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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Venezuela experimenta en la actualidad uno de los momentos más

complicados de su historia republicana moderna, por el estado deplorable de su

economía, por el resquebrajamiento de sus instituciones fundamentales, por las

enormes tensiones sociales acumuladas y por la prolongada y aún inconclusa

crisis bancaria, entre otros factores.

Ortíz (1997), señala que la Venezuela post-rentista se encuentra hoy en

día con un Bolívar devaluado, una deuda externa por la que no se puede

responder, unos precios petroleros en descenso, y un Estado que no puede

seguir manteniéndose sin recurrir al esfuerzo de todos los venezolanos, y a

pesar de que cada vez son más fundadas las amenazas de que el petróleo deje

de tener en los próximos años la importancia de que ha gozado hasta ahora,

Venezuela sigue teniendo una economía muy poco diversificada.

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La crisis en la que hoy se encuentra sumergida la economía venezolana,

no es otra cosa que la consecuencia prevista desde hace ya muchos años, del

mal uso y abuso de la riqueza petrolera. De allí que, tal como señala García

Márquez (citado en Sánchez, 1984), lo que sucede no es más que la crónica de

una crisis anunciada.

Durante la década de los ochenta, el sector externo de las economías de

una gran parte de los países latinoamericanos, sufrió las consecuencias de la

crisis económica, fundamentalmente por el predominio de altas tasas de interés

nominales y reales, lo que trajo como consecuencia el aumento de los pagos al

servicio de la deuda externa. Los ingresos de los países en desarrollo fueron

presionados hacia la baja, como resultado de la saturación en los mercados y la

caída en los precios de los productos básicos. De esta manera, las variables

macroeconómicas más importantes comenzaron a experimentar

comportamientos negativos en los mencionados países.

El efecto negativo de una crisis generalizada comenzó a sentirse

principalmente en los sectores más vulnerables de las economías con especial

énfasis en el sector financiero y donde Venezuela no escapó a tal situación. El

crítico nivel de reservas internacionales con el cual se inició 1983, aunado a la

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pertinaz fuga de capitales y a la negativa de la banca acreedora internacional a

continuar renovando las obligaciones de corto plazo contraídas por el gobierno

central y los entes y empresas de la administración descentralizada, obligaron al

gobierno venezolano a adoptar fuertes medidas económicas, como fue el caso

del cierre del mercado cambiario y el establecimiento de políticas fiscales y

monetarias restrictivas, entre otras. La consecuencia final fue el colapso

financiero de tres bancos comerciales y seis sociedades financieras,

instituciones que en términos de participación en el mercado financiero, no

tenían una gran significación a pesar de su importancia numérica.

Los desequilibrios económicos acumulados desde 1983, se hicieron

insostenibles a fines de 1988, por lo cual el gobierno venezolano de turno,

comienza a aplicar un programa de ajuste económico y apertura con la

intención de crear en el país una economía moderna, abierta y más competiti-

va, la cual requería de reformas estructurales básicas en las más importantes

áreas de la actividad económica nacional.

Dentro de las medidas adoptadas para lograr el control de los

desequilibrios de la economía se encontraron: la flexibilización de las tasas de

interés, la unificación y flotación del tipo de cambio, la racionalización y

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liberación del régimen comercial y aduanero, el desmantelamiento de los

controles de precios en el sector real y la reducción del déficit fiscal. Esta

situación originó en 1989, según Vecchio (1994), una significativa contracción

del Producto Interno Bruto (8,3%), un aumento del desempleo (9,6%) y un

incremento impresionante de la inflación (81%).

El esquema de apertura de 1988-1989, llevó al país a una competencia

desigual con los productos y servicios del extranjero, lo que trajo como

consecuencia que numerosas empresas, medianas y pequeñas, se retiraran del

mercado. Posteriormente, se presentó una caída de los precios internacionales

del petróleo, situación ésta que aunada a la persistencia de un significativo

déficit fiscal y a la serie de acontecimientos militares, políticos y sociales,

sucedidos a finales de 1992 y durante 1993, incluidos dos alzamientos e intentos

de golpes de Estado, el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio de sus

funciones, un círculo de huelgas, paros y reclamos laborales, forzaron al Banco

Central de Venezuela (BCV) a adoptar una política monetaria inusualmente

restrictiva, con la finalidad de contener los brotes inflacionarios y "palear" la

severa contracción de los saldos monetarios provocados por una fuga masiva de

capitales, lo que generó elevadas tensiones sobre la liquidez de la banca y

llevaron al país a presentar indicadores económicos similares a los de 1988 y

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1989.

La consecuencia final de esta coyuntura es lo que se conoce como "crisis

financiera", entendida ésta, según Faraco y Suprani (1995), como el estado que

se origina cuando un número de intermediarios financieros presentan graves

problemas de liquidez, no pudiendo así continuar cumpliendo con las

obligaciones contraídas frente al público, afectando con ello el normal

funcionamiento de las actividades relacionadas con la gestión financiera e

incluso las relaciones económicas internacionales.

La situación señalada con anterioridad, induce a la necesidad de contar

con un sistema de alarma anticipada, capaz de pronosticar la salud o crisis

financiera para que en el último de los casos, se realicen los ajustes necesarios

para evitar una corrida bancaria.

A partir de la década de los 80 se inicia en el país un proceso de

deterioro social que se agudiza en forma acelerada a partir de 1989. En este

proceso, señala Cova (1996), se pueden distinguir dos aspectos significativos, el

primero ligado directamente a la disminución de la calidad de vida de los

venezolanos, dados el deterioro de los salarios reales, la contracción del

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empleo, el aumento de las actividades informales y de subsistencia, el

incremento de la pobreza y la desigualdad social; el segundo relacionado con la

creciente incapacidad del Estado (como consecuencia de los marcados

desequilibrios en la economía) para proporcionar una adecuada base de

servicios sociales, sobre todo, en aspectos referentes a la salud, educación,

seguridad social y suministro de servicios básicos.

Un balance social, más reciente, indica que la tasa de desempleo cerró

en el año de 1995, según cifras de Cordiplan (citado por González, 1996), en un

poco más del 10%, lo cual no sólo significó duplicar la tasa de cierre del año

1993, sino que se refiere a casi un millón de personas que se encontraban sin

trabajo. Este hecho, conjuntamente con la inflación, incrementó el nivel de

pobreza al 85% de los hogares del país, de los cuales el 73% estaban en situación

de pobreza extrema. A esta situación se agrega la permanente situación de

inestabilidad en la que se encuentra -para el referido año- el 50% de la fuerza

de trabajo venezolana, ubicada en el sector informal de la economía.

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La tasa acumulada de inflación entre 1994 y 1995, según el autor citado

anteriormente, se ubicó en 127,5%. Al contrastar dicha cantidad con los

aumentos de sueldos, salarios y bonos percibidos por la masa laboral durante

este lapso, se concluye en el deterioro nominal del 50% en tales remuneracio-

nes. En términos reales, esta situación se expresa en un mayor deterioro de la

calidad de vida en los sectores de la clase media y popular.

El intento de golpe del 4 de febrero de 1992, en opinión de Stambouli

(citado por Blanco, 1993), sirvió para cristalizar y poner en evidencia una

significativa crisis de opinión pública y de legitimación del funcionamiento del

régimen democrático venezolano y de sus instituciones fundamentales. Dicha

crisis afectó no solamente la popularidad y credibilidad del gobierno nacional y

de su programa de cambio económico, sino también a los partidos y a la clase

política genéricamente considerada, y al poder judicial por su politización y

falta de independencia respecto a los partidos.

Algunas de las evidencias que se consideran para sostener dicho juicio,

señala el autor citado, se refieren a los altos índices de abstención registrados

en 1989 en las primeras elecciones para elegir por voto popular a los

gobernadores de estados, alcaldes y concejales. Otro indicador es el referido a

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la reacción anímica de las personas en los días posteriores al intento de golpe,

simpatizando con los golpistas y manifestándolo en la noche del 10 de mayo con

el llamado "cacerolazo", que sirvió para drenar descontentos reprimidos de

múltiples orígenes.

La situación de cambios profundos iniciada en 1989 respecto al modelo

económico-político que funcionó durante más de treinta años, impactó

significativamente la estructura del poder dominante en el país desde 1958, y

obligó a los partidos y grupos sociales a replantear su funcionamiento interno y

sus relaciones con el estado. La ciudadanía no preparada en la campaña

electoral de 1988, para asimilar los cambios drásticos que inevitablemente se

estaban gestando, reaccionó con incomprensión, desconcierto y descontento,

ante las dificultades que también ocasionaría la nueva política gubernamental

caracterizada por el deterioro drástico del salario real, servicios públicos

colapsados, inseguridad personal creciente, hechos de corrupción impunes y

retardo de los programas de reformas político-institucionales y constitucionales

por parte de los partidos.

El resultado de tal coyuntura ha sido la sensación generalizada de

deterioro indetenible de las condiciones materiales y ético-políticas de la vida,

y un clima de pesimismo y desesperanza frente al futuro que se vislumbra como

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caótico y que se traduce en problemas de gobernabilidad efectiva del proceso

de transformación de las bases políticas, sociales y económicas de la

democracia venezolana, es decir, la posibilidad real y la capacidad de dirigir el

proceso de transformación del modelo económico, social y político venezo-

lano, que a todas luces se había agotado en 1988.

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En opinión de Maza Zabala (1996), se trató de una crisis global

prolongada y profunda (1983-1995), la cual inició su última etapa en enero de

1994, al estallar la mayor crisis financiera de la historia moderna que consumió

casi el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y destruyó alrededor del 60% del

sector financiero nacional, generando la explosión de la crisis bancaria

venezolana.

Una crisis financiera real, ocurre solamente cuando las instituciones y

autoridades no están entrenadas ni preparadas en la práctica, y cuando el sector

privado tiene razón en dudar de la dependencia de arreglos preventivos. El año

de 1994, será recordado como el año en el que se rompieron varios mitos. Por

una parte, se eliminó la creencia de que la gerencia privada era superior a la

pública. Al respecto, cabe destacar lo señalado por Faraco y Suprani (1995, p.

VIII), "la mediocre actuación de ambas, ha contribuido a activar un mecanismo

perverso que ha carcomido las reservas éticas del país y elevado la ya precaria

situación económica a límites intolerables y desconocidos en los últimos 70 u 80

años". Por otra parte, se eliminó también la noción de que la autonomía de

supervisión y control monetario y bancario era la mejor manera de mantener un

equilibrio económico en cuanto al crecimiento ordenado de la economía y del

mantenimiento del valor interno y externo de la moneda.

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En opinión de los referidos autores, las crisis bancarias, son procesos en

los cuales se combinan indefectiblemente factores de naturaleza

macroeconómica, microeconómica y sectorial y, conjuntamente con éstos,

existen elementos gerenciales de importancia significativa. En particular, la

intermediación financiera o bancaria presenta como una de sus características

más importantes, la gerencia y convivencia permanente con diversos tipos de

riesgos, al mismo tiempo que funciona con los recursos generados y

demandados por otros agentes económicos. Estas características, hacen a la

intermediación bancaria vulnerable a ciertas fallas de mercado, como la

asimetría de información, el riesgo o daño moral y la selección adversa. Por

esta razón, es una actividad proclive a la proliferación de ciertas prácticas

gerenciales y manifestaciones éticas que, en ciertas circunstancias del entorno

económico, se ve expuesta a sufrir crisis de carácter sistémico que usualmente

no se produce en otro tipo de industria.

En la habilidad de los bancos para evaluar el riesgo y su capacidad de

absorberlo, descansa el éxito de la intermediación y por ende, del negocio

financiero. De hecho, una evaluación equivocada del riesgo o una excesiva

absorción del mismo, puede conllevar a un colapso bancario.

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A diferencia de otras instituciones, una caída bancaria producida por un

estado de iliquidez, crea demandas no sólo de los recursos propios del banco,

sino también de los depositantes y otros bancos. Esto puede explicar el porqué

las crisis financieras tienen que ser manejadas inmediatamente que se

detecten, ya que sus implicaciones no se limitan a un banco en particular, sino

al sector como tal, expandiéndose también al resto de la economía del país.

Diversos autores, entre ellos Sinkey (1992), Sundarayan y Baliño (1991) y

Kauffman (1990), señalan que usualmente combinaciones de factores endógenos

o microeconómicos y factores exógenos o macroeconómicos, son responsables

del desarrollo y estallido de la misma. Más aún, es difícil diferenciar entre las

causas macroeconómicas que dicha crisis produce. Las últimas tienden a

convertirse, a su vez, en causas que contribuyen a deteriorar aún más a los

bancos que se encuentran en dificultades y a empeorar la crisis financiera,

generándose así un círculo vicioso. En todo caso, el factor tiempo resulta muy

importante cuando existe una crisis bancaria; mientras más demoren las

autoridades y organismos en adoptar las medidas correctivas, más se agrava la

crisis.

Gómes (1994, p. 16) señala que "La experiencia muestra que el problema

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más difícil en una crisis, es que los agentes económicos reconozcan su

existencia". Esta situación puede interpretarse en el sentido de que las

autoridades y organismos competentes, no se sienten preparados para aceptar

las erogaciones que acarrea la solución de la crisis. Además, el poco entusiasmo

que demuestran las autoridades y organismos de un país al momento de

enfrentar una crisis financiera, se explica por el hecho de que, por lo general,

estos países están recortando, al mismo tiempo, sus déficits fiscales y tratando

de reducir la tasa inflacionaria.

En la mayoría de los casos, las autoridades económicas de dichos países

siguen programas de ajustes de corto y largo plazo, por consiguiente, sus

economías se encuentran ya experimentando un período de inestabilidad, al

cual habrá que agregarle la inestabilidad adicional que trae consigo el enfrentar

simultáneamente una crisis financiera.

En las últimas dos décadas, han existido manifestaciones de diversos

países desarrollados que, mediante el intercambio de opiniones entre

banqueros investigadores y reguladores, han buscado explicar las causas y

efectos de las crisis bancarias, tratando de fortalecer la capacidad de los

organismos de supervisión para prevenirlas, así como el de establecer políticas

encaminadas a minimizar sus efectos adversos. Esto es ante el creciente

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convencimiento de que las posibilidades de expansión de la economía,

dependen en gran medida del buen estado de salud del sistema financiero.

Entre estas manifestaciones encontramos en los Estados Unidos de América a la

Corporation Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), quien resulta el organismo

competente para el tratamiento de las crisis bancarias, cuyo procedimiento se

inicia con la declaración de insolvencia del banco por el Contralor de la moneda

y la designación de este primer organismo con depositario de un banco

asegurado cerrado, surgiendo así la obligación de hacer frente al reembolso de

los depósitos asegurados, mediante su pago en efectivo a los depositantes o

transfiriendo una cantidad equivalente a otro banco igual asegurado que asuma

tales obligaciones. Sin embargo, la técnica más utilizada por el FDIC ha sido la

de utilizar los acuerdos de "Purchase and Assumption" que protegen mejor tanto

los depositantes como a los trabajadores del banco colapsado. Bajo esta

modalidad, la FDIC entrega a otro banco asegurado tanto el activo, como el

pasivo del banco en crisis, antes de que éste deje de atender sus compromisos

y otorgándole créditos y garantías a las operaciones para que éstas se

desarrollen sin mayores pérdidas. A pesar de algunos logros alcanzados, el

referido intercambio dista mucho de haber concluido, en la actualidad, la crisis

financiera asiática resulta un ejemplo de esta referencia.

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En el caso de Venezuela, donde han ocurrido varias crisis financieras, ni

las autoridades reguladoras, ni la propia gerencia bancaria, han contado con un

instrumento capaz de pronosticar a tiempo la salud financiera de sus

instituciones.

De continuar con esta práctica, el sistema financiero y, concretamente la

banca comercial venezolana, se encontrará siempre en situación de riesgo, al

no poder diagnosticar con suficiente tiempo las debilidades que comprometan

su gestión financiera y que puedan permitirle aplicar los correctivos necesarios

a fin de lograr el equilibrio que garantice su normal funcionamiento.

La situación planteada con anterioridad induce a la necesidad de

diagnosticar la realidad venezolana, en sus aspectos económico, social y

político, a raíz del desarrollo y estallido de la crisis de 1994 y con base a ello,

establecer una metodología que combine las razones o índices financieros más

significativos, que sea capaz de pronosticar la salud o crisis financiera de un

banco comercial. De esta manera, podría existir un sistema de alarma

anticipada capaz de evitar, al tomar las medidas necesarias, un colapso

bancario.

El buen o mal estado de salud financiera de los bancos, se determina

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básicamente por intermedio del análisis de índices financieros. Estos

indicadores son razones numéricas que se obtienen relacionando, como

numerador y denominador, las distintas partidas de los estados financieros que

describen áreas fundamentales de la gestión financiera bancaria. Estas partidas,

como son muy diversas, obligan al analista a adoptar criterios de selección para

escoger sólo los elementos sustanciales y desechar aquellos que suponen

duplicaciones o trivialidades.

En los últimos años, se han realizado investigaciones orientadas a

confeccionar indicadores financieros que pudiesen evaluar el proceso de

insolvencia de la banca venezolana durante dicho período. Sin embargo,

Weston y Copeland (1988, p. 185), expresan que "las limitaciones del análisis de

los estados financieros por medio de los índices, radica en el aspecto de que la

metodología, para dicho análisis, es básicamente univariable". Esto significa

que cada índice financiero es considerado en forma aislada y sólo comparado

con el mismo índice del mismo banco, referido a períodos anteriores, y con

respecto al sector bancario, de esta manera se juzga su evolución.

El proceso de selección de los indicadores financieros acarrea una

segunda limitación, puesto que si para un analista algunos indicadores pudieran

ser importantes; para otros, quizás no son considerados de la misma manera.

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La otra limitación adicional radica en los problemas que se presentan en

el momento de dictaminar sobre la situación financiera y la gestión global de un

banco en particular, puesto que si alguna razón o índice financiero puede

resultar en apariencia aceptable, otras quizás no guarden la misma similitud con

la anterior. Es el caso cuando, por ejemplo, una adecuada rentabilidad no va

acompañada con una adecuada liquidez, o si por el contrario, una liquidez

adecuada en el corto plazo se ve empañada por un alto endeudamiento o

apalancamiento de un plazo mayor.

El dictamen final para juzgar sobre la salud financiera de una manera

sistémica, integrando los efectos combinados de los diversos indicadores

financieros sobre un banco en particular, dependerá sólo y exclusivamente de la

experiencia y buen juicio que tenga el analista financiero.

Como consecuencia de lo señalado, resulta necesario contar con una

metodología que permita conocer el buen o mal estado de salud financiera de

la banca comercial en Venezuela, para que, en el segundo de los casos, se

tomen las medidas o ajustes pertinentes, para evitar situaciones que puedan

conducir a un colapso financiero. En otras palabras, es necesario establecer una

metodología capaz de pronosticar la crisis en la que podrían encontrarse

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algunas instituciones bancarias en un momento dado, a fin de evitar situaciones

como las experimentadas en el país a partir de 1994. Por tal motivo, en esta

investigación se formularon las siguientes interrogantes:

¿Serían las condiciones macroeconómicas, sociales y políticas de

Venezuela en los últimos 20 años, las que influyeron en el estallido de la crisis

financiera de 1994?

¿El análisis de los indicadores financieros, aportará aspectos que

permitirán la estructuración de una metodología capaz de pronosticar crisis o

salud financiera en la banca comercial venezolana?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo General

Formular una metodología para pronosticar crisis financiera en la Banca

Comercial Venezolana.

Objetivos Específicos

1. Revisar criterios para definir los índices financieros más significativos

que contribuyan a diferenciar la situación y gestión de la banca comercial, con

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base a los estados financieros.

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2. Aplicar los indicadores financieros seleccionados a los grupos de

bancos diferenciados, con el objeto de diseñar una función lineal que mejor

discrimine y ayude al pronóstico de crisis.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La importancia del presente trabajo radica en que al diseñar una

metodología capaz de pronosticar crisis financiera, adaptada a la realidad de la

banca comercial venezolana, el estado venezolano y, específicamente, los

organismos reguladores y los directores y gerentes financieros, puedan aplicar

con la debida anticipación, los correctivos necesarios que permitan mantener la

institución financiera dentro de márgenes aceptables, a fin de superar la crisis

en la que ha estado sumergida en los últimos años. Las razones que justifican la

investigación desarrollada son de variada naturaleza, entre éstas se tienen:

Los resultados que se obtengan servirán de base para fijar criterios de

control que pudieran ser considerados por la Superintendencia de Bancos en su

función de fiscalización y supervisión que realiza sobre la banca comercial.

Asimismo, servirán de orientación a la gerencia sobre las estrategias a

considerar para optimizar la gestión bancaria, en beneficio de la colectividad y

del propio sistema económico y financiero del país.

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Una utilidad metodológica, por cuanto los resultados servirán de base

para futuras investigaciones relacionadas con el tema en referencia.

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

La presente investigación se aplicó a la totalidad de la banca comercial

venezolana, es decir, la red de Bancos Comerciales distribuidos en el territorio

nacional existentes para 1989, y abarcará diez (10) ejercicios económicos.

Estos ejercicios en el caso de la banca comercial están referidos a períodos de

seis (6) meses cada uno, razón por la cual la investigación estará enmarcada en

los años 1989 a 1993, lapso durante el cual, la coyuntura económica

internacional y los desequilibrios macroeconómicos y microeconómicos,

posiblemente influyeron de manera determinante en el estallido de la crisis

financiera venezolana en 1994.

Asimismo, el período de duración de la investigación será de dieciocho

(16) meses contados a partir del 15 de enero de 1998 y hasta el 15 de mayo de

1999.