BOLETIN Nº 718

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 28 de mayo al 30 de junio 2015

 

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INDICE

01. AZNAR LIDERA LAS CRÍTICAS DE LA VIEJA GUARDIA DEL PP CONTRA RAJOY 02. RAJOY LIMITA EL CAMBIO DE GOBIERNO AL RELEVO DE WERT POR MÉNDEZ DE VIGO 03. RAJOY MUESTRA SU "RESPALDO" A CIFUENTES AL IR POR PRIMERA VEZ A UNA TOMA DE POSESIÓN DE CONSEJEROS 04. LAS CLAVES DEL PROCESO JUDICIAL DE CAJA ESPAÑA POR EL QUE ESTÁ IMPUTADO EL NÚMERO TRES DEL PP 05. ASÍ JUSTIFICA PABLO CASADO LA IMPUTACIÓN DEL NÚMERO TRES DEL PP 06. ¿EN QUIEN CONFÍA AHORA RAJOY? SUBEN JORGE MORAGAS Y PABLO CASADO 07. PABLO CASADO, LA FÓRMULA MULTIPANTALLA DEL PP PARA COMBATIR A IGLESIAS Y RIVERA 08. PABLO CASADO Y SU ABUELO, EL QUE ‘USA’ PARA DEFENDERSE DE SUS METEDURAS DE PATA 09. PABLO CASADO PIDE NO SACAR DE CONTEXTO SUS PALABRAS SOBRE LA GUERRA CIVIL Y DICE QUE SU ABUELO FUE VÍCTIMA DEL FRANQUISMO 10. JORGE MORAGAS, LA SOMBRA DE RAJOY 11. MONCLOA SE RECTIFICA A SÍ MISMA Y ASEGURA AHORA QUE MORAGAS NO COBRA "NI UN EURO" DEL PP 12. RAJOY EN ‘SERVICIOS MÍNIMOS’ EN MONCLOA Y ‘MÁXIMOS’ EN GÉNOVA, ENTRE CRECIENTES RUMORES DE UN ADELANTO ELECTORAL PARA SEPTIEMBRE 13. RAJOY DESCARTA ADELANTAR ELECCIONES Y CONFIRMA CAMBIOS EN GOBIERNO Y PP 14. COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LOS PACTOS MUNICIPALES 15. EL PSOE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL ÚLTIMO CASO DE PUERTA GIRATORIA EN HACIENDA 16. EL CONGRESO AUTORIZA DE FORMA RETROACTIVA LOS NEGOCIOS QUE OCULTÓ EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP 17. EL PP “INDULTA” AL DIPUTADO QUE OCULTÓ AL CONGRESO SUS ACTIVIDADES 18. NUEVA DENUNCIA CONTRA HERNANDO Y CASADO POR HUMILLAR A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 19. LOS VIAJES DE LA PERRA DEL MINISTRO DEL INTERIOR SE DEBATEN EN EL CONGRESO 20. EL NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO ACREDITA UN ÚNICO AÑO DE TRABAJO EN LA EMPRESA PRIVADA 21. EL SUPREMO ANULA EL INDULTO AL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS

 

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22. EL JUEZ RECTIFICA Y VUELVE A EMBARGAR LAS CUENTAS DE RODRIGO RATO 23. ‘CASO GÜRTEL’: DE ESCÁNDALO POLÍTICO A ESCÁNDALO JUDICIAL 24. ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN AL GOBIERNO QUE LA LEY SEA MÁS ESTRICTA CON LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 25. LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL RECUSARÁN A LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP 26. EL SUPREMO DECIDIRÁ SI IMPUTA A PELAYO POR SU IMPLICACIÓN "PATENTE Y GROSERA" EN LOS CONTRATOS CON LA GÜRTEL 27. HACIENDA SUGIERE QUE 12 MILLONES EN NEGRO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ ACABARON EN LA ‘OPERACIÓN CALDERÓN’ 28. EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZÁLEZ 29. SEMANA NEGRA EN RTVE 30. TVE CANCELA EL PROGRAMA DE BURUAGA, 'ASÍ DE CLARO' 31. PIDEN LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE RTVE POR JACTARSE DE VOTAR AL PP 32. C.A.BALEARES. BAUZÁ PIERDE EL CONTROL DEL PP POR LA MANIOBRA DE EXCARGOS “REBELDES” 33. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL SE MARCHA DE LA JUNTA CON UNA POLÉMICA RECALIFICACIÓN AGRÍCOLA 34. C.A.CASTILLA LA MANCHA. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CERTIFICA EL “TRATO DEGRADANTE Y VEJATORIO” DE LA DIRECTORA DE INFORMATIVOS DE LA TELE DE COSPEDAL A LOS TRABAJADORES 35. C.A.LA RIOJA.SANZ DIMITE PARA QUE CIUDADANOS PERMITA GOBERNAR AL PP EN LA RIOJA 36. C.A.MADRID. ÁNGEL GARRIDO SERÁ EL ‘NÚMERO DOS’ DEL GOBIERNO DE CIFUENTES 37. C.A.MADRID. LA BREVE Y FRUCTÍFERA EXISTENCIA DE LA FUNDACIÓN FIEL DEJA INTERROGANTES SOBRE SUS VÍNCULOS CON EL PP Y LA FAES DE AZNAR 38. C.A.MADRID. LA AUDIENCIA DE MADRID OBLIGA POR TERCERA VEZ A REABRIR EL CASO DE LOS ESPÍAS A SUELDO DE LA COMUNIDAD 39. C.A.MADRID.EL JUICIO A ESPERANZA AGUIRRE, EN EL AIRE POR EL NUEVO CÓDIGO PENAL 40. C.A.MADRID.LA AUDIENCIA PROVINCIAL CAMBIA AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ A AGUIRRE POR SU FUGA EN EL CENTRO DE MADRID 41. C.A.MADRID. EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A LOS EXCONSEJEROS DEL ‘CASO PÚNICA’ 42. C.A.MADRID. EL JUEZ IMPUTA A LOS CONSEJEROS DE MADRID VICTORIA Y FIGAR POR ‘PÚNICA’

 

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43. C.A.MADRID. CIENTOS DE ASESORES A DEDO PIERDEN SU PUESTO 44. C.A.MADRID. ANTICORRUPCIÓN QUIERE QUE CEREZO DECLARE EN EL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’ 45. C.A.MADRID. LOS EXTRABAJADORES DE TELEMADRID TOMAN EL TESTIGO DEL SUP EN LA ACUSACIÓN DEL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’ 46. C.A.MURCIA. LA JUEZ DE LORCA CITA EL 14 DE JULIO A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR EL 'CASO AUDITORIO' 47. C.A.MURCIA.DIMITE BASCUÑANA 48. C.A.MURCIA. LA ‘PÚNICA’ GOLPEA DE NUEVO AL PP: DIMITE UN CONSEJERO MURCIANO 49. C.A.MURCIA. LA GUARDIA CIVIL REQUISA FACTURAS DE LA 'PÚNICA' EN EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

50. C.VALENCIANA. LA PÚNICA SALPICA A EDUARDO ZAPLANA 51. C.VALENCIANA.UN JUEZ DE VALENCIA RETOMA EL ‘CASO F-1’ EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO CAMPS 52. C.VALENCIANA. EL EXCONSEJERO RAFAEL BLASCO INGRESA EN LA CÁRCEL DE PICASSENT 53. C.VALENCIANA. EL SUPREMO CONDENA AL EXCONSEJERO VALENCIANO BLASCO A SEIS AÑOS DE CÁRCEL 54. CIUDAD DE MELILLA. EL SUPREMO ARCHIVÓ EL ‘CASO IMBRODA’ SIN ESPERAR A QUE LA FISCALÍA SE PRONUNCIARA 55. CIUDAD DE MELILLA. EL ABNEGADO APOYO DEL MINISTRO CATALÁ A IMBRODA, CANDIDATO IMPUTADO POR MELILLA

 

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01. AZNAR LIDERA LAS CRÍTICAS DE LA VIEJA GUARDIA DEL PP CONTRA RAJOY El expresidente cree que el partido ha perdido la identidad, no ha hecho los cambios que debía y se conduce a una derrota electoral José María Aznar está muy molesto con Mariano Rajoy y con su forma de conducir el Partido Popular que él refundó en 1990 y del que se considera el referente moral e ideológico. El presidente de la FAES y de honor del PP entiende que su partido ha “perdido su identidad” y se dirige a otro fracaso en las elecciones generales próximas sino pone en práctica ya un cambio de estrategia radical. Cree que el momento es tan crítico como cuando él sustituyó a Manuel Fraga en 1989. Los reproches de Aznar coinciden con los de dirigentes de la vieja guardia del PP como Esperanza Aguirre o Luisa Fernanda Rudí. Rajoy creía el viernes pasado, en Bruselas, que con el relevo de Íñigo Méndez de Vigo por José Ignacio Wert como ministro de Educación y los recambios en segundos niveles del PP ya había aplicado las medidas suficientes para activar al partido y al Gobierno de cara a la inminente y clave campaña electoral. Pensaba que con esos movimientos, muy leves y en parte frustrados sobre sus primeros planes, cubría el expediente de las demandas de los candidatos y presidentes regionales del PP derrotados el 24 de mayo en las urnas. A Rajoy, ya se sabe, le cuesta tomar decisiones y más si competen a personas y conllevan dimisiones o ceses. El sábado tuvo el gesto de acudir a la toma de posesión de los siete consejeros de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Sarkozy y la semana de los cursos de FAES La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar organiza, como todos los años, sus cursos de verano. Y con la misma periodicidad se producen los recurrentes desencuentros entre el expresidente y el actual mandatario del PP. Los cursos se inauguran hoy, en Guadarrama, con una breve intervención de Aznar, la apertura de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y el discurso del gran invitado: Nicolás Sarkozy. Durante la semana hay varias mesas redondas. El 5 de julio llegará la clausura y el morbo del encuentro Rajoy-Aznar. El presidente del Gobierno ya sabía entonces que el domingo le esperaba el purgatorio de una larga y dura entrevista de Aznar en el diario Abc y no intuía buenas vibraciones. El expresidente y aún presidente de honor del PP se despachó a gusto, como hizo esta semana pasada durante un foro con 15 economistas y sociólogos del ámbito de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales que también preside. Durante esa comida aún fue más sincero y abierto en sus pensamientos contrarios a Rajoy. No le citó por su nombre pero sí detalló que el PP “ha perdido su identidad y sus valores”, que no resulta creíble ni votable ahora para el simpatizante popular de toda la vida porque las ideas clásicas del partido han sido arrinconadas por posiciones más melifluas y ambiguas para no molestar y advirtió de que con esa estrategia actual se dirige irremediablemente a una sonora derrota en las próximas elecciones generales. Aznar no trasladó una visión optimista ni de que el PP pueda todavía variar esa estrategia en tan poco tiempo ni siquiera de que Rajoy quiera hacerlo o haya entendido que es necesario. Sí puso ante los sociólogos y economistas invitados al encuentro un ejemplo personal que algunos interpretaron como un aviso directo hacia el mentón de Rajoy. Aznar recordó así que en 1989, cuando varios dirigentes históricos de AP le fueron a buscar a Castilla y León para relevar a Manuel Fraga tras varias derrotas, él asumió el liderazgo y el reto de presentarse con muy pocos meses de margen a las siguientes elecciones generales sabiendo que iba a perder esos comicios pero también que ya estaba en disposición de plantear batalla en el futuro y de refundar el partido. Entonces lo hizo. Ahora pide algo muy similar.

 

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Estas ideas de Aznar son respaldadas, en gran medida, por un sector de la vieja guardia del PP y de dirigentes tan históricos como Esperanza Aguirre, que se las espetó a la cara a Rajoy en un encuentro en La Moncloa tras su derrota electoral; de Luisa Fernanda Rudi, que se las dijo de frente en un Comité Ejecutivo y luego le entregó una carta con un resumen también en su despacho; y por otros barones como Juan Vicente Herrera. El votante que no volverá El presidente Aznar también concluye que el PP ha sufrido tres serios toques de atención electorales este año (con pérdidas de votos masivas en europeas, andaluzas y locales) y no augura que esos votantes desengañados y fugados (la mayoría a Ciudadanos) vayan a volver ahora a sus redes. Aznar señala que el votante del PP y en general la clase media no sabe ahora a qué atenerse cuando miran a ese partido: si está a favor del aborto o no; de bajar o subir impuestos; de ser verdadera oposición al proceso secesionista en Cataluña. Y así sobre un sinfín de asuntos. También recuerda que ningún voto, tampoco el suyo, es cautivo y no revela si piensa volver a votar a Rajoy en el futuro: “Yo le deseo los mayores éxitos al PP, pero hay que ganárselo”. Sostiene que los cambios practicados ahora en el PP y el Gobierno son muy escasos y defiende que aún habría tiempo de hacer más sobre todo en el Ejecutivo si se quiere plantar cara de verdad en la campaña. Argumenta que el PP ha abandonado su ADN, ha dejado de aglutinar a todo el centro derecha y que ya no está unido. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/28/actualidad/1435510344_180937.html 02. RAJOY LIMITA EL CAMBIO DE GOBIERNO AL RELEVO DE WERT POR MÉNDEZ DE VIGO El presidente Mariano Rajoy ha limitado finalmente su anunciada crisis de Gobierno al mero relevo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por el veterano eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, del sector más moderado del partido y con experiencia en distintos cargos europeos desde 1984. Méndez de Vigo, quien anoche se encontraba en Bruselas acompañando a Rajoy en la cumbre de la UE, se mostró contento y honrado por asumir el cargo, pese a que quedan como mucho cinco meses de legislatura. Ni Rajoy ni el Ejecutivo pudieron aclarar si Wert ha sido ya nombrado nuevo embajador ante la OCDE. La anunciada remodelación del Gobierno, que Rajoy confirmó el 10 de junio junto con los cambios en el PP como consecuencia de los malos resultados de las elecciones del 24-M, se quedó al final en un comunicado de apenas ocho líneas emitido a las diez de la noche por la Secretaría de Estado de Comunicación, con Rajoy en medio de una cumbre europea para intentar cerrar por enésima vez la crisis griega, el Rey de viaje oficial en Girona y la atención mediática puesta en la imputación de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El texto oficial de La Moncloa solo aporta el nombre del nuevo ministro y asegura que Rajoy aprovechó para felicitar a Wert por su tarea y por su “determinación”, sobre todo para sacar adelante la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El Gobierno agregó el dato de que el nuevo titular de la cartera tomará posesión de su cargo esta tarde en Madrid. Méndez de Vigo telefoneó desde Bruselas a Wert, de quien es amigo, y el hasta ahora ministro se ofreció para mantener una reunión y hacer el traspaso. Rajoy llevaba varias semanas intentando cuadrar sus planes de renovación e impulso en el PP y en el Ejecutivo. Tras el varapalo en las urnas de mayo, el presidente, primero, concluyó al día siguiente que no debía hacer ningún cambio ni en el partido ni en el Gobierno, pero el malestar que ese comportamiento causó en sus derrotados barones territoriales le hizo variar de opinión. Pocos días después, ya en el Congreso, aclaró que haría cambios en los dos ámbitos. Esos giros y la incertidumbre que generó su silencio en las siguientes semanas desataron una guerra de nervios y todo tipo de interpretaciones en el Ejecutivo y en el partido. Se especuló entonces con que podría ejecutar una gran crisis, se informó de que habría cambios de calado

 

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que no serían solo “cosméticos ni de chapa y pintura” y cuando las noticias se desbordaron y empezaron a tocar a personas de su círculo de poder más cercano, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, el presidente volvió a comparecer en público, hace diez días en Milán, para rebajar las expectativas. Su equipo también se ha mostrado en este tiempo bastante confundido y con muy escasa información. Hace dos semanas, daban por hechos los cambios en el Gobierno tras escuchar al propio presidente y leer el 10 de junio los tuits de los perfiles oficiales de Rajoy y de La Moncloa: “Tomaré decisiones antes de que finalice el mes. Habrá cambios en el Gobierno y en el PP”. En esas mismas fechas, en su cuenta de Twitter, Rajoy aprovechó para sentenciar otra de las incógnitas que ha engordado en las últimas semanas: “No tengo previsto un adelanto electoral. Serán cuando corresponde. Ahora es momento de seguir profundizando en la recuperación”. Antes de entrar a la reunión del Grupo Popular Europeo y del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy insistió este jueves en zanjar las informaciones sobre un hipotético adelanto: “Se lo he dicho tantas veces que creo que ya ni merece la pena”. Rajoy se refería así, con cierto tono de hartazgo y desgana, a que ha asegurado públicamente en diversas ocasiones que piensa convocar los comicios “cuando toca” y al final del mandato, es decir, en torno al 22 o 29 de noviembre o el 13 o 20 de diciembre. También ha explicado que, según su opinión, un presidente solo debe anticipar la llamada a las urnas si le falta estabilidad parlamentaria y no puede gobernar. Entiende que ese no es su caso. El Gobierno dispone de mayoría absoluta en las Cortes y pretende tramitar más de 40 normas y leyes y hasta los Presupuestos Generales del Estado antes de disolver y fijar la fecha de los comicios. Pero en privado, el presidente ha escuchado otras voces, de barones y dirigentes del partido, así como de empresarios, que le han aconsejado el adelanto para desbaratar los planes plebiscitarios e independentistas de Artur Mas con las elecciones catalanas del 27 de septiembre y para aprovechar el tirón de la contratación veraniega. En esas charlas, Rajoy apenas responde ni añade ningún comentario que pueda ser interpretado como una pista. Algunos de esos interlocutores lo que le han encontrado es desconcertado y sin saber muy bien qué decisión tomar. El comunicado oficial no aclara qué sucederá con el futuro profesional de Wert. El anterior ministro había reclamado a Rajoy dejar el Gobierno para instalarse con su futura esposa, la exsecretaria de Estado Montserrat Gomendio, en París tras ser nombrada para un puesto ejecutivo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Rajoy y Wert pactaron que sería nombrado embajador de España en la OCDE tras el 24-M. El Gobierno no ha precisado si ese nombramiento, que aún no se ha producido, puede formalizarse en próximos días. Cuatro cambios de ministros durante la legislatura El nombramiento de Íñigo Méndez de Vigo como ministro de Educación, Cultura y Deporte en sustitución de José Ignacio Wert eleva a cuatro el número de nuevas incorporaciones al Gobierno de Mariano Rajoy en el transcurso de la legislatura. Hasta ahora, Rajoy había realizado tres relevos en otros tantos momentos de la legislatura, el último de ellos el pasado 2 de diciembre, cuando Alfonso Alonso fue nombrado ministro de Sanidad en sustitución de Ana Mato. Este cambio fue consecuencia de la dimisión de Mato tras la publicación del auto del juez Pablo Ruz sobre el caso Gürtel que la consideró partícipe a título lucrativo en los regalos que esta trama hizo a su familia mediante el que fuera su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

 

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También el año pasado se incorporaron como nuevos ministros Isabel García Tejerina al frente de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Rafael Catalá como titular de Justicia. Tejerina sustituyó el 28 de abril a Miguel Arias Cañete, quien, dos años y cuatro meses después de que Rajoy conformara su Ejecutivo, fue el primer ministro en abandonarlo. El motivo fue la decisión del presidente del Gobierno y del PP de que encabezara la candidatura de su partido para las elecciones europeas. Tras esos comicios, y una vez que Jean Claude Juncker fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Europea, Arias Cañete fue designado comisario europeo de Clima y Energía. El segundo en incorporarse al Gobierno fue Catalá, quien relevó el 29 de septiembre de 2014 a Alberto Ruiz-Gallardón después de que éste presentase su dimisión como titular de Justicia una vez que el Gobierno decidió retirar la reforma de la ley del aborto que él había impulsado. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435262715_922912.html 03. RAJOY MUESTRA SU "RESPALDO" A CIFUENTES AL IR POR PRIMERA VEZ A UNA TOMA DE POSESIÓN DE CONSEJEROS El presidente se aparta, sin embargo, de la idea de que su presencia sea un 'guiño' a un posible apoyo para que sea la nueva presidenta del PP de Madrid Cifuentes integra en su Gobierno a sus hombres de confianza y a una sola mujer La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha agradecido el "indudable respaldo" del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que, como ha explicado la propia dirigente madrileña, es la primera vez que acude a una toma de posesión de miembros de un Gobierno en la Comunidad. "Se lo agradezco muchísimo, es la primera vez que un presidente de Gobierno viene a apoyar un nombramiento de consejeros de la Comunidad de Madrid desde su creación", ha resaltado Cifuentes, que ve el gesto como "un indudable respaldo no solamente del Gobierno de España al Gobierno de la Comunidad sino también del presidente del PP al Gobierno del PP en la Comunidad". En este sentido, ha destacado, además de la presencia del propio Rajoy, la de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que como ya hizo el pasado jueves, ha vuelto a la Real Casa de Correos para presenciar la toma de posesión de los nuevos miembros del Gobierno madrileño entre los que se encuentran la que ha sido hasta ahora la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, que se ocupará de la cartera de Economía, Empleo y Hacienda. Mariano Rajoy ha explicado que ha querido estar hoy apoyando a Cifuentes y a su equipo de gobierno para desearles "suerte" y recordando que "lo que ocurra en Madrid es muy importante para España". Rajoy ha señalado que es una "satisfacción, un orgullo y un honor" estar en la toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno madrileño. Y es que, como ha explicado, no pudo estar en la toma de posesión de la presidenta madrileña porque estaba en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas aunque sí hubo una "representación importante" del Gobierno de España, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la cabeza y seis ministros. "Estoy aquí y he venido a desearle suerte", ha indicado Rajoy, que ha destacado que ellos han ganado las elecciones, "son la fuerza más votada en Madrid" y está "absolutamente convencido" de que van a estar a la "altura de las circunstancias" y de que "nadie se va a arrepentir de haberles dado su apoyo".

 

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A continuación, ha subrayado que "lo que ocurra en Madrid es muy importante para España". "Madrid es una región de una enorme importancia por su Producto Interior Bruto, porque acoge a mucha gente y se está creando empleo", ha destacado. En este sentido, ha indicado que estamos en un momento en el que "se empieza a ver una recuperación económica" y España va a crecer este año alrededor del 3 por ciento pero está convencido de que en Madrid "las cosas van a ir mejor" y que el nuevo equipo de gobierno "va a trabajar codo con codo con todos los madrileños para conseguir generar riqueza". Por último, ha insistido en que están todos "muy orgullosos y contentos", un sentir que también tiene no solo como presidente del Gobierno sino como máximo responsable del PP. "Es una satisfacción que podamos gobernar en la región", ha concluido. Preguntada por si se puede interpretar la presencia de Rajoy en esta toma de posesión como un guiño a que pueda ser también Cifuentes la próxima presidenta del PP de Madrid, la dirigente madrileña ha negado la mayor: "Estas cosas no tienen nada que ver, es un apoyo explícito al Gobierno de la Comunidad de Madrid". http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes-agradece-indudable-Rajoy-consejeros_0_403159865.html 04. LAS CLAVES DEL PROCESO JUDICIAL DE CAJA ESPAÑA POR EL QUE ESTÁ IMPUTADO EL NÚMERO TRES DEL PP El juzgado de instrucción número 5 de León está pendiente de fijar fecha para que declare Martínez Maíllo y otros 15 imputados por el caso de la autoconcesión de créditos en la entidad Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción denunciaron los préstamos que Caja España y Caja Duero –antes de fusionarse- dieron a las empresas de la construcción de Santos Llamas, presidente de la entidad financiera entre 2006 y 2010 El Banco de España advirtió varias veces a Caja España de que estaba infringiendo la ley pero la entidad no mudó su actitud que causó pérdidas millonarias El número tres del PP, el presidente ‘popular’ en Zamora, el que fuera además presidente de la Diputación de Zamora, el actual alcalde de Casaseca de las Chanas (municipio zamorano de 400 habitantes), y exmiembro del Consejo de Administración de Caja España, Fernando Martínez Maíllo, está pendiente de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León fije otra fecha para declarar como imputado por el ‘caso Caja España’. Este juzgado investiga la concesión de créditos al expresidente de esta entidad, el empresario de la construcción de León Santos Llamas, y que llevó a la jueza a imputar a los 15 miembros del Consejo de Administración de Caja España al entender que pudieran tener alguna responsabilidad en la concesión de esos créditos. Santos Llamas terminó siendo presidente de la entidad financiera entre 2006 y 2010. Según fuentes judiciales, el pasado día 5 de junio, la jueza dictó una providencia en la que daba un plazo de cinco días para “manifestar si interesa la práctica de alguna diligencia con carácter previo a la declaración de los imputados”. Y añadía una lista de nombres, en la que figuraba Martínez Maíllo. Las mismas fuentes destacan que la declaración estaba prevista para el pasado día 19, aunque por problemas “de forma en la citación” de los peritos del Banco de España se decidió posponer la declaración “de los imputados”. Pero sin que se modificara la condición de las comparecencias, según las citadas fuentes. Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción denunciaron los préstamos que Caja España y Caja Duero –antes de fusionarse- dieron a las empresas de la construcción de Santos Llamas, como Construcciones Carriegos, Construcciones Llamas Gil y Sotaban.

 

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Según la denuncia que presentaron IU y el colectivo ecologista, Construcciones Carriegos recibió en 2008 tres préstamos de Caja España por 14 millones de euros. Y otro más por parte de Caja Duero, por 8,3 millones. Esta empresa consiguió un beneficio de 2,1 millones en ese mismo año. Por su parte, Construcciones Llamas Gil, también recibió en 2008 dos préstamos de Caja Duero por 131.500 euros y otros tres préstamos de Caja España por 5,4 millones. Y Sotaban, también en 2008, recibió 20 créditos de Caja España y Caja Duero por 21 millones de euros. Y todos esos préstamos los recibió Santos Llamas ya como presidente de Caja España, a cuyo cargo accedió en julio de 2006 y que abandonó en 2010. Dos años después dejar el puesto, la inspección del Banco de España advirtió de esas posibles anomalías detectadas y reclamó, ya entonces, a la entidad surgida tras la fusión de Caja España y Caja Duero, Banco Ceiss, a “tomar medidas correctoras”. En 2011, IU y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que ya apuntaban que “la actuación de los consejeros de las cajas de ahorros no sólo puede ser punible en relación a los ‘préstamos auto concedidos’ sino por la participación decisiva y las influencias llevadas a cabo para obtener un trato favorable y muy ventajoso en relación a las condiciones laborales y sus prejubilaciones o indemnizaciones”. Como consecuencia de todo ello, en abril de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León dictó un auto en el que imputaba a todos los miembros del Consejo de Administración de Caja España para determinar su implicación en la concesión de esos préstamos a Santos Llamas. Entre ellos figuraba Fernando Martínez Maíllo. Es más, buscaba determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera. Y, para ello, la jueza se basaba, entre otros argumentos, en un informe del Banco de España que advirtió a Caja España, en 2006 y 2008, de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de Santos Llamas. Es más, el documento del supervisor denunciaba “la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España». Además, otro informe del supervisor, de marzo de 2013, destacaba que Santos Llamas “no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”. Y otros peritos del Banco de España advirtieron que el propio Banco Ceiss también “incumplió” la ley al aprobar en enero de 2012 operaciones de refinanciación que no fueron formalizadas. Tampoco se exigió a Llamas garantías eficaces de pago, pese a su “incapacidad” de “hacer frente a los compromisos de pago”. Como consecuencia de ello, la Fiscalía emitió un escrito en el que revelaba que estas actuaciones pudieron ocasionar a Caja España un perjuicio de 60 millones de euros. http://www.eldiario.es/economia/judicial-Caja-Espana-imputado-PP_0_400360855.html 05. ASÍ JUSTIFICA PABLO CASADO LA IMPUTACIÓN DEL NÚMERO TRES DEL PP El vicesecretario de comunicación justifica que Fernando Martínez-Maíllo solo está citado a declarar "en calidad de imputado" Sobre la imputación de Chaves y Griñán, Casado exigía a los socialistas que cumplieran "con su palabra" y les obligaran a abandonar el escaño El recién nombrado responsable de comunicación del PP, Pablo Casado, ha variado su discurso sobre las imputaciones en función de a quién afecten. Mientras que los conservadores atacan al PSOE por la imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los

 

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ERE, Casado justifica que el número tres del PP solo está citado a declarar "en calidad de imputado". Es la misma situación a la que se enfrentaron los expresidentes andaluces ante el Tribunal Supremo. "Hay que cumplir con la palabra dada". Son las palabras de Casado, el 18 de febrero en RTVE, sobre la imputación de Chaves y Griñán asegurando que "tanto Sánchez como Díaz dijeron que en cuanto hubiera una imputación en estas personas no les temblaría el pulso para exigirles que abandonaran el escaño". "No es una imputación, sino una citación en calidad de imputado". Es la declaración que Casado ha utilizado esta mañana sobre la imputación del nuevo responsable de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en el 'Caso Caja España' por la presunta concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad, Santos Llamas. "Hay que diferenciar entre la imputación de algún delito y una calificación procesal entre la que declaras ante un juez", ha precisado en La Sexta. Ha insistido en que Chaves y Griñán "están imputados", pese a que el Supremo no les ha atribuido ningún dlito concreto. Según el dirigente del PP, lo que ocurre con Maíllo "es distinto" porque "a Martínez-Maíllo se le llama en calidad de imputado" porque "es la calificación que tenía antes del procedimiento de nulidad". Casado ha explicado que el nuevo número tres del PP ha estado " imputado, desimputado y ahora se ha solicitado la nulidad de esa imputación". La polémica ha saltado después de que Mariano Rajoy anunciara cambios los mínimos en el Gobierno entre los que se encuentra el nombramiento de Fernando Martínez-Maíllo como número tres del PP. http://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-interpretaciones-imputacion_0_400360605.html 06. ¿EN QUIEN CONFÍA AHORA RAJOY? SUBEN JORGE MORAGAS Y PABLO CASADO El presidente hace cambios mínimos en el partido y releva a los actuales vicesecretarios por dirigentes más jóvenes y televisivos Mariano Rajoy quiere dar la señal de que vuelve a tomar las riendas del PP para el momento clave de la legislatura. Tres años después de haber delegado la gestión del día a día del PP en la secretaria general, Dolores de Cospedal, Rajoy ejecutó este jueves finalmente una remodelación en la dirección del partido que se limita a sustituir los nombres de los vicesecretarios actuales por otros dirigentes más jóvenes. Rajoy deja a Cospedal formalmente como secretaria general, pero en un partido que entra ya en campaña pone al frente a un nuevo jefe para organizarla y diseñarla: Jorge Moragas, su director de Gabinete en La Moncloa. Tras casi media hora de discurso para justificarse, para formular alguna autocrítica sobre la escasa repercusión de la recuperación económica y los costes de la lentitud y mala gestión de la corrupción interna, y para atacar al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, Rajoy entró a dibujar la reestructuración “de calado” que se anunció “para activar al PP y ponerlo en campaña para ganar las próximas elecciones generales”. No hubo revolución alguna. Tampoco ningún cambio relevante en la estructura o el organigrama. El modelo es el mismo que el actual pero con caras nuevas, más jóvenes y más televisivas. El gran ajuste interno es que Rajoy toma el mando del PP tras tres años en los que apenas ha aparecido por la sede central, en los que no ha querido asistir a los comités de dirección que se programan todos los lunes por su labor en la presidencia del Gobierno. En ellos ha confiado esa tarea, sobre todo, a dos personas de su máxima confianza que ahora quedan apartadas. La marginación más evidente es la del actual número tres del PP, Carlos Floriano, vicesecretario de Organización hasta ahora, que será destinado para algún puesto en el comité de dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso, bajo las órdenes de Rafael Hernando y es señalado como el responsable de los últimos fracasos electorales. La sustitución más fina, delicada y a las maneras de Rajoy es la de Dolores de Cospedal. En diferido.

 

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Secretaria general formal Rajoy ni mencionó a Cospedal en su discurso ni comentó nada sobre sus nuevas funciones. Se sobreentendió, por tanto, que sigue siendo secretaria general formalmente. En las comparecencias posteriores a la intervención de Rajoy de diversos dirigentes se confirmó ese dato y también que en el partido no saben qué hará a partir de ahora, si comparecerá en alguna rueda de prensa ni tampoco quién comandará los semanales comités de dirección. “Rajoy volverá a ser el líder del PP, se recuperarán los maitines que él suprimió al principio de la legislatura entre el Gobierno y el partido, porque había muchas filtraciones, y será también él quien se hará más presente para contar nuestro relato de la recuperación económica y de la crisis”, enumeró la nueva estrategia uno de los nuevos responsables de la dirección del PP. Un imputado, en Organización Fernando Martínez Maíllo, que asume la Vicesecretaría de Organización, está imputado por una juez de León que investiga su implicación en un supuesto caso de administración desleal cuando era miembro del consejo de administración de Caja España, por renovar créditos que la entidad concedió en 2009 a sociedades de quien entonces era su presidente, Santos Llamas, y que le ocasionaron pérdidas millonarias. La juez le citó a declarar el 29 de mayo, pero aplazó su interrogatorio por defectos de forma. En una providencia del 2 de junio, mantiene la imputación a Maíllo, quien defendió anoche que no lo está "porque el proceso se encuentra suspendido". El primer gesto de la sustitución real de Dolores de Cospedal por Jorge Moragas se produjo minutos después de terminada la cita del comité ejecutivo del PP. Mientras los barones territoriales abandonaban la sede, tras resumir sus intervenciones sobre la necesidad de ponerse las pilas para intentar ganar las elecciones generales, se anunció la aparición en la sala de prensa del partido de los tres dirigentes que se disponen a protagonizar en distintos ámbitos la nueva etapa del partido. No bajó Dolores de Cospedal, claro. La primera figura que sobresalió, habló, insinuó y dibujó la futura estrategia fue la de Jorge Moragas, que ya fue coordinador de la campaña electoral de Rajoy en 2011, entonces bajo la dirección de Ana Mato. Moragas no quiso anticipar muchas ideas. Solo admitió que había tenido numerosas conversaciones a solas con Rajoy, que este le había escuchado mucho y que se había enterado de su nombramiento en la propia ejecutiva. También resumió el discurso del líder en dos ideas: unidad y ganas de ganar. Y anunció su estilo de trabajo: “Las estrategias no se explican, se realizan”. Moragas será desde ahora el director del gabinete de Rajoy en la presidencia del Gobierno en La Moncloa y el jefe de campaña en el partido. El propio afectado apostó porque también estará en los comités de dirección semanales, en los maitines y en el origen del pistoletazo de salida del PP de esa determinante campaña electoral. Rajoy encargó así en esta reunión de la cúpula del partido la programación de una Convención Nacional los días 11 y 12 de julio para abordar algunos asuntos ideológicos, algunas propuestas de reformas para disputar el terreno electoral al PSOE (como la ley electoral) y las bases del futuro programa. En el calendario, además, se fijó dos retos: elaborar los presupuestos generales del Estado y presentarlos antes del 30 de septiembre y plantarle cara “con toda la firmeza de la ley” a las elecciones catalanas y la deriva independentista de Artur Mas. Cinco vicesecretarios El presidente Rajoy acometió, además, algunos ajustes en el PP para el funcionamiento diario “y la puesta a punto de su estructura”. Por debajo de Cospedal, habrá ahora cinco vicesecretarios generales con distintos nombres para muy parecidas labores. El nuevo encargado de Organización y número tres in pectore será Fernando Martínez Maíllo, presidente de la Diputación de Zamora, de 46 años; y el nuevo encargado de Sectorial será Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, de 43 y una de las figuras en alza para el futuro. El PP, además, está

 

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obsesionado por su imagen pública, por la antipatía que provoca y por los ataques que recibe en las tertulias políticas de las televisiones privadas. Rajoy nombró así a un nuevo vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, de 33 años, habitual ya en muchos de esos programas, que multiplicará aún más su presencia en todo tipo de platós. Para reforzar ese trabajo, el PP ha fichado de su organización catalana a una vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, de 31 años, que aparece también frecuentemente en las televisiones de proyección catalana y con una imagen más liberal y moderna. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ofreció su nombre el lunes a Cospedal en una reunión en Madrid. El único referente entre los vicesecretarios generales del futuro PP que no es diferente es Javier Arenas, de 57 años, que seguirá al frente de Administraciones y Ayuntamientos y que es el dirigente histórico que conoce todos los rincones de la organización y es amigo personal del presidente. José Ignacio Wert, a la espera de ser relevado en breve A Mariano Rajoy le queda la segunda parte: los cambios en el Gobierno. Hace meses, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pidió al presidente ser relevado por motivos personales. Rajoy le dijo que esperara a que pasaran las elecciones del 24 de mayo. Ahora, todo parece indicar que Wert será relevado de su cargo en los próximos días. Este jueves, la nueva consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle, aseguró que el ministro abandonará su cargo esta semana, por lo que no celebrarán la reunión de cortesía que suele tener el ministro con un nuevo consejero de la cartera. De la Calle reconoció a los periodistas que Wert le había llamado para felicitarla, pero que no podrán reunirse "porque está esperando a irse esta semana". Una vez comprobado que Rajoy limita los cambios en el PP lo máximo posible, la impresión es que hará lo mismo en el Ejecutivo. Si fuera así, el presidente mantendrá su trayectoria de evitar variaciones bruscas en sus equipos. De hecho, solo ha cambiado a tres por ministros causas de fuerza mayor. Sobre los posibles sustitutos de Wert, la coherencia con esa limitación apunta que podría ser el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, quien se haga cargo del ministerio. Otro nombre que se ha manejado estas semanas para sustituir al titular de Educación y Cultura ha sido el de la propia Dolores de Cospedal. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/18/actualidad/1434643057_683021.html 07. PABLO CASADO, LA FÓRMULA MULTIPANTALLA DEL PP PARA COMBATIR A IGLESIAS Y RIVERA

• Rajoy deja en manos del nuevo vicesecretario el plan de rejuvenecer la imagen del partido

• El PP se suma a la estrategia de multiplicar su presencia en la televisión y en las redes • Rajoy pone en manos de Moragas y Casado la recuperación electoral

Mariano Rajoy ha comprendido que el asalto de los cielos, como propugna Podemos, pasa indispensablemente por la televisión. El presidente del PP anunció este jueves una remodelación del partido que pone a Pablo Casado a los pies de los telespectadores. Con el nombramiento del nuevo vicesecretario de Comunicación, los populares apuestan por la fórmula que Pablo Iglesias utilizó para dar el salto a la primera línea de la política en los comicios europeos —a la que se sumaría después Pedro Sánchez (PSOE)—: la multipantalla. El PP busca intensificar su presencia en las redes y en la televisión. Porque, como recoge un estudio de Twitter, los debates y tertulias multiplican por ocho el impacto de los mensajes en la web. Esta labor recaerá en los próximos meses en Casado, de 34 años, un rostro que rejuvenece la lastrada imagen del partido. Tras el derrumbe del bipartidismo, el PP había sido la única formación tradicional que no había dejado paso a la siguiente generación. Y ahora, con el

 

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nuevo paso adelante del treintañero, Rajoy abre tímidamente las puertas a la renovación. Su cara competirá en prime time con la de Iglesias, Albert Rivera o Alberto Garzón. A esta estrategia de los populares se suma, además, Andrea Levy. La recién nombrada vicesecretaria de Estudios y Programas, de 31 años, llega a la primera línea desde la división catalana de la formación, donde se había convertido en una habitual de los platós y radios. Casado ya se encargó de la portavocía de la formación durante la campaña de los comicios del 24-M. Entonces, ya se caracterizó por mantener un trato cercano con los periodistas: por ejemplo, tras la presentación del plan electoral del partido en Génova, recorrió la sala para saludar y presentarse uno por uno a las decenas de reporteros que allí se encontraban. No perdió un minuto. Al igual que ha hecho tras su designación como vicesecretario. En la noche del jueves, solo unas horas después de su nombramiento, ya estaba en una de las cadenas de la derecha. El viernes ha continuado con otra batería de intervenciones, "como 10 entrevistas", en televisión y radio. La propia proyección pública de Casado, abogado y economista, ha evolucionado en los últimos años. La imagen de hombre duro criado bajo la tutela de Aznar y Aguirre se ha moderado en los debates de televisión, donde utiliza ahora un lenguaje amable. Lejos quedan, para el PP, esos continuos ataques a la izquierda: "que idolatra a asesinos como el Che Guevara" y "que son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién". Levy, otra arma en las tertulias La nueva estrategia comunicativa del PP no pasa solo por Pablo Casado. A su lado tendrá al exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, de 43 años; y a Andrea Levy, de 31. La segunda desembarca en la primera línea política desde Cataluña, donde se ha gestado una imagen combativa en las tertulias. La nueva vicesecretaria de Estudios y Programas arremetió en la radio contra Celia Villalobos después de que la pillaran jugando al Candy Crush mientras presidía una sesión del Congreso. También, la pasada semana, participó en Madrid en un acto de Societat Civil Catalana, donde defendió la posición que mantiene el PP sobre la secesión: "Hay que construir un relato alternativo al del nacionalismo". http://politica.elpais.com/politica/2015/06/19/actualidad/1434704214_212522.html 08. PABLO CASADO Y SU ABUELO, EL QUE ‘USA’ PARA DEFENDERSE DE SUS METEDURAS DE PATA El elegido por Rajoy para ser 'cara del PP', se escuda en un abuelo materno para justificar sus descalificativos contra quienes "están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién..." Este viernes, en el programa de la Cadena SER, Hoy por hoy, Pepa Bueno entrevistaba a Pablo Casado. Y en un momento determinado le ponía a escucharse a sí mismo, a raíz de las peticiones de condena del PP contra Zapata por sus torpes tuits… Se ha escuchado entonces el momento en el que Casado, al que Rajoy presenta como ‘nueva imagen’ del PP, cuando era presidente de Nuevas Generaciones de Madrid decía en un mitin, literalmente, esto: “La inmensa mayoría de jóvenes españoles son del PP y aún no lo saben… En pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas. Son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién… Con la memoria histórica”. Y después Bueno le preguntaba… “¿Las fosas de no sé quién?”, y le recordaba que hay muchos españoles con un familiar enterrado en una cuneta, y le preguntaba “¿Esto no es doble vara de medir? ¿A usted no le inhabilita (como piden en el PP con Zapata) hacer bromas con las víctimas del franquismo?”. “Fíjate si no puedo hacer bromas…” Y entonces Pablo Casado, que no podía negar lo que acababa de oírse, sacó a su abuelo y lo puso encima de la mesa, como escudo, para validarse a sí mismo e intentar tapar sus comentarios de unos años antes: “Fíjate si no puedo hacer bromas, que mi abuelo fue una víctima del franquismo -dijo el reluciente líder de la dirección nacional del PP- y lo vivimos en

 

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nuestras propias carnes, vamos. Mi absoluto respeto y admiración. Mi abuelo estuvo condenado a 30 años de cárcel, y gracias a dios lo pudo contar, pero podía no haberlo contado…”. Casado, tan reacio a ‘comprender’ los tuits de otros, ha intentado justificar ese “las fosas de no sé quién” con el contexto que no concede a otros: “esa intervención era precisamente sobre la reconciliación, sobre no abrir heridas… y con absoluto respeto”. Es su interpretación no sólo de sus palabras, sino, tan importante como lo que se dice, su tono, en aquel mitin. Casado y su abuelo Y como él ha puesto a su abuelo, al usarlo como escudo, en la noticia, parece conveniente ver el caso de su abuelo, y si es comparable con esos “no sé quienes” que siguen en las cunetas. El abuelo que Casado ha sacado del anonimato de la memoria se llamaba Herman Blanco Ramos. Y para conocer su caso, lo mejor es irse a la ficha que sobre él hay en la Fundación Pablo Iglesias. Allí se puede ver en efecto, que se hizo militante de UGT en la república y que fue detenido en Palencia, su ciudad, poco después de que las tropas sublevadas iniciaran la Guerra Civil. Condenado a 30 años, como médico que era, fue destinado a la clínica de prisión. Pero, afortunadamente, lejos de acabar en una cuneta como dijo su nieto para defenderse de sus propias palabras en un mitin, muy pronto salió de prisión, ya en 1941, cuando había cumplido dos años y medio de los 30 de condena… Muy lejos su situación de los que sí acabaron en una cuneta. La reseña de ABC La vida del abuelo materno de Pablo Casado no volvió a sufrir penalidades políticas, como sí siguieron pasando las familias de cientos de miles de esos otros que sí seguían en la cárcel o habían sido fusilados. Al salir de la cárcel, ya se ve, no se le opuso por parte del régimen de la Dictadura problema alguno para montar una clínica en Palencia. http://www.elplural.com/2015/06/19/pablo-casado-y-su-abuelo-el-que-usa-para-defenderse-de-sus-meteduras-de-pata/ 09. PABLO CASADO PIDE NO SACAR DE CONTEXTO SUS PALABRAS SOBRE LA GUERRA CIVIL Y DICE QUE SU ABUELO FUE VÍCTIMA DEL FRANQUISMO En 2009 dijo que los de izquierdas están 'todo el día pensando en la guerra del abuelo' No se ha retractado de sus palabras y ha lamentado que 'se extracte un minuto' Sobre la Memoria Histórica: 'Me parecía sectaria, que dividía y abría heridas superadas' El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes que no se saquen de contexto sus palabras sobre las víctimas del franquismo y ha relatado que su propio abuelo lo fue, ya que estuvo "condenado a 30 años de cárcel y al final lo pudo contar". Casado se ha expresado así, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, preguntado por sus palabras durante una intervención en el Congreso del PP de Madrid de 2009, cuando dijo que la gente de izquierdas son "unos carcas" porque están "todo el día pensando en la guerra del abuelo" y "en la fosa de no sé quién". El recién nombrado dirigente popular ha lamentado que "se extracte un minuto de un mitin de 15" porque su intervención era "sobre reconciliación, sobre no abrir heridas y viejos fantasmas" que, a su juicio, era lo que hacía la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. "Me parecía sectaria, que dividía y abría heridas ya superadas", se ha reafirmado. Por eso, ha defendido que aquellas palabras suyas no son equiparables con los tuits que han llevado a asumir responsabilidades al concejal de Madrid Guillermo Zapata, que contenían chistes sobre le Holocausto y víctimas de ETA (Irene Villa) y otros crímenes (Marta del Castillo).

 

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Casado ha lamentado que para intentar contrarrestar eso le construyan a él "tuits falsos" o sacar "declaraciones manipuladas de hace muchos años". Así, no se ha retractado de sus palabras, aunque sí ha dicho que él no es "de los que creen que todo es acertado", ha pedido que se escuche el discurso entero y ha opinado que "en España se ha superado la división de los españoles" -y eso que sus familiares son "supuestamente del lado agraviado"- y hay que "mirar al futuro" y "respetar a todos". Y en ese sentido, cree que los nuevos concejales del Ayuntamiento de Madrid tienen "actitudes muy sectarias y lo están demostrando con sus declaraciones actuales". http://www.elmundo.es/espana/2015/06/19/5583ef66268e3e242e8b4578.html 10. JORGE MORAGAS, LA SOMBRA DE RAJOY Cambió la carrera diplomática por la política y antes de las generales de 2011 trabajó para preparar el desembarco del nuevo presidente del Gobierno Mientras Mariano Rajoy se fogueaba en su debate de investidura, dos motos de gran cilindrada aguardaban aparcadas frente al Congreso. Una pertenecía a Alfonso de Senillosa, miembro destacado del Gabinete de Rajoy. La otra, a su superior y amigo, Jorge Moragas.“No habríamos podido llegar a tiempo a tantos sitios si no fuera por nuestras motos”, confiesa De Senillosa. La moto y la mochila, además de su cabello ensortijado, son las señas de identidad de Jorge Moragas, un barcelonés de 46 años, licenciado en Derecho, que cambió la carrera diplomática por la política y que antes de las generales de 2011 trabajó en la sombra para preparar el desembarco del nuevo presidente del Gobierno en la escena internacional; incluidas entrevistas con el secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, o con el dúo Merkozy, aprovechando el congreso de los populares europeos en Marsella, a principios de diciembre de ese año. También se encargó del programa de Exteriores del PP para las últimas generales, con la obsesión de la llamada diplomacia económica, es decir, aprovechar las relaciones internacionales para ayudar a salir de la crisis. Tras las elecciones de 2011, Moragas fue nombrado jefe de Gabinete de Rajoy y ha sido su sombra. Especialmente en los viajes al extranjero y en la gestión de encuentros con líderes mundiales. Moragas ha seguido la tradición de poder de los que han ocupado ese cargo: Carlos Aragonés con José María Aznar y José Enrique Serrano con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Los jefes de gabinete controlan la agenda de los presidentes, filtran los contactos y, como en el caso de Moragas, se vuelcan en la proyección internacional de los jefes del Ejecutivo. Cuando Aznar llegó al poder, en 1996, solo hacía un año que Moragas había salido de la Escuela Diplomática. Su primer destino fue el departamento de protocolo de la Presidencia del Gobierno, desde el que preparó el primer viaje de Aznar a un destino especialmente delicado: Marruecos. Dos años después tenía previsto incorporarse al área de internacional de Moncloa, pero el fontanero mayor de Aznar, Javier Zarzalejos, le fichó como jefe de Gabinete. Desde esa atalaya privilegiada siguió las conversaciones del Gobierno del PP con ETA o el acercamiento de Aznar a la Administración Bush En 2000 se afilió al PP y dos años después se convirtió en su responsable de Relaciones Internacionales. Rajoy no solo le confirmó en el puesto, sino que lo puso al frente de su Gabinete, el hombre que controla su agenda y, por tanto, uno de los más envidiados en un partido donde el poder se mide por la cercanía al jefe. Pese a su creciente peso en Génova, Moragas era un desconocido para la opinión pública hasta que, en octubre de 2004, el régimen cubano impidió su entrada en el país, junto a dos parlamentarias holandesas. Ese incidente le distanció aún más del ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con el que prácticamente no se hablaba, al contrario que con su sucesora, Trinidad Jiménez, con la

 

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que se reunió varias veces para consensuar la intervención en Libia o la política hacia la primavera árabe. Moragas, diputado desde 2004, concurrió a las elecciones generales como número dos por Barcelona sino que colocó a sus principales colaboradores en puestos de salida. Rajoy quiso mantenerle a su lado en la nueva etapa y le nombró director de Gabinete de Presidencia de Gobierno, con rango de Secretario de Estado. Ahora ha cambiado la moto por el coche oficial y protagoniza fotos como la primera de Rajoy con Obama en la que él ocupó un espacio destacado. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/18/actualidad/1434646433_350558.html 11. MONCLOA SE RECTIFICA A SÍ MISMA Y ASEGURA AHORA QUE MORAGAS NO COBRA "NI UN EURO" DEL PP Un "malentendido" y disculpas. De esta forma zanja La Moncloa la rectificación del tema publicado por este diario sobre las retribuciones de Jorge Moragas, director de Gabinete del presidente del Gobierno, diputado por Barcelona y, desde la semana pasada, director de campaña del PP. Esto, por lo que respecta a Público, pues por lo que atañe a la opinión pública, La Moncloa ha emitido una nota a través del Partido Popular, enviada a los medios y colgada en su web, en la que deja en entredicho el trabajo de este periódico (sin citarlo) con respecto a la labor de contraste de las informaciones. El diario Público, por tanto, que nada más se debe a sus lectores, sobre todo, y a la opinión pública en su conjunto, debe explicarse; y lo hace obligado por lo que considera una situación injusta, que tiene muy poco que ver con la nota del PP, y que obedece únicamente a la ausencia completa de transparencia cacareada por el Ejecutivo, el Legislativo (las Cortes) y el PP; una ausencia parcheada con la publicación de un puñado de datos en algunas webs (no siempre de fácil acceso) y a gusto y medida del declarante. El jueves 24 de junio, este diario fue informado por fuentes internas del PP de solvencia contrastada de que Jorge Moragas cobraba del partido "una cantidad de dinero importante" por su nueva y considerable responsabilidad de director de campaña del Partido Popular, para la que fue designado por Mariano Rajoy la semana pasada. Esta cantidad se sumaba, pues y siempre según las citadas fuentes, a la que Moragas recibía del Estado por su labor de director de Gabinete del presidente del Gobierno, con rango de secretario de Estado, y diputado por Barcelona. La pregunta a Moncloa Por la tarde del mismo jueves, Público se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Comunicación para confirmar o desmentir este información, trasladando la siguiente pregunta: "Cuál es el sueldo del Director del Gabinete del PG, ya que me aseguran que cobra por este cargo, como diputado y, ahora, como Director de Campaña del PP. Te agradecería que me especificaras lo que cobra como diputado y, en su caso, de sus responsabilidades en el PP. Su declaración de bienes y actividades del Congreso, como sabes, no está actualizada. Muchas gracias; como no te es ajeno, nos urge bastante". La respuesta de Presidencia fue rápida y se limitó a asegurar que la declaración de bienes y renta de Moragas sólo había variado en una "cuestión patrimonial menor" relacionada con sus propiedades y que el diplomático no cobraba más como director de Campaña de su partido. Como la citada cuestión patrimonial era "menor", Moragas no había considerado oportuno hacer otra declaración de bienes, tal y como exige la Ley de Régimen Electoral, que en su artículo 160 establece para diputados y senadores la obligación de realizar una declaración de sus actividades y rentas el año que entran y otra el año que salen del Congreso, y también "cuando modifiquen sus circunstancias". Es decir, según, Moragas seguía cobrando su no-sueldo o "gastos de representación e indemnización" del PP (52.601,42 euros anuales), su sueldo de diputado (lo es desde 2004) y el de director de Gabinete, cuya retribución está publicada en el Portal de Transparencia del

 

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Gobierno, como ayer publicó (y enlazó) este diario. Como jefe de Gabinete, con los trienios que Moragas recibe como funcionario público, la web del Ejecutivo le atribuye un sueldo de 113.127,23 euros. El ejemplo de Rajoy En total, los 221.431,85 euros al año recogidos en 'Público', puesto que Presidencia aseguró que cobraba "como diputado por Barcelona" (55.644,36 euros, según el Régimen Económico de los diputados, sin especificar más a pesar de la pregunta de este diario aquí detallada. Matiz que sí incluye ahora el comunicado del PP (25.534,04 euros "en concepto de indemnizaciones por gasto"), pero que también debe de ser considerada cuestión "menor" por el director de Gabinete para cumplir la Ley de Régimen Electoral y declararla al Congreso. Según la nota del PP, pues, Moragas cobra 138.720,11 euros anuales, algo que este diario, obviamente, no pone en duda. Aunque la hemeroteca lo haga difícil, primero, por la explicación incompleta y/o errónea trasladada ayer desde La Moncloa; segundo, por el incumplimiento de la Ley de Régimen Electoral por parte de un secretario de Estado, y tercero, y por elevación, porque ya en 2011, un Mariano Rajoy recién elegido presidente del Gobierno declaró al Congreso unas retribuciones recibidas del PP en 2010 de 98.225,90 euros. Sin embargo, cuando muy presionado por la publicación de los 'papeles de Bárcenas' por parte de El País, decidió colgar en la web de La Moncloa sus declaraciones de la renta, nos enteramos de que, en realidad, el PP le había pagado en 2010 ochenta mil euros más, esto es, 181.098,14 euros. Nunca nadie dio explicaciones por esta incoherencia, que en el momento de escribirse estas líneas, sigue publicada en ambas webs. Es decir, incumpliendo también la Ley de Régimen Electoral. http://www.publico.es/politica/moncloa-rectifica-misma-y-asegura.html 12. RAJOY EN ‘SERVICIOS MÍNIMOS’ EN MONCLOA Y ‘MÁXIMOS’ EN GÉNOVA, ENTRE CRECIENTES RUMORES DE UN ADELANTO ELECTORAL PARA SEPTIEMBRE Su agenda oficial desde mayo muestra a un hombre más preocupado por su futuro político y el de su partido que por los asuntos del Estado Elijamos una fecha para poner la mirada en la agenda del presidente del Gobierno. Por ejemplo, el 1 de mayo, que de alguna forma significaría el inicio casi oficial de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 24M. Y descubriremos una realidad: en todas estas semanas, Mariano Rajoy apenas ha ejercido de jefe del Ejecutivo, absorbido por una actividad política de partido, campaña incluida, desconocida históricamente en él. Veintidós mítines que no dejaron tiempo para nada más Veintidós mítines (que hubieran sido veinticuatro si no se hubiera producido el accidente del Airbus en Sevilla que le obligó a suspender su presencia en Canarias) y sus correspondientes viajes llenaron el calendario de Rajoy en mayo. Un récord para un hombre tan poco dado a esta actividad mitinera. Tanto se volcó en el PP que sólo quedó en su agenda oficial hueco para una muy rentable, televisivamente, vista a las tropas españolas en África, verse con el presidente de Italia en Moncloa y, eso sí, sacar hueco para reunirse con los empresarios automovilísticos en torno al Salón del ramo en Barcelona. Los resultados el pasado 24 de mayo no han hecho sino ahondar en esa tendencia de la agenda del Presidente. No hay más que echar un ojo a su actividad en el mes de Junio para darse cuenta. Excepto por sus obligadas intervenciones en las sesiones de control parlamentario de los miércoles y su presencia en la Cumbre Europa-Latinoamérica Rajoy es un Presidente ‘bajo mínimos’. Rajoy utiliza Moncloa para buscar pactos

 

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Como se ve, la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) no facilita información de actividad oficial alguna…, y eso es porque Rajoy está ocupado en asuntos de su partido, donde está trabajando ‘bajo máximos’. Como queda reflejado en su agenda, y se hizo público, el 2 de mayo Mariano Rajoy, presidente del PP, se reunió en Moncloa con Albert Rivera. Un escenario discutible, porque se produjo con quien ni siquiera es diputado nacional.., y el tema, evidentemente, fue la negociación de los posibles pactos entre Ciudadanos y el PP. y la del mes de junio, a un presidente de Gobierno desaparecido También en Moncloa, el día 3, se vio Rajoy en un almuerzo con Pedro Sánchez. Esta vez podría justificarse el escenario, porque Sánchez es el líder de la oposición. Pero de nuevo, evidentemente, el mayor esfuerzo del temario estaba dirigido a hablar de las municipales y autonómicas… Una legislatura acabada ¿Quién Gobierna España? Parece que Rajoy no tiene tiempo para ello. Porque si la agenda oficial muestra la superficie, por debajo los esfuerzos de Rajoy están siendo dirigidos a un intento desesperado por reforzar las débiles candidaturas ‘populares’. Fuentes políticas nos aseguran que los cambios de última hora que se produjeron el pasado sábado, por ejemplo en Murcia y Almería, donde los gobiernos municipales iban a esfumarse de las manos del PP, sólo se salvaron por la implicación directa del propio Rajoy, que encontró los argumentos necesarios para presionar a Rivera y para que, literalmente, ciudades que se acostaban de izquierdas se levantaran, Ciudadanos mediante, en manos ‘populares’. En realidad, la legislatura, como reconocen la inmensa mayoría de los políticos, de la inmensa mayoría de las fuerzas, está acabada. Ni siquiera hay suficientes leyes pendientes de aprobación para justificar que se vuelva a abrir el Congreso tras las vacaciones veraniegas. Empieza a ser un runrún imparable que Rajoy está considerando el adelanto electoral. El diario El País apuntaba este lunes que se lo estaban pidiendo los empresarios catalanes, que buscan así ‘diluir’ el aspecto plebiscitario de las elecciones catalanas del próximo 27S. Las razones del PP para el adelanto electoral Otras circunstancias más se apuntan para favorecer esta idea. Todas internas del propio PP, donde está volcado Rajoy, ya que si el Gobierno lo tiene que abrir para, al menos, dejar salir a Wert, el partido lo tiene tan revuelto como en 2008, cuando necesitó la ‘revolución del Congreso de Valencia’ para controlarlo. Hace unos días publicábamos que en Génova se daba por acabado el mandato Cospedal y que, una vez ésta impone que con ella salga su ‘archienemigo’ Arenas, el nombre de Ana Pastor, vieja amiga personal del Presidente del Gobierno, pudiera realizar la transición interna. Una transición que, cuanto más se prolongue, más difícil puede resultar para Rajoy, dada la contestación y el descontento que crece entre los barones y que irá en aumento en otros niveles según vaya tomando cuerpo ‘el desencanto’ de los cientos de cargos que, tras el desastre electoral del 24M, se vayan encontrando literalmente en las oficinas de desempleo. Otro hecho nos apuntan en las propias filas populares en favor del adelanto electoral… Mariano Rajoy no quiere que cale en la sociedad el cambio que podrían traer los gobiernos de izquierdas que se han ido formando en Ayuntamientos y que se anuncian en un buen número de Comunidades. La experiencia de una forma de gobernar diferente podría resultar letal para la gran justificación de los recortes de los gobiernos PP, no había otra política posible… El anuncio de que las cámaras se disolverán antes del verano y las elecciones tendrán lugar en septiembre empieza a ser un rumor cada vez más denso. http://www.elplural.com/2015/06/15/rajoy-en-servicios-minimos-en-moncloa-y-maximos-en-genova-entre-crecientes-rumores-de-adelanto-electoral/

 

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13. RAJOY DESCARTA ADELANTAR ELECCIONES Y CONFIRMA CAMBIOS EN GOBIERNO Y PP Mariano Rajoy descarta anticipar las elecciones generales, ni siquiera unos meses. Al contrario, quiere apurar hasta el final la legislatura para sacar partido de la recuperación económica y presentarse a las próximas elecciones con el mejor balance posible en términos de creación de empleo. “Todavía queda legislatura para seguir haciendo cosas”, ha dicho a su llegada a la cumbre entre la UE y la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe) que se celebra en Bruselas. “Las medidas que se han adoptado empiezan a producir sus frutos, estamos en un momento de recuperación que hay que aprovechar”, ha subrayado, tras insistir en que anticipar elecciones solo tiene sentido “por cuestiones puramente técnicas o porque uno no puede gobernar por falta de apoyos”. Y eso a pesar de que, asegura, aún no ha decidido la fecha concreta de la cita con las urnas. Para capitalizar los buenos datos macroeconómicos, el presidente prepara cambios en el Gobierno y en el partido. “Antes de que acabe este mes tendré que tomar algunas decisiones”, ha reconocido. El objetivo del reajuste de Gobierno, “desde el interés general”, según sus palabras, será “aprovechar la posibilidades de recuperación y creación de empleo”, y eso a pesar de que ya descartó cambios en el equipo económico. Respecto al partido, ha reconocido sin ambages: “Hay cosas que tenemos que rectificar, soy el primero consciente de ello, hay cosas que tenemos que hacer mejor”. Su objetivo es recuperar la confianza de los votantes que le apoyaron en 2011 y le han dado la espalda en las recientes elecciones municipales y autonómicas. “Queremos ganar las próximas elecciones generales”, ha subrayado, sin revelar el calado de los cambios que se propone hacer en la cúpula del PP. Rajoy ha evitado criticar el pacto de Ciudadanos con el PSOE para darle a Susana Díaz la Presidencia de la Junta de Andalucía, pero ha pedido que el criterio de dejar gobernar a la lista más votada se aplique en ayuntamientos como Cádiz, Córdoba, Sevilla, Marbella o Jerez, donde el PP ha ganado en votos, pero carece de mayoría. “Siempre he dicho que la lista más votada como regla general debe gobernar, pero no tiene sentido que en algunos sitios valga la lista más votada y en otros no. Espero que eso se traslade también a los ayuntamientos” andaluces, ha agregado. En cambio, ha calificado de “muy preocupantes” los pactos de izquierda para gobernar en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. En su opinión, el PSOE ha abandonado la “centralidad política” para aliarse con “partidos radicales de izquierda”, lo que “no es bueno” para España, que necesita “estabilidad y certidumbre”. Rajoy se ha mostrado partidario de que los pactos no solo propicien la investidura de alcaldes o presidentes autonómicos, sino que incluyan un programa de gobierno. De lo contrario, en su opinión, se está abonando la inestabilidad. “Si se le deja gobernar en minoría es mucho más difícil. No se sabe qué programa se propone llevar a cabo”, ha advertido. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433941330_984870.html 14. COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LOS PACTOS MUNICIPALES El Partido Popular, que ha sido el partido más votado por los españoles en las pasadas elecciones del 24 de mayo, denuncia el comportamiento sectario y excluyente del PSOE en las negociaciones previas a la constitución de los ayuntamientos en España. No sólo no están respetando el principio democrático de respeto a la lista más votada, que tanto han reclamado los socialistas para sí en el caso de Andalucía, sino que se han lanzado a una carrera desenfrenada de acuerdos con partidos radicales y extremistas sin más objetivo que impedir el gobierno de los candidatos del Partido Popular. El PSOE, que hace tiempo fue la formación política alternativa al Partido Popular, hoy se presenta ante los ciudadanos como una triste sombra de sí mismo: dispuesto a ceder el

 

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gobierno a cualquier grupo radical, extremista, populista o independentista , con el único fin de impedir el gobierno de la lista más votada si ésta es del PP. Esta práctica, que puede ser legal pero es mezquina y cortoplacista, ha llegado a límites de auténtico desprecio a la voluntad popular cuando estos acuerdos de perdedores impiden la gobernación de candidaturas que han llegado a superar el 40% del apoyo popular, como es el caso de Marbella o Almería. En otros casos, el sectarismo socialista va a dar la alcaldía a grupos independentistas como es el caso de Badalona, frente a la candidatura del PP que dobló en votos y concejales a la segunda fuerza en la ciudad. Mas indigno aún es que los socialistas hayan decidido sumar sus cuatro concejales a los de Bildu y el PNV para arrebatar al Partido Popular la alcaldía de Vitoria, después de que el candidato popular, Javier Maroto, haya sacado una diferencia de más de 10 puntos respecto a los proetarras de Bildu. Con esta decisión, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, se desautoriza a sí mismo como líder de un partido nacional. Hace semanas dijo que no pactaría ni con PP ni con Bildu, una declaración de intenciones que ya resultó indigna de un dirigente político democrático; hoy vemos que sus hechos han resultado ser aún peores: ha preferido pactar con Bildu si es para excluir al Partido Popular. Sánchez tiene que explicar a todos los españoles que pacta con Bildu para echar al PP. Muchos socialistas se sentirán ofendidos por la decisión de su secretario general y por su sectarismo, que no tiene límite. http://www.pp.es/actualidad-noticia/comunicado-partido-popular-6 15. EL PSOE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL ÚLTIMO CASO DE PUERTA GIRATORIA EN HACIENDA El director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria dimite para fichar por una consultora especializada en temas fiscales. El portavoz de Hacienda y Administraciones Públicas del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha exigido este lunes que el Gobierno explique "con la máxima claridad y transparencia" las razones de la dimisión del director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria y el "destino" de este funcionario público. En realidad se trata del último episodio de lo que se conoce popularmente como "puerta giratoria": en este caso un alto cargo de Hacienda que ficha por una consultora, Deloitte. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy que Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros dimitió el pasado 12 de junio de ese cargo, que desempeñaba desde 2010. El director que se va fue el que en 2013 realizó un informe en el que rechazaba la validez de varias facturas de Aizoon exculpatorias de delito fiscal a la infanta Cristina El hasta hoy director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria ha fichado por Deloitte Abogados, según confirmaron a Europa Press en fuentes fiscales. El cese de Herrero de Egaña se ha producido a petición propia, según consta en la resolución que publica el BOE, y que está firmada por el presidente de la Agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Deloitte Abogados es el área de la consultora dedicada a diversos temas económicos y legales, como el asesoramiento y la planficación fiscal, fiscalidad internacional, fusiones y adquisiciones, aduanas e impuestos especiales, impuestos indirectos, precios de transferencia, prevención de blanqueo de capitales o fusiones y adquisiciones, entre otros.

 

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El nombre de Herrero de Egaña apareció, a principios de 2013, relacionado con el caso judicial que afecta a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin, ya que emitió un informe, según publicó en su día El Mundo, en el que rechazaba las tres facturas supuestamente falsas de Aizoon, que posteriormente dio por buenas Hacienda. Para los socialistas este cambio no está tan claro: "Es muy importante que el Gobierno salga y explique de manera clara y transparente este cese". Los socialistas creen que "está en juego la credibilidad de las instituciones, la lucha contra el fraude la conciencia fiscal de los españoles", después de esta "legislatura negra" de la Agencia Tributaria. "En este asunto se tiene que ser especialmente claro y transparente, porque llueve sobre mojado en la legislatura negra de la hacienda publica española, con decenas de ceses, dimisiones y utilizaciones partidistas de la Agencia Tributaria por parte del Gobierno desde que llegó Montoro, ha insistido el diputado. Saura ha asegurado que no tiene más hipótesis del cese de este director que las conocidas por los medios de comunicación, entre ellas una posible relación con un informe que hizo en 2013 en que rechazaba la validez de varias facturas de Aizoon exculpatorias de delito fiscal a la infanta Cristina http://www.publico.es/economia/psoe-exige-explicacion-al-caso.html 16. EL CONGRESO AUTORIZA DE FORMA RETROACTIVA LOS NEGOCIOS QUE OCULTÓ EL PORTAVOZ ADJUNTO DEL PP El PP apoya el dictamen porque ve ajustado a la ley que Agustín Conde asesore a empresas vinculadas al Banco de Santander aunque lo ocultara a la Cámara; CiU se ha abstenido El presidente de la Comisión del Estatuto, Aurelio Romero, acusa a los socialistas de dejarse llevar por "el extremismo y el radicalismo" que Pedro Sánchez ha impuesto a su grupo "por el temor a Podemos" El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves, gracias al apoyo del PP, el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado en el que se confirma la autorización retroactiva al portavoz adjunto del PP, Agustín Conde, para que su bufete de abogados y su empresa de eficiencia energética puedan seguir asesorando al Banco de Santander. El PSOE, la Izquierda Plural y Foro Asturias se han mostrado en contra de estas actividades por considerar que son incompatibles con el escaño, mientras que CiU se ha abstenido. Además, creen que Conde las ocultó deliberadamente a la Cámara y solo las declaró cuando la noticia fue publicada por un medio de comunicación. A petición de la oposición, la votación del dictamen de Conde se votó separadamente del resto de las declaraciones de actividades presentadas por otros diputados, que fueron aprobadas en su conjunto prácticamente por todos los grupos de la Cámara. Durante el debate en el pleno, tanto el portavoz del PP, Aurelio Romero -que preside la Comisión del Estatuto-, como el portavoz de CiU, Pere Macias, adelantaron el apoyo de sus grupos al dictamen de Conde al considerar que las actividades que el exalcalde de Toledo "olvidó" declarar a la Cámara "se ajustan a la ley" y el diputado rectificó su declaración. En su intervención, el portavoz popular ha acusado al PSOE de "oportunismo político" y de querer que la Comisión del Estatuto "incumpla la ley" al pedir que se siga investigando las actividades profesionales de Conde. "Este grupo parlamentario no lo va a hacer", ha dejado claro. Romero ha considerado que la insistencia de los socialistas con este asunto es fruto "del extremismo y el radicalismo" que Pedro Sánchez ha impuesto a su grupo "por el temor que han cogido a Podemos".

 

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El portavoz de CiU, Pere Macias, por su parte, ha apoyado al PP y ha manifestado que la Comisión del Estatuto "no es un tribunal sino el marco para posibilitar una acción de transparencia" de las actividades que realizan sus señorías. Previamente, tanto el portavoz del PSOE, Gabriel Echávarri, como el de la Izquierda Plural, Josep Nuet, reprocharon con dureza que Conde no hubiera declarado al inicio de la legislatura que era administrador único de una empresa que asesoraba a filiales del banco de Santander. "¿Recordó de pronto estas actividades?", preguntó el portavoz socialista al PP. "No, fue gracias a la información de un medio de comunicación", replicó a la Cámara. Incluso recordó cómo Conde afirmó que no lo había declarado antes "alegando la confidencialidad de su trabajo como abogado". Nuet, de la Izquierda Plural, consideró que el portavoz adjunto del PP, con sus omisiones a la Comisión, "ha quebrado la confianza" que se les presupone a todos los diputados a la hora de realizar sus declaraciones de bienes y actividades. A las críticas se sumó también el portavoz de Foro, Enrique Álvarez Sostres, que ha pedido cambios en el reglamento del Congreso para evitar en el futuro estos comportamientos. El dictamen de la Comisión de Estatuto que hoy se ha debatido en el pleno fue aprobado el pasado 26 de mayo con los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural y PNV, que exigieron que este órgano pudiera investigar las actividades extraparlamentarias de Agustín Conde. Pero el PP rechazó la petición en la Mesa del Congreso, en donde tiene mayoría absoluta. CiU ese día se ausentó. Tanto el PSOE como la Izquierda Plural han solicitado también que se investigue las actividades privadas del portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, quien asesoró a una constructora implicada en la trama de la adjudicación de parques eólicos de Castilla y León. Una vez que Pujalte remita a la Comisión sus alegaciones, la Comisión del Estatuto del Diputado estudiará su caso. http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Comision_del_Estatuto-incompatibilidades-Agustin_Conde-PP_0_397560463.html 17. EL PP “INDULTA” AL DIPUTADO QUE OCULTÓ AL CONGRESO SUS ACTIVIDADES El popular Agustín Conde ocultó tareas que incluyen asesorías al Banco de Santander y el pleno las ha autorizado con carácter retroactivo El PP ha exculpado e indultado a su diputado por Toledo Agustín Conde, que había ocultado al Congreso parte de sus actividades privadas al margen del escaño. Los populares le han autorizado a Conde a ejercer esas funciones con carácter retroactivo, después de que él mismo reconociera que ocultó esos datos. La Cadena SER desveló que Conde había ocultado actividades que incluyen asesorías al Banco de Santander, que ejerce a pesar de que expresamente la ley prohíbe trabajar en entidades de crédito. El diputado por Toledo admitió que no lo había declarado, lo subsanó y el PP lo ha aprobado en el pleno sin reproche alguno. Sí ha habido reproche por parte del PSOE, Izquierda Plural y Foro Asturias, que han pedido voto separado para oponerse y han criticado que la Cámara no haya pedido explicaciones a Conde. Gabriel Echávarri, portavoz del PSOE, ha remarcado que la rectificación de Conde solo se ha producido como consecuencia de la difusión de la información. Curiosamente, en el mismo pleno Conde ha hecho de portavoz del PP en la defensa de la enmienda de la ley de Enjuiciamiento Criminal que evita difundir fotos de detenidos. "Hay que asegurar el respeto a sus derechos constitucionales", ha dicho en la tribuna.

 

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Está pendiente también que el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte presente sus alegaciones, tras publicarse en EL PAÍS que recibió 5.000 euros mensuales de una empresa constructora. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/11/actualidad/1434029615_569350.html 18. NUEVA DENUNCIA CONTRA HERNANDO Y CASADO POR HUMILLAR A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará ante la Fiscalía un informe sobre humillaciones a las víctimas de la dictadura por parte de dirigentes del PP La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará ante la Fiscalía General del Estado un informe en el que recoge las declaraciones de dirigentes del Partido Popular, como Pablo Casado y Rafael Hernando, que considera que humillas a las víctimas de la dictadura. Asimismo, la denuncia también incluye al alcalde de Baralla, Manuel González Capón, que afirmó que los asesinados por el franquismo se lo merecían. La ARMH también incluirá en el informe el hecho de que las víctimas del franquismo sean obligadas por el Estado a sostener con su pago de impuestos la tumba del dictador Francisco Franco, una forma de humillación y maltrato para las miles de familias que todavía no han podido dar sepultura digna a un ser querido por falta de responsabilidad del Estado y de ningún Gobierno que desde la muerte del dictador Francisco Franco ha garantizado los derechos humanos. En el informe se incluirán los casos de Rafael Hernando, que aseguró que algunas víctimas de la dictadura sólo se acordaban de sus padres cuando había subvenciones; de Pablo Casado, que menospreció públicamente las fosas en las que están 114.226 civiles desaparecidos por la represión franquista; y del alcalde popular de la localidad lucense de Baralla, que en un pleno aseguró que los asesinados por el franquismo se lo merecían. También se incluirán en el informe las declaraciones que el ministro del Interior, Jorge Fernández, hechas hoy en la Cadena Ser en las que aseguraba que las declaraciones de Rafael Hernando son desafortunadas pero “no son equiparables” con las agresiones a otras víctimas. http://www.publico.es/politica/nueva-denuncia-hernando-y-casado.html 19. LOS VIAJES DE LA PERRA DEL MINISTRO DEL INTERIOR SE DEBATEN EN EL CONGRESO

• El Grupo Socialista pregunta a Fernández Díaz sobre cómo vuela 'Lola', su can • El ministro aporta billetes del AVE de su mascota, por los que paga 26,7 euros

¿Se han usado medios de transporte oficiales del Ministerio de Interior español para que viaje a solas y en exclusiva Lola, la perra del responsable de esa cartera, Jorge Fernández Díaz? El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una pregunta parlamentaria por escrito para que el Ejecutivo aclare si el animal ha viajado de ese modo. El Ministerio del Interior, preguntado expresamente por este particular, no solo niega que eso sea así ("jamás la perrita ha viajado sola en un avión oficial"); además, ha aportado a EL PAÍS facturas de billetes de AVE entre Madrid y Barcelona con un mismo concepto y un mismo precio: "Tarifa animales domésticos"; precio: 26,7 euros. La última es del pasado 9 de marzo. "¿Se han utilizado transportes oficiales del Ministerio del Interior bien aéreos o terrestres para transportar en exclusiva a la perra Lola, propiedad del ministro del Interior?", dice la pregunta presentada por los diputados socialistas Pilar Grande y Antonio Trevín. Esta cuestión continúa una pregunta en el mismo sentido que Grande ya le formuló al ministro en la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso.

 

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La diputada del PSOE aprovechó su intervención para hablar de su propia perra, Kira, y preguntarle a Fernández Díaz si su mascota Lola también viaja en transportín previo pago de las tasas cuando vuela con ella en avión. "Permítame que le presente a Kira que como muchas mascotas es miembro de mi familia y cuando viaja lo hace en el transportín, en la bodega del avión y previo pago de las tasas. ¿Puede garantizarnos que hace lo mismo con su perra Lola?", preguntó Grande, quien mostró en el hemiciclo una foto de su perra. La mascota de Jorge Fernández viaje en AVE, pero a veces en avión. "El ministro viaja como un ciudadano más cuando lo hace con su perra, sea en avión como en el AVE, sin ningún privilegio", aseguran fuentes del ministerio. Hay otras facturas. como una de un viaje a Valladolid, en el que pagó 9,4 euros (en metálico) y otra de la estación barcelonesa de Sants a Atocha, en Madrid, en este caso por 34,7 euros "Si este es el nivel del control al Ministerio, es para preocuparse", contestó el ministro, a quien se le agotó el tiempo de intervención justo en el momento en el que iba a abordar la cuestión de las mascotas. Más tarde, la diputada explicó el origen de su pregunta al ser interrogada por un reportero del programa de televisión El Intermedio. "Al Grupo Parlamentario Socialista nos llegan desde hace meses muchos indicios de utilización de medios públicos para intereses que tienen vinculaciones personales o particulares. Cuando nos conteste el Ministerio mandaré una copia para que todos los españoles sepan si la perra, la querida perra Lolita viaja en coche oficial o en avión oficial del Ministerio del Interior", aseguró. Si, por el contrario, resulta que sólo se trata de "rumores infundados", la diputada se comprometió a aclararlo públicamente. "Diremos que hemos comprobado que no era cierto y nos felicitaremos por que los medios públicos se utilicen sólo para el beneficio de los españoles", dijo. Pero de confirmarse "los indicios", Grande aseguró que sería "suficiente como para pedirle responsabilidades duramente". Al mismo tiempo y en ese sentido, el socialista Trevín denunció en declaraciones a la agencia Europa Press que "este Gobierno y en concreto el ministro del Interior confunde los medios del Estado con los medios privados". http://politica.elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435223125_784108.html 20. EL NUEVO SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO ACREDITA UN ÚNICO AÑO DE TRABAJO EN LA EMPRESA PRIVADA La cúpula del ministerio de Empleo, ministra, y secretarios de Estado, carece de experiencia laboral acreditada, ni profesión reconocida y tampoco son funcionarios El secretario de Estado de la Seguridad Social dijo que era médico cuando no había acabado los estudios Juan Pablo Riesgo, nuevo secretario de Estado de Empleo, era hasta ahora era el jefe de gabinete de la ministra Fátima Báñez y el que asume ahora el cargo (Matías de Jove) se ha formado en bolsa y mercados Tras la salida de Engracia Hidalgo para formar parte del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha nombrado a Juan Pablo Riesgo (35 años) como nuevo secretario de Estado de Empleo. A pesar de que el Ministerio de Empleo asegura que Riesgo "ha desarrollado parte de su carrera profesional en el sector de la banca" en la nota de prensa remitida a los medios, su experiencia en la empresa privada es fugaz. Según consta en su currículum publicado en el portal de transparencia, Riesgo estuvo un año en el Banco Santander y otro en Banesto. Su estancia en el Santander, sin embargo, fue en calidad de becario ya que aún cursaba sus estudios, según ha confirmado el Ministerio a eldiario.es.

 

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Riesgo era hasta ahora el jefe de gabinete de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, desde que tomó posesión a finales de 2011. Su beca en el Banco Santander data del año 2002-2003, cuando aún estudiaba Económicas en la universidad Complutense. Fue en 2003 cuando se licenció. Entre 2004 y 2005 trabajó en Banesto y tenía un contrato indefinido, según asegura el Ministerio de Empleo. Desde 2006 hasta 2011 trabajó como asesor en el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y fue jefe del equipo económico. En su trabajo en la oposición en el hemiciclo tuvo la oportunidad sin duda de congeniar con su jefa y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ya que compartían el mismo ámbito de trabajo. En su currículum figura también que Riesgo cuenta con un Executive MBA por la escuela de negocios IESE, que cursó entre 2010 y 2012, y que amplió sus estudios en la Universidad de Georgetown. Aunque también cuenta con un máster en Gestión Internacional de Empresas por el Centro de Estudios Económicos y comerciales (CECO) becado por el Icex, no logró que se le asignara un destino para la beca, ya que esas plazas solo se reparten entre los alumnos más destacados del curso. Se da la circunstancia de que su jefa, Fátima Báñez, también ha sido muy criticada por su falta de experiencia en el ámbito privado. En el último currículo publicado en el portal de la transparencia asegura que "de 1993 a 1997 desarrolla su actividad profesional en el sector privado", aunque se desconoce donde la pudo realizar (la ministra se había licenciado un año antes en ICADE). Desde 1997 ha desempeñado todo tipo de cargos orgánicos en el Partido Popular, primero en Andalucía y luego en Madrid y también como diputada por Huelva. Para redondear la cúpula del ministerio, el otro secretario de Estado, en este caso de la Seguridad Social, Tomás Burgos, falseó su currículo durante años diciendo que era médico, cuando no había finalizado sus estudios. A Burgo tampoco se le conoce paso por el sector privado ya que con 25 años pasó a ser ya procurador de las Cortes de Castilla y León y de ahí enlazó uno tras otros cargos en el Partido Popular. Así pues, los tres principales responsables del ministerio de Empleo (que tutelan políticas activas, impulso a los autónomos, diálogo social, o pensiones entre otras cuestiones) no son tampoco funcionarios de carrera ni tienen profesión conocida fuera del ámbito político. El primer alto cargo que se encuentra con una profesión es el subsecretario es Pedro Llorente, que es Administrador Civil del Estado (una de los cuerpos más altos del Estado). El otro alto cargo que conforma la cúpula de empleo es el jefe de gabinete de la ministra, que ha sido nombrado hoy en sustitución de Juan Pablo Riesgo. En la nota que acompaña al nombramiento de Matías de Jove, no se indica edad y se resume con: "asesor en el ministerio de Empleo, pasará a ocupar el puesto de director de Gabinete de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Matías de Jove es licenciado en Derecho por la UCM y doctor en Ciencias de la Información por la misma Universidad, posee además un Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Ha compaginado la actividad docente con la consultoría estratégica en comunicación". En teoría política se entiende que el ministro es un gestor que debe defender la cartera con independencia a su grado de formación o profesión, pero que para ello se apoya precisamente en sus secretarios de Estado y en el jefe de gabinete que tienen un perfil técnico y son los estrategas del ministerio. Tanto es así que cuando se nombra a un secretario de Estado se renuncia al acta de diputado por imposibilidad de ejercer al mismo tiempo los cargos. El secretario de Estado es un viceministro y representa a España en ausencia del ministro. http://www.eldiario.es/economia/secretario-Empleo-acredita-empresa-privada_0_402810203.html 21. EL SUPREMO ANULA EL INDULTO AL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS

 

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El Tribunal Supremo ha anulado el indulto que el Gobierno del PP concedió en 2013 a Miguel Ángel Ramírez, empresario de la seguridad y presidente de la UD Las Palmas. Ramírez fue condenado a tres años de cárcel por hacer obras ilegalmente en su chalé, situado en un paraje protegido a las afueras de Las Palmas. En contra del juez y del fiscal del caso, Justicia le indultó a cambio de que demoliera las obras. Tras un recurso de Ecologistas en Acción, el Supremo revoca el perdón por un defecto de forma: el ministerio no pidió informe preceptivo a la Audiencia de Las Palmas, que fue el tribunal que endureció la primera condena. El empresario destaca que solo es un defecto de forma atribuible al ministerio y subsanable. Miguel Ángel Ramírez, de 46 años, es un hombre poderoso y conocido en Canarias. De origen humilde, cuenta con orgullo cómo comenzó limpiando el sudor del parqué de los jugadores de baloncesto del Gran Canaria y cuidando sus los coches. Tras varios negocios montó una empresa de Seguridad, el Grupo Ralons (por Ramírez Alonso) que controla buena parte de la seguridad en las islas y que en los últimos años ha saltado a la Península. Desde 2005 preside además la UD Las Palmas. En 2004 compró una finca a las afueras de Las Palmas llamada La Milagrosa. Está en un valle protegido que los alisos mantienen siempre verde. Era un suelo rústico de protección ambiental y allí “con total desprecio a la ordenación legal del terreno promovió la realización de diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables”, según la sentencia que le condenó después. Ramírez levantó un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, una nueva vía, muros y una pajarera con “la tala de múltiples árboles”. Por esas obras un juzgado de Las Palmas le condenó en 2010 a tres años de cárcel. La fiscalía recurrió y, en julio de 2011, la Audiencia Provincial endureció la condena. Incluyó que Ramírez debía “demoler las obras ilegalmente ejecutadas”. El Tribunal da la razón a Ecologistas en Acción porque no se pidió informe a la Audiencia Esa demolición y su ingreso en prisión quedó suspendido a la espera de que el Gobierno decidiera sobre el indulto que Ramírez había solicitado. Tanto la juez del caso como el fiscal se opusieron a la medida de gracia, al considerar que no había arrepentimiento y que no había demolido nada. Dio igual. El 31 de octubre de 2013, Justicia le indultó parcialmente y rebajó su condena a dos años, lo que no lleva aparejado ingreso en prisión, a cambio de que demoliera lo construido. El ministro era entonces Alberto Ruiz-Gallardón. Solo el 6% de los 690 indultos concedidos por el Gobierno en los dos años previos contaban con informes contrarios de juez y fiscal. Solo 10 días después de que el Boletín Oficial del Estado publicara el indulto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, acudió junto a Ramírez a la inauguración de su nuevo negocio, un concesionario de BMW en la isla. “Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”, dijo de él Soria. Ramírez alega que ya ha demolido y que una sentencia posterior del contencioso le da la razón En los últimos años, Ramírez ha ganado multitud de contratos de seguridad. Solo el año de su indulto obtuvo contratos con la Tesorería General de la Seguridad Social (2,4 millones), el Ministerio de Defensa (745.000 euros), Metro de Madrid (23,1 millones). En 2014 la fiscalía se querelló contra él por fraude fiscal, un caso que sigue en instrucción. Ecologistas en Acción recurrió ante el Supremo la concesión del indulto. La ONG alegó que no había exigencia de “razones de equidad, justicia o utilidad pública” para el indulto y que Justicia no explicó “la conveniencia de la medida de gracia y los motivos por los que el condenado se hacía merecedor de la rebaja de la pena, cuando todos los consultados lo desaconsejan de forma rotunda e inequívoca”. También señalaba que en el expediente faltaba el informe de la Audiencia Provincial.

 

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En una sentencia del pasado 8 de junio hecha pública el miércoles, la sección sexta de lo contencioso del Tribunal Supremo anula el perdón. No entra en el fondo del asunto, sino que falla que Justicia cometió un error en la tramitación. Al pedir informe al tribunal sentenciador, el ministerio lo hizo solo al juzgado que le había condenado en primera instancia, no a la Audiencia Provincial, que endureció la condena. Según el fallo, “es este último órgano judicial el que ha de emitir el informe, por encontrarse en mejores condiciones para dictaminar si procede conmutar total o parcialmente la pena que él impuso y sobre la que finalmente versa la solicitud de gracia”. Su informe es preceptivo aunque no vinculante. Justicia ahora tramitará de nuevo el indulto solicitando la opinión de la Audiencia Provincial, según un portavoz del ministerio. Ramírez afirmó por teléfono que el fallo “no tiene mayor problema. Falta que haga el informe la Audiencia Provincial y ya está”. Añade que una sentencia posterior de lo contencioso le da la razón al declarar que las obras eran legales. Este segura que ya ha pagado la multa y demolido lo construido legalmente, por lo que espera recibir ahora un indulto total. Con el reciente ascenso de la UD Las Palmas a Primera, Ramírez acaba de ver cumplido su sueño de sentarse como presidente en el palco del Santiago Bernabéu. Juan Manuel López, abogado de Ecologistas en Acción, se mostró satisfecho del fallo del Supremo: "El Gobierno puede resolver los indultos pero tienen que estar bien hechos". Ahora comienza la tramitación de nuevo pero López avisa: "El suelo sigue siendo protegido e igual el próximo Gobierno decide no indultarlo". La sentencia incluye el voto particular de dos magistrados que consideran que el recurso no debió admitirse a trámite. Inés Huerta u Diego córdoba consideran que Ecologistas en Acción “no tiene la condición de afectada/ofendida por el delito” y que aunque tengo como fin en sus estatutos la defensa del medio ambiente, solo podría impugnar el indulto si hubiera sido parte en el proceso penal por las obras en el chalé. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/24/actualidad/1435168231_557345.html 22. EL JUEZ RECTIFICA Y VUELVE A EMBARGAR LAS CUENTAS DE RODRIGO RATO La fiscalía y la abogacía recurrieron para que no dispusiera de su patrimonio Poco tiempo ha podido Rodrigo Rato disponer de sus bienes. El juez que investiga el caso dio por bueno el pasado martes que el exvicepresidente del PP había depositado avales que cubrían los 18 millones de euros que le impuso de fianza y decidió desbloquear parte de sus cuentas. Pero este viernes, y tras los fulminantes recursos de la fiscalía y la abogacía del Estado, volvió a comunicar el embargo de su patrimonio, según fuentes próximas al caso. El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, impuso en mayo a Rato una fianza de 18 millones de euros como condición para levantar el embargo de las cuentas de sus cuentas. Lo hacía dentro de la investigación por delito fiscal iniciada por la fiscalía. Esta cantidad multiplicaba por seis el importe del delito fiscal que se le imputa, calculado en tres millones. Según fuentes jurídicas, Rato presentó un listado de bienes que incluía una parte de una finca rústica heredada de su madre y que tiene a medias con sus hermanos, planes de pensiones y otros activos. Liberalización parcial El juez dio por bueno su listado y ordenó desbloquear sus cuentas. La Asociación Española de Banca (AEB) envió el miércoles una nota a todas las entidades ordenando la liberalización parcial de las cuentas del exministro de Hacienda.

 

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Solo quedaban bajo embargo judicial los bienes que son garantía de la fianza. Rato llevaba dos y meses y medio con sus cuentas congeladas, lo que le impedía hacer frente a los gastos diarios, según fuentes cercanas al exvicepresidente, que señalan que espera que ahora no se congelen los nuevos ingresos y pueda hacer frente a los gastos corrientes justificados. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron inmediatamente la decisión del juez. No lo hicieron ante el instructor, sino que fueron directamente a la Audiencia Provincial, el órgano superior. Consideran que no hay tasación independiente de los activos que aporta Rodrigo Rato para garantizar el pago en caso de ser condenado. Añaden que no estaba acreditado que los bienes enumerados por el exvicepresidente para prestar la fianza cubrieran esa cantidad ni que estuviera probado que eran realmente suyos. Rato pudo defraudar al fisco español 2,4 millones de euros en concepto de IRPF e Impuesto de Sociedades entre 2011 y 2013 En los recursos señalaban que Rato podrá disponer del dinero de sus cuentas sin que el auto del juez sea firme, lo que dificultaría el cobro en caso de que sea condenado por delito fiscal. Inmediatamente, el juez rectificó su decisión y este viernes volvió a ordenar el embargo de sus cuentas, además de los activos aportados por Rato para que sirvieran como fianza. Según la Agencia Tributaria, Rato pudo defraudar al fisco español 2,4 millones de euros en concepto de IRPF e Impuesto de Sociedades entre 2011 y 2013. La Agencia Tributaria trasladó a la Fiscalía de Madrid un informe sobre Rato en el que atribuía al exvicepresidente económico maniobras tendentes a ocultar sus bienes para evitar posibles fianzas que pudieran imponerle en los procesos judiciales que tenía abiertos en la Audiencia Nacional. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra Rato por un supuesto delito de alzamiento de bienes, además de distintos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Cuando la Fiscalía Anticorrupción asumió la causa, por decisión de la Fiscalía General del Estado, suavizó la denuncia original al entender que no existía alzamiento de bienes dado que Rato había pagado la fianza que le había impuesto la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black, y tampoco veía suficientes indicios de blanqueo en lo investigado. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/26/actualidad/1435340269_700317.html 23. ‘CASO GÜRTEL’: DE ESCÁNDALO POLÍTICO A ESCÁNDALO JUDICIAL Tres acusaciones recusarán al tribunal que juzgará a la trama corrupta El ponente es habitual de FAES y fue ascendido por el PP al Constitucional La Justicia se juega su crédito a cuenta del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Este órgano, creado en 1977 para enjuiciar fundamentalmente los delitos de terrorismo, se afana ahora en escándalos de corrupción política y económica. Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos en la Audiencia han ocupado cargos en la administración con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial avalados por los partidos políticos. Ese viaje de idea y vuelta que la Ley permite provoca que acusados y acusadores cuestionen la apariencia de imparcialidad en determinados procesos. El desenlace final del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, dependerá de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad está por los suelos. Tres acusaciones recusarán a los magistrados que integran ese órgano: Concepción Espejel (exvocal del Poder Judicial con el aval del PP), Enrique López (exmagistrado del Constitucional designado por el Gobierno del PP), y Julio de Diego. Este último fue ponente de un auto que libró al extesorero del PP Luis Bárcenas, de declarar en febrero de 2013 ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

 

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El ponente de la sentencia será López. Este magistrado tocó el cielo judicial al ingresar en el Constitucional gracias al Gobierno del PP. Un percance de madrugada —conducía su moto borracho y se saltó un semáforo en rojo— le obligó a dejar su cargo y regresar a la Audiencia, donde ahora juzgará el escándalo de corrupción que acorrala al PP y al Gobierno que tanto le ayudó. Hay 45 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP y una decena de altos cargos de este partido, que deberá responder como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos. López colaboró activamente con FAES, la fundación principal del PP e intervino como invitado en una de las conferencias políticas del partido. Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura considera que no hay motivos para la recusación de López y defiende su “actuación profesional”. “La ciudadanía puede estar tranquila porque los jueces están habituados, sean cuales sean las circunstancias, a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales”. Otros juristas dudan. “El juez no sólo debe ser imparcial sino, además, parecerlo. No creo que López o Espejel vayan a actuar de manera parcial, pero ese no es el problema. El problema es la quiebra de la apariencia de imparcialidad”, señala Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia. “Es necesario reformar la Ley. porque no permite ir a interpretaciones extensivas. Ahora se rechazan la mayoría de imputaciones”. Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Baltasar Garzón en el proceso por las escuchas en la cárcel a los abogados de la red Gürtel, recusó a cinco magistrados del Supremo que iban a juzgar el caso por participar en la fase de instrucción y obligó a cambiar todo el tribunal. “Se debería reformar la Ley para que los jueces que hayan ocupado cargos institucionales a propuesta de un partido que está en el Gobierno se tuvieran que abstener en procesos en los que estén implicados los partidos”, señala. Margarita Robles, magistrada del Supremo, exsecretaria de Estado de Seguridad en un Gobierno socialista, y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, diferencia entre jueces que han desempeñado cargos en la administración y los que han formado parte del Consejo del Poder Judicial: “El Gobierno del PP nombró a Enrique López magistrado del Constitucional y juzgará el caso Gürtel, que afecta de lleno al PP. Si la apariencia objetiva de imparcialidad se viera afectada, entonces te debes abstener, aunque vayas a aplicar la Ley de manera imparcial”. El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera ocupó cargos de confianza en dos gobiernos socialistas. Por esa razón, pidió abstenerse en la causa abierta contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. “Las apariencias son muy importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”, alegó. Pero la Audiencia lo rechazó porque “la naturaleza de los cargos que desempeñó [Sánchez Yllera] ninguna relación guarda con el contenido del proceso”. El PSOE pide al magistrado Enrique López que se abstenga bajo amenaza de recusarle. “Esa recusación no se fundamenta en que haya ocupado cargos institucionales a propuesta del PP sino por su vinculación con este partido, que excede la relacionada con su nombramiento para dichos cargos. Quizás habría que revisar las causas de abstención y recusación contempladas en la Ley para reforzar esa garantía procesal del derecho a un juez imparcial”, señala Antonio Hernando, portavoz socialista. Su homólogo del PP, Rafael Hernando, no lo ve necesario: “La independencia de los jueces está garantizada por el Consejo del Poder Judicial, por la Constitución, por su estatuto y por su régimen de incompatibilidades”. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/19/actualidad/1434739413_688919.html

 

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24. ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN AL GOBIERNO QUE LA LEY SEA MÁS ESTRICTA CON LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria consideran que la normativa debería especificar todavía más los motivos por los que deberían inhibirse los magistrados que han estado vinculados con partidos La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura sostiene, al contrario, que las causas de abstención están definidas, son extensas y están perfectamente detalladas Las asociaciones de jueces Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia consideran que la normativa que regula los motivos de abstención e inhibición de los jueces que retornan a la magistratura tras desempeñar cargos políticos debería ser más estricta, con la intención de evitar una posible apariencia de parcialidad cuando juzguen a los partidos políticos. "La ley debería precisar un poco más algunas de las causas de incompatibilidad", explica el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. En similares términos se expresa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que al igual que Sexmero considera que en uno de los supuestos, el de "amistad directa y manifiesta", habría que especificar "un poco más". Precisamente, esta semana el magistrado Alfonso Guevara Marcos decidió apartarse del tribunal que examinará los recursos presentados por 14 imputados en la causa en la que se investiga el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por su "amistad" con dos de ellos, el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y el de Renfe Miguel Corsini. Corrupción del PP infoLibre se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de jueces y magistrados tras conocerse que el tribunal que juzgará la primera pieza de la trama Gürtel, el caso de corrupción más importante de la democracia ligado a un partido político, estará compuesto por los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, cuyo nombramiento como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue promovido por el Partido Popular. Esta formación política afronta una posible condena en Gürtel como responsable civil subsidiario del caso. Según el escrito de acusación, el partido presidido por Mariano Rajoy se habría beneficiado de más de 300.000 euros de la red corrupta, que supuestamente fueron utilizados por el PP de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Además, 16 excargos del PP afrontan penas de cárcel de más de 360 años, al mismo tiempo que también la exministra Ana Mato podría ser considerada responsable civil subsidiaria. Sin embargo, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, que es mayoritaria entre los jueces, considera que los motivos de abstención están absolutamente definidos, son extensos y están perfectamente detallados: "El problema es que hay personas a las que no les gustan los motivos de incompatibilidad". Los tres portavoces de las asociaciones de jueces aludieron al caso de Enrique López, un magistrado habitual de los cursos de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. "De Enrique López digo lo mismo que cuando [el excargo del PSOE] José de la Mata se hizo cargo del caso Gürtel. Todos los jueces son conscientes de que todas las resoluciones tienen que dictaminarse conforme a derecho. Y están obligados a motivarlas", explica Llarena, que no ve ningún motivo para que López no sea el ponente del tribunal. Pero el caso de De la Mata citado por Llarena no es único entre los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central número 6, Eloy Velasco, fue cargo en el Gobierno valenciano del PP que presidió Eduardo Zaplana. El propio Eloy Velasco es el instructor de la operación Púnica, en la que están imputados numerosos cargos del PP, entre

 

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los que se encuentra el exnúmero dos del PP madrileño Francisco Granados, que permanece en prisión desde el 27 de octubre. "Una norma constitucional" Llarena reconoce que los dos magistrados, Enrique López y Concepción Espejel, fueron nombrados vocales del Poder Judicial "en cumplimiento de una norma constitucional", que indica que al menos 12 de los vocales tienen que ser jueces: "Y además las Cámaras los eligieron tras un análisis de todos los partidos". Pero el caso de López y Espejel, el de magistrados promovidos por un partido político no es excepcional, habida cuenta de que también el PSOE, IU y CiU han promovido la entrada en el Poder Judicial de magistrados que han acabado formando parte del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como por ejemplo es el caso de Javier Martínez Lázaro (PSOE) y de Ramón Sáez Valcárcel (IU). Por su parte Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, asegura que la implicación de un juez en los cargos públicos no es nada negativo. Y reitera que la normativa "no está bien regulada". Y por eso los dos magistrados, López y Espejel, van a decidir en una causa que afecta al PP. No obstante, Bosch destaca que el total de asuntos en los que se pueden dar estas incompatibilidades es "irrelevante", aunque "sí es verdad" que los pocos casos que se dan pueden llegar a tener una gran relevancia pública: "Por lo que sería necesario disponer de un sistema más claro de abstención y recusación, para evitar que un juez pueda asumir asuntos en los que la sociedad desconfíe de sus intenciones. Hay instrumentos de sobra, pero el poder político no han querido". Privilegios de los jueces Los portavoces de las tres asociaciones sí coinciden en criticar los "privilegios" de los jueces que se reincorporan a sus puestos tras pasar por la política. "Tras reincorporarse en los concursos, como mérito judicial les supone un beneficio, pues tienen una reserva de plaza. Y su paso por la política cuenta como si hubieran estado ejerciendo la judicatura", explica Bosch, de Jueces para la Democracia. "No es normal que a un juez que se va a la política se le guarde la plaza durante años", completa Sexmero, que al igual que el portavoz de la Asociación de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que un juez que vuelve a su empleo tras años sin ejercer puede tener problemas para estar al día en su profesión. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/19/asociaciones_jueces_piden_gobierno_que_ley_sea_mas_estricta_con_puerta_giratoria_entre_justicia_politica_34311_1012.html 25. LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL RECUSARÁN A LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP El PSOE también ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad" en este proceso, que define como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años". La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Gürtel se plantea recusar a los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que se encargarán junto a Julio de Diego de juzgar la primera época de actividades de la red corrupta, por su "ideología" próxima al Partido Popular (PP). A ello se ha unido el PSOE, que ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad". El abogado de ADADE, Francisco Montiel, ha señalado que en la próxima semana intentará plantear "un frente común" con las otras dos acusaciones populares en la causa, la del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y la del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

 

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El letrado ha destacado que el nombramiento de Espejel y López como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, demuestra "una vinculación indirecta" con la formación de Mariano Rajoy. En este contexto, ha destacado la necesidad de estudiar las "relaciones personales" de López con personas imputadas en el procedimiento y su participación en cursos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, donde realizó más de 50 ponencias. El PSOE denuncia la falta de imparcialidad El PSOE pedirá la recusación de los magistrados designados para juzgar el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, si ellos no se inhiben, por observar "falta de apariencia de imparcialidad", ha anunciado hoy el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando., ha anunciado este martes el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando. En rueda de prensa, Hernando ha defendido que la apariencia de imparcialidad es "fundamental" en un caso como éste, al que se ha referido como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años". Tras defender que la independencia judicial no solo es un derecho de las partes, sino una garantía del Estado de derecho, Hernando ha señalado que la apariencia de imparcialidad se determina "no sólo por las relaciones con las partes, sino por la propia imagen y las cosas que han hecho". La posible recusación La recusación de uno o dos magistrados del tribunal sería estudiada por el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, también vocal del CGPJ a propuesta del PP, según informaron fuentes jurídicas. En el que caso de que se pidiera la abstención de los tres magistrados (Espejel, López y De Diego), el asunto se convertiría en algo mucho más complejo y tendría que ser examinado por la denominada Sala del 69 (formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las Salas Penal, Contencioso-Administrativa y Social y los tres magistrados más antiguos y más modernos de cada una de las salas). Una propuesta del PP El ponente de la sentencia será Enrique López, quien regresó a la Audiencia Nacional en septiembre de 2014 después de dimitir en junio de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional tras ser imputado por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bebido. López había llegado un año antes al TC a propuesta del PP procedente de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a donde recaló en 2008 tras haber ejercido como portavoz del CGPJ, órgano para el fue nombrado en 2001 por la mayoría conservadora del Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su designación por el PP como candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del Senado fue una de las causas del bloqueo que impidió la renovación de los miembros del Alto Tribunal ya que desde algunos sectores políticos se ponía en entredicho su neutralidad. Por su parte, Concepción Espejel también fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del PP, cargo del que tomó posesión el 23 de septiembre de 2008. Presidió las audiencias provinciales de Segovia, Tarragona y Guadalajara y desde 1999 es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. http://www.publico.es/politica/acusaciones-gurtel-recusara-jueces-designados.html

 

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26. EL SUPREMO DECIDIRÁ SI IMPUTA A PELAYO POR SU IMPLICACIÓN "PATENTE Y GROSERA" EN LOS CONTRATOS CON LA GÜRTEL El juez De la Mata remite al Alto Tribunal una exposición razonada para que se haga cargo del cierre de la instrucción dada la condición de aforada de la exalcaldesa de Jerez por ser senadora del PP. Asegura que en el proceso de adjudicación a las empresas de la trama Correa se desbordó la legalidad de forma "clamorosa" y podría haber incurrido en un delito continuado de prevaricación. "No cabe especular con que se limitó a actuar conforme a los informes de los técnicos; sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", mantiene el magistrado. La Gürtel deja en el precipicio a María José García-Pelayo transcurridas apenas 48 horas desde que abandonara su cargo como alcaldesa de Jerez. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha remitido este lunes una exposición razonada de la pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' al Tribunal Supremo al considerar que es éste el competente para continuar con la instrucción de la causa debido a la condición de aforada de una dirigente del PP que es también senadora. En un profuso, minucioso y demoledor documento de 39 páginas, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el magistrado no deja margen para la duda en lo que respecta a la participación directa de García-Pelayo en las presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación de cuatro contrataciones con empresas de la trama de Francisco Correa que costaron más de 355.000 euros de dinero público. Este supuesto amaño de contratos del Ayuntamiento de Jerez con la mayor trama de corrupción político-empresarial de la historia de España se produjo en la etapa en la que la líder del PP local era alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), organismo autónomo desde el que ordenó las adjudicaciones con motivo del desembarco de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004. Ahora, más de una década después, podría enfrentarse a penas de cárcel por un presunto delito continuado de prevaricación, según razona el instructor de la Audiencia Nacional. Además de detallar y documentar los antecedentes procesales, los hechos indiciariamente acreditados y describir los indicios, el juez De la Mata justifica la exposición razonada en el hecho de que considera que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese Alto Tribunal, "pues podría existir indiciaria responsabilidad penal, en intima conexión con otras personas no aforadas, de la presidenta de ese organismo autónomo y ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo Jurado, actualmente senadora por Cádiz del Partido Popular". Esta circunstancia, que ya había sido puesta negro sobre blanco tanot por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) como por la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), no había sido sin embargo verbalizada con tanta crudeza y rotundidad como lo expone el magistrado en su exposición razonada. Según el juez, Pelayo fue "en todo momento consciente" de que no tenía competencia para proceder y que el procedimiento negociado sin publicidad no era procedente. En el apartado de la misma que denomina 'Calificación jurídica de los hechos y participación de la persona aforada', De la Mata asegura que los hechos descritos pueden constituir un delito continuado de prevaricación (calificación "siempre indiciaria y provisionalmente y a los únicos efectos de sustentar esta resolución") por parte de Pelayo, ya que "su arbitrariedad fue patente y grosera" y "desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso. La señora exalcaldesa adoptó decisiones para las que carecía totalmente de competencia, omitiendo totalmente las formalidades procesales administrativas pertinentes y actuando con desviación de poder". Y abunda: "Toda la actuación desarrollada por la persona aforada con la participación directa del resto de imputados fue además injusta. Se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más acorde para

 

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los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales. Actuando así, todos se confabularon para adjudicar los contratos a las empresas que previamente habían decidido". A todo esto, la resolución enviada este lunes a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo acredita que la líder del PP "tenía plena conciencia de la ilegalidad de su actuación". Y lo resume de la siguiente manera: "La señora exalcaldesa y senadora fue consciente (por el informe de la Interventora) de que no tenía competencia para proceder, por corresponder al Consejo Rector, luego conoció desde el primer momento la ilegalidad de su actuación. Este informe no era inconcluyente ni ambiguo y no daba pie a ser interpretado de forma distinta a su tenor literal. La competencia era del Consejo Rector y no de su Presidenta". En segundo lugar, describe, "en todo momento fue consciente (por el informe de la Interventora) de que el procedimiento negociado sin publicidad no era procedente, luego conoció desde el primer momento la ilegalidad de su actuación". Notas manuscritas, analizadas por la IGAE y remitidas en el informe ampliatorio solicitado por Ruz, de una de las reuniones preparatorias para Fitur 2004, en noviembre de 2003 y donde ya claramente figura Isidro Cuberos. Las cantidades se expresan en pesetas y es curioso como figura para el 'intermediario' como cantidad asignada "el resto". "En tercer lugar -añade-, no cabe en este caso especular con que la exalcaldesa y senadora pudo no participar en el procedimiento administrativo y que se limitó a actuar conforme a los informes y propuestas elaboradas con los técnicos, confiando en los mismos". Y es que, como se ha indicado reiteradamente, "no existió tal procedimiento administrativo". Aquí el juez insiste en que Pelayo contrató "verbalmente a estas empresas directamente, sin más trámites, y cuando firmó toda la documentación, contratos incluidos, Fitur 2004 ya había terminado y las empresas habían prestado los servicios". Cuando firmó todos los documentos, "lo que ocurrió como pronto en febrero de 2004", sabía "obviamente" que "todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para poder justificar los pagos que posteriormente también autorizó". "Cuando firmó la resolución aprobando los pliegos de condiciones particulares y técnicos estos sencillamente no existían. Se elaboraron en el mes de febrero, después de terminada Fitur 2004". Por último, tampoco cabe deducir, aunque se admitiera a efectos meramente especulativos y pese a las evidencias en contra, que los documentos administrativos se firmaron por la dirigente popular en las fechas que aparecen consignados en los mismos: "Es claro que supo que todos los documentos que firmaba no se correspondían a la realidad". Y va a más en este punto: "Cuando firmó la resolución aprobando los pliegos de condiciones particulares y técnicos estos sencillamente no existían. Se elaboraron en el mes de febrero, después de terminada Fitur 2004; cuando firmó la resolución aprobando la adjudicación a la mejor oferta, estas sencillamente no existían y por tanto no podían haber sido valoradas, ya que las empresas no las presentaron al menos hasta febrero de 2004; y cuando firmó los contratos con los representantes de las empresas, éstas no habían presentado sus ofertas técnicas y económicas. Las ofertas no existían en cuanto fueron presentadas semanas más tarde". A modo de conclusiones, y dejando claro que el TS con "su superior criterio, resolverá", el juez eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese Alto Tribunal, pues "podría existir indiciaria responsabilidad penal" en la senadora García-Pelayo, "en íntima conexión con otras personas no aforadas, para conocer de los hechos objeto de investigación en esta pieza separada 'Ayuntamiento de Jerez' de las diligencias previas 275/008 seguidas ante este Juzgado Central de Instrucción número 5". Del mismo modo, se remite el documento "una vez delimitado el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditan su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica, todo ello a los estrictos efectos de esta exposición y con el carácter provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa". En última instancia, suscribe, "la propuesta se eleva respetuosamente tanto en relación con la persona aforada como a las personas imputadas no

 

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aforadas al estimarse que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos en procedimientos diferentes, imponiéndose en principio, como consecuencia del principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias". Contratos millonarios con la Gürtel a costa de los jerezanos Los hechos concretos en que tomó parte Pelayo en relación con los contratos para Fitur 2004, según detalla el documento, han sido los siguientes: 'Expediente referido a la prestación de los servicios para el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2004'. El 8 de enero de 2004 aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas y dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad. Unos días más tarde, el 15 de ese mismo mes, adjudicó a la sociedad Special Events SL el lote referido a la gestión por importe de 162.806,73 euros; y a la sociedad Teleanuncio SA el referido a la “publicidad y propaganda” por importe de 141.364,56€. El 19 denero firmó los contratos correspondientes y el 4 de agosto aprobó el pago de la factura correspondiente ese contrato de Special Events, habiendo ordenando además que se hiciera efectivo el 3 de diciembre de ese año, días antes de romper el pacto de gobierno que mantenía con Pedro Pacheco. También aprobó el pago de la factura correspondiente al contrato con Teleanuncio y habría ordenado además que se hiciera efectivo el 7 de diciembre de 2004. Hay un segundo expediente llamado 'Acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para espectáculo ecuestre. Fitur 2004'. En este caso, el juez acredita que el 8 de enero de 2004, Pelayo aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas y dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad si bien expresando al mismo tiempo que no había sido posible promover concurrencia. Resolvió el 15 de enero, al igual que en el expediente anterior, adjudicar los servicios a Down Town Consulting SL por un precio de 39.366,92 euros. Firmó el contrato el 19 de enero y aprobó el abono de la factura la factura 042/04 el 4 de agosto de ese año, en el ejercicio de sus competencias, ordenando su pago el 3 de diciembre. Por último, tomó parte en el contrato menor referido al montaje de un espectáculo de flamenco a desarrollar en los jardines de Cecilio Rodríguez. En este caso, reza la exposición razonada, la tramitación se hizo como contrato menor por razón de su cuantía, y se adjudicó por María José García-Pelayo Jurado, en calidad de alcaldesa-presidenta del IPDC, a la sociedad Down Town Consulting SL por un precio 11.855,06 euros, reflejado en la factura no 19/04, de 20 de febrero de 2004. http://www.lavozdelsur.es/el-supremo-decidira-si-imputa-pelayo-por-su-implicacion-patente-y-grosera-en-los-contratos-con-la 27. HACIENDA SUGIERE QUE 12 MILLONES EN NEGRO DEL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ ACABARON EN LA ‘OPERACIÓN CALDERÓN’ La Agencia Tributaria sostiene que un empresario pudo haber abonado 21 millones, 16 de forma opaca, por el 5% de la empresa que iba a construir 2.000 viviendas en el estadio del Atlético de Madrid Un informe remitido al juez confirma que los imputados en Arganda habrían podido cometer un total de diez delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 4,8 millones La Agencia Tributaria considera que 12 de los 25 millones que Francisco Correa percibió por su intermediación en la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, pudieron acabar en la operación urbanística del estadio Vicente Calderón, según consta en un informe remitido al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, al que ha tenido acceso infoLibre. "Queda pendiente de conocer qué ha ocurrido con los 12 millones de euros", indica el documento de Hacienda, que apunta dos opciones. La primera, que pasaran a formar parte del

 

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precio de las acciones pagadas por el imputado Manuel Salinas al empresario Fernando Martín por la venta del 5,01% de la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la Operación Calderón-Mahou. Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística, que preveía la construcción de 2.000 viviendas libres, pero también el traslado de la sede deportiva del Atlético de Madrid al conocido como estadio de La Peineta, que según la previsión del Ayuntamiento de Madrid iba a ser el Estadio Olímpico de Madrid, edificado por la constructora FCC. RTM, constituida en 2004 RTM fue constituida el 19 de abril de 2004, dos meses antes de que el Atlético de Madrid, presidido por Enrique Cerezo, traspasara el estadio a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid. Y según el informe de Hacienda Fernando Martín, que acabó siendo presidente del Real Madrid, se hizo con el 33% del capital de RTM. Posteriormente, el empresario Manuel Salinas adquirió el 5,01% del total de RTM a Fernando Martín, por lo que pagó 5 millones de euros. Pero tal y como adelantó infoLibre, otros cuatro millones habrían sido abonados desde paraísos fiscales, por lo que el dueño de Martinsa habría percibido 9 millones de euros por el 5,01% de RTM. A los 9 millones habría que añadir los mencionados 12 millones hasta ahora sin destino conocido: "De forma que el precio total [por las acciones de RTM] sería de 21 millones de euros", completa el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Amando Mayo Rebollo, uno de los imputados por este pelotazo, reconoció en un escrito dirigido al juez de Gürtel que el destino de su inversión de 700.000 euros fue la participación en la compra de Martinsa-Fadesa de acciones de la compañía mercantil RTM "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del Estadio Vicente Calderón". La documentación remitida por el banco de Fernando Martín en Mónaco especifica que una transferencia de 4 millones a Correa era una inversión en los terrenos del Atlético de Madrid "a través de la sociedad RTM". Pero en realidad la inversión en RTM, según la contabilidad de Martinsa, ya se había producido en los años 2004 y 2005. 12 millones por la operación Arganda Pero el informe de Hacienda indica un posible segundo destino de los 12 millones de euros que el empresario zaragozano Manuel Salinas transfirió a Correa en Suiza en 2004. Que fueran una participación "oculta" en la operación Arganda por parte del propio Salinas. Según consta en el mencionado documento remitido al juez De la Mata, los beneficios brutos que Martinsa habría obtenido por la venta de viviendas en los terrenos adjudicados en Arganda habrían superado los 535 millones de euros. En este sentido, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció en su declaración por escrito en la Audiencia Nacional haber participado en una reunión en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP en la que el que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta alertó de un posible pelotazo en Arganda del Rey. Recientemente, el comisario José Manuel Villarejo, quién junto a su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño fue acusado por el presidente de la Comunidad de Madrid de haberle "chantajeado" durante una entrevista mantenida en 2011 en un establecimiento de la madrileña Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno de

 

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esta Comunidad, vinculó al presidente en funciones madrileño Ignacio González con el pelotazo de Arganda. Diez delitos fiscales El documento de Hacienda confirma, además, que los imputados en la operación urbanística de Arganda habrían podido cometer una decena de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 4,8 millones. En concreto, el informe sostiene que el empresario Fernando Martín, el supuesto autor de la segunda transferencia a Correa, en este caso de 13 millones, podría haber cometido dos delitos por el impago del IRPF de 2005 (122.452 euros) y 2006 (1.034.256 euros), así como el impago de 178.138 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2005. A su vez Martinsa, que hasta el concurso de acreedores era la mayor promotora de España, habría cometido, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, un delito fiscal por no abonar hasta 1,4 millones del Impuesto de Sociedades. De este delito sería responsable también el propio Fernando Martín, propietario de la firma. Pero el imputado que más acusaciones de delitos tendrá que afrontar por el pelotazo de Arganda del Rey será el ya mencionado Amando Mayo Rebollo, considerado uno de los intermediarios de la trama. En total serían tres delitos fiscales por no abonar el IRPF en 2006 (485.182 euros); 2007 (503.431 euros); y 2008 (607.828 euros), y otros dos por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2006 (123.943 euros) y 2007 (216.629 euros). El que fuera alcalde del PP de Arganda del Rey Ginés López cierra el colectivo de posibles defraudadores, ya que también habría cometido un delito contra la Hacienda Pública por no abonar 148.500 euros en el IRPF de 2006. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/18/hacienda_sugiere_que_millones_negro_del_mayor_pelotazo_gurtel_acabaron_operacion_calderon_34208_1012.html 28. EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZÁLEZ El magistrado ocupa el puesto de juez central de instrucción 3 de forma provisional, en contra del criterio seguido para que Pablo Ruz abandonara el juzgado central 5. Donde dije digo, digo Diego. El magistrado Pablo Ruz, instructor en el juzgado central número 5, hubo de abandonar su trabajo y regresar a un juzgado de Móstoles (Madrid) porque ocupaba el cargo de forma provisional, en comisión de servicio. El nuevo Consejo General del Poder Judicial decidió sacar a concurso la treintena de plazas cubiertas en España de esta manera, entre las que se encontraba la de Ruz, cuya instrucción del caso Gürtel levantaba ampollas en el PP, y cubrirlas por el concurso ordinario. El concurso lo ganó José de la Mata, porque fue el magistrado mejor posicionado en el escalafón de todos los jueces en activo que se presentaron a la convocatoria. Fue alto cargo del gobierno socialista en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. La sorpresa fue mayúscula en el CGPJ al descubrir quién había ganado el concurso entre todos los que se presentaron. Ocupará la plaza mientras su titular se encuentre en excedencia, ya que es magistrado de enlace en Gran Bretaña. El problema regresó de nuevo con el juzgado central de instrucción 3, cuyo titular, Javier Gómez Bermúdez, ha sido nombrado magistrado de enlace en Francia. Este nombramiento diplomático ha sido auspiciado por José María Aznar ante Mariano Rajoy, según fuentes conocedoras de las gestiones realizadas en los aledaños del Gobierno. En lugar de sacar la plaza a concurso ordinario, el CGPJ ha optado por regresar a su denostada fórmula de la comisión de servicio, que no requiere respetar el escalafón de entre los candidatos ni seguir un principio de mérito y capacidad. Esto es, de la manera en la que Pablo Ruz ocupaba el juzgado central número 5.

 

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El elegido ha sido Juan Pablo González, quien fue vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular durante el mandato entre 2001 y 2008. Después fue nombrado diplomático judicial en París hasta el pasado 27 de mayo que regresó al servicio activo. La Permanente del CGPJ justifica esta decisión en que Juan Pablo González cubrirá en comisión de servicio el juzgado central de instrucción 3 para “evitar disfunciones en el normal funcionamiento del juzgado hasta tanto se cubra la plaza vacante por el procedimiento ordinario en el próximo concurso de traslados”. El acuerdo ha contado con los votos a favor de Carlos Lesmes, presidente del órgano constitucional, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. Sólo votó en contra Álvaro Cuesta, quien considera que se tendría que haber aprobado primero la necesidad de esta comisión de servicio y, además, defiende que había una candidata más idónea para el puesto. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso a González a la Permanente del CGPJ al considerar que su amplia experiencia en cooperación judicial internacional “avala un entendimiento de las competencias que son materia propia de los Juzgados Centrales de Instrucción” y “supone una ventaja en la acomodación al desempeño” de sus funciones. La convocatoria se decidió después de que el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comunicara las dificultades para cubrir la vacante dejada por Gómez Bermúdez mediante el sistema ordinario de sustitución, ya que hubiera correspondido al magistrado Eloy Velasco y hubiera provocado una sobrecarga de trabajo. http://www.publico.es/politica/cgpj-otorga-plaza-javier-gomez.html 29. SEMANA NEGRA EN RTVE La retirada del programa de Buruaga es un duro golpe al presidente de la televisión pública, José Antonio Sánchez, criticado por alardear de que vota al PP El fracaso de la tertulia política Así de claro, presentada por Ernesto Sáenz de Buruaga, es el más flagrante fiasco de la televisión pública, a las órdenes de José Antonio Sánchez. A la rebelión de la audiencia, que ha provocado la retirada del programa tras la tercera emisión, se ha unido esta semana el aluvión de críticas que han caído sobre Sánchez por jactarse durante su comparecencia en el Congreso de votar al PP, el partido que le nombró para el cargo. “Yo voto al PP y seguiré votando al PP”, respondió a una interpelación de Izquierda Plural. Y añadió en tono provocador: “A quien no he votado nunca, ni voy a votar en mi vida, es a Izquierda Plural”. Los principales grupos de oposición consideran “inaceptables” tales declaraciones y no han tardado en solicitar la dimisión de Sánchez. Perciben que alardear de votar a un partido no es la mejor garantía de “independencia informativa”. Izquierda Plural, directamente aludida, afirma que es “estúpido” que el responsable de la radiotelevisión pública presuma de ser del PP y ve tal ostentación como algo “bochornoso”. “¿Es pecado votar al PP?”, ha preguntado la diputada de ese partido Celia Villalobos. El escándalo desatado en la comisión de control de RTVE llegará el miércoles al Pleno. El líder de la oposición, Pedro Sánchez, tiene previsto preguntar directamente a Mariano Rajoy sobre la condición de “votante fiel” del PP del máximo responsable de la televisión estatal. También los profesionales de la corporación han arremetido contra unas declaraciones que, en opinión de los Consejos de Informativos, “comprometen gravemente la credibilidad y la imagen de independencia a las que están obligados los servicios informativos”. Esos organismos han aprovechado para pedir la dimisión de Sánchez y reclamar de nuevo que el presidente sea nombrado por consenso parlamentario. RTVE ha declinado hacer comentarios. Tampoco la radio pública ha estado al margen de polémicas. El pasado martes, tras la muerte del dirigente socialista Pedro Zerolo, el director de informativos de RNE, Alberto Martínez Arias,

 

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ordenó no arrancar el boletín de las 10.00 con la noticia. “No dio ninguna alternativa, solo impuso que no se abriera con Zerolo. El criterio no era compartido por la editora, que se negó a leer el boletín, al igual que el resto de los compañeros”, explican fuentes de la emisora. Tras momentos de tensión, finalmente, el jefe de informativos dio marcha atrás y la editora abrió el boletín con el fallecimiento de Zerolo. La semana negra de Sánchez comenzó con la retirada del programa de Buruaga. El regreso del periodista a la televisión pública —responsable de los informativos en la etapa de José María Aznar— fue un empeño personal del presidente de RTVE. Una apuesta no compartida por directivos de la cadena y tampoco por parte del consejo de administración de la corporación. Buruaga representaba una manera añeja de hacer televisión. Un viejo modelo de debate incompatible con los nuevos tiempos. Y así lo ha visto el público. A la tercera entrega (se preveían 27), TVE ha cancelado Así de claro “al no haber alcanzado los objetivos esperados de audiencia”. Tanto la cadena como la productora que lo puso en pie (Pulso, filial de Secuoya) habían calculado una cuota de pantalla del 10% (1,7 millones de espectadores). Pero los resultados han estado muy lejos de las expectativas. Arrancó con un 6,5% (976.000 televidentes) para bajar en las sucesivas entregas al 5,7% y al 5,1%. No era precisamente un proyecto barato: 81.000 euros por edición. 3.000 percibía el presentador y 500 cada invitado. Tres fracasos en cadena Ernesto Sáenz de Buruaga, José Luis Moreno y Los Morancos forman el triángulo que escenifica los fracasos del actual equipo gestor en TVE. El programa Así de claro estaba anclado en el pasado. Aunque con un decorado más moderno, muchos de los contertulios eran los mismos que hace una década pisaban el plató de Madrid opina, tertulia política conducida por Buruaga en Telemadrid. Tintes rancios reflejan las otras dos grandes apuestas en el área del entretenimiento: el ya desaparecido programa de variedades La alfombra roja, producido por Moreno, y el concurso vespertino Jugamos en casa, con Los Morancos como anfitriones, que ronda el 6%. http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/13/television/1434217971_081289.html 30. TVE CANCELA EL PROGRAMA DE BURUAGA, 'ASÍ DE CLARO' Tres emisiones. Así de rápido ha sido el paso de 'Así de claro' por TVE, el controvertido espacio dirigido y conducido por el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga. En un escueto comunicado, RTVE ha informado de que el Ente público "ha decidido retirar el programa 'Así de claro' al no alcanzar los objetivos esperados de audiencia". Dos semanas ha durado, pues, este espacio estrenado el pasado 25 de mayo y que desde su primera emisión cosechó multitud de críticas y unos datos de audiencia realmente pobres. 'Así de claro' levantó fuerte polvareda en redes sociales por el corte conservador de sus tertulianos así como de sus polémicos enfoques sobre temas de política. Despertó las críticas incluso del Consejo de Informativos de RTVE, órgano formado por trabajadores del Ente público, que pidió su cancelación "por incumplir las normas básicas a las que están obligadas los espacios de la televisión pública y por convertirse en un mero instrumento de manipulación gubernamental". Muchas críticas y poca audiencia Con todo, lo que ha llevado a la tumba a este programa de La 1 ha sido su nefasto resultado en audiencia. En cada una de sus tres emisiones ha estado muy por debajo de la media de la cadena (ya de por sí baja). En su estreno, tan solo sedujo a un 6,5% de la audiencia congregando a menos de un millón de espectadores. Datos que ya dejaban entrever cuál podría ser el devenir de este espacio producido por Pulso TV para TVE.

 

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Peor le fue su segunda semana, en la que 'Así de claro' bajó ocho décimas hasta un muy pobre 5,7% con 806.000 espectadores. Este lunes, el programa volvió a marcar mínimo con un 5,1% y 704.000 espectadores. En principio, RTVE había acordado con la productora de este espacio la emisión de 27 entregas. Número ampliable si los datos de audiencia respaldaban el nuevo proyecto de Buruaga en TVE. El contrato también contemplaba la posibilidad de cancelación sin coste para RTVE si tras la cuarta emisión la audiencia no llegaba al 12%. 'Así de claro' ha sido cancelado tras tres emisiones, lo que invita a pensar que tanto productora como cadena han llegado a un acuerdo para sellar la retirada del programa. http://cadenaser.com/ser/2015/06/09/tribunales/1433875768_550382.html 31. PIDEN LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE RTVE POR JACTARSE DE VOTAR AL PP Los periodistas reclaman un profesional elegido por consenso en el Parlamento El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, se ha jactado en el Congreso de los Diputados de ser votante del PP. Lo hizo este martes como respuesta a las críticas de los partidos de la oposición, que le acusaban de parcialidad. "Voto al PP y seguiré votando al PP", replicó Sánchez a una pregunta del diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto. Y añadió: "A quien no he votado en mi vida ni pienso hacerlo es a Izquierda Plural, como muchos millones y millones de españoles". Esta no es la primera vez que el actual presidente de RTVE se vanagloria en el Parlamento de sus simpatías por el partido en el Gobierno. Hace ocho meses, cuando defendió ante los diputados su idoneidad para presidir la televisión pública admitió haber trabajado para el PP y cobrado de ese partido. Estas consideraciones han llevado al Consejo de Informativos de TVE, RNE Y RTVE.es a solicitar la dimisión del presidente de la corporación y la designación de un candidato que garantice el consenso en torno a su figura y a su profesionalidad. Los periodistas reclaman que, tal y como preveía la ley de 2006 antes de ser modificada por el PP, el máximo responsable de la radio y la televisión pública sea nombrado por acuerdo de los principales partidos (PP y PSOE). Para los profesionales del grupo estatal, las afirmaciones realizadas por Sánchez en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control Parlamentario sobre sus preferencias políticas "comprometen gravemente la credibilidad y la imagen de independencia a las que están obligados los Servicios Informativos". "Como cualquier ciudadano, el presidente de la CRTVE puede votar al partido político que desee, pero es inapropiado y perjudicial para la corporación, alardear de ello cuando actúa en representación de la institución que preside", exponen los Consejos de Informativos en un comunicado conjunto. Anteriormente, ya expresaron sus reservas en cuanto a su idoneidad de Sánchez para defender un modelo de radiotelevisión pública "independiente y al servicio de todos los ciudadanos". Consideran que la modificación de la ley para que el presidente de RTVE pudiera ser elegido solo con los votos del PP elimina todo tipo de contrapesos y permite ubicar al frente de CRTVE a un "hombre de partido" http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/10/television/1433953337_387920.html 32. C.A.BALEARES. BAUZÁ PIERDE EL CONTROL DEL PP POR LA MANIOBRA DE EXCARGOS “REBELDES” El presidente del Gobierno y del PP balear, José Ramón Bauzá, intenta desactivar una revuelta pública de cargos y exautoridades del PP, hasta ahora fieles subordinados al líder o silentes

 

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compañeros de partido. Bauzá, que anunció su dimisión tras el fracaso electoral del 24-M, ha convocado una junta extraordinaria del partido, que se celebrará este jueves en Palma, dos horas antes de un encuentro del llamado sector crítico. Los opositores de Bauzá han diseñado la estrategia de un "golpe", un "chantaje", según el aún líder del PP local. El colectivo crítico pretende, con la firma de un manifiesto y una masiva reunión en un restaurante, la salida inmediata de Bauzá de la jefatura del PP y la creación de una comisión gestora. Un núcleo importante del PP actúa al margen de las estructuras de la organización. Desde el 24-M no existe una voz de peso reconocida en el PP. Bauzá no debate en los órganos colectivos ni ha convocado, durante semanas, reuniones de la dirección. El PP ha perdido el Gobierno balear, tres consejos insulares y los grandes Ayuntamientos (Palma, Ibiza, Calvià, Mahón, Ciutadella, Inca, Manacor, entre otros). Tras el fiasco del 24-M, Bauzá dimitió como presidente del partido, pero aplazó su renuncia a la celebración de un congreso extraordinario en septiembre, que la dirección nacional ha aplazado hasta después de las elecciones generales. El presidente en funciones dejará su escaño en el Parlamento —para no ser opositor al Gobierno de Francina Armengol, del PSOE y MÉS con apoyo de Podemos— e intenta ser nombrado senador autonómico y obtener, además, un foro de protección judicial en el Tribunal Supremo. El aún consejero de Agricultura, Biel Company, líder de la derecha rural, política y patronal, y el exalcalde de Palma, Mateo Isern, son dos de las personas más activas en esta maniobra contra el dirigente derrotado. En la sombra, y en segunda fila, opera el expresidente del PP y de Baleares Gabriel Cañellas, destituido por corrupción (el cobro de 300.000 euros para el PP) en 1995. Diputados insulares y nacionales, al menos dos consejeros del Gobierno de Bauzá y alcaldes atacan abiertamente al presidente autonómico en los medios locales. El portavoz del PP y parlamentario en las Cortes, Miguel Ramis, lamentó —en la radio pública RNE1 y en la SER— la ausencia del liderazgo en su partido y exigió la renuncia inmediata de Bauzá. Alcaldes del PP de Ibiza y de Mallorca pidieron a Bauzá que se fuera ya. El recién nombrado portavoz adjunto del Parlamento de Baleares, Antoni Camps (el diputado imputado por comentarios homofóbicos en su blog), atacó a los "rebeldes" que "hasta ahora aplaudían" a Bauzá y que hoy le zahieren en un "espectáculo impresentable". El PP perdió las elecciones en todos los frentes en Baleares, donde ejercía con hegemonía desde 2011. Sin expectativas de poder, desalojados de sus puestos y desanimados, los disidentes han emergido y "pasan las cuentas" al derrotado. La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, lanzó un mensaje al aún presidente: "Yo nunca pediré dimisiones de nadie del PP en los medios de comunicación". http://politica.elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435222059_033350.html     33. C.A.CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL SE MARCHA DE LA JUNTA CON UNA POLÉMICA RECALIFICACIÓN AGRÍCOLA La Junta, en funciones, declara de interés regional el cambio a regadío de 862 hectáreas Una diputada del PP y su familia se benefician de esta transformación María Dolores de Cospedal se marcha de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha con una polémica recalificación agrícola que beneficia a una compañera del PP: la diputada nacional Maravillas Falcón. Esta parlamentaria —y su familia— posee parte de las 862 hectáreas de secano de Hellín (Albacete) que se transformarán en regadío. La Junta declaró la semana pasada este cambio de "interés regional" para que los dueños accedan a un agua que 353 pequeños regantes de la zona también reclaman.

 

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En la pedanía de Cancarix, en Hellín, se vive una pequeña guerra del agua. En disputa desde hace años está una concesión de 2,4 hectómetros cúbicos para uso agrícola. Y el enfrentamiento parece que lo ganará, al menos de momento, la Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) Regadíos del Sur de Hellín, que agrupa a los alrededor de 35 propietarios de 862 hectáreas, entre los que figura la diputada Falcón, sus seis hermanos y su madre. Esta sociedad ha logrado que una de las últimas decisiones del Consejo de Gobierno de Cospedal haya sido declarar de interés regional la recalificación de sus terrenos de secano en regadío. Este cambio era imprescindible para que Regadíos del Sur de Hellín pudiera acceder a los más de dos hectómetros cúbicos que ya tiene concedidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. "Nos dieron el agua a falta del trámite de la declaración de interés regional", detalla Maravillas Falcón. La diputada —que también es vicepresidenta primera de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso— sostiene que la transformación de las tierras "es legal". "Tengo derecho a desarrollar mis negocios", defiende Falcón, que afirma que a ella le corresponden solo ocho hectáreas de los terrenos de su familia beneficiados por el cambio. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha ha calificado todo este proceso, que se remonta a tres años atrás, de "pelotazo". Julián Morcillo, secretario general de UPA en esta comunidad autónoma, considera "una barbaridad" que "un Gobierno en funciones" apruebe este cambio para beneficiar a "grandes terratenientes". Porque al otro lado en esta polémica están 353 pequeños regantes de las pedanías de La Horca, Minateda y Agramón que disponen de unas 886 hectáreas, principalmente, de olivar. "Este es un valle fértil y próximo a Murcia", indica José Manzanedo, presidente de la asociación de regantes Mayorazgo de Agramón. "Pero las aguas son muy salinas", de ahí que también reclamen esos 2,4 hectómetros cúbicos de agua, una asignación que estaba pendiente de adjudicarse desde hace décadas. La Confederación Hidrográfica del Segura abrió un concurso para esa concesión. Solo se presentó Regadíos del Sur de Hellín. "Nos enteramos tarde", dice Manzanedo para explicar los motivos por los que no acudieron estos regantes, que ya cuentan con la declaración de interés necesaria. "La Confederación no nos dio traslado", se queja el responsable de estos agricultores, que han denunciado el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Falcón insiste en que este asunto se ha "utilizado electoralmente" y que las futuras explotaciones de regadío "darán trabajo a casi 200 personas". "Tengo la conciencia tranquila", concluye. Cambios para el almacén nuclear También en funciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha respaldó el viernes los cambios necesarios en la planificación urbanística de Villar de Cañas (Cuenca) para la instalación del futuro almacén de residuos nucleares. La Comisión Provincial de Urbanismo aprobó el documento en el que se contempla esta instalación. “Era un paso imprescindible” —señala Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción— “pero todavía quedan varios permisos más”, que dependen del Estado. Villeta sostiene que este municipio ha conseguido en “un tiempo récord” que se le apruebe su nueva planificación urbanística. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/19/actualidad/1434742653_058109.html 34. C.A.CASTILLA LA MANCHA. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CERTIFICA EL “TRATO DEGRADANTE Y VEJATORIO” DE LA DIRECTORA DE INFORMATIVOS DE LA TELE DE COSPEDAL A LOS TRABAJADORES La Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo de Toledo ha dictado una resolución que califica la actuación de la directora de Informativos de Castilla-La Mancha Televisión, Victoria Vigón, como infracción muy grave "por haberse verificado un trato degradante, vejatorio y que atenta a la dignidad de las personas en su medio laboral". En el escrito, realizado tras una

 

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denuncia del Comité de Empresa de RTVCM, y tras comparecer ante la autoridad laboral el director de Capital Humano y un miembro de la asesoría jurídica de la empresa, se reproducen audios aportados por los representantes de los trabajadores a la Dirección sin obtener respuesta alguna, tal y como destaca la Inspección de Trabajo. Tras el análisis de ocho piezas distintas, la inspectora que firma el acta afirma que "es amplio el número de profesionales de la televisión aludidos, todos ellos con un denominador común: hacen mal su trabajo (lo que destaca la directora con distintas expresiones)... en las ocho las palabras malsonantes son proferidas de manera profusa: coño, mierda, cagüen, joder, puto, puta parra, hostia, putada, puta vergüenza, me cago en la puta, polla, es la polla, es de coña, que le den por culo, tiene cojones, tiene unos huevos, no me jodas, gilipollas, tronca, que puto infierno... Se insulta con diversas formas y expresiones a los distintos trabajadores y al trabajo que realizan, a través de calificativos o frases -que el escrito relaciona profusamente-; en ocasiones el calificativo o expresión se predica en relación a la persona del trabajador o en relación a su trabajo... En definitiva se produce un desprecio generalizado, remarcado y manifiesto del trabajo del resto de profesionales del medio y de sus personas". En otro momento del escrito, la inspectora destaca que "se puede percibir una impronta de trato superior, derivado de su posición en el organigrama de la empresa en una miscelánea de situaciones" y especifica algunas de ellas como "cuando quiere matar o despellejar a un trabajador con sus propias manos", o "cuando al personal de maquillaje les señala cuando me veáis brillar, venid, en alusión directa a un trabajo poco diligente; o al personal de vestuario que le hace parecer premamá, o mujer en periodo de lactancia, siendo ambas situaciones despreciables y que concurren en su persona por el mal trabajo de otras"; también "hace referencia las movilizaciones desarrolladas por la plantilla de la empresa, consistente en vestirse de luto un viernes al mes. La directora se refiere en tono de burla a que la tienen de luto, o a llevar las bragas de luto". El acta destaca, tras escuchar las grabaciones aportadas, "el elevado volumen de voz empleado, que en muchas ocasiones se convierte en gritos, auténtica expresión de agresión verbal; de otra parte, la carga emocional que se imprime a las expresiones proferidas, donde el desdén, menosprecio o la la posición de dominio se hacen patentes Tras la citada transcripción, la autoridad laboral escribe que "los hechos descritos revelan, como punta de iceberg, una situación que se ha vivido de manera continuada en la empresa y que supone un trato indigno, intolerable y que no debe soportar ningún ser humano, tampoco en su medio laboral... Comportamientos que han motivado una conducta omisiva por parte de la empresa que, con su inacción, ha venido ratificando y refrendando un proceder no sostenible por parte de uno de sus principales directivos... La parálisis empresarial determina la anuencia de los hechos, y por ello la comisión de un infracción administrativa que requiere el reproche de la sociedad, a través de la Administración Laboral". El acta, que lleva fecha de 1 de junio, relaciona los hechos con la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y dictamina que vulnera el Estatuto de los Trabajadores, por lo que la tipifica como "infracción muy grave". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/04/valencia/1433429223_448578.html 35. C.A.LA RIOJA.SANZ DIMITE PARA QUE CIUDADANOS PERMITA GOBERNAR AL PP EN LA RIOJA El paso atrás del líder regional del partido busca facilitar el nombramiento de su sustituto Pedro Sanz, candidato del PP a presidir La Rioja, anunció que renuncia a gobernar la comunidad para desbloquear las negociaciones con Ciudadanos y que este partido permita la investidura de José Ignacio Ceniceros, su sustituto. El político, de 61 años, había ganado las elecciones del 24-M y gobernaba desde 1995. Su marcha puede tener consecuencias fuera de La Rioja. El partido de Albert Rivera, que exige limitar a ocho años los mandatos presidenciales, todavía negocia si permite la formación de los Ejecutivos del PP en Murcia, Madrid y Castilla y León. La continuidad de Juan Vicente Herrera, que con 59 años gobierna en

 

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esta última autonomía desde 2001, también ha sido puesta en discusión, aunque el PP podría pactar la abstención del único concejal de UPL para hacerse con el poder. Sanz ha comentado esta tarde, en una rueda de prensa, que hace días le había comunicado su decisión a Rajoy. También ha asegurado que no se va porque se lo exijan, sino porque no se ve gobernando La Rioja en minoría. “Iba siendo hora”, argumentó sobre la renuncia Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos. “Es bueno y sano por higiene democrática que vaya habiendo recambios al frente de las presidencias autonómicas”, afirmó. “En una región como La Rioja, donde Sanz llevaba 20 años gobernando y podía llegar a los 24, el cambio es sano para la pluralidad democrática, la renovación, y regeneración que tiene que haber”, siguió. “Sin los gritos de otros, estamos consiguiendo condicionar a los viejos partidos”. El PP de La Rioja fue el primer partido en toda España en firmar el acuerdo anticorrupción de Ciudadanos. El mismo día de la rúbrica, sin embargo, quedó sellado el futuro político de Sanz. “Debería pensar en la jubilación”, dijo Hervías, el representante de la dirección nacional en las negociaciones en esta Comunidad. La formación emergente descartó antes de empezar a negociar que la norma de limitar los mandatos a ocho años, que quiere incluir en el estatuto de cada Autonomía, tuviera una aplicación retroactiva. Sin embargo, esa condición ya ha puesto freno a la carrera política de Sanz, y será de aplicación próximamente en Andalucía, donde Ciudadanos permitió la investidura de Susana Díaz (PSOE). En La Rioja, por ahora, se siguen negociando las medidas de regeneración democrática (primarias, listas abiertas, reforma de ley electoral), reactivación económica (bajada del IRPF, ventanilla única para autónomos y emprendedores) y cohesión social (igualar los presupuestos de sanidad, educación y ley de dependencia a la media de la UE) que exige el partido. Fuentes de la dirección, además, describieron como “bastante avanzadas”, las conversaciones en Murcia y Madrid, donde Cristina Cifuentes (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) protagonizan hoy una nueva reunión para cerrar un acuerdo que selle la investidura de la candidata popular. En Murcia, Ciudadanos permitió que el partido de Génova obtuviera la alcaldía de la capital tras lograr la dimisión de los imputados Joaquín Bascuñana, delegado del Gobierno en la Comunidad; Juan Carlos Ruiz, consejero murciano, y la baja voluntaria del partido de Maria Antonia Conesa, alcaldesa de Fuente Álamo. Cuando se confirmó que el PP conservaba la capital, Miguel Ángel Cámara, exalcalde y secretario general autonómico del partido, también imputado, completó el cupo de bajas. De esta forma, los dos partidos enfilan la fase final de la negociación, que no está exenta de curvas: el PSOE ha conseguido la presidencia de la Asamblea regional de Murcia gracias a la intervención de Ciudadanos, lo que permitirá impulsar la reforma de la ley electoral para que haya solo una circunscripción en la Comunidad, según el partido de Rivera. Además de en Murcia, Ciudadanos ha forzado la dimisión de tres cargos del PP imputados en Madrid y dos en Santander como pasos previos a la apertura de negociaciones para investiduras. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/16/actualidad/1434473082_438273.html 36. C.A.MADRID. ÁNGEL GARRIDO SERÁ EL ‘NÚMERO DOS’ DEL GOBIERNO DE CIFUENTES La nueva presidenta da Educación y Sanidad a dos independientes, el químico Rafael Van Griecken y el doctor Jesús Sánchez Martos. Recupera a Engracia Hidalgo para Economía, Hacienda y Empleo El Gobierno de Cristina Cifuentes tendrá un marcado perfil técnico. La quinta presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido a dos independientes para dirigir las consejerías de Sanidad (Jesús Sánchez Martos) y Educación (Rafael van Grieken), las dos carteras con mayor presupuesto de la Comunidad con más de 11.000 millones de los 17.000 presupuestados para

 

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2015: 7.289 millones para Sanidad (equivalente al 45%) y 4.338 millones para Educación (27%). Además, Cifuentes recupera a Engracia Hidalgo, que asumirá las competencias de Economía, Hacienda y Empleo. Los tres no son diputados regionales, por lo que no tendrán que compaginar la responsabilidad en el Gobierno regional con la del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid. La separación de poderes entronca con la idea que Cifuentes tiene de que los viceconsejeros de su Gobierno no sean diputados autonómicos. Cifuentes también ha reconocido en su Gabinete a Ángel Garrido, Jaime González Taboada y Carlos Izquierdo. Los tres participaron junto a Cifuentes en las negociaciones del pacto de 76 puntos con Ciudadanos para obtener el respaldo del partido de Albert Rivera a la investidura de la nueva presidenta regional. El Ejecutivo autonómico pasará a tener siete consejerías, una menos de las que había tras la anterior remodelación del Gobierno, realizada por Ignacio González tras su nombramiento en septiembre de 2012. Cultura y Turismo pasarán a depender directamente de Cifuentes. Ninguno de los consejeros de González repite al frente de alguna de las carteras. Al igual que en la etapa del predecesor de Cifuentes no habrá una vicepresidencia como tal, aunque Garrido será el vicepresidente de facto. Ángel Garrido será consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de Cifuentes, igual que Salvador Victoria con González. Su nombramiento se esperaba, como ya daba a entender su puesto como número dos en la lista autonómica de la nueva presidenta de Madrid. De su íntima confianza, como refleja que fuera el director de campaña de Cifuentes, el último gesto que reforzó su peso en el futuro gabinete es su papel como portavoz del PP el miércoles durante la sesión de investidura de la dirigente. La pasada legislatura Garrido fue el presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Su elección —también es el presidente de la agrupación de Villa de Vallecas— entronca con la idea de que el PP de Madrid concentra su poder en los distritos de la capital y un puñado de ayuntamientos con mucho calado en el imaginario del partido (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla y Las Rozas). El coordinador del equipo electoral y número tresen la lista regional, Jaime González Taboada, estará al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Taboada ha sido director general de Cooperación con la Administración Local los últimos 12 años, durante las etapas de Francisco Granados a Salvador Victoria como consejeros. El poder que ha ido ganando emana de su gestión del presupuesto del plan Prisma y, por extensión, de su conocimiento de los municipios de Madrid. Cuando Cifuentes era secretaria territorial del PP de Madrid, los secretarios de área del partido eran Garrido, responsable de los distritos, y Taboada, que se encargaba de municipios. La relación con ambos comenzó en esa época, cuando la actual presidenta tenía como función la coordinación del partido en los 179 municipios de Madrid. La relación entre Garrido y Taboada es tan cercana que dentro de los círculos del PP se les conoce con el sobrenombre de Caín y Abel. Engracia Hidalgo regresa a la Administración autonómica tras su etapa como secretaria de Estado de Empleo en el Gobierno de Mariano Rajoy. Se encargará de la consejería de Economía y Hacienda, a la que se añade Empleo. Hidalgo ya llevó Hacienda entre 2003 y 2008 con Esperanza Aguirre, en el periodo más boyante del Gobierno regional. Posteriormente fue consejera de Asuntos Sociales hasta las elecciones de mayo de 2011. Terminó arrinconada en el Consejo Consultivo, de donde la rescató Rajoy para su Ejecutivo. Es la única mujer del Gabinete de Cifuentes además de la presidenta. Los otros seis consejeros son hombres. Carlos Izquierdo, viceconsejero de Asuntos Sociales con Ignacio González -a diferencia de otros, no era diputado, condición que Cifuentes quiere implantar en su Ejecutivo-, será el consejero de Políticas Sociales y Familia. Empezó su trayectoria política con Aguirre en el Ayuntamiento, pero también es íntimo de Cifuentes, como evidencia que formara parte de su comité de campaña. También es miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid, donde es el tesorero regional, y presidente de la agrupación de Carabanchel.

 

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Pedro Rollán, desde 2007 alcalde de Torrejón de Ardoz, será el nuevo consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Es de la máxima confianza de Cifuentes, que hizo campaña electoral en Torrejón. Rollán, que deberá renunciar como regidor, mantuvo la mayoría absoluta en las elecciones del 24 de mayo, aunque perdió votos. Es el segundo alcalde que renuncia tras Paloma Adrados, que también mantuvo —la caída de votos fue más acusada— la mayoría absoluta en Pozuelo de Alarcón, un feudo tradicional del PP. Rafael van Grieken será el nuevo consejero de Educación, Juventud y Deportes, cartera que se mantiene como estaba. De perfil eminentemente técnico, es licenciado en Ciencias Químicas por la Complutense y doctorado en Química Industrial. Desde 2002 es catedrático de Ingeniería Química en la Rey Juan Carlos, donde ha sido vicerrector de Investigación (2002-2012). Su curriculum casa con el compromiso de Cifuentes destinar el 2% del PIB a I+D+i. El nuevo responsable de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, tiene al igual que Van Grieken un perfil técnico y como él no es diputado autonómico. Es doctor en Medicina y Cirugía, Diplomado en Enfermería y catedrático de Educación para la Salud de la Complutense. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/25/madrid/1435239219_465572.html 37. C.A.MADRID. LA BREVE Y FRUCTÍFERA EXISTENCIA DE LA FUNDACIÓN FIEL DEJA INTERROGANTES SOBRE SUS VÍNCULOS CON EL PP Y LA FAES DE AZNAR La Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales (FIEL) emergió de la nada en los comicios de 2008, fue destinataria principal de ayudas de Caja Madrid y volvió a desaparecer a finales de 2012 El PP dice que "ni le suena" el nombre de la pequeña entidad que financió al gigante FAES y la Fundación Caja Madrid tampoco sabe quién le pidió que le transfiriese casi medio millón al año La difusión de los convenios firmados por Caja Madrid con laboratorios de ideas ligados a los principales partidos españoles ha hecho emerger en la constelación del PP una fugaz y desconocida fundación. Constituida en la precampaña de 2008 por cargos de segundo nivel del PP, todos ellos colaboradores de FAES, se llamaba Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales. O FIEL, por citar su acrónimo. Los portavoces del PP en la sede central de Génova dicen que "ni les suena" el nombre. Pero, con todo y en solo dos ejercicios –el de su nacimiento y el siguiente, 2009–, recibió nada menos que 854.000 euros de la entidad financiera que entonces presidía Miguel Blesa, amigo de José María Aznar desde su común etapa como opositores al cuerpo de inspectores de Hacienda. Su misteriosa trayectoria aparece indisolublemente ligada a FAES, a la que la frágil fundación -y esto lo dice el formidable tanque que en contrapartida es la fundación presidida por Aznar- contribuyó a financiar. Esta vez, David y Goliat militaban en el mismo equipo y el pequeño hondero decidió suministrarle cortésmente piedras al gigante filisteo. Su vida fue breve. A poco de cumplirse cinco años de su creación, el patronato de la Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales acordó el 27 de diciembre de 2012 su extinción por “imposibilidad de realizar el fin fundacional”. Dicho de otro modo, por falta –según sus últimas cuentas anuales- de dinero para seguir funcionando. De recaudar en concepto de patrocinios 662.000 euros en 2008 –de los que el grueso, los 427.237 ya citados, procedían de Caja Madrid-, la fundación bajó hasta 30.000 euros en 2011. Y en 2012 ya solo anotó 7.500 euros, todos ellos en la casilla “subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio”. En solo cuatro años, de 2008 a 2011, la fundación había conseguido el récord de gastar 1.271.974 euros sin que casi nadie se enterase de su existencia.

 

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Desde luego, no se enteraron –o así lo remachan sus portavoces oficiales- quienes en el PP controlan el capítulo de fundaciones afines. “Ni les suena”, fue la respuesta que aportaron a infoLibre las fuentes consultadas en el PP ante la pregunta de qué podía decir el partido sobre esta fundación y si se trata de una de las vinculadas a la formación política. ¿Cabría la hipótesis de que se tratara de una fundación ligada de facto al PP madrileño? Cabría si se tiene en cuenta que dos de sus fundadores han sido viceconsejeros en el último gobierno de Ignacio González. Pero fue la Consejería que él mismo dirigía (Vicepresidencia, Cultura y Deportes) antes de convertirse en presidente la que en agosto de 2012 obligó a Fundación FIEL a rehacer la documentación relativa al ejercicio 2011 para explicitar "el destino de las rentas" obtenidas. Los vínculos con FAES Un antiguo alto directivo de Caja Madrid que pidió expresamente mantenerse en el anonimato expresó su convicción de que esta era una fundación "ligada a FAES", aunque a renglón seguido mostró su extrañeza por que el PP invocase un desconocimiento total sobre Fundación FIEL. "Alguien tuvo que decirle a Spottorno [que era director de la Fundación Caja Madrid, la que pagaba las subvenciones] que le diese dinero a esta fundación dentro del cupo asignado a las entidades próximas al PP", cupo que superaba el 40% del total. Este diario no ha logrado localizar a Spottorno, que de Caja Madrid saltó a la jefatura de la Casa del Rey con Juan Carlos I, puesto en el que cesó tras la abdicación del anterior jefe del Estado. Una de las fundadoras de FIEL, la diputada del PP Valentina Martínez Ferro, hasta octubre de 2014 mano derecha de Jorge Moragas en el gabinete presidencial de Mariano Rajoy, sí habló con infoLibre. Lo hizo para remarcar que nunca estuvo al tanto de la gestión de la entidad y para negar que FIEL sea lo que todo el mundo –y la ley- entiende por una fundación del PP. Sus promotores, adujo Martínez Ferro, pertenecen al campo liberal conservador pero han colaborado con FAES como con otras entidades de ese mismo segmento ideológico. Tampoco el Tribunal de Cuentas asoció nunca FIEL al PP. En caso contrario, tendría que haberla incluido en su informe anual sobre fundaciones ligadas a formaciones políticas, que son las que permanecen sujetas a limitaciones. El objetivo declarado de esas limitaciones era ponerle puertas a lo que durante lustros fue un campo sin vallar: la financiación irregular de los partidos. Irregular dado que sigue sin ser ilegal por cuanto ningún delito del Código Penal se corresponde con los hechos que responden a esa definición. Que al organismo fiscalizador, que vela por la limpieza del gasto público –y el de los partidos lo es en tanto hasta el 90% del coste de las campañas electorales corre a cargo del erario estatal, autonómico y local- le pasaran inadvertidas magnitudes como los 427.237 euros anuales que Caja Madrid concedió a esta fundación plantea interrogantes sobre la eficacia real de dichas limitaciones. Porque en ese reparto de fondos, Caja Madrid no ocultó que, año tras año, estaba incluyendo a Fundación FIEL en el programa destinado a financiar los laboratorios de ideas conectados directamente a partidos. En total, Caja Madrid dedicó 14 millones de euros entre 1997 y 2011 a sustentar económicamente las fundaciones del PP, el PSOE, IU y CCOO. Así que, recapitulando, los hechos visibles son los siguientes: una fundación desconocida surge de la nada sin que nadie parezca saber por qué, impulsada por cargos de segundo nivel del PP muy ligados a FAES –entre ellos, el redactor de los discursos de Rajoy en la campaña de 2011, Miguel Ángel Quintanilla–. Y apenas recién nacida rompe el esquema previo de reparto de fondos de Caja Madrid para erigirse en campeona de los ingresos por “patrocinio”. Más de 100.000 euros para "donación de libros" en un año Sus memorias anuales, depositadas en el Registro de Fundaciones de Madrid, pertenecen a un género común entre ciertas fundaciones: el de la vaguedad.

 

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Con un solo asalariado –en 2010-, la Fundación FIEL decía, por ejemplo, en su memoria de 2009 que ese año destinó 115.530 euros a “donación de libros y publicaciones”. Este diario preguntó a un experto del mundo editorial cuántos libros podrían donarse con cargo a una partida como esa. Y la respuesta fue la siguiente: que el precio medio de un libro sin coste de distribución –inexistente en caso de grandes compras en bloque para su posterior donación, por ejemplo- se sitúa en 10 euros. Lo anterior significa que en 2009 la fundación habría podido donar nada menos que 11.500 libros. Un volumen de semejantes características habría dejado un sendero marcado pero, si lo hay, infoLibre no lo ha hallado. No ha sido posible localizar ninguna noticia, gacetilla o nota de prensa sobre ninguna donación masiva de libros auspiciada por Fundación FIEL. De otras actividades, como las reflejadas en la memoria de 2012, ni siquiera es factible intentar la búsqueda de huella tangible porque todas tuvieron carácter “interno”. Por ejemplo, ese año se celebraron “tres cenas-coloquio a nivel interno”, y “cinco sesiones de debate a nivel interno” sobre temas como “La tiranía de la mayoría” o “Causas y consecuencias de la actual crisis económica en España”. ¿Una marca blanca para cazar subvenciones? En los tiempos de esplendor económico, todo ocurría en cambio de puertas afuera. Eso dicen al menos las memorias. Otro ejemplo: la fundación asegura que en 2008 “colaboró en la organización” de la conferencia impartida por el filósofo francés Guy Sorman bajo el epígrafe La economía no miente. Las reseñas periodísticas de aquella conferencia confirman que Guy Sorman presentó el 28 de noviembre de 2008 en Madrid su libro La economía no miente pero añaden que quien organizó el acto fue FAES. Ni una palabra sobre Fundación FIEL, como se comprueba en este enlace Los intentos de contactar con quien hasta su extinción ocupó la presidencia de Fundación FIEL, la todavía viceconsejera madrileña de Innovación, Rocío Albert, han resultado fallidos. En la práctica, resulta imposible hurgar más allá del relato que la entidad fue haciendo año tras año para la Comunidad de Madrid, que ejercía el protectorado de la entidad, hasta que acordó su disolución por incapacidad para cumplir sus fines fundacionales, “la difusión y divulgación del pensamiento liberal, así como el análisis de las políticas públicas desde una perspectiva liberal”. ¿Pero tuvo Fundación FIEL un funcionamiento real e independiente o actuó como simple canal para vehicular las formidables subvenciones de Caja Madrid, presidida hasta 2010 por Miguel Blesa? ¿Es este un nuevo caso de fundación pantalla similar a la madrileña Fundescam, que pagó a través de la red Gürtel gastos electorales de Esperanza Aguirre en 2003 y 2004 con dinero donado por grandes adjudicatarios de contratos públicos? ¿Por qué no hay apenas rastro de sus actividades más que alguna somera referencia en las memorias anuales de FAES, el poderosísimo tanque de pensamiento conservador con el que todos los patronos de Fundación FIEL colaboraban activamente? ¿Era FIEL solo una marca blanca de Fundación FAES, por utilizar la terminología en boga desde las elecciones del 24 de mayo? Las anteriores son preguntas sin respuesta, ni oficial ni oficiosa, salvo en lo que concierne a la última: FAES niega que Fundación FIEL naciera con el objetivo de recibir el dinero extra que Caja Madrid estaba generosamente dispuesta a concederle pero cuyo traspaso le impedía la nueva Ley de Financiación de Partidos. Pero admite que Fundación FIEL contribuyó a financiarla. Vigente desde 2008, esa ley pasó a prohibir que una fundación vinculada a una formación política ingresara en un solo ejercicio más de 150.000 euros procedentes del mismo donante privado. En resumen, FAES niega que Fundación FIEL fuera un simple receptáculo de fondos. Pero entre los convenios de la Fundación Caja Madrid que el BuzónX del colectivo Xnet ha sacado a la luz hay uno cuya peculiaridad consiste precisamente en que no llegó a firmarse.

 

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Un convenio peculiar Datado el 20 de febrero de 2008, ese convenio quedó redactado como si Caja Madrid estuviera a punto de entregarle a FAES 577.237 euros, que es la cantidad que el documento refleja. No llegó a rubricarse, dice FAES, porque fue la propia fundación de Aznar la que alertó a la caja de que esa cifra superaba con mucho el límite marcado por la Ley de Financiación, así que la fundación más relevante, por influencia y grado de actividad, de todas las que en España se dedican a la investigación sociopolítica, recibió finalmente 150.000 euros. Y Fundación FIEL, creada justamente el 20 de febrero de 2008 y cuya existencia había pasado inadvertida hasta ahora, se llevó 427.237 euros. La adición de ambos importes asciende a… 577.237 euros, la suma que originalmente tenía previsto Caja Madrid aportar ese año a FAES. Ahora bien, FAES dice que sí mantenía un vínculo con FIEL: “La Fundación FAES –escribieron sus portavoces en un correo electrónico dirigido días atrás a infoLibre– firmó en los años 2008, 2009 y 2010 sendos convenios de colaboración en forma de donación con la Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales para la realización de actividades propias de la Fundación por importe de 150.000 euros". "Los convenios fueron enviados al Tribunal de Cuentas, que verificó que se ajustaban a la legislación vigente”, añade FAES. ¿Quién recibía la donación? “FAES recibió la donación para realizar actividades”, replicó ahora su portavoz. Este diario no ha localizado en las memorias anuales de Fundación FIEL ni un solo dato relativo a esos convenios. Que se trataba de una fundación en la órbita del PP parece un hecho fuera de duda a tenor de cómo se portó con ella Caja Madrid. Pero a quién rendía tributo último de fidelidad, si al PP en general o a FAES en particular, es una de las incógnitas de su corta historia. Este diario no ha podido averiguar quién indicó al entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, que debía no sólo incluir a Fundación FIEL en la cuota de fondos para entidades próximas al PP, sino primarla. En el PP, ya quedó expuesto en párrafos anteriores, nadie da norte ni guía de esa fundación. Y en la actual Fundación Caja Madrid, heredera de los activos no financieros de la entidad, tampoco nadie admite tener respuestas salvo para confirmar que sí, que la misteriosa fundación se embolsó nada menos que 954.474 euros en tres años. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/28/una_misteriosa_fundacion_fiel_faes_aznar_34565_1012.html 38. C.A.MADRID. LA AUDIENCIA DE MADRID OBLIGA POR TERCERA VEZ A REABRIR EL CASO DE LOS ESPÍAS A SUELDO DE LA COMUNIDAD El tribunal de apelación acepta el recurso de los socialistas madrileños y recuerda a la instructora del caso que ya en 2011 dejó sentado que hay "indicios suficientes" de malversación Los seguimientos a cargos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre, como Gallardón, Alfredo Prada y Manuel Cobo, seguirán investigándose pese a la actitud refractaria de la juez instructora Por tercera vez en seis años, la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura del caso de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, que la jueza instructora, Carmen Valcarce, había archivado de nuevo pese a los informes que acreditan la existencia de seguimientos a enemigos políticos internos de Esperanza Aguirre y su sucesor al frente del Gobierno regional, Ignacio González. En su resolución, la Audiencia remarca que la jueza del caso, Carmen Valcarce, titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, debe obedecer su decisión. Y recuerda que, aunque la

 

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Fiscalía no ha recurrido el archivo de la causa, esta debe seguir adelante aunque solo tenga el impulso de la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños (PSM). La Audiencia acepta así el recurso del PSM contra el carpetazo dictado por la juez el pasado 23 de febrero en una causa que estalló en mayo de 2009 después de que el diario El País revelase que altos cargos del PP madrileños enfrentados a Esperanza Aguirre habían sido sometidos a vigilancia por empleados de la Comunidad de Madrid. Entre los espiados figuraban el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y un exvicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada. Como en las dos ocasiones anteriores, y en todas ellas a instancias del abogado Wilfredo Jurado, que representa a los socialistas madrileños (PSM) como acusación popular, la Audiencia obliga a la magistrada a reabrir el caso con un auto de gran contundencia. La resolución recuerda a la magistrada que la misma sección que ahora se pronuncia, la 16, ya dejó sentado en marzo de 2011 "que existen indicios suficientes acerca de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos". El auto de reapertura pone en evidencia a la juez al enumerar los indicios que ya en marzo de 2011, es decir, hace cuatro años, quedaron recogidos en sendas resoluciones de la Audiencia. Y entre esos indicios destacan el de "que los informes policiales llegan a determinar la autoría de los partes de seguimiento", el resultado de la pericial que señaló a uno de los cinco imputados como autor de los partes de seguimiento y la "vaguedad" y "ausencia de credibilidad" de las declaraciones prestadas por los subordinados del principal implicado, Sergio Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid. "La resolución que ahora se recurre -señala la Audiencia en relación al auto de sobreseimiento dictado en febrero por la juez Valcarce- no recoge ninguna circunstancia que, acaecida posteriormente al precitado pronunciamiento sobre existencia de indicios hubiera podido provocar una decisión diferente". Es decir, no ha pasado nada que pudiera explicar la decisión de archivar el caso. La Audiencia subraya que la juez debe obedecer El tercer intento de cerrojazo de la juez Valcarce se produjo, en efecto, el 23 de febrero. Para entonces, Pedro Sánchez ya había fulminado a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños. Que el recurso contra el auto de Valcarce se presentara con posterioridad a esa fecha indica, por tanto, que la nueva dirección del PSM mantiene sobre el caso del espionaje la misma línea que el equipo anterior. En su recurso, el PSM censuraba que una y otra vez la juez hubiese desoído el mandato de la Audiencia de Madrid. El tribunal de apelación hace suyo ese reproche a tenor de la escueta pero inequívoca orden que transmite a la instructora del caso: "El juzgado de instrucción debe cumplir con lo resuelto por el órgano jurisdiccional superior y proceder por lo tanto en el sentido que ya fue acordado por esta sección de continuación del procedimiento". Los socialistas entienden que la instrucción ha de darse ya por finalizada para que comience la cuenta atrás hacia el juicio oral. Y eso es lo que, en teoría, debe ocurrir ahora salvo que la juez articule alguna nueva maniobra para cerrar el caso. Ni la juez ni la Fiscalía quieren que el caso siga adelante. En defensa de su posición, la juez argumenta prácticamente lo mismo que el primer año de instrucción: que no es posible cuantificar la presunta malversación, es decir, el desvío de fondos públicos utilizados para vigilar -supuestamente tambiénh- a los enemigos políticos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. "Fines ajeno a la causa pública"

 

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Pero la Audiencia vuelve a marcar a hierro su doctrina tanto sobre la ausencia de acusación pública como sobre la malversación: basta que haya acusación popular, dice el auto, para el caso siga adelante. Y sí es posible evaluar el desvío y, por tanto, los "perjuicios" derivados de destinar a varios funcionarios "a fines ajenos a la causa pública", tarea para la que se destinaron "jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses". Y todo eso, razona el auto de reapertura, es susceptible de cuantificación "a través de las nóminas correspondientes, los vehículos usados, el combustible repostado y los consumos de móviles". La exmujer de Gamón, sin derecho al silencio El auto aborda también uno de los hitos más importantes de la instrucción en los últimos meses: la citación de la exmujer de Sergio Gamón, Yolanda Laviana, como testigo y la posterior dispensa para declarar que le ofreció la juez Valcarce. Esa dispensa, sostiene la Audiencia, no cabe aquí porque solo resulta aplicable al cónyuge o análogo y no a alguien que ya ha roto con la persona sobre la que debe declarar, que es lo que ocurre aquí. La citación de Laviana, igualmente rechazada por la instructora y forzada por la Audiencia, se produjo a raíz de unas declaraciones al diario El País en las que aseguró que su exmarido "ya investigaba desde 2006 a Alfredo Prada para Ignacio González". Laviana no ha llegado a declarar aún. Pero la causa dio un salto cualitativo en enero de 2013 cuando uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, lanzó la misma acusación: pero por escrito y en un texto dirigido a la juez. Según Oreja, se les ordenó espiar no solo a Manuel Cobo y Alfredo Prada sino también a Alberto Ruiz-Gallardón porque el entonces vicepresidente y ahora presidente regional en funciones, Ignacio González, tenía "especial interés"en ellos. En otras palabras, Oreja vino a confirmar las declaraciones de Laviana, aunque la juez Valcarce no hizo nada: se limitó a concluir que su confesión carecía de crédito. Valcarce ya había intentado en julio de 2010 cerrar la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación. Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/12/la_audiencia_madrid_obliga_por_tercera_vez_reabrir_caso_los_espias_sueldo_comunidad_33928_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias 39. C.A.MADRID.EL JUICIO A ESPERANZA AGUIRRE, EN EL AIRE POR EL NUEVO CÓDIGO PENAL Si la vista no se celebra antes del 1 de julio desaparecerá la falta de desobediencia Esperanza Aguirre será juzgada por una falta por el incidente de tráfico El nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio, mantiene pendientes de un hilo miles de procedimientos abiertos, como el de Esperanza Aguirre, por desobediencia por escapar de los agentes de movilidad que le estaban multando. Hasta el punto de que si para esa fecha no se ha convocado el juicio contra la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid todo quedaría en una sanción administrativa. El tiempo juega a su favor y tiene menos de un mes para evitar la vista oral. La posibilidad de que Aguirre sea sometida a juicio se diluye todavía más después

 

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de que la Audiencia Provincial de Madrid haya aceptado la inhibición como juzgador del magistrado que instruyó la causa como delito. El Código Penal aprobado en las Cortes y pendiente de entrar en vigor elimina las faltas y las convierte en delitos leves o en sanciones administrativas sin intervención judicial. La desobediencia como la que se imputa a Aguirre por su incidente de tráfico con agentes de movilidad quedará fuera del Código Penal desde el 1 de julio. Si para esa fecha, como parece, no se ha convocado la vista oral, Aguirre se verá libre del mal trago de ser enjuiciada porque que se aplicaría el principio de retroactividad si favorece al reo. De hecho, la disposición transitoria cuarta del Código Penal asegura que "la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal". En este caso no hay responsabilidad civil y, por tanto, no está dentro de la excepción de los procedimientos que sí seguirían adelante. El procedimiento de Esperanza Aguirre ha sufrido vicisitudes procesales que han hecho que se demore hasta el punto de no haber celebrado aún la vista oral, como sí ocurre con casos similares que se tramitan en poco tiempo. Este caso fue considerado como posible delito inicialmente y, posteriormente, como falta. Recientemente se volvió a demorar porque el juez Carlos del Valle se inhibió y ahora el caso está en manos del juzgado 41 de Madrid que puede decidir convocar la vista antes del 1 de julio o esperar a la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Esas sucesivas demoras procesales terminarían beneficiando a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/05/actualidad/1433495435_289497.html 40. C.A.MADRID.LA AUDIENCIA PROVINCIAL CAMBIA AL MAGISTRADO QUE JUZGARÁ A AGUIRRE POR SU FUGA EN EL CENTRO DE MADRID La Audiencia Provincial ha estimado la causa de recusación que planteó el propio juez Carlos del Valle y ordena que sea otro magistrado el que instruya el caso, según publica la Cadena SER Según la resolución, el auto de sobreseimiento emitido por el juez del Valle "le contamina para intervenir en acusaciones posteriores" eldiario.es La Audiencia Provincial ha ordenado que sea otro juzgado el que lleve a cabo del juicio de faltas de Esperanza Aguirre, según ha adelantado la Cadena SER. El propio juez, Carlos del Valle, solicitó su recusación para no ser él quien juzgase a la presidenta del PP de Madrid. El juez que llevará el caso de la fuga de Esperanza Aguirre protagonizó en la calle Gran Vía en abril de 2014 será otro distinto al que ha estado investigando durante todo el proceso, una vez ha sido estimada la petición de Del Valle. La Audiencia Provincial asegura que el magistrado que instruyó toda la causa está "contaminado". En la resolución, que data del 20 de mayo, se explica que el magistrado Del Valle "ha instruido la totalidad de los autos y formado criterio sobre los hechos, habiendo dictado incluso auto de sobreseimiento, intervención ésta que le contamina para intervenir en actuaciones posteriores", por lo que procede su abstención. http://www.eldiario.es/politica/fuga-Esperanza-Aguirre-juzgara-juez_0_394761598.html 41. C.A.MADRID. EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A LOS EXCONSEJEROS DEL ‘CASO PÚNICA’

 

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El exconsejero de Presidencia de Madrid Salvador Victoria ha obligado al juez Eloy Velasco a paralizar el interrogatorio previsto para hoy en el caso Púmica porque cuando lo citó como imputado todavía estaba aforado. Victoria, enunció a su cargo de consejero y al acta de diputado autonómico después de que se conociera la citación judicial, ha comparecido en la Audiencia Nacional, pero antes de empezar el interrogatorio ha alegado el defecto de forma y Velasco ha accedido a suspender la cita. La estrategia le ha servido solo para posponerla unas semanas porque el juez ha señalado esta misma mañana una nueva comparecencia como imputado del exconsejero para el próximo 20 de julio a las 10 de la mañana. Después del interrogatorio de Victoria estaba previsto el de la exconsejera de Educación Lucía Figar, que podía haber alegado la misma razón que su compañero para aplazar la cita. Pero la exconsejera ha optado por declarar y se ha sometido al interrogatorio de Velasco. TRas declarar durante una hora y media, el juez le ha mantenido la imputación por prevaricación y malversación, pero no le ha impuesto medidas cautelares. Victoria y Figar son, de momento, los dos últimos imputados del caso Púnica, en el que investigan hasta tres tramas de corrupción distintas que se enriquecieron durante años a la sombra de la administración autónoma. La investigación judicial arrancó tras una iniciativa de la Fiscalía suiza, que remitió a España en diciembre de 2013 información detallada sobre la fortuna que ocultaba en un banco de ese país el político Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP-Madrid. La Fiscalía Anticorrupción puso el asunto en manos del juez Eloy Velasco, quien durante meses investigó en secreto el patrimonio del exconsejero y de su principal socio y amigo, el constructor David Marjaliza, mediante intervenciones telefónicas y diversos seguimientos. Ocho meses después ordenó la detención de los principales implicados, entre los que estaban Granados, Marjaliza, seis alcaldes del PP, uno del PSOE y varios empresarios. Uno de los hilos de la investigación destapó la existencia de prácticas supuestamente ilegales en la Comunidad de Madrid relacionadas con servicios en Internet que prestaban dos empresas, Eico y Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro. Figar y Victoria, según la investigación judicial, dedicaron dinero público de sus departamentos a contratar los servicios de dos empresas de Alejandro de Pedro, quien les prometía mejorar su imagen y contrarrestar informaciones negativas a través de diversos servicios en la red. El juez sospecha que esas prácticas son ilegales y que podrían suponer una malversación de fondos públicos, por lo que ha citado a los dos exconsejeros para aclarar los expedientes de gasto que firmaron a favor de las empresas Eico y Madiva, ambas propiedad de Alejandro de Pedro. Empleados de esas dos empresas que han declarado ante el juez Velasco como testigos explicaron los métodos que utilizaban para mejorar la imagen de los políticos que contrataban sus servicios. Creaban diarios digitales donde metían informaciones positivas de sus clientes y las difundían a través de cientos o miles de cuentas en Twitter. Con ese empeño, intentan convencer a los políticos que les contrataban del efecto inmediato que lograban. Los trabajadores pusieron como ejemplo de las tareas que les encomendaron varios escándalos que afectaban al presidente de la Comunidad, Ignacio González, por la adquisición de un ático en Estepona; o a la consejera de Educación, Lucía Figar, por haberse beneficiado personalmente, pese a sus altos ingresos, de ayudas económicas públicas para los estudios de su hija. En el caso de Salvador Victoria, la investigación también ha encontrado supuestamente contratos con las empresas de De Pedro para contrarrestar informaciones que pusieron en duda su gestión y, además, le vincula a diversas operaciones con la empresa Indra, contratista de la Comunidad de Madrid, para que pagara con dinero negro servicios de las sociedades Madiva y Eico con las que el Gobierno autonómico se hacía propaganda en la red. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/26/actualidad/1435305968_373217.html

 

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42. C.A.MADRID. EL JUEZ IMPUTA A LOS CONSEJEROS DE MADRID VICTORIA Y FIGAR POR ‘PÚNICA’ El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como imputados el próximo 26 de junio a los consejeros de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria y Lucía Figar dentro de las investigaciones por el caso Púnica. El juez ha dispuesto que su declaración se posponga, si llegada esa fecha, tanto Velasco como Figar siguen siendo aforados. Velasco también ha llamado a declarar por este caso a otros políticos, como el alcalde de Sevilla La Nueva y diputado de la Asamblea de Madrid, Mario Utrilla (11 de junio); Jose Miguel Moreno, ex alcalde de Valdemoro y también diputado (18 de junio) y el consejero autonómico murciano en funciones Juan Carlos Ruiz (22 de junio). Según fuentes de la Comunidad de Madrid, ni Figar, ni Victoria han recibido todavía la comunicación del juzgado. El juez Velasco ha enviado las citaciones a los aforados antes de que expire el periodo de protección jurídica especial de que disfrutan los miembros de los legislativos y ejecutivos autonómicos. La Operación Púnica, con más de medio centenar de implicados, investiga el supuesto cobro de mordidas por la concesión de contratos públicos por valor de al menos 250 millones de euros desde el año 2012 hasta la actualidad. El primero en declarar será Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), citado para el próximo 11 de mayo. Utrilla ya ha perdido la condición de aforado tras las elecciones del pasado 24 de mayo, ya que no forma parte de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. El segundo, José Miguel Moreno, citado para el día 18, ya habrá perdido el aforamiento de que disfruta en este momento como suplente de la Diputación Permanente por el PP. La sesión de investidura de los nuevos diputados electos de la Asamblea de Madrid, está prevista para el día 13 de junio. Es en el caso del consejero autonómico murciano en funciones Juan Carlos Ruiz, citado para el día 22, y los consejeros madrileños en funciones Salvador Victoria y Lucía Figar, convocados ambos el día 26, donde el juez Velasco puede haberse pillado los dedos, si los cálculos políticos le fallan. Si se diera el caso de que, una vez constituidos los parlamentos autonómicos, las negociaciones entre los partidos no permitieran formar gobiernos regionales, los ejecutivos actuales seguirían en funciones, y Victoria y Figar, podrían disfrutar de aforamiento. Es decir, para que estos tres altos cargos puedan declarar en su despacho, es necesario que las negociaciones políticas hayan dado lugar a nuevos gobiernos autonómicos en Madrid y Murcia. Fuentes jurídicas apuntan a que, en caso de que para ese día no haya Ejecutivos en esas comunidades, se pospondrán las declaraciones. El pasado 27 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco destapó la que, según fuentes jurídicas, es “la trama del 3% madrileño”, una gran red de cobro de comisiones ilegales que afecta al PP en esta comunidad y en otras zonas de España, pero que también salpica de manera notable a políticos del PSOE. De momento, Salvador Victoria no se ha pronunciado. Por su parte, fuentes del departamento que dirige Lucía Figar han indicado a Efe que Figar asegura "no tener en estos momentos ninguna citación" de la Audiencia Nacional para comparecer y que la Consejería de Educación "está colaborando" con la justicia desde hace meses. El sumario del caso Púnica incluye una declaración del que fue consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, en la que acusa a su jefe, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, de presionar para que Indra pagase a una firma de la trama Púnica. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/02/actualidad/1433230643_116445.html 43. C.A.MADRID. CIENTOS DE ASESORES A DEDO PIERDEN SU PUESTO Las tres instituciones políticas más importantes de Madrid, Ayuntamiento, Asamblea y Comunidad, destinan más de 24 millones de euros al año para pagar asesores y cargos de confianza. Eso sin contar los puestos de libre designación, funcionarios en comisión de servicio

 

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promocionados por los políticos. Un total de entre 430 y 1.500 personas, algunas de las cuales perderán su puesto (o ya lo han perdido), con el consiguiente ahorro, tras los cambios institucionales que deriven de los pactos electorales. La concejal Begoña Larraínzar (PP), al frente del distrito de Moratalaz, necesitaba un asesor; una persona de confianza. Optó por Ángel Carromero, que entró a formar parte del grupo de designados a dedo por el Ayuntamiento, que contrata de esta manera a 207 personas. La Asamblea de Madrid cuenta con otros 27 altos cargos elegidos a discreción, mientras que la Comunidad se gastará en 2015, entre altos cargos y personal eventual, más de 15 millones de euros para emplear a otras 223 personas entre las que no se incluyen los puestos de libre designación, funcionarios en comisión de servicio. Unos puestos que, según cálculos de EL PAÍS, pueden elevar la cifra de elegidos a dedo de la Comunidad hasta las 1.500 personas. El inminente cambio en las instituciones madrileñas, a la espera de los acuerdos poselectorales, no solo afectará al recambio de estos trabajadores, sino que también puede alterar, en nombre de un mejor gobierno, tanto el número como el gasto en personal de confianza; un ahorro de, al menos, 24 millones de euros. “Es hora de acabar con esa red de gestión paralela creada durante los años de gobierno del Partido Popular a base de asesores y empresas externas, que desarrollan funciones que podrían hacer los trabajadores públicos”, denuncia el equipo del candidato socialista a la alcaldía Antonio Miguel Carmona. Una idea en sintonía con la propuesta de Manuela Carmena, al frente de Ahora Madrid y probable alcaldesa de la ciudad: “Queremos reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación”. Este tipo de empleos, por su abultado y creciente número, lleva años soliviantando a todas las formaciones políticas de Madrid, que han azuzado al PP con el tema. “En muchas ocasiones, estas contrataciones de confianza se ocultan a través de empresas subsidiarias por lo que su recuento global es complicado”, dice Modesto Nolla, diputado socialista en la Asamblea. Ante las quejas, Ana Botella, modificó el Reglamento de Ordenación del Personal y prohibió elegir para puestos de confianza a familiares directos de hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad: “Lo que no es estético tendrá que convertirse en no posible, según la legislación. Y así lo vamos a hacer”. Pero esa erradicación de primos, cuñados o yernos de los puestos de confianza —efectiva desde hace tres meses, aunque la oposición había pedido su aplicación hace años—, no ha estado acompañada de una reducción drástica de su número. Un negociado de 207 personas (en 2012 eran 255) que en total necesita una dotación de casi 10 millones de euros al año. Por su parte, en los presupuestos de la Comunidad para 2015, la Cámara destina 928.465 euros para pagar a la veintena de puestos de confianza; con sueldos que oscilan entre los 50.000 y los 90.000 euros al año. “Es excesivo”, se quejan los representantes de UPyD, que llevan tiempo fiscalizando y denunciando esta partida. Pero el gasto en altos cargos de la Asamblea representa solo el 7% de lo que invierte la Comunidad en este tipo de contrataciones: 14.510.877 en este ejercicio para sueldos de “altos cargos” y “personal eventual” de todas las áreas de gobierno —en las 400 páginas de los presupuestos autonómicos aparecen 80 partidas para este cometido—. Los altos cargos implican presidencias, vicepresidencias, consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos y asimilados. Uno de ellos, el responsable de Museos, tiene un sueldo de 65.993 euros anuales, como el alto cargo de Asuntos Taurinos. Por otro lado, está el personal eventual de gabinetes. Usando el sueldo del alto cargo para la tauromaquia como referencia, en la Comunidad habría unas 223 personas contratadas en nombre de la confianza. En esos números no entran los puestos de libre designación: subdirectores generales, coordinadores, directores y jefes de área, asesores, jefes y directores de gabinete, jefes y

 

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delegados de prensa y directores de departamento. Cargos, estos últimos, que deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y que en algunos casos sólo pueden ser ocupados por funcionarios de carrera, que son designados libremente (a dedo) a instancias de los políticos que los reclaman en comisión de servicio. En 2010, según cálculos de EL PAÍS, Esperanza Aguirre, entonces presidenta autonómica, duplicó estos puestos: pasaron de 728 a 1.521. Los directivos de los hospitales públicos forman parte de este grupo; en los presupuestos autonómicos de la Comunidad para 2015 tienen una asignación de 9.568.052 euros. “Estas cifras evidencian la manera que ha tenido de gobernar el PP a base de ocupar las instituciones públicas”, opinan el resto de formaciones políticas. Y concluyen: “Han puesto las instituciones al servicio del PP y no de los ciudadanos. Es hora de que eso cambie”. Tres instituciones y entre 430 y 1.500 cargos a dedo Las tres instituciones madrileñas, Comunidad, Asamblea de Madrid y Ayuntamiento, destinan más de 24 millones de euros a altos cargos y personal eventual. Sin contar el personal de libre designación, que en algunos casos sólo pueden ser ocupados por funcionarios de carrera, pero que son designados libremente o a dedo por los políticos. La Comunidad, el organismo con mayor estructura institucional, destina en sus presupuestos de 2015 una cantidad de 14,5 millones de euros a este tipo de personal. Dentro de estas cuentas se incluyen los cargos de confianza de la Asamblea de Madrid, unas veinte personas cuyos salarios suman 928.465 euros. El Ayuntamiento, por su parte, contrata a 207 personas de confianza. La presidencia del pleno, con tres personas en este tipo de cargos, invierte 146.095 euros; los grupos políticos disponen de 80 cargos de confianza en cuyos sueldos el Consistorio se gasta 3.251.836 euros. Los distritos y las áreas de gobierno tienen a su servicio a 42 y 82 personas, respectivamente, con un presupuesto asignado de 1.958.272 euros y 4.475.403 euros. En total, el Ayuntamiento invierte en confianza 9.831.606 euros. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/14/madrid/1434316823_089642.html?ref=rss&format=simple&link=link 44. C.A.MADRID. ANTICORRUPCIÓN QUIERE QUE CEREZO DECLARE EN EL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’ El fiscal reclama a la comunidad de propietarios del dúplex de lujo que aporte los justificantes de los gastos de comunidad que se abonaban desde EEUU El Ministerio Público también solicita a la jueza que presten testimonio los comisarios José La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la jueza de Estepona Isabel Conejo, que investiga el caso del ático propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que cite a declarar como testigo al empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, según consta en un escrito de 29 de mayo firmado por el fiscal de Málaga Juan Carlos López Caballero, que fue adelantado por la Cadena Ser. El representante del Ministerio Público solicita también a la jueza que llame como testigos a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, que fueron los que mantuvieron la conversación con el presidente madrileño en un establecimiento, que fue grabada, y en la que González supuestamente dijo que no quería que se conociera que era el inquilino de una vivienda que había sido adquirida por una empresa offshore. Esta firma fue Coast Investors, radicada en el estado de Delaware, en Estados Unidos. El fiscal López Caballero realiza estas peticiones después de que Unidad Editorial, la empresa editora del diario El Mundo, presentara un escrito en el Juzgado de Estepona en el que incluía la grabación del encuentro entre los agentes e Ignacio González. El rotativo madrileño también difundió conversaciones mantenidas entre el comisario Villarejo y Enrique Cerezo, en las que

 

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supuestamente el presidente del Atlético de Madrid se llegó a interesar por asuntos relacionados con la investigación del ático. Según la asociación de afectados por el ERE de Telemadrid, que está personada como acusación, el ático podría haber sido el pago por parte de Cerezo a González por las concesiones millonarias otorgadas por la cadena autonómica madrileña. Grabación "admisible" El Ministerio Público pretende que se determine si alguno de los interlocutores fue el autor de las grabaciones de las conversaciones. En este caso, según el fiscal: "Si es uno de los intervinientes, la grabación es admisible en derecho, y no lo será, al afectar a derechos fundamentales de terceros, si se ha obtenido por quien no participó en dicha conversación". Este es el motivo por el que López Caballero interpela a la juez para que reclame el testimonio del periodista que firmó la información sobre la grabación de las conversaciones: "Para que aclare el medio por el que se hizo llegar al periódico el soporte informático que luego ha aportado a este causa, y si fue entregado por alguno de los interlocutores en las conversaciones grabadas". Asimismo, el escrito del fiscal al que ha tenido acceso infoLibre, pide a la jueza que requiera al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga para que designe a funcionarios especializados para que dteterminen la integridad y autenticidad de las grabaciones. El escrito de Anticorrupción insta al Juzgado de Estepona para que pida al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado José de la Mata, la documentación que obra en el sumario del caso Gürtel sobre las entidades panameñas Dulcan INC. y Winsley INC. Sociedades panameñas El escrito confirma que la sociedad Coast Investors, que compró el ático y que después alquiló el inmueble a Ignacio González, pertenece a la sociedad panameña Walford Overseas Investments: "Y esta entidad tiene como suscriptores a las sociedades de esa jurisdicción (Panamá) Dulcan INC y Winsley INC". Tal y como publicó infoLibre, estas dos empresas también participaron en la constitución de la firma Golden Chain Properties, que la investigación de Gürtel vincula al presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa. Esta sociedad fue la que que recibió en Suiza 13 millones del empresario Fernando Martín. El sumario constata que este pago estaba relacionado con la adjudicación de unas parcelas en Arganda del Rey (Madrid), supuesrto que niega el propio Fernando Martín. La investigación ha detectado que el 21 de mayo de 2009 la cuenta llegó a tener un valor de 17,17 millones, que fueron bloqueadas por las autoridades helvéticas. El representante del Ministerio Público sostiene en el escrito de 29 de mayo pasado de que la vinculación entre ambos procedimientos, el del caso del ático y Gürtel, se deriva de las afirmaciones efectuadas por el denunciante, el Sindicato Unificado de Policía (SUP): "La conexión viene dada por la utilización de las mismas entidades instrumentales en la constitución de las sociedades que, presuntamente, encubren la titularidad real de los bienes". Comunidad de propietarios Finalmente, la Fiscalía considera "pertinente" que se requiera a la comunidad de propietarios de la urbanización Alhambra del Golf, en la que está situada el ático de González y su mujer, Lourdes Cavero, para que aporte todos los justificantes del pago de los gastos de comunidad efectuados por la entidad Coast Investors. Tal y como adelantó este diario, la instructora ha podido conocer que la venta del ático se llevó a cabo "de forma telefónica" entre el entonces propietario, Francisco Javier Villate y el presunto testaferro, Rudy Valner, que solo se conocieron cuando firmaron las escrituras en la notaría.

 

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Por su parte, la vendedora reconoció que llegó a enseñar el inmueble a Lourdes Cavero "un par de veces" antes de producirse la compraventa. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/11/anticorrupcion_pide_declaracion_cerezo_caso_del_atico_gonzalez_33932_1012.html 45. C.A.MADRID. LOS EXTRABAJADORES DE TELEMADRID TOMAN EL TESTIGO DEL SUP EN LA ACUSACIÓN DEL ‘CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ’ El sindicato policial justifica la decisión de su comisión ejecutiva de abandonar el caso del dúplex de lujo del presidente madrileño "en pro de nuestros afiliados" "Seguiremos con la acusación. Y más ahora que el fiscal ha impulsado la investigación con pruebas que van en el sentido de la comparecencia que realizamos hace dos años", indica un portavoz de los despedidos en el ERE de la televisión madrileña La renuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a seguir con la acusación popular del caso del ático del presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no acabará con la instrucción. Los extrabajadores de Telemadrid, que se habían personado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona bajo la dirección letrada del sindicato policial, tomarán el testigo del propio SUP, que de forma sorprendente ha renunciado a seguir con la investigación sobre la compra del dúplex de lujo que desde diciembre de 2012 es propiedad de González y su mujer, Lourdes Cavero. infoLibre ha tenido acceso al escrito presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que justifica la decisión adoptada, según la documentación que obra en el sumario, por la comisión ejecutiva de la central "en pro de nuestros afiliados". El portavoz del SUP, Javier Estevez, justifica así la retirada: "Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El SUP fue el que dio en su momento el paso adelante. Y ahora ya existen otras partes y la Fiscalía está actuando. Por eso a partir de ahora no vemos el sentido de seguir seguir acusando. Nuestro papel no es querellarnos, aunque lo hicimos en su momento para que no quedara impune. No queremos dedicar más tiempo ni dinero a este tema". Las partes a las que se refiere el portavoz del SUP que están personadas son la Asociación de Extrabajadores Afectados por el ERE de Telemadrid, la Asociación Transparencia y Dignidad, y el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) que ejercen la acusación popular. Este diario se ha puesto en contacto con los extrabajadores de la televisión pública madrileña, en la que un portavoz aseguró. "No vamos a valorar la renuncia del SUP. Eso sí, nosotros vamos a seguir adelante. Y más ahora que la propia Fiscalía ha impulsado el caso reclamando pruebas que van en el sentido de la comparecencia que realizamos hace dos años ante el fiscal jefe de Málaga". Sigue Javier Carnerero La Asociación de Extrabajadores Afectados por el ERE de Telemadrid, cuya participación como acusación dependía hasta el momento de la dirección letrada del SUP, ha decidido que el abogado Javier Carnerero, que hasta el momento ejercía la dirección del caso del ático, defienda los intereses de los despedidos en el ERE de la cadena pública madrileña. Precisamente, las preguntas realizadas por el letrado Carnenero durante las declaraciones de los diferentes testigos han sido claves en el avance de la investigación. En concreto, interpeló a la vendedora del ático, que reconoció que la primera venta se produjo después de que la mujer de González, Lourdes Cavero, visitara en dos ocasiones el dúplex de lujo. También fue el artífice de la pregunta realizada al primer propietario del inmueble, Francisco Javier Villate, que aseguró haber vendido el ático al testaferro Rudy Valner, que se encontraba en Estados Unidos y que ni tan siquiera había visto la vivienda. La participación de esta asociación está siendo clave. Especialmente tras la comparecencia hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción. Los extrabajadores de Telemadrid aportaron al caso numerosa documentación en la que se apuntaba la posibilidad de que el ático de

 

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González fuera en realidad una dádiva que había entregado Enrique Cerezo a cambio de los numerosos contratos recibidos por el presidente del Atlético de Madrid desde departamentos o empresas del Gobierno de Esperanza Aguirre que dependían de la decisión directa o indirecta de Ignacio González. La anterior instructora del caso, la sustituta Mariana Peregrina, dio verosimilitud al relato de esta asociación, acordando el traslado de la investigación a la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que llamaba a declarar como imputada a la mujer de González, Lourdes Cavero. Pero la Audiencia Provincial de Málaga revocó esta decisión, y devolvió el sumario al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, al que se reincorporó la jueza titular, Isabel Conejo. Los exempleados de Telemadrid también interpusieron una querella contra González en el Tribunal Supremo, que acordó que el caso se mantuviera en Estepona hasta que se encontraran indicios de la participación en el caso investigado de cualquier aforado, en este caso el presidente de la Comunidad de Madrid. Inversión de 300 millones Según la documentación aportada al sumario por esta asociación, Telemadrid creó la empresa Madrid Deportes Audiovisual (MDA) y adquirió los derechos de emisión y publicitarios del Atlético de Madrid y Getafe C.F. por 300 millones de euros. Y según un correo electrónico de Blesa, la Comunidad sabía que los números "generaban pérdida". Asimismo, un informe que el responsable jurídico de Telemadrid envió al director general también dudaba de la rentabilidad de la operación, por lo que Telemadrid y Caja Madrid han perdido más de 30 millones de euros. Esta decisión de renunciar a la acusación popular la adopta la nueva dirección del sindicato policial apenas ocho días después de que se conociera la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar como testigo al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a quien el comisario José Manuel Villarejo vinculó en una querella presentada contra González con el mayor pelotazo del caso Gürtel. Además del testimonio de Cerezo, Anticorrupción ha instado a la jueza que instruye el caso en Estepona, Isabel Conejo, a que llame a declarar a los comisarios de Policía José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Estos dos funcionarios fueron los que mantuvieron la reunión con Ignacio González que fue grabada, y cuyos audios entregó el diario El Mundo en el Juzgado. En la conversación, González llegó a asegurar que no tenía interés en que se conociera que él era el inquilino de la sociedad offshore Coast Investors, que fue la que adquirió el inmueble de lujo al empresario vasco Francisco Javier Villate por 700.000 euros. Empresas de Panamá Asimismo, el Ministerio Público reclamó a la jueza Isabel Conejo que reclamara a la Audiencia Nacional toda la documentación de las empresas que aparecen en la constitución en Panamá de Waldorf Overseas Investments, la matriz de Coast Investors: Winsley y Dulcan. Y lo ha hecho tras asegurar las acusaciones que eran las mismas empresas que constituyeron la empresa de Francisco Correa en Panamá, Golden Chain Properties, a la que Suiza bloqueó sus cuentas cuando tenían 17,1 millones de euros. En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria publicado este jueves por infoLibre apunta a que al menos 12 de los 25 millones abonados a Francisco Correa por el mayor pelotazo del caso podría haber tenido como destino la empresa RTM, que fue la elegida por el Atlético de Madrid para desarrollar la operación Calderón-Mahou, en la que esta sociedad, en la que participaba Martinsa con el 33% pretendía construir 2.000 viviendas en esta zona del suroeste de Madrid. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/19/los_extrabajadores_telemadrid_continuaran_con_acusacion_del_atico_gonzalez_tras_renuncia_del_sup_34265_1012.html

 

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46. C.A.MURCIA. LA JUEZ DE LORCA CITA EL 14 DE JULIO A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ POR EL 'CASO AUDITORIO' Admite a trámite la querella remitida por el TSJ, llama a declarar a una docena de funcionarios y ordena las primeras diligencias En un auto notificado ayer, la juez del Juzgado de Instrucción número de 1 de Lorca, Consuelo Andreo Ruiz, ha comunicado la admisión a trámite de la querella presentada contra Pedro Antonio Sánchez y una docena de funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Consejería de Cultura por el llamado 'caso Auditorio'. Además, en el mismo auto, la juez de Lorca ha ordenado la práctica de las primeras diligencias, incluida la toma de declaración de los querellados, que han sido citados los próximos días 13 y 14 de julio. En concreto, el día 14 han sido citados el consejero de Educación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez; el director general de Promoción Cultural, Antonio Martínez López y, Ana María Fructuoso Sánchez, jefa de Servicio de Promoción Cultural. La juez señala que la citación tiene por objeto «conferirles traslado de la querella e informarles de los hechos que se les imputan, permitiéndoles así ser oídos acerca de su posible intervención en la ejecución del hecho punible y ejercitar el derecho de defensa en su más amplio concepto». Añade la juez Andreo Ruiz que, utilizando esta vía, podrá «imputar el hecho delictivo a las personas querelladas para que asuman el status de imputado y pueda dirigirse contra ellas acusación». En este sentido, señala que Sánchez y el resto de los querellados deben acudir a esa cita en el juzgado con asistencia letrada. La citación no implica que Sánchez esté imputado, lo que solo puede decidir el TSJ por ser aforado Dado que Sánchez es diputado de la Asamblea Regional, goza de aforamiento y en ningún caso podría ser imputado por la juez del juzgado lorquino, que debería remitir, si apreciara indicios de delito, de nuevo su caso concreto al TSJ. No obstante, la citación de Pedro Antonio Sánchez se produce en un momento político especialmente sensible porque su investidura como presidente regional está prevista para los próximos lunes y martes, después del pacto alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sin duda, esta citación por el juzgado de Lorca centrará hoy todo el debate político y es de esperar múltiples reacciones de los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional. Deberá ir con abogado para ser informado por la juez de la querella Como se recordará, la querella del caso Auditorio fue presentada por el fiscal jefe, Manuel López Bernal, ante el Tribunal Superior de Justicia, que por decisión de la Sala de lo Civil y Penal acordó remitir la querella al juzgado de Lorca, con el voto discrepante del juez Manuel Abadía y los votos favorables de los magistrados Juan Martínez Moya, Pascual del Riquelme y Enrique Quiñonero. La decisión del TSJ fue motivo de varias querellas ante el Supremo por parte del PSOE de Puerto Lumbreras y Podemos contra estos magistrados que decidieron la remisión del caso a Lorca. La juez de Lorca asume ahora la competencia por unos hechos que entrañan indicios de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración y delito de falsedad en documento oficial. El día 13 se producirán las primeras citaciones de la juez. Se trata de siete personas que formaban parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando se produjeron los hechos que son objeto de investigación en esta querella. Una vez informados de la acusación, la juez podrá decidir si imputa hechos delictivos y si asumen el status de imputado. Pagos al arquitecto Las declaraciones en sede judicial del conjunto de querellados no son las únicas diligencias ordenadas por Consuelo Andreo Ruiz. En concreto, ha solicitado al coronel jefe de la Quinta Zona de la Guardia Civil que la unidad policía judicial investigue la compra, pago y utilizado de

 

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acopios que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras certificó por un importe de 1.943.162 euros. También ha pedido a la Agencia Tributaria que informe de los pagos realizados al arquitecto del auditorio de Puerto Lumbreras, Martin Lejarraga, entre los años 2006 a 2011, por los proyectos presentados para la construcción, asesoriamiento y dirección del citado proyecto. Como se recordará, el fiscal superior, Manuel López Bernal, señalaba en su querella un cúmulo de «disparates en la contratación administrativa», como «colofón de todos los despropósitos» que supuestamente se cometieron a lo largo y ancho del proyecto de redacción, en la licitación, en la adjudicación, en la ejecución, en la modificación del proyecto y en la recepción de las obras de esas instalaciones». Miembros de la Junta También reclama la juez al Colegio de Arquitectos que le informe de quién era decano del mismo en diciembre de 2007, y que informe igualmente si Alberto García Alarcón está colegiado. Por último, la juez ha librado un oficio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que concrete quiénes eras los miembros de la Junta de Gobierno local que participaron en dos acuerdos de febrero y marzo de 2008. http://www.laverdad.es/murcia/201506/24/juez-lorca-cita-julio-20150624014012-v.html 47. C.A.MURCIA.DIMITE BASCUÑANA Ha accedido a dejar su cargo para "facilitar la gobernabilidad" en la Región. Su dimisión era una de las condiciones de Ciudadanos para apoyar la investidura de Pedro Antonio Sánchez El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha presentado esta noche su dimisión del cargo, que ostentaba desde diciembre de 2011. Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado esta renuncia, que "obedece a su deseo de facilitar la gobernabilidad en la Región de Murcia y la constitución de un gobierno estable que garantice el bienestar de los ciudadanos". La renuncia de Bascuñana -que está imputado en el caso Novo Carthago por su papel como Consejero de obras públicas del gobierno Valcárcel- era una de las condiciones de Ciudadanos para apoyar la investidura del candidato del PP al gobierno de Murcia. No es la única petición de dimisiones. También exigen, entre otras, la de Miguel Ángel Cámara, alcalde en funciones de la ciudad de Murcia y secretario general del PP murciano. El juez no aceptó su petición para salir del caso Bascuñana se negó a declarar cuando fue citado en julio del año pasado por el instructor del caso Novo Carthago y desde entonces permanece imputado en la causa. Previamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia rechazó su recurso de apelación en el que pedía ser eliminado de esta causa. No se aceptó su petición. El caso Novo Carthago Investiga una trama política para, presuntamente, favorecer a la constructora Hansa Urbana en la recalificación de miles de metros cuadrados junto al Mar menor en el Ayuntamiento de Cartagena. Durante la instrucción del caso, el juez del TSJ murciano Manuel Abadía, que ya no instruye el caso porque no queda ningún aforado en la causa, ha señalado a importantes altos cargos del PP murciano (entre ellos la alcaldesa de Cartagena, que ya ha sido desimputada) y a familiares del expresidente Ramón Luis Valcárcel. Reacciones

 

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El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma y compañero de partido, Pedro Antonio Sánchez, mostraba su "absoluto respeto a la decisión de Joaquín Bascuñana", quien añadió desconocer motivos de la dimisión "porque no he podido hablar con él personalmente". Sánchez le dio las gracias "como murciano" por el trabajo que hecho por la Región de Murcia desde distintas responsabilidades. Desde C´s, Miguel Sánchez insistía en que seguirán siendo "inflexibles" y recordaba que "faltan dos dimisiones sobre las tres que pedimos", la de Miguel Ángel Cámara como secretario general del PP regional y María Antonia Conesa, alcaldesa en funciones de Fuente Álamo. Se alegran de que haya habido una dimisión pero lamenta que la decisión de Bascuñana no haya sido por la regeneración política sino "por la presión de Ciudadanos". El secretario de Comunicación del PSOE regional y diputado regional electo, Emilio Ivars, dice que se trata de una "dimisión forzada por la decisión de la ciudadanía el pasado 24 de mayo" y añade que "tendría que haber llegado hace un año, cuando imputaron a Bascuñana en el caso Novo Carthago". En los mismos términos se pronunciaba el líder de Podemos y diputado regional electo por esta formación, Óscar Urralburu, quien dijo que "la ciudadanía de la Región se merece más respeto, por lo que Bascuñana debería haber dimitido hace mucho tiempo". http://cadenaser.com/emisora/2015/06/09/radio_murcia/1433882481_413398.html 48. C.A.MURCIA. LA ‘PÚNICA’ GOLPEA DE NUEVO AL PP: DIMITE UN CONSEJERO MURCIANO El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos El Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano (PP), Juan Carlos Ruiz, ha dimitido tras ser imputado y citado a declarar el próximo 22 de junio dentro de la causa que investiga la trama de adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones en Madrid, Murcia y León conocida como la ‘Operación Púnica’. El dimitido ocupaba el cargo en funciones, dado que se debe conformar un nuevo gobierno al que aspira de nuevo el Partido Popular aunque esta vez necesita el voto de Ciudadanos. Insiste en su inocencia El ex consejero declaró a los medios de comunicación que es inocente, que desconoce los cargos que se le imputan, y que al renunciar como consejero renuncia también a sus derechos como aforado porque no tiene “nada que esconder”. Tras afirmar que de su consejería “no ha salido ni un euro para ninguna trama”, explicó que lo que investiga el juez es un contrato pequeño que firmó el Instituto de Turismo por importe de 24.000 euros, que “se acababa de firmar y no se había abonado”. Tres cargos habían dimitido en octubre Las investigación de la ‘Operación Púnica’ ya se cobró la dimisión en octubre pasado de tres altos cargos nombrados por este consejero, concretamente dimitieron las directoras del Instituto de Fomento de la Región, del Instituto de Turismo y el jefe de gabinete de la Consejería. En aquel momento el todavía consejero aseguró que no se planteaba dimitir porque la investigación no le afectaba a él. Sus tres ex altos cargos fueron detenidos e interrogados por la Guardia Civil, posteriormente puestos en libertad pero el que había sido su jefe defendió su inocencia. El mismo día en el que fueron detenidos Juan Carlos Ruiz aseguró que eran “personas honradas que han hecho un gesto tremendamente generoso (dimitir) que no se puede olvidar”. Llegó incluso a destacar “su generosidad y compromiso con el gobierno regional y con el PP”. http://www.elplural.com/2015/06/02/la-punica-golpea-de-nuevo-al-pp-dimite-un-consejero-murciano/

 

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49. C.A.MURCIA. LA GUARDIA CIVIL REQUISA FACTURAS DE LA 'PÚNICA' EN EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vestidos de paisano, se presentaron a las 9 de la mañana de este miércoles en el edificio administrativo del Ayuntamiento de Cartagena, en la calle San Miguel, donde, según fuentes próximas a la investigación, solicitaron documentos correspondientes a la Concejalía de Turismo.

Todo apunta a que estas actuaciones están enmarcadas en la 'operación Púnica', que investiga una presunta trama de corrupción en diversos ayuntamientos y administraciones autonómicas de España.

Las mismas fuentes precisan que la documentación requerida está relacionada con la empresa Madiva, propiedad de Alejandro de Pedro, imputado en la trama, y con el que tiene negocios otro investigado en 'Púnica', el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.

El Ayuntamiento de Cartagena contrató con dicha empresa dos campañas para la mejora de la imagen del municipio, relacionadas con las fiestas de Carthagineses y Romanos y con la llegada al Arqua del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

Los agentes de la Benemérita requirieron, concretamente, las cuatro facturas que la sociedad expidió al Consistorio por los servicios prestados en relación a la campaña de Nuestra Señora de las Mercedes, contratada por un valor de 4.800 euros, según confirmó la concejal de Hacienda en funciones, Fátima Suanzes, después de la celebración del Pleno de disolución de la Corporación Municipal. En éste no ha estado presente ni la alcaldesa en funciones, Pilar Barreiro, debido a que está en Madrid por sus obligaciones como diputada nacional, ni tampoco la edil de Turismo en funciones, Carolina Palazón, responsable directa de la adjudicación del contrato investigado.

Suanzes informó de que el consistorio abonó las tres primeras facturas emitidas por la empresa, de 960 euros cada una, y paralizó el cuarto pago cuando tuvo conocimiento del procedimiento judicial.

La campaña de promoción se desarrolló durante cuatro meses en 2014 y supuso la inserción, según Suanzes, de anuncios promocionales del tesoro de la fragata en 60 radios y televisiones, una estrategia que el ayuntamiento consideró "fundamental y extraordinaria" para Cartagena.

"No vemos ningún problema en esta campaña turística", dicho Suanzes, porque "hay cuatro facturas, que se entiende que son correctas, y el contrato es de 'servicio hecho, servicio pagado'". La documentación fue solicitada, concretamente, a la Intervención y a la Secretaría General del Consistorio de la ciudad portuaria.

http://cadenaser.com/ser/2015/06/09/tribunales/1433875768_550382.html

50. C.VALENCIANA. LA PÚNICA SALPICA A EDUARDO ZAPLANA El exministro y expresidente de la Generalitat aparece en una grabación en el sumario que apunta a su mediación para que el ‘conseguidor’ Alejandro de Pedro consiguiera un contrato en Elche que al final no se firmó, según el ayuntamiento. Zaplana también puso en contacto al sospechoso con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien le acabaría contratando, según fuentes del caso. Estas fuentes sostienen que “no hay nada incriminatorio” contra el exministro El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, aparece en una de las conversaciones telefónicas grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica. El supuesto ‘conseguidor’ Alejandro de Pedro tenía el teléfono pinchado y recibió una llamada de Zaplana en verano de 2014 en la que le comunicó, según fuentes del caso, que “lo de Elche está hecho, te van a recibir”.

 

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Esa conversación forma parte del sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y se referiría, según fuentes del procedimiento, a la supuesta mediación de Zaplana para que De Pedro consiguiera un contrato para llevar la imagen en internet de la alcaldesa del PP en Elche, Mercedes Alonso. Un contrato que finalmente no se llevó a cabo, según el Consistorio. Las mismas fuentes aseveran que Zaplana, que habría realizado esta llamada seis años después de abandonar la política, echó mano de su amigo, el diputado Vicente Martínez-Pujalte, para que llamara a su hermano Antonio Luis, concejal del PP en Elche, con el objetivo de que recibieran a De Pedro. La recepción se produjo pero no fructificó, según ha afirmado Antonio Luis Martínez-Pujalte a la Cadena SER, quien además niega la intervención de Zaplana o de su hermano Vicente en este caso. El diputado Martínez-Pujalte también ha negado los hechos. Por su parte, Eduardo Zaplana ha negado a la SER que mediara con Elche para el contrato de Alejandro de Pedro, aunque no desmiente que se produjera la llamada grabada por la UCO. Estas fuentes del caso también sostienen que en 2013, Eduardo Zaplana puso en contacto a Alejandro de Pedro a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Zaplana ha afirmado a la SER que no recuerda esta circunstancia. De Pedro y Botella acabarían reuniéndose en verano de 2013 en la casa de ésta en Marbella, y finalmente, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid firmó un contrato con una de las empresas del conseguidor para posicionar a Botella en internet por un importe de 6.000 euros. Las mismas fuentes sostienen que no consta pago alguno a Eduardo Zaplana por parte de las empresas de Alejandro de Pedro, a cambio de estas gestiones. Las fuentes jurídicas insisten en que “no hay nada incriminatorio” en la actuación de Zaplana. http://cadenaser.com/ser/2015/06/09/tribunales/1433875768_550382.html 51. C.VALENCIANA.UN JUEZ DE VALENCIA RETOMA EL ‘CASO F-1’ EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO CAMPS La causa se vio paralizada al quedar el expresidente fuera de las Cortes Valencianas La última osadía de Francisco Camps El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha retomado la investigación del caso Fórmula 1, la causa en la que está imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El procedimiento, centrado en supuestas irregularidades en el Gran Premio que acogió Valencia entre 2008 y 2012, se ha visto interrumpido casi dos meses al perder la condición de aforado Camps, que niega que se produjesen ilegalidades. El expresidente dejó de ser diputado a mediados de abril. El PP de la Comunidad Valenciana lo excluyó de las listas electorales del 24 de mayo, consolidándose con ello la pérdida del aforamiento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, encargado de la investigación y enjuiciamiento de diputados regionales y miembros del Consell se declaró incompetente para continuar las pesquisas. Camps ha afirmado que en la puesta en marcha de las carreras que discurrieron por el circuito urbano de Fórmula 1 se cumplió la ley, y que el Gran Premio fue “esencial para el posicionamiento de la Comunidad Valenciana de cara al exterior”. La Fiscalía aprecia, en cambio, "sólidos indicios delictivos" contra él, al haber utilizado presuntamente una empresa pantalla, Valmor Sports, para firmar los contratos de celebración de las pruebas con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, cuando fue la Generalitat la que asumió el coste económico.

 

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En el procedimiento están imputados también la exconsejera Lola Johnson y el antiguo campeón mundial de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La investigación empezó con las denuncias presentadas por los socialistas y Esquerra Unida. La Fiscalía ha pedido que declaren 60 testigos. Entre ellos, el presidente en funciones del Consell, Alberto Fabra, la alcaldesa en funciones de Valencia, Rita Barberá, y Ecclestone. Camps, que es licenciado en Derecho y miembro del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat pero apenas tiene experiencia como abogado, decidió en febrero asumir personalmente su defensa. Johnson y Aspar pidieron que el procedimiento se remitiera a un juzgado ordinario. Camps solicitó que continuara en el Tribunal Superior. Al responderle negativamente, los jueces lamentaron que el expresidente planteara en su escrito "una cuestión que en modo alguno" desarrollaba jurídicamente. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/04/valencia/1433429223_448578.html 52. C.VALENCIANA. EL EXCONSEJERO RAFAEL BLASCO INGRESA EN LA CÁRCEL DE PICASSENT El exconsejero valenciano Rafael Blasco ya está en prisión. Blasco ha ingresado a primera hora de este lunes en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir su condena por desviar fondos destinados a la ayuda al desarrollo. El Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la condena a Blasco, si bien rebajó de ocho años a seis años y medio de cárcel la pena. Blasco ha sido condenado en la primera pieza separada del llamado caso Cooperación como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por el desvío de 1,6 millones de euros que debían ir a iniciativas en Nicaragua y acabaron invertidos en inmuebles en Valencia. La causa tiene otras dos piezas separadas, en las que también está imputado el histórico dirigente político, en la que se investiga una treintena de proyectos de cooperación del Gobierno valenciano supuestamente irregulares, incluido el de la construcción de un hospital en Haití. El Tribunal Superior valenciano había citado a Blasco este lunes, pero el exconsejero se adelantó y pasó a recoger el mandamiento de ingreso en prisión el viernes. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/15/actualidad/1434354776_400414.html 53. C.VALENCIANA. EL SUPREMO CONDENA AL EXCONSEJERO VALENCIANO BLASCO A SEIS AÑOS DE CÁRCEL El exconsejero valenciano Rafael Blasco tendrá que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha condenado a seis años y seis meses de cárcel al que fuera consejero de Solidaridad y Ciudadanía por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación en Nicaragua. El tribunal le considera culpable de un delito de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa, y delito continuado de falsedad documental. Blasco, proveniente de la extrema izquierda y la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, formó parte de los primeros Gobiernos democráticos valencianos con el socialista Joan Lerma, quien lo expulsó del Ejecutivo y del partido ante la sospecha de que había aceptado sobornos a cambio de recalificar unos terrenos cuando era consejero de Urbanismo. Blasco fue absuelto de aquella acusación y volvió a la primera línea política con los presidentes valencianos del PP Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Pese a mantenerlo inicialmente como portavoz parlamentario, el jefe del Consell en funciones, Alberto Fabra, forzó en la legislatura recién concluida su expulsión del grupo parlamentario popular. Blasco permaneció en el grupo de no adscritos del Parlamento autonómico hasta que fue condenado. La sentencia del Supremo condena también al empresario intermediario de las operaciones, Augusto César Tauroni, al que impone seis años de prisión, la misma pena que a la ex

 

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secretaria general de la Consejería Agustina Sanjuan. El ex subsecretario de la Consejería Alejandro Cátala es condenado a cuatro años y medio. El Supremo condena además al presidente de la miembros de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, Marcial López y su mujer, María José Cervera, mientras que absuelve al ex director general Josep María Felip y al ex jefe de área Marc Llinares. La sentencia, de 365 folios confirma los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero reduce ligeramente las penas al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las acusaciones. El Supremo ha notificado ya el fallo al tribunal valenciano, que tiene ahora que ordenar el ingreso en prisión de los condenados, entre ellos el exconsejero Blasco. En esta pieza del llamado Caso Cooperación se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales ( CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales, a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos. El Supremo ahora declara probado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en estos dos proyectos ( 1,6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia. Según el relato de hechos de la sentencia que dictó el tribunal superior de Valencia, la Consejería aprobó los proyectos de Cyes , a pesar de que inicialmente habían sido rechazados por falta de experiencia previa. En una posterior reunión, presidida por Blasco, el consejero presionó a los miembros de la Comisión para que finalmente adjudicaran los proyectos a dicha fundación. Según la sentencia que ha confirmado el Supremo, en aquella reunión quedó demostrado de forma patente el papel director de Blasco, como la persona que no solo otorga mediante resolución las subvenciones pese a no resultar procedentes, sino que en todo momento dirigió a sus colaboradores con el fin de lograr sus propósitos. "Se prevalió de una estructura administrativa que dirigía para pervertir sus objetivos, disponiendo alegremente de unos fondos destinados a fines solidarios", concluyeron los jueces del tribunal valenciano. Las subvenciones se otorgaron por resolución de Blasco en el mes de agosto. Tras el retorno de las vacaciones de verano, dos de los miembros de la comisión que se habían opuesto a esa concesión fueron cesados por su discrepancia. Un mes después, en octubre, en las mismas cuentas donde se ingresó 1'6 millones de euros se cargaron dos facturas por importe de 208.000 euros cada una, por supuestos servicios de asesoramiento, consultoría e ingeniería. La sala consideró esos servicios falsos porque en realidad pretendían encubrir la comisión que pagó uno de los condenados, Marcial López a Augusto César Tauroni para obtener estas subvenciones, una cantidad que correspondía al 25% del importe de cada subvención. Los condenados intentaron sustituir el importe de los inmuebles mediante otros gastos, con facturas que en muchos casos no tenían relación con el proyecto inicial, según señalaba el tribunal, como una muestra más de esa " loca aportación de documentación". Así, por ejemplo sustituyeron la nómina de los trabajadores de Nicaragua de la moneda local al euro, intentando justificar nóminas mensuales de 4.000 euros cuando en realidad cobraban 56 euros mensuales. Ahora el Supremo en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral avala esencialmente la tipificación de estas conductas que hizo el tribunal valenciano y no escatima en reproches a los altos cargos condenados. Según el alto tribunal, cabe apreciar malversación agravada por lo que perturba al servicio público. “Derivar a fines particulares un montante elevadísimo de lo que los presupuestos autonómicos destinarían a esos fines solidarios supone afectar al servicio público así perfilado y no vinculado de manera miope o alicorta a concepciones administrativistas”. Esta conducta, añaden los jueces, “supone defraudar y pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado desea ver destinada

 

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una parte de su contribución del erario público a esos fines solidarios trasnacionales aunque ello comporte disminución indirecta de las prestaciones públicas de que él podía beneficiarse". La sala explica que ese delito de malversación se consuma cuando los fondos salen del erario público en beneficio del infractor y quedan a su disponibilidad, es decir, no se requiere para la consumación del mismo, una consolidación de la situación a nivel administrativo. El Supremo aprovecha también en esta sentencia para recomendar formar piezas separadas en procesos con múltiples objetos como vía para “acelerar, agilizar y simplificar” el enjuiciamiento. La sala subraya que adoptar esta práctica legalmente autorizada no exige una motivación reforzada, que analice todos los matices y vertientes que se ven concernidos. Los magistrados se pronuncian también sobre los llamados "juicios paralelos". En el presente caso se habrían originado por las declaraciones efectuadas por responsables políticos sobre los hechos investigados. El alto tribunal toma como punto de partida para calibrar esta cuestión la presunción de que los tribunales sabrían sustraerse al influjo de esos comentarios. El ponente hace una diferenciación entre " juicios paralelos" y " juicios oblicuos" para argumentar que los primeros no interactúan entre sí, mientras que los " oblicuos" sí podrían interferir en la sentencia, algo que no puede presumirse en tanto que los tribunales deben generar actitudes de impermeabilidad a los comentarios mediáticos. La condena a Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, se refiere a la primera de las tres piezas del caso Cooperación. Las otras dos piezas separadas cuya investigación continúa se refieren a supuestas irregularidades en otros proyectos de ayuda al desarrollo en el Tercer Mundo financiados por la Generalitat y al proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Ahora qué Una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la prisión para el exconsejero valenciano Rafael Blasco, fuentes jurídicas señalan que corresponderá al Tribunal Superior valenciano ejecutar la condena. A diferencia de otros casos anteriores, las fuentes aseguran que los magistrados no aceptarán una hipotética suspensión de la pena en tanto se tramitase la eventual petición de indulto al Gobierno por parte de Blasco. El motivo es que la pena de prisión supera los cuatro años de cárcel, el límite a partir del cual no se aceptan en principio tal clase de peticiones. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana y el propio Tribunal Superior sí han aceptado con anterioridad paralizar la entrada en prisión de condenados (como el exdiputado regional y antiguo alcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo) hasta que se resolviera la petición de la medida de gracia. Pero ello se produjo porque las condenas eran de cuatro años de prisión o inferiores, algo que no se produce en este caso. Las fuentes consultadas consideran por ello que Blasco deberá ingresar en prisión en las próximas semanas o meses, una vez se cubran las etapas procesales pertinentes, entre ellas la remisión oficial de la sentencia al tribunal de Valencia. http://politica.elpais.com/politica/2015/06/10/actualidad/1433939328_106228.html 54. CIUDAD DE MELILLA. EL SUPREMO ARCHIVÓ EL ‘CASO IMBRODA’ SIN ESPERAR A QUE LA FISCALÍA SE PRONUNCIARA El juez que investigaba por prevaricación al presidente de Melilla le exoneró la misma mañana en que llegaron a su mesa las alegaciones del fiscal del caso, contrario a que se le diera carpetazo La instrucción giraba en torno a la contratación a dedo y por 400.000 euros de un miembro de la junta del Colegio de Abogados de Melilla, que organiza jornadas anuales con jueces del Supremo El Tribunal Supremo dio cerrojazo el 6 de abril al caso por presunta prevaricación contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, no solo sin haber realizado más trámites que la toma de declaración del imputado y sin haber permitido aún la personación de las dos

 

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acusaciones populares que casi cuatro meses antes habían pedido incorporarse sino, sobre todo, sin esperar a que se pronunciara el fiscal. El juez instructor de la causa, el conservador Francisco Monterde, le había dado cinco días de plazo a partir del 24 de marzo para rebatir la solicitud de sobreseimiento planteada por Imbroda. Pero lo hizo en una providencia que -aseguran fuentes del caso- el fiscal, Salvador Viada, recibió tarde porque, con permiso de sus superiores, había viajado precisamente a Melilla para completar la investigación. La celeridad fue la nota dominante: Imbroda declaró el 11 de marzo y, menos de un mes después, el juez ya había decidido eximirlo por completo de responsabilidad penal. Tras el carpetazo, el fiscal, Salvador Viada, recurrió en reforma –ante el mismo juez que dicta el archivo, aquí el conservador Francisco Monterde - y subsidiariamente en apelación ante la Sala Segunda del alto tribunal. Días después de presentar ese recurso, Viada fue apartado de la causa. Distintas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre subrayaron su sorpresa por el hecho de que el juez instructor del caso, el conservador Francisco Monterde, considerase tan urgente el archivo que lo dictase el mismo día en que, según quienes conocen el procedimiento, llegó a su mesa el escrito de alegaciones del fiscal, cuya existencia -y mucho menos, sus argumentos- ni siquiera menciona el auto de cierre. Las fuentes jurídicas consultadas indican que esa coincidencia de fechas denota que la resolución judicial, de 19 páginas, ya estaba redactada cuando el texto de la Fiscalía llegó a manos de Monterde. Y subrayan lo "extremadamente infrecuente, por no decir inédito" de que el juez resuelva sobre un asunto de tal calibre sin conocer la opinión del fiscal, incluso si ya ha transcurrido -como ocurrió aquí- el plazo dado para las alegaciones. En el escrito de Viada, de 13 páginas, fechado el 4 de abril y contrario al archivo, el fiscal desplegaba multitud de datos obviados por Imbroda y atribuía al político el protagonismo en la articulación de una estrategia destinada a vulnerar la ley bajo una apariencia de inocente ignorancia. La contratación de un abogado, a dedo, sin expediente previo y que cobró del Gobierno melillense casi 400.000 euros, era el eje de la investigación. El hermano, el tesorero y los cursos para magistrados Ese abogado, Juan Jesús Olivares, ocupa el cargo de tesorero del Colegio de Abogados de Melilla, cuyo decano es Blas Imbroda, hermano del presidente de la ciudad y su abogado defensor ante el Supremo. El Colegio melillense organiza cada año junto con la UNED unas jornadas de derecho a la que acuden habitualmente magistrados del Supremo. Las de 2015 [consulta aquí el programa] se celebraron justamente la semana pasada. El coordinador de las jornadas, Ángel Castro, afirmó el jueves en declaraciones a este diario que la institución colegial de Melilla financia “más o menos el 10% del coste” total, que se cifra en “unos 5.000 o 6.000 euros”, a razón de 500 euros por asistente. Sin detallar cuantía, explicó que los ponentes –algunos de ellos, jueces- reciben una “pequeña gratificación por conferencia” y negó tajante que este sea un escenario propio de colisión o conflicto de intereses. “Podríamos llevar entonces 22 años colisionando con todo tipo de partidos y gobiernos y nunca nadie ha entendido que esto colisionara con nada”, resumió la fuente al tiempo que aportaba otro dato: “Ahora hay, por ejemplo, un asunto en el Supremo que afecta al Gobierno [de la ciudad] y los magistrados que lo llevan no han venido”. Desde luego, no participa en esas jornadas ninguno de los tres jueces de la Sala Segunda –Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano- que deben resolver los

 

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recursos de apelación de la Fiscalía y las dos acusaciones populares personadas -la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias- contra el archivo del caso Imbroda. Monterde no fijó la fianza que deben abonar las acusaciones populares hasta un día después de haber dictado el auto de sobreseimiento, con lo que tampoco pudieron elevar alegaciones sobre la solicitud de sobreseimiento formulada por Imbroda. El sobreseimiento que dictó fue libre, es decir, irreversible salvo que prospere el recurso de apelación. Podía haber dictado un sobreseimiento provisional, que él mismo podría revocar en el supuesto de que aflorasen nuevos indicios, pero eligió la vía del carpetazo definitivo. Viada ha rehusado hablar con este diario bajo el argumento de que no puede pronunciarse sobre ninguna causa viva. Y los portavoces oficiales de la Fiscalía General del Estado no han atendido las llamadas de infoLibre. Tampoco ha sido posible conocer la versión del juez Monterde sobre por qué no esperó un día más –el que habría tardado en leer el escrito de alegaciones del fiscal- antes de cerrar el caso. Ese escrito -este diario ignora si Viada se pertrechó del visto bueno previo de sus jefes antes de entregarlo, aunque esa es una pauta usual- está fechado el 4 de abril, Sábado Santo. El auto del juez Monterde, el lunes 6 de abril. Para decretar el cierre de la instrucción, que permitió a Imbroda lanzarse sin cortapisas a la carrera hacia las elecciones del 24 de mayo, en las que perdió la mayoría absoluta, Monterde dio por buenos los principales argumentos del aforado: que el contrato del abogado que dio pie a la investigación tenía carácter civil y no administrativo; que, al otorgarle poderes a ese letrado dentro de un paquete de apoderamientos mucho más amplio, él mismo hizo lo que siempre se había hecho en Melilla desde mucho antes de su llegada al poder; y que nadie le avisó de que podía estar vulnerando la legislación sobre contratos públicos. Los argumentos del fiscal En su escrito de alegaciones, así como en su recurso, el fiscal recalcaba que no es este el único contrato con abogados presuntamente irregular que se investiga en Melilla y que nadie discute que los otros –que están bajo la lupa de un juez local- son contratos administrativos pese a que tienen el mismo objeto; destacaba igualmente que fue el propio Imbroda quien eliminó los controles previos y posteriores que habrían evitado que el tesorero del Colegio de Abogados de Melilla prestara sus servicios irregularmente hasta 2010; y desbarataba, con datos, la tesis de que el contrato se hizo a las bravas por razones de urgencia. “El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer del dinero público son absolutos”, escribió Viada. Fuentes del caso confían en que el recurso de apelación prospere por cuanto han emergido nuevos indicios de delito en la parte del caso -la que no afecta a aforados- que instruye un juez de Melilla. Una antigua consejera del Gobierno local, Inés Urdiales, ha contradicho al completo la versión del presidente. Y lo mismo ha ocurrido con el graduado social de la Ciudad Autónoma, Enrique Javier Mingorance, quien ha declarado que no hacía falta contratar a un abogado externo. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/22/el_supremo_archivo_caso_contra_presidente_melilla_sin_esperar_que_fiscalia_pronunciara_34323_1012.html 55. CIUDAD DE MELILLA. EL ABNEGADO APOYO DEL MINISTRO CATALÁ A IMBRODA, CANDIDATO IMPUTADO POR MELILLA Abdeslam Ahmed, el padre de un joven apodado Pisly, está decepcionado e indignado. Él y Driss Mohamed, el progenitor de Emin, otro chaval veinteañero, solicitaron ser recibidos brevemente, el jueves 12 de marzo, por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la visita que efectuó a Melilla.

 

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Querían pedirle que hiciera todas las gestiones necesarias para averiguar las circunstancias de la muerte de sus hijos, ambos españoles, en aguas marroquíes, cerca de Melilla. Fue hace ya casi 17 meses. Ambos fueron acribillados por las 41 balas disparadas desde una patrullera de la Marina Real marroquí. Sus padres siguen a la espera de recibir información pese a que las autoridades de Rabat abrieron, en noviembre de 2013, una investigación y que ese mismo mes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, prometió que "el incidente" se aclararía "muy rápido".. Cuando ya estaba Catalá en Melilla, los padres recibieron una llamada de una funcionaria de la Delegación del Gobierno. Les informó que "por problemas de agenda" el ministro no podría recibirles, pero les invitó a remitirle una carta explicándoles lo que querían. "¡Cómo si no lo supieran de sobra!", se irrita Abdeslam Ahmed. Hasta el cauto diario local El Faro de Melilla se preguntó en un editorial si "algún ministro, de los que vendrán en el futuro, tendrá el valor suficiente de coger el toro por los cuernos y hablar claramente con los padres". Hoy pasa el día en Melilla el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. En la agenda de Catalá sí hubo tiempo para tres cosas: hacer una visita al Ayuntamiento, que preside Juan José Imbroda; inaugurar la nueva sede del Colegio de Abogados, cuyo decano es Blas Jesús Imbroda; y la recién abierta Oficina Fiscal. Catalá acudió al Ayuntamiento solo 24 horas después de que el presidente Imbroda hubiese declarado como imputado en el Tribunal Supremo por haber presuntamente prevaricado en la contratación irregular de un abogado por la ciudad autónoma. Ocho de los once consejeros de Melilla están imputados, algunos por partida doble o triple, y también lo están las esposas de dos de ellos. Pese a estar imputado, Juan Jesús Imbroda ha sido nombrado cabeza de lista del Partido Popular en Melilla a las elecciones municipales de mayo. "A lo mejor se archiva" la causa, respondió Catalá cuando la prensa le preguntó, el 4 de marzo, por la designación de Imbroda. "¿Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?", se preguntó el ministro. Catalá acudió también a la sede del Colegio de Abogados, que aún no está operativa, 24 horas después de que su decano, Blas Jesús Imbroda, viajase con su hermano Juan Jesús Imbroda a Madrid para asistirle como letrado en su declaración ante el juez instructor Francisco Monterde. Lucha contra la corrupción Catalá acudió además a la Oficina Fiscal recién abierta en Melilla. Allí resaltó ante la prensa, según la agencia EFE, que la lucha contra la corrupción es no solo una demanda de la sociedad sino una "realidad social porque el Estado de derecho y las instituciones funcionan". Prueba de ello, según él, son los procedimientos judiciales en marcha. Prueba de que no es del todo así es que un ministro de Justicia da un llamativo espaldarazo al candidato imputado, al día siguiente de su declaración, y otro a su abogado en esa causa abierta por preparación. http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2015/03/17/el-abnegado-apoyo-del-ministro-catala-a.html