Cooperativas: Competitividad, participación social y educación en valores
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I. Introducción
Las cooperativas son empresas de propiedad social, que bajo el principio de ‘un socio, un voto’,
desarrollan actividades de destacada importancia económica y social en Uruguay. Formadas por
cientos de miles de familias de ingresos bajos y medios, y miles de micro y pequeños empresarios,
constituyen desde el siglo XIX en Uruguay un verdadero tejido de protección social y de impulso
productivo que debe ser promovido de manera concreta por el Estado.
Los relevamientos documentados desde CUDECOOP y desde la Comisión Honoraria de
Cooperativismo hablan de 1241 cooperativas y más de 844000 socios en las cooperativas hacia el
año 2000.
Tipo de Cooperativa Cantidad de cooperativas
Asociados
Agropecuarias y Sociedades de Fomento Rural 179 39.049
Ahorro y crédito 60 539.295
Consumo 38 231.890
Producción y trabajo asociado 279 8.365
Vivienda 685 26.332
Totales 1.241 844.928
En la última década el número de empresas cooperativas habría crecido a unas 1.600, sin
conocerse el comportamiento del número de asociados. En estos años se ha dado el surgimiento
de las cooperativas sociales, que de acuerdo a estadísticas del MIDES serían unas 112 generando
unos 750 puestos de trabajo.
El impacto socioeconómico de las cooperativas en Uruguay es enorme tanto en zonas urbanas
como rurales. El estancamiento y crisis de algunos sectores cooperativos en el pasado reciente no
son proporcionales a la alta identificación y confianza que tienen los uruguayos con las
cooperativas. Entendemos que debe irse a las raíces de esas dificultades para facilitar un
desarrollo pleno de las cooperativas, y una defensa del valor construido y los derechos de los
asociados en esas entidades.
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Desde la Fundación se plantea la necesidad de más unidad para enfrentar los problemas
nacionales, con mayor cooperación entre todos; en el modo cooperativo tenemos condiciones
inmejorables para impulsar y fortalecer emprendimientos que integren a miles de uruguayos para
favorecer el empleo y la vivienda dignos, la producción con distribución equitativa, el consumo en
condiciones justas y responsables. Uruguayos trabajando juntos para desarrollarse, para
prosperar, para alcanzar las condiciones de vida a las que aspiran. Cuando las cooperativas se
gestionan de manera moderna y profesional, y cerca de la gente, se desempeñan como
organizaciones muy eficaces de desarrollo productivo y distribución justa. Cientos de miles de
uruguayos son parte de cooperativas para producir en mejores condiciones, acceder a mejores
servicios o construir de mejor manera su vivienda: son parte de cooperativas para vivir mejor.
Como se señala en el documento “Lineamientos Estratégicos para un Nuevo Uruguay” de la
Fundación, se considera que aquellas actividades que puedan ser realizadas de manera eficiente
por las organizaciones sociales, es preferible que las gestionen éstas y no el Estado.
El sector cooperativo como referente de la Economía Social, en un accionar transparente y
comprometido con la sociedad en su conjunto, debe ser protagonista en la lucha contra la pobreza
y en la mejora del bienestar de los ciudadanos.
Creemos que el Estado debe reconocer de manera concreta, mediante estímulos, el rol de las
cooperativas en el desarrollo social del Uruguay. En la orientación de la recomendación 193 de la
OIT, se debe alentar la creación y desarrollo de cooperativas como empresas autónomas y
autogestionadas, en particular en aquellos ámbitos donde ofrecen beneficios sociales diferentes o
que nadie ofrece.
La gestión del Instituto Nacional de Cooperativas y su articulación de programas y medidas a
desarrollar por parte de otros organismos, permitirán acciones concretas de impulso al sector
cooperativo generando políticas, estrategias e instrumentos que lo fortalezcan y que lo dirijan al
cumplimiento de sus objetivos sociales, incentivando su eficacia y eficiencia o, en su defecto,
previniendo sus desvíos y alejamientos.
Las medidas deben ser dirigidas a tres objetivos: estimular las condiciones de desarrollo
empresarial de estas organizaciones, promover el involucramiento y compromiso de los socios en
la vida de sus cooperativas, y fomentar la educación cooperativa.
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II. El desarrollo empresarial
Las cooperativas compiten en un mercado abierto, muchas veces con desventajas por escala, por
acceso a la capitalización y al financiamiento, y por sus condiciones internas de gestión. Dado el
interés que mantenemos en un crecimiento del sector cooperativo, proponemos estímulos fiscales
y tributarios, de financiamiento, y de capacitación especializada en el sector, que permitan
potenciar a estas empresas:
• Régimen de aportes. Se mantendrá la exoneración de aportes patronales a las
cooperativas de consumo y de producción, y se aplicará la misma en los aportes
patronales de las cooperativas agrarias.
• No tributación de los impuestos a la renta. Se mantendrá la exoneración del IRAE en
todas las empresas cooperativas. Se eliminará el impuesto al valor agregado a las
operaciones de crédito a empresas, dados por las cooperativas de ahorro y crédito,
igualándolas al tratamiento vigente para el sector bancario. Se eliminará el pago de
todo impuesto a la renta en el caso de la devolución de aportes sociales de la
cooperativa a sus asociados, lo que hoy perjudica a los socios de las cooperativas y es
un desincentivo a la capitalización de éstas.
• Participación activa en los programas de vivienda. Las políticas de vivienda se
diseñarán con una participación activa de la comunidad, donde las cooperativas de
vivienda tendrán un rol principal en la generación de instrumentos de autogestión y
sustentabilidad de los proyectos. Se revisarán los topes actuales de costo por
proyecto, y de ingreso máximo de una familia para participar en una cooperativa de
vivienda, que constituyen desestímulos regulatorios al acceso a una vivienda digna y
sostenible.
• Financiamiento. Las condiciones propias de las cooperativas dificultan en muchos
casos el acceso a los recursos necesarios para encarar inversiones en activos fijos o
atender la demanda de un capital de trabajo creciente. En este sentido se promoverá
una actuación más decidida en la complementación del BROU con el sector
cooperativo, incluyendo las microfinanzas y el financiamiento de instalaciones. Se
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promoverá especialmente la inclusión de nuevas cooperativas y pequeñas
cooperativas en la asignación de fondos dentro de un Programa de Financiamiento
con Capital Semilla, con el objeto de fomentar el surgimiento de emprendimientos con
base social con proyectos de negocios innovadores. Se promoverá la inclusión de
cooperativas en fondos de garantías como manera de facilitar el acceso al crédito.
• Competitividad en mercados externos. Las cooperativas agropecuarias presentan
actualmente una difícil relación de costos para competir en los mercados
internacionales, lo que lleva a ser poco eficiente su intervención para la mejora de las
condiciones de vida de los productores pequeños y medianos. Dentro de las políticas
sectoriales para el agro, la Fundación destaca a las cooperativas agropecuarias como
protagonistas dentro del diseño de instrumentos de mejora de la competitividad, y en
su rol de entidades articuladoras para el desarrollo social en el medio rural.
• Promoción de capital social e inversiones. Se incluirá en los regímenes favorables de
promoción de inversiones, los recursos que ingresen en las cooperativas a través de
los nuevos instrumentos de capital previstos en la ley general de cooperativas. Se
fomentará la participación de cooperativas en el mercado de capitales a través de esos
nuevos instrumentos, así como el acceso a inversiones con fondos estatales y de la
cooperación internacional, que serán incentivadas a través de la futura Agencia
Nacional para el Desarrollo, cuya creación ha sido propuesta por la Fundación.
• Contralor con perspectiva social. El control estatal a la actividad de las cooperativas
debe preservar una visión social, de estímulo asociativo. Se promoverá la
implementación del balance social como herramienta de rendición de cuentas de las
cooperativas, referida a su contribución a los asociados y la comunidad. Debe
defenderse el valor del capital social integrado por los cooperativistas y estimular su
reproducción, en vez de desalentarlo como muchas veces ha ocurrido en la práctica,
con trabas burocráticas y regulaciones administrativas que no comprenden el
fenómeno cooperativo y la defensa del asociado.
• Integración local de actividades. Se impulsará la integración de proyectos productivos
entre cooperativas y otras instituciones con base social, que contribuyan a la
descentralización económica del país, en la generación de cadenas de valor y provisión
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de productos y servicios a las comunidades locales. Promoción de las modalidades
cooperativas que otorguen fortalezas competitivas para los pequeños y medianos
productores, con mayor participación de los servicios locales (electrificación,
caminería, campos de apoyo, etc.).
• Capacitación para dirigir y controlar. Se promoverá una capacitación técnica
suficiente, para que asociados puedan participar en la dirección de las cooperativas de
manera idónea y responsable. Se incentivará la formación interna dado que permitirá
una mayor comprensión de las responsabilidades y oportunidades en el desempeño
de la cooperativa, un mejor control de los aspectos empresariales, y una mejor
condición para la debida rendición de cuentas a los asociados, imprescindibles para el
fortalecimiento del sector. Se impulsarán acuerdos con instituciones educativas para
un amplio acceso a la formación técnica y/o universitaria y a la investigación,
enfocadas en la mejora de las condiciones particulares de gestión empresarial y social,
del sector.
• Programas de mejora. Se facilitará el acceso de las cooperativas a los programas de
mejora de la calidad y certificación de calidad que se promoverán desde el Estado, en
particular para las empresas cooperativas más abiertas a la competencia y aquellas
que accedan a mercados externos.
III. La participación de los socios
La participación de los asociados es esencial en la vida de las organizaciones cooperativas para
confirmar su constitución social y las condiciones de representatividad, y garantizarla, un deber de
la dirección social de estas entidades. La aparición de falsas cooperativas constituye una amenaza
para la reputación del movimiento y una desnaturalización de la acción promocional de parte del
Estado al sector; la principal lucha respecto de estas situaciones irregulares será a través de la
promoción del control social, asegurando condiciones de transparencia interna y evitando la
apropiación por parte de grupos.
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Para garantizar el derecho de los asociados a involucrarse e intervenir en los procesos de decisión
de las organizaciones, promovemos las siguientes políticas:
• Inversión en programas de participación. El Inacoop asignará recursos para
sensibilizar a los cooperativistas en todo el país, respecto de sus derechos en las
organizaciones cooperativas, con programas de comunicación que motiven el
compromiso y la participación de los asociados. Se promoverá asimismo que las
cooperativas asignen recursos en el mismo sentido, desde sus ‘fondos de educación
cooperativa’ y otros recursos propios, hacia programas en los que se demuestre el
mayor esfuerzo posible de la dirección social en el involucramiento de sus asociados.
Deben facilitarse las vías de reclamos y aportes de opinión en las organizaciones, que
lejos de frenar su desarrollo profundizarán y enriquecerán la experiencia cooperativa.
• Control estatal. El Estado controlará las reglas internas de toma de decisiones,
asegurando que se garanticen condiciones de amplia participación social, así como el
propio funcionamiento de esa participación. Vigilará la legitimidad de los
emprendimientos cooperativos, excluyendo del sector a aquellas organizaciones
privadas que utilicen su figura para la obtención de beneficios indebidos.
• Actividades de extensión e integración cooperativa. Se promoverá que las
cooperativas organicen instancias de comunicación y participación en actividades
afines a su modalidad (capacitación a productores y microempresarios, consumo
responsable, educación financiera, entre otras) que sean una extensión natural a su
naturaleza social. Asimismo se estimulará las actividades de comunicación y educación
que realicen diversas cooperativas en una misma localidad, para el conjunto de los
asociados.
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IV. La educación en valores
Creemos en una formación en valores que promueva la solidaridad entre los individuos,
educándolos para una convivencia sana y pacífica, de construcción conjunta de la sociedad.
Enseñando los valores cooperativos: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y
solidaridad, estaremos educando para ‘hacer juntos’, para tomar decisiones de manera
democrática. La enseñanza del cooperativismo y las experiencias de cooperativas escolares han
permitido mejorar la aceptación y la tolerancia en grupos de niños y adolescentes, estimulando la
participación constructiva.
En este período de gobierno se ha desalentado la educación en valores cooperativos en el nuevo
plan educativo, excluyendo este tema en prácticamente todos los años de educación primaria.
Nuestra propuesta, al contrario, es favorecer la educación en temas cooperativos:
• Incluyendo el tema en los programas de educación primaria y secundaria.
• Promoviendo la formación en estos temas, en la educación a maestros y profesores,
para hacer efectiva y práctica su inclusión.
• Estimulando la formación de cooperativas en experiencias de cooperativismo escolar y
cooperativas para el inicio de actividades de los estudiantes de formación técnica.
• Impulsando el modelo cooperativo en programas de reinserción laboral y en
situaciones de reclusión.
• Implementando programas de capacitación para directivos y socios potenciales
directivos de las cooperativas, con la finalidad de alentar niveles adecuados de
idoneidad para su gestión resaltado en los valores éticos de la honestidad y
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
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V. Instituto Nacional de Cooperativismo
Concebimos al Inacoop como un organismo de gestión eficiente, no burocrática, que aliente el
funcionamiento de las estructuras ya existentes dentro de lineamientos de mejora contínua y sea
un riguroso administrador de los recursos provenientes del cooperativismo y del Estado.
Los programas que desarrolle deberán incluir la promoción de la integración cooperativa en el
ámbito nacional y local, el desarrollo de las capacidades de gestión económica de las
organizaciones, la participación amplia de los socios en la vida de las entidades cooperativas, y la
difusión y educación de los valores cooperativos.
Será fundamental su acción en la sensibilización de los asociados cooperativos de todas las
modalidades respecto de sus derechos y obligaciones.
La rendición de sus programas, cuentas y actividades se hará de manera pública, con informes
detallados al movimiento cooperativo. El instituto debe servir de manera real para el desarrollo
del sector cooperativo, y los aportes a realizarse no deben ser una carga pesada para el
funcionamiento de las cooperativas; la continuidad del instituto dependerá de su validez y de su
eficacia.
Se promoverá el seguimiento de la implementación de la Ley Marco y las actividades de fomento
del Estado al sector, por parte de una Comisión Parlamentaria especial.
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