CONTINUIDADES DEL PROBLEMA AGRARIO COLOMBIANO

Introducción

América Latina se ha caracterizado por la presencia de una estructura de tenencia de la tierra en el seno de sus áreas rurales. El centro de esta estructura comprende dos sistemas diferenciados: por un lado, el sistema del latifundio que produce tanto para el comercio interno como, principalmente, para la exportación y, por otro lado, el sistema del minifundio de una agricultura campesina de subsistencia.

Esta estructura de tenencia de la tierra es considerada, por parte de los especialistas, como una herencia colonial cuyas consecuencias han sido nefastas para la región, con ciertos matices, desde el inicio hasta la actualidad de las repúblicas en América Latina, por supuesto, con mayores efectos en unas que en otras.

En efecto, el desarrollo de la economía agroexportadora latinoamericana, desde mediados del siglo XIX y buena parte del siglo XX, afectó profundamente la tenencia de la tierra y las relaciones sociales en las áreas rurales de América Latina pues profundizó el antagonismo entre campesinos –colonos- y terratenientes:

Lo que parece haber acontecido en América Latina después de 1850 es que la ampliación de los mercados de ultramar ofreció nuevas oportunidades económicas a las que respondieron al par los terratenientes y los campesinos. El resultado fue una competencia en busca de tierra y trabajo. En algunas partes, los terratenientes lograron ampliar sus propiedades y constituir una clase laboral dependiente cuando desalojaron de sus tierras a los campesinos. En otras, estallaron luchas abiertas entre campesinos y terratenientes. Los modelos de tenencia de la tierra y los tipos de actividad económica que aparecen en una región dada reflejan el desenlace de estas luchas (Legrand, Catherine; 1988: 13).

En este panorama se circunscribe la experiencia del conflicto por la tierra, esto es, la lucha por la definición de los títulos de propiedad agraria, en el territorio colombiano. La cuestión agraria en Colombia se erige como un problema de orden estructural que ha acompañado al Estado-Nación desde sus inicios hasta la actualidad. Es así que, muchos de los problemas contemporáneos del país se presentan como prolongación, así como, transformación de conflictos previos que no han sido resueltos. Entre ellos, por supuesto, se halla el problema de la tierra.

El objetivo principal de este texto radica en dilucidar las principales continuidades del problema agrario colombiano. Para ello, se tomarán como referencias temporales, para establecer comparativas, el período 1920-1936, así como, el período 2000-2015, esto es, el período de inicio del siglo XXI hasta la actualidad.

Continuidades de la cuestión agraria en Colombia

El problema de la distribución de la propiedad agraria no puede entenderse si se analiza como una esfera aislada. Por el contrario, debe analizarse considerando las complejas relaciones que se tejen entre distintos ámbitos que constituyen a la sociedad.

El asunto de la tierra es complejo por cuanto es, a la vez, causa y consecuencia de la debilidad estatal. Causa porque la acumulación de tierras implica(ba) no sólo el ensanchamiento de la gran hacienda o latifundio, sino también la obtención de poder de influencia en la esfera política, lo cual, en últimas, debilita(ba) el aparato estatal impidiendo aún más su presencia en el territorio nacional y primando relaciones de poder clientelistas. Consecuencia porque la debilidad estatal se aprecia en una incapacidad de ejercer control efectivo sobre el territorio nacional. Esa incapacidad posibilita(ba) la apropiación, legal o ilegal, de las tierras del Estado, a saber, los baldíos que, como se mencionó anteriormente, debilita aún más al Estado.

Sería erróneo simplificar el problema de la tierra en Colombia, reduciéndolo a un conflicto entre dos sectores diferenciados, así como, no es posible caracterizar el conflicto bajo una sola modalidad puesto que éste ha mutado en distintas modalidades o estrategias. Considerando lo anterior, las modalidades de conflicto en las áreas rurales se pueden clasificar en dos principalmente: una gestada con la intención de acaparar las tierras ancestrales de las zonas sedentarias de los indígenas y, otra, producida en las regiones de frontera cuya finalidad es la acumulación de baldíos y el control de la mano de obra –transformación del colono al arrendatario- (Ibíd.: 13-14).

Las dos modalidades comparten un sector en lucha, el de los terratenientes o empresarios territoriales, pero difieren en el otro que hace parte en la confrontación. Así, en la primera modalidad, se encuentran las comunidades indígenas como antagonistas y, en la segunda, se hallan los campesinos –colonos-.

La primera continuidad que se puede señalar es que ambas modalidades de conflicto han perdurado hasta la actualidad. Las comunidades indígenas, así como, los campesinos se movilizan para conseguir los títulos de propiedad de las tierras. No es coincidencia que las zonas donde mayor se expresan las luchas de estos dos sectores sean aquellas en donde la acaparación de tierras fue continua a lo largo del siglo XIX y el XX.

La debilidad estatal se ha hecho particularmente latente en la dependencia de éste a las redes de poder regionales. En efecto, si algo ha caracterizado históricamente al gobierno central es que éste debe establecer buenas relaciones con las élites regionales –quienes históricamente han sido los acaparadores de tierras- para, medianamente, ejercer “control” o gobernar en las regiones:

“Aquí el centro, incluido el presidente, debe negociar con los dueños del poder en las regiones. El Estado nunca ha estado en la capacidad de ejercer un control normal sobre grandes partes del país, y así surge un vacío enorme, donde faltan la ley, las políticas públicas, la infraestructura” (Robinson, James; 2013).

James Robinson ha denominado esta forma de gobierno como “gobierno indirecto”, ya que bajo este modelo, quienes en realidad gobiernan son las élites regionales a través de un intermediario. En esta forma de gobierno, se modifica el aparato jurídico para beneficiar a las mismas élites regionales, entre otros sectores.

En lo anterior radica la segunda continuidad del tema agrario. La debilidad del Estado ha fomentado el establecimiento de redes de poder clientelistas en el seno de las áreas rurales del país, de modo que, las élites regionales gozan de una fuerte influencia en el aparato estatal. Utilizando esa influencia se ha modificado el aparato jurídico en concordancia con los intereses de este sector: las políticas que se pensaron para fomentar la colonización de baldíos por parte de los colonos, para mejorar su situación social, han terminado por favorecer a los grandes terratenientes y empresas extranjeras.

Es así que, al igual que en las décadas del veinte y treinta, los terratenientes o empresarios territoriales han acaparado tierras de manera legal e ilegal, unas veces, con la ayuda del aparato jurídico y, otras veces, al margen de éste sin ser sancionado. Por supuesto, esta acumulación de tierras aumenta, aún más, la influencia de este sector en la esfera política.

La tercer constante es la acaparación de tierras de empresas transnacionales para grandes proyectos de producción y, fundamentalmente, de extracción. Efectivamente, así como en los veinte y treinta las empresas extranjeras acumulaban tierras, con auspicio del Estado, para establecer sus enclaves –cuyos representantes más conocidos son el bananero y el petrolero-, en la actualidad, se asiste al mismo proceso con grados de intensificación mayores. De ahí que no asombre demasiado el proceso de adjudicación de baldíos del extremo oriente del país por parte de empresas extranjeras.

La cuarta constante es, siguiendo a Daniel Pecaut, la ausencia frecuente de títulos de propiedad:

Esta ausencia, que no ha sido ajena a los conflictos agrarios desde los años 1930, nunca ha sido superada desde entonces. Según estudios recientes, 47% de los predios carecen de títulos de propiedad en buena y debida forma. Los registros catastrales no existen en todos los departamentos y en muchos lugares son dudosos -los notarios a menudo han ratificado las apropiaciones ilegales-. Esta situación no es solamente fuente de violencia sino que compromete el acceso a la ciudadanía en la medida en que ésta pasa en buena parte por el reconocimiento de la posesión de los bienes, como ya lo afirmaba Locke. El campesinado se ve así abocado a una doble condición de relegación: una pobreza mucho más pronunciada que la de la población urbana y una ciudadanía incierta (Pecaut, Daniel; 2015: 4-5).

Por otro lado, el hecho que en el país no se haya alcanzado una verdadera reforma agraria ha ocasionado la concentración de la tierra a niveles exorbitantes1.

La quinta continuidad que se vislumbra consiste en el abandono histórico por parte del Estado hacia los colonos. Si bien se trató de ayudar a este sector, mediante políticas de fomento de colonización de baldíos y otorgamiento de títulos de propiedad, los empresarios territoriales terminaron por socavar esos intentos e, incluso, los usó a su favor con estrategias clientelistas y corruptas.

Ahora, el abandono del campo es mucho mayor, de ahí que el conflicto se haya intensificado en todas sus presentaciones, no sólo la armada, sino la movilización social también. El abandono

1 Un informe del PNUD –Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- indica que, para el año 2011, el 52 por ciento de la tierra en Colombia está en manos del 1,15 por ciento de los que son propietarios en el país.

actual, así como los tratados internacionales, han provocado una crisis general del agro: no es rentable que el campesino invierta en el campo (la venta del producto no solventa ni el valor de los insumos de producción).

Finalmente, la sexta continuidad tiene que ver, de manera general, con el papel que ocupa Colombia en el mercado internacional. El país ya no se caracteriza por una economía agroexportadora, sino que, como en tiempos de la colonia, se encarga de proveer materias primas, en su mayoría, recursos minero-energéticos. El regreso, y la acentuación, del extractivismo han abierto la posibilidad de acaparar más tierras para este propósito. De hecho, el Estado ha legalizado esta práctica favoreciendo su fomento, por ejemplo, la “locomotora minero-energética” del gobierno del presidente Santos.

Todos los puntos que se tomaron acá son de capital interés. Por ello, se hallan, explícitos o implícitos, en las discusiones que se llevan a cabo en La Habana, ya que la solución efectiva del problema estructural de la tenencia de la tierra en el país, significará, no en su totalidad pero sí en gran medida, un proceso de paz con justicia social. El problema radica en que no se ha acordado emprender una verdadera reforma agraria2, por lo menos en esencia. Esto último supone grandes problemas pues podría terminar como la ley 200 de 1936, cuyo objetivo, en esencia, nunca fue la erradicación del latifundio.

BIBLIOGRAFÍA

-Legrand, Catherine. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Centro editorial Universidad Nacional de Colombia.

-Pecaut, Daniel. (2015). Una lucha armada al servicio del statu quo social y político. En: Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

-Robinson, James. (2013). Colombia, una democracia de orangutanes con sacoleva. Entrevista Revista Semana. Revisado en: http://www.semana.com/nacion/articulo/entrevista-james-robinson-politica-de-colombia/359960-3.

-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011).  Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011.

2 Reforma que no sólo implica la entrega de títulos de propiedad a los campesinos, sino el fomento, a través de subsidios a los insumos, escenarios de comercialización justa, posibilidades de transporte de productos, etc., de la producción en estas tierras.