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Revista CTS, Selección 2012 (pág. 201-230)

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Cultura tecnológico-política sectorial en contexto semiperiférico: el desarrollo nuclear en la Argentina (1945-1994)

Techno-political and sectorial culture in a semi-peripheral context:nuclear development in Argentina (1945-1994)

Diego Hurtado *

A partir de la caracterización de la Argentina como país semiperiférico, el presentetrabajo analiza la conformación de una “cultura nuclear” y de un “régimen tecnopolíticonuclear” -definido por la búsqueda de la autonomía tecnológica y el liderazgo regional ypor la promoción de una industria nuclear nacional- que tuvieron como epicentroinstitucional a la Comisión Nacional de Energía Atómica y mantuvieron su vigencia hastacomienzos de los años noventa. El artículo se enfoca en tres ejes: el desarrollo dereactores de investigación; los procesos de toma de decisiones alrededor para lacompra y construcción de las centrales de potencia; y la forma en que los distintosregímenes políticos por los que atravesó la Argentina -períodos de democracia, “semi-democracia” y dictadura- y regímenes de acumulación -industrialización sustitutiva y,desde la última dictadura, desregulación de la economía- impactaron y dejaron susmarcas sobre la evolución del régimen tecnopolítico nuclear. Este último punto tambiénconsidera las presiones internacionales como componente crucial.

Palabras clave: energía nuclear, Argentina, semiperiferia, régimen tecnopolítico, culturanuclear

Considering Argentina as a semi-peripheral country, the present article analyzes theestablishment of a nuclear culture and a nuclear technopolitical regime -aimed at seekingtechnological autonomy and regional leadership as well as the promotion of a nationalnuclear industry- that have the Argentine Atomic Energy Commission as institutionalepicenter and kept some of their main traits and orientation until the beginnings of the1990s. The article focuses mainly on three aspects: the development of nuclear researchreactors; the processes of decision-making about the purchase and construction of thecountry's two power nuclear plants; and the way the various political regimes thatArgentina went through -democratic, semi-democratic and dictatorial periods- andregimes of accumulation -sustitutive industrialization and, since the last militarydictatorship, economic deregulation- impacted and left their mark on the evolution of thenuclear technopolitical regime. Within this last point, international pressures are assumedas a crucial component.

Key words: nuclear energy, Argentina, semi-periphery, technopolical regime, nuclearculture

* Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.Correo electrónico: [email protected].


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Introducción

El desarrollo nuclear en la Argentina presenta rasgos que hacen posible evaluarlocomo la evolución -crecimiento y diversificación- de una trayectoria sectorial encontexto de país semiperiférico. Impulsado inicialmente por un proyecto político deindustrialización, vinculado a símbolos de modernización y autonomía, el desarrollonuclear en la Argentina mantuvo una orientación programática relativamente nítidaentre los inicios de la década de 1950 y comienzos de los años noventa. Si bien sedesdibuja por poco más de una década, reaparece durante 2006 con algunos de susrasgos históricos adaptados a los nuevos tiempos.

Desde una perspectiva económica, la categoría de semiperiferia se refiere a lospaíses de la periferia con capacidad industrial. Wallerstein (1974) asoció la noción desemiperiferia a los procesos de desarrollo dependiente. Siguiendo a Wallerstein yAmin, Evans (1979: 33-34) sostiene: “La posición distintiva de la semiperiferia en laeconomía internacional hace que el curso del desarrollo dependiente en estos paísessea crítico para el futuro del imperialismo”. Una consecuencia de esta afirmación esque justamente los países de la semiperiferia son, por un lado, los que se presentancomo mercados de tecnología codiciados por los países avanzados -ventas “llave enmano”, derechos de patente, asistencia técnica- y, por otro lado, los que suelen serobjeto de las estrategias de obstaculización o bloqueo de aquellos desarrollostecnológicos que puedan significar una alteración del “equilibrio” o de la “estabilidad”-militar y comercial- del sistema mundial.

De esta forma, los procesos de desarrollo tecnológico en contextos semiperiféricosno pueden entenderse como procesos de construcción de “sistemas nacionales deinnovación” en entornos institucionales robustos que favorecen, protegen, subsidiany regulan tanto los “sectores estratégicos” como los procesos de competenciaschumpetereana. Por otra parte, la aspiración a “ascender” en la jerarquía de estadosrígidamente estratificada que configura el sistema mundial, sostienen Hall y Chase-Dunn (2006: 49), motiva a las sociedades semiperiféricas a impulsar iniciativas quese proponen transformar la lógica de desarrollo del sistema mundial. El desarrollonuclear de países como la Argentina, Brasil, India, Paquistán o Sudáfrica pareceadecuarse a esta caracterización.

En este artículo panorámico, nos interesa presentar el desarrollo nuclear como unproceso de conformación de lo que vamos a caracterizar como una cultura nuclear -cultura organizacional, material, discursiva y simbólica- para aludir a la conformaciónde una comunidad de investigación y desarrollo que creció y se diversificó alrededorde un proyecto de construcción de un sistema tecnológico -entendido como red deartefactos, organizaciones, conocimientos, recursos naturales y regulaciones queoperan de manera coordinada para alcanzar una serie de objetivos materiales-,alrededor del cual se configuraron códigos de identidad y legitimación (Hughes, 1989:51-52).

Ahora bien, la conformación de esta cultura nuclear no es comprensible si no seconsidera el sentido político asignado a los objetivos tecnológicos. Hecht (1998: 15)habla de tecnopolítica para caracterizar “la práctica estratégica de diseñar o usar la


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tecnología para constituir, encarnar o impulsar objetivos políticos”. En nuestro caso,este concepto remite no solo a las relaciones de poder locales que se constituyen yponen en juego en el proceso de persecución de los objetivos tecnológicos, sinotambién -y centralmente- a las que son producto del carácter semiperiférico.

De esta forma, nos interesa hablar de cultura nuclear para delimitar un campo deprácticas portadoras de representaciones, creencias, valores y proyectos en el queintervienen múltiples sectores y tipologías de actores -científicos, ingenieros,técnicos, políticos, militares, administrativos, diplomáticos, empresarios- queasociaron un proyecto de desarrollo tecnológico a componentes de política nacional,como la búsqueda de la autonomía tecnológica -entendida como la capacidad delpaís para alcanzar objetivos tecnológicos sin interferencias o restricciones externas-,el impulso del proceso de industrialización y el liderazgo científico-tecnológicoregional, por momentos conceptualizado como parte del proyecto de integraciónregional, por momentos desde los intereses comerciales proyectados sobre lapotencialidad de un mercado nuclear regional.1

Estos objetivos, ya presentes de forma nítida en el discurso de algunos actoresinfluyentes de CNEA durante la década de 1960, pueden encuadrarse en lo queHecht caracterizó como régimen tecnopolítico. Dice esta historiadora: “Estosregímenes, basados en instituciones, consisten en vínculos entre grupos de gente,prácticas ingenieriles e industriales, artefactos tecnológicos, programas políticos, eideologías institucionales, los cuales actúan juntos para gobernar los desarrollostecnológicos y perseguir tecnopolíticas”. Y agrega que el concepto de régimentecnopolítico “provee una buena aproximación a la estrecha relación entre lasinstituciones, la gente que las dirigen, los mitos e ideologías que los guían, losartefactos que producen, y la tecnopolítica que persiguen” (Hecht, 1998: 16-17).

Finalmente, si bien lo que llamaremos cultura nuclear y régimen tecnopolíticonuclear en la Argentina tienen como enclave o matriz de producción de sentidosdominantes una institución de investigación y desarrollo -CNEA-, es posible teorizara partir de estos conceptos en la medida en que aquellos sentidos desbordaron esteámbito institucional y serán asimilados, refractados y empleados como materia primapara la producción de nuevos sentidos -culturales, políticos y económicos- en otrasesferas de la actividad social, como diversos espacios del sector público, empresas,universidades, grupos de militares, así como en el ámbito de las relacionesinternacionales. Que durante algunos períodos del desarrollo nuclear en la Argentinase produzcan debates que serán reproducidos en periódicos nacionales einternacionales, o que del ámbito nuclear surjan referentes latinoamericanos delpensamiento sobre políticas tecnológicas son otros indicios que permiten pensar quela influencia y persistencia de la cultura nuclear es una condición de posibilidad paraentender el sector nuclear en la Argentina como una singularidad.

Uno de estos referentes afirmaba a comienzos de los años setenta: “Lo atómico hadejado pues de ser un tema académico y de laboratorio, y se ha integrado a la trama

1. Una discusión sobre la noción de “autonomía” en América latina, puede verse Russell y Tokatlian (2003).


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socio-político-económica argentina, a la que sin duda agregará color y textura y dequien recibirá influencias beneficiosas y deformaciones perjudiciales” (Sabato,1973a). Desde la década de 1980, no es poco común encontrar en la prensanorteamericana referencias que, al hablar de la Argentina, aluden al “conspicuo lugardel programa nuclear en la conciencia nacional” (New York Times, 1984). Comocorolario de todo lo anterior, agreguemos que sería de esperar que los distintosregímenes políticos por los que atravesó la Argentina -períodos de democracia,“semidemocracia” y dictadura- y regímenes de acumulación -industrializaciónsustitutiva previa al golpe de estado de 1976 y, desde entonces hasta 2001, aperturay desregulación de la economía- hayan dejado sus marcas, tanto sobre la culturanuclear como sobre la evolución del régimen tecnopolítico nuclear.

En síntesis, este artículo se propone un esbozo histórico del proceso deconformación y evolución de una cultura nuclear de escala nacional, y de un régimentecnopolítico asociado, que impulsó la construcción de un sistema tecnológico deenvergadura -que llamaremos “desarrollo nuclear argentino”- en un contexto de paíssemiperiférico.

Peronismo, desarrollismos y reactores de investigación

El gobierno de Perón (1946-1955) se esforzó por integrar el factor tecnológico a suprograma de gobierno, dando visibilidad al impulso de sistemas tecnológicos dediversas escalas -en las áreas de energía, aeronáutica, infraestructura e ingenieríacivil, por ejemplo- como marca política del peronismo y rasgo para ser asimilado a laidentidad nacional (Hurtado y Feld, 2010). Desde 1950, este gobierno concretóalgunos pasos claves en el impulso inicial del área nuclear. Luego del fracaso delproyecto de fusión impulsado por el físico austríaco Ronald Richter,2 en 1952, eldesarrollo en el campo nuclear fue transferido de manos del Ejército a la Marina,quedando a cargo el capitán de Fragata Pedro Iraolagoitía. Mientras que en 1950había sido creada la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como soporteadministrativo de las actividades del físico austríaco y dependía directamente delPoder Ejecutivo, al año siguiente se creó la Dirección Nacional de Energía Atómica(DNEA), como organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos. Lasiniciativas de la DNEA se concentraron en el entrenamiento de científicos y técnicoslocales, y en la consolidación de algunas áreas, como la radioquímica y la física dereactores primero y, un poco más tarde, la metalurgia. En el otoño de 1955, porconvenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y CNEA, se creó el Instituto de Físicade Bariloche (hoy Instituto Balseiro; López Dávalos y Badino, 2000).

En el plano internacional, el programa Átomos para la Paz, promovido por elpresidente norteamericano Eisenhower desde fines de 1953, fue decisivo. Programapolivalente, concebido como instrumento de lo que Eisenhower llamó “guerrapsicológica”, Átomos para la Paz se propuso, entre otros objetivos, que la industria

2. El relato más detallado y exhaustivo sobre el “affaire Richter” se encuentra en Mariscotti (1985).


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norteamericana fuera la primera en establecer vínculos comerciales con los estadiosiniciales de los programas nucleares de los países en desarrollo. Como explicaMedhurst (1997: 588), “una vez establecida, la tecnología norteamericana sería difícil,sino imposible, de sustituir”.

La Argentina se integró al programa Átomos para la Paz y el 29 de julio de 1955firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos -idéntico al firmado por otros25 países entre 1955 y 1961- el cual sostenía que este país suministraría el uranioenriquecido para los futuros reactores de investigación argentinos.3 El objetivo delprograma nuclear argentino durante estos años era la instalación de reactores deinvestigación y el acceso a toda la ayuda técnica y financiera extranjera que fueraposible (Sabato, 1973b: 23).

En la Primera Conferencia Internacional sobre Usos Pacíficos de la EnergíaNuclear, realizada en Ginebra en agosto de 1955, la delegación argentina aportó 37trabajos, entre los cuales el grupo de radioquímica de la DNEA presentó trece nuevosradioisótopos (Martínez Vidal, 1994: 178-79; Radicella, 2001: 25). El golpe militar deseptiembre de 1955 trajo consigo el cambio de autoridades y la reestructuración delárea nuclear, que continuaría bajo la jurisdicción de la Armada. La DNEA dejó deexistir en términos formales y su patrimonio pasó a CNEA.

El nuevo presidente de la CNEA, el capitán (más tarde contralmirante) OscarQuihillalt, no alteró las principales líneas de acción iniciadas por Iraolagoitía. CuandoQuihillalt quedó al frente de CNEA trabajaban allí alrededor de 250 científicos y 300técnicos (Alegría et al. 1972, 9). La primera manifestación de que se comenzaba apensar en el mediano plazo fue la decisión de no comprar, sino de construir en el paísel primer reactor de investigación argentino, el RA-1 -reactor tipo Argonaut, que sehabía inaugurado pocos meses atrás en el Argonne National Laboratory de Chicago-, que alcanzó estado crítico en enero de 1958. Habían participado 32 empresasargentinas en la construcción del RA-1. Al poco tiempo, el know-how de suselementos combustibles fue vendido a una empresa alemana.4

La Argentina colaboró con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) -creado en julio de 1957- y promovió el envío de sus expertos para asistirprincipalmente, aunque no únicamente, a países de América latina.5 A comienzos delos años sesenta, el uso intensivo de radoisótopos en agricultura y medicina impulsóla integración de las actividades de CNEA a los sectores del Estado dedicados atecnología agraria y salud. CNEA ya utilizaba entonces más de treinta laboratorios

3. Entre 1955 y 1961, la US AEC firmó 25 acuerdos para cooperar en investigación; 14 para cooperar eninvestigación y en producción de potencia; 11 acuerdos con propósitos de defensa mutua, y tres acuerdosespeciales con el OIEA y EUROATOM (organización multilateral para la integración del desarrollo nucleareuropeo). Acuerdos idénticos al de la Argentina fueron firmados con Washington por Colombia (19 de julio),España (19 de julio), Portugal (21 de julio), Venezuela (21 de julio), Brasil (3 de agosto) y Chile (8 de agosto).Ver: Hewlett y Holl (1989: 236, 581); Ordóñez y Sánchez-Ron (1996: 195-197).4. Un relato detallado acerca de la construcción del RA-1, puede verse en Hurtado de Mendoza (2005).5. Puede verse la sección “Technical Assistance Experts in the Field” de IAEA Bulletin durante los añossesenta.


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pertenecientes a centros de investigación de universidades y hospitales (OIEA,1962a: 15-17; 1962b: 9). El gobierno de orientación desarrollista de Arturo Frondizideclaró el programa nuclear de “alto interés nacional”, aunque, como parte de lasmedidas de austeridad, el presupuesto de CNEA fue reducido a casi la mitad (CNEA,1970: 78).

En los nueve años que siguieron a la entrada en operación del RA-1, CNEAconsolidó una línea de diseño y construcción de reactores de investigación, quetambién se proponía promover la participación de la industria local a través de suincorporación como proveedores. Con este objetivo, en enero de 1961, la Asociaciónde Industriales Metalúrgicos y el Departamento de Metalurgia, a cargo de JorgeSabato -actor central de estos años, que había ingresado a CNEA a fines de 1954-habían creado la firma SATI (Servicio de Asistencia Técnica a la Industria) comoorganismo mixto sin fines de lucro. Por iniciativa de Sabato, el plan original erarealizar investigación y desarrollo a partir de problemas relacionados con lametalurgia, pero que fueran planteados por las propias industrias locales. Esto, a suvez, haría posible difundir nuevos métodos de producción, el uso de nuevos metales,materias primas, máquinas e instrumentos, desarrollar mejores métodos de control decalidad, adecuarse a las características propias del mercado local y, en palabras deSabato, “preparar a la industria del país para la profunda transformación tecnológicaque se producirá en los próximos años”. Para 1964 se habían recibido 280 consultasdesde diferentes sectores de la industria metalúrgica local (Martínez Vidal, 1994: 80-83; Sabato, 1964: 4-8).

En 1960 se finalizó el RA-0, concebido como un equipo auxiliar para ensayarmejoras de diseño para el RA-1.6 La demanda creciente de radioisótopos para usosmédicos impulsó el proyecto de diseño y construcción de un reactor de mayorpotencia. Para hacer estudios preliminares sobre posibles configuraciones de sunúcleo se diseñó y construyó una facilidad crítica, el RA-2, que fue finalizada en 1966.En paralelo a su construcción, el grupo de materiales de CNEA también diseñó yconstruyó los elementos combustibles. Para esto fue necesario uranio enriquecido al90%, que fue provisto como donación por los Estados Unidos. Luego de algunosatrasos, el reactor de 5 MW, bautizado RA-3, fue puesto a crítico en el Centro AtómicoEzeiza a mediados de mayo de 1967, aunque por problemas de diseño fueinaugurado a fines de diciembre y comenzó a operar regularmente a comienzos de1969.7 Este nuevo reactor, que contó con un subsidio de la US Atomic EnergyCommission (US AEC) de 350.000 dólares del programa Átomos para la Paz, eracomponente clave en la estrategia de ir ganando escala de forma incremental. En suconstrucción participaron 67 empresas argentinas. Junto a este reactor fue construidauna planta de producción de radioisótopos, que había tomado como modelo unaplanta construida en Saclay (Francia) y que comenzó a operar en 1971 (Quihillalt,1967; Recondo, 1995: 29-31; CNEA, 1967: 16-17; Coll y Radicella, 1998: 103).

6. Más tarde, el RA-0 fue transferido a la Universidad Nacional de Córdoba.7. Todos sus componentes fueron manufacturados en la Argentina, incluyendo el 90% de la electrónica y elequipo de control (Sabato, 1973: 28).


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Si se suma a este escenario la preocupación por la producción de energía eléctrica,puede pensarse que a mediados de los años sesenta ya está delineada unatecnopolítica nuclear sobre la base de tres componentes: el desarrollo de capacidadtecnológica autónoma, la conformación de una industria nacional sectorial y labúsqueda del liderazgo nuclear regional. Así, además de metalurgia, radioisótopos,reactores de investigación y apoyo a la industria, los otros dos objetivos centrales deCNEA eran la prospección, extracción y procesamiento del uranio argentino y, en elhorizonte, comenzar a pensar en la compra de la primera central de potencia.

En cuanto al uranio, las exploraciones habían comenzado en 1950. Sin embargo,al organizarse el departamento de materias primas en 1955 y al asumir CNEA la tareade realizar la prospección sistemática del territorio nacional en búsqueda deminerales nucleares -en ese momento disponía de un grupo de alrededor de treintageólogos-, aún no existía el instrumento legal para esta actividad. El decreto-ley fuepromulgado a fines de 1956 y su reglamentación en enero del año siguiente. Si bien,por un lado, la política asumida fue la de considerar a los minerales nucleares comobienes del Estado -por ser fuentes energéticas-, por otro lado, se incentivaba el apoyonecesario de la iniciativa privada. A fines de los años cincuenta, como complementode las tareas de prospección, CNEA se proponía ganar experiencia de diseño yoperación de plantas industriales para el procesamiento del uranio. El objetivo demediano plazo era asegurar el autoabastecimiento de combustible para los futurosreactores de potencia. Para ese momento ya funcionaban dos plantas piloto detratamiento de minerales con equipos de fabricación nacional, una en Malargüe(provincia de Mendoza), vecina al yacimiento de Cerro Huemul, y la otra en la ciudadde Córdoba (provincia de Córdoba), y una planta piloto de producción en Ezeiza(provincia de Buenos Aires). Las dos primeras plantas recibían el mineral de losyacimientos y efectuaban el proceso de concentración del mineral hasta llegar a unóxido de uranio conocido como yellow-cake (concentrado de uranio). La fábricainstalada en Ezeiza recibía dicho óxido y lo reducía hasta llevarlo a uranio de purezanuclear. Pocos años más tarde, con el objetivo de bajar costos, se comenzaría aconstruir en Malargüe una planta más moderna, diseñada en CNEA, con capacidad10 veces mayor, se desmantelaría la planta de Ezeiza y se construiría otra enCórdoba también de mayor capacidad (CNEA, 1959: 23-24; 1961: 10-12; 1962: 18).

Industria nuclear y “penetración socio-cultural”

A comienzos de la década de 1960, CNEA contaba con un personal del orden de los2000 agentes y un presupuesto de alrededor de 400 millones de pesos monedanacional (aproximadamente 4,8 millones de dólares; CNEA, 1961: 8-9). La mejora yoperación del RA-1, la explotación minera y el procesamiento de uranio, la creacióndel SATI, las actividades de producción y fraccionamiento de radioisótopos y elproyecto de diseño y construcción del RA-3, pensado para abastecer la demandainterna de radioisótopos, pueden interpretarse como la consolidación de un perfil deinstitución que, a diferencia de las universidades o el CONICET -anclado en unaconcepción internacionalista vinculada al reclamo de libertad de investigación-, seorientó hacia el desarrollo de tecnología considerada estratégica, la construcción deuna doble articulación con la industria local -ofreciendo competencias para la


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resolución de algunos de sus problemas tecnológicos e incentivando su participaciónen la red de proveedores de los proyectos nucleares- y la realización de actividadesde formación y asistencia con el objetivo de comenzar a construir una posición deinfluencia regional.

En1963 se creó el Comité de Centrales Nucleares, presidido por Quihillalt, parainiciar los estudios económicos, de ubicación, de mercado eléctrico y de seguridadpara los futuros reactores de potencia. En ese momento se encontraban en operaciónen el mundo 50 reactores nucleares para la producción de energía eléctrica -la granmayoría en Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética- con una potencia totalinstalada es de 4000 MW -cantidad que era del orden de la potencia instalada en laArgentina-, otros 6000 MW estaban en construcción y se estimaba un ritmo decrecimiento para los próximos años de aproximadamente 1500 MW anuales(Wortman, 1996: 28; CNEA, 1962: 26).

Aceptadas las estimaciones que afirmaban que la potencia eléctrica del GranBuenos Aires-Litoral se incrementaría en 1300 MW en el período 1966-1972, sedecidió que la central nuclear debía ubicarse en esta región. CNEA propuso nocontratar una empresa extranjera para que realizara el informe de factibilidad. Pararespaldar esta decisión también se argumentó que ninguna de las plantashidroeléctricas que estaban siendo construidas iba a estar terminadas antes de 1972(Alegría et al., 1964: 11; Quihillalt, 1969: 435; Sabato, 1973a: 30). A comienzos de1965, los diarios de Buenos Aires anunciaban que el presidente Arturo Illia habíafirmado el decreto que encargaba a CNEA los estudios preliminares para una centralnuclear de potencia que suministraría electricidad a la zona del Gran Buenos Aires-Litoral. La Secretaría de Energía facilitaría a CNEA toda la información necesaria y elplazo concedido era de catorce meses. Finalmente, se asignaban hasta 88 millonesde pesos moneda nacional (aproximadamente 350.000 dólares) para este objetivo.

CNEA formó un equipo especial de trabajo integrado por un comité directivo,presidido por Quihillalt, que contaba con dos vocales, el ingeniero CelsoPapadópulos, gerente de Energía, y Sabato, gerente de Tecnología, y un equipotécnico con un jefe, el ingeniero Bela Csik (La Nación, 1965a). A mediados de febrero,se anunciaba que habían comenzado “las conversaciones” entre funcionarios de laSecretaría de Energía y Combustibles, de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires(SEGBA), de Agua y Energía Eléctrica y CNEA, representada por Quihillalt,Papadópulos y Csik. En esta primera reunión, el subsecretario de Energía, JuanSabato -tío de Jorge Sabato-, mencionaba que “hasta el momento que entren enfuncionamiento las centrales hidroeléctricas de Salto Grande y Chocón-CerrosColorados, será necesario aumentar en 1 millón de KW [kilowatts] la potencia actualde las centrales térmicas”. También afirmaba que en el país había uranio suficiente“para autoabastecerse durante los próximos 50 años, por lo menos” y que,considerando el potencial técnico de la industria nacional, estaban dados todos loselementos que permitirán, “a través de una promoción activa e inteligente, elnacimiento de una industria nuclear argentina” (La Nación, 1965b).

Sin embargo, estas afirmaciones eran relativizadas por la realidad política. A finesde junio de 1966, se produjo un nuevo golpe de estado, que era parte de un proceso


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de surgimiento sincrónico de dictaduras en América latina lideradas por sus fuerzasarmadas en pleno proceso de asimilación de la Doctrina de la Seguridad Nacional,que sostenía que la seguridad del Estado estaba amenazada por “el enemigointerno”. Esta ideología desacoplaba el problema de la defensa del objetivo de laindustrialización y construía una nueva unidad programática con las nociones dedesarrollo y seguridad. Este proceso se completaba, de acuerdo con Azpiazu et al(1988: 38, 44), con el avance del “capital extranjero industrial” y su capacidad deejercer “un alto poder oligopólico en los mercados industriales más dinámicos” y conel consecuente desplazamiento de empresas de capital nacional, con especialimpacto entre las empresas pequeñas y medianas. Por su parte, O’Donnell ([1982]2009: 117) caracteriza este momento de la Argentina como “capitalismoextensamente industrializado, dependiente, desequilibrado y profundamentepenetrado por el capital trasnacional”. Como se verá a continuación, la decisión decomprar la primera central de potencia a la empresa alemana Siemens no parecía seruna excepción a la regla.

Si desde el punto de vista ideológico y sectorial la compra de un reactor de potenciaparecía oponerse a este proceso de profundización de la dependencia económica alcrear un ámbito de participación de la industria local, desde el punto de vistamacroeconómico se trataba de una compra onerosa a una empresa extranjera. Es enesta angosta cornisa donde se consolida una tecnopolítica con fuerte contenidopragmático, que no logra cerrar un sentido más allá de una “lógica” sectorial. El propioSabato (1973b: 35), arquitecto de la oposición sectorial a esta tendencia, explicabaque comprar o vender una central nuclear de potencia “es mucho más que una simpleoperación comercial”. Para el país comprador e importador, “porque al hacerlo ingresaa la ‘era nuclear’, con todas sus implicancias y consecuencias políticas, técnicas ysocio-culturales”. Y esto también era cierto para el país vendedor y exportador,“porque significa la apertura de un nuevo mercado y también un camino paraaumentar la influencia política sobre, y la penetración técnica y socio-cultural en, elpaís que está comprando”.

A estas contradicciones se sumaban algunos conflictos. Si bien se estimaba unnivel de potencia para Atucha entre 500 y 550 MW, de acuerdo con Jorge Sabato,“había en las altas esferas del Gobierno un poderoso grupo, respaldado por laSecretaría de Energía, completamente en contra a cualquier planta nuclear.Solamente después de una dura batalla, se aceptó la idea de una planta de 300 MWde potencia [...]” (Sabato, 1973: 32).

El llamado a ofertas tuvo dos aspectos claves: (1) debido al hecho de que CNEAhabía decidido por adelantado que no pediría financiamiento a agenciasinternacionales, tales como el Banco Mundial, el financiamiento propuesto tenía queser incluido explícitamente en las ofertas de manera detallada; (2) solamente aquellasofertas que consideraran una intensa participación de la industria local serían tenidasen cuenta (Quihillalt, 1969: 438; Sabato, 1970: 37; Sabato, 1973b: 30-32). A mediadosde 1967, 17 ofertas fueron presentadas por compañías francesas, canadienses,americanas y alemanas. SATI organizó un comité para relevar la capacidad industrialy asegurar la participación adecuada de la industria local. La selección favoreció a la


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empresa alemana Siemens, que había ofrecido el cien por ciento del financiamiento,incluido los costos locales (Sabato, 1970: 38).

El costo de la planta era de 70 millones de dólares, sin incluir el agua pesada y elcombustible. Si se consideraban este y otros puntos adicionales, el costo de la plantaascendía a 105 millones de dólares. Las 300 toneladas de agua pesada seríanadquiridas a los Estados Unidos y los elementos combustibles deberían serfabricados con uranio procesado por CNEA (OIEA, 1969b: 28). Finalmente, elcontrato sobre Atucha I fue “semi-llave en mano”, clave tanto para promover laparticipación de la industria local como para abrir “cajas negras” tecnológicas. Así, seasumió que no habría dominios reservados, lo que hizo posible que, en 1970, CNEAmantuviera dieciséis técnicos en la casa Siemens, en Alemania. “Hay equiposargentinos metidos en todos los recovecos de esta central”, explicaba Sabato (1970:38).8

Los peligros del desarrollo periférico

La importancia que comenzaba a tener para CNEA la creación de vínculos decolaboración regional resultaba evidente en el envío de científicos e ingenierosargentinos para asistir principalmente, aunque no únicamente, a países de la región.Si la Argentina aspiraba a tener algún protagonismo en la producción y uso detecnología nuclear era claro que su esfera de influencia inicial debía ser Américalatina y, en segundo lugar, el resto de los países del entonces llamado Tercer Mundo.Durante la década de 1960, por ejemplo, científicos argentinos viajaron a Paraguay,Bolivia y El Salvador para capacitar científicos y técnicos en aplicaciones médicas deradioisótopos, a Colombia en radioquímica, a Guatemala para introducir el tema de laproducción de energía nuclear. En 1967, el ingeniero Humberto Ciancaglini viajó aIrán para colaborar en la construcción y puesta en marcha del primer reactor deinvestigación de este país. Esta colaboración iba a poner en movimiento unaprolongada participación argentina en el desarrollo nuclear de Irán, que llegó hastacomienzos de los años noventa. Finalmente, algún experto argentino también viajó aPaquistán.9

La Argentina se encontró entre los firmantes del anteproyecto de resolución titulado“Desnuclearización de la América latina”, presentado y aprobado en la AsambleaGeneral de Naciones Unidas en noviembre de 1963 (Ornstein, 1970: 81-82). Luegode un proceso de negociación de tres años, el 14 de febrero de 1967 se abrió a lafirma el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América latina,conocido como Tratado de Tlatelolco. La Argentina firmó el 27 de septiembre de1967.10

8. La caracterización "semi-llave en mano" fue sugerida al autor por Santiago Harriage.9. Sobre la colaboración con Irán, puede verse Hurtado (2006).10. La intención de este tratado era crear una zona libre de armas nucleares, prohibiendo, entre otras cosas,la instalación de bases militares con este tipo de armas.


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Desde el mismo día de su aprobación algunos de sus artículos fueron fuente decontroversias. No resultaba claro si el tratado autorizaba las “explosiones pacíficas” osi esto ocurriría solamente cuando existiera un mecanismo para distinguirlas de lasexplosiones con fines bélicos. La segunda interpretación, apoyada por EstadosUnidos, significaría la veda de las explosiones pacíficas por tiempo indefinido. Parano dejar dudas de su posición, al suscribir el tratado el gobierno argentino formuló unadeclaración. Allí sostuvo que el artículo 18 “reconoce el derecho de las partescontratantes a realizar, por sus propios medios o en asociación con terceros,explosiones de dispositivos nucleares con fines pacíficos, inclusive explosiones quepresupongan artefactos similares a los empleados en el armamento nuclear”. Unadeclaración similar efectuó Brasil al firmar el tratado. Finalmente, la Argentina noratificó su firma (Carasales, 1997: 505-506).

Para poner en contexto la posición diplomática argentina, digamos que en junio de1957, desde el Livermore Laboratory (California), se promovía el diseño dedispositivos nucleares para aplicar en excavación de canales, puertos y embalses,acceso a depósitos minerales y petróleo y la creación de cavernas subterráneas paraalmacenar fluidos. El reporte semestral de enero de 1958 de la US AEC al Congresode Estados Unidos describía el proyecto y sugería la aprobación de un programa quese llamaría “plowshare” (“Arado”). El nombre tenía su origen en una sentencia bíblica:“Y transformaron sus espadas en arados”. En 1961, US AEC creó la División deExplosivos Nucleares Pacíficos (Hewlett y Holl, 1989: 528-529). Durante los añossesenta, Glenn Seaborg, presidente de la US AEC, propuso que Estados Unidosimpulsara explosiones pacíficas de bajo costo para países que no tenían armasnucleares. Según su razonamiento, esto evitaría la proliferación y abriría un mercadointernacional de explosiones pacíficas para Estados Unidos que aumentaría lapopularidad de la tecnología nuclear y promovería dentro del Congreso de este paísel consenso para un aumento de presupuesto para la US AEC (Seaborg, 1987: 350-352).11

Mientras en Estados Unidos se exploraba la potencialidad comercial de losartefactos nucleares, en julio de 1968 se abrió a la firma el Tratado de No Proliferaciónde Armas Nucleares (TNP), que fue aprobado por 95 votos a favor, 4 en contra y 21abstenciones. En este último grupo se encontraba la Argentina, junto con Brasil, India,Israel Pakistán, Sudáfrica, Francia, Portugal y España, entre otros (OIEA, 1968: 11).José María Ruda, el representante argentino ante Naciones Unidas, expuso en mayode 1968 el pensamiento argentino respecto del TNP. La abstención se fundamentó endos consideraciones. La primera, que el TNP congelaba la situación existente, estoes, un panorama internacional con países nucleares y no nucleares. Esto significabaun riesgo a la seguridad de los miembros de la comunidad internacional. La segunda(y central) era la protección del avance tecnológico de los países en desarrollo. Rudasostuvo ante la Asamblea General que para el gobierno argentino “tiene importanciafundamental que este Tratado pueda suponer en grado alguno, un escollo a nuestro

11. El programa Plowshare realizó en total 41 explosiones atómicas, la mayoría entre 1963 y 1968, y fuecancelado en 1978.


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desarrollo económico por una parte y, por la otra, que pueda constituir la base jurídicade una dependencia tecnológica que se ha venido acentuando cada vez más en losúltimos tiempos”. Como contraparte, los países nucleares no asumían ningúncompromiso concreto. Ruda pronunció una frase que adquirió cierta popularidad:“Este Tratado significa paradójicamente el desarme de los desarmados” (Ruda, 1970:77, 79). Desde entonces, la Argentina y Brasil repitieron durante más de un cuarto desiglo que el TNP les resultaba inaceptable por su carácter discriminatorio y por violarla igualdad legal de los Estados (Garasino, 1970: 72-74).

Los laberintos del uranio

El levantamiento de trabajadores y estudiantes producido en Córdoba en mayo de1969, el “Cordobazo”, llevó a la cúpula militar a destituir, en junio de 1970, a Onganíay a designar en su lugar al general Roberto Levingston. A inicios de 1971, Levingstonaprobó los planes para una segunda central de potencia. El agravamiento de losconflictos sociales motivó, sin embargo, la expulsión de Levingston y su reemplazo,en marzo de 1971, por el general Alejandro Lanusse, quien anunció oficialmente quela segunda central de potencia, a un costo aproximado de 150 millones de dólares,sería construida en Río Tercero, provincia de Córdoba (Nuclear News, 1971: 60).

En 1972 se desencadenó una discusión que alcanzó amplia difusión pública acercadel tipo de reactor que debía adquirirse para la central de Río Tercero en la queparticiparon científicos de varias universidades, la Asociación Física Argentina, laAsociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, algunosperiódicos y la televisión (Gorenstein y Lezama, 1981: 24; Solingen, 1996: 43).Sabato veía en “el agitado debate que se libra actualmente con referencia alcombustible atómico que alimentará a la central de Río Tercero” una “dramáticamuestra de la vigencia alcanzada por la energía atómica en la Argentina” (Sabato,1973b).

La evaluación de las ofertas para la segunda central de potencia fue realizada por80 científicos e ingenieros de CNEA. El dictamen fue elevado al Poder Ejecutivo y lajunta de comandantes finalmente decidió a favor de una central que, como Atucha,utilizara uranio natural. Entre los fundamentos de esta decisión se encontraba ladisponibilidad de uranio y el énfasis en el incremento de capacidades autónomas ensectores claves de la industria nuclear, entre ellos la manufactura del combustiblepara las dos centrales de potencia argentinas. En contra de lo que aparecía como unatendencia que favorecía a las centrales de uranio enriquecido -a comienzos de losaños setenta, Francia abandonaba, luego de ingentes inversiones a lo largo de másde dos décadas, sus propios desarrollos en uranio natural para pasarse a la línea deluranio enriquecido- la elección a favor del uranio natural se transformaba en unelemento central de la tecnopolítica nuclear argentina. Sin embargo, seguir la opcióndel uranio natural no significaba que había que cancelar las investigaciones enplutonio o uranio enriquecido (Sabato, 1973c).

Por esos días se extrajo del reactor MZFR del Centro de Investigaciones Atómicasde Karlsruhe (Alemania) el primer elemento combustible de potencia manufacturado


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por la División de Metalurgia de CNEA, en colaboración con la empresa argentinaSIAM electromecánica. “Se hizo así no porque SIAM tuviera experiencia enmetalurgia nuclear (en realidad no tenía ninguna) sino para comenzar a interesar a laindustria argentina en lo que va a ser -en pocos años- un gran negocio”, sosteníaSabato (1972: 8).

Poco antes de las elecciones del 11 de marzo de 1973, convocadas por elpresidente de facto, se difundió que el consorcio integrado por la empresa estatalcanadiense AECL y la italiana Italimpianti había sido seleccionado para construir enla provincia de Córdoba un reactor tipo CANDU (CANadian Deuterium Uranium) de600 MW. El 20 de diciembre, CNEA, AECL e Italimpianti firmaron los contratos por laventa del reactor por 420 millones de dólares. Entre las razones que habían inclinadola balanza a favor de AECL estaba el acuerdo de transferencia de tecnología, quehabía sido concebido durante el proceso de adjudicación. Canadá se comprometía aasegurar la participación de un 50% de firmas argentinas, y a gestionar latransferencia a CNEA de la tecnología completa de los reactores CANDU -en manosde fabricantes canadienses-, incluyendo la tecnología de fabricación de suselementos combustibles, y a ceder a CNEA los derechos para el empleo de estatecnología dentro del territorio argentino sin pago adicional por el uso de licencias,regalías o cualquier otro concepto (Nuclear Industry, 1973: 49-50; Quilici, 2008: 8-10).

CNEA impulsó la creación de dos consorcios, NUCLAR y ARGATOM, dondeintervenían empresas argentinas de ingeniería y montaje, y acordó con estosconsorcios una serie de condiciones para favorecer procesos de aprendizaje entemas como especificaciones y regulaciones sobre calidad en la industria nuclear ytarifas de personal y de alquiler de equipamiento para grandes obras, entre otrascuestiones. En el caso de NUCLAR, integrado por las cinco empresas constructorasmás importantes, el objetivo era, de acuerdo a Oscar Wortman, ingeniero quetrabajaba en CNEA desde los años cincuenta como miembro del grupo de metalurgiade Sabato, “armar un contratista lo suficientemente fuerte como para competir en elexterior”, estrategia que no había sido empleada hasta ese momento “ni en losprogramas hidráulicos, ni en los programas ferroviarios, ni en los programasmilitares”. Wortman comenta que a pesar del “pésimo nivel” de los dirigentes de lasempresas que componían NUCLAR y de que “no comparten un objetivo común sinoque hay intereses encontrados entre los socios, prácticamente desde el inicio”, elconsorcio llegó a cotizar el montaje de una central de la empresa norteamericanaWestinghouse en Egipto (citado en Quintana, 1995: 136-137).

El peronismo ganó las elecciones y Perón volvió a la Argentina luego de un exiliode 18 años. Iraolagoitía reemplazó a Quihillalt que, después de casi dos décadas alfrente de CNEA, se marchó a Irán para trabajar como asesor del programa nucleariraní (Clarity, 1974: 2). La central Atucha I, luego de varios retrasos en el calendario,entró en operación el 20 de marzo de 1974. SATI había conseguido colocar una listaque representaba el 12% de las órdenes de compra de los ítems electromecánicos yel 90% de la obra civil, lo que permitía concluir que la participación de la industrianacional era de alrededor del 40% (Quilici, 2008: 7).


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La explosión nuclear realizada por la India a solo dos meses de la inauguración deAtucha alteró de manera irreversible el panorama. Para “expertos” como Redick(1975: 419-20), el programa nuclear argentino mostraba una “semejanzaperturbadora” con el de la India: ambos países contaban con excelentes cuadros deespecialistas; ambos se decidieron por la línea de reactores de uranio natural, la cualpresenta, se decía, ventajas militares; finalmente, ambos habían acumulado lacantidad necesaria de experiencia como para no depender de la tecnologíaextranjera. Y concluía: “[...] es difícil escapar a la conclusión de que cada paso delprograma nuclear argentino parece haber sido diseñado para poder pasarrápidamente al desarrollo de armas”.

Este tipo de afirmaciones fueron enfáticamente desmentidas por varios portavocesciviles de CNEA. “No tenemos un programa militar y, lo que es más importante, nopodemos tenerlo en este momento”, sostenía públicamente Jorge Cosentino, queestaba a cargo del funcionamiento de la central Atucha I. También Mario Báncora, alfrente de la División de Reactores de CNEA, sostenía: “Lo único que la bomba indiahizo por nosotros fue complicar terriblemente nuestras vidas” (Novitski, 1974).

Las presiones políticas se reflejaron de forma inmediata en el cambio de posicióncanadiense. El ministro de Energía canadiense anunció en diciembre un dramáticoviraje en la política canadiense de exportación de reactores. El objetivo era introducirexigencias de salvaguardias más rigurosas y renegociar en el nuevo escenario queplanteaba la prueba nuclear india.12 El contrato original firmado con la Argentinaaceptaba el compromiso argentino de firmar un acuerdo de salvaguardias con laOIEA. A las nuevas exigencias canadienses, la Argentina respondía, en septiembrede 1974, comprometiéndose a no utilizar tecnología, material o competenciascanadienses para producir cualquier tipo de explosivo nuclear. Ahora bien, pocotiempo más tarde Canadá intentó avanzar en un segundo acuerdo, que se proponíarenegociar el contrato comercial de Embalse. Para los canadienses, las previsionesdel contrato original -que suponían un ajuste máximo del 25% anual, en concepto deinflación, sobre los pagos de la Argentina- resultaban inadecuadas en un contextohiperinflacionario, que a finales de 1975 alcanzaba una tasa de inflación mensual del30%. La muerte de Perón a fines de 1974 y la polarización social creciente, queincluía la violencia armada, agregaron nuevos elementos de incertidumbre. Frente aeste panorama, la empresa canadiense insistía en la necesidad de protegerse contralas pérdidas adicionales de trabajar en la Argentina (Bratt, 2006: 118-119, 131-132,135).

A pesar de este complejo panorama, CNEA ya aparecía en el escenario local comouna singularidad. A mediados de la década de 1970, Oszlak (1977: 85-86) señalabaque, mientras CNEA se había “fijado como prioridad el desarrollo de una políticanuclear”, los programas y planes de trabajo de otras instituciones “no se inscriben porlo general en el marco de una política C&T para sus respectivos sectores”.

12. La noción de salvaguardias se refiere al compromiso de un país de aceptar la sujeción a inspección ycontrol por parte del OIEA. La Argentina aceptaba la inspección sobre las instalaciones adquiridas, pero nosobre todas las instalaciones nucleares argentinas que se hubieran desarrollado autóctonamente.


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Autonomía e industrialización en contexto autoritario y desindustrializador

A mediados de los años setenta el desarrollo nuclear argentino era considerado,detrás de la India, el más avanzado de los países en desarrollo.13 A partir del golpemilitar que expulsó de la presidencia a María Martínez de Perón a fines de marzo de1976, el desarrollo nuclear comenzó a acelerarse. La economía maltrecha heredadadel breve interregno democrático no fue un obstáculo para que el nuevo gobierno defacto anunciara las enormes inversiones que se esperaban concretar en el áreanuclear. La nueva dictadura nombró como presidente de CNEA al capitán (más tardevicealmirante) Carlos Castro Madero, que había egresado de la Escuela Naval, igualque Iraolagoitía y Quihillalt, y se había doctorado en física en el Instituto Balseiro.

En los primeros meses de gestión, Castro Madero sostuvo públicamente que elmonto estimado de inversiones en el área nuclear en los próximos diez años iba a ser“del orden de 5500 millones de dólares, de los cuales 3500 millones serán insumosnacionales que deberán ser provistos por el Tesoro Nacional” (Castro Madero, 1976a:10). También sostuvo que la Argentina ya estaba capacitada para “asumir laresponsabilidad de la dirección, construcción, montaje y puesta en operación de laspróximas centrales”. El objetivo era liberar cuanto antes al país de los contratos “llaveen mano”. Desde el comienzo, la retórica analítica de Castro Madero ponía en unprimer plano la necesidad urgente de alcanzar el dominio del ciclo completo delcombustible nuclear y la insistencia en la orientación pacífica del programa nuclearargentino. Ahora bien, el hecho de estar al frente del proyecto nuclear de unadictadura genocida iba a debilitar las argumentaciones de Castro Madero, que a lolargo de toda su gestión, igual que en sus escritos posteriores, evitó cualquier alusióna las prácticas de terrorismo de Estado. Trabajaban 4000 personas en CNEA, de lascuales 1900 eran profesionales y técnicos (Castro Madero, 1976; CNEA, 1978: 27).

Los anuncios del nuevo presidente de CNEA parecían ir a contramano de laambiciosa política económica orientada a un perfil de ortodoxia liberal que iniciaba unproceso de “adaptación” compulsiva a las condiciones dominantes en el sistemafinanciero internacional, que Schvarzer caracteriza por el brusco incremento de laliquidez mundial, que tenía entre sus causas la acelerada transferencia de ingresospor el alza del precio del petróleo y la desaceleración del crecimiento de laseconomías centrales. A través de enormes costos sociales, sostiene Schvarzer (1998:34, 39-42), los primeros cinco años de política económica de la dictadura iban a“modificar la estructura de poder económico (y político) en favor de los dueños deldinero y, sobre todo, de aquellos que operan en el mercado financiero”. Unaconcepción que se presentaba como antiestatista y antiproteccionista se articulabacon la necesidad de ir eliminando del mercado a la “pléyade de pequeñas y medianasempresas” (Pucciarelli, 2004: 113).

Frente a este escenario, el desarrollo nuclear era uno de los focos de tensión dentrode la propia cúpula militar. Como sostiene Sidicaro (1996: 17), desde los comienzos

13. Ver, por ejemplo: Redick (1975).


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del gobierno militar coexistieron dos proyectos divergentes. Junto al programa deapertura indiscriminada impulsado por el equipo económico de Martínez de Hoz,aparece una concepción neodesarrollista que continúa asignando un papelestratégico al Estado en la determinación de los objetivos económicos y sociales. Ensíntesis, en este panorama económico híbrido, como explican Novaro y Palermo(2003: 51-65), la cúpula militar gobernante, a pesar de los enfrentamientos internos,tuvo la capacidad de construir un consenso por el cual los desarrollistas noplanteaban una oposición irreductible a las reformas económicas del grupo deMartínez de Hoz y, a cambio, los liberales aprobaban los gastos militares, elsostenimiento de las empresas del Estado y el plan de obras públicas.

En este escenario, el desarrollo nuclear no es una excepción dentro de la nuevaconfiguración de relaciones corporativas entre segmentos del Estado y un sectorprivilegiado de grandes empresas oligopólicas vinculadas a los capitalestransnacionales. Como sostiene Pucciarelli (2004: 113-114), este segmentoprivilegiado de empresas fue promovido por la proliferación de contratos por laprovisión de obras, de bienes, materiales estratégicos y asistencia tecnológica “a lasnuevas ramas en expansión monopolizadas por el Estado, tales como la industriabélica, aeronáutica, y nuclear”, además de otros beneficios vinculados a la ley depromoción industrial y el nuevo panorama de negocios relacionado con la valorizaciónfinanciera.

Así, la transformación traumática del contexto socio-económico, que es condiciónde posibilidad del salto de escala en la dimensión financiera del programa nuclear,resignificaba el sentido y los objetivos del régimen tecnopolítico nuclear, que entérminos ideológicos parecía mantener fijo el rumbo. La consecuencia más visible deesta resignificación fue un desdoblamiento. Por un lado, las grandes obras nuclearesimpulsadas durante la última dictadura desplazaron el foco desde los objetivosindustrialistas, que con la creación del SATI en los años sesenta proponía orientarseprincipalmente al apoyo de lo que tradicionalmente se conoció como industrianacional -que incluía a las pequeñas y medianas empresas-, hacia el grupo decapitales concentrados privilegiados por su cercanía y funcionalidad al poder de factoy a su capacidad de lobby en el ámbito de los capitales trasnacionales. Por otro lado,como veremos, algunos de los objetivos delineados en los años sesenta por elrégimen tecnopolítico nuclear mantenían su vigencia.

Ahora bien, el complemento necesario de una política económica que inaugurabaun proceso acelerado de desindustrialización y precarización laboral fue laconstrucción de una estructura represiva que se propuso la aplicación a escalanacional de prácticas de terrorismo de Estado. Estas prácticas, que alcanzaron ladimensión de genocidio, tuvieron sus consecuencias en CNEA. Hoy se sabe que,durante el período 1976-1983, veinticinco miembros de CNEA fueron secuestrados,de los cuales 15 figuran hoy en la lista de desaparecidos, y más de doscientos fuerondespedidos (CDHPCNEA, 2006).

Desde el plano internacional, los planes iniciales de Castro Madero se vieronobstaculizados por las iniciativas acordadas por los países exportadores detecnología nuclear contra el desarrollo de planes nucleares de países en desarrollo.


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Por iniciativa de los Estados Unidos, se iniciaron en 1974 reuniones secretas de lospaíses exportadores de tecnología nuclear, más tarde conocido como el “Club deLondres” (Redick, 1995: 19). El objetivo explicitado era poner restricciones alcomercio de equipos y tecnologías nucleares y evitar que la competencia entre lospaíses exportadores debilitara las salvaguardias. Finalmente, ignorando al OIEA,fueron redactadas en secreto y aprobadas en septiembre de 1977 las llamadas“Pautas de Londres”, aunque finalmente fueron comunicadas al OIEA en notas deenero de 1978 (Hofmann, 1976).

Este proceso acompañó el endurecimiento de la posición de los Estados Unidos. Laadministración Carter prohibió a proveedores norteamericanos de tecnología nucleartoda venta a países que no hubieran firmado el TNP. A partir de este momento, laadministración Carter tendrá como temas centrales de su agenda con la Argentina lacuestión de los derechos humanos y la ratificación de los tratados de no proliferación.Canadá se sumó a la política de presiones de los Estados Unidos, desconociendo loscompromisos adquiridos con la Argentina, entre ellos el acuerdo de transferencia detecnología (Castro Madero y Takacs, 1991: 59-60).

Esto ocurría mientras funcionarios de CNEA, a comienzos de noviembre de 1977,se encontraban firmando un acuerdo con Perú para la construcción de un Centro deInvestigación Nuclear en Guarangal, a 35 kilómetros de Lima, que incluía el diseño yconstrucción de un reactor de investigación de 10 MW. Para Castro Madero, elconvenio con Perú era algo inédito en América latina y un ejemplo privilegiado de loque se entiende por “transferencia horizontal”. Estados Unidos reaccionó al acuerdonegando el uranio enriquecido para que la Argentina pudiera fabricar los elementoscombustibles del reactor peruano. Por esos días, Castro Madero sosteníapúblicamente que resultaba muy difícil “discriminar hasta dónde se trata de evitar laproliferación y hasta dónde se permite que existan monopolios, que existan interesescomerciales o que exista el interés de que algunos países no tengan la posibilidad dedesarrollar sus planes autónomos” (Castro Madero, 1978a: 37; 1978b: 5, 7).

Para consternación de la administración Carter, Castro Madero anunció que laArgentina había contratado el año anterior a la empresa TECHINT para comenzar aconstruir en el Centro Atómico de Ezeiza una planta experimental para reprocesarplutonio, que podría estar terminada a comienzos de los ochenta.14 Desafiando losesfuerzos de los Estados Unidos para detener este proyecto, Castro Maderoafirmaba: “Ahora los Estados Unidos dicen ‘no reprocesen’. Al día siguiente, ellosdirán sí [...] Para un país como el nuestro, toma tiempo desarrollar una nuevatecnología. Por eso estamos planificando llegar preparados a la década de 1990 paraestar en posición de decidir por nosotros mismos si reprocesar o no” (Benjamin, 1978:A21).

14. No seguiremos en este trabajo la sinuosa trayectoria del plutonio en la Argentina, tema que no ha sidoinvestigado hasta el presente en profundidad.


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A fines de 1978, Castro Madero anunció que ya estaba en construcción en el CentroAtómico Ezeiza una nueva planta que fabricaría los elementos combustiblesnecesarios para operar Atucha I a partir del uranio natural argentino y, en enero de1979, el gobierno de facto promulgó un decreto que aprobaba un ambicioso plannuclear que autorizaba la construcción de cuatro reactores de 600 MW en lospróximos veinte años, una planta de producción de agua pesada a escala industrial y,en términos generales, se proponía completar el ciclo del combustible nuclear para1997. Como consecuencia de estos planes, el presupuesto de CNEA superó al añosiguiente los 1000 millones de dólares anuales (Gorenstein y Lezama, 1981: 25;CNEA, 1982: 47; Castro Madero y Takacs, 1991: 102).

En simultáneo con la presentación del nuevo plan nuclear, luego de elaborar unabase de datos de proveedores nucleares nacionales, se hizo el llamado a licitaciónpara la tercera central nuclear. En la licitación se especificaba que esta central debíaser de 700 MW, uranio natural y agua pesada. En noviembre de 1979, la compañíaalemana KWU ganó el contrato por 1300 millones de dólares para construir Atucha II,mientras que la firma suiza Sulzer Brothers obtuvo el contrato por 300 millones dedólares para construir una planta comercial de agua pesada con una capacidad deproducción de 250 toneladas anuales en Arroyito, provincia de Neuquén. A pesar deque la firma canadiense AECL había presentado una oferta comprehensiva paraconstruir tanto el reactor como la planta de producción de agua pesada, CastroMadero sostuvo que, si la AECL hubiera ganado el contrato, el país se habría atadoa un solo proveedor y esto “habría afectado la capacidad de la Argentina dedesarrollar un programa independiente con un mínimo de posibilidades deinterferencias externas” (Nuclear Engineering International, 1979). Durante lanegociación del contrato se creó la Empresa Nuclear Argentina de CentralesEléctricas (ENACE), con una participación inicial del 75% de CNEA y el 25% deKWU.15 Entre los objetivos de esta empresa, estaban la promoción e integración de laindustria local alrededor del plan nuclear, la gestión de contratos de transferencia detecnología, la precalificación de empresas proveedoras.16

Durante este período, los ambiciosos planes nucleares de CNEA comenzaron a seramenazados por la escasez de fondos. El estancamiento económico -a esta altura ladeuda externa era de 39.000 millones de dólares- comenzó a tornarse una barrerainfranqueable. CNEA tuvo que aceptar un retraso en la construcción de la terceraplanta nuclear y de la planta de agua pesada. Como compensación parcial, amediados de 1982, se produjo un giro en la política norteamericana, cuando elsecretario de Energía de la administración Reagan autorizó la exportación a laArgentina de un sistema de control computarizado para ser utilizado en la planta deagua pesada.

15. KWU debía ir disminuyendo su participación en el tiempo hasta que a fines de los años noventa la empresafuese totalmente de CNEA.16. Sobre las empresas mixtas creadas por CNEA durante este período, como ENACE, CONUAR y FAE, ysobre la participación de algunas empresas de capital nacional como Industria Mendoza Pescarmona y PérezCompanc, y la forma en que se beneficiaron a partir de las licitaciones vinculadas al plan nuclear, puede verseQuilici (2008).


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El gobierno militar, debilitado por la derrota de Malvinas, debió comenzar a negociarel retorno a la democracia. En su último tramo, en mayo de 1983, se inauguró lacentral de Embalse, con una participación del 51% de empresas nacionales. A finesde octubre, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y debía asumir lapresidencia el 10 de diciembre. En ese momento, el presidente electo recibió la noticade la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio en la Patagonia, quehabía sido desarrollada en secreto por la empresa INVAP SE -creada a fines de 1976como desprendimiento de CNEA- con un costo total de 62,5 millones de dólares(Castro Madero y Takacs, 1991: 84-85). La economía argentina padecía entonces unainflación anual del 400%. Alfonsín pidió que se hiciera pública la existencia de estainstalación antes de su asunción.

Cuando Castro Madero anunció, el 18 de noviembre de 1983, que en Pilcaniyeu sehabía desarrollado la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa,la Argentina era considerado el tercer mayor proveedor del mundo de asistencianuclear a otros países en desarrollo. La noticia del logro tecnológico de Pilcaniyeutomó a las agencias de inteligencia norteamericanas por sorpresa. “¿Qué clase detontos emplea la CIA en América latina?”, preguntaba un editorial de la revista inglesaNew Scientist (1983).17

Una pesada herencia

Si se considera que desde los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín la última dictaduraestuvo impregnada de un sombrío desprestigio y un repudio casi unánime, comocontrapunto es llamativo notar que la cuestión nuclear retornó a la esfera pública conlas aristas propias de un tema controvertido, aunque con un sesgo hacia lasevaluaciones positivas. Si bien las opiniones relevadas son diversas, lasdivergencias, con pocas excepciones, acordaban en un punto no menor: la energíanuclear aparecía como la única herencia que podía rescatarse de la última dictadura.De esta forma, las numerosas de voces que ganan espacio en la esfera públicadurante el retorno a la democracia, que debaten una variedad de posiciones acercadel futuro nuclear del país, ponen de manifiesto la densidad alcanzada por la culturanuclear.

Desde la arena internacional el retorno a la democracia hizo pensar que seproduciría un cambio drástico en la orientación de la política nuclear. Aún antes deasumir la presidencia, Alfonsín había anunciado que crearía una comisióninvestigadora para revisar en su totalidad el programa nuclear heredado. A fines dediciembre, Castro Madero renunció y asumió el primer presidente civil en la historiade CNEA. Sin embargo, a los pocos meses del retorno a la democracia, laincertidumbre del gobierno norteamericano se ponía en evidencia en las páginas deldiario Wall Street Journal:

17. Sobre el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, puede verse: Hurtado(2009: 16-23).


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“La prensa occidental frecuentemente asoció el rechazo a lassalvaguardias nucleares completas por parte del régimen militardifunto con el recurrente nacionalismo que dio color a la aventurafallida de las islas Falkland [Malvinas]. Para desgracia deWashington, sin embargo, el gobierno electo de Raúl Alfonsín [...]ha adoptado esencialmente la línea política de sus predecesoresmilitares en esta cuestión” (Leigh, 1984).

A pesar de las enérgicas iniciativas legales y políticas contra la dictadura, el gobiernodemocrático adoptó una aproximación “autonomista” en la cuestión nuclear que, ensus componentes más importantes, significaba legitimar el régimen tecnopolíticonuclear, si bien respondía a los reclamos externos dando a Cancillería un peso mayoren la definición y manejo de la política nuclear con el objetivo de ganar transparenciay mostrar las intenciones pacíficas (Russell, 1989: 77).

En este escenario, el principal determinante del desarrollo nuclear durante elperíodo presidencial de Raúl Alfonsín fue el contexto de ajuste económico estructuraly limitaciones financieras extremas. Los recursos para ciencia y tecnologíapermanecieron congelados entre 1984 y 1989. Al margen de las intenciones delnuevo gobierno, el endeudamiento externo puso al descubierto que el programanuclear heredado estaba sobredimensionado para la capacidad económica del país.La carga presupuestaria que significaban las grandes obras en curso -Atucha II, laplanta de Arroyito, la planta de reprocesamiento de Ezeiza y la ampliación a escalaindustrial de la planta de Pilcaniyeu, entre las más onerosas- potenciaba la extremavulnerabilidad del desarrollo nuclear, que intentaba ser capitalizada por un nuevocontraataque de la diplomacia norteamericana. Según Sheinin (2006: 186), el único“fuerte desacuerdo” entre Estados Unidos y la Argentina durante el gobierno deAlfonsín fue el tema nuclear. Las presiones que padeció la Argentina durante esteperíodo fueron decisivas en la determinación del proceso de toma de decisiones enrelación con la política exterior argentina.

Los medios de comunicación incluyeron en sus agendas el horizonte incierto deldesarrollo nuclear, en algunos casos defendiendo la trayectoria histórica de CNEA(Clarín, 1984), dando espacio a la palabra de Castro Madero, que era presentadocomo “actual consultor de la presidencia” (Castro Madero, 1984), mostrando laposición de la oposición política al gobierno (Regionales, 1984), dando la palabra aalgunos expertos que opinaban sobre el tipo de decisiones que debían adoptarse(Flegenheimer, 1984) o reproduciendo los dichos del propio Alfonsín sobre la cuestiónnuclear (La Nación, 1984).

Ahora bien, en este momento también surge un importante movimiento local deresistencia. A fines de septiembre de 1986, CNEA hizo pública la realización de unestudio de prefactibilidad para la construcción de un repositorio de residuosnucleares: “Sierra del Medio, 70 kilómetros al oeste del minúsculo poblado de Gastre[provincia de Chubut], ofrecía el mejor afloramiento granítico para construir el primerRepositorio de Desechos Radiactivos de Alta Actividad del planeta” (citado enRodríguez Pardo, 2006: 15).


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El proyecto se remontaba a la última dictadura. A comienzos de 1982, CastroMadero había anunciado, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Minerasde la Universidad Nacional de San Juan, la CNEA se había embarcado, desde 1979,en la identificación de lugares potencialmente aptos para la instalación de repositoriospara “los subproductos terminales del ciclo de combustible del Plan NuclearArgentino” (CNEA, 1983a: 43). A fines de marzo de aquel año, Sabato, que hacía unadécada que ya no trabajaba en CNEA, sostenía en la prensa que “es importante quela opinión pública sea correctamente informada sobre algunos de sus aspectossignificativos y tenga, eventualmente, oportunidad de expresarse al respecto”. Yargumentaba que era necesario “un amplio debate” sobre el tema. Luego de explicarlas complejidades del proyecto, afirmaba:

“Pese a mi gran respeto por la competencia técnica de la CNEA, ypor su seriedad y responsabilidad, me permito llamar la atenciónsobre el hecho de que en ningún país democrático se ha podidollegar hasta el momento a una decisión sobre lo que es un lugarseguro y una instalación segura para depositar los residuosnucleares”.

Dado que “no hay una solución técnica probada”, Sabato exponía once interrogantes,entre los que figuraba el tamaño de la instalación. Esta última cuestión era importante,dado que “una cosa es una instalación para servir a un programa de centralesnucleares modesto, como es de la Argentina, con una reducida cantidad decentrales”, y otra muy diferente si fuese a almacenar los residuos de otros países. Encuanto a la necesidad del debate, Sabato aclaraba que “la mera razón técnica de ungrupo de profesionales no es un justificativo para un acto autoritario ni tampocogarantía de éxito”. Y finalizaba: “Lo que ocurre es que hace tanto tiempo que vivimosbajo el autoritarismo que hemos terminado por perder no sólo nuestros derechos sinohasta la noción misma de que tenemos derechos”. Ya en democracia, las crecientesmovilizaciones de protesta en oposición al “basurero nuclear” lograron paralizar elproyecto a fines de los ochenta. CNEA volvió a la carga en 1994, pero ante laresistencia creciente el gobierno hizo saber que todavía no se había tomado unadecisión y que el proyecto había sido detenido (Sabato, 1982; Rodríguez Pardo,2006).

Aceptada la crisis presupuestaria, el eje de la política nuclear del gobierno deAlfonsín se desplazó hacia el fortalecimiento de la colaboración argentino-brasileña.Desde fines de los años sesenta, ambos países compartían la percepción inequívocade un orden internacional que los relegaba. A pesar de las tensiones vinculadas alderecho sobre los recursos hídricos de ríos compartidos, la Argentina apoyó elderecho de Brasil al acceso de tecnología nuclear avanzada (Redick, 1995: 19-20).Buenos Aires y Brasilia iniciaron finalmente un proceso de construcción decolaboración nuclear bilateral en 1980, cuando ambos países se encontraban bajodictaduras militares. En noviembre de 1985 se reunieron en Foz de Iguazú lospresidentes Alfonsín y Sarney, donde firmaron la “Declaración conjunta sobre políticanuclear”. A mediados de julio de 1987, Alfonsín viajó a Bariloche con Sarney para


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firmar nuevos documentos de colaboración. El encuentro de los presidentes incluyóla visita a “la ultrasecreta planta de enriquecimiento de uranio” (DyN, 1987). Estosacuerdos excluían el área militar. En 1988 ambos presidentes visitaron la planta deenriquecimiento brasileña en Iperó y la planta de reprocesamiento de plutonio enconstrucción en Ezeiza. En diciembre de ese año también fue inaugurado el centronuclear en Perú. Su costo total, incluyendo los caminos de acceso y tendido de líneasde electricidad, fue aproximadamente de 106 millones de dólares (Radicella, 2001:39-43). En este punto puede pensarse que se terminaba de concretar un giro realistade la tecnopolítica nuclear, que desplazó el centro de gravedad desde la búsquedadel liderazgo regional, presente desde comienzos de los años sesenta, hacia lacolaboración con Brasil, a mediano plazo también concebida como un recursoestratégico para la integración regional.

La clara orientación pacífica durante la presidencia de Alfonsín no impidió que laspresiones continuaran. En mayo de 1989, el prestigioso Bulletin of the AtomicScientists publicó un artículo titulado “Los peronistas buscan ‘la grandeza nuclear’”.Allí se decía: “Si se puede creer en las encuestas de opinión, el peronismo,movimiento argentino de masas autoritario y xenófobo, retornará al poder en laselecciones del 14 de mayo”. Y agregaba más adelante: “Esto ha renovado lapreocupación sobre el desarrollo nuclear en la Argentina, un país con una largahistoria de inestabilidad política y nacionalismo militante” (Kessler, 1989: 13).

A pesar de estas afirmaciones, el proceso de integración con Brasil continuó durantela presidencia de Menem y culminó con la concertación del “Acuerdo entre laRepública Argentina y la República Federativa del Brasil sobre el uso exclusivamentepacífico de la energía nuclear”, firmado en Guadalajara (México) el 18 de julio de1991. Por medio de este acuerdo, se creaba un sistema común de control demateriales nucleares que se implementaría a través de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Este procesose cerraba en Viena con la firma, el 13 de diciembre, de un acuerdo entre los dosgobiernos, la ABACC y al OIEA, para la aplicación de salvaguardias en ambos países(Ornstein, 1998: 133-141).

Epílogo

Durante los primeros años del gobierno de Menem, por primera vez el régimentecnopolítico nuclear iba a colisionar frontalmente con la política exterior del nuevogobierno. Carlos Escudé, uno de los ideólogos de este cambio de rumbo,argumentaba que, como consecuencia de que raramente se explicitan los vínculosentre el modelo de nación y las propuestas de política exterior, “en la democráticaArgentina de Alfonsín, pudo haberse adoptado una política dotada de alardesbelicistas respecto de Malvinas, a la vez que se continuó aceleradamente con eldesarrollo del misil Cóndor 2 y se rehusó ratificar el Tratado de Tlatelolco para laprohibición de armas nucleares en América latina”. Como consecuencia, razonabaEscudé, “este desafío al orden impuesto por las potencias centrales, operado desdela vulnerabilidad argentina, generó graves costos para este país”. Como políticaexterior para un “país periférico, empobrecido, endeudado y poco relevante para los


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intereses vitales de las potencias centrales”, Escudé sostenía que Argentina debía“bajar el nivel de sus confrontaciones políticas con las grandes potencias aprácticamente cero”. Su propuesta era el alineamiento con Estados Unidos fundadoen la “aceptación realista del liderazgo norteamericano en el hemisferio occidental”(Escudé, 1992: 20, 24 y 31; énfasis en el original). Como parte de este viraje en lapolítica exterior, la Argentina ratificó finalmente el Tratado de Tlatelolco en agosto de1992 y firmó el TNP en diciembre de 1994. Para algunos actores relevantes deldesarrollo nuclear, este paso significó renunciar a 25 años de coherencia en políticanuclear.

La contracara económica del realismo periférico era la reforma estructural, fundadaen la apertura de la economía, la desregulación de los mercados -en especial, de losmercados financiero y laboral-, un programa de privatización de las principalesempresas públicas y la concesión de los servicios públicos a firmas en su mayoríaextranjeras. Al igual que en el resto de las reparticiones públicas, la consigna de“achicamiento del Estado” significó en el área nuclear una traumática restructuración.Mientras que la planta de agua pesada de Arroyito fue inaugurada en 1993, las obrasde Atucha II y la ampliación de Pilcaniyeu finalmente se paralizaron y, por presionesde Estados Unidos, se canceló definitivamente la planta de reprocesamiento deplutonio -que había hibernado entre 1983 y 1991- luego de pagar a TECHINT a lolargo de diez años -en concepto de improductivos de obra y lucro cesante y, en 1993,por la rescisión del contrato- una cifra equivalente a la necesaria para terminar laplanta (alrededor de 40 millones de dólares). La operación de las dos centrales depotencia en funcionamiento, Atucha I y Embalse, pasó a depender de la empresaNucleoeléctrica Argentina SA, creada para ser privatizada, iniciativa que no tendríaéxito. También se separaron de CNEA todas las actividades de regulación de laactividad nuclear en el país, creándose para tal fin la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Mientras que las políticas neoliberales impactaban en forma dramática sobre“CNEA residual”, como se bautizó a la institución que resultó de las anteriorestransformaciones, la empresa INVAP -con importante apoyo de CNEA- y el HautCommisariat a la Recherche, organismo estatal de Argelia, habían firmado en 1988un acuerdo de asociación tecnológica y a fines de marzo del año siguiente se habíainaugurado en aquel país el reactor de investigación e irradiación NUR de 1 MWconstruido por la empresa argentina. Si bien la trayectoria de INVAP fue difícil ysinuosa -en varias ocasiones estuvo al borde del colapso-, esta transacción fueseguida de una serie de exportaciones de la misma empresa a Cuba, Egipto, India,Irán, Rumania, Siria y Australia (Buch, 1998: 157-201).18

Esta capacidad tecnológica, organizacional y política, que hizo posible laconstrucción de un mercado nuclear de países periféricos, es probablemente elresultado más visible del régimen tecnopolítico nuclear y pone de manifiesto una“lógica” de desarrollo que es el producto histórico de un arduo aprendizaje en la

18. Sobre el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, puede verse Hurtado(2009: 16-23). Para un relato exhaustivo sobre la trayectoria de INVAP, ver Versino (2006).


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integración y acumulación de competencias de CNEA, INVAP, Cancillería y dediversos organismos del Estado argentino, incluido el Poder Ejecutivo, en un contextode alta inestabilidad política. En este punto, la cultura nuclear aparece como unacondición de posibilidad para la implementación de una tecnopolítica sectorial capazde traspasar -si bien por corredores estrechos y resignando parte de sus objetivos-los determinantes estructurales e, incluso, de extender su influencia política y suscapacidades a otros sectores, con especial incidencia sobre el sector espacial.

Luego de la crisis de 2001, del derrumbamiento de la matriz neoliberal y del iniciode una política económica que intenta recuperar áreas estratégicas desde el Estadoy devolver un papel dinámico primario a la industria nacional -incluyendo a laspequeñas y medianas empresas-, en agosto de 2006, en un contexto de fuertecrecimiento económico, el gobierno argentino anunció la reactivación del sectornuclear y la continuación de las obras de la central Atucha II. En el actual proceso derápida reestructuración de la comunidad nuclear -en pugna con contradicciones quetienen su raíz en los años noventa y con manifestaciones de resistencia social- esposible ver cómo recobran su vigencia los principales componentes históricos de latecnopolítica nuclear adaptados al nuevo escenario.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a Tomás Buch, Santiago Harriague, Domingo Quilici yEduardo Santos por los muchos años de intercambio de opiniones e ideas. Tambiéntransmitir admiración a sus trayectorias y el enorme aprendizaje que surge de ellas.

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