se decía que algo no estaba bien, sobre todo cuando en un corto periodo fungieron como directores cuatro personas e incluso, a uno lo mataron en el interior del penal. Jesús Torres Charles era en ese periodo de gobierno el fiscal general de Coahuila. Un personaje que nos dejó sin respuestas, tanto a ciudadanos como a comunicadores, a los cientos de cuestionamientos que le hicimos. Su silencio fue, aparentemente, por órdenes del exgobernador Rubén Moreira Valdez, quien sin disimularlo se alteraba si se tocaba el tema en alguna rueda de prensa.

Rubén Moreira, es hermano del exgobernador Humberto Moreira (2005-2011), quien le heredó el cargo político ante lo que los ciudadanos coahuilenses denomi-naron “fraude electoral”. El periodo de represión hacia los periodistas se recrudeció durante el gobierno de Rubén (2011-2017), si bien su hermano Humberto dejó una gran deuda económica y escándalo de desvío de recursos económicos. Nada de esto se ha investigado ni ha tenido repercusión después de 12 años de gobierno de los Moreira.

También de ese periodo es el caso de Javier Villarreal, ex secretario ejecutivo del servicio de la Administración Tributaria, detenido y procesado como responsable de falsificación de documentos y fraude por más de 34 mil millones de pesos. Se trata del brazo instrumentador de la ilegal deuda de los Moreira.

El caso llevó al Senado de la República Mexicana a aprobar un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República investigara lo que denominaron el presunto fraude cometido con la deuda pública coahuilense. Pese a todo, durante el periodo presidencial de Vicente Fox (2000-2006) no se investigó o señaló res-

6696

ponsabilidad en contra del ex gobernador Humberto Moreira, sin embargo es por autoridades de Estados Unidos que las investigaciones se llevan a cabo porque en México “no pasó nada y todo estuvo bien”.

Esto cayó en el olvido, solo quedaron denuncias a periodistas por difamación, reclamos o amenazas. De forma discrecional las autoridades a todos nos vigilaban, nos investigaban y sino, nos amenazaban, lesionaban y lamentablemente así mata-ron a muchos.

Esto continúa hasta la fecha ya que a menos de dos meses de ocurrido el cambio de Gobierno en México van seis periodistas asesinados. Ciegas y mudas las auto-ridades permanecieron por más de una década, luego de que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) declarara la guerra a la delincuencia organizada y el suelo mexicano se tiñera de rojo con la sangre de todos aquellos que murieron en enfren-tamientos con elementos de seguridad estatales, federales, militares o de la marina.

El nuevo gobierno de López Obrador reconoce que México pasó a ser una gran fosa clandestina, lamentablemente muchos hogares mexicanos aún sufren la ausen-cia de sus seres queridos que salieron para jamás regresar y solo salían a su trabajo o alguna actividad normal.

Mil cien fosas clandestinas se han detectado, oficialmente se reportan 40 mil des-aparecidos, 26 mil sin identificar y sus restos se encuentran en instalaciones de servicios forenses, de acuerdo a las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien reconoce la apremiante necesidad de aprobar la ley en materia de desaparición de personas.

Los ricos más ricos y los pobres más pobres, ante la indiferencia del anterior go-bierno que de un presupuesto de 490 millones de pesos para ejercer durante el 2018, aplicó solo 6 millones, lo cual, fue más la simulación que lo ejercido.

Es el Grupo Vida encabezado por Óscar Sánchez Viesca y Silvia Ortíz que luego de la desaparición de su hija Fanny hace 12 años encabezan la búsqueda de desa-parecidos en Coahuila.

Huesos secos y expuestos a la intemperie o sepultados con apenas un poco de tierra se han encontrado por muchos puntos de Coahuila como en el resto del país. Sin ser expertos o profesionales en el tema, todos estos años han encontrado lo que ni las propias autoridades, solo observando cómo cambia el color de la tierra removida. Como en el ejido Patrocinio que se ubica a 72 kilómetros del municipio de Torreón, Coahuila. La fosa clandestina más grande del país está en Coahuila, es un auténtico campo de exterminio, la Procuraduría General de la República, la

97

Procuraduría General de Justicia de Coahuila y la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantienen abiertas carpetas de investigación previas pero todos han tar-dado en investigar.

Mil cien fosas clandestinas se han detectado, oficialmente se reportan 40 mil des-aparecidos producto del neoliberalismo y la marcada desigualdad social creada en las últimas décadas en el país.

En 2015 se encontraron 358 restos humanos y solo dieron resultados de ADN de 25, en 2016 encontraron 3,147 restos humanos y solo de 36 dieron resultados de ADN. Muchos son los desaparecidos como los que continúan sin identificar, lo que lleva al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador a reconocer en sus últi-mas declaraciones la crisis humanitaria por la que se atraviesa en México.

Después de que en el sexenio anterior el Estado mexicano negará reconocer la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Uni-das para atender casos individuales, recientemente se ha dado luz verde a este reconocimiento. Esto abre las puertas para que miles de familias de víctimas de

Mayra Cisneros en un evento en el “Día Internacional de la Mujer”, organizado por las Periodis-tes Feministes de Catalunya / Barcelona, 2019

desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia, mediante la legislación internacional. Sin embargo, a nivel nacional es diferente. En noviembre de 2017 el gobierno de Enrique Peña Nieto sancionó su primera legislación en materia de desaparición forzada. Presuntamente atenderían todas las recomendaciones y sen-tencias de instancias internacionales. Pero a más de un año de la Ley en materia de desapariciones no se ha implementado de forma adecuada y es urgente que se actúe. En solo 8 entidades federativas se han creado las comisiones locales de búsqueda, que se desprenden de la Ley sobre desaparición, y en otras cuatro están en proceso, 20 estados están en falta ante la norma, se les obligará a que asuman la responsabilidad que les corresponde.

Hablar de temas tan indignantes, peligrosos y sensibles es el pan de cada día en nuestro ámbito periodístico, la mayoría trabajando por salarios mínimos, sin derecho a créditos de vivienda, atención médica, con cotizaciones bajas, sin derecho a segu-ros de vida y sin esquemas de seguridad por parte del Estado.

Algunos podemos acceder a mecanismos de seguridad solo después de presentar una denuncia o solicitando apoyo a alguna organización o red para periodistas. Lamentablemente no todos pueden acceder porque los recursos humanos y eco-nómicos son limitados, aún a pesar de las buenas intenciones que tengan quienes dirigen la administración.

*

MAYRA CISNEROS REYESOriginaria de Coahuila, México, con más de 20 años de experiencia ha sido reportera y conductora de la estación de radio La Poderosa. Periodista acogida en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

Tamaulipas es una provincia de México, una entidad con forma de elefante pegada al Golfo de México, un elefante de 80 mil 249 km2 de superficie, 420 kilómetros de litoral con el Golfo de México, 5 aeropuertos internacionales, 14 mil kilómetros de carreteras, 937 kilómetros de líneas ferroviarias y 17 cruces fronterizos. Aquí hace aproximadamente 490 años se fundó la segunda provincia de la Nueva España. Aquí mismo hace casi un siglo surgió un grupo de contrabandistas. En principio, la organización criminal se manejó al estilo de las mafias: los integrantes eran familia, la forma de vida era discreta, se protegían con políticos y evitaban la violencia. Al pasar de los años se convirtió en el Cártel del Golfo, la segunda agrupación delictiva con mayor poder en el país de los ochenta a los dosmiles.

En 2003 todo cambió para los habitantes de Tamaulipas. Ese año los cárteles del Golfo y Sinaloa comenzaron una batalla de muerte y terror en Nuevo Laredo, Ta-maulipas. Los grupos pelearon el control de la ciudad con la aduana más productiva del comercio exterior en Latinoamérica. La población fronteriza fue el escenario de presentación de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo integrado por militares desertores que fueron entrenados por estadounidenses e israelitas, de acuerdo con informes del gobierno mexicano. La batalla se prolongó durante más de treinta meses. Los Zetas quemaron casas y comercios, masacraron a sus presuntos rivales, descuartizaron personas, sometieron a la población con terror y el principal terror fueron la desaparición de personas. Siete años después, en 2010, Los Zetas hicieron lo que sabían hacer: la guerra.

Estamos a menos de un kilómetro del río Bravo, cerca del muro fronterizo, la región Ribereña. Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero integran la franja de pequeños municipios. El corredor con acceso directo a territorio estadounidense es conocido por ser rentable para traficar droga. Antes de 2010 sobre su superficie semiárida los tejanos se divertían en los ranchos cinegéticos, el ganado producía dividendos al igual que la agricultura y Petróleos Mexicanos (Pemex) extraía hidro-carburos.

Aquí la paz se esfumó el 22 de febrero de 2010. Ese día Los Zetas se separaron del Cartel del Golfo. Decenas de hombres comenzaron a guerrear. Cuando intervi-no el Estado, los delincuentes ya habían asesinado, secuestrado y desaparecido a adolescentes estudiosos, jóvenes profesionistas y adultos jefes de hogar.

“Aquí es muy raro, de los que tenemos desaparecidos, que tengamos solo uno, todos tenemos más desaparecidos, más familiares, póngale que sobrinos o tíos o primos, hay muchos, mínimo cada quien tiene 3 ó 4”, cuenta la señora Carmen.

DEFENDER EL HOGAR EN TIERRA ZETApor Carlos Manuel Juárez

101

Carmen hace 8 años que no sabe de su hijo, el mismo tiempo que Antonia ha buscado a su esposo o que Olga Mayorga ha insistido en revisar los cadáveres enterrados sin identificación para rastrear a su hijo Diego Armando, su yerno Raúl y los amigos Rubén y José Manuel.

Olga ha buscado por casi tres mil días. La tarde del miércoles 24 de febrero de 2010 fue la última ocasión que supo de sus familiares. Los hombres desaparecieron cuando viajaban por carretera rumbo a Matamoros, dentro del mismo Tamaulipas. En los días posteriores, Olga marca al número telefónico de Diego y no da tono; los militares dicen que no pueden ayudarla, acompañada de sus hermanos recorre las rutas ejidales, encuentra camionetas abiertas, llenas de sangre, ropa tirada, casqui-llos hasta hallar el vehículo de sus familiares. Es la primera prueba que aporta a la Procuraduría General de Justicia.

El nivel de violencia en el noreste del país crece en 2010. Las matanzas en Nuevo León y Tamaulipas se multiplican bajo el manto de la corrupción de los gobiernos. Olga se hace la primera prueba de ADN de su vida. En San Fernando, las caravanas de camionetas con hombres armados, las balaceras, los secuestros, son situacio-nes diarias.

La hija y las nietas de Olga son acosadas por delincuentes. La mañana del 28 de febrero de 2011, las dos mujeres y las niñas piden asilo en el puente internacional en Matamoros. El gobierno de Barack Obama las acepta. Olga renuncia al asilo,

Carlos Juárez entrevistado en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión / Madrid, 2018

66102

aceptarlo es abandonar la búsqueda. En ese largo ir y venir por la frontera conoce a Miriam Rodríguez Martínez.

Miriam era la líder del colectivo en San Fernando, un grupo con 600 casos de per-sonas sin localizar. El 10 de mayo de 2017, Miriam Rodríguez gestionó el traslado del cadáver de Jesús Emanuel a San Fernando; el hombre había sido asesinado el martes al sur de México y su familia no tenía para pagar los servicios funerarios. Mi-riam avisó a funerales La Paz del acuerdo y después fue a comer por la celebración del Día de la Madre, que en México se festeja ese día.

Llegó a su casa de noche, estacionó la camioneta, bajó y antes de entrar un sicario le asestó 12 tiros. La mujer de 60 años murió antes de ingresar al hospital general.

Quince días antes de la ejecución, la activista tamaulipeca platicó por WhatsApp con una compañera del colectivo. Miriam escribió: “A pesar de tanto dolor sigo cre-yendo y esperando en Dios. Y no pienso parar. Solo muerta. Malditos no he podido sepultar completa a mi hija”.

Karen Alejandra Salinas Rodríguez es la hija a la que Miriam se refiere en el mensaje. En enero de 2014, integrantes del crimen organizado secuestraron a la menor de edad. La familia pidió un préstamo al banco, vendió lo que pudo y pagó el rescate.

Los secuestradores ya la habían asesinado y desaparecieron el cuerpo. La madre volcó su vida en encontrar el cadáver y dar con los culpables. Bastaron 9 meses para que Miriam hallara uno a uno a las y los asesinos. Un día en El Arenal, Mi-riam excavó hasta encontrar decenas de huesos enterrados en fosas clandestinas. Llamó al agente del Ministerio Público para que levantara y resguardara los restos.

Miriam Rodríguez recibió el trozo de cuerpo de su hija, la enterró y continuó in-vestigando para hallar los fragmentos restantes durante 3 años. A partir de la fuga de 29 reos de la cárcel de Victoria, Tamaulipas, el miércoles 22 de marzo de 2017, Miriam Rodríguez comenzó a temer por su vida. La activista pidió protección a la subsecretaría del gobierno de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez. Veintidós días antes, la activista contó que el viernes 14 de abril le llamó 30 veces al número del policía que le asignaron para protegerla y nunca respondió. La llamada de auxilio quedó registrada en un video que desmiente la versión del gobierno que aseguró no la había solicitado.

El asesinato de Miriam frenó a las mujeres y los hombres que buscaban a sus fami-liares. Quien no se detuvo fue Graciela Pérez Rodríguez. La mujer de 49 años busca a su hija Milynali, sus sobrinos José Arturo, Alexis y Aldo de Jesús y su hermano

103

Ignacio. Ellos y ella fueron raptados por el crimen organizado el 14 de agosto de 2012. La familia viajaba en una camioneta rumbo a Tamuín, San Luis Potosí.

Graciela Pérez es la voz más potente de los colectivos de desaparecidos. En 6 años de búsqueda fundó la organización Ciencia Forense Ciudadana (CFC). Allí se capacitó para la búsqueda prospectiva en campo, para registrar los hallazgos humanos en campamentos de la delincuencia organizada, para buscar por medio de la sangre, del ADN, y creó un registro y un banco de datos genético ciudadano.

“En Tamaulipas los que buscamos somos nosotras y nosotros familiares de per-sonas desaparecidas; somos pocos porque el miedo es mucho, el desamparo es latente, hemos enfrentado en grupo y ganado terreno en los municipios El Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Tampico, Aldama, Ciudad Victoria, entre otros”, dice Graciela.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Ta-maulipas es la entidad con más ciudades en el top 20 de municipios con más perso-nas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. La tasa de Ciudad Mier, ubicada en la región Ribereña, es de mil 855 casos por cada 100 mil habitantes. Justo en esta región, se abrirá el primer panteón forense. El gobierno de Tamaulipas ha invertido más de 5 millones de pesos para la construcción. La Agencia de Cooperación Ale-mana y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ayudarán en

Carlos Juárez en el seminario “Las Venas de América Latina siguen abiertas” organizado por eurodiputados GUE/NGL en el contexto de la renovación del TLC UE-México / Madrid 2018

CARLOS MANUEL JUÁREZOriginario de Tamaulipas. Reportero y escritor mexicano. Ha sido testigo y cronista de la guerra contra el narcotráfico en el noreste de México. Es coautor del libro “Romper el silencio, 22 gritos contra la censura”, editado por la Brigada para leer en libertad. Periodista acogido en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

la exhumación y análisis de cadáveres-restos. El registro de cuerpos en las fosas comunes de Miguel Alemán son 324. Las autoridades esperan extraer, por lo menos, 500.

*

Hace casi 4 años, el 2 de abril de 2014, escribí un artículo dedicado a mi colega Alfredo Jiménez Mota (1980), desaparecido por el narcogobierno de Sonora en el año 2005 en la ciudad de Hermosillo, en el noroeste desértico de México, el cual concluía con las siguientes líneas:

“Siempre he pensado que el caso de Alfredo Jiménez es la representación de la tragedia del periodismo mexicano. Yo, por mi parte, sueño con sobrevivir a estos tiempos convulsos, salir indemne de este oficio que me mantiene en el fuego cruza-do. Si por algo no me amilano, es por la memoria de Alfredo. Quizá él en donde esté no hubiera querido que nadie abandonara el oficio nada más por miedo.”

Cuando salí de Sinaloa huyendo de la violencia de los cárteles y sus fantasmas, tras el asesinato del camarada periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del pe-riódico Ríodoce, en mayo de 2017, me planteé seriamente abandonar el periodismo para siempre, y en las noches amargas del exilio mexicano, fueron las anteriores líneas las que me hicieron comprender que aún no estaba listo para la derrota total. Fue la revelación de que el reportero que era yo le decía al actual que era momento de recuperar viejos anhelos de una juventud disipada.

El camino no se ve fácil para nadie en México. Sobre todo, en un país en donde los últimos 5 años han asesinado a 40 periodistas, el último muerto a cuchilladas

INSISTIR EN EL PERIODISMO EN MÉXICOpor Martín Durán Romero

David Llistar (Director de Justicia Global i Cooperació Internacionals) y Martín Durán en acto sobre la situación del periodismo en México en el Institut Català Internacional per la Pau. ICIP / Barcelona, 2018

apenas el pasado 13 de enero en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un país que permanece en la lista negra como uno de los más peligrosos para ejercer el “oficio más hermoso del mundo”, como llamó Gabriel García Márquez al periodismo. Un país que en los últimos 11 años suma más de 230 mil homicidios, según cifras oficiales, y más de 30 mil desaparecidos en una guerra invisible que el Estado mexicano le oculta a la comunidad internacional. Un país donde la prensa vive y riñe por el erario público que recibe en forma de publicidad, y donde cada vez la idea de justicia se vuelve más remota, perdida ahora en la locura de las campañas políticas para renovar la Presidencia, el Congreso de la Unión y algunas gubernaturas.

Entonces, ¿por qué insistir en hacer periodismo con condiciones tan adversas? En lo personal para salvaguardar la memoria, para contar la realidad en la medida de lo posible, relatar las historias que un día las futuras generaciones reclamarán como suyas y que necesariamente tendrán que verse reflejadas como un espejo, pase lo que pase en el futuro con esta civilización.

Claro, aunque en el oficio periodístico hay egos y mezquindades, voracidad por obtener prebendas, también es cierto que existe una solidaridad y una empatía que permiten continuar caminando en la vida profesional, y hacer el camino más liviano. A pesar de que las condiciones en muchas regiones de México son brutales, a los reporteros les surgen más ganas de contar las cosas que de quedarse en casa. Sin embargo no implica que muchos colegas, sobre todo los jóvenes, terminen decepcio-nados de los malos sueldos, la inseguridad y las limitaciones para hacer periodismo, y opten por dedicarse a otra profesión. Es muy comprensible. Otros más deciden pedir trabajo a las instancias de gobierno en busca de estabilidad económica.

Tras el asesinato de Miroslava Breach Velducea en el estado norteño de Chihuahua el 23 de marzo de 2017, sobrevino un velo de silencio en esta provincia mexicana acompañado de exilio y temor. Hoy por hoy, se trata de conformar un colectivo que impulse de nueva cuenta el periodismo en investigación sin morir en el intento.

Lo mismo en Culiacán, Sinaloa, de donde soy originario. El asesinato de Javier Valdez dejó profundas secuelas en el gremio, pero aún así las trincheras no están vacías. Hay colegas que informan desde la primera línea de fuego (mientras escribo estas líneas me informan de al menos 3 tiroteos en la ciudad), y contra viento y marea mantienen informada a la población… ¿cómo explicar esto, la insistencia de informar, de reportear, de hacer periodismo?

Cada que pienso en lo anterior recuerdo al colectivo de periodistas desplazados que viven bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas de la Secreta-ría de Gobernación en México, y de las ganas de cada uno de estos reporteros de seguir escribiendo, de publicar e idear proyectos nuevos aun en medio de amena-

66108

zas. A pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los tiene en el abandono y por el contrario acaba de recortar recursos (se trata de una de las instituciones más opacas y revictimizadoras del país), aunado a que el Mecanismo no se quiere hacer cargo de la situación de cada uno de ellos, los periodistas siguen publicando desde sus refugios de seguridad. Lo hacen, muchas veces, sin tener un sueldo. Lo hacen desde una simple plataforma de Facebook. En la mañana desde sus móviles u ordenadores parten las historias y las columnas, como botellas al mar que quien sabe si llegarán a sus destinatarios.

Recientemente el periodista Amir Ibrahim, de Cancún, Quintana Roo, parte de este colectivo de desplazados, denunció y llevó a proceso penal al empresario y político Carlos Mimenza Novelo, por amenazas de muerte contra él y su familia a través de llamadas telefónicas y de WhatsApp. Mimenza también amenazó al periodista Pedro Canché, quien fue encarcelado por el exgobernador Roberto Borge, actualmente procesado por desfalcos millonarios al erario de los quintanarroenses. Mimenza, para más señas, es aspirante a candidato a la Presidencia de la República de ma-nera independiente. Y aunque fue vinculado a proceso por un juez federal, sigue buscando firmas ciudadanas que respalden su candidatura.

Laura Pérez (Ayuntamiento de Barcelona) Alejandro Gutiérrez (Revista Proceso), Daniela Rea (Red Periodistas de a Pie), Martín Durán y Majo Siscar (Periodista) en el Col·legi de Periodis-tes de Catalunya en acto sobre la situación del Periodismo en México / Barcelona, 2018

Desde un rincón del país, Amir Ibrahim me ha dicho que luchará en los tribunales para que sentencien a este político mexicano y sentar un precedente: “No se puede amenazar a periodistas o matarlos y que el caso quede impune”, ha dicho. ¿Por qué lo hace aún a riesgo de su integridad y la de su familia? No lo sé, solo sé que es la insistencia de hacer periodismo, a secas.

*

MARTÍN ALBERTO DURÁN ROMEROOriginario de Sinaloa, México. Desde el año 2008 enfocó su profesión al periodismo en diversos medios de comunicación de su estado natal, como el semanario Ríodoce. Periodista acogido en el Programa Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic.

REFLEXIONES FINALES

A manera de recomendaciones el nuevo gobierno mexicano debería:

Garantizar la investigación diligente, independiente, exhaustiva, imparcial y garan-te de derechos humanos contra los responsables de las conductas que vulneran los derechos humanos de las personas periodistas.

Rendir cuentas sobre todas las acciones emprendidas ante las agresiones per-petradas, y abstenerse de intimidar o agredir de alguna otra forma para coartar la libertad de expresión y la labor periodística.

Establecer medidas preventivas y punitivas para cesar la violencia de género que afecta en su mayoría a las mujeres, con base en los tratados internacionales de los que México es parte y las leyes que buscan garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres.

La creación y cumplimiento de medidas y protocolos específicos de carácter inte-rinstitucional que permitan condiciones idóneas que beneficien y protejan el ejerci-cio periodístico, entre ellas, la integridad de las personas periodistas en el ejercicio de sus funciones, para agilizar la prevención, la atención, la denuncia, la investiga-ción y la sanción de conductas.

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciar investigaciones sobre todos los casos que atentaron contra la libertad de expresión y que sean constitutivos de cualquier delito, privile-giando la reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.

Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, coordinarse y contactar a todas las y los periodistas que han sido agredidos a fin de contar con la información necesaria para analizar el nivel de ries-go al que se enfrentan y otorgar las medidas correspondientes para la protección de cada periodista y sus familias. Es urgente que el Mecanismo adopte protocolos de actuación que retomen medidas de prevención, y en casos de materialización de agresiones, de reacción rápida, a efecto de atender debidamente la violencia en el contexto electoral.

Las descalificaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques y ahondan más en las condiciones de riesgo que ejercen la labor de estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones. Ante esta situación es nece-

RECOMENDACIONES PARA EL NUEVO GOBIERNOpor Taula per Mèxic

113

sario que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodis-tas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente. Al contrario, es necesario que se reconozca la importancia y el papel fundamental de las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de paz.

*

66114

“En México, las y los periodistas, como defensores del derecho a la información son un foco de agresión en un país donde también matan a doctores, plomeros, estudiantes o maestras. Pero en el caso de los periodistas, frecuentemente hay algunas amenazas antes de que acaben con sus vidas y la investigación que tienen entre manos. Es en ese momento donde las redes de defensa y la solidaridad inter-

nacional deben activarse“.