CARNÉ X PUNTOS · de prestigio en el sector de dragados, a la completa ruina y cierre. Se...
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El 9 de diciembre se celebró el día internacional contra la corrupción. Con tal motivo, El programa “Al Rojo Vivo”, de La Sexta, emitió un programa dedicado a la corrupción en el que fue entrevistado el portavoz del OCC. En el siguiente enlace, a partir del minuto 8,50 se produce su intervención. ENLACE INTERVENCIÓN PORTAVOZ OCC: https://t.co/FLxnXJZhw1 CARNÉ X PUNTOS
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El 9 de diciembre se celebró el día internacional contra la corrupción. Con tal motivo, El programa “Al Rojo Vivo”, de La Sexta, emitió un programa dedicado a la corrupción en el que fue entrevistado el portavoz del OCC. En el siguiente enlace, a partir del minuto 8,50 se produce su intervención.
ENLACE INTERVENCIÓN PORTAVOZ OCC: https://t.co/FLxnXJZhw1
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DOMICILIO SOCIAL: C/. Beatriz de Suabia 41, bajo. 41005 Sevilla.
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Colaboran con el OCC en la denuncia de prácticas corruptas:
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El caso del Puerto de Algeciras, al T. Constitucional Contamos hoy el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el empresario que fue presuntamente estafado en las obras del Puerto de Algeciras, y que ante la falta de investigación de la justicia en sus distintos ámbitos, tiene que recurrir al Tribunal Constitucional demandando su derecho a recibir justicia.
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Ya hemos comentado en números anteriores la falta de coherencia de las resoluciones judiciales del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, que la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Algeciras, ha avalado, aun reconociendo en su último Auto que estamos ante un asunto de naturaleza penal, cuando el argumento del juzgado número 2 para archivar la causa consiste en señalar que es un asunto de naturaleza civil, en un claro sinsentido jurídico. El juez instructor ha permitido que se incumplan sus decisiones en el proceso de investigación durante cuatro años. Por ejemplo, de los nueve imputados (cuatro de ellos funcionarios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, APBA), solo acudió a declarar voluntariamente el gerente de la empresa acusada de estafa, por no abonar las obras llevadas a cabo por la subcontrata Ecodragas, gerente que se encuentra imputado en el caso del “Musel” del Puerto de Gijón por la Audiencia Nacional (puerto donde, como en el de Algeciras, invirtió cantidades millonarias la UE), pero ninguno de los otros ocho imputados ha sido interrogado ante la desidia judicial. Tampoco ha hecho nada en cuatro años tras acordar reclamar documentación contable a las empresas acusadas y que estas no la presentaran, ni a la APBA, que tampoco respondió cuando fue requerida por el juez por segunda vez. Y menos reacción hubo del juez de instrucción cuando no se llevó a cabo una prueba pericial contable acordada por él. Ni una sola de las pruebas admitidas y acordadas por el juzgado de instrucción nº 2 de Algeciras en la instrucción de esta denuncia ha llegado a practicarse. ¿Por qué?
El denunciante, León Romero, y su empresa, Ecodragas, fue subcontratada para unas obras que realizó abonando el salario al personal, pagando el material y usando sus barcos con un elevado coste que nunca cobró, porque la APBA (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras) abonaba a empresas UTES filiales de las grandes constructoras implicadas, que presentaban facturas ad hoc, y sin ningún control, cobraban el trabajo realizado por la subcontrata, Ecodragas, que al no cobrar, pasó de ser una empresa de prestigio en el sector de dragados, a la completa ruina y cierre. Se necesitaría todo este CxP y algunos números más para explicar el cúmulo de irregularidades que han llevado al dueño de la empresa presuntamente estafada a sufrir un ictus con 40 años, a arruinarse, a todos sus trabajadores al paro sin haber cobrado todavía las cantidades que debería abonarles FOGASA, sin que la justicia, hasta ahora, haya hecho nada del papel que supuestamente le corresponde en un
Algeciras
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estado de derecho. Eso sí, el sobrecoste de las obras ha sido de unos 67 millones de euros, que quizás algo tengan que ver con que la APBA (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras) haya abonado relleno de arena en celdas de los cajones del Dique de Abrigo, como de unos 430.000 m3 más de los que realmente se han utilizado, como acredita el denunciante con documentos entre otras varias irregularidades acreditadas, como la aparición de una empresa “fantasma” entre las contratistas y las subcontratadas, que trataba directamente con la APBA y cobraba por el trabajo que no hacía, negando ahora la APBA su existencia a pesar de existir actas notariales que lo acreditan. Existe mucha similitud entre lo acontecido en este caso de Algeciras y lo ocurrido en el puerto del Musel, en Gijón, con uso de fondos de la UE, la intervención de la OLAF (Oficina de investigación del fraude de la UE), y la recomendación, en el caso que nos ocupa, del Tribunal de Cuentas de recurrir a la vía penal, pero por razones que solo la justicia conoce aquel caso se está instruyendo en la Audiencia Nacional y este, por la cerrazón irracional del juez instructor y la inexplicable validación de sus Autos de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se encuentra en estos momentos ante el Tribunal Constitucional. Conocemos casos de mal funcionamiento de la justicia pero esto de un juez que acepte pruebas y disponga la práctica de diligencias, que no acudan a declarar ocho de los nueve citados, que no le remitan la documentación solicitada, y que no haga nada durante cuatro años al respecto es la primera vez, y que como colofón a la instrucción el juez cambie su criterio sin razonamiento o diligencia procesal alguna que lo justifique y decida archivar porque “son negocios” y es un asunto de naturaleza civil, es un esperpento jurídico desconocido hasta hoy.
En todo esto lo menos importante es que el juez no haya aceptado la personación del OCC en el caso. Cuando León Romero contactó con nosotros y nos remitió la información, acordamos solicitar la personación (a coste cero, porque el OCC no dispone de fondos para abonar un abogado –sí abonamos el coste del poder notarial- como tampoco cobra ni un euro por su implicación en ninguna denuncia), y se decidió la intervención ante la apabullante evidencia de las pruebas presentadas, que contienen sólidos indicios de prácticas irregulares para obtener beneficios que no se correspondían con los trabajos realizados, a lo que hay que sumar las decenas de millones de euros de sobrecoste.
Gijón
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Que la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz niegue que sea un asunto civil (que es el argumento del juez que archiva) y considere que es de naturaleza penal pero exija al denunciante que aporte pruebas que es imposible que él pueda conseguir (revisión contable de empresas afectadas, análisis periciales por organismos públicos, etc.) es de todo punto inexplicable, pues le exige lo que solo la instrucción de la causa penal mediante decisiones judiciales puede conseguir. Un rompecabezas en el que el OCC no puede más que apoyar las acciones jurídicas que se están llevando a cabo porque, además de la víctima de la estafa, puede haberse producido un perjuicio a dinero público y de la UE de varios millones de euros. Algunos medios de comunicación y revistas especializadas se han hecho eco de este asunto, que en el OCC no daremos por resuelto hasta que se haya producido una instrucción judicial rigurosa que arroje luz sobre tantas sombras de penumbras como existen.
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LA VOZ DE ASTURIAS - GIJÓN El 5-11-2016 decía:
Caso Musel»: una «madeja que crece»
El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción
d'Asturies, acusación particular en el proceso,
cree que la última ronda de testimonios en la
Audiencia Nacional abre «nuevos hilos» que
aclaran «cómo funcionan las alcantarillas de la
corrupción»
Este Observatorio, OCAN, aunque tiene un nombre parecido, no tiene nada que ver con el OCC. Nos hemos puesto en contacto con ellos a través de un email (al que todavía ni nosotros ni el afectado, León Romero, que igualmente les escribió, hemos recibido respuesta), para plantearles la posibilidad de que presentaran un escrito en la instrucción de este caso en que están personados, que pudiera servir para desbloquear la situación del caso de Algeciras. Nosotros vemos muchas similitudes entre lo que se está investigando en Gijón y lo ocurrido en Algeciras, partimos de que la corrupción no tiene fronteras y por lo tanto hay que perseguirla allí donde se produzca.
Por eso hemos remitido esta solicitud en demanda de ayuda para el esclarecimiento judicial de las irregularidades que siguen sin investigarse en el Puerto de Algeciras. De la marcha de este asunto seguiremos informando.
09 de noviembre de 2016
Congreso en la UA sobre lucha contra la corrupción
10.11.2016 | 09:05 Congreso en la UA sobre lucha contra la corrupción
El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d`Asturies (OCAN) es una organización sin ánimo de lucro, circunscrita al ámbito de Asturias, que nació el 9 de diciembre de 2014. El OCC es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito internacional, que nació dos meses antes, el 24 de octubre de 2014. El OCC es independiente de cualquier partido político o sindicato, no pide ni acepta subvenciones, y se financia exclusivamente con la cuota de sus socios y donativos.
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La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante acoge desde ayer un congreso sobre lucha contra la corrupción y el fraude que organiza el departamento de Derecho Administrativo y pretende profundizar en las claves para la prevención de decisiones arbitrarias sobre todo en urbanismo y en la contratación. En la inauguración participaron la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, y el decano de Derecho, Pedro Femenía. Por la tarde hubo un debate con el fiscal anticorrupción, Felipe Briones; el juez decano de Benidorm, José Ricardo García; Luis Miguel Lorente, del Observatorio contra la Corrupción; e Isabel Lifante, del Consejo de Transparencia. http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2016/11/09/congreso-ua-lucha-corrupcion/1826012.html
http://occ.org.es/index.php/2016/11/28/congreso-sobre-buen-gobierno-buena-administracion-y-lucha-
contra-la-corrupcion-y-el-fraude/
El día 9 de octubre, Luis Miguel Lorente, como miembro de la Junta directiva del OCC, participó en un congreso en la universidad de Alicante, magníficamente organizado por el profesor Rubén Martínez Gutiérrez, que versó sobre la lucha contra la corrupción y el fraude, exponiendo los argumentos ya conocidos del
OCC respecto a medidas legislativas y ejecutivas para combatirlo. Comenzó su intervención señalando que era sintomático que en la web de transparencia del Gobierno se incluyera un informe del GRECO, grupo de lucha contra la Corrupción de la Unión Europea, que daba un duro varapalo al Gobierno español por incumplir todas sus recomendaciones de los dos últimos años, poniendo en cuestión dicho informe la falta de medidas que garanticen la independencia del Consejo General del Poder Judicial, así como de distintos tribunales de justicia, la falta de un reglamento para los magistrados y fiscales y la falta de un reglamento para diputados y senadores, entre otros incumplimientos. Quizás esa crítica razonada es la razón por la que el informe no estaba traducido al castellano, cuando en el mismo se recomienda a los países miembros hacerlo así para facilitar la transparencia y el conocimiento. Se refirió a la figura del denunciante de corrupción, el mal denominado soplón (traducción del anglosajón whistleblower) y de la necesidad de potenciar la protección de figuras como los interventores y secretarios en los ayuntamientos, los denominados funcionarios de habilitación nacional, que son la 1ª línea de defensa en el control de la administración local. En este punto expuso una serie de ideas desarrolladas por el interventor Fernando Urruticoechea. Igualmente expuse las dificultades que encuentran organizaciones como el OCC, señalando el hecho de que un día después de aparecer en el diario ABC la noticia del nacimiento de nuestro observatorio, el mismo diario dedicó una página, bajo el titular de “Jueces y fiscales rechazan un manos limpias policial”, para arrojar sombras de dudas respecto al OCC,
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en contraposición a la noticia del mismo medio titulada “Jueces progresistas crean un observatorio solo para casos de corrupción”, en clara contradicción entre una y otra noticia, porque en este caso no se dirigió la información contra este observatorio como sí se hizo con el OCC. (Si hay alguna asociación a quien nunca nos pareceremos es a Manos Limpias). Finalmente expuso algunos casos en los que participa el OCC y algunos datos sobre quienes conforman el mismo.
Justo López, un policía contra la corrupción Justo López es criminólogo, policía local en el ayuntamiento de Benidorm, Jefe del departamento de criminología (cesado por denunciar la corrupción), y uno de esos funcionarios que no se dejan contaminar por el clima de prácticas corruptas que impera en muchas áreas de nuestra sociedad y en las administraciones públicas. A continuación se inserta enlace y copia literal de la información publicada fruto de una de las denuncias presentadas por Justo López.
24 de noviembre de 2016
Noticias de Benidorm Benidorm
Condenan a un año de prisión a un funcionario de Benidorm por pedir
dinero a un penado También ha sido condenado al pago de una multa de seis meses a
razón de 5 euros diarios
Benidorm / Informacion.Es 25.11.2016 | 02:44
Un funcionario del ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a un año de prisión y al
pago de una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios por pedir dinero a un
penado que realizaba trabajos en beneficio de la comunidad.
El juicio estaba previsto para esta mañana en el juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm y
la fiscalía pedía dos años y nueve meses de prisión, además de
la inhabilitación correspondiente aunque finalmente, según han confirmado a Efe fuentes
cercanas al caso, se ha llegado a un acuerdo entre las partes.
De esta manera, el trabajador municipal ha aceptado la pena de un año de prisión, que
quedará en suspenso si durante los dos próximos años no comete ningún otro delito.
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Asimismo, el citado funcionario está obligado a indemnizar al penado al que pidió dinero con
la misma cantidad que éste le entregó, 900 euros.
Además del año de cárcel, el juez le había dado a elegir entre la multa de cinco euros diarios
durante seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo tiempo, opción
que el funcionario ha rechazado, por lo que ha preferido hacer frente a la multa.
Los hechos que ahora se juzgan fueron denunciados el pasado enero por el funcionario que
estaba encargado del programa de penados, que a su vez es criminólogo municipal y que
poco después fue relevado de sus funciones.
En un escrito que envió a la alcaldía relataba varias situaciones que podían derivar en
responsabilidades penales y civiles para los propios penados y los funcionarios que
supervisaban el trabajo que éstos hacían.
El técnico denunciante hablaba de supuestos casos de cohecho, acoso sexual y tráfico de
drogas. En enero de este año los hechos fueron puestos en conocimiento de los juzgados.
Este técnico, que estaba citado en calidad de testigo, fue sin embargo llevado a la fiscalía por
el propio ayuntamiento por un presunto delito doloso relacionado con el servicio. FIN.
Ayuntamiento de Benidorm
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En ese ayuntamiento con alcalde del PP, el funcionario condenado goza de toda la comprensión del alcalde y de su grupo de concejales, y el policía decente que denuncia la corrupción, Justo López, está expedientado precisamente por esta denuncia ya sentenciada, y por otros hechos denunciados que deberían ser los poderes públicos los primeros interesados en perseguir. Se repite el relato de siempre. Funcionario que denuncia es perseguido y acosado por los responsables políticos que hipócritamente dicen después ante los medios de comunicación que se oponen a las prácticas corruptas. Justo López es miembro de la Junta directiva nacional del OCC y cuenta con el apoyo de la organización, que se puso de manifiesto emitiendo el siguiente comunicado: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
BASTA YA DE ACOSO INSTITUCIONAL MEDIANTE EXPEDIENTES A DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN 2016-11-25 ADMIN DEJA UN COMENTARIO
BASTA YA DE ACOSO INSTITUCIONAL MEDIANTE EXPEDIENTES A DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN En el día de ayer el Juzgado de lo Penal nº 3 de Benidorm celebró Juicio Oral contra uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm denunciados por uno de los penados que cumplía condena de trabajos en beneficio de la comunidad en dicho consistorio. Y todo ello en razón a que el primero le exigió la cantidad de 900 euros a cambio de “eximirle” de los trabajos que supervisaba el departamento de Criminología del Ayuntamiento de esa ciudad, dirigido por el funcionario D. Justo López Díaz.
Este repudiable asunto tipificado finalmente hoy como estafa en sentencia condenatoria (sin la presencia de ningún político o responsable municipal en apoyo del testigo Jefe del departamento de Criminología) obliga al funcionario a resarcir a la víctima la cantidad “detraída” y a cumplir, entre otros, 6 meses de trabajos en beneficio de la comunidad al margen de unos años de prisión, eludibles, y supeditado a una serie de condicionantes establecidos por el magistrado.
Esta sentencia supone en favor de D. Justo López Díaz el demostrar haber cumplido con su obligación al denunciar a éste y a otros dos funcionarios más por motivos similares, confirmando tener a su lado la razón de la justicia y el apoyo de una parte importante de la sociedad que se enfrenta a diario a la corrupción.
El Alcalde de la ciudad a raíz de esta sentencia debe de forma inmediata retirar la denuncia ante la Fiscalía contra D. Justo López Díaz y hacer una seria reflexión por la apertura del expediente sancionador que se le instó por estos motivos.
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El Alcalde de Benidorm en sus pretensiones sancionadoras ante Fiscalía y con la apertura del inmerecido expediente sancionador a un trabajador con un contrastado perfil de honestidad y capacitación para la función encomendada, como certifican las propias Instituciones Penitenciarias y diversos colectivos profesionales, nos permite hacer público desde el OCC que no vamos a silenciar nuestra sospecha de al parecer encontrarnos ante determinados intereses espurios propiciados por determinados poderes “fácticos” cercanos a la formación política del actual Alcalde. En su momento, “éstos poderes fácticos” ya pretendieron la supresión del Departamento de Criminología, denunciándolo y desestimándolo la Sala de lo Contencioso Administrativo Número Cuatro de Alicante.
El Observatorio de la Ciudadanía de la Corrupción (OCC) como valedor de los denunciantes en materia de corrupción anuncia que dispondrá de todos los medios a su alcance para proteger, defender y denunciar cualquier otra acción perjudicial contra D. Justo López Díaz o contra cualquier otro funcionario municipal, instando a su vez a los concejales de todas las formaciones políticas en la oposición, a parlamentarios en Congreso de los Diputados, Instituciones Penitenciarias y Generalitat Valenciana, se interesen de inmediato por esta lamentable situación y pongan fin a la actitud inconcebible del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm buscando que se condene al denunciante, tratando de conseguir que sea investigado “imputado” pero el cual para la Justicia es simplemente considerado testigo.
25 de noviembre de 2016 Junta Directiva Nacional OCC
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Alicante
Benidorm/Marina Baixa Información.es » Benidorm/Marina Baixa
Respaldo El OCC tilda la decisión de «acoso y derribo» 28.09.2016 | 01:14
El Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción tildó ayer el traslado de este caso ante la
Fiscalía como un «acoso y derribo» contra el funcionario que denunció los hechos. En un comunicado,
el OCC brindó su apoyo al criminólogo Justo López y dijo que el Ayuntamiento, «lejos de situar a los
verdaderos responsables de esa trama corrupta en el lugar que merecen, ha perjudicado a aquel que
denunció los hechos primero a la Alcaldía y después a la autoridad judicial». Por ello, le brindaron
asesoramiento y lo han hecho miembro de su directiva. FIN DE LA NOTICIA.
Los hechos están dando La razón a Justo López pero el ayuntamiento, del PP, su alcalde, sigue apoyando a los condenados por prácticas corruptas, habiendo formulado una denuncia penal ante la fiscalía contra él y procediendo a la apertura de un expediente disciplinario. Cuando algún político del PP diga que se oponen a la corrupción pueden remitirlo, entre otros muchos casos.
España necesita un mecanismo para proteger a los denunciantes de corrupción, que garantice su situación laboral, su defensa penal, y el apoyo que precisan cuando, como en este caso, denunciar dichas prácticas supone que te acusen de delitos o te abran expedientes disciplinarios. Justo López mantendrá todas las denuncias.
LA CORRUPCIÓN COMO HÁBITO DE CONDUCTA POLÍTICA
Lunes, 12 de diciembre de 2016
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
40 diputados con casa en Madrid tienen derecho a cobrar dietas por alojamiento
El Congreso paga en concepto de "indemnización" a los diputados elegidos fuera de Madrid 1.000 euros más que al resto, libres de impuestos, para cubrir gastos
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Los parlamentarios reciben ese dinero independientemente de que tengan casa en la capital
En esta situación se encuentran 26 diputados del PP, 6 del PSOE, 6 de Unidos Podemos y 2 de Ciudadanos Yolanda González ublicada 12/11/2016 a las 06:00Actualizada 12/11/2016 a las 08:51
EP El Congreso paga en concepto de "indemnización" a los 214 diputados elegidos fuera de Madrid 1.000 euros más que a los 36 que fueron elegidos por esta circunscripción. La idea es que, con esta cantidad, sus beneficiarios cubran los gastos que les supone la estancia en la capital. De los datos consignados por los propios parlamentarios en las declaraciones de bienes y rentas de
esta XII Legislatura se concluye que 40 diputados tienen derecho a percibir estos ingresos pese a disponer de casa en la capital. Por su finalidad, están libres de impuestos. Traducido a porcentaje, la cifra representa al 11,4% del total de parlamentarios.
Además de los 2.813,87 euros mensuales que los diputados perciben mensualmente, la llamada "asignación constitucional", sus señorías reciben, también en catorce pagas, una "indemnización" que tiene "una cuantía mensual de 1.823,86 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 euros para los electos por Madrid".
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El hecho de que los diputados elegidos fuera de Madrid y con casa en Madrid tengan derecho a la parte alta de la horquillade este concepto lleva varias legislaturas siendo objeto de críticas. Por grupos parlamentarios, en el momento de redactar estas líneas, es en el Partido
Popular donde más concurría esta circunstancia. De los 134 diputados que integran el Grupo
Parlamentario de la formación que lidera Mariano Rajoy, 26 de los que no concurrieron a las generales del 26 de junio en la lista por Madrid aseguran tener una vivienda en propiedad en la capital. Siguen al Partido Popular, el PSOE con seis parlamentarios, Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea con seis también y Ciudadanos con dos. Esta es la teoría. La práctica demuestra que no todos estos parlamentarios acaban beneficiándose de la cantidad que les pertenece. La casuística, pues, es variada.
Un mismo ingreso, varios fines En el Partido Popular, el grupo en el que se da esta circunstancia de una forma más frecuente, no hay noticia de que los diputados afectados hayan renunciado en alguna legislatura a estos ingresos.
Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso indicaron, a preguntas de infoLibre, que hasta mediados de noviembre no podrá conocerse si alguno de esos 26 opta por no embolsarse parte de esa cantidad.
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En este listado de 26 parlamentarios del PP hay nombres tan conocidos como los siguientes: los ministros María Dolores de Cospedal, Iñigo Méndez de Vigo, Fátima Báñez y Rafael
Catalá; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando; la secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho; la exvicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos; los ex ministros José Manuel García-
Margallo y Jorge Fernández Díaz, y los vicesecretarios del PP Pablo Casado y Fernando
Martínez-Maíllo. Completan la lista del PP los 14 parlamentarios siguientes:José Jaime Alonso Díaz-Guerra; Miguel Barrachina; José Antonio Bermúdez de Castro; María Jesús Bonilla; Arturo García-Tizón; José María Lassalle; José Ignacio Llorens; Guillermo Mariscal; José Alberto Martín-Toledano; Juan José Matarí; Sandra Moneo; Jaime Eduardo de Olano; Miguel Ángel Paniagua y Pilar Rojo. En el Partido Socialista son seis los diputados que cumplen estos requisitos, según sus propias declaraciones de bienes y rentas. Fuentes de este grupo precisan que “no hay indicaciones
internas sobre las percepciones económicas que reciben los diputados y diputadas a través del Congreso” El listado completo de los seis es el siguiente: Ciprià Císcar, Juan Luis Gordo, Antonio Hurtado, Pedro José Muñoz, María Soledad Pérez y José Andrés Torres Mora. "Esta indemnización que prevé el Régimen Económico de los Diputados es abonada directamente a los parlamentarios por la Cámara y el derecho a su percepción se genera en base a la circunscripción por la que resultó elegido el diputado o la diputada", añaden.
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En el grupo de Podemos precisan que los parlamentarios Miguel Vila, Gloria Elizo y Juan
Manuel del Olmo no acceden a esa ayuda. Esas cantidades van a parar al partido, precisan las citadas fuentes. En el caso de Manuel Moreneo, diputado por Córdoba, en su grupo parlamentario afirman que usa "parte" de esos 1.823,86 euros para pagarse un alquiler en su circunscripción de origen. Según la declaración de bienes y rentas depositada en el registro del Congreso, este parlamentario, casado en régimen de separación de bienes, posee el 50% de un piso en Madrid, su "vivienda habitual", el 50% de un apartamento en Arenas de San Pedro (Ávila) y el 50% de un trasterio en la misma localidad abulense. Por su parte, Juan López de Uralde (Equo), asegura a infoLibre que destina a su partido esa cantidad que le correspondería para pagarse los gastos de estancia en Madrid. Y Rosana Pastor, según Podemos, sólo se embolsa "una parte de esa cantidad". Al haber ido en las listas como independiente, a Pastor no le afecta el código ético que elaboró el partido de Pablo Iglesias cuando
se estrenaron en la Cámara baja. El citado código incluye la limitación de sueldo a tres salarios mínimos. También se establece "la
obligación de limitar"la indemnización por gastos, "que se fija en un máximo de 850
euros para alojamientos para los parlamentarios que residan fuera de Madrid y manutención para las jornadas con actividad parlamentaria". En todo caso, estas renuncias no suponen un reingreso a las arcas públicas.
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En el caso de Ciudadanos, Irene Rivera ingresará íntegramente esa cantidad y Toni Cantó aún no ha decidido si donará parte del dinero, como hizo en la X Legislatura (2011-2015).
Antecedentes En la X Legislatura (2011-2015), el Congreso de los Diputados realizó un ligero cambio en la redacción del apartado del régimen de retribuciones de los diputados que contempla estas ayudas. Donde figuraba que ese dinero tenía como finalidad cubrir "los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara", pasó a figurar "los gastos que
les origine la actividad de la Cámara". Era un intento de sofocar algo la polémica pensando precisamente en esos parlamentarios que pueden percibir los más de 1.800 eurospese a tener posibilidad de alojamiento en Madrid. La hemeroteca da cuenta de un par de intentos de revisión de este asunto. La iniciativa partió
de Unión Progreso y Democracia, ahora fuerza extraparlamentaria. Fue en marzo de 2012. Rosa Díez, por entonces portavoz de la formación magenta, reclamó al presidente de la Cámara, por entonces el conservador Jesús Posada, un cambio en las normas de funcionamiento interno del Congreso para evitar que los diputados elegidos por otra circunscripción, pero que tuviesen casa en Madrid, ingresasen los más de 1.800 euros. Había que tener en cuenta que el actor Toni Cantó, ahora diputado por Ciudadanos, había renunciado a la cantidad que por ello le correspondía –fue elegido por Valencia– y decidió destinarla a una ONG. Los parlamentarios sólo pueden renunciar a su sueldo, a la llamada asignación constitucional. A los complementos no pueden renunciar. Otra cosa es el destino que decidan dar a ese dinero.
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Cantó consideraba que, al disponer de alojamiento en Madrid, ese dinero extra tenía que ir a
parar a otros fines: "Renuncio al ADSL en casa, al plan privado de pensiones y a la parte del sueldo que me corresponde para gastos de hotel en Madrid", anunció en su perfil de Twitter.
Intentos frustrados de cambiar el régimen de retribuciones Díez no tuvo éxito. Posada se mostró partidario de mantener esas dietas porque funcionaban "muy
bien". Con él se alinearon diputados del PP como Rafael Hernando, ahora portavoz: "Si un señor tiene la suerte de que en su vida anterior, como artista, ha tenido una casa en Madrid o una gran fortuna, pues mire usted qué éxito, pero eso no le ha ocurrido a la mayoría de los parlamentarios". O del PSOE, como la por entonces portavoz en el Congreso Soraya Rodríguez. "Hay que decir no y parar este tipo de actuaciones que tienen más de populismo inaceptable que de cualquier
otro objetivo", valoró la iniciativa de UPyD. Esto ocurría en el mes de marzo de 2012. Meses después, en agosto, desmarcándose de las declaraciones de Rodríguez, Odón Elorza, diputado del PSOE por Guipuzkoa, calificaba de "injustificables" estas dietas en el caso del que estamos hablando. En su blog personal, el parlamentario sostenía que "la ciudadanía espera de los políticos una actitud moral ejemplar en tiempos de obligada austeridad". Por ello, se mostraba partidario de "introducir cambios" en el régimen de retribución de los diputados para poner fin a "una situación que resulta injustificable y que ha provocado indignación en la sociedad española".
Recogida de firmas En enero de 2013 este asunto llegó a los tribunales. La Asociación Democracia Real Ya
(DRY) se querelló en el Supremo contra 63 diputados por cobrar dietas pese a vivir en Madrid. En la querella se acusaba a los parlamentarios –se incluía a Rajoy por cobrar esta indemnización pese a vivir en Moncloa, de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal, que establece que la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, "incurrirá en la pena
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de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". DRY también consideraba que los diputados estaban incurriendo en un delito de "apropiación indebida". Al igual que ocurrió con el intento de UPyD, esta iniciativa no tuvo recorrido. En un auto con
fecha del 28 de febrero de 2013 fue desestimada. El juez estimó que los hechos denunciados no eran constitutivos de "ilícito penal". "Resulta perfectamente factible que un diputado, dado el régimen abierto de asignación de gastos que se le aplica, tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida en precario y no la use en sus estancias en esta capital", señalaba. "También puede darse una situación a la inversa, que tenga vivienda en Madrid y desempeñe la función de diputado en otra circunscripción en la que acabe invirtiendo el dinero de la indemnización para sus estancias allí", añadía el magistrado Alberto Jorge Barreiro. A este argumento recurren muchos de los afectados por esta situación. FIN DE LA NOTICIA. LA AUTORA
Ningún argumento será suficiente, en la situación de pobreza y miseria del país, con millones de personas en una situación calamitosa, para que sus señorías no prediquen con el ejemplo. Esta es una prueba más de los privilegios de personas que viven de espaldas a los intereses de la ciudadanía, que han hecho de la política su profesión y que se mueven por el poder y el dinero y no por valores que no conocen ni practican. Cuando cambien el régimen retributivo podrán empezar el camino para ser dignos del pueblo al que deben representar. Una… ¿democracia? con leyes al servicio de su clase política
Publicado: 29.11.2016 17:30 |Actualizado: 29.11.2016 18:04
Desahuciada una familia con dos hijos de 10 y 3 años en Parla La PAH denuncia en el mismo edificio del que ha sido desalojada la familia existen seis viviendas vacías
Un activista antidesahucios abandona entre agentes de la policía el domicilio de Jose Antonio Rojas Marcos y Jessica
Guabala de la Cruz, en Parla. REUTERS/Andrea Comas
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EUROPA PRESS
PARLA (Madrid).- Una familia con dos hijos menores de edad, de 10 y 3 años, ha sido desahuciada
este martes de su vivienda en Parla ante una fuerte presencia policial y cerca de un centenar de
activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que se han movilizado para intentar
paralizar el desalojo, aunque finalmente el lanzamiento se ha llevado a cabo.
Según la PAH, Yesica y su pareja Toño afrontaron un proceso de desahucio hace dos años, pero
consiguieron saldar una deuda de 3.000 euros y paralizar el proceso, a pesar de lo cual su situación
económica ha vuelto a empeorar y ahora, con una deuda de 2.000 euros, la empresa propietaria del
edificio de viviendas, Lazora, ha decidido ejecutar al primer intento el desalojo en su piso de la
avenida de los Planetas, 25.
Jose Antonio Rojas Marcos y y su esposa Jessica Guabala de la Cruz,
tras haber sido desahuciados de su vivienda en la localidad madrileña de
Parla. REUTERS/Andrea Comas
Desde la Plataforma critican que se haya producido el
desahucio a pesar de que la comisión judicial había pedido
tres días de margen para poder retirar sus enseres y evitar
que los niños volviesen del colegio y no pudieran entrar en
su casa, al tiempo que han señalado que en el mismo edificio
del que ha sido desalojada la familia existen seis viviendas
vacías.
Finalmente el desalojo se ha llevado a cabo con la presencia
de al menos una decena de agentes de Policía Nacional, si
bien no se han producido altercados de relevancia con los manifestantes, que han intentado ponerse
en contacto con el alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás, para obtener una respuesta por parte de
Servicios Sociales.
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Jessica Guabala de la Cruz recibe el
consuelo de una vecina tras ser
desahuciada con su marido y sus
dos hijos de su vivienda en Parla.
REUTERS/Andrea Comas
Sin embargo fuentes
municipales señalan que en
Alcaldía no hay ninguna
notificación de petición de
reunión, pero que en cualquier caso conocen el caso de la familia y van a ponerse en contacto con
ella para ofrecerles una alternativa habitacional urgente a través de Servicios Sociales, bien desde la
Comunidad de Madrid o bien, si no fuera posible, sufragando algunas noches de hotel para evitar
que los menores se queden en la calle. Decenas de familias sin recursos son abandonadas por una ley hipotecaria criminal, de rapiña de la gran banca, hecha a su medida por los partidos políticos PP y PSOE y no combatida suficientemente por todos los demás. Ancianos, padres, madres en paro, hijos pequeños, personas enfermas, son robadas por una ley tan injusta como la que han hecho sus señorías para blindar sus salarios. El OCC puede decir estas cosas
porque no pedimos ni aceptamos subvenciones de nadie ni tenemos como referente a ningún partido político. La gente decente que abona sus cuotas y que comparten nuestro objetivo de denunciar cualquier práctica corrupta de cualquier político o partido político. Volvemos con el CxP de diciembre para seguir alzando la voz contra la corrupción y los corruptos.
JUNTA DIRECTIVA DEL OCC
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