COMUNICADO DE PRENSA

MENSAJE EN EL DÍA CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA

HACIA LA MUJER

La violencia contra las mujeres es uno de las formas más graves de vulneración de derechos humanos porque afecta de manera sostenida, los derechos a la vida, la integridad, la salud, la igualdad, la justicia y la libertad. Aunque no es un fenómeno reciente, en nuestro país se ha tornado extremadamente grave debido a su frecuencia, naturalización y transversalización y porque sucede al amparo de la permisividad y la complicidad social y la debilidad institucional para sancionarla, prevenirla y erradicarla. Pese a que no se puede cuantificar con exactitud, se estima que ocho de cada diez mujeres en Bolivia sufren algún tipo de violencia y que la mayoría de los casos ocurren en el interior de sus hogares. Este índice supera ampliamente al promedio mundial que, según la Organización de Naciones Unidas alcanza al 30%. Los reportes de instituciones dedicadas a su seguimiento, señalan que el feminicidio, la más extrema forma de violencia, no solo es recurrente sino creciente habiéndose presentado tan solo en 2014 un total de 103 casos, el 63% cometido por esposos, novios o parejas. Estudios internacionales han señalado que Bolivia es el país con mayores casos de violencia sexual y el segundo en violencia contra la mujer en Latinoamérica. Si bien la violencia contra la mujer se inicia a muy corta edad, los rangos que más la padecen son las niñas, adolescentes y jóvenes; la cantidad de casos va a la par de las formas extremadamente crueles y brutales con que se cometen, evidenciándose en muchos casos la tortura, la vejación y la humillación previas al asesinato. La realidad descrita contrasta con los avances alcanzados en materia de derechos de esta población, que se encuentra protegida por la propia Constitución y una serie de leyes, instituciones y políticas públicas que resultan insuficientes y muchas veces inaplicables frente a un sistema patriarcal desde el Estado y la sociedad, que la permite, la socapa y la promueve a través de infinitas formas de conducta que van desde el lenguaje, el menosprecio, la cosificación, la discriminación y el acoso.

Al recordar una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su rol constitucional de velar por el cumplimiento, vigencia, promoción y difusión de los derechos humanos, manifiesta lo siguiente:

Recordamos con profundo pesar e indignación a las miles de mujeres bolivianas que han sido asesinadas, vejadas y torturadas por la violencia feminicida y criminal del patriarcado, que se ensañó contra su naturaleza de mujeres.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas: madres, hijas e hijos, hermanos, padres, amigos que han vivido el luto y el dolor de estos crímenes y luego han tenido que soportar su propio calvario de injusticia, impunidad, complicidad y silencio del sistema judicial y de la misma sociedad.

Demandamos una vez más que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales asuman su responsabilidad y coherentes con su mandato, cumplan con la ley 348 y su Reglamento, emitiendo el estado de alerta nacional ante la situación generalizada de violencia contra las mujeres y la reproducción sistemática de sus 16 formas identificadas en la Ley.

Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se conforme una comisión de investigación de los casos de feminicidios y asesinatos de mujeres que se encuentren pendientes de resolución en todos los tribunales del país, a fin de acelerar las sentencias y sancionar a quienes resulten culpables de haberlos perpetrado.

Pedimos a las instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la temática, que se busquen mecanismos para articular las iniciativas y coordinar el trabajo de modo que se pueda emprender las acciones y las campañas en todos los ámbitos y espacios, incluso en las áreas rurales, donde la incidencia de este mal también alcanza niveles críticos.

Reafirmamos nuestra decisión de continuar en nuestro trabajo de vigilancia, visibilizacón, denuncia y exigencia para que las instituciones del Estado cumplan con su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país.