Carta Iberoamerica

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UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICE RECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO INTEGRANTE Peña Erika C.I: 20.670.930 Catedra: Informática Jurídica Prof.: Juan Capote CARTA DE IBEROAME RICA

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UNIVERSIDAD FERMIN TORO

VICE RECTORADO ACADEMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

ESCUELA DE DERECHO

INTEGRANTE

Peña Erika C.I: 20.670.930

Catedra: Informática Jurídica

Prof.: Juan Capote

Saia: C

Barquisimeto, 24 de Marzo del 2015

CARTA DE IBEROAMERICA

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En principios desarrollare las consideraciones

esenciales tomada para la creación de la carta de

Iberoamérica, y esta aborda el significado y alcance que

hoy tiene para todos los países el empleo por los

Gobiernos y Administraciones Públicas de las TIC, la

presente Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico

contiene un conjunto de conceptos, valores y

orientaciones de utilidad para su diseño, implementación,

desarrollo y consolidación como herramienta coadyuvante

para la mejora de la gestión pública iberoamericana. La

Carta resalta que el enfoque en la que se tiene que

emprender el empleo de las TIC en la gestión pública es

la del ciudadano y sus derechos. A su vez define

ciudadano, como cualquier persona sea natural o jurídica

que tenga que vincularse con la Administración Pública,

se encuentre dentro del territorio o posea el derecho a

hacerlo aunque esté fuera de dicho país. Sin duda alguna

esta carta reconoce el derecho a los ciudadanos para

acceder más fácil a la administración pública y de esta

manera la posibilidad de: 1- Conocer lo que están

desarrollando tales Administraciones; 2- Hace que sean

más transparentes y más controlables; 3- Elimina las

barreras de espacio y tiempo, entre los ciudadanos y sus

Administraciones; 4- Promueve la inclusión y la igualdad

de oportunidades a todos los ciudadanos para que puedan

acceder; 5- Participar activamente a través de opiniones

y sugerencias, y en general en el seguimiento de toma de

decisiones. Busca además no sólo de facilitar al

ciudadano enlazarse con la Administración pública, sino

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también de aprovechar, para impulsar el desarrollo de la

sociedad de la información y del conocimiento. Así, es

como establece también la existencia de dos objetivos

inseparables en el proceso de reconocimiento del Derecho

de acceso electrónico a la Administración Pública: 1. Un

objetivo final y directo: que es reconocer un derecho a

los ciudadanos donde se facilite su participación en la

gestión pública y sus relaciones con las Administración

Pública y que además contribuya a hacer ésta más

transparente y respetuosas con el principio de igualdad.

Y 2. Un objetivo estratégico e indirecto: donde se

promueva la construcción de una sociedad de información y

conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y

orientada al desarrollo. Por otra parte desarrolla, esta

carta o afirma que las TIC a través del uso público, la

sociedad de la información y el conocimiento, impulsara

de una manera decisiva el desarrollo y reconocimiento

cultural y lingüístico. Es importante mencionar también

que se hace énfasis en el esfuerzo realizado por los

gobiernos en cuanto al desarrollo de Gobierno Electrónico

y que este conlleva el deber de involucrarse en el

debate global sobre la gobernanza de Internet. Por ende

la participación en los foros y reuniones sobre

gobernanza de Internet es clave. Los signatarios de la

Carta deberán realizar los esfuerzos necesarios para

garantizar que los principios democráticos de esta carta

se traduzcan en acciones concretas, dirigidas a que en el

desarrollo de Internet se respeten los derechos de

participación de todos los actores involucrados en el

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tema (Gobiernos, Sociedad Civil, organismos

multilaterales y agentes económicos) en las decisiones

sobre las políticas públicas que se relacionen con el uso

de la red. Anudado a lo expuesto esta, solicita los

Estados participantes en la construcción de la sociedad

de la información y conocimiento, que se evite tomar

medidas y decisiones de forma unilateral de maneras

contrarias al Derecho Internacional. Es importante

destacar que se reconoce el rol que le corresponde a los

Estados en dicha materia, para así garantizar a toda la

población en general la continuidad de los servicios

electrónicos y fortalecer la democracia.