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COSTA RICA EN EL SIGLO XX.

JOSE ANTONIO SALAS VÍQUEZ. (2008)

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INTRODUCCION.

El estudio y reflexión en torno a la historia de un país siempre deber tener como

referencia la comprensión de los problemas y situación del presente, pues esto permite

entender el por qué de esos problemas, valorar el camino recorrido en la superación de

obstáculos durante el pasado y aprender la experiencia para trazar nuevos y menos azarosos

rumbos hacia el futuro. Comprender la Historia de esta manera, nos lleva a visualizarla

como un proceso, un continuum, en el que se enmarcan las distintas experiencias de vida de

los habitantes de un país y no como un simple recuento de hechos y sucesos aislados que

sucedieron hacen muchos años y que poco o nada tienen que ver con nosotros y nuestras

vidas presentes y futuras.

Corresponde en esta oportunidad abocarnos al estudio de los cambios y

transformaciones vividos por la sociedad costarricense durante el siglo XX, lo que de

previo nos obliga a preguntarnos por los vínculos entre ellos y nuestra sociedad presente.

Hoy día sufrimos múltiples problemas y en la búsqueda de soluciones o formas de

enfrentarlos es frecuente que acudamos en primera instancia a las leyes como un medio

para defender y garantizar nuestros derechos de tipo político, laboral, social, etc. Pero,

¿sabemos como se han producido esas leyes, en qué contexto se dieron, por qué se dieron,

quién o por presión de quiénes se han dado, de dónde y cómo se toman los recursos

económicos para enfrentar muchas de las decisiones que emanan de ellas, a quienes

benefician y a quiénes dejan por fuera, cómo es que se han generado las condiciones para

que la ciudadanía obtenga y pueda reclamar mejores condiciones de vida? En pocas

palabras, ¿cómo es que la ciudadanía costarricense ha ganado espacios para obtener

mejores condiciones de vida y qué es lo que ha condicionado dichas conquistas y

posibilidades? La Historia Nacional, es así un asunto de todos y no de unos cuantos

hombres o personajes ilustres y célebres pues son los ciudadanos de un país los que

construyen y transforman su patria a través de sus acciones.

1. La herencia del siglo XIX y la fragilidad del modelo de desarrollo agroexportador.

¿Qué caracterizaba el modelo de desarrollo económico de Costa Rica a inicios del Siglo

XX?

¿Qué consecuencias traía ese modelo de desarrollo económico para la economía y

sociedad costarricense?

¿Cómo se organizó el Estado costarricense para responder a las particularidades y

demandas de ese modelo de desarrollo económico?

1 Este trabajo es una síntesis muy concreta elaborada a solicitud de la Editorial Santillana para tenerla como

referencia en la confección de manuales escolares para enseñanza media.

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Los temas a que haremos referencia para cumplir con los propósitos antes

mencionados tienen un vínculo estrecho con las particularidades de nuestro sistema

económico, la forma en que nos hemos integrado al mercado mundial, la organización del

trabajo y la producción, los problemas derivados de ellos, así como las luchas que los

trabajadores han tenido que dar para enfrentar algunas de esas dificultades. El panorama se

amplía cuando a esas particularidades agregamos las funciones que ha asumido el Estado,

sus formas de financiamiento para cumplir con los compromisos adquiridos con la sociedad

costarricense, la forma en que se ha organizado para atender esos compromisos, al igual

que la transformación que ha tenido que experimentar nuestro sistema político para dar

cabida a las demandas de una población cada vez más numerosa y enfrascada en distintos

problemas derivados, en su mayoría, de las vivencias generadas por el modelo de desarrollo

agroexportador que se impulsó a lo largo del siglo XIX.

Para facilitar la comprensión del tema es importante que recordemos, a manera de

recuento, algunas de las características que la economía y sociedad costarricense adquirió a

lo largo del siglo XIX y que en buena medida condicionaron los cambios que se

experimentaron durante la primera mitad del siglo XX.

El modelo de desarrollo económico impulsado durante el siglo XIX, fue el agro

exportador, fundamentado en la exportación de productos agropecuarios entre los que

destaca el café como el más importante, seguido por el banano, el cacao y la minería

entre otros.

Las actividades económicas giraron en torno a la caficultura la que se convirtió en la

principal vía para la acumulación de capital y para moldear las formas de vida,

organización y trabajo de la sociedad costarricense. Por eso puede decirse que el café se

constituyó en un elemento cohesionador de la sociedad.

Con el café se benefició un amplio grupo de la población: los campesinos que se

dedicaron a su cultivo, los beneficiadores que se dedicaron a su procesamiento y

comercialización, los transportistas que los llevaban en carretas hasta el puerto de

Puntarenas y los comerciantes de todo nivel que encontraron clientes con ingresos

suficientes para comprar sus mercancías.

Gracias al cultivo del café se promovió la colonización agrícola, las migraciones de la

parte central del país hacia el campo y la apropiación privada de las tierras baldías, lo

que dio origen a la ocupación efectiva del territorio nacional y a la aparición de una

gran cantidad de poblados por todos los rincones del país.

La escasa población del país, unida a los procesos migratorios provocados por la

colonización agrícola, provocaron que el cultivo del café fuera una tarea asumida por

las familias campesinas, mientras que el procesamiento (beneficiado) y

comercialización descansaba en manos de un reducido sector que se fue constituyendo

como una elite poderosa desde el punto de vista económico y político, la cual influía

notablemente en las acciones tomadas por los gobiernos del país para enfrentar el futuro

de la nación.

Estos procesos colonizadores hicieron que las distintas regiones encontraran espacios

para ir especializando su producción en determinado tipo de productos que eran

intercambiados entre ellas lo que favoreció el desarrollo del mercado interno y el

mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos que

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encontraban tierras, oportunidades laborales y mercados que demandaban y compraban

sus productos.

El contacto comercial con las grandes metrópolis permitió que a nuestro país fluyeran

gran cantidad de mercancías las cuales podían ser consumidas por los pobladores

gracias a los ingresos generados por el cultivo y comercialización del café, lo que unido

al aumento de recursos financieros para el Estado, favoreció la construcción de obras de

infraestructura y por ende la mejora en las condiciones de vida de la población. A lo

anterior se unieron las mayores oportunidades para adquirir tierras en distintas partes

del país, aspectos todos que permiten afirmar que el cultivo del café propició la

existencia de mecanismos de movilidad social ascendente para la mayoría de las

personas.

La dinámica productiva predominante durante el siglo XIX permitió la formación de un

grupo poderoso económicamente que asumió el poder político, pero dentro de él se

notaban algunas diferencias que hicieron florecer algunas fracciones que, en su disputa

por el poder, generaban inestabilidad política retardando el desarrollo económico y las

posibilidades de integrar la economía local al mercado nacional bajo mejores

condiciones.

Los éxitos de la caficultura y de la colonización agrícola permitieron que en las distintas

regiones se formaran elites locales que basaban su poder en la posesión de tierras,

bienes de fortuna y en el prestigio que les daba su condición de pioneros exitosos y

emprendedores, aspecto que les abrió espacios para ocupar cargos políticos a nivel

local, orientar los proyectos de desarrollo regional y en muchos casos el mérito

suficiente para ascender a posiciones de poder nacionales, compartiendo espacios

políticos con los sectores dominantes. Por eso preferimos utilizar el término elites para

referirnos a todos estos grupos de poder, antes que oligarquía, un término muy usado en

el pasado, pero que hace referencia círculos muy cerrados constituidos por grupos de

familias o personas poderosas a los que difícilmente se podía tener acceso.

La caficultura y sus actividades conexas obligaron a los grupos en el poder a buscar

mejores formas de convivencia dictando leyes y codificaciones y creando instituciones

que expresaran los intereses de esos grupos como si fuera la voluntad del Estado. Por

eso la dinámica política durante aquellos años consistió en legitimar el acceso al poder

y garantizar su control, lo que llevó en muchos casos a golpes de estado y procesos

electorales excluyentes y de dudosa legalidad para que ciertos sectores de la elite

retuvieran el control político.

Ideológicamente, estos grupos políticos se identificaron con los principios del

liberalismo económico, asignándole al Estado tareas ordenadoras, promotoras,

protectoras y de mantenimiento del sistema económico, pero sin que se diera ninguna

intervención directa en asuntos propios de la economía. El liberalismo fue la filosofía

que guió las acciones del Estado durante todo el siglo XIX, aunque es necesario

destacar que después de 1870 este liberalismo se identifica más coherentemente con los

ideales de orden y progreso de corte positivista. Esto llevó a una revisión y

modernización de las acciones estatales tendientes a intensificar y diversificar las

actividades productivas con la ayuda del capital foráneo. Dicha acción fue iniciada por

el General Tomás Guardia, quien asumiendo el mando por la fuerza logró imponer los

compromisos modernizadores del estado por encima de los intereses particulares de los

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distintos grupos que conformaban la elite cafetalera y que competían por entre si por el

control del poder político.

Puede afirmarse entonces que a partir de 1870 Costa Rica experimenta un proceso de

modernización económica y política que inicia por la redefinición de las tareas del

Estado, acción que fue dirigida por un grupo intelectual, en su mayoría abogados, el

cual es conocido como generación del Olimpo. De esta forma se inicia un período de

nuestra historia marcado por la confección y confianza de múltiples y variadas leyes,

donde el Estado define las normas de convivencia social estableciendo normas que lo

identifican como mediador en los conflictos que se presentan al interior de la sociedad

civil. Muchos de los impulsores de estas leyes y codificaciones, como los licenciados

José Joaquín Rodríguez, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oreamuno y

Ascención Esquivel, llegaron a ocupar el cargo presidentes de la República a partir de

1890 y durante buena parte de la primera mitad del siglo XX.

El inicio de un nuevo orden, donde el Estado se impone sobre los intereses de

determinados sectores se expresó con el compromiso que se asumió para la

construcción del ferrocarril al Atlántico, la apertura y generación de condiciones

favorables para el ingreso del capital extranjero, así como el desarrollo de nuevas

actividades productivas para la exportación, tales como el banano, el cacao y la

minería. Dicho capital también estuvo presente en las actividades comerciales, y en el

campo de los servicios, pero sin llegar a competir ni a modificar las formas de

producir, procesar y comercializar el café.

Como parte de la modernización y generación de condiciones para el crecimiento

económico se hizo una importante reforma jurídica (labor codificadora) que tocó el

campo de lo civil, comercial, fiscal, penal, procesal, de funcionamiento del poder

judicial con las cuales se fijan las reglas del juego para el funcionamiento de la sociedad

en medio de una nueva etapa de desarrollo para la economía privada. Estas acciones se

hicieron acompañar de una reforma en el sistema educativo que garantizaba la plena

intervención del Estado en la orientación y regulación de esta actividad, así como la

separación de los intereses de la Iglesia Católica en los asuntos de la política.

Las preocupaciones legalistas y la necesidad de legitimar el acceso al poder, provocaron

modificaciones importantes en la dinámica política, sobre todo después de 1890. A

partir de esa fecha los gobernantes del país fueron civiles y no militares y aunque los

procesos electorales eran bastante irregulares y manipulados se hicieron importantes

esfuerzos para ir mejorando el funcionamiento del sistema democrático costarricense.

Los votos empezaron a ser importantes y para ganarlos el Estado y los gobernantes se

comprometieron con una ardua campaña de construcción de obras públicas: escuelas,

caminos, puentes, edificios públicos, pavimentación de calles, cañerías; acciones que

dieron paso a la aparición de los gamonales, las visitas de candidatos a las localidades,

las plazas públicas, etc. De este modo la labor del gobernante se media por sus obras y

respuesta a los compromisos con el pueblo. Por esta razón, también se hicieron

esfuerzos por mejorar el respeto de la voluntad popular, tal y como sucedió con el

establecimiento del voto directo aplicado por primera vez en las elecciones de 1913.

A pesar de las oportunidades que abrió el café y la modernización del desarrollo

capitalista que se incentivó después de 1870, la liberalidad con que se manejaron las

cosas provocó muchos abusos y problemas derivados de ellos. Un ejemplo de ello fue la

preocupación por volver productivas las tierras del país, razón por la que los baldíos

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nacionales se vendieron o donaron en grandes cantidades, lo que dio paso a procesos de

acaparamiento de tierras y especulación con su posterior venta. Este aspecto no fue un

problema grave al inicio, pues la población del país era poca, la tierra abundante y el

campesino se acostumbró a estar migrando buscando nuevas tierras en los distintos

frentes de colonización. Pero con la presencia de capitalistas extranjeros y las

posibilidades que tuvieron para adquirir grandes proporciones de tierras, así como con

las inversiones que hicieron algunos nacionales para volver productivos algunos

terrenos que antes tenían incultos, las posibilidades de adquirir tierra se volvieron cada

vez más limitadas. A esta situación se sumaban los altibajos en los precios de los

productos exportables, lo que vino a afectar duramente la economía campesina.

Por las condiciones mencionadas, desde las últimas décadas del siglo XIX, los

trabajadores del agro vieron reducidas sus posibilidades de ascenso social, lo que

generó ocupaciones forzosas de tierras, migraciones a la ciudad en busca de mejores

condiciones de vida y por ende el aumento de la problemática social en los centros

urbanos: escasez de vivienda, altos alquileres, bajos salarios, problemas de salubridad,

alcoholismo, delincuencia, etc. Dichos problemas aumentaban con las pésimas

condiciones laborales sufridas por los trabajadores de las empresas vinculadas al capital

extranjero, las cuales operaban bajo otras reglas de explotación y trato a la mano de

obra, muy diferente a las del trabajador vinculado a la actividad cafetalera. El desarrollo

del capitalismo agrario, así como generó una mayor relación con el mercado mundial ,

provocó una serie de problemas sociales que en el contexto político de la época

obligaron al Estado a intervenir para atender las demandas sociales, pero sin afectar a

fondo el modelo económico y las formas de producción imperantes a inicios del siglo

XX.

Para cumplir con sus funciones, tareas y compromisos el Estado necesitaba mantener

sus ingresos estables y en crecimiento. Dichos entradas, llamadas ingresos fiscales, eran

producto de recaudación de impuestos indirectos, es decir pagados por todos, sin afectar

la posesión de bienes de fortuna como la tierra, la acumulación de dinero o las

ganancias generadas por los negocios. De este modo las rentas del Estado provenían, en

su mayor parte, del cobro de tributos por la importación de mercancías, así como por las

exportaciones del café, del banano que empezó a pagar impuestos a partir de 1910 y el

monopolio de los licores. No obstante, dependiendo de las fluctuaciones de precios en

los mercados internacionales por la compra de los productos agrícolas nacionales, los

impuestos a la exportación sufrían variaciones para ayudar a compensar las pérdidas a

que se exponían los productores. Este fue el caso de una dura crisis que se presentó a

finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando a raíz de un drástico descenso en los

precios del café, los productores se vieron duramente afectados, bajaron las

importaciones, descendió el consumo y disminuyó el empleo, todo lo cual repercutió en

un descenso de los ingresos del Estado (déficit fiscal) lo cual lo puso en grandes apuros

para atender sus compromisos como el pago de deuda externa y los empleados públicos,

así como la construcción de obras de infraestructura.

De este modo, el modelo de desarrollo agroexportador y la forma como Costa Rica se

incorporó en el proceso de división internacional del trabajo, se mostraba

excesivamente vulnerable. Los altibajos en el mercado mundial repercutían

enormemente en todos los sectores de la sociedad, quienes en carne propia sentían

como se desvalorizaba su trabajo, producción, posibilidades de consumo y en general

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sus condiciones de vida, mientras que el Estado veía disminuidas sus posibilidades de

atender con eficiencia las demandas de la población ante la escasez de recursos

económicos.

2. La primera Guerra Mundial y los intentos para modificar la acción del Estado en

el campo económico.

¿Cuál fue el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en la economía y sociedad

costarricense.

¿Cómo enfrentó el gobierno de Alfredo González Flores las repercusiones económicas

y sociales generadas por la Primera Guerra Mundial en le economía y sociedad

costarricense?

¿Cuál fue el costo político de la adopción de estas medidas?

Como parte del proceso de apertura democrática impulsada por los liberales, en 1913 se

aprobó que las elecciones debieran realizarse por medio de procesos donde se aplicara el

voto directo y público. Para esas fechas, se acercaba el período donde había que elegir un

sucesor para el presidente de entonces el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914),

principal impulsor de este cambio electoral. Desafortunadamente, ninguno de los aspirantes

obtuvo la mayoría necesaria para ser electo, razón por la que, de acuerdo a la ley de

elecciones, la decisión debía ser tomada por el Congreso. En medio de confrontaciones y

pactos políticos entre los aspirantes presidenciales, el Congreso optó por nombrar como

primer designado a la presidencia (cargo similar al de vicepresidente), al diputado

Alfredo González Flores, el cual no había sido candidato presidencial, pero que pertenecía

a la línea del partido Republicano. Ante las componendas entre los diputados, los

candidatos presidenciales con opción a ser electos renunciaron, razón por la que González

Flores ascendió a la presidencia de la República a partir de 1914, sin haber contado con el

apoyo popular ni tener una plataforma política consolidada.

Su ascenso a la presidencia coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial,

conflicto que afectó el comercio exterior de Costa Rica y en consecuencia la principal

fuente de ingresos del gobierno, los impuestos de aduanas. Las exportaciones descendieron,

pero el impacto más grande se sintió a nivel de importaciones las cuales bajaron un cerca de

un 75 %, pasando de 10 millones de colones en 1913 a 5 millones en 1915, lo cual se

tradujo en una crisis fiscal, cuyo mayor impacto se sintió a partir de ese año. El problema se

agravó porque el Estado tenía que seguir haciendo los pagos de la deuda externa y ante la

disminución de importaciones los precios de los artículos traídos del exterior, como los

textiles y algunos alimentos, aumentaron considerablemente dando paso al acaparamiento y

la especulación. Esto ocasionó la protesta de los sectores populares y la mayor presión de

los sindicatos obreros que ya estaban más consolidados, lo que unido al problema fiscal

obligó al gobierno de González Flores a construir medidas para enfrentar esta crisis y

prevenir problemas similares en el futuro.

Las salidas que se buscaron tendieron a promover el ahorro y aumentar los ingresos

del Estado. Así, se buscó un mayor control de la circulación y respaldo monetario, el

ordenamiento del crédito, una reforma bancaria y tributaria, la protección de las riquezas

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naturales del país, ampliar la oferta de productos para vender en el exterior. Igualmente se

incentivar la construcción de obras de infraestructura como una forma de generar empleo y

evitar el descenso de los salarios en otros sectores, pues había sido frecuente que en

situaciones de crisis, los sectores del capital tendieran a trasladar sus costos a los

trabajadores bajándole los salarios. A ello se sumó un mayor orden y control en los gastos

del Estado, creándose instituciones como la Pagaduría Nacional, para cumplir con ese fin.

Siendo la crisis fiscal el principal problema a atender, las medidas más destacadas

de esta administración estuvieron en el plano económico donde, contrario a los que había

sucedido en años anteriores, el Estado empezó a tener una mayor intervención en los

asuntos económicos. De esta manera se decretó una devaluación gradual de la moneda para

hacerla coincidir con la realidad económica del momento, pasando de 2,12 colones por

dólar en 1913 a 4,47 colones en 1918, lo cual aumentó el monto a pagar en colones por la

deuda externa y los precios de los artículos importados mientras que los salarios perdían su

poder adquisitivo. Por otro lado, los bancos privados habían reducido los créditos para los

productores y comerciantes y el Estado no tenía dónde acudir para resolver su faltantes

presupuestarios, razón por la que se decidió intervenir el negocio bancario fundando en

Banco Internacional de Costa Rica como una institución autónoma, propiedad del Estado,

administrada por particulares pero supervisada por el Poder Ejecutivo.

Como arte de sus funciones este banco estaba autorizado para emitir cierta cantidad

de dinero respaldado con bonos del Estado y un empréstito inglés. La mitad del dinero

emitido se concedió en préstamo al Estado para ayudarse a resolver y la otra mitad se

dedicó a otorgar crédito a al público, en especial a los agricultores y algunos sectores del

comercio. De este último fondo, se destinó una parte para financiar las Juntas de Crédito

Agrícola que se establecieron como una dependencia del banco, para otorgar crédito a los

pequeños agricultores del campo. Los buenos resultados de la creación de esta institución

bancaria estatal se sintieron pronto pues se aumentó la emisión y circulación de moneda,

ofreció crédito a bajo interés y con el crédito aportado los productores agrícolas se logró un

ascenso en la producción de maíz, frijoles, verduras y otros productos. No obstante, los

dueños de los bancos privados vieron en esta acción una competencia e intromisión del

Estado en el negocio que durante muchos años habían conducido a su antojo.

Sin embargo, el problema de la crisis era más profundo y se buscó solucionarlo

buscando ingresos sanos para el Estado, razón por la que se impulsó una reforma tributaria

en la que se pretendía que "el rico contribuyera como rico y el pobre como pobre." De

acuerdo a esta reforma se introducía un sistema de impuestos donde los propietarios de

tierra y de negocios que generaran ganancias debían tributar en correspondencia a lo que

poseían y ganaban. Es decir que además de los impuestos indirectos que se pagaban antes

se introducía un nuevo ingreso al Estado, producto de los impuestos directos a los bienes de

fortuna. De esta forma, en 1916 se aprobó la ley del catastro para llevar un registro de las

propiedades privadas existentes en el país, su extensión y propietarios. Esta disposición se

hizo acompañar de una ley general de impuestos directos que establecía una contribución

de acuerdo al tamaño de las propiedades privadas y un gravamen adicional para la tierra

inculta, ingresos que se invertirían en la construcción y reparación de caminos. A este

impuesto se sumó el gravamen a las rentas superiores a los 1200 colones anuales, el cual

iba a las arcas del Estado. Complementariamente se estableció un impuesto a la producción

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de cerveza y la obligación de los bancos privados a contribuir con el 1 % de sus utilidades

netas.

Tales disposiciones chocaron de inmediato con los intereses del sector bancario, de

los productores y comerciantes que devengaban importantes ganancias y por supuesto de

los terratenientes, entre los cuales estaba la compañía bananera, que por esa época tenía una

importante extensión de tierras incultas como reserva para sus actividades o por abandono

debido a la proliferación de las enfermedades que afectaban sus plantaciones. El malestar

también se sentía en los sectores populares que sintieron disminuido el poder adquisitivo de

sus salarios, mientras que debía enfrentar el alza en los precios de los productos, la escasez

y la especulación, aspectos que se aglutinaron para que los sectores del capital se

organizaran y dieran un golpe de Estado en 1917 capitaneado por el propio Ministro de

Guerra Federico Tinoco Granados.

Del total de reformas impulsadas por González Flores solo el Banco Internacional y

las Juntas Crédito Agrícola se lograron institucionalizar, pues el golpe de Estado impidió

que se pusiera en práctica la reforma tributaria. De esta forma se frustró el intento de

introducir cambios profundos en la tradicional forma de acción estatal y de fortalecer el

sistema democrático a través de una mayor justicia tributaria. No obstante, la labor de

González Flores hay que visualizarla como la un reformista liberal que con sus

disposiciones pretendía contribuir a solucionar el problema fiscal del Estado sin alterar las

estructuras productivas que daban sustento al modelo agroexportador y al desarrollo

capitalista de Costa Rica.

3. El régimen del General Federico Tinoco Granados. 1917-1919.

¿Cómo fue que el General Federico Tinoco llegó al poder?

¿Quiénes lo apoyaron y por qué perdió el respaldo que se le había dado inicialmente?

¿ Cuáles son las características de su gestión gubernativa?

Federico Tinoco Granados llegó al poder gracias a un golpe de Estado impulsado

por los sectores económicamente poderosos como los banqueros y financistas quienes

habían visto roto su control del crédito y emisión de moneda. También fue apoyado por las

empresas de seguros extranjeras, los terratenientes, la compañía bananera, la Costa Rica Oil

Company y muchos políticos nacionales que no compartían el modelo de intervención

estatal y de reforma tributaria impulsado por González Flores. Los sectores populares

también creyeron que el cambio de gobierno podría mejorar la atención los problemas que

los aquejaban como producto de la crisis generada por el contexto de guerra mundial.

Tinoco se presentaba como el gran salvador en medio de una crisis económica y

fiscal que había acentuado los problemas sociales. Su imagen era la del militar, el

representante del ejército, que con su poder se comprometía a restablecer el orden y

retornar a tiempos a los tiempos de cama que habían sido alterados por la reforma

tributaria, a la cual se le atribuía ser una causante más de la crisis. Siendo su gobierno

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producto de un golpe de Estado, actuó de forma autoritaria y empleó la represión política

para acallara a sus enemigos y críticos. A los pocos meses de asumir el poder convocó a

elecciones siendo el único candidato a escala nacional, razón por la que ganó sin mayores

obstáculos. En dichas elecciones también se nombró una Asamblea Constituyente, la cual

redactó una nueva Carta Magna en 1917. En dicha labor participaron los expresidentes

Bernardo Soto, Cleto González Víquez, Ascensión Esquivel, Rafael Yglesias y Carlos

Durán, junto con otros allegados de Tinoco.

Entre varios de los aspectos que caracterizan esa Carta Magna, está la eliminación

del voto directo, lo cual venía a favorecer los intereses los grupos dominantes, ampliaba el

período presidencial a seis años y dividía el poder legislativo en dos cámaras: diputados y

senadores. Igualmente establecía como tarea prioritaria del Estado el fomento de la

enseñanza primaria y secundaria, así como su obligación por velar por el bienestar de los

trabajadores para lo cual se empezó a trabajar en la confección de un Código de trabajo.

Sin embargo, este gobierno debió enfrentar una serie de obstáculos derivados de la

negativa de reconocimiento por parte de los Estados Unidos, actitud que influyó para que

los gobiernos de otros países se negaran a aceptar como legítima a esta administración

presidencial, aspecto que deterioró las relaciones diplomáticas e incidió negativamente en

la actividad comercial. Incluso países vecinos como Nicaragua y Panamá, prestaron sus

territorios para que se gestaran movimientos políticos en contra del régimen tinoquista.

En medio de tales circunstancias, la situación de crisis económica y fiscal no se

había superado, a lo que se unieron las restricciones del crédito internacional y la

prohibición de gobiernos como el de Estados Unidos para que sus ciudadanos realizaran

inversiones en Costa Rica. A pesar de ello Minor C. Keith y la United Fruit Co le ofreció su

colaboración para el transporte de mercancías hacia los Estados Unidos. Pero estas ayudas

no fueron suficientes para enfrentar los problemas económicos, razón por la que Tinoco

elaboró un plan para mejorar las finanzas públicas haciendo emisiones de bonos y

estableciendo un impuesto para la exportación del café, lo que le valió la pérdida de apoyo

por parte de los cafetaleros.

Por su parte los acreedores internacionales reclamaron el pago de los intereses

atrasados la deuda externa y ante la presión que ejercieron Tinoco entregó las reservas de

oro del Banco Internacional de Costa Rica, lo que provocó la renuncia de los miembros de

la junta directiva de dicha entidad. Esto generó la inmediata devaluación del colón, se

detuvo la acuñación de monedas generando la consecuente disminución de circulante y ante

la escasez de dinero el gobierno no pudo aumentar los salarios que ante la devaluación se

vieron notablemente disminuidos. A ello se sumó la falta de dinero para pagar a los

servidores públicos, mientras que los movimientos de protesta al interior del país se hacía

sentir cada vez con mayor fuerza. Dichos tumultos lo llevaron a fortalecer el poder militar,

el cual consumió buena parte de los exhaustos ingresos del Estado.

El aumento del descontento fue atendido con represión y violencia, el aumento de

los presos políticos, la persecución, los exilios forzados y el irrespeto a la libertad de prensa

lo que a la larga motivo una serie de protestas y levantamientos dirigidos por sectores que

adversaban al gobierno el cual terminó por caer en agosto de 1919. Cabe destacar aquí la

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participación de Carmen Lyra como una de las principales dirigentes de los movimientos

populares, así como el levantamiento dirigido por don Julio Acosta García, antiguo

ministro de González Flores, quien después de muchos tropiezos logró organizar un

levantamiento armado que incursionó desde Nicaragua. Todos estos acontecimientos

unidos a la presencia de buques de guerra y soldados norteamericanos en la costa Atlántica

y Pacífica del país incidieron para que Federico Tinoco planteara su renuncia y su salida

hacia Europa, luego que su hermano y ministro de guerra, fuera asesinado.

Con la caída de Tinoco, se restableció la constitución de 1871 y se convocaron a

elecciones, resultando electo don Julio Acosta García, con quien se inicia el

restablecimiento del orden liberal, después de haber sido cuestionado por si incapacidad de

respuesta ante las circunstancias vinculadas a la Primera Guerra Mundial.

4. El restablecimiento del orden liberal: las nuevas condiciones.

¿Bajo qué circunstancias se logró restablecer el orden económico y político liberal?

¿Qué problemas tuvieron que enfrentar los gobiernos que se instauran después de 1920?

¿Se lograron superar las debilidades del modelo de desarrollo agroexportador una vez

superadas las dificultades que generó la Primera Guerra Mundial?

Don Julio Acosta asumió el mando en 1920 por un período de cuatro años teniendo que

enfrentar como primera dificultad los intereses del bando ganador por sacar provecho de la

caída de Tinoco. Para ello se amparaban en una ley de nulidades que dejaba sin efecto las

acciones ejecutadas por el gobierno anterior y en la ley de recompensas con la que

pretendían obtener algún tipo de compensación por haber combatido el régimen. Tales

demandas, que podían resultar sumamente costosas para el Estado, chocaron con la actitud

negociadora, de perdón, olvido y amnistía que trataba de impulsar el nuevo gobernante,

aspecto que le generó roces con el Congreso, razón por la que buscó apoyo en los políticos

liberales tradicionales para terminar distanciándose de sus compañeros de armas.

Las circunstancias del momento también fueron propicias para el restablecimiento

del orden liberal, pues el fin de la guerra mundial coincidió con un aumento de precios y

crecimiento de las exportaciones, así como de las importaciones, en su mayoría de

artículos suntuarios, los cuales empezaron a proliferar gracias a las bondades de crédito que

ofrecían los fabricantes como un medio para aumentar el consumo. Esto indudablemente

mejoraba los ingresos del Estado, lo que unido a la mayor presencia del capital

norteamericano que había desplazado al europeo después de la guerra, hizo pensar que los

tiempos de crisis no se presentarían otra vez y que de hacerlo el sistema económico tenía

sus propios medios para defenderse y recuperase, sin necesidad de más cambios o

intervención estatal. Así, don Ricardo Jiménez, quien de nuevo llegó a la presidencia en

1924, refiriéndose a la prosperidad experimentada, decía

"Los principales factores del fenómeno son la generosidad de la naturaleza... la

consagración del pueblo a sus faenas del trabajo, la paz política de que disfrutamos y las

buenísimas ventas en el exterior de café y cacao."

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Tales ingresos y la posibilidad de comprar la más amplia variedad de productos

desalentaron los intentos de industrialización en el país, aunque éstos se habían iniciado en

otras partes de Latinoamérica por el duro golpe de la Guerra Mundial. Costa Rica en

cambio seguía apostándole a la agricultura y al comercio exportador e importador como la

base de su riqueza desalentando y comprimiendo el consumo de artículos artesanales

locales. No obstante lo frágil de esas condiciones económicas, se pudo estabilizar el tipo de

cambio en 4 colones por dólar durante toda la década y se tomaron medidas para controlar

el gasto público creándose la Contraloría lo que implicó la confección de presupuestos

estatales más precisos. Igualmente se puso fin al desorden en la emisión de monedas,

asignándole esta tarea en forma exclusiva al Banco Internacional de Costa Rica.

De este modo puede afirmarse que la década de 1920 fue para Costa Rica un

período de prosperidad económica pero que tenía bases ficticias en la medida que se apoyó

en la mayor demanda y aumento de precios del café como producto tradicional de

exportación, de mayor ingreso de capital producto de las inversiones que hacían los

extranjeros para fomentar el crédito y el consumo de productos suntuarios que se

importaban del exterior. Con ese dinero se capitalizaban los bancos para obtener más

moneda, aumentar el circulante y ofrecer créditos. Pero lo cierto es que la mayor parte de

ese dinero no era fruto de la riqueza nacional y fue utilizado para aumentar las

importaciones. De este modo entre 1924 y 1927 las exportaciones crecieron cerca de un 6

%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 67 %.

El resultado fue una balanza comercial positiva que fortaleció los ingresos del

Estado, produjo ganancias para el sector bancario y comercial, aumentó las posibilidades de

consumo, pero a la vez provocó el endeudamiento de muchas personas que buscaron en el

crédito hipotecario una forma de ampliar sus negocios en agricultura y comercio. El modelo

económico de desarrollo quedó a merced del mercado, sin intervención ni control estatal y

orientado a fortalecer la economía agroexportadora con el café como si pilar fundamental.

Las masas trabajadoras, más organizadas y amparadas en sindicatos consolidados

contaron con el apoyo de algunas opciones partidarias reformistas durante esta época. Es el

caso del Partido Reformista capitaneado por don Jorge Volio y fundado en 1923 el cual

tenía un programa de trabajo que tenía como eje atender las necesidades de los sectores

tradicionalmente menos favorecidos en el país. El desarrollo de la educación, la

organización sindical y su participación en los asuntos políticos como la caída de Tinoco,

fortaleció el movimiento obrero y lo llevó a expresarse públicamente para que se atendieran

sus demandas. Las huelgas fueron cada vez más frecuentes y así entre 1927 y 1928 se

dieron 70 movimientos huelguísticos, se fundaron 15 sindicatos nuevos y se presentaron 10

conflictos por problemas de tierras. Ante tales circunstancias y dados los buenos ingresos

que tenía el país, el Estado, controlado por los liberales, intervino en calidad de mediador,

en la solución de algunos de esos conflictos resolviendo, la mayoría de las veces a favor de

los trabajadores. De este modo se atenuaba el conflicto social y combatía a los adversarios

políticos para garantizar la calma social que se requería para que el modelo agroexportador

siguiera operando.

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Sin embargo esta estabilidad no podía ser duradera y un nuevo revés económico

habría de alterar este orden. Nos referimos a la crisis económica mundial de 1930.

5. La economía y sociedad costarricense y la depresión económica mundial de 1930.

¿De qué forma la depresión mundial de 1930 afectó a la economía y sociedad

costarricense?

¿Qué acciones tomó el Estado para enfrentar la crisis en Costa Rica?

¿Hasta donde la experiencia de la crisis de los años 30 varió las características del

modelo de desarrollo agroexportador?

Una de las características del capitalismo internacional es que no es estático y que en su

desarrollo experimenta una serie de movimientos conocidos como ciclos. Así a un período

de ascenso o progreso en la economía le llega un momento donde no se crece más y

entonces se inicia una crisis que va seguida por un descenso en el crecimiento el cual

también es llamado depresión. Es aquí donde se toman medidas correctivas para intentar

recuperar la prosperidad y volver a las situaciones de crecimiento económico. Dependiendo

de las circunstancias estos distintos momentos pueden durar varios años.

Crisis

Crecimiento o «-Depresión

Prosperidad -»

Cuando un país como Costa Rica, está estrechamente vinculado a estructuras

económicas internacionales, sufre las consecuencias de los ciclos de crecimiento, crisis y

depresión que éstas experimentan. En el caso que nos toca analizar, se tiene que Costa Rica

se encontraba estrechamente vinculada al mercado internacional a través de las

exportaciones de sus productos agrícolas, en especial café, la importación de toda clase de

artículos y el crédito con el que se financiaba el consumo, características que se habían

acentuado durante la década de los veinte, impulsadas por un ciclo de prosperidad que

experimentaba el mercado mundial.

En momentos de crisis y para buscar salir de ellas se procura gastar lo menos

posible y comprar lo necesario a precios los precios más bajos, buscando los proveedores

que ofrezcan las mejores condiciones de venta. En 1929 se produjo la quiebra de la Bolsa

de Valores de Nueva York, debido a la sobreproducción de mercancías, la especulación

financiera, la aplicación de barreras proteccionistas a los productos agrícolas impuestas por

Europa y el descenso en el consumo de artículos industriales. Esta situación generó un gran

caos a nivel económico mundial, pues fue necesario aplicar mecanismos muy estrictos para

intentar los índices de crecimiento.

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Costa Rica se vio directamente vinculada en el fenómeno a raíz del descenso brusco

en los precios del café, el cual pasó de $0,41 por kilo en 1931 a $0,27 en 1932, año a partir

del cual la crisis golpeó más duramente a nuestro vulnerable sistema económico. En medio

de tales circunstancias los depósitos bancarios disminuyeron lo que implicó una reducción

drástica en el crédito y la presión de los bancos para que los deudores pagaran sus

préstamos o de lo contrario rematarían sus propiedades. Por otro lado, los países

proveedores de artículos importados, disminuyeron su producción y dejaron de otorgar el

crédito que antes daban para fomentar el consumo. De este modo, dichos artículos

empezaron a escasear y a subir de precio, lo que de inmediato repercute en el Estado pues

disminuyeron drásticamente los ingresos de aduanas. Estos pasaron de 23.5 millones de

colones en 1929 a 10.9 millones de colones en 1932, iniciándose por tanto una nueva crisis

fiscal.

Los gobiernos de la época, a saber el de Cleto González Víquez (1928-1932) y el de

Ricardo Jiménez (1934-1936) interpretaron que la crisis era un problema coyuntural y que

gran parte de los problemas que se experimentaban internamente eran fruto de una mala

administración pública. De esta forma excluían al modelo de desarrollo agroexportador

como parte de la crisis y centraron en las reformas administrativas las respuestas para

enfrentar la crisis y depresión de los años siguientes.

Una de las acciones momentáneas fue impulsar la producción y ventas de café,

aunque fuera a precios bajos, sin discutir que con ello se estaba desvalorizando el trabajo

nacional . Así, de la cosecha de 1929-30 se vendieron 23.6 millones de kilos por un monto

que superaba los $10.4 millones, mientras que en la de 1932-33 se vendieron 27.8 millones

de kilos por una suma que apenas cercana a los $7.9 millones. La producción bananera,

había empezado a para un impuesto de exportación de $0.01 por racimo exportado desde

1910, pero debido a las enfermedades la producción de banano descendió a partir de 1913.

Como parte de la estrategia de la compañía para disminuir pérdidas, la producción de

banano en un 75 % estaba en manos de nacionales, así que cuando bajaron las ventas por la

crisis éstos fueron los más perjudicados, además de que se les disminuyó el precio que se

pagaba por racimo.

La situación social resultante fue atroz. Hubo despidos en el comercio, quiebra de

negocios, reducción de salarios, aumento de impuestos, bajaron las ventas y precios

internacionales de cacao y caña de azúcar, aspectos todos que motivaron la queja y protesta

social. Desempleo, problemas con la educación, vivienda y salud pública hicieron que esta

crisis se expresara como una de las más grandes experimentadas por la sociedad

costarricense.

La actitud de los gobiernos fue la de sostener el modelo agroexportador y tratar de

que los menos perjudicados con las medidas fueran los cafetaleros. De ahí que las medidas

para enfrentar la crisis fueran muy tímidas: solicitar a los bancos detener los remates de

fincas hasta que se superara la situación de crisis, subir el impuesto a los productos

importados como un medio de evitar la salida de divisas y fomentar el ahorro, legislar para

el establecimiento de colonias agrícolas en las que pudieran ubicarse los desocupados y

evitar un descenso abrupto de salarios utilizando el poco ahorro nacional en la construcción

de obras públicas como un medio de generar empleo y competencia laboral.

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Desde el punto de vista fiscal, se nota una intervención estatal más drástica a partir

de 1932, cuando se establece la Junta de Control de Cambios y exportación de productos

que tenía como función otorgar los permisos exportación y regular el flujo de oro y dólares.

Esto se hacía para atender el problema de la escasez de divisas y evitar la circulación de

colones que no tuvieran el debido respaldo en dólares, tal y como había sucedido años

antes. De este modo, si los importadores querían comprar en el exterior, debían recibir la

autorización y abastecerse de dólares en esta Junta, la cual también recibía el dinero de las

exportaciones y lo cancelaba en colones a los exportadores. Sin embargo, las regulaciones

de la Junta de Control fueron insuficientes y a su lado operaba el mercado negro de dólares,

razón por la que ante su fracaso se acordó que a partir de 1935 el precio de dicha moneda

quedaba dependiendo del juego de la oferta y la demanda.

Esta decisión tuvo profundas consecuencias ya que las divisas que ingresaban eran

insuficientes para hacer los pagos de la deuda externa y mantener el tipo de cambio, el cual

debió ser ajustado, pasando de 4,55 colones por dólar en 1935 a 6,16 en 1936, situación

que no sólo acrecentó la deuda externa, sino también la de aquellas personas que habían

contraído deudas en el exterior como un medio de dinamizar sus comercios o empresas. El

Estado también fue presa de los acuerdos del momento, pues en su afán de mantener divisas

en el país había negociado no para la deuda externa ni sus intereses, hasta que se hubiese

superado la crisis, lo que de hecho aumento sus compromisos financieros a futuro.

Al lado de estas medias la protesta social se hacía sentir cada vez con mayor fuerza,

razón por la que en 1933 se creó el Consejo de Obreros y Patronos para establecer el salario

mínimo de los trabajadores de fincas, talleres y empresas. De esta manera se fijaron salarios

mínimos para los trabajadores del campo en 0,25 colones la hora en fincas de café, caña de

azúcar y tabaco y en 0,50 colones en las plantaciones bananeras y cacaoteras.

A estos problemas se sumaron las protestas de los productores de café quienes desde

años atrás venían quejándose porque los beneficiadores fijaban los precios unilateralmente

y en esos momentos de crisis les estaban trasladando los costos por lo que consideraban que

recibían un trato injusto. Fue así como en 1932 se creó el Instituto de Defensa del Café

integrado por representantes de los beneficiadores, productores y del Estado, quien de esta

forma entró a mediar en el conflicto. Dicho instituto fue el encargado de fijar los precios

mínimos que anualmente debían pagarse a los productores por fanega de café entregada al

beneficiador.

El resultado de tales acciones fue el saneamiento fiscal, se mantuvo la balanza

comercial favorable y se fortaleció la caficultura, medidas que coinciden con un nuevo

ciclo de recuperación económica a nivel mundial a partir de 1935. Aunque los precios del

café siguieron bajos, el mayor volumen de ventas aumentó los ingresos; las importaciones

crecieron de nuevo y con ello aumentaron los ingresos fiscales, gracias a los cuales el

Estado pudo fortalecer su campaña de construcción de obras de infraestructura y generación

de empleo, labor en la que destaca la administración de don León Cortes, mejor conocida

con la de la "varilla y el cemento". Con la mejora en los ingresos del Estado se decretó el

fin de la moratoria y se reiniciaron los pagos de la deuda externa, mientras que los deudores

de los bancos volvieron a cancelar sus cuotas a los acreedores.

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6. Las reformas bancarias de 1936.

¿Con qué intención se dieron las reformas bancarias de 1936?

¿Qué fue lo que se reformó?

¿Cómo reaccionaron los sectores de la banca privada ante dichas reformas?

En un intento para mejorar la estructura económica y evitar problemas como los

experimentados en años anteriores, la administración de don León Cortés decidió fundar el

Departamento de Investigaciones Económicas cuya función sería estudiar la situación

nacional y sugerir las acciones del caso para atender las dificultades que se presentaran.

Para dirigirlo contrató al experto chileno Herman Max quien hizo una propuesta tendiente a

controlar el funcionamiento de la banca privada, su integración en un sistema nacional, la

promulgación de una ley de la moneda, una reforma a la fracasada Junta de Control de

Cambios y Exportación de Productos, así como mecanismos para la fijación de intereses

bancarios. Su propuesta fue adversada por la banca privada quien se oponía a la

intervención del Estado en su negocio. No obstante, el Congreso aprobó en noviembre de

1936, luego de algunas modificaciones la Ley General de Bancos y la Ley del Banco

Nacional de Costa Rica.

Con dichas leyes se pretendía evitar que los bancos quebraran por manejos

inadecuados y que orienten sus acciones en pro del desarrollo del país. El Banco

Internacional de Costa Rica cambió su nombre por el de Banco Nacional de Costa Rica, el

cual fue dividido en tres departamentos: el hipotecario encargado de canalizar el crédito

rural y el funcionamiento de los almacenes de depósito, fundados desde 1934 para facilitar

las importaciones, el comercial que apoyaba al a sector del comercio y algunos sectores

agrícolas y empresariales y el emisor que asumió el monopolio de la emisión monetaria y

el control de la cantidad de dinero circulante.

La supervisión de los demás bancos quedó a cargo de la Superintendencia de

Bancos, la cual dependía de la Secretaría de Hacienda. Igualmente, los bancos privados

quedaban obligados a mantener una parte de su capital en el Banco Nacional, aspectos

todos que se consideran antecedentes de la banca centralizada en Costa Rica. Con dichas

disposiciones el Estado se cubría parcialmente saneando el respaldo de la moneda, las

inversiones y el crédito, pero sin tocar las bases del modelo de desarrollo. Tan solo se

buscaba reorientar los recursos financieros para reactivar la economía dentro de los viejos

patrones de producción e integración al mercado mundial.

7. Los movimientos sociales, la organización obrera y sus conquistas.

¿Qué dificultades experimentaba la mano de obra campesina y los obreros en Costa

Rica antes de 1940?

¿Qué similitudes y diferencias se dieron entre las diferentes formas de protesta y

organización de los trabajadores costarricenses?

¿Qué conquistas laborales obtuvieron los trabajadores costarricenses?

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El desarrollo capitalista en Costa Rica trajo consigo una serie de problemas derivados

del acceso a la propiedad privada de la tierra y de las relaciones de producción que se

establecieron en las actividades agrícolas y artesanales. Todo ello afectó las condiciones de

vida de los trabajadores en medio de un mundo que los alejaba de los entes que tomaban las

decisiones políticas que pudieran atender sus problemas. Por eso buscaron formas de

expresar su malestar y presionar para ser escuchados y atendidos en sus demandas, las

cuales fueron evolucionando desde las simples protestas hasta llegar a acciones concretas

que los llevaron a organizarse y hacerse sentir en el plano político.

Para comprender los movimientos sociales en Costa Rica es necesario diferenciarlos

por el tipo de trabajadores afectados, pues en cada caso sus demandas, forma de protesta,

organización y conquistas laborales fueron diferentes. En ese sentido, hay que diferenciar

los movimientos de los trabajadores vinculados al agro, entre los que se distinguen los

campesinos que luchaban por el acceso a la tierra y los productores cafetaleros. Sus luchas

y las razones que las motivaban distaban de parecerse a las de los trabajadores que se

vinculaban a las actividades desarrolladas por el capital extranjero, mientras que los

trabajadores urbanos tuvieron formas más coherentes de protesta y organización que les

depararon un éxito relativo en la búsqueda de soluciones a sus dificultades.

Las oportunidades que brindó el siglo XIX para el acceso a la tierra baldía fueron

disminuyendo a finales de ese siglo cuando, la alta movilidad del campesinado y la avidez

de los terratenientes por acaparar tierra dejaron prácticamente todo el territorio nacional en

manos privadas. Nacionales y extranjeros se posesionaron de grandes propiedades que no

siempre se explotaron. El Estado, en un intento por prevenir tales procesos de

acaparamiento se había negado a otorgar o vender más tierras baldías desde fines del siglo

XIX, pero la ley siempre dejaba las puertas abiertas para que se cometieran irregularidades.

A inicios del siglo XX, aumentaron los casos de campesinos que se ubicaban en

propiedades privadas que permanecían incultas, lo que motivo el malestar de los

propietarios y demandas al Estado para que actuara a su favor.

En ese contexto, el Estado se vio obligado a emitir algunas reformas tales como la

ley de cabezas de familia en 1909 que premiaba con pequeñas extensiones de tierra baldía a

familias campesinas que se establecieran durante varios años en zonas alejadas. Esta

disposición se hizo acompañar de otra que permitía hacer expropiaciones de fincas que

habían sido invadidas por campesinos previa compensación monetaria o con más tierras a

los dueños legítimos. Pero esto último no obedeció a una acción organizada del Estado,

sino a la presión ejercida por los campesinos que se organizaban protagonizando muchas

veces acciones violentas. Sin embargo, estos movimientos nunca fueron de largo plazo,

pues una vez resuelta su dificultad inmediata, la organización se diluía. Lo importante de

hacer notar en este caso, es la existencia de un problema generalizado por el acceso a la

tierra, el cual se fue acentuando cada vez más a lo largo del siglo XX, señalando la base de

un fuerte malestar campesino hacia la gran propiedad territorial, los privilegios que

disfrutaban los extranjeros y las actividades agro ganaderas de los grandes propietarios.

Dichas protesta fueron momentáneamente atendidas sin que constituyeran un

motivo de preocupación central por parte del Estado o de los partidos políticos. Sólo los

pequeños y medianos productores cafetaleros tuvieron más éxito en ese sentido, pues

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calentaron el ambiente quejándose por la situación en que vivían, al elevar constantes

protestas por los abusos que cometidos por los beneficiadores a la hora de imponer los

precios finales de liquidación de cosechas, concesiones de crédito y fijación de intereses. Al

ser los beneficiadores un grupo pequeño, formado especialmente por extranjeros, les era

más fácil ponerse de acuerdo para que prevalecieran sus criterios en detrimento del

productor cafetalero. Por eso los productores de café se organizaron y protestaron a través

de la prensa, buscaron vías legales para solucionar sus dificultades y hasta formaron

asociaciones locales y cooperativas con el fin de defenderse de los grandes beneficiadores

que actuaban bajo condiciones propias de un monopolio. Así, entre 1900 y 1920 se

fundaron 12 organizaciones cooperativas, sin que eso garantizara el éxito de sus luchas. No

sería sino hasta 1933, cuando en el contexto de la crisis, el Estado aceptó ser árbitro en esos

problemas al fundar el Instituto de Defensa del Café y la Junta de Liquidaciones.

Por otro lado, el inversionista extranjero que se estableció en Costa Rica se

involucró en actividades nuevas como la producción bananera y la minería, las cuales no

competían con las labores a que se dedicaban los nacionales. Sin embargo, introdujeron

lógicas de trabajo, trato y explotación de la mano de obra que no se empleaban en Costa

Rica. Por eso el trabajo duro y en condiciones insalubres, el maltrato, largas jornadas,

incumplimiento de contratos, los choques culturales entre trabajadores de distintas

nacionalidades y las precarias condiciones de convivencia en barracas ubicadas dentro de

las explotaciones agrícolas o mineras, fueron las razones de las múltiples protestas y

conflictos que se presentaron en aquellos sitios de trabajo.

Dichos trabajadores tenían en común que se sentían obreros, no campesinos pues

trabajaban para otros y en la tierra de otros. Sus movimientos de protesta eran violentos y la

mayoría de las veces buscaban mejoras salariales en de las condiciones de trabajo

movilizando grandes masas de afectados. En sus luchas estuvieron solos, pues el gobierno

siempre favoreció los intereses de los inversionistas extranjeros, razón por la que muchas

de las conquistas estuvieron supeditadas al uso de la fuerza y la buena voluntad del patrono.

A inicios del siglo XX, dichas protestas fueron aumentaron considerablemente, sobre todo

en las fincas bananeras y más tarde en las minas de las serranías de Tilarán

caracterizándose algunas por sus expresiones de violencia que concluyeron con el saldo de

varias vidas. Por eso el gobierno, de una forma muy tímida empezó a mediar en algunos de

esos conflictos promoviendo el diálogo entre las partes. Las soluciones, cuando se dieron,

fueron espontáneas y no como parte de una búsqueda sistemática de soluciones por parte

del Estado. Sin embargo, esas luchas permitieron que los obreros tomaran mayor

conciencia de su situación, lo que les dio fuerza para clamar por derechos laborales.

Un caso que ilustra esta situación fue la huelga bananera de 1934 caracterizada por

su alto nivel de organización. Para esa fecha los trabajadores contaban con un sindicato

sólidamente constituido, el cual era dirigido por Carlos Luis Fallas, quien retrató la

situación vivida en su célebre novela Mamita Yunai. En aquella ocasión los trabajadores

demandaban un incremento de salarios, reducción de la jornada laboral, el pago del salario

en efectivo y no con fichas, mejorar las condiciones de trabajo, el establecimiento de

dispensarios en las fincas, así como la eliminación de varias prácticas usadas por la

compañía bananera para la compra de la fruta. El movimiento se extendió por toda la zona

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Atlántica y se expresó con fuerza y violencia, siendo reprimidos duramente por el gobierno

y la compañía.

En el caso de los trabajadores urbanos, aunque la economía agroexportadora había

inhibido el desarrollo industrial, esto no hizo eliminó ciertas industrias y talleres artesanales

en las ciudades. Sus trabajadores se unieron en sus luchas a los empleados del comercio, el

sector servicios y la burocracia estatal, con quienes sentían un destino común caracterizado

por los bajos salarios, jornadas laborales largas y no reguladas, accidentes laborales y

deterioro de las condiciones de vida motivadas por los precios de los artículos de consumo,

la especulación, las precarias condiciones de vivienda, el abuso con los alquileres y las

malas condiciones de trabajo en las fábricas. Todo esto les permitió ir conociendo y

desarrollando su identidad como grupo, se sienten proletarios y conocen de dónde vienen

sus problemas, aspectos todos que le permiten ir tomando conciencia de su situación como

obreros.

Estos trabajadores buscaron formas de atender sus dificultades y para ello fundaron

asociaciones mutualistas desde el siglo XIX consistente en cajas de ahorro que establecían

los gremios para ayudar a sus afiliados a desarrollar sus actividades o recibir auxilios en

caso de enfermedad o muerte. Sin embargo, éstas eran acciones espontáneas y no

fructificaron como un movimiento sólido y acabado. En 1901, se fundó la Liga de Obreros

en San José con la intención de ingresar en el juego político y llevar diputados al Congreso

que legislaran a su favor. En 1902 lograron elegir un diputado, pero luego el movimiento se

diluyó. En los años siguientes los obreros urbanos se dedicaron a fundar una serie de

organizaciones que los agrupaban según oficio, pero sin que llegaran a formar parte de un

movimiento unificado.

Las ideas socialistas y anarquistas circulaban ampliamente ente los obreros y

adquirieron mayor difusión cuando en 1912 un grupo de intelectuales fundó el grupo

Germinal con ese fin. Su labor tuvo éxito, cuando en 1913 se fundó la Confederación

General de Trabajadores con un carácter nacional y se celebró por primera vez el 1 de mayo

como día del trabajador. Antes de esa fecha, las agrupaciones obreras buscaron los canales

institucionales para resolver sus dificultades, ya fuera nombrando diputados o apoyando a

determinados grupos políticos, lo cual les restó independencia como movimiento propio. Su

objetivo no era cambiar la sociedad, pero mientras tanto fueron tomando conciencia de su

situación sobre todo con la difusión de las ideas socialistas y anarquistas. Esto hizo que

algunos de los sindicatos y líderes obreros optaran por vías radicales (marxistas) para

demandar soluciones a sus problemas, pero la mayoría se caracterizó por buscar vías

moderadas y reformistas, utilizando la negociación.

Antes de 1920, su forma de organización fue muy débil, pero después de esa fecha

se desarrollan los sindicatos modernos que aprovechan las circunstancias políticas del

momento para obtener importantes conquistas. La década del veinte se caracteriza por la

gran variedad de movimientos huelguísticos urbanos de ebanistas, carpinteros, albañiles,

zapateros, tipógrafos, pureros, costureras, trabajadores del tranvía, plantas eléctricas,

recolectores de basura, obreros de fábricas textiles, empleados públicos, sastres, etc.

Gracias a la presión que ejercieron, a su participación en la caída del régimen de Tinoco, al

temor al comunismo y la coyuntura reformista internacional, lograron varias conquistas

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como la jornada laboral de 8 horas para los empleados públicos, la emisión de leyes para

garantizar el abasto de ciertos productos y castigar la especulación, la emisión de la ley de

inquilinato en 1922 para regular el cobre de alquileres de vivienda, la emisión de la ley de

accidentes de trabajo y la creación de Banco de Seguros en 1924.

Aunque no lograron éxito en todas sus demandas, el movimiento obrero urbano

salió fortalecido de estas luchas e incluso encontró una buena voz política en las filas de

Partido Reformista de don Jorge Volio, al cual no dudaron en apoyar. Pero los liberales

tampoco podía obviar la existencia de la problemática social y la prosperidad de la década

del veinte fue propicia para que el Estado se ocupara de los temas de higiene, salubridad

pública y relaciones laborales, proponiéndose en 1928 desarrollar un proyecto de trabajo y

bienestar social que entre otras cosas contemplaba la redacción de un Código de Trabajo.

Lamentablemente la crisis de 1929 acabó con estas intenciones, pues la atención del

Estado se dirigió a atender la problemática económica y fiscal y se bajó la guardia en la

atención de la temática laboral. Los despidos, la desocupación, las bajas en los salarios y el

decrecimiento de su poder adquisitivo por la devaluación, la escasez de productos de

consumo básico, la especulación con los alquileres y la mala atención de los problemas de

salud fueron la nota constante. Para esos años, fue el Partido Comunista, fundado en 1931,

quien tomó la bandera de los trabajadores para intentar introducir algunas reformas por la

vía legislativa. No obstante, su radicalismo hizo que los sindicatos obreros se orbitaran en

torno a diferentes banderas políticas sin que pudieran mantener el impacto de las conquistas

que habían logrado en la década de los veinte.

Los trabajadores bananeros en la década del treinta.

"Las condiciones de vida del trabajador bananero eran paupérrimas como

consecuencia de los bajos salarios que recibían. Vivían en ranchos destartalados,

insalubres, desprovistos de agua potable, de letrinas y de electricidad. La falta de agua

ocasionaba enfermedades del aparato digestivo, que al combinarse con la transmisión de

la fiebre palúdica, por medio de los mosquitos, creaba condiciones de trabajo malsano. En

esa década, las principales causas de mortalidad en Limón eran el paludismo, la

tuberculosis, las enfermedades circulatorias, la tifoidea, la fiebre amarilla y los accidentes.

Eran propios de la cultura del peón bananero el desarraigo, la soledad y una especia de

nomadismo, los cuales se asociaban con el alcoholismo, la prostitución y formas menores

de hechos delictivos como la riña, la ebriedad y el escándalo en la vía pública."

Jorge Mario Salazar. Crisis liberal y Estado Reformista en Costa Rica. Editorial U.C.R, San

José 1995, p.162.

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8. La dinámica política y los partidos políticos.

¿Qué características tenían los partidos políticos?

¿Cómo era la dinámica político - electoral?

¿Qué diferenciaba a los partidos Reformista y Comunista de los partidos tradicionales?

La elite política que se constituyó durante el siglo XIX, buscó la forma de controlar

el acceso al poder estableciendo una serie de requisitos para ostentar la condición de elector

y la posibilidad de ser electo. El saber leer y escribir, así como la posesión de bienes de

fortuna limitaron el acceso a la conducción del Estado. No obstante, las reformas que se

dieron después de 1885 definieron una serie de nuevas normas de convivencia social que

obligaron a perfeccionar el juego político electoral y mejorar el sistema de partidos.

Después de 1890, los gobernantes de Costa Rica, con excepción de Federico Tinoco, fueron

civiles que llegaron al poder después de haber disputado el mando en campañas electorales

que tenían como base una participación popular creciente.

Esto llevó a buscar formas de ganarse el electorado y de manipular sus decisiones,

aspectos que llevaron a la formación de partidos políticos, al desarrollo de plazas públicas

donde se hacían toda clase de ofrecimientos y al empleo del fraude como último recurso

para posesionarse del mando. A pesar de ello, el papel de la prensa, la aparición de

corrientes adversas al liberalismo, el aumento de las demandas populares y la organización

obrera, obligó a los grupos políticos a ir depurando las formas de acceso al poder. Esto fue

evidente en la década de los veinte, cuando a partir de los cuestionamientos que se hicieron

a la democracia liberal por las injusticias que se cometían con la población, las ideas

políticas se renovaron, surgieron partidos nuevos, se incorporó el tema de la justicia social,

los viejos líderes renovaron sus ideas y programas y se trató de incorporar más activamente

a los distintos sectores sociales en el proceso electoral.

Varios proyectos en este sentido habían sido planteados desde inicios del siglo por

líderes vinculados al Partido Republicano, en especial don Ricardo Jiménez, sin que

tuvieran buena fortuna. No fue hasta 1913 que se aceptó la incorporación del voto directo,

público y masculino, el cual pasó a ser secreto hasta 1925. A esta disposición le acompañó

el establecimiento de un Registro Cívico, para llevar control de los votantes y un Consejo

Electoral, con lo cual se pretendía evitar los fraudes. Sin embargo, la figura del Poder

Ejecutivo estaba siempre tras la organización y dirección del proceso, lo que dio paso a

múltiples irregularidades. En 1932, se dio un importante avance al establecerse una nueva

ley electoral que reglamentaba la formación e inscripción de partidos políticos y el proceso

electoral. Esta ley fue mejorada en 1936 cuando se estableció la obligatoriedad del voto

para todos los ciudadanos costarricenses. Cabe indicar que todas estas reformas fueron

gestadas en la cúpula del poder, muy especialmente, por líderes vinculados al Partido

Republicano.

Una característica más de la dinámica política de esta época era el carácter

personalista de los partidos, pues se formaban en torno a un líder, sus programas eran poco

definidos y tendían a desaparecer una vez concluido el proceso electoral. Por eso los

partidos, más que por su nombre eran reconocidos por el apellido del líder: Jimenismo,

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Cortesismo, Fernandismo, etc. Esto también se debía a la forma en que se desarrollaban las

campañas, donde era frecuente el trato directo y personal, el compadrazgo y las expresiones

carismáticas y de prestigio del líder. A estas expresiones se unía el clientelismo logrado a

través del apoyo de los gamonales en los pueblos y a la forma en que se desarrollaba el

proceso eleccionario, cargado de pasiones e intrigas, que se expresaban como una

verdadera contienda donde lo importante era el triunfo, sin importar los métodos. Ese fue el

espacio práctico donde desarrollaron sus habilidades los maestros del fraude electoral.

Ideológicamente la mayoría de los partidos se identificaban con el ideario liberal,

asumiendo posiciones reformistas para mantener el sistema político y económico cuando

fuera necesario. De los partidos liberales el de más larga duración fue el Republicano que

nació como un club patriótico y popular para evitar la reelección de Rafael Yglesias. Más

tarde aumentó su fuerza con el apoyo de partidarios del desaparecido Unión Católica y del

Partido Socialista y tuvo como sus principales líderes a Máximo Fernández y Ricardo

Jiménez. Su programa nunca fue definido como uno de largo plazo e ideológicamente

coordinado, pero sus líderes fueron muy versátiles para acomodar sus objetivos y reformas

a las condiciones de cada uno de los momentos en que participaron.

Contrario a las particularidades de los partidos liberales, fue el nacimiento del

Partido Reformista en 1923, teniendo como principal líder al General Jorge Volio. Su

creación tiene como antecedente el malestar de la liga cívica que se formó luego de la caída

de Tinoco, con el acercamiento que el presidente Julio Acosta tuvo con los sectores

tradicionales del liberalismo. A ello se sumó el interés de la Confederación General de

Trabajadores por participar a nivel político y luchar por reivindicaciones sociales razón por

la que no dudaron en apoyar este movimiento, aunque a la larga eso significó la disolución

de la Confederación. Poco después de su fundación participó en la campaña electoral de

1924, donde acuerdo a la ley, el Congreso tuvo que decidir la elección presidencial porque

ninguno de los candidatos tuvo mayoría de votos.

En esa ocasión los diputados reformistas y republicanos se unieron para nombrar

como primer designado a don Ricardo Jiménez y como segundo a don Jorge Volio, al igual

que se logró ubicar a reformistas en las secretarías de Educación y Fomento. Esta pacto

para obtener una cuota de poder, contradijo uno de los postulados básicos del partido, el

cual repitió la historia cuando apoyó la elección de Cleto González en 1928, aspectos que

llevaron a la posterior disolución del movimiento. Muchos de sus seguidores se aliaron a

las filas del Republicano, donde la apertura a la introducción de reformas satisfacía algunos

de sus compromisos políticos.

Del Partido Reformista es importante destacar su compromiso para reivindicar las

aspiraciones de la masa obrera atendiendo el problema de la vivienda, la estabilidad laboral,

el desarrollo de campañas de higienización y nutrición, la fundación de cooperativas y la

puesta en práctica de una reforma agraria. También proponían una reforma jurídica que

entre otras cosas impulsaría el compromiso del Estado con la educación laboral y el acceso

para las mayorías a la educación media y superior. Estos compromisos quedaron plasmados

en su programa de trabajo y en su carta ideológica que revela una profunda identificación

con el cristianismo social inspirado en las encíclicas papales como la Rerum Novarum.

Todo esto implicaba hablar de un nuevo concepto de Estado, el cual debía intervenir en

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asuntos concretos de la economía y la sociedad para atender problemas que se consideraban

graves y urgentes.

Una vez diluidas las fuerzas del reformismo y en el contexto de la crisis económica

de inicios de los años 30, nace el Partido Comunista como fuerza radical y opositora al

liberalismo. Este fue fundado en el 16 de junio de 1931 teniendo como antecedente

inmediato la fundación de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, establecida dos

años antes. Dicha Asociación se convirtió en un centro de estudios marxistas que contó con

el apoyo de cierto grupo de estudiantes universitarios, en especial de derecho, así como

dirigentes sindicales y varios obreros quienes intentaron revivir el proyecto de universidad

obrera de Joaquín García Monge.

El secretario general del partido fue don Manuel Mora Valverde y se presentaron a

los procesos electorales luchando porque se cumpliera su programa mínimo en el cual

proponían la fundación del seguro social, la reglamentación del trabajo, la fijación

obligatoria de la jornada de trabajo de 8 horas tanto en el sector público como privado y de

6 horas en las industrias agotadoras, el salario mínimo, el derecho a la organización sindical

y a la huelga, la construcción de casas para los trabajadores, la educación gratuita a todo

nivel y la creación de la universidad obrera. A partir de 1932, participaron en procesos

electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos ganando cada vez más

votos, lo que les permitió obtener puestos de representación en algunas municipalidades y

en el Congresos.

En sus primeros años de existencia el partido se caracterizó por su posición

ultraizquierdista que impulsaba la lucha de clases y la administración estatal de todos los

medios da producción excluyendo cualquier posibilidad de pactar con otros sectores

políticos. En 1935, después de la VII Conferencia de la Internacional Comunista, en la que

por primera vez participó una delegación costarricense, atenuaron su posición y optaron por

la constitución de un frente popular de lucha contra el fascismo y el imperialismo. De ese

modo proclamaban su compromiso por la constitución de un frente de lucha a favor de la

democracia y el bienestar popular e integraron un frente nacional anti nazi durante la II

Guerra Mundial. Este cambio, le valió un apoyo creciente después de 1938, ya que se

adaptaban a las particularidades de la escena política del país.

La participación de este partido en pro de los derechos de los trabajadores y el

mejoramiento de sus condiciones de vida fue altamente destacada tanto en el Congreso,

como apoyando diferentes movimientos huelguísticos, tal y como sucedió con la huelga

bananera de 1934.

La década de 1930 se expresó como un período de gran trascendencia política ya

que las condiciones económicas y sociales hicieron que las ideas reformistas y

revolucionarias penetraran la estructura de los partidos, los programas fueron mejor

elaborados y lo líderes tuvieron que apostar por el cambio como un medio de lograr el

apoyo electoral. Sin embargo, en la práctica atender las condiciones económicas era la

prioridad de los gobernantes, que como don León Cortés (1936-1940) centraron su atención

en la construcción de obras de infraestructura, limitaron la expresión de la protesta obrera,

rechazaron proyectos de interés social y permitieron prácticas políticas reprochables como

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el brochismo y el nepotismo para obtener favores políticos. Así la década de los cuarenta

iniciaba con una gran cantidad de problemas acumulados en el campo social y económico

acentuado por la práctica política de enredos, componendas y manipulaciones para

favorecer los intereses de los grupos dominantes.

9. La Segunda Guerra Mundial y el problema económico y social. Una nueva crisis.

¿Qué problemas enfrentaba la economía y sociedad costarricense a inicios de 1940?

¿En qué consistía el compromiso político del presidente Rafael Angel Calderón

Guardia, cuando asumió la presidencia en 1940?

¿Cómo hizo el presidente Calderón Guardia para atender el problema económico y

social?

En 1940 llegó a la presidencia de la República el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia

con un amplio respaldo del electorado pues obtuvo el 85 % de los votos emitidos en esa

ocasión. Su único contendor fue el Partido Comunista que logró el 9,8 % de los votos, pues

dadas las maniobras políticas de la época y el apoyo del presidente Cortés, Calderón pudo

presentarse como el candidato que podía defender los intereses de los sectores del capital

(productores y beneficiadores de café, comerciantes, banqueros e industriales) de la

burguesía progresista y crítica y de los sectores populares con quienes se comprometía a

atender muchos de sus problemas sociales.

Antes de ser electo, había desempeñado cargos de representación popular en la

municipalidad de San José y como diputado en el Congreso durante el período 1936-1940.

De él era conocida su actitud filantrópica y su identificación con las ideas del cristianismo

social acrecentadas por la formación y ejemplo que recibió de su padre el Dr. Rafael

Calderón Muñoz y los estudios que tuvo la oportunidad de desarrollar en Bélgica

conociendo de cerca la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento del Cardenal Mercier y

las enseñanzas derivadas del Código de Malinas. Todo esto lo hacía un líder carismático y

de fuerza para contener la amenaza comunista.

En su programa de gobierno incorporó algunos puntos sugeridos por sectores

progresistas del país que abogaban por la intervención estatal para promover el desarrollo

industrial, el mejoramiento de las condiciones de vivienda, los seguros de vejez, medidas

proteccionistas para la agricultura y ayudas al pequeño propietario, pues eran coincidentes

con suposición de que el Estado debía ser mediador en la solución de los conflictos que se

presentaran entre las distintas fuerzas sociales.

Su ascenso al poder coincidió con la II Guerra Mundial, la cual se había iniciado en

1939. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl

Harbor y Costa Rica en solidaridad con los Estados Unidos, al día siguiente le declaró la

guerra a Japón. Tres días después lo hizo contra Italia y Alemania. Pero este no fue un

hecho fortuito, pues el país venía padeciendo las consecuencias de este conflicto ante el

cierre de los mercados europeos para su principal producto de exportación, el café. Por su

parte, la situación de guerra hizo que los Estados Unidos centraran sus esfuerzos para

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atender el conflicto bélico y prestar ayuda a sus aliados, lo que se tradujo en una

disminución de los artículos importados. Nuevamente estos años fueron de crisis

económica.

Para esta época el 80 % de las exportaciones correspondían al café y el banano, más

del 50% de la población económicamente activa estaba dedicada a labores agrícolas, la

tierra estaba concentrada en pocas manos mientras que la elite agraria y comercial captaba

la mayor parte del crédito privado y público inhibiendo el desarrollo industrial. Desde 1939

el precio del café había empezado a descender de nuevo, el 75 % de las exportaciones de

ese fruto de dirigían hacia Europa y durante el conflicto solo el 5 % de ese producto fueron

compradas los europeos. La producción bananera se concentraba en el Pacífico Sur, donde

a raíz de las enfermedades se habían abandonado las plantaciones en Quepos y Saavegre.

La compañía reordenó sus actividades y coordinó la producción con la que tenía en la

división Chiriquí, sufriendo los embates del mercado, pues los buques habían sido

utilizados para la guerra. Eso la hizo bajar producción y abandonar tierras despidiendo una

gran cantidad de trabajadores. Estos, mejor organizados, protestaron violentamente

demando soluciones por parte del gobierno.

Bajo tales circunstancias los pagos adelantados por la cosecha de café dejaron de

llegar, disminuyeron las divisas para compras al exterior, mientras que los artículos

importados escaseaban. Faltaban artículos para la industria y el comercio pues Estados

Unidos ya no los proveía en las cantidades que lo hacía antes, tampoco daba crédito y

exigían los pagos en efectivo. Hubo carestía de artículos nacionales de consumo básico

como la manteca y el arroz y de los importados como fósforos, harina, metales, cemento,

materia prima para sastrería, etc. Todo esto dio paso al acaparamiento, la especulación y el

desarrollo de un mercado negro que generó gran malestar entre la población que se

encontraba agobiada con la situación y la pobreza que arrastraban desde años atrás.

De todos los sectores se demandó la intervención estatal pero no todos estuvieron de

acuerdo con las medidas. Para atender el problema cafetalero, se fijó por ley el precio de la

fanega de café, se trató de estimular la actividad exonerándola de ciertos impuestos y se

firmó un convenio de cuotas de exportación con el gobierno de los Estados Unidos, gracias

a lo cual pudo colocarse más del 50 % de la producción a precios muy favorables. También

se dieron facilidades para que la banca estatal financiara las cosechas de café y otros rubros

de la producción nacional. En su intento por sanear la moneda supeditó el funcionamiento

de la banca privada a disposiciones emanadas del Banco Nacional de Costa Rica, el cual

controló la cantidad de dinero circulante y la venta de divisas.

También se emitieron leyes para el fomento y protección de la industria y se

establecieron disposiciones que regulaban las relaciones entre los productores y

procesadores de tabaco y caña de azúcar. Estos acuerdos no fueron compartidos por los

sectores dueños de capital quienes sintieron una fuerte intromisión del Estado en sus

negocios, razón por la que empezaron a distanciarse políticamente de Calderón y a

organizarse como oposición a su gobierno. El distanciamiento fue mayor cuando a raíz de

la declaratoria de guerra a Alemania el buque bananero San Pablo, anclado en Limón, fue

destruido, supuestamente por un torpedo proveniente de un submarino enemigo. A ello se

sumó la confiscación de bienes, la elaboración de listas negras y el traslado a campos de

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concentración de ciudadanos alemanes e italianos, muy vinculados al mundo del comercio

y la banca.

Estos hechos unidos a los discursos anti nazis, generaron un clima de alta tensión

que acabaron en disturbios y saqueos de los negocios confiscados. Dichos negocios y

propiedades fueron puestos en manos de una Junta de Custodia, que los entregó para su

administración a algunos nacionales allegados al gobierno para que los administraran

mientras durara la guerra, lo que ocasionó malestar por la corrupción que esto significaba.

A ello se sumó la campaña de construcción de obras públicas, sobre todo de la carretera

interamericana con el financiamiento de capital norteamericano, con el que se favorecieron

constructores amigos del gobierno. Todo esto hizo aumentar el malestar contra el gobierno,

el cual aplicó mano dura con sus detractores. Este fue el caso de José Figueres, una figura

poco conocida del mundo político para ese entonces, quien tomó los micrófonos de la radio

para denunciar, criticar y recriminar al gobierno por sus actos lo que le valió la expulsión

del país.

La problemática social no era menos angustiante que la económica. A inicios de

1940 la población del país apenas superaba los 650000 habitantes pero crecía con rapidez,

sobre todo en los centros urbanos como San José y otras ciudades de la parte central del

país. De ese total de población aproximadamente el 70 %, dependía de un salario para

sobrevivir, por eso se constituían en el sector menos favorecido de la sociedad el cual

arrastraba una serie de dificultades que se profundizaron con la situación de crisis. La

escasez de productos, la especulación, el aumento de los precios, los bajos salarios y las

malas condiciones de trabajo fueron su problema más inmediato. A ello se unía la

deficiente atención de la salud, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, los problemas

para tener acceso a la vivienda, a la educación, a la tierra y la dispersa legislación laboral

que no protegía a todos por igual. Pero así como eran una mayoría desprotegida, formaban

un sector de gran peso político que también ejerció presión para que el Estado atendiera sus

problemas, situación que no se podía dejar pasar por alto dado el avance político que

estaban teniendo los comunistas.

Considerando la situación del momento y dadas las divisiones evidentes en el grupo

que había llevado a Calderón al poder, el gobierno decidió cambiar de rumbo a partir de

1942 y tomó la decisión de impulsar una profunda reforma social.

Sobre el pensamiento del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

"En mis estudios universitarios encontré una comprobación más clara y más profunda de

que no erraba al buscar dentro de las doctrinas de la Iglesia, el principio, el impulso y la

voluntad de justicia que faltaban en un mundo materialista, dominado por el grosero y

cruel dominio del más fuerte sobre el más débil, de esclavitud económica impuesta por

unos pocos sobre las grandes masas humanas, y de brutalidad y tiranía por parte de los

que disponen de fuerza."

Rafael Angel Calderón G. El gobernante y el hombre frente al problema social

costarricense. 1942.

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"El Estado ya no puede limitar su acción a una gestión administrativa, pura y simple, ni

permitir el libre juego de factores que no pueden vivir ni progresar sin un cabal

ordenamiento de los mismos. La armonía social exige, antes que la abierta competencia de

las fuerzas económicas, al intervención del Estado a fin de evitar que unas se pongan sobre

otras, con detrimento del tranquilo desarrollo de la colectividad."

Rafael Angel Calderón. Mensaje presidencial al Congreso. 1 de mayo de 1942

10. La Reforma Social de los años cuarenta.

¿En qué consistió la reforma social que se dio durante la administración del Dr. Rafael

Angel Calderón Guardia?

¿Por qué razón las diferentes fuerzas políticas progresistas se unieron para apoyar esta

reforma?

¿Qué importancia ha tenido para la sociedad costarricense esta reforma social?

La pérdida de apoyo político que tuvo el gobierno Calderón Guardia, los llevó

replantear su estrategia de trabajo para hacerla coincidir con los principios ideológicos que

defendía su líder y los compromisos expuestos en su programa de gobierno. A ello

contribuyeron otros factores, como el ascenso a la silla arzobispal de Monseñor Víctor

Manuel Sanabria Martínez en 1940, personaje altamente comprometido con los principios

de la doctrina social de la iglesia. Por otra parte, los cambios que había generado la guerra

con la Unión Soviética luchando al lado de los aliados y la directriz para que los partidos

comunistas transaran alianzas que llevaran al mejoramiento de las condiciones de vida de

los trabajadores fueron propicios para que se constituyera un bloque político que impulsara

una reforma social.

Sin embargo, la reforma social no es un hecho aislado y hay que visualizarla como

parte de los cambios que el país demandaba del Estado, el cual requería asumir un papel

interventor en aquellos asuntos que fueran necesarios para proteger a la ciudadanía y evitar

que el conflicto social desestabilizara la democracia y el modelo de desarrollo económico.

En medio de la crisis, la reforma se inició en el campo de la economía con una serie

de medidas aisladas e inconexas que fueron fruto de la necesidad de resolver problemas

inmediatos, pero que culminan con una clara intervención estatal regulando aspectos claves

de este campo. En lo político, el nuevo concepto de Estado debía cimentarse sobre la base

de un grupo que rompiera con la tradición liberal y se expresara como una nueva fuerza

portadora de una ética de reconciliación y justicia social. Para esto era necesario actuar con

cálculo político y garantizar que este grupo se mantuviera en el poder para materializar los

cambios. Por eso, aunque la reforma electoral estaba en la mesa de discusión, no hubo

mucha prisa para atenderla. Pero lo social si era urgente y debía ser atendido en forma

sistemática.

El apoyo y acercamiento con la Iglesia se obtuvo recién iniciado el gobierno cuando

se abolieron las reformas liberales y se volvió a incluir la enseñanza religiosa como parte de

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la educación formal. Posteriormente se le brindó oportunidad de abrir más centros de

enseñanza media a la vez que el 26 de agosto de 1940 se decretaba la apertura de la

Universidad de Costa Rica como ente formador de los profesionales que el país requería

para atender los cambios propuestos. A esto se unió la voluntad por reordenar una serie

leyes y decretos vinculados al campo educativo, los cuales fueron expresados en el Código

de Educación emitido en 1943. Bajo esta nueva disposición se mejoraron los índices de

alfabetización, aumentaron los centros de educación media y en los años siguientes

abrieron escuelas vespertinas e indígenas, así como centros para impulsar y mejorar la

formación del magisterio.

Uno de los impactos más trascendentes se dio en el sector salud, cuando en 1940 el

Estado emite la ley de asistencia y promoción social que le compromete atender este

campo. Consecuente con esta disposición, el 1 de noviembre de 1941 se fundó la Caja

Costarricense de Seguro Social para atender los campos de enfermedad, invalidez, vejez,

muerte y paro involuntario, institución que aunque en un inició tuvo una cobertura

restringida la fue ampliando con el paso de los años. En 1942 y ante la coyuntura política

que vivía el gobierno se buscó el apoyo de los comunistas y de la Iglesia presentándose ante

el Congreso el proyecto de las Garantías Sociales. Estas fueron aprobadas por el Congreso

el año 1943 y consistieron en una reforma al artículo 29 de la Constitución, con lo cual el

Estado quedaba obligado por la máxima ley de la República atender dos asuntos

fundamentales para la mayoría de los costarricenses.

Por un lado se comprometía a corregir los abusos en el acceso a la propiedad y el

derecho de los campesinos a cultivar parcelas incultas y por otro a fijar una serie de

disposiciones que garantizaran el derecho al trabajo, la protección de la familia, la fijación

de la jornada laboral en ocho horas, el salario mínimo, la organización sindical, el derecho a

la huelga y la firma de contratos colectivos de trabajo. Igualmente se señalaba el

compromiso de impulsar la construcción de viviendas populares, la preparación técnica de

los trabajadores, la creación de tribunales de trabajo y el derecho al seguro social para el

trabajador y su familia.

Dicho mandato constitucional debía quedar expresado en una ley que fue el Código

de Trabajo, el cual entró en vigencia el 15 de setiembre de 1943. A partir de ese momento

quedaron estipulados por la ley los derechos de los trabajadores a organizarse, a hacer

huelgas, firmar negociaciones colectivas de trabajo, fundar organizaciones corporativas en

pro de sus intereses (cooperativas) la regulación de la jornada de trabajo para hombres,

mujeres y menores, la fijación del salario mínimo, pago de horas extra, vacaciones, el

arbitraje obligatorio del estado en caso de conflictos laborales y su obligación de velar por

la dignidad del trabajador, entre otras cosas. Estos han sido derechos que se han ido

ampliando y mejorando con el paso de los años, constituyéndose en una conquista

fundamental para los trabajadores costarricenses.

Medidas complementarias fueron una serie de disposiciones menos sistemáticas

que marcharon acordes con este proceso de reforma social. Este fue el caso de los acuerdos

para apoyar a los trabajadores en su actividades agrícolas y en el acceso a la tierra , la

creación de una oficina para el control de precios y de la Junta Central de Abastos

encargada de fiscalizar la exportación de importación de artículos de primera necesidad,

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fijar precios y evitar la especulación. A ellas se sumaron los decretos para fijar salarios

mínimos los cuales subieron entre un 20 y un 50%, sin olvidar otros acuerdos tendientes a

la atención de la nutrición infantil y necesidades de los escolares.

En el campo de la vivienda se estableció, desde 1940 la Junta Nacional de

Habitación y en 1942 la Cooperativa de Casas Baratas La Familia que beneficiaba a

peones, obreros, artesanos y empleados con salarios menores a 250 colones. Entre 1942 y

1945 se construyeron 197 casa en proyectos habitacionales bien planificados como las

ciudadelas Calderón Muñoz y Carlos María Jiménez. A partir de 1945 el programa de

construcción de viviendas populares fue incorporado a la Caja Costarricense del Seguro

Social y gracias a su acción se edificaron más de 686 casas entre 1945 y 1954. Este

constituye el antecedente inmediato de la creación del INVU.

11. La recomposición de las fuerzas políticas y la administración de Teodoro Picado.

¿Qué impacto tuvo la situación de crisis y las medidas tomadas por la administración

Calderón en el campo político?

¿Cuáles eran las propuestas de los grupos que adversaban a Calderón?

¿Qué hicieron los Calderonistas para robustecer su poder y proyectos?

¿Qué logros y nuevos problemas se presentaron en la administración de Teodoro

Picado?

Las medidas económicas tomadas por el gobierno de Calderón fueron interpretadas

de muy diversas formas por los sectores dueños de capital, pero en su mayoría externaron

su malestar y oposición por lo que consideraban una intromisión del Estado en asuntos de

economía y un aumento de sus gastos pues tendrían que contribuir al financiamiento de la

reforma social en un momento donde la situación económica del país no era la mejor. A

ello sumaban las denuncias de corrupción, despilfarro y malos manejos por parte del

gobierno, el cual había aumentado su presupuesto enormemente hasta cerrar con déficit

muy grandes por el costo de financiar la reforma social y la disminución en los ingresos del

Estado. A ello se sumaba la presencia de un número cada vez mayor de militantes

comunistas en las instituciones del Estado, sobre todo las que debieron crearse para poner

en práctica la reforma social, lo que para los opositores eran signos evidentes de infiltración

comunista y una amenaza a sus intereses.

Por estas razones los sectores de la burguesía agraria, comercial y bancaria

empezaron a expresarse como fuerza opositora del gobierno, aglutinándose en torno a León

Cortés como su líder y candidato presidencial para las elecciones de 1944. Por otro lado,

un grupo de jóvenes intelectuales de clase media habían fundado un centro de estudios

sobre la realidad nacional en 1940 y asumiendo una posición reformista y desarrollista

empezaron a plantear duras críticas a la labor, acciones y asuntos no atendidos por el

gobierno. Este grupo recibe el nombre de Centro para el Estudio de Problemas Nacionales

(CEPN) y se expresó como un grupo crítico y propositivo que no pretendía, por el

momento, transformarse en partido político.

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Entre los miembros del CEPN, estaban Roberto Brenes Mesén, Carlos Monge

Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, Rodrigo Facio, etc. Sus expresiones fueron esencialmente

críticas para terminar proponiendo ideas acerca de la intervención estatal en la

diversificación de la economía y su mayor participación en la dirección de las actividades

tradicionales. En suma impulsaban un programa de rectificación económica que garantizara

una distribución más justa de la renta nacional, un mayor control sobre las empresas de

capital nacional y extranjero, el impulso de actividades productivas por el Estado, todo lo

cual debía ser orientado por instituciones autónomas encargadas de organizar la producción

nacional. Con ello se obtendrían los ingresos necesarios para atender las demandas sociales,

por eso solucionar lo económico era el primer y más urgente paso.

Por su parte las fuerzas de gobierno buscaron ampliar su plataforma de apoyo y no

dudaron en buscar la bendición de la iglesia católica para su programa de reforma social.

Este último también fue compartido con el partido comunista, quien en función de dicho

proyecto no dudó en brindar el apoyo al calderonismo convirtiéndose en un gran animador

para que las fuerzas populares se expresaran públicamente en marchas y manifestaciones de

apoyo a la gestión del presidente Calderón Guardia. Esos fueron momentos muy convulsos

y criticados por la oposición, que vieron en dichas manifestaciones la intromisión del

comunismo. Sin embargo, el proyecto de reforma no era asunto de leyes y nada más, razón

por la que estas fuerzas aliadas buscaron la forma de continuar en el poder para garantizar

la maduración y éxito de la reforma social.

Para las elecciones de 1944 el gobierno apoyó la candidatura de Don Teodoro

Picado Michalsky, mientras que los comunistas en la coyuntura de la reforma habían

obtenido el beneplácito de la iglesia para que los católicos pudieran apoyarlos siempre y

cuando se expresaran como una fuerza política renovada, razón por la que optaron por el

nombre de Vanguardia Popular. Este partido tuvo como eje de su lucha consolidar y

ampliar la reforma social, razón por la que no fue difícil que se coaligaran con las fuerzas

del calderonismo para constituir lo que en aquel momento se llamó Bloque de la Victoria.

La oposición se presentó con su candidato León Cortés, expresando una serie de

duras críticas al gobierno por la ineficiencia administrativa, la corrupción y la necesidad de

garantizar el respeto al sufragio. El tema electoral cobró especial importancia en esta

ocasión, pues era mucho lo que estaba en juego y de todas partes venían presiones y actos

anómalos para acceder al poder e impulsar poder impulsar los proyectos tras los que se

aglutinaba cada grupo. Las elecciones fueron ganadas por don Teodoro Picado quien

aunque no tuvo el mismo apoyo que se le había dado a Calderón, ganó de una manera

holgada. Su gobierno se caracterizó por tratar de buscar la conciliación nacional aunque con

muy poco éxito, pues las pasiones y críticas ardían por todo lado.

Los esfuerzos se centraron en ordenar la hacienda pública, procurar el saneamiento

fiscal y atender problemas económicos inmediatos que eran secuela de crisis. Así, se

emitieron leyes para impulsar las actividades económicas, controlar la especulación,

mejorar la confección y ejecución del presupuesto, las ayudas a los productores agrícolas y

se restituyó el impuesto sobre la renta a partir de 1946. En el campo social continuo con el

mejoramiento de la reforma social, mientras que en lo político el esfuerzo se centró en la

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confección de un nuevo Código Electoral que garantizara la pureza del sufragio y el respeto

a la voluntad popular. Con dicho código, se evitaban muchas de las anomalías que habían

caracterizado los procesos electorales de años anteriores que era una de las principales

críticas de la oposición.

A pesar de los esfuerzos toda la administración de Picado fue un período muy

convulso. Las críticas por su alianza y presencia de los comunistas en el gobierno, la

influencia y poder del calderonismo y la desconfianza continua a las decisiones

gubernativas eran parte de los cotidiano. La prensa se polarizó y asumió posiciones duras

contra el gobierno, los sectores dueños de capital no se quedaban atrás y lanzaban

constantes amenazas, los miembros del CEPN valoraban la posibilidad de convertirse en

partido político y los sectores tradicionales perdieron a su líder León Cortés, quien falleció

en 1946. Dichas expresiones de molestia dividieron al pueblo costarricense, el cual fue

convocado por José Figueres (había regresado al país en 1944) a una huelga de brazos

caídos en agosto de 1947 como repudio al gobierno.

Esta huelga se inició como una serie de marchas para pedirle al gobierno garantías

electorales, las cuales fueron apoyadas por el comercio y la banca que cerró sus puertas en

apoyo al movimiento durante doce días. Las acciones violentas pronto salieron a flote y la

protesta terminó cuando el gobierno entregó la dirección del tribunal electoral y del registro

cívico a la oposición. Esta huelga fue un punto más que calentó el ambiente de cara al

proceso electoral de 1948.

Las distintas fuerzas políticas se prepararon con tiempo para este proceso. Desde

1945 corrían rumores de un eventual levantamiento contra el gobierno, mientras las fuerzas

de la oposición se organizaban para impedir a toda costa que el calderonismo tomara el

poder. Para esto habían acordado presentarse como un bloque unido al que llamaron

movimiento de compactación nacional que tenía como propósito luchar por la libertad de

sufragio, el restablecimiento de la democracia y la honestidad administrativa. Este fue el

marco de referencia para a una oposición que tenía proyectos bastante distintos como para

ser un grupo homogéneo.

Los sectores opositores se agruparon en torno al Partido Demócrata y el Unión

Nacional como los más fuertes. A su lado, José Figueres era el líder del Partido Acción

Demócrata, el que se coaligó con los militantes de CEPN, dados sus objetivos similares

para formar el partido Social Demócrata. Estos fueron a una convención de la que resultó

ganador Otilio Ulate, candidato del Partido Unión Nacional. De esas agrupaciones la más

pequeña y la de menor arrastre era la jefeada por Figueres quien desde sus años en el exilio

se había comprometido a formar un grupo internacional para luchar contra las disctaduras

retrógradas, llamado Legión Caribe.

Rafael Angel Calderón se presentó como el candidato del oficialismo, pero esta vez

algo más distante del comunismo, dado el nivel de críticas y la recién iniciada guerra fría.

Los comunistas inscribieron papeletas independientes y aunque no hubo pacto formal con

el calderonismo, llamaron a apoyarlo con los votos presidenciales pues constituía un

elemento de confianza para mantener y ampliar las conquistas sociales. La campaña se

caracterizó por la violencia, insultos y marchas de protesta que anunciaban un clima

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beligerante de acuerdo al resultado de la elección, la cual estuvo caracterizada por múltiples

irregularidades y denuncias de todos los frentes. A esto se sumó la quema parcial, en un

dudoso accidente, de las papeletas electorales que habían sido remitidas a San José luego de

los comicios. También varios ciudadanos indicaron que no habían podido votar debido a

acciones irregulares en el Registro Cívico.

A pesar de todo, el Tribunal Electoral, basándose en la información proporcionada

por los telegramas declaró electo a Ulate, mientras que el calderonismo ganó la mayoría de

los puestos legislativos. Dicha declaración de acuerdo a ley se hizo luego del plazo fijado y

no contó con el aval de uno de los tres miembros del tribunal, razón por la que el asunto

debió ser resuelto en el Congreso donde había mayoría calderonista. En este ente se acordó

declarar nulas las elecciones presidenciales pero no las de diputados ni munícipes. Esta fue

la chispa que encendió la guerra civil de 1948, pues antes de que se conocieran los

resultados ya Figueres se encontraba en las montañas donde tenía guardadas las armas para

prepara la ofensiva contra el gobierno.

12. La guerra civil de 1948 y la labor de la Junta de Gobierno (1948-1949).

¿Por qué se dio la guerra civil de 1948?

¿En qué cambio el papel del Estado después de la guarra civil?

¿Qué cambios introdujo la Junta de Gobierno para impulsar un proyecto económico y

político modernizante y acorde a los intereses del grupo que representaba?

¿Bajo que condiciones quedaron los sectores políticos tradicionales, los calderonistas y

comunistas una vez que la Junta de Gobierno entregó el mando a Otilio Ulate?

La guerra civil tuvo como motivos inmediatos la defensa del sufragio, la lucha contra la

corrupción así como contener la influencia política de los comunistas y calderonistas. Pero

en el fondo estaba el interés de un sector emergente de la pequeña y mediana burguesía

aglutinada en torno al Partido Social Demócrata que buscaban la oportunidad de gobernar

para introducir cambios trascendentales en el Estado en los cuales apoyar sus proyectos

modernizantes centrados en la diversificación productiva con la ayuda de la intervención

estatal. Ellos no tenían base ni arrastre político, pues eran un grupo pequeño, recién

fundado que pactó con las fuerzas del capital para entrar más fortalecido a la lucha por el

poder y que vislumbró en la guerra civil un camino rápido para lograr sus objetivos.

El levantamiento armado se inició el 12 de marzo de 1948 desde San Isidro de El

General y se extendió hasta el 19 de abril del mismo año cuando se firma el Pacto de la

Embajada de México. Otro frente se alzó desde San Ramón y lograron un importante

triunfo con la toma de Limón de Cartago para el trasiego de armas y sitiar San José. Para su

lucha reclutaron milicianos entre algunos sectores de la burguesía tradicional, de las capas

medias y algunos campesinos de Alajuela, Heredia y Cartago atraídos a la lucha por los

grandes propietarios y beneficiadores que eran dirigentes rebeldes. Dichas fuerzas se

completaron con milicianos extranjeros vinculados a la Legión Caribe que veían en esta

guerra el punto de arranque para llevar su movimiento a otros países como Nicaragua

donde gobernaba Anastasio Somoza García y República Dominicana dirigida por José

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Leonidas Trujillo. Las armas llegaban desde Guatemala gracias al apoyo que el presidente

Juan José Arévalo prometió a los legionarios.

Calderón no aceptó la decisión del Tribunal Electoral y apoyó al gobierno en su

intento de contener el movimiento. Las fuerzas oficialistas se nutrieron con los 300

efectivos que componían el ejército nacional, algunos empleados públicos, maestros e

intelectuales de izquierda, pero sobre todo con el proletariado rural constituido por los

obreros bananeros y campesinos pobres de Puntarenas, Limón y Guanacaste, los cuales

habían tenido una participación muy activa en el proceso de aprobación de las garantías

sociales y en las manifestaciones de apoyo a los gobiernos de Calderón y Picado. Estos

estaban mal armados y poco organizados. El gobierno de Picado recibió el ofrecimiento de

apoyo militar de Nicaragua, pero lo rechazó. A la vez el gobierno norteamericano estaba

muy atento a la forma como se desenvolvía el conflicto, pues en el contexto de guerra fría

no se podía permitir el avance comunista.

La situación se tornó caótica y difícil de contener por parte del gobierno. Sus

fuerzas eran pocas y mal preparadas, razón por la que la lucha la estaban dando

especialmente los comunistas en franca desventaja respecto a los alzados en armas. Por esta

razón el gobierno decidió capitular. Los comunistas buscaron la forma de contactar con

Figueres y firmaron con su emisario, el padre Benjamín Núñez el Pacto de la Embajada de

México, donde el primero se comprometía a mantener las garantías sociales, el código de

trabajo, las instituciones de bien social, lo movimientos sindicales, así como respetar la vida

y bienes quienes apoyaron el gobierno y garantizar la existencia del partido comunista

como movimiento político.

E este modo los comunistas capitulaban con Figueres y dejaban a Calderón solo en

la lucha. Posteriormente Monseñor Sanabria expresa su apoyo a Figueres quien finalmente

ingresa San José el 24 de abril de 1948. Teodoro Picado, para generar una transición

ordenada en la entrega del poder, el 19 de abril había cedido el mando al tercer designado

don Santos León Herrera y abandonó el país. Calderón también salió de Costa Rica y se

refugió en Nicaragua. Inmediatamente se notó la fragilidad de la alianza de Figueres con

los sectores del capital, pues se negó a entregarles el mando y el 1 de mayo acordó con

Ulate que una Junta de Gobierno se haría cargo del poder por un plazo de 18 meses,

después de los cuales le cedería la presidencia.

De este modo, el 8 de mayo de 1948, la Junta de Gobierno, con Figures a la cabeza,

asumió el mando con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República, abolió la

Constitución de 1871, lo que le abrió el espacio para legislar unilateralmente e imponer el

proyecto transformista del sector emergente de la burguesía. Para ello y contraviniendo el

Pacto de la Embajada de México, se dedicó a sacar de escena a sus enemigos políticos;

pusieron fuera de ley al Partido Vanguardia Popular, declararon fuera de ley a los

sindicatos comunistas, autorizaron a los patronos a despedir empleados de quienes

sospecharan una militancia comunista, se intervinieron propiedades y negocios de personas

vinculadas políticamente a Calderón y Picado, se crearon tribunales de probidad para juzgar

a estas personas, se despidieron empleados públicos, y se establecieron tribunales de ética

para aplicarlos especialmente a los maestros de quienes se sospechaba una identificación

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con las ideas comunistas. También se suspendieron los partidos políticos que atentaran

contra la democracia, lo que significó sacar del juego político a comunistas y calderonistas.

Las medidas anteriores dieron paso a lamentables situaciones de persecución,

reparto del botín político, expulsiones del país, y desaparición de personas que han

generado profundas heridas en la familia costarricense. Para atraer dineros al Estado

decretó un impuesto del 10 % a los capitales superiores de 50 mil colones, por una sola vez,

el cual podía ser pagado en un plazo de cinco años. Se mantuvo el impuesto sobre la renta y

el territorial y se decretó el compromiso del Estado para impulsar el desarrollo industrial

iniciando por la diversificación y modernización de la agricultura. Para ello pretendían

desarrollar una serie de planes mixtos donde instituciones estatales debían ser las

encargadas de estimular la siembra de arroz, frijoles y maíz por parte de particulares con el

fin de abaratar los costos. Otras actividades a estimular por estas instituciones eran la

ganadería de carne para la exportación, la producción de algodón, pesca y turismo, lo que

abría espacios para que la pequeña burguesía pudiera hacer crecer sus capitales.

Para complementar estos planes se decretó la nacionalización bancaria, con lo cual

el Estado lograba captar la totalidad del ahorro nacional al eliminar la banca privada y

disponía cuáles eran las actividades que debían impulsarse con el crédito bancario.

Adicionalmente se creó el Consejo Nacional de la Producción en 1948 como la institución

estatal encargada de promover la agricultura y controlar los precios de los productos

agrícolas. Complementariamente, en 1949, se decretó la nacionalización de los recursos

ecológicos del país y se creo el ICE como la institución encargada de generar los recursos

hidroeléctricos que demandaba el país y su nuevos planes de desarrollo. De esta manera se

sentaron la bases para imponer un Estado gestor e interventor en el proceso de desarrollo

económico nacional garantizándose la generación de la riqueza necesaria sobre la cual

habría de descansar el mejoramiento de las condiciones de vida de los costarricenses.

En el campo social, la acción de la junta se limitó reorganizar el Ministerio de

Trabajo y a mantener su compromiso con el fortalecimiento de la reforma social. Como

complemento se creo un servicio de empleo y se fundó el Servicio Civil como la institución

encargada de calificar y seleccionar el personal idóneo para trabajar en las instituciones

estatales, abandonándose así la práctica otorgar empleos por relaciones de compadrazgo o

compromiso político.

En el plano político se tomó la medida de eliminar el ejército y constituir en su lugar

la guardia civil como garante del orden y la seguridad nacional. Esta medida, ha sido muy

aplaudida a lo largo del tiempo, aunque para aquellas fechas tuvo una clara intencionalidad

política ya que el ejército costarricense que luchó contra Figueres era pequeño y mal

armado y formalmente desapareció cuando éste entró a San José y se le entregaron los

cuarteles. En su lugar, el que quedó fue el llamado ejército de liberación nacional, el que

hizo la guerra dentro del cual habían varios milicianos de la Legión Caribe a los cuales

había que pagarles mientas esperaban el momento de continuar con sus luchas fuera del

territorio costarricense. Pero ese no era un buen momento para que Costa Rica se

involucrara en un conflicto armado con otros países, además de que el peso vigilante de los

Estados Unidos era enorme. Por eso fue una buena táctica disolver el ejército de liberación

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nacional y cambiarlo por una fuerza pública que garantizara el orden y tranquilidad

internos.

Con estas acciones la Junta logra que el Estado se convierta en el eje del proyecto

de transformación económica y para garantizar esto por largo tiempo procuró que esos

principios quedaran plasmados en una nueva constitución política. Así, convocó a

elecciones de diputados para que integraran una Asamblea Constituyente que elaborara la

nueva constitución. Para ello preparó un proyecto de carta magna que no fue aceptado del

todo por los nuevos diputados ya que el autoritarismo con se manejaron las cosas causó

temores en los distintos sectores razón por la que no recibieron mucho apoyo en la elección

de diputados constituyentes. De los 45 puestos para dicha asamblea solo obtuvieron cuatro,

mientras que el Unión Nacional logró 34, de ahí que no les resultara difícil imponer su

criterio y redactar la nueva constitución teniendo como referente la de 1871.

La Constitución aprobada el 7 de noviembre de 1949 incorporó muchas de las

reformas al funcionamiento del Estado que se habían venido dando desde años atrás, así

mantuvo las garantías sociales, incorporó el funcionamiento de las instituciones autónomas,

mantuvo la nacionalización bancaria y creó mecanismos para mejorar la administración

pública fundando la Contraloría General de la República como el ente encargado de

controlar y supervisar el destino y uso de los fondos públicos por parte del gobierno central

y las instituciones autónomas. De la misma forma se definieron con claridad los

compromisos del Estado, pero se descentralizó su funcionamiento para que las decisiones

no pesaran tanto en el poder ejecutivo. Por eso la Asamblea Legislativa emergió como el

poder más fuerte y se crearon las instituciones autónomas.

Otro aspecto que merece destacarse en esta Constitución es la importancia que se

concede a la educación la cual fue conceptualizada como un proceso organizado desde la

preescolar hasta la universidad por el cual debía velar el Estado procurando su mejor

organización y financiamiento. Además se incorporó la creación del Tribunal Supremo de

Elecciones como una instancia autónoma de los demás poderes, lo que sacaba las

decisiones de los procesos electorales de los demás poderes de la República. Igualmente se

le señalaron pautas para organizar todo lo relativo a la organización de procesos electorales

incluyendo por primera vez el voto femenino, una de las luchas centrales de los

movimientos feministas organizados en Costa Rica desde la década del veinte.

Una vez aprobada la Constitución se convocó a elecciones de diputados y se entregó

el poder a Otilio Ulate. Sin embargo, ni comunistas, ni calderonistas pudieron participar en

los sucesivos procesos electorales pues su participación política no fue permitida por la

nueva Carta Magna.

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