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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CONFLICTO ESMERALDIFERO EN EL OCCIDENTE DE BOYACA
ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO
PEDRO FELIPE RESTREPO ESCOBAR
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA
SANTA FE DE BOGOTA, AGOSTO DE 1996
2
INTRODUCCION
En sucesivos enfrentamientos, alternados con pacificaciones transitorias, la región esmeraldífera
del Occidente de Boyacá, ha padecido desde la década de los 70 una violencia motivada
principalmente por el control de la explotación de las minas de Muzo, Quípama, Coscuez y Peñas
Blancas, como resultado de la cual se conformaron y fortalecieron dos grupos antagónicos cada
vez mejor definidos.
En estos enfrentamientos pueden distinguirse tres grandes fases que son comúnmente conocidas
en la región como las “Guerras de las Esmeraldas”. La primera, entre los años 1970 y 1973, fue
definida con la captura del “Ganso” Ariza y su grupo; luego de una precaria paz, se presentó la
segunda fase, entre los años 1976 y 1977, que concluyó con la firma de un acuerdo formal de
paz, avalado por las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, así como por los líderes
regionales; y la tercera, caracterizada por haber sido la más cruenta y prolongada y por haber
contado con nuevos actores ajenos a la región, tales como la guerrilla y el narcotráfico, y ocurrió
entre los años 1984 y 1990.
A mediados de 1990, existían dos bloques de fuerzas relativamente equilibradas, ambos
organizados con precisos rangos de jerarquía y liderazgo, y ejercían dominio y control absoluto
sobre territorios determinados: el uno sobre la mina de Coscuez y los municipios de Pauna,
Maripí, Briceño y Tununguá; el otro sobre las minas de Muzo-Quípama y Peñas Blancas y los
municipios de Otanche, San Pablo de Borbur, Muzo y Quípama. Además ambos bandos poseían
grandes recursos económicos, sofisticados equipos de comunicación y armamento, vehículos
terrestres y aéreos, y disponían de un pie de fuerza permanente de no menos de 300 hombres-
arma cada uno, con entrenamiento y la posibilidad de reclutamiento inmediato de varios
centenares más, así como comandos de acción en Chiquinquirá y Bogotá, de ágil desplazamiento
a cualquier parte del País, encargados de actos depredadores y ataques contra colaboracionistas
y simpatizantes del grupo contrario. Tal equilibrio relativo de fuerzas impedía un triunfo definitivo y
contundente del uno sobre el otro.
3
La última confrontación repercutió en todos los estamentos y estratos sociales, políticos y
económicos de la región; afectó el transporte, el comercio, la agricultura, la ganadería y, por
supuesto la minería, llegando incluso a interrumpir la comunicación y el tránsito entre áreas de la
provincia.
Ante la imposibilidad de la anulación física del adversario, se llegó a la alternativa de una guerra
cada vez más degradada, difícil y costosa o la búsqueda de unas negociaciones para la paz.
Entonces, surgió por parte de los más connotados dirigentes de ambos grupos, un acuerdo para
el cese de las hostilidades y la reconciliación mutua.
Este acuerdo se halla actualmente en vigencia y está supervisado por un comité denominado de
“pacificación, normalización, verificación y desarrollo” del cual hacen parte el Obispo de
Chiquinquirá, el Gobernador del Departamento, los comandantes de Ejército y Policía de Boyacá,
los empresarios mineros (Tecminas, Esmeracol y Coesminas) y los más importantes líderes y
dirigentes de la provincia.
Tuvo origen así una iniciativa civil para poner en marcha el proceso de pacificación regional. La
importancia y transcendencia de ésta, abarca toda la vida social de la región y ha permitido que
los dos grandes bloques en que se había dividido y enfrentado la comunidad, volvieran a reunirse
bajo un solo propósito y lograran crear un proyecto de unificación social y económica. Este
proceso tiene la especial característica de ser integral, en el sentido de englobar no sólo las
instituciones policíacas, sociales, gubernamentales y económicas, sino también a los actores
privados, quienes, mediante un acto voluntario, han decidido crear un nuevo orden social.
El estado de violencia sostenido durante más de 20 años, tanto como sus antecedentes próximos
y remotos han causado una serie de alteraciones y condicionamientos que afectan el fenómeno
político y caracterizan muy específicamente la sociedad.
4
Entre los hechos más notables a este respecto pueden considerarse los siguientes: alteración de
las condiciones socioeconómicas, tales como el urbanismo, los patrones de asentamiento
poblacional, la dinámica del mercado, las relaciones laborales y la productividad agropecuaria;
alteración de la ideología jurídica, con el consiguiente dislocamiento y desfiguración de las
distintas entidades del aparato estatal (ejército, policía, administración, judicatura, etc.) y
degradación de los principios éticos manifestada en una descomposición social referida
principalmente al afán de enriquecimiento, la venganza de sangre y la insolidaridad, así como la
formación de núcleos controlados por los grupos y actores en conflicto, los cuales acaparan y
acumulan poder real.
Como consecuencia de lo anterior, actuación esporádica pero con intereses concretos, de otras
fuerzas en conflicto, tales como guerrilleros, narcotraficantes, auto defensas y grupos de justicia
privada, pero también precariedad del Estado, ausente y difuso en varias manifestaciones
gubernamentales, y reducido a micropolíticas espasmódicas, muchas veces contradictorias entre
sí, (por ejemplo, la lucha contra el paramilitarismo, pero a la vez la incentivación de las llamadas
“cooperativas de seguridad”), dentro de un juego alternativo irregular de “represión-reformas”.
Unido a estos fenómenos se suma la ausencia del papel ideológico y organizacional de los
partidos políticos, con desplazamiento a una debilitada burocracia local y una menguada actividad
electoral periódica. Todo ello con arraigo clientelista parcializado hacia los grupos y líderes en
conflicto.
Ante esta perspectiva, el centro de análisis está en la observación del fenómeno político en el
sentido del postulado aristotélico, según el cual, “el verdadero principio de todas las cosas es el
hecho y si el hecho mismo fuese conocido con suficiente claridad no había nunca necesidad de
remontarse a su causa”1. Es la reflexión sobre lo político como posición o instancia, como curso
de acción u omisión y como impacto, originado en los actores estatales o sociales.
1 Briceño J., Manuel. “Aristóteles, Etica a Nicómaco”, Libro Y, capítulo 2º Politeia. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 68.
5
Lo que da sentido pleno al análisis, es la investigación del complejo proceso de la puesta en
marcha de una conjunción de decisiones que inciden en la solución real o presunta del problema
social que ellas generan.
Asumiendo esta proyección teórica debemos inferir un modelo de análisis, incluso contrastando
los modelos disponibles sobre la violencia, que explique con suficiente claridad los hechos de una
manera integral a fin de conseguir aquello que Monseñor Guzmán Campos denomina “la total
dimensión interpretativa del fenómeno”2 que, no obstante su dificultad, nos permita ordenar unas
hipótesis comprobables de acuerdo con ellos y conforme a una metodología adecuada a su
naturaleza.
2 Guzmán Campos, Germán. La Violencia en Colombia, Tomo I, Bogotá, Printer Colombiana S.A., 1988, p. 23.
6
1. LAS HIPOTESIS
Con base en los anteriores hechos, el análisis se desarrollará con base en la siguiente hipótesis:
El actual proceso de pacificación de la región del occidente de Boyacá es un intento de
ordenamiento social a partir de una iniciativa civil, consistente en la sustitución de la dominación
por la fuerza, por la dirigencia basada en el consenso, para buscar objetivos sociales concretos,
relacionados principalmente con el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de la calidad de
vida, y con la posibilidad de la integración con el Estado.
En términos del modelo político propuesto, se trata de un proceso que tiene origen en el eje de la
militancia. Es una iniciativa de la sociedad civil, posible porque en un momento dado, ésta logró
alcanzar un nivel de conciencia tal que llevó a sus líderes a buscar una nueva forma de
participación. En un principio, es un esfuerzo privado. Pero, indudablemente, la proyección de
este esfuerzo estará relacionada en alto grado con la capacidad del proceso para abrir “espacio
público”, esto es, para integrarse con el Estado. La capacidad de inversión, la tecnología, el
proyecto cultural, que pueda aportar el Estado serán definitivos en el resultado. La respuesta que
el desplazamiento de la militancia en el sentido social de la misma tenga en cuenta a sus
objetivos sociales, dependerá grandemente del proyecto político, que corresponde plantear al
Estado, además, por supuesto, de lo que alcance a crear la sociedad misma respecto a proyecto
político.
En otras palabras, y explicando más ampliamente esta hipótesis, se basa en que el ordenamiento
social ha sido imposible por causa de la dominación violenta acompañada de una actividad
política partidista sin contenido y propósito social, y se intenta crear ahora una dirección de
consenso y una acción política de transformación social que sirva como principio de
estructuración de las relaciones sociedad Civil-Estado y de sistematización de las relaciones
sociales.
Esta hipótesis puede desagregarse en otras más precisas:
7
Las comunidades de la región no se han integrado plenamente al desarrollo de la sociedad
moderna, es decir, no han entrado a estructurar la racionalidad moderna, las relaciones
capitalistas, el urbanismo, la extensión de los servicios públicos, la monetización de la economía,
etc. Por el contrario, el modernismo les ha llegado desde fuera en forma abrupta, traumática, con
una vertiginosidad que ha creado un grave problema de adaptación, lo cual ha impedido la
consolidación de un proyecto definido de desarrollo y ha hecho casi imposible la adopción de
planes y programas de desarrollo.
Las comunidades de la región tampoco poseen el grado de evolución de una ideología, no han
logrado unificar un lenguaje para expresar sus aspiraciones y su concepción del mundo, viven
cerradas en un medio hostil y un territorio limitante, por lo cual, tienen una idea desfigurada y
dislocada de las entidades del aparato estatal, así como de los principios éticos, tales como la
justicia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, etc. La relación económica ha sido
factor de creación de grupos, principalmente en torno a la explotación de las esmeraldas, que se
han visto forzados a irrumpir en la sociedad moderna y, de una manera rudimentaria son principio
de una conciencia de clase. Esta característica de la conformación de grupos y núcleos ha sido
propicia a la atracción de otras fuerzas como la guerrilla, las autodefensas, el narcotráfico y
grupos de justicia privada.
Dada la precariedad del Estado, la fragmentación del poder, la ausencia de organización
partidista y la debilidad de la cohesión social, puede pensarse en un proceso de transición que
está en gestación sobre la base de una “resurrección de la sociedad civil” que, a través de sus
fuerzas contestatarias, su juego amplio de aspiraciones e intereses, su natural habilidad para la
negociación, genere por sí misma y a partir de sí misma, el proceso de liberación y de
socialización indispensables para alcanzar una estructuración democráticamente.
Las comunidades de la región se han mantenido en una fase “pre-política”, caracterizada por una
militancia partidista sin contenido político que no les ha permitido desarrollar una conciencia
política. El bipartidismo, particularmente la militancia en el partido conservador, tradicionalmente
8
mayoritario, ha sido un factor de aglutinación en torno a caudillos, intereses parciales, y solo
excepcionalmente, un principio de estructuración de las relaciones Sociedad Civil-Estado y de
sistematización de las relaciones sociales dentro de una identidad propia. Allí no han asumido
los partidos plenamente formas de estructuración de la nación, lo que se supone es su misión
primordial.
2. LA ZONA ESMERALDIFERA
La provincia de Occidente de Boyacá está situada en el flanco occidental de la cordillera oriental
de los Andes colombianos, limitada al norte por el Departamento de Santander, al sur por el de
Cundinamarca, al occidente por los de Caldas y Antioquia y al oriente por los municipios de
Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán y Santa Sofía del Departamento de Boyacá. Comprende 16
municipios en un área aproximada de 3.500 kilómetros cuadrados.
Se divide en tres zonas: Occidental, Central y Oriental. La zona central corresponde a la cuenca
del río Minero y comprende los municipios de Briceño, Buenavista, Coper, La Victoria, Maripí,
Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Tununguá. Esta área es el objeto
territorial del presente estudio. Es conocida comúnmente como la Zona Esmeraldífera de
Boyacá. (Véanse mapas adjuntos).
2.1. LOS ABORIGENES.
A la llegada de los españoles, en el siglo XVI, estaban dispuestos tres grandes grupos étnico-
culturales en el territorio colombiano, identificados especialmente por ser familias lingüísticas más
o menos definidas, sin que pueda predicarse de ellos una pureza racial, ni que fueran poseedores
de una cultura “neta” o exclusiva de cada uno.
9
El principal era el grupo o familia CHIBCHA, cuyo origen básico se ha aceptado por norte-
asiático, de la rama mongoloide, llegado en la ola migratoria proveniente del norte por Centro
América, aunque también, con vestigios de origen oriental, de la ola migratoria paleo-americana3.
El segundo grupo étnico-cultural era el Caribe o Calima, voz que significa “compañero”; cuyo foco
de origen se considera entre el Xingú y el Alto Tapajoz, emparentados con los Tupíes Brasílidas4
que se instalaron en las Guyanas, pasaron al Caribe y por varias rutas a Colombia, siguiendo
dirección norte-sur; bien pudieron entrar por el Golfo de Venezuela, por el río Yuca (nombre
caribe del Magdalena) o por las montañas orientales hasta abrirse espacio en el territorio a base
de conquistas. A este grupo pertenecían los Muzos, que se establecieron al oeste de los Guanes
en una zona comprendida entre los ríos Magdalena al oeste, Sogamoso al norte y Suárez al este;
y los Colimas, aposentados al occidente del imperio muisca y al sur de los Muzos, de quienes
dice el cronista Simón “eran de la misma nación, costumbres, ferocidad y lengua”5 -éstos son los
primeros pobladores de la provincia de Occidente de Boyacá6-.
Finalmente, la tercera etnia importante de los aborígenes colombianos es la Arawack, cuya fuente
se considera situada en la región limítrofe de Colombia, Venezuela y el Brasil y cuya presencia es
como un “Cemento Racial” que se encuentra por toda América7. Sus descendientes hoy día son
los indios Guajiros que mantienen su cultura prácticamente intacta.
3 De la familia Chibcha eran miembros, en virtud a las similitudes culturales, antropológicas y principalmente lingüísticas, las siguientes agrupaciones tribales encontradas por los hispanos y algunas todavía existentes: los Muiscas, Moscas o Chibchas, del altiplano; los Laches ubicados en los alrededores del Nevado del Cocuy; los Guanes, ubicados al norte de los anteriores; los Tunebos habitantes de la región limitada por los ríos Sarare y Arauca, por el oriente y la Cordillera del Cocuy por el occidente y desde la Sierra Nevada de Santa Marta; los Chimilas, los Araucos y Arhuacos (que no deben confundirse con los Arawack), también de la Sierra Nevada de Santa Marta; los Paeces del Cauca; los Cunas del Golfo de Urabá; los Guambianos que ocupan una extensa zona desde el Magdalena hasta la Cordillera Occidental; los Andaquíes, en el Valle de San Agustín; los Pastos en Nariño y los Quillancingas, al este de los anteriores. 4 López de Mesa, Luis. Disertación sociológica. Bogotá, El Gráfico, 1939, p. 225. 5 Hernández Rodríguez, Guillermo. De los Chibchas a la Colonia y a la República. Bogotá, Colculltura, 1975. p. 91. 6 Otras tribus pertenecientes en el siglo XVI al grupo Caribe eran... Los Panches, en las vertientes de la Cordillera Oriental y Central, entre el Río Negro y el Guarino por el norte y el Coello y el Fusagasugá por el sur; los Pijaos al sur del actual Departamento de Caldas y hasta el del Tolima; los Quimbayas, que vivieron en el actual Departamento de Antioquia; los Chocoes, entre la Cordillera Occidental y el Pacífico, y los Motilones, en la Sierra de Perijá, y en la Hoya del Catatumbo, en el Opón y el Carare. Estas transcripciones, como la del Nº 4, son tomadas de García, Julio César, Los primitivos p. 182 y de Ocampo López, Javier, Historia del Pueblo Boyacense, p. 322 ss. 7 López de Mesa, Luis. Disertación Sociológica. p. 221.
10
Además de estos tres grandes grupos etno-lingüísticos, existían y hacen parte de la realidad
poblacional colombiana, muchas tribus no clasificadas o de difícil ubicación, entre las que se
encuentran las variedades amazónicas y de la Orinoquia.
Para el efecto del estudio de la provincia de Occidente de Boyacá, entonces, tenemos que los
pobladores aborígenes básicos fueron los Muzos y los Colimas, pertenecientes al grupo Karib o
Caribe. Hemos considerado conveniente presentar este esquema general, para ubicar éstos
dentro de las corrientes genéticas tanto americanas como colombianas.
Respecto a su grado de desarrollo, estos grupos se sitúan en una cultura pre-clásica inferior, con
una estructura política de comunidad tribal. Esto significa que no habían alcanzado un nivel de
“cacicazgo” como sí lo lograron los Muiscas, los Quimbayas y otras.
Los Muzos estaban organizados en clanes de carácter cognaticio exogámico, los cuales se
agrupaban en fratrias con un tipo matrilineal en sus relaciones sociales y con formas exogámicas
en sus costumbres matrimoniales. Acostumbraban el Amaño o período de prueba y tenían como
norma social la fidelidad en el matrimonio. Siguiendo la tradición legendaria de Fura y Tena, el
agravio de honor a los maridos se purgaba con el suicidio del burlado8.
Los clanes de carácter cognaticio-exogámico tenían nombre común para sus miembros. “Nunca
estuvieron poblados y juntos en forma de pueblos sino por sus parcialidades que son parentales o
barrios” cada una con apellido diferente, y “ningún indio natural de un pueblo se casa con una
india del mismo o pueblo, porque lo tienen por gran crimen, sino los indios de un pueblo se
casan con una india de otro pueblo o apellido”9.
Los Muzos fueron un pueblo muy guerrero y belicoso con sus vecinos, especialmente con los
Colima contra los cuales organizaban partidas de asalto, y con los Muiscas a quienes atacaban y
8 Langebaeck, Carl Henrik. Mercados, poblamiento e integración étnica entre los Muiscas, Bogotá, Banco de la República, Dpto. Editorial, 1987. pp 108, 109.
11
arrebataban tierras de frontera; entre ellas, los montes sagrados de Fura y Tena que, en tiempos
remotos, pertenecieron a éstos.
Acompañaban la guerra con cantos y bailes rituales y se embriagaban para el efecto con chicha;
es de gran importancia destacar que no tenían poblados, ni dioses ni ritos religiosos organizados,
ni sucesión de caciques a través de familias, ni nobleza, sino que el poder surgía a la hora de la
guerra, para cuyo evento simplemente designaban a sus jefes, seleccionándolos de entre los más
valientes, quienes los organizaban para la batalla o la partida de ataque con armas envenenadas.
Estos jefes eran ocasionales y no se reconocía vasallaje, ni se les pagaba tributo.
El principal cultivo de los Muzos fue el maíz, el cual complementaban con otros de “tierra
caliente”, como la papaya y la yuca. Desde tiempo inmemorial se reconoce su aprecio por la
explotación de las esmeraldas que utilizaban fundamentalmente para su comercio y su adorno
personal.
Llamaban “guarichos” a los indios que no salían a luchar con sus compañeros, a quienes
consideraban como hombres inútiles dejándolos para el cuidado de sus mujeres y casas.
Tuvieron muchas tácticas guerreras y acostumbraban la antropofagia ritual en la guerra. Los
prisioneros en los combates eran convertidos en esclavos, a quienes llamaban “tapazcaes”,
principalmente guerreros chibchas10.
2.2. LOS CONQUISTADORES.
Los Muzos fueron conquistados por las huestes de Luis Lancheros, que formaban parte del
ejército expedicionario de “La Nueva Granada” que comandaba Gonzalo Jiménez de Quesada y,
en expediciones posteriores, por los conquistadores Melchor Valdés, Diego Martínez y el capitán
Pedro de Ursua. El acto culminante de la conquista fue la fundación en 1559, por parte del
9 Rivadeneira Ch., Luis Mario. Derecho de Minas de Colombiano. Bogotá. Edit. Pirámide, 1981, p. 182.
12
Maestre de Campo Francisco Murillo, de la población de Trinidad de los Muzos que es la
actualmente existente.
Los Muzos ofrecieron bravía y sistemática resistencia hasta que fueron vencidos. Su mezcla con
los conquistadores se presume fue escasa y por ello, en su inmensa mayoría, fueron
exterminados por la guerra, el hambre, las enfermedades y el destierro que tuvieron que sufrir11.
2.3. LOS COLONOS.
El Visitador Real Martín de Urdaneta propuso un plan para desarrollar el país de los Muzos y
Colimas basado en la necesidad de comunicarlo con Santafé mediante una vía de salida al
Magdalena y el fomento de la ganadería y algunos productos nativos agrícolas. Pero la provincia,
por sus peculiares características geográficas y morfológicas se mantuvo relativamente aislada,
salvo en lo referente a la exploración y explotación económica de las esmeraldas que, desde
cuando fueron incorporadas al mito de “El Dorado” en el siglo XVI, además de convertirse en una
de las fuentes de conflicto más constantes de la historia de Colombia, ha sido el enclave del resto
del país y aun del mundo12.
La mayoría de los clanes de los indios Muzos, como se dijo atrás, fueron exterminados en la
conquista, pero los sobrevivientes fueron “repartidos” con base en esta organización de clanes,
según relato de los mismos jefes indios interrogados por la audiencia de Santafé de Bogotá, de la
siguiente manera:
“Preguntados por el décimo capítulo respondieron por las dichas lenguas que después que
cristianos entraron en esta tierra que se repartieron los indios por sus apellidos a sus
encomenderos”13.
10 Gómez, Laureano. Obras Selectas. Primera Parte. Bogotá: Cámara de Representantes, Fondo de Publicaciones, 1981. p. 155 11 Ibid - p. 10 a 15 y p. 20. 12 Ibid. p. 20. 13 Gómez, Laureano. Obras completas, Tomo IV. Vol. I Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 206.
13
Siguiendo los apellidos se hicieron muchos repartimientos, por ejemplo los de Quípama y de
Paime. Los primeros que estaban encomendados a Alfonso Pabón, se distinguían con el apellido
”Quípama” y así fueron bautizados. Los de la segunda encomienda tenían apellido “Paime” y con
esta denominación fueron adjudicados14.
De lo anterior resulta que los repartos de indígenas no se hicieron al azar, sino por pueblos con
alusión a su jefe y a todos los que eran sujetos. “Los repartimientos tienen pues como base los
dos elementos, el jefe y su tierra, lo que equivale a basarse en el grupo indígena de organización
gentilicia, tomando al clan para las encomiendas menores y a la tribu para los grandes
repartimientos15.
De esta manera los Muzos fueron incorporados a la organización española que se superpuso al
sistema gentilicio indígena.
2.4. LOS POBLADORES.
La región de Occidente de Boyacá, por la localización de su territorio en zona de difícil acceso
topográfico y su clima, no ha facilitado el asentamiento humano, por lo que la mayor parte de la
población se instaló en la planicie alta de Chiquinquirá y los pueblos vecinos, así como en la parte
más elevada de la vertiente occidental de la cordillera. Las pocas haciendas y el régimen
económico allí insertado fueron de muy bajo impacto en la cuenca del río Minero. Unicamente
Muzo, establecido como Parroquia desde la época colonial; pudo mostrar algún tipo de evolución
socioeconómica. Descontadas las cabeceras de los municipios de Pauna, Coper, Buenavista,
Briceño y Maripí y sus inmediaciones, el resto del territorio estuvo durante mucho inhabilitado e
inexplorado; “una selva, en su mayor parte apenas semipoblada por gentes indígenas y en
lamentable estado de atraso, sometiéndose a las incomodidades de tales lugares”16.
14 Ibid. p. 207. 15 Guerrero Barón, Javier. La Economía esmeraldífera y la violencia: la micro historia institucional y contra institucional. Tunja, U.P.T.C. 1984 p. 228 -229. 16 Ibid. p. 228 - 225.
14
Aunque desde los tiempos de la colonia se hicieron esfuerzos para vincular la región al río
Magdalena, para lo cual se hicieron trayectos de banqueo y a mediados del siglo XVIII se pensó
en crear una gobernación en la zona de Muzo para facilitar la colonización y construir la vía al río,
ello no fructificó. Solamente hasta el año de 1927 se pudo precisar el trazado de la vía, gracias a
la expedición del ingeniero e inspector general del territorio Vásquez, Félix María Díaz Galindo, y,
únicamente en 1986 se pudo terminar, uniendo a Otanche y Puerto Boyacá.
El territorio Vásquez fue el nombre dado a la inmensa extensión de la tierra situada al occidente
del río Minero hasta el río Magdalena. Fue cedido por el Congreso de Colombia al Departamento
de Boyacá, por medio de las Leyes 18 de 1882 y 68 de 1898, en una extensión de 100.000
hectáreas, precisamente para que sirviera para la construcción de dicho camino al Magdalena y
el fomento de nuevas poblaciones aledañas al mismo. La demarcación definitiva de los límites
del territorio Vásquez solamente vino a hacerse en 1954, aunque desde 1892 el Ministerio de
Hacienda , por Resolución del 4 de abril, ordenó practicar su medición y en 1920 ratificó esa
orden, por Resolución Nº 305, determinando que tal cesión obligaba al Estado y prohibiendo
hacer adjudicaciones de baldíos a la región que debería de cruzar el “Camino de Occidente” que,
como se dijo, vino a trazarse siete años mas tarde17.
Este territorio Vásquez corresponde a lo que hoy son los municipios de Puerto Boyacá, Otanche,
San Pablo de Borbur y parte baja de Quípama. El gobierno de Boyacá, también desde el
principio tomó cartas en el asunto de la construcción de una vía que diera salida al territorio
Vásquez por el Río Magdalena. Con un auxilio de $50 mil pesos de las rentas nacionales
otorgado por la Ley 49 de 1881, el Gobierno Departamental adelantó dos trazados, uno buscando
la Salina de Pizarra y el otro, la Salina de Chaquipay. Ambos pasaron por Pauna y se dividieron
antes de atravesar el río Minero. Hasta la fundación de Otanche, en la década de los sesenta,
uno de ellos subsistía cubierto por la selva.
17 Ibid. p. 232 - 233 - 234 - 235.
15
De otra parte la Asamblea de Boyacá, por Ordenanza 41 de 1912, dispuso la construcción del
ferrocarril. La Ley Octava de dicho año aprobó esa Ordenanza y reconoció a Boyacá el derecho
al pago de la subvención decretada por la Ley 61 de 1986 y, de paso, volvió a ratificar el deseo
de la construcción de la carretera al Magdalena, autorizando al Departamento “para construir una
carretera que lo una al Magdalena, Carare u otro afluente”. En últimas, carreteras y ferrocarril
terminaron favoreciendo al Departamento de Santander, porque para la época y dada la situación
geopolítica de Boyacá era lógico que los intereses políticos y económicos de la región se
orientaran hacia los Santanderes, por ser éstos las ruta principal de la exportación cafetera, vía
Venezuela, así como ser ellos mismos importantes productores del grano18.
Por esta razón el Occidente de Boyacá no reportó beneficios en su anhelo de llegar al Magdalena
con una vía sobre su propio territorio.
Tenemos entonces que la frontera agrícola se cerraba sobre una pequeña extensión,
caracterizada por un sistema de producción y autoconsumo y, en algunos casos, de producción
lucrativa en cultivos como la caña de azúcar de la que se extractaba la miel y la panela con
destino a la región de Chiquinquirá, extensión que fue abriéndose poco a poco, a medida que
algunos osados colonos fueron fundando fincas de explotación más o menos grandes. No puede
hablarse de que existieran grandes haciendas de tipo colonial latifundistas, como grandes
unidades económicas y sociales autónomas basadas en el cultivo en gran escala y la ganadería y
complementadas por pequeñas industrias subsidiarias, con estructura social propia del tipo de las
que existieron en el altiplano Cundiboyacense o en el Valle del Cauca. Sin embargo hubo
esfuerzos importantes como el caso de Felipe Mendieta, quien fundó una finca importante en la
margen derecha de la Quebrada Nacuamas, y de Jesús González, quien fundó la finca “La
Granada”,, en la parte alta de esta misma Quebrada. Casi todos los dueños de tierras en la
región habían hecho compra al señor Aurelio Avipi, quien las obtuvo por cesión del Rey de
España del 28 de febrero de 164419.
18 Ibid. p. 235. 19 Rivadeneira Ch., Luis Mario. Derecho de Minas Colombiano. p. 293 - 294.
16
Entre las explotaciones más notables por su extensión y organización se cuenta la llamada
“Hacienda” fundada por el general Dimas Atuesta en el siglo XIX en las inmediaciones de Santa
Bárbara, en el hoy territorio de San Pablo de Borbur, en las cercanías de la mina de Coscuez; y la
“Hacienda de Borbur”, acaso la única que verdad merecía este nombre, por su organización
social y económica, fundada en el lugar en que se inició el caserío de Borbur por un padre
Salesiano de nombre Pablo Valette, quien ejercía como cura párroco de Pauna y compró los
terrenos al doctor Francisco de J. Fernández, hecho que facilitó al Obispo de Tunja nombrar a
dicho sacerdote como cura párroco con asiento en la mencionada hacienda. Con el padre
Valette vio el señor Julián Medina Martínez, su cantor, a quien nombró mayordomo de la
hacienda y luego corregidor del caserío, cargo que conservó en forma permanente desde 1916
hasta 1930.20
En síntesis, la región de Occidente de Boyacá se dividió hasta mediados del siglo XX, en una
gran zona baldía, sobre la que se creó el territorio Vásquez y en otra zona que, pese a tener las
minas de esmeraldas, no alcanzó a superar el nivel de una vida precaria basada en la pequeña y
acaso la mediana explotación agropecuaria.
Por esta razón, la densidad poblacional fue siempre mayor en esta segunda zona, principalmente
en Muzo. A lo largo del presente siglo empezó a crecer la inmigración proveniente de las tierras
vecinas de la región de Rionegro en Cundinamarca y de Jesús María y la Belleza en Santander.
Se destacaron olas migratorias. La primera en los años 30 y la segunda, a finales del año 46 y
durante la década de los 50.
La migración de los años 30 se estableció en la zona más desarrollada, es decir Muzo, Coper,
Maripí y Pauna, principalmente en estos últimos, que reciben población de Carmen de Carupa,
Simijaca, San Cayetano en Cundinamarca y de Chiquinquirá, Saboyá y Caldas en Boyacá. Muzo
recibe gentes de Paime, San Cayetano, Topaipí, Caparrapí, Vergara, La Palma y Yacopí,
principalmente. En los años 50 la migración proviene de la misma región y del Departamento de
Santander, pero se extiende ya hacia San Pablo de Borbur y Otanche. La existencia del complejo
20 Ibid. p. 183.
17
proceso de población se refleja en la tasa de crecimiento anual de la región de la cuenca del río
Minero, durante estas etapas, que registran los siguientes guarismos: 1938 a 1951, el 0.83%;
1951 a 1964, el 3.11%. Tasas de crecimiento anual.21
Durante los años 50 y la primera mitad de los 60, se dio el fenómeno de la colonización del
territorio Vásquez. La reforma agraria adjudicó terrenos baldíos a cientos de familias que se
instalaron en la zona. Se fundaron los municipios de San Pablo de Borbur y Otanche en la zona
central y de Puerto Boyacá en la zona occidental sobre el río Magdalena, se avanzó la carretera
Pauna-San Pablo de Borbur-Otanche, que más tarde en la década de los 80 llegaría a unirse con
Puerto Boyacá.
Sin embargo, al auge demográfico, registrado como consecuencia de las olas migratorias inter-
regionales antes citadas siguió un decaimiento en los años 70 y 80. La tasa de crecimiento anual
para el período de 1964 a 1973 fue de tan solo 0.46% ; y la del período de 1973 a 1985 solo
subió al 1.06%.22
El redescubrimiento de las minas de Peñas Blancas en 1960 y la explotación intensiva de las de
Muzo-Quípama y Coscuez, constituye un caso atípico de desequilibrio demográfico, en el que se
presenta una tasa fluctuante relativamente alta, con un promedio de 7.8% anual, tanto a nivel
urbano como rural. (para Muzo, Quípama, Otanche y San Pablo de Borbur).
En tanto que la mayor densidad poblacional se ha concentrado en Muzo y Quípama, otros
municipios, durante los últimos 30 años han presentado tasas negativas de crecimiento. Así, San
Pablo de Borbur sufre un gran impacto por el conflicto de las minas de Coscuez, y los municipios
de Briceño, Coper, Pauna, Maripí y Otanche presentan situaciones críticas de crecimiento
negativos, comprendidas en una tasa de -2.47% a -0.61%23.
21 Uribe Alarcón, María Victoria. Limpiar la Tierra, Guerra y Poder entre Esmeralderos. Bogotá, CINEP, 1992. p. 93. 22 Decreto 1986 de 1947 - Ley 145 de 1959 - Decreto 293 de 1964. 23 Rivadeneira Ch., Luis Mario. Op. cit., p. 298.
18
En la actualidad los once municipios del río Minero, en una extensión de 2.056 Km.2 albergan una
población total de 75,376 habitantes, distribuidos en 9,906 urbanos y 65,470 rurales24.
3. EL ESTADO Y LAS ESMERALDAS
El principal factor determinante del conflicto social, en la zona de la cuenca del río Minero, ha
sido el interés por el control de la explotación de las minas de esmeraldas de Muzo-Quípama,
Coscuez y Peñas Blancas; se justifica por tanto, dar un repaso histórico al tratamiento y
explotación de las gemas, a la relación entre el Estado y los particulares al respecto, antes de
entrar de lleno al análisis del conflicto propiamente tal.
3.1. EN LA ETAPA PREHISPANICA.
Los habitantes prehispánicos de los hoy Departamentos Cundinamarca y Boyacá, tenían las
esmeraldas en gran estima y las utilizaban con fines suntuarios, como ofrenda ritual o ajuar
funerario y para fines de trueque comercial25.
Los indios Muzos centraban su principal actividad económica en la explotación de las
esmeraldas. Por su carácter belicoso y bravío se habían apoderado de las minas y ejercían
sobre ellas un absoluto y excluyente dominio; las apreciaban y las usaban también como adorno
personal y como medio de comercio con los pueblos vecinos26. El sitio de Muzo posee los
mejores yacimientos del mundo y sus piedras, especialmente las llamadas “gotas de aceite” que
reflejan a tras luz un tono verde oscuro como si fueran un pomo de cristal en cuyo interior hubiera
una sustancia espesa y negra, son las más famosas por su belleza y valor.
24 DANE, Bogotá, Censo 1985. Departamento Administrativo de Planeación, Plan Regional de Rehabilitación para el Departamento de Boyacá, 1986 - 1990. PNR. Bogotá, Presidencia de la República. 25 Guillén Martínez, Fernando. El poder político en Colombia. Bogotá, Punta de Lanza, 1979 p. 478. 26 Manual de Historia de Colombia. Tomo III, Bogotá, Ed. Colcultura, p . 357.
19
3.2. EN LA CONQUISTA Y LA COLONIA.
En 1539 empezó la serie de sucesivas invasiones al país de los Muzos; primero el capitán Juan
Lancheros, enviado por Hernán Pérez de Quesada. Habían de seguirlo, con expediciones cada
vez más frecuentes y violentas, Diego de Martínez, Melchor de Valdés, Pedro de Urzua, Luis de
Lancheros, Francisco Murillo, etc., hasta dominar violentamente a los aguerridos aborígenes de la
zona y, como unos funestos predecesores de los guaqueros y planeros, adueñarse de sus
embrujadoras esmeraldas27.
El tratamiento jurídico que dio la corona española a las minas de esmeraldas fue el del monopolio
del monarca, de acuerdo con el antiguo principio de la reserva del “dominio eminente del
subsuelo” por parte del rey, que solamente le permitía ceder el “dominio útil” de las
explotaciones mineras, consagrado a través de sucesivas leyes como “el fuero viejo de Castilla”,
dictado en 1228; “las 7 partidas”, atribuidas a Don Alfonso Décimo el Sabio, dictadas en 1263; “el
ordenamiento de Alcalá” de 1340 y, “el ordenamiento de Birbiescas” que data de 1347; normas
que constituyen, en su conjunto, el antecedente remoto de la razón por la cual el derecho minero
en nuestro medio pertenece al ámbito del derecho público.
Las capitulaciones entre el rey y los conquistadores reprodujeron este principio. Así, las suscritas
por el monarca con Hernán Cortes y con Diego de Nicueza. Lo mismo hicieron la cédulas reales,
en especial la del 5 de febrero de 1584 que estableció el pago de los “Quintos” o quinta parte “de
lo que cogiere o sacare neto que nuestra voluntad es hacer merced de las otras cuatro partes en
consideración de los costos y los gastos que hicieren”.
Las ordenanzas de Felipe II conocidas como ordenanzas antiguas y del nuevo cuaderno y
también como “nueva recopilación de Castilla” de 1567, que buscaron poner en orden y corregir
los errores de la legislación anterior y reincorporaron al patrimonio real todas las minas y
permitieron su explotación a cambio de unas “regalías” a la corona, pueden considerarse el
20
primer “estatuto minero” coherente que, incluso, incorpora un procedimiento para la explotación
minera.
Finalmente el principio del monopolio real se mantiene hasta las ordenanzas de la nueva España
que data de la época en que se realizó la llamada “novísima recopilación”, concluida en 1884,
cuyo Artículo Primero lo confirma expresamente: “las minas son propias de mi real corona...”28.
En síntesis, durante el estado colonial, incluyendo el período virreinal, rigió el principio “Regalías”
de la corona basado en el monopolio real de las minas: el subsuelo pertenecía a la corona y los
particulares recibían las minas para explotarlas a cambio de una “regalía” consistente en el
“quinto” del producto y se obligaban a “lavarlas”, so pena de perderlas, revirtiendo así al monarca
que podía volverlas a adjudicar. En la zona de Muzo se estableció una Caja Real para tasar y
recaudar esa regalía. En 1567 se fundó la primera sociedad para la explotación de las
esmeraldas en las denominadas minas de Itoco, bajo la dirección del capitán Benito de Poveda,
con un éxito considerable por la obtención de unas piedras “...limpias, verdes, finas y brillantes...”.
Don Fernando de Tovar y Alvarado regaló a la reina doña Mariana de Austria en 1650 un collar
de 25 gemas puras, pesado en 25 quilates y tasado por los orfebres reales en 10 mil pesos de
plata. En este año las minas fueron incorporadas a la Real Corona Española, pero solo en 1764
se explotaron del Virreinato, con mineros traídos de Lima y México por el Virrey Pedro Mesia de la
Cerda, bajo la orientación del mineralogista don Joseph Antonio de Villegas y Avendaño29.
Durante el siglo XVI, la población de Muzo se convirtió en un importante centro regional; la
corona llegó a considerar la creación de una Gobernación; pero el rápido crecimiento de
Chiquinquirá, situada en el altiplano, en un valle ubérrimo, mejor favorecida para la producción
agropecuaria, de más fácil acceso y prontamente definida como epicentro religioso y político, le
restaron importancia y la relegaron a la condición de simple parroquia perdida de una región
agreste y lejana.
27 Guillén M., Fernando. Op. cit., p. 462. 28 Caballero E., Enrique. Historia económica de Colombia. Bogotá, Tercer Mundo. p. 189 - 190.
21
3.3. EN LA REPUBLICA GRANADINA Y FEDERAL.
A lo largo de la vida republicana, el tratamiento de las minas de esmeralda tampoco ha sido
definido ni ha variado respecto del anterior. La explotación ha sido hecha por el estado en forma
directa o delegada y por los particulares mediante contratos de diversa modalidad y, en todo
caso, ha prevalecido una explotación informal paralela, simplemente de hecho; aunque son varias
las estrategias adoptadas, la República, desde el comienzo, retomó el principio esencial del
derecho español.
Las sucesivas leyes siguientes así lo consagraron: La Ley 4a. de 1823, la Ley 13 de 1825, el
Decreto del Libertador del 24 de octubre de 1829 y la ley 9a. de junio de 1847.
A mediados del Siglo XIX, el concepto federativo y liberal le dio un viraje radical a estos principios
jurídicos que habían regido tres siglos. Fue así como las Constituciones de 1853 y 1858
trasladaron el derecho sobre las minas nacionales a los particulares y la de 1863, yendo más
lejos en el camino de la liberalidad, dejó a los estados soberanos la decisión sobre el régimen
jurídico del subsuelo minero. “A mediados del siglo XIX, dice Liévano Aguirre, se sintió en la
República el impacto de las ideas individualistas, tan de moda entonces, y se comenzó a pensar
que los intereses públicos se servían mejor si se trasladaba al dominio privado la totalidad del
patrimonio nacional, incluyendo el subsuelo minero”. Y agrega Liévano: “la Ley de 1853 fue, en
todo caso, el indicio de la existencia en el país de un clima ideológico, contrario a que el Estado
ejerciera la tutela del patrimonio nacional y ese clima encontró su coyuntura propia para
expresarse cuando se impusieron a partir de 1858 las doctrinas federalistas”.30
Las minas de esmeraldas también cayeron en la red de los intereses privados subyacentes tras la
supuesta defensa de las regiones y provincias, al disponer la Ley 31 de 1870 la libertad de
explotación de aquellas que fueran propiedad de la nación, con excepción de las que se hallaren
poseídas en dicha fecha por la República, así como la abolición del monopolio que se había
establecido a favor de la nación en 1847.
29 Guillén M., Fernando. Op. cit., p. 462.
22
Igualmente, esta Ley autorizó al Ejecutivo para fijar los linderos de las minas poseídas por la
República. Así, por Decreto 14 de diciembre 1871 se fijaron los límites generales de las minas de
Muzo y Coscuez, dándoles unidad.
No obstante, la unión que tuvo que rectificar esta política individualista y privatizadora mediante el
Código Fiscal de 1873, Ley 186 de junio 13, puesta en vigencia a partir del 8 de octubre de ese
año, retomando el antiguo principio y declarando la reserva y propiedad de las minas en cabeza
de la nación. Específicamente sobre las minas de esmeraldas señaló en su Artículo 1189 que:
“Las minas de esmeraldas que en adelante se descubran y las descubiertas que no se hallan
poseídas por la República, podrán ser explotadas libremente”, manteniendo así el principio de su
libre explotación por los particulares, pero conservando el dominio público.
De lo anterior se puede inferir que, desde los albores de la Gran Colombia, en la primera
República, la Nueva Granada, y durante las Repúblicas Federalistas, la Confederación Granadina
y los Estados Unidos de Colombia, esto es entre 1830 y 1863, fase de transición y consolidación
republicana, la explotación de las minas esmeraldífera de Muzo, Quípama y Coscuez se hizo a
título de la República y por particulares a ella vinculados.
En el año de 1792 se clausuraron las minas y se abrió por el gobierno Virreinal una licitación a la
que no concurrió postor alguno. Solo en 1824 se arrendaron a los señores Mariano Rivera y José
Ignacio París. En 1849 se dieron en arriendo a los señores Juan de Francisco y Patricio Wilson.
De 1861 a 1863 las trabajó directamente la República de la Confederación Granadina. De 1864 a
1875 la tuvo en arriendo al señor Gustavo Lehman, y de 1875 a 1886 el señor Juan Sordo, quien
cedió su derecho a la Compañía de Minas de Esmeraldas, la cual a su vez los cedió al señor
Antonio Samper.
3.4. EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
30 Bejarano Avila, Jesús Antonio. “La economía colombiana entre 1922 y 1929”. Nueva historia de Colombia. Tomo V, Bogotá, Ed. Planeta, 1989. p. 59 - 61.
23
La Constitución de 1886 volvió al régimen unitario y, en materia de derecho minero devolvió
plenamente a la Nación la propiedad de las minas... “ de oro, de plata, de platino y de piedras
preciosas que existan en el territorio Nacional..” según quedó consagrado en su Artículo 202, y la
Ley 38 de 1887, conocida como el antiguo Código de Minas. La Ley 53 de 1887 completó la
materia estableciendo unas prórrogas y concesiones a los interesados privados sobre minas que
vino a complementar el Decreto 278 de 1895.
En todo caso, en lo tocante a las minas de esmeraldas del Occidente de Boyacá, éstas fueron
objeto de administración directa por la Nación desde 1886 hasta 1896. Desde este año, hasta
1900 fueron adjudicadas en arrendamiento al señor Alejandro Mancini, quien lo cedió a la firma
The English Sindicate Ltda.
De ahí, en adelante, lo ocurrido con las minas de esmeraldas de Muzo es una parábola de
indecisión en la política del Estado y fuente de manejos controvertidos y censurados. De 1900 y
1902 se arrendaron al señor Lorenzo Cuéllar. En 1902 el Estado tomó la administración de las
minas. De 1904 a 1908 se adjudicó el arrendamiento al señor Laureano García Ortiz. De 1908 a
1917 se arrendaron a la Colombian Emerald Company31.
De esta época datan unos celebres debates promovidos en la Cámara de Representantes por el
doctor Laureano Gómez, conocidos como los “fraudes de Muzo”, a propósito de los contratos del
llamado Sindicato de Muzo y la citada Colombian Emerald Company32.
En 1917, el Estado retomó el control de las minas y las administró directamente bajo la dirección
del doctor Rafael Agudelo, hasta 1920.
El 13 y el 15 de septiembre de 1921, el representante Laureano Gómez volvió a la carga contra el
mal manejo de las esmeraldas, en un vehemente debate contra el Ministro de Hacienda por la
31 Ibid. p. 69.
24
vena de estas gemas a una casa joyera francesa, en el que enlaza este asunto con los
anteriormente tratados.33
Desde 1925 empezaron a presentarse graves problemas entre los administradores de las minas y
los dueños de tierras aledañas y, en 1927, se suspendieron los trabajos de explotación por causa
de estos conflictos que terminaron por alterar el orden público y por presunta falta de mercado
para las esmeraldas. Hasta 1933 las minas estuvieron cerradas. De 1933 a 1939, volvieron a ser
explotadas directamente por el Estado.
En 1940, el Ministerio de Minas recibió las minas para control y vigilancia, y adelantó unos
estudios tendientes a contratar con el Banco de la República los trabajos de explotación, talla y
venta de las piedras.
Con base en dichos estudios, el Artículo 38 de la Ley 35 de 1944, en búsqueda de alguna
solución, autorizó al gobierno nacional para contratar con el Banco de la República la explotación
de las minas. El contrato se elevó a escritura pública en 1946 y desde entonces, hasta 1968, el
banco tuvo a su cargo la explotación de las minas de Muzo y Coscuez.
3.5. LA ETAPA DE LA EXPLOTACION POR EL BANCO.
El período de la explotación de las minas por el Banco de la República, iniciado el 19 de abril de
1947 y clausurado a mediados de 1968, corresponde a una explotación ajustado a unos criterios
y métodos técnicos y acorde con un planeamiento de la producción, dentro de la rígida
normatividad y organización interna. Es también la época que vio pasar sucesivamente el
avivamiento de la violencia política partidista, el gobierno militar y los primeros gérmenes de las
“guerras de los esmeralderos “ que adelante trataremos. Pero es también la época en que se
registra el cambio socioeconómico más importante sufrido por la región.
32 Pécaut, Daniel. Orden y Violencia: Colombia 1930-1954. Vol. I Bogotá, Siglo XXI editores, Fondo Editorial CEREC, 1987. p. 1.
25
Esta organización permitió consolidar el monopolio estatal y normalizar la producción tratando de
neutralizar los conflictos locales que la alteraban. Sobre un cálculo de producción clandestina,
que nunca dejó de existir, no inferior al 15% de la producción total, se consideró relativamente
controlada la producción de los frentes de Muzo y Coscuez, para el período comprendido entre
1947 y 1959, generando una efectiva institucionalización por primera vez. Sin embargo, además
del redescubrimieto de la mina de Peñas Blancas en 1960, que produjo un desbordamiento
migratorio hacia la región, varios factores vinieron a desestabilizar esta situación y acabaron por
crear una crisis en la explotación que, a la postre, concluyó una desastrosa quiebra34.
Tres son los principales factores que actuaron al respecto, según apreciación del profesor
Guerrero Barón el primero, la excesiva tolerancia a veces deliberada, -enfatizada sin duda por el
régimen de permisos, a particulares para la creación de fuentes de explotación creados por la Ley
145 de 1959- hacia algunas formas de actividad clandestina y a la ausencia de mecanismos a
mediano y largo plazo, para el control de la actividad ilícita. Debido a esa falla, por ejemplo, se
descubrió hacia 1960 la explotación de Peñas Blancas que, aunque consta en documentos de
1898, se había abandonado y no fue asumida por el Banco por no hacer parte del contrato
suscrito por éste con la nación. La segunda, las tensiones internas, el clientelismo y la corrupción
administrativa que condujeron a una burocratización creciente y al desmoronamiento institucional.
Y la tercera, es la ruptura del orden campesino, de tendencia agropecuaria, y la creación de un
mercado interno con el surgimiento de la esmeralda como una mercancía “nueva”35.
Estos tres factores “quitaron” el monopolio y el control real de la producción al Banco y generaron
un proceso contra-institucional, caracterizado por una producción paralela, concomitante y cada
vez menos clandestina, pero en todo caso ilegal, de esmeraldas. Ese fenómeno, aunque no se
puede probar, sí se puede detectar en casos como el de la comparación de las cifras de las
exportaciones legalmente registradas en Colombia con el monto de las esmeraldas importadas de
Colombia por Alemania Occidental, Estados Unidos y Francia en 1968, época para la cual el
33 Ibid. p. 13. 34 Urdaneta Arbeláez, Roberto. “El materialismo contra la dignidad del hombre”. p. 286. en Guzmán Campos, Germán. Op. cit., p. 24. 35 Pécaut, Daniel. Op. cit., p. 22.
26
Banco entregó las minas. Se registraron para entonces en total 574.919 dólares, mientras que
estos países recibieron en realidad 2.795.556 de dólares. Esto nos enseña la existencia de “otra”
economía paralela 5 veces más grande36.
Uno de los fenómenos más significativos fue el de la declaración de la solicitud del mercado de
esmeraldas originada en la Ley 145 de 1959, complementada por el Decreto 293 de 1964, que
crearon un régimen punitivo y represivo que fue, sin duda una de las causas de la contra-
institucionalización de la economía esmeraldífera, ya que los mismos habitantes de la región y los
que a ella llegaron atraídos por esta actividad, que no se vincularon al Banco en forma directa o
mediante el sistema de “permisos” especiales autorizados por la susodicha Ley, desbordaron y
rompieron el orden social y económico tradicional, para encontrarse con una muralla legal que,
naturalmente, alteró su percepción, relación y sometimiento al orden jurídico y ético y a la
institucionalización normativa. Aunque este régimen de ilegalidad fue desmontado mediante un
célebre fallo del Consejo de Estado de mediados de los años 60, ya el efecto de una ruptura
social radical estaba causado37.
Al liquidar el contrato con el Banco de la República de la nación, en el año de 1968, se totalizaron
28.000 millones de pesos en pérdidas que ésta se obligó a pagar a áquel, según se hizo constar
en el acta de entrega de las minas por parte del Banco a la Empresa Colombiana de Minas -
ECOMINAS-, entidad de reciente creación que recibió a nombre de la nación38.
3.6. EN LA ACTUALIDAD.
Por Decreto 912 de junio 8 de 1968, el Gobierno Nacional creó la Empresa Colombiana de
Esmeraldas, cuya razón social cambió por Empresa Colombiana de Minas -Ecominas-, mediante
decreto 3161 de diciembre del mismo año de 1968, para que sucediera al Banco de la República
en el manejo de la administración de las minas. El fracaso de esta empresa fue aun peor. El 29
de octubre de 1973 cerró las minas luego de tres años de actividades, comprendidos entre
36 Guzmán Campos, Germán. Op. cit., p. 26. 37 Rivadeneira Ch., Luis Mario. Op. cit., p. 298.
27
octubre de 1970 y junio de 1973, con un saldo de solo 34 millones de pesos por ventas,
abrumada por un escándalo de corrupción, despilfarro e ineficiencia, acusada de “malos manejos,
fraudes y toda suerte de vicios, además de la pérdida de 100 millones de pesos gastados en la
explotación”39 y en medio del vendaval de la lucha por la hegemonía regional, para entonces ya
en plena aceleración, entre los nuevos actores informales y los nuevos poderes contra y para-
institucionales que, por esas mismas fechas, protagonizaron la primera guerra de las esmeraldas,
o bien, la primera fase de la guerra por cuyo destino último se cuestiona este estudio. Fue
ocupada entonces la zona por las fuerzas armadas que desalojaron a más de veinte mil
guaqueros.
Desde entonces se produjo un cambio radical en la política de la explotación esmeraldífera.
Desde ese año de 1973 Ecominas publicó en los periódicos los primeros avisos, invitando a los
particulares interesados, a participar en una licitación publica para la explotación de las minas.
Tras un proceso de debates críticos, de estos estudios, propuestas y de conversaciones entre el
Gobierno Nacional y los grupos de particulares interesados, se llegó finalmente a una negociación
y adjudicación de las minas. La operación de la de Muzo se adjudicó en principio, el 2 de
diciembre de 1976, a la firma “Sociedad Minera Boyacense Ltda.”, que después de una serie de
vicisitudes suscribió el respectivo contrato de operación el 21 de marzo de 1977. Esta sociedad
llegó luego de varias reformas y transformaciones en su capital, estructura y composición social a
constituir la hoy operante sociedad denominada Tecminas, que tiene a su cargo el contrato de
explotación de las minas de Muzo-Quípama. La operación de la mina de Coscuez, a su vez, se
contrató con la Sociedad Esmeraldas y Minas de Colombia S.A. -Esmeracol S.A.- adjudicada el
23 de mayo de 1977. Aunque reiteradamente se anunció una negociación similar con respecto a
la mina de Peñas Blancas, ésta no llegó a realizarse jamás.40
Estos contratos de operación suscritos por los particulares con el Estado, representado por
Ecominas, posteriormente llamada Esmeracol y recientemente bautizada como Mineralco, tiene
38 Ibid. p. 183. 39 Ibid. p. 183
28
ya un significado muy diferente a lo que había sido el régimen anterior. Ante todo, el Estado se
desprende en ellos del liderazgo en el manejo y control de la explotación y comercialización de
las minas. Por ende el carácter de explotación y comercialización “ilícito” que tuvieron las
esmeraldas desaparece. El Estado abre nuevos espacios sociales y económicos y propicia así
un verdadero clima de democratización de la economía esmeraldífera, pero también, en la
práctica, abandona el problema de la explotación informal y “de hecho” en manos de los mismos
particulares contratistas, lo que ha sido fuente y alimento de conflictos. Implica este nuevo
sistema, de otra parte, la captación de impuestos y regalías por parte del Gobierno, abriendo
éstas la posibilidad de una irrigación, así al comienzo sea mínima, hacia el Departamento de
Boyacá y los municipios de la región. Desde 1974 los municipios en los cuales se adelantaban
explotaciones mineras, al tenor del decreto 1244 del mismo, empezaron a tener derecho al valor
equivalente al 15% del valor bruto de la producción. La primera liquidación se hizo el 25 de julio
de 1977, de conformidad con el contrato que Ecominas celebrara con las nuevas sociedades
mineras privadas, el cual beneficia a los municipios de la zona de influencia de las minas, es
decir, a los de la cuenca del río Minero.
El nuevo sistema se basa en un tipo de contrato entre el Estado y los particulares sobre zonas
“aportadas” a la empresa Ecominas. El “aporte” fue una de las formas establecidas por la Ley 20
de 1969 y el llamado Estatuto Minero (Decretos 1275 de 1970 y 2182 de 1972) que vino a
reemplazar el principio del “permiso”, para llevar a cabo la exploración técnica, la explotación
económica y el beneficio de las minas de propiedad nacional. Las minas de esmeraldas
quedaron sometidas al régimen del aporte en virtud del Artículo 30 del Decreto 2182 de 1972. De
acuerdo con éste, el Ministerio de Minas y Petróleos (hoy Minas y Energía) otorgó a título de
aporte a la Empresa Colombiana de Minas -Ecominas- los yacimientos de esmeraldas, y esa, a
su vez, quedó facultada para contratar con los particulares la administración y manejo de la
exploración y explotación de las minas, con ciertas limitaciones y condiciones conformes con los
programas y presupuestos elaborados por Ecominas. El propósito de esta modalidad, desde
luego, es obtener una exploración y explotación mas técnica, eficiente y con mayor rendimiento
económico.
40 Ibid. p. 300.
29
Es, por tanto, el principio de racionalización, modernización y optimización que actualmente ilustra
el modelo de actividad privada sobre las reservas del Estado. Es interesante, asimismo, ver en
este proceso una temprana “privatización” en la explotación minera como nueva expresión de la
política pública.
La Ley 141 de junio 28 de 1994, introdujo un nuevo régimen sobre regalías, conforme al cual las
esmeraldas están gravadas con un 4% que se recauda a través de la Alcaldía del Municipio
productor (Artículo 17). Los Municipios percibirán, entonces, un ingreso adicional por este
concepto . Lo interesante sobre el régimen de contratación vigentes a la promulgación de esta
Ley, se renovarán a partir de la etapa de explotación por un término de 25 años, en el área de
Muzo-Quípama y Coscuez (Artículo 17, Parágrafo 1º).
Finalmente, cabe notar que este proceso se surte dentro del marco del régimen constitucional
consagrado en la Nueva Carta de 1991, que retomó el antiguo principio del dominio eminente del
Estado sobre el subsuelo, al declararlo propietario del mismo (Artículo 332), consagrando al
tiempo la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada, dentro de los límites del bien
común (Artículo 333).
4. LA GUERRA DE LAS ESMERALDAS
Para tener una mejor perspectiva del conflicto entre los comúnmente llamados “esmeralderos”,
conviene hacer una referencia a los antecedentes próximos y remotos que, de alguna manera,
influyeron en la conformación de grupos y en las tendencias y sesgos de sus luchas así como en
el escenario social en que han tenido lugar.
Los antecedentes remotos pueden ubicarse en el contexto de la “violencia” política, desde la
eufemísticamente llamada VIOLENCIA TEMPRANA, de los años 30, hasta la ocurrida a finales
de los 40 y primeros años 50. Los antecedentes próximos se refieren a los sucesos del años 60,
30
en plena vigencia del régimen del FRENTE NACIONAL, cuando se desbordó una gran ola
migratoria hacia la zona, principalmente a causa del redescubrimiento de la mina de Peñas
Blancas y la aparición del célebre Efraín González, prototipo del líder regional, mezcla de caudillo
político con bandolero social.
4.1. LA VIOLENCIA POLITICA.
Las tesis que buscan las causas de la violencia que se originó a partir del enfrentamiento de los
partidos políticos liberal y conservador en 1930, pueden resumirse en dos grandes grupos: el
primero que señala las causas del fenómeno como puramente políticas: la persecución con
ánimo de venganza y con el propósito de acaparar el poder local y regional, por parte del
triunfante partido liberal, lo que sería origen a su vez, de una posterior retaliación del partido
conservador cuando recuperó el poder en el 46. El segundo, que afirma que, si bien es cierto la
violencia se originó en los conflictos entre los partidos por el control político, está conectada con
otra clase de fenómenos tales como rivalidades entre pueblos, lucha por tenencia de las tierras,
apropiación de excedentes, conflictos agrarios, industriales, obreros, a los que Pécaut añade, el
avance de la colonización (caso interesante para el occidente boyacense) y la incapacidad del
Estado para dotarse de los medios de ejercer su autoridad sobre grandes partes del territorio41.
Al primer grupo pertenece Monseñor Guzmán Campos y algunos comentaristas de la época por
él citados, como Roberto Urdaneta Arbeláez y Rafael Azula Barrera, el primero incluso como
Ministro de Gobierno de Olaya Herrrera42. Al segundo corresponden estudios como los de
Guillén Martínez, Daniel Pécaut, atrás aludido, y Paul Oquist, para quien, efectivamente, “el
período entre los años 1930 y 1932 se caracterizó por el intento del liberalismo para intimidar a
los miembros del partido conservador derrotado, y a la resistencia violenta de éstos para aceptar
el afianzamiento de la hegemonía liberal ...” pero, añade “el conflicto estuvo acompañado también
por el abandono forzoso de los cultivos y la venta obligada de la tierra a precios irrisorios”.43
También pertenece a este grupo Pierre Gilhodes, para quien si bien es difícil encontrar causas
coyunturales a la violencia, ésta se desarrolla en el medio urbano, en la época de mayor
41 Pécaut, Daniel. Op. cit., p. 22. 42 Guzmán Campos, Germán. Op. cit., p. 26.
31
crecimiento industrial y se ubica en “el problema de las relaciones entre la violencia y las
realidades políticas por una parte, y las realidades socioeconómicas por la otra “44. Sin embargo,
esta polarización no ha sido la única posibilidad de interpretación. También han surgido otras,
como la de que el origen del conflicto estaría en el enfrentamiento de los partidos sí, pero debido
a sus ideologías, posición ante lo social e incluso variables sentimentales y electivas, es decir, a
enfrentamientos partidistas pero con contenido. Tal es el caso de la sugerencia esbozada en el
diagnóstico elaborado por el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) en el año de 1985,
refiriéndose explícitamente al conflicto de los años 3045 o el caso del Padre Camilo Torres
Restrepo para quien la violencia está metida en la esencia de las variables características de la
sociedad rural colombiana, principalmente en el sectarismo político, la falta de conciencia de
clase, el respeto de la propiedad privada, y el partido político “es instrumento para la satisfacción
de algunas necesidades de la mayoría de los colombianos” de manera que, “la violencia fue
desatada como un instrumento del sectarismo no entre los dirigentes, sino en la masa de los
campesinos sentimentalmente divididos en los partidos tradicionales”46.
4.2. EL CONFLICTO EN EL OCCIDENTE DE BOYACA (1930-1 953).
En el Departamento de Boyacá, y en especial en la región del occidente, fue agudo el conflicto
iniciado en 1930 que habría de prolongarse hasta la primera mitad de los años cincuenta, el inicio
del gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla.
Posiblemente en otras regiones del país el conflicto partidista se vio enmarcado y aun
determinado por el contexto de la lucha social económica; también pudo estar influido por
aspectos ideológicos y doctrinarios, pero en la provincia boyacense, en un principio, la lucha
partidista fue una medida de fuerza, en lo que podríamos llamar un crudo realismo político, para
43 Oquist, Paul. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, 1978. p. 14. 44 Gilhodes, Pierre. “La violencia en Colombia, Bandolerismo y guerra social”. Once ensayos sobre la violencia. Bogotá, Fondo editorial CEREC, 1985. p. 201. 45 Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Planeación. Plan Nacional de Rehabilitación, Plan social para la paz. Bogotá, 1985. p. 11. 46 Torres Restrepo, Camilo. “La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas”. Once ensayos sobre la violencia. p. 110 - 111.
32
conquistar las posiciones burocráticas locales y regionales, y para “hacer” las elecciones, sin
contenido social, ideológico y doctrinario. Era una simple militancia partidista sin proyecto político
social. Por esto, en esta determinada localización geográfica y para esta primera fase del
conflicto, hallamos razón a los teóricos del primer grupo antes descrito como intérpretes de la
causalidad de la violencia, yendo incluso un poco más profundo, acudimos a la teoría de Karl
Schimitt para quien lo político es un “decisionismo” cuya esencia es la relación amigo-enemigo y
la autoridad y el poder emanan de la lucha.47
Posteriormente, cuando termina el gobierno de Rojas Pinilla, dentro del Frente Nacional y su
consiguiente alternación de los partidos en el poder desaparece el sectarismo hirsuto, el esquema
de interpretación de la violencia sí empieza a cambiar, pues la lucha comienza a tener un
contenido referido al control de la explotación de las minas de esmeraldas y a la ruptura del orden
económico campesino, de que se trató en el capítulo sobre tratamiento y explotación de las
esmeraldas y ese contenido va creciendo y adquiriendo importancia a medida que el conflicto se
hace más profundo, hasta desembocar como se verá adelante al evaluar el proceso de paz, en
un abierto y claro esquema de contenido político-social.
Los tratadistas Avila Rodríguez y Torres Cortés, en un estudio sobre la llamada “Concertación
Nacional” del gobierno Olaya Herrera en occidente de Boyacá, explican el modo como se ejecutó
el proceso, básicamente sobre tres operaciones: primera , el desmonte del poder político
conservador en las Alcaldías y el cuerpo de guardias departamentales y municipales; segunda ,
una campaña periodística de desprestigio -acaso el único vislumbre de actitud ideológica-; y
tercera , la violencia electoral.48
Se montó así un ataque frontal sobre la columna alcaldes-guardias (o policías locales) que
constituían la médula del manejo del poder local, y complementariamente, se enfiló contra los
jueces municipales que representaban la otra espina del poder, para terminar centrando el ataque
de fondo a las elecciones, donde se conformaban los Concejos Municipales que nombraban a
47 Schmit, Carl. Political Romanticism. Boston M.I.T. Press, 1988, p. 12.
33
guardias y jueces, abarcando así la totalidad de la estructura tripartita del poder. Se empezó con
el nombramiento de un Gobernador liberal que en un año creó la homogeneización casi total de
los Alcaldes. De 101 nombró 88 liberales. Al tiempo, sustituyó el cuerpo de guardianes
departamentales hasta entonces de filiación exclusivamente conservadora, por copartidarios
suyos, respaldado por un informe del nuevo comandante del cuerpo que señalaba a los
miembros del mismo como una banda de ineptos, inmorales, corruptos e ignorantes. Contra los
jueces no fue tan fácil poner en marcha el desmonte, entre ellos se mantuvo una alta cuota
conservadora, pero se les señalaba en los círculos oficiales del gobierno como corruptos y al
poder judicial se le tachaba de ser refugio de toda clase de delincuentes.
La campaña de prensa en periódicos de Chiquinquirá y Tunja, se montó sobre la base de
presentar al liberalismo como nueva fuerza legítima del poder, como “justo”, “renovador” y “
bendición para el pueblo” mientras que al partido conservador se le presentaba como la quinta
esencia de la maldad y la corrupción, en una actitud radical e intransigente.
Con motivo de la lucha electoral, se desató la “guerra” mediante una violencia personalizada en
todo el esplendor de su crudeza. Con motivo de la discusión en el Congreso de la República de
un Proyecto de Ley para investir al Presidente de facultades para conjurar la “anómala situación”
de Santander y Norte de Santander, el jefe del partido conservador, Laureano Gómez, expuso las
siguientes tesis que resumían el panorama de esa violencia personalizada y explicaba la forma
como se hacía:
� La situación de intranquilidad pública no era exclusiva de los dos Santanderes, sino
también de Boyacá, en especial de su región occidental;
� Esa situación no era un caso de “bandolerismo”, como lo pretendía sostener el gobierno y
los congresistas liberales;
� Tampoco era una consecuencia del contrabando;
� En ella no se movilizaba ningún problema social ni económico;
48 Avila, José y Torres, Carlos. “La violencia en el occidente de Boyacá durante el gobierno de la concentración nacional”. Revista del 2º Simposio Nacional sobre la violencia en Colombia. Bogotá, ICFES, Guadalupe Ltda. p. 49 ss.
34
� Tampoco era obra de pasión ni venganzas personales49.
Respecto del caso de Boyacá denunciaba el senador Gómez 57 asesinatos impunes de
reconocidos miembros de su partido, en su mayoría connotados dirigentes de la provincia de
occidente, encabezados por el diputado a la Asamblea Arcadio Supelano Medina, muerto en
Chiquinquirá por “una simple muestra de la intolerancia del liberalismo que impide por todos los
medios el ejercicio al adversario de legítimos derechos y lo niega también para el análisis de sus
sistemas y de sus hombres”50 y seguido por otros homicidios en Chiquinquirá (Cándido Castro,
Tomás Pedreros, Moisés Pinilla). La muerte de Jesús Castellanos, “con caracteres de sevicia,
crueldad, premeditación, y alevosía...” acaecida el 23 de abril de 1931 y otros sucedidos en
Saboyá, como el del juez municipal Vicente María Pineda y otros, en Buenavista, Coper, Caldas,
Maripí, Briceño, Pauna, etc. y como común denominador los crímenes “cometidos a ciencia y
paciencia de las autoridades” que no solo lo cohonestaban sino, en muchos casos, los
premiaban con puestos públicos51.
Como primera consecuencia, en las siguientes elecciones (1933-1935), vendría la abstención del
partido conservador “por falta de garantías”, fenómeno sobre el que haremos algunas reflexiones
adelante, y desde entonces hasta 1946, la provincia fue objeto de una política de liberalización
partidista por parte de los gobiernos nacional y departamental, en la que se radicalizó la lucha
“amigo-enemigo” entre liberales y conservadores, en un fondo de agudizada violencia signada por
los sentimientos de rencor y venganza de sangre52.
El 5 de mayo de 1946, el partido conservador obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales
con el doctor Mariano Ospina Pérez, ingeniero antioqueño, representante del sector moderado
del partido, con visión empresarial y modernista, sobre un partido liberal dividido en un ala,
también moderada, podría decirse ortodoxa, del candidato Gabriel Turbay, y otra ala rampante,
radical, socializante, del doctor Jorge Eliécer Gaitán.
49 Gómez, Laureano. Obras Completas. Tomo IV, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 63. 50 Ibid. p. 64. 51 Ibid. p. 66. 52 Ibid. p. 64.
35
Solo hasta 1947 había de iniciarse la pacificación de occidente, a raíz del nombramiento en
Boyacá de gobernadores conservadores, en particular del doctor José María Villarreal “que
fomentaría el progreso de la región” y a quien se cobró gran estimación “por el gran prestigio de
que gozaba dicho gobernador por haber sido el verdadero salvador de la democracia cristiana”53.
En 1947 “Miguel Castañeda y Eutimio Espitia, reunieron gentes y se tomaron la plaza de Otanche
por cuenta del partido conservador, en vista de las cruentas persecuciones de las que habíamos
sido objeto por parte de empleados y civiles durante los quince años de dominación liberal”54.
Desde entonces empezaría el cambio que se ve reflejado en las estadísticas electorales, hacia la
conservatización de la provincia.
Así como durante las administraciones conservadoras de las décadas diez y veinte se había
consolidado la hegemonía del partido conservador y se había desalojado a los liberales de los
focos del poder político local, regional y nacional, ahora tras dieciseis años de liberalización del
país, el partido de gobierno era mayoritario y, probablemente como en 1930, los adversarios
habían sido reducidos a una sumisión forzosa naturalmente incubadora de resentimientos y
rencores. Por eso resultó bien difícil para los jefes liberales, especialmente los regionales,
aceptar el nuevo gobierno conservador. De hecho era un triunfo parcial respecto del poder
político institucionalizado, difícil de afianzar, porque se limitaba al ejecutivo, en tanto que el
Congreso, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, el Consejo de Estado y la
rama judicial estaban en manos de la mayoría liberal. Zozobra, expectación, amenazas y toda
suerte de resentimientos apilados a lo largo de los años de la “república liberal”, pesaban sobre el
ambiente. Ospina Pérez acogiendo el ofrecimiento de un entendimiento nacional que hiciera
López Pumarejo en 1945, propuso la “Unión Nacional” como fórmula de gobierno distribuido
equitativamente entre conservadores y liberales.
Efectivamente los contactos y relaciones de Ospina al más alto nivel directivo, hizo posible la
colaboración de sectores liberales durante los primeros meses de su gobierno, tanto en el
53 Buitrago, Silvano. Reseña histórico biográfica y política del territorio Vásquez, Tunja, sin editorial, 1967. p. 91. 54 Ibid. p. 113.
36
gabinete ministerial como en las Gobernaciones y Alcaldías (no en Boyacá), pero esto no bastó
para contrarrestar la división interna de los dos partidos. En efecto, el jefe natural del partido
conservador, Laureano Gómez, propendía por el establecimiento de una hegemonía, sin
concesiones, que permitiera desmontar todo vestigio del régimen liberal. Alzate Avendaño y
Valencia, tampoco veían favorablemente el acercamiento y menos la participación con los
liberales. De otra parte el oficialismo liberal dirigido por el doctor Gabriel Turbay y particularmente
el del ex-presidente Santos, prefería hacer tratos con Ospina Pérez que con Gaitán “el negro”, a
quien veían como un peligroso e inconveniente agitador izquierdizante. Pero la falta de fuerza a
la Unión Nacional le vino de la provincia, donde se había sentido en cabeza propia la
liberalización y desde donde se pedía un vuelco absoluto en la estructura del poder local. En ese
momento afloraba una vez más la que Guillén Martínez considera una constante del siglo XV y
denomina “las contradicciones características de la estructura de lealtades”55. La clase alta
tradicional, la élite socioeconómica no tenía inconveniente para unirse, ellos eran de antiguo la
“unión nacional”; la contradicción estaba en la clase baja y media. Ellos no podían unirse. A este
agréguese el malestar propio del proceso de transformación económica y social de la
industrialización y a la modernización que dejaba atrás, pero como fondo de sustentación, a la
hacienda tradicional. El problema del poder económico, entonces, se transfería al problema del
poder político y éste se reflejaba en la acción de los partidos. En este caldo de cultivo ocurriría el
aciago episodio del 9 de abril de 1948.
Después vendría la que Guzmán Campos llamaría “primera ola de violencia”, cuya cresta golpeó
sitios concretos: el norte del Huila, el Tolima, los Llanos, los Santanderes y el norte y occidente de
Boyacá. Puede ubicarse entre 1949 y 1953. Llega al clímax con ocasión de las elecciones
presidenciales de 1949 en las que, con abstención del liberalismo es elegido presidente de la
República Laureano Gómez, quien -manes del destino político colombiano- no podría gobernar
sino un año, siendo reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez y antes de concluir su período
vendría el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla.
55 Guillén Martínez, Fernando. El poder político en Colombia. p. 462.
37
Las características de esta fase de violencia, cuyo “morbo abarca todo el país que ve despavorido
la comisión progresiva de delitos no solamente atroces sino inimaginables”, fueron consecuencia,
a juicio de Monseñor Guzmán Campos, de una “equivocada estrategia política” que enfrentó
ferozmente los partidos tradicionales al prospectar la campaña de 1949 sobre tres factores:
� Estabilización del grupo conservador en el poder, con exclusión violenta del contendor
liberal;
� Utilización de la policía en una campaña de persecución innegablemente pensada y
planeada desde altas esferas del gobierno; y
� Declaración de la resistencia civil por el partido liberal perseguido, lo que pronto se tradujo
en acción de grupos armados56.
Fue, a nuestro criterio, una desafortunada y miope concurrencia de retaliación por parte de
algunos jefes conservadores regionales que, ante la confusión y gravedad de la situación,
especialmente a raíz del 9 de abril de 1948, presionaron una radicalización de la hegemonía
conservadora y aportaron los medios, los recursos y los hombres para forzarla; y un mal
disimulado rencor de algunos jefes liberales “hasta ayer tan valerosos, exigentes e
insatisfechos”57 que no perdieron ocasión para arrastrar el campesinado a una lucha alimentada
con consignas revolucionarias y una discutible inminencia de una “guerra” que supuestamente
exigía una urgente autodefensa, sin estar suficientemente preparados para afrontar las
consecuencias.
Todo esto tiene para Boyacá una connotación muy especial, específicamente en los resultados
electorales a que se hizo referencia anteriormente. Patricia Pinzón de Lewin nos señala como
“comúnmente Boyacá se tiene como una región de arraigo conservador”. Nos señala igualmente
como Boyacá fue “centro de coacción política y fraudes electorales” y que se observa “la marcada
frecuencia de localidades con votaciones del ciento por ciento al partido mayoritario, lo que
demuestra simplemente que no se permitió votar a los electores del otro partido”.
56 Guzmán Campos, Germán. Op. cit., p. 43. 57 Lozano y Lozano, Juan. citado por Germán Guzmán Campos, Ibid., p. 43.
38
Muchas son las localidades de Boyacá donde se ve la influencia ejercida por el partido en el
poder a nivel nacional. Municipios no tradicionales variaron su filiación favoreciendo al partido en
el poder: Liberales en los años del gobierno liberal y conservadores en los años del gobierno
conservador”58, lo cual supone la subordinación de la política provincial a la nacional por causa de
la homogeneización con el gobierno de partido. Esto, ni más ni menos, fue lo ocurrido en el
occidente de Boyacá y fue la expresión de esa mecánica de manejo de instrumentos por la élite y
de reglas pragmáticas del juego que se hizo a fondo “sin un crecimiento concomitante en
organización y disciplina de partido”, que tradujo en la violencia y ruptura de la democracia.
En resumen, el ascenso al poder de Ospina Pérez se vio para los conservadores de la provincia
boyacense como la oportunidad de su reivindicación política, social y territorial. Los liberales
“habían prometido no perder el dominio sobre la plaza”59. Los conservadores no estaban
dispuestos a “perder la autoridad ganada con tanto sacrificio...”60. Se desató una bronca lucha
por el predominio local. Los guarismos electorales fueron cambiando. Los alcaldes volvieron a
ser conservadores. Monseñor Guzmán Campos nos señala la “tónica” de la lucha. “Tal vez en
ningún medio ha arraigado tan hondo la terquedad política y tal vez en ninguno se actué tan en
función del vaivén partidista...”61. Sostiene el mismo que en la región de Muzo el conflicto se
agudizó por la vecindad de Toapipí, Cundinamarca, pueblo de veredas “gemelas” de partido
contrario, y por la afluencia de personal foráneo a las minas de esmeraldas, contratado por el
Banco de la República, que las manejaba entonces, en regiones liberales de otros
departamentos, especialmente para formar; una guardia que, a su vez, se enfrentaba a la policía
conservadora62.
4.3. EL GOBIERNO MILITAR (1953-1957).
58 Pinzón de Lewin, Patricia. Pueblos, regiones y partidos. Bogotá, Fondo Editorial CEREC, Edición Uniandes, Universidad de los Andes, 1989. p. 47. 59 Sánchez, Alfonso Hilarión. Balas de la ley. Bogotá, Ed. Santafé, 1963, p. 197. 60 Ibid. p. 200. 61 Guzmán Campos, Germán. Op. cit., p. 81.
39
En el panorama regional del occidente de Boyacá no puede hablarse de un cambio notable en las
circunstancias socioeconómicas durante el período de la dictadura de 1953 a 1957, ni dentro del
lapso de la junta de gobierno militar que la sucedió.
El ejército fortalecido y unido, frente al país dividido por la pugna política violenta, tomó el poder y
dada la situación de guerra de ciertas zonas, se vio obligado a militarizar las alcaldías. Fue el
caso de Muzo y Pauna.
El país vivió un impulso en las obras públicas del que recibió un importante aporte la provincia de
occidente, pues de esa época data la terminación de la construcción de la carretera de
Chiquinquirá-Otanche, de que se trató en capítulo anterior. El territorio Vásquez recibió, por
primera vez, atención por el gobierno. Este, por medio de Decreto Ejecutivo Nacional reconoció
plenamente los derechos del Departamento de Boyacá sobre los baldíos del territorio y llevó a
cabo su delimitación y demarcación. Recibió gran impulso en construcción y dotación de
escuelas. Se tuvieron las primeras “brigadas de salud” y se respiró un aire de pacificación y
normalización63. Estos beneficios habrían de traducirse en un reconocimiento posterior al
General Rojas reflejado en la aceptación electoral de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) a
mediados de los sesenta y durante los setenta. De esa época y gracias a la pacificación
propiciada por el gobierno militar, data la ola de colonización a la que se hizo referencia en
capítulo anterior.
Es importante, por último, destacar cómo es en esta época cuando la explotación esmeraldífera
logra su más alto grado de organización y tecnificación, con la administración del Banco de la
República, tema que se explicó en el capítulo anterior.
4.4. EL FRENTE NACIONAL: UN REPLANTEAMIENTO POLITIC O.
62 Ibid. p. 81. 63 Buitrago, Silvano. Op. cit., p. 12.
40
El acuerdo bipartidista, gestado en la etapa final del gobierno militar y consagrado como norma
constitucional mediante plebiscito realizado en 1957, fue diseñado con los objetivos inmediatos
de poner fin a la violencia y de sustituir el gobierno militar por uno civil, recuperando así para las
clases dominantes el control político que voluntariamente habían puesto en manos de las Fuerzas
Armadas.
En virtud de este pacto, las dos colectividades políticas tradicionales acordaron alternar en la
Presidencia de la República por cuatro turnos presidenciales y se comprometieron, también, a
compartir por igual los cargos burocráticos, “siempre bajo el supuesto de que la pugna
interpartidista conocida como el período de “La violencia en Colombia”, se desvanecería en caso
de que uno y otro partido reconocieran el derecho de su rival a compartir el botín burocrático64.
Si bien es cierto que el Frente Nacional contribuyó con éxito a disminuir el enfrentamiento armado
característico de los años 50 al desaparecer la razón misma de ese enfrentamiento con el
acuerdo entre los dirigentes de los partidos, también es cierto que, en la medida en que la
violencia no fue solamente expresión de una lucha entre partidos sino también expresión y
gestación de una profunda crisis social, muchos de los problemas sociales y económicos que le
dieron origen quedaron sin solución con el pacto bipartidista. Es decir que, aunque el Frente
Nacional fue relativamente exitoso como respuesta política e institucional al eliminar el sectarismo
excluyente característico del sistema bipartidista que lo había llevado a la crisis conocida como
“La violencia”, no generó a su vez respuestas adecuadas a los aspectos sociales y económicos
de esas mismas crisis. En su lugar generó mecanismos para frenar, cooptar y reprimir las
movilizaciones masivas y las demandas de los trabajadores, excluyendo a las clases populares
cuya presión se percibía como obstáculo para el acelerado desarrollo capitalista que las clases
dominantes habían fijado como su meta común. Esta falta de respuestas adecuadas, sumada al
carácter excluyente que asumió el sistema político a partir del Frente Nacional, llevarían al
régimen a una nueva crisis, esta vez más prolongada y quizás más profunda.
64 Naranjo, Gilberto. “Movimiento Guerrillero y Tregua”, en Serie Controversia. Nº 128, Bogotá, CINEP. 1985. p. 37.
41
Los problemas socioeconómicos que venían sin solución desde los años 30, agudizados por las
nuevas contradicciones generadas por el avance del capitalismo, se encontraron frente a un
régimen que, lejos de canalizar efectivamente estas presiones y responder a ellas en forma
adecuada, las ignoraba o reprimía violentamente. Esta absoluta carencia de capacidad para
responder a las demandas de una población creciente y en continuo proceso de cambio, solo
puede ser entendida si se examinan cuidadosamente las características del régimen que emergió
en 1958.
Numerosos autores han coincidido en afirmar que el tipo de régimen surgido en Colombia a partir
del Frente Nacional puede calificarse como una democracia “restringida”, “limitada” o
“controlada”65. En efecto, aunque las características formales de la democracia liberal
representativa se conservaron a partir de 1958, la coalición bipartidista estableció por norma
constitucional un monopolio excluyente sobre el poder político, reemplazó la competencia por la
cooperación entre los dos partidos y la lucha por el control del aparato burocrático por la
repartición institucionalizada del poder. A este monopolio bipartidista excluyente se sumaron a
otros rasgos como el estado de sitio permanente, la autonomía de las Fuerzas Militares en el
manejo del orden público interno y la hipercentralización de las decisiones estatales en la rama
ejecutiva66, para acabar de conformar este régimen de “democracia restringida”.
Sin embargo, el monopolio de los dos partidos tradicionales no se implantaría sin grandes costos
para ellos mismos y para el régimen al cual sustentan. Al eliminar la competencia entre las dos
colectividades y verificarse, a los ojos de las clases subalternas, la unificación de las élites de los
partidos Liberal y Conservador -antes enemigos, ahora identificados como pertenecientes a una
65 En esto coinciden , utilizando diferentes calificativos pero refiriéndose siempre al carácter “cerrado” del régimen, varios autores. Entre ellos: Bagley, “Colombia: National Front...”; Leal Buitrago, “La Crisis del Régimen...”; Chernick, Marc W. “The Peace Process in Colombia: Democratic Opening in the Bipartisan Sistem?”, (Borrador), Uniandes, 1985; Santamaría, Ricardo y Silva, Gabriel. Proceso Político en Colombia: Del Frente Nacional a la Apertura Democrática. Bogotá: CEREC, 1984, Eduardo Pizarro sostiene este mismo argumento en dos de sus trabajos más recientes “La Guerrilla Revolucionaria en Colombia”, en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (Compiladores). Pasado y Presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC, 1986; y el “Proyecto Reformista de Belisario Betancur (notas sobre la coyuntura política nacional)”, (Borrador), 1986. 66 Pizarro, Eduardo. Ver los dos trabajos citados anteriormente. Entre estos rasgos, el que más sobresale es, sin duda, la aplicación continua del estado de sitio. Ciertamente, durante todo el período del Frente Nacional el ejército
42
misma clase dominante-, se perdió la base de su arraigo en las clases populares: “La
racionalidad sectaria de la tradicional ideología de pertenencia a cada partido67. Como
contrapartida a esta unificación política de las clases dominantes -expresada en el arreglo
constitucional-, se generó un lento proceso de “despolitización bipartidista” al irse diluyendo
progresivamente la mística por los partidos y la vieja identidad copartidaria. Este efecto,
constituye según Leal, la “columna vertebral” de la crisis de legitimidad por la cual atraviesa el
régimen68.
El paulatino proceso de despolitización bipartidista o pérdida de la ideología de pertenencia a una
de las dos colectividades tradicionales, fue a la vez reforzado por el desarrollo del capitalismo que
“en su función integradora, destructora de particularismos a través del inicio de un mercado
interno y de una mayor articulación entre las clases, comenzaba a reemplazar con creces el papel
jugado hasta entonces por el bipartidismo (como factor de aglutinación social), lo que de esta
manera facilitó la disminución de su importancia69.
Resulta muy significativo el que el Departamento de Boyacá, desde el comienzo, entró en
contradicción con el Frente Nacional. La respuesta mayoritaria al texto que se votó en plebiscito
nacional según convocatoria del Decreto Legislativo Nº 247 de 1957 emanado de la Junta Militar
de Gobierno que había reemplazado al General Rojas Pinilla tras su abandono de la presidencia
el 10 de mayo de ese año, fue negativa; y de igual forma la región en estudio votó “NO” a la idea
de implantar un nuevo régimen basado en la coparticipación. Es asimismo de importancia
resaltar la gran participación de votantes. La última elección presidencial atrajo a las urnas en
1949 a 10.076 electores en la región y a 150.192 en el Departamento de Boyacá; en el plebiscito
de 1957 sufragaron 18.845 en la zona y 275.305 en el Departamento. Empezaba la participación
femenina en las elecciones, y desde entonces, se registró un aumento en el número global de
del poder político se desarrolló aplicando el artículo 121 de la Constitución Nacional. A este respecto ver: Gallón, Gustavo. 15 años de estado de sitio en Colombia. Bogotá: Editorial América Latina, 1980. 67 Leal Buitrago, Francisco. “La Crisis del Régimen Bipartidista ” Estado y política en Colombia. Bogotá, Siglo XXI, 1984. p. 145. 68 La explicación más completa de las causas y los efectos de este proceso de despolitización bipartidista se encuentra en Leal, “La Crisis del Régimen Bipartidista”, en Estado y Política... 69 Ibid. p. 146.
43
votantes, respecto de la etapa anterior. Para el período del Frente Nacional la votación en
elecciones presidenciales se distribuyó de la siguiente forma:
ELECCIONES PRESIDENCIALES
AÑO VOTANTES REGION VOTANTES DPTO.
1958 17.458 200.511
1962 14.692 151.560
1966 8.839 148.280
1970 12.999 199.481
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Un factor explicativo del aumento global, respecto a la etapa anterior a la dictadura es el aumento
poblacional causado por la colonización de las tierras bajas de Muzo, esto es, Quípama y La
Victoria, la región de Tununguá en Briceño y el territorio Vásquez; en San Pablo de Borbur y
Otanche, además, desde luego, de la participación femenina.
Sin embargo, no ocurre ahora lo que en la década de los treinta y los cuarenta. La población
electoral no se “inclina” hacia determinado partido. No es cuestión de registrar electoralmente la
lealtad al partido, sino de solidarizarse con el partido; lo que cuenta es participar como partido en
la elección. La legitimidad del gobierno ya no proviene de la fuerza que tenga en las urnas, por
el contrario, de la participación de los dos partidos, depende la legitimidad del sistema.
En la provincia en estudio, las mayorías conservadoras son claras y contundentes en las
sucesivas elecciones para miembros del Congreso. En 1958 para Senadores; en 1960 para
Representantes a la Cámara; en 1962 para Senadores; en 1964 para Representantes. En este
año empieza a perfilarse, con muy buena acogida el nuevo movimiento definido como
conservador por necesidad del pacto constitucional del Frente Nacional, de la Alianza Nacional
Popular -Anapo- fundado y dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla. Empieza con una
44
notable votación para la Asamblea Departamental de Boyacá. En 1966, ya la Anapo se disputa
electoralmente la región con el partido conservador para el Senado y, con una disminución
sensible para la Cámara en las elecciones de 1968, vuelve a mostrarse fuerte en la de Senadores
en el año de 1970 y de Diputados del a 1972. Durante toda esta fase, la participación para el
Congreso por el partido liberal es muy estable, alrededor de los 2.000 - 2.500 votos. El
partidismo de participación electoral ha cumplido su misión de equilibrar el sistema. La
persecución interpartidista ha concluido.
45
5. LA GESTION DEL CONFLICTO SOCIAL
En 1960 llega a la zona limítrofe de Santander y occidente de Boyacá Efraín González. Venía del
Quindío, donde había protagonizado algunos hechos violentos. Nacido el 20 de octubre de 1933
en la Villa de Jesús María, Departamento de Santander, Carlos Efraín, según su partido de
bautizo, fue “el viejito” o “Juanito” o “el compadre Juan” o “el siete colores” según el grado de
confianza o de imaginación de quienes lo trataron70.
No es el objetivo de este trabajo ni es el lugar apropiado para ensayar la etopeya ni el perfil
psicológico de González; la imagen que recuerda el país es la del “bandolero” responsable de
más de 118 muertes: 21 miembros de las fuerzas militares, 5 autoridades civiles y 92 ciudadanos
rasos, quien había iniciado sus actividades delictivas en Caldas y tuvo su principal centro de
operaciones en el sur de Santander y el occidente de Boyacá71. Esta imagen ha desdibujado la
otra, la del tipo bajito y delgado de mirada penetrante y una extraña apostura72, de cuya
personalidad “emanaba una fuerza tremenda; no precisamente por la arrogancia física indudable,
sino por un algo que al hablar, al moverse, e inclusive al estarse quieto, creaba a su alrededor
una especie de campo magnético”73. La imagen de un hombre desconcertante que dio pie a un
mito en torno a la admiración de muchos, la obediencia de algunos y el trágico amor de varias
mujeres, cuya muerte el 9 de junio de 1965, en un oscuro barrio del sur de Bogotá, se volvió más
importante por el patético despliegue de fantasía y habilidad de los cronistas que por el
impresionante despliegue militar del ejército colombiano, digno de una batalla campal, frente al
coraje de un hombre solo.74
70 Alba, J. Tito. Vida, confesión y muerte de Efraín González. Bogotá, Tipografía Bermúdez, 2a Edición, 1971. p. 18. 71 Ibid. p. 84 a 90. 72 Entrevista de los autores con Angel María Vargas, Bogotá, julio de 1992. 73 Alba, J. Tito. Op. cit., p. 77. 74 Ibid. p. 151 y ss. Entrevista con Angel M. Vargas.
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Efraín González se presenta inicialmente como “vengador” de las afrentas padecidas por los
conservadores. Por eso, sus primeras acciones están enfiladas contra los jefes liberales de
Chiquinquirá (Pedro Alejandro y Joseso Cortés) y de Santander (Carlos Bernal). Recibe el apoyo
de los conservadores de la región. Al tiempo es el “castigador” de los conservadores
“desteñidos”, a quienes aplica sanciones que van desde la simple amonestación hasta la muerte.
Su primera impresión es la del luchador y reivindicador del honor político de los conservadores.
Adicionalmente se convierte en el “pacificador” de la región; es el encargado de ponerle orden al
caos naciente por el interés despertado en las minas de Peñas Blancas, descubiertas en 196075.
Ningún individuo o grupo escapa a su control. A su condición de luchador político se añade la de
árbitro social. De esta manera se gana el respeto, el aprecio y la protección de los primeros
“esmeralderos” favorecidos por la fortuna; entre ellos, Parmenio Molina, Isauro Murcia y su
hermano Olmedo, Pablo Emilio Orjuela y su hermano Lalay, y otros menores. A esta altura de su
marcha, su carisma personal hace el resto, lo engrandece y lo llena de gloria, las historias sobre
su habilidad y su intrepidez, su heroísmo y su magnetismo lo mitifican en vida y lo convierten en
un personaje distante con misteriosa aura de prestigio.
Su lucha se hace compleja. Su perfil inicial, de político conservador ortodoxo, toma un sesgo al
involucrarse con algunos jefes del entonces nacimiento movimiento de la Alianza Nacional
Popular -Anapo-, fundado por el General Gustavo Rojas Pinilla y su prestigio se nubla con actos
sombríos como el despiadado asesinato de “la Mona”, la hermosa mujer que lo había seguido
desde el Quindío, acusada de infiel y la masacre de campesinos indefensos en un bus de línea
de la flota Reina para asegurarse la muerte de un hombre a quien juzgaba su enemigo; o la orden
implacable de fusilar a Virgilio Salinas, su presunto amigo, para “no correr el riesgo de que
mañana cometa alguna barbaridad que a todos nos perjudique”76. Finalmente colma la medida el
secuestro del hijo y el nieto de un conocido ganadero de la región de nombre Martín Vargas, no
motivado por razones políticas, sino por un curioso ánimo de lucro que explicó al doctor Benjamín
Burgos, quien actuó obligadamente como intermediario entre Efraín y la familia Vargas, de la
siguiente manera: “dinero yo no quiero ni lo necesito. Si lo exijo no es para mí, sino para ayudar
75 Cfr. El capítulo sobre explotación y tratamiento de las esmeraldas. 76 Alba, J. Tito. Op. cit., p .98.
47
a la gente pobre... con esta plata compraré armas, claro, pero también compraré drogas para
aliviar sus dolencias, alimentos para los chiquitos...”77. Pero lo cierto es que a la postre ese
secuestro no le produjo dinero.
Luego de estos actos depredatorios y tras varios escapes espectaculares de los cercos del
ejército, la prolongada y cada vez más cruenta persecución lo debilita. Es grande el apoyo que
obtiene de la región de occidente. Se salva milagrosamente de una emboscada que le tiende el
ejército en el sitio de la Palmera en Santander donde, gravemente herido, logra burlar el ataque y,
tras un fatigoso rodeo por Moniquirá en Boyacá logra llegar a Muzo donde es atendido y protegido
por sus amigos. No había acabado de reponerse de esa caída, cuando en un viaje de incógnito a
Bogotá, ya la delación, ya el trabajo de inteligencia del ejército lo conducen al fatal desenlace.
Con su muerte “desaparece la magia” como bien lo afirma un personaje de la región.
Efraín González aparece entonces en una penumbra entre vengador justiciero, defensor de
humildes, brazo armado de una nueva élite regional y esforzado campeón de una raza orgullosa
de su reciedumbre. Al decir de E. Hobsbaum, encarnaría “una forma más bien primitiva de
protesta social organizada, acaso la más primitiva que conocemos... lo ven así los pobres que,
por lo mismo protegen al bandolero, le consideran su defensor, le idealizan y le convierten en un
mito”. Es el perfil del “bandolero social” que reproduce las formas primitivas de rebeldía.78
La riqueza de la mina de Peñas Blancas atrajo pronto miles de personas de todo el país, entre
quienes llegaron “mineros de tradición, aventureros, jugadores profesionales, comerciantes,
vendedores de bebidas y comestibles que cobraban precios astronómicos por sus artículos e
individuos de baja estofa que medraban en el nuevo paraíso de las esmeraldas”79. Estos nuevos
pobladores introdujeron las armas y con ellas la desconfianza y el temor entre los vecinos de la
región, lo que obligó a muchos a emigrar en los nuevos y desacostumbrados acontecimientos.
Para la gente vernácula esta “invasión” de personas, de usos y de mentalidades, significó una
77 Ibid. p. 75. Entrevista con Angel M. Vargas. 78 Hobsbaum, Eric. Rebeldes primitivos. Barcelona. Ed. Ariel, 1958. p. 27. 79 Martín, Félix María. La guerra de las esmeraldas. Bogotá, Ed. Baal, 1972, p. 297.
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verdadera desmoralización80. Este ejército de esperanzados en la rápida fortuna y de
aventureros de la exótica vida en el socavón visto como umbral de oro mundo mejor, fue el
germen del desequilibrio entre las fuerzas de producción de la región, así como la causa de las
transformaciones socioeconómicas, de desadaptación y desintegración de la comunidad al
desarrollo de la economía moderna, vertiginosamente introducida por ellos y de la alteración
ideológica que llevó a la desviación de los valores éticos y los principios jurídicos. Igualmente,
entre estos nuevos pobladores habrían de surgir los líderes de también nuevos grupos,
verdaderos núcleos de fuerza que inducirían la lucha por el poder local, buscando caminos
distintos a los de los partidos políticos tradicionales y la simple contienda electoral y que, al
centrar sus actividades sobre la explotación esmeraldífera, atraerían por fuerza de gravitación
social, a toda la sociedad. El conflicto pasaría en adelante, de la lucha polarizada entre partidos
a la lucha centrada sobre el control de la riqueza proveniente de la mina en sus fases de
exploración, explotación, comercialización y utilidades, y la política partidista empezaría a
adaptarse, cuando no a subordinarse, a este nuevo prospecto.
En esta época ocurre un cambio trascendental. Hasta ahora las políticas nacionales y las
estrategias de base histórica, habían tenido consecuencias directas para el comportamiento
político-defensivo regional y permitían incluso atender la región en función de ellas, pero ahora
comenzaba un proceso distinto, abiertamente contrario, consistente en el surgimiento de una élite
regional de acción y comportamiento autónomos, con intereses y objetivos sociales y económicos
locales precisos. Definitivamente, principiaba una nueva fase caracterizada por los rangos de
poder situacional en la que el poder organizacional y sistemático del gobierno, el Estado y la
sociedad se alejaban y en su distancia, solamente se percibirían a través de acciones represivas,
gestiones precarias y omisiones permanentes.
En esta fase empiezan a surgir los primeros líderes regionalistas, al interior de los grupos que
venían conformándose, todos ellos aceptados y prohijados por Efraín González. Todos los
grupos de esmeralderos tienen así un tronco común en la amistad y el juego de admiraciones y
lealtades por Efraín. El perfil de este nuevo liderazgo tiene connotaciones muy especiales. Se
80 Buitrago, Silvano.Op. cit., p. 100.
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identifican con “su” grupo, el de los amigos que los vieron “empezar”; generalmente provienen de
origen humilde, poseen un carisma que aglutina otros a su alrededor, destacan por su habilidad
para los negocios, por su beligerancia, por su destreza, su intrepidez y habilidad en el manejo de
las armas, por su valor y hasta por su apostura personal y, desde luego, por su capacidad de
jefatura que se pone a prueba en la defensa y solidaridad con los “suyos” y por la frialdad,
arrogancia y crueldad con los “enemigos” y por cierto aire de majestuosa generosidad. Allí está a
semilla del “patronazgo” que con los años llegaría a desarrollarse hasta producir el tipo de líder de
la guerra de los años ochenta y que, como se verá, es el gestor, controlador y conductor del
proceso de paz. Allí se perfilaron y emergieron los “patrones”, como se les llama, o “duros” o
“propios”, y allí los “jefes militares” que, por su talento natural condujeron las acciones guerreras y
fueron el brazo derecho de los patrones, hasta formar entre todos ellos una determinada
simbiosis que produjo a la postre, y sobre ella prácticamente descansa, el proceso de paz, el
“líder cívico” que cumple funciones políticas y de control social y es enlace entre patrones y jefes
políticos tradicionales, y cuya tarea ha sido la de manejar la política de militancia partidista y el
proyecto socio-político en la medida en que ha venido desarrollándose. Pero, esto es materia del
análisis final del trabajo. Lo importante es destacar que, dentro de estas formas y a comienzos
de los años sesenta, empezaron a surgir los primeros líderes en torno a sus respectivos grupos.
Así, para los tolimenses llegados a la región, los hermanos Virgilio y Alberto Avila y los hermanos
Espitia; para los guayatunos (de Guayatá, Boyacá) los hermanos Gutiérrez; para los de Otanche y
Borbur, Gustavo Espitia célebre por su apodo de “el mosco”, hijo de un viejo jefe regional
conservador; para los de Albania y Florián (Santander), los hermanos Flórez y, desde luego, en
principio, el mismo Efraín González y luego sus hermanos que le sobrevivieron, de nombres
Valentín, Absalón y José, y los hermanos Ariza, parientes de éstos, entre los que se contaba
Humberto, “el Ganso”, quien después jugaría un papel muy importante y, para la fecha de la
muerte de Efraín, estaba preso en la cárcel de la Picota en Bogotá. Otros grupos notables fueron
el de Francisco Vargas, conocido como “Pacho Vargas”, oriundo de Aquitania en el Departamento
de Boyacá y radicado en Otanche desde los primeros años sesenta; el de los Molina, Parmenio y
Modesto, tíos y protectores del entonces joven Gilberto Molían, originarios de la región
cundinamarquesa de Rionegro y establecidos en el poblado de Quípama a la sazón
pertenecientes al municipio de Muzo; grupo éste muy allegado al de los hermanos Isauro y
50
Olmedo Murcia. Estos dos grupos, a su vez, eran muy unidos y acataban al de los hermanos
Pablo Emilio y Lalay Orjuela de anterior conformación y de prestigio regional más antiguo.
Estaban también el grupo de los hermanos Benito y Pedro Méndez con su hermano medio
Alonso Mora; el de los hermanos Quintero, José, Víctor, Marcos y Manuel, procedentes de la
zona de Chivor en el oriente de Boyacá vinculados de atrás a la actividad esmeraldífera.
Alrededor de estos grupos que podemos tener por principales, existían otros menores y
descollaban algunos personajes individualmente como comerciantes de esmeraldas. Era el caso
de Mario Morera en Muzo, Luis Enrique Forero en San Martín, Inspección de Policía de San
Pablo de Borbur, los hermanos Rincón también en Muzo, los hermanos Rodríguez en el caserío
de Santa Bárbara, municipio de San Pablo de Borbur, junto con los hermanos Miguel y Pablo
Castellanos, oriundos del mismo lugar quienes eran conocidos como comerciantes de ganado,
madera y productos agrícolas como les ocurría a casi todos los que eran oriundos de la región, tal
era el caso de Domingo Salinas, en el sitio de Calcetero cercano a San Martín y Santa Bárbara,
de Alvaro Sánchez, quien se hizo muy amigo de los Molina y los Murcia, y de Julio Silva, afamado
por su afición a los gallos finos de pelea. Todos ellos, con excepción del último de los
nombrados, caracterizados por una militancia practicante en el partido conservador81.
Durante los cinco años subsiguientes a la muerte de Efraín González, entre 1965 y 1970, estos
grupos, unos más que otros, fueron consolidándose social y económicamente y algunos de sus
líderes alcanzaron significativo prestigio regional. Era la época de consolidación del Frente
Nacional. En la región se votaba por los candidatos del partido conservador, con una tendencia
hacia el grupo Ospino-Alzatista, llamado así por haber sido liderado en sus comienzos a nivel
nacional por los dirigentes Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño, con una ideología
de orientación “Social-Cristiana”82, separatista respecto al conservatismo ortodoxo de Laureano
81 Todos estos datos fueron recopilados por los autores en charlas y entrevistas con varios testigos residentes en la zona en los años sesenta y setenta y con algunos de los nombrados, a lo largo de los años de 1990, 1991, 1992 y 1993. Se ocultan los nombres de los que voluntariamente así lo quisieron, pero pueden citarse, entre otros, Luis Murcia Chaparro, Pablo Elías Delgadillo, Gilberto Rodríguez, Edgar González (q.e.p.d.), Myriam Castro Vda. de Castellanos, Gabriel Parra, Ignacio Obando, Gilberto Barrera, Martín González Rojas, Gilberto Ortiz, Orlando López y, en general todos los miembros del Comité de Normalización, Verificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá. 82 Bautista Olaya, Darío. El Personaje y los hechos. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1984, p. 314.
51
Gómez, y a nivel departamental, por el Senador Luis Torres Quintero. La provincia votó
mayoritariamente la presidencia del conservador Guillermo León Valencia en 1962 y la del liberal
Carlos Lleras Restrepo en 1966, en cumplimiento del pacto político del Frente Nacional, pero,
asimismo, empezó a manifestar su inclinación por los candidatos de la Anapo en esa segunda
mitad de la década de los sesenta83. Era entonces el fenómeno que hemos detectado como de
solidaridad partidista, en donde ya no importaba tanto la lucha partido contra partido, sino que
estaba en juego el proyecto político “frentenacionalista” que vinculaba otro tipo de lealtades.
Este, sin duda, permitió que se desviara la atención de lo nacional a lo regional en los términos
atrás expuestos.
5.1. ORIGENES DE LA GUERRA.
Para la época de la muerte de Efraín González, su paisano y pariente Humberto Ariza, mejor
conocido como “el Ganso”, estaba preso en Bogotá. Algunos de los jefes de los grupos citados,
ante la entrega por el Banco de la República de la administración de las minas de Coscuez y
Muzo a Ecominas84, resolvieron unirse para defender sus intereses frente a la nueva
administración. La verdad es que todos ellos habían hecho alguna fortuna con las esmeraldas,
pero sin ser parte de la institución minera, es decir, sin estar vinculados al banco. Eran, en el
contexto de la organización institucional unos insurgentes, contra-institucionales y, en el caso de
la explotación de la mina de Peñas Blancas, eran marginales o para -institucionales y, por causa
de la legislación vigente, eran ilegales. La nueva administración de Ecominas no dio y planteó
solución alguna al caso y, por el contrario, como se dejó visto en el capítulo anterior, su gestión
fue un fracaso, por lo que tuvo que cerrarse la explotación oficial de las minas.
Los jefes de los grupos ya unidos se consolidaron y pronto fueron conscientes de tener un gran
poder económico que los situó ante la perspectiva de crear un monopolio en el comercio de
esmeraldas lo que, a su vez, los llevó a la conclusión de que necesitaban ejercer una autoridad
efectiva en la región que no existía desde la muerte de Efraín. Fue entonces cuando pensaron
83 Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá. Datos Estadísticos. 84 Cfr. Capítulo sobre tratamiento y explotación de las esmeraldas.
52
en reemplazarlo por alguien que, representado de alguna manera su prestigio, ejerciera
efectivamente esa autoridad cuya ausencia era ostensible. De esa manera Isauro Murcia,
“Pacho” Vargas, Alvaro Sánchez, Parmenio Molina, Virgilio Avila, principalmente, decidieron que
la persona indicada para ejercer esa representación era “el Ganso” Ariza, porque ellos solos no
estaban en capacidad de controlar la situación que, poco a poco, se empezaba a tornar violenta
y, de otra parte, también se daban cuenta que el ejército y la policía tampoco ofrecían garantía de
asegurar ese control. Entonces, ellos planearon “la fuga” de Ariza interceptando el vehículo
oficial en el cual sería transportado por las calles de Bogotá desde la cárcel hasta el despacho del
juez para la práctica de una diligencia “decretada” por éste, a quien se consideraba un funcionario
“blando, sensible al dinero”. Ciertamente lo hicieron y condujeron a Ariza hasta la zona minera
para que “entrara a desempeñar sus nuevas funciones”85.
A partir de entonces empezó a consolidarse un nuevo grupo resultante de la alianza entre líderes
plenamente identificados, defendidos por la prestigiosa tutela de “el Ganzo” Ariza al que la gente
empezó a llamar “la pesada”, que constituyó el primer monopolio de las esmeraldas en el sector
privado, abriéndole a sus miembros la posibilidad de acumular rápidas fortunas. Al auge de su
comercio ayudaron las relaciones de éstos, adquiridas desde los primeros años sesenta, con los
comerciantes de esmeraldas de mayor nivel que conocían el mercado y disponían de las
conexiones necesarias en el exterior del país.
El surgimiento de “la pesada” respaldada en principio por el prestigio de Efraín González en
cabeza del “Ganso” Ariza, como un monopolio del comercio de esmeraldas y, por ende, como
una fuerza económica poderosa y excluyente empezó a causar malestar. El camino de la mina
de Peñas Blancas al poblado de Borbur era áspero, abrupto y solitario. En el sitio llamado “Paso
de los Micos”, escarpado y peligroso, empezaron a cometerse asaltos; en uno de tantos, cayó un
hermano de Gustavo Espitia “el Mosco”, personaje de gran ascendencia y aprecio en la región.
Las murmuraciones empezaron a responsabilizar de éste a otros crímenes, atracos y asesinatos,
que vinieron luego, a los integrantes de “la pesada”, a quienes se acusaba de facilitar de esa
manera la adquisición de piedras valiosas y de evadir su pago. Aquí empieza el conflicto entre
85 Martín, Félix María. Op. Cit., p. 493.
53
esmeralderos, y entre ellos exclusivamente sin consideración a otro tipo de motivaciones, menos
de tipo político partidista. Antes de 1970 ya la suerte de algunos de los líderes del grupo había
sido determinada por la muerte violenta. Emilio Orjuela, acusado de ser el delator de Efraín
González, fue asesinado en Bogotá por un individuo de truculento historial llamado “El Mono”
Galindo quien, a su vez, habría de caer muerto a manos del ejército unos días después en las
cercanías de Muzo, con la presunta autoría intelectual de los hermanos Pablo y Segundo Rincón
y de Mario Moreras, competidores suyos de las esmeraldas. Los hermanos Rincón fueron
asesinados en Chiquinquirá y Moreras en Bogotá, pocos días después y, el mismo día de la
muerte de éste, pistoleros emboscados mataron otras doce personas de su grupo en la zona
minera. Alvaro Sánchez, hombre aprestigiado por su valor y entereza que no forjó un grupo, pero
fue muy cercano a Isauro Murcia moriría también por arma de fuego en Bogotá en 1971. “El
Mosco” Espitia, acaso muy sentido por la suerte de su hermano y por el giro que tomaban los
acontecimientos se retiró de la región y se tiene constancia de que aun vive en el Departamento
del Meta86.
5.2. LA PRIMERA GUERRA DE LAS ESMERALDAS (1970-1973 ).
La forma en que se constituyó “la pesada”, su rápida acumulación de dinero, su exclusividad,
pronto dio gran poder a sus miembros que, para 1970, eran precisamente Isauro Murcia, Olmedo
Murcia, Virgilio Avila, “Pacho” Vargas, Alvaro Sánchez, Benito Méndez y Parmenio Molina.
Posiblemente solo se dedicaron a fortalecerse, a negociar en grande y actuar
independientemente, pero esa misma actitud los fue alejando del resto de la gente y les dio una
imagen de excluyentes, ambiciosos, prepotentes, arrogantes y displicentes con los demás que
poco a poco, con su voluntad o sin ella, los fue convirtiendo en un grupo homogéneo y cerrado.
Humberto Ariza, por su parte, era el hombre que simbolizaba ese poder que ellos ostentaban,
era, a los ojos de la gente, su representante armado, era el jefe de seguridad del grupo, era su
comandante militar. Prófugo de la justicia y presunto heredero del prestigio de Efraín González,
era temido y acatado en la región.
86 Datos recopilados por los autores en entrevistas varias a testigos, Ibid. cita 69.
54
Empezaron entonces a reclutarse jóvenes recién llegados y aun jóvenes de la provincia, para
formar un grupo de base, un pie de fuerza que empezó a conocerse con el remoquete de “los
pájaros”. Inicialmente prestaban el servicio de guardaespaldas de los nuevos líderes o patrones.
Se les empezó a llamar lugartenientes de uno u otro personaje lo cual, a su vez, les daba cierto
prestigio entre sus iguales. Se capacitaron en el uso de las armas de fuego, en el conocimiento
de la región y fueron desarrollando una estructura de jerarquías y lealtades que permitía detectar
su posición y rango dentro del grupo, según su cercanía a los patrones o en particular a uno de
ellos. Estos nuevos reclutas eran los encargados de ejecutar las órdenes de aquéllos y, en
especial, cumplían funciones de seguridad. Las autoridades regulares, incapaces de controlar la
situación o simplemente neutralizadas por el temor o las dádivas, optaron por “dejar hacer y dejar
pasar” y terminaron doblegados ante la voluntad de los nuevos amos. Se quebró así la autoridad
del Estado y se excluyeron los principios de legalidad, justicia y ética. El monopolio de la fuerza
pasó por completo a manos privadas y, bajo presiones y amenazas, comenzó a regir la “ley del
silencio” y la más abierta impunidad.
“El Ganso” considerándose a sí mismo lo suficientemente fuerte y poderoso y aprovechando su
ascendencia entre las gentes de la región, se declaró contrario a los procedimientos y usos de “la
pesada”; los denunció como autores de muchos de los crímenes cometidos, protestó no haber
participado en ellos y aun haberse opuesto. Los líderes lo desmintieron públicamente y, por el
contrario, lo acusaron de ser el autor de atracos, robos, asesinatos, especialmente de uno
recientemente perpetrado contra las oficinas de la Caja Agraria de Otanche el cual, por cierto,
obligó a los directivos al cierre de la misma. Empezó entonces una confrontación abierta de “el
Ganso” contra “la pesada” y los hechos violentos se precipitaron. Estos señalaban su condición
de prófugo y delincuente común y se aliaron con la fuerza pública, policía y ejército, en su contra.
“El Ganso”, a su vez, se volvió hacia la gente oriunda de la región, predicaba un discurso
“regionalista”, contra los elementos foráneos a quienes responsabilizaba de haber venido a
sembrar discordia. Pedía a los nativos recordar cómo Efraín González había sido el defensor de
la provincia que ahora, unos advenedizos, usufructuando su prestigio tomaban como base para
montar un aparato de explotación, persecución e intimidación contra ellos. La guerra fue breve.
55
Prontamente se armaron con pistolas de reacción; apareció la “Browning”, empezaron a utilizar
como medio de transporte el campero “Nissan”, con colores de identificación según el grupo y la
indumentaria evolucionó hacia una mezcla del tipo “western” de las películas norteamericanas y
“charro” de las mejicanas. Atrás quedó la indumentaria campesina de alpargatas, pantalón de
dril, camisa blanca y sombrero de jipa quebrado al frente. Acaso con las botas, las chaquetas
americanas, los “jeans”, el sombrero alón, lo único que sobrevivió fue el “poncho” de tela para
secarse el sudor y el carriel terciado para llevar la pistola y el dinero.
Al grupo de “el Ganso” se sumaron las familias Barrera García, López Walteros, Salinas,
Castellanos, Sánchez, González Téllez, entre otras representantes de la región, quienes
aceptaron su concepto y pronto dominaron todo el territorio desde Chiquinquirá, por Pauna y
Borbur hasta Otanche, contando con el respaldo de la gente de Maripí, Briceño, Buenavista y
Coper. Los líderes de “la pesada” tuvieron en tanto que radicarse en Bogotá, contando con algún
acceso a Muzo, y desde la capital armar y dirigir su gente infiltrada en la región. Para esos, las
únicas salidas eran la vía Otanche-Puerto Boyacá todavía sin carretera, a través de las selvas del
Magdalena Medio y la Serranía de los Quinchas, o las trochas de Muzo y Otanche hacia Yacopí
en Cundinamarca.
La guerra tuvo su principal centro de acción en Otanche, desde donde, bajo el mando del Alcalde
Alvaro Bustos, se organizaron grupos de muchachos que hostigaban a los secuaces de “el
Ganso” convirtiéndose en los representantes de la autoridad legítima y la ley, frente al prófugo, el
asaltante, que ya no el bandolero social. Sus aliados eran tachados de ser simples cómplices y
renegados. Entre tanto, desde Bogotá, Murcia, Vargas y Molina, actuaban ante las altas esferas
de la policía, el ejército y el gobierno para buscar la forma de que las autoridades se hicieran
cargo de la situación y lanzaran contra “el Ganso” y su cuadrilla todo el peso y rigor de la ley, la
justicia y la autoridad legítima. He aquí un punto de suma importancia. Los jefes de “la pesada”
proyectaban la imagen de ser comerciantes honrados, personas de bien que servían a la región y
trabajaban limpiamente, mientras que Ariza y su gente aparecieran como delincuentes comunes
que intimidaban y expoliaban la gente de la región.
56
Ariza instala su cuartel general en derredor del yacimiento de Coscuez. Allí se hace fuerte y se
enriquece al amparo de la quebrada que lleva la carga de la mina e institucionaliza la guaquería,
ejerciendo sobre ella un estricto control en cuanto a las personas que la practican, así como
sobre el comercio. El asalto a una patrulla mixta, compuesto por agentes del F2 de la policía
nacional y algunos civiles en 1971 propicia la participación decidida de la policía contra los
hombres del “Ganso” lo que, como reacción, aumenta la beligerancia y contundencia de los
ataques por parte de éstos en sitios públicos y residencias privadas. Un operativo de la policía
logra capturar a Ariza a finales de 1971, pese a lo cual, la guerra se prolonga todavía año y medio
aproximadamente. Bustos, el Alcalde de Otanche, se ve obligado a abandonar la región; el
gobierno departamental lo traslada a la Alcaldía de Guicán, lejos del escenario de los
acontecimientos. Con Ariza caen Absalón González (hermano de Efraín) y Virgilio Delgado.
Poco a poco la policía iría capturando a los amigos de éstos que representan alguna importancia
en la contienda, o dándoles de baja. Así “la pesada” ganaba la guerra y retornaba la calma a la
región, pero como consecuencia de las audaces acciones de sus enemigos, habían caído Virgilio
Avila en un espectacular abaleo en la calle catorce de Bogotá, desde entonces estigmatizada con
el mote de “la calle de los esmeralderos”, Olmedo Murcia y Parmenio Molina, en sus propias
casas de residencia, en golpes no menos cruentos y sonados.
La principal consecuencia de esta primera confrontación, o primera fase de la confrontación, fue
la devastación de la región y la emigración de grandes cantidades de gente. Si entre 1951 y 1964
la tasa de crecimiento anual, según estimativo del PNR, había sido del 3.11% de 1964 a 1973,
descendió al 0.46%87, y datos oficiales señalan entre 1970 y 1973, la suma de 670 muertos
violentamente y un número un poco mayor de heridos88.
5.3. LA PRIMERA PAZ (1973-1976).
87 Presidencia de la República y PNR Departamento de Boyacá. Plan Regional de Rehabilitación: Estrategias y Realizaciones. 1986 - 1990. Bogotá, mayo de 1990. p.30. 88 Guerrero Barón, J. La Economía Esmeraldífera y la Violencia: La micro-historia institucional y contra institucional. Tunja U.P.T.C., sin fecha. p . 246.
57
Encarcelados Ariza y sus principales lugartenientes, muertos los otros, retornó la calma a la
región, al amparo de la cual se despertó nuevamente una “fiebre verde” que atrajo a la región
miles de personas de todo el país, otra vez en busca de fortuna rápida y otra vez con sus
secuelas de conflictos. Desde 1973 a 1976, como se vio en el capítulo anterior, las minas de
Muzo y Coscuez estuvieron cerradas para la explotación oficial, pero la guaquería continuó a gran
escala y la mina de Peñas Blancas siguió produciendo a mayor ritmo. Se amasaron grandes
capitales y comenzó naturalmente a surgir, sin control alguno, un nuevo grupo de hombres
adinerados y poderosos. Los ya curtidos, como Isauro Murcia y Francisco “Pacho” Vargas, se
afianzaron el primero en Muzo y el segundo en Coscuez y Peñas Blancas, y junto al primero, fue
conformándose otro grupo integrado principalmente por Benito Méndez, Julio Silva, Víctor
Carranza, Darío Pachón y Gilberto Molina. Para contrarrestar el inmenso flujo de gentes de todo
el país y para tratar de poner algún orden y pensando en prevenir desastres similares a lo
ocurrido en los tres años anteriores el ejército elaboró el denominado “Plan Esmeralda”, cuya
dirección se encomendó a los generales Valencia Tovar y Matallana Bermúdez, en ejecución del
cual, en un vasto operativo a mediados del año 1976 militarizaron la zona esmeraldífera y con el
apoyo táctico de la policía nacional lograron ejercer un control sobre las grandes masas de
guaquero y aventureros llegados a la región y mantener a ese nivel un principio de orden.
Lamentablemente cumplidos estos objetivos puntuales cesó la militarización y la situación quedó
a cargo de la policía nacional, sin los elementos y el personal suficientes para un vasto operativo
táctico y estratégico como el que se realizara inicialmente, de manera que para el segundo
semestre de 1976 la región, si bien había sido “limpiada” de la presencia de muchos pobladores
ocasionales, estaba desprotegida y sin la garantía de control suficiente89.
A mediados de 1975 ocurre en Otanche el homicidio de dos hermanos de “Pacho” Vargas, de
cuya autoría se sindica a Daniel Bustos Ortega, apodado “El Chamizo”, sobrino del ex-alcalde
Alvaro Bustos, por entonces ausente de la región pero quien había tenido significativa importancia
en la primera guerra, como se vio atrás. Este incidente “volteó” a Vargas en contra de sus
antiguos socios y amigos de “la pesada” y, por ende, lo colocó frente a los nuevos amigos de
éstos lo cual lo llevó a buscar el apoyo de los hermanos de Ariza y de otras personas que
89 Ibid., p. 246.
58
recientemente se habían hecho o se estaban haciendo a la sazón fuertes en Coscuez. Tuvo
origen así la segundo fase de la guerra.
5.4. LA SEGUNDA GUERRA DE LAS ESMERALDAS (1976-1977 ).
Se trata de una etapa de apenas un año de duración caracterizada por un enfrentamiento
sumamente violento y cruel, más refinado, con mejor armamento, con mayor conciencia de su
papel y con acciones impresionantes por su osadía, su audacia y, cabe decirlo, su valentía. En
este enfrentamiento terminaron de aniquilarse familias enteras que, en el primero, habían tendido
algunas bajas. Fue el caso de la familia Chacón Núñez de Otanche, cuyo padre Luis había sido
asesinado en 1971; en esta ocasión perecieron Alberto, personero de Otanche, asesinado en un
bus de línea intermunicipal en el trayecto entre Otanche y San Pablo de Borbur y sus hermanos
Luis y José; fue igualmente el caso de la familia Castro, cuya madre Lucía y su hijo William
habían parecido en la primera guerra, ella asesinada también en un bus de línea intermunicipal
(el primer caso de esa modalidad), el padre, Guillermo, había sido muerto en riña antes de 1970
y, en esta ocasión murieron los dos hijos sobrevivientes.
A Francisco Vargas se unieron entonces los hermanos Gilberto y Germán Barrera García, los
hermanos Laureano y Pedro María López Walteros, los hermanos Florindo, Omar y Mariano
Salinas y los hermanos Triana Vanegas, estos últimos antiguos militantes y colaboradores de “la
pesada”.
Entre los hechos relievantes de esta confrontación están los asesinatos de Pedro María López en
cercanías de Otanche y de su hijo Vicente en Bogotá y un espectacular asalto en la Quebrada la
Miocá, entre Santa Bárbara y Coscuez, del que resultaron 10 muertos, actos todos imputables a
“el Chamizo” quien cobró gran celebridad por su estilo audaz e histriónico.
El papel de las autoridades y de la policías y, en general, el rol del Estado, en todos estos
acontecimientos fue casi nulo. Se limitaban a levantar cadáveres y abrir investigaciones
exhaustivas y producían algunas capturas de elementos sospechosos de participar en
59
determinados atentados. La Caja Agraria cerró sus oficinas de Otanche, Muzo y Pauna por
razones de seguridad; el ICA suspendió todas sus labores de asesoría técnica; en forma lenta y
negligente avanzaba la carretera de Otanche-Puerto Boyacá, a cargo del Batallón de Ingenieros
Baraya del Ejército Nacional encargado, al tiempo, de combatir el frente de las FARC operante en
el Magdalena Medio.
5.5. LA SEGUNDA PAZ (1978-1984)
Esta época coincidió con la primera apertura a licitación y la primera adjudicación por el Estado
de las minas de esmeraldas a los particulares. Esto facilitó la conversación entre los líderes,
quienes, por primera vez, en gesto de buena voluntad decidieron hacer una paz concertada. No
pasó de ser un acto solamente y protocolario de firma de un documento ante el Gobernador de
Boyacá y el Arzobispo de Tunja en esta ciudad, pero que no generó ningún tipo de acción
concomitante o posterior, como sí ocurrió en la paz actual; es decir, ese acto no generó un
proceso de paz y acercó al Estado a la región o a sus líderes.
El hecho importante en esta fase fue la consolidación del monopolio en la explotación y
comercialización de las esmeraldas por el grupo de los adjudicatarios de las minas de Muzo y
Coscuez, conformándose así una élite de esmeralderos, frente a la cual se fue conformando y
haciendo fuerte otro gran contingente humano integrado por los guaqueros instalados de tiempo
atrás, desde la primera guerra, en inmediaciones de Coscuez, específicamente en el área que se
empezó a conocer como “La Culebrera” y en las minas de Peñas Blancas, donde pese a las
promesas y aseveraciones del gobierno, nunca se llegó a oficializar, como tampoco se ha hecho
hasta la presente, relación alguna.
Esta etapa puede tenerse como provechosa para la región. A la luz de la paz, volvió a reactivarse
la economía agropecuaria y el comercio, pero también llegaron, otra vez, muchísimas personas
con la ilusión de la riqueza esmeraldina, especialmente a la zona de la Quebrada de “Las ánimas”
en Muzo, donde muchas personas se instalaron y aun hoy subsisten con sus familias, en la
esperanza de obtener las gemas de la carga o “tambre” sobrante de la mina.
60
De esta época también datan algunos acercamientos entre las diversas comunidades de la
provincia, especialmente a través de justas deportivas y, dato bien significativo, a través de la
política partidista. Bien puede notarse cómo en las elecciones del Congreso de 1978 y de 1982,
hay cierta homogeneidad y se consolida esa tendencia que hemos denominado partidismo en
busca de identidad; la identidad de región se perfila con bastante objetividad; ello es más notable
en las elecciones presidenciales, en cuyos votos se nota la tradicional predilección por los
candidatos conservadores.
Sin embargo, es importante destacar que, en la zona de Coscuez, la más informal y espontánea
en su contextura y formación, fueron destacándose algunos personajes, tales como los hermanos
Murcia Chaparro, Carlos A. “el Garbanzo”, Luis A. “el Pequinés”, oriundos de Pauna, y éste último
llamado a jugar papel estelar en la fase actual, José Ruperto Córdoba Bareño A. “el Colmillo”,
Irenarco Escárraga Leal, A. ”el Chito”, Darío Campos, acaso uno de los pocos que solamente han
sido conocidos por su nombre de pila Martín González Rojas A. “Capotera” y otros mejor
conocidos por sus apodos, como “el Policía”, “el Flaco”, “el Guango”, Horacio Rodríguez “el
Macho”, etc. Fue así conformándose una plana mayor de nuevos hombres, herederos de la
antigua estirpe de “el Ganso”, hábiles para la pelea, ambiciosos, audaces, en torno a quienes se
fue conformando un grupo grande que sería la base del pie de fuerza de la tercera guerra entre
esmeralderos a quienes les favorecía desde esos días la buena fortuna dispensada por la
Quebrada de Coscuez. Todos ellos, a su vez, desde un comienzo hicieron buena relación con
“Pacho Vargas”, lo cual tuvo connotación posterior. El “Ganso” Ariza salió de la cárcel de la
Picota, donde había sobrevivido a varios atentados el sábado 19 de diciembre de 1981 sin haber
sido condenado por delito alguno. “El chamizo” fue capturado en Bogotá en 1978 en
espectacular balacera contra agentes del F2 de la policía; en 1981 se fugó de la Penitenciaría El
Barne de Tunja, donde también había sobrevivido a un atentado. Ariza regresó de inmediato a la
región. Bustos Ortega se retiró a los Llanos del Meta y solo volvería a finales de los ochenta.
5.6. LA TERCERA GUERRA DE LAS ESMERALDAS Y NUEVOS A CTORES (1984-1990).
61
La característica de esta última fase es la existencia de dos grupos, consolidados a lo largo de las
dos guerras anteriores y de sus etapas intermedias. Cada uno de ellos tiene su propia versión
descriptiva de las causas y desarrollo del evento.
Varios sucesos pueden ser tenidos con antecedentes o pretextos de la guerra. Un atentado
contra “Pacho” Vargas, quien luego murió asesinado, algunos disturbios protagonizados en
Pauna por Horacio Rodríguez A., “el Macho”, que motivaron la protesta de Pablo Buitrago,
connotado dirigente tradicional y Diputado a la Asamblea Departamental, creando un
distanciamiento entre “pauneros”, los del centro representados por éste y su sobrino Pablo Elías
Delgadillo, quien llegaría a ser personaje fundamental en la guerra y en el proceso de paz, y
pauneros de la Culebrera, representados por áquel. Otro suceso es el distanciamiento entre
antiguos socios y amigos en San Pablo de Borbur: los hermanos Barrera se enfrentan con los
López Gualteros. Cosa similar ocurrió por causa de los turnos en la explotación de la mina entre
amigos y socios antiguos de Santa Bárbara, Benjamin Castellanos resulta enemistados con José
Ruperto Córdoba Bareño, quien gozaba de buena reputación entre los Culebreros de Coscuez y
era mejor conocido por su alias de “el Colmillo”.
Así las cosas, a mediados de 1984 el joven esmeraldero Arsenio Acero, proveniente del Valle del
Cauca, que gozaba de gran estimación y era amigo personal de “el Colmillo”, muere asesinado
precisamente en “el paso de los micos”, sitio funesto como se vio. Los de Coscuez acusaron del
homicidio a Orlando, Carlos y Wilson López, parientes entre sí y sobrinos del Concejal de Borbur,
Laureano López Gualteros y como autores intelectuales a los hermanos Obando, encabezados
por Ignacio. En represalia, a los dos meses fue asesinado en Bogotá Laureano López. Esto
desencadenó la guerra que había de durar seis años.
De inmediato y con facilidad se conformaron los dos bloques. De una parte, el grupo de
Coscuez, “los Culebreros”, integrados por los citados atrás, más algunos personajes que fueron
cobrando importancia como Horacio Triana, Diosdé González y Luis Romero de Maripí que,
aunque no se vieron complicados en las acciones de guerra sí gozaban de prestigio y
ascendencia. De la otra, los de Santa Bárbara y Borbur, integrado por los hermanos López
62
Gualteros sobrevivientes, encabezados por Torcuato y su sobrino Orlando y hermanos, los
Castellanos de Santa Bárbara, Miguel y Benjamín, los Bustos de Otanche (aunque Alvaro está
ausente), ellos se unen a los de Muzo antes nombrados. De manera que al frente de los grupos
quedan, “Pacho” Vargas y los hermanos Murcia Chaparro, con “el Colmillo” como jefe militar del
lado del grupo de los de Coscuez y los de Muzo, especialmente Gilberto Molina al frente de los de
Borbur, con Torcuato López y con el tiempo llegaría a ser jefe cívico Pablo Elías Delgadillo.
Fue una guerra larga y cruenta. Murieron cabecillas de ambos grupos y entre las muertes más
sentidas estuvieron las del Diputado Pablo Buitrago y el Representante a la Cámara Edgar
Pulido, que, si bien no participó de la guerra, era hombre de prestigio y simpatía entre los
coscuezanos. Para esta época se divide la región políticamente, entre los dos grupos. Los de
Coscuez apoyan al Senador Napoleón Peralta y los de Muzo-Borbur, al Senador Guillermo Torres
Barrera; este último, incluso, fue víctima de un atentado y falleció posteriormente por causas
naturales. Estas tendencias se reflejan en las elecciones de los años 86 y 90, y coinciden con la
distribución territorial de los grupos enfrentados. En efecto, los coscuezanos dominan la parte
baja de Coscuez, Maripí, Pauna, Coper, Buenavista, Briceño y llegan a los confines de
Chiquinquirá por la parte alta y de la Victoria por la baja; los de Borbur, dominan Muzo, Otanche,
Borbur y la parte alta de Coscuez. (Ver mapa Nº 5).
En la última fase de esta guerra cayeron en sendos atentados “el Colmillo”, y el “el Garbanzo”, de
una parte y se produjo el asesinato a Gilberto Molina, con intervención de Gonzalo Rodríguez
Gacha, en las condiciones que veremos a continuación, ya que, en esta fase del conflicto,
también intervinieron dos nuevos actores: los narcotraficantes y los guerrilleros.
Como se ha dicho, esta guerra llegó a su final por agotamiento de los grupos y por haber
alcanzado un relativo equilibrio en sus fuerzas que hacía prácticamente imposible la eliminación o
la derrota del adversario. En estas condiciones pudo llegarse al acercamiento de los líderes y el
pacto de paz, de que tratamos en el capítulo siguiente.
5.6.1. PARTICIPACION DEL NARCOTRAFICO.
63
Al parecer, desde los primeros años sesenta inició una amistad entre Gonzalo Rodríguez Gacha
y Gilberto Molina, con ocasión de una supuesta incursión de áquel a la zona90. Posteriormente
hubo entre ellos y los demás esmeralderos relaciones cordiales. Se les veía en las ferias,
especialmente caballísticas, debido a la afición tanto de Rodríguez Gacha, como de Molina y
algunos amigos de éste como el también conocido empresario minero Víctor Carranza, pero
parece ser que empezaron a surgir problemas a mediados de los ochenta que, pueden resumirse
en tres puntos críticos de fricción:
1. Rodríguez Gacha necesitaba, para facilitar su actividad de tráfico de estupefacientes, tener
una salida directa al Magdalena Medio, crear un cordón territorial entre el occidente de
Cundinamarca, que era su área de operación (Pacho, Paime, etc.) y a ese propósito se le
presentaba el obstáculo de la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá. Al principio
quiso por las buenas ganarse la entrada a la región e incluso, llegó a hacer una oferta de
compra de acciones en las empresas mineras. Esta pretensión le fue denegada
rotundamente por los empresarios y socios y, particularmente, al parecer, por el propio
Gilberto Molina.
2. Parece haber existido un “enredo” de dineros, por causa de una deuda de los mineros con
Rodríguez Gacha. Este la cobró y hubo alguna demora en la gestión de pago.
3. Entre Rodríguez Gacha y Molina había cierta rivalidad política; éste era activista
conservador convencido. Cuando vino el secuestro del entonces candidato a la Alcaldía
de Bogotá Andrés Pastrana Arango, al parecer, Molina reclamó a Rodríguez por su
presunta participación y esto los distanció definitivamente, abriendo paso a un
enfrentamiento que terminó trágicamente con la masacre en una finca de Sasaima, el 27
de febrero de 1989, donde resultó muerto Molina.
90 Cortés, Fernando. Rodríguez Gacha, el mejicano. Bogotá, Intermedio editores, 1993. p. 31 y ss.
64
En el lapso de esa lucha, Rodríguez Gacha inteligentemente resuelve aprovechar el
enfrentamiento existente en la región y tercia a favor del grupo de Coscuez “la Culebrera”, los
dota con armamento, equipo de comunicaciones y, lo que resulta más importante, con salidas
territoriales expeditas a través de la zona de Rionegro en Cundinamarca. Otra táctica que usa es
la de infiltrar a Muzo, reclutando personas del negocio del narcotráfico, cosa que logra, gracias a
que existe cierto resentimiento entre los muceños, específicamente porque Molina fue el líder de
la creación del Municipio de Quípama, con la consecuente repartición de la mina de Muzo, como
en el caso de Ariel Camacho alias “el Negro”, quien jugó papel decisivo en la última fase de la
guerra y murió a comienzos del noventa en la cárcel de la ladera en Medellín en un atentado.
Rodríguez Gacha, igualmente, facilitó el adiestramiento de jóvenes de la región, en las escuelas
que, para el efecto, tenía en Puerto Boyacá y otros sitios del Magdalena Medio.
La muerte de Rodríguez Gacha vino a facilitar, desde luego, el pacto de paz, pero no se descarta
que algunos allegados y simpatizantes del grupo de Borbur, colaboraran con las autoridades,
especialmente con la D.E.A., en la búsqueda de áquel91.
5.6.2. PARTICIPACION DE LA GUERRILLA.
La operación de las FARC en la zona esmeraldífera ha sido siempre marginal, toda vez que su
centro de acción estuvo inicialmente establecido en la zona suroeste de Santander y en la zona
del Magdalena medio, específicamente en Puerto Boyacá, al otro lado de la Serranía de las
Quinchas y, por ende, aislada de la región de la cuenca del río Minero (ver mapa del Territorio
Vásquez). Y posteriormente se estableció en las regiones de Yacopí, Caparrapí, Topaipí, La
Palma y San Cayetano en Cundinamarca92.
Es presumible que, dentro de la secuencia de la última guerra de las esmeraldas, haya existido
un contacto o un acuerdo entre los del grupo de Coscuez y el IV frente de las FARC debido al
control del territorio de la zona limítrofe entre occidente de Boyacá y Santander por el sector de
91 Datos recopilados por los autores en entrevistas con líderes y testigos de la región. Ibid citas 69 y 74. 92 Uribe Alarcón, María Victoria. Op. cit., p. 84, 85.
65
Briceño, Tununguá, y Pauna, en busca de algún apoyo logístico. De hecho se sabe de
incursiones de la guerrilla sobre Pauna, hasta la quebrada “la Chatana” y hasta el mismo río
Minero. Ello posiblemente obligó a los de Borbur, a montar un grupo de autodefensa con apoyo
de los campesinos del área por ellos controlada de Otanche en las veredas de Betania y
Buenavista y se rumora que, incluso, para fortalecer ese frente de autodefensa, se les dotó de
armamento y entrenamiento técnico en alguna escuela de formación. Estarían de bulto dos
contradicciones: Si los de Borbur y sus aliados (Molina), estaban en guerra con el Mejicano, es
de suponer que no tenían acceso a estas escuelas; lo tendrían los de Coscuez, pero si éstos
estaban en arreglos con la guerrilla, mal podrían ser aliados del Mejicano. De suerte que esas
contradicciones seguramente tuvieron que resolverse pronto y, sin duda, los de Coscuez
prefirieron al Mejicano, por ser mejor aliado y más seguro protector.
Lo cierto es que la guerrilla no ha penetrado jamás territorios de Otanche, Borbur, Quípama ni
Muzo y menos a raíz del acuerdo de paz93.
6. HACIA LA PAZ
El proceso de paz que empezó a gestarse en el año de 1989 y se puso en marcha en 1990, en el
Occidente de Boyacá, puede entenderse como una respuesta social a un vacío político. Por esto,
puede explicarse dentro del esquema de una política pública, como fenómeno de actores frente a
actores y de actores frente a estructuras. Su evaluación debe hacerse partiendo de lo que fue la
formulación de la política, con base en la relación de los problemas que a ella condujeron y los de
los fundamentales aspectos de la identificación y decisión de alternativas específicas, del diseño
y decisión de estrategias y la ejecución de las mismas. Todo ello dentro de una posición objetiva
y neutral, tanto en lo relativo al análisis de sus consecuencias como a la selección u opción de la
alternativa óptima.
6.1. ANTECEDENTES.
66
Tras alcanzar cerca de los 2.000 muertes violentas94, varios atentados en tres años y de contar
entre ellos a algunos de los más respetados y apreciados hombres de la región, la situación llega
al extremo de un equilibrio prácticamente irrompible pero por ello mismo insoportable95. Tras la
muerte violenta de Miguel Castellanos, (22 de octubre de 1987), de Carlos Murcia Chaparro (14
de diciembre de 1988), de Gilberto Molina (27 de febrero de 1989) y de otros personajes
relacionados más o menos directamente con aspectos del conflicto entre los que se cuenta a
Gonzalo Rodríguez Gacha (16 de diciembre de 1989), los líderes de la región, pertenecientes a
cada uno de los dos grupos en conflicto, ellos mismos y sus familias amenazados en su vida,
entendieron llegado el momento de cerrar la puerta definitivamente a la irracionalidad y
expresaron su voluntad inequívoca de querer la paz. De ahí adelante faltaba solo darle una
racionalidad instrumental a ese deseo.
En este orden de ideas, existía un nivel de violencia tolerable dependiente de la percepción de
éxito de una las partes en conflicto, en el marco de una violencia selectiva contra las élites locales
y regionales. De ello se desprendía una voluntad privada de generación de mayor violencia. Al
contrario, la violencia se hacía intolerable ante un equilibrio o empate. En este caso, las partes
en conflicto decidieron preservar ese equilibrio mediante la suscripción de un pacto, determinando
que mientras ellas existan, habrá guerra o pacto, según “estrategias privadas” de supervivencia.
En definitiva, es éste un mecanismo de perpetuación, y aun, de fortalecimiento de las élites.
Al ambiente de precariedad política y de escepticismo general, a la imposibilidad física de una
derrota contundente del adversario, a la insostenibilidad de las depredación y segura decadencias
moral de la lucha, se añadían otros ingredientes amenazadores que exigían la atención de los
actores del conflicto. En efecto, el IX frente de la FARC actuante en las estribaciones de la
vertiente oriental del Magdalena Medio amenazaba con proyectarse sobre el territorio de la zona
93 Datos recopilados por los autores en entrevistas con líderes y testigos de la región. Ibid. citas 69, 74 y 79. 94 Policía Nacional, Estadísticas, 1985-1994. Diario El Tiempo, julio 22 de 1990. p. 18. 95 Murcia Chaparro, Luis. Alias “El pequinés” afirma haber sufrido cinco atentados; Víctor Carranza, uno; Pablo Elías Delgadillo, varios, en especial, uno en compañía de su esposa e hijos. Confirmados con versiones testimoniales y con base en publicación de “El Tiempo”, julio 22 de 1990, p. 1B.
67
esmeraldífera ante el aparente descuido que implicaba la concentración de la lucha entre grupos
locales y, al parecer, amagaba con plantear una organización en la región limítrofe de Santander
y Boyacá, para buscar alguna forma de paz, ante la presunta incapacidad de los líderes locales
para lograrla. El conocimiento y evaluación de esta alternativa pudo ser uno de los estímulos
reales para precipitar el acercamiento del acuerdo entre los grupos regionales96. Siendo la
explotación y el control de las minas de esmeraldas la actividad central de la economía provincial
y uno de los ingredientes sustanciales del conflicto, era obvio que su productividad influyera
definitivamente en las consideraciones sobre la paz y la guerra. La dificultad natural que ésta
planteaba para la exploración, explotación y, sobre todo, para la distribución y el mercado en
general de las gemas fue otro importante elemento que motivó la terminación de la pugna. En
efecto, la baja productividad y la merma en la comercialización de las esmeraldas se puede
apreciar en los datos sobre exportaciones: para 1988, alcanzaron los 93 millones de dólares y
para 1989, 108 millones. El acuerdo de paz permitió una pronta recuperación del mercado,
elevando el monto a 117 millones de dólares en 1990, 148 en 1991 y 187 en 199297.
En síntesis los principales acontecimientos que, además de crear las condiciones viables de
hecho para la paz, hicieron viable su realización, fueron las siguientes:
1. La degradación creciente de la lucha, manifiesta en el aumento de la cantidad y la calidad
de los muertos y en la amenaza irreversible de pérdida de la vida los líderes y sus familias.
2. La precariedad del Estado, como ausencia o inadecuado tratamiento del caso.
3. La falta de comunicación, a su vez, de las entidades políticas institucionales y
organizacionales.
4. La imposibilidad de una victoria y dominación por uno de los grupos.
96 Versión de González Rojas, Martín. Alias “Capotera” en “El Tiempo”, julio 22 de 1990, p. 4B 97 The Colombian Post. Octubre 21-28 de 1993, p. 1B.
68
5. La intervención inminente de la guerrilla.
6. La considerable dificultad para la exploración de los yacimientos esmeraldíferos, su baja
productividad y su conflictiva distribución en el comercio.
En el contexto de esta situación se llegó a la primera conversación entre los dirigentes Pablo
Elías Delgadillo y Luis Murcia Chaparro el día 6 de junio de 1990, por radioteléfono y con ella al
primer paso certero hacia el pacto de no agresión. No se vieron personalmente, pero ese mismo
día sendas comisiones de delegados se reunieron en un sitio de la quebrada la Miocá, línea
divisoria de los territorios de ambos bandos y el 12 de julio, en la mina de Quípama, firmaron el
acuerdo preliminar de paz...
6.2. DE LA DOMINACION VIOLENTA AL PACTO DE NO AGRES ION.
Bajo la orientación del Obispo de la Diócesis de Chiquinquirá, Monseñor Alvaro Raúl Jarro Tobos,
quien a petición de los líderes de ambos sectores, asumió prontamente la coordinación de los
contactos para la firma de pacto de paz, se llegó a la primera reunión en la fecha citada, en la
que se suscribió un acuerdo básico sobre los siguientes puntos:98
1. Cese inminente al fuego (sic), que comprometa a las partes en conflicto. “Cualquier
ruptura de este pacto por una de ellas (las partes) acarreará la intervención inmediata de
las fuerzas armadas y menoscabará el buen desarrollo del proceso”.
2. Erradicación total de los grupos de autodefensa que operan actualmente en Maripí,
Coscuez y Betania.
Es consecuencia necesaria del anterior; el cese del fuego debía seguir la desmovilización y
desactivación de los “frentes” de combate activos.
98 Diario “El Tiempo”, julio 22 de 1990, p. 4B. Diario “El Espectador”, 2 de junio de 1991, p. 1C. Confirmación de testimonios orales.
69
3. Designación por el Estado “a una de sus instituciones” para que “ejerza la función como
veedora del proceso” (sic).
Como en muchas de las manifestaciones posteriores, se aprecia un interés por vincular al
Estado, en alguna de sus instancias, al control del proceso. Era la respuesta obvia y
paradójica al abandono y a la ausencia estatal: ante la falta de Estado, más Estado. Se
complementa esta idea con la propuesta de solicitar al Ministerio de Defensa Nacional su
colaboración para crear un mecanismo de carnetización “del personal que va a habitar las
áreas mineras”.
4. Erradicación del narcotráfico: En las primeras propuestas para la reconciliación y el
acuerdo de paz, se insistía en que los únicos actores legitimados en causa, los únicos
realmente interesados eran los dos grupos enfrentados en la zona esmeraldífera.
En un documento preparatorio se dice que, para los efectos del acuerdo de paz, “se
entiende que las partes en conflicto son los dos grupos del área de influencia de Coscuez,
por lo tanto, es a ellos a quienes les corresponde pactar”.
La misma consideración motiva la inclusión desde el inicio del acuerdo de la exclusión del
narcotráfico en la región en cuanto a su cultivo, procesamiento y comercialización, y,
consecuentemente, en cuanto a la vinculación de personas extrañas a la región y ajenas al
proceso de paz. Textualmente, la propuesta decía: “Como quiera que este es un conflicto
entre grupos de esmeralderos de la región, deseamos que los cultivos de coca y su tráfico
sean abolidos para bien de la comunidad, evitando así la injerencia de personas y dineros
que hacen más compleja nuestra problemática”.
5. Generación de condiciones para que los habitantes de la región tengan acceso y
participación en la explotación de los recursos esmeraldíferos en la zona de Coscuez,
propiciando así la creación de fuentes de empleo.
70
Este aspecto del acuerdo inicial reviste gran trascendencia y, sin duda, ha sido unos los
factores esenciales del proceso de paz. Se trata de reconocer que, en la base real y
motivacional del conflicto, existe un problema social y económico y que una de las
condiciones necesarias al compromiso de no agresión es, precisamente, establecer una
vía a la participación en el proceso de producción de esmeraldas, específicamente en el
filón de Coscuez, el más rico y atractivo y foco de la lucha armada.
Entraña igualmente este postulado otro aspecto de fundamental importancia: la
vinculación de las empresas mineras. En el texto inicial de la propuesta, se lee “Que la
empresa ESMERACOL S.A., operadora de las minas de Coscuez, maneje con criterio
propio lo referente a la explotación y que en un acto de justicia dé participación a los
habitantes de la región, creando la posibilidad de generar empleo”. Es un interesantísimo
acápite del acuerdo y conlleva, además, una valoración ética de un gran efecto práctico.
Adelante veremos cómo el manejo de este aspecto ha sido decisivo en el proyecto de
construcción de una paz real. Este es, en orden de eliminación real del conflicto, el punto
básico y el reconocimiento tangible de que, en el fondo de la guerra, siempre existió el
interés del dominio sobre el yacimiento minero de Coscuez. De esta manera, la base
motivacional social, atrás aludida, es un pretexto para lograr justificar un dominio
económico, lo cual es importante en el desarrollo posterior del proceso.
6. Creación de las condiciones y garantías necesarias para el retorno de quienes se vieron
obligados “por causa de la violencia” a abandonar sus propiedades.
Está de bulto, desde la perspectiva de la creación de una paz duradera, la propiciación del
reintegro y la raigambre de los antiguos tenedores de la tierra, como auténticos garantes
del renacer de la productividad agropecuaria que, desde la época de las sucesivas
colonizaciones y poblamientos de la provincia habían demostrado el real poder de
generación de riqueza estable.
71
7. Invitación a participar del proceso de paz, a “las autoridades civiles, eclesiásticas y
militares”, con reconocimiento del Obispo de Chiquinquirá de su papel moderador y
orientador, pidiendo su respaldo porque se espera de ella que “crearán un ambiente de
seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que vamos a adquirir”.
Al documento contentivo del acuerdo regional, se le agregó un punto sobre apoyo a la
justicia ordinaria y a las labores de instrucción criminal99.
Se aprecia en esta estipulación final, el claro deseo de reivindicar el Estado de derecho,
expresado en la simple inclusión de los conceptos de responsabilidad y obligatoriedad en el
pacto, frente a las instituciones estatales y sociales más características de la organización de tal
Estado. E igualmente, es el propósito de recuperar junto con el orden institucional los principios
éticos subyacentes en toda normatividad social que, como lo dice la misma palabra usada por los
compromisarios, requiere ante todo de “seriedad”.
Estos siete puntos que pueden considerarse la base del advenimiento de la paz a la provincia,
son indiscutiblemente un verdadero sistema intuitivo de convivencia, de reinserción y de
integración social. Sacados a limpio, palabras más, palabras menos, fueron la constitución
política del nuevo orden social y su proclamación y sostenimiento honrado y permanente han sido
clave de su vigencia social.
Durante el primer año de ejecutoria del compromiso, todas las reuniones ocurridas entre los
líderes habrían de versar sobre estos temas. El desarme, la vinculación de las instituciones
estatales, la erradicación de toda actividad delictiva y, en especial, de todo nexo con el
narcotráfico, el manejo de la explotación minera esmeraldífera, el retorno de los habitantes de la
región, y el interés por crear el ambiente ético y jurídico para adecuar y fortalecer el proyecto de
paz.
Durante el segundo semestre de 1990, se hicieron reuniones de integración, dentro de esta
tónica, en el poblados de Muzo, San Pablo de Borbur, Maripí y Quípama, en las cuales es
99 Documento confidencial suscrito por Pablo Elías Delgadillo, remitido al senador Germán Pinilla, junio 1990.
72
destacable la temática sobre materia agropecuaria, vial, de salud y salubridad, educativa y
cultural, bienestar y seguridad social y en especial el interés por la vinculación al proceso de paz,
además de los aspectos socioeconómicos, los jurídicos, éticos y políticos y el deseo de la
vinculación del Estado, la Iglesia, las Fuerza Armadas institucionales, para concluir señalando el
punto fundamental del ejercicio legal de la actividad minera, y la recuperación del estado de
derecho a este respecto. En la reunión de Quípama del 8 de septiembre de 1990, sobre este
particular se hace la siguiente declaración expresa: “se hace necesario que el gobierno, por
intermedio del Ministerio de Minas, dé en concesión aquellas zonas inexploradas e inexplotadas,
no comprometidas; a fin de generar más empleo y producir más riqueza para bien de la región y
de Colombia”. Todo ello enmarcado en la necesidad de ir “creando las condiciones para iniciar
un desarrollo auténtico”100.
En el segundo trimestre de 1991 se inició la sistematización del trabajo y de los planteamientos
ideológicos y programáticos en que debería basarse el proceso de paz. Datan de esa época una
serie de documentos de invitación a entidades del gobierno nacional para que se vinculen al
proceso, incluso una carta abierta a la opinión pública nacional, y la iniciativa de la creación
formal de un comité o consejo de paz, nombre que ya, de hecho, se daba a quienes de manera
de espontánea se habían comprometido desde el comienzo con el proceso de paz y ejercían un
liderazgo en las actividades propias del mismo.
Dos reuniones fundamentales tuvieron lugar en el mes de mayo de 1991, que deben ser
consideradas puntos obligados de referencia y de partida de la estrategia básica del proceso. La
primera en el área urbana de Otanche el día 24 de mayo de 1991, en la que se hicieron
presentes la casi totalidad de los Senadores de la Comisión V del Senado de la República, el
Ministro de Educación, funcionarios de Planeación Nacional, el PNR, INDERENA, ICEL, Caja
Agraria, y el Gerente de Mineralco, además de los Alcaldes y curas párrocos de la provincia, el
Obispo de Chiquinquirá, el Gobernador de Boyacá, Concejales, Diputados y Líderes Regionales;
y la segunda el 28 de mayo de 1991 en las instalaciones de la administración de la mina de
Coscuez, cuyo objetivo era evaluar el proceso de paz y que contó con la presencia del Obispo, el
100 Discurso pronunciado por Pablo Elías Delgadillo en Quípama el 8 de septiembre de 1990, p. 1a y 3a.
73
Gobernador, los dirigentes mineros, autoridades militares, periodistas y la totalidad de los líderes
regionales, representantes de los antiguos grupos enfrentados y las distintas áreas de la
provincia.
6.3. DISEÑO DE UNA ACCION DE TRANSFORMACION SOCIAL.
Como un aporte efectivo y concreto, de aquellas dos grandes reuniones surgieron los
lineamientos de una estrategia, no sólo de consolidación del proceso de pacificación y
reconciliación del Occidente de Boyacá, sino referida al desarrollo socioeconómico de la
provincia. Esa línea estratégica quedó plasmada en un documento propuesto en el Foro de
Coscuez por el dirigente Pablo Elías Delgadillo y debatido en dicha reunión, sobre el cual se
adoptó la estrategia en tres puntos básicos:
1. Crear una organización que tenga como fin elaborar un plan general de desarrollo en
materia económica, social y cultural;
2. Establecer una escuela de formación y capacitación de líderes comunitarios, para que
sean responsables de la ejecución de dicho plan;
3. Crear una organización de control interno, encargada de la coordinación de los distintos
aspectos del plan de la consecución y utilización en los recursos necesarios para su
funcionamiento y ejecución101.
Tal como puede inferirse de la lectura del documento contentivo de la propuesta, la estrategia se
basa en la creación de una estructura organizacional, idónea que estudie, sistematice, coordine y
dé vida a un plan integral que sirva como base para la puesta en marcha de la gestión del
desarrollo. A la vez, se propone dejar en manos de la comunidad la responsabilidad de dirigir,
101 Documento resumen de la propuesta presentada por Pablo Elías Delgadillo, sobre estrategia del proceso de paz, al foro celebrado en Coscuez el 28 de mayo de 1991.
74
evaluar y coordinar las tareas propias de la ejecución del plan; finalmente, crear una organización
de control interno que evalúe y sirva de enlace entre la comunidad, el gobierno, los dirigentes
regionales y, a la par que coordine las personas y aspectos del plan de desarrollo en sí, también
supervise y colabore con las otras tareas propias del proceso de pacificación, especialmente la
relativa al objetivo del desarme y cese de la violencia.
Esta iniciativa nos parece de la mayor importancia en la idea esencial de concebir como una sola
acción, una sola inteligencia y una sola voluntad, en cuanto al proceso de paz se refiere; la tarea
de la pacificación y reconciliación materiales, con el logro de metas de progreso y desarrollo, y de
participación real y afectiva de la comunidad como actora y beneficiaria de este proceso.
Es tal vez en este planteamiento donde mejor se puede apreciar que, en la intención de los
dirigentes, ha existido la idea de crear una verdadera participación del Estado, es decir, una
acción integral vinculatoria de la sociedad civil, el Estado, los estamentos gubernamentales,
militares, eclesiásticos, económicos, políticos y cívicos, dentro de un equilibrio de fuerzas y
responsabilidades y con miras a una gestión de transformación social. En la tradición ibérica, a la
inversa de la tradición anglosajona primero hubo Estado y luego sociedad, por lo cual es válido
pensar que invocar a éste para construir sobre él un proyecto social es viable.
De esta decisión resultaron prontamente algunas definiciones concretas, entre las que vale pena
comentar las siguientes:
El comité conocido en la provincia como “comité de paz”, nació a la vida jurídica el 12 de agosto
de 1992, mediante resolución No. 197 de la gobernación de Boyacá bajo el nombre de “Comité
de Normalización, Verificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá, con la presidencia y
representación legal del Obispo de Chiquinquirá y un consejo directivo conformado, además de
este, por el gobernador de Boyacá, el Comandante de la Primera Brigada del Ejército, el
Comandante del Departamento de Policía de Boyacá, el Delegado para este departamento del
PNR, dos representantes de las empresas mineras (Tecminas, Coesminas y Esmeracol), y un
cuerpo de delegados del provincia compuesto por dos de Coscuez, uno de Maripí, Buenavista y
75
Coper, uno de Muzo, uno de Quípama y la Victoria, uno por San Martín, Santa Bárbara,
corregimientos de Borbur, y Otanche y uno por Briceño y Tununguá. Este comité se ha venido
reuniendo desde entonces, aunque ya lo hacia de hecho y se ha convertido en el coordinador y
monitor general de todo el proceso.
El gobierno de Boyacá se ha vinculado efectivamente al proceso a través de la creación, desde
1991 de un plan provincial de desarrollo, que vino a plasmarse dentro del plan trienal de
desarrollo de Boyacá elevado a Ordenanza del Departamento en el mes de mayo de 1995.
El PNR destino dineros para los sectores de acueducto, electrificación, construcción de vías,
centros de salud, escuelas, extensión y manejo de microcuencas, y otros durante los años 91, 92
y 93, aportando dineros por un valor cercano a los Mil trescientos cincuenta millones de pesos102.
La Ley 141 del 28 de junio de 1994, mejoro ostensiblemente el régimen de participación de los
municipios en las regalías por explotación esmeraldífera. El artículo 17 establece que las regalías
correspondientes a la explotación de esmeraldas serán del 4% y se recaudaran a través de las
alcaldías de los municipios productores. El Parágrafo lo. de este articulo establece un canon
superficiario para la etapa de explotación, equivalente, para los yacimientos de Muzo y Coscuez,
a 20 salarios mínimos mensuales, hectárea-año, durante los próximos 25 años, término al que
quedarán renovados los respectivos contratos vigentes a la promulgación de esta ley.
El artículo 43, literal b) establece la distribución del producto de la explotación de la reserva
esmeraldera de Muzo, Quípama y Coscuez, en los siguientes términos:
DEPARTAMENTO DE BOYACA 15.0 %
MUNICIPIOS PRODUCTORES: MUZO, QUIPAMA
OTANCHE Y SAN PABLO DE BORBUR 10.0 %
MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRA, SABOYA, SAN
MIGUEL DE SEMA, PAUNA Y BRICEÑO 3.0 %
76
COPER, MARIPI, TUNUNGUA Y LA VICTORIA 2.0 %
MINERALCO (Estudios e Investigaciones) 18.0 %
Señala el Artículo 15 de esta Ley, el destino obligatorio de estos recursos: el 100% será
destinado para inversión en proyectos de desarrollo municipal contenidos en el respectivo plan de
desarrollo, con prioridad de saneamiento ambiental y servicios de salud, educación,
electrificación, agua potable, alcantarillado y demás servicios básicos esenciales y que, mientras
se alcanzan las coberturas mínimas, de acuerdo a los indicadores respectivos, se deberá invertir
en dichas prioridades, el equivalente al 80% de los recursos.
Es notable el interés de los dirigentes dela provincia por crear nexos de amistad e integración con
la provincia vecina, de similar composición étnica y social, de Rionegro en Cundinamarca. Varias
fueron las reuniones efectuadas para este propósito, en Quípama, en Tudela, en Pacho, en Muzo
y aun, en la diócesis de Zipaquirá por invitación del Obispo de ésta. En estas reuniones la
temática, además de la reiterada integración para generar condiciones recíprocas de desarrollo
social y económico, se centro en casos de violencia que, para los dirigentes y líderes de ambas
regiones, eran importantes de detectar, evaluar y corregir.
6.4. HACIA LA CONSOLIDACION DEL PROYECTO DE PAZ.
Con base en el esquema planteado por la estrategia del proceso y su metodología de trabajo,
coordinación e integración, podemos intentar una evaluación de sus efectos en los puntos
neurálgicos del discurrir social. Por considerarlos suficientemente ilustrativos y contentivos de un
amplio panorama de la realidad social nos referiremos a los siguientes cinco aspectos: violencia,
orden público, dominio territorial en la provincia; relaciones entre empresarios mineros y
comunidad; los campesinos ante el nuevo orden social; proyección de la educación y cultura; y,
proyección política y actividad electoral.
102 Datos suministrados por la Oficina del PNR Regional Boyacá.
77
6.5. CRIMINALIDAD, ORDEN PUBLICO Y DOMINIO TERRITOR IAL.
Aunque exista un proceso racional, concertado, con pretensiones de política pública integral,
reflexivamente encaminado a la pacificación de la provincia, existe por otra parte, un banco de
datos suministrado por la Policía Nacional, en el que consta la estadística de muertes violentas,
lesiones personales, delitos contra el patrimonio, que permiten hacer tabla raza y pensar la
criminalidad o la delincuencia como un fenómeno social común, en cuyo fondo subyace un
problema de agresividad antisocial.103
Entre el 1º de enero de 1985 y el 30 de junio de 1994 se contabilizaron 717 muertes violentas (sin
tener en cuenta homicidios culposos) y 1.716 lesiones personales. Se supone que este cuadro
no correspondería a una región que “está en paz”. Los últimos cuatro años de junio de 1990 a
junio de 1994 se supone han sido de pacificación y reconciliación, sin embargo la estadística nos
ofrece un reflejo imputable a la diferencia entre la época crítica de la guerra y el comienzo de la
paz. En 1989 ocurrieron 461 homicidios y 156 lesiones contra tan solo 294 homicidios en el 90,
204 en 1991, 288 en el 92, 113 en la primera mitad del 93 y 224 entre junio 93 y junio 94, con lo
que ya se observa una diferencia cuantitativa notable entre las dos épocas. En la guerra había
casi un ciento por ciento más de homicidios. No obstante, subsiste un alto índice de criminalidad.
¿Por qué sigue habiendo violencia en el Occidente d e Boyacá?
En el Foro de Evaluación del 28 de mayo de 1991, y en reuniones sucesivas se plantearon
claramente las tesis que pueden responder a esta pregunta. En primer término existe una gran
impunidad. Decía un dirigente, el señor Gabriel Parra, Alcalde de Otanche “hago un llamado a la
justicia para que no nos abandone y actúe eficazmente para trabajar en contra de la impunidad,
en colaboración de la misma gente”.104 El dirigente Miguel Velandia decía “hago un llamado para
que todos trabajemos unidos y así los casos de violencia que se sucedan puedan ser
103 Policía Nacional, Estadística 1985 - 1994. 104 Acta de la Sesión de la 28-05-91. p. 2.
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denunciados sin temor a la represalia”.105 Concluía el entonces representante a la Cámara
Silvano Rodríguez: “Ciertamente hay problemas con la justicia. La impunidad es un hecho y
mientras impere la ley del silencio el delincuente seguirá actuando amparado en esa situación.
Mientras no se presenten pruebas el juez no podrá proferir ningún acto condenatorio. Mientras
que haya gente que no ve, ni oye nada, el juez no podrá dictar ninguna sentencia
condenatoria...”.106.
En segundo término, no se ha podido implantar un control sobre armamento y desarme de los
particulares. Aunque se dictó desde el 29 de octubre de 1987 el Decreto 2045 sobre porte ilegal
de armas en la región, no se había logrado en la práctica y aun no se ha logrado un resultado
efectivo. El Comandante de la Primera Brigada en reunión celebrada en Chiquinquirá el día 4 de
septiembre de 1991 señalaba “la permanencia en el entrenamiento de personal por parte de
algunos grupos, para mantener y consolidar un pie de fuerza que puede ser un peligro para la
comunidad y un desafío para las fuerzas del ejército y la policía, lo cual se ve agravado por el
reclutamiento de personal por parte de algunos líderes...” “... la aplicación de la justicia privada,
frente a delincuentes comunes o a rivales en asuntos comerciales, familiares o personales,
conduciendo así necesariamente hacia la impunidad...”.107. Con anterioridad, en el foro de
evaluación del 28 de mayo de 1991 se había puesto sobre el tapete el mismo tema del desarme
con la conclusión de que no se había logrado un resultado definitivo sobre el particular.108.
En tercer término puede hablarse de un fenómeno de orden sociológico y antropológico referido a
los factores disposicionales de las gentes de la región que, según el concepto de Von Hentigm
“imprimen una dirección a la conducta humana determinándola o contribuyendo a
determinarla”109. Implicaría ello un estudio de la influencia del mundo circundante que nos
remitiría a un análisis ajeno al presente estudio, sobre la historia de la región, su etnia, su raza,
105 Ibid. p. 2. 106 Ibid. p. 2. 107 Hopenhayn, Martín. “Conflicto y violencia: Pantalla sobre un horizonte difuso”. Construir la Paz. Bogotá. Presidencia de la República. Consejería Presidencia para la reconciliación, normalización y rehabilitación. Ed. Presencia Ltd. 1990 p. 52, 53. 108 Acta sesión del 28-05-91. Foro Evaluación Proceso de Paz. 109 Von Hentig, Hans. El Delito. Vol III. Componentes disposicionales en el engranaje del delito. Madrid. De. Espasa-Calpe, S.A. 1972, p. 15.
79
composición social, actividades y usos laborales y económicos, según edad, sexo, ubicación
social, etc.
En cuarto término, faltaría anotar el tema de la presencia, cercana o lejana, como una amenaza
de perturbación de la zona, de la guerrilla. Aunque las relaciones de guerrilla y Estado hacen
parte de un contexto nacional y más heterogéneo, la región no deja de hacer un enfoque
constante sobre las reales perspectivas de la acción guerrilla dentro de ella. En sesión del 14-06-
91, se señala la existencia de elementos subversivos en la región, “cuyo objeto es crear un clima
de anormalidad y alteración del orden público, lo cual es contradictorio con el empeño sincero de
pacificación que tienen los miembros del comité”110.
Como alternativas para conjurar esta situación se han planteado, por parte de algunas
autoridades, en síntesis, las siguientes :
El restablecimiento del principio de autoridad, el cual solo puede provenir de dos fuentes: Una, la
drástica militarización de la región, para lo cual se contaría “con el apoyo de los Batallones Bolívar
y Sucre, la compañía especial de soldados profesionales, el escuadrón blindado Silva Plazas y el
refuerzo de una unidad del cuerpo élite de la Policía Nacional”, acompañada con la toma de
medidas extremas como decomiso masivo de armas, retenes permanentes, restricción del
transito, censo poblacional, control de bebidas, control sobre explotación minera y toque de
queda en áreas concretas. La otra, adquirir un compromiso social y serio, por parte de los líderes
mineros, cívicos y sociales para ejercer un control sobre su respectivo personal, es decir, poner
en manos de la sociedad civil las tareas del control del orden público.111
Esta disyuntiva planteaba un plazo breve o periodo de prueba para demostrar, por parte de los
líderes, si eran o no capaces de entender y reaccionar ante la situación de manera positiva,
máxime cuando por esos días, el 8 de octubre de 1991, cesaba la vigencia del antedicho decreto
2045 sobre porte ilegal de armas en la región. En la práctica, los líderes se concientizaron mejor,
110 Acta de la sesión de 14-06-91. Chiquinquirá. p. 7. 111 Acta de la sesión 04-09-91 p. 3.
80
hubo un mayor control y disciplinas sobre los miembros de los antiguos grupos en conflicto,
cesaron “reclutamientos y la violencia quedo enmarcada en un contexto puramente social”.
La crisis del proceso de paz de esos días se supero entonces con la recuperación del manejo,
concertada desde luego, de la situación por la parte civil, por los líderes regionales, y por las
autoridades civiles, especialmente los alcaldes, quienes “deben dedicarse a su trabajo y vivir
menos pendientes del rebusque, deben ejercer el mando y control que les corresponde y no vivir
atenidos”. Se sugirió, entonces, la creación de una asociación de municipios, la cual, valga la
alusión, y a esta configurada y empezando a actuar112.
Respecto de los puntos antes tratados como causas eventuales de la criminalidad, en las
distintas y sucesivas reuniones del comité de paz, en resumen se acordó darles el siguiente
tratamiento:
Primero, como ya se dijo, se tomó la decisión de dejar el asunto del manejo de la guerrilla, al
gobierno y a las fuerzas armadas; es decir, ese aspecto se relegó al ámbito de la política de
“orden publico estatal y, por ende, a ella quedo relegado el tratamiento del espacio territorial. No
en vano dijo también el comandante entonces que”... ha habido colaboración de la población y
gracias a ella, se han podido controlar áreas definitivas contra la subversión”. No en vano, desde
esos días se coloco un aviso frente al puente de la carretera Chiquinquirá-Otanche sobre el río
Minero que dice: “Aquí empieza la zona antisubversiva” de Colombia. Fue una consigna y un
hecho113.
Segundo, respecto al desarme, el comité acepto en un todo y estuvo de acuerdo en que el
manejo de las armas era asunto estatal y que, aunque el porte de armas fuera una costumbre
local, acaso derivada de la necesidad de seguridad, era, según palabras del dirigente Pablo Elías
Delgadillo, “para rescatar el Estado de Derecho y asegurar la presencia de la autoridad”,
112 Ibid. p. 8. 113 Ibid. p. 4.
81
necesario “recoger esas armas y así mejorar las relaciones entre la población civil y los
militares”114.
Tercero, respecto a la acción de las autoridades legitimas y, por ende, a la lucha contra la
impunidad, la “ley del silencio” y la “justicia privada”, el comité desde esa memorable sesión de la
disyuntiva, entendía que además de los factores culturales implícitos, el asunto era cuestión de
organización y de control por parte de los líderes, pero que obviamente en medio de la “mucha
prevención” y la desconfianza (que era y es lo que sin duda origina la tenencia de
“guardaespaldas”), se requería de mucha “comprensión entre los líderes”, pero, principalmente
habría que elevar la eficiencia y moralidad de “instituciones como la Policía Técnica Judicial, el
DAS, y los mismos jueces que poco investigan y sueltan fácilmente a los sindicados de delitos
graves” llego incluso a denunciarse, en el ambiente de sinceridad que caracterizo aquella sesión
del 4 de septiembre de 1991, que “unos de los problemas graves es la conducta de la policía que
prácticamente se acostumbro a vivir de la gente de la región, a tener un “sobresueldo” por cuenta
nuestra, por lo que deben manejarse prudentemente las relaciones entre la policía y la población
civil”115.
Finalmente, para ahondar en la ilustración de este tema hacemos referencia a un oficio fechado
en Tunja el 13 de mayo de 1993. El Secretario de Gobierno de Boyacá daba respuesta a la
doctora Teresa Sánchez de Díaz, Jefe de Orden Publico y Convivencia Ciudadana del Ministerio
de Gobierno, a unas inquietudes planteadas por esa funcionaria sobre la situación de orden
publico en la provincia del Occidente del departamento, en la que hacia las siguientes
precisiones: Los últimos acontecimientos de violencia, ocurridos a pesar de la existencia de este
proceso de paz, apare entonces como acontecimientos aislados, identificables fuera del proceso
de paz, protagonizados por individuos ajenos a la dirigencia o al control provinciales. Pueden
catalogarse como acontecimientos de delincuencia común que obedecen a retaliaciones
privadas, problemas veredales y no son actuaciones de grupos organizados, y posiblemente
pueden imputarse de alguna manera a cierta predisposición belicosa de las gentes de la región,
114 Ibid. p. 7. 115 Ibid. p. 8.
82
pero que en todo caso no pueden ser considerados una interrupción del proceso de paz
referido116.
Esta diferenciación resulta de gran interés para este ensayo de explicación de la violencia en la
región. Como ya se dijo anteriormente, existen serias causas culturales que generan un
ambiente disposicional para la agresión y la violencia, pero lo interesante es saber que esta ya no
está organizada y canalizada de unos dirigentes hacia otros, o que es el producto de un
antagonismo entre sectores definidos.
Las causas de las distintas violencias se podrían fácilmente sintetizar en cuatro o cinco tipos:
riñas imprevistas y agresiones personales por efecto del alcohol, pleitos amorosos, discusiones
de dinero o negocios o simplemente porque están armados. Aquí es donde mayormente juega el
impacto disposicional.
También pueden surgir por antiguos “ajustes de cuentas”, venganzas personales o de sangre o
por el pleito continuado entre familias visto en el capitulo anterior, como ocurre entre los Velandia
y los Santana por ejemplo (denunciado en la reunión del 14-06-91) y, finalmente por delincuencia
llana: el robo, el atraco, etc. Con estos elementos pueden trabajarse la inteligencia del proceso
de paz en el juego de sus variables típicas y la naturaleza de la guerra propiamente dicha.
7. EMPRESARIOS Y DESARROLLO
El proceso de paz es también un proceso reincersión social. Es, en síntesis, propiciar las formula
para encontrar un desarrollo integral con equidad. La parte correspondiente a la capacidad
integradora dentro de la estrategia nacional había correspondido en principio, al Plan Nacional de
Rehabilitación. Esto fue concebido como un modelo institucional para el cambio político y social
en Colombia desde el año de 1986.
116 Oficio de la Secretaría de Gobierno de Boyacá dirigido a la doctora María Teresa Sánchez de Díaz, Jefe de Orden Público y convivencia ciudadana del Ministerio de Gobierno, de 13 de mayo de 1993, p. 2 y 3.
83
Esta fue, la alternativa que, desde un comienzo, tomaron los orientadores y líderes del proceso
de paz del occidente boyacense. Ya hemos descrito los primeros aportes del PNR en la región,
sus primeras inversiones y su vinculación efectiva al proceso. En la actualidad esa presencia
corresponde al nuevo esquema de trabajo institucional, signado por la cofinanciación, en la que el
PNR juega apenas un papel como fondo de aportes, en igual de circunstancias con otros fondos
similares.
Ciertamente el gobierno de Boyacá ha captado este aspecto y ha tomado alguna iniciativa
institucional y por medio de la Secretaria de Planeación ha diseñado un proyecto de desarrollo
provincial para el Occidente de Boyacá, el cual, como se dijo hace parte del Plan de Desarrollo
General trienal de Boyacá 95-98, y está imbricado en el plan de inversiones correspondientes, y
está orientado a cubrir las necesidades básicas más concretas en las áreas de vías, educación y
cultura, producción y comercialización agropecuaria y de pequeña industria, manejo del medio
ambiente, salud y vivienda, é incluye también un interesante aspecto sobre el tratamiento a la
destinación de las regalías por la explotación de las esmeraldas117.
Con base en este nuevo enfoque, es incuestionable la vinculación de los empresarios mineros al
proceso de paz. Ellos han entendido que pueden generar desarrollo regional y que su
participación directa, además de constituir un cambio en las relaciones sociales de la provincia,
es decisivas, en la superación del conflicto y la eliminación definitiva de la violencia. La conducta
de los empresarios mineros en este aspecto ha empezado a generar una pauta esencial que
puede ser la clave de la estabilidad y permanencia del proceso de paz y convertirse en factor
definitivo de modificación y remoción de los obstáculos del desarrollo socioeconómico,
convirtiéndose en la que Guerrero Barón denomina “una contradinámica cultural”118.
117 Secretaría de Planeación, Gobernación de Boyacá. “Proyecto de Desarrollo Provincial. Provincia de Occidente”. Resumen Ejecutivo. Tunja, sin publicar, 1994. 118 Guerrero B., Javier. “Sobre las condiciones para la construcción de la paz en el occidente de Boyacá”. Tunja, U.P.T.C. Borrador de Trabajo 1994.
84
A este respecto hemos podido establecer, que, a 31 de diciembre de 1994 la empresa
Esmeracol S.A., que opera en Coscuez, tenia vinculados entre obreros, representantes de los
socios, personal auxiliar y directivos un total de 1.750 personas, y tenia oficializados, es decir, de
acuerdo con las directivas de la empresa, todos los cortes existentes en la zona, con participación
equitativa y proporcionada de todos los grupos representativos de los municipios que estuvieron
en conflicto. A tal punto ha llegado esta política de concertaron y de participación, que uno de
sus directivos, afirma sin vacilación que ésta ha sido la clave del mantenimiento de la paz en la
región119.
Si bien de otra parte en la región de Muzo-Quípama existe unas considerable población que ha
vivido del “guaqueo” en las quebradas y que en la actualidad afronta serios problemas de
pobreza, hacinamiento, y organización social, los empresarios del sector, en especial de la firma
Tecminas, se han comprometido y están adelantando una labor de organización de comités y
microempresas, que creen condiciones de trabajo y de vida mas aceptables, empeño en el cual
también ha co-participado el gobierno de Boyacá120.
7.1. LOS CAMPESINOS Y EL NUEVO ORDEN.
Se estima que actualmente la población rural de los once municipios de la cuenca del río Minero
es el del orden de 65.470 habitantes que son el 86.85% de un total de 75.376121. Como ose
aprecia, la población campesina o ha decrecido en favor de la urbana de manera excesiva, ni con
el mismo ritmo del resto del país.
El impacto mas significativo del conflicto sobre el campesinado, ha sido el denominado fenómeno
de “ruptura del orden campesino” a que se hizo referencia en el capitulo de tratamiento de las
esmeraldas frente al Estado, consistente en la pérdida del equilibrio relativo que siempre había
existido entre a productividad agropecuaria y la explotación esmeraldífera, que ocurrió en los
años 60, en una denominada actividad contrainstitucional frente a la actividad institucional del
119 Entrevista de los autores con Pablo Elías Delgadillo. Bogotá, junio 1994. 120 Entrevista de los autores con Pedro Alfonso Molina, Bogotá, junio 1994.
85
Banco de la República y auspiciada por el auge de la “guaquería” y la explotación de la mina de
Peñas Blancas. Esta ruptura se profundizo en la década de los 70 y 80 con el agravamiento del
conflicto y los sucesivos enfrentamientos que, además de incrementar la guaquería y el comercio
esmeraldífero, acentuaron la carencia de vías de comunicación, propiciaron la emigración y
enrolaron a muchos jóvenes como militantes de grupos armados, encarecieron la escasa mano
de obra, desestimularon la asistencia y el crédito y, en ultimas, volvieron agropecuaria no
rentable.
No obstante estos fenómenos, el campesinado de la región sigue conversando un perfil definido
que le da una identidad, un ser diferente no contaminado por el conflicto. Aparece entonces,
como un actor pasivo de este, que ha sufrido sus embates, ha padecido sus rigores y ha
soportado resignadamente las consecuencias del estancamiento del desarrollo rural, pero que
sigue existiendo, no solo en su proporción cuantitativa como se ha visto, sino también en su
condición esencial cualitativa. Con la paz, el campesino ha vuelto el mercado, a vuelto a la
Iglesia, sus hijos van al colegio, en algún grado participa de la vida municipal en la cultura y la
economía. En este sentido, así como el campesino puro no fue hacedor activo del conflicto,
tampoco lo es de la paz. También esta le llega y, en cierta forma, lo condiciona y lo determina.
En breves palabras, si bien es cierto que el sector de la población minera proviene en gran
medida de la población campesina joven, el grueso del campesinado permanece y puede
afirmarse que, en su medio está en condiciones y capacidad de actuar de acuerdo con las
posibilidades que genere la situación dominante.
7.2. EDUCACION Y CULTURA.
Desde el primer periodo de a puesta en marcha del proceso, ya se tocaba el tema con precisión y
claridad. Decía Pablo Elías Delgadillo en alocución el 8 de septiembre de 1990, “En cuanto al
sector educativo, se hace necesario aumentar la calidad y la cobertura de la educación básica
para lograr una elevación del nivel cultural, para cualificar el factor humano. Para ello es preciso
121 Presidencia de la República. Plan Nacional de Rehabilitación Departamento de Boyacá.
86
crear y dotar unas doscientas plazas en los diferentes municipios, como comienzo de un plan
educativo de largo alcance”122.
El Comité por su parte, ha gestionado y sigue haciéndolo ante el Ministerio de Educación
Nacional y ante la gobernación de Boyacá, la creación y dotación, así como el equipamiento de
las plazas educativas obteniendo algunos resultados significativos en Borbur, Otanche y
Quípama.
Una parte muy importante de este materia es el grado de evolución cultural de la juventud y su
posición ante el conflicto vivido y ante el nuevo orden social proyectado. Sobre el particular es
muy interesante una mesa redonda celebrada en el Colegio Ignacio del Oyola de Otanche, el día
4 de mayo de 1994 en al cual se pudieron captar “ondas” muy ilustrativas sobre la forma como la
educación ha sentido el conflicto y el proceso de paz. Podemos resumirlas en los siguientes
puntos:
1. Se vive en la región un ambiente de “descompagino social”, causado principalmente por la
emigración de las familias, por al muerte de uno o varios de sus miembros, por la vida
“desarreglada” de la gente que gira en torno a las minas de esmeraldas donde lo
importante es la ganancia rápida y el enriquecimiento momentáneo que lleva a un cierre de
toda expectativa, y por la inmigración de gentes aventureras provenientes de otros
sectores del país.123
2. Existe ansiedad en los muchachos, hay expectativas, especialmente se ha logrado un
cambio en el trabajo con los niños. Hace quince años los alumnos andaban en pandillas y
hasta llegaban armados al colegio124.
122 Texto escrito del discurso pronunciado por Pablo Elías Delgadillo en Quípama, el 8 de septiembre de 1990. p. 3. 123 La población flotante se ha estimado para el ultimo año en aproximadamente 30.000. Dato aportado por Guerrero B., Javier, en el estudio “Sobre las condiciones para la construcción de la paz...” p. 6. 124 Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá ICBA. Documento contentivo de desgravación de mesa redonda celebrada con los profesores del Colegio San Ignacio de Loyola, de Otanche, el 4 de mayo/94. p. 3. Se omiten los nombres de los exponentes y comentaristas a petición de la entidad organizadora del evento.
87
3. Las jóvenes mujeres están imbuidas por el medio. “Por lo general, es una mujer
supremamente superficial que vive el momento y si ya le queda una cantidad de peladitos
eso no se mide nunca, si quedo con riquezas, sino quedó, eso no se mide con anticipación,
sino se vive el momento, con muchas joyas, con mucho lujo y ya es el momento que se
vive”. Es una mujer “madurada biche” que aspira a ser mantenida por uno u otro hombre,
lo antes posible y con el mayor numero de lujos posible. “Es muy rara la que tenga
aspiraciones a profesionalizarse, a ser una mujer diferente, equilibrada, intelectual,
cultural”. El hombre participa de esa cultura, pero es la mujer la que busca el goce “lo mas
pronto posible y de cualquier manera”, pero las decisiones las apoyan en el hombre que
les proporciona el dinero y el apoyo125.
4. El ejemplo de los líderes es definitivo. Los niños y los adolescentes los imitan, pero existe
una visión negativa del líder, es un “antilíder”, que busca sus propios propósitos sin importa
los medios para conseguirlo, y arrastrando la mayor cantidad posible de secuaces y
seguidores, sin importar su vida. “Son líderes negativos porque no han tenido mucho
preparación y son los que mandan, entonces los muchachos ven en ellos, el ejemplo de
que yo también puedo llegar a ser una persona que manda”126.
5. Existe una gran ausencia del gobierno y del municipio, respecto del sector educativo y del
maestro.
6. El proceso de paz por lo general ha sido ausente del sector educativo. Así como el
conflicto no lo hizo éste, tampoco propició la paz, y sin embargo si el Magisterio puso una
buena cantidad de muertos.
7. El problema se reduce a que existe una falta de visión mas amplia del mundo y de
mayores posibilidades para los estudiantes, posibilidades de estudiar carreras superiores y
125 Ibid. p. 8. 126 Ibid. p. 14.
88
que al terminar tengan también posibilidad de trabajo para que consigan una vida mas
digna127.
127 Ibid. p. 3.
89
8. DISCURSO POLITICO Y PARTICIPACION ELECTORAL
Se vio en el anterior capitulo como siempre existió una relación directa y estrecha entre el
conflicto armado y la participación electoral partidista y grupista. Entonces el discurso político
estaba limitado a los términos del impacto social de la violencia y a la necesidad, próxima o
remota, de una paz presumiblemente a cosa de la dominación del adversario que, según desde el
bando que se viera era el agresor y era el desprovisto de la legitimidad. Con el cambio en la
apreciación de fondo, y con la sustitución del recurso de la fuerza por el factor de la
concentración, también cambio el discurso político y se abrieron sus fronteras.
Pese a que ya no existe violencia ni conflicto armado entre los dos bandos antagónicos, en
materia de participación electoral, subsiste la división territorial que antes operaba y esa
polarización influye, hacia uno u otro lado, en los municipios también del área pero que no
ejercieron gran liderazgo en la época del conflicto, como son Coper, Buenavista y Briceño para no
hablar sino de los conservadores, toda vez que la votación de la Victoria y Tununguá no es de
mayor relevancia numérica.
El discurso político, a su vez se ha radicalizado entorno al proceso de paz. Prácticamente carece
de legitimación política toda argumentación. Ambos grupos o tendencias hablan presumidas de
una supuestamente mayor participación y aporte al proceso de paz, no hay en ese orden una
clara diferencia y, por ende, en ese contenido no hay propiamente una victoria electoral.
El tema “elecciones” nunca ha sido tratado ni siquiera aludido, en reunión alguna del Comité de
Normalización, Verificación y Desarrollo. Parecería un tema “tabú”. Acaso tenga que ver en ello
reminiscencias a viejos é inconfesables momentos de violencias partidista que hayan podido
marcar a la sociedad de la provincia. Mutuamente pugnan por demostrarse la máxima tolerancia
y respeto, y para nada quieren mezclar la tendencia partidista o grupista en los debates
electorales. Puede ser grande su prestigio en una zona determinada, en uno o varios municipios,
pero tiene la conciencia de que la cara legitima demostrable es la representación de sus fuerzas
90
en la gobernación, la alcaldía y los cuerpos colegiados nacionales y departamentales o
municipales y allí, existe una lucha no violenta, por la conquista el afianzamiento y consolidación
del poder.
CONCLUSIONES
Es entonces, el proceso de pacificación del Occidente de Boyacá un proyecto político generado
por la sociedad civil y basado en la ética y participación es igualmente, un experimento sobre el
protagonismo de los líderes de grupos frente a las autoridades institucionalizadas del Estado, a
los dirigentes políticos, a los empresarios mineros, a los representantes de la Iglesia Católica y,
en general, a todos que juegan algún papel en la orientación y acción de la comunidad.
Hemos buscado en este estudio determinar como ha sido, en la secuencia de los últimos cuatro
años y en relación con los antecedentes próximos y remotos, el comportamiento de la militancia
partidista, grupista y sectorial, de una parte y de la otra, el estado del proyecto político social.
Del conocimiento de la realidad social y política del occidente boyacense, podemos inferir como
primera conclusión la precariedad de ese nivel de convivencia.
Sin embargo como desarrollo vivo de esa realidad puede captarse un nuevo nivel de convivencia
realizable cuyos objetivos generales están dados; que existe como proyecto y sobre el cual,
indiscutiblemente, hay una dinámica y se esta haciendo un trabajo fructífero. Esa viabilidad está
dada por el contenido social de la acción política iniciada y sostenida por la iniciativa civil.
Los principales aspectos en los que se ha desarrollado ese proyecto son los siguientes:
a) Se está empezando a hacer un esfuerzo para modernizar las comunidades de la región.
La estrategia básica del proceso de paz se basa pues en la vinculación efectiva y real de
estas comunidades a un proyecto de desarrollo social y económico.
91
b) Se utiliza un nuevo vocabulario alrededor de los conceptos de pacificación, consenso,
ordenación, normalización, etc., y como consecuencia se busca nuevos conceptos sobre
valores éticos y jurídicos que permitan sustituir la falta de ideología por una identidad que
exprese las aspiraciones sociales y la concepción de lo social.
c) Como quiera que uno de los factores decisivos en la confrontación fue la creación de
grupos de interés, entonces la respuesta al proceso de paz sin lugar a dudas será frente a
la relación económica, específicamente centrada en la explotación y comercialización de
las esmeraldas.
d) Para llenar el vacío o ausencia del Estado en el desarrollo económico, político y social se
tendrá como base para dicho propósito la intervención de la sociedad civil y la iniciativa
privada. En este sentido se ha fortalecido el liderazgo y en ello se esperanza la fuerza y la
dinámica del proyecto.
e) El Partido Conservador, aunque con algunos sesgos grupistas, ha sido tradicionalmente
mayoritario en la región y ha participado en las distintas etapas históricas de las
características sociopolíticas prevalecientes, calificándose a este respecto y en relación
con el proceso de paz como gestor de un paso en la acción puramente electoral a la acción
de contenido y colaborando así en el proceso de transformación social. La acción del
partido liberal ha sido muy reducida y en los últimos tiempos puede hablarse de ausencia
total de otros partidos de izquierda Alianza Democrática M19, la ANAPO o la UP.
En síntesis la conclusión principal del estudio es que la precariedad o solidez del proyecto de paz
depende, en principio de la capacidad y decisión de una élite que incide económica, social y
políticamente en la región y le marca un patrón cultural, así como de la medida en que se integren
efectivamente al mismo Estado, la Iglesia Católica y la empresa privada; pero, en definitiva y en el
largo plazo, depende de que se pongan en marcha procesos de formación de líderes locales y de
92
creación de una cultura propia, auténtica, constituyendo la oportunidad de la sociedad civil para
convertirse en el gran protagonista del proceso.
Ahora bien existiendo vocación y voluntad de paz se podrá crear en esta medida un plan de
integración entre el gobierno, los empresarios mineros, los líderes regionales, el ejército y la
policía, los fiscales y los jueces y todos que representan efectiva de acción social, todo esto
dentro de la estrategia del proyecto; crear instancia de responsabilidad política sobre esta región
con la formación de una segmentación oficial que tenga una equivalencia a la Consejería por las
pacificación es todas una tarea. El movimiento guerrillero excluido de este proyecto regional de
paz como consecuencia de su falta de influencia política en la zona de conflicto, tendrá en el
futuro un espacio siempre y cuando no se desarrollen con prontitud las transformaciones
profundas socioeconómicas que conlleve a la materialización real y efectiva del proceso de paz.
93
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Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 68.
2.Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia, Tomo I, Bogotá, Printer Colombiana S.A.,
1988, p. 23.
3. De la familia Chibcha eran miembros, en virtud a las similitudes culturales, antropólogicas y
principalmente lingüísticas, las siguientes agrupaciones tribales encontradas por los hispanos y
algunas todavía existentes: los Muiscas, Moscas o Chibchas, del altiplano; los Laches ubicados
en los alrededores del nevado del Cocuy; los Guanes, ubicados al norte de los anteriores; los
Tunebos habitantes de la región limitada por los ríos Sarare y Arauca, por el oriente y la Cordillera
del Cocuy por el occidente y desde la Sierra Nevada de Santa Marta; los Chimila, los Araucos y
Arhuacos (que no deben confundirse con los Arawack), también de la Sierra Nevada de Santa
Marta; los Paeces del Cauca; los Cunas del golfo de Uraba; los Guambianos que ocupan una
extensa zona desde el Magdalena hasta la cordillera occidental; los Andaquies, en el valle de San
Agustín; los Pastos en Nariño y los Quillancingas, al este de los anteriores.
4. Luis López de Mesa, Disertación sociológica. Bogotá, De. El Gráfico, 1939, p. 225.
5. Guillermo Hernández Rodríguez. De los Chibchas a la Colonia y a la República. Bogotá,
Colculltura, 1975. p. 91.
6. Otras tribus pertenecientes en el siglo XVI al grupo Caribe eran... Los Panches, en las
vertientes de la cordillera Orinal y Central, entre el río Negro y el Guarino por el norte y el Coello y
el Fusagasugá por el sur; los Pijaos al sur del actual departamento de Caldas y hasta el del
Tolima; los Quimbayas, que vivieron en el actual departamento de Antioquia; los Chocoes, entre
la cordillera Occidental y el Pacifico, y los Motilones, en la Sierra de Perija, y en la Hoya del
Catatumbo, en el Opón y el Carare. Estas transcripciones, como la del No. 4, son tomadas de
99
Julio Cesar García, Los primitivos p. 182 y de Javier Ocampo López, Historia del Pueblo
Boyacense, p. 322 ss.
7. Luis López de Mesa. Disertación Sociológica. p. 221.
8. Carl Henrik Langebaeck. Mercados, poblamiento e integración étnica ente los muiscas, Bogotá,
Banco de la República, Dpto. Editorial, 1987. pp 108, 109.
9. Luis Mario Rivadeneira Ch. Derecho de Minas de Colombiano. Bogotá. Edit. Pirámide, 1981, p.
182.
10. Laureano Gómez, Obras Selectas. Primera Parte. Bogotá: Cámara de Representantes, Fondo
de Publicaciones, 1981. p. 155
11. Ibid - p. 10 - 15. Ibid p. 20.
12. Ibid. p. 20.
13. Laureano Gómez, Obras completas, Tomo IV. Vol. 1o. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989,
p. 206.
14. Ibid. p. 207.
15. Javier Guerrero Barón, La Economía esmeraldifera y la violencia: la micro historia institucional
y contra institucional. Tunja, U.P.T.C. 1984 p. 228 -229.
16. Ibid. p. 228 - 225.
17. Ibid. p. 232 - 233 - 234 - 235.
100
18. Ibid. p. 235.
19. Luis Mario Rivadeneira Ch. Derecho de Minas Colombiano. p. 293 - 294.
20. Ibid. p. 183.
21. María Victoria Uribe Alarcón, Limpiar la Tierra, Guerra y Poder entre Esmeralderos. Bogotá,
CINEP, 1992. p. 93.
22. Decreto 1986 de 1947 - Ley 145 de 1959 - Decreto 293 de 1964.
23. Luis Mario Rivadeneira Ch. Derecho de ..., p. 298.
24. DANE, Bogotá, Censo 1985. Departamento Administrativo de Planeación, Plan Regional de
Rehabilitación para el Departamento de Boyacá, 1986 - 1990. PNR. Bogotá, Presidencia de la
República.
25. Fernando Guillen Martínez. El poder político en Colombia. Bogotá, De. Punta de Lanza, 1979
p. 478.
26. Manual de Historia de Colombia. Tomo 3o. Bogotá, Ed.Colcultura, p . 357.
27. Fernando Guillen M.El poder político en Colombia, p. 462.
28. Enrique Caballero E. Historia económica de Colombia. Bogotá, De. Tercer Mundo. p. 189 -
190.
29. Fernando Guillen M. El poder político... p. 462.
101
30. Jesús Antonio Bejarano Avila. “La economía colombiana entre 1922 y 1929”. Nueva historia
de Colombia. Tomo 5o. Bogotá, De. Planeta, 1989. p. 59 - 61.
31. Ibid. p. 69.
32. Daniel Pécaut. Orden y Violencia: Colombia 1930-1954. Vol. 1o. Bogotá, Siglo XXI editores,
Fondo editorial CEREC, 1987. p . 1.
33. Ibid. p. 13.
34. Roberto Urdaneta Arbelaez. “El materialismo contra la dignidad del hombre”. p. 286. Germán
Guzmán Campos. La Violencia en Colombia, Bogotá, De. Printer Colombiana 1988. p. 24.
35. Daniel Pécaut. Orden y Violencia en Colombia. p. 22.
36. Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia, p. 26.
37. Luis Mario Rivadeneira Ch. Derecho de ... p. 298.
38. Ibid. p. 183.
39. Ibid. p. 183
40. Ibid.. p. 300.
41. Daniel Pécaut. Orden y Violencia en Colombia, p. 22.
42. Germám Guzmán Campos, La violencia en Colombia. p. 26.
102
43. Paul Oquist. Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Instituto de Estudios
Colombianos, 1978. p. 14.
44. Pierre Gilhodes, “La violencia en Colombia, Bandolerismo y guerra social”. Once ensayos
sobre la violencia. Bogotá, Fondo editorial CEREC, 1985. P. 201.
45. Ministerio de Gobierno, Dirección Nacional de Planeación. Plan Nacional de Rehabilitación,
Plan social para la paz. Bogotá, 1985. p. 11.
46. Camilo Torres Restrepo. “La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales
colombianas”. Once ensayos sobre la violencia. p. 110 - 111.
47. Carl Schmit. Political Romanticism. Boston M.I.T. Press, 1988, p. 12.
48. José Avila, Carlos Torres. “La violencia en el occidente de Boyacá durante el gobierno de a
concentración nacional”. Revista del 2o. Simposio Nacional sobre la violencia en Colombia.
Bogotá, ICFES, De. Guadalupe Ltda. p. 49 ss.
49. Laureano Gómez C. Obras Completas. Tomo IV, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1989, p. 63.
50. Ibid. p. 64.
51. Ibid. p. 66.
52. Ibid. p. 64.
53. Silvano Buitrago. Reseña histórico biográfica y política del territorio Vasquez, Tunja, sin
editorial, 1967. p. 91.
54.Ibid. p. 113.
103
55. Fernando Guillen Martínez. El poder político en Colombia. p. 462.
56.Germán Guzmán Campos. La violencia en Colombia, p. 43.
57. Juan Lozano y Lozano, citado por Germán Guzmán Campos, Ibid. p. 43.
58. Patricia Pinzón de Lewin. Pueblos, regiones y partidos. Bogotá, Fondo Editorial CEREC,
Edición Uniandes, Universidad de los Andes, 1989. p. 47.
59. Alfonso Hilarion| Sánchez. Balas de la ley. Bogotá, De. Santafe, 1963, p. 197.
60. Ibid. p. 200.
61. Germán Guzmán Campos. La Violencia en Colombia. p. 81.
62. Ibid. p. 81. y Alfonso Hilarion S. Balas de Ley. p. 201.
63. Silvano Buitrago. Reseña... p. 12.
64. Gilberto Naranjo. “Movimiento Guerrillero y Tregua”, en Serie Controversia. No. 128, Bogotá,
CINEP. 1985. p. 37.
65. En esto coinciden , utilizando diferentes calificativos pero refieriéndose siempre al carácter
“cerrado” del régimen, varios autores. Entre ellos: Bagley, “Colombia: National Front...”; Leal
Buitrago, “La Crisis del Régimen...”; Chernick, Marc W. “The Peace Process in Colombia:
Democratic Opening in the Bipartisan Sistem?”, (Borrador), Uniandes, 1985; Santamaria, Ricardo
y Silva Grabriel. Proceso Politico en Colombia: Del Frente Nacional a la Apertura Democrática.
Bogotá: CEREC, 1984, Eduardo Pizarro sostiene este mismo argumento en dos e sus trabajos
más recientes ” La Guerrilla Revolucionaria en Colombia”, en Sánchez, Gonzalo y Peñaranda,
104
Ricardo (Compiladores). Pasado y Presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC, 1986;
y el “Proyecto Reformista de Belisario Betancur (notas sobre la coyuntura política nacional)”,
(Borrador), 1986.
66. Eduardo Pizarro. Ver los dos trabajos citados anteriormente. Entre estos rasgos,el que más
sobresale es, si duda, la aplicación continua del estado de sitio. Ciertamente, durante todo el
periodo del Frente Nacional el ejército del poder político se desarrollo aplicando el articulo 121 de
la Constitución Nacional. A este respecto ver: Gallón, Gustavo. 15 años de estado de sitio en
Colombia. Bogotá: Editorial América Latina, 1980.
67. Francisco Leal Buitrago, “La Crisis del Régimen Bipartidista ” Estado y política en Colombia.
Bogotá, Siglo XXI, 1984. p. 145.
68. La explicación más completa de las causas y los efectos de este proceso de despolitizacion
bipartidista se encuentra en Leal, “La Crisis del Régimen Bipartidista”, en Estado y Politica...
69. Ibid. p. 146.
70. J. Tito Alba. Vida, confesión y muerte de Efrain González. Bogotá, Tipografía Bermúdez, 2a.
Edición, 1971. p. 18.
71. Ibid. p. 84 a90.
72. Entrevista de los autores con Angel María Vargas, Bogotá, julio de 1992.
73. J. Titio Alba. Vida, confesión y muerte de Efrain González. p. 77.
74. Ibid. p. 151 y ss. Entrevista con Ángel M. Vargas.
75. Cfr. El capitulo sobre explotación y tratamiento de las esmeraldas.
105
76. Tito Alba. Vida, confesión, etc. p .98.
77. Ibid. p. 75. Entrevista con Angel M. Vargas.
78. Eric Hobsbaum. Rebeldes primitivos. Barcelona. De. Ariel, 1958. p. 27.
79. Félix María Martín. La guerra de las esmeraldas. Bogotá, De. Baal, 1972, p. 297.
80. Silvano Buitrago. Reseña historico-biografia, etc. p. 100.
81. Todos estos datos fueron recopilados por los autores en charlas y entrevistas con varios
testigos residentes en la zona en los años sesenta y setenta y con algunos de los nombrados, a
lo largo de los años de 1990, 1991, 1992, 1993. Se ocultan los nombres de los que
voluntariamente así lo quisieron, pero pueden citarse, entre otros, Luis Murcia Chaparro, Pablo
Elias Delgadillo, Gilberto Rodríguez, Edgar González (QEPD), Myriam Castro Vdda. de
Castellanos, Gabriel Parra, Ignacio Obando, Gilberto Barrera, Martin González Rojas, Gilberto
Ortiz, Orlando López y, en general todos los miembros del Comité de Normalización, Verificación
y Desarrollo del Occidente de Boyacá.
82. Dario Bautista Olaya. El Personaje y los hechos. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1984, p.
314.
83. Registraduria Nacional del Estado Civil, Bogotá. Datos Estadísticos.
84. Cfr. Capitulo sobre tratamiento y explotación de las esmeraldas.
85. Félix Marin. La Guerra de las esmeraldas. p. 493.
86. Datos recopilados por los autores en entrevistas varias a testigos, Ibid. cita 69.
106
87. Presidencia de la República y P.N.R. Departamento de Boyacá. Plan Regional de
Rehabilitación: Estrategias y Realizaciones. 1986 - 1990. Bogotá, mayo de 1990. p.30.
88. J. Guerrero Barón. La Economía Esmeraldifera y la Violencia: La micro-historia institucional y
contra institucional. Tunja U.P.T.C., sin fecha. p . 246.
89. Ibid. p. 246.
90. Fernando Cortés. Rodríguez Gacha, el mejicano. Bogotá, Intermedio editores, 1993. p. 31 y
ss.
91. Datos recopilados por los autores en entrevistas con líderes y testigos de la región. Ibid citas
69 y 74.
92. María Victoria Uribe Alarcon. Limpiar la tierra. Bogotá, CINEP, 1992. p. 84, 85.
93. Datos recopilados por los autores en entrevistas con líderes y testigos de la región. Ibid. citas
69, 74 y 79.
94. Policía Nacional, Estadísticas, 1985-1994. Diario El Tiempo, julio 22 de 1990. p. 18.
95. Luis Murcia Chaparro. A. “El pequinés “ afirma haber sufrido cinco atentados; Víctor
Carranza, uno; Pablo Elias Delgadillo varios, en especial, uno en compañía de su esposa e hijos.
Confirmados con versiones testimoniales y con base en publicación de “El Tiempo”, julio 22 de
1990, p. 1B.
96. Versión de Martín González Rojas, A. ”Capotera” en “El Tiempo”, julio 22 de 1990, p. 4B
97. The Colombian Post. Octubre 21-28 de 1993, p. 1B.
107
98. Diario “El Tiempo”, julio 22 de 1990, p. 4B. Diario “El Espectador”, 2 de junio de 1991, p. 1C.
Confirmación de testimonios orales.
99. Documento confidencial suscrito por Pablo Elias Delgadillo, remitido al senador Germán
Pinilla, junio 1990.
100. Discurso pronunciado por Pablo Elias Delgadillo en Quípama el 8 de septiembre de 1990, p.
1a. y 3a.
101. Documento resumen de la propuesta presentado por Pablo Elias Delgadillo, sobre estrategia
del proceso de paz, al foro celebrado en Coscuez el 28 de mayo de 1991.
102. Datos suministrados por la oficina del P.N.R. regional Boyacá.
103. Policía Nacional, estadística 1985 - 1994.
104. Acta de la sesión de la 28-05-91. p. 2
105. Ibid. p. 2.
106. Ibid. p. 2
107. Hopenhayn, Martín. “Conflicto y violencia: Pantalla sobre un horizonte difuso”. Construir la
Paz. Bogotá. Presidencia de la República. Consejeria presidencia para la reconciliación,
normalización y rehabilitación. Ed. Presencia Ltd. 1990 p. 52, 53.
108. Acta sesión del 28-05-91. Foro evaluación proceso de paz.
108
109. Von Hentig, Hans. El Delito. Vol 3. Componentes disposicionales en el engranaje del delito.
Madrid. De. Espasa-Calpe, S.A. 1972, p. 15.
110. Acta de la sesión de 14-06-91. Chiquinquirá. p. 7.
111. Acta de la sesión 04-09-91 p., 3.
112. Ibid. p. 8.
113. Ibid. p. 4.
114. Ibid.. p. 7.
115. Ibid. p. 8
116. Oficio de la Secretaria de Gobierno de Boyacá dirigido a la doctora María Teresa Sánchez
de Díaz, Jefe de Orden Publico y convivencia ciudadana del Ministerio de Gobierno, de 13 de
mayo de 1993. p. 2 y 3.
117. Secretaria de Planeación. Gobernación de Boyacá. “Proyecto de Desarrollo Provincial.
Provincia de Occidente”. Resumen Ejecutivo. Tunja, sin publicar, 1994.
118. Guerrero B., Javier. “Sobre las condiciones para la construcción de la paz en el occidente de
Boyacá”. Tunja, U.P.T.C. Borrador de Trabajo 1994.
119. Entrevista de los autores con Pablo Elias Delgadillo. Bogotá, junio 1994.
120. Entrevista de los au tores con Pedro Alfonso Molina, Bogotá junio 1994.
121. Presidencia de la República. Plan Nacional de Rehabilitación Departamento de Boyacá.
109
122. Texto escrito del discurso pronunciado por Pablo Elias Delgadillo en Quípama, el 8 de
septiembre de 1990. p. 3.
123. La población flotante se ha estimado para el ultimo año en aproximadamente 30.000. Dato
aportado por Guerrero B. .Javier, en el estudio “Sobre las condiciones para la construcción de la
paz...” p. 6.
124. Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá ICBA. Documento contentivo de desgravacion
de mesa redonda celebrada con los profesores del Colegio San Ignacio de Loyola, de Otanche, el
4 de mayo/94. p. 3. Se omiten los nombres de los exponentes y comentaristas a petición de la
entidad organizadora del evento.
125. Ibid. p. 8.
126. Ibid. p. 14.
127. Ibid. p. 3.