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LUNES 31 de mayo del 2010 Boletín Digital - Año I - Nº 001 mbiental dEBATE Promoviendo la cultura del diálogo Informativo producido por la web Debate Ambiental - E-mail prensa@ .com.pe debateambiental n informe de la comisión de expertos de la UOrganización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país. Obviamente, tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones. Pero la comisión había sido aun más severa. Además de pedir que se congelaran las actividades extracti- vas, llamó la atención al Estado Peruano indicando que no cumplía con once artículos del Convenio 169 de la OIT, relativos al sistema de consultas a las comunidades indígenas y nativas. Dicha comisión insistía en que en el Perú no había un sistema de consulta legítimo ni una norma que valide el Convenio 169 en el país. El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, señala que cuando dicha unidad de la OIT hizo este pedido varias organizaciones (estatales y privadas) agrupadas en la Mesa N° 3 (una de las cuatro mesas que se formaron tras los lamentables sucesos de Bagua) trabajaban en una norma sobre el derecho de consulta, que se cristalizó en el dictamen de ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobado por el Congreso hace diez días. POR INVERSIONES ¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarbu- ros y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos. El dictamen de la Ley del Derecho de Consulta Previa a las comunidades ha generado preocupación en los predios empresariales que temen que se impida el desarrollo de las inversiones. ¿Freno a las inversiones? El debate sobre la ley de consulta a pueblos indígenas “Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido”, señala. Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades. Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta. Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto. NO HAY VETO Lo que sí queda claro es que no hay derecho a veto para las actividades extractivas. La ley tampoco considera los plebiscitos o consultas populares como mecanismos válidos para detener proyectos económicos. Dennis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) —promotor de la norma— indica que la consulta no será a caseríos sino a pueblos y explica que se tratará de un diálogo directo con las autoridades legítimamente elegidas. Sin embargo, la preocupación de los inversionistas mineros y petroleros no precisamente es el tema del veto, sino el hecho de que se formaría una serie de mesas de diálogo que retrasarían los proyectos. José Miguel Morales indica que el riesgo de la norma es que se antepongan intereses políticos para detener proyectos necesarios para el país. “No se trata solo de proyectos mineros. Por ejemplo, si una carretera cruza por los terrenos de una comunidad y esta se opone por intereses políticos, podrían primar los deseos de estas pocas personas antes que los del país”, advierte. La otra preocupación es el tema de la organización de las comunidades. Según el Indepa hay registradas 7.511 comunidades campesinas y nativas. Según Morales, no todas se encuentran debidamente organizadas y sus padrones no están actualizados. “Existen incluso directivas simultáneas disputándose el poder”, sostiene. El presidente del Indepa, Wayna Cápac Alatrista, reconoce que en varias comunidades existen estos problemas, pero indica que esta organización trabaja por solucionarlos. Alatrista aclara que, al final, las comunidades no dialogarán con las empresas sino con el Estado en su rol de administrador. El dictamen aún no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. De promulgarse, el Indepa tendrá 90 días para implementar la ley. Lima es la capital latinoamericana con más contaminación atmosférica ima presenta el peor cuadro de contaminación atmosférica entre las capitales latinoamericanas, Lsegún un informe del Instituto de Estudios Peruanos. De acuerdo a los resultados, en Lima se presenta dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro y material particulado en niveles más letales que en México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro o ciudades de otros continentes como Tokio, Madrid o París. El 80% de las emisiones contaminantes de Lima provienen de su parque automotor, que además opera en de manera tan caótica que explica también las pérdidas en horas-hombre y otros costos operativos de hasta 500 millones de dólares anuales, según el Banco Mundial. Taxis informales causan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono de vehículos ligeros, indicó el especialista en transporte Juan Tapia. El combustible diesel que utiliza el 60% del parque automotor de Lima contiene el nivel mas elevado de azufre, fuente de material particulado, que afecta directamente la salud de las personas. Cierre el caño cuando se lave los dientes. Lave los vegetales en un tazón y no bajo el caño abierto. Consejos útiles para ahorrar agua.

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Junio 2010

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LUNES 31 de mayo del 2010 Boletín Digital - Año I - Nº 001

mbientaldEBATE

Promoviendo la cultura del diálogo

Informativo producido por la web Debate Ambiental - E-mail prensa@ .com.pedebateambiental

n informe de la comisión de expertos de la UOrganización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país.

Obviamente, tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones.

Pero la comisión había sido aun más severa. Además de pedir que se congelaran las actividades extracti-vas, llamó la atención al Estado Peruano indicando que no cumplía con once artículos del Convenio 169 de la OIT, relativos al sistema de consultas a las comunidades indígenas y nativas.

Dicha comisión insistía en que en el Perú no había un sistema de consulta legítimo ni una norma que valide el Convenio 169 en el país.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, señala que cuando dicha unidad de la OIT hizo este pedido varias organizaciones (estatales y privadas) agrupadas en la Mesa N° 3 (una de las cuatro mesas que se formaron tras los lamentables sucesos de Bagua) trabajaban en una norma sobre el derecho de consulta, que se cristalizó en el dictamen de ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobado por el Congreso hace diez días.

POR INVERSIONES

¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarbu-ros y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos.

El dictamen de la Ley del Derecho de Consulta Previa a las comunidades ha generado preocupación en los predios empresariales que temen que se impida el desarrollo de las inversiones.

¿Freno a las inversiones? El debate sobre la ley de consulta a pueblos indígenas

“Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido”, señala.

Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades.

Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta.

Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto.

NO HAY VETO

Lo que sí queda claro es que no hay derecho a veto para las actividades extractivas. La ley tampoco

considera los plebiscitos o consultas populares como mecanismos válidos para detener proyectos económicos.

Dennis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) —promotor de la norma— indica que la consulta no será a caseríos sino a pueblos y explica que se tratará de un diálogo directo con las autoridades legítimamente elegidas.

Sin embargo, la preocupación de los inversionistas mineros y petroleros no precisamente es el tema del veto, sino el hecho de que se formaría una serie de mesas de diálogo que retrasarían los proyectos.

José Miguel Morales indica que el riesgo de la norma es que se antepongan intereses políticos para detener proyectos necesarios para el país. “No se trata solo de proyectos mineros. Por ejemplo, si una carretera cruza por los terrenos de una comunidad y esta se opone por intereses políticos, podrían primar los deseos de estas pocas personas antes que los del país”, advierte.

La otra preocupación es el tema de la organización de las comunidades. Según el Indepa hay registradas 7.511 comunidades campesinas y nativas. Según Morales, no todas se encuentran debidamente organizadas y sus padrones no están actualizados. “Existen incluso directivas simultáneas disputándose el poder”, sostiene.

El presidente del Indepa, Wayna Cápac Alatrista, reconoce que en varias comunidades existen estos problemas, pero indica que esta organización trabaja por solucionarlos.

Alatrista aclara que, al final, las comunidades no dialogarán con las empresas sino con el Estado en su rol de administrador.

El dictamen aún no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. De promulgarse, el Indepa tendrá 90 días para implementar la ley.

Lima es la capital latinoamericana con más contaminación atmosférica

ima presenta el peor cuadro de contaminación atmosférica entre las capitales latinoamericanas, Lsegún un informe del Instituto de Estudios

Peruanos.

De acuerdo a los resultados, en Lima se presenta dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro y material particulado en niveles más letales que en México, Santiago de Chile, Sao Paulo, Río de Janeiro o ciudades de otros continentes como Tokio, Madrid o París.

El 80% de las emisiones contaminantes de Lima provienen de su parque automotor, que además opera en de manera tan caótica que explica también las pérdidas en horas-hombre y otros costos operativos de hasta 500 millones de dólares anuales, según el Banco Mundial.

Taxis informales causan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono de vehículos ligeros, indicó el especialista en transporte Juan Tapia.

El combustible diesel que utiliza el 60% del parque automotor de Lima contiene el nivel mas elevado de azufre, fuente de material particulado, que afecta directamente la salud de las personas.

Cierre el caño cuando se lave los dientes. Lave los vegetales en un tazón y no bajo el caño abierto.

Consejos útiles para ahorrar agua.