Cesar, valledupar

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Paz y Derechos Humanos Carrera 6 No, 35 - 49 Bogota, Colombia PBX (571) 2 88 89 82/ 285 56 49 [email protected] Valledupar, Cesar Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir Junio de 2013

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Sistematización de las experiencias recolectadas en la semana de reflexión de la Redprodepaz. En el tema de Derechos Humanos

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Paz y Derechos Humanos

Carrera 6 No, 35 - 49Bogota, Colombia

PBX (571) 2 88 89 82/ 285 56 [email protected]

Valledupar, CesarAsamblea Campesina del Cesar por la Restitución de

Tierras y el Buen Vivir

Junio de 2013

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Ubicación Espacio-tempral

El fenómeno del despojo de tierras y terri-

torios en el Cesar es de grandes propor-

ciones y su dimensión real aún está lejos

de ser establecida a pesar de la existencia

de algunas cifras indicativas.

En el contexto de la región Caribe, el Cesar

ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas

despojadas, con 172 131, y el segundo lu-

gar, después de Bolívar, respecto al núme-

ro formal de solicitudes de restitución, con

2 726. A nivel nacional, el Cesar ocupa el

segundo lugar en lo referente a hectáreas

despojadas, después de Antioquia que tie-

ne 233 785, y el tercer lugar en lo que atañe

al número formal de solicitudes, después

de Antioquia, que tiene 5 112 y Bolívar, con

3 250.

1. http://www.pdpcesar.org - Carrera 7ma No 13B – 72 Barrio Cañahuate, Valledupar – Cesar, (5) 711364. [email protected]

2. Según datos aportados el 4 de febrero de 2013 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

En definitiva, el despojo de tierras y terri-

torios en el Cesar terminó siendo funcio-

nal a un modelo de desarrollo extractivista,

agroindustrial y de ganadería extensiva que,

a la postre, terminó imponiéndose en el país

en detrimento de la economía campesina,

poniendo en riesgo la soberanía y la segu-

ridad alimentaria. Algunas de estas tierras

despojadas corresponden a los predios de

Bellacruz (ubicados en La Gloria, Pelaya y

Tamalameque), El Prado y Mechoacán (co-

rregimiento de Boquerón en La Jagua de Ibi-

rico), El Toco (corregimiento de Los Brasiles

en San Diego), Santafé y Manantiales (co-

rregimiento de Estados Unidos en Becerril),

La Concordia (corregimiento de Llerasca en

Agustín Codazzi), San Miguel y Entre Ríos

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Con la aprobación de la ley 1448 de 2011, cuyo énfasis reglamentado en el decreto ley 4829

del mismo año recae sobre la restitución de las tierras despojadas en el país, se abrió una

gran expectativa para los líderes y lideresas reclamantes de tierras en el departamento del

Cesar. Estos advirtieron una oportunidad sin precedentes en la devolución de sus predios.

Sin embargo, las realidades territoriales parecen demostrar que este proceso supera el pro-

cedimiento administrativo y judicial señalado allí, pues no es posible ignorar la presencia

de grupos armados ilegales (GAI), especializados hoy con el nombre de Ejército Anti Res-

titución (GAR). Los GAR son resultado de la confluencia de poderes locales, cuyo común

denominador es la oposición a la restitución y a la defensa de un statu quo, generador de

una atmósfera de intimidación a través del incremento, desde el 2012, de amenazas, aten-

(El Copey), El Limón (corregimiento de La Mesa-Azúcarbuena), Buenavista (vereda Mar-

quetalia, del corregimiento de Villa Germania, en Valledupar), La Libertad (corregimiento de

La Mata en La Gloria) y Villa Oliva (San Martín). Cada caso ha sido liderado por campesinos

y campesinas, quienes organizados de cara a los procesos de reclamación llevan 25 años

demandando, cada uno por separado, la restitución de sus tierras ante el Estado colombia-

no. Por su parte, el Estado todavía no ha dado respuestas que supongan el cumplimiento

de los derechos de las víctimas, de las organizaciones y de las comunidades, pese a sen-

tencias que así lo establecen.

3. Para el Caso de los predios del Prado (La Jagua de Ibirico) y la Hacienda Bella Cruz (Tamalameque, Pelaya y La Gloria) existen sentencias por justicia ordinaria, mientras que para los Predios del Toco (San Diego) se profirió sentencia a través del Juez Agrario de Restitución de Tierras previstos por la ley 1448 de 2011.

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tados y hostigamiento a los líderes y lideresas de las víctimas reclamantes, a periodistas

y a defensores de DDHH. Esto se debe a intereses económicos y políticos. La situación

limita severamente el trabajo en pro de los derechos de las víctimas de despojo y aleja las

posibilidades de una restitución efectiva.

A la problemática de los GAI se suma una débil y lenta infraestructura institucional, en la que

poco confían las víctimas debido a que, para algunos, existe connivencia con los despoja-

dores. Además, se considera que la institucionalidad se ha erigido para materializar la resti-

tución de las tierras y territorios, y por ello se muestra incapaz de enfrentar estructuralmente

los problemas agrarios que están en la raíz del despojo de tierras y territorios. Entre estos

problemas destacan las amenazas, cuyas respuestas, además de tardías, han sido pensa-

das para personas con un estatus y un nivel socioeconómico alto y para ámbitos urbanos.

Pese a esto, los líderes y lideresas reclamantes se han mantenido en sus procesos y cada

caso, a través de los años, ha venido consolidando una experiencia y unas capacidades

dispersas, estigmatizadas como insurgentes y poco documentadas.

Los riesgos que en el Cesar se cernían sobre los reclamantes de restitución de tierras y

territorios, en especial sobre los líderes y lideresas, son de tal magnitud que para hacerles

frente, la Oficina de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA), el PDP Cesar y el

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, identificaron la necesidad

de configurar un espacio de encuentro, articulación, unidad e intercambio para el aprendi-

zaje. Este espacio tenía el objetivo de contribuir a dejar atrás la dispersión y atomización,

tanto de los procesos de restitución de tierras como de las organizaciones agrarias y cam-

pesinas que los impulsan, ya que en este escenario se encontraban mucho más vulnerables.

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El 19 de febrero de 2013, en un contexto marcado por el preocupante incremento de las

amenazas y las agresiones contra reclamantes de restitución de tierras, se organizó en Va-

lledupar la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, en la

que convergen buena parte de los procesos colectivos de restitución de tierras y territorios

del departamento. A la asamblea se sumaron como aliados, en un rol de acompañamiento y

fortalecimiento, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundemocracia y el Grupo de

Memoria Histórica del Cesar.

El propósito principal de la asamblea fue identificar y caracterizar los límites y las posibili-

dades de la restitución de tierras en contextos mineros, agroindustriales y de frontera. Para

ello, se concluyó:

• Elaborar y presentar periódicamente informes sobre los riesgos de violación de derechos

humanos de las víctimas reclamantes de tierras en el departamento del Cesar.

• Posibilitar y coadyuvar a una reflexión, por una parte para la identificación de escenarios

de riesgo por conflicto armado en que actualmente se encuentra el territorio, y por otra

parte para permitir el diseño de estrategias y mecanismos de prevención, protección y

autoprotección de las víctimas.

• Permitir el diseño de una hoja de ruta para la participación y la incidencia política en el

Gobierno.

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Muchos han sido los aprendizajes en el desarrollo de esta experiencia, sin embargo, en aras

de priorizar los más representativos, se mencionan a continuación:

• La alianza de instituciones, conformada por agencias de cooperación internacional, el

Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil, es una plataforma que genera

confianza con los reclamantes y que permite el seguimiento y la convocatoria institu-

cional, generando condiciones que dimensionan y blindan el proceso de restitución.

Adicionalmente, la alianza permite el diseño de estrategias que fortalecen la Asamblea

Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir.

• La Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir se posi-

ciona como un mecanismo para el encuentro, el diálogo y el intercambio de experiencias

entre líderes y lideresas reclamantes de tierras de los casos emblemáticos. Esto ha per-

mitido iniciar: la caracterización del despojo y los mapas de riesgo; la elaboración de in-

sumos para el diseño y puesta en marcha de rutas para la autoprotección; la generación

de espacios de concertación con las entidades concernidas y con algunos organismos

de cooperación internacional.

• Aún es débil la capacidad para convocar a la participación y se mantienen las asimetrías

en la relación entre las instituciones y las víctimas. En el protocolo de participación no

es claro el espacio para los líderes y lideresas reclamantes de restitución de tierras en

el país.

• Se elaboraron y presentaron tres informes sobre los despojos de tierras y los procesos

de restitución en el Cesar, como herramienta para el diálogo y la incidencia política. Se

proyectaron como línea de reconstrucción de memoria histórica.