Comunicado de...

Proyecto de Presupuesto Análisis y recomendaciones al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2020

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Créditos

Supervisión

Jonathan Menkos Zeissig — Director ejecutivo, Icefi

Coordinación

Ricardo Castaneda Ancheta ― Economista sénior, Icefi

Redacción y elaboración de insumos

Ricardo Castaneda Ancheta – Economista sénior, Icefi

Abelardo Medina – Economista sénior, Icefi

Michelle Molina – Economista investigadora, Icefi

Hugo Roldán – Economista investigador, Icefi

Administración

Débora Alvarado Franco — Coordinadora de Desarrollo Institucional, Icefi

Portada, diagramación y proceso de publicación

Mónica Juárez Balcárcel — Oficial de comunicación, Icefi

Difusión por medios electrónicos

José Ochoa —Oficial de comunicación, Icefi

© Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)

12 avenida, 14-41, zona 10, Colonia Oakland

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Noviembre de 2019

ISBN: 978-9929-674-78-3

Con el apoyo de:

Este documento ha sido elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). El contenido

del mismo es responsabilidad exclusiva del Icefi y no refleja necesariamente los puntos de vista de las

instituciones

cooperantes antes mencionada. Cualquier parte de este volumen puede reproducirse total o parcialmente sin

permiso expreso de los autores o editores, siempre y cuando se de crédito a la publicación y las copias se

distribuyan

gratuitamente. En Icefi consideramos que el conocimiento siempre está en construcción, por lo que cualquier

comentariou observación es bienvenido en el correo electrónico: [email protected]

La reproducción comercial requiere permiso por escrito previo del Icefi a: [email protected].

Puede descargarse la versión electrónica en www.icefi.org

GT 0X-2019

mailto:[email protected]


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Documentos para el diálogo fiscal

Exponer elementos políticos, económicos y fiscales

medulares para allanar el camino hacia

el diálogo y la búsqueda de acuerdos fiscales.


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Resumen Ejecutivo

Altos niveles de pobreza y desigualdad, baja cobertura de los servicios públicos, crisis

de migración, deterioro de la institucionalidad democrática, así como una economía

vulnerable frente al contexto internacional, son algunos de los elementos que

caracterizan el contexto en el que se realiza la discusión del Proyecto de Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal

2020. Por el lado de los ingresos, se continúa con la mala práctica de subestimar

ingresos tributarios, para luego tener absoluta discrecionalidad al asignar el destino de

gasto público proveniente de los ingresos adicionales que se recauden, dado que estos

no estarán sujetos a asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso. La

búsqueda de la sostenibilidad de las cifras fiscales se hace a costa de la reducción de

asignaciones al gasto social y a la inversión pública. El servicio de la deuda pública es

la mayor partida presupuestaria y pone en evidencia el alto costo de oportunidad de

estos recursos que debieran destinarse a la mejora en el bienestar de la población. La

discusión del presupuesto público es una oportunidad para crear espacios de

participación y mecanismos de fiscalización para que la ciudadanía vea en el

presupuesto, un instrumento legitimo para mejorar sus condiciones de vida, empujar el

crecimiento económico y la construcción de un Estado democrático.

Palabras clave: Honduras, 2020, proyecto de presupuesto, ingresos, gastos,

deuda, déficit.

Abstract

High levels of poverty and inequality, low levels of public service coverage, a migration

crisis, a deterioration of democratic institutions, as well as a vulnerable economy in the

face of the international context, are some of the elements that characterize the

context in which the draft budget 2020 of Honduras is being discussed. In the

revenue’s budget, continues the bad practice of underestimating tax collection to

define discretionally the destination of the additional collected revenues, since these

will not be subject to budget allocations approved by the Congress. The search for

fiscal sustainability is based on reducing social spending and public investment. The

public debt service is the largest budgetary line and demonstrates the high opportunity

cost of these resources that should be used to improve the welfare of the population.

The discussion of the public budget is an opportunity to create spaces for participation

and oversight mechanisms, that allow citizens to recognize the budget as a legitimate

instrument to improve their living conditions, boost economic growth and the

construction of a democratic State.

Key words: Honduras, 2020, draft budget, revenues, expenditure, debt, deficit


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Contenido

Siglas y acrónimos .................................................................................................................... 8

Introducción.............................................................................................................................. 9

1. Contexto económico: una economía vulnerable frente a la deceleración mundial ................ 10

2. Contexto social: un país seguro excepto para los hondureños .............................................. 12

3. Contexto político: una institucionalidad democrática que continúa debilitándose ................ 16

4. Contexto fiscal: unas finanzas públicas condicionadas por los Acuerdos de Stand-by .......... 18

5. Presupuesto de ingresos 2020: continúa la subestimación de los ingresos tributarios .......... 20

6. Presupuesto de gastos 2020: el gasto social y el de capital las variables de ajuste .............. 22

7. El déficit fiscal y la deuda pública: una aparente mejora macrofiscal que puede empeorar el

bienestar de la población hondureña .................................................................................... 27

8. La ausencia de transparencia y participación ciudadana ...................................................... 29

9. Avances insuficientes en la igualdad de género .................................................................... 30

10. Reflexiones finales ................................................................................................................ 33

11. Recomendaciones ................................................................................................................. 36

12. Referencias bibliográficas ..................................................................................................... 38

Gráfica 1. Honduras: Crecimiento del PIB a precios constantes e inflación promedio interanual

(2010-2020) .............................................................................................................. 10

Gráfica 2. Honduras: Remesas e inversión extranjera directa, como porcentaje del PIB (1998-

2019.. ........................................................................................................................ 11

Gráfica 3. Honduras: Índice de Desarrollo Humano, comparado con el promedio

centroamericano y mundial (1990-2017)................................................................... 13

Gráfica 4. Hondura: Niñas, niños y adolescentes no acompañados migrantes, por lugar de

aprehensión (2009-2019) ......................................................................................... 14

Gráfica 5. Honduras:Condiciones de vida de acuerdo a línea de pobreza nacional (2000-2018) 15

Gráfica 6. Honduras: índice de Gini (2001-2018) ....................................................................... 15

Gráfica 7. Honduras: comportamiento de la carga tributaria ejecutada 2012-2019 y proyecto de

presupuesto 2020 ...................................................................................................... 21

Gráfica 8. Honduras: trayectoria del gasto público ejecutado y presupuestado, período 2014-

2020 (presupuesto). Cifras como porcentaje del PIB ................................................ 23

Gráfica 9. Honduras: composición del gasto público, período 2015-2020 (proyecto de

presupuesto). ............................................................................................................ 24

Gráfica 10. Honduras: rubros de gasto, a partir de la clasificación funcional, como porcentajes

del PIB. Montos ejecutados 2017-2018 y presupuestos 2019-2020. ...................... 25

Gráfica 11. Honduras: Variaciones relativas en las asignaciones de gasto público de la

Administración Central por entidad del proyecto de presupuesto 2020 respecto al

presupuesto vigente de 2019, como porcentajes del PIB ....................................... 27


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Gráfica 12. Honduras: Déficit fiscal ejecutado 2015-2018, presupuesto 2019, y proyecto de

presupuesto 2020, con y sin fideicomisos, como porcentaje del PIB. ...................... 28

Gráfica 13. Honduras: composición y trayectoria del saldo de la deuda pública 2012-2019, como

porcentaje del PIB .................................................................................................... 29

Tabla 1. Honduras: comportamiento de las principales variables macroeconómicas

2014-2020……… ........................................................................................................... 11

Tabla 2. Acuerdos Stand-by entre Honduras y el FMI (2008-2019) ............................................. 19

Tabla 3. Honduras: estructura porcentual del presupuesto total ejecutado 2014-2018,

presupuesto vigente 2019, y proyecto de presupuesto 2020, asignado por clasificación

funcional del gasto ....................................................................................................... 25

Tabla 4. Honduras: Presupuesto asignado a la atención integral a la mujer, presupuesto

aprobado 2019, y proyecto de presupuesto 2020. ....................................................... 31


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Siglario y acrónimos

BCH Banco Central de Honduras

CBP Aduanas y Protección Fronterizas (siglas en inglés)

CEM-H Centro de Estudios de la Mujer - Honduras

Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Colef Colegio de la Frontera Norte

EPHPM Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (siglas

en inglés)

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (siglas en inglés)

FMI Fondo Monetario Internacional

IBP International Budget Partnership

IDH Índice de Desarrollo Humano

INE Instituto Nacional de Estadísticas

ISR Impuesto sobre la renta

ISV Impuesto sobre ventas

LAPOP Proyecto de Opinión Pública de América Latina de Vanderbilt University (siglas en

inglés)

LRF Ley de Responsabilidad Fiscal

MACCIH Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras

MMFMP Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo

NNA Niñas, niños y adolescentes

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA Organización de Estados Americanos

OIT Organización Internacional de Trabajo

OPS Organización Panamericana de la Salud

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SBA Acuerdos de Stand-by (siglas en inglés)

SBC Servicio de Crédito Stand-by (siglas en inglés)

Sefín Secretaría de Finanzas de Honduras

Segob Secretaría de Gobernación de México

SPNF Sector Público No Financiero

UFECIC – MP Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público

de Honduras

Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (siglas en inglés)

WFP Programa Mundial de Alimentos (siglas en inglés)

WHO Organización Mundial de la Salud (siglas en inglés)


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Introducción

Esta publicación de la Serie de Documentos para el Diálogo Fiscal está dedicada al

análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de

Honduras para el Ejercicio Fiscal 2020. El documento parte de un análisis breve de los

contextos económico, social, político y fiscal. En estos contextos se señalan los

principales desafíos a los que el presupuesto debería dar respuesta, destacándose los

altos niveles de pobreza y desigualdad, baja cobertura y calidad de los bienes y

servicios públicos, un deterioro creciente de la institucionalidad democrática, así como

una economía que está supeditada a lo que suceda en el concierto internacional.

Posteriormente, se presenta un análisis del proyecto de presupuesto 2020 abarcando

los distintos componentes de la política fiscal: ingresos, gastos, deuda, así como

transparencia y participación ciudadana. Además, se incluye una reflexión sobre el

presupuesto y la construcción de la igualdad de género. Finalmente, el documento

incorpora una serie de reflexiones finales y recomendaciones, para que puedan ser

tomadas en cuenta por los organismos Legislativo y Ejecutivo de cara al proceso de

aprobación y posterior ejecución del presupuesto.

Entre las principales conclusiones a las que llega este análisis es que se continúa con

prácticas opacas como la subestimación de ingresos y el registro inadecuado de las

aplicaciones financieras para fondos y fideicomisos. Se prolonga un ajuste fiscal

caracterizado principalmente por la contención del gasto público. Los gastos totales

considerados en el proyecto de presupuesto para la Administración Central ascienden a

L130,469.5 millones, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda,

pero incluyendo las asignaciones que se reportan como aplicaciones financieras y que

implican trasferencias de recursos a fondos y fideicomisos, equivalentes al 19.7% del

PIB, inferior al 21.5% estimado para 2019. Dentro de los rubros que se recortan,

destacan aquellos asociados al gasto social y a la inversión pública, lo que revela que

el ajuste fiscal está siendo a costa del bienestar de las personas y de la reducción del

crecimiento potencial en el corto y mediano plazo.

Finalmente, se plantea una serie de recomendaciones que pretenden mejorar la

trasparencia de las cuentas fiscales, así como ajustar el presupuesto para maximizar

las posibilidades de que este se convierta en un instrumento que permita garantizar los

derechos de las personas, y cumpla con los compromisos internacionales asumidos por

el Estado hondureño, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la

Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo la Observación General número

19. Se recomienda también la generación de espacios de participación ciudadana en

las diferentes etapas del ciclo presupuestario, para que la ciudadanía sea la que pueda

definir las prioridades del presupuesto; esto permitiría darle más legitimidad al

presupuesto, tomando en cuenta el contexto actual de la sociedad hondureña.


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1. Contexto económico: una economía vulnerable

frente a la deceleración mundial

El contexto económico mundial es convulso, lo cual se puede apreciar con una

desaceleración del ritmo de crecimiento a nivel mundial. Para 2019, las proyecciones

continúan a la baja y se estiman en 3.0% —la más baja desde 2009—, inferior al 3.6%

que registró la económica mundial en 2018 (FMI, 2019). Los principales factores que

explican esta desaceleración son la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la

inestabilidad política generalizada.

En el caso de Honduras, como se observa en la gráfica 1, después de la recuperación

de la crisis financiera internacional, desde 2010 la economía ha experimentado un

crecimiento constante aunque modesto con un promedio de 3.5%. En 2018, se

experimentó un crecimiento de 3.7% debido al consumo privado y el fuerte flujo de

remesas familiares. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2019)

proyecta una desaceleración, por lo que se espera que el crecimiento en 2019 sea de

3.4%, debido principalmente al deterioro términos de intercambio, en especial del

sector agrícola; mientras en 2020 la actividad económica crecerá 3.5%, de acuerdo a

las estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH).

Gráfica 1. Honduras: Crecimiento del PIB a precios constantes (2010-2020)

Fuente: Icefi (2019) con base en datos del FMI (2019)

Por su parte, la inflación en Honduras, en 2017 y 2018 fue de 3.8 y 4.5%,

respectivamente. Conforme el último informe del Índice de Precios al Consumidor

emitido por el Departamento de Gestión de Información Económica del BCH, la

inflación interanual se ubicó en 4.4% a septiembre de 2019, mientras que la

acumulada registró una tasa del 3.1%, comportamiento que se explica por el

incremento de precios del petróleo y del suministro de electricidad (BCH, 2019). Para


11

2020, el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) considera que la inflación

continuará comportándose conforme el rango de política monetaria definido por el

BCH, lo que significa que se espera una tasa de alrededor del 4.0% y una desviación de

un punto.

A nivel externo, la economía hondureña es pequeña, abierta y vulnerable a choques.

Su vulnerabilidad es resultado, primero, de su canasta exportadora poco diversificada y

principalmente enfocada en productos primarios; y, segundo, por la alta dependencia

de la actividad comercial con Estados Unidos. Lo anterior, genera gran susceptibilidad

a los cambios en los precios internacionales de materias primas, así como a las

externalidades de las políticas estadounidenses y sus tensiones comerciales. Aun así,

se estima que para 2020, las exportaciones crecerán 4.8% y las importaciones 5.0%.

Por otro lado, es importante mencionar que en la última década el déficit comercial se

ha financiado con remesas, flujos de ayuda exterior e inversión extranjera directa.

Gráfica 2. Honduras: Remesas e inversión extranjera directa, como porcentaje del PIB (1998-2019)

Fuente: Icefi con base en datos de SECMCA (2019) y del Banco Mundial (2019)

Honduras tiene una alta dependencia de las remesas: casi 1.2 millones de hondureños

que viven en el extranjero de acuerdo a la Dirección de Asuntos consulares de la

Cancillería; alrededor del 76.3% de ellos viven en Estados Unidos y 10.5% en España.

Los flujos de remesas son una de las principales fuentes de ingreso de los hogares

(entre 5 y 6% de los ingresos mensuales, superado únicamente por salarios y

ganancias por cuenta propia) y potencian el crecimiento económico potenciando el

consumo privado. En 2018, las remesas equivalieron al 20.5% del PIB, evidenciando un

crecimiento del 6.9% con respecto a 2017 (España, Oficina de información diplomática,

2019; BCH, 2018; INE 2018). No obstante, los cambios en la política migratoria de

Estados Unidos podrían incrementar el flujo de migrantes retornados, lo que podría

agravar el contexto social y afectar el crecimiento económico.

Finalmente, el MMFMP considera una depreciación del tipo de cambio del 5.0% para

2020, que tendrá un impacto significativo sobre los ingresos derivados de los

impuestos al comercio exterior y sobre los gastos externos del Gobierno. Al 30 de


12

septiembre el tipo de cambio promedio para el año alcanzaba 24.636 lempiras por

USD1.0, lo que resultaba en una depreciación acumulada del 2.35%, por debajo de las

expectativas previstas y que podría implicar una reducción en los ingresos tributarios.

Adicionalmente, el BCH reportó al 31 de agosto de este año, una apreciación del tipo

de cambio efectivo real del 0.4%, que implica una pérdida teórica en la competitividad

de las exportaciones hondureñas y que podría estar afectando el comportamiento de

dicho rubro.

Tabla 1. Honduras: comportamiento de las principales variables macroeconómicas 2014-2020.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 est. 2020 py.

PIB nominal 10.1 11 7.7 9.4 5.6 5.1 9.9

PIB real 3.1 3.8 3.9 4.8 3.7 3.4 3.5

Inflación 5.8 2.4 3.3 4.7 4.2 4.3 4

Importaciones CIF 1.6 1.4 -5.4 8.7 8.4 -2.5 4.4

Exportaciones FOB 4.4 -2.3 -1.3 16.3 -3.4 -7.5 3.3

Tipo de cambio 3.1 4.6 4.1 2.9 1.8 2.4 5

Concepto Historia

Tasa de variación relativa interanual

Fuente: Icefi con base en información oficial; años 2019 y 2020 con base en Programa Monetario 2019 y 2020 y Marco Macrofiscal de Mediano Plazo 2020-2023.

2. Contexto social: un país seguro excepto para los

hondureños

El presupuesto público debe responder a los principales desafíos de la sociedad hondureña. El

contexto social que atraviesa este país centroamericano es poco halagüeño: altos niveles de

pobreza, desigualdad y violencia, lo que, sumado a la baja calidad y cobertura de los servicios

públicos, se traduce en limitados índices de desarrollo humano. Teniendo presente que «el

desarrollo humano comienza por dar un lugar a las personas para que no sean sujetos

dominados por el azar, la necesidad o la voluntad de otros. Pero la libertad no es sólo un asunto

de autonomía individual. También consiste en tener oportunidades accesibles de las cuales

escoger. Por esta razón, el desarrollo humano es el potencial que tienen las personas para ser o

hacer; es la posibilidad de vivir como se desea» (PNUD, 2007, pág. 169).

Bajo este marco, no es de extrañar que miles de hondureños tengan que huir de la actual

realidad, principalmente migrando hacia Estados Unidos. En muchos casos migrar, no es una

decisión sino la única opción para aspirar a tener mejores condiciones de vida. Este fenómeno no

es nuevo, pero sí es nuevo que se haga por medio de éxodos masivos, retratando así la

desesperación generalizada ante la situación económica, social y política. El Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2007) afirma que la variable explicativa más robusta

para los flujos migratorios durante la historia, son las brechas de desarrollo entre regiones o

países. En la gráfica 3, se evidencia que en términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH),

Honduras es el país con menores niveles de desarrollo en Centroamérica; y a nivel mundial, el

país se ubica en el puesto 133 de un total de 189 países; reflejando grandes rezagos.


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Gráfica 3. Honduras: Índice de Desarrollo Humano, comparado con el promedio centroamericano y mundial (1990-2017)

Fuente: Icefi con base en PNUD (2018)

La tendencia ascendente del flujo migratorio en la última década, puede observarse a partir de

uno de los grupos más vulnerables como lo es la niñez y adolescencia. En 2014 se registró la

crisis de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Sin embargo, el número de

niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados, que fueron aprehendidos en Estados Unidos

hasta agosto de 2019, supera el número que alcanzó en 2014, lo que muestra que este

fenómeno se ha continuado agravando. Si se suman además los NNA capturados en México y en

Estados Unidos, se alcanzan los 24,000, cifra similar a la de 2018 y prácticamente el doble de

2017.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2019) las causas

estructurales de la migración son: «el crecimiento económico insuficiente y excluyente; los bajos

niveles de gasto y protección social per cápita; la demografía demandante con la masiva

incorporación de jóvenes al mercado laboral; la explosiva urbanización y los persistentes rezagos

rurales; la alta vulnerabilidad a sequías e inundaciones vinculadas al cambio climático; las

violencia crónica que rompe el tejido social; así como la legítima ansia de reunificación familiar y

la persistente brecha salarial y de productividad con Estados Unidos […]». Lo anterior coincide

con la información recolectada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef, 2019), que estima que

el 71.5% de los migrantes hondureños afirman que el principal motivo por el cual migró a los

Estados Unidos fue por la falta de empleo o la crisis económica en su país de origen, en mayor

medida que en los migrantes del resto de Centroamérica; la siguiente causa es por tener

ingresos muy bajos o malas condiciones de trabajo (24%); le sigue violencia o inseguridad (2.2%)

y motivos familiares (2.1%). De acuerdo con datos del Pew Research Center (2016), en el 2014

se estimaba que alrededor de 350,000 hondureños en Estados Unidos tenían un estatus

migratorio irregular.


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Gráfica 4. Honduras: Niñas, niños y adolescentes no acompañados migrantes, por lugar de aprehensión (2009-2019)

Fuente: Icefi con base en datos de la Unidad de Política Migratoria, (SEGOB, 2019); y U.S. Customs and Border Protection, (CBP, 2019) *Datos de 2019 abarcan, en la frontera de Estados Unidos hasta el agosto; y en la México hasta junio.

La aparente recuperación y estabilidad del crecimiento económico no se ha traducido en mejoras

significativas en el bienestar de la población. De acuerdo a las estimaciones de la Cepal (2019),

Honduras se posiciona como uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe, ya que

en el país la tasa de pobreza y pobreza extrema fue, de forma relativa, 53.2% y 18.8% en 2016,

mientras que el promedio latinoamericano para el mismo período, fue de 30.2% y 9.9%, muy por

debajo de los niveles reflejados en Honduras. Además, cabe decir que este flagelo es mayor en

algunos grupos sociales como los niños, niñas y adolescentes, mujeres, residentes de áreas

rurales y pueblos indígenas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la pobreza en Honduras ha fluctuado

alrededor del 60.0% desde inicios del siglo, teniendo como último resultado que 61.9% de los

hogares hondureños enfrenten una situación de pobreza, es decir casi 6 millones de personas,

según los resultados que arroja la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de

2018. A pesar de que en el último año se redujo la tasa de pobreza, estos niveles son superiores

a los que presentaba Honduras en el 2007. Pero el mayor agravante es el estancamiento de los

hogares en situación de pobreza extrema el cual, según la misma encuesta, mantiene a 4 de

cada 10 hogares hondureños en esta situación, es decir, 3.8 millones de personas no tienen los

ingresos suficientes siquiera para comprar alimentos.


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Gráfica 5. Honduras: Condiciones de vida de acuerdo a línea de pobreza nacional (2000- 2018)

Fuente: Icefi con base en datos del INE.

Estos alarmantes niveles de pobreza están directamente relacionados con los exorbitantes

niveles de desigualdad. A nivel mundial, Honduras llegó a estar entre los tres países más

desiguales del mundo, utilizando el índice de Gini, solo atrás de Sudáfrica y Haití (Banco Mundial,

2016). Con el pasar de los años la desigualdad se ha incrementado. Según los datos del INE, en

2018, el índice de Gini fue de 0.53, lo que marca una tendencia creciente desde 2015, de hecho,

los valores de 2018 son los mismos que tuvo ese país centroamericano en 2009.

Gráfica 6. Honduras: índice de Gini (2001-2018)

Fuente: Icefi con base en datos del INE.


16

Los altos niveles de pobreza y desigualdad están vinculados con las condiciones del mercado

laboral. De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), aunque la

tasa de desempleo es solo de 5.9%, el fenómeno de la informalidad (legal) asciende al 75.6% del

empleo no agrícola, mientras el subempleo fue de 14.5%; ambos se concentran sobre todo en

mujeres y en actividades que generan bajo valor agregado, que además requieren mano de obra

poco calificada. Por otro lado, las mujeres son las que tienen una baja participación en el

mercado laboral, pues para el 2018 fue apenas de 47.2% mientras que el promedio en América

Latina y el Caribe es 51.7% (OIT, 2019); la brecha entre hombres y mujeres de este indicador es

aún elevada (36.4%).

A esta dura realidad hay que sumarle la baja cobertura y calidad de los bienes y servicios

públicos. De acuerdo a la Secretaría de Educación, en 2018, había 889,116 niños, niñas y

adolescentes afuera del sistema escolar. La tasa neta de matrícula de pre básica fue de 39.8%,

la básica de primer y segundo ciclo de 84.0%, la básica de tercer ciclo de 44.8% y la de

educación media de 30.4% (Secretaría de Educación, 2019). Además, el país ha mostrado un

pobre desempeño tanto en pruebas internacionales como nacionales (Duarte, Jaureguiberry, &

Racimo, 2017).

En el caso de salud, aproximadamente 1.8 millones de hondureños, (el 18.0% de la población) no

tiene acceso a los servicios de salud, principalmente en áreas rurales de municipios pobres

(Carmenate-Milián, Herrera-Ramos, & Ramos-Cáceres, 2016). Esto como resultado de que los

servicios de salud son limitados y de baja cobertura: entre 2005 y 2013 la densidad de

profesionales de la salud fue 3.1 por cada 10,000 habitantes (WHO, 2019) y, en el índice de

cobertura de servicios esenciales de salud en Honduras para el 2015 fue del 64.0% comparado

con el 79.0%, de Uruguay quien tiene los mejores resultados en toda la región (FAO, OPS, WFP y

UNICEF, 2018). Adicionalmente, Honduras se encuentra entre los tres países de América Latina y

el Caribe con mayores niveles de desnutrición para menores de cinco años, con un 22.0% (FAO,

FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2019).

Por otro lado, aunque los niveles de violencia, en términos de la tasa de homicidios, esté

disminuyendo desde el punto más alto en 2011 con 86.5 homicidios por cada 100,000

habitantes, hasta un 40.3 en 2018, los niveles de violencia persisten siendo sumamente altos y

continúan ubicando al país dentro de los diez más violentos del mundo (Igarape Institute, 2019).

Finalmente, el diseño de la política fiscal no ha aportado a reducir significativamente la pobreza

en Honduras. Mientras que en el resto de América Latina y el Caribe la pobreza se reduce 25.3%,

después de la intervención de la política fiscal, en Honduras la pobreza se incrementa en un

8.0%, principalmente debido al bajo nivel de gasto social del país y a la alta dependencia de los

impuestos indirectos (OCDE, 2016; Icefi/FIDA, 2016).

3. Contexto político: una institucionalidad

democrática que continúa debilitándose

La situación política en Honduras sigue siendo crítica. El golpe de Estado de 2009 y la

cuestionada legalidad de las elecciones de 2017 son solo dos ejemplos de una suma de sucesos

que ponen en predicamento el sistema democrático hondureño. De hecho, el 47.7% de los

ciudadanos cree que Honduras no es una democracia (LAPOP, 2019). Una débil institucionalidad


17

democrática propicia que el Estado se configure únicamente para el beneficio de pequeños

grupos de poder, en donde llegan a alinearse relaciones de poder difusas entre lo lícito y lo ilícito

(Waxenecker, 2016).

Muestra de ello son los doce casos que ha revelado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la

Impunidad en Honduras (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la

Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP): Fraude sobre el Gualcarque; Red de

Diputados; Caja Chica de la Dama; Pacto de Impunidad; Pandora; Aseguramiento de Bienes; Caja

chica del Hermano; Licitación Fraudulenta del Seguro Social; Arca Abierta; Patuca III Colusión y

corrupción, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja

Chica de la Dama y el más reciente denominado «Narcopolítica», en donde está involucrado el

expresidente de la República Porfirio Lobo (OEA, 2019). A pesar del trabajo realizado por la

MACCIH, en el Congreso se han aprobado diversas reformas para entorpecer la lucha contra la

corrupción, la más reciente es la Ley Especial para la gestión, asignación, liquidación y rendición

de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y

programas sociales, que entró en vigor el 18 de octubre de 2019, que de acuerdo a la MACCIH,

introduce nuevos mecanismos que podrían retrasar hasta en siete años el inicio de

investigaciones por parte del Ministerio Público1.

Sobre la narcopolítica, debe destacarse que en octubre de este año fue condenado, en Estados

Unidos, Juan Antonio Hernández, excongresista hondureño y hermano del actual presidente de la

República, Juan Orlando Hernández, por tráfico de drogas y armas. Como resultado de este caso,

los fiscales estadounidenses han señalado al presidente Hernández, de haber recibido dinero de

narcotráfico (Insight Crime, 2019). A raíz de esta situación se ha conformado la denominada

Coalición de Unidad Opositora, liderada por los ex candidatos presidenciales Salvador Nasralla y

Luis Zelaya, así como el expresidente Manuel Zelaya, para sumar esfuerzos con el propósito de

concretar la renuncia de Hernández.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado su reciente

informe Situación de derechos humanos en Honduras, en donde además de señalar la debilidad

institucional, la concentración del poder en el Órgano Ejecutivo, advierte que a fines de 2017 y

2018, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos se habría agravado con

motivo de los hechos de violencia reportados luego de la crisis poselectoral; señalando que entre

2014 y agosto de 2018 se produjeron al menos 65 asesinatos contra personas defensoras de

derechos humanos, y sólo entre 2016 y 2017 se reportaron más de 1,232 ataques contra

defensores, sus familias, y sus organizaciones. La principal conclusión de la CIDH es que:

« [...] para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable

que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una

auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto,

resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para

ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de justicia y en la

lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral

conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo,

el Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la

1 Véase: http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-017.MACCIH-expresa-su-preocupacion-por-contenidos-

de-la-Ley-de-reactivacion-del-Fondo-Social-Departamental.pdf

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-017.MACCIH-expresa-su-preocupacion-por-contenidos-de-la-Ley-de-reactivacion-del-Fondo-Social-Departamental.pdf

http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-017.MACCIH-expresa-su-preocupacion-por-contenidos-de-la-Ley-de-reactivacion-del-Fondo-Social-Departamental.pdf


18

situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persiste en el país, que

impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en

situación de particular riesgo. Lo anterior requiere la adopción de medidas efectivas y

acordes con los estándares internacionales aplicables». (CIDH, 2019)

Al contexto político, debe añadírsele que recientemente los gobiernos de Estados Unidos y

Honduras firmaron un acuerdo de cooperación entre ambos países con el fin reducir la migración

irregular del país centroamericano2; por medio de este acuerdo, Honduras se comprometería a

recibir a migrantes extranjeros mientras tramitan su solicitud de asilo en la nación

norteamericana; así como proteger a los migrantes para que no sean víctimas de trata. Sin

embargo, esto es paradójico, tomando en cuenta el contexto social antes descrito, pues el

Estado hondureño no logra garantizar el bienestar de sus propios ciudadanos en cuanto a

seguridad, alimentación, salud, educación, vivienda o trabajo. Por lo que levantan serias dudas

sobre la capacidad del país de hacerlo además con las personas en tránsito que sean asiladas en

su territorio. Adicionalmente, el propio Ejecutivo hondureño había afirmado, que un acuerdo de

tercer país seguro sería una carga «difícil» para Honduras, entre otros motivos, por la carencia

de los recursos y la infraestructura necesaria (AFP, 2019), pues actualmente son las

organizaciones de la sociedad civil las que juegan un rol crucial en la asistencia y orientación a

los migrantes, refugiados y víctimas de tráfico humano.

4. Contexto fiscal: unas finanzas públicas

condicionadas por los Acuerdos de Stand-By

La situación fiscal hondureña también ha sido convulsa, marcada por altos niveles de déficit

fiscal y un incremento en el saldo de la deuda pública. De hecho, desde 2008, el país ha suscrito

cuatro Acuerdos Stand-By (SBA) con el Fondo Monetario Internacional. Como se muestra en la

tabla 2, en el papel, todos ellos se han enfocado en la estabilidad macroeconómica, a la vez que

persiguen el doble objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo, y reducir la

pobreza. No obstante, y de forma consistente con la evidencia que vincula los efectos sociales

con la condicionalidad del FMI3, en Honduras, el nivel de pobreza en 2018 fue más elevado que

lo registrado en 2008, antes de los Acuerdos Stand-By, por lo cual se cuestiona seriamente la

efectividad de estas medidas para atender los desafíos socioeconómicos que enfrenta el país. Así

mismo, se evidencia un repunte de la desigualdad, así como el deterioro en las condiciones

sociales y laborales, como se ha establecido anteriormente.

2 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49835024

3 Específicamente con el empeoramiento de la desigualdad económica (Furceri, Ge, Loungani, & Melina, 2018 ), la

reducción del gasto social y el gasto en salud y el gasto social (Kentikelenis, Stubbs, & King, 2015), así como los impactos

económicos negativos de forma desmedida en las mujeres (Bretton Woods Project , 2019).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49835024


19

Tabla 2. Acuerdos Stand-by entre Honduras y el FMI (2008-2019)

Fecha de aprobación

Monto Duración Objetivo

8 de abril de 2008 (Comunicado de Prensa No. 08/76)

USD 63.5 millones

Acuerdo Stand-By (SBA) de 12 meses.

Afianzar la estabilidad macroeconómica Sostener un alto crecimiento y la reducción de la pobreza Reorientación de la política fiscal hacer frente a las deficiencias en el sector de la energía.

1 de octubre de 2010 (Comunicado de prensa No. 10/374)

USD 201.8 millones

Dos líneas de crédito, un SBA por un período de 18 meses a favor de Honduras, respaldado por un Servicio de Crédito Stand-by (SCS).

Restablecer la estabilidad macroeconómica

Fortalecer las finanzas públicas,

Restaurar la confianza de los inversionistas y propiciar la recuperación económica.

Implementar reformas económicas consistentes con los objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza, y que mejoren la eficiencia del sector público.

4 de diciembre 2014 (Comunicado de prensa No. 14/545)

SBA de USD 113.2 millones y SCS por USD 75.4 millones; Total de USD 188.6 millones (o 100% de la cuota de Honduras).

Dos líneas de crédito, un SCS de dos años y un SBA de tres años

Mantener la estabilidad macroeconómica.

Mejorar las condiciones de crecimiento económico sostenible y de reducción de pobreza.

16 de julio de 2019 (Comunicado de prensa No. 19/284)

SBA por USD 207.35 millones y un SCS por USD 103.78 millones; Total de USD 311 millones (o 90% de la cuota de Honduras).

Dos líneas de crédito, SBA y SCS por un período de dos años.

Afianzar la posición fiscal y preservar la estabilidad macroeconómica

Reducir vulnerabilidades, proteger a los más vulnerables y fomentar el crecimiento inclusivo.

Fuente: Icefi con base en FMI (2008; 2010; 2014; 2019)

Reconociendo esto, el propio FMI (2019: Parr. 8) plantea que el Acuerdo de Stand-By aprobado

este año, también deberá promover: « [...] Iniciativas para proteger a los pobres y fomentar la

igualdad de género. Define el gasto social prioritario que se protegerá en los próximos años; e

incluye un conjunto de intervenciones de alto impacto con el fin de aliviar la pobreza, promover

la inversión en capital humano y apoyar la participación de la mujer en la actividad empresarial y

en los mercados de trabajo, factores que son críticos para el crecimiento a largo plazo».

Adicionalmente, el contexto fiscal que envuelve la discusión del contexto de la discusión del

presupuesto de 2020, está marcado por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) aprobada por

medio del Decreto 25-2016 del 7 de abril de 2016, para reducir la discrecionalidad del Gobierno

en la gestión de la política fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por medio

de esta legislación, el Sector Público No Financiero (SPNF) de Honduras, debe cumplir tres reglas

fiscales que definen la ruta para las decisiones estratégicas de la política fiscal, con el fin de dar


20

guías «para una mejor gestión de las finanzas públicas, garantizar la consistencia en el tiempo

de la política presupuestaria; así como garantizar la consolidación fiscal, sostenibilidad de la

deuda y reducción de la pobreza» (Sefín, 2018). Lo anterior, se debe materializar en el Marco

Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP).

En dicha ley se establece que para el 2019, por medio de una implementación gradual, se

debería alcanzar que el techo máximo de déficit fiscal para el Sector Público No Financiero

(SPNF) sea del 1.0% del PIB. Asimismo, se concreta que el crecimiento del gasto corriente no

podría ser mayor que el promedio anual de los últimos diez años del crecimiento real del PIB más

la proyección de la inflación promedio para el siguiente año. Y, por último, se establece que la

deuda flotante del Gobierno al cierre del año fiscal no deberá ser mayor al 0.5% del PIB nominal.

Sobre los ingresos no se dejó establecida ninguna regla fiscal.

Sin embargo, es importante advertir que pese a que el objetivo de disciplina fiscal es necesario,

las reglas fiscales restan capacidad a la política fiscal en su margen de acción anticíclico;

además, suele ser el gasto social y la inversión pública los rubros que salen más perjudicados

con los ajustes fiscales. Además, Icefi y Setelec (2017:25) apuntan que:

«Las reglas fiscales son el complemento idóneo para centrar la política económica en

metas de inflación, implementadas por la política monetaria. Los esquemas basados en

metas de inflación consideran que toda inflación tiene un origen monetario. En

consecuencia, para tener control sobre la inflación, es necesario que el Gobierno no se

exceda de ciertos parámetros. El mayor problema de concentrar la política económica en

metas de inflación reside en que el logro de otras variables, como el crecimiento

económico, el empleo y la inversión, pasa a un segundo plano. Todo se reduce a

mantener una inflación baja y estable».

En esta Ley se establecen reglas de excepción, cuando se dan casos de emergencia nacional,

recesiones y otras vicisitudes. No obstante, bajo ninguna circunstancia se permite que el déficit

fiscal sea mayor que 2.5% del PIB, y es imperativo que se retome la regla del déficit fiscal

equivalente al 1.0% del PIB en un período no mayor a los dos años.

5. Presupuesto de ingresos 2020: continúa la

subestimación de los ingresos tributarios

El proyecto de presupuesto de ingresos totales para 2020 asciende a L155,570.4 millones,

equivalentes al 23.5% del PIB, de los cuales L119,920.3 millones provendrían de ingresos

corrientes y de capital, mientras que los restantes L35,650.1 millones a través de

endeudamiento, tanto por medio de préstamos como por la emisión de bonos soberanos por el

Estado. Esto significa que, del presupuesto total de 2020, Honduras financiará con recursos

ajenos el 22.9% del total, mientras el restante 77.1% provendrá de los ingresos que el Estado

genera con su actividad regular. Los ingresos tributarios serán la principal fuente de

financiamiento, representado el 70.5% del total del presupuesto.

La recaudación tributaria estimada para 2020 es de L109,721.8 millones, 1.2% por encima de lo

considerado en el presupuesto para 2019 y de la estimación de cierre realizada por el Icefi para

el presente año. Lo estimado para 2020 equivale a una recaudación tributaria del 16.6% del PIB,


21

muy por debajo del 18.0% del PIB esperado para el cierre del presente año, sin justificaciones

técnicas que permitan concluir que existirá un deterioro de la capacidad real de recaudación de

la Secretaría de Finanzas (Sefín). El Icefi ya ha advertido esta situación en años anteriores4, pues

se subestima el monto esperado de recaudación con el fin de poder tener absoluta

discrecionalidad al asignar el destino de gasto público proveniente de los ingresos adicionales

que se recauden, dado que estos no estarán sujetos a asignaciones presupuestarias prejuzgadas.

También es pertinente comentar que la carga tributaria esperada en el presupuesto se

encuentra en contraposición a lo definido como parte de la estrategia fiscal de mediano plazo de

la Sefín, contenida en el MMFMP 2020-2023, que establece que los ingresos tributarios se

mantendrían alrededor del 17.9% durante todo el período.

Gráfica 7. Honduras: comportamiento de la carga tributaria ejecutada 2012-2019 y proyecto de presupuesto 2020

14.7 14.9

16.5 16.9 17.9 17.9 18.1 18.0

16.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 est. 2020 pres

Po

rcen

taje

del

PIB

Fuente: Icefi con base en información oficial. Estimaciones del Icefi.

La única posibilidad de que el valor esperado de la recaudación para el siguiente año, tuviera

realmente una caída como la prevista, es que las autoridades hondureñas estén esperando una

reducción del nivel de productividad de los impuestos vigentes, pues no existe una reforma

tributaria que pudiera provocar dichos efectos. Efectivamente, la estimación de la productividad

esperada del impuesto sobre ventas (ISV) a partir de los datos del presupuesto 2020, muestra

que se esperaría una reducción del nivel de eficacia recaudatoria en dicho impuesto, al pasar la

productividad de 51.7% a 47.1% del potencial teórico a recaudar. Sin embargo, no existe

ninguna explicación técnica que permita validar la realidad de dicha disminución. Por ello, y

ante la ausencia de estudios de evasión tributaria, tanto del impuesto sobre renta (ISR) y del ISV,

es pertinente que las autoridades de la Sefín expliquen las causas por las que se estima dicha

caída recaudatoria para 2020.

Con los datos considerados en el proyecto de presupuesto, la estructura tributaria prevista

muestra una reducción del peso relativo del IVA, porque durante 2019 su importancia dentro de

4 Véase por ejemplo: http://icefi.org/comunicados/honduras-persigue-estabilidad-de-sus-finanzas-publicas-

por-sobre-la-atencion-de

http://icefi.org/comunicados/honduras-persigue-estabilidad-de-sus-finanzas-publicas-por-sobre-la-atencion-de

http://icefi.org/comunicados/honduras-persigue-estabilidad-de-sus-finanzas-publicas-por-sobre-la-atencion-de


22

la recaudación alcanzará el 44.9% del total, mientras en el proyecto de presupuesto se considera

de solo 44.1%. En sentido contrario, el proyecto de presupuesto muestra un aumento del peso

relativo del ISR que incrementará su importancia del 33.5% previsto para 2019 al 33.7% en

2020; igual trayectoria se considera para los impuestos específicos sobre servicios y actividades

que incrementarían su importancia del 16.8% al 17.0% del total.

La discrecionalidad que ha mostrado históricamente la Sefín en la estimación de los ingresos que

se consideran en los proyectos de presupuesto, también es reflejo de la opacidad recurrente en

la publicidad de las cifras relacionadas con la medición de la eficiencia recaudatoria,

especialmente a nivel del Sector Público No Financiero, las cuales se publican sin regularidad y

sin el nivel de profundidad deseado para evaluar apropiadamente el comportamiento del sector

público en su integralidad.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto contiene la perspectiva del gasto tributario para 2020,

que ascendería a L46,128 millones, un equivalente al 7% del PIB, mismo valor que se tuvo en

2018 y se proyecta en 2019 por la Sefín. Estos valores reflejan que el sacrificio fiscal de

Honduras es el más alto de toda la región centroamericana. Se debe destacar que en las

disposiciones del presupuesto se vuelve a plantear que la Sefín, con el apoyo de la

administración tributaria, la administración aduanera y el BCH, en un plazo máximo de seis

meses, luego que ente en vigencia el presupuesto, debe realizar un análisis costo/beneficio y

evaluación del cumplimiento de los objetivos por el cual se otorgaron los beneficios, privilegios,

prerrogativas, incentivos tributarios o aduaneros, exenciones exoneraciones y franquicias

aduaneras que se otorgan para beneficiar o promover determinadas actividades, sector, región o

grupo de contribuyentes en Honduras.

6. Presupuesto de gastos 2020: el gasto social y el de

capital las variables de ajuste

Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto, excluyendo el monto destinado a las

amortizaciones de deuda, pero incluyendo las asignaciones que se reportan como aplicaciones

financieras y que implican trasferencias de recursos a fondos y fideicomisos, asciende a

L130,069.6 millones, equivalentes al 19.7% del PIB, inferior en 0.7% al presupuesto aprobado

para 2019 (21.8% del PIB), y en 0.7% a la estimación de cierre de Icefi para 2019, que utiliza el

comportamiento actual y estacional del Gobierno, y que implica un tamaño del Gobierno

equivalente al 21.5% del PIB. Es decir que para 2020, se espera una reducción del gasto público

de 1.8 puntos del PIB, respecto a lo que se ejecutaría en 2019.


23

Gráfica 8. Honduras: trayectoria del gasto público ejecutado y presupuestado, período 2014- 2020 (presupuesto). Cifras como porcentaje del PIB

Fuente: Icefi con base en información oficial.

Del total del gasto previsto en el proyecto de presupuesto, el 78.3% corresponde a gastos

corrientes, 12.1% a gastos de inversión y el restante 9.6% a aplicaciones financieras para fondos

y fideicomisos. Los valores asignados para 2020 representan aumentos nominales del 1.0% en

los gastos corrientes, 31.5% en los rubros de aplicaciones financieras para fondos y fideicomisos,

aunque representan una fuerte contracción en gastos de capital por 16.6%, respecto a la

estimación de cierre de gastos realizada por Icefi para 2019.

Las remuneraciones consideradas en el presupuesto alcanzan el equivalente al 49.6% de los

gastos corrientes y al 38.9% del total del gasto presupuestado; no obstante, muchas de las

transferencias y de las aplicaciones para fondos y fideicomisos son utilizadas para estos rubros,

se desconoce el monto total de los mismos. Por su parte, los intereses de la deuda representan

el 13.0% del gasto, debajo de los valores críticos señalados por las instituciones financieras.

Llama la atención que los intereses de la deuda registran una contracción del 0.8% respecto del

valor de cierre estimado por Icefi, pues la deuda no ha disminuido y tampoco ha existido ningún

proceso de recolocación o reconversión de portafolio de la misma, lo que pudiera implicar que el

valor considerado en el proyecto de presupuesto para 2020 se encuentra subestimado.

En cuanto a las transferencias corrientes y las aplicaciones financieras para fondos y

fideicomisos, en su conjunto representan el 24.9% del total presupuestado y presentan una

disminución del 0.6% respecto del valor de cierre esperado por Icefi para 2019.

Al comparar el presupuesto aprobado para 2019, con el proyecto de presupuesto para 2020,

también se puede apreciar una fuerte contracción en varios rubros: 0.8% en los intereses para la

atención al servicio de la deuda; 9.5% respecto en las transferencias corrientes; y de 33.5% en

los rubros de gastos de capital. Esta situación es resultado ineludible de la puesta en vigencia de

una segunda fase de ajuste en el gasto, para intentar mantener bajos los niveles de déficit fiscal,

dejando en segundo plano el impacto que esto puede tener en el bienestar de la población

hondureña.


24

Dentro de la reducción en las transferencias corrientes, se destacan significativamente las

disminuciones a las transferencias a instituciones sin fines de lucro que reportan una contracción

del 60.0%, las transferencias a las universidades públicas se reducen en 23.1% (adicionalmente

se reducen 20.6% las transferencias de capital), las asignaciones a becas nacionales disminuyen

un 27.5% y las becas externas un 37.5%. En general esta dinámica se presenta en muchos de

los rubros destinados al apoyo social, los cuales presentan fuertes contracciones en las

asignaciones para 2020.

En los gastos de capital o de inversión en activos, se reducen las asignaciones en 33.5% para

bienes capitalizables, 38.5% para maquinaria y equipo y 34.6% en construcciones; pero en

sentido contrario, en este rubro, destaca el aumento del 39.6% en inversión para equipo militar y

de seguridad.

Esto confirma, que el plan de ajuste, con el propósito de reducir el tamaño del sector público se

está haciendo principalmente con los rubros de gasto social y en gastos de capital; además deja

muy claro que, se prefiere incrementar rubros del gasto militar, incluso anteponiéndolos a

destinos de gasto vinculados directamente a la atención de necesidades primordiales de la

población.

En cuanto a los gastos reportados como aplicaciones financieras para fondos y fideicomisos, es

importante señalar que en muchas oportunidades el Ejecutivo ha decidido registrarlas como

«datos por debajo de línea», para que aparenten no afectar el déficit fiscal. En esta ocasión, a

pesar de que se visibilizan, no implica que el Gobierno reconozca los mismos como gasto —

aunque en algunos cuadros sintéticos del presupuesto ya empiezan a ser tomados como tal—,

pues no los incluyen dentro del déficit fiscal. Por ende, es recomendable que la Sefín termine de

transparentar dichos rubros y que los mismos sean registrados en los tipos de gasto que

corresponde.

El crecimiento interanual de los gastos corrientes, incluyendo los rubros de aplicaciones

financieras para transferencias a fondos y fideicomisos, al margen de los impactos sobre el

bienestar social que pueda provocar su manejo, es de 1.9%, convergente con lo determinado por

la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Gráfica 9. Honduras: composición del gasto público, período 2015-2020 (proyecto de presupuesto)



25

En lo referente al presupuesto de egresos —el presupuesto total incluyendo las necesidades de

pago de las amortizaciones de la deuda—, basados en la clasificación de acuerdo a las funciones

del Estado, el rubro que demandará una mayor cantidad de recursos del Gobierno es la atención

al servicio de la deuda que ocupa el 27.2% del monto total presupuestado, por encima del 25.2%

que fue considerado en el presupuesto del 2019. Le sigue en orden de importancia el rubro de

educación, investigación, cultura y actividades recreativas, que absorberá el 19.4% del

presupuesto para el próximo período fiscal, por debajo del 19.9% considerado en el presupuesto

para 2019, mostrando una pérdida de su prioridad fiscal.

El tercer rubro que más recursos del Estado absorbe son los servicios públicos generales que

implican el 18.6% del total, por debajo del 19.4% que fue considerado en 2019; por su parte, el

rubro de defensa y seguridad ocupará el 14.4% del total presupuesto, ligeramente por debajo del

14.5% presupuesto el año anterior. Finalmente, las asignaciones para servicios de salud

ocuparán el 10.2% del total, por encima del 9.7% planteado en 2019 y la protección social, que,

aunque ínfima, crecerá del 1.9% en 2019 al 2.5% en 2020.

Tabla 3. Honduras: estructura porcentual del presupuesto total ejecutado 2014-2018, presupuesto vigente 2019, y proyecto de presupuesto 2020, asignado por clasificación funcional del gasto

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 pres.

2020 pres.

Deuda pública 26.8 27.0 19.3 24.6 24.5 25.2 27.2 Educación, investigación, cultura y actividades recreativas 21.1 20.8 18.0 19.7 20.4 19.9 19.4

Servicios públicos generales 19.8 19.5 29.1 19.4 20.2 19.4 18.6

Defensa y seguridad 11.6 12.5 12.5 14.0 14.5 14.5 14.4

Servicios de salud 9.7 10.2 9.7 10.2 9.8 9.7 10.2

Asuntos económicos 6.2 6.1 8.0 8.2 8.0 8.8 6.8

Protección social 3.8 2.7 2.3 2.7 1.8 1.9 2.5 Protección del medio ambiente 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5

Vivienda y servicios comunitarios 0.2 0.3 0.4 0.6 0.3 0.1 0.4

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Fuente: Icefi con base en información oficial.

La atención del servicio de la deuda pública representará el 6.4% del PIB, según el

proyecto de presupuesto de 2020, monto similar al planificado en 2019. Por su parte, el

rubro de educación, investigación, cultura y actividades recreativas reporta un recorte

desde el 5.0% del PIB asignado en 2019 al 4.6% planteado para 2020. Asimismo, la

asignación para servicios públicos generales dispondrá del 4.4% del PIB, por debajo del

4.9% considerado en 2019. En términos del PIB, todas las asignaciones, salvo la

relacionada con protección social, asa del 0.5% al 0.6% del PIB, sufren un recorte

respecto de lo planificado en 2019, confirmando la continuación de ajuste en el gasto.


26

Gráfica 10. Honduras: rubros de gasto, a partir de la clasificación funcional, como

porcentajes del PIB. Montos ejecutados 2017-2018 y presupuestos

2019-2020.


Al analizar, el proyecto de presupuesto para 2020 por entidades se reafirma el enfoque

de ajuste del gasto público, pues prácticamente la mayoría tendrían un recorte. Por su

importancia destaca la reducción en la Secretaría de Educación, que pasaría de 4.85 a

4.49% del PIB, entre 2019 y2020; también la Secretaría de Salud se reduciría al pasar

de 2.39 a 2.37% del PIB. La institución que sufre más recortes en términos relativos es

la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, pues pasa de 0.82 a 0.40% del

PIB. Las únicas entidades con variaciones positivas en sus asignaciones serían la

Secretaria de Finanzas, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaria de

Trabajo y Seguridad Social, Secretaria de Derechos Humanos, el servicio de la deuda

pública y la Secretaria de Energía. Los recortes en áreas sociales contravienen lo

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Observación

General número 19 (OG#19), la cual establece que, en la elaboración del presupuesto

público, los Estados no deben adoptar medidas regresivas de manera deliberada para

afectar los derechos de la niñez.


27

Gráfica 11. Honduras: Variaciones relativas en las asignaciones de gasto público de la

Administración Central por entidad del proyecto de presupuesto 2020

respecto al presupuesto vigente de 2019, como porcentajes del PIB


7. El déficit fiscal y la deuda pública: una aparente

mejora macrofiscal que puede empeorar el

bienestar de la población hondureña

El déficit fiscal debe interpretarse, conforme la literatura teórica existente, como la

diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, excluyendo de ambos extremos, los

movimientos financieros derivados de la captación de financiamiento y de las

amortizaciones de la deuda. No obstante, el déficit fiscal también equivale al cambio

en el saldo de la deuda pública en un período al otro, residual a las contrataciones y

amortizaciones de deuda soberana.

Lo comentado reviste particular importancia, pues algunos gobiernos de la región, y en

Honduras es una práctica recurrente, para dar la apariencia de cumplimiento de ciertos

estándares de control del gasto gubernamental, han utilizado la estrategia de registrar

ciertos gastos como transferencias de fondos a fideicomisos, en forma de aplicaciones

a activos, cuando en realidad son transferencias corrientes que deberían estar

reflejadas en la parte de los gastos públicos. De esa forma, al consignar dichas


28

transferencias «bajo la línea», el déficit fiscal no crece, pero el saldo de la deuda

pública, sí; por lo que no puede desligarse un análisis del otro, para verificar el

comportamiento integral de las finanzas públicas.

Así, dada la trayectoria de los ingresos y los gastos considerados por el presupuesto de

Honduras «sobre la línea», el resultado fiscal para 2020 es superavitario en 0.4% del

PIB. Sin embargo, al considerar las aplicaciones financieras para fondos y fideicomisos,

el nivel del déficit fiscal es de 1.5% del PIB, uno de los más bajos en la región pero a

costa de significativos recortes en el gasto de interés social y en gastos de capital.

Con los valores reportados en el proyecto de presupuesto para 2020, el déficit total

previsto es consecuencia primariamente de la subestimación de alrededor del 1.4% del

PIB en la recaudación total, porque si se hubiera registrado un valor más certero, el

nivel esperado de déficit quedaría en torno al 0.1% del PIB, prácticamente mostrando

equilibrio en las finanzas públicas hondureñas. Por lo que el no incluir dicho valor en el

pronóstico del presupuesto, al margen de los impactos sociales destacados, parece

sugerir que prevalece el espíritu de subestimación de los ingresos para evitar las

rigideces fiscales, antes que mostrar un bajo déficit fiscal.

Gráfica 12 Honduras: Déficit fiscal ejecutado 2015-2018, presupuesto 2019, y proyecto de presupuesto 2020, con y sin fideicomisos, como porcentaje del PIB.


En cuanto a la deuda pública, conforme a la estimación de Icefi, se esperaría que el

saldo al cierre de 2019 alcance los L297,554.5 millones, equivalente al 49.4% del PIB.

De este total, alrededor del 61.6% ha sido contratado con agentes externos y el resto

con el sector privado hondureño.

Considerando el déficit total de la Administración Central de Honduras, incluyendo el

gasto derivado de la formación de «activos financieros» por transferencias de recursos

a fondos y fideicomisos, y que producirán un déficit fiscal del 1.5% del PIB, el saldo

esperado de la deuda pública para Honduras alcanzaría en 2020 el 46.5% del PIB e

implicaría el alcance de la sostenibilidad fiscal, logrando así una reversión a la


29

tendencia de los últimos años. No obstante, dicho monto final realmente dependerá de

los valores finales que tomen los ingresos y los gastos del presupuesto para 2020, así

como las transferencias de recursos que la administración central continúe realizando

a las empresas públicas.

Gráfica 13 Honduras: composición y trayectoria del saldo de la deuda pública 2012-2019, como porcentaje del PIB


8. La ausencia de transparencia y participación

ciudadana

La transparencia y la participación ciudadana son los mejores antídotos para la

corrupción, por lo que para el fortalecimiento del sistema político, requiere crear

espacios para que la ciudadanía pueda participar en los asuntos públicos,

particularmente en todas las etapas del presupuesto. Al final de cuentas el

presupuesto es el espacio en donde se definen quiénes se beneficiarán o no del gasto

público que es financiado principalmente por los impuestos que paga toda la

ciudadanía.

Los desafíos de legitimidad del presupuesto público se pueden constatar en el

Barómetro Global de la Corrupción de América Latina y el Caribe 2019, donde se señala

que en Honduras el 91.0% de los entrevistados piensan que la corrupción en el

Gobierno es un problema grave y el 54.0% considera que la corrupción aumentó en el

último año (Transparencia Internacional, 2019b). Esto se suma a lo reflejado por el

Índice de Percepción de la Corrupción, también elaborado por Transparencia


30

Internacional. Este índice evalúa a los países en una escala de 0 a 100, en el que entre

más alta sea la puntuación, menos corrupto es un país. Desde 2015, Honduras había

presentado un deterioro en su desempeño en este indicador, y para 2018 mostro un

estancamiento al tener el mismo valor que en 2017, de 29/100, ubicándose en la

posición 132 en el ranking de los países en función de sus niveles de corrupción.

Asimismo, uno de los indicadores íntimamente relacionado a la transparencia en el

presupuesto, es la Encuesta de Presupuesto Abierto, realizada por el International

Budget Partnership (IBP), en la que se hace una evaluación comparativa e

independiente sobre la transparencia, vigilancia y participación fiscal a nivel nacional.

En la edición 2017 de la encuesta se utilizaron 109 indicadores que, ponderados

equitativamente, conforman el Índice de Presupuesto Abierto que mide la

transparencia presupuestaria, en una escala de 0 a 100. Para el 2017, Honduras

obtuvo una puntuación de 54/100, lo que en el ranking de 115 países le ubicó en la

posición 41, con niveles similares a los de 2012. Sin embargo, en el apartado de

participación ciudadana es donde tiene su peor nota al tener una calificación de 7/100,

lo que revela la falta de espacios para que la ciudadanía pueda participar en el proceso

presupuestario (IBP, 2018).

En este sentido, el proyecto de presupuesto para 2020, en materia de transparencia,

vuelve a incorporar algunas disposiciones que se han incluido en años anteriores, como

el establecimiento que todos los procesos de selección de contratistas deben difundirse

en el sistema «Honducompras» y deben cumplir con los principios de las

contrataciones abiertas promovidos por Open Contracting Partnership; además se fija

la divulgación de informes como, los lineamientos de política presupuestaria, techos

sectoriales e institucionales, marco macro fiscal de mediano plazo, informes

trimestrales de ejecución entre otros. Aunque estas medidas son necesarias son

insuficientes, para revertir la grave percepción negativa sobre la transparencia del

Gobierno, la probidad de sus funcionarios y dignatarios, así como de su compromiso

con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Adicionalmente, el proyecto de

presupuesto no contiene normas que abonen a una discusión presupuestaria más

cercana a la población.

Por otro lado, aunque las consideraciones del presupuesto hacen alusión al «Sistema

Presidencial de Gestión por Resultados», el proyecto de presupuesto no es

acompañado por ninguna documentación sobre Gestión por Resultados (GpR), que de

cuentas sobre las metas y resultados que se comprometen las distintas instituciones

públicas; sin esa información, se limita el rol que pueda jugar la ciudadanía en la

discusión y fiscalización de los recursos públicos.

9. Avances insuficientes en la igualdad de género

Al revisar las disposiciones del proyecto de presupuesto, en los artículos 8, 9 y 10 se

establece el enfoque de género en el presupuesto general de ingresos y egresos de la

República de Honduras: se establecen una serie de indicaciones para que las

instituciones públicas puedan avanzar en la producción de bienes y servicios que

favorezcan la inclusión, incluyendo acciones para verificar las dimensiones de la


31

desigualdad, especialmente por razón de género, edad y etnia, y para lograr un

alcance transversal en materia de igualdad. También en los articulos 66 y 261 hay

lineamientos para la lucha contra la violencia dómestica, que son el resultado del

trabajo de organizaciones feministas para que el presupuesto recoja sus demandas

(CEM-H, 2019).

Sin embargo, esta situación no es nueva, de hecho ya se han aprobado disposiciones

similaes en años anteriores, que solo se han quedado en el papel; por lo que los

desafíos se encuentran en el cumplimiento de dichas disposiciones, particularmente en

la implementación de la perspectiva de género en el presupuesto, en visibilizar las

inversiones en género y la desagregación de la información estadistica que permita dar

cuenta los avances o retrocesos que se estan teniendo esta materia.

La unica información para el analisis dentro del proyecto de presupuesto se establece

en el apartado denominado «Presupuesto asignado a la atención integral a la mujer»,

en donde se pueden ver las asignaciones al programa Ciudad Mujer, a la Comisión de

investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios, así como «otras

asistencias a mujeres», tales como la asignación del Ministerio Público para

investigación de muertes de mujeres, el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer

y del Fideicomiso Vida Mejor (Credimujer). Todos estos programas en su conjunto

suman L286.0 millones, un 9.7% más que el asignado en 2019. Sin embargo, al ver su

prioridad macroeconómica y fiscal, se puede apreciar que apenas representa el 0.04%

del PIB y 0.19% del total de egresos, respectivamente.

Tabla 4. Honduras: Presupuesto asignado a la atención integral a la mujer, presupuesto aprobado 2019, y proyecto de presupuesto 2020.

Programa/ institución 2019 aprobado

2020 presupuesto

Variación porcentual

Ciudad Mujer

Secretaria de Educación 10.54 3.56 -66.3%

Secretaria de Salud 7.94 14.00 76.4%

Secretaria de Seguridad 10.84 4.20 -61.3%

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 2.00 4.22 111.0%

Secretaria de Agricultura y Ganadería 2.09 1.57 -24.9%

Registro Nacional de las Personas 0.26 0.98 283.9%

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 4.13 4.00 -3.1%

Dirección del Programa Ciudad Mujer 88.13 75.28 -14.6%

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 5.91 6.32 7.0%

Secretaria de Desarrollo Económico 0.73 0.73 0.0%

Instituto Nacional de Formación Profesional 5.00 3.50 -30.0%

Patronato Nacional de la Infancia 0.10 0.00 -100.0%

Instituto Nacional de la Mujer-PCM 6.66 11.11 66.7% Universidad Nacional Autónoma de Honduras 0.45 19.79 4297.3%

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 2.87 2.27 -21.0%

Otras asistencias a la mujer


32

Programa/ institución 2019 aprobado

2020 presupuesto

Variación porcentual

Ministerio Público * 40.00 40.00 0.0% Instituto Nacional de la Mujer-Presupuesto Institucional** 25.68 29.14 13.5%

Fideicomiso Vida Mejor (CrediMujer) 35.00 35.00 0.0%

Comisión de investigación de muertes violentas y femicidios

Comisionado Nacional de Derechos Humanos 0.00 1.85 100.0%

Ministerio Publico 0.00 27.28 100.0%

Secretaria de Desarrollo Económico 0.00 0.73 100.0%

Secretaria de Derechos Humanos 0.00 0.47 100.0%

Casa Refugio (INAM) 10.00 2.00 -80.0%

Total 258.32 287.98 11.5%

Como porcentaje del PIB 0.04% 0.04% 4.0%

Como porcentaje del total de egresos 0.17% 0.19% 9.2% * Corresponde a la investigación de muertes de mujeres.

** Se incluye el presupuesto del INAM, por tener a cargo la política de género (funcionamiento).


Al revisar por entidades asociadas a estos rubros, son preocupantes las caídas que

tienen instituciones como la Secretaría de Educación (-196.4%), la Secretaria de

Agricultura y Ganadería (-32.2%), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (-26.6%) y

la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (-3.2%), y La casa refugio del Instituto

Nacional de la Mujer, que tendrá un recorte del 400%.

En general, los recursos asignados en esta materia son muy bajos, lo que provoca un

cuestionamiento sobre las posibilidades de avanzar en la construcción de la equidad de

género, cumplir con los compromisos asumidos en la normativa nacional y en la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


33

10. Reflexiones finales

1. Los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, así como los bajos niveles de

desarrollo, provocan que la única búsqueda de mejores condiciones sea el migrar.

El incremento de niños, niñas y adolescentes no acompañados capturados en

Estados Unidos y México retratan que este drama humano cada vez se agudiza

más. Por lo que es importante que la política fiscal pueda transformarse en una

herramienta para el desarrollo, por medio de una mejorar en la cobertura y calidad

de los bienes y servicios públicos, así como en la reducción de la pobreza y

desigualdad a través de cambios en la forma como se financia el Estados

hondureño.

2. El contexto económico nacional está marcado por una convulsa economía mundial,

que se concreta en una desaceleración económica. La continuación de la guerra

comercial entre Estados Unidos y China, el incremento de los precios del petróleo,

así como un endurecimiento de las políticas migratorias pueden afectar el

crecimiento hondureño. A lo que se suma el riesgo de inestabilidad política y el

deterioro de los indicadores sociales.

3. La situación política en Honduras sigue siendo crítica. La percepción de la

ciudadanía de que Honduras no es una democracia, los casos de corrupción, los

vínculos de la política con el narcotráfico, así como un debilitamiento de la

institucionalidad democrática, son un caldo de cultivo para que se perciba la

discusión del presupuesto con falta de legitimidad y como la imposibilidad de que

se transforme en un instrumento para resolver los problemas que aquejan a la

población.

4. El contexto fiscal evidencia que la Ley de Responsabilidad Fiscal, los Acuerdos de

Stand-By y las propias decisiones del Ejecutivo han establecido metas y decisiones

fiscales que han provocado un fuerte ajuste, el cual se ha concentrado

principalmente en la reducción del gasto público, en áreas sociales y de inversión

pública. Todo parece indicar que no hay interés en medir y mitigar el impacto que

estas medidas tienen en el deterioro del bienestar social.

5. El proyecto de presupuesto de ingresos para 2020 asciende a L119,920.3 millones

en términos nominales —23.5% como porcentaje del PIB—, de los cuales un 91.5%

provienen de impuestos. Sin embargo, preocupa la significativa caída de la carga

tributaria, que pasa de representar el 18.0% del PIB en 2019, a tan solo 16.6% en

2020. No hay justificaciones técnicas que expliquen este desplome de la

recaudación, por el contrario, se continúa con la mala práctica de subestimar el

monto esperado de recaudación con el fin de tener absoluta discrecionalidad al

asignar el destino de gasto público proveniente de los ingresos adicionales que se

recauden, dado que estos no estarán sujetos a asignaciones presupuestarias

aprobadas por el Congreso. Este tipo de prácticas debilita la confianza en los

responsables de la política fiscal y resta credibilidad a las cuentas fiscales.

6. Los gastos totales considerados en el proyecto de presupuesto para la

Administración Central ascienden a L130, 469.5 millones, excluyendo el monto


34

destinado a las amortizaciones de deuda, pero incluyendo las asignaciones que se

reportan como aplicaciones financieras y que implican trasferencias de recursos a

fondos y fideicomisos, equivalentes al 19.7% del PIB, inferior al 21.5% estimado

para 2019.

7. Del total del gasto previsto en el presupuesto, el 78.3% corresponde a gastos

corrientes, 12.1% a gastos de inversión y el restante 9.6% a aplicaciones

financieras para fondos y fideicomisos. Los valores asignados para 2020

representan aumentos nominales del 1.0% en los gastos corrientes, 31.5% en los

rubros de aplicaciones financieras para fondos y fideicomisos, aunque representan

una fuerte contracción en gastos de capital por 16.6%, respecto a la estimación de

cierre de los gastos realizada por Icefi para 2019.

8. Dentro de la reducción en las transferencias corrientes, se destacan las

significativas disminuciones a las transferencias hacia instituciones sin fines de

lucro que reportan una contracción del 60.0%, las transferencias a las

universidades públicas se reducen en 23.1% (adicionalmente se reducen 20.6% las

transferencias de capital), las asignaciones a becas nacionales disminuyen un

27.5% y las becas externas un 37.5%. En general esta dinámica se presenta en

muchos de los rubros destinados al apoyo social, los cuales presentan fuertes

contracciones en las asignaciones para 2020. En los gastos de capital o de

inversión en activos, se reducen las asignaciones en 33.5% para bienes

capitalizables, 38.5% para maquinaria y equipo y, 34.6% en construcciones; pero

en sentido contrario, en este rubro, destaca el aumento del 39.6% en inversión

para equipo militar y de seguridad. Esto confirma, que el plan de ajuste, con el

propósito de reducir el tamaño del sector público lo hará primariamente con los

rubros de gasto social y en gastos de capital.

9. Al analizar, el proyecto de presupuesto para 2020 por entidades se reafirma el

enfoque de ajuste del gasto público, en donde prácticamente la mayoría tendrían

un recorte. Por su importancia destaca la reducción en la Secretaría de Educación,

que pasaría de 4.85 a 4.49% del PIB, entre 2019 y2020, también la Secretaría de

Salud se reduciría al pasar de 2.39 a 2.37% del PIB. La institución que sufre más

recortes en términos relativos es la Secretaría de Infraestructura y Servicios

Públicos, pues pasa de 0.82 a 0.40% del PIB.

10. Los recortes en áreas sociales contravienen lo establecido en la Convención sobre

los Derechos del Niño (CDN) y la Observación General número 19 (OG#19), la cual

establece que, en la elaboración del presupuesto público, los Estados no deben

adoptar medidas regresivas de manera deliberada para afectar los derechos de la

niñez.

11. El análisis de los indicadores macrofiscales muestra que el proyecto de presupuesto

para 2020 considera que la Administración Central incurrirá en superávit de 0.4%

del PIB, superior al déficit de 0.3% del PIB estimado para el cierre de 2019. Sin

embargo, al incorporar al análisis el traslado de recursos a los fideicomisos ―lo que

permite conocer más apropiadamente el comportamiento del sector fiscal―, se

hace notar el incremento del déficit del proyecto de presupuesto para 2020, el cual

ascendería a 1.5% del PIB, por debajo del 1.9% estimado para el cierre del presente

año.


35

12. El saldo de la deuda pública de la Administración Central, de acuerdo al proyecto de

presupuesto de 2020 sería de 48.5% del PIB, inferior al 49.4% de 2019; sin

embargo, el servicio de la deuda seguirá siendo la mayor partida presupuestaria de

los egresos, representando casi un tercio del proyecto de presupuesto de 2020.

13. A pesar de que establecen disposiciones específicas para avanzar en la producción

de bienes y servicios que favorezcan la inclusión, el proyecto de presupuesto para

2020 no permite verificar el cumplimiento de los ODS desde una perspectiva de

inclusión e igualdad, especialmente en términos de género, edad y etnia.

Adicionalmente, las asignaciones establecidas a la atención integral a la mujer, son

sumamente bajas al representar apenas el 0.19% del total de egresos.

14. La percepción de corrupción es alta, de acuerdo al Barómetro Global de la

Corrupción de América Latina y el Caribe 2019, en Honduras el 91% de los

entrevistados piensan que la corrupción en el Gobierno es un problema grave y el

54% considera que la corrupción aumentó en el último año. A esto hay que sumarle

la falta de espacios para que la ciudadanía pueda participar en la discusión del

proyecto de presupuesto.


36

11. Recomendaciones

1. Corregir la estimación de carga tributaria para 2020, para reducir el margen de

discrecionalidad con la subestimación de ingresos tributarios. Asimismo, es

fundamental que la Secretaría de Finanzas defina estrategias y metas claras para la

reducción de la evasión y elusión de impuestos, y haga público un plan para el

aumento de la productividad tributaria.

2. Es indispensable que se evalúe la eficiencia y efectividad del gasto tributario y que

tanto el Ejecutivo, como el Legislativo se abstengan de promover iniciativas de ley

que contengan exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que

demuestren que los beneficios sean más altos que sus costos.

3. Incluir dentro de las disposiciones del presupuesto, la obligatoriedad de la

publicación oportuna y a profundidad de las cifras relacionadas con la medición de

la eficiencia recaudatoria, especialmente a nivel del Sector Público No Financiero.

4. Se debe establecer que el proyecto de presupuesto incluya las metas y resultados

que se comprometen las distintas instituciones públicas, de esa manera se podrá

avanzar en un presupuesto por resultados donde la ciudadanía puede jugar un rol

más activo en la discusión y fiscalización de los recursos públicos.

5. Es importante que los gastos reportados como aplicaciones financieras para fondos

y fideicomisos sean registrados en los tipos de gasto correspondiente, esto

permitiría que desde la información oficial se reconozca el déficit fiscal real de la

administración pública.

6. La discusión del presupuesto público en el Congreso se debe realizar desde un

enfoque de derechos humanos, que ponga en el centro a la universalidad de la

provisión de bienes y servicios públicos, particularmente la educación y la salud.

Deben establecerse disposiciones que permitan blindar las asignaciones

presupuestarias en áreas claves como salud y educación, así como las relacionadas

a las inversiones en niñez y adolescencia, para evitar que las cuentas del ajuste

fiscal disminuyan el bienestar de la población, particularmente de los grupos más

vulnerabilizados.

7. Establecer dentro de las disposiciones para mejorar la transparencia y la rendición

de cuentas, la realización de un informe cuatrimestral consolidado de la ejecución

presupuestaria de la inversión pública en niñez y adolescencia. Este informe debe

como mínimo incluir: (i) un reporte del seguimiento físico y financiero; (ii)

desagregación de la información y datos de la niñez y adolescencia

derechohabiente por sexo, etnia y ubicación geográfica; (iii) contener los resultados

del seguimiento y monitoreo del cumplimiento en Honduras de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible; (iv) y, contener los resultados del seguimiento y monitoreo

del cumplimiento de las disposiciones del artículo cuarto de la Convención de los

Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y con énfasis especial y particular al

cumplimiento de la Observación General número 19 sobre Gasto Público y los

Derechos del Niño.


37

8. Incrementar sustancialmente las inversiones destinadas hacia las mujeres.

Asimismo, en las disposiciones agregar la publicación de un informe cuatrimestral

consolidado de la ejecución presupuestaria con base en el Índice de inversión de

género. Asimismo, establecer sanciones en el caso de incumplimiento de las

disposiciones de los artículos para avanzar en el enfoque de género en el

presupuesto.

9. Es primordial que se generen los espacios de participación ciudadana en las

diferentes etapas del ciclo presupuestario: más allá de la socialización de la

información, la ciudadanía debe participar en la definición de las prioridades del

presupuesto. Esto permitiría darle más legitimidad al presupuesto, tomando en

cuenta el contexto político adverso que atraviesa Honduras.

10. Las autoridades del Ejecutivo deben fortalecer los esfuerzos de planificación de

corto plazo, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los

objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.


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Esta publicación de la Serie de Documentos para el Diálogo Fiscal está dedicada al

análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de

Honduras para el Ejercicio Fiscal 2020. El documento parte de un análisis breve de los

contextos económico, social, político y fiscal. En estos contextos se señalan los

principales desafíos a los que el presupuesto debería dar respuesta, destacándose los

altos niveles de pobreza y desigualdad, baja cobertura y calidad de los bienes y

servicios públicos, un deterioro creciente de la institucionalidad democrática, así como

una economía que está supeditada a lo que suceda en el concierto internacional.

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