COORDINACION DE MANOGRAFICO

DECANATO DE DERECHO

Título:

“La Astreinte como garantía del cumplimiento de la sentencia de

amparo en la República Dominicana”

SUSTENTANTES

Stephanie Ramírez Álvarez 2013-1882

Lakshmi Sofía Beltré Martínez 2013-2327

Gabino Lorenzo Fernández Acosta 2014-0400

ASESORES:

Lic. Francisco Pérez Lora

Lic. Pedro Gálvez

Trabajo de Grado para optar por el título de: Licenciatura de Derecho

Santo Domingo, Distrito Nacional. Abril, 2018

LA ASTREINTE COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO

DE LA SENTENCIA DE AMPARO EN LA REPÚBLICA

DOMINICANA

ÍNDICE DEDICATORIAS............................................................................................................ i

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. iii

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... ix

Capítulo I.- ................................................................................................................... 1

La astreinte .................................................................................................................. 1

1.1 Concepción de la astreinte .......................................................................... 2

1.2 Antecedentes históricos de la astreinte en República Dominicana .......... 4

1.3 Características de la astreinte ..................................................................... 7

1.4 Tipos de astreinte en la República Dominicana ............................................ 11

Capitulo II.- ................................................................................................................ 13

Acción de amparo ..................................................................................................... 13

2.1 Concepciones de acción de amparo ......................................................... 14

2.2 Antecedentes históricos de la acción de amparo en República Dominicana

17

2.3 Características de la acción de amparo .................................................... 19

2.4 La acción de amparo ante los Tribunales Ordinarios .............................. 21

2.5 Revisión de la acción de amparo ante el Tribunal Constitucional .......... 24

2.6 Proceso de la acción de amparo ante el Tribunal Constitucional ........... 26

Capitulo III.- ............................................................................................................... 31

Análisis de la astreinte como garantía del cumplimiento de las sentencias de

amparo en República Dominicana ........................................................................... 31

3.1. Criterio del Tribunal Constitucional en los primeros cinco años respecto de la

astreinte. ................................................................................................................ 32

3.2 Criterio actual del Tribunal Constitucional ante la condenación de la astreinte.

................................................................................................................................ 38

3.3 Proceso para el cobro de las astreintes ........................................................ 44

CONCLUSIONES ...................................................................................................... xiv

RECOMENDACIONES .............................................................................................. xvii

REFERENCIAS BLIBLIOGRAFICAS ....................................................................... xviii

ANEXOS ................................................................................................................... xxi

i

DEDICATORIAS

Este trabajo se lo dedico en principio a mis padres que son las dos personas que

han luchado junto a mí por ser quien soy hoy en día, quienes me han apoyado en

todas mis decisiones, las cuales serán para mí siempre las más importante de mi

vida, y mis inspiraciones para sacar mi carrera adelante.

En ese mismo sentido, otras personas que no puedo dejar de dedicar, son aquellas

que son parte fundamentales en mi vida y siempre han estado ahí para mí en todo

momento, mi compañero de momentos Pedro De Jesús y mi hermana de la vida

Stefany Peña.

Por último, a la hermana que me regalo la universidad, Salet Domínguez, quien es

una persona maravillosa, y una amiga incondicional, una compañera que sus

consejos siempre estuvieron ahí para mí.

Stephanie Ramírez Álvarez

ii

A Dios, por permitirme alcanzar esta y cada uno de mis metas.

A mi mamá Sofía Martínez y hermana Carolina Beltré; quienes me ha enseñado

a luchar por mis sueños y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Gracias por

ser parte de esa fuerza que me impulsa a seguir adelante.

A mi tío, Narciso Viloria, por siempre confiar en mí y alentarme a cumplir mis

sueños.

Lakshmi Sofía Beltré Martínez

iii

Éste trabajo va dedicado a las dos personas más importantes de mi vida, esas

personas que dedicaron más de 25 años de su vida lejos de sus familias para poder

darnos a mí y a mis hermanos todo lo que necesitábamos. Va dedicado a ti padre,

a ti que has dado hasta lo que no tienes por ver mi superación en todo momento y

que has agotado la mayor parte de tu vida trabajando como hombre honrado y de

bien sin dejar de ser mi ejemplo a seguir en ningún momento. A ti que me has

enseñado que el tiempo no es ningún obstáculo y que debo luchar por todo aquello

que quiera conseguir y que sin lugar a dudas el trabajo fuerte es la base del éxito.

A ti quiero darte las gracias por siempre confiar en mí y nunca apartarme de tu lado

porque en ti he aprendido todo lo que sé, soy quien soy por ti. A ti madre por ser la

mejor del mundo, por dedicar tu vida entera a darme la mejor crianza y enseñanza

que una madre puede dar; por apoyarme en todo y hacerme entender la diferencia

entre lo malo y lo bueno. A ti, que dejaste tú parte de tu juventud para formar lo que

soy hoy en día. Siempre vas a ser el ejemplo de madre y mujer que cualquiera

quisiera tener, gracias por tu perseverancia, tu trabajo inalcanzable como madre y

como luchadora.

Todo lo que soy os lo debo a vosotros y por eso y por tanto más este logro lo

considero más vuestro que mío.

Gabino Lorenzo Fernández Acosta

iv

AGRADECIMIENTOS

Mi primer agradecimiento es para el ser más grandioso en el mundo, Dios, quien

es el principal guía de mi vida y bendecirme con su amor infinito, por regalarme la

vida y por dejarme vivir este momento de felicidad y satisfacción.

A la magistrada Scarlet Rossys Vargas, Magistrada Brenda Galán y al Magistrado

Danilo Caraballo, que aparte de ser mis superiores fueron personas a seguir y de

gran influencia en mi carrera y el desarrollo de mi tema; en el mismo orden a

Madeline Santana, la amiga y compañera de todos mis trabajos durante la carrera.

A mis compañeras de trabajo, las cuales influyeron mucho en el desarrollo de mi

trabajo y de mis conocimientos y su tiempo dedicado a mí.

A mis hermanas que han velado por mi carrera, mi salud y mi crecimiento todo el

tiempo, gracias por existir y estar en mi vida y apoyarme en mis decisiones.

A mis compañeros y asesores, Lakshmi Beltre, Gabino Fernández y Francisco

Pérez Lora, quienes, con su paciencia y dedicación durante estos cuatro meses,

han sido parte fundamental de este trabajo.

A mi suegra, Mirian Matos, quien con su abasto conocimiento y siempre tener

disposición en ayudarme en la fase preliminar de mi trabajo, lo cual fue de gran

ayuda para mí y sin su aporte no hubiera llegado a la menta final que tenía

propuesta.

Stephanie Ramírez Álvarez

v

A Dios, por todas las bendiciones que ha traído a mi vida. Gracias por las

enseñanzas y fortalezas, por haberme acompañado en mis tiempos más

difíciles.

A mi mamá, por guiarme y apoyarme en cada etapa de mi vida, ensañándome

lo positivo de la vida. Inspirándome cada día mediante tu esfuerzo y dedicación

a convertirme en una mujer tan especial como tú. Gracias por tu amor

incondicional.

A mi hermana, Carolina Beltré, por siempre estar a mi lado, por demostrarme

que siempre puedo confiar en ti.

A mi tío, Narciso Viloria, por todos y cada uno de sus incansables consejos de

padre, gracias siempre apostar a mis sueños y alentarme a mantenerme firma

hacia mis ideales, por tu amor incondicional.

A mi novio, Orlando Rivera, por tu amor, apoyo y soporte, gracias por siempre

estar a mi lado en las buenas y las malas apoyándome, siempre buscando la

manera de sacarme una sonrisa en todo momento, gracias por todo.

A mis abuelos paternos, Mario Víctor y Deyanira (nena), gracias por el inmenso

amor que me brindaron, los valores que me inculcaron, por enseñarme a ver la

vi

vida desde otra perspectiva siempre buscando lo positivo de cada ocasión.

Nena, te cada vez que te recuerdo se me llena el corazón de gozo por todo el

amor y las enseñanzas que me diste mientras tuviste junto a mí.

A mi tío, Felipe Beltré, gracias por siempre demostrarme que en cada etapa de

mi vida puedo confiar en ti, por tus consejos, por tu incondicional cariño y amor

de padre que me brindas en cada palabra y afectos.

A mi papá, Mario Beltré, papi gracias por tu cariño, por tu entendimiento y amor

incondicional, gracias por siempre confiar en mis sueños.

A mi primo, Miguel Eduardo, por ser el primo más chulo de todos, por siempre

estar presente en cada etapa de mi vida, por todo el cariño que me brindas y

por siempre demostrarme que puedo contar contigo.

A Claudia Pérez, gracias enseñarme a dar lo mejor de mí, por demostrarme

que todo lo que me proponga puedo lograrlo, por brindarme ese cariño de madre

que das siempre y siempre estar presenten en cada etapa de mi vida

A mis amigas del colegio, Ana López, Kate Marie y Heidi Mabel, a las de

siempre por su amistad y cariño incondicional, por las aventuras vividas y el

vii

apoyo que siempre me brindan. Gracias mis cerdetas por haber sido parte de

esta etapa.

A Marielis, más que mi amiga eres mi hermana, esa que siempre está presente

en mi corazón, con la cual siempre puedo contar a pesar de las diferencias,

gracias a ti y tu familia por siempre tenerme pendiente, el cariño que me brindan

e incluirme con un miembro más de ella, los quiero muchos y mil gracias por

todo.

A mi amiga Rosangely, amiga sin importar la distancia siempre estas presentes,

gracias por ser parte de esta etapa y por tu amistad y cariño.

A Katherine, eres esa amiga que me regalo la universidad, que con el tiempo

se convirtió en mi hermana, gracias a Dios por haberte puesto en mi camino

durante esta etapa, por siempre estar presente con tus consejos, por esos

momentos de risas, por las aventuras y el cariño que siempre me brindas.

A mis amigas Mariana y Madelaine, gracias porque siempre sin esperar nada

a cambio compartieron sus conocimientos, por su apoyo durante esta etapa, por

cada palabra de aliento que me brindaron, por los momentos de alegría.

viii

También quiero agradecer a mis compañeros de clases por hacer de cada clase

más fácil y por el cariño que me brindaron durante esta etapa.

A mis compañeros de monográfico, Stephanie Ramírez y Gabino Lorenzo por

la haberme brindado la oportunidad de trabajar con ustedes, por su paciencia

en todo momento y sobre todo por su amistad. A nuestro asesor Francisco

Pérez Lora por guiarnos durante el desarrollo de nuestra monografía y siempre

alentarnos a dar lo mejor. También a mis profesores, Sarah Patnella, Gladdys

Suero, Santo Román por sus diferentes formas de enseñar, por siempre alentar

a sus estudiantes a cumplir sus sueños y hacer mejores profesionales.

Lakshmi Sofía Beltré Martínez

ix

Me gustaría agradecer este logro en primer lugar a Dios, por darme la salud y las

bendiciones para no dejarme caer nunca en este periodo tan importante de mi vida

porque sin su fe estaría perdido y porque nada de lo conseguido habría fluido sin

él; por ser el camino hacia mi éxito.

A mis padres, por inculcarme una educación plena y poner ante todo su máximo

esfuerzo y su sudor para mi desarrollo personal; por enseñarme que la educación

es la base de todo lo que tenemos y por no dejarme solo en ningún momento

durante estos cuatro años de duros sacrificios y por los cuales hoy me encuentro

en la recta final de esta meta tan satisfactoria.

A mi hermano mayor, el cual ha sido mi fiel compañero durante mis veinte y tres

años de vida y ha sabido apoyarme y aconsejarme siempre en los buenos y malos

momentos; pero incondicionalmente por estar ahí conmigo día a día en la que ha

sido la mejor de las convivencias en este periodo de vida. Gracias por demostrarme

que nunca he estado solo.

A un amigo y hermano de otra madre muy importante llamado Rainer Sánchez, el

cual tuve la dicha de conocer en el momento en el que vine a cumplir este sueño;

me faltarían letras para agradecerte por las tantas experiencias y conocimientos de

vida adquiridos compartiendo contigo, así como por tu apoyo incondicional en todo

el sentido de la palabra.

A mis compañeros de Universidad, pero en específico a los incondicionales como

lo fueron Francisco Mejía, Cristian Encarnación, Reimy Villanueva, Juan Félix

x

Almonte, Madelin Santana y Stephanie Ramírez por estar desde el inicio de este

recorrido tan intenso, por ayudarme en todo momento y nunca decir que no; porque

habéis sido los compañeros que me ha regalado la vida y porque sin vosotros nada

de esto hubiera sido posible.

A todos los profesores que aportaron siempre un granito de conocimiento, esfuerzo

y dedicación para que en el día de mañana personas como yo puedan triunfar y

conseguir realizarse como profesionales.

Al resto de mis familiares, por su siempre atenta preocupación por mis estudios

como lo han sido mis abuelos y tíos, a mi abuelo materno por tantas llamadas

siempre pendiente de mí y de mis estudios y por siempre recalcarme que en los

estudios está la preparación de cualquier ser humano y cuán importante es este

título.

Y para concluir me gustaría hacer mención de una persona que siempre ha estado

ahí a pesar de las circunstancias, esa persona se llama Naomi Gelabert Santos, mi

fiel compañera y amiga; gracias por tu apoyo y persistencia durante estos cuatro

años en todo momento sin excepción y sin ninguna duda de mi capacidad. Has sido

siempre el motor que me ha mantenido a flote.

Gabino Lorenzo Fernández Acosta

xi

RESUMEN

La presente investigación está divida en tres capítulos, estableciendo en primer

lugar abordando sobre la que es la figura del astreinte, sus tipos, características y

su aplicación, al igual que en el segundo capítulo, pero sobre el amparo, y por

último y más importante, la relación entre estas dos figuras a través del análisis de

sentencia que han sido controversias sobres nuestro tema.

Se tuvo como objeto principal analizar la aplicación de la astreinte como garantía

de las sentencias de amparo en la República Dominicana, lo cual comenzaremos

con establecer el objeto de la astreinte, cuando y como se termina su aplicación,

así mismo a favor de quien el legislado a determinado su liquidación y como este

tema paso hacer objeto de discusión entre diversos juristas dominicanos, y en que

se basaron para fundamentar su criterio de aplicación y liquidación. Por ultimo nos

fundamentaremos en la sentencia que está en vuelta en discusión y las normas

jurídicas reguladoras.

xii

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la astreinte se ha puesto en discusión por diversos juristas debido

al cambio de criterio del Tribunal Constitucional a partir de la promulgación de la

sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de 2012, en la cual se refiere a la

astreinte como una garantía económica a favor del agraviado o en provecho de una

institución de servicio social o comunitario.

La astreinte es una condena pecuniaria y a la vez accesoria destina a obtener del

deudor el cumplimiento de la sentencia, mediante a la imposición del pago de una

suma de dinero, en el plazo prescrito por el juez.

El presente estudio se profundizará en cuanto a las garantías de la astreinte en las

sentencias de amparo, a razón de que con esta se busca restaurar un derecho

fundamental, asegurando que la parte demandada cumpla con la ejecución de la

sentencia, procurando vencer la resistencia al pago. Tomando en cuenta esto,

realizaremos un aporte de los criterios basándonos en las modificaciones que esta

figura ha tenido y las opiniones de diversos juristas, considerando siempre que la

astreinte es una garantía de cumplimiento de la decisión en un derecho

fundamental.

xiii

La investigación de esta problemática social se realizó para determinar si el criterio

del pago de la astreinte en beneficio del agraviado es más favorable que en

liquidación a favor de una institución de servicio social o comunitario en cuanto a la

garantía de las sentencias de amparo.

Por otra parte, se identificarán las normativas legales que regulan a la astreinte

como acción de amparo, en nuestra jurisdicción. Así mismo, se determinarán los

objetivos principales y bajo cual tribunal se ejecuta esta figura establecida en los

procesos de amparo.

Para la obtención de los datos utilizamos el método de análisis de documentos con

el objetivo de determinar las garantías de las astreintes en el cumplimiento de las

sentencias de amparo, analizado de forma cualitativa, tomando como referencia al

cumplimiento de estas decisiones y como estas puedan afectar al proceso legal.

1

Capítulo I.-

La Astreinte

2

1.1 Concepción de la astreinte

La Suprema Corte de Justicia (2004) establece en su sentencia No 10. que

nuestra jurisprudencia dominicana la astreinte es definida como el medio de

coacción, que le otorga a los jueces la facultad discrecional de pronunciar una

sanción en virtud de su criterio.

La Hoz (2015) en su obra titulada “La astreinte en amparo” establece que en el

2013 la Suprema Corte de Justicia define a la astreinte como un medio de

constreñimiento, cuyo objetivo principal es vencer la resistencia de la parte

condenada a la ejecución de su decisión, fijándole un monto determinando por

cada día de incumplimiento.

El Diccionario Jurídico Espasa (2003) estable que “la astreinte son las medidas

conminatorias impuestas por el juzgador a un sujeto para constreñirle al

cumplimiento de la actividad ordenada en una resolución judicial” (p. 200).

Blanco (2003) se refiere a la astreinte como, “una condenación pecuniaria,

conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado,

pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación principal”.

(Formularios de las Vías de Ejecución, p. 39)

3

Recogiendo lo más importante, se entiende por astreintes a aquella sanción

pecuniaria interpuesta por el juez hacia el deudor por incumplimiento del pago de

su condena a favor del acreedor, con el fin de asegurar la ejecución de la condena

principal, establecida en la sentencia. La cual puede pronunciarse de tanto por día,

mes o año de retraso.

Con este medio de constreñimiento el juez busca asegurar que la parte

condenada cumpla con la ejecución de la sentencia, procurando vencer la

resistencia al pago, mediante una presión psicológica la cual lo motiva al

cumplimiento de esto para así prevenir la acumulación de deudas innecesarias.

Cabe destacar que las astreintes no deben confundirse con la indemnización,

ya que esta busca obligar al deudor a cumplir con lo ordenado en la sentencia

el cual se pronuncia por el retardo del pago a favor del acreedor, mientras que

la indemnización busca resarcir el pago o reparación de los daños que se le

hayan ocasionado al acreedor.

De igual forma es confundida con la sanción por daños y perjuicios la cuales se

diferencian en que en la astreinte el juez fija monto sin tomar en consideración

el perjuicio o el retardo en la ejecución misma. Esta de diferencia de los daños

y perjuicio debido a que este cuanto carácter conminatorio el cual constituye a

una amenaza por la cual el juez hace recaer sobre el deudor para obligarlo a

4

ejecutar la sanción cuyo monto podrá ser modificado por el juez para establecer

la suma a pagar por el deudor.

Finalmente, las astreintes son las condenas pecuniarias por la cual el juez

asegura el cumplimiento de la ejecución en el plazo determinado en la

sentencia, la cual favorece al acreedor al momento de su liquidación.

1.2 Antecedentes históricos de la astreinte en República

Dominicana

Según Alarcón (2017), la astreinte es una figura jurídica que se originó en la

jurisprudencia francesa de principio de los siglos XIX. Creadas con la finalidad

de establecer un medio de presión contra el deudor para el cumplimiento de la

deuda. Surge debido a que la prisión por deudas había cerrado y se temía que

la seguridad jurídica fue menospreciada o que el deudor no cumpliera con lo

establecido en la sentencia.

Se cree que las primeras sentencias que consagran la acción de las astreintes

fueron implementadas por la Corte de Casación francesa el 21 de junio de 1808

y 22 de enero de 1812.

Las astreintes llegan a nuestra jurisdicción en el año 1888, cuatro años después

de promulgado el Código Civil de nuestro país, incorporadas bajo el nombre de

5

“daños y perjuicios por retardo”, luego como “constreñimiento”, hoy conocida

como astreinte.

López (2010) plantea que la astreinte no está codificada en la legislación de

derecho civil de nuestro país, sino por medio de la jurisprudencia y la doctrina.

Sin embargo, esta arraiga a su sistema judicial, ya que su sustento se proviene

del Código Civil, el cual especifica el fundamento de todo contrato que sirve

como fuente para reclamar el cumplimiento de la obligación por medio de una

astreinte.

Luciano (2013) establece que esta institución se mantuvo firme durante más de

un siglo, bajo el único sustento el cual era la jurisprudencia y que no fue hasta

el 5 de julio de 1972, cuando se consagra definitivamente por la Ley 72-626.

Sin embargo, seis (6) años después adoptada por la Ley 834 de 1978, pero sin

definirla. Tiempo después se pone en vigencia la Ley No. 91-650 del 9 de julio

de 1991, que deroga a la de 1972, por la cual se estable la competencia que

tiene el juez para poner en uso esta figura jurídica.

En el 2013 se poner con la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y Procedimientos Constitucionales No. 137-11, la cual en su

artículo 93 establece que “el juez que estatuya en materia de amparo podrá

pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo

6

cumplimiento de lo ordenado” (2011, p21). Es decir, que esta autoriza al juez

de pronunciar la astreinte en materia de amparo.

Según Luciano (2013) esta ley de otorga una carta de ciudadanía a la astreinte

como medio de ejecución de las decisiones de justicia, no de medida de

ejecución forzada debido a que esta no estipula su uso y aplicación.

Luciano (1996) en su obra “De las astreinte y otros escritos” indica que la

astreinte en sus inicios, casi siempre se beneficiaban al deudor debido a que se

le determinaba un plazo de gracia para que este cumplirá con su obligación,

aunque se le fijaba una cifra correspondiente al daño y perjuicio que debía

efectuar, si este no cumplía, se comenzaba a contar el retardo como astreinte.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el 8 de octubre de 2012 en la sentencia

número TC/0048/12 cambian de criterio estableciendo que “la naturaleza de la

astreinte es la de una sanción pecuniaria, no la de una indemnización por daños

y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al

agraviado.” (Sentencia No. 0048/12, 2012, p.21)

Alarcón (2017) sostiene que esta posición no era para nada nueva, debido a

que era defendida en Francia por un partido doctrinario desde mediado del siglo

7

XIX, la cual en 1960 fue comentada por los hermanos Mazeaud en su obra

Lecciones de Derecho Civil.

De acuerdo con Alarcón (2017) el Tribunal Constitucional (TC), reconoce que

en República Dominicana no existe tradición continúa haciendo uso de esta

acción, pero estos “deciden nadar contra la corriente de esta ruta” al cambiar

de criterio con la finalidad de buscar una medio más “armoniosa, lógico y justo,

acorde a la naturaleza jurídica de las astreintes las cuales no constituyen daños

y perjuicios moratorios”. (p17)

En la actualidad el Tribunal Constitucional (TC) continúa haciendo uso de ese

criterio el cual es sustentado en las sentencias números TC/0048/12 Y

TC/0096/12 de fecha del 8 de octubre y del 21 de diciembre del 2012, y demás

sentencias en la cual se ejecutan esta sanción peinaría.

1.3 Características de la astreinte

Según Blanco (2003) la astreinte tiene las siguientes características;

1. Pecuniaria: ya que se resuelve con una suma de dinero por cada día de

retardo;

2. Conminatoria: constituye una amenaza contra el deudor;

3. Accesoria: depende de una condena principal;

4. Eventual: ya que si el deudor ejecuta no se realiza;

8

5. Independiente del perjuicio: puesto que puede ser superior a éste y aún

no pronunciada cuando no haya perjuicio.

No obstante Luciano (1996), no comparte la explicación que se da la eventual,

planteando que, aunque el juez procesa a liquidar una astreinte lo hace con total

libertad, aunque el deudor haya ejecutado la obligación, este puede mantenerla

íntegramente, reducirla o hacerla desaparecer.

Considerando lo mencionado por Luciano, podemos decir que su planteamiento

es el correcto a razón de que el juez es el único con la atribución de imponer

esta medida tomando según su criterio ya sea reduciéndola o haciéndola

desaparecer de ser necesario.

Según López (2010) las astreintes son:

a) Provisionales: ya que la perdurabilidad de las astreintes y su monto

dependen de la reacción del conminado. Es decir que estas pueden

quedar sin efecto, aunque el deudor haya efectuado la obligación

después de vencido el plazo.

b) De condena discrecional: la discrecionalidad alcanza al hecho mismo de

la condena y a su monto y queda vinculada estrictamente a la ley y a la

prudencia de los tribunales. Por lo tanto, el juez no está obligado a

emplear la sanción, aun cuando el acreedor lo imponga.

9

c) Conminatorias: porque estas constituyen más que una sanción en sí, las

cuales tiene efectos intimidatorios ya que a medida que transcurre el

tiempo sin que el mandato judicial resulte cumplido, mayor será la deuda

por concepto de la astreinte.

d) Pecuniarias: porque consiste en una suma de dinero.

e) Accesorias: debido a que se interponen con la finalidad de obtener el

cumplimiento de la sentencia para así asegurar su eficacia.

f) Liquidables y ejecutables: porque tienden a obtener la ejecución de la

orden judicial y el cumplimiento de la obligación interpuesta por el

acreedor.

g) Favorecen al acreedor y son a interpretación de este: es decir, que el

monto pagado por el deudor por el atraso del pago de su obligación será

entregado al acreedor concluido el juicio.

De acuerdo a lo planteado por López y Blanco podemos determinar que estos

autores coinciden que las características de la astreinte son las siguientes:

1. Pecuniaria: debido a que la sanción que se le pone al incumplidor,

consiste en una suma de dinero.

2. Conminatorias: porque constituye más que una sanción para el deudor,

de modo que por más que pase el tiempo mayor será la deuda.

3. Accesorias: ya que depende de una condena principal para obtener el

cumplimiento de la sentencia.

10

De lo antes mencionado se desprenden varias características de las cuales

concuerdan con lo planteado por nuestras normas jurídicas y jurisprudencias. La

primera de ellas es el carácter pecuniario, a razón de que se soluciona por el pago

de una suma de dinero por el cada día de retardo de incumplimiento de la sanción

a favor del acreedor.

Otra característica es la conminatorias, que implica más que una sanción debido

a que la cuantía incrementa a de acuerdo con el retado del cumplimiento de la

sentencia. Es decir, que mientras más el deudor tarda en efectuar el pago el monto

a pagar aumentara en razón de cada día, semana o mes de incumplimiento.

Accesorias, debido a que esta se imputa con la finalidad de obtener la ejecución

de la sentencia. En otras palabras, las astreintes son una multa accesoria con la

que se busca asegurar la eficacia el cumplimiento del mandato impuesto en la

sentencia.

De estas características dependen el criterio del juez para pronuncia la astreinte

como medida de constreñimiento para asegurar el cumplimiento de lo ordenado por

estos en la sentencia, en caso de que el deudor no ejecute con la decisión dentro

del plazo interpuesto.

11

1.4 Tipos de astreinte en la República Dominicana

Según Luciano (2013) la Suprema Corte de Justica el 10 de enero del 2001 tras

haber realizado un criterio de los artículos 53 y 54 de la Ley 834 del 1978

establecieron que la astreinte “puede ser provisional o definitiva, presumiéndose

que es lo primero cuando no se precisa en la sentencia su carácter definitivo.

Cuando es provisional su monto, al momento”

El Diccionario Jurídico Espasa (2003) señala que establece que esta medida puede

ser de dos tipos:

a) Provisionales: son aquellas que su cuantía puede ser modificado libremente

por el juez al momento de su liquidación:

b) Definitivas: es aquella que no puede ser modificada en la liquidación.

Para López (2010), las astreintes son de dos tipos: a) definitivas: catalogadas como

la más eficaces, debido a que al momento de la liquidación el monto no puede ser

modificado; b) provisionales o reversibles: son aquellas que al momento de su

liquidación el juez puede de forma liberal modificar la cuantía.

Según lo planteado podemos decir que existen dos tipos de astreintes que son las

provisionales y las definitivas, en la primera el juez puede modificar la cuantía al

momento de la liquidación; mientras que la definitiva es la cual al momento de

12

ejecutar la liquidación no puede ser modificada. En nuestro sistema judicial la más

utilizada son las astreintes definitivas debido a que al momento de la liquidación

estas no son modificadas por el juez, recibiendo el acreedor el monto completo de

la cuantía pagado por el deudor debido al retardo del cumplimiento de la obligación

contemplada en la sentencia.

13

Capítulo II.-

Acción de amparo

14

2.1 Concepciones de acción de amparo

El magistrado Luciano (2002) define el amparo como una institución jurídica

destinada a la defensa de la constitución y de los derechos de la persona

humana que ella consagra expresa o implícitamente. El amparo es un medio

de defensa legal que tiene el ciudadano mismo que opera a instancia de la parte

agraviada y en función de su interés jurídico contra cualquier acto de autoridad,

sea esta de facto o de jure, o contra el acto de un particular que vulnere,

desconozca o restrinja los derechos fundamentales reconocidos por nuestra

Carta Magna, debiendo el juez que conozca de esta acción restituir al quejoso

el pleno goce de la garantía violada.

De lo establecido por dicho autor debemos tomar en cuenta que la figura

jurídica del amparo debe ser vista como una garantía de los derechos

fundamentales de las personas, siempre y cuando estos estén establecidos en

nuestra Constitución.

Según Carrera (2010) es un proceso judicial de carácter constitucional que

tiene como finalidad proteger todos los derechos constitucionales de la

persona, con excepción de los que protegen el Hábeas Corpus, la Acción de

Hábeas Data y la Acción de Cumplimiento, ante violaciones o amenazas de

violación provenientes de una autoridad o de un particular (el amparo protege

15

derechos como, por ejemplo, el derecho de asociación, a la libertad de

contratación, el derecho al debido proceso).

Vista estas dos conceptualizaciones, podemos decir que ambos autores

coinciden en un punto cuando nos referimos al concepto “acción de amparo”,

determinando que es un derecho subjetivo público, toda vez que es seguido de

una obligación impuesta a los órganos del Estado encargados de la función

jurisdiccional, consistiendo su actividad en la aplicación de las normas

generales al caso concreto, para la garantía y tutela de los intereses que las

mismas protegen.

Otro jurista dominicano establece que la acción de amparo es una de los

derechos fundamentales, jurisdiccional, extraordinaria y subsidiaria, que se

encomienda al tribunal u órgano que se constituye como intérprete supremo de

la constitución. (Hernández Hilario y Rodríguez Huertas, 2003).

En la República Dominicana, como todo estado posee su constitución, siendo

esta modificada por última vez en el año 2015, la cual es nuestro respaldo de

los derechos fundamentales, tal y cual reza en su artículo 72 de la manera

siguiente:

16

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar

ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la

protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos

por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por

la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para

garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De

conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral,

público, gratuito y no sujeto a formalidades. (Constitución de la

Republica, 2015, p. 26)

De lo dicho anteriormente, se entiende, que la conceptualización de “acción de

amparo” no existía hasta el año 2010, ya que cuando se refería a un procedimiento

para la suspensión de una sentencia, con carácter de urgencia y para evitar un

daño eminente, se hablaba de la figura del referimiento, el cual viene derivado de

la legislación francesa, siendo este la acción que se interponía como protección de

los derechos fundamentales.

17

2.2 Antecedentes históricos de la acción de amparo en

República Dominicana

La aparición de la acción de amparo en nuestra constitución se establece

con la aparición del pacto con la Convención Americana de los Derecho

Humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre

derechos humanos, o el llamado Pacto de San José, en el año 1969, el cual

de manera tacita establece en su artículo 25.1 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (1969, p.9)

Con este se obliga a los estados sujetos a este pacto, a que las autoridades

competentes previstas por el sistema legal de cada territorio, decidir

favorablemente sobre los derechos de toda persona que interponga tal

recurso, siempre y cuando lo demuestre según la legislación de cada nación,

así mismo a respaldar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

18

Como un antecedente más concreto Pellerano (1990) este hace referencia

del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que

consagraría lo que él denominó “amparo judicial”, entendido en una

dimensión más concreta como acceso a la justicia, el cual establece:

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e

imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier

acusación de carácter penal formulada contra ella o para la

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La

prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los

juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de

la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria

en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia;

pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo

contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a

la tutela de menores. (1976, p.4)

19

Ya visto de un plano amplio, es preciso decir cuando y como La Suprema

Corte de Justicia reconoció por primera vez la representación de la acción

de amparo, y para esto vamos a referirnos a la Sentencia núm. 9 del 24 del

mes de febrero del año 1999, dictada por el juez presidente de ese entonces,

el magistrado Jorge Subero Isa y demás miembros que presidian.

Ya dicho esto, podemos decir que la figura del amparo aparición en la

legislación dominicana en el año 1999 estableciendo el procedimiento de

aplicación, el cual luego regularizo y formalizo mediante la ley No.437-06

(2006) que establece el Recurso de Amparo, y en la actualidad mediante la

constitución de la República Dominicana y la ley No. 137-11 Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

2.3 Características de la acción de amparo

En el título II, de la ley 137-11 que regula los procesos y procedimientos

constitucionales, en los capítulos VI, VII Y VIII se trata todo lo relativo al a

acción de amparo, sus características, su procedimiento y sus tipos.

Particularmente en la sección 1 del capítulo VI, describe contra cuales actos

es admisible, el cual establece lo siguiente:

Artículo 65.- Actos Impugnables. La acción de amparo será admisible

contra todo acto omisión de una autoridad pública o de cualquier

20

particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o

ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos

fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los

derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data. (2011,

p. 16)

Cabe destacar que en su artículo 66 que la acción de amparo en su

procedimiento posee un carácter gratuito, por lo que se hará libre de costas,

así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. Desprendiendo de

esto, establecemos que la acción en aparto se caracteriza por:

1. El procedimiento de amparo es oral, público y contradictorio.

2. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser impuesta

por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesta bajo la

custodia del tribunal de manera inmediata, dando este un efecto

suspensivo de la decisión.

3. Los derechos y garantías amparados en el ordenamiento jurídico y

en el derecho internacional público son imprescriptibles e

irrenunciable.

4. Tiene total retroactividad.

5. Su tramitación debe garantizar la defensa, el debate y la prueba.

21

2.4 La acción de amparo ante los Tribunales Ordinarios

Las atribuciones sobre la acción de amparo de los tribunales están

establecidas en la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

procedimientos constitucionales No. 137-11 desde su artículo 72 al artículo

al 93, estableciendo lo siguiente:

Artículo 72.- Competencia. Será competente para conocer de la

acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se

haya manifestado el acto u omisión cuestionado.

Párrafo I.- En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia

se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción

de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor

afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente

vulnerado.

Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare incompetente

para conocer de la acción de amparo, se considerará interrumpido el

plazo de la prescripción establecido para el ejercicio de la acción,

siempre que la misma haya sido interpuesta en tiempo hábil. Párrafo

III.- Ningún juez podrá declarar de oficio su incompetencia territorial.

Cuando el juez originalmente apoderado de la acción de amparo se

declare incompetente, éste expresará en su decisión la jurisdicción

22

que estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de

justicia. Esta designación se impondrá a las partes, y al juez de envío,

quien no puede rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en

denegación de justicia. (2011, p.34)

En cuanto a la pauta para determinar la competencia, corresponde atender

el derecho que se invoca como fundamento de la pretensión en caso de

duda, considerando que el juez debe conocer el amparo y no declararse

incompetente para evitar que una de las partes considere injusta la

delimitación de la competencia por materia, visualizando esta como demora

en la tramitación de la causa, lo cual dé por frustrado o estancado el amparo.

Partiendo de lo establecido en el 2.1 solo existía el procedimiento ordinario

o en las leyes especiales una protección efectiva para establecer el derecho

violentado o amenazado por la acción u omisión del agraviante, la acción de

amparo, en esta norma jurídica establece las causas de inadmisibilidad, en

su artículo 70, el cual reza de la manera siguiente:

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la

acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el

fondo, en los siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales

23

que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho

fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido

presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el

agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha

conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la petición de amparo

resulte notoriamente improcedente. (2011, p. 7)

Siguiente a la determinación de la competencia y a la revisión de

admisibilidad, con respecto al el apoderamiento al tribunal ordinario, se

establece tácitamente en el artículo 76, que se instrumentara un escrito por

el reclamante, dirigido al juez apoderado y depositado en la Secretaría del

Tribunal, acompañado de los documentos y piezas que le sirven de soporte,

así como de la indicación de las demás pruebas que pretende hacer valer,

con mención de su finalidad probatoria, el cual deberá contener la

competencia del tribunal, las generales de las partes, las relaciones de

hecho y derecho y La fecha de la redacción de la instancia y la firma del

solicitante de protección o la de su mandatario, si la hubiere.

En el caso de los procedimientos particulares de amparo, hay que señalar

que la ley 137-11, regula el fiel cumplimiento de las disposiciones legales,

leyes, decretos y actos administrativos emanados de las autoridades

públicas, tal y como lo dispone el artículo 104, el cual establece que:

24

Cuando la acción de amparo tenga par objeto hacer efectiva el

cumplimiento de una ley o acto administrativo, esta perseguirá que el

juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente de

cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme

o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan

emitir una resolución administrativa dictar un reglamento. (2011, p. 43)

2.5 Revisión de la acción de amparo ante el Tribunal

Constitucional

La ley que reglamenta la acción constitucional de amparo en la República

Dominicana, no contempla en su articulado la admisión de ningún recurso

ordinario, es decir que está prohibido en esta materia recurrir la sentencia

en apelación o la oposición, excepto la revisión que deberá incoase por ante

el Tribunal Constitucional, sin embargo, deja abierta la posibilidad de

someter por ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, el recurso de

tercería con arreglo a lo que dispone el derecho común, así lo dispone el

Párrafo único del artículo 94 de la ley 137-11 cuando dice que: Párrafo:

Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de

procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. (p.42)

25

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales número 137-11 (2011), dispone en su artículo 95 que: El recurso

de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la

secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días

contados a partir de la fecha de su notificación. (p.42)

Partiendo de este criterio legal, el legislador que crea la ley 137-11, fundamentó la

limitación de estos recursos, partiendo de la naturaleza y sencillez del amparo, que

sólo se pronuncia respecto de violaciones a derechos fundamentales consagrados

en la Constitución de la República.

El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría

del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a

partir de la notificación de la sentencia, haciéndose constar además de forma clara

y precisa los agravios causados por la decisión impugnada.

El tribunal que dictó la sentencia recurrida remitirá a la Secretaría del Tribunal

Constitucional copia certificada de ésta, así como de los escritos correspondientes

en originales, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el depósito

del escrito de defensa.

26

Del mismo modo le corresponderá al Tribunal Constitucional, evaluar las

pretensiones de la solicitud del recurso de revisión planteado, un plazo no mayor

de treinta días, a partir de la fecha de la recepción del expediente, de forma que la

ley ha establecido en su Artículo 100, el cual estipula siguiente:

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general

eficacia de la constitución, o para la determinación del contenido, alcance y

la concreta protección de los derechos fundamentales. (2011, p.43)

2.6 Proceso de la acción de amparo ante el Tribunal

Constitucional

El tribunal Constitucional, es preciso recordar, fue creado por la constitución

proclamada el 26 de enero del año 2010 (artículo 184), y tiene como atribución

general ser el órgano supremo de interpretación constitucional, sino también de

ejercer el control de la constitucionalidad.

Tiene como misión garantizar la supremacía de la constitución, su adecuada

interpretación, defensa y garantista del orden constitucional, así como la

27

protección de los derechos fundamentales reconocidos no solo en la ella. Sus

decisiones Son definitivas e irrevocables y vinculantes para los demás órganos

y poderes del estado fundamentado esto en el artículo 184 de la constitución de

la República Dominicana.

Sus atribuciones de conformidad con lo establecido en el artículo 185, de la

Constitución de la República Dominicana, son las siguientes:

Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional yacerá competente

para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de

inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y

ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte

de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier

persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control

preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el

órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes

públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que

disponga la ley. (2010, p. 58)

Ciertamente se ha dicho que el recurso de amparo se inicia con una instancia

dirigida al juez competente, en la que se le solicita la admisibilidad de

la demanda y la fijación de un juicio para conocer de la misma, que no es más

28

que un escrito que permita visualizar someramente la procedencia del amparo,

cuyas formas y plazos ameritan especial atención, particularmente el tribunal

constitucional posee la atribución para conocer de los recursos de revisión

constitucional de las sentencias de amparo o amparo judicial, como ya se ha

indicado en el artículo 185 numeral 4 de la constitución de la República

Dominicana y el 94 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

procedimientos constitucionales, el cual este último establece que: Artículo 94.-

Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser

recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las

condiciones establecidas en esta ley. (Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los procedimientos constitucionales, 2011, p.22). Este

análisis de competencia es determinado por el Tribunal Constitucional en todas

las sentencias de revisión de amparo como primer paso para el conocimiento de

este.

El tribunal para su correcto funcionamiento sobre la protección de los derechos

fundamentales y la interpretación idónea de toda justicia constitucional debe

regirse por los principios de reglamentación e interpretación los cuales establece

el artículo 74 de la constitución de la República Dominicana. Por la importancia

de estas regulaciones pasamos a plantear dicho artículo tal cual como aparece

en la carta magna:

29

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación

y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos

en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No

tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y

garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por

esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías

fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de

razonabilidad; 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos

humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía

constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y

demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las

normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido

más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre

derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses

protegidos por esta Constitución. (Constitución de la República Dominicana,

2010, p. 27)

Así mismo, todo el sistema de justicia constitucional debe regirse por los principios

rectores que se establecen e la ley 137-11, en su artículo 7, los cuales serán la

accesibilidad, celeridad, constitucionalidad, efectividad, favorabilidad, gratuidad,

inconvalidabilidad, inconvalidabilidad, inderogabilidad, informalidad,

interdependencia, oficiosidad, supletoriedad y vinculatoriedad.

30

En síntesis, de lo anterior dicho, la revisión ante el Tribunal Constitucional, se

realiza con el objetivo de que este como órgano supremo cumpla con el principio

de la efectividad del recurso de amparo, la cual para su efectividad el legislador da

la facultada de constreñir a la otra parte con la figura de “la astreinte” lo cual es el

punto principal de este trabajo.

31

Capítulo III.-

Análisis de la astreinte como garantía del cumplimiento

de las sentencias de amparo en República Dominicana

32

3.1. Criterio del Tribunal Constitucional en los primeros cinco

años respecto de la astreinte.

Como ya hemos visto, en materia de amparo, entendiendo el accionante que algún

derecho fundamental le fue vulnerado con alguna sentencia, puede agotar lo que

es la revisión constitucional de dicha decisión por ante el Tribunal Constitucional

Dominicano. En tal sentido, la persona que ejerce la acción debe exponer los

derechos que alega le fueron violentados y justificar dichos alegatos, así como

establecer sus pretensiones. Por su parte, el Tribunal Constitucional, debe

pronunciarse al respecto de cada punto que le es planteado y solicitado. En el caso

que nos ocupa, entiéndase, la figura de la astreinte en materia de revisión de

amparo, si bien al momento de solicitar una revisión de una decisión el punto focal

del recurso no es esta figura, el accionante puede solicitar que la misma sea

impuesta a fin de que no haya retraso en el cumplimiento de la decisión, o que en

caso de que haya tal retraso, la parte condenada sufra ciertas consecuencias por

ello.

A tan solo dos años de su creación, el Tribunal Constitucional se pronunció al

respecto de la astreinte, fijando su postura y parecer al respecto de dicha figura, y

adoptando un criterio con el cual algunos miembros del Tribunal Constitucional

diferían. Dicha posición quedó precisada, cuando en fecha 8 de octubre del 2012,

este tribunal dictó la sentencia TC/0048/12 (Véase Anexo 1), en ocasión a un

recurso de revisión, en el cual el accionante solicito la fijación de una astreinte en

33

perjuicio de su contrario. En esta decisión, el Tribunal Constitucional, hace mención

de la astreinte, citando el artículo 93 de la Ley No.137-11 Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los procedimientos constitucionales, el cual versa de la siguiente

manera: “Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar

astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo

ordenado”. (2011, p.21)

Partiendo de esa disposición, el tribunal va estableciendo en la misma decisión una

serie de afirmaciones que veremos a continuación:

“a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria,

que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo

que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado.”

Desde el momento que hace la anterior declaración, el tribunal Constitucional va

marcando una pauta, resalta que la astreinte es una sanción a un incumplimiento,

no una reparación a alguien que ha sufrido un daño. En tal sentido, señala que su

liquidación no debe beneficiar a la parte agraviada en el proceso.

Aun refiriéndose a la astreinte, el tribunal hace las siguientes aseveraciones, en vez

de ir fundamentando lo que será su decisión al respecto:

b)Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental,

así como toda violación a una decisión de este órgano

34

constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal

podría contribuir; c)Aunque en nuestro país no hay tradición en

tal sentido, el Tribunal podría, en efecto, imponer astreintes cuya

liquidación vaya en provecho de la sociedad, como hacen en otras

latitudes en favor y a través del fisco y del sistema judicial; d) En

esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada

reparación se realicen o ya de forma indirecta, a través de las vías

señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de

instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente

dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan

vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia

en la que se dispone la astreinte; e) El Estado dominicano cuenta

con un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez

y la Adolescencia, instituido por la Ley No. 136-03 y definido por ésta

como el conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto

gubernamentales como no gubernamentales que formulan,

coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas

públicas, programas y acciones en los niveles nacional, regional

y municipal para la protección integral de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes, así como para su promoción integral.

Según esta ley, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

(CONANI), institución estatal descentralizada, es el órgano

35

administrativo de dicho sistema; f)La protección a los derechos de los

niños y adolescentes, así como la promoción de su desarrollo integral

constituyen una contribución sustancial a la prevención de la

criminalidad y al desarrollo progresivo de la paz social, temas

estos que, por demás, son compatibles y afines con los trabajos

de carácter preventivo propios de la institución que tendría que pagar

la astreinte en la eventualidad de que incumpliera con lo dispuesto

por esta sentencia, la Policía Nacional.”

De lo anterior dicho, se establecen algunos términos utilizados por el Tribunal

Constitucional al momento de fundamentar lo que sería eventualmente su fallo. Si

observamos, el tribunal habla de que la violación a un derecho constitucional y a

una decisión de este tribunal provoca un daño a la sociedad y debe haber

reparación por parte del causante de dicha violación, cuyo beneficiario podría bien

ser el Estado, mas no el principal agraviado. Esto llama mucho la atención, pues

mientras en el ordinal a) citado previamente, el tribunal indica que la astreinte no

tiene carácter indemnizatorio o reparatorio, sino más bien, sancionador, en los

ordinales que le siguen, plantea una tesis que entra en total contradicción con ello.

Habiendo el Tribunal Constitucional expuesto todo lo anterior, era evidente la forma

en que fallaría al respecto de la astreinte. Así pues, en el ordinal Séptimo del

dispositivo de la sentencia, el tribunal decide lo siguiente: “IMPONER una astreinte

36

de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo

en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Policía Nacional y de su

Jefatura y en favor de la institución Consejo Nacional para la Niñez y la

Adolescencia (CONANI).”

Como mencionamos anteriormente, algunos miembros del tribunal difirieron de esta

decisión, al respecto de la astreinte. Estos fueron, las magistradas Katia Miguelina

Jiménez Martínez, Ana Isabel Bonilla Hernández y Leidy Margarita Piña Medrano,

las cuales tuvieron un voto disidente las dos primeras, y un voto salvado la tercera.

Estas están en desacuerdo con el hecho de que la astreinte no sea impuesta en

provecho del agraviado en el caso, y que, si bien no tiene carácter indemnizatorio

y no puede servir en modo alguno de reparación para la parte afectada, entonces,

tampoco puede ser impuesto en provecho del Estado, como “reparación” al “daño

social” que se ocasionó con el agravio objeto del recurso de revisión en cuestión.

A pesar de lo anterior, la magistrada Piña Medrano también señala, que ningún

texto legal imposibilita que el beneficiario sea el Estado. Sin embargo, hace unas

aclaraciones y por ello el voto salvado. Como se citó precedentemente, el tribunal

había establecido que la astreinte, cuando se fijara en provecho de una institución

ajena al caso en cuestión, era preferible que fuese estatal y que se dedicara a la

solución de problemas sociales con vinculación y afinidad con el tema que es objeto

de la sentencia en la que se dispone la astreinte, situación que en la especie no se

37

dio. Al respecto de esto, la magistrada señaló textualmente lo siguiente: “[…] el

tema a que se refiere la sentencia es al debido proceso administrativo en materia

de cancelación de policías de carrera, y en modo alguno concierne la materia de

niños, niños y adolescentes; ámbito cuya competencia corresponde al Consejo

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), institución a favor de la cual

se ha fijado la referida astreinte”.

Independientemente de las señalizaciones realizadas por estas magistradas, el

Tribunal Constitucional continuó evacuando sentencias siguiendo esta misma línea,

sosteniendo este criterio y manteniendo las aseveraciones esbozadas en la

sentencia previamente descrita. Prueba de ello son las sentencias TC/0217/13 del

22 de noviembre de 2013 y TC/0053/14 del 24 de marzo de 2014 (Véase Anexos 2

y 3), entre otras, en las cuales el fallo con relación a la astreinte impuesta en los

casos de los cuales se trataba, era similar y los fundamentados se encontraban

sustentados en la sentencia anteriormente analizada.

Dentro del mismo periodo de los 5 primeros años del Tribunal Constitucional, se vio

en la obligación de, por un caso en particular, delimitar a partir de qué momento

debe iniciarse el cómputo del plazo para el pago de la astreinte. En su sentencia

TC/0095/14, de fecha 10 de junio de 2014, estableció al respecto de este tema, lo

siguiente: “Este tribunal constitucional sostiene que el inicio del plazo para computar

38

la astreinte comienza a contarse a partir del vencimiento del plazo establecido para

la ejecución de la sentencia.” (p. 14)

Con dicha afirmación, quedó más que claro a partir de cuándo se debe comenzar

a tomar en cuenta la astreinte, a fin de computar los días y el monto a liquidar hasta

que el responsable cumpla con lo ordenado por una decisión. Es importante

destacar que, hasta la fecha, el Tribunal Constitucional mantiene ese criterio.

Los fallos previamente analizados fueron muy relevantes, en tanto que, en estos,

el Tribunal Constitucional se pronunció sobre puntos al respecto de los cuales no

se había pronunciado con relación a la figura de la astreinte. En cuanto al criterio

de que el agraviado no puede ser beneficiario del pago del pago de la astreinte,

como ya mencionamos, este tribunal ha emitido muchas decisiones más

sosteniendo el mismo criterio durante aproximadamente sus primeros cinco años

de jurisprudencia. En la próxima sección podremos ver que ya ese criterio cambio

y analizaremos la postura actual. Y con relación al plazo a partir del cual debe

computarse, como ya señalamos, el tribunal mantiene la misma posición.

3.2 Criterio actual del Tribunal Constitucional ante la condenación

de la astreinte.

En la Sección 3.1. Del presente capítulo, pudimos apreciar que el Tribunal

Constitucional, por vía de sus decisiones, estableció en sus primeros años de

39

ejercicio, el criterio de que la astreinte es una indemnización por daños, por lo que

su liquidación no debe beneficiar al agraviado en un caso en concreto. Esta postura

fue la mantenida por el tribunal desde el año 2012, que es de cuando data la

decisión en la cual quedó establecida, hasta el 2017, que es cuando el Tribunal

Constitucional emite una sentencia con un razonamiento distinto. Esta sentencia

fue la sentencia TC/0438/17, de fecha 15 de agosto de 2017. En la misma, el

tribunal cita el artículo 93 de la Ley No.137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los procedimientos constitucionales, que dispone lo siguiente: “Astreinte. El

juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto

de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. Luego de esto,

procede a hacer la siguiente observación:

“De los términos de la disposición previamente transcrita se infiere, que ella

no prevé la persona que resultará beneficiaria de la astreinte fijada, por lo

cual queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga

decida, dentro del marco de sus facultades discrecionales, que su liquidación

sea efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin fines de lucro. De

este razonamiento se induce que la facultad discrecional del juez de amparo

en este ámbito comprende no solo la imposición de una astreinte como

medio coercitivo, sino también la determinación de su beneficiario.” (p.16).

40

Con esta afirmación, vemos como el tribunal apertura la posibilidad de la liquidación

de la astreinte pueda favorecer al agraviado; escenario que anteriormente

descartaba rotundamente.

Siguiendo con sus fundamentos, el tribunal hace mención de las aseveraciones

realizadas en la sentencia TC/0048/12 de fecha 8 de octubre de 2012, y hace la

salvedad de que, no obstante, el Tribunal prefería no beneficiar al agraviado con la

liquidación de la astreinte, esto no representa una prohibición para hacerlo. En la

decisión TC/0438/17, el tribunal expresa textualmente lo siguiente:

e) Esta inferencia radica en la circunstancia de que la frase «no

debería favorecer al agraviado» empleada en referida Sentencia

TC/0048/12, en modo alguno puede ser interpretada como equivalente

que «no debe favorecer al agraviado», puesto que ello implicaría una

prohibición categórica que contravendría la facultad discrecional del

juez en la materia; y tomando en consideración que en nuestro

ordenamiento jurídico ninguna disposición legal establece quién debe

beneficiarse del astreinte;

f)El criterio anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la

Sentencia TC-0344-14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil

catorce (2014)1, que dictaminó lo siguiente: e) En efecto, la

posibilidad de condenación a una astreinte es una facultad

41

discrecional otorgada a los jueces de amparo, que encuentra sus

límites en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero

sobre la cual el legislador no ha impuesto la obligación de fijarlo a

favor del agraviado, del fisco o de instituciones sociales públicas

o privadas dedicadas a la solución de problemas sociales que

tengan alguna vinculación con el tema objeto del amparo; sino que,

de igual manera, la determinación del beneficiario de la astreinte

liquidada queda dentro de las facultades discrecionales de los jueces

de amparo. En este sentido, se rechaza el argumento de la parte

recurrente. (p.17).

Entendiendo en ese momento que nuestra legislación deja a discreción del juez

determinar el beneficiario de la liquidación de la astreinte, y que no establece

limitaciones expresas en ese sentido, el Tribunal Constitucional decidió que no

había inconveniente alguno en otorgarle el beneficio de la liquidación de la astreinte

al agraviado, y así lo dispuso. En ese mismo orden de ideas, y en apoyo a su

decisión, el tribunal manifiesta que:

“cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará

con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para

generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir

al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece a

42

que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo

resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión

emitida en contra del agraviante […]”. (p.18)

Es decir, el tribunal llegó a la conclusión de que, como bien la astreinte es una

sanción al incumplimiento de una sentencia por parte de la persona condenada,

para que opere la liquidación de la astreinte, debe haber un incumplimiento, el cual

perjudicará al agraviado, entiéndase, la persona favorecida con el fallo. Es por ello,

que consideró pertinente, y nada improcedente o absurdo, beneficiarle con la

liquidación de la astreinte.

Relacionado a este mismo tema, en la misma sentencia, el Tribunal Constitucional

fue un poco más allá y reguló unos aspectos muy importantes, estableciendo lo

siguiente:

i) En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de

sin fines de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando

se albergue el propósito de restaurar un daño social, como en el caso

de los amparos incoados para demandar respeto a los derechos

colectivos y difusos; o en aquellas decisiones con efectos inter

communis, o sea, en las cuales la afectación detectada no solo

incumbe a los accionantes, sino a todo un conjunto de personas que

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se encuentran en circunstancias análogas a estos últimos y a las que,

en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de lo decidido.

(p.19)

El tribunal ordenó, que, de presentarse la situación de lo anterior, la institución

dispuesta como beneficiaria de la liquidación de la astreinte debe ser notificada

para que tenga conocimiento de ello y para que realice el procedimiento

correspondiente de liquidación a su favor. De igual modo, agrega que, para

elegir el beneficiario de la liquidación de la astreinte en un proceso

determinado, los jueces deben tomar dicha decisión basándose en los criterios

de razonabilidad y proporcionalidad.

Para finalizar, el tribunal se pronuncia de manera expresa y clara, sobre un aspecto

importante del proceso de liquidación de la astreinte como es el tribunal por ante el

cual se debe llevar dicho proceso, manifestando lo siguiente:

“l) Finalmente, con el propósito de resolver aspectos

concernientes a la liquidación de las astreintes, esta sede

constitucional dispone que: 1. Cuando se trate de astreintes fijados por

el Tribunal Constitucional con ocasión del conocimiento de una

decisión en revisión constitucional de amparo, su liquidación será

responsabilidad de este colegiado. 2. Cuando se trate de sentencias

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que contengan astreintes fijadas por el juez de amparo, las cuales

sean objeto de confirmación por el Tribunal Constitucional, con

ocasión del conocimiento de un recurso de revisión de sentencia de

amparo, su liquidación corresponderá al tribunal de amparo originario.”

(P.19-20)

En este fallo del Tribunal Constitucional, pudimos apreciar un tribunal con una

filosofía más incluyente y menos excluyente. El tribunal adoptó un criterio, por

mucho, más constitucionalista, pues deviene en más favorable para todo aquel

que decide recurrir ante el en busca de reparación por una vulneración a sus

derechos fundamentales. Ese es nuestro parecer y entendemos que el de la gran

mayoría, pues cabe resaltar que, esta decisión no tuvo votos disidentes ni

salvados, lo que evidencia que todos los jueces que componen este tribunal, y que

son altamente preparados y tienen los conocimientos adecuados para estar

ocupando la posición que ocupan, estuvieron completamente de acuerdo con todo

lo establecido en la decisión.

3.3 Proceso para el cobro de las astreintes

Toda astreinte, sea provisional o definitiva debe ser liquidada para que su crédito

se convierta en cierto, líquido y exigible. Aunque, algunos autores entienden que

“cuando se habla de liquidación de la astreinte, nos referimos a la astreinte

conminatoria, que es la única provisional y revisable por el juez, ya que la astreinte

45

definitiva no es necesario demandar su liquidación, pues ella no es revisable y su

monto final se obtiene mediante un simple cálculo matemático, consistente en

multiplicar la suma a que el deudor fue condenado, por el número de días, meses

o años de retardo, según el lapso escogido en la condenación” (Yépez, 1989 )

Si bien lo anterior es un criterio bastante acuñado a nivel doctrinario, no es lo que

se da en realidad, y es que la Ley Francesa de reforma de los procedimientos civiles

de ejecución No.91-650 del 9 de julio de 1991, estableció en su artículo 35 la

obligación de liquidar la astreinte definitiva. Es importante resaltar que esto aplica

también para las astreintes provisionales. Realmente esto es lo que se ve en la

práctica en nuestro país, todas las astreintes deben sometidas por ante el tribunal

correspondiente para su liquidación.

Al respecto del procedimiento que debe ser agotado para liquidar una astreinte, lo

primero es determinar el tribunal competente para ello. El principio acuñado en

cuanto a este aspecto, es que el juez apoderado del caso en el cual se ordenó la

astreinte, es decir, el juez quien la ordenó, es el competente para liquidarla, y en

virtud de ello, es por ante este juez que debe solicitarse la liquidación.

En lo concerniente a las astreintes ordenadas en materia de amparo, el Tribunal

Constitucional, en su sentencia TC/0438/17de fecha 15 de agosto de 2017, dispuso

lo siguiente:

46

Finalmente, con el propósito de resolver aspectos concernientes a

la liquidación de las astreintes, esta sede constitucional dispone que:

1. Cuando se trate de astreintes fijados por el Tribunal Constitucional

con ocasión del conocimiento de una decisión en revisión

constitucional de amparo, su liquidación será responsabilidad de este

colegiado. 2. Cuando se trate de sentencias que contengan astreintes

fijadas por el juez de amparo, las cuales sean objeto de confirmación

por el Tribunal Constitucional, con ocasión del conocimiento de un

recurso de revisión de sentencia de amparo, su liquidación

corresponderá al tribunal de amparo originario. (P.19-20)

Así las cosas, cuando la astreinte sea ordenada por el Tribunal Constitucional en

una sentencia dictada en ocasión de una revisión constitucional de amparo, el

tribunal competente para conocer de su liquidación será este tribunal. Mientras que,

si se trata de una astreinte que fue fijada por un juez de amparo, y dicha sentencia

es confirmada por el Tribunal Constitucional en ocasión de una revisión de dicha

sentencia, entonces esa astreinte corresponde liquidarla por ante el juez que dictó

la sentencia que fue objeto de la revisión.

En cuanto a las formalidades del proceso, “la liquidación de la astreinte debe

solicitarse por el acreedor, pues el juez no puede proceder de oficio a su liquidación,

47

debido a que el acreedor apreciará cuando es conveniente pedir la liquidación y el

momento que le parezca bien obtener el título que lo habilitará para proceder a la

recaudación forzosa de la astreinte” (Perrot & Théry, 2000). La demanda en

liquidación de astreinte se considera como a la continuación de la instancia y el

desenvolvimiento de la instancia que pronunció la astreinte.

A fin de liquidar una astreinte, debe hacérsela solicitud al tribunal que corresponda

y fijación de audiencia a los fines de conocer de dicha solicitud, y notificar el debido

avenir a la parte contraria para que comparezca. En dicha audiencia las partes

debidamente representadas por sus abogados constituidos deben limitarse única y

exclusivamente a formular sus conclusiones sobre la liquidación de la astreinte, así

como el juez solo debe pronunciarse sobre los incidentes relativos a la liquidación

y sobre el fondo de dicha solicitud.

Compete al juez en este tipo de procesos, verificar que efectivamente hay un

incumplimiento de la sentencia en cuestión. En caso de haber un incumplimiento,

debe analizar y poder darse cuenta si el incumplimiento se debe por alguna mala

fe por parte del acreedor, el cual persigue que el deudor no cumpla para poder

liquidar la astreinte correspondiente, o bien, si se trata de un incumplimiento por

causas extrañas o fuerza mayor. Dados estos escenarios, corresponde a cada

parte, tanto acreedor como deudor, probar lo que aleguen en justicia. Dependiendo

de lo que resulte de la ponderación de los alegaros y las pruebas suministradas por

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las partes, podrá el juez tomar la decisión de variar el monto de la astreinte,

eliminarla u ordenar la liquidación de la misma. Es importante resaltar, que la

variación del monto no procede en el caso de que se trate de una astreinte

definitiva, salvo el caso antes mencionado, de que el incumplimiento se deba a

causas extrañas o fuerza mayor.

Al respecto de la ejecución de una sentencia que liquida una astreinte, la misma no

puede ser objeto de vía de ejecución alguna hasta tanto no adquiera la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, a menos que sea ejecutoria provisionalmente.

Y con relación a lo que sería atacar dicha sentencia por estar inconforme con el

fallo, es posible la interposición de los recursos de derecho común en su contra,

esto en virtud de que no hay disposiciones legales que lo prohíban.

xiv

CONCLUSIONES

Si bien es cierto que las astreintes son definidas como aquellas condenas

pecuniarias impuestas por el juez a través de una condenación judicial que afecta

al deudor mientras este no cumpla con lo estipulado en la sentencia, la cual

favorece al acreedor al momento de la liquidación. Esta puede ser calculada en

relación con el retardo el cual puede ser pronunciado por día, mes o años.

Con la anterior dicho se determina que este medio de constreñimiento el juez busca

asegurar que la parte condenada cumpla con la ejecución de la sentencia,

procurando vence la resistencia al pago, mediante una presión psicológica la cual

lo motiva al cumplimiento de esto para así prevenir la acumulación de deudas

innecesarias.

Así mismo la acción de amparo, junto al recurso de revisión constitucional de la

sentencia de amparo y el amparo jurisdiccional contra las sentencias definitivas

violatorias de derechos humanos resultan, sin dudas, serios instrumentos

realmente efectivos para tutelar nuestros derechos fundamentales, como la

aplicación de condenación de la astreinte en las sentencias definitivas.

El derecho a la ejecución de las sentencias reviste una importancia singular en

materia de amparo, por el lugar central que en nuestro sistema constitucional

ocupan los derechos para cuya efectiva protección ha sido concebido este peculiar

remedio procesal.

xv

El tribunal Constitucional ha presentado algunos procedentes que posteriormente

ha vuelto sobre sus pasos y han variado las circunstancias sobre la condenación

en astreinte como garantías de las sentencias de amparo, de acuerdo a las

concurrencias dadas, se adaptaron a los casos concretos y creando una unidad de

interpretación constitucional los cuales cumplen con los principios que la norma

jurídica y la constitución le establece. Como por ejemplo de esto, vimos las

sentencias TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de 2012, dictada por el Tribunal

Constitucional y TC/0438/17, del 15 de agosto de 2017, emitida por este mismo,

referentes a la liquidación relativo a un recurso de revisión constitucional en materia

de amparo, mediante la cual precisó que el tribunal puede fijar la astreinte a favor

del agraviado.

Este fallo les favoreció a los litigantes, los cuales podrán volver a beneficiarse del

cobro de dineros que resulte de la liquidación de la astreinte, el cual según el

magistrado Rafael Ciprian, compartió su opinión de que siempre debió de ser así y

nunca debió cambiarse ese criterio.

Las instituciones sin fines de lucro que podrían ser favorecidas por la astreinte que

fije el Tribunal Constitucional serán las que resulten involucradas cuando se trate

de proteger derechos colectivos o difusos, o que se relacionen con comunidades.

Entendemos que el tribunal hizo un gran esfuerzo en dar cumplimiento a los

principios establecidos por la ley 137-11 y la constitución de la República

Dominicana, sin que la otra parte sienta una imparcialidad o mala aplicación de

xvi

justicia, ya que el Tribunal Constitucional es el garante del estado y de nuestra Carta

Magna, dando su atribución de aplicación a dicho tribunal y al juez de amparo.

De igual modo, se pudo observar en la investigación respecto de la ejecución de

una sentencia que liquida una astreinte, la misma no puede ser objeto de vía de

ejecución alguna hasta tanto no adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada.

Según el tribunal Constitucional, la condenación en astreinte a una institución sin

fines de lucro, dispuso que pueden fijarse “cuando se albergue el propósito de

restaurar un daño social como en el caso de los amparos incoados para demandar

respeto a los derechos colectivos y difusos; o en aquellas decisiones con efectos

inter communis, o sea, en las cuales la afectación detectada no solo incumbe a los

accionantes, sino a todo un conjunto de personas que se encuentran en

circunstancias análogas a estos últimos y a las que, en consecuencia, también

afecta o concierne el objeto de lo decidido”, tal cual como figura en la sentencia

438/17.

xvii

RECOMENDACIONES

Luego de analizadas las conclusiones y el desarrollo de la investigación se hacen

las siguientes recomendaciones:

El tribunal Constitucional y los jueces de amparo deben garantizar tantos a lo