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* El presente documento es una versión preliminar mimeografiada del informe, el cual se imprimirá comopublicación de las Naciones Unidas para la venta.

V.00-54725

Naciones Unidas A/CONF.187/15

Décimo Congreso de lasNaciones Unidas sobrePrevención del Delito yTratamiento del Delincuente

Viena, 10 a 17 de abril de 2000

Distr. general19 de julio de 2000EspañolOriginal: inglés

Informe del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente*

Viena, 10 a 17 de abril de 2000

ÍndicePárrafos Página

Capítulo

I. Resoluciones aprobadas por el Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

1. Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a losRetos del siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Credenciales de los representantes en el Décimo Congreso de las NacionesUnidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente . . . . . . . . 4

II. Antecedentes y preparativos del Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 4

III. Asistencia y organización de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28 5

A. Fecha y lugar del Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5B. Consultas previas al Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5C. Asistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 5D. Apertura del Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-19 7E. Elección del Presidente y de otros miembros de la Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . 20-24 8F. Aprobación del reglamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 8G. Aprobación del programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8H. Organización de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9

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I. Credenciales de los representantes en el Congreso: nombramiento de losmiembros de la Comisión de Verificación de Poderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9

IV. Serie de sesiones del alto nivel del Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-34 9

V. Examen de los temas del programa en las sesiones plenarias y por losórganos del período de sesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-147 12

A. Situación del delito y la justicia penal en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-48 12B. Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia

transnacional: nuevos retos en el siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-74 14C. Promoción del imperio de la ley y fortalecimiento del sistema

de justicia penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-97 17D. Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situaciones . . . . . . . . . . 98-114 19E. Delincuentes y víctimas: responsabilidad y equidad

en el proceso de justicia penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-138 23F. Informe de la Comisión de Verificación de Poderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-147 26

VI. Informe de los cursos prácticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148-188 27

A. Lucha contra la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152-160 28B. Delitos relacionados con las redes informáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161-174 29C. Participación de la comunidad en la prevención de la delincuencia . . . . . . . . 175-183 31D. La mujer en el sistema de justicia penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-188 33

VII. Aprobación del informe del Congreso y clausura del Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . 189-192 34

Anexos

I. Resumen del debate general de la serie de sesiones de alto nivel del DécimoCongreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

II. Lista de los expertos que participaron en las presentaciones y debates del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . 39III. Lista de los documentos presentados al Décimo Congreso sobre Prevención

del Delito y Tratamiento del Delincuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

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Capítulo I Resoluciones aprobadas por elCongreso

1. El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuenteaprobó las siguientes resoluciones:

1. Declaración de Viena sobre ladelincuencia y la justicia: frente a los retosdel siglo XXI

Nosotros, los Estados Miembros de las NacionesUnidas,

Preocupados por el impacto en nuestras sociedades delos delitos graves de carácter mundial y convencidos de lanecesidad de cooperación en materia de prevención deldelito y justicia penal en los planos bilateral, regionale internacional,

Preocupados en particular por la delincuenciaorganizada transnacional y por las vinculaciones entre susdiversas formas,

Convencidos de la necesidad de contar con programasadecuados de prevención y readaptación como partefundamental de una estrategia eficaz de control del delito,y de que esos programas deben tomar en cuenta losfactores sociales y económicos que pueden hacer a laspersonas más vulnerables y propensas para incurrir enconductas delictivas,

Recalcando que la existencia de un sistema de justiciapenal equitativo, responsable, ético y eficiente es un factorimportante para promover el desarrollo económico y socialy para la seguridad humana,

Conscientes de la promesa de enfoques restitutivos dela justicia que se orienten a reducir la delincuencia y apromover la recuperación de víctimas, delincuentes ycomunidades,

Habiéndonos reunido en el Décimo Congreso de lasNaciones Unidas sobre Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente celebrado en Viena del 10al 17 de abril de 2000 con la determinación de adoptarmedidas concertadas más eficaces, en un espíritu decooperación, a fin de combatir los problemas de ladelincuencia mundial,

Declaramos lo siguiente:

1. Tomamos nota con reconocimiento de losresultados emanados de las reuniones preparatoriasregionales para el Décimo Congreso de las NacionesUnidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente1.

2. Reafirmamos las metas de las Naciones Unidas enel ámbito de la prevención del delito y la justicia penal, enparticular la reducción de la delincuencia, una aplicaciónde la ley y administración de la justicia más eficientes yeficaces, el respeto de los derechos humanos y laslibertades fundamentales y la promoción de las normas másestrictas de equidad, humanidad y conducta profesional.

3. Subrayamos la responsabilidad que tiene cadaEstado de establecer y mantener un sistema de justiciapenal equitativo, responsable, ético y eficiente.

4. Reconocemos la necesidad de una coordinacióny cooperación más estrechas entre los Estados en la luchacontra el problema de la delincuencia mundial, teniendopresente que las medidas para combatirlo constituyen unaresponsabilidad común y compartida. A este respecto,reconocemos la necesidad de elaborar y promoveractividades de cooperación técnica para ayudar a los paísesen sus esfuerzos por robustecer sus sistemas nacionales dejusticia penal y su capacidad de cooperación internacional.

5. Otorgaremos gran prioridad a la conclusión de lasnegociaciones relativas a la Convención de las NacionesUnidas contra la delincuencia organizada transnacional ysus protocolos, teniendo en cuenta los intereses de todoslos Estados.

6. Apoyamos los esfuerzos encaminados a prestarayuda a los Estados Miembros en materia defortalecimiento de las capacidades, incluso en la obtenciónde capacitación y asistencia técnica y en la promoción delegislación, reglamentaciones y conocimientosespecializados, con miras a facilitar la aplicación de laConvención y de sus protocolos.

7. De conformidad con los objetivos de laConvención y sus protocolos, nos esforzaremos por:

a) Incorporar un componente de prevención del delitoen las estrategias nacionales e internacionales dedesarrollo;

1 Véanse A/CONF.187/RPM.1/1 y Corr.1,A/CONF.187/RPM.2/1, A/CONF.187/RPM.3/1 yA/CONF.187/RPM.4/1.

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b) Intensificar la cooperación bilateral y multilateral,incluida la cooperación técnica, en los ámbitos queabarcarán la Convención y sus protocolos;

c) Fomentar la cooperación de los donantes en lasesferas que incluyan aspectos de prevención del delito;

d) Reforzar la capacidad del Centro para laPrevención Internacional del Delito y de la red delPrograma de las Naciones Unidas en materia de prevencióndel delito y justicia penal para prestar ayuda a los Estadosque la soliciten con miras a fortalecer las capacidades enlos ámbitos que abarcarán la Convención y sus protocolos.

8. Celebramos los esfuerzos que realiza el Centropara la Prevención Internacional del Delito por elaborar,en cooperación con el Instituto Interregional de lasNaciones Unidas para Investigaciones sobre laDelincuencia y la Justicia, un extenso panorama mundialde la delincuencia organizada como instrumento dereferencia y ayudar a los gobiernos en la formulación depolíticas y programas.

9. Reafirmamos nuestro continuo apoyo a lasNaciones Unidas, así como nuestro compromiso con laOrganización y con el Programa de las Naciones Unidas enmateria de prevención del delito y justicia penal,especialmente la Comisión de Prevención del Delito yJusticia Penal y el Centro para la Prevención Internacionaldel Delito, el Instituto Interregional de las NacionesUnidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y laJusticia y los institutos de la red del Programa, yresolvemos seguir reforzando el Programa, según proceda,proporcionándole una financiación sostenida.

10. Nos comprometemos a reforzar la cooperacióninternacional a fin de crear un entorno propicio para lalucha contra la delincuencia organizada, promoviendo elcrecimiento y el desarrollo sostenible y erradicando lapobreza y el desempleo.

11. Nos comprometemos a tener en cuenta y abordar,dentro del Programa de las Naciones Unidas en materia deprevención del delito y justicia penal, así como de lasestrategias nacionales de prevención del delito y justiciapenal, toda dispar repercusión de los programas y políticasen hombres y mujeres.

12. Nos comprometemos también a formularrecomendaciones de política orientadas a la acción ybasadas en las necesidades especiales de la mujer, ya seaen calidad de profesional de la justicia penal o de víctima,reclusa o delincuente.

13. Hacemos hincapié en que toda medida eficaz deprevención del delito y justicia penal requiere laparticipación, como asociados y protagonistas, de losgobiernos, las instituciones nacionales, regionales,interregionales e internacionales, las organizacionesintergubernamentales y no gubernamentales y los diversossectores de la sociedad civil, incluidos los medios deinformación y el sector privado, así como elreconocimiento de sus respectivas funciones ycontribuciones.

14. Nos comprometemos a establecer formas máseficaces de colaboración mutua con miras a erradicar elflagelo de la trata de personas, especialmente de mujeresy niños, y el tráfico y transporte ilícitos de migrantes.Consideraremos asimismo la posibilidad de apoyar elprograma mundial contra la trata de personas formuladopor el Centro para la Prevención Internacional del Delitoy por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas paraInvestigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, el cualestá sujeto a estrechas consultas con los Estados y alexamen por la Comisión de Prevención del Delito yJusticia Penal, y fijamos 2005 como plazo para conseguiruna disminución apreciable de la incidencia de esos delitosen todo el mundo y, en los casos en que ello no se logre,para evaluar la aplicación efectiva de las medidaspromovidas.

15. Nos comprometemos también a aumentar lacooperación internacional y la asistencia judicialrecíproca, a fin de actuar contra la fabricación y el tráficoilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes ymuniciones, y fijamos el año 2005 como objetivo paraconseguir una disminución apreciable de su incidencia entodo el mundo.

16. Nos comprometemos además a intensificar lasmedidas internacionales contra la corrupción, sobre la basede la Declaración de las Naciones Unidas contra lacorrupción y el soborno en las transacciones comercialesinternacionales2, el Código Internacional de Conducta paralos Titulares de Cargos Públicos3, las convencionesregionales y los foros regionales y mundiales pertinentes.Subrayamos la urgente necesidad de elaborar uninstrumento jurídico internacional eficaz contra lacorrupción, independiente de la Convención de lasNaciones Unidas contra la delincuencia organizadatransnacional, e invitamos a la Comisión de Prevención delDelito y Justicia Penal a que pida al Secretario General que

2 Resolución 51/191 de la Asamblea General, anexo.3 Resolución 51/59 de la Asamblea General, anexo.

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le presente, en su décimo período de sesiones, en consultacon los Estados, un examen y análisis a fondo de todos losinstrumentos y recomendaciones internacionalespertinentes como parte de la labor preparatoria para laelaboración de tal instrumento. Estudiaremos laposibilidad de apoyar el programa mundial contra lacorrupción elaborado por el Centro para la PrevenciónInternacional del Delito y por el Instituto Interregional delas Naciones Unidas para Investigaciones sobre laDelincuencia y la Justicia, el cual está sujeto a estrechasconsultas con los Estados y al examen por la Comisión dePrevención del Delito y Justicia Penal.

17. Reafirmamos que la lucha contra el blanqueo dedinero y la economía delictiva es un elemento esencial delas estrategias para combatir la delincuencia organizada,principio consagrado en la Declaración Política y Plan deAcción Mundial de Nápoles contra la DelincuenciaTransnacional Organizada4. Estamos convencidos de queel éxito de esta actuación estriba en el establecimiento deregímenes amplios y mecanismos de coordinaciónapropiados para combatir el blanqueo del producto deldelito, incluida la prestación de apoyo a iniciativasorientadas a los Estados y territorios que ofrezcan serviciosfinancieros extraterritoriales que permitan el blanqueo delproducto del delito.

18. Decidimos formular recomendaciones de políticaorientadas a la acción para la prevención y el control de losdelitos relacionados con la informática e invitamos a laComisión de Prevención del Delito y Justicia Penal a queemprenda rápidamente trabajos a este respecto, teniendoen cuenta la labor en curso en otros foros. Noscomprometemos también a esforzarnos por aumentarnuestra capacidad de prevenir, investigar y enjuiciar losdelitos de alta tecnología y relacionados con lainformática.

19. Observamos que los actos de violencia y deterrorismo siguen siendo motivo de grave preocupación.De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas yteniendo en cuenta todas las resoluciones pertinentes de laAsamblea General, adoptaremos de consuno y junto connuestros demás esfuerzos por prevenir y combatir elterrorismo, medidas eficaces, decididas y expeditas paraprevenir y combatir toda actividad delictiva encaminada afomentar el terrorismo en cualesquiera de sus formas omanifestaciones. Por ello, nos comprometemos a hacercuanto podamos para fomentar la adhesión universal a los

instrumentos internacionales que se ocupan de la luchacontra el terrorismo.

20. Observamos también que prosiguen lasmanifestaciones de discriminación racial, xenofobia y otrasformas conexas de intolerancia y reconocemos laimportancia de adoptar medidas para incorporar en lasestrategias y normas de prevención internacional del delitomedidas destinadas a prevenir y combatir la delincuenciaasociada con el racismo, la discriminación racial, laxenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

21. Afirmamos nuestra determinación de combatir laviolencia derivada de la intolerancia sobre la base delorigen étnico, y resolvemos hacer una contribucióndecisiva en materia de prevención del delito y justiciapenal a la proyectada Conferencia Mundial contra elRacismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y lasFormas Conexas de Intolerancia.

22. Reconocemos que las reglas y normas de lasNaciones Unidas en materia de prevención del delito yjusticia penal contribuyen a los esfuerzos por combatireficazmente la delincuencia. Reconocemos asimismo laimportancia de la reforma penitenciaria, la independenciade la judicatura y del ministerio público y el CódigoInternacional de Conducta para los Titulares de CargosPúblicos3. Nos esforzaremos, según proceda, por utilizar yaplicar las reglas y normas de las Naciones Unidas enmateria de prevención del delito y justicia penal en elderecho y la práctica nacionales. Nos comprometemos aexaminar la legislación y los procedimientosadministrativos pertinentes, según proceda, a fin de prestarla capacitación y formación necesarias a los funcionariosinteresados y velar por fortalecer debidamente lasinstituciones encargadas de la administración de justiciapenal.

23. Reconocemos asimismo el valor de los tratadosmodelo sobre cooperación internacional en materia penalcomo importantes instrumentos para el fomento de lacooperación internacional e invitamos a la Comisión dePrevención del Delito y Justicia Penal a que inste al Centropara la Prevención Internacional del Delito a que revise elcompendio a fin de proporcionar las versiones másactualizadas de los tratados modelo a los Estados quedeseen utilizarlos.

24. Reconocemos además con profunda preocupaciónque los niños y adolecentes en circunstancias difícilescorren a menudo el riesgo de convertirse en delincuenteso de caer fácilmente en las redes de los grupos delictivos,incluidos los que se dedican a la delincuencia organizada4 A/49/748, anexo.

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transnacional, y nos comprometemos a adoptar medidas delucha para prevenir este fenómeno cada vez más frecuentey a incluir, cuando sea preciso, disposiciones relativas a lajusticia de menores en los planes nacionales de desarrolloy en las estrategias internacionales de desarrollo, así comoa incorporar la administración de la justicia de menores ennuestras políticas de financiación de la cooperación para eldesarrollo.

25. Reconocemos que las amplias estrategias deprevención del delito en los planos nacional, regional ylocal deben abordar las causas profundas y los factores deriesgo relacionados con la delincuencia y la victimizaciónmediante la adopción de políticas sociales, económicas, desalud, educacionales y judiciales. Encarecemos laelaboración de esas estrategias, conscientes del éxitodemostrado de las iniciativas de prevención en numerososEstados y confiados en que la delincuencia puede reducirseaplicando y compartiendo nuestra experiencia colectiva.

26. Nos comprometemos a otorgar prioridad a lasmedidas encaminadas a contener el crecimiento del númerode detenidos en espera de juicio y de reclusos y elconsiguiente hacinamiento en las prisiones, según proceda,promoviendo alternativas seguras y eficaces en sustitucióndel encarcelamiento.

27. Decidimos establecer, cuando proceda, planes deacción nacionales, regionales e internacionales en apoyo alas víctimas que incluyan mecanismos de mediación yjusticia restitutiva y fijamos 2002 como plazo para que losEstados revisen sus prácticas pertinentes, amplíen susservicios de apoyo a las víctimas y sus campañas desensibilización sobre los derechos de las víctimas yconsideren la posibilidad de crear fondos para las víctimas,además de formular y ejecutar políticas de protección delos testigos.

28. Alentamos la elaboración de políticas,procedimientos y programas de justicia restitutiva querespeten los derechos, necesidades e intereses de lasvíctimas, los delincuentes, las comunidades y demás partesinteresadas.

29. Invitamos a la Comisión de Prevención del Delitoy Justicia Penal a que formule medidas concretas para elcumplimiento y el seguimiento de los compromisos quehemos contraído con arreglo a la presente Declaración.

2. Credenciales de los representantes en elDécimo Congreso de las Naciones Unidassobre Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente

El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

Habiendo examinado el informe de la Comisión deVerificación de Poderes5,

Aprueba el informe de la Comisión de Verificación dePoderes.

Capítulo IIAntecedentes y preparativos delCongreso

2. El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente seconvocó de conformidad con el párrafo d) del anexo de laresolución 415 (V) de la Asamblea General, de 1º dediciembre de 1950, en que se dispuso que cada cinco añosse convocara un congreso internacional similar, así comoen cumplimiento de las resoluciones 46/152 de 18 dediciembre de 1991, 52/91 de 12 de diciembre de 1997,53/110 de 9 de diciembre de 1998 y 54/125 de 17 dediciembre de 1999.

3. Por recomendación de la Comisión de Prevención delDelito y Justicia Penal, en su calidad de órganopreparatorio del Congreso, la Asamblea General aprobó laresolución 52/91 en la que decidió que, como parte delprograma del Décimo Congreso, se celebraran cuatrocursos prácticos. En su resolución 53/110 la Asambleaacogió con agrado el ofrecimiento de los institutosintegrantes de la red del Programa de las Naciones Unidasen materia de prevención del delito y justicia penal deprestar asistencia en los preparativos de los cursosprácticos. En su resolución 54/125, la Asamblea Generalalentó a los Estados, a otras entidades interesadas y alSecretario General a aunar esfuerzos para garantizar quelos cuatro cursos prácticos se concentrasen claramente enlos respectivos temas y lograsen resultados prácticos, einvitó a los gobiernos interesados a que loscomplementasen con proyectos o actividades decooperación técnica concretos; en la misma resolución, laAsamblea invitó a los países donantes a cooperar con los

5 A/CONF.187/14.

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países en desarrollo para garantizar la plena participaciónde éstos en los cursos prácticos.

4. Se celebraron reuniones preparatorias regionales delDécimo Congreso en Bangkok del 2 al 4 de noviembre de1998, en cooperación con la Comisión Económica y Socialpara Asia y el Pacífico; en Beirut del 11 al 13 denoviembre de 1998 en cooperación con la ComisiónEconómica y Social para Asia Occidental; en Kampaladel 7 al 9 de diciembre de 1998 por invitación delGobierno de Uganda y en cooperación con el InstitutoAfricano para la Prevención del Delito y el Tratamiento delDelincuente; y en San José del 22 al 24 de febrero de 1999por invitación del Gobierno de Costa Rica y encooperación con el Instituto Latinoamericano para laPrevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.6

Además se realizó una serie de actividades preparatoriasrelacionadas con la organización de los cursos prácticos.

5. En su resolución 52/91, la Asamblea General invitó alos Estados Miembros a hacerse representar en el DécimoCongreso a un alto nivel político, por ejemplo, por jefes deEstado, ministros de gobierno o fiscales generales. Deconformidad con la resolución 54/125 de la Asamblea, laserie de sesiones de alto nivel del Décimo Congreso secelebró los días 14 y 15 de abril de 2000 para que los jefesde Estado o de gobierno o los ministros de gobiernopudieran concentrarse en el tema principal del Congreso.

Capítulo III Asistencia y organización de lostrabajos

A. Fecha y lugar del Congreso6. El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente secelebró en Viena, del 10 al 17 de abril de 2000, encumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 52/91,53/110 y 54/125 de la Asamblea General.

B. Consultas previas al Congreso7. De conformidad con la práctica seguida en lasconferencias especiales de las Naciones Unidas y con laresolución 53/110 de la Asamblea General, se celebraron

consultas oficiosas previas al Congreso el 9 de abril. Enestas consultas pudieron participar libremente losrepresentantes de todos los Estados invitados al Congreso.Durante las consultas se acordó una serie derecomendaciones sobre la organización de los trabajos delCongreso (véase A/CONF.187/L.1).

C. Asistencia

8. Estuvieron representados en el Congreso lossiguientes Estados: Afganistán, Albania, Alemania,Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia,Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Barbados, Belarús, Bélgica,Benin, Bolivia, Bostwana, Brasil, Brunei Darussalam,Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya,Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia,Comoras, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador,Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia,España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía,Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia,Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití,Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán (RepúblicaIslámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jamahiriya ÁrabeLibia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán,Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia,Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos,Mauritania, México, Mozambique, Myanmar, Namibia,Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, NuevaZelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú,Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña eIrlanda del Norte, República Árabe Siria, RepúblicaCheca, República de Corea, República Democrática delCongo, República de Moldova, República DemocráticaPopular Lao, República Popular Democrática de Corea,República Dominicana, Rumania, Santa Sede, Senegal,Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán,Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo,Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela,Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

9. La Organización de las Naciones Unidas para laEducación, la Ciencia y la Cultura estuvo representada enel Congreso.

10. Los siguientes órganos y oficinas de las NacionesUnidas estuvieron representados por observadores: Centrode las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos(Hábitat), Comisión Económica para Europa, División deEconomía y Administración Públicas del Departamento de

6 Los informes de las reuniones preparatorias regionales figuranen los documentos A/CONF.187/RPM.1/1 y Corr.1,A/CONF.187/RPM.2/1, A/CONF.187/RPM.3/1 yA/CONF.187/RPM.4/1.

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Asuntos Económicos y Sociales, Instituto Interregional delas Naciones Unidas para las Investigaciones sobre laDelincuencia y la Justicia, Naciones Unidas, Nueva York,Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos, Oficina del Programa de lasNaciones Unidas para la Fiscalización Internacional deDrogas de Sudáfrica, Oficina del Programa de las NacionesUnidas para la Fiscalización Internacional de Drogas deViet Nam, y Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo.

11. Los siguientes institutos regionales afiliados a lasNaciones Unidas y otros institutos asociados tambiénestuvieron representados por observadores: Instituto deAsia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y elTratamiento del Delincuente, Instituto Latinoamericano delas Naciones Unidas para la Prevención del Delito y elTratamiento del Delincuente, Instituto Europeo dePrevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia,afiliado a las Naciones Unidas, Instituto Africano para laPrevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,Instituto Australiano de Criminología, CentroInternacional de Reforma del Derecho Penal y de PolíticaPenal, Instituto Internacional de Altos Estudios enCiencias Penales, Academia Árabe Naif de Estudios enMateria de Seguridad, Instituto Nacional de Justicia,Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos yDerecho Humanitario y Centro Internacional para laPrevención del Delito.

12. Las siguientes organizaciones intergubernamentalesestuvieron representadas por observadores: Acuerdo deWassenaar sobre el Control de las exportaciones de armasconvencionales y de bienes y tecnologías de uso dual,Centro Regional Africano de Tecnología, ComisiónEuropea, Comité Consultivo Jurídico Asiático Africano,Comité Internacional de la Cruz Roja, Comunidad deEstados Independientes, Consejo de CooperaciónAduanera, Consejo de Europa, Consejo de la UniónEuropea, Consejo de Ministros Árabes del Interior, Ligade los Estados Árabes, Oficina Europea de Policía, OrdenSoberana y Militar de Malta, Organización Internacionalde Policía Criminal, Organización para la Prohibición delas Armas Químicas y Organización para la Seguridad y laCooperación en Europa.

13. Las siguientes organizaciones no gubernamentalesestuvieron representadas por observadores:

De carácter consultivo general:

Alianza Internacional de Mujeres para la Igualdad deDerechos y de Responsabilidades, AsociaciónInternacional Soroptimista, Caritas Internationalis(Confederación Internacional Católica de Caridad),Confederación Internacional de Organizaciones SindicalesLibres, Congreso Islámico Mundial, Consejo Internacionalde Mujeres, Federación Abolicionista Internacional,Federación Internacional de Mujeres de Negocios yProfesionales, Federación Internacional de Mujeres por laPaz Mundial y Zonta Internacional.

De carácter consultivo especial:

American Correctional Association , AmnistíaInternacional, Asociación Internacional de Abogados,Asociación Internacional de Ayuda a los Prisioneros,Asociación Internacional de Derecho Penal, AsociaciónInternacional de Funcionarios Encargados de la Luchacontra el Tráfico y el Uso de Estupefacientes, AsociaciónInternacional de Juristas Demócratas, AsociaciónInternacional de Magistrados, Asociación para el Estudiodel Problema Mundial de los Refugiados, Asociación parala Prevención de la Tortura, Centro Italiano deSolidaridad, Centro Nazionale di Prevenzione e DifesaSociale, Coalición contra la Trata de Mujeres, ComitéConsultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos,Concilio Mundial de Iglesias Cristianas Independientes,Consejo de Derechos Humanos de Mujeres de Asia,Consejo Internacional de Psicólogos, ConsejoInternacional sobre el Problema del Alcoholismo y lasToxicomanías, Consejo Nacional de Organizaciones deMujeres Alemanas/Unión Federal de Organizaciones deMujeres y Grupos de Mujeres de Asociaciones Alemanas,Ejército de Salvación, Europa 2000, FederaciónInternacional de Mujeres que ejercen Carreras Jurídicas,Federación Japonesa de Colegios de Abogados, FederaciónLuterana Mundial, Federación Mundial de Salud Mental,Federation of American Women’s Club Overseas,Fraternidad Carcelaria Internacional, Fundación Asiáticapara la Prevención del Delito, Fundación Morangopoulosde Derechos Humanos, Human Rights Watch,Internacional Socialista de Mujeres, International Club forPeace Research, International Federation of UniversityWomen, Liga Howard para la Reforma Penal, LigaInternacional de los Derechos del Hombre, OrganizaciónInternacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Pax

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Romana (Movimiento Internacional de IntelectualesCatólicos) (Movimiento Internacional de EstudiantesCatólicos), Penal Reform International, SociedadInternacional de Defensa Social, Sociedad Internacionalpara los Estudios sobre el Estrés Traumático, SociedadMundial de Victimología, Syriac Universal Alliance.

Lista:

Asociación Internacional de Policía, AsociaciónInternacional de Sociología, Unión Europea de Mujeres.

Otras organizaciones:

Asociación Internacional de Fiscales, ChildnetInternational, Coalition for an International CriminalCourt, Federación Interamericana de Abogados, FundaciónInternacional Penal y Penitenciaria, Fundación para laSeguridad Mundial, International Center for MigrationPolicy Development, International Corrections andPrisons Associations, International Council ofAssociations for the Peace in the Continents, NationalAssociations Active in Criminal Justice, TransparencyInternational.

14. Más de 300 expertos participaron en el Congresocomo observadores a título personal.

D. Apertura del Congreso

15. El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente fueinaugurado oficialmente, en nombre del Secretario Generalde las Naciones Unidas, por la Vicesecretaria General. LaVicesecretaria General observó que los desafíos sinprecedentes que planteaban las redes delictivas, cada vezmás de alcance mundial, había inducido a reconocer queningún país podía, por sí solo, hacer frente al aumento dela delincuencia transnacional. La oradora indicó diversasformas nuevas de delincuencia transnacional, subrayandoque socavaban la confianza en las instituciones políticas yafectaban a la estabilidad y la prosperidad de lassociedades. Además, hizo hincapié en que la lucha contrael delito en todas sus formas era un fin en sí mismo, porquelas víctimas eran despojadas de su dignidad, sus derechosbásicos, sus bienes o su salud, o incluso sus vidas. La luchacontra la delincuencia formaba además parte de lo quedebía llegar a ser un esfuerzo global por crear un mundomás pacífico y más próspero basado en los valorescompartidos de la justicia, la democracia y los derechoshumanos para todos.

16. Tras su elección como Presidente del DécimoCongreso, el Sr. Penuell Mpapa Maduna, Ministro deJusticia de Sudáfrica, declaró que consideraba su eleccióncomo el reflejo de una renovada confianza en África y unreconocimiento de los nuevos cimientos para la prevencióndel delito y la justicia penal que se habían establecido enSudáfrica. Observó que el Décimo Congreso se estabacelebrando en una coyuntura crítica que ofrecía laoportunidad de hacer inventario y, en particular, fortalecerla respuesta de la comunidad internacional a la amenazaplanteada por la delincuencia organizada transnacional ya la necesidad de una eficaz prevención del delito, unmejor tratamiento de los delincuentes y una mayor justiciapara las víctimas. La declaración que el Décimo Congresohabía de adoptar ofrecía la ocasión de elaborar un marcogeneral para esa cooperación internacional. Subrayó lavulnerabilidad de los países en desarrollo frente alaumento de la delincuencia, en particular de la organizada.

17. El Secretario General del Congreso, SecretarioGeneral Adjunto de las Naciones Unidas, Director Generalde la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y DirectorEjecutivo de la Oficina de Fiscalización de Drogas y dePrevención del Delito pronunció un discurso de apertura.Destacó que, frente a la amenaza mundial de ladelincuencia organizada, era importante velar por elimperio de la ley, lo que entrañaba garantizar la seguridad,la libertad y la dignidad humana. El imperio de la ley poníalímites a quienes estaban en el poder y protegía a losgrupos e individuos vulnerables. El orador se refirió adiversos delitos que habían adquirido una dimensiónmundial como el blanqueo de dinero, la corrupción y latrata de seres humanos. La corrupción era especialmentepreocupante, por que afectaba a la decisión de desarrollarun instrumento internacional contra la corrupción. ElSecretario General del Congreso afirmó que la Convenciónde las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransnacional, que estaba redactando, debía ser uninstrumento que mirase hacia el futuro. El Congreso sereunía para fomentar la justicia en todo el mundo. Eranecesario asegurarse de que no existiesen santuariosseguros para los delincuentes.

18. La Sra. Hanna Suchocka, Ministra de Justicia dePolonia, observó que el momento en que se celebraba elDécimo Congreso era importante porque brindaba laoportunidad de examinar los progresos realizados en laprevención del delito y la justicia penal y formular planespara la futura labor. La expansión de la delincuenciatransnacional constituía un reto para la sociedad. Enconsecuencia, el Décimo Congreso debía reclamar una

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mayor y más eficiente cooperación internacional. Habíaque concretar y eliminar los eslabones débiles de esacooperación o, por lo menos, minimizarlos. Además, habíaque seguir examinando la posibilidad de basar lacooperación internacional sobre nuevos criterios. Uno deellos había llegado a ser posible con la creación delTribunal Penal Internacional. En 1996, Polonia habíapresentado a la Asamblea General un proyecto deconvención contra la delincuencia organizada; esainiciativa había hecho posible otro de esos criterios. Erapreciso asignar la primera prioridad a la tarea de ultimar yaprobar el proyecto de Convención de las Naciones UnidasContra la Delincuencia Organizada Transnacional.

19. En su sesión de apertura, el Décimo Congreso tambiénescuchó intervenciones de los representantes del Uruguay(en nombre del Grupo de los 77 y China); de Guatemala(en nombre del Grupo de Estados de América Latina y elCaribe); de Austria (en nombre del Grupo de Estados deEuropa Occidental y otros Estados); de Etiopía (en nombredel Grupo de Estados Africanos); Portugal (en nombre delos Estados Miembros de la Unión Europea que sonMiembros de las Naciones Unidas); y de Egipto (paísanfitrión del Noveno Congreso de las Naciones Unidassobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, celebrado en El Cairo del 29 de abril al 8 demayo de 1995.

E. Elección del Presidente y de otros miembrosde la Mesa

20. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso eligió Presidente por aclamación al Sr.Pennell Mpapa Maduna, Ministro de Justicia de Sudáfrica.

21. En la misma sesión, el Congreso eligió también poraclamación Relator General al Sr. Matti Joutsen(Finlandia); Presidente de la Comisión I al Sr. R.K.Raghavan (India), Presidente de la Comisión II al Sr.• eljko Horvatie (Croacia); y Vicepresidentes a losrepresentantes de los siguientes Estados: Argelia,Australia, Bélgica, Burkina Faso, Camerún, China,Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Federación deRusia, Filipinas, Guatemala, India, Irán (RepúblicaIslámica del), Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, México,Nigeria, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia,Portugal y Turquía. No obstante, España, de comúnacuerdo con el Grupo de Estados de Europa Occidental yotros Estados, renunció al cargo de Vicepresidente a favorde Finlandia para que ésta pudiese aceptar el cargo deRelator General.

22. En su quinta sesión, celebrada el 12 de abril, laComisión I eligió Vicepresidenta a la Sra. Cristina Luzescu(Rumania).

23. En su primera sesión, celebrada el 10 de abril, laComisión II eligió por aclamación Relator al Sr. MarianoCiafardini (Argentina). En su tercera sesión, celebrada el11 de abril, la Comisión II eligió por aclamaciónVicepresidente al Sr. Wouter Meurs (Países Bajos).

24. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso hizo suya la recomendación de lasconsultas previas al Congreso en el sentido de que el Sr.Gustavo Bell Lemus, Vicepresidente de la República deColombia, dirigiera la serie de sesiones de alto nivel delCongreso.

F. Aprobación del reglamento

25. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso aprobó por consenso su reglamento(A/CONF.187/2).

G. Aprobación del programa

26. En su primera sesión plenaria, el Congreso hizo suyoel programa provisional (A/CONF.187/1) que la AsambleaGeneral había aprobado en su resolución 53/110. Elprograma era el siguiente:

1. Apertura del Congreso.

2. Cuestiones de organización:

a) Elección del Presidente y de los demásmiembros de la Mesa;

b) Aprobación del reglamento;

c) Aprobación del programa;

d) Organización de los trabajos;

e) Credenciales de los representantes en elCongreso:

i) Nombramiento de los miembros de laComisión de Verificación de Poderes;

ii) Informe de la Comisión de Verificaciónde Poderes.

3. Promoción del imperio de la ley y fortalecimientodel sistema de justicia penal.

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4. Cooperación internacional en la lucha contrala delincuencia transnacional: nuevos retos enel siglo XXI.

5. Prevención eficaz del delito: adaptación a lasnuevas situaciones.

6. Delincuentes y víctimas: responsabilidad yequidad en el proceso de justicia.

7. Aprobación del informe del Congreso.

H. Organización de los trabajos

27. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso aprobó la organización de sus trabajosde conformidad con las recomendaciones de las consultasprevias al Congreso (véase A/CONF.187/L.1) en elentendimiento de que el 16 de abril se reservaría paraconsultas oficiosas y de que cualesquier otros ajustes quefueran precisos se efectuarían durante el Congreso. Enconsecuencia, la serie de sesiones de alto nivel y elexamen de los temas 1, 4 y 7 tendrían lugar en sesionesplenarias, los temas 3, 5 y 6 del programa se asignarían ala Comisión I y los cuatro cursos prácticos se asignarían ala Comisión II. El Congreso decidió establecer, en el senode la Comisión I, un grupo de trabajo de composiciónabierta, presidido por el Sr. John Freeman, Embajador delReino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conmiras a finalizar el anteproyecto de Declaración de Vienasobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos delsiglo XXI (A/CONF.187/4 y Add.1). El Congreso aprobótambién una serie de recomendaciones con respecto a suinforme.

I. Credenciales de los representantes en elCongreso: nombramiento de los miembrosde la Comisión de Verificación de Poderes

28. En su primera sesión plenaria, de conformidad con elartículo 4 de su reglamento (A/CONF.187/2), el Congresodecidió que la Comisión de Verificación de Poderesestuviese integrada por los siguientes Estados: Austria,Bolivia, China, Estados Unidos, Federación de Rusia,Filipinas, Sudáfrica, el Togo y Trinidad y Tabago.7

Capítulo IV Serie de sesiones de alto nivel delCongreso*

29. Los días 14 y 15 de abril se celebró la serie desesiones de alto nivel del Congreso, en la cual formularondeclaraciones 76 altos funcionarios. En la primera sesiónde la serie de sesiones de alto nivel, celebrada el 14 deabril, hicieron declaraciones las siguientes personas:

Sr. Gustavo Bell LemusVicepresidente de la República de Colombia yPresidente de la serie de sesiones de alto nivel delCongreso

Secretario General del Congreso

Excmo. Sr. Mikulas DzurindaPrimer Ministro de Eslovaquia

Sr. António CostaMinistro de Justicia de Portugal (en nombre de losEstados miembros de la Unión Europea que sonMiembros de las Naciones Unidas)

Sr. Emamoli RakhmonovPresidente de la República de Tayikistán

Sr. Farid BencheikhRepresentante Especial del Presidente de la RepúblicaArgelina Democrática y Popular

Sr. Roberto Díaz SotolongoMinistro de Justicia de Cuba

Sr. Mohammad Javad ZarifViceministro de Asuntos Internacionales y Jurídicos,Ministerio de Relaciones Exteriores de la RepúblicaIslámica del Irán

Sr. Charles ClarkeMinistro de Estado del Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte

Sr. Kari Häkämies

7 Posteriormente reemplazado por Honduras.

* En el anexo I figura un resumen del debate general de la seriede sesiones de alto nivel

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Ministro del Interior de Finlandia

Sr. Kim Kyung-han,Viceministro de Justicia de la República de Corea

Sr. Hansjörg GeigerSecretario de Estado, Ministerio de Justicia deAlemania

Sra. Hanna SuchockaMinistra de Justicia y Fiscal General de Polonia

Sr. Leoluca OrlandoAlcalde de Palermo (Italia)

30. En la segunda sesión de la serie de sesiones de altonivel, celebrada el 14 de abril, hicieron declaraciones lassiguientes personas:

Sr. Stephen Vukile TshweteMinistro de Seguridad y Orden Público de Sudáfrica

Sr. Ricardo Gil LavedraMinistro de Justicia y Derechos Humanos de laArgentina

Sr. Tonio BorgMinistro del Interior de Malta

Sr. Gao ChangliMinistro de Justicia de China

Sr. Saad Al-Nasir Al-SadiriViceministro del Interior de la Arabia Saudita

Sr. Eduardo Ibarrola NicolínSubprocurador Jurídico de México

Sr. Federico Adolfo Urruela PradoEmbajador y Representante Permanente de Guatemalaante las Naciones Unidas (Viena) (en nombre delGrupo de Estados de América Latina y el Caribe)

Sr. Baltasar GarzónMagistrado, Audiencia Nacional, Madrid (España)

Sra. Anne McLellanMinistra de Justicia del Canadá

Sr. Keisuke KitajimaFiscal General del Japón

Sr. Hikmet Sami TürkMinistro de Justicia de Turquía

Sr. Juan Antonio Chahín LupoMinistro de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia

Sr. Ibolya DávidMinistro de Justicia de Hungría

Sra. Amanda Eloise VanstoneSenadora y Ministra de Justicia y Aduanas deAustralia

Sr. Pavel VacekEmbajador y Representante Permanente de laRepública Checa ante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Joseph H. GnonlonfounMinistro de Justicia de Benin

Sr. Isan M. MustafaevViceministro de Relaciones Exteriores de Uzbekistán

Sr. Chor Chee HeungViceministro del Interior de Malasia

Sr. Ranko MarijanViceministro de Justicia de Croacia

Sra. Ana Reátegui NapuriViceministra de Justicia del Perú

Sr. Rómulo González TrujilloMinistro de Justicia de Colombia

Sr. Thomas SanonEmbajador y Representante Permanente de BurkinaFaso ante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Mario Guillermo Ruiz WongMinistro del Interior de Guatemala

31. En la tercera sesión de la serie de sesiones de altonivel, celebrada el 15 de abril, hicieron declaraciones lassiguientes personas:

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Sr. Benk H. KorthalsMinisterio de Justicia de los Países Bajos

Sr. José Luis González MontesSecretario de Estado, Ministerio de Justicia de España

Sra. Elizabeth G. VervilleRepresentante Especial, Bureau for InternationalNarcotics and Law Enforcement AffairsDepartamento de Estado de los Estados Unidos deAmérica

Sr. Robert Mbella MbappeMinistro de Justicia del Camerún

Sr. Pierre CharasseEmbajador Especial encargado de las cuestionesrelativas a la lucha contra la delincuencia organizaday la corrupción, Ministerio de Relaciones Exterioresde Francia

Sr. Abderrahim BenmoussaEmbajador y Representante Permanente de Marruecosante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Mykola DzhygaPrimer Viceministro, Ministerio del Interior deUcrania

Sr. Valeriu StoicaViceprimer Ministro y Ministro de Justicia deRumania

Sr. Lazaros S. SavvidesSecretario Permanente del Ministerio de Justicia yOrden Público de Chipre

Sra. Kristina RennerstedtSubsecretaria de Estado, Ministerio de Justicia deSuecia

Sr. Gintaras BalgiÅnasMinistro de Justicia de Lituania

Sr. Hussein MohammedMinistro del Interior del Yemen

Sr. Ramil UsubovMinistro del Interior de Azerbaiyán

Sr. Ilir PandaMinistro de Justicia de Albania

Sr. Ján farnogurskýMinistro de Justicia de Eslovaquia

Sr. Øystein MælandSecretario de Estado, Ministerio de Justicia deNoruega

Sr. Amin Banan NewMinistro de Estado, Ministerio de Justicia del Sudán

Sr. Giuseppe AyalaSubsecretario de Estado, Ministerio de Justicia deItalia

Sr. Rhousdy SoeriaatmadjaEmbajador y Representante Permanente de Indonesiaante las Naciones Unidas (Viena)

Sra. Maria-Pia von LiechtensteinEmbajadora del Principado de Liechtenstein en Viena

32. En la cuarta sesión de la serie de sesiones de altonivel, celebrada el 15 de abril, hicieron declaraciones lassiguientes personas:

Sr. R.K. RaghavanDirector de la Oficina Central de Investigaciones dela India

Sr. Jose AbudoMinistro de Justicia de Mozambique

Sr. E.N. TjiriangeMinistro de Justicia y Fiscal General de Namibia

Sr. V.I. KozlovPrimer Viceministro, Ministerio del Interior de laFederación de Rusia

Sr. Dieter BöhmdorferMinistro de Justicia de Austria

Sr. Patricio Morales AguirreSubsecretario de Carabineros de Chile

Sr. Víctor G. García III

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Embajador y Representante Permanente de Filipinasante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Refet ElmaziViceministro del Interior de la ex RepúblicaYugoslava de Macedonia

Sr. Said AbdulaatiEmbajador y Representante Permanente de laJamahiriya Árabe Libia ante las Naciones Unidas(Viena)

Sr. D. DabengwaMinistro del Interior de Zimbabwe

Sr. Maher Abdel WahedFiscal General de Egipto

Sr. Saiyid Said Hilal Al-BusaidyPresidente del Tribunal Penal de Omán

Sra. Januaria Tavares Silva Moreira CostaMinistra de Justicia de Cabo Verde

Sr. Mohammad Lawal UwaisJefe de Justicia de Nigeria

Sr. Farid A. AminRepresentante interino, Misión Permanente delAfganistán ante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Elio Gómez GrilloVicepresidente de la Comisión de Funcionamiento yReestructuración del Sistema Judicial de Venezuela

Sr. Kieng VangSecretario de Estado de Camboya

Sr. Camille LeBlancMinistro de Justicia de Haití

Sr. Shaukat UmerEmbajador y Representante Permanente del Pakistánante las Naciones Unidas (Viena)

Sr. Gerard HavyaremanaProcurador de Burundi

Medidas adoptadas en la serie de sesiones de altonivel

33. En la cuarta sesión de la serie de sesiones de alto niveldel Congreso, celebrada el 15 de abril de 2000, elCongreso aprobó la Declaración de Viena sobre ladelincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI(A/CONF.187/4/Rev.3 (véase el capítulo I, resolución 1).

34. Tras la aprobación de la Declaración, hicieron uso dela palabra los representantes del Uruguay (en nombre delGrupo de los 77 y China), Portugal (en nombre de losEstados miembros de la Unión Europea que son Miembrosde las Naciones Unidas), Marruecos y el Reino Unido.

Capítulo VExamen de los temas del programa enlas sesiones plenarias y por losórganos del período de sesiones

A. Situación del delito y la justicia penal en elmundo

35. De conformidad con el párrafo 11 de la resolución52/91 de la Asamblea General, el Secretario Generalpreparó un panorama general de la situación del delito y lajusticia penal en el mundo con miras a su presentación enla apertura del Décimo Congreso. El Congreso examinó elinforme del Secretario General sobre esta cuestión(A/CONF.187/5) en sus sesiones plenarias segunda acuarta, celebradas los días 10 y 11 de abril.

Actuaciones

36. En la segunda sesión plenaria, celebrada el 10 de abril,hicieron declaraciones los representantes de México,Australia, Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos, Ucrania,Filipinas, el Líbano, el Japón, la Argentina, Chile yColombia.

37. En la tercera sesión plenaria, celebrada el 10 de abril,hicieron declaraciones los representantes de España,Omán, la Santa Sede, Bélgica, Austria, Israel, el Perú,Uganda, Qatar, Sierra Leona y la Jamahiriya Árabe Libia.El observador del Consejo de Ministros Árabes del Interiortambién formuló una declaración.

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38. En la cuarta sesión plenaria, celebrada el 11 de abril,hicieron declaraciones los representantes de Eslovenia,Kazajstán, Kuwait, el Reino Unido, Rumania, Nigeria,Bolivia, Panamá, el Afganistán y Venezuela. Formularondeclaraciones asimismo los observadores de la Comunidadde Estados Independientes y la Liga de los Estados Árabes.También hicieron declaraciones los observadores delConsejo Consultivo Internacional Científico y Profesionaly de la Academia Árabe Naif de Ciencias de Seguridad.

Debate general

39. El representante del Centro para la PrevenciónInternacional del Delito formuló una declaraciónintroductoria en la que puso de relieve las diferentescaracterísticas de la delincuencia convencional y noconvencional en las principales regiones del mundo,incluidos la corrupción, la delincuencia organizada, eltráfico de drogas, la trata de seres humanos y el blanqueode dinero. Observó que los datos disponibles respaldabanla afirmación criminológica de una correlación entre lapobreza y la falta de oportunidades, por un lado, y eldelito, por el otro. Si bien los delitos registrados habíandisminuido en el decenio de 1990 en los países de Europaoccidental y América del Norte, los delitos registrados enotras partes habían tendido a aumentar, lo que se habíatraducido en un incremento de lo que podría denominarseuna “brecha de seguridad” entre los países en desarrollo ylos países desarrollados. No obstante, los datos indicabanque los Estados prósperos también podían experimentaríndices de delincuencia elevados como resultado de lamayor disponibilidad de oportunidades y bienes.

40. El representante del Centro para la PrevenciónInternacional del Delito observó que el Centro habíainiciado un estudio mundial de las tendencias de ladelincuencia organizada transnacional. Los resultadosiniciales habían sugerido que el crecimiento de ladelincuencia organizada era especialmente marcado en loslugares en los que existía una cultura del desorden, que semanifestaba por una percepción poco clara de laindependencia del poder judicial, una percepción de unacorrupción muy difundida y una percepción de la ineficaciade las fuerzas policiales. Asimismo, existía al parecer unafuerte correlación estadística entre la magnitud de ladelincuencia organizada y el crecimiento económicoprevisto. El representante concluyó observando que estosresultados sugerían que los sistemas de justicia penaldebían adoptar una perspectiva más internacional. Laspersonas que trabajaban en el sistema debían tratar de

ponerse en contacto con sus colegas de otros países.Expresó la esperanza de que el Décimo Congreso llegaraa recordarse como la ocasión del verdadero comienzo de lainternacionalización de la justicia penal.

41. Muchos oradores informaron de las tendencias y laevolución de la actividad delictiva en sus respectivospaíses, así como de los acontecimientos más recientesocurridos en relación con la legislación, la política penaly el cumplimiento coercitivo de la ley. En términoscuantitativos, se hizo hincapié en que los índices dedelincuencia podrían aumentar o disminuir en función decircunstancias sociales y económicas concretas. LosEstados que gozaban de estabilidad política, económica ysociocultural podían caracterizarse por sus índices dedelincuencia relativamente estables. Los Estados en losque se estaba produciendo un desarrollo rápido o unaimportante transición económica o política podían por suparte experimentar aumentos de los índices dedelincuencia. Los oradores destacaron casi por unanimidadla importancia no tanto de los cambios cuantitativos de ladelincuencia, sino de las características cambiantes de laactividad delictiva.

42. Muchos oradores describieron programas locales ynacionales de prevención, rehabilitación y atención de lasvíctimas, y recomendaron enérgicamente que se diera másatención a los programas de esa índole.

43. La mayoría de las declaraciones nacionales seconcentraron principalmente en las nuevas modalidades dela delincuencia organizada transnacional y los oradores serefirieron a una serie de factores económicos y políticos enlos planos local, nacional e internacional que habíanagravado la amenaza planteada por esas nuevasmodalidades de delincuencia. A este respecto, seidentificaron algunos efectos negativos de la globalización.De acuerdo con lo expresado por algunos oradores, laglobalización de los mercados podía generar riquezaaumentando al mismo tiempo la desigualdad. La crecientedisparidad entre países prósperos y países desfavorecidosalentaba la migración, y los países receptores a menudo noestaban preparados para garantizar derechos a los reciénllegados. El movimiento de bienes y personas a través delas fronteras había aumentado considerablemente en losúltimos años y al mismo tiempo se habían multiplicado lasoportunidades disponibles a los grupos delictivos para eltransporte ilícito de personas y bienes. Los gruposdelictivos transnacionales estaban aprovechándose de lafalta de armonización y de las debilidades de los sistemas

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de justicia penal. Una de las preocupaciones expresadasfue que el crecimiento de la actividad delictivatransnacional iba acompañado de un corolario de actosilegales, como la corrupción de funcionarios públicos y elblanqueo de dinero.

Conclusiones

44. Los oradores subrayaron la importancia de laspolíticas de desarrollo tanto en el plano nacional como enel internacional. La gestión y administración eficientes yadecuadas de la justicia penal, con el debido respeto a losderechos humanos, se reconocían como requisitos previosfundamentales para el desarrollo social y económico.

45. Los oradores concedieron alta prioridad a ladimensión social de la prevención del delito mediante laparticipación activa de las comunidades en el marco deestrategias preventivas. Se mencionó en particular laimportancia de que se fortalecieran los programaseducativos destinados a impedir que los jóvenescometieran delitos y de que se abordara el problema de laviolencia en el hogar y, en especial, la violencia contra lamujer.

46. Los participantes hicieron hincapié en la necesidad deexaminar de manera adecuada los intereses y laspreocupaciones de las víctimas en el sistema de justiciapenal, y de explorar la posibilidad de una utilización másamplia de la mediación y de los principios de la justiciarestitutiva.

47. Se expresó apoyo a un desarrollo apropiado y unautilización más amplia de las sanciones no privativas delibertad como medio de reducir el hacinamiento en lascárceles y de garantizar una reinserción más fácil de losdelincuentes en la sociedad.

48. Se recomendaron las siguientes medidas:

a) Debería reforzarse la cooperación internacional, enparticular para facilitar la asistencia judicial recíproca. Losgobiernos deberían tratar de alentar el intercambio deinformación, de experiencias y de las mejores prácticas enmateria de lucha contra la delincuencia en los planosregional e internacional;

b) Los gobiernos deberían tratar de revisar suspolíticas preventivas con miras a lograr una participaciónmás activa de la sociedad civil y asignar prioridad a losgrupos sociales más vulnerables, como las mujeres y los

niños. También se instó a los gobiernos a que examinaransu política con respecto a la asistencia y el apoyo a lasvíctimas de delitos, de conformidad con los instrumentosde derechos humanos reconocidos internacionalmente.

B. Cooperación internacional en la luchacontra la delincuencia transnacional: nuevosretos en el siglo XXI

49. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso asignó al Pleno el tema 4 del programa,titulado “Cooperación internacional en la lucha contra ladelincuencia transnacional: nuevos retos en el siglo XXI”.Para su examen del tema, el Congreso tuvo ante sí lossiguientes documentos:

a) Nota de la Secretaría relativa al anteproyecto deDeclaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia:frente a los retos del siglo XXI (A/CONF.187/4 y Add.1);

b) Documento de trabajo preparado por la Secretaríasobre la cooperación internacional para luchar contra ladelincuencia transnacional: nuevos retos en el siglo XXI(A/CONF.187/6);

c) Documento de antecedentes para el curso prácticosobre la lucha contra la corrupción (A/CONF.187/9).

Actuaciones

50. El Congreso examinó el tema en sus sesiones quinta,séptima y octava, celebradas los días 12 y 13 de abril.

51. En la quinta sesión plenaria, celebrada el 12 de abrilde 2000, el Presidente del Congreso hizo una declaraciónde apertura. A continuación un experto formuló unadeclaración.

52. También en la quinta sesión plenaria se organizó unapresentación a cargo de un grupo de expertos sobre lacooperación internacional y la función de los fiscales y lasautoridades centrales en la lucha contra la delincuenciaorganizada transnacional. (La lista de los expertosparticipantes en dicha presentación figura en el anexo IIdel presente informe.)

53. En esa misma sesión hicieron declaraciones losrepresentantes de los Países Bajos, Turquía, el Japón,Zambia, Australia, Uzbekistán y la República Árabe Siria.

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54. En su séptima sesión plenaria, celebrada el 13 deabril, el Congreso centró su debate en la situación actualdel proyecto de convención de las Naciones Unidas contrala delincuencia organizada transnacional. Un representantedel Centro para la Prevención Internacional del Delitopresentó el tema.

55. Además, hicieron declaraciones en la séptima sesiónlos representantes de Botswana, Egipto, Qatar, Italia, SriLanka, el Camerún, Rumania, el Brasil, Ghana y el Togo.El observador de la Asociación Internacional de Fiscalestambién formuló una declaración.

56. En esa misma sesión, los representantes de Austria yde los Estados Unidos y los observadores de la ComisiónEuropea y de Childnet presentaron un informe acerca de laConferencia Internacional sobre la Lucha contra laPornografía Infantil en Internet, celebrada en Viena del 29de septiembre al 1º de octubre de 1999.

57. En su octava sesión plenaria, celebrada el 13 de abril,el Congreso centró su debate en dos temas: la delincuenciaorganizada transnacional y los grupos delictivosorganizados; y los vínculos entre la delincuenciaorganizada transnacional y los delitos económicos yfinancieros.

58. Además, hicieron declaraciones en la octava sesiónlos representantes de la República Islámica del Irán, Cuba,Croacia, la República Checa y Belarús. Tambiénformularon declaraciones los observadores del InstitutoAfricano para la Prevención del Delito y el Tratamiento delDelincuente, el International Centre for Migration PolicyDevelopment, la Fundación Asiática para la Prevención delDelito, Penal Reform International y la FederaciónInternacional de Mujeres que Ejercen Carreras Jurídicas.

Debate general

59. Se informó a los participantes de los acontecimientosrelacionados con la delincuencia en varios países delmundo. Se dijo que la delincuencia se había extendido yrecrudecido cada vez más, con crecientes consecuenciasadversas para la vida cotidiana. Al mismo tiempo, diversasformas de la delincuencia organizada ponían en peligro eldesarrollo económico, social y político de países enteros.Se pusieron de relieve los vínculos cada vez mayores de ladelincuencia organizada convencional con los delitos decuello blanco.

60. Muchos oradores se refirieron al considerableaumento del número de delitos perpetrados por gruposdelictivos organizados en los planos nacional einternacional, como el tráfico ilícito de drogas, la trata deseres humanos, la fabricación y el tráfico ilícitos de armasde fuego, la corrupción y el blanqueo de dinero. Tambiénse hizo referencia a la intensificación de las actividadesterroristas y a los vínculos del terrorismo con otras formasde delincuencia.

61. Muchos Estados reconocieron que los actosrelacionados con delitos financieros internacionales erande alcance mucho mayor y de carácter más audaz ycorriente que nunca antes. Se afirmó que uno de losproblemas de la lucha contra la delincuencia financieraeran los límites de la jurisdicción. Los Estados reconocíanuna necesidad inmediata de reforzar los métodos decooperación en la investigación y el enjuiciamiento de losdelitos financieros.

62. Muchos oradores subrayaron la importancia de lacooperación mundial en la prevención del delito y lajusticia penal. Varios oradores observaron que ningúnEstado, actuando por sí solo, podía hacer frente consuficiente eficacia a muchas formas de delincuencia,habida cuenta de su complejidad y sus vínculostransnacionales. Se adujo que la prevención del delito y lajusticia penal constituían una responsabilidad que habíande compartir los Estados.

63. A ese respecto, varios oradores se refirieron a lasnecesidades especiales de asistencia de los países endesarrollo en esa esfera. A la vez que expresaron sugratitud a los donantes internacionales, esos oradoresseñalaron que la asistencia técnica, la capacitación y elintercambio de información y de conocimientosespecializados sobre prevención y control de ladelincuencia, junto con la asistencia financiera, seguíannecesitándose no sólo para fortalecer las institucionesdemocráticas, la aplicación eficaz del imperio de la ley yla participación de la comunidad en la prevención deldelito y la justicia penal, sino también, por ejemplo, paraestablecer programas relacionados con formas concretas dedelincuencia o aspectos específicos de la justicia penal.

64. Varios oradores hicieron referencia a iniciativasprometedoras que podían contribuir a agilizar la respuestaa solicitudes relativas a: asistencia judicial internacional encasos penales, como el recurso a oficiales de enlace; la

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preparación de manuales; la utilización de bases de datossobre puntos de contacto, procedimientos nacionales ycuestiones prácticas; la facilitación de solicitudes yenfoques modelo; el establecimiento de redes judicialesinternacionales; y la organización de cursos decapacitación en materia de ordenamientos jurídicos eidiomas. Con respecto a la función capital quedesempeñaban los fiscales, se sugirió que el Centro para laPrevención Internacional del Delito, en colaboración conorganizaciones como la Asociación Internacional deFiscales, podía tener un papel decisivo en cuanto a prestarasistencia a los Estados Miembros en el establecimiento deredes electrónicas entre fiscales y en la preparación dedirectorios.

65. Otros oradores se refirieron a varios foros ymecanismos internacionales que considerabanprometedores para la promoción de la cooperacióninternacional, incluidos instrumentos bilaterales ymultilaterales, instituciones regionales y organizacionesintergubernamentales. Muchos oradores hicieron hincapiéen que era importante que tanto los países desarrolladoscomo los países en desarrollo adoptaran un enfoqueconjunto coherente.

66. Muchos oradores se refirieron a la labor del ComitéEspecial encargado de elaborar una convención contra ladelincuencia organizada transnacional. Algunossubrayaron la importancia de movilizar la voluntad políticapara concluir las negociaciones relativas al proyecto deconvención de las Naciones Unidas contra la delincuenciaorganizada transnacional y sus proyectos de protocolo.Otros oradores expresaron la esperanza de que el ritmo delas negociaciones no tuviese una repercusión adversa en laparticipación equitativa y se asignase suficiente tiempo alexamen de las importantes cuestiones tratadas, dado que lameta era elaborar un instrumento universal que aumentasela cooperación entre todos los Estados Miembros. Se tomónota de la necesidad de respetar los principios del derechointernacional público y, en particular, la soberanía de losEstados.

67. Varios oradores acogieron con beneplácito el resumende las mejores estrategias para combatir la pornografíainfantil en la Internet, contenido en el informe relativo a laConferencia Internacional sobre la Lucha contra laPornografía Infantil en Internet (véase el párr. 56). Sesubrayó la necesidad de penalizar la pornografía infantil entodo el mundo y de establecer una cooperación másestrecha entre los gobiernos y la industria de Internet.

68. Muchos oradores señalaron que la celebración delDécimo Congreso de las Naciones Unidas era sumamenteoportuno en este momento. Los últimos decenios habíantraído consigo numerosos cambios económicos, políticosy sociales que habían dado lugar a nuevas y más extendidasformas de delincuencia. A juicio de esos oradores, elDécimo Congreso brindaba una excelente oportunidad parasopesar los acontecimientos ocurridos en relación con ladelincuencia y la justicia penal y estudiar medios yarbitrios para hacer frente a los retos del siglo XXI.

69. Varios oradores observaron que los congresos de lasNaciones Unidas sobre prevención del delito y tratamientodel delincuente proporcionaban una oportunidad paraintercambiar información y fijar políticas. Se puso derelieve la importancia de los congresos como guía para lacomunidad internacional.

70. El Fiscal General de Tailandia presentó un informesobre los resultados del Seminario Ministerial de Asia y elPacífico celebrado en Bangkok los días 20 y 21 de marzode 2000. Anunció que el Gobierno de Tailandia deseabaacoger el Undécimo Congreso de las Naciones Unidassobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, teniendo presente que podía haber cambios enlos procedimientos y los aspectos sustantivos de laorganización de los trabajos, el calendario, el formato o eltítulo de ese acontecimiento.

71. En la segunda sesión de la serie de sesiones de altonivel, celebrada el 14 de abril, el Vicefiscal General deMéxico para Asuntos Jurídicos e Internacionales anuncióque el Gobierno de México había manifestado su deseo deacoger el Undécimo Congreso. El representante deGuatemala, en nombre del Grupo de Estados de AméricaLatina y el Caribe, expresó su apoyo a la invitación delGobierno de México. Otros oradores expresaron apoyo alas invitaciones de los Gobiernos de México y deTailandia.

72. Varios oradores expresaron su agradecimiento a lasNaciones Unidas, en particular a la Oficina deFiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, por elapoyo que había prestado a determinados EstadosMiembros o regiones. Se elogiaron los programasmundiales sobre la corrupción y sobre la trata de sereshumanos, así como el panorama de la delincuenciaorganizada. Se expresó gratitud asimismo por la labor que

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desempeñaba la red del Programa de las Naciones Unidasen materia de prevención del delito y justicia penal.

Conclusiones

73. Los participantes reafirmaron enérgicamente laimportancia de la cooperación internacional en laprevención y el control de la delincuencia organizadatransnacional. A ese respecto, las Naciones Unidas podíantener una función catalizadora.

74. Hubo amplio consenso en cuanto a que el proyecto deconvención de las Naciones Unidas contra la delincuenciaorganizada transnacional podía ser una herramienta eficazpara prevenir y controlar los delitos de caráctertransnacional. Los oradores deseaban una prontaaprobación de ese instrumento. Además, muchos oradoresexhortaron a los Estados a que adoptasen las medidasnecesarias para velar por que las disposiciones de laConvención se aplicasen a la brevedad posible en el marcode sus ordenamientos jurídicos nacionales.

C. Promoción del imperio de la ley yfortalecimiento del sistema de justiciapenal

75. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso, de conformidad con el programa detrabajo propuesto por el Secretario General(E/CN.15/1999/6 y Corr.1, párr. 8 y anexo) y aprobado porla Asamblea General en su resolución 54/125, asignó a laComisión I el tema 3 del programa, “Promoción delimperio de la ley y fortalecimiento del sistema de justiciapenal” (tema I). Para su examen del tema, el Congreso tuvoa su disposición un documento de trabajo preparado por laSecretaría (A/CONF.187/3).

Actuaciones

76. En sus sesiones plenarias primera a tercera,celebradas del 10 al 12 de abril la Comisión I celebró undebate general sobre este tema bajo la presidencia delSr. R. K. Raghavan (India).

77. En sus deliberaciones, la Comisión contó con laasistencia de un grupo de expertos, quienes presentaron eldebate sobre la cuestión del imperio de la ley duranteconflictos o períodos de transición, la problemática de la

elaboración y aplicación de nueva legislación y solucionesconexas y el examen de los medios de equilibrar laindependencia y la responsabilidad judiciales. (La lista delos expertos que participaron en las presentaciones figuraen el anexo II del presente informe.)

78. En la primera sesión, celebrada el 10 de abril,hicieron declaraciones los representantes de Suecia, China,Austria, Croacia, la Argentina, Sudáfrica, el Camerún yNamibia, así como el observador de Penal ReformInternational.

79. En la segunda sesión, hicieron declaraciones losrepresentantes de Tailandia, Cuba, Turquía, los EstadosUnidos, la República de Corea, Francia, Polonia,Eslovaquia, la Argentina y México.

80. En la tercera sesión, hicieron declaraciones losrepresentantes de Bolivia, el Perú, Egipto, el Canadá,Ucrania, Omán, el Sudán, Swazilandia y Madagascar.

Debate general

81. Varios oradores aludieron a ejemplos recientes deconflictos y de períodos de transición que ilustraban larelación entre una situación sin imperio de la ley y ladelincuencia organizada. Se observó que el conflicto deKosovo había hecho proliferar la delincuencia organizadaen cuestiones como el tráfico de drogas y la trata demujeres y niños, cuyos efectos se habían dejado sentir aescala regional. Se propuso la creación de un órganointernacional fiable que diera la alarma oportunamente entales casos y que fuera consultado para asesorar a losgobiernos en la planificación y ejecución de operacionesde mantenimiento de la paz. Se hizo hincapié en laimportancia de que se determinaran los posibles puntosdébiles en cuestiones de imperio de la ley a fin degarantizar un control eficaz de la delincuencia durante losperíodos de reconstrucción posteriores a los conflictos.

82. Se señaló asimismo que en Sudáfrica, comoconsecuencia del anterior sistema de justicia penal,represivo y politizado, y en particular del sistema policialy judicial, había resultado imposible atajar los nuevosproblemas durante la transición, especialmente los queplanteaban la delincuencia organizada y el blanqueo dedinero. Se utilizó el ejemplo de Sudáfrica para ilustrar laproblemática de la promulgación de nuevas leyes,especialmente de políticas innovadoras, que pudieran servistas con desconfianza por los magistrados u otros

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funcionarios. Otro problema considerable se derivaba dela incertidumbre judicial imperante mientras los tribunalesinterpretaban las nuevas leyes lo que retrasaba laaplicación de tan urgente legislación.

83. Varios oradores indicaron que la agravación deldesorden jurídico era un rasgo común de las nuevasdemocracias. Se argumentó que esa agravación se debía,entre otras cosas, a que durante los regímenes que habíanprecedido a la democratización se había deteriorado elrespeto de la autoridad y del imperio de la ley. Las nuevasdemocracias afrontaban la problemática de crear una nuevainfraestructura jurídica y de hacer frente al aumento de ladelincuencia, que era un fenómeno frecuente durante losperíodos de transición. La pérdida de confianza pública enel nuevo sistema podría incluso provocar una regresión quemenoscabaría la protección de las personas acusadas.

84. Entre los temas recurrentes en muchas de lasintervenciones cabía destacar la importancia del equilibrioentre la eficiencia de los sistemas de justicia penal y laprotección de los derechos individuales, la necesidad deabordar los factores económicos que contribuían a ladelincuencia y la importancia de la lucha contra lacorrupción.

85. Al abordar el tema de la independencia y laresponsabilidad de la judicatura, varios oradoresrecalcaron la importancia de que los sistemas denombramientos en el aparato judicial se basaran en lacompetencia profesional y no en la afiliación política delos interesados. Varios oradores hicieron referencia a lanecesidad de instituir un código de ética judicial con el finde garantizar la debida rendición de cuentas de losmiembros de la judicatura sin menoscabar suindependencia. Se sugirió que el poder judicial redactaray aplicara ese código con la participación de la comunidad.

86. Varios oradores mencionaron diversas dificultadesque planteaba la cooperación internacional y que eranaprovechadas por los grupos delictivos organizados. Losparticipantes subrayaron que si bien toda cooperacióninternacional eficaz requería mecanismos institucionalesapropiados, el elemento humano era importante. En eldebate se sostuvo que quienes cooperaban no eran los

Estados y las instituciones sino las personas que formabanparte del sistema. Se sugirió que, sin menoscabo delprincipio del imperio de la ley, se formaran alianzasinnovadoras entre los profesionales interesados con el fin

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de superar las formalidades y demoras innecesarias en lacooperación internacional.

Conclusiones

87. En el debate sobre el tema 3 del programa sedeterminaron varios elementos decisivos del imperio de laley, a saber: la ley debía ajustarse a las normas consagradasen la Declaración Universal de Derechos Humanos8 y enotros instrumentos internacionales; la ley debía aplicarsecon equidad y en igualdad de condiciones y de acceso paratodas las personas; la ley debía respetar la separación entrelos distintos poderes del Estado; la ley debía poder seraceptada y acatada; y la legislación debía redactarse enforma clara y comprensible.

88. En las deliberaciones también se recalcó que la meraaprobación de la ley no producía necesariamente loscambios deseados en el sistema de justicia penal. Lo que serequería además era una aplicación eficaz que redundaraen la aceptación y el respeto de la ley por la sociedad civily los encargados de administrar la justicia penal. Ellopodía promoverse mediante la participación de lacomunidad a nivel popular. Se señalaron algunosproblemas que obstaculizaban la aplicación de la ley, comola limitación de los recursos financieros, la falta depersonal e instalaciones suficientes, la reticencia judiciale institucional y la necesidad de lograr un cambio profundode las actitudes y prácticas a fin de poder abordar casos demayor amplitud y complejidad.

89. Los participantes subrayaron asimismo la importanciadel equilibrio entre la eficiencia en la administración delsistema de justicia penal y la protección de los derechosfundamentales de las personas sujetas al proceso penal,como la equidad y la igualdad ante la ley.

90. Los participantes reconocieron que la cooperacióninternacional era la clave para la aplicación universal delimperio de la ley. En particular para muchos países endesarrollo y países con economías en transición, laasistencia técnica era indispensable para hacer realidad elimperio de la ley y para reforzar sus sistemas de justicia

penal. Esa asistencia podía a menudo obrar en beneficiotanto del receptor como del donante.

91. Los participantes convinieron en la necesidad dereaccionar ante las nuevas formas de delincuencia. Porejemplo, ciertos grupos delictivos organizadosespecialmente hábiles habían adoptado nuevos métodosque los Estados debían atajar con eficacia, respetando almismo tiempo los derechos fundamentales y el imperio dela ley.

92. Los participantes reafirmaron la importancia de losinstrumentos internacionales existentes, como laDeclaración Universal de Derechos Humanos y los tratadospertinentes. Reconocieron la importancia de los nuevos yrecientes instrumentos internacionales, como el proyectode convención de las Naciones Unidas contra ladelincuencia organizada transnacional9 y los tres proyectosde protocolo, así como el Estatuto de Roma de la CortePenal Internacional10.

93. Se instó a los gobiernos a que al aplicar la reformapenal atacaran las causas fundamentales de la delincuencia.Debían estudiarse las causas de los trastornos de la justiciaa fin de reforzar el imperio de la ley. En los planes dereforma debían tomarse en consideración los dos requisitosimprescindibles para el imperio de la ley, a saber, unsistema de justicia eficaz e imparcial y un gobiernotransparente y responsable.

94. Se señaló la conveniencia de que los gobiernosconsideraran la posibilidad de formular un código de éticajudicial en el que se enunciaran las normas de conductajudicial y extrajudicial y se determinara la relación entre elpoder judicial y los otros poderes del Estado, así comoentre el poder judicial y otros funcionarios del sistema dejusticia penal.

95. Se exhortó a los gobiernos a que planificasen yejecutasen operaciones de mantenimiento de la paz yactividades de reconstrucción después de conflictos deconformidad con las resoluciones pertinentes del Consejode Seguridad a que, cuando procediera, en cooperacióncon otros miembros de la comunidad internacional,consideraran el posible establecimiento de un sistema delucha contra la delincuencia encaminado a impedir que los

8 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.

9 A/AC.254/4/Rev.8.10 A/CONF.183/9.

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grupos delictivos organizados sacasen provecho de lasdeficiencias en la aplicación del imperio de la ley.

96. Asimismo, se instó a los gobiernos a queintensificaran la asistencia técnica que prestaban, enparticular a los países en desarrollo y a los países coneconomías en transición, a fin de promover la aplicacióneficaz del imperio de la ley.

97. Se señaló que los gobiernos debían esforzarse porsimplificar y agilizar los procedimientos de cooperacióninternacional, siempre que fuera posible y sin menoscabodel imperio de la ley.

D. Prevención eficaz del delito:adaptación a las nuevas situaciones

98. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso asignó el tema 5 del programa,“Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevassituaciones”, a la Comisión I de conformidad con elprograma de trabajo propuesto por el Secretario General(E/CN.15/1999/6 y Corr.1, párr. 8 y anexo) y aprobado porla Asamblea General en su resolución 54/125. Para suexamen del tema, el Congreso tuvo ante sí un documentode trabajo preparado por la Secretaría (A/CONF.187/7).

Actuaciones

99. En sus sesiones cuarta a sexta , celebradas del 12 al 14de abril, la Comisión I llevó a cabo un debate general sobreel tema, bajo la presidencia del Sr. R.K. Raghavan (India).Fue Vicepresidenta la Sra. Cristina Luzescu (Rumania).

100. En su cuarta sesión, celebrada el 12 de abril, laComisión contó, para sus deliberaciones, con la asistenciade un grupo de expertos. (La lista de los expertosparticipantes en las disertaciones del grupo figura en elanexo II del presente informe.)

101. También en la cuarta sesión, el debate se centró enlos nuevos retos en materia de prevención del delito, lasdiferencias entre la delincuencia organizada y lasmanifestaciones tradicionales del delito y el aumentoespectacular de la delincuencia en los períodos detransición. Tras una presentación a cargo de los tresmiembros del grupo, hicieron declaraciones los

representantes de Botswana, la Argentina, Haití, México,Finlandia y Australia.

102. En las sesiones quinta y sexta, celebradas los días 13y 14 de abril, las deliberaciones se centraron en las nuevasestrategias y las novedades en materia de prevención eficazdel delito. Hicieron declaraciones los representantes deCuba, Sudáfrica, Suecia, China, Francia, Botswana,Venezuela, los Estados Unidos, el Reino Unido, laRepública de Corea, Polonia, Croacia, la Argentina, elSudán, el Canadá, los Países Bajos, Egipto y Letonia.También hicieron declaraciones los observadores delInstituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención delDelito y el Tratamiento del Delincuente, la FederaciónJaponesa de Asociaciones de Abogados y Penal ReformInternational. El observador del Centro Internacional parala Prevención del Delito presentó las conclusiones delcurso práctico sobre la participación de la comunidad en laprevención del delito.

Debate general

103. Se señaló que las estrategias de prevención del delitodiferían según la situación y el nivel de desarrollo de cadapaís. Las iniciativas de prevención del delito entrañaban lapromoción de la seguridad en los planos personal y públicoy comprendían actividades del sistema “oficial” de justiciapenal (por ejemplo, el sistema judicial, la policía, losfiscales y los tribunales), así como de los agentes yorganizaciones que formaban el sistema “oficioso” (porejemplo, las escuelas, las instituciones religiosas y lacomunidad). Ambos sistemas ejercían, en diversa medida,un control social sobre los miembros de la comunidad. Elsistema oficial de justicia penal cumplía una funciónpreventiva y represiva con fines de disuasión o prevenciónde la participación en delitos. El sistema oficioso seafanaba en inculcar la noción del imperio de la ley y lafidelidad a la comunidad y sus normas. Ambos sistemaseran interdependientes.

104. Se indicó que muchos gobiernos, especialmente depaíses desarrollados, recurrían tradicionalmente al sistemaoficial de justicia penal para prevenir la delincuencia.Otros gobiernos confiaban en la capacidad de lacomunidad de controlar las transgresiones de la ley entresus miembros. Sin embargo, en ambos casos se habíallegado a la conclusión de que la prevención del delito noera responsabilidad exclusiva de los organismos deaplicación coercitiva de la ley, de que era necesario

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promover los mecanismos oficiosos de control social y deque los dos sistemas debían funcionar conjuntamente.Muchos países habían subrayado la necesidad de accionesconcertadas entre el gobierno (en los planos nacional,regional y local) y las organizaciones no gubernamentales,los profesionales y la sociedad civil para lograr unaprevención eficaz del delito. Estas acciones debíanconcertarse a todos los niveles de la sociedad y el gobiernodebía cumplir una función rectora. Toda estrategianacional debía responder a las necesidades concretas de lacomunidad y centrarse en ella. Las acciones concertadasdebían comprender todos esos componentes en cada etapade la labor de prevención, desde el diagnóstico hasta laelaboración de un plan definido de acción, ejecuciónconjunta y evaluación.

105. Se señaló que había muchas formas de clasificar laprevención del delito. Una de las más básicas distinguíaentre prevención de las situaciones que incitaban al delitoy prevención social. La prevención de las situacionesincitantes al delito hacía hincapié en la reducción de lasoportunidades de delinquir, mientras que con la prevenciónsocial se procuraba reducir los factores y las motivacionesque conducían al delito.

106. Se afirmó que la prevención situacional del delito,destinada esencialmente a reducir las oportunidades decometer delitos, había registrado su mayor auge en losúltimos 20 años. Este enfoque, que se había aplicado engran medida en el sector comercial, había dado lugar a uncreciente mercado, por ejemplo, de servicios de guardiasde seguridad privados, planificación urbana y televisión encircuito cerrado, así como a medidas destinadas a mejorarel alumbrado y bloquear el dispositivo de arranque de losautomóviles. Estas medidas habían dado resultado en lospaíses que disponían de medios para sufragarlas. Variosoradores observaron, no obstante, que éstas eran medidasde última instancia a las que se recurría cuando habíanfracasado las estrategias políticas y sociales de prevencióndel delito.

107. La prevención social de la delincuencia, que hacíahincapié en reducir los factores criminógenos y lamotivación delictiva mediante medidas de desarrollosocial, era más ambiciosa y requería una acción concertadapermanente por parte de los órganos y entidadesinvolucrados, por lo que era más difícil de conseguir. Estaprevención se centraba en las siguientes medidas: a) laformación de los niños (atajando en la primera infancia losfactores de riesgo que pudiesen conducir más adelante a la

delincuencia y la criminalidad); b) el desarrollocomunitario (que suponía una labor de fortalecimiento dela viabilidad económica y de la cohesión social de lacomunidad local, así como de educación de la juventud enla observancia de la ley); y c) el desarrollo social (quetrataba de eliminar ciertos focos de delincuenciacaracterizados por la pobreza, la falta de un buen sistemade enseñanza y la insuficiencia de oportunidades deempleo remunerado, la discriminación y otras formas deprivación).

108. Se observó que, no sólo en países en desarrollo sinotambién en países desarrollados, ciertos sectores de lapoblación eran víctima de diversas formas de exclusiónsocial y económica. En esos países era importante insistiren la adopción de medidas de erradicación de la pobreza,el analfabetismo y otras lacras sociales que afectaban a losjóvenes (y en particular a los niños de la calle) en el marcode los programas de prevención de la delincuencia. Talesmedidas, que eran en una u otra forma medidas dedesarrollo social, se consideraban especialmente útilespara reducir la delincuencia. Existía una vinculaciónevidente entre el desarrollo social y la delincuencia: eldesarrollo social estaba en razón directa con una baja tasade delincuencia y ésta a su vez fomentaba el desarrollosocial.

109. Hubo consenso entre los participantes en que casitodos los países se enfrentaban a problemas dedelincuencia doméstica y delincuencia urbana, así como anuevas formas de delincuencia organizada transnacional.Pese a las diferencias entre esas formas de delincuencia,hubo acuerdo en que no debían ser tratadas necesariamentepor separado, pues la delincuencia urbana constituía amenudo la cantera social donde se alimentaba ladelincuencia organizada. Además, la delincuenciaorganizada transnacional sólo podía prevenirse omantenerse bajo control mediante relaciones de trabajocooperativas entre los gobiernos, la sociedad civil y losciudadanos, concertadas en los planos local, nacional einternacional.

110. Se observó que con creciente frecuencia los paísesdebían hacer frente a nuevas formas de delincuencia comúny de delincuencia organizada transnacional. Los expertosen prevención del delito deberían tomar conciencia de lospuntos débiles de la nueva tecnología antes de que seanaprovechados por los delincuentes.

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111. Los representantes de diversos gobiernosmencionaron la necesidad de instituir una políticacoordinada de prevención del delito con miras a preveniry controlar la delincuencia organizada transnacional. Esapolítica podía adoptar diversas formas con tal de que todasellas fueran compatibles con el buen funcionamiento delprocedimiento penal y de la cooperación judicial. Losestudios empíricos mostraban que las medidas deprevención o de represión de la delincuencia adoptadascontra la delincuencia tradicional y urbana no llevaban, tana menudo como se temía, al desplazamiento de ladelincuencia del territorio de una jurisdicción a otra. No sedisponía aún de datos suficientes para formularconclusiones definitivas sobre el fenómeno deldesplazamiento de un lugar a otro de la delincuenciaorganizada transnacional, el cual requería un examen mása fondo.

112. Varios representantes de países en desarrollopidieron que los gobiernos de los países desarrolladosprestaran apoyo técnico a sus países en la lucha contra ladelincuencia. Algunos representantes recalcaron queexistía una clara vinculación entre la delincuencia y lademocracia: una democracia sólida y duradera necesitabapaz para sobrevivir y, a su vez, ayudaba a crear la paz quenecesitaba.

Conclusiones

113. Se llegó a varias conclusiones respecto del tema 5del programa, a saber:

a) La prevención del delito debía promoverse comodeber cívico de los ciudadanos y como responsabilidadpolítica de los gobiernos. La prevención de la delincuenciay la seguridad debían ser compatibles con los valores yprocesos democráticos. Debían erradicarse la corrupcióny las tendencias antidemocráticas de los servicios deaplicación coercitiva de la ley y los órganos de laadministración pública si éstos habían de gozar de laconfianza y el apoyo de la comunidad y de contribuirjuntamente con ella al fomento de la prevención eficaz dela delincuencia. Los servicios de aplicación coercitiva dela ley y los órganos de la administración pública tambiéndebían rendir cuentas de su actuación;

b) Debía integrarse plenamente la política deprevención del delito en las demás políticas sociales;

c) Para desarrollar medidas eficaces de prevencióndel delito se requería un diagnóstico claro. Tal diagnósticodebía permitir la investigación y determinación de losfactores de riesgo y de los segmentos más vulnerables dela sociedad. Todas esas personas, representantes, así comolos grupos representados por ellas debían participar en lalabor de prevención del delito a nivel local;

d) Las intervenciones debían ser de carácterpluridimensional y posibilitar la coordinación de unaamplia gama de iniciativas. Esas medidas debían ejecutarsecon la participación conjunta de las entidades oficiales dela justicia penal, la administración pública, la sociedadcivil y miembros de la comunidad. Las políticas en materiade seguridad debían ser democráticas, es decir, debíansometerse a un amplio debate entre todas las entidadesinteresadas y los representantes de la comunidad, a todoslos niveles;

e) Incluso si existieran diferencias entre los paísesen desarrollo y los países desarrollados acerca de la mejormanera de enfocar la prevención del delito o sobre lasestrategias operativas que hubiesen de adoptarse, serequerían respuestas en materia de prevención del delitoque articulasen los objetivos de la prevención social y dela aplicación coercitiva de la ley;

f) Debía efectuarse una evaluación a fin decomprobar la eficacia. Sin embargo, esa evaluación nodebía basarse sólo en estadísticas o costos. Para lasestrategias de prevención social era más adecuada unaevaluación cualitativa que tuviese en cuenta las mejoras dela calidad de vida, el sentimiento de seguridad y elbienestar. Dada la limitación de recursos, sólo debíancontinuarse los proyectos o programas que demostrasenresultados positivos. Había que efectuar estudios paradeterminar si esos proyectos que habían tenido éxito en unmomento y un lugar determinados podían aplicarse enotros países, así como el tipo de condiciones quegarantizarían tales resultados;

g) El afán de aplicar programas y estrategiaseficaces de prevención del delito no debía opacar losvalores humanitarios y los aspectos éticos. Esos programasy estrategias debían tener en cuenta esas cuestiones y evitarmedidas como la invasión de la intimidad, la erosión de laslibertades civiles y toda medida tendiente a fomentar laexclusión social de personas marginadas;

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h) No era posible abordar adecuadamente lascuestiones referentes a la delincuencia organizadatransnacional a menos que las autoridades constituidas enlos Estados Miembros se ocupasen de la delincuencia en elplano local. Cuando correspondiese, había que fortaleceren uno y otro plano las medidas de prevención y represióndel delito;

i) Uno de los objetivos era que las medidas deprevención del delito fueran sostenibles. Sólo lacontinuidad podía garantizar el desarrollo sostenible y lademocracia;

j) Se disponía de un considerable conjunto deconocimientos acerca de lo que realmente funcionaba. Eldesafío seguía consistiendo en cómo aplicar la experienciaadquirida en la prevención de la delincuencia interna a laprevención y la represión de otros tipos de delitos, como elterrorismo, los crímenes de guerra y la delincuenciaorganizada transnacional.

114. Se instó a que se adoptasen medidas en las siguientesesferas:

a) Los gobiernos debían asumir la responsabilidadpolítica de desarrollar una estrategia integrada deprevención del delito basada principalmente en eldesarrollo social y la aplicación coercitiva de la ley ymovilizar conjuntamente a todos los agentes políticos yprofesionales y la comunidad, en diferentes planos y demanera democrática, pero sin imponer rígidamente un plande acción preconstituido;

b) Los gobiernos tenían que velar por que todos losmiembros de la sociedad, incluso los más marginalizados,estuviesen protegidos contra la delincuencia. Debíanadoptarse medidas especiales para proteger a quienes sehallasen más expuestos a riesgos (por ejemplo, las mujeres,los niños y los inmigrantes indocumentados);

c) Los gobiernos, la sociedad civil y la comunidaden general debían rearticular los valores humanostradicionales y tratar de infundir esos valores en losmiembros de la sociedad. El aprecio y el respeto delimperio de la ley eran ideales básicos sobre los cuales sepodía edificar una sociedad segura;

d) Los gobiernos de los países desarrollados debíanprestar asistencia técnica a los países en desarrollo. Los

países en desarrollo pugnaban por hacer frente a ladelincuencia “transferida” (importada a sus países por losagentes de los adelantos tecnológicos en países másdesarrollados);

e) A fin de conseguir una seguridad sostenible,condición básica del desarrollo sostenible, los EstadosMiembros, debían, por conducto de la Comisión dePrevención del Delito y Justicia Penal:

i) Desarrollar una activa cooperación mediante elintercambio de información, experiencia yconocimientos prácticos y la prestación deasistencia técnica en la esfera de la prevencióndel delito y, al mismo tiempo, elaborarinstrumentos jurídicos para combatir ladelincuencia transnacional organizada;

ii) Considerar la adopción de medidas paragarantizar un equilibrio apropiado entre laaplicación coercitiva y la prevención, centrandola atención en la protección de los derechoshumanos.

iii) Elaborar reglas y normas sobre los elementos deuna prevención del delito responsable.

E. Delincuentes y víctimas: responsabilidady equidad en el proceso de justicia penal

115. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso asignó a la Comisión I el tema 6 delprograma, “Delincuentes y víctimas: responsabilidad yequidad en el proceso de justicia penal” (tema IV), deconformidad con el programa de trabajo propuesto por elSecretario General (E/CN.15/1999/6 y Corr.1, párr. 8 yanexo), y aprobado por la Asamblea General en suresolución 54/125. Para su examen del tema, la Comisión Ituvo ante sí un documento de trabajo preparado por laSecretaría (A/CONF.187/8).

Actuaciones

116. En sus sesiones séptima a novena, celebradas los días14 y 15 de abril, la Comisión I procedió al debate generalbajo la presidencia del Sr. R.K. Raghavan (India). Para suexamen del tema, el Congreso tuvo ante sí un documentode trabajo preparado por la Secretaría (A/CONF.187/8).

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117. En su primera sesión, celebrada el 14 de abril, elPresidente de la Comisión I formuló una declaraciónpreliminar en la que destacó la importancia de lavictimología. Acto seguido uno de los expertos hizo unaexposición sobre los principales temas que serían objeto deexamen. Otros dos expertos hicieron declaraciones decarácter general sobre la justicia restitutiva. (La lista de losexpertos que integraron el grupo expositor figura en elanexo II del presente informe.) También formularondeclaraciones los representantes de Australia, el Canadá,la República Checa, el Reino Unido, Cuba, México y laRepública de Corea.

118. En las sesiones octava y novena, celebradas el 15 deabril, el debate se centró en los derechos de las víctimas yde los delincuentes y en la justicia restitutiva.

119. En la octava sesión se presentaron dos publicacionesrecientes, el Manual sobre Justicia para las víctimas y laGuía para las instancias normativas, preparados por ungrupo de expertos procedentes de más de 40 países en unaserie de reuniones patrocinadas por la Oficina para lasVíctimas del Delito, del Departamento de Justicia de losEstados Unidos, y por el Ministerio de Justicia de losPaíses Bajos. Las publicaciones se prepararon encolaboración con la Oficina de Fiscalización de Drogas yde Prevención del Delito de la Secretaría, con financiaciónde la mencionada Oficina del Departamento de Justicia delos Estados Unidos. Formularon declaraciones losrepresentantes de Sudáfrica, Namibia, los Estados Unidos,Nueva Zelandia, Suecia, Finlandia y Cuba.

120. Uno de los expertos presentó las investigacionesrecientes sobre la observancia efectiva de los derechos delas víctimas. A continuación hicieron declaraciones losrepresentantes del Reino Unido y de Turquía.

121. En la novena sesión formularon declaraciones losrepresentantes de Italia, el Canadá, Alemania, China, elReino Unido, Croacia, Polonia, Francia y Austria. Luegohizo uso de la palabra el Relator Especial sobre la cuestiónde la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes. También hicieron declaraciones losobservadores de la Sociedad Mundial de Victimología, elComité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos,la Fraternidad Carcelaria Internacional y la Internacionalpro Reforma Penal. Cuatro expertos formularon tambiéndeclaraciones.

Debate general

122. Los participantes convinieron en que el concepto dejusticia restitutiva debía ser un elemento fundamental delos debates sobre la responsabilidad y equidad respecto delos delincuentes y las víctimas en el proceso de justiciapenal. La intención fundamental de la justicia restitutivaera reparar el daño causado y restablecer al delincuente ya la víctima, en cuanto fuese posible, a su estado anteriora la comisión del delito. Se hizo notar que laculpabilización con fines restitutivos tenía por objeto, enprimera instancia, avergonzar al delincuente para llevarloa reconocer el perjuicio cometido a la víctima y a lasociedad y, en segunda instancia, reincorporar aldelincuente en la comunidad y en la sociedad en suconjunto. La justicia restitutiva ofrecía al proceso dejusticia penal una alternativa a las modalidadesestablecidas de enjuiciamiento y castigo y permitíaincorporar a la comunidad y a toda la sociedad en elproceso restitutivo.

123. Se observó que en años recientes, la justiciarestitutiva había captado el interés de los encargados de laspolíticas, los profesionales, los investigadores y otroscopartícipes del proceso de justicia penal. Se dijo que lajusticia restitutiva era una práctica antigua que habíaresurgido y que adoptaba nuevas formas como lamediación, las conferencias entre miembros de gruposfamiliares y los círculos de ayuda mutua. Se utilizaba sobretodo para tratar casos de delincuentes jóvenes y delitos demenor gravedad. Los participantes examinaron las posiblesaplicaciones de la justicia restitutiva respecto dedelincuentes adultos y delitos más graves.

124. Se observó que muchos países, especialmente los detradición jurídica anglosajona, se habían situado a lavanguardia en esta materia con iniciativas innovadoras,como las conferencias entre miembros de gruposfamiliares. En otras jurisdicciones también se habíanadoptado nuevas medidas restitutivas como la mediación.Se hizo referencia a diversos programas de justiciarestitutiva en los países desarrollados. Los representantesde varios países observaron que la justicia restitutiva sevenía practicando desde hacía mucho tiempo a nivel de lacomunidad en muchos países en desarrollo, especialmenteen África. El representante de Sudáfrica subrayó que en supaís se había observado recientemente un resurgimiento dela justicia restitutiva en el marco de consejos de verdad yreconciliación.

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125. Se señaló que la justicia restitutiva había sidofavorablemente acogida en una serie de países, entre ellosAlemania, el Canadá, Cuba, los Estados Unidos, Francia,Italia, México, Nueva Zelandia, Polonia, el Reino Unido yla República de Corea. Los representantes de variosgobiernos compararon la satisfacción obtenida por lasvíctimas en el contexto de iniciativas de justicia restitutivacon las formas tradicionales de la justicia penal yanalizaron la probabilidad de que disminuyeran los índicesde reincidencia como resultado de la justicia restitutiva.Sin embargo, algunos participantes advirtieron sobre elriesgo de considerar que las potencialidades de la justiciarestitutiva eran ilimitadas, dado que en la mayoría de loscasos los delitos nunca se resolvían y no era posibleidentificar a los delincuentes. Algunos participantesseñalaron que, puesto que la sociedad también resultabaafectada por la delincuencia debía ser indemnizada por losdelitos cometidos; asimismo, se hizo observar que lajusticia restitutiva tendía a hacer hincapié en el perjuiciocausado por el delito a las víctimas individuales.

126. Algunos participantes indicaron que la justiciarestitutiva se encontraba en fase embrionaria y no podíaconsiderarse aún como panacea para los delitos y lasdeficiencias de los sistemas tradicionales de justicia penal.Un participante señaló que la justicia restitutiva noprestaba atención a las cuestiones de etiología relacionadascon las causas de la delincuencia. Se sugirió que en unospocos años la justicia restitutiva podía convertirse en unamoda pasajera, lo mismo que algunas otras iniciativas enmateria de justicia penal.

127. Los participantes analizaron la aplicación práctica delas iniciativas de justicia restitutiva en los casos en queentraran en juego delincuentes que no fueran menores, asícomo delitos más graves. Se puso en duda la aplicabilidadde la justicia restitutiva a los casos delicados. También sedebatió la necesidad de preservar los derechos procesalesde las víctimas y se hizo referencia a los riesgos depresionarlas para que optasen por la justicia restitutiva.

128. Si bien algunos participantes expresaron la opiniónde que la justicia restitutiva no podía conciliar fácilmentelos intereses de la comunidad y del Estado, la mayoría deellos mostró más entusiasmo por la posibilidad de que lajusticia restitutiva se aplicase paralelamente a lasactuaciones tradicionales de justicia penal. Enconsecuencia, el personal de justicia penal debía recibircapacitación adecuada en materia de justicia restitutiva.

129. Las deliberaciones también giraron en torno a laobligación de rendir cuentas y de velar por la equidad,tanto para los delincuentes como para las víctimas,mediante el debido procedimiento legal. Losrepresentantes de varios gobiernos presentaron sulegislación más reciente en lo referente a una amplia gamade medidas, prestaciones de servicios y planes deindemnización. Los participantes trataron de temasrelacionados con la protección de los derechos y lasnecesidades de los delincuentes y las víctimas: por ejemplola necesidad de proteger el anonimato de la víctima encasos delicados respetando al mismo tiempo los derechosdel delincuente. Un participante se refirió a lasconclusiones de una investigación sobre la aplicación de larecomendación (85) 11 del Consejo de Europa relativa alas víctimas de delitos, realizada en 22 jurisdiccioneseuropeas. Señaló que, en lo tocante a la aplicación dedirectrices relativas a las víctimas, la puesta en práctica dela ley a menudo distaba apreciablemente de su tenor. A eserespecto se observó que la Declaración sobre los principiosfundamentales de justicia para las víctimas de delitos y delabuso de poder11, si bien era un punto de referencia encuanto a los derechos de las víctimas, estaba aún porconvertirse en realidad en la práctica en la mayoría de losEstados. En ese orden de ideas, se estimó que el Manual yla Guía antes mencionados eran una considerable ayudapara los especialistas en la aplicación de políticas relativasa las víctimas de delitos.

130. Varios participantes de países en desarrollo,refiriéndose a diversas iniciativas relativas a las víctimasy los delincuentes, subrayaron la necesidad definanciación, en particular con respecto a planes deindemnización y la capacitación de los agentes de lajusticia penal para la prestación de servicios a las víctimas.También se mencionó la importancia de los voluntariospara los planes de base comunitaria destinados a losdelincuentes y las víctimas. Un participante, refiriéndosea algunas de las iniciativas relativas a las víctimas y losdelincuentes sugeridas en el documento A/CONF.187/8,señaló asimismo los problemas técnicos que suscitaba laaplicación de tales iniciativas y, a ese respecto, se hizoalusión a la detección y el castigo de las personasinvolucradas en la delincuencia organizada.

131. Muchos participantes observaron que el péndulo dela justicia penal oscilaba cada vez más hacia la

11 Resolución 40/34 de la Asamblea General.

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consideración de la víctima, que tanto había sidodescuidada. Otro participante se refirió en particular a lalamentable suerte de las personas que cumplían largaspenas de prisión y señaló que en algunos países una granproporción de los reclusos era de origen extranjero.También se hizo referencia a la necesidad de evitar ladelincuencia y la victimización de las personas quecumplían largas penas de prisión. Se propugnó el uso deinstrumentos sicológicos para prever y contrarrestar laviolencia en las cárceles. Además, se pusieron de relievelas necesidades particulares de las reclusas, los menoresdelincuentes y las familias de los presos.

132. El tema del hacinamiento en las cárceles se planteóen relación con las sentencias de privación de libertad porun plazo corto impuestas a los delincuentes, entre otrascosas, por el incumplimiento del pago de multas, así comoen relación con la falta de programas que apartaran a losdelincuentes del sistema de justicia penal.

133. Varios participantes se refirieron a las necesidadesde determinadas categorías de víctimas vulnerables, comolas mujeres y los niños víctimas de ataques sexuales. Enese sentido, se subrayó que debían evitarse lascaracterizaciones estereotipadas de las víctimas. Esaopinión se reiteró con respecto al carácter multifacético deldenominado “movimiento de las víctimas”.

134. Varios participantes se refirieron asimismo a lasvíctimas de la delincuencia organizada transnacional. Semencionaron las necesidades especiales de esas víctimas,así como la necesidad de reforzar su derecho a laprotección. A ese respecto, la cooperación internacional seconsideró un elemento esencial para garantizar dichaprotección y evitar que esas personas se vieran sometidasa una nueva victimización.

Conclusiones

135. Como resultado del debate se llegó a una serie deconclusiones, en particular con respecto a laresponsabilidad y a la necesidad de garantizar la equidadtanto para los delincuentes como para las víctimas en elproceso de justicia penal:

a) Se convino en que había aumentado el interés porlas víctimas. Ello se había debido en parte al mayor interéspor la justicia restitutiva, que a su vez había recibido unimpulso sustancial de la crisis penitenciaria de los últimosaños;

b) Si bien no todos los participantes considerabanque la justicia restitutiva representaba un cambioparadigmático para la justicia penal, hubo consenso conrespecto a su conveniencia;

c) Se observó que existía una presunción de que lajusticia restitutiva daba derechos a las víctimas. Algunosparticipantes se refirieron a las iniciativas restitutivascomo formas de habilitación; no obstante, se expresó laopinión de que había circunstancias en las que habría queobrar con cautela. A ese respecto, se consideróconveniente realizar controles de calidad y evaluaciones delas iniciativas restitutivas;

d) Con respecto a los derechos de los delincuentes,no se llegó a ninguna conclusión firme en cuanto a si eraaconsejable conceder a la víctima la palabra final en lasdecisiones sobre enjuiciamiento, libertad anticipada ylibertad condicional, o si era preferible permitir que lavíctima proporcionara a las autoridades de justicia penalinformación que pudiera tenerse en cuenta al adoptar talesdecisiones. Se observó que toda mención de derechosponía inevitablemente de relieve la necesidad de lograr unequilibrio entre los derechos de la víctima y los deldelincuente.

136. No se llegó a ninguna conclusión con respecto a lascuestiones siguientes: qué pasaría si no se respetaban losderechos previstos; qué recursos tenían el delincuente o lavíctima; cómo se enteraban las víctimas y los delincuentesde sus derechos y qué sabían acerca de ellos; y cuáles eranlos derechos que reclamaban activamente las víctimas y losdelincuentes. Se sugirió que se examinaran más a fondoesas cuestiones.

137. Algunos participantes expresaron la opinión de queera necesario seguir analizando la cuestión de lavictimización transnacional. En esas deliberacionespodrían abordarse, por ejemplo, los problemas queplanteaban las dificultades con el idioma, las discrepanciasculturales y la falta de familiaridad con los procedimientosjurídicos extranjeros.

138. Algunos participantes sugirieron que se invitara a laComisión de Prevención del Delito y Justicia Penal aformular normas y principios básicos para guiar a losEstados en la utilización equitativa y eficaz de lamediación y de otros procesos de justicia restitutiva.

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F. Informe de la Comisión de Verificación dePoderes

139. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso, de conformidad con el artículo 4 de sureglamento, constituyó una Comisión de Verificación dePoderes integrada por los siguientes Estados: Austria,Bolivia, China, los Estados Unidos, la Federación deRusia, Filipinas, Sudáfrica, el Togo y Trinidad y Tabago7.

140. La Comisión de Verificación de Poderes celebró unasesión el 13 de abril.

141. El Sr. Victor G. Garcia III (Filipinas) fue elegidoPresidente de la Comisión por unanimidad.

142. La Comisión tuvo ante sí un memorando delSecretario General, de fecha 13 de abril, sobre la situaciónde las credenciales de los representantes de los Estadosparticipantes en el Congreso. A tenor de la informaciónque se puso a su disposición, la Comisión tomó nota deque, al 13 de abril, habían presentado para susrepresentantes credenciales expedidas por el Jefe deEstado o de Gobierno o por el Ministro de RelacionesExteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 delreglamento, los 117 Estados siguientes: Afganistán,Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,Armenia, Australia, Azerbaiyán, Barbados, Belarús,Bélgica, Benin, Bolivia, Brunei Darussalam, Bulgaria,Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá,Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia,Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia,Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia,Gambia, Georgia, Guatemala, Guinea, Haití, Hungría,India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda,Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kazajstán, Kenya,Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia,Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos,Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Nepal, Níger,Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos,Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, ReinoUnido, República Árabe Siria, República Checa, Repúblicade Corea, República Decmocrática Popular Lao, Repúblicade Moldova, República Dominicana, República PopularDemocrática de Corea, Rumania, Samoa, Santa Sede,Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suecia,Suiza, Swazilandia, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía,

Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, VietNam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

143. Los 21 Estados siguientes habían comunicado alSecretario General, mediante facsímil del Jefe de Estado ode Gobierno o del Ministerio de Relaciones Exteriores, opor medio de carta o nota verbal de la Misión Permanenteinteresada, información sobre el nombramiento de susrepresentantes en el Congreso: Angola, Austria, Bahrein,Bostwana, Brasil, Chad, Comoras, Ecuador, Francia,Ghana, Grecia, Honduras, Iraq, Italia, Jordania,Kirguistán, Myanmar, Nicaragua, República Democráticadel Congo, Sri Lanka y Tayikistán.

144. El Presidente propuso a la Comisión que aprobara elsiguiente proyecto de resolución:

“La Comisión de Verificación de Poderes,

Habiendo examinado las credenciales de losrepresentantes en el Décimo Congreso de lasNaciones Unidas sobre Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente mencionadas en lospárrafos 4 y 5 del presente informe,5

1. Acepta las credenciales de los representantes delos Estados mencionados en los párrafos 4 y 5 supra;

2. Acepta como credenciales provisionales lasdemás comunicaciones recibidas y presentadas a laComisión, en el entendimiento de que lasautoridades interesadas presentarán sin demoracredenciales en debida forma al Secretario Ejecutivodel Congreso, como se requiere con arreglo alartículo 3 del reglamento;

3. Recomienda al Congreso que apruebe el informede la Comisión de Verificación de Poderes.”

145. La Comisión aprobó el proyecto de resoluciónpropuesto por el Presidente sin someterlo a votación.

146. Posteriormente, el Presidente propuso que laComisión recomendara al Congreso la aprobación de unproyecto de resolución. La Comisión aprobó la propuestasin someterla a votación. El texto aprobado figura en elcapítulo I como resolución 2.

Medida adoptada por el Congreso

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147. En su novena sesión plenaria, celebrada el 17 deabril, el Congreso aprobó el proyecto de resolucióntitulado“Credenciales de los representantes en el DécimoCongreso de las Naciones Unidas sobre Prevención delDelito y Tratamiento del Delincuente” atendiendo a larecomendación formulada por la Comisión de Verificaciónde Poderes en el párrafo 10 de su informe(A/CONF.187/14 y Corr.1) (véase el capítulo I,resolución 2).

Capítulo VI Informe de los cursos prácticos

148. La Asamblea General, en su resolución 53/110, hizosuyo el programa de trabajo del Congreso, incluida lacelebración de cuatro cursos prácticos de carácter técnicosobre los temas siguientes:

a) Lucha contra la corrupción;

b) Delitos relacionados con la red informática;

c) Participación de la comunidad en la prevenciónde la delincuencia;

d) La mujer en el sistema de justicia penal.

149. En su octavo período de sesiones, la Comisión dePrevención del Delito y Justicia Penal, en su calidad deórgano preparatorio del Congreso, recomendó que loscuatro cursos prácticos se asignaran a la Comisión II. En suresolución 54/125, la Asamblea General alentó a losEstados, a otras entidades interesadas y al SecretarioGeneral a aunar esfuerzos para garantizar que los cuatrocursos prácticos se concentrasen claramente en losrespectivos temas y lograsen resultados prácticos, e invitóa los gobiernos interesados a que los complementasen conproyectos o actividades de cooperación técnica concretos.

150. En su primera sesión plenaria, celebrada el 10 deabril, el Congreso eligió por aclamación Presidente de laComisión II al Sr. • eljko Horvatie (Croacia). En suprimera sesión, celebrada el 10 de abril, la Comisión IIeligió por aclamación Relator al Sr. Mariano Ciafardini(Argentina). En su tercera sesión, celebrada el 11 de abril,la Comisión eligió por aclamación Vicepresidente alSr. Wouter Meus (Países Bajos).

151. También en su primera sesión, la Comisión decidióque la primera parte de cada sesión se dedicara a lasexposiciones de los oradores, conforme a lo dispuesto porlos respectivos organizadores, y que la última hora de cadasesión se dedicara a las declaraciones de los representantesde los Estados participantes y a las deliberaciones entre losparticipantes y los expertos.

A. Lucha contra la corrupción

152. El curso práctico sobre la lucha contra la corrupción,organizado por el Instituto Interregional de las NacionesUnidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y laJusticia, en cooperación con el Consejo ConsultivoInternacional Científico y Profesional, se celebró los días10 y 11 de abril. El curso práctico tuvo ante sí undocumento de antecedentes preparado por el Instituto(A/CONF.187/9) y un documento oficioso relativo a lasactuaciones de la Conferencia Internacional sobre larespuesta a los retos de la corrupción, celebrada en Milán(Italia) los días 19 y 20 de noviembre de 1999. Se dirigióal curso práctico en su sesión de apertura el SecretarioGeneral del Congreso y Director Ejecutivo de la Oficina deFiscalización de Drogas y de Prevención del Delito.Hicieron declaraciones los representantes de 24 gobiernosy presentaron disertaciones 21 representantes deo rgan i smos gubernamenta les e spec i a l i z ados ,organizaciones internacionales, organizaciones nogubernamentales, los círculos académicos y el sectorprivado. (La lista de los expertos que participaron en laspresentaciones figura en el anexo II del presente informe.)

153. El curso práctico adoptó el enfoquemultidisciplinario propuesto en el programa mundialcontra la corrupción, lanzado conjuntamente por el Centropara la Prevención Internacional del Delito y el InstitutoInterregional de las Naciones Unidas para Investigacionessobre la Delincuencia y la Justicia, y se examinaron lasdefiniciones y las causas de la corrupción, la vigilancia yla evaluación, el nexo con la delincuencia organizada, lasmedidas para combatir la corrupción en los planosinternacional y nacional, la prevención del delito y lasprácticas óptimas. En el curso práctico se formularonrecomendaciones respecto de medidas que habían deadoptarse con respecto a la aplicación de la ley, lalegislación, el sector privado y la sociedad civil, así comomedidas que habían de adoptarse en el plano internacional,

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incluida la promoción de un debate sobre la posibleelaboración de un instrumento de las Naciones Unidascontra la corrupción. Los Representantes del Centro y delInstituto reseñaron las actividades que se estabanrealizando actualmente en el marco del programa mundialcontra la corrupción.

154. Hubo acuerdo general respecto de la importancia dela transparencia, la independencia e integridad de lasinvestigaciones y la actuación posterior de la justiciapenal, así como del fortalecimiento de la función de lasociedad civil (incluidos los medios de información y elsector privado). Los participantes en el curso práctico sevieron muy alentados por la creciente sensibilizaciónpública respecto del problema de la corrupción, peroseñalaron que en muchos países quedaba mucho por hacer,no sólo dentro de su ordenamiento jurídico, sino tambiénen la aplicación de políticas, en particular las relativas a laaplicación coercitiva de la ley, por ejemplo en cuanto adespertar conciencia sobre el riesgo y el costo de lacorrupción para sus responsables. Se convino en que lasestrategias generales para combatir la corrupción debíanadaptarse a la situación de cada país.

155. En los debates se subrayó la necesidad de hacerjusticia respecto de actividades anteriores, incluida larecuperación financiera del producto de la corrupción, lainvestigación correcta, el enjuiciamiento y la aplicación desanciones penales o no penales eficaces.

156. Al mismo tiempo, se consideró necesario elaborarmedidas apropiadas de prevención para el futuro, incluidoel fortalecimiento de la sociedad civil, la reducción de lasposibilidades de corromper a funcionarios tanto de altocomo de bajo nivel, la mejora de su situación y elotorgamiento de recompensas sociales a quienes noactuaran en forma corrupta en el desempeño de susfunciones. Por último, existía la necesidad de crear unmecanismo para lograr que los resultados positivos de lasinvestigaciones de la corrupción se plasmaransistemáticamente en medidas de prevención y prácticasóptimas.

157. Se sugirió una posible metodología para contener lacorrupción. La primera medida sería realzar la noción delriesgo, los costos, la inseguridad y el grado de dificultad deincurrir en actos de corrupción, mediante, entre otrascosas, una labor de prevención centrada y basada en losriesgos, con una reglamentación más estricta de laslicitaciones y los procedimientos de verificación. Como

segunda medida, se debía poner más de relieve la nocióndel riesgo de la corrupción para el delincuente, medianteinvestigaciones y procesos de justicia penal eficaces eindependientes, enfoque que complementaba lasensibilización, la puesta a prueba de la integridad enforma dinámica y mecanismos independientes para atendera las reclamaciones.

158. Debían reducirse las ganancias previstas por losdelincuentes gracias a la corrupción mediante la prontaaplicación coercitiva expedita de la ley y recuperación delos bienes.

159. Por último, debía minimizarse la tolerancia social dela corrupción mediante una mayor participación de losmedios de información independientes y la sociedad civilen campañas contra la corrupción, premiando a quienes nofueran corruptos y desacreditando sistemáticamente lasconductas corruptas.

160. Los participantes en el curso práctico subrayaron laposible utilidad de redactar un instrumento internacionalcontra la corrupción. Se convino en que dicho instrumentosólo se aplicaría fructíferamente si los gobiernos estabandispuestos a proporcionarle tanto apoyo político como losrecursos financieros necesarios.

B. Delitos relacionados con las redesinformáticas

161. El curso práctico sobre delitos relacionados con lasredes informáticas, organizado por el Instituto de Asia y elLejano Oriente para la Prevención del Delito y elTratamiento del Delincuente, se celebró el 15 de abril. Sepresentó al curso un documento de antecedentes sobre eltema (A/CONF.187/10).

162. El Director del Instituto formuló una declaraciónpreliminar.

163. En un discurso de apertura, la Ministra de Justicia yFiscal General del Canadá señaló la creciente gravedad dela delincuencia informática nacional y transnacional, asícomo la importancia de formular leyes y procedimientoseficaces para combatirla sin interferencias indeseables enlos efectos lícitos y beneficiosos de las nuevas tecnologías.

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164. Como parte del curso se celebró una serie dedeliberaciones a cargo de grupos de expertos. El primerode ellos examinó la criminología de la delincuenciainformática. El segundo grupo analizó, en un marcohipotético de estudios de casos, las cuestiones técnicas yjurídicas derivadas de una búsqueda e incautación legalesde datos de redes informáticas. El tercer grupo estudióeventuales casos de rastreo de comunicaciones porcomputadora en redes multinacionales. El cuarto y últimogrupo deliberó sobre las relaciones existentes entre laaplicación coercitiva de la ley y las industrias relacionadascon la informática y la Internet. En el curso de lasdeliberaciones hicieron declaraciones los representantes denueve gobiernos y 17 expertos. La lista de expertos figuraen el anexo II del presente informe.

Debate general

165. Se señaló que el desarrollo de nuevas tecnologíashabía proporcionado oportunidades inéditas a losdelincuentes. Se había adoptado la expresión “delitoinformático” para referirse tanto a las formascompletamente nuevas de delincuencia relacionadas conlas computadoras, las redes y sus usuarios, como a lasformas de delito más tradicionales que ahora se cometíancon el uso o la ayuda de equipo informático. Se hizo unanálisis de la relación de los ordenamientos jurídicos antelos nuevos delitos. En este aspecto se subrayó que, dada lafacilidad con que tales delitos podían cometerse más alláde las fronteras nacionales, era importante promulgar leyespenales adecuadas en todos los países.

166. Se señaló que el nuevo entorno creado por las redesinformáticas ponía a prueba muchos de los supuestosclásicos en que se basaban los ordenamientos jurídicos. Seanalizó la necesidad de modernizar las leyes para que noquedaran a la zaga de la tecnología. Se puso de relieve queen la legislación penal de los países se empleabancomúnmente nociones jurídicas tales como las depropiedad, robo y tenencia, pero que esas nociones no erannecesariamente aplicables a los datos informáticos, loscuales, por naturaleza, eran incorpóreos. La facilidad conque los datos podían modificarse también había originadonuevos problemas jurídicos relacionados con surecopilación, conservación y utilización como prueba enlos procesos judiciales.

167. Se observó que las facultades y técnicas necesariaspara la investigación eficaz de las redes informáticassuscitaban asimismo considerables preocupaciones desde

el punto de vista de los derechos humanos y la vidaprivada, a causa de su naturaleza indiscreta así como de laenorme cantidad de información personal y de otro tipoacumulada y transmitida por dichas redes. Se convino enque uno de los desafíos fundamentales para los gobiernosactualmente y en el futuro era la necesidad de lograr unequilibrio adecuado entre el derecho de cada ciudadano ala vida privada y los objetivos de la aplicación coercitivade la ley. Se señaló que la privacidad podía verseamenazada en ciertas situaciones. Se observó además quelas leyes de algunos países distinguían entre la búsqueda einterceptación de datos en la fase de transmisión y labúsqueda de datos almacenados, mientras que en otrasjurisdicciones esa distinción podía ser vaga. Se señaló quecuando los datos se consideraban comunicaciones en víasde transmisión y por tanto susceptibles de interceptación yno de incautación, podría ser necesario aplicar requisitosmás rigurosos con respecto a la obtención de lasautorizaciones necesarias y a las garantías exigidas sobrelos procedimientos de búsqueda. En ese sentido, seconsideró que las pruebas buscadas por los órganos deaplicación coercitiva de la ley podrían estarentremezcladas con otros datos, como los relativos anegocios o a la situación médica de la persona en cuestióno de terceros.

168. Se observó que surgían muchos problemas cuandolas autoridades trataban de obtener información de losproveedores de servicios de Internet. Entre ellos semencionaron el problema práctico de encontrar a unapersona en la sede de un proveedor con la que se pudieraestablecer contacto cuando fuera necesario y el problemajurídico de si el proveedor podía revelar la informaciónvoluntariamente o no. Se señaló que las leyes de protecciónde la privacidad o de los datos de algunos países prohibíana los proveedores revelar una parte o la totalidad de lainformación relacionada con las comunicaciones de susclientes sin una orden judicial y que las leyes tambiénpodían resultar poco claras en cuanto a si los proveedoresdebían retener los registros sobre los contenidos o lastransacciones a fin de que pudieran recuperarseposteriormente si una investigación así lo requería.

169. Varios participantes observaron que cuando laspruebas que buscaban los servicios de aplicacióncoercitiva de la ley estaban en los sistemas informáticos deuna empresa legítima, la búsqueda podía perjudicar a laempresa si interfería en las operaciones informáticas. Seconvino en que en tales casos la clave consistía en ejecutar

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la búsqueda eficazmente pero sin perturbar el desarrollonormal de las operaciones comerciales.

170. Se consideró que la dimensión transnacional demuchos delitos informáticos podía plantear inclusomayores complicaciones, entre las que cabía destacar lasrelacionadas con la jurisdicción. Las cuestiones relativasa qué legislación nacional debía aplicarse, las facultades deinvestigación para obtener pruebas y rastrear o identificara los delincuentes, la facultad de extraditar a losdelincuentes y juzgarlos posteriormente dependían todasen cierta medida del lugar en el que se había cometido eldelito; pero la determinación del lugar resultaría ambiguasi el delito se había cometido en más de un sitio medianteel uso de tecnologías de redes informáticas. Se citó elejemplo de un sitio de Internet, procedente de undeterminado país, que contenía especulacionesfraudulentas acerca de una empresa cuyas acciones senegociaban en la bolsa de otro país. Por consiguiente, eldelito podía haber ocurrido en uno de los países, en el otropaís, en ambos o en ninguno de ellos, según las respectivasleyes de los países interesados.

171. Se observó que las medidas de búsqueda eincautación también se complicaban cuando losinvestigadores estaban situados en una jurisdicción y laspruebas se encontraban en otra. El registro de una red, porejemplo, podía revelar la existencia de pruebasalmacenadas en un país diferente, lo que suscitaba lacuestión de si se requería el permiso de las autoridades delsegundo país para obtener las pruebas o si debía notificarsea las autoridades del segundo país que dicho registro seestaba realizando. Se observó que cuando era necesariosolicitar ayuda por los canales oficiales de la asistenciajudicial recíproca, el tiempo requerido para obtener esaasistencia podía ser considerable. La cuestión de cómoagilizar ese proceso podía ser crítica cuando se tratase decasos en los que la comisión de un delito informáticoestaba en curso o cuando las pruebas podían destruirsemientras se tramitaba la asistencia judicial por los canalesexistentes.

172. Se observó que otra cuestión que planteaba lanaturaleza transnacional de los delitos informáticos y lafacilidad con que podían alterarse las pruebas electrónicasera el problema de determinar la autenticidad de laspruebas obtenidas en el marco de una búsquedatransfronteriza. Tal determinación podía requerir elestablecimiento de procedimientos o protocolos para suuso en los rastreos informáticos a fin de garantizar la

autenticidad de los datos recuperados, así como deprocedimientos transparentes y seguros que permitierandeterminar la autenticidad. Se observó asimismo que enalgunos países podrían existir requisitos formales queimpidieran la utilización de datos electrónicos comoprueba.

173. Hubo acuerdo general en que los Estados debíantratar de armonizar, cuando procediera, las disposicionespertinentes sobre tipificación de delitos, pruebas yprocedimientos.

Conclusiones

174. El curso práctico llegó a las siguientes conclusiones:

a) Los delitos informáticos debían tipificarse;

b) Se requerían leyes procesales adecuadas para lainvestigación y el enjuiciamiento de los delincuentes en elámbito cibernético;

c) El gobierno y la industria debían aunar esfuerzosen pos del objetivo común de prevenir y combatir losdelitos informáticos a fin de velar por que la Internet fueseun lugar seguro;

d) Se necesitaba una mayor cooperacióninternacional para rastrear a los delincuentes en la Internet;

e) Las Naciones Unidas debían adoptar nuevasmedidas con respecto a la prestación de cooperación yasistencia técnicas en la esfera de la delincuenciarelacionada con las redes informáticas.

C. Participación de la comunidad en laprevención de la delincuencia

Debate general

175. El curso práctico sobre participación de lacomunidad en la prevención de la delincuencia, organizadopor el Centro Internacional de Prevención del Delito, secelebró los días 12 y 13 de abril. El curso práctico tuvoante sí un documento de antecedentes sobre laparticipación de la comunidad en la prevención de ladelincuencia (A/CONF.187/11). Veintinueve expertoshicieron uso de la palabra, seguidos de los representantes

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de 13 Estados, los observadores de dos organizaciones nogubernamentales y dos expertos a título personal. (La listade los expertos participantes figura en el anexo II delpresente informe.)

176. El curso práctico se centró en dos cuestiones: a) ladeterminación de modelos de prácticas óptimas departicipación de la comunidad en la prevención de ladelincuencia; y b) la forma en que los Estados y lascomunidades podían compartir sus experienciassatisfactorias en materia de prevención de la delincuencia.Se reconoció que la delincuencia era costosa tanto para lasvíctimas como para las comunidades interesadas y queafectaba a la calidad de vida de la población. Todos losaños millones de personas de todo el mundo eran víctimasde delitos como homicidios, violencia contra la mujer,robos en domicilios y hurtos de automóviles. Se señaló queel costo de la delincuencia representaba el 5% del productointerno bruto (PIB) en algunos países desarrollados y hastael 14% del PIB en ciertos países en desarrollo. Paradisminuir el nivel de delincuencia y aumentar el sentidopúblico de seguridad hacía falta un enfoque bienequilibrado entre las respuestas tradicionales frente aldelito y las medidas preventivas con participación de lacomunidad. De hecho, la lucha contra la delincuenciaorganizada transnacional no podría ganarse si no abordabala necesidad de seguridad pública y privada de lascomunidades locales.

177. Se convino en que en la actualidad se disponía deamplios conocimientos sobre las causas y los factores deriesgo que acompañaban la delincuencia y la victimización.Muchos países habían establecido programas y políticaseficaces de prevención del delito y se habían obtenidoresultados prometedores en diversos proyectoscuidadosamente evaluados. Sin embargo, muchastendencias contemporáneas eran motivo de preocupación,como la disparidad cada vez mayor entre ricos y pobres, laexclusión de la juventud, las diferencias en relación con elgénero, la expansión urbana y la disponibilidad de armasde fuego. La violencia callejera y la violencia gratuita, sinsentido y al azar constituían un creciente problema queplanteaba una considerable amenaza para la sociedad. Laparticipación de los jóvenes en actividades delictivas, tantoen calidad de autores como de víctimas, inquietabatambién a muchas comunidades. En los países donde ladelincuencia se había intensificado de forma significativaen los últimos años también había aumentado el grado deinseguridad urbana. Incluso cuando la delincuencia habíadisminuido, la inseguridad y el temor a la delincuencia

solían aumentar, especialmente en las zonas urbanas. Paralas sociedades era un desafío dar respuestas sostenibles ala delincuencia.

178. Se afirmó que al proyectar medidas de seguridadpara las comunidades era necesario ir más allá de laevaluación de las estadísticas sobre la delincuencia. Lafacultad de responder a las demandas y expectativas de lapoblación por medio de mecanismos de consulta, encuestassobre victimización, examen de delitos y planes de acciónera también esencial para movilizar a las comunidadeslocales. La formulación de políticas debía basarse en unainvestigación a fondo y las estrategias en el análisis deindicadores de desarrollo social y urbano, como los nivelesde desempleo, la exclusión de los jóvenes, la proporción deinmigrantes o el tipo de vivienda.

179. Se subrayó que los gobiernos y las comunidadesdebían colaborar para responder eficazmente a esos retos.Se requerían políticas integradas que incluyeran la luchacontra la delincuencia, la prevención del delito y medidasde solidaridad social. Se alentó también la cooperacióninterministerial a nivel nacional y la integración horizontalde los asociados en el plano local. Se consideró que laintervención a nivel local era el motor de la prevención,pues ya afectaba a las poblaciones interesadas ysintonizaba mejor con los problemas locales. A eserespecto, varios instrumentos habían demostrado sueficacia, como la creación de consejos comunitarios y lacelebración de contratos de seguridad entre lasadministraciones central y local. Algunos oradoresmanifestaron que los enfoques integrados y basados en losconocimientos debían incluir medidas de intervenciónsituacional, desarrollo social y reorganización de lascomunidades que mitigaran los factores de riesgo. Variosoradores subrayaron que el establecimiento de auténticasasociaciones entre organismos clave y la comunidad era unlargo proceso que requería el intercambio de informacióny la delegación de facultades. Entre las principaleslecciones aprendidas estaban la necesidad de dirección yvoluntad políticas, la garantía de la participación defuncionarios locales, la necesidad de integrar lasestrategias locales y nacionales y la importancia de teneren cuenta las preocupaciones locales y de dar formaciónadecuada a los profesionales.

180. Se acordó que la aplicación de una estrategia ampliade prevención requería nuevas formas de pensamiento yorganización. Era imperativo que todas las organizacionesgubernamentales, públicas y privadas, interesadas en el

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desarrollo humano, social y económico reconocieran laseguridad de la comunidad como derecho fundamental eintegraran la prevención del delito en sus mandatos yactividades. Confiar en la acción de las comunidades nodebía ser una excusa o una máscara para la prestación deservicios públicos deficientes. La disponibilidad definanciación y apoyo en grado suficiente era un elementoesencial para el éxito.

181. Se proporcionó información sobre proyectos decooperación técnica en que participaban gobiernos,organizaciones intergubernamentales y organizaciones nogubernamentales. Las actividades descritas estabandirigidas tanto a los gobiernos nacionales como locales yabarcaban aspectos que iban desde la elaboración demanuales de prevención del delito hasta la sensibilizaciónde la opinión pública. También podía disponerse deasistencia para la formulación de documentos relativos aestrategias, la preparación y realización de encuestas sobrelas víctimas y la recopilación de datos para elaborarestadísticas sobre la delincuencia.

Conclusiones

182. Se determinaron varias cuestiones fundamentales conrespecto a la participación de la comunidad en laprevención de la delincuencia. Se subrayó que no existíansoluciones simples ni a corto plazo para abordar la tramade la delincuencia, la victimización y la inseguridad, queeran realidades complejas con causas múltiples. Noobstante, existían numerosas estrategias y programasprometedores en materia de prevención del delito quehabían demostrado su eficacia. Podrían formularserespuestas integradas, generales y sostenibles tomandocomo base ejemplos de buenas prácticas como las quehabían aplicado conjuntamente los participantes en elcurso práctico. La identificación de los elementosesenciales de los modelos de prevención que habían tenidoéxito contribuiría a garantizar su potencial transferencia ysostenibilidad. Hubo acuerdo en que sería necesarioadaptar dichos modelos a las necesidades concretas de lospaíses y las comunidades interesados, teniendo en cuentasus respectivas condiciones sociales y pautas culturales.También era necesario elaborar un mayor número deenfoques basados en conocimientos mediante elseguimiento y la evaluación de las actividades en curso, asícomo de su eficacia en función de los costos, y de estudiossobre la posible repetición de esas iniciativas.

183. Los participantes en el curso práctico sobreparticipación de la comunidad en la prevención de ladelincuencia instaron a que se adoptaran medidas en lassiguientes esferas:

a) Las comunidades locales deberían reconocersecomo centros de coordinación para la aplicación eficaz delas iniciativas de prevención del delito. Debería alentarsea los Estados Miembros a poner en marcha programas a finde reforzar la capacidad de las comunidades pararesponder de manera eficaz a los problemas locales;

b) Debería invitarse a los gobiernos y a lasorganizaciones de financiación internacionales pertinentesa que prestasen mayor asistencia financiera y técnica a lospaíses y las comunidades a fin de apoyar su labor deprevención de la delincuencia;

c) Las estrategias de lucha contra la delincuencia,en las que la política de prevención del delito constituíaparte integral, ofrecían respuestas más sostenibles a losproblemas de la delincuencia y la inseguridad. Deberíahacerse un llamamiento a los gobiernos para que hicieranmayores esfuerzos por determinar los elementos quegarantizaban el éxito de una movilización comunitariaeficaz, así como la utilidad de los programas e iniciativasde prevención del delito. Los gobiernos deberían cooperaren la elaboración de un conjunto común de indicadores deseguridad comunitaria que pudieran servir de puntos dereferencia a ese respecto;

d) Deberían realizarse esfuerzos más sistemáticospara aplicar medidas y estrategias de prevención acertadas.Cabría asignar a las redes internacionales de apoyo a laprevención del delito la tarea de fomentar la formulaciónde estrategias basadas en conocimientos, determinar loselementos que garanticen su transferencia y poner dichosconocimientos a disposición de las comunidades de todo elmundo;

e) La reunión del grupo de expertos sobreparticipación de la comunidad en la prevención de ladelincuencia, que se celebró en Buenos Aires del 8 al 10 defebrero de 1999, había definido algunos elementosfundamentales para el éxito y la fiabilidad de lasestrategias de prevención y reducción de la delincuencia ymejoramiento de la seguridad de la comunidad, con plenaobservancia de los derechos humanos y el imperio de laley. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,

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los Estados Miembros y todas las entidades pertinentesdeberían estudiar debidamente esas recomendaciones;

f) Convendría invitar a los Estados Miembros, lasorganizaciones intergubernamentales, las organizacionesno gubernamentales y los institutos de la red del Programade las Naciones Unidas en materia de prevención del delitoy justicia penal a que examinaran estas recomendacionesen el marco de sus actividades y planes de acción.

D. La mujer en el sistema de justicia penal

184. El curso práctico sobre la mujer en el sistema dejusticia penal, organizado por el Instituto Europeo dePrevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia,afiliado a las Naciones Unidas, se celebró los días 13 y 14de abril y se centró en cuatro temas principales: la mujercomo delincuente y reclusa; la mujer como víctima ysuperviviente; la mujer en el sistema de justicia penal; ycuestiones de investigación y política. Hicieronpresentaciones 23 representantes de organismosespecializados gubernamentales, organizacionesinternacionales, organizaciones no gubernamentales,círculos académicos y el sector privado. (La lista de losexpertos participantes figura en el anexo II del presenteinforme.)

Debate general

185. Durante el curso práctico se presentó una ampliagama de opiniones de expertos en la materia,representantes de órganos normativos, abogados devíctimas y defensores de los derechos de la mujer, asícomo de investigadores, en que se expresaron muy diversasopiniones. El programa del curso práctico incluyó variaspresentaciones en vídeo sobre los problemas que afrontabala mujer en el sistema de justicia penal. Hicieronpresentaciones el Ministro de Justicia y Fiscal General delCanadá y el Ministro de Justicia y Aduanas de Australia.Tres temas principales se desprendieron del curso, a saber:la importancia de la investigación y el análisis a nivelinternacional; la necesidad de concertar medidasinternacionales simultáneas; y la relevancia de lasdeclaraciones y normas internacionales.

186. Las presentaciones y ulteriores debates pusieron demanifiesto la creciente importancia que adquiría lacuestión de la mujer en la delincuencia y el sistema dejusticia penal. Esta evolución planteaba problemas tanto dejusticia penal como de derechos humanos. El mayor

protagonismo de la mujer en este ámbito era imputable anumerosos factores, como las punitivas leyes antidroga queafectaban desproporcionadamente a la mujer, la altaincidencia de los malos tratos físicos y agresiones sexualesy la creciente victimización derivada de la trata depersonas. La mayor presencia de la mujer en el sistema dejusticia penal, especialmente en los centros penitenciarios,creaba enormes problemas, pues la reclusión perpetuaba laviolencia contra la mujer. Era preciso recurrir a métodosde programación y gestión distintos de los empleados conlos hombres, garantizando al mismo tiempo que el tratodado a la mujer tuviera en cuenta el fomento de la igualdadentre los sexos.

187. Se observó que la investigación sobre el tema de lamujer en el sistema de justicia penal se había centrado envarias importantes cuestiones referentes al desfase entrelos sexos. Si bien esa investigación había aportadoenormes contribuciones, por ejemplo al demostrar que eraposible realizar satisfactoriamente estudios sobre lasvíctimas de delitos en los países en desarrollo, así como enlos países desarrollados, había muchos aspectos querequerían una investigación más a fondo. Era muynecesario realizar investigaciones que vincularan lapolítica a la práctica. En particular, convenía documentarlos programas para la mujer que habían tenido éxito.También era necesario intensificar los estudiosencaminados a aportar datos exactos sobre la trata depersonas, en particular, sobre el protagonismo de la mujercomo autora de tales delitos y examinar las causas y elcontexto de la trata de personas en su relación con laformulación de políticas. Otros importantes temas deinvestigación eran la evolución de las pautas dedelincuencia femenina; el problema de las reclusas conhijos pequeños; y las dificultades especiales queexperimentaban las mujeres extranjeras en los centrospenitenciarios.

Conclusiones

188. Los participantes en el curso práctico llegaron a unconsenso sobre la necesidad de adoptar medidas acerca delo siguiente:

a) Las mujeres y niñas que hayan sido victimizadasdebían disfrutar de los derechos fundamentales deprotección, justicia, apoyo para romper el ciclo de lavictimización y reintegración en la comunidad;

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b) Debería tratarse de sensibilizar más a losfuncionarios públicos sobre el factor deshumanizante y deexplotación inherente a la victimización de la mujer;

c) La comunidad internacional debía oponerse a losintentos de justificación de la victimización de mujeres porrazones culturales;

d) En los delitos que afectasen a la mujer, lossistemas de justicia penal de los Estados Miembrosdeberían centrarse en los autores de los abusos y en losexplotadores, así como en las víctimas de tales abusos,incluso reconociendo el papel de las personas que facilitanel tráfico de mujeres y niñas;

e) Las mujeres y niñas victimizadas debíandisponer de recursos legales para poder presentardemandas contra los autores de los delitos de que hubiesensido víctimas;

f) Debería darse una respuesta colectiva alproblema de la victimización de la mujer. Esa respuestadebería incluir soluciones autóctonas que empleasen lasestructuras existentes y los servicios disponibles;

g) Debería concertarse un esfuerzo mundial paracorregir las condiciones económicas que facilitaban laexplotación económica y sexual de mujeres y niñas;

h) Debían adoptarse estrategias armonizadas ycoordinadas, con programas de acción y esfuerzos deinvestigación conjuntos, comunicaciones reforzadas yredes de colaboración entre organismos gubernamentalesy organizaciones no gubernamentales.

Capítulo VIIAprobación del informe delCongreso y clausura delCongreso

189. En su novena sesión plenaria, celebrada el 17 deabril, el Congreso examinó su proyecto de informe,preparado por el Relator General de conformidad con elartículo 52 del reglamento y que incluía, como se indica enlas anotaciones al programa (A/CONF.187/1), laDeclaración sobre la delincuencia y la justicia: frente a losretos del siglo XXI, una breve reseña de los

acontecimientos preparatorios del Décimo Congreso, lasactuaciones sobre los diversos temas sustantivos del

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programa y un informe sobre los cursos prácticos yconclusiones y recomendaciones propuestas. El informetambién contenía un resumen de la labor sustantivarealizada por el Pleno y por sus Comisiones I y II y unaexposición de las medidas adoptadas. El Presidente delCongreso, el Relator General, el Presidente de laComisión I y el Presidente de la Comisión II se dirigieronal Congreso.

190. Varios representantes expresaron el deseo de que enel informe del Décimo Congreso se incluyera un resumende las actuaciones de la serie de sesiones de alto nivel. ElRelator General del Décimo Congreso indicó que elinforme sobre la serie de sesiones de alto nivel se habíapreparado en consonancia con la práctica de las NacionesUnidas relativa a la celebración de conferenciasinternacionales importantes, como la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,celebrada en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de julio de1992 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995. ElPresidente del Congreso instó al Relator General a quetomara en consideración el deseo de los representantes aldar forma definitiva a su informe. En el anexo I figura un

resumen del debate general celebrado en la serie desesiones de alto nivel, preparado por el Relator General.

191. En su novena sesión plenaria, el Congreso aprobó suinforme contenido en los documentos A/CONF.187/L.2 yCorr. 1 y Add.1 a Add.3 (deliberaciones del Pleno);A/CONF.187/L.3, A/CONF.187/L.7 y A/CONF.187/L.9(resultados de las deliberaciones de la Comisión I) yA/CONF.187/L.4, A/CONF.187/L.5, A/CONF.187/L.6 yA/CONF.187/L.10 (resultados de las deliberaciones de laComisión II). El informe también incluía la Declaraciónsobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos delsiglo XXI (A/CONF.187/4/Rev.3).

192. Hicieron declaraciones de clausura el DirectorEjecutivo de la Oficina de Fiscalización de Drogas y dePrevención del Delito, los representantes de Etiopía, ennombre del Grupo de Estados Africanos; de Guatemala, ennombre del Grupo de Estados de América Latina y elCaribe; de Portugal, en nombre de los Estados miembrosde la Unión Europea que son Miembros de las NacionesUnidas; de la Federación de Rusia, en nombre del Grupode Estados de Europa Oriental; y de Austria, en nombre delgrupo de Estados de Europa Occidental y Otros Estados;así como el Presidente del Décimo Congreso.

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* Preparado bajo la dirección del Sr. Matti Joutsen (Finlandia), Relator General del Décimo Congreso.

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Anexo I

Resumen del debate general de la serie de sesiones de alto nivel del DécimoCongreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente*

1. Los oradores que intervinieron en la serie de sesionesde alto nivel subrayaron la importancia de abordar lascausas profundas del delito. Varios oradores mencionaronentre dichas causas la desigualdad, la pobreza, eldesempleo y la precariedad de las condiciones sanitarias.Se señaló, además que la rapidez del cambio social podíadar lugar a un sentido de ilegalidad y, a su vez, a lacomisión de delitos. Aunque avances tales como laglobalización y las tecnologías modernas ofrecían clarasventajas, se observó que a menudo los delincuentes teníanmayor capacidad que las autoridades de la justicia penalpara adaptarse a las oportunidades derivadas de esasnuevas dimensiones. Además, los nuevos adelantos abríanposibilidades de obtener grandes beneficios, lo queevidentemente atraía a más delincuentes. Se señaló que losproblemas eran especialmente graves en los países endesarrollo y los países con economías en transición, dondeal parecer el crecimiento de la delincuencia se estabaconvirtiendo en parte de la vida cotidiana.

2. Se observó que, aparte del miedo y el daño directoque ocasionaba, la delincuencia tenía una serie deconsecuencias para las víctimas, la comunidad, el país y lacomunidad internacional. En particular, varios oradoresobservaron que la delincuencia podía aumentar la pobrezay frenar la tasa de desarrollo. Como ejemplo de delitos quepodían minar la estabilidad de sociedades enteras semencionaron la corrupción y el terrorismo. También sehicieron referencias específicas al efecto debilitador quetenían, por ejemplo, los delitos violentos, la intoleranciaracial y la xenofobia, los delitos contra el medio ambiente,los delitos informáticos y los delitos económicos.

3. Se señaló que el tráfico de drogas era una de lasprincipales fuentes de beneficios ilícitos que también seutilizaban en parte para apoyar el terrorismo. Por otraparte, el tráfico de drogas parecía estar relacionadoasimismo con otros delitos como el robo con violencia, elhurto y el asesinato. Los oradores observaron que el tráficode drogas había pasado de ser un problema local y nacionala cobrar dimensiones verdaderamente mundiales. El tráficode drogas había adquirido un carácter mundial en al menos

dos sentidos: las drogas ya no se fabricaban sólo en unaspocas regiones y se consumían en otras, sino que sefabricaban y consumían en países de todo el mundo.Además, las modalidades del tráfico de drogas se habíandiversificado, de modo que ahora amenazaban también eldesarrollo y la estabilidad en países que previamentehabían sido de tránsito.

4. La trata de seres humanos, que era una formamoderna y muy extendida de esclavitud, se describió comoun delito que preocupaba especialmente a muchos Estados.Los oradores tomaron nota con particular inquietud de lacreciente explotación sexual de niños, los vínculos de latrata de seres humanos con la pornografía y la prostitucióny el aumento del turismo sexual.

5. Los Estados señalaron asimismo el tráfico demigrantes como motivo de preocupación y se observó quea menudo los migrantes no sólo eran víctimas de lostraficantes durante su traslado sino también en el país dedestino. En relación tanto con la trata de seres humanoscomo con el tráfico de migrantes se respaldó firmemente lalabor que se estaba llevando a cabo con respecto a losprotocolos conexos de la Convención de las NacionesUnidas contra la delincuencia organizada transnacional.

6. También se expresó enérgico apoyo a la labor encurso relacionada con el protocolo contra a la fabricacióny el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas ycomponentes y municiones. Se observó que en muchosEstados la fabricación de armas de fuego a nivel nacionaly local era muy común, lo que constituía una clara amenazaa la paz y la estabilidad. No sólo se utilizaban armas defuego ilícitas para la comisión de diversos delitos, sino queal parecer los beneficios derivados de dicho tráfico seempleaba para financiar otros delitos, como el terrorismo.

7. Varios oradores pusieron de manifiesto los vínculosexistentes entre éstos y otros delitos por una parte y elterrorismo, la corrupción y el blanqueo de dinero por otra.

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8. Los oradores condenaron sin ambages el terrorismo.Aunque se señalaron las dificultades para formular unadefinición internacional de terrorismo, los oradoresinsistieron en que el terrorismo constituía un grave peligropara la estabilidad y la paz nacionales y regionales yobstaculizaba el desarrollo y las reformas. Se pusieronejemplos de la forma en que el terrorismo podía utilizar losúltimos adelantos tecnológicos para aumentar su impactopernicioso. Algunos oradores declararon que el terrorismoconstituía la principal amenaza a la seguridad nacional desus Estados. Se hizo referencia a las conexionesinternacionales del terrorismo, así como a su relación condiversos delitos como el tráfico de armas de fuego y dedrogas, un vínculo que ya se había señalado en el marco delas Naciones Unidas. A este respecto se tomó nota dediversas iniciativas relacionadas con conferencias ycentros dedicados a la cuestión del terrorismo.

9. Se apoyó inequívocamente la necesidad de contarcon un instrumento internacional independiente en materiade corrupción. Al igual que muchos otros delitos, lacorrupción ya no se consideraba un motivo depreocupación únicamente en el plano local o nacional, sinode verdadero alcance internacional. A ese respecto se tomónota de varias iniciativas para la celebración deconferencias sobre la corrupción.

10. Se describió el blanqueo de dinero como la piedraangular de la delincuencia organizada, por lo que suscitaconsiderable preocupación. Varios oradores afirmaron queera necesario adoptar medidas rigurosas para privar a losgrupos de delincuencia organizada transnacional de larazón de ser de sus actividades, a saber, la acumulación debeneficios ilícitos. Se hicieron llamamientos a elaborarnormas para la prevención y fiscalización del blanqueo dedinero que contaran con aceptación internacional. Seexpresó satisfacción por el reciente Foro Extraterritorialorganizado por las Naciones Unidas, en el que serealizaron progresos notables para obtener la colaboraciónde centros financieros extraterritoriales a ese respecto.

11. Los oradores observaron que se requería unaestrategia múltiple para hacer frente a la diversidad denuevas modalidades que revestía la delincuencia. Huboacuerdo general en que uno de los aspectos de unarespuesta adecuada era el fortalecimiento del sistema dejusticia penal, respetando plenamente el imperio de la leyy los derechos humanos internacionalmente reconocidos.Los profesionales deberían recibir la debida formación,incluida formación especializada para que pudiesenabordar diferentes tipos de delitos o de delincuentes.Deberían hacerse los arreglos institucionales necesarios a

tal fin. En ese sentido, se hizo referencia en particular a laimportancia de la independencia del poder judicial y a lacreación de servicios correccionales. Varios oradoresdescribieron las medidas que se habían adoptado en suspaíses para mejorar la actuación del sistema de justiciapenal en general.

12. No obstante, se señaló que el fortalecimiento delsistema de justicia penal no bastaba por sí solo. Losoradores estuvieron de acuerdo en que una partefundamental del enfoque múltiple debería ser la prevenciónen los planos local, nacional e internacional. Algunosoradores insistieron en que la prevención era más eficazque la represión. Se propugnaron programas de prevencióndel delito locales y nacionales de estrategias múltiples, queincluyesen, por ejemplo, la prevención de situacionesconducentes a la delincuencia, la elaboración de políticascomunitarias y la intervención temprana. Se sugirió quedebería prestarse especial atención a la elaboración decampañas eficaces dirigidas a grupos vulnerables como lasmujeres, los niños y los inmigrantes, tanto en calidad deposibles víctimas como de posibles delincuentes. Variosoradores pusieron ejemplos de iniciativas locales ynacionales de prevención del delito en sus países. Se hizoreferencia a iniciativas para la celebración de conferenciassobre esta cuestión.

13. La mejora del tratamiento del delincuente podíaconsiderarse un tercer elemento de la respuesta frente a laevolución de la delincuencia. Algunos oradores observaronque las sanciones debían concebirse no sólo con finesdisuasorios y de garantía de la seguridad de la comunidad,sino también para reducir la reincidencia. Se insistió en laimportancia de que los delincuentes reciban un tratohumano y algunos oradores observaron que ello debía serde gran prioridad para la labor de las Naciones Unidas. Sehizo referencia en particular a las posibilidades de aplicarmás ampliamente los principios de la justicia restitutiva.

14. Al poner de manifiesto la necesidad de mejorar larespuesta del sistema de justicia penal, hubo acuerdounánime en que esa tarea no podía ni debía limitarse a larespuesta aislada de cada Estado. Muchos oradoresafirmaron que, sobre todo frente a la delincuenciaorganizada transnacional, existía una necesidad clara decompartir la responsabilidad y adoptar medidas colectivas,respetando los principios fundamentales del derechointernacional público como los de territorialidad ysoberanía.

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15. Se consideró que esa tarea de compartir laresponsabilidad y adoptar medidas colectivas teníadiversas facetas. En primer lugar, todos los Estados debíantratar de cerciorarse de que estaba en condiciones dedesempeñar plenamente su papel en la cooperacióninternacional. Ello requería un examen de la legislación yla práctica, y velando asimismo por que la cooperaciónfuera también eficaz al interior del Estado, por ejemploentre los organismos nacionales encargados de hacercumplir la ley. En segundo lugar, todos los Estados debíantratar de asegurarse de su capacidad de prestar asistenciaa otros Estados a petición de éstos. En tercer lugar, losEstados debían estudiar las posibilidades que les ofrecíandiversos instrumentos internacionales y estructuras decooperación internacional.

16. Una cuarta faceta de la responsabilidad compartiday de la adopción de medidas colectivas que mencionaronmuchos oradores era la prestación de asistencia técnica. Aeste respecto se expresó agradecimiento a los Estados yentidades que habían prestado asistencia. No obstante, losoradores recalcaron que no podía esperarse que los Estadoshicieran frente por sí solos a las diversas ramificacionesdel delito y de la justicia penal y que era necesario contarcon asistencia continua. Algunos oradores se declararonenérgicamente partidarios de establecer un fondointernacional para promover la asistencia técnica. Seobservó asimismo que debían determinarse las prioridadesde la asistencia técnica y, en la medida de lo posible,formular proyectos específicos para lograr progresostangibles.

17. Hubo consenso acerca del valor potencial delproyecto de convención de las Naciones Unidas sobre ladelincuencia organizada transnacional y los protocolosconexos. Muchos oradores subrayaron la importancia deque la Convención y los protocolos se aprobasen cuantoantes. También hicieron referencia numerosos oradores ala necesidad de velar por que las disposiciones de laConvención se formulasen cuidadosamente para quetuviesen aplicabilidad y aceptación universales y fuesenclaras, viables y eficaces. Se hicieron algunas sugerenciasconcretas con respecto a la redacción de la Convención ylos protocolos. También en ese contexto algunos oradores

hicieron hincapié una vez más en la importancia delrespeto de los principios fundamentales del derechointernacional público, como la territorialidad y lasoberanía.

18. Muchos oradores se refirieron a la Declaración deViena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retosdel siglo XXI (véase el capítulo I, resolución 1), aprobadaal término de la serie de sesiones de alto nivel, señalandoque constituyó un avance notable en la cooperacióninternacional en materia de prevención y control de ladelincuencia y en la evolución de la justicia penal. Seconsideró una afirmación de la voluntad de la comunidadinternacional de adoptar medidas firmes y decididas parahacer frente a los delincuentes en cualquier parte delmundo y de velar por que no encontrasen un refugio seguroy fuesen puestos en manos de la justicia.

19. Muchos oradores expresaron su agradecimiento porla labor de las Naciones Unidas, incluido no sólo el Centropara la Prevención Internacional del Delito sino tambiénotros componentes de la red del Programa de las NacionesUnidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

20. Por último varios oradores se refirieron a loscongresos de las Naciones Unidas. Éstos eran valiosasocasiones para el intercambio de información y opinionessobre diversos acontecimientos y experiencias. Porejemplo, se hizo alusión especial a la aportación de loscursos prácticos como parte del programa oficial de loscongresos. El representante de México anunció que suGobierno se había ofrecido como anfitrión del próximocongreso, con la recomendación de que se examinasen eltema y los métodos de los congresos a fin de lograrresultados aun mejores. Ese ofrecimiento recibió el apoyodel representante de Guatemala, que habló en nombre delGrupo de Estados de América Latina y el Caribe. Serecordó que previamente, en el Décimo Congreso, elrepresentante de Tailandia había hecho un ofrecimientosimilar de su Gobierno para acoger el próximo Congreso,el cual también fue recibido con beneplácito.

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Anexo II

Lista de los expertos que participaron en las presentaciones ydebates del grupo

A. Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizadatransnacional: nuevos retos en el siglo XXIPenuell Mpapa Maduna, Ministro de Justicia y Desarrollo Constitucional de Sudáfrica yPresidente del Congreso

Eissa Abdel Hamid Ayoub, Jefe, Policía Judicial (Jordania)

Adam Edwards, Conferenciante Superior, Nottingham Trent University (Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte)

François Falleti, Fiscal General, Lyon (Francia)

Jean-Paul Laborde, Oficial encargado, Subdivisión de Asuntos Jurídicos y Convencionales,Centro para la Prevención Internacional del Delito

Eduardo Ibarrola Nicolín, Subprocurador Jurídico (México)

Mark Pieth, Profesor, Universidad de Basilea (Suiza)

Vicenzo Ruggiero, Profesor, Universidad de Middlesex (Reino Unido de Gran Bretaña eIrlanda del Norte)

David Simmons, Fiscal General (Barbados).

B. Promoción del imperio de la ley y fortalecimiento del sistema de justiciapenal

Nihal Jayawickrama, Director Ejecutivo, Transparency International

Bulelani Ngcuka, Director Nacional de la Fiscalía Pública (Sudáfrica)

Xavier Raufer, Profesor, Instituto de Criminología, París

C. Prevención eficaz del delito: adaptación a las nuevas situacionesRonald Clarke, Profesor, Escuela de Justicia Penal, Rutgers University (Estados Unidos deAmérica)

Guo Jain’an, Director Adjunto, Instituto de Prevención del Delito, Ministerio de Justicia(China)

Marie-Pierre de Liège, Jueza, Secretaria General del Consejo Nacional de Ciudades (Francia)

D. Delincuentes y víctimas: responsabilidad y equidad en el proceso de justiciaJohn Braithwaite, Profesor de Derecho, Universidad Nacional de Australia, Canberra

Marc Groenhuijsen, Profesor de Derecho Penal y Procedimiento Penal, Universidad deTilburg (Países Bajos)

Paul Rock, Profesor de Sociología, London School of Economics, Universidad de Londres(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

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E. Lucha contra la corrupciónAnna Alvazzi del Frate, Oficial de investigación, Instituto Interregional de las NacionesUnidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia

Elia Yi Armstrong, Asesor de proyectos, División de Economía y Administración del SectorPúblico, Naciones Unidas

Daniel Blais, Experto en rendición de cuentas, Programa sobre rendición de cuentas ytransparencia, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bratislava

Alberto Bradanini, Director, Instituto Interregional de las Naciones Unidas paraInvestigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia

Bernard Gilchrist Bustamante, Director, Programa presidencial sobre la lucha contra lacorrupción, Colombia

Gherardo Colombo, Procurador Adjunto, Tribunal de Milán, Italia

Peter Csonka, Dirección General I (Asuntos Jurídicos), Departamento de problemas de ladelincuencia, Consejo de Europa

Barbara Dixon, Jefa de investigaciones, Oficina de Servicios de Supervisión Interna,Naciones Unidas

Kevin Ford, Director Ejecutivo y Abogado asesor, Goldman Sachs International, Londres

Baltasar Garzón Real, Magistrado Juez, Juzgado Central de Instrucción, Madrid

Peter Langseth, Director de programas, Programa Mundial contra la Corrupción, Centro parala Prevención Internacional del Delito, Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevencióndel Delito

Michael Levi, Profesor de Criminología, Universidad de Cardiff (Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte)

Ròbert Manchin, Director Ejecutivo, Gallup International Research and Education Centre,Budapest

Roberto de Michele, Director de planificación de Políticas de Transparencia, Oficina deAnticorrupción, Miniterio de Justicia y Derechos Humanos (Argentina)

Miguel Angel Peñailillo López, Fiscal, Consejo general gubernamental de auditoría interna,Presidencia de la República de Chile

Jeremy Pope, Director Ejecutivo, Transparency International, Londres

Maurice Punch, Profesor invitado, London School of Economics y Universidad de Essex(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Guido Rossi, Presidente, Consejo Consultivo Internacional Científico y Profesional

Fred Schenkelaars, Asesor mundial, Programa sobre rendición de cuentas y transparencia,Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York

Alexander Stoyanov, Director, Centro de investigaciones para el estudio de la democracia,Coalición 2000, Sofía

Lau Wing Yum, Juez de Distrito, Tribunales subordinados, Singapur

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F. Delitos relacionados con las redes informáticas

L. C. Amarnathan, Sikkim Police Headquarters, India

Cormac Callanan, Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (Irlanda)

Peter N. Grabosky, Instituto Australiano de Criminología (Australia)

Masahito Inouye, Universidad de Tokio, (Japón)

Nigel Jones, Asociación de Jefes de Policía (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte)

Ekkehart Kappler, Oficina Penal Federal, (Alemania)

Henrik W. K. Kaspersen, Vrije Universiteit Amsterdam, (Países Bajos)

Margo L. Langford, Abogada y Procuradora (Canadá)

Victor Lo, Cuerpo de Policía de Hong Kong, Hong Kong (Región Administrativa Especialde China)

Keith Mitchell, London Internet Exchange, (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte)

Hans G. Nilsson, Consejo de la Unión Europea

Donald K. Piragoff, Departmento de Justicia (Canadá)

Mary Riley, Servicio Secreto de los Estados Unidos (Estados Unidos de América)

Gregory P. Schaffer, Consultor de seguridad informática (Estados Unidos de América)

Ulrich Sieber, Universidas de Munich (Alemania)

Vittorio Stanca, Dependencia Nacional de Delitos Informáticos (Italia)

Michael Sussmann, Departamento de Justicia (Estados Unidos de América)

G. Participación de la comunidad en la prevención del delito

Claude Brevan, Delegada interministerial para las ciudades y el desarrollo social urbano(Francia)

John Calhoun, Presidente y Director Ejecutivo, National Crime Prevention Council (EstadosUnidos de América)

Rudy Castruita, Superintendente de escuelas, Condado de San Diego (Estados Unidos deAmérica)

Mariano Ciafardini, Director Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia (Argentina)

Rosa Maria Clemente, Instituto de Desarrollo Social, Ministerio de Biodiversidad, SeguridadSocial, Capacitación y Empleo (Portugal)

Paul Ekblom, Policing and Reducing Crime Unit, Research Development StatisticsDirectorate, Home Office (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Liliana Cannobbio Flores, Secretaría General de Gobierno (Chile)

Neglash Getachew, Inter-Holistic Approach (Etiopía)

Roy Godson, Presidente, National Strategy Information Centre

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Barbara Hall, Presidenta, Estrategia nacional de prevención del delito, Ministerio de Justicia(Canadá)

Mark Hildebrand, Gerente, Representante de la Unión Europea (The Cities Alliance y BancoMundial)

Victor Jammers, Jefe, Prevención del delito y cuidado de las víctimas, Ministerio de Justicia(Países Bajos)

S. D. Kaasjager, Oficial de políticas, Departamento de las Naciones Unidas, División deasuntos políticos y jurídicos, Ministerio de Relaciones Exteriores (Países Bajos)

Jojsef Lajta’r, Vicesecretario de Estado, Ministerio del Interior (Hungría)

Antoinette Louw, Jefa, Programa de prevención y vigilancia de la delincuencia, Institute forSecurity Studies (Sudáfrica)

Michel Marcus, Delegado general, Fondo Europeo de Seguridad Urbana

Lorenzo Gómez Martín, Secretaría de Educación, Baja California (México)

Ahmed Mohsen, Director, Departamento de cooperación internacional, Academia Árabe Naifde Ciencias de Seguridad

Riccardo Mukonda, Legal Assistance Centre (Namibia)

Philip Nel, Secretariat for Safety and Security (Sudáfrica)

Leoluca Orlando, Alcalde de Palermo (Italia)

Gonzalo García Pino, Asesor, Subsecretaría del Interior (Chile)

Bronwyn Sommerville, Director, Crime Prevention Unit, Deparment of the Prime Ministerand Cabinet (Nueva Zelandia)

Adam Stapleton, Oficina de reforma penal (Malawi)

Franz Vanderschueren, Asesor y coordinador técnico, Programa para ciudades más seguras,Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat)

Yves Van de Vloet, Secretario Permanente, Secretaría Permanente para la política deprevención, Ministerio del Interior (Bélgica)

María Teresa Viramontes, Directora Ejecutiva, East Bay Public Safety Corridor Partnership(Estados Unidos de América)

Irvin Waller, Director General, Centro Internacional para la Prevención del Delito, Montreal(Canadá)

Nigel Whiskin, Jefe Ejecutivo, Crime Concern (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte)

H. La mujer en el sistema de justicia penal

Christine Alder, Australian Institute of Criminology Lectora y Profesora Adjunta,Departamento de Criminología, Universidad de Melbourne (Australia )

Noël Brennan, Vicefiscal General Adjunto, Office of Justice Programmes, Departamento deJusticia (Estados Unidos de América)

Vivienne Chin, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,Vancouver (Canadá)

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Maude Clarke, Directora Artística, Somebody’s Daughter Theatre (Australia)

Renée Collette, Vicepresidenta Ejecutiva, National Parole Board of Canada

Yvon Dandurand, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,Vancouver (Canadá)

Brice De Ruyver, Grupo de investigaciones sobre política en materia de drogas, política penaly delincuencia internacional, Universidad de Gande (Bélgica)

Edna Erez, Kent State University, (Estados Unidos de América)

Alda Facio, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delitoy el Tratamiento del Delincuente

James Finckenauer, Director, International Centre for Criminal Law Reform and CriminalJustice Policy, Vancouver (Canadá)

Olga Heaven, Female Prisoners’ Welfare Project, Hibiscus, Londres

Frances Heidensohn, Goldsmiths College, University of London, Department of Social Policyand Politics (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Norma Hotaling, Directora Ejecutiva, Standing against Global Exploitation, San Francisco(Estados Unidos de América)

Holly Johnson, Canadian Centre for Justice Statistics, Statistics Canada

Kristiine Kangaspunte, Programa mundial contra el tráfico de seres humanos, Centro para laPrevención Internacional del Delito

Julita Lemgruber, Mediadora para la Policía, Estado de Río de Janeiro (Brasil)

Catherine Maceda, Directora Ejecutiva Adjunta, Comisión sobre los Filipinos en el Extranjero(Filipinas)

Anne McLellan, Ministra de Justicia y Fiscal General del Canadá, Departamento de Justicia(Canadá)

Paola Monzini, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre laDelincuencia y la Justicia

Olive Newton, Asociación Internacional Soroptimista (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte)

Natalia Ollus, Oficial de investigaciones, Instituto Europeo de Prevención y Lucha contra laDelincuencia, afiliado a las Naciones Unidas

Priti Patkar, Secretario y Fideicomisario Fundador, Prerana, Mumbai (India)

Evelyn Zellerer, Escuela de Criminología y Justicia Penal, Florida State University (EstadosUnidos de América)

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Anexo III

Lista de los documentos presentados al Décimo Congreso sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente

Signatura del documento Tema delprograma

Título o descripción

A/CONF.187/1 Programa provisional

A/CONF.187/2 2 Proyecto de reglamento de los congresos de lasNaciones Unidas sobre prevención del delito ytratamiento del delincuente

A/CONF.187/3 3 Documento de trabajo sobre promoción del imperio dela ley y fortalecimiento del sistema de justicia penal

A/CONF.187/4/Rev.3y Add.1 a 3

3, 4, 5 y 6 Anteproyecto de texto de la Declaración de Vienasobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos delsiglo XXI

A/CONF.187/5 1 Informe del Secretario General sobre la situación deldelito y la justicia penal en el mundo

A/CONF.187/6 4 Documento de trabajo sobre cooperación internacionalen la lucha contra la delincuencia transnacional:nuevos retos en el siglo XXI

A/CONF.187/7 5 Documento de trabajo sobre prevención eficaz deldelito: adaptación a las nuevas situaciones

A/CONF.187/8 6 Documento de trabajo sobre delincuentes y víctimas:responsabilidad y equidad en el proceso de justiciapenal

A/CONF.187/9 4 Documento de antecedentes sobre cooperación contrala delincuencia transnacional: nuevos retos en el sigloXXI

A/CONF.187/10 5 Documento de antecedentes sobre delitos relacionadoscon las redes informáticas

A/CONF.187/11 5 Documento de antecedentes sobre participación de lacomunidad en la prevención de la delincuencia

A/CONF.187/12 6 Documento de antecedentes sobre la mujer en elsistema de justicia penal

A/CONF.187/14 y Corr. 1 2 e) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes

A/CONF.187/15

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A/CONF.187/L.1 Informe de las consultas previas al Congresocelebradas en el Centro Austria de Viena el 9 de abrilde 2000

A/CONF.187/L.2 y Corr.1 yAdd.1 a 3

7 Proyecto de informe

A/CONF.187/L.3 3 Informe de la Comisión I sobre el tema I

A/CONF.187/L.4 4 Informe de la Comisión II acerca del curso prácticosobre la lucha contra la corrupción

A/CONF.187/L.5 5 Informe de la Comisión II acerca del curso prácticosobre participación de la comunidad en la prevenciónde la delincuencia

A/CONF.187/L.6 6 Informe de la Comisión II acerca del curso prácticosobre la mujer en el sistema de justicia penal

A/CONF.187/L.7 5 Informe de la Comisión I sobre el tema III

A/CONF.187/L.8 7 Informe de la Comisión II

A/CONF.187/L.9 6 Informe de la Comisión I sobre el tema IV

A/CONF.187/L.10 5 Informe de la Comisión II acerca del curso prácticosobre delitos relacionados con las redes informáticas

A/CONF.187/INF.1 Información para los participantes

A/CONF.187/MISC.1 y Add.1 Provisional list of participants

A/CONF.187/PM.1 y Add.1 Guía para las deliberaciones de los cursos prácticas,las reuniones auxiliares, los simposios y las muestrasque se celebrarán en el Décimo Congreso de lasNaciones Unidas sobre la Prevención del Delito y elTratamiento del Delincuente

A/CONF.187/GUIDE.1/Rev.1 Guía para los participantes

A/CONF.187/RPM.1 y Corr.1 Informe de la Reunión Preparatoria Regional de Asiay el Pacífico para el Décimo Congreso de las NacionesUnidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, celebrada en Bangkok del 2 al 4 denoviembre de 1998

A/CONF.187/15



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A/CONF.187/RPM.2/1 Informe de la Reunión Preparatoria Regional de AsiaOccidental para el Décimo Congreso de las NacionesUnidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, celebrada en Beirut del 11 al 13 denoviembre de 1998

A/CONF.187/RPM.3/1 Informe de la Reunión Preparatoria Regional de Áfricapara el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,celebrada en Kampala del 7 al 9 de diciembre de 1998

A/CONF.187/RPM.4/1 Informe de la Reunión Preparatoria Regional deAmérica Latina y el Caribe para el Décimo Congresode las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito yTratamiento del Delincuente, celebrada en San José del22 al 24 de febrero de 1999

Documentos de las ONG

A/CONF.187/NGO/1 6 Report of the Ninth Joint Colloquium, held inCourmayeur, Italy, from 24 to 26 September 1999

A/CONF.187/NGO/2 5 New Delhi Declaration adopted by the Seventh AsiaCrime Prevention Foundation World Conference onCrime Prevention and Criminal Justice on the theme“Effective regional cooperation in crime preventionand criminal justice in the next millennium” held atNew Delhi from 23 to 26 November 1999

A/CONF.187/NGO/3 4 Soroptimists meeting the challenge of the twenty-firstcentury

A/CONF.187/NGO/4 6 Protection of victims of violence against women andchildren

A/CONF.187/NGO/5 6 Juveniles offenders as citizens

A/CONF.187/NGO/6 6 Offenders and victims: accountability and fairness inthe justice process

A/CONF.187/NGO/7 6 Restorative justice handbook

A/CONF.187/NGO/8 [Not issued.]

A/CONF.187/NGO/9 3 Promoting the rule of law and strengthening thecriminal justice system

A/CONF.187/NGO/10 4 International cooperation in combating transnationalcrime: new challenges for the twenty-first century

A/CONF.187/15



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A/CONF.187/NGO/11 5 Effective crime prevention: keeping pace with newdevelopments

A/CONF.187/NGO/12 6 Offenders and victims: accountability and fairness inthe justice process

A/CONF.187/NGO/13 6 An overview of restorative justice programmes andissues

A/CONF.187/NGO/14 6 A bridge for peace: modelling restorational steps thatcut cycles of crime and war

A/CONF.187/NGO/JFBA/1 Report to the Tenth United Nations Congress on thePrevention of Crime and the Treatment of Offenders

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