CRISIS EN VENEZUELA

Junio 2017

Separación e independencia de Poderes

- Poder Judicial - Parlamento venezolano - Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo

Derechos políticos

- Elecciones gobernadores y referéndum revocatorio - Asamblea Nacional Constituyente - Protesta popular y represión

Crisis económica

Crisis alimentaria

- Hambre y desnutrición - Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

Crisis del sistema de salud

Inseguridad ciudadana

Sin derecho a la identificación y al libre tránsito

Contenido del informe

37

13

141517

2123

24

26

27

Poder Judicial

1. 2/3 partes de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia TSJ (21 de los 32) no cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo de Magistra-do. 2. 8 Magistrados fueron denunciados o sometidos a procesos disciplinarios. El pro-pio presidente del TSJ estuvo vinculado en dos ocasiones a casos de homicidio.

3. Al menos 9 de los 32 Magistrados eran militantes de algún partido político, en su mayoría del extinto partido oficialista Movimiento Quinta República (MVR) y del actual oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

4. La expresidenta del TSJ fue postulada en dos oportunidades a cargos de elección popular por el MVR y ejerció cargos de confianza para el Ejecutivo Nacional.

5. En el nombramiento de 13 Magistrados en el año 2015 no se cumplieron ninguno de los lapsos establecidos por la ley, siendo el más grave el relativo a la impugnación de los candidatos postulados. Diferentes actores sociales impugnaron a todos los 382 aspirantes sin que se diera respuesta a ninguna de las impugnaciones.

6. Desde hace más de una década la designación de los jueces de instancia no se realiza por concurso público de oposición.

7. Al menos 73% de los jueces de la República son provisorios.

8. El porcentaje del presupuesto nacional 2017 asignado al Poder Judicial es de 1,4%, 73% menor al de 2016, contando los efectos de la inflación.

9. Desde el año 2011 el Poder Judicial no publica su informe de gestión anual.

1 http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezola-no-2001-2015/

Separación e independencia de Poderes

3

10. El índice que realiza el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA, colo-ca a Venezuela en el puesto 32 de 32 entre los poderes judiciales con página web. 1

11. De acuerdo con la información recabada por la OSC Acceso a la Justicia, el núme-ro de jueces es de 2.139. Significa que hay 6,89 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de los 9 por cada 100 mil que estima como promedio para América Latina el CEJA.

12. Todas las sentencias dictadas por el TSJ relacionadas con reclamos interpuestos contra políticas gubernamentales han sido declaradas inadmisibles o improcedentes; así mismo, 100% de las demandas interpuestas por el Ejecutivo para obviar controles, debilitar instituciones y concentrar competencias, han obtenido sentencias favorables de éste.

13. La Sala Constitucional del TSJ (SC-TSJ) ha declarado la constitucionalidad de cin-co Estados de Excepción y 4 prórrogas Decretados por el Presidente de la República, a pesar de exceder los límites temporales y sustantivos establecidos en la Constitución de la República y en la ley y de haber sido desaprobados por el Parlamento.

14. La Sala electoral del TSJ emitió medida cautelar que suspendió los efectos del acto de proclamación de tres diputados electos por el estado Amazonas, impidiendo con ello que la oposición tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento.

15. La SC-TSJ en 17 meses, ha emitido 57 sentencias que, bajo el argumento del

4

desacato, han despojado a la AN de sus competencias para aprobar los Estados de Excepción dictados por el Presidente de la República; ejercer control político sobre los poderes públicos; realizar investigaciones sobre irregularidades administrativas en PD-VSA; ejercer control sobre las fuerzas armadas; aprobar la Ley de Endeudamiento y el Presupuesto Nacional; recibir los informes de gestión de los órganos del Poder Nacional; pagar la nómina a los trabajadores del parlamento; aprobar contratos de interés público y aprobar el traslado al Panteón Nacional de los restos de los venezolanos ilustres.

16. La SC-TSJ ha declarado que los diputados del Parlamento venezolano no tienen inmunidad parlamentaria mientras se encuentren en desacato.

17. El TSJ ha declarado la nulidad o suspendido todos los actos de las diez leyes sancionadas por el Parlamento durante 2016, entre ellas, la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV); la Ley de Amnistía; la Ley del Bono Alimentación y Medicina para pen-sionados y jubilados; la reforma de la Ley del TSJ; la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela; la Ley para atender la crisis nacional de salud; la reforma de la Ley que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro; la reforma de La ley de la Contraloría General de la República; la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Ambiente.

18. Recientemente la SC-TSJ dictó medidas de amparo cautelar contra 15 alcaldes, bajo parámetros poco claros, con ocasión de las protestas de calle y estableció que el incumplimiento de las medidas se considera desobediencia a la autoridad y tienen como castigo la prisión.

19. Durante 2015, la SC-TSJ resolvió el desacato de similares medidas de amparo cautelar contra dos alcaldes de oposición, con ocasión de las protestas en 2014 y acor-dó su destitución y prisión, a pesar de haber sido designados mediante elección popular. Caso Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

20. El TSJ ha declarado inejecutables las decisiones sobre violación de derechos hu-manos emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se mencionan el caso Apitz Barbera y otros y el caso Leopoldo López.

21. El TSJ falló a favor de la constitucionalidad de las “Normas para la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones” 2, que lega-

2 http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=6939463&folderId=6647509&name=DLFE-8428.pdf

5

liza el uso de armas de fuego “cuando sea inevitable” y el uso de “violencia mortal” o “potencialmente mortal”, en el contexto de manifestaciones.

22. Ninguna de las solicitudes de información requeridas para ejercer control en la gestión pública por parte de los ciudadanos o de organizaciones no gubernamentales ha concluido con una sentencia favorable.

23. Han sido declaradas inadmisibles las más de 30 demandas de Transparencia Ve-nezuela por solicitudes de acceso a la información sobre la ejecución de la gestión pú-blica.

24. Entre agosto y octubre de 2015, el TSJ dictó ocho sentencias que acordaron la constitucionalidad de 20 decretos de Estados de Emergencia en 24 municipios de cuatro estados fronterizos del país, en los cuales se ordenó cierre total o parcial de fronteras, desalojo forzoso y expulsión de familias de origen colombiano, militarización de las zo-nas y suspensión de garantías a la libertad de reunión pacífica. 3

25. El TSJ avaló la decisión del CNE de impedir a miles de venezolanos que están en el exterior la posibilidad de votar, al negarles la inscripción en el Registro Electoral con la exigencia de que deben demostrar que están legalmente instalados en los países donde se encuentran.

26. La SC-TSJ estableció que la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos puede ser declarada por un órgano administrativo, pese a consagrar el artículo 42 de la Constitución que los derechos políticos sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme.

27. La SC-TSJ resolvió que los militares venezolanos pueden participar en actos polí-ticos y repetir consignas propias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como “¡Chávez vive, la lucha sigue!”, y “¡Patria, socialismo o muerte!”

3 Decreto N° 1.969 de Estado de Excepción en municipios del estado Táchira, Decreto N° 1.989 de Estado de Excep-ción en municipios del estado Zulia, Decreto N° 2.013 de Estado de Excepción en municipios del estado Zulia, Decreto N° 2.014 de Estado de Excepción en municipios del estado Zulia, Decreto N° 2.015 de Estado de Excepción en muni-cipios del Estado Apure, Decreto N° 2016 de Estado de Excepción en municipios del estado Apure, Decreto N° 2.071 de Estado de Excepción en municipio del estado Amazonas, Resoluciones de Restricción de Desplazamiento en los estados Apure y Zulia.

6

Parlamento venezolano

1. Además de la anulación vía judicial, el Parlamento venezolano ha recibido ataques del Poder Ejecutivo y del Poder Ciudadano.

2. El presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó el decreto que declara el Estado de Emergencia Económica. Apoyándose en ese decreto, el jefe de Estado admi-nistra los fondos públicos y dicta toda clase de medidas económicas eludiendo el control legislativo.

3. El decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N°6.225 del 2 de mayo de 2016, dejó sin validez el voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Cle-mente Marco Torres, emitido por la AN.

4. El Banco Central de Venezuela omitió presentar cualquier tipo de cifra oficial del comportamiento de la economía a la Asamblea Nacional.

5. Agresiones físicas a parlamentarios en 2016: El actual presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges fue atacado por simpatizantes del Gobierno en las inmediaciones de la sede administrativa del Parlamento, teniendo que pasar por el quirófano por frac-tura en el rostro; Carlos Paparoni recibió un impacto en la cabeza en las inmediaciones del Parlamento el 3 de marzo teniendo que ser suturado por su colega y doctor José Ma-nuel Olivares; el 28 de abril, José Trujillo fue agredido en el hospital Central de Maracay mientras realizaba una inspección del centro hospitalario como parte de su rol contralor; Conrado Pérez denunció el 4 de julio que un grupo de afectos al oficialismo incendió su automóvil durante una actividad llevada a cabo en el estado Trujillo para promover la realización del referéndum revocatorio.

6. El hostigamiento a diputados en los alrededores del Palacio Federal Legislativo por parte de simpatizantes del oficialismo llegó a su punto máximo el 23 de octubre cuando valiéndose de la fuerza quebrantaron los límites de seguridad en el mes de octubre e ingresaron al hemiciclo de sesiones mientras se desarrollaba una sesión especial, dejan-do como saldo la agresión de algunos funcionarios del Parlamento y el robo de algunos medios de comunicación.

7. El 6 de enero de 2017, a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa recha-zó el discurso del presidente de la Cámara Julio Borges durante la instalación del Parla-mento 2017 y reiteró su lealtad e incondicional apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro.8. El 10 de enero de 2017 el presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó al

7

Parlamento de planear un Golpe de Estado, “Aténganse a las consecuencias del llamado a Golpe de Estado…una pandilla que secuestró la AN y que usa los recintos de la AN en desacato a la ley”, aseveró.

9. El 12 de enero de 2017 el presidente Maduro aseguró que la Asamblea Nacional es repudiada por los venezolanos.

10. El 15 de enero de 2017 el presidente Maduro no acudió a la Asamblea Nacional para brindar su informe de gestión anual correspondiente al año 2016.

11. El 11 de enero de 2017 el diputado por el estado Miranda Gilber Caro fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN mientras se des-plazaba en su vehículo por el municipio Naguanagua del estado Carabobo. El 1 de junio y después de haber transcurrido 142 días detenido, el diputado fue imputado por el delito “Traición a la patria” violentando su inmunidad parlamentaria, garantizada en el artículo 200 de la Carta Magna. Contrario a su condición de civil, el parlamentario fue presentado el 1 de junio ante el tribunal militar sexto de control.

12. El 16 de enero de 2017 el presidente Maduro afirmó que los diputados opositores mantienen disuelto al Parlamento, “La Asamblea Nacional se auto disolvió y es un poder

8

que ha cometido el grave error de retar a la Constitución y al resto de los poderes del Estado, desconocer al pueblo y burlarse del pueblo”, aseguró.

13. El 22 de marzo de 2017 el presidente Maduro acusó a los miembros de la Asam-blea Nacional por delitos de traición a la patria, luego que la Cámara aprobara un acuer-do en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. “Lo que hicieron los diputados constituye delito de traición a la patria, así lo declaro como jefe de Estado y tiene que haber justicia” sentenció.

14. El 16 de abril de 2017 el presidente Maduro, acusó en cadena nacional a los dipu-tados José Guerra, Marialbert Barrios y Tomás Guanipa, de financiar a presuntos sicarios en Caracas.

15. El 19 de abril de 2017 el presidente Maduro, responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de ser el jefe del Golpe de Estado a la Revolución. “Después no te quejes cuando te llegue la justicia”, advirtió.

16. El 23 de abril de 2017 el presidente Maduro acusó al diputado José Guerra de financiar los actos vandálicos ocurridos en la zona de El Valle en Caracas. “Diputados asesinos de la derecha contratan a delincuentes para que roben a comerciantes”, afirmó.

17. El 2 de mayo de 2017 el presidente Maduro, responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por la muerte de 3 funcionarios de la Guardia Nacional ocurridas durante una manifestación opositora en el estado Sucre.

18. El 7 de mayo de 2017 el presidente Maduro, acusó al diputado Américo De Grazia , de haber financiado al menos a 40 jóvenes para generar caos en la ciudad capital e “incendiar Caracas”, afirmó.

19. El 13 de mayo de 2017 el presidente Maduro, acusó a una “mayoría circunstancial de diputados” de haber efectuado una serie de actos fraudulentos y de situaciones jurí-dicas para engañar a la comunidad nacional e internacional, promoviendo el desconoci-miento y destitución del Poder Ejecutivo, Ciudadano, Judicial y electoral que impactan directamente en la economía y la paz del país.

20. Los diputados Carlos Paparoni, Juan Requesens, José Manuel Olivares, José Tru-jillo, Julio Borges, Freddy Guevara, Jorge Millán, Rafael Guzmán, Miguel Pizarro, Ju-lio Montoya, Juan Guaidó, Amelia Belisario, Melva Paredes, Dinorah Figuera, Richard Blanco, Marialbert Barrios, Robert Alcalá, Delsa Solórzano, Milagros Valero, Armando Armas, Marco Bozo, Ismael García, Juan Andrés Mejías, Carlos Michelangeli, Mariela

9

Magallanes, María Gabriela Hernández, Stalin González, Américo de Grazia, Omar Gon-zález, José Brito, Williams Dávila, José Guerra, figuran entre los diputados que han sido agredidos por funcionarios de la GNB, PNB y simpatizantes del gobierno en el marco de las protestas que se escenifican en el país desde abril, a propósito de la ruptura del orden constitucional por parte del TSJ.

21. Los diputados Carlos Paparoni, Juan Requesens, José Manuel Olivares, Julio Mon-toya, José Brito, Freddy Guevara Juan Guaidó y Julio Borges han requerido la interven-ción médica, toma de puntos e incluso intervenciones en quirófano por las agresiones físicas recibidas por funcionarios de la GNB, PNB y grupos simpatizantes del Gobierno.

22. Decenas de parlamentarios han sido afectados por los gases lacrimógenos arro-jados por la PBN y GNB en las recientes manifestaciones requiriendo en algunos casos atención médica para contrarrestar los efectos de los gases, así fue el caso de la diputa-da Delsa Solórzano, Richard Blanco, Julio Montoya, entre otros.

23. La diputada Gaby Arellano (VP-Táchira) denunció el 10 de mayo que un grupo de paramilitares disparó armas de fuego contra una concentración opositora que pretendió movilizarse hasta el ministerio de Interior Justicia.

24. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, rechazó la reforma de la Ley de la CGR que adelantó el Parlamento, alegando que la modificación de dicha normativa sería competencia exclusiva de su despacho.

25. En marzo de 2016 la CGR ordenó a sus funcionarios estatales y municipales que todo requerimiento solicitado por la Asamblea Nacional deberá ser remitido a esa “Enti-dad Fiscalizadora Superior”, para estudiarlo.

26. El 16 de febrero de 2017 el Contralor Galindo, ordenó la intervención de la Unidad de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional.

27. El 20 de febrero el Contralor Galindo señaló que el Parlamento incurrió en un nue-vo desacato, “La AN desconoce la Constitución, las leyes y las atribuciones de la CGR como máximo órgano de control fiscal,” al no permitir ingresar a la sede administrativa del Parlamento para llevar a cabo una auditora interna.

28. El Contralor Galindo presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un amparo cons-titucional contentivo de una medida cautelar por “la obstaculización que impone el Parla-mento a la decisión de intervenir la Dirección de Auditoría Interna del órgano legislativo”.

10

29. Hasta mayo de 2017 la CGR no ha presentado ante la Asamblea Nacional su infor-me de gestión correspondiente al año 2016.

30. El 15 de mayo de 2017 la diputada Yanet Fermín fue detenida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana GNB durante una manifestación realizada en el estado Nueva Esparta. La parlamentaria permaneció retenida por más de dos horas.

31. El 25 de mayo de 2017 los diputados Franklin Duarte y Ezequiel Pérez, denuncia-ron que les fue impedido abordar un vuelo en la aerolínea Laser, luego que representan-tes del aeropuerto les informaran que por orden gubernamental tiene prohibido brindar el servicio a diputados opositores.

32. El 26 de mayo el diputado Williams Dávila denunció que la aerolínea Laser le prohi-bió tomar un vuelo hacia Mérida con reservación anticipada, asegurando que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil solicita las listas de pasajeros de cada vuelo para impedir el uso de diputados opositores.

33. Desde el mes de julio de 2016 la Oficina Nacional de Presupuesto no envía los re-cursos para la cancelación de los sueldos y salarios de los diputados, así como tampoco el correspondiente a prestaciones sociales, viáticos y póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad HCM.

34. En el mes de febrero de 2017 la Oficina Nacional del Tesoro dejó de enviar los re-cursos para el pago del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad de los trabaja-dores y obreros del Parlamento.

35. Desde mediados de 2016 el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Presu-puesto, adeudan a los trabajadores de la Asamblea Nacional el pago de las prestaciones sociales.

36. En el mes de mayo de 2017 el sindicato de trabajadores del Parlamento Sifucan, denunció que el Ministerio de Finanzas no ha entregado a los trabajadores del Parlatino el pago correspondiente a la bonificación por alimentación.

37. Aunque el Parlamento solicitó recursos por Bs. 93.542 millones para cubrir sus compromisos y llevar a cabo sus funciones durante 2017, el Ejecutivo y el TSJ aprobaron la cifra de B.27.000 millones, es decir 70% más baja.

38. Desde el mes de marzo de 2017 la plataforma pública de internet con la que cuenta el Parlamento dejó de brindarles servicio, por lo que no cuentan con el servicio.

11

39. En la sede administrativa del Parlamento desde el mes de agosto de 2016 se labo-ra solo medio tiempo por la falta de aire acondicionado.

40. En todo lo que va de 2017 el Parlamento no ha contado con los recursos nece-sarios para la adquisición de la papelería, agua, internet, llevando esta situación a los propios funcionarios del legislativo a realizar colectas para la adquisición de algunos implementos primordiales.

41. Durante todo el año 2016 militantes del chavismo protagonizaron varios episodios sitiaron la sede del legislativo, impidiendo el libre tránsito de los parlamentarios.

12

Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo

1. La inacción ha sido la conducta de la Contraloría General de la República CGR ante los más graves casos de corrupción.

2. La CGR no ha ejercido control, vigilancia ni fiscalización sobre las áreas de mayor importancia económica e interés estratégico para el país. No ha verificado la legalidad del presupuesto nacional; los límites de endeudamiento; los más de 30 contratos suscri-tos con la empresa Odebrecht; la denuncia del Parlamento de graves irregularidades en la estatal petrolera PDVSA; los contratos millonarios otorgados a empresas de maletín y en violación de la Ley de Contrataciones Públicas; las irregularidades en la compra, importación y distribución de alimentos y medicinas; la indebida utilización de bienes pú-blicos; las irregularidades en las campañas electorales; las irregularidades en el emisión del pasaporte venezolano; el hacinamiento y la crisis del sistema carcelario; el ejercicio por parte del presidente de la República y el TSJ de las competencias del parlamento; entre otros.

3. La CGR ha ejercido acción política contra actores que retan al gobierno, mediante la inhabilitación de personajes de la política de oposición, casos como David Uzcátegui, Carlos Arocha, Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, son una muestra.

4. La CGR no ha publicado su informe de gestión del año 2016.

5. El informe de gestión de la CGR del año 2015 reporta que pese a corresponderle el control de más de 963 órganos a nivel nacional, solo efectuó 69 auditorías en dicho nivel. Asimismo reporta que de la presentación de 455.405 declaraciones juradas presentadas, solo inició la verificación de 27.

6. El portal Runrun.es publicó una investigación que reseña la presencia de 13 fa-miliares del Contralor en importantes cargos de la CGR. El 7/7/2016 en un programa en vivo en el canal de televisión Venevisión, el Contralor se defendió expresando que “hay nepotismo positivo y nepotismo negativo”.

13

Elecciones retrasadas y referéndum revocatorio frustrado

1. Luego de las elecciones parlamentarias realizadas en diciembre de 2015, en donde el partido Mesa de la Unidad MUD, opositor al gobierno nacional obtuvo 109 escaños, el partido de gobierno PSUV 55 y la representación indígena 3 4, en Venezuela no se han efectuado más elecciones.

2. La SC-TSJ dictó cuatro sentencias en el año 2016 5, mediante las cuales se atri-buye de manera inconstitucional potestades para regular el proceso de renovación de los partidos políticos; establece requisitos más allá de los previstos en la ley; prohíbe la doble militancia y ordena la publicación “temporal” de la lista de los militantes de los partidos políticos.

3. En el año 2016 venció el período constitucional de 4 años para los gobernadores electos el 16 de diciembre de 2012. Luego de importantes protestas, el 15 de junio de 2017, el CNE presentó el cronograma electoral y la resolución de convocatoria para las elecciones regionales para el 10 de diciembre de 2017, esto es, casi a un año del venci-miento.

4. En 2016 se inició un proceso para solicitar la realización de un referéndum revo-catorio contra el Presidente de la República, el cual fue objeto de obstáculos, retrasos, y exigencia de requisitos adicionales a lo establecidos en la ley por parte del TSJ y el CNE. Dicho proceso fue suspendido por decisión de tribunales penales en octubre de 2016, limitando el derecho de los venezolanos a solicitar la revocatoria del mandato de los candidatos electos por votación popular.

Derechos políticos

4 Ver: http://www.cne.gob.ve/resultado_asamblea2015/r/0/reg_000000.html?

5 Sentencia No. 1 de la Sala Constitucional del 5 de enero de 2016 , en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/184234-0001-5116-2016-15-0638.HTML ; Sentencia No. 185 de la Sala Constitucional del 18 de marzo de 2016, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/186468-185-18316-2016-15-0638.HTML ; Sentencia No. 415 de la Sala Constitucional del 24 de mayo de 2016, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/187965-415-24516-2016-16-0638.HTML ; Sentencia No. 197 de la Sala Electoral del 15 de diciembre de 2016, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/194165-197-151216-2016-2016-000045.HTML

14

Asamblea Nacional Constituyente

1. El Presidente Nicolás Maduro Moros mediante Decreto N° 2.830 del 1° de mayo de 2017, ejerció la iniciativa de convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyen-te ANC con el objeto de modificar aspectos de trascendencia económica y social en la Constitución de 1999, la cual debía ser sometida a consulta popular.

2. El 23 de mayo de 2017, el Presidente de la República consignó ante el organismo electoral la propuesta de bases comiciales para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ANC, y en esa misma oportunidad, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Tibisay Lucena, manifestó que las bases comiciales presenta-das cumplían con las formalidades establecidas en la Constitución y que no se requería someter la iniciativa a consulta popular. 6

3. El CNE fijó la fecha de elección de los representantes de la ANC para el mes de julio de 2017, mientras que el proceso de elección de gobernadores y alcaldes quedó postergado para el 10 de diciembre de 2017.

4. De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (2017) las bases comiciales presentadas por el presidente de la República violan las reglas democráticas al pretender dividir a la ciudadanía por sectores seleccionados sin criterios previamente establecidos y vulnerar el principio democrático “un elector, un voto de igual peso” 7

5. Tanto la convocatoria para la realización de la ANC como las bases comiciales para la elección de los representantes a la ANC han sido impugnados ante el TSJ, que ha desestimado las acciones ejercidas y no ha evaluado el rechazo que se ha manifestado al proceso constituyente.

6. El TSJ en sentencia número 378 del 31 de mayo de 2017 estableció que no es ne-cesario un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una ANC.

7. El 1° de junio de 2017 el Ministerio Público presentó en la SC-TSJ solicitud de aclaratoria de la sentencia número 378, la cual fue declarada inadmisible el día 7 siguien-te, por falta de legitimación de la Fiscal General.

6 Ver: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3506

7 Ver: http://www.oevenezolano.org/2017/05/25/oev-el-cne-tiene-una-enorme-ineludible-e-historica-responsabili-dad-con-el-pais/

15

8. El día 8 de junio, el Ministerio Público solicitó en la Sala Electoral del TSJ la nulidad de los actos del CNE en los cuales: i) se aprobó la convocatoria a la ANC (23/05/2017), ii) aceptó las bases comiciales (25/05/2017); iii) informó sobre la fase de postulación de candidatos para los días 31 de mayo y 1° de junio de 2017 (25/05/2017), y iv) fijó para el 30 de julio de 2017 la oportunidad de las elecciones para los constituyentistas (04/06/2017), por considerar la Fiscal que lo actos violaban el derecho de soberanía de los ciudadanos y el derecho a la proporcionalidad e igualdad en el voto.

9. La Sala Electoral del TSJ el 12 de junio declaró inadmisible la acción interpuesta por la fiscal, por un vicio procesal.

10. Transparencia Venezuela identificó que en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.299 del 16/05/2017, se le asignó vía crédito adicional Bs. 20.691.849.765 al CNE para la realización de elecciones y/o consultas este año. A efectos de referencia las elecciones parlamentarias de 2015 fue de Bs. 7.350.000.000.

11. El llamado para la próxima elección de la ANC, desde un punto de vista financiero, refleja una gran alteración al presupuesto asignado al CNE, que según el decreto de pre-supuesto de la Nación fue Bs. 15.576.794.550 para 2017. Sin embargo, con la aproba-ción de este crédito adicional, los recursos a manejar por la institución se incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40.900.178.373, convirtiéndose junto al Ministerio de Poder Popular del Desarrollo Minero y Ecológico, en los organismos públicos con las mayores modificaciones en sus presupuestos anuales.

16

Protesta popular y represión

1. Durante los meses de abril y mayo se han intensificado las protestas ocurridas en Ve-nezuela, ello, principalmente originado por la emisión de las sentencias Nro. 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017, dictadas por la Sala Constitucional del TSJ contra el Parla-mento venezolano, las cuales, según declaraciones de la Fiscal General de la República “evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ésta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento” 8

2. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social OVCS registra 1791 protestas en el país. 9 desde el primero de abril y el 31 de mayo de 2017.

3. En el transcurso de las protestas se han registrado 1354 víctimas lesionadas, repor-tadas por el Ministerio Público desde el 01/4/2017 hasta el 15/06/2017. De esta cifra: i) 546 lesionados reportados en investigaciones de delitos comunes; ii) 758 lesionados re-portados en investigaciones de derechos fundamentales, y; iii) 50 lesionados reportados en investigaciones de protección integral de la familia. 10

5. También se han registrado en las protestas 66 personas fallecidas, reportadas por el Ministerio Público, entre el 06/04/2017 y el 07/06/2017. El último caso de personas falle-cidas reportadas corresponde a Neomar Alejandro Lander Armas de 17 años de edad. 11

6. El 13/06/2017, el Foro Penal Venezolano registra 3.163 detenciones durante más de 70 días de protestas y 309 presos políticos. 1.251 aún están privados de libertad. 12

7. Hasta el 25/05/2017, el Foro Penal Venezolano reportaba 341 personas presentadas ante tribunales militares, de las cuales 178 continuaban presas bajo esa jurisdicción. 13

8 Véase: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/fiscal-denuncio-ruptura-del-orden-constitucional-tras-senten-cias-del-tsj_646250 y http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/ortega-sentencias-sala-constitucional-violan-or-den-constitucional_88365

9 Véase: https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/

10 Véase: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=31c69457-3dd2-49d0-94d9-7fca7f6ba8c8&grou-

17

1. De acuerdo al indicador elaborado anualmente por el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, por segundo año consecutivo, Venezuela encabeza la lista del “Índice de Penuria” (Misery Index) por poseer las peores condiciones económicas del planeta.

2. Opacidad y el manejo discrecionalidad de la información pública, es otra de las características de la crisis económica venezolana. Dejaron de publicarse los montos de variables macroeconómicas fundamentales como la inflación (IV-2015), Producto Interno Bruto (IV-2015), Balanza de Pagos (III-2015), aportes de PDVSA a la Nación (III-2015), entre otros.

3. Las estimaciones de organismo internacionales reflejan la profundidad de la crisis económica venezolana, según el FMI la inflación en 2016 fue de 254,9% y para 2017 y 2018 se estima en 720% y 2.068% respectivamente.

4. De igual forma señalan que la caída en el producto interno bruto para 2016 fue de -18% y se estima para 2017 y 2018 que la disminución de la producción de bienes y servicios del país rondará entre -7,4% y -4,1% respectivamente.

5. El petróleo es el corazón de la economía venezolana, PDVSA es de facto la única fuente de divisas del país (96% del total) y la crisis de la estatal petrolera en 2016 derivó en una disminución de 13,92% de sus niveles de producción con relación al año anterior.

6. Por motivos políticos y operativos, la petrolera estatal venezolana ha perdido cuo-tas en el mercado estadounidense, principal cliente de la empresa, y ha optado por firmas de convenios productivos, especialmente con China, basado en financiamientos flexibles y sin regulaciones a cambio de envíos de petróleo a futuro, situación que acre-

Crisis económica

11 Véase: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=31c69457-3dd2-49d0-94d9-7fca7f6ba8c8&grou-pId=10136

12 Véase: https://www.lapatilla.com/site/2017/06/13/foro-penal-3-163-detenciones-durante-los-mas-de-70-dias-de-protesta/ y http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/foro-penal-2-977-detenciones-y-309-presos-politicos

13 Véase: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/foro-penal-mas-3000-detenciones-durante-protestas-inicia-das-abril_656733

18

cienta la crisis de liquidez de la empresa para asumir sus compromisos internos y exter-nos.

7. PDVSA no solo afronta el problema de merma de producción en un escenario de precio relativamente bajos en comparación con años anteriores. De igual forma, se en-cuentra con un alto nivel de deuda, existiendo un riesgo real de default, peligro de em-bargo de sus activos y paralización de sus operaciones comerciales.

8. Para poder solventar su problema de liquidez, PDVSA y la República en general, han optado por buscar fuentes de financiamientos alternas, convirtiéndose en la práctica en remate de los activos futuros de Venezuela para lidiar con los compromisos a corto plazo que el país afronta.

9. Entre varios, el caso más emblemático tanto por su peso financiero como político, fue la compra por parte de Goldman Sachs de bonos de PDVSA con valor facial de USD 2.800 millones por solo USD 865 millones, representando para Venezuela una pérdida patrimonial de casi 2 mil millones de dólares.

10. Estas condiciones desfavorables de financiamiento son explicadas por dos moti-vos principalmente, el alto riesgo país por la poca confianza de los capitales internacio-nales en las instituciones venezolanas, y la ruptura del hilo constitucional existente desde el desconocimiento de las atribuciones del Poder Legislativo Nacional.

11. Las mayores implicaciones desde el punto de vista financiero de la ruptura del hilo constitucional se reflejan en el ámbito nacional en la aprobación de un Presupuesto Nacional que no cumple con los requisitos establecidos en la carta magna y deja las operaciones y el funcionamiento del Estado en un limbo jurídico en el cual se impone la discrecionalidad, la arbitrariedad y las violaciones al Estado de Derecho.

12. En el ámbito internacional, significa el cierre de los mecanismos formales de fi-nanciamiento, porque tal como lo dice la Constitución, las autoridades de la Asamblea Nacional se han encargado de recordar a las embajadas y distintos organismo interna-cionales, que cualquier deuda contraída por Venezuela que no sea reconocida previa-mente por el Poder Legislativo, no es un compromiso válidamente adquirido y Venezuela no tiene la obligación de honrarlos en el futuro.

13. Este colapso general por parte de las autoridades nacionales, encuentran su res-puesta en los cinco Decretos de Emergencia Económica y las 4 prórrogas. Luego de la publicación de dichos decretos la situación del país ha desmejorado, por cuento en la práctica, se ha convertido en la justificación jurídica para acometer cualquier plan y me-

19

dida sin considerar las leyes y normas establecidas en el marco jurídico nacional.

14. La evidencia de este colapso no solo se observa en las grandes variables macro-económicas de la economía, sino en el día a día de los ciudadanos y empresas. Solo en 2017 multinacionales de la importancia de General Motor, Colgate-Palmolive, United Airlines y Pirelli han cesado indefinida y/o definitivamente sus operaciones en el país.

15. Desde el punto de vista ciudadano, la canasta básica es el mejor indicador para establecer el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, que para el mes de mayo 2017, representaba 23,6 sueldos mínimos el monto requerido para cubrirla en su totali-dad, motivo que explica los altos niveles de desnutrición presentes en la sociedad.

20

Hambre y desnutrición

1. Desde su creación, la Misión Alimentación ha distribuido 30.819.141 toneladas de alimentos, pero apenas ha tenido un alcance de 84% en los hogares, según reveló el propio presidente Nicolás Maduro cuando inyectó más de Bs 2.000 millones a un plan de expansión del programa gubernamental en el año 2013.

2. Por decreto presidencial, publicado en la Gaceta Oficial 40.941 de fecha 7 de Julio de 2016, queda constituida la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS). Hasta la fecha, la GMAS no tiene asignado recursos propios, vía ley de presupuesto o créditos adicionales, para ejercer sus funciones.

3. El Ejecutivo Nacional asignó para el ejercicio presupuestario 2017, Bs. 282.126 MM a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), para una población objetivo de 5.200.000 niños. Asumiendo que el año escolar en Venezuela es de 180 días, tenemos que la asignación diaria por niño es de Bs. 339, para alimentación en las escuelas. Este monto es mayor en términos nominales a la asignación de años anteriores, pero con la inflación tendrá una variación real negativa de –44%, resultando este monto insuficiente para brindar una alimentación balanceada y nutritiva a los niños en su edad de desarrollo y crecimiento, que en la Venezuela de 2017 con la crisis de alimentos es vital.

4. A pesar de la asignación de recursos destinados al Ministerio de Alimentación y a la Misión Alimentación, el desabastecimiento es reconocido como un problema real, y fue admitido por el Banco Central de Venezuela en su Balance Nacional de Precios del año 2016 con un índice de 87%.

5. Los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN), del Instituto Na-cional de Nutrición (INN), tuvo un presupuesto para 2016 de Bs. 6.583.438.106. El SERN de La Guajira no cuenta con equipos adecuados para la preparación de las fórmulas alimenticias, el agua mineral no llega por vía normal y no cuenta con servicio de ambu-lancia.

6. De 787 niños menores de 5 años en 31 parroquias de los estados Zulia, Miranda, Vargas y Distrito Capital entre enero y febrero de este año, se tiene que los niños meno-res de 2 años son el grupo de edad más afectado: 46 % tiene menos de 2 años y 15 %

Crisis alimentaria

21

tiene menos de 6 meses.

7. La Escuela Básica Bolivariana Juana de Ávila, al norte de Maracaibo, que forma parte del Plan de Seguridad Alimentaria Escolar (SAE), no recibe frutas y verduras desde el 27 de noviembre de 2014.

8. Al menos 10 niños murieron por desnutrición en La Guajira, Zulia.

9. De 48 % a 80 % de los hogares ha incurrido en alguna forma de privación alimen-taria.

10. El conglomerado Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), es la empresa pública con mayor presupuesto asignado para 2017 con Bs. 4.304.271 millones, proporcionalmente este monto representa el 50,74% del presupues-to de la nación para 2017.

11. Para 2017 las empresas adscritas a CUSPAL estiman producir 2.465.761 tonela-das de alimentos. La última Memoria y Cuenta disponible (2015) arroja que estas empre-sas no alcanzaron su meta de producción y distribución de alimentos.

12. No existe una organización clara sobre quien es la autoridad en la política alimen-taria en el país, entre la Misión Alimentación, Gran Misión Abastecimiento Soberano, Ministerio de Alimentación y CUSPAL, se encuentra diluida la responsabilidad por el ma-nejo de los recursos y por la rendición de cuenta por los resultados obtenidos

13. Importaciones de alimentos en el primer semestre de 2017: 808.442 toneladas.

22

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

1. Es la nueva forma de organización de las comunidades para la distribución casa por casa de alimentos, direccionada por el Ministerio del Poder Popular para la Alimen-tación.

2. Los integrantes del CLAP deben realizar un censo por cada hogar y tienen que definir la ruta de distribución a la comunidad.

3. Los voceros son responsables de presentar el censo y el registro del Consejo Co-munal ante el Ministerio de las Comunas, que es el que certifica que puede funcionar el CLAP.

4. Se ha denunciado sobreprecio en las bolsas de alimentos.

5. Existen medidas de control y discrecionales en la venta de las bolsas. Numerosas personas han sido excluidas de las ventas por no estar de acuerdo con la ideología po-lítica del Gobierno.

6. Las bolsas que no son vendidas, por discrecionalidad y exclusión, son revendidas a miembros allegados a los Consejos Comunales.

7. Los ancianatos y casas hogares no han sido incluidos en la venta de alimentos.

8. No hay una periodicidad única para la entrega de la bolsa. En muchas comunida-des, son vendidas cada 45 días o más y en otras cada 15 días.

9. El contenido, en ocasiones, resulta insuficiente: 2 kilos de harina, 2 kilos de arroz y 1 kilo de azúcar.

10. 21% opina que es poca efectiva la medida para contrarrestar el desabastecimien-to.

23

1. Un aproximado de $40.400.285.232 se ha asignado a la Misión Barrio Adentro y 80% de los módulos están cerrados. 2. La tasa de mortalidad infantil llegó a 18,6 niños muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2016.

3. El acceso a información pública en materia de salud, incluyendo las estadísticas epidemiológicas, no se garantiza. El boletín epidemiológico, referencia histórica para el diseño de las políticas públicas, se publica de manera intermitente, dificultando el pro-ceso de evaluación de políticas emprendidas por el Estado. En noviembre de 2014 se interrumpió la publicación de este Boletín, y ha presentado ausencias por períodos de 15 meses.

4. La mayoría de los centros públicos de salud no cuentan actualmente con condicio-nes que garanticen una atención mínima adecuada, debido a la disminución de cerca de 70% de sus medios para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más de 50% del personal médico y la precariedad en la que se encuentran su infraestructura y equipamiento, y 60% de paralización de equipos de diagnóstico y tratamiento, sumado lo anterior a fallas constantes de energía eléctrica y agua.

5. Solo 10% de las 4.800 pequeñas farmacias que hacen vida en Venezuela que que-dan operativas.

6. El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA) de Mérida, fue dotado a través de Barrio Adentro III con la adquisición de varios equipos de alta tec-nología que no están funcionando por falta de mantenimiento o por la imposibilidad de reponer repuestos que requieren ser cambiados.

7. Para el mes de enero 2017, 4.616 era el número de personas con hemofilia y pato-logías de coagulación.

8. El presupuesto del Hospital Universitario de Caracas con créditos adicionales para el año 2016 fue de Bs. 15.085.314.832 y presenta escasez de insumos, equipos y alimen-tos, inseguridad, poco personal médico y técnico mal remunerado.

Crisis del sistema de salud

24

9. La escasez de los reactivos necesarios para realizar las pruebas se ubica en más de 90%.

10. En la red privada de salud hay un aproximado de 80 mil médicos en promedio, cifra bastante deficitaria. En la red privada unos 15 mil.

11. 90% de los laboratorios clínicos públicos y privados en el estado Anzoátegui tra-bajan al 30% de su capacidad debido a la falta de insumos y equipos.

12. 10 Estados de Venezuela no hay servicio de radioterapia. Barrio Adentro II tiene un promedio de tardanza de dos meses para dar una cita y 50% de sus equipos están dañados.

13. Los recursos destinados para adquisición de productos farmacéuticos y medica-mentos en 2017, tiene un importante crecimiento al pasar de Bs. 2.624 MM en 2016 a Bs. 16.095 MM en 2017, pero tomando en consideración el efecto de la inflación ese monto significa una variación real de –1%.

14. El Hospital Cardiológico Latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa de Caracas, tuvo una inversión total de Bs 41 mil 405 millones. Para el 2013 recibió 122,7 millones de Bs, ejecutándose sólo un 86% y ha disminuido su capacidad operativa.

15. La tasa de mortalidad materna en Venezuela es de 130,70 por cada 100.000 na-cidos vivos. El problema es peor en Lara (241,19), Carabobo (204,07), Guárico (182,46), Distrito Capital (175,41) y Trujillo (168,15). Los incrementos son alarmantes en Sucre (900%), Anzoátegui (400%) y Carabobo (328,57%).

25

1. El Informe de Gestión Ministerio Público 2016 da cuenta de 21 mil 752 homicidios registrados en ese año. 44,5% o sea 12.069 muertes correspondieron a jóvenes con eda-des comprendidas entre 15 y 30 años.

2. La tasa de homicidios en Venezuela durante el año 2016 alcanzó la cifra de 70,1 por cada cien mil habitantes.

3. 177 presuntos delincuentes resultaron muertos al enfrentarse a comisiones policia-les de distintos cuerpos de seguridad en la Gran Caracas en lo que va de 2017.

4. Los equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa tienen un monto de Bs 3.341.385.447, mientras que el monto del material de enseñanza en educación es de Bs 13.029.479.

5. Se eleva a 13 el número de oficiales caídos en la Gran Caracas en lo que va de 2017.

6. Ciudad Guayana, de acuerdo con el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, es la octava urbe más violenta del mundo.

Inseguridad ciudadana

26

1. Desde el mes de agosto de 2016, los ciudadanos venezolanos residentes en Vene-zuela como en el exterior, vienen presentando problemas en la obtención de pasaporte.

2. Los principales problemas para la obtención del pasaporte son: el retraso desme-dido y exagerado en la entrega del documento luego de realizado el trámite en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME y el cobro indebido de dinero para la entrega del mismo.

3. Transparencia Venezuela ha documentado casos donde el retardo en la entrega de pasaportes llega a ser hasta de un (1) año (tanto en Venezuela como en el exterior).

4. La media de retraso en la entrega de pasaportes para los ciudadanos residentes en Venezuela es de 6 meses.

5. Según las denuncias recibidas de ciudadanos en el exterior, el tiempo de espera para el otorgamiento de la cita, oscila entre los 7 y 8 meses.

6. Transparencia Venezuela comenzó el 31 de enero de 2017 una campaña en medios para recibir denuncias sobre esta problemática y documentar los casos de retrasos en la entrega y de hechos de corrupción por cobros indebidos.

7. Hasta el 15 de junio recogió 140 denuncias, 114 provenientes de ciudadanos resi-denciados en Venezuela y 26 de ciudadanos radicados en el exterior.

8. Transparencia Venezuela ha recibido denuncias de retraso en la entrega de pasa-portes en 17 estados del país, con lo cual se refleja que la crisis es de carácter generali-zada. En cuanto al exterior, Transparencia Venezuela ha atendido casos provenientes de 14 países, ubicados en los distintos continentes.

9. La situación de venezolanos en el exterior es crítica, puesto que las embajadas y consulados no otorgan respuesta a sus connacionales, y en muchos casos se encuen-tran en situaciones migratorias irregulares al no poder renovar permisos y visas de esta-día. Se tiene conocimiento de venezolanos que han perdido oportunidades de estudio y

Sin derecho a la identificación y al libre tránsito

27

empleo e incluso la posibilidad de realizarse intervenciones quirúrgicas por motivos de salud.

10. Transparencia ha ejercido un total de 20 acciones ante distintos órganos del Es-tado buscando solventar la problemática de pasaportes, entre esos órganos destacan el SAIME, el Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y la Asamblea Nacional. Asimismo, se dio a conocer la situación en el Parlamento del Mercado Común del Sur MERCOSUR.

11. El 1° de marzo de 2017 el SAIME implementó la figura del “Pasaporte Express”, con la finalidad de que los ciudadanos venezolanos pudieran tramitar y obtener su pasa-porte en 72 horas. Esto surgió como una medida para tratar de paliar la crisis de pasa-portes.

12. La implementación de la tramitación del “Pasaporte Express” significó el aumento del costo en la tramitación del mismo. Antes de la entrada en vigencia de la modalidad “Pasaporte Express”, el costo del pasaporte, según la Ley de Timbres Fiscales debería ser de Bs. 3.600 (12 unidades tributarias U.T.)

13. La modalidad “Pasaporte Express” atiende al siguiente procedimiento y costo: (i) Obtención de la cita a través del portal web del SAIME previo pago de 51.000 bolívares (170 U.T.); (ii) Asistencia a la cita en la fecha pautada para la toma o actualización de da-tos, previo pago de Bs. 3.600 (12 U.T.); y, (iii) Obtención del pasaporte, previo pago de Bs. 67.800 (226 U.T.).

14. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de un texto legal que disponga los cobros de 51.000 y 67.800 bolívares adicionales que exige el SAIME a pesar de que los tributos (incluidos las tasas) deben estar establecidos siempre en un texto de rango legal.

15. Sobre la base de esos nuevos cobros se puede realizar el siguiente análisis: estos valores representan un incremento de 1.516% o 15 veces su valor en el caso de los pa-saportes no habilitados y de 3.400% o 34 veces su valor, en el caso de los habilitados (modalidad “Pasaporte Express”).

16. La modalidad de “Pasaporte Express” solamente está disponible para ciudadanos residenciados en Venezuela, con lo cual se deja en la misma situación a los ciudadanos en el extranjero. Tampoco de específica el tiempo de espera la obtención de los pasapor-tes no habilitados (para venezolanos en Venezuela o el exterior).

17. Transparencia Venezuela ha recibido denuncias en las cuales se relata que el SAI-

28

ME no está entregando pasaportes tramitados con anterioridad a la entrada en vigencia de la modalidad “Pasaporte Express”.

18. Ha sido denunciada la anulación de pasaportes a diversas personalidades públi-cas con incidencia en el ámbito político. Entre las personalidades están el periodista Cé-sar Miguel Rondón (y su esposa), la periodista Nitu Pérez Osuna, el gobernador Henrique Capriles y los diputados Williams Dávila, Luis Florido y Eudoro González.

Caracas, 16 junio 2017.

Los datos fueron obtenidos a partir de una revisión del presupuesto de ingresos y gastos de la nación para el ejercicio económico 2017, la memoria y cuenta del Ministerio Público, las decisiones emanadas del Poder Judicial, las denuncias sobre la violación de derechos humanos y las investigaciones e informes elaborados por distintos actores de la sociedad civil.

29