Convención Nacional de Nueva Canarias 2014

Vamos a cambiar canarias

CONVENCIÓN NACIONAL12 abr i l 2014

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VAMOS A CAMBIAR CANARIAS

TRABAJAMOS CONTIGO

Más allá de la presencia de algunos indicadores macroeconómicos que apuntan a la superación de la recesión -como los mejores datos del PIB en 2013 y las previsiones de crecimiento en el presente ejercicio económico por encima de la media estatal- Canarias continúa viviendo un momento económico y social muy difícil. En el que una parte significativa de su población tiene enormes dificultades para desarrollar una vida autónoma y digna.

Los datos del desempleo siguen siendo escandalosos. Nuestro Archipiélago terminó el año 2013 con 371.700 personas en situación de paro, el 33,2%, Es decir, siete puntos por encima de la media estatal y 21 de la media de la UE.

La prolongación en el tiempo de esa situación de desempleo lleva aparejadas otras situaciones dramáticas. El 64% de los desempleados (más de 237.000) son de larga duración. El 19,1% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. Casi 130.000 parados no recibe prestación alguna. Seis de cada diez jóvenes canarios se encuentran en paro.

Además, nuestros salarios suponen el 85% del salario medio estatal. Lo que influye de forma inmediata en la capacidad para adquirir bienes básicos de consumo, pagar la hipoteca o el alquiler de la vivienda; pero también condiciona posteriormente las prestaciones por desempleo y, también de manera negativa, las futuras pensiones tras la jubilación.

Algunos datos macroeconómicos del período reciente tampoco acompañan el exceso de optimismo de los gobiernos de España y Canarias. La inversión pública se ha reducido a una quinta parte de lo que era antes de la crisis. La inversión extranjera cayó en las Islas en 2013 un 48%. Caen también los créditos: 42.179 millones de euros en 2013, es decir, 5.000 millones menos que en 2012 y 10.000 menos que en 2011.

En definitiva, nuestra economía atraviesa por enormes dificultades, somos más pobres y estamos hoy más lejos de la convergencia económica con el Estado.

N u e v a C a n a r i a s! C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L

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La pobreza está presente en nuestras calles y barrios. Mitigada, ciertamente, por la ayuda familiar y por la tarea de distintas instituciones, especialmente ayuntamientos, y ONGs. Un 18% de los canarios vive en hogares con menos de 600 euros al mes; en el Estado es menos de la mitad (8,4%).

Un estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) eleva hasta casi el 40% la proporción de hogares canarios que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Los menores son las primeras víctimas de ese empobrecimiento, lo que ha obligado al Ejecutivo canario a adoptar medidas como la apertura de los comedores escolares en verano, seguramente tan necesaria como insuficiente.

La situación que padecemos en el Archipiélago tiene mucho que ver con las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, el desplome del sector de la construcción y la crisis financiera.

Pero, también, con las equivocadas respuestas que los organismos internacionales y los gobiernos han dado ante la profunda crisis económica. Las políticas austericidas, los recortes, han cargado sobre una parte de la población, trabajadores, desempleados y clases medias, la totalidad de los sacrificios, mientras que paralelamente crecían las grandes fortunas y las entidades bancarias eran rescatadas con el dinero de todos, sin que ni siquiera se les impusieran condiciones como las de facilitar el acceso a crédito por parte de empresas y familias.

Las imposiciones de la Troika han supuesto un enorme deterioro social. Y la responsabilidad de sus decisiones se extiende hacia los gobiernos estatales y hacia los partidos (PP y PSOE) que sacralizaron el austericidio con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Pero, también, la responsabilidad de ejecutivos, como el canario, que no sólo no se separan de la corriente de pensamiento político-económico dominante, sino que incluso alardean de ser los grandes cumplidores del déficit, aunque eso suponga en los dos últimos años haber detraído 240 millones de euros de los presupuestos que podrían haber ayudado al mejor mantenimiento de los servicios públicos o a combatir, con rigor y decididamente, la pobreza y sus lacras.

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Otra sociedad, otras políticas

Aunque la situación de partida no es nada halagüeña. Aunque no se nos esconden las enormes dificultades para revertirla. Aunque sabemos que hay circunstancias –como la pobreza y la exclusión social- que no admiten dilaciones en las respuestas… desde Nueva Canarias estamos convencidos de que es posible transformar la actual realidad y que el Archipiélago establezca una ruta de superación, un compromiso social y político colectivo que permita crear empleo, reducir la pobreza y alcanzar unos mayores niveles de bienestar y de equidad.

Las respuestas se encuentran en diversos ámbitos.

En el europeo, con la consolidación de nuestra situación como región ultraperiférica y, por tanto, el reconocimiento de nuestros hándicaps como comunidad alejada del territorio continental de la Unión. Hemos salido relativamente bien parados respecto a la nueva programación de fondos europeos 2014-2020, donde Canarias queda bien situada. O en la reforma del POSEI para el sector primario, así como en las modificaciones del AIEM. Cierto es que su peso específico en el conjunto de la economía canaria es limitado, pero no es menos cierto que Europa sigue desarrollando unas políticas más ajustadas y mostrando una mayor sensibilidad hacia nuestra realidad diferencial que el gobierno español.

Pero nos van peor las cosas en el ámbito estatal. Y se precisan profundos cambios para que Canarias pueda salir de la actual coyuntura de manera equilibrada y justa, sin dejar atrás a más de un tercio de sus ciudadanos y ciudadanas.

Para ello resulta imprescindible modificar la actual financiación autonómica. Cuando se aprobó en 2009 fuimos muy críticos con la misma y fuimos el único partido en señalar que nuestra Comunidad salía gravemente perjudicada, mientras destacados miembros de CC y de los partidos estatales realizaban públicas alabanzas al nuevo modelo.

Cinco años después se confirma que nos deja 800 millones de euros anuales por debajo de la media de financiación de las comunidades de régimen común. Su revisión debe corregir ese injusto tratamiento que hoy lastra el autogobierno y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.


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Trabajando, asimismo, por conseguir un nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) centrado en el mantenimiento del empleo y en la creación de nuevos puestos de trabajo. Entendemos que para ello las bonificaciones a la Seguridad Social pueden ser un adecuado instrumento. Y exigimos, además, que la Reserva de Inversiones (RIC) y la Deducción por Inversiones (DIC) sean invertidas en Canarias, no fuera de las Islas. En el Parlamento canario se consiguió un consenso político sobre la base de estos criterios, que ahora algunos intentan modificar.

Es imprescindible, asimismo, modificar la intolerable tendencia del maltrato recibido por Canarias en los Presupuestos Generales del Estado. Tanto por la drástica reducción de las partidas destinadas al desarrollo de infraestructuras de interés general, como por el incumplimiento sistemático de las ayuda económicas incluidas en el REF, destinadas a aspectos tan esenciales como el transporte de pasajeros y mercancías, la desalación de agua o las infraestructuras turísticas). Además de exigir una justa distribución de las políticas sectoriales, de manera especial los planes de empleo.

Consideramos igualmente trascendente la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias (EAC), frustrada en 2007 por los estrechos intereses partidistas de CC y PP, cuando se daban todas las condiciones favorables para que saliera adelante; y hoy oportunistamente replanteada por CC y PSOE a sabiendas de sus muy escasas posibilidades de que fructifique por la nula intención del PP, con mayoría absoluta en las Cortes, de incrementar los niveles de autogobierno.

Desde Nueva Canarias defendemos un nuevo EAC que garantice los derechos sociales básicos a la población, blinde el REF, amplíe competencias y elimine las limitaciones estatutarias a la reforma del sistema electoral. Tenemos que definir con rigor cuál debe ser nuestra posición ante la discusión parlamentaria de una propuesta hoy condenada al fracaso.

Y continuamos insistiendo en la defensa de los servicios públicos, los que garantizan los mayores niveles de equidad. Exigiendo un auténtico plan de choque contra las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas; y un cambio radical en la aplicación de la ley de la dependencia que ha naufragado por completo en Canarias por la reducción de la financiación estatal y por la ineficiente gestión desde la Consejería. El trabajo en defensa de los servicios públicos constituye una tarea esencial por su impacto en la reducción de desigualdades y en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente.

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Así como una Educación que sea capaz de dar un salto cualitativo en la Formación Profesional y en la extensión del bilingüismo; y que atienda adecuadamente la diversidad del alumnado que se encuentra en sus aulas. Que reduzca sustancialmente las altas cifras de abandono escolar y aumente los niveles de éxito. Recibiendo el trato prioritario que merece como factor esencial para el presente y futuro de la sociedad canaria.

Estamos convencidos de la necesaria diversificación y cualificación de nuestra economía en un marco de sostenibilidad. Conscientes de que con el modelo actual resultará imposible que nuestra economía sea capaz de absorber el volumen de parados que tiene Canarias.

Una economía que seguirá pivotando sobre el sector turístico. Su comportamiento ha sido muy positivo en los últimos años, ayudado por factores externos. Hemos vivido récords en llegad de turistas y en el gasto de estos. Pero que no se han visto acompañados de un reflejo nítido en el empleo ni logran tirar suficientemente del resto de la economía canaria.

Las grandes tareas del sector turístico para mejorar su competitividad se encuentran nítidamente definidas en la Ley de Directrices: la renovación de la planta alojativa, la rehabilitación de la ciudad turística y la diversificación de los servicios complementarios al alojamiento, así como la formación del personal y de los empresarios.

Para uno de sus aspectos esenciales, la renovación de la planta hotelera obsoleta, se requiere la captación de recursos para abordarla, facilitando el acceso a créditos e incentivos por parte de los sectores privados.

Una prioritaria renovación que es compatible con un crecimiento selectivo, planificado insularmente y con limitaciones cuantitativas y cualitativas de la nueva planta.

Además, las administraciones deben de ser capaces de afrontar su responsabilidad en la rehabilitación de los entornos urbanos de las ciudades turísticas, tarea en la que consideramos que podría coadyuvar el establecimiento de una tasa turística, tal y como la hemos planteado y que el Gobierno se niega a proponer, aunque ya veremos si no se ve obligado a cambiar de posición como ha sucedido con otras de nuestras propuestas..


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Pero hay que prestar más atención al resto de sectores y tratar de que tengan más peso en el PIB de las Islas. En el caso de la industria, recuperando los objetivos del Plan de Desarrollo Industrial. Hace unos días discutíamos en el Parlamento un informe sobre la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020. Y la dura realidad, cinco años después de su puesta en marcha, es que hemos perdido más de mil empresas, una buena parte del empleo y, asimismo, se ha reducido el peso del sector en el PIB canario.

Apoyando también a nuestro sector primario, que ha pasado en pocos años de representar el 2% del PIB, un nivel muy bajo, a apenas un 1,4%. Reunimos condiciones para incrementar notablemente esa presencia, con repercusiones positivas en el empleo, en el paisaje y en el incremento del peso de los productos locales, hoy muy escaso, en el conjunto de la alimentación.

Reivindicando una mayor implicación con el subsector del tomate, al que no se le han aplicado las ayudas contenidas en el Plan Estratégico del Tomate de Exportación aprobado en 2008. Y la exigencia de una mayor cofinanciación canaria del Programa de Desarrollo Rural (PDR); su minoración nos está haciendo perder recursos estatales y europeos. Estamos perdiendo ayudas en la que Europa aporta el 85% el importe total porque los gobiernos estatal y canario no hacen lo propio con su 15%.

Para alcanzar mayores niveles de cualificación y diversificación del conjunto de nuestro sistema productivo resulta determinante que Canarias apueste por la I + D + i. El gasto en I + D + i se ha reducido significativamente en los últimos años en el conjunto del Estado. Supone el 1,30% del PIB. Pero Canarias se encuentra a la cola con apenas un 0,51%, solo por delante de Baleares (0,34%).

Hay que insistir en la necesidad de una política de I+D+i consensuada entre el Gobierno, las universidades, el sector empresarial y otras instituciones, con una estructura clara y coordinada para captar y gestionar los recursos adecuadamente.

Se trata de afrontar de manera decidida una rectificación profunda y global de las actuaciones e inversiones en I+D+I de los últimos años. Para contribuir a diversificar nuestro modelo económico y añadir valor a la actividad actual.

El empeño del Gobierno canario en la introducción del gas, a través de las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE), supone un nuevo

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obstáculo para el crecimiento de las renovables en nuestra tierra; e incide, una vez más, en la apuesta por los combustibles fósiles.

Canarias debe desarrollar un sistema energético propio, diferenciado de los continentales. Por su carácter insular y por sus extraordinarias condiciones en el terreno de las energías renovables. Un modelo que apueste por la eficiencia y el ahorro energético, así como el autoconsumo. Que nos haga menos dependientes del exterior y que contribuya a la sostenibilidad económica y medioambiental. Acabando, asimismo, con los actuales monopolios.

La solidaridad debe seguir siendo una seña de identidad de nuestro pueblo. Expresada, a nivel interno, con el apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad canaria, que se han incrementado de manera significativa con la crisis y las injustas salidas a la misma.

Pero, también, con la renovación de nuestro compromiso solidario con otros pueblos del planeta. Los que sufren la expoliación de sus riquezas naturales, los que ven como se les impide ejercer su derecho a la autodeterminación pese al reconocimiento de los organismos internacionales, los que no pueden cumplir sus legítimas aspiraciones nacionales.

Más y mejor democracia

Abordar con garantías un mejor futuro también implica cambios que afectan a la democracia, a la política y al funcionamiento de las instituciones, hoy muy cuestionados por la mayoría de la población. La incapacidad para articular respuestas que mejoren las condiciones de vida, la sensación de que se piensa más en los bancos y en los poderosos que en el interés general, los escandalosos casos de corrupción, la perversa mezcla de negocios y política, la financiación irregular de algunos partidos y el enriquecimiento ilícito de algunos ha extendido una espesa niebla sobre la actividad política.

Para superarla se precisa más y mejor política, más y mejor democracia.

En el caso de la corrupción, hay que exigir que en el plano judicial se actúe con contundencia y rapidez. Y que no quede nunca la menor sombra de duda, el menor espacio para la impunidad. Delimitando, en su caso, también, las responsabilidades políticas. Pero seguimos mostrando nuestro rechazo a la


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judicialización de la política y de la utilización de la justicia como arma política, porque perjudica el ejercicio lícito de la política y acaba degenerando en situaciones totalmente negativas para todos; y provocando en muchas de las ocasiones graves perjuicios personales. Hace poco hemos conocido una sentencia por la que se ha demostrado la inocencia de un compañero injustamente condenado por una resolución judicial anterior. Y estamos convenidos de que habrá otras en este mismo sentido más pronto que tarde.

Pero no basta con penalizar las malas praxis, los comportamientos delictivos o inmorales. La política no puede conformarse con eso. Debe, en primer lugar, generar las condiciones para prevenir y evitar en lo posible ese tipo de conductas. Pero, sobre todo, debe dar respuesta a las exigencias ciudadanas de mayor transparencia, mayor participación y mayor control.

Se precisa adoptar muchos cambios para mejorar el sistema de democracia representativa, el menos malo de los conocidos. Se hace imprescindible dar un salto cualitativo en la calidad democrática. Con instituciones abiertas y eficaces que den respuesta a la ciudadanía. Con partidos que sean instrumentos de participación y transformación social. Favoreciendo las iniciativas ciudadanas, en vez de bloquearlas o adulterarlas, como ha sucedido con varias leyes de iniciativa popular. Mejorando los sistemas electorales. Haciendo más transparentes las instituciones y la financiación de los campañas electorales y de los partidos políticos.

Con modificaciones en el sistema electoral, combinando sistemas mayoritario y proporcional, así como una apuesta por la transparencia y la participación en lo público.

En el caso canario es esencial una profunda reforma electoral que elimine los injustos y disparatados topes actuales, una desproporcionada barrera que pervierte el voto popular e impide una mayor pluralidad de nuestro Parlamento. Y, asimismo, mejorando la proporcionalidad entre personas y territorios, hoy claramente desequilibrada.

Asimismo, nos parece muy importante aprender de la experiencia de otros países con relación a las consultas ciudadanas. Hay muchos temas, de distinta relevancia, que surgen a lo largo de una legislatura y que pueden y deben ser sometidas a referéndum como ocurre en Estados Unidos o en Suiza. Aquí, por el contrario, un tema tan trascendental como la modificación constitucional sobre las obligaciones en torno al déficit y la deuda fue

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solventado sin el menor debate ni consulta a la ciudadanía por las cúpulas de los dos partidos mayoritarios, en una decisión de enorme gravedad.

En el caso de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias hemos apoyado la consulta planteada por el Ejecutivo canario, pese a sus tintes electoralistas. Y pese a la evidente contradicción con sus conductas gravemente antidemocráticas en otros casos –impidiendo que distintas leyes sean admitidas a trámite en el Parlamento, como sucedió con la ley turística del Cabildo de Gran Canaria o la de Nueva Canarias sobre la reforma del sistema electoral de las Islas- o con sus actitudes respecto al medioambiente, con su entusiasta apoyo a la implantación del gas, esta vez, sí, sin pulsar la opinión de la ciudadanía.

Proponemos, igualmente, la aplicación de prácticas de Gobierno Abierto, incluyendo la aprobación de una Ley de Libre Acceso a la Información. También planteamos la obligatoriedad de los debates electorales, sin que ninguna candidatura pueda eludirlos. Límites estrictos al gasto de las campañas y una ley en la que se especifiquen los medios de financiación permitidos a los partidos, los procedimientos de rendición de cuentas y las penas en caso de incumplimiento.

Y consideramos que por ley se debe impedir la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos políticos, a la que algunas formaciones se han acogido.

Se trata, en definitiva, de impulsar una serie de medidas operativas en la defensa de la democracia, las instituciones y el protagonismo y la participación ciudadana, así como la exclusión de la actividad política de las prácticas corruptas.

Somos perfectamente conscientes de las enormes dificultades políticas, sociales y económicas de Canarias.

Pero, asimismo, estamos convencidos de que las actuales circunstancias, las presentes carencias, las profundas desigualdades pueden ser superadas desde políticas que pongan siempre por delante el interés general y que promuevan una transformación de Canarias que haga de estas Islas una sociedad con un modelo económico sostenible, con más


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riqueza y empleo, con mejores servicios públicos, con mayor equidad y más democracia.

A la consecución de esos objetivos, los hombres y mujeres de Nueva Canarias dedicamos nuestros esfuerzos cotidianos dentro y fuera de las instituciones. Vamos a cambiar Canarias.

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Convención Nacional de Nueva Canarias 2014

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