Bogotá D.C., 4 de marzo de 2010

SeñorAlejandro SantosDirector Revista SemanaCiudad

Respetado Señor Director,

Reciba un respetuoso saludo en nombre del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA).

Mediante esta comunicación, quiero referirme al artículo publicado en la portal web Semana.com, el pasado 15 de febrero, titulado “Con valor, campesinos de Samaniego le hacen frente a la guerra”, escrito por Juan Esteban Mejía. Al respecto, me parece importante aclarar lo siguiente:

1. Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la situación de afectación por minas antipersonal implica una respuesta integral que debe incluir varias frentes: el desminado humanitario, la educación en el riesgo de minas, la incorporación y discusión de la temática con las autoridades locales, la adecuada y oportuna asistencia a las víctimas de estos artefactos, y el fomento de proyectos productivos que apoyen el restablecimiento de las condiciones de desarrollo afectadas por la presencia o sospecha de existencia de minas antipersonal. La implementación de muchos de estos esfuerzos, particularmente los que se relacionan con las actividades de desminado humanitario, se ve limitada por las condiciones de seguridad derivadas de la presencia de grupos armados ilegales.

Es desde esta perspectiva desde donde se explica que la estrategia de desminado humanitario se haya vinculado directamente a la ejecución de la Estrategia de Consolidación del Control Territorial de la Política de Seguridad Democrática. Sólo con condiciones de seguridad apropiadas es posible adelantar adecuadamente el conjunto de procesos y procedimientos que implica la detección y destrucción de los artefactos sembrados por los grupos ilegales.

En el caso de Samaniego (Nariño) el Gobierno nacional ha mantenido esta lógica de intervención. Así, las labores de desminado humanitario se han adelantado en las veredas y corregimientos del municipio donde están dadas las condiciones para el ejercicio de estas actividades.

La justificación de este proceder no es caprichoso. Los protocolos internacionales que rigen la implementación de estos procesos implican la realización de estudios técnicos para la delimitación de las zonas afectadas, así como el desplazamiento de equipos mecánicos y personal desarmado para la ejecución de las intervenciones.

2. En el artículo, el periodista menciona que “se invirtieron dos mil 757 millones de pesos con la idea de limpiar el suelo de explosivos entre abril y diciembre de

ese año” (2008). Sin embargo, esta afirmación no coincide con la distribución del presupuesto que se detalla en el link anexo (conozca cómo se invirtió esa plata), donde se específica que, para la línea de desminado humanitario, la inversión fue de $1.434 millones. Estos recursos se destinaron a la creación, dotación y capacitación de un pelotón de desminado humanitario, así como al barrido de 14.850 metros cuadrados en la Vereda Alto las Cochas.

Adicionalmente, me parece importante destacar que, con la ejecución de esta intervención, se adelantaron actividades de prevención en ocho centros de coordinación: El Decio, las Cochas, Chuguldí, Chupinagán, Alto Pacual, el Morro, Alto Canadá y la Planada, además de realizar actividades para garantizar el acceso a derechos y a las ayudas humanitarias previstas por la Ley con ocasión de estos eventos, en las cuales participaron 45 víctimas de minas antipersonal, a las cuales se les entregó prótesis auditivas, con seguimiento y adaptación. Igualmente, se ha promovido la recuperación de la infraestructura del municipio, para lo que se intervinieron 37 kilómetros de vía que unen al Decio con la cabecera municipal de Samaniego, y se adecuó y reparó la escuela rural mixta de San Lorenzo en ese municipio.

Igualmente, con estos recursos, se apoyó la capacitación de médicos y enfermeros que atienden distintos tipos de emergencias médicas, así como la entrega de botiquines comunitarios en los centros intervenidos. También, se apoyó el fortalecimiento del Comité Departamental de Acción Integral contra Minas Antipersonal del departamento de Nariño, como un espacio de apropiación de la política en materia, por parte de las autoridades locales y las organizaciones que trabajan la problemática en la zona.

3. El artículo se refiere a que “(…) el saldo de la operación contra las minas arrojó como resultado el retiro de siete artefactos”. Al respecto, es importante tener en cuenta que, por cuanto los grupos ilegales no reportan las áreas en las que siembran estos artefactos, los procesos de desminado implican el barrido de extensas áreas para la detección y posterior destrucción de todos los artefactos presentes. En cualquier caso, la presencia de una sola mina antipersonal es un factor de miedo e intimidación que vulnera derechos fundamentales como la libertad de movilidad.

La destrucción de estas siete minas supone la liberación de las veredas Alto Cartagena, Alto las Cochas y Chuguldi, veredas cercanas al casco urbano, donde la comunidad ha manifestado que no tiene evidencia de la presencia de más minas antipersonal y donde no se ha registrado la presencia de actores armados ilegales en los últimos meses.

  Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADOANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA

Director