Colombia 2013 caso palacio de justicia

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COLOMBIA 2013 A 27 AÑOS DEL HOLOCAUSTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA

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COLOMBIA 2013

A 27 AÑOS DEL HOLOCAUSTO EN EL PALACIO

DE JUSTICIA

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Tal como lo expresa Felipe Zuleta Lleras en su columna“Defensa en calzoncillos” del 24 de febrero, publicada en ElEspectador, “vergonzosa resultó la contestación de lademanda ante la Corte Interamericana de DerechosHumanos (Agencia para la Defensa del Estado) por el casode los desaparecidos del Palacio de Justicia.

En relación con el caso de los desaparecidos en el Palacio deJusticia la Agencia para la Defensa del Estado contratoinicialmente a Jorge Ibañez para que trazara la defensa delEstado Colombiano, este aceptó que en la retoma sí hubodesaparecidos y tuvo en cuenta las 45 condenas proferidasen contra del Estado en las diferentes instanciasadministrativas.

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El abogado Ibañez renuncia al caso, porque elcomandante del Ejército le hizo saber que supresencia no era vista con buenos ojos por losmilitares.

A tan sólo tres días para vencerse los términos,la Agencia contrata al abogado Rafael NietoLoaiza, para que conteste la demanda.

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Como dato curioso en relación con esteabogado: obtuvo la tarjeta de abogado el 25de Junio de 2012 según el Registro Nacionalde Abogados del Consejo Superior de laJudicatura y ese mismo día firmó el contratomillonario con la Agencia Nacional de DefensaJurídica de la Nación ante del caso de lamasacre de Santo Domingo y en Noviembredel 2012 firmó otros dos contratos por casi$820 millones, uno por el proceso de

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los desaparecidos del Palacio de Justicia y otro por elcaso de la Operación Génesis.

En el caso de los desparecidos del Palacio de Justiciacontesta la demanda arguyendo que al revisar más de300 pruebas evidencia que en el Palacio de Justicia nohubo desaparecidos, contradiciendo lo que ha dicho lacomisión de la verdad y los jueces de la República.

En tal sentido Zuleta Lleras expresa que el Estado nopuede cambiar sus defensas como quien cambia decalzoncillos, pues las consecuencias serán deplorablespara la nación.

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En ese mismo sentido y transcribiendo lasdeclaraciones de la exfiscal que desempolvó lasinvestigaciones por los desaparecidos del Palaciode Justicia ( Noviembre de 1985) , Angela MaríaBuitrago, se declaró consternada por el veto queimpusieron los militares al abogado Jorge Ibáñezpara representar al Estado ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos (CIDH),según ella, la Justicia en Colombia “la tachan, latildan y ultrajan y no pasa nada” mientras sedesconocen fallos y se eluden responsabilidades.

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“En Colombia el Estado hace lo que el Ejércitoquiere”, así lo demuestra la presión queejercieron para retirarla como fiscal del caso y elveto al abogado Ibáñez a pesar de que dosministros ( Interior y Defensa ) y una altafuncionaria lo eligieron como agente del Estadoante la CIDH.

Según la exfiscal Buitrago los militares no estánde acuerdo con que el Estado admitieraresponsabilidades.

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Reconocer errores hace parte de la reconciliación, de lagarantía de protección de derechos, de la noimpunidad.Igualmente la exfiscal asegura que los argumentoscentrales que se tomaron para la defensa del Estadoante la CIDH son los mismos que se plantearon yfueron rechazados por distintos jueces de la República,es decir los alegatos o postura de defensa del coronel(r) Plazas Vega para negar la existencia de losdesparecidos: que murieron calcinados en el cuartopiso; que Gamez es un mentiroso; que los videos sonborrosos como para hacer identificaciones; que loslevantamientos de los cadáveres fueron desordenados

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y eso le resta credibilidad a las necropsias parautilizarlas como pruebas. En términosgenerales, las líneas de defensa del Estado sonlas mismas líneas de defensa de los militares.

La jueza María Stella Jara que condenó a PlazasVega y los demás funcionarios judiciales quehan tenido el caso han llegado a la mismaconclusión: hubo desaparecidos.

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Aún en la absolución del general (r) Iván Ramírez,la jueza 51 dejó claro que hay 11 desaparecidos.

En su momento el expresidente Uribe salió adefender a Plazas Vega, el ministro Silva tambiénsalió a defenderlo, inclusive el doctor Santos ytodo el estamento detrás suyo salieron arespaldar la posición de que los jueces haríanparte de un Estado delincuente.

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En la decisión de segunda instancia por parte delTribunal de Bogotá contra el coronel Plazas Vega,que confirmó su condena, se deja claro que haydos desaparecidos plenamente demostrados y sele pidió a la Fiscalía que se practiquen pruebassobre los otros nueve. Lo dijo también el Consejode Estado en 1997: “Irma Franco fuedesaparecida en manos de agentes del Estado”.Una sola desaparición es suficiente para hablarde que hubo desaparecidos allí.

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Es llamativo cómo el Estado, que secompromete con una serie deresponsabilidades de derechos humanos anivel internacional, es el mismo que impideque la justicia respalde sus sentencias ydesconoce la validez de las mismas.