Boletín mensual Nº 3 Julio, 2015

Bolivia es considerado como un país origen de víctimas de trata. Son princi-palmente las mujeres, los menores de edad y hombres las víctimas con fines de explotación sexual y laboral dentro del país (trata interna) o en el extranjero (trata externa o internacional). En la trata interna, se identifica principal-mente como víctimas a adolescentes mujeres y varones con finalidad de ex-plotación laboral (servicio doméstico, minería, ganadería y agricultura) y explo-tación sexual. En la trata internacional, la principal fina-lidad es la explotación laboral (como por ejemplo en los talleres clandestinos texti-les en Brasil y Argentina) y la explotación sexual. Casos en estrados judiciales con sen-tencia En el año 2012 se registraron 6 conde-

nas por trata de personas En el año 2013 se registraron 2 conde-

nas por trata de personas La Fiscalía informó sobre la apertura

de 181 investigaciones de trata en 2013. Sin embargo, no se puede acce-der a información sobre cuántos de estos casos se relacionan con trata para explotación sexual, explotación laboral o adopción ilegal o cuántas victimas fueron niñas, niños o adultos.

La Policía informó sobre 55 investiga-ciones de años anteriores que se ce-rraron en el 2013 sin concluir los pro-cesos respectivos, de éstas 52 fueron

agencias de empleo por su posible parti-cipación en el delito de trata de algunas de ellas y el control en puntos fronterizos es deficiente. El Estado operó 15 unidades especiali-zadas de la Policía contra la trata y el tráfico de personas donde algunos de los casos investigados por estas unida-des implicaron otros delitos como perso-nas desaparecidas y violencia domésti-ca, lo que limita la capacidad de los efectivos para concentrarse en los casos de trata de personas. Al menos un fiscal en cada uno de los nueve departamentos de Bolivia fue designado para manejar casos de trata además de ser responsable por su carga de trabajo existente. Avances El Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas aprobó un Plan Nacional Contra la Trata y Tráfico de personas el año 2013 y varios departa-mentos formaron los Consejos Departa-mentales Contra la Trata, y Tráfico de personas con distinto grado de eficacia a la fecha. La Ley N° 263 obliga a los medios de comunicación públicos y privados a emi-tir mensajes libres de pago de informa-ción y educación hacia la ciudadanía sobre la trata de personas .

Sobre la trata en Bolivia Análisis breve de contexto Fuente: Mesa Nacional Contra la Violencia Sexual Comercial en Bolivia

cerradas por falta pruebas. Protección a víctimas Existen en la actualidad cuatro protoco-los sobre trata de personas en el país, de los cuales se están aplicando el Pro-tocolo de Repatriación de Víctimas de Trata y Tráfico y el Protocolo de Inter-vención en Fronteras. El Protocolo de Atención de Victimas de Trata y Tráfico de Personas está en proceso de actuali-zación antes de su aplicación y se en-cuentra en construcción el Protocolo de Identificación de Victimas de Trata y Tráfico. La Organización Internacional para Mi-graciones (OIM) apoya financiando la repatriación de víctimas de trata bolivia-nas desde Argentina y Peru por la falta de recursos del Estado para cumplir con esta tarea y la atención de estas al lle-gar al país. Atención a víctimas Las Gobernaciones son las instancias estatales encargadas de ejecutar presu-puesto para las acciones en contra de la trata y tráfico de personas.

La asignación de recursos no es la ade-cuada para los servicios especializados de atención a las víctimas de trata, co-mo lo exige la “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas” N° 263. No existen servicios especializados para las víctimas adultas, mi para victimas de violencia laboral, no se realizan accio-nes para el registro y control de las

Descarga aquí la Ley N°263 “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas”

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El objetivo principal es informar a las personas sobre los pasos que deben seguir cuando su hija, familiar o cual-quier persona desaparece para que, sin perder tiempo, acudan a las instancias competentes, conozcan los pasos a seguir y así puedan exigir una atención efectiva y con calidad. Muchas de las personas que desaparecen pueden ser víctimas de redes de trata, por lo que es importante actuar rápido en los procesos de denuncia e investigación. “Bolivia contra la trata de personas” iniciará con conferencias de prensa en las nueve ciudades capitales y El Alto, donde se presentará el material informa-

Este próximo miércoles 22 de julio la Alianza Libres Sin Violencia lanza su segunda movilización ciudadana donde la población participará en el colocado masivo de afiches con la Ruta de infor-mación para denuncia en caso de per-sona desaparecida. 5.000 afiches serán puestos en las ofici-nas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Defensorías de la Niñez y Adolescencia, terminales interdepartamentales e interprovinciales, aeropuertos, puntos de peaje, zonas, barrios, escuelas, hospitales, entre otros lugares clave. Será una movilización a nivel nacional.

tivo para después acudir a cada Gober-nación y realizar la entrega formal de una solicitud para la inclusión de la so-ciedad civil en los Consejos Departa-mentales Contra la Trata y Tráfico de Personas tal como establece la “Ley integral contra la trata y tráfico de perso-nas” N° 263.

Bolivia contra la trata de personas Movilización social - Watch Dog

Ruta de información para denuncia en caso de persona desaparecida

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Informe de Bolivia sobre la CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra de la Mujer

especializado, cobertura, estadísticas y otras condiciones necesarias para eva-luar el grado de efectividad de las nor-mas y políticas adoptadas y como ellas habrían contribuido a reducir la discrimi-nación hacia las mujeres. Muchas de ellas estuvieron centradas en el cumpli-miento de la Ley Nº 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y las medidas que el

Estado está adoptando para mejorar los servicios, combatir la retardación de justicia, garantizar la debida diligencia, evitar la promoción de la conciliación, asegurar el acceso a la anticoncepción de emergencia para víctimas de violen-cia sexual. Así también, destacaron que el Tribunal Constitucional haya elimina-do la obligación de la autorización judi-cial para el aborto en casos de violación y consultaron sobre las medidas que el Estado estaba adoptando para garanti-zar el cumplimiento de esta decisión. El 13 de julio, organizaciones de la so-

El Estado Plurinacional de Bolivia fue examinado este 14 de julio en Ginebra por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, mecanis-mo internacional de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de To-das las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés.

La representación de Bolivia estuvo pre-sidida por Virginia Velasco, actual Minis-tra de Justicia. En la primera parte del examen, se informó a las expertas del Comité sobre el cumplimiento de las recomendaciones que este mecanismo hizo al Estado Boliviano el año 2008, destacando principalmente los avances a nivel normativo. Las expertas del Comité, luego de la presentación, realizaron preguntas a las representantes de Bolivia sobre la insti-tucionalidad, presupuestos, personal

ciedad civil entre ellas la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil representadas por la Comunidad de Derechos Humanos, la Coordinadora de la Mujer e Ipas Bolivia, entre otras, tam-bién se presentaron ante el Comité para hacer conocer los principales problemas que aún enfrentan las mujeres para ejer-cer sus derechos plenamente y los te-mas en los que se considera que aún el Estado Boliviano no ha logrado cambios sustanciales. Propusieron, además una serie de reco-mendaciones que esperan sean toma-das por el Comité para ser extendidas al Estado para su cumplimiento, principal-mente, las referidas a la asignación de presupuestos para la implementación de las leyes y políticas a favor de las muje-res, la creación del Ministerio de la Mu-jer, el fortalecimiento de los mecanismos de género y de las instancias de aten-ción a las mujeres en situación de vio-lencia, la prevención y lucha contra la violencia incluida la trata y tráfico de las mujeres, la promoción de protección de la participación política de las mujeres, la generación de empleo digno, la no discriminación a las diversidades sexua-les, la adopción de políticas en materia de derechos sexuales y derechos repro-ductivos, entre otras. Próximamente, el Comité hará conocer su informe con las conclusiones y reco-mendaciones al Estado Boliviano, las que servirán para orientar las medidas futuras que las instancias de los órganos estatales y sus instituciones deben adoptar para cumplir sus compromisos en el marco de la CEDAW.

Fuente: CDH/Foto: Ministerio de Justicia

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Mirando... Caso Renne Gurley

ante el pedido para que Renne pueda acceder a la justicia, más allá de su ori-gen extranjero, el Ministerio Público pre-sentó las evidencias respectivas para la instauración de un proceso legal y penal que culminaría con un Juicio Oral. Una de las pruebas fundamentales fue el informe de la empresa telefónica, de-mostrando que uno de los sindicados había transferido crédito del teléfono sustraído la noche de la violación sexual, a su propio teléfono. Los agresores fueron identificados como José Enrique Montenegro de 18 años, Luis Flores Alpire de 23 años y Carlos Flores Cámara de 16 años quienes fue-ron juzgados por el delito de violación agravada, robo agravado y lesiones leves. Inicialmente el juicio fue instaura-do en Samaipata (lugar de origen del hecho), luego por cuestiones de interés parcial demostrado por algunos opera-dores de la justicia, fue trasladado a Comarapa, después a Saipina y por último a Vallegrande, donde el 9 de Ju-nio culminó el Juicio. Durante el proce-so, tres jueces se recusaron de seguir la causa. Sentencia José Enrique Montenegro y Luis Flores fueron sentenciados a 25 años de pri-sión en el recinto penitenciario de Pal-masola en Santa Cruz de la Sierra,

Renee Gurley, ciudadana estadouniden-se, que llegó a Bolivia el año 2012 para trabajar como maestra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue violada en la localidad de Samaipata el mismo año. Según el cuadernillo de investigaciones sobre su denuncia de abuso y violación sexual ocurrido el día 23 de noviembre del 2013, Renee relató a la comisión del delito que 3 jóvenes la interceptaron a la altura de la iglesia Maranatha de esa localidad, le robaron su cartera, la agre-dieron físicamente y abusaron sexual-mente. Transcurrida una hora y treinta minutos de haberse perpetrado el hecho, según su relato, un auto pasó casual-mente por el lugar iluminando todo el espacio y fue este momento cuando sus agresores la soltaron y ella pudo liberar-se. Mica Erick Kun, su compañero de hospe-daje, la recibió y auxilió; en seguida, Mica salió de la cabaña donde se hospe-daban para perseguir y aprehender a quienes agredieron sexualmente a su compañera pero tan solo logró ver a tres hombres quienes al advertir su presencia huyeron. La Denuncia Al día siguiente del hecho, Renne acudió al Hospital Florida y solicitó un examen forense; según su relato, el galeno le recetó unos tranquilizantes y luego ex-tendió un informe médico manuscrito donde indicaba que hubo “golpes y viola-ciones sin lograr penetración vaginal”. El informe, que no tuvo la claridad suficien-te, sirvió de prueba a favor de los denun-ciados. Renne disconforme con el informe médi-co regresó a Santa Cruz de la Sierra y buscó ayuda en la Casa de la Mujer, quienes junto a ella llamaron a la Unidad de Víctimas Especiales y exigieron que la denuncia de Renne sea recibida y

mientras que Carlos Flores Cámara, menor de edad (al momento del hecho, 2013) fue condenado a cuatro años de privación de libertad. Obstáculos Al margen de las trabas procesales, para beneficiar al acusado José Enrique Montenegro el Alcalde de Samaipata le extendió un contrato de trabajo a futuro como gendarme municipal. También, algunas personalidades representantes de la institución cívica de Samaipata emitieron un certificado de buena con-ducta para Montenegro. La retardación de justicia en este caso se debe a las recurrentes audiencias suspendidas, el constante cambio de juzgadores, cambio de los lugares de las audiencias y la ausencia de los aboga-dos representantes de los acusados. Año y medio después, tras seis audien-cias, se dictó la sentencia condenatoria.

Repercusiones Carlos Romero, Ministro de Gobierno, ratificó su determinación de brindar las garantías necesarias para evitar una posible fuga de los tres acusados. "Es un caso paradigmático y nos debe servir para generar un precedente para que no vuelva a suceder esta situación", indicó al Semanario Uno de Radio Marítima. Fuente y seguimiento de caso: Casa de la Mujer

Foto extraída de El Deber