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¿Cómo se fortalecen la democracia y rendición de cuentas?

Educándonos en la responsabilización y participación cívicas.

En México, la democracia representativa está regida por una serie de principios

de gobierno que han sido adecuados desde antiguos modelos del gobierno

liberal, republicano y democrático (Guillermo O’Donnell, 1998) y cuyos pilares

subyacen en la rectoría del estado de derecho y la soberanía popular –

interpretada como autogobierno de los ciudadanos– y entendida como una

compleja relación contractual que implica certeras responsabilidades, en donde

la máxima publicidad de los actos del gobierno –antítesis del secreto de

Estado– la distinguen del autoritarismo.

La solidez de la democracia, explicada como el conjunto de reglas procesales

para la toma de decisiones colectivas [que propicia] la más amplia participación

posible de los interesados (Bobbio, 1984:53), encuentra ciertos indicadores en

la interacción armónica del autogobierno con los derechos fundamentales y el

ejercicio de libertades que resguarda el estado de derecho y que permite la

participación de los ciudadanos en la configuración de los actos de gobierno

(Baños, 2006). Puesto que la participación cívica es sustantiva a la democracia

representativa y un indicador de su solidez, en ello coinciden diversos autores

clásicos y contemporáneos como J. J. Rosseau James Madison, John S. Mill,

Robert Dahl, Benjamin Baber, David Held y John Dryzak señala la doctora Pipa

Norris (2002:311).

En este sentido, la institucionalización de la accountability –traducida al español

como rendición de cuentas (RDC)– 1 entendida como “la obligación del poder de

sujetar sus actos al escrutinio público” (Andreas Schedler 2000:16-18), es un

importante sostén en la consecución del estado democrático responsivo con los

ciudadanos; por ello resulta imprescindible descifrar su mecánica y con ello

valorar las lógicas de las diversas interacciones -formales o informales- de la

participación ciudadana que constituyen la RDC puesto que su relación expresa

la democratización y los rasgos de la cultura política del régimen, entre otros

elementos; y en virtud de que la intervención cívica debe de entenderse como

1 Andreas Schedler (2000:15) apunta que la traslación en español de “rendición de cuentas no

recoge a plenitud el concepto de accountability”.

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un proceso complejo de exigibilidad del vínculo de la representación política y

de verificación de la responsabilidad, razonada como “la posibilidad de prever

los efectos del propio comportamiento y [corregirlo] con base en tal previsión”,

ya que concepto de “responsabilidad política se basa en la noción de elección

que es consustancial al concepto de la libertad limitada” (Fornero, 2004:922-

923).

Por lo tanto, un régimen democrático se interpreta como el ejercicio de la

soberanía popular dotada del conjunto de derechos que configuran la

ciudadanía,2 a través de las instituciones garantes del acceso a la

configuración del poder público. En ello está implícita la dotación de

capacidades y facultades a los ciudadanos para ejercer y exigir la

representación política responsable a través de la adecuación de

procedimientos que lo fomenten y permitan. Ello consiente un sano equilibrio

del sistema político debido a la continua inversión del poder, acotado por

derechos de las minorías y configurado por la soberanía popular.

Al respecto, existe una tensión entre gobernar y representar, con lo cual surge

un dilema. En este sentido, la intervención de los ciudadanos en los procesos

de toma de decisiones mejora el desempeño de los procesos políticos, la

transparencia y rendición de cuentas de la función pública; y fomenta a la vez

las prácticas democráticas en el desarrollo institucional. Ello en virtud de que la

acción cívica funge como un motor democrático y mejora la funcionalidad de la

gestión pública en la toma de decisiones al fomentar la transparencia y la

permanente vigilancia de los actos y de las decisiones de los servidores

públicos, acordes al interés público.

Ante este razonamiento surgen varias cuestiones respecto al tipo de relación

que guardan la acción social y la función pública debido a la complejidad de las

interacciones entre ciudadanos y entes públicos que surgen durante los

procesos de toma de decisiones relevantes. Al respecto se debe de señalar

que la participación de los ciudadanos debe coexistir con el ejercicio de la

función pública bajo un entorno de mutua cooperación y responsabilidad, esto

2 En este tenor, la ciudadanía está integrada por un conjunto de derechos, que garantizan la

racionalidad de la democracia; políticos, civiles y sociales, según la clasificación de Marshall.

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es, de corresponsabilización del ejercicio de gobierno, representar para

gobernar. En este sentido, la acción estratégica de los ciudadanos y sus

colectivos –sean estos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad

civil, asociaciones, prensa y demás grupos sociales– permiten crear

condiciones de exigibilidad para la transparencia en la toma de decisiones y la

función pública responsable con el interés general.

Este proceso contemporáneo de exigibilidad de transparencia y rendición de

cuentas tiene su fundamento histórico en la enérgica participación de los

ciudadanos, muy significativo en el Distrito Federal y cobijado con el marco

legal de la vanguardia de nuestra legislación. Dicha participación cívica se ha

vinculado a lo largo de la historia reciente para impulsar los procesos de

democratización y que actualmente ha sido coronada con la jerarquización

constitucional de los derechos; entre ellos el de la información –artículo 6º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de

Transparencia y Accesos a la información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Este proceso social e histórico, hoy ocurre a través de las diversas dinámicas y

sinergias entre los colectivos de la sociedad civil. A través de la demanda y

retroalimentación de los insumos para la información útil al escrutinio público; el

refuerzo de los mecanismos de sanción intragubernamental y cívica; la

producción social de entornos adecuados para la accesibilidad a dicha

información; y la deliberatividad de los tópicos relevantes de la toma de

decisiones.

En esta complejidad, emergen una gama de problemas que es vital identificar

si deseamos ampliar las fronteras de las políticas de transparencia y acceso a

la información pública. Esto, para localizar los obstáculos a esta labor

democratizadora y ubicar las guaridas en donde cobran una cuota abusiva las

facultades discrecionales. En ello, está “en juego” 3 la capacidad de regulación

mutua entre sociedad y gobierno; la cual está determinada por la publicidad de

los actos de Estado y su margen de acción discrecional. En otras palabras, la

lógica de la rendición de cuentas democrática; cuya perspectiva sistémica,

3 Siguiendo la definición de “enjeu” de Touraine (2006), sobre la relación conflictual entre el

movimiento social y su adversario en el poder institucional, que define la historicidad de la sociedad.

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tiene un marcado carácter cívico-político, al contenerse dentro de un sistema

político que tiene que integrar proactivamente la sinergia de los ciudadanos en

la conformación conjunta de incentivos formales e informales para la

asignación de responsabilidad con transparencia. La rendición de cuentas

democrática más que un instrumento es una lógica de organización de un

sistema político que busca la consolidación de las instituciones democráticas a

través de la ampliación participativa del demos en la integración de las mismas.

En este sentido, la rendición de cuentas en democracia, se distingue de otros

ejercicios de regulación y sanción practicados fuera de las democracias

liberales.

Por ello, es vital la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones

transcendentales que afectarán las condiciones de ejercicio de otros derechos

de ciudadanía. En consecuencia, la producción social de ciudadanía requiere

del continuo fortalecimiento de los derechos fundamentales de libertad de

expresión, asociación, e información; los derechos políticos de participación en

la toma de decisiones y de autogobierno.

Nosotros mismos en el Distrito Federal hemos sido testigos y partícipes de

estos procesos de responsabilización y participación cívicas durante la

coyuntura de la reforma petrolera o energética de 2008 en México. Al respecto

podemos destacar que en el proceso de reforma petrolera de 2008, los

ciudadanos responsabilizamos enérgicamente al gobierno federal y a los

funcionarios públicos para ceñirlos a la representación responsable del interés

público. Acción que fue ampliamente respaldada por los procesos consultivos

organizados en el gobierno capitalino. Al respecto, encontramos que la

Consulta Sobre la Reforma Energética fue un factor político significativo

durante la coyuntura en torno al proceso de legislación de la reforma petrolera

de 2008. Puesto que en este proceso, el inusual refrendo cívico articuló

sinergias y mecanismos cívicos de vigilancia y sanción desde la enérgica

acción popular. Tal refrendación cívica, enfrentó con éxito el ejercicio opaco y

discrecional con el que se conducía inicialmente la legislación de la reforma.

La reforma petrolera de 2008 generó una coyuntura política de gran calado que

a pesar de los conflictos alrededor de la misma, significó una oportunidad sin

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igual para la implementación, optimización y diseño de dispositivos

democráticos de evaluación y sanción de la toma de decisiones. A

continuación, remarcamos algunos elementos vitales:

• Se reconfiguran la producción y el provecho de la información, la

opinión pública autónoma y los entornos de exigibilidad de

responsabilidad política.

• Se legitima la actuación de los órganos de transparencia,

fiscalización y rendición de cuentas, al establecerse sinergias entre la

fiscalización superior y la demanda ciudadana de la responsabilización

pública y política.

• Se reconfiguran los balances y contrapesos políticos que

condicionan el desarrollo de la legislación sobre la reforma.

• Se impacta en la deliberación del Poder Legislativo.

En este sentido nuestra propuesta de diseño institucional debe incorporar estos

ejes:

• Fortalecer de manera proporcional los incentivos positivos y

negativos para el ejercicio responsable de la función pública.

• Someter al escrutinio ciudadano los procesos relevantes de la

política gubernamental que afectan de sobremanera el interés público.

• Robustecer el vínculo cívico-legislativo en las labores de

vigilancia, evaluación y sanción de dichos procesos.

• Generar un fuerte vínculo entre los entes de fiscalización superior

y los sectores cívicos que ya tienen facultades de “contraloría social”.

• Publicitar la importancia de la función socio política de la

responsabilización cívica para el desarrollo democrático.

• Realizar las adecuaciones correspondientes al marco normativo

en los tres niveles de gobierno respecto a los conceptos institucionales

de participación ciudadana, contraloría social, soberanía popular,

transparencia y rendición de cuentas.

• Re-institucionalizar la participación cívica, con la inclusión de

mecanismos vinculatorios, tanto de la pericia de los ciudadanos

expertos, como del capital social expertise inserto en los foros sociales

de consulta.

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En esta lógica, se debe de retomar la sinergia y el diseño normativo derivado

de la reforma petrolera que fue insertado en la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, respecto de la institucionalización de la

participación de la sociedad civil. Esto debe servir de antecedente para dar pie

a la creación de la figura jurídica del ciudadano experto, y del foro social de

consulta, como mecanismos de democracia directa vinculatorios con la toma de

decisiones de los Poderes públicos (Rendón y Manríquez, 2011).

Finalmente subrayamos que la responsabilización cívica, con la consecuente

penetración de la transparencia y el libre acceso a la información pública son

fundamentales –aunque no suficientes– para la desarticulación de la corrupción

de la función pública y el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas

democrática. Es así que la acción cívica permite sustentar un enérgico motor

democrático para reconfigurar los procedimientos de toma de decisiones,

integrando un valioso elemento de transparencia y rendición de cuentas en

democracia.

Compartir esta análisis y dejarlo en este espacio académico tiene el firme

propósito de aportar una propuesta ciudadana que fortalezca a través de los

estudios de ciencia política; el programa de las políticas públicas de

participación ciudadana; de educación cívica y; de la política de rendición de

cuentas que seguramente serán la beta de estudios que muchos de mis

compañeros habrán de explorar con éxito. Muchas gracias.

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