Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

Derechos Económicos, Sociales Culturalesy Ambientales en México

El aporte de Convergencia de Organismos CivilesEl aporte de Convergencia de Organismos CivilesEl aporte de Convergencia de Organismos CivilesEl aporte de Convergencia de Organismos CivilesEl aporte de Convergencia de Organismos Civilespor la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civilpor la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civilpor la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civilpor la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civilpor la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civil

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“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México”“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México”“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México”“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México”“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México”

El aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la DemocraciaEl aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la DemocraciaEl aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la DemocraciaEl aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la DemocraciaEl aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia

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La compilación y adaptación de contenidos para esta publicación estuvo a cargo de:

Regina Méndez TRegina Méndez TRegina Méndez TRegina Méndez TRegina Méndez Tiradoiradoiradoiradoirado11111

Margarita Badillo SánchezMargarita Badillo SánchezMargarita Badillo SánchezMargarita Badillo SánchezMargarita Badillo Sánchez22222

La realización de esta publicación se dio gracias al apoyo

de Terre des Hommes y de la Unión Europea.

Primera edición, 2006Primera edición, 2006Primera edición, 2006Primera edición, 2006Primera edición, 2006

Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia

20 de agosto No. 35. Col. Churubusco, 04120. México, D.F.

www.convergenciacivil.org.mx

[email protected]

[email protected]

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

I.- ¿Qué es Convergencia?II.- ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales?III. Responsabilidades de los Estados en materia de DESCIV.- ¿Qué es el Informe Alternativo?V.- El Grupo Promotor del Informe Alternativo sobre DESC

PPPPPANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESCANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESCANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESCANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESCANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESC

I.- La situación de pobreza en MéxicoII.- El desafío de la desigualdadIII.- La política social durante la administración de Vicente FoxIV.- El Gasto Social en MéxicoV.- Recomendaciones del Comité de DESC a MéxicoVI. - Conclusiones

ANÁLISIS DEL ESTANÁLISIS DEL ESTANÁLISIS DEL ESTANÁLISIS DEL ESTANÁLISIS DEL ESTADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS,ADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS,ADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS,ADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS,ADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS,SOCIALES Y CULSOCIALES Y CULSOCIALES Y CULSOCIALES Y CULSOCIALES Y CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

3.1 EDUCACIÓNDerecho a la educación en los pueblos indígenas

I Definición del derecho a la educación y recomendaciones previasII Problemáticas relevantes

índice general

III El derecho a la educación de los pueblos indígenas en el “diagnóstico sobrela situación de los derechos humanos en México”, 2003IV Obligaciones de los estados en materia del derecho a la educaciónV Otros actoresVI Espacios de interlocuciónVII Leyes o programas prioritariosVIII Propuesta de preguntas para la pre-sesiónIX Bibliografía

3.2 EDUCACIÓNDiagnostico de la educación en Zautla Puebla

I Agricultura de la pobrezaII La experiencia: DESC y políticas públicasIII Política educativa – programasIV Herramientas metodológicasV ResultadosVI Opiniones de los actoresVII Reflexiones finales

3.3 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAMaternidad y Salud Reproductiva

I El derecho a la protección de la maternidadII Situación del derechoIII Incumplimiento y violaciones de derechos por parte del estadoIV Recomendaciones. Informe periódico que rinde el gobierno mexicano con motivode la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

3.4 TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTEEL caso de la reserva de la biosfera “Montes Azules” de Chipas

I La Política ambientalII La Política agrariaIII La Política social

3.5 SALUD Y AMBIENTE SANOLa contaminación del Río Atoyac en Tlaxcala

I Informe Río AtoyacII Actividades realizadasIII De la conciencia a la toma de posición.

3.6 SALUD Y MEDIO AMBIENTE SANOLa situación de los “Mártires del Río Santiago” estado de Jalisco

I Descripción. Antecedentes y hechosII EvidenciasIII Justificación de la violaciónIV Conclusiones y recomendaciones

V Referencias

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULLA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULLA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULLA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULLA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALESEN TERRITORIOS ESPECÍFICOSEN TERRITORIOS ESPECÍFICOSEN TERRITORIOS ESPECÍFICOSEN TERRITORIOS ESPECÍFICOSEN TERRITORIOS ESPECÍFICOS

4.1 Violación a los DESC en el municipio de SAYULA, JALISCOI PresentaciónII Acciones violatorias de derechosIII Derechos violadosIV Autoridad responsableV Empresas implicadasVI Otros recursos intentadosV Resultados de los recursos anterioresVI Conclusiones

4.2 Situación del estado de CHIAPAS desde la perspectiva de DESCI Reducción de la pobreza y la desnutriciónII El procede vulnera los derechos de los pueblos indígenasIII Migración y Desc en ChiapasIV La ruptura del tejido social y el ejercicio de los DescV Interferencia de las fuerzas armadas en los programas de desarrolloVI MilitarizaciónVII Recomendaciones

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InformeAlternativode laSociedadCivil19972006

I. ¿Qué es Convergencia?

Convergencia es una Red de organizaciones civiles, que surge en 1990 impulsada pororganizaciones de todos los estados de la República Mexicana, como una respuesta deresistencia y búsqueda de alternativas para no ser condicionadas por las reformas fisca-les que afectaba a la gran mayoría de las organizaciones del país. Como red nacionalha jugado un papel fundamental junto con otras organizaciones y actores, sobresalien-do su trabajo en situaciones difíciles que competen a toda la sociedad.

Convergencia es un espacio de articulación estratégica de organismos civiles mexica-nos, aglutinados sobre la base de intereses comunes y confianza política por partede cada uno de sus miembros, respetando la autonomía de quienes la integran, ade-más, como red, mantiene una lógica de propuesta y fortalecimiento de estrategias, ac-

ciones e iniciativas, que parten de la ética, la integridad, el respeto, lajusticia y la lucha por la democracia, buscando la construcción de su-jetos sociales, con un enfoque de derechos humanos, género ygeneracional, buscando con ello, la participación activa de organiza-ciones civiles en el diseño, implementación, seguimiento y evaluaciónde políticas públicas.

Introducción

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DerechosEconómicos,

Sociales,Culturales

y Ambientalesen México

A través de su campo de Política Social, Convergencia ha trabajado por el cumplimientode los Derechos Económicos Sociales y Culturales, a través de la articulación entre variasorganizaciones miembro que desarrollan trabajo en diversos estados del país, comomuestra más amplia de este trabajo articulado, Convergencia y otras redes nacionales,organizaciones civiles y sociales, elaboraron el Informe Alternativo sobre la situación delos DESC en México.

El campo de política social dio inicio desde 1993, buscando ser un espacio de articulaciónentre organizaciones que se interesarán por analizar y compartir algunas actividadesconcretas frente al momento político que atravesaba el país, ya en 1998 realizo Investi-gación sobre la situación de los DESC en los estados de Veracruz, Michoacán, Oaxaca yBaja California, que fue el aporte de Convergencia al primer informe conjunto sobre lasituación de los DESC en México.

Del año 2000 al 2003, el campo de política social de Convergencia, realizo encuentros,análisis, discusiones y actividades de capacitación para múltiples organizaciones, dan-do como resultado la elaboración conjunta y colectiva de un proyecto, estas actividadesfueron posibles gracias al apoyo de Terre des Hommes, agencia francesa que acompa-ñado por años esta iniciativa.

Ya en el 2004 y hasta el 2006, las actividades que realizaban las organizaciones partici-pantes en el campo de política social, fueron fortalecidas, gracias al apoyo de un proyec-to de coinversión, que contó con el apoyo de Terre des Hommes, la Unión Europea y lapropia Convergencia, esta publicación que hoy se presenta, es parte del proyecto “Con-Con-Con-Con-Con-tribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una ini-tribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una ini-tribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una ini-tribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una ini-tribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una ini-ciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental enciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental enciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental enciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental enciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental enla formulación de políticas públicas” la formulación de políticas públicas” la formulación de políticas públicas” la formulación de políticas públicas” la formulación de políticas públicas” iniciativa en la que participan las siguientes orga-nizaciones:

1.1.1.1.1. Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y DesarrolloLocal A,C.

2.2.2.2.2. Centro de Estudios Ecuménicos A.C3.3.3.3.3. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de

Montesinos A.C.4.4.4.4.4. Centro de Formación e investigación Municipal A.C,

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5.5.5.5.5. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Promoción y Desarrollo Social A.C6.6.6.6.6. Comité de Superación de Jóvenes de Tabasco7.7.7.7.7. Coordinadora Comunitaria Miravalle A.C.8.8.8.8.8. Enlace Comunicación y Capacitación A.C – Chiapas,9.9.9.9.9. Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.,10.10.10.10.10. DECA. Equipo Pueblo A.C.11.11.11.11.11. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.12.12.12.12.12. Movimiento Ciudadano por la Democracia,13.13.13.13.13. Salud Integral para la Mujer, A.C.14.14.14.14.14. Servicios para una Educación Alternativa A.C.15.15.15.15.15. Servicios y Solidaridad en México A.C.16.16.16.16.16. Podemos A.C.17.17.17.17.17. Promoción y Capacitación en los Derechos Económicos

y Sociales de las Mujeres A.C.

II. ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales?

Son parte de los derechos humanos que tienen como objetivo que todas las personastengamos una vida digna, es decir, que contemos con la satisfacción de necesidadesbásicas personales y de nuestras familias.

Cuando hablamos de cumplimiento de los DESC en la vida cotidiana de las personas, setrata, de que todos y cada uno de nosotros, tengamos cubiertas nuestras necesidadesde salud, trabajo, alimentación, escuela, casa, entre otras cosas, lo anterior respetandonuestras costumbres y tradiciones culturales.

Como apoyo jurídico internacional para buscar el cumplimiento de los DESC, contamoscon el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual fue

aprobado y abierto a la firma, el 16 de Diciembre de 1966, después decasi veinte años de debates sobre su contenido. Adquirió por fin fuer-za de ley diez años más, tarde, entrando en vigor el 3 de Enero de 1976.

Es importante reconocer cuales son estos derechos, ahora presenta-mos un listado de los mismos:

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Sociales,Culturales


Derecho a la libre determinaciónDerecho al trabajoDerecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajoDerecho a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelgaDerecho a la seguridad socialDerecho a la asistencia y protección a la familiaDerecho a la alimentaciónDerecho a la viviendaDerecho a la saludDerecho a un medio ambiente sanoDerecho a la educaciónDerechos culturales

III. Responsabilidades de los Estados en materia de DESC

El actor principal para dar cumplimiento a los DESC, son los Estados (a través de susgobiernos en cada país), los cuales se comprometen a cumplir los acuerdos internacio-nales al firmarlos, además de tener la responsabilidad de modificar leyes y reglamentospropios de cada país, para que estén acorde con la ley internacional.

Cada gobierno tiene frente a los DESC, el deber de cumplir las siguientes obligaciones:

Respetar: Respetar: Respetar: Respetar: Respetar: Se trata de que los gobiernos no intervengan de ninguna forma en el goce ycumplimientos de los DESC. Es decir, se trata de una obligación negativa que exige quelos Estados actúen de manera que no violen los DESC, ni apoyen a otros, como puedenser las empresas, para estas ultima impidan el disfrute de estos derechos.Proteger: Proteger: Proteger: Proteger: Proteger: Responsabilidad de que los Estados impidan los abusos de los DESC por partede terceros. Por el contrario, los Estados deben tomar las medidas necesarias para im-pedir que otras personas o grupos violen los derechos humanos.GarantizarGarantizarGarantizarGarantizarGarantizar: Cuando las personas o grupos no pueden acceder a es-tos derechos por si mismos, e gobierno tiene la obligación de darlecumplimiento a sus derechos.Promover:Promover:Promover:Promover:Promover: Además el gobierno, tiene la obligación de generar las con-diciones necesarias para que, cada uno de estos derechos se cumpla.

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IV. ¿Qué es el Informe Alternativo?

Otra de las principales obligaciones que tiene cada uno de los Estados que ha firmadoeste pacto internacional, es el rendir cuentas sobre la situación en que se encuentranestos derechos cada 5 años, esta información se presenta frente al Comité de DerechosEconómicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESCComité DESCComité DESCComité DESCComité DESC) cuya responsabili-dad principal consiste en vigilar el cumplimiento de los DESC, y a través de recomenda-ciones, sugieren a los Estados acciones que buscan dar cumplimiento a estos derechos.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, pueden desarrollar sus propiosinformes, los cuales son retomados por el Comité DESC, como fuente alterna de informa-ción a la presentada por los Estados, en este sentido, organizaciones civiles, sociales yredes nacionales, como Convergencia, participaron de manera colectiva en la elabora-ción del llamado “Informe alternativo desde Sociedad Civil sobre la Situación de los DESCen México”, el cual contiene información generada y recuperada desde sociedad civil,así como análisis y criticas sobre la información presentada de manera oficial por elgobierno mexicano.

V. El grupo promotor del Informe Alternativo sobre DESC

El gobierno mexicano, al igual que todos los gobiernos que han firmado y ratificado elPIDESC, tienen la obligación de presentar informes de forma periódica sobre la situaciónque guardan los DESC en sus respectivos países, es así que el gobierno mexicano debíapresentar su cuarto Informe sobre DESC frente al Comité en el 2004, sin embargo, tuvoun rezago, presentándolo hasta el 2006. Ubicando la importancia de dicho informe, di-versas organizaciones de la sociedad civil mexicana decidieron participar en un ejerciciocolectivo a partir del 2003, teniendo como objetivo central, realizar por tercera ocasiónun informe alternativo al oficial, sobre la situación en la que están estos derechos en

México, conformándose así, el Grupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor del Segundo InformeSegundo InformeSegundo InformeSegundo InformeSegundo InformeAlternativo Sobre DESCAlternativo Sobre DESCAlternativo Sobre DESCAlternativo Sobre DESCAlternativo Sobre DESC.

La elaboración de dicho informe desde sociedad civil, llevo más detres años de trabajo constante, dando paso a diversas formar de or-ganización, recuperación, manejo y análisis de información, fue así

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Sociales,Culturales


que surgieron los equipos temáticos, dentro de estos equipo se ubicaba una organiza-ción como responsable, la cual tenia a su cargo la concentración y manejo de informa-ción del tema, además de presentar una redacción lo más terminada posible a todo elgrupo promotor. Después, el texto trabajado, pasaba a manos de la comisión de redac-ción y traducción, el cual, afinaba y daba coherencia al texto general. Fue así, que laelaboración de dicho informe, es toda una experiencia de trabajo articulado desde or-ganizaciones principalmente civiles.

Grupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor delGrupo Promotor del Segundo Informe Alternativo Sobre DESCSegundo Informe Alternativo Sobre DESCSegundo Informe Alternativo Sobre DESCSegundo Informe Alternativo Sobre DESCSegundo Informe Alternativo Sobre DESC, estaba integrado pormúltiples organizaciones y redes, incluyendo a Convergencia de Organismos Civiles, lascuales tenían en común, la preocupación y el trabajo en materia de estos derechos hu-manos. Este material que ahora se presente, concentra el aporte de las organizacionesmiembro de Convergencia a dicho informe.

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1. La situación de pobreza en México

Para el análisis de la situación de pobreza en México partimos del enfoquemultidimensional que suscribe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesde las Naciones Unidas (en adelante Comité de DESC) en su Declaración sobre la pobre-za y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2001/10), a partir del cual la pobreza puede ser definida como una condición humana caracte-rizada por la sostenida y crónica privación de recursos, capacidades, opciones, seguri-dad y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechosciviles, culturales, económicos, políticos y sociales… la pobreza constituye una negacióna los derechos humanos.”4

En su observación general Nº 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados Partes,el Comité de DESC de las Naciones Unidas considera que: “Le corres-ponde a los Estados Parte del PIDESC una obligación mínima de ase-gurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada unode los derechos consagrados en el Pacto. Así, por ejemplo, un EstadoParte en el que un número importante de individuos está privado dealimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abri-

Panorama general sobre política socialy los DESC

Pobreza y política social en México3

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Sociales,Culturales


go y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, en principio no estácumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.”5 Este es el caso de nuestro país, endonde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza.

Para conocer cuál es la situación la evolución de la pobreza y la política social en México,es importante tener presentes algunos datos, en septiembre 1997 durante el 3º informedesde la presidencia de Ernesto Zedillo, se anuncio un cambio en política social, dandoinicio al día siguiente el Programa de Educación, Salud y Alimentación, (PROGRESA). El 2de febrero de 1998 se presento a través del Diario Oficial de la Federación el Programapara Superar la Pobreza (PSP 1995-2000).

Durante este sexenio, se impulsó una política social basada en la focalización a ciertosgrupos sociales, no era política universal sino que está dirigida a grupos que se conside-ra en marginalidad, además no presento como actores centrales a grupos y colectivoscomunitarios, sino presentando interlocutores directos, es decir, familias seleccionadas eindividuos clasificados. Dejando del lado, la posibilidad de tener una participación social,colectiva y directa por parte de los beneficiarios destinándolos a vigilar personal de pro-gramas, como son maestros o médicos.

Fue así que para el gobierno de Ernesto Zedillo una política social es resultado de unabuena política económica, por lo tanto se dio un fuerte énfasis en desarrollar las habili-dades de los individuos, conocimientos y condiciones de vida que le permitan competiren la vida económica, sin embargo, se hizo, evidente la falta integralidad en los progra-mas sociales, pues estos, se diseñaron para ser subsidios segmentados de la poblaciónpobre, sin estar acompañados de otras medidas económicas o políticas que generaranuna opción de desarrollo sostenible

La medición oficial de la pobreza en México tiene como base la metodología de Líneasde Pobreza adoptada por el gobierno federal a partir de las recomendaciones y criteriosdel Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, que congrega aexpertos tanto del mundo académico como del gubernamental.

En el documento de investigación Evolución y características de la po-breza en México en la última década del siglo XX, publicado en 2002por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se explican tres líneas

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de pobreza para medir: 1) la pobreza alimentaria, 2) la pobreza de capacidades y 3) lapobreza de patrimonio.6

En la línea 1 de pobreza alimentaria se considera a los hogares cuyo ingreso es insufi-ciente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, esto es hogares cuyo in-greso por persona sea de 15.4 pesos diarios en áreas rurales y 20.9 pesos en áreasurbanas (a precios de 2000)

En la línea 2 de pobreza de capacidades se ubica a los hogares cuyo ingreso es insufi-ciente tanto para cubrir las necesidades de alimentación como para sufragar los gastosmínimos en educación y salud, es decir, que perciban diariamente por persona 18.9 pe-sos en área rural y 24.7 en área urbana (a precios de 2000)

En la línea 3 de pobreza de patrimonio se clasifica a los hogares con ingresos insuficien-tes para cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vi-vienda y trasporte público: 28.1 pesos por persona en áreas rurales y de 41.8 pesos enáreas urbanas (a precios de 2000)

De acuerdo con las mediciones del Comité Técnico establecido por SEDESOL, en 2000:

El 18.6% de los hogares se encontraba en pobreza alimentaria; esto equivalía al24.2% de la población (23 millones 595 mil personas)7

El 25.3% de los hogares vivía en pobreza de capacidades; en términos de poblaciónrepresentaba el 31.9% del total8 , o sea 31 millones 102 mil 500 personas.El 45.9% de los hogares y 53.7% de la población total,9 52 millones 375 mil 500personas, vivían en esta alarmante situación de pobreza de patrimonio.

La SEDESOL no ha proporcionado cálculos anuales de la situación de pobreza por lo quese dificultará al Comité una evaluación completa del periodo de reporte. Por lo menos se

cuenta con el cálculo del Comité Técnico sobre la pobreza 2004 y unanueva estimación de la pobreza para 2002 que permite comparacio-nes en el tiempo.10 De la revisión de esta información nos llama muchola atención el comportamiento de la composición de la pobreza porzonas ya que en el periodo 2000-2004 disminuye la concentración depobreza en el ámbito rural pero aumenta proporcionalmente en las

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Sociales,Culturales


zonas urbanas. El Comité de DESC debería solicitar al gobierno mexicano una explica-ción al respecto:

En el año 2000, la pobreza alimentaria se concentraba en un 68.40% en zonasrurales y en un 31. 60% en zonas urbanas; para 2004, esta proporción cambió yen el ámbito rural ya sólo se concentraba el 59.90% de la pobreza alimentariamientras que había subido su concentración en zonas urbanas a 40.10%.En cuanto a la pobreza de capacidades en el 2000, también se concentrabamayormente en la zona rural (61.32%) y un porcentaje menor (38.68%) en laurbana; pero para 2004, disminuyó su concentración en la primera (54.60%) y sedisparó a 45.40% en la segunda.Finalmente, la pobreza de patrimonio se concentraba en un 50.42 % en elámbito rural mientras que en el urbano se ubicaba el 49.58% en el año 2000.Para el año 2004, la concentración de la pobreza de patrimonio en el ámbitorural había disminuido a 45.40% pero en el urbano había aumentado a 54.60%.

A continuación se presenta también la evolución de los porcentajes de hogares y perso-nas viviendo en situación de pobreza entre 2000 y 2004 y la evolución del ingreso men-sual por línea de pobreza en el mismo período:

CuadroProporción de población pobre en México (años 2000-2004)11

TTTTTipo deipo deipo deipo deipo de Ámbito % de % de % de % de % de % depobrezapobrezapobrezapobrezapobreza hogares personas hogares personas hogares personas

(2000) (2000) (2002) (2002) (2004) (2004)

Línea 1:Línea 1:Línea 1:Línea 1:Línea 1: Urbano 9.8 12.6 8.5 11.4 8.7 11.0PobrezaPobrezaPobrezaPobrezaPobreza Rural 34.1 42.4 28.5 34.8 22.3 27.6alimentariaalimentariaalimentariaalimentariaalimentaria NacionalNacionalNacionalNacionalNacional 18.618.618.618.618.6 24.224.224.224.224.2 15.815.815.815.815.8 20.8320.8320.8320.8320.83 13.713.713.713.713.7 17.317.317.317.317.3

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Línea 2:Línea 2:Línea 2:Línea 2:Línea 2: Urbano 16.2 20.2 13.3 17.4 14.2 17.8PobrezaPobrezaPobrezaPobrezaPobreza Rural 41.4 50.0 36.6 43.9 29.4 35.7de capa-de capa-de capa-de capa-de capa- NacionalNacionalNacionalNacionalNacional 25.325.325.325.325.3 31.931.931.931.931.9 21.821.821.821.821.8 27.427.427.427.427.4 19.819.819.819.819.8 24.624.624.624.624.6cidadescidadescidadescidadescidades

Línea 3:Línea 3:Línea 3:Línea 3:Línea 3: Urbano 37.4 43.8 34.9 41.5 34.2 41.0PobrezaPobrezaPobrezaPobrezaPobreza Rural 60.7 69.3 57.2 65.4 48.2 56.9de patri-de patri-de patri-de patri-de patri- NacionalNacionalNacionalNacionalNacional 45.945.945.945.945.9 53.753.753.753.753.7 43.043.043.043.043.0 50.650.650.650.650.6 39.639.639.639.639.6 47.047.047.047.047.0moniomoniomoniomoniomonio

Fuente: Elaboración propia con base datos de la SEDESOL (www.sedesol.gob.mx)

CuadroIngreso mensual per cápita por línea de pobreza 2000-200412

Tipo de pobreza Ámbito Ingreso mensual Ingreso mensual Ingreso mensualper cápita* 2000 per cápita* 2002 per cápita* 2004

Línea 1: Urbano 626.0 672.27 739.60Pobrezaalimentaria Rural 492.90 494.77 548.17

Línea 2: Urbano 769.98 826.90 909.71Pobreza decapacidades Rural 586.06 588.29 651.77

Línea 3: Urbano 1258.89 1351.94 1487.34Pobreza depatrimonio Rural 899.54 902.96 1000.41

* Ingreso mensual per cápita en pesos a precios de agosto de cada añoFuente: Elaboración propia con base datos de la SEDESOL (www.sedesol.gob.mx)

II. El desafío de la desigualdad

En el año 2000, la propia Secretaría de Desarrollo Social, reconocioque el desarrollo económico se daba de manera desequilibrada yasimétrica. Estableciendo que hay varios tipos de desarrollo, el prime-ro se vincula a la incipiente exportación, el segundo, lo conforma laeconomía industrial, de comercio, de servicios y agropecuaria; y por

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Sociales,Culturales


último se encuentran los excluidos y marginados, quines NO poseen la capacidad deinsertarse dentro del mercado. En este mismo año de acuerdo a datos de SEDESOL esta-ban 26 millones de mexicanos en extrema pobreza13 . Otros calculo, entre ellos, el depar-tamento de México del Banco Mundial, señalo en un informe, que el 54 y 58% de lapoblación, en otras palabras, 52.92 millones de mexicanos sobrevivían en situación de“Ultrapobreza”.14

México, país de ingreso medio en la región más desigual del mundo, se disputa conotros países latinoamericanos los primeros lugares en materia de desigualdad econó-mica, social y de género.15 En el Informe de Avance 2005 del gobierno mexicano sobrelos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus Metas se reconoce que “basta condesagregar la información de seguimiento de los ODM por espacio geográfico, sexo ogrupo étnico para obtener no solo grados de avance distintos, sino también resultadosmuy distantes entre sí. Por ello, muchos de los logros conseguidos aún no son equitativospara toda la población, lo que muestra que la desigualdad y el rezago persisten comolos problemas sustantivos del desarrollo.16

El Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 elaborado por el PNUD explica que ladesigualdad nacional en los niveles del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se debe tantoa diferencias entre como dentro de las entidades federativas. Mientras el índice de desa-rrollo humano del Distrito Federal es más alto que el de los 31 estados federados deMéxico y superior a la media nacional (0,891 frente a 0,802)17 hay varios estados quepresentan IDH muy bajos, como son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz,Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí,zonas con alta concentración de población campesina y/o indígena, que a su vez expul-san mano de obra a los Estados Unidos; hombres, mujeres y niños - migrantes internosy externos- que padecen discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos.

La pobreza afecta de manera particular a las mujeres, desde niñas hasta adultas mayo-res, por sus roles de género; por ejemplo: experimentan día a día lallamada triple jornada de trabajo para resolver diversas carencias, quevan desde las cuestiones alimentarias hasta el cuidado de los enfer-mos, los adultos mayores o las personas con necesidades especiales, enun contexto económico adverso y de reducción de acceso a los serviciospúblicos por ejemplo en materia de asistencia y protección de la familia.

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III. La política social durante la administraciónde Vicente Fox (2001-2006)

Para analizar políticas y programas de combate a la pobreza se requiere, en primerlugar, situarlas en el marco más amplio de las políticas públicas, que en conjunto pro-mueven un modelo de desarrollo determinado. Es indispensable considerar el contexto ylas políticas económicas que se describen en el apartado sobre política económica deeste Informe para comprender las limitaciones de la política social, desde su diseño has-ta su ejecución.

El actual gobierno federal ha dado continuidad a una política social que ha sido diseña-da a partir de los lineamientos y recomendaciones de organismos financierosmultilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las polí-ticas de ajuste estructural han alentado el adelgazamiento del Estado que va reduciendosus áreas de acción, por ejemplo en materia social.18

En cuanto a los programas de desarrollo social se privilegian estrategias de focalizaciónen la pobreza extrema sobre estrategias de carácter universal que, por los altos nivelesde pobreza que aún hay en el país, deberían aplicarse complementariamente. Esto hasignificado continuar con una política de canalización de recursos de sobrevivencia yasistenciales, definidos por factores numéricos, más que establecer políticas ampliasbasadas en los derechos sociales.

Se propone también, privatizar los sistemas de salud y que el Estado establezca un fondode recursos para apoyar a los sectores más pobres de la población; igualmente, privati-zar los servicios básicos como el agua o la recolección de basura; continuar con losesquemas de transferencia de recursos económicos a los pobres; eliminar los pagos pordespidos, las negociaciones colectivas, el reparto de utilidades, favorecer los contratostemporales y los requisitos de promoción en el empleo basados en la antigüedad, es

decir, flexibilizar el mercado laboral, en detrimento de los derechoslaborales.

Cabe señalar que se ubica una tendencia para desarrollar progra-mas sociales bajo una lógica de subsidios y que esta completamentea merced de la disponibilidad de los presupuestos y múltiples recortes

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del mismo, los cuales responden a la búsqueda de la estabilidad y seguridadmacroeconómica del país. Los derechos sociales se perciben como servicios y materiasprimas, se trata entonces de una clara reversión a los derechos sociales por parte delEstado mexicano.

El Comité de DESC está consciente de que hay obstáculos estructurales para la erradica-ción de la pobreza en los países en desarrollo por lo que es imperativo que se tomenmedidas urgentes para eliminar la deuda externa insostenible, la creciente brecha entrericos y pobres, y la ausencia de un sistema equitativo de comercio multilateral, de inver-siones y financiero, de otro modo las estrategias anti-pobreza de algunos Estados tienenpocas posibilidades de ser exitosas. En nuestra opinión, México estaría entre estos ca-sos, de ahí que afirmemos que sin una transformación de la política económica no ha-brá política social y de combate a la pobreza verdaderamente efectivas.

Por esto es urgente elaborar políticas públicas integrales, que logren superar las contra-dicciones y efectos desalentadores de las políticas hasta ahora implementadas, la faltade coordinación y coherencia entre ellas; sobre todo, se tiene que atender la relaciónentre política económica y política social, haciendo énfasis en que estas no pueden ac-tuar por separado. Desafortunadamente, el gobierno federal no reconoce este graveproblema, por el contrario, afirma que en cuanto a su estrategia Contigo, la política so-cial y la política económica van de la mano, esto se basa en la falsa idea de que eldesarrollo social depende del crecimiento económico. Y aunque es cierto que el desarro-llo económico es un factor importante para el desarrollo social de un país, es más impor-tante contar con políticas económicas y sociales capaces de mejorar la distribución delingreso y la riqueza. De este modo, se atendería a la población en situación de pobrezacomo sujetos a los que se les están negando sus derechos económicos, sociales y cultu-rales, que constituyen factores esenciales en la erradicación de la pobreza.

Los ejes en los que se esta moviendo la política social, son la descentralización, hacia losestados y gobiernos locales, dando como resultado, mayor focalizacióny concentración de políticas sociales,

Muestra de ello es el Plan Nacional de desarrollo el cual plantea seisobjetivos generales: a) Mejorar los niveles de educación y de bienestarde los mexicanos, b) Acrecentar la equidad y la igualdad de oportuni-

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dades, c) Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y deiniciativa individual y colectiva, d) Fortalecer la cohesión y el capital sociales, e) Lograr undesarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, f) Ampliar la capacidad derespuestas gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones,sin embargo, estos objetivos, son amplios y ambiguos, que no establecen una propues-ta clara respeto a las Politicas sociales a seguir, es evidente la falta de acciones que senecesitan implementar.

El Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 Superación de la Pobreza, unatarea contigo, formulado por la SEDESOL, establece los objetivos, ejes rectores, estrate-gias, líneas de acción, tareas y metas para superar la pobreza. De acuerdo con estavisión, el gobierno aspira a que los mexicanos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa,logren niveles de vida dignos y sostenidos, y a que México cuente con mecanismos ypolíticas que aseguren la creación consistente de prosperidad y equidad mediante eldesarrollo de oportunidades y capacidades, con la participación de toda la sociedad.

Entre la multiplicidad de programas sociales que impulsa el gobierno federal destaca elPrograma de Desarrollo Humano Oportunidades, que surge en 2002 a partir de la trans-formación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), principal pro-grama gubernamental de combate a la pobreza extrema creado en 1997, durante laanterior administración.

De acuerdo con el gobierno, las vertientes del cambio en el Programa son: “más y mejoreducación, salud y alimentación; fortalecimiento de la economía familiar; crecimiento enciudades; más transparencia y supervisión externa; y mayor participación de los gobier-nos locales... Con esta visión ampliada se pretende, mediante acciones intersectorialescoordinadas de educación, salud, alimentación y desarrollo social, que las capacidadesde las personas se traduzcan en mayores opciones para las familias en pobreza extre-ma. Este esfuerzo integrado busca romper el círculo vicioso de la transmisión

intergeneracional de la pobreza.” 19

Oportunidades es un programa primordialmente compensatorio delos impactos de la política económica, y aunque ha mejorado muchosaspectos que hacían del PROGRESA un programa aún más limitado,desafortunadamente no se trata de un programa basado en los DESCA,

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sino en el lineamiento de la BMD sobre fortalecimiento del capital humano. Aparente-mente, las políticas del BM y del BID toman en cuenta los derechos humanos, que apare-cen constantemente en los objetivos de sus políticas; no obstante, sólo son parte deldiscurso de la Banca Multilateral y no el fundamento ni el objetivo real de sus políticas yprogramas.

De acuerdo con el Informe del Seminario de expertos sobre los derechos humanos y laextrema pobreza20 esta visión es complementaria al planteamiento de la erradicaciónde la pobreza basado en el desarrollo; mientras que el criterio basado en los derechosse fundamenta en los derechos que pueden ejercerse, el criterio basado en el desarrollose fundamenta en las capacidades. De acuerdo con los expertos, invertir solamente encapital humano, es decir, en algunas de las capacidades de las personas, como pro-mueven BID y Banco Mundial, es una estrategia incompleta en el combate a la pobreza;“ambos criterios son complementarios y al tratarse de las dos caras de una misma mo-neda, hay que promoverlos conjuntamente.”21

El Comité de DESC también señala que las políticas de combate a la pobreza serán másefectivas, sostenibles, incluyentes, equitativas y significativas para aquellos viviendo en lapobreza si están basadas en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.Para que esto ocurra, los derechos humanos deben ser tomados en cuenta en todos losprocesos relevantes de diseño de políticas públicas. De este modo, también se requierenfuncionarios apropiadamente capacitados.22

Sin embargo, el enfoque de derechos humanos no está en la base de la Estrategia deDesarrollo Humano y Social “Contigo” del gobierno federal. Ninguno de los programasde combate a la pobreza de esta Estrategia fueron diseñados con una perspectiva dederechos humanos y en esto radica una parte de sus limitaciones. Por ejemplo, el Pro-grama “Oportunidades” enfatiza el fortalecimiento del capital humano (ampliación decapacidades) en algunos aspectos relacionados con salud, educación y alimentación.Este enfoque –proveniente de la banca multilateral– ha probado serdeficiente para resolver el círculo vicioso de la pobreza.23

Si Oportunidades hubiera sido concebido desde una política social conperspectiva de derechos humanos tampoco habría contradiccionesentre las distintas medidas gubernamentales en la materia; es decir,

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no se diría que se promueve el derecho a la salud mientras se recorta el gasto social eneste rubro, y el desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud se agrava.Tampoco trabajaría exclusivamente en fortalecer capital humano sin invertir en infraes-tructura y equipo, sobre todo en materia del derecho a la salud y el derecho a la educación.

No obstante la importancia que el Programa Oportunidades tiene para muchas familiasque de otra forma no recibirían ningún apoyo gubernamental, debemos señalar queentraña una serie de limitaciones en su diseño y ejecución.24 La propia CoordinaciónNacional del Programa ha reconocido los siguientes problemas:25

Carencias de los servicios de salud y educaciónAbusos y cobros indebidosPasividad y falta de respuesta a las intervencionesErrores de cobertura (inclusión y exclusión)Clientelismo electoral y partidistaSimulación y relajación de normas

Por otra parte, también se han impulsado programas como el de micro crédito que pre-tende que personas en situación de pobreza inicien o desarrollen un negocio personal ofamiliar con el objeto de autoemplearse. Estos proyectos, sin embargo, pocas veces cuen-tan con viabilidad técnica por falta de capacitación y por lo tanto no son sostenibles en ellargo plazo. Asimismo, se privilegian proyectos que plantean resultados de impacto in-mediato, dejando de lado a los proyectos que proponen procesos de fortalecimientocomunitario. Una política de micro créditos con esta orientación tiende a promover alargo plazo la economía informal y a ampliar la brecha tecnológica con las corporacio-nes internacionales que en el propio país están actuando.

IV. El gasto social en México

Si el gobierno federal promoviera una política social basada en losderechos humanos, el presupuesto y el gasto serían congruentes conel Artículo 2 del PIDESC, que regula la adopción de medidas hasta elmáximo de los recursos disponibles para el logro progresivo de losderechos reconocidos en el Pacto. Si bien es cierto que el informe ofi-

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cial reconoce que el gasto social es el principal instrumento para combatir la pobreza, yque los recursos para programas sociales han aumentado, es necesario destacar dosaspectos clave. Primero, el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal revelauna tendencia a desfavorecer el gasto social mediante el subejercicio de los recursosasignados. En contraste, se advierte un sobreejercio de recursos en programas o entida-des fuera del gasto social, como en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Defen-sa Nacional, Relaciones Exteriores y Gobernación.26

Por ejemplo, la vertiente de la Estrategia Contigo encargada de “generar empleo y opor-tunidades de ingreso en las regiones y zonas marginadas del país” ejerció 4% menos delos recursos asignados en 2003, los que a su vez eran 22,3% menores en relación a losutilizados en 2002.27 Esta vertiente es una de las que más recursos ha dejado sin usar, ysu presupuesto fue recortado desde el inicio de la actual administración. El ProgramaEmpleo temporal es uno de los que más ha sufrido disminuciones en los recursos otor-gados. Durante 2003, utilizó 94% de los recursos totales aprobados, pero esa cantidades 54% inferior a los recursos otorgados en 2002. El número de puestos de trabajo crea-dos en 2003 por el programa disminuyó casi en igual proporción.

En tanto la vertiente de desarrollo de patrimonio, el Programa de Ahorro, Subsidio y Cré-dito para la Vivienda Progresiva “Tu casa” no recibe un aumento de recursos desde 2002y ha experimentado una tendencia a la baja. La explicación dada por el gobierno en 2003 esque las instancias ejecutoras no presentaron demanda o no les interesó participar en elprograma. Esta afirmación resulta grave tomando en cuenta que la población consideraque la vivienda es el principal patrimonio familiar y que muchas familias carecen de ella.

En México la política social ha pasado de ser un imperativo estatal o razón de Estado auna concepción humanista filantrópica, pues se realiza una selección de los beneficia-rios de casi todo programa social, se levantan padrones de merecedores y nomerecedores, en los cuales los primeros son considerados incapaces de sostenerse porsi mismos y son por lo tanto candidatos a recibir la caridad del Esta-do28. Esta selección-focalización, se presenta con el argumento deobtener mayor eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de los re-cursos del erario, pero en realidad solo es una fachada que escondela disminución continua que en nuestro país ha tenido el gasto socialen las últimas décadas.

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Al enfocarnos al análisis del gasto social en México, debe observarse la evolución que elporcentaje del Producto Interno Bruto destinado a “Funciones de Desarrollo Social” hatenido durante los últimos años. Si bien el monto de los recursos invertidos en DesarrolloSocial ha aumentado en términos absolutos durante la última década, al considerar elporcentaje del PIB invertido en Desarrollo Social, se observa más bien un estancamientodurante los últimos cinco años.

Como se observa en el siguiente cuadro, durante los últimos años de la administracióndel Presidente Ernesto Zedillo, dicho porcentaje aumentó de 8.7 a 9.5 entre los años1997-2000. Sin embargo, entre los años 2001-2005, mismos que corresponden a la ac-tual administración del Presidente Vicente Fox, el porcentaje del PIB invertido en Desarro-llo Social ha permanecido estancado entre el 10.0 y el 10.1 %.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PIB (Millonesde pesoscorrientes) 3,174,275 3,846,350 4,594,724 5,491,708 5,809,688 6,263,137 6,891,434 7,634,926 8,074,121

Gasto enfunciones dedes. social(Millonesde pesos) * 274,756.5 347,511.0 433,375.1 519,239.9 580,502.0 642,629.7 695,595.2 773,600.2 815,443.1

% del PIBdevengadoen des. social 8.7 9.0 9.4 9.5 10.0 10.3 10.1 10.1 10.1

* Según la clasificación proporcionada en el Quinto Informe de Gobierno 2005, en elrubro de “Funciones de desarrollo social” se incluye el gasto devengado enEducación, Salud, Seguridad Social, Laboral, Abasto y asistencia social y DesarrolloRegional y Urbano.

Fuente: Quinto Informe de Gobierno 2005, p. 193, 277-273.

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De acuerdo a la actual administración el gasto social debe hacer frente a necesidadesprioritarias como las siguientes:

Remediar los rezagos en materia de salud contenidos en la nueva Ley Generalde Salud, en particular aquellos recursos públicos destinados al Seguro Popular.Aumentar los recursos a canalizarse a través del programa Oportunidades.Elevar el monto de recursos destinados a la educación, tendiente a alcanzar elobjetivo de gasto de 8 por ciento del PIB en este rubro para 2006, de acuerdo alo establecido por el Congreso de la Unión.Otorgar los apoyos económicos para el desarrollo rural integral tanto a través delos programas existentes, principalmente Procampo, como a través de nuevosprogramas destinados a reducir el rezago en este sector.Hacer frente a una serie de rezagos acumulados en materia de infraestructura.

Se considera que en el 2004 el gasto social tuvo un incremento real de 1.0 por ciento encomparación con 2003, es decir, poco más de 696 mil millones de pesos, el 59.7 porciento del total del presupuesto estimado para ese año. Sin embargo, el incremento noes suficiente para cumplir los objetivos del gobierno en materia de política social y muchomenos para aliviar los efectos que ha tenido en nuestra sociedad la economía de merca-do en la que estamos inmersos ni para reducir la brecha en la distribución del ingreso.

Es importante señalar que la situación se ha agrava día con día, es entonces preocupan-te que un número cada vez mayor de personas en México viven en estado de pobrezaextrema. Esto se ve agravado por la disminución del poder adquisitivo de los salarios yde las oportunidades reales de la población para obtener un empleo.

V. Recomendaciones del comité de DESC a México

Entre los motivos de preocupación y las recomendaciones que el Co-mité DESC hizo a México en 1999 (E/C.12/1/Add.41) la mayoría es rele-vante en términos de política social, destacando las siguientes:29

“Al Comité le preocupa también el modo regional desequilibradodel Estado Parte de arrostrar diversos problemas económicos y so-

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ciales que prevalecen en los sectores más abandonados y vulnerables de la socie-dad mexicana,”

“El Comité lamenta que, a pesar del positivo crecimiento de los indicadoresmacroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, laComisión Nacional de Salario Mínimo no ha ajustado al alza el salario mínimo. En estosmomentos, es preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para adquirir lacanasta básica constitucional, en violación del inciso ii) del párrafo a) del artículo 7 delPacto, y según se refleja en la legislación nacional (artículo 123.VI de la Constitución).”

“Al Comité le preocupa la privatización del régimen de seguridad social, que podría pri-var de ciertas prestaciones a quien no pueda hacer aportaciones a una cuenta particularde pensión, como los desempleados, los subempleados, los obreros de más escasosingresos y quien trabaja en el sector no estructurado”

“El Comité recomienda que el Estado Parte fije puntos de referencia para ayudarlo avigilar los adelantos en la lucha contra la pobreza. El Comité agradecería que, en sucuarto informe periódico, el Estado Parte hiciera una evaluación de los progresos alcan-zados para que la población goce de los derechos económicos, sociales y culturalessobre la base de los puntos de referencia fijados y los datos estadísticos.”

“El Comité exhorta al Estado Parte a abordar las causas estructurales de la pobreza enMéxico y a ajustar sus programas sociales en consecuencia. Además, el Comité pideque el Estado Parte incorpore a la sociedad civil en general y a los grupos asistidos enparticular en la planificación, aplicación y evaluación de esos programas.”

“El Comité recomienda que el Estado Parte asigne recursos para el desarrollo de modoequitativo, sin tener en cuenta la ubicación geográfica ni las poblaciones.”

VI. Conclusiones

Las personas que viven en situación de pobreza sufren violaciones asus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles ypolíticos. El respeto, la protección, la promoción y la realización de los

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derechos humanos son indispensables para erradicar verdaderamente la pobreza. Eneste sentido, el PIDESC proporciona principios y normas de conducta que deben ser to-mados en cuenta en todo el ciclo de las políticas públicas. Asimismo, el gobierno nodebe olvidar que los DESCA son derechos de toda la población y no sólo de los máspobres, por lo que las políticas de carácter universal no pueden ser sustituidas, sino tansólo complementadas, por las políticas focalizadas.

Los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y el derecho aldesarrollo proveen un marco de normas o reglas sobre los cuales pueden construirsepolíticas detalladas de erradicación de la pobreza en el ámbito global, nacional y comu-nitario, asegurando una debida atención a elementos esenciales de las estrategias anti-pobreza como son la no discriminación, la igualdad, la participación y la rendición decuentas.30

Es necesario recomendar al Estado mexicano que diseñe participativamente una políticasocial y de combate a la pobreza que se base verdaderamente en la perspectiva dederechos humanos, en congruencia con las disposiciones del PIDESC.

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Introducción

En este apartado se enunumeran 6 casos en los que se documentan las violaciones a losderechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos en los que se hanregistrado las violaciones son:

Derecho a la educación de los pueblo indígenasMaternidad y salud reproductivaDerecho a la salud y medio ambiente.

En cuanto a los derechos que se han documentado se da una violación sistemática debi-do a que se privilegian intereses económicos sobre todo de empresas trasnacionales yde diversos ambitos del gobierno.

El apartado de derecho a la educación de los pueblos indígenas se

fundamenta en las recomendaciones que el comité hizo en 1999 sobre

pueblos indígenas analizando del periodo de 1999-2004, donde se da

cuenta del abandono en que se ha tenido ha los pueblos originarios.

El analfabetismo para 1994 en mayores de 15 años, en el medio rural

Análisis del estado que guardan algunosderechos económicos, sociales y culturales

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fue de 27.5%, una precaria infraestructura educativa, pobreza, desnutrición, altos

índices de mortalidad y morbilidad infantil, por lo que se sugiere al Estado parte

que ponga atención ala pobreza extrema y a las causas estructurales de la des-

igualdad social, que intensifique el financiamiento en cuanto a educación para los

pueblos indígenas, que incorpore modelos de educación intercultural bilingüe.

También se presenta el caso concreto de Zautla, en la Sierra norte de Puebla donde dosorganizaciones de la sociedad civil (OSC), parte del Campo de Política Social de la Con-vergencia de Organismos Civiles, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio deMontesinos AC.(CAM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (PRODES AC. -CESDER), realizaron una investigación sobre la situación que guardan los Derechos Eco-nómicos Sociales y Culturales (DESC) en México, así como la difusión de estos derechosentre las organizaciones locales y otros actores. Se realizó entre otras actividades undiagnóstico participativo donde se dio voz a cada uno de los actores de la comunidad encuanto a la educación en esta población indígena y muestra al final algunas reflexionessobre este caso y en general sobre la violación al derecho a la educación en el país.

En el capítulo sobre maternidad y salud reproductiva se fundamenta sobre los tra-

tados internacionales, las leyes y acuerdos que sustentan este derecho, se presen-

ta también el estado que guarda:

Según CONAPO (Consejo Nacional de Población) mueren diariamente 4 muje-

res por causas asociadas a la maternidad. El 25% de los embarazos que se

registran en el país son embarazos adolescentes. El gobierno federal reconoce

que el aborto es la cuarta causa de muerte en el país. Así mismo se presenta 2

casos de mujeres violadas que desearon interrumpir su embarazo y les fue ne-

gado su derecho. Por último menciona las recomendaciones que hace el comi-

té de DESC de Naciones Unidas al Estado Mexicano en 1999 en torno al derecho

a la salud sexual y reproductiva.

En lo que a salud y medio ambiente se refiere el presente texto se basa en 3 casos

concretos:

1.- En el estado de Chiapas la reserva de la biosfera de montes azules

2.- Las enfermedades causadas por la contaminación en el río Atoyac

en el estado de Tlaxcala.

3.- Violación a la salud y el medio ambiente es en las poblaciones de

Juanacatlán y el salto, Jalisco.

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1. En el primer caso se retoma el recorrido histórico de la asignación del territorio dela REBIM (reserva de la biosfera de montes azules) y las propuestas que enmateria agraria y ambiental se plantean en el Diagnóstico sobre la situación delos Derechos Humanos en México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONUpara los Derechos Humanos en México.

2. En el caso del río Atoyac se muestra un informe sobre el proceso de urbanizacióne industrialización en el poniente del Estado de Tlaxcala y los municipios de SanMartín Texmelucan y Huejotzingo en el Estado de Puebla y la puesta en marchadel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 dando estocomo resultado la entrada de maquila a este territorio provocando la contamina-ción del río Atoyac. El centro de derechos humanos Fray Julián Garcés tienedesde 2002 referencia sobre la problemática de contaminación del río Atoyaccomo posible causante de daños a la salud en 16 comunidades.Primero se realizaron documentación de casos y recopilación de expedientes,segundo establecer una relación comparativa entre contaminantes existentes yalteraciones a la salud, tercero Realizar la documentación de casos de violacio-nes de Derechos Humanos desde la población local organizada, Contribuir a laformación y articulación de espacios locales regionales de investigación y análisisy difusión,se han registrado casos de enfermedades como la leucemia; Púrpuratrombocitopenica; anemias y malformaciones congénitas entre otras, así comocasos de daños a la propiedad. En total fueron 38 casos en 5 comunidades yfalta por documentar otras 3 comunidades. Esto se documentará y se interpon-drá la denuncia ante instancias locales, nacionales e internacionales de dere-chos humanos.

3. El tercer caso donde también se sustenta la violación a la salud y el medioambiente, es en las poblaciones de Juanacatlán y el salto, Jalisco.La contaminación del río Santiago ha provocado graves daños a la salud y el

medio ambiente debido a que se ha instalado una zona industrialdesde finales de los años 70, el IMDEC (Instituto Mexicano para elDesarrollo Comunitario) ha documentado estas violaciones a losderechos humanos:Según la Secretaría de Salud de Jalisco, en el año de 2002, lassiguientes 10 enfermedades, fueron las principales causas de defun-

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ciones en Juanacatlán y El Salto31. Principalmente son enfermedades respiratoriase intestinales.Se han realizado gestiones ante el gobierno estatal y federal y concretamente elInstituto Vida envió al gobernador de Jalisco una solicitud para que fuera atendi-do el grave problema de salud y medio ambiente en Juanacatlán.Posteriormente junto con el Instituto de Derecho Ambiental AC (IDEA) y con otrasorganizaciones civiles presentaron por escrito formal denuncia ante la Comisiónpara la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio para América delNorte.El 18 de mayo de 2005, el Secretariado de la Comisión para la CooperaciónAmbiental, resuelve que la denuncia, amerita la elaboración de un expedientede hechos, para conocer más a fondo el problema, procedimiento que seencuentra aún en espera de que el Consejo de la CCA emita una resoluciónautorizando o no la preparación de dicho expediente.Se han hecho recomendaciones a los tres niveles de gobierno para que tomenmedidas precautorias urgentes para la restauración sanitaria y ambiental de losmunicipios de El Salto y Juanacatlán.

3.1el derecho a la educación

de los pueblos indígenas 1999-2004

Cristina Larrea Villacián

Enlace Comunicación y Capacitación AC.

I. Definición del derecho a la educacióny recomendaciones previas

1. El derecho a la educación en el ámbito internacional1. El derecho a la educación en el ámbito internacional1. El derecho a la educación en el ámbito internacional1. El derecho a la educación en el ámbito internacional1. El derecho a la educación en el ámbito internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)Artículo 26

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1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, almenos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucciónelemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de sergeneralizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, enfunción de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana yel fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-mentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas lasnaciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de lasactividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habráde darse a sus hijos.

2. P2. P2. P2. P2. Pacto Internacional de los Derechos Económicos Socialesacto Internacional de los Derechos Económicos Socialesacto Internacional de los Derechos Económicos Socialesacto Internacional de los Derechos Económicos Socialesacto Internacional de los Derechos Económicos Socialesy Culturales (1966)y Culturales (1966)y Culturales (1966)y Culturales (1966)y Culturales (1966)

Artículo 131. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a

la educación.2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte con objeto de lograr el

pleno ejercicio de este derecho:a) la enseñanza primaria debe ser gratuita y asequible a todos gratuitamente;b) la enseñanza secundaria deber ser generalizada y hacerse accesible a todos,

(....) por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.c) la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, (...) por la implantación

progresiva de la enseñanza gratuita.d) el establecimiento de un sistema adecuado de becas, y mejorar las condicio-

nes materiales del cuerpo docente.

La educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tenerlas cuatro características siguientes interrelacionadas:DisponibilidadAccesibilidadAceptabilidadAdaptabilidad

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3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a la3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a la3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a la3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a la3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a laEducación de los Pueblos IndígenasEducación de los Pueblos IndígenasEducación de los Pueblos IndígenasEducación de los Pueblos IndígenasEducación de los Pueblos Indígenas

3.1 .Planteamientos relacionados con el Derecho a la Educaciónde los Pueblos Indígenas en el Informe Alternativo 1999:

En el anterior informe no se abordó el tema de la Educación de los Pueblos Indígenasespecíficamente, por lo que se retoman planteamientos sobre educación y pueblos indí-genas, realizados en los informes de otros derechos.

Las condiciones de las escuelas indígenas son alarmantes: "escasez y precariedad ma-terial de sus aulas y escuela, deficiente calificación y formación de los y las maestras,ausencia y deficiencia en la distribución de los materiales didácticos, un currículo rudi-mentario que se concentra en la enseñanza del español, predominio de las aulas multigradoy presupuestos inferiores a los que destinan a la educación básica convencional.

1. La población indígena es la que sufre con mayor intensidad los problemasrelacionados con la pobreza: los índices más altos de mortalidad y de morbilidadinfantil, la desnutrición, el analfabetismo, la deserción y reprobación escolar, asícomo las consecuencias de la migración de las familias completas en búsquedade trabajo.

2. Las condiciones en las que viven los niños y niñas específicamente en zonasrurales y marginadas, impiden en el mayor de los casos que éstos puedan tenerun buen aprovechamiento, pues ante la necesidad de buscar la satisfacción delas necesidades básicas y contribuir al gasto familiar, el nivel de deserción esmuy elevado.

3. El nivel educativo del medio urbano sigue siendo muy elevado a comparacióncon el rural. El analfabetismo para 1994 en mayores de 15 años, en el mediorural fue de 27.5%, mientras que en el medio urbano fue del 9.7%.

4. El gasto nacional dedicado a educación se ha mantenido conun crecimiento constante desde 1988. En el período 93-97, lacifra de crecimiento ha promediado 26.6 % anual.

5. Respecto a la descentralización de los servicios educativos, lasdiscrepancias sobre la distribución de los recursos federales alos distintos estados son notables y muestran ausencia de

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criterios claros. Algunos de éstos reciben un porcentaje mucho mayor al quecorrespondería de acuerdo al número de su matrícula con respecto a la nacional.

3.2. Planteamientos relacionados con el Derecho a la Educación de los Pueblos Indíge-nas en las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-les (1999).

1. El Comité está perturbado por el aumento del número de personas que viven enla pobreza y en la pobreza extrema. El Comité considera que si no se atiendenapropiadamente las causas estructurales de la pobreza, no se logrará unadistribución más equitativa de la riqueza entre los diferentes sectores de lasociedad, entre los estados y entre las áreas rurales y urbanas.

2. El Comité se preocupa por la condición persistente de las poblaciones indíge-nas, particularmente de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, las cuales tienenacceso limitado a servicios de salud, educación, trabajo, nutrición y vivienda.

3.3. Recomendaciones relacionadas con el Derecho a la Educación de los PueblosIndígenas para México en 1999.

1. El Comité recomienda que el Estado Parte fije puntos de referencia para ayudarloa vigilar los adelantos en la lucha contra la pobreza. El Comité agradecería que,en su cuarto informe periódico, el Estado Parte hiciera una evaluación de losprogresos alcanzados para que la población goce de los derechos económicos,sociales y culturales sobre la base de los puntos de referencia fijados y los datosestadísticos.

2. El Comité insta al Estado Parte a atender las causas estructurales de la pobrezaen México y a ajustar los programas sociales de acuerdo con esto. Además, elComité invita al Estado Parte a involucrar estrechamente a la sociedad civil engeneral, y a los grupos meta en particular, en la planificación, aplicación y

evaluación de estos programas.3. El Comité recomienda que el Estado Parte asigne recursos para eldesarrollo de modo equitativo, sin tener en cuenta la ubicacióngeográfica ni las poblaciones.4. El Comité pide al Estado Parte que, al negociar con institucionesfinancieras internacionales y aplicar programas de ajuste estructural y

3636363636


Sociales,Culturales


políticas macroeconómicas que afecten al servicio de la deuda externa, a laintegración en la economía mundial de mercado libre etc., tenga en cuenta susconsecuencias para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales,en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad.

II. Problemáticas relevantes

1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena en1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena en1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena en1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena en1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena enMéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

a) Estimación de la población indígena en México por la Comisión Nacional para elDesarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conapo (Alem, 2002):Año 2 000: 12 707 000, frente a 97 483 412 población total de México

b) Población Indígena registrada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI) (Alem, 2002).Año 2 000: 8 381 314

c) Estimación población hablante de lengua indígena (HLI) por INEGI (INEGI, 2000b):6 044 547 (7.2% de la población nacional)Hombre (H): 2 985 872; Mujer (M): 3 058 675

d) Distribución de la población HLI de 5 años y más en los estados más significativos(INEGI, 2000a).Yucatán: 37.4%Oaxaca: 37.2%Chiapas: 24.7%Quintana Roo: 23.1%Hidalgo: 17.3%

2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho de2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho de2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho de2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho de2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho dela educación de los Pueblos Indígenasla educación de los Pueblos Indígenasla educación de los Pueblos Indígenasla educación de los Pueblos Indígenasla educación de los Pueblos Indígenas

1. El derecho a la educación se ha traducido en las últimasdécadas en el "acceso gratuito a la educación" (ONU, 2004), yen particular a la educación primaria. Así se refleja en loscompromisos suscritos por los países miembros de los orga-

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nismos multilaterales como ONU, a través del horizonte Educación para Todos(Declaración Mundial de Educación para Todos, Jomtien, 1990). Esta perspectivaapropiada y aplicada por los estados miembros, entre ellos México, deja decontemplar la visión más integral de los derechos humanos, así como la preocu-pación por la calidad de los procesos educativos.

2. Esta simplificación ha dado lugar a resultados cuantitativos muy concretos. En elcaso de México al establecimiento de la educación primaria como obligatoria ygratuita (1993), y al logro de un índice de cobertura de este nivel del 98% (2002).Este indicador parece otorgar al Estado Mexicano un cumplimiento casi total delos llamados "objetivos del milenio", y por ende los organismos multinacionaleshan optado por no ejercer ningún tipo de incidencia a este respecto. Sin embar-go, para el caso de los pueblos indígenas de México, el panorama educativo nopresenta los mismos registros, sino al contrario, éstos demuestran la grandesigualdad que caracteriza al Estado Mexicano en muchos frentes.

3. En este informe se argumenta que el ejercicio del derecho a la educación de lospueblos indígenas se encuentra obstaculizado por la exclusión de la educaciónen la población indígena como consecuencia de la situación de alta marginaciónque existe, y por la inequidad de la oferta educativa. Por ello, políticas dirigidas aimplantar la gratuidad de la educación primaria, así como a aplicar programascompensatorios de apoyos económicos directos a los estudiantes, no resuelvenlas causas estructurales que mantienen el alto grado de rezago educativo de lapoblación indígena.

4. Por otro lado, se argumenta que la oferta educativa, tanto para alumnos comopara docentes en todos sus niveles, sigue siendo escasa y en algunos casos condeficiente calidad, tal y como diferentes estudios lo señalan de la educaciónprimaria y secundaria, de la normal indígena (Observatorio, 2004) y de laslicenciaturas de educación indígena que ofrece la Universidad PedagógicaNacional (UPN) (Muñoz, 1999), entre otros.

5. Distintas propuestas y recomendaciones sugieren la adopción de reformasconstitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, laintensificación del federalismo educativo, acompañado de un incre-mento del financiamiento, al tránsito hacia la gestión educativa de lascomunidades indígenas, y la reestructuración del Sistema EducativoNacional en pro de adoptar modelos de educación interculturalbilingüe para la población indígena y no indígena, rompiendo así elbinomio educación indígena-educación general.

1. Orientación de lapolítica de educaciónindígena.

1.1.1.1.1. Orientación hacia lafacilitación de acceso a laeducación, en especial nivelbásica, de la poblaciónindígena por medio deprogramas compensa-torios.Estrategia de cambiosparciales dirigido a con-solidar una eficiencia sobreresultados mínimos de tipocuantitativo:- Evasión de los problemasde tipo estructural quedeter-minan el alto rezagoeduca-tivo de la poblaciónindígena: condiciones socio-económicas y políticasmarginales de la deman-da, y las inequidades de laoferta educativa princi-palmente (Latapí, 2002).

2.2.2.2.2. Desarrollo inicial delenfoque de Educación Inter-cultural, aún sin con-cretizarse en modelos deeducación intercultural bilin-güe para la poblaciónindígena y no indígena. Semantiene el modelo deeducación centralizador yhomogeneizante, que nocontempla a sus efectos ladiversidad y pluricultu-ralidad social.

1.1.1.1.1. Los programas compen-satorios, becas económicasy créditos educativos diri-gidos a las poblaciones másdesfavorecidas, con granporcentaje a la indígena,han favorecido el acceso ala educación, reduciendo elobstáculo de la insuficienciaeconómica:-Incremento estadística-mente no significativo de lamatrícula en nivel básica enescuelas primarias indí-genas (programa oportu-nidades)32;- Ligero incremento de lacobertura de educaciónprimaria y preescolar indí-gena. Datos proporciona-dos en millones de per-sonas33:Nivel preescolar (1997-2003):19.7 (285.4 ; 305.1)Nivel primaria (1997-2003):177. 202 (659,998; 837.2)

2.2.2.2.2. Decreto de Creación de laCoordinación General deEducación Intercultural Bilin-güe (CGEIB) (2001).

1.1.1.1.1. Institucionalizar el enfoquede Educación Intercultural almodelo educativo nacional:proponer una ruta crítica paraOperativizar los cambiosestructurales requeridos(conceptuales, jurídicos, or-gánicos) que permita esta-blecer el nuevo modelo yromper la polarización actualdel sistema educativo nacio-nal (educación indígena vs.educación general o noindígena).

2.2.2.2.2. Intensificar la revalorizaciónde las diversas lenguas,culturas e identidades nacio-nales.

I. Orientación global de la política de educación indígenaI. Orientación global de la política de educación indígenaI. Orientación global de la política de educación indígenaI. Orientación global de la política de educación indígenaI. Orientación global de la política de educación indígena

ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO PROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICAAAAA DADADADADATOS ETOS ETOS ETOS ETOS EINDICINDICINDICINDICINDICADORESADORESADORESADORESADORES

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTASASASASAS

2.2.2.2.2. Porcentaje del PIBinvertido en educa-ción.

3.3.3.3.3. El porcentaje invertido eneducación continúa siendoinferior al 8%, y es de losmás bajos entre los paísesde la OECD (OECD, 2004).

3.3.3.3.3.34 Gasto en educación res-pecto del PIB: 6.8 % (2002)

4.4.4.4.4.35 El Presupuesto conjuntode la Dirección General deEducación Indígena (DGEI) yde la CGEIB representaapenas el 0.17% del totaldestinado a la SEP.

3.3.3.3.3. Incrementar considera-blemente el presupuesto dela DGEI y de la CGEIB y al-canzar como presupuesto deeducación al menos el 8% delPIB.

3.3.3.3.3. Analfabetismo. educación general ono indígena).

II. Principales focos de atenciónII. Principales focos de atenciónII. Principales focos de atenciónII. Principales focos de atenciónII. Principales focos de atención

ASPECTOASPECTOASPECTOASPECTOASPECTO PROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICPROBLEMÁTICAAAAA DADADADADATOS ETOS ETOS ETOS ETOS EINDICINDICINDICINDICINDICADORESADORESADORESADORESADORES

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTASASASASAS

4.4.4.4.4.36 El índice de analfa-betismo en México hadecrecido de 9.5% a 8.5%en el período 1999-2003; sibien el índice en la po-blación indígena (P.I.) escuatro veces mayor, ase-mejándolo al índice deanalfabetismo de Uganda(2002).

5.5.5.5.5.37 Índice de analfabe-tismo en la P.I. de 15 añoso más: 32.5%;

6.6.6.6.6. 38 Proporción de analfa-betismo mujeres/ hom-bres: 24 mujeres por cadahombre en poblaciones demás de 100,000 hab.

7777739 . Índice de analfabe-tismo en los niños jor-naleros, la mayoría indí-genas, entre los 6 y 14años: 40.2%

4.4.4.4.4. Intensificar los programasde alfabetización con unaestrategia de acción des-centralizada y coordinadaentre los niveles de go-bierno. Enfocar las zonasmás dispersas y aisladas.

5.5.5.5.5. Mejorar la calidad yeficiencia de los actualesprogramas de alfabeti-zación.

4.4.4.4.4. Acceso a la edu-cación (básica, me-dia, y media supe-rior)

5.5.5.5.5.40 El porcentaje de cober-tura de educación en la P.I.se aleja mucho de lamedia nacional: 98% paranivel primaria y 70% parasecundaria. El acceso a laeducación sigue siendo unproblema prioritario aresolver; la coberturaeducativa no se ajustasiempre a las condicionesde dispersión y aisla-miento de las comuni-dades.

8.8.8.8.8.41 % de P.I. entre 5 y 24años que no asiste a laescuela: 39

9.9.9.9.9.42 % de P.I. sin instrucción:31.7 (H: 23.5; M: 39.6)

10.10.10.10.10.43 % de P.I. prim. incom-pleta: 30.6 (H:32.8; M:28.5)

11.11.11.11.11.44 % de P.I. prim. completa:18.4 (H: 19.9; M:17)

12.12.12.12.12. Alrededor de una ter-cera parte de los niñosindígenas asiste a escuelasgenerales (INEE, 2004).

6.6.6.6.6. Incrementar la coberturay facilitar el acceso a laeducación primaria y se-cundaria adoptando medi-das que:- incrementen el presu-puesto educativo a nivelestatal y municipal;- faciliten la construcción dealternativas de educacióncomunitaria, y por lo tanto,la profesionalización acadé-mica de maestros comuni-tarios.- definir una ruta crítica queestablezca la enseñanzasecundaria gratuita.

6.6.6.6.6. La cobertura en Educa-ción Media Superior (E.M.S)y en Educación Superior(E.S.) es mínima. La escasezde oferta educativa condi-ciona altamente la forma-ción docente.

7.7.7.7.7. Falta de cobertura asícomo de un sistema quefacilite la continuidad en elciclo escolar de losjornaleros migrantes, lamayoría de ellos indígenas.

13.13.13.13.13.45 % P.I. secundariaincompleta: 3.4 (H: 4.1;M:2.7)

14.14.14.14.14.46 % P.I. secundaria com-pleta: 8.9 (H:10.9; M:6.9)

15.15.15.15.15.47 % P.I. algún año apro-bado en E.M.S.: 4.3 (H: 5.2;M: 34)

16.16.16.16.16.48 % P.I. algún año apro-bado en E.S.: 2.7 (H: 3.6;M:1.9)

17.17.17.17.17.49 Se estima que sólo el43.2% de los niños jorna-leros en las zonas deagricultura extensiva delnorte del país asiste a laescuela.

Ver propuesta número 22.

5.5.5.5.5. Ineficienciaterminal

8.8.8.8.8. El problema de laineficiencia terminal de lapoblación indígena persistey continúa siendo preocu-pante frente al compor-tamiento de la media na-cional.

18.18.18.18.18.50 Estimación eficienciaterminal en educación pri-maria bilingüe: 73.5% frentea 86.3% nivel nacional(2000).

7.7.7.7.7. En primer lugar, realizar undiagnóstico sobre las causasfundamentales queocasionan el alto índice deineficiencia terminal y dedeserción escolar,diferenciando por sexo y pordistintos contextossocioeconómicos.

6.6.6.6.6. Deserción escolar 9.9.9.9.9. Se mantiene el alto gradode deserción escolar en laP.I como un problemaprioritario, reflejado tantoen nivel primaria como ensecundaria.

19.19.19.19.19.51 Índice de deserción eneducación primaria bilin-güe: 3.8, frente a 2.1 aescala nacional (2000).

7.7.7.7.7. Pertinencia y cali-dad de la educaciónindígena

10.10.10.10.10. Aunque se reconocenavances puntuales en estamateria, en particular en loque respecta a la flexibi-lidad del diseño curricular,a la creación de materialesdidácticos bilingües, y almejoramiento de la infraes-tructura educativa, la cali-dad de la educación indíge-na se pone en entre dicho:- los contenidos de apren-dizaje no incluyen saberespropios y valores de lasculturas indígenas, y másbien enfatizan la homo-geneidad de la cultura, len-gua o historia de los criollo-mestizos (Alem, 2002),reflejado en los materiales.- los métodos pedagógicosdesarrollados no son losmás apropiados atendien-do a las formas de cono-cimiento de las culturas in-dígenas, su filosofía y cos-movisión; son adaptacio-nes marginales de la es-cuela urbana (Muñoz,1999).- insuficiente conocimientodel castellano entre lapoblación indígena y el aúndébil desarrollo teórico-estructural de las lenguasindígenas.- deficiente capacitación delos maestros bilingües.Insuficiente conocimientode la escritura de su lalengua.- limitación de los serviciosde infraestructura escolar yde la disponibilidad demateriales didácticos.Contextos socioeconómi-cos desfavorables querepercuten en la calidad deeducación y en proceso deaprendizaje.

20.20.20.20.20.52 Índice de reprobaciónen la P.I. de 12.7 frente a 6 aescala nacional.

21.21.21.21.21.53 Ilustración de resul-tados-muestra estadísticanacional: porcentaje dealumnos de sexto de prima-ria en los niveles de com-petencia de lectura. Nivel 4:escuelas indígenas: 2.54%(más alto) escuelas nacio-nales:13.45% escuelas pri-vadas: 47.29%Nivel 1: escuelas indígenas:57.02% (más bajo) escuelasnacionales: 27.76% escue-las privadas: 4.61%

22.22.22.22.22.54 Porcentaje de escue-las indígenas en contextosociocultural muy desfa-vorable: 30.2%; desfavo-rable: 54.4%Respecto a las escuelaspúblicas urbanas y rurales,el porcentaje de escuelasen contextos muy desfavo-rables es de 6.9% y en muydesfavorables es de 28.4%.

23.23.23.23.23.55 En promedio, el 20%de las escuelas indígenasson incompletas (no ofrecenlos 6 grados de primaria); yun 28% unidocentes (unsolo docente atendiendodiferentes grados de si-tuación de multigrado).

24.24.24.24.24.56 Tasa de monolin-güismo de la poblaciónhablante de lengua indí-gena (HLI) de 5 años y más:16.9, H: (12.6); M: (21.2).

8.8.8.8.8. Intensificar la formaciónde maestros bilingües enaspectos como el apren-dizaje y la enseñanza de lalengua indígena, el desa-rrollo de estrategias peda-gógicas y metodológicasadecuadas a su cultura, elaprendizaje y la enseñanzade la lengua castellana ydidáctica básica parainterrelacionar saberes dedistintas culturas.

9.9.9.9.9. Favorecer e intensificar lainvestigación educativa en elmedio indígena impulsadapor propios docentes, alum-nos y comunidades educa-tivas indígenas. Incrementarla partida presupuestaldestinada a investigacióneducativa del total dirigidoa investigación, actualmentedefinido en un 1.5 % (OECD,2004).

10.10.10.10.10. Recuperar experienciasexitosas en materia deeducación indígena y deeducación intercultural con elfin de intencionar la defini-ción de nuevos modeloseducativos interculturales aescala nacional.

11.11.11.11.11. Descentralizar y reformarel diseño curricular de acuer-do al contexto sociocultural.

12.12.12.12.12. Invertir en la mejora dela infraestructura educati-va,en especial de las zonasrurales y más aisladas.

8.8.8.8.8. Desigualdad 11.11.11.11.11. El sistema educativomexicano se caracterizapor ser altamente inequi-tativo, las oportunidades–de acceso, permanencia,extensión de la escolaridady el aprendizaje efectivo ycalidad– se distribuye muydesigualmente entre lapoblación, siendo la P.I. delas más afectadas (Latapí,2002).

12.12.12.12.12. El avance experimen-tado en el “acceso univer-sal a la escolaridad”, no hasido respaldado por unaigualdad en las normasbásicas de aprendizaje(Bracho, 2002).

13.13.13.13.13. Las condiciones dedesigualdad educativa dela P.I. se integran y serelacionan con las condi-ciones de desigualdadsocioeconómicas de losmunicipios con alta po-blación indígena.

14.14.14.14.14. Persiste la desigualdadpor sexo, siendo los indi-cadores educativos referi-dos a la mujer los másbajos.

*Los datos anteriores com-parativos referidos a losaspectos: analfabetismo,acceso a la educación,deserción escolar, ineficien-cia terminal y pertinencia ycalidad de la educación,reflejan la desigualdadeducativa de la P.I. frente ala media nacional, y su altogrado de rezago educativo.

25.25.25.25.25.57 A nivel nacional, el21% de los municipios tieneun muy alto grado de reza-go educativo. Entre la P.I., el56.7% de los municipios in-dígenas es de muy alto re-zago educativo y el 2.6% delos municipios indígenas esde bajo y muy bajo rezago.

26.26.26.26.26. A modo de ilustración,se indican algunos datoscomparativos entre edos.con mayor P.I., Oaxaca yChiapas, y el resto:-promedio y distribución dela escolaridad en entidadesde alta y baja escolari-dad58: D.F: 9.60 NuevoLeón: 8.85, Media Repúbli-ca Mexicana: 7.45, Oaxa-ca: 5.62, Chiapas: 5.35-tasa de alfabetismo59 dela población HLI de 15 añosy más: Distrito Federal: total:87.6; H: 93.6; M: 82.8,Media Nacional: total: 66.2;H: 76.1; M: 56.8, Oaxaca:total: 64.6; H:74.8; M: 55.6Chiapas: total: 57; H: 70.5;M: 43.7-tasa de monolingüismo60

de la población HLI de 5años y más de los siguien-tes grupos étnicos: Tseltal(Chiapas): 41.4; H: (32.2); M:(50.8), Amuzgo (Guerrero):46.1; H: (41.4); M: (50.5)Media Nacional: 16.9

13.13.13.13.13. Todas las propuestasque se sugieren en esteinforme están dirigidas areducir la desigualdadeducativa que enfrentan lospueblos indígenas.

Se propone que para cadapropuesta se definan metasconcretas de cumplimientoen el mediano y largo plazo,distinguiendo por sexo y porcontextos socioeconómicosdiferenciados, con el fin deobservar, y evaluar el avan-ce en esta materia.

14.14.14.14.14. Promover una coordi-nación y acción intersectorialdirigida a generar opor-tunidades de desarrollo enlas comunidades indígenas,en lugar de acentuar losprogramas compensatorios.

27.27.27.27.27.26 El 88% de los munici-pios indígenas (con más del30% de la población indí-gena) se encuentra encondiciones de alta y demuy alta marginación. Estegrado se acentúa en 13,000 localidades con 70% omás de HLI. En Chiapas seencuentran el 22.2 % y enOaxaca el 19% de este total.

28.28.28.28.28. Escasa participación delos niños y niñas indígenas,y comunidades educativasen las decisiones, diseñose implementaciones depolíticas educativas que lesconcierne (Álvarez, 2003).

29.29.29.29.29. Escaso nivel de opor-tunidad de autogestión delos procesos educativos porlas comunidades indí-genas.

9.9.9.9.9. Gestión social 15.15.15.15.15. Si bien el federalismo yla descentralización edu-cativa es un tema actual depreocupación, aún no seha transitado a favorecer elcontrol y gestión comu-nitario de los procesos e-ducativos, en particular delas comunidades indí-genas.

15.15.15.15.15. Facilitar las condicionesnecesarias para intencionarla descentralización ejecu-tiva, operativa y adminis-trativa de los procesoseducativos a las comuni-dades indígenas.

16.16.16.16.16. Acreditar las experien-cias de los educadorescomunitarios.

III. POLÍTICIII. POLÍTICIII. POLÍTICIII. POLÍTICIII. POLÍTICASASASASASO PROG.O PROG.O PROG.O PROG.O PROG.

PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPALESALESALESALESALESEN CURSOEN CURSOEN CURSOEN CURSOEN CURSO

DADADADADATOSTOSTOSTOSTOSRESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

IMPIMPIMPIMPIMPACTOACTOACTOACTOACTO

VVVVVALALALALALORACIONESORACIONESORACIONESORACIONESORACIONESRECOMEN-RECOMEN-RECOMEN-RECOMEN-RECOMEN-DACIONESDACIONESDACIONESDACIONESDACIONES

PROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTPROPUESTASASASASAS

10.10.10.10.10. Escuelas Prima-rias Bilingües (DGEI)

16.16.16.16.16.62 Atención ciclo escolar2000-2001: 49 675 e.i.; 288852 prees.; 806 530 prim.19 018 centros educativos;50 356 docentes

30.30.30.30.30. La política de educaciónde los pueblos indígenasen el período del informe seha enfocado principal-mente en facilitar el accesode la educación a la pobla-ción indígena, en especialla educación inicial, am-pliando la oferta educativapor un lado, e implemen-tando programas compen-satorios que intentan ami-norar el obstáculo econó-mico del acceso a la educa-ción por otro. Así mismo, se

17.17.17.17.17. Incorporar a la LeyGeneral de Educación (1993)los principios institucionalesy constitucionales de multi-etnicidad, diversidad yequidad, así como las facul-tades de autogestión yautodeterminación de lospueblos indígenas refleja-das en el Convenio 169 dela OIT.

18. Adoptar medidas quepermitan la exigibilidadjudicial de la educación.

ha enfocado en incrementarla producción y el acceso demateriales didácticos bilin-gües dirigidos a docentes ya alumnos, y ha cubiertociertas necesidades forma-tivas del cuerpo docente(Esta política ha dadoresultados muy puntualesen materia de númerosabsolutos de alumnos ins-critos a los distintos nivelesde educación, y una ligeramejoría en el grado deaprendizaje y aprobaciónde los estudiantes indíge-nas. Sin embargo, se valoraque la actual política escapaenfocar causas estruc-turales del rezago educativode la P.I.:

31.31.31.31.31. “El sistema educativomexicano reproduce lainequidad, la exclusión y elautoritarismo del sistemapolítico y cultural vigente,sobre todo en las regionesmás pobres, donde habitanlos pueblos indígenas”(ONU, 2003).

32.32.32.32.32. La calidad de la educa-ción indígena es deficienteen materia de formación delos maestros bilingües; dedisponibilidad de materia-les didácticos, que si bienescritos en lenguas indí-genas, tienden a ser traduc-ciones más que a reflejar elpensamiento indígena. Asímismo, la calidad de laestrategia pedagógica de-sarrollada resulta deficienteal ser ésta inadecuada conlas formas de aprendizajede los alumnos indígenas.Las condiciones precariasde la infraestructura escolar

19.19.19.19.19. Promover una políticamultilingüe y una planifi-cación lingüística que facilitela formación en esta materiadel cuerpo docente, asícomo la producción demateriales en lenguas indí-genas, desde su cosmovi-sión, pensamiento y formade vida.

20.20.20.20.20. Realizar reformas alter-nativas de carácter consti-tucional para incorporarfacultades de autode-terminación de los pueblosindígenas en pro de definirsus propios programaseducativos en coordinacióncon las autoridades educa-tivas nacionales. Marcojurídico: Convenio 169 de laOIT.

21.21.21.21.21. Adoptar las medidasnecesarias que faciliten lacontinuidad escolar de losestudiantes jornaleros ensituación de migración tem-poral.

22.22.22.22.22. Elaborar un informedetallado que justifique elestablecimiento de la obli-gatoriedad de la educaciónpreescolar, de cuenta de losbeneficios estimados y pro-ponga soluciones a losimpactos negativos que seprevén.

23.23.23.23.23. Iniciar un proceso derevocación de la “ley de pre-escolar”.

11.11.11.11.11. Cobertura (EMS) y(ES)

12.12.12.12.12. Programa de A-tención Educativa aPoblación Indígena(PAEPI) del ConsejoNacional para elFomento Educativo(Conafe). Educaciónbilingüe en comuni-dades menores de200 hab.

13.13.13.13.13. Programas com-pensatorios (Conafe)

14.14.14.14.14. Red de alber-gues escolares (CDI)en coordinación conConafe.

15.15.15.15.15. Programa Opor-tunidades (SEDESOL)

16.16.16.16.16. Programas deelaboración de ma-teriales didácticosbilingües.

17.17.17.17.17. Política lingüística

18.18.18.18.18. Reforma Consti-tucional (2001): Leyen Derechos y Cul-tura Indígena.

19.19.19.19.19. Reforma de laEducación Prees-colar

17.17.17.17.17. Establecimiento de 363

universidades y 12 bachi-lleratos interculturales bilin-gües en el período que seinforma.

18.18.18.18.18.64 Atención ciclo escolar2002-2003:- 11 876 alumnos nivel pre-escolar- 16 074 alumnos nivel pri-maria- 9 338 alumnos en pospri-maria (la baja cobertura deeste nivel respecto a nivelprimaria señala una claradeficiencia que repercuteen el índice de alumnos queno pueden continuar con elnivel secundaria).

19.19.19.19.19.65 Estudiantes indígenasde nivel primaria apoyadospor programas compen-satorios, redujeron la des-ventaja en el grado deaprendizaje de matemá-ticas y lengua castellanarespecto a los estudiantesno indígenas en un 10 porciento al año.

20.20.20.20.20.66 Se encuentran enoperación 1 082 alberguesen las mismas comuni-dades apoyando a alumnosindígenas en alimentación,apoyo efectivo para gastosescolares y paquetes deproductos para aseo per-sonal.

21.21.21.21.21.67 Programa de apoyoseconómicos y becas a losalumnos de poblacionesmarginales para facilitar suestudio. Leve incremento dela cobertura de educaciónprimaria indígena en elperíodo 1997-2003 (verindicador 1).

y del contexto socioeco-nómico, influyen considera-blemente en el empeora-miento de la calidad de laeducación.

33.33.33.33.33. Ausencia en la prácticade una política bilingüe quefacilite el aprendizaje y laenseñanza de la lenguapropia y de la lenguacastellana.

34.34.34.34.34. A grandes líneas, lapolítica de educación indí-gena en su diseño e imple-mentación no contempla lapresencia, participación,decisión y control de lascomunidades indígenas.Ausencia general de impul-so de procesos de auto-gestión de la educación enlas comunidades indígenas.

35.35.35.35.35. La reforma de laeducación preescolar pue-de impactar negativamente,ya que la cobertura de lamisma y la disponibilidadde maestros acreditados noestá asegurada. Rompecon el período de formaciónde los niños y niñas en elseno familiar, núcleo de laformación cultural.

22.22.22.22.22.68 189 títulos gratuitos en33 lenguas indígenas, conuna producción nacionalaproximada de 1.2 millones.

23.23.23.23.23. Aprobación Ley Generalde Derechos Lingüísticos delos Pueblos Indígenas(2003). Creación del Institu-to Nacional de LenguasIndígenas (2003).

24.24.24.24.24. Incorporación parcial dela cuestión de los derechosde los pueblos indígenas enel texto constitucional: Art. 2

25.25.25.25.25. Legislación en materiainígena en los estados deChihuahua, Nayarit, Quinta-na Roo, Oaxaca, San LuisPotosí.

26.26.26.26.26. Establecimiento de laobligatoriedad de la educa-ción preescolar (2004).

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III. El Derecho a la educación de los pueblos indígenas en el“Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en

México”, 2003

1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educación1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educación1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educación1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educación1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educaciónde los pueblos indígenasde los pueblos indígenasde los pueblos indígenasde los pueblos indígenasde los pueblos indígenas

Se retoman el diagnóstico en materia de Derecho a la Educación y en materia de Dere-cho de los Pueblos Indígenas.

1.1 Propuestas GeneralesPromover la participación de padres, alumnos, y organizaciones de la sociedadcivil en el diseño, gestión y fiscalización de la política educativa.Incorporar a la Ley General de Educación los principios internacionales y constitu-cionales sobre la multietnicidad, la diversidad y la equidad.Evaluar y dar seguimiento integral y multiinstitucional al impacto de los progra-mas compensatorios.Recuperar experiencias exitosas en lugares con problemas de rezago educativo.Diseñar un sistema de indicadores del cumplimiento de las acciones guberna-mentales, en especial de los servicios de calidad de la población marginada.Fijar metas concretas destinadas a la erradicación de discriminaciones de factohacia grupos vulnerables.Desarrollar aceptabilidad y adaptabilidad de la educación a los pueblos indígenas.Promover un diálogo participativo con los pueblos indígenas para entender susnecesidades y encaminar una política clara de educación intercultural y bilingüe.Promover los procesos de descentralización administrativa y curricular.Crear y desarrollar mecanismos de exigibilidad judicial del derecho a la educación.Acreditar las experiencias de los educadores popularesPromover una política multilingüe que posibilite la creación de institucionesencargadas de la planificación lingüística y la producción demateriales.

1.2 Propuestas en Materia LegislativaLa reapertura en el Congreso de la Unión del debate sobre lareforma constitucional en materia indígena.

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Los estados elaboren, en consulta con los pueblos indígenas, la legislacióncorrespondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de losderechos humanos de los pueblos indígenas.Aplicación en toda la legislación nacional el Convenio 169 de la OIT.

2. Comentarios sobre el diagnóstico2. Comentarios sobre el diagnóstico2. Comentarios sobre el diagnóstico2. Comentarios sobre el diagnóstico2. Comentarios sobre el diagnóstico

Falta abordar los problemas derivados del proceso lento y difuso del federalismoeducativo y la consiguiente propuesta de financiamiento en los niveles estatal ymunicipal.Falta abordar la ausencia de participación social en el proceso de diseño,implementación y evaluación de acciones gubernamentales en materia deeducación, así como de la gestión comunitaria de los procesos educativos.Falta abordar avances y dificultades del inicio del desarrollo del enfoque deeducación intercultural en este período.Falta completar la documentación sobre los aspectos de desigualdad quecaracterizan la educación en México.Falta ampliar la valoración y documentación del tipo de calidad de la educaciónen sus respectivos niveles.Falta abordar la problemática de acceso y continuidad de la educación de losniños y niñas de la calle, así como de los jornaleros migrantes.

IV. Obligaciones de los estados en materia del derechoa la educación

Aplicado en este informe al derecho a la educación de los Pueblos Indígenas.

GenéricasRespetar el derecho a la educación.

Proteger el derecho a la educación.Satisfacer el derecho a la educación.

Artículo 2.1Adopción de medidas necesarias para garantizar el derecho

a la educación.

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Destinar el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a laeducación.Garantizar un desarrollo progresivo del cumplimiento del derecho a la educación.

Artículo 2.2Garantizar el ejercicio del derecho a la educación, sin discriminación alguna pormotivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política (...), origen nacionalo social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Específicas (Art. 13 PIDESC)Garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

V. Otros actores

La Cátedra de UNESCO de la UNAM

VI. Espacios de interlocución

Enlace Comunicación y Capacitación AC. no ha participado en ningún espacio deinterlocución directo con las instancias gubernamentales al vincularse a la realización deeste informe alternativo recientemente.

VII. Leyes o programas prioritarios

ProgramasPrograma Oportunidades vertiente de educaciónProgramas Compensatorios del Consejo Nacional para elFomento Educativo (Conafe)Programa Escuelas Comunitarias Bilingüe (DGEI)Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI)de ConafePrograma Nacional de Educación 2001-2006 (SEP)

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Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 (CDI)Programa Asesor Técnico Pedagógico (DGEI)

LeyesLey General de Educación (1993)Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndígenasLey General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma de laFracción IV del artículo 7º. de la Ley General de EducaciónLey Federal para Prevenir y Eliminar la DiscriminaciónConvenio 169 de la OITConvención sobre los Derechos de la Niñez, UNICEF

VIII. Propuesta de preguntas para la pre-sesión

1. ¿Cuales son los mecanismos que la SEP va a implementar para hacer efectiva lafederalización educativa, la descentralización política y operativa de la educacióna las entidades estatales, así como una propuesta de financiamiento de lamisma? Identificación de los actuales obstáculos y soluciones propuestas.

2. ¿Cómo ha impactado la política educativa, centrada en la operación de progra-mas compensatorios, a reducir la desigualdad educativa en México? Valoracio-nes e indicadores de acuerdo a los siguientes aspectos referidos a la poblaciónindígena: el grado de escolaridad, el nivel de aprendizaje, la insuficiencia termi-nal, la calidad educativa, la deserción escolar y el acceso a la educación.

3. Al considerarse el problema de la desigualdad educativa estructural, vinculado algrado de involucramiento, decisión y control de los procesos educativos a nivelcomunitario, municipal y estatal, así como la condición de alta marginación que

enfrentan gran parte de los municipios indígenas, y las característicasdesiguales de la oferta educativa entre otras, ¿qué ruta de accióngradual propone la SEP para dar solución a este problema?

4. Cómo pretende la SEP avanzar en el desarrollo del enfoque deuna educación intercultural, si no se han adoptado los cambios

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jurídicos correspondientes en la Ley General de Educación en materia de dere-chos de los pueblos indígenas en base al Convenio 169 de la OIT. Propuestas alrespecto para realizar las modificaciones oportunas.

5. Si el enfoque de una educación intercultural tiende a construir modelos deeducación intercultural bilingüe en la sociedad multicultural mexicana, quépropuestas tiene la SEP para transitar gradualmente del actual sistema al nuevomodelo de educación intercultural bilingüe.

IX Bibliografía

Álvarez Gutiérrez, Jesús (2003). Reseña de Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Losretos para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica. Fernando Reimers (editor), (2002),Madrid: La Muralla. Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 5, número 1 en Pág. Web.Bracho, Teresa (2002). Desigualdad educativa. Un tema recurrente. Revista Mexicana de Investi-gación Educativa, noviembre-diciembre 2002, Vol.7, número 16. pp. 409-413, México D.F.INEE (2003). La Educación Indígena: El Gran Reto. Los Temas de La Evaluación. Colección de Folle-tos. Folleto número 1 www.capacitacion.ilce.edu.mx/inee/acerca.htmINEGI (2000a). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos, enwww.inegi.gob.mxINEGI (2000b). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos, enwww.inegi.gob.mxLatapí Sarre, Pablo (2002). Reseña de Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Los retospara la igualdad de oportunidades en Latinoamérica. Fernando Reimers (editor), (2002).,Madrid:La Muralla. Revista Mexicana de Investigación Educativa, septiembre-diciembre 2002, Vol.7, nú-mero 16. pp. 665-669, México D.F.Muñoz Cruz, Héctor (1999). Política pública y educación indígena escolarizada en México.Cadernos Cedes, ano XIX, número 49 pp. 49-61Observatorio Ciudadano de la Educación (2004). Comunicado 118: Normales Rurales, México D.F.OECD (2004). Examiner´s Report on Mexico´s Educational Research and Development System,ParisONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F.ONU (2004). Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El Derecho a laEducación. Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especialsobre el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos, ConsejoEconómico y Social, en www.onu.orgRojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación RigobertaMenchú Tum, México D.F.

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3.2 Diagnóstico derechos a la educaciónen la Sierra Norte de Puebla

Centro Antonio Montesinos AC Y CESDER

Caracterización eco geográfica del Municipio de Zautla: el espacio social.Herederos de una milenaria cultura ñhañhü - totonaca y nahua, los campesinos-indíge-nas de la sierra norte de Puebla, tuvieron que reasentarse y aprender a vivir en las escar-padas sierras no aptas para la agricultura del norte de Puebla, pues por procesos deviolencia y despojo, las mejores tierras planas, fértiles y con acceso a riego fueron parahacendados, ganaderos y empresarios agrícolas que en el transcurso de la historia hi-cieron que los grupos indígenas ocuparan las zonas de laderas, suelos desnudos, esté-riles e improductivos.

Mientras que en los llanos de los municipios de Libres y Oriental una inmensa estepaverde de cereales cubre las planicies y el riego por aspersión indica que la agriculturamoderna esta presente, al fondo en la sierra, las estrategias de sobrevivencia de losindígenas-campesinos de Zautla han aprendido a convivir con los remanentes del bos-que de pino-encino, a hacer agricultura y ganadería de infrasubsistencia con sus cultivosde maíz y fríjol, a trabajar la alfarería, a convivir con la migración del campo a la ciudaden un incesante ir y venir o en un lejano no regreso del país del norte.

Así son las actuales aportaciones de la economía campesina: el trabajo no agrícola porla prestación de servicios en la maquila o en la construcción, si se es mujer u hombre; lamigración, que no distingue sexo ni edades sino por el contrario, desarraiga del terruñoa individuos y familias completas; y ya que mencionamos desarraigo que decir de losprocesos de pérdida de la identidad y adopción de otras modas y otros modos quegenera el éxodo rural.

Zautla proviene del nahua Tzahuitl que significa hilar, tejer y Tlallitierra, por lo que significaría "lugar de los que hilan o hacen algu-nos tejidos". Antes de la conquista española, los pueblos de estaregión eran tributarios de Texcoco, oro y plata fue su aporte, asícomo vasijas de barro que se producen desde esos tiempos. Ri-quezas naturales y materiales de pueblos pobres han enriquecido

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otros palacios. El costo ambiental de dicho tributo se manifiesta en la desnudes delos cerros.

Respecto a la orografía, puede verse como un conjunto aglomerado de montañasinterconectadas por pequeños valles y cerros aislados cuyas alturas oscilan entre 1760 y2900 metros sobre el nivel del mar, de modo que se trata una región alta y fría, sobretodo en invierno. Coronan la parte alta de los cerros relictos de pino de varias especiescomo lacio, colorado, ocote y quebrado, así como otras especies arbóreas de oyamel,encino y vegetación secundaria. Dos ríos cruzan el municipio el Chilapa y el Apulco mien-tras que infinidad de arroyos y escurrimientos nos indican la vocación en la captación deagua de lluvia.

I. Agricultura de la Pobreza

Con ese nombre se conoce a las actividades silvo-agro-pastoriles que se practican enlos hogares para la reproducción social de las unidades familiares: una pequeña parce-la para la siembra de fríjol, maíz, cebada y trigo, árboles frutales que rodean la casacampesina, cría de ganado bovino de traspatio que no alcanza a cubrir el autoconsumoanual, donde la granja autosuficiente y auto sustentable se vislumbra lejana.

La desigualdad en la tenencia de la tierra se puede observar de la siguiente manera: lamayoría de los campesinos disponen de una superficie cultivable en parcelas de 1 hectá-rea promedio. De acuerdo a un estudio realizado en los a finales de los noventa indicaque el 40 % de la población rural ya no posee tierra, no sorprende que en manos priva-das se concentre el 84.3% de la superficie, mientras que como propiedad colectiva oejidal permanezca el 15.7% De acuerdo a datos del Conapo e INEGI (Prodes AC.2004) esuno de los municipios más pobres de estado con un alto grado de marginación y uníndice de marginación de .97766

II. La Experiencia: DESC Y Políticas Públicas

Durante un periodo de años, de 2002 a 2003, dos organizaciones dela sociedad civil (OSC), parte del Campo de Política Social de la Conver-gencia de Organismos Civiles, el Centro de Estudios Sociales y Cultura-

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les Antonio de Montesinos AC.(CAM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural(PRODES AC. - CESDER), realizaron una investigación sobre la situación que guardan losDerechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en México, así como la difusión deestos derechos entre las organizaciones locales y otros actores; proceso que permitaincidir en políticas públicas. En esta ocasión se dio un mayor énfasis en el derecho a laeducación, mismo que se enuncia a continuación:

La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y delsentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanosfundamentales...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efec-tivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistadentre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promo-ver las actividades de las naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad:Disponibilidad: debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad sufi-ciente en el ámbito del Estado Parte.Accesibilidad:Accesibilidad:Accesibilidad:Accesibilidad:Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles atodos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tresdimensiones: no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica.Aceptabilidad:Aceptabilidad:Aceptabilidad:Aceptabilidad:Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas deestudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables para los estudiantes y, en sucaso, para los padres.Adaptabilidad:Adaptabilidad:Adaptabilidad:Adaptabilidad:Adaptabilidad: la educación ha de tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a lasnecesidades de las sociedades y comunidades en transformación, y responder a losrequerimientos de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

Este ejercicio significa un primer acercamiento de la población campesina e indíge-na a este tipo de derechos humanos, pues cabe la pena señalar que históricamentelas relaciones entre indígenas y mestizos y grupos no indígenas se caracterizan porel desprecio, rechazo, marginalidad, exclusión y relaciones de abuso de poder; por

otro lado, a partir de la transición de México a la democracia hayuna preocupación por parte del Estado por dar a conocer y fortale-cer los derechos cívicos y políticos, sin embargo aquellos derechosque tienen que ver con el desarrollo social y el bienestar de la po-blación se mantienen en rezago, pues la política social se sobrepo-ne a la política económica.

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La contribución CAM - CESDER es para que la población rural en situación de extremapobreza fortalezca sus redes sociales, instituciones y organizaciones que permitan unaparticipación activa en la toma de decisiones públicas. Contribuya a la recuperación suidentidad como pueblo indígena sujeto de derechos y que como ciudadanos adquierancapacidades para el ejercicio pleno de sus derechos y así poder concurrir en la esferapública desde su condición de género y edad; lo que intenta es la formación de sujetossociales y colectivos.

La participación ciudadana se ha limitado a procesos electorales, donde la población engeneral cree que lo político es la elección de candidatos, más no así una práctica quecotidianamente permita la actuación de los diversos sujetos en el ámbito gubernamentaly en la esfera pública en materia de educación, salud, alimentación y vivienda. Por otrolado se requiere que la autonomía indígena y el municipio libre se fortalezcan por lacapacidad de la población a participar plenamente (empoderada) desde una perspecti-va crítica y consiente y no como simples beneficiarios de programas sino como sujetossociales capaces de construir nuevas realidades.

III. Política educativa-programas

Como sabemos es el Estado el encargado de impartir la educación básica gratuita ennuestro país, tiene la facultad de generar los programas, planes, proyectos y por lo tantoejercer el presupuesto destinado a este rubro en el diseño de la política educativa, me-diante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En educación básica, en la entidad, de acuerdo al quinto informe del gobierno del esta-do de Puebla durante el ciclo escolar 2002 - 2003, una población infantil de un millón403 mil 809, se atendieron en 10 mil 864 escuelas bajo la docencia de 54 mil 699 maes-tros, así mismo se reporta la entrega de 918 mil 290 paquetes de útiles escolares a niñasy niños de escasos recursos, las cifras también nos hablan de unainversión de 29 millones 207 mil pesos para la rehabilitación de es-cuelas en pintura, impermeabilización, rehabilitación de sanitarios yreparaciones. El gasto social en educación en esta entidad también sea aplicado para programas de educación especial y educación indí-gena (71 mil 790 estudiantes de primaria).

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Sin embargo, la política educativa que se aplica en el municipio nos arroja otras cifrasque recupera el INEGI para el censo XII del 2000 y que consideramos: De una poblacióntotal de 10 642 personas en el municipio, la caracterización entre alfabetizados y analfa-betas se esquematiza en la siguiente tabla:

TTTTTabla 1abla 1abla 1abla 1abla 1

Condición Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeresjóvenes jóvenes adultos adultas ancianos ancianas

Alfabetos 2069 2141 1649 1341 296 126

Analfabetos 118 295 338 1179 292 788

Elaboración propia.Nota: se considera analfabeta a aquellas personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, porjoven se incluye a adolescentes y personas hasta los 30 años; por adulto de 30 a 60 años y por ancianos amayores de 60.

Según estos datos el 71.6% de la población, esta alfabetizado es decir tuvo acceso a laeducación que imparte el Estado; mientras que el restante 28.4% ocupa la parte inferiorde la tabla. Podemos observar que en los primeros rangos de hombres jóvenes a hom-bres adultos la diferencia entre alfabetizados y analfabetas en cantidad es muy amplia,de hecho las mujeres jóvenes tuvieron un mayor acceso a la escuela que los hombresjóvenes; sin embargo la diferencia entre mujeres adultas alfabetizadas y no, la distanciase acorta, están casi iguales, así como en el caso de los hombres ancianos, pero ladiferencia de las mujeres ancianas resalta por ser mayor el número de analfabetas, estopuede ser un indicador de cómo se han aplicado las políticas educativas en el transcursode la historia.

Respecto al caso de los jóvenes es importante señalar que se afirma que la situación eneducación guarda una estrecha relación con el acceso al trabajo asa-lariado, porque en algunos centros laborales entre los requisitos míni-mos esta el certificado de estudios de educación básica. Se afirma quela escolaridad mantiene una estrecha relación en la movilidad social,en la distribución del ingreso, en el incremento en la productividad porla vía del capital humano y por las posibles innovaciones tecnológicas

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que pueden influenciar la vida rural, repercute en el mejoramiento de las condiciones desalud, alimentación, bienestar psicológico familiar y comunitario, es decir se pueden al-canzar nuevos trabajos y nuevas cualidades, sin embargo los pobres no tienen cabidaen dicho proceso, precisamente por su condición de pobreza, lo que ocasiona un circulovicioso. Para poder realizar un análisis por la categoría de género el acceso a la educa-ción podemos ejemplificar los mismos datos en la siguiente gráfica:

GGGGGráficráficráficráficráfica a a a a 11111

La cantidad de hombres que ha asistido a alguna institución educativa es mayor que lade las mujeres, principalmente entre los hombres jóvenes y adultos, por que podría con-siderarse que la situación femenina respecto a la educación en Zautla, permanece comoanalfabeta; respecto a las personas ancianas, resalta el hecho de que las mujeres (abue-las) no tuvieron educación; lo cual significa una desigualdad social degénero y etnia, se trata de mujeres, pobres e indígenas, donde la alfa-betización juega un papel preponderante, además de que se obtienediferencialmente por cuestiones culturales, como el de que las muje-res se casan y las van a mantener, hay una construcción social dediferenciación donde la habilidad de leer y escribir se traduce en rela-

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ciones de poder, de unos que dominan a otros, donde unos son sabios y los otros igno-rantes, donde se puede sacar ventaja, no sólo económica, sino social y cultural; en estesentido, hay que tener en cuenta que la población anciana se trata de población campe-sina que es responsable de la producción agrícola y animal, que quizás tengan comomáximo dos años de primaria, mientras que para los jóvenes, en particular aquellos queterminaron la secundaria no tienen acceso a otros niveles de estudio, es decir se trata delpersonas que se emplean en el sector de la prestación de servicios, donde el desarrollode capacidades individuales y colectivas para que puedan vivir con mayor dignidad, conun trabajo mejor remunerado, que cubra sus necesidades básicas y les permita partici-par en la vida política, social y cultural permanece lejana.

Los jóvenes ya sean hombre o mujer sólo cuentan con escolaridad básica de primaria,sólo un porcentaje reducido alcanza estudios de secundaria, esto a pesar que ésta esobligatoria, como componente de la educación básica; mientras que los niños, la educa-ción se reduce al sistema escolarizado, no se contemplan aspectos de educación noformal.

Como indicador de bienestar en las condiciones de calidad de vida, se tiene que la de-manda educativa no atendida es del 49%, pues la población en edad escolar no recibeeducación básica, teniendo en cuenta que ésta se incremento de 6 a 9 años y que laobligatoriedad que marca el Estado no se esta cumpliendo, en parte porque no se cuen-ta con la infraestructura, o por la falta de recursos económicos, o bien, la población ma-yor de 15 años queda al margen de los programas educativos (Prodes AC. 2004)

IV. Herramientas metodológicas

Para poder analizar el cumplimiento o no del derecho a la educación y sus característicasconcomitantes como son: accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad,

se aplico un cuestionario con preguntas abiertas que dieran elemen-tos para delimitar la problemática que guarda este derecho en la zona.

Diversos actores involucrados con el tema participaron en este proce-so, así contamos con la participación de maestras y maestros de jar-dín de niños, primaria y secundaria (educación básica), directores de

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planteles educativos y alumnas y alumnos del sistema escolarizado. Por parte de agen-tes gubernamentales contamos con el regidor en educación municipal, miembros delcomité comunitario, por ser una parte importante en el desarrollo del capital humano, sedelimito a educación que se recibe en aulas, no a conocimientos informales.

También se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en materia de DESC, asícomo entrevistas abiertas con todos los actores ya mencionados, así como reuniones deplaneación. El área de impacto fueron cuatro comunidades, estas son: Zautla, Tlamanca,Ixtactenango, Ocopipila y Emilio Carranza.

Los grados académicos donde se realizaron actividades con alumnos de los diferentesplanteles educativos fueron los siguientes:Tlamanca: Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato*Ixtactenango: Preescolar, Primaria y SecundariaOcopipila: Preescolar y PrimariaEmilio Carranza: Preescolar, Primaria y Tele secundaria

Para poder elaborar un diagnostico que aporte elementos que nos permitan visualizar lasituación que guarda este derecho en la población del municipio de Zautla se realizaroncomo ya se menciono dos tipos de actividades, por un lado talleres de sensibilización yun conjunto de entrevistas a los diferentes actores del medio educativo, incluyendo a losbeneficiarios directos. Las entrevistas fueron herramientas que permitieron conocer decerca la infraestructura, los programas educativos, los materiales didácticos utilizadospor los docentes, las relaciones educador-educando, así como la inserción del docenteen la comunidad.

V. Resultados

Tlamanca: Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato*Aunque en la primaria de esta comunidad cada grado escolar tienesu propio docente, el número de alumnos es muy alto por grupo puesoscilan entre 30 y 40 alumnos por maestro. Esto ocasiona poca aten-ción a los alumnos. Respecto a la tele secundaria hace falta un direc-tor de tiempo completo, pues el maestro que actuaba como director

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también era responsable de grupo y ante la realización de trámites burocráticos, descui-da a los alumnos.

Ixtactenango: Preescolar, Primaria y SecundariaAl igual que en la comunidad anterior se requiere de un director para la secundaria detiempo completo. Para la educación primaria se tienen dos maestros que atienden a 6grupos. El aprovechamiento y el poco aprendizaje son sus características.

Ocopipila: Preescolar y PrimariaEn la primaria una sola maestra atiende los 6 grados escolares, lo cual se refleja en lapoca atención personalizada que requieren los alumnos y el aprovechamiento es bajo.Se señala que existe maltrato y discriminación como problemas en la relación maestra-alumnos. De acuerdo al reglamento de la Secretaria de Educación Pública, la comunidadno cuenta con niños suficientes para que cada grado tenga su propio docente.

Emilio Carranza: Preescolar, Primaria y Tele secundariaEl número de alumnos inscritos en alto en cada grado (40), motivo por el cual no se poneatención personalizada a los alumnos.

Las condiciones de los centros educativos de las cuatro comunidades son deplorables yaque cuentan con vidrios rotos, goteras en el techo. Respecto a los bienes muebles no secuenta con suficientes pupitres o están en mal estado.

La adquisición de materiales didácticos en las primarias se obtiene mediante coopera-ciones a los padres de familia y a un programa llamado AGE, pero este programa noaporta los recursos económicos suficientes por lo cual en forma permanente los padresde familia tienen que aportar dinero para la compra de materiales.

Respecto a las relaciones maestro-alumno en los niveles de primaria y secundaria existemaltrato físico y psicológico por parte de los docentes, debido al lentoaprendizaje y no obediencia por parte de los alumnos, así como des-esperación de los maestros. Respecto al maltrato físico se señalanjalones de orejas, cabellos, pegar con regla de madera, coscorrones.El psicológico mediante regaños, insultos y discriminación frente al restodel grupo.

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Debido a que es un grupo cultural étnico (náhuatl) y que en los últimos años por las reformaseducativas que establecen contenidos curriculares reciben la carga del modelo de desa-rrollo en cuestión, la escuela se disoció con la comunidad, se fomenta la memorización,se tiende a que los alumnos solo obedezcan, no piensen, no resuelvan problemas, no sefomenta una educación bicultural o monolingüe que fortalezca la identidad indígena ylos valores propios de esta cultura, esto se refleja pues los educandos reciben conceptosque se generan desde una visión del mundo euro céntrica, urbana, capitalista y nihilista.

Anteriormente los maestros en las comunidades jugaban un papel central, además deser los guías en la formación escolarizada, contribuían a proporcionar valores de solida-ridad, cooperación y ayuda mutua entre los vecinos, fungían como jueces de paz, docto-res, etc., pero actualmente no se involucran en los problemas de las comunidades, lle-gan tarde y se van temprano lo cual indica que ya no viven ahí.

Respecto a los programas gubernamentales que se desarrollan son los siguientes:Conafe:Conafe:Conafe:Conafe:Conafe: atiende el rezago educativo a nivel preescolar.INEAINEAINEAINEAINEA que proporciona educación para adultos.Educación Inicial:Educación Inicial:Educación Inicial:Educación Inicial:Educación Inicial: proporciona pláticas informativas a las madres de familia e infantesque no están en sistema escolarizado. A nivel estatal se atendió a 40 mil 674 padres defamilia y un número similar de infantes, pero en la escala municipal no contamos concifras y su impacto en la cotidianidad.Oportunidades:Oportunidades:Oportunidades:Oportunidades:Oportunidades: es un programa a cargo de la Secretaria de desarrollo social para quelos alumnos sigan estudiando mediante su estimulo en becas.Escuelas de calidad:Escuelas de calidad:Escuelas de calidad:Escuelas de calidad:Escuelas de calidad: otorga recursos económicos para mejorar la infraestructura, ad-quisición de material didáctico, bienes muebles como computadoras, televisores, videocaseteras o libros para la biblioteca local.

VI. Opiniones de los actores

Maestras y maestros:Del total de maestros y maestras entrevistados en general opinan queel contenido curricular esta bien, aunque hay muy pocos recursos paraimpartir la educación, que el acceso entre niñas y niños es igual, no seperciben alumnos con capacidades diferentes, hace falta material di-

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dáctico de apoyo (biblioteca), señalan que algunos contenidos de la currícula no sonadecuados al contexto y las necesidades reales de la localidad, pero que a veces ellostratan de adecuarlo. Afirman que la escuela participa en las fiestas y costumbres cívicos,sociales de la comunidad, se muestra poco interés por parte de los padres de familia alhacer gestiones y evaluaciones escolares, se limita a ver la relación maestro-alumno. Losmaestros tienen la oportunidad de evaluar los programas y hacer recomendaciones, sinembargo esto es de forma limitada, respecto a programas gubernamentales de apoyoa la educación que conocen los profesores esta el oportunidades de la sedesol que comosabemos otorga becas a niñas y niños que permanezcan inscritos en un curso escolar,sobre las reglas de operación los docentes no tienen muy claro como se aplica.

Niñas y niños:Del total de niños que se aplico el cuestionario, todos recorren una distancia que oscilaentre los 30 y los 10 minutos caminando; respecto al maltrato solamente 10 casos afirma-ron recibir maltrato, preferencia por los alumnos, y el resto que no hay trato discriminatorio,solo en dos cuestionarios se afirma recibir maltrato físico o que se les saca del salón declase; sobre los libros de texto opinan en general que son buenos, bonitos y les ayudana aprender; opinan que lo que aprenden si les ayuda en casa (hacer cuentas, ayudar alos hermanos menores); respecto a la participación en la escuela como alumnos se limi-ta a elegir escolta (que da status) y hacer trabajos de limpieza.

Directores:La información que tienen sobre los programas que llegan al municipio es amplia: Mate-rial didáctico, Pare-age, el cual consiste en donación de $5000.00 para material escolar,Oportunidades y ramo 33 que consiste en obras. Respecto a programas especiales paraindígenas se afirma que en las primarias no se cuenta con un uno y en las tele secunda-rias se trabajan aspectos del idioma y recuperación de tradiciones, aunque no todosalumnos participan por la perdida de la identidad, además no se cuentan con progra-mas e infraestructura para personas con discapacidad. En materia educativa los progra-

mas que operan en la zona son de acuerdo a la SEP y en las tele se-cundarias un programa educación-producción que tiene que ver conaspectos de la vida comunitaria. Sobre la forma de operar los progra-mas educativos es directamente por la línea federal, con guías, conte-nidos de la currícula, evaluaciones académicas, aunque actualmentehay una mayor apertura que permite que los profesores participen en

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la adecuación del modelo; como directores afirman que estos programas son más teó-ricos que prácticos; respecto al papel de los comités de educación son planear, organi-zar y ejecutar actividades con los profesores, pero en general son actividades para elmantenimiento del plantel. Sobre la capacitación del magisterio se basa en licenciaturapor la universidad pedagógica nacional, cursos de diversas materias como biología, in-gles y química.

Madres y padres de familia:Las distancias que recorren sus hijos va de 10 a 25 minutos, creen que si hay favoritismo,que si hay maltrato aunque nos e especifica como, que los maestros se involucran pococon la vida comunitaria y el resto de las personas, la participación es para fiestas cívicas,creen que lo que aprenden los niños en clase esta bien y les sirve en un futuro, donde losconocimientos adquiridos son adecuados a sus necesidades, algunos padres saben deniños que no hablan (sordomudo) que no asiste a clase, afirman recibir apoyo de unaAC. y se sienten contentos que sus hijos estén en la escuela.

VII. Refelxiones finales

El desarrollo educativo se ha confundido con la idea del crecimiento en infraestructurapara la educación. Las cifras gubernamentales destinadas a este rubro indican un au-mento año con año, sin embargo, el aumento en el presupuesto en educación básica,no garantiza mayores aportes a grados superiores y el acceso por parte de los jóvenes yen particular las mujeres, pues la escuela se construyó con base en enfoques y modelosracionalistas occidentales que determinan formas de ver y actuar ajenas a las realida-des culturales propias.

Hay que considerar que la teoría del neocapital humano vislumbra la escolaridad comoherramienta para la producción; tal y como el modelo se aplico con los tigres asiáticos, don-de la industria sobre todo la electrónica intervino en los modelos edu-cativos. Se deben considerar los planteamientos del Banco Mundialque bajo el contexto de la mundialización y el Consenso de Washintongcon la reducción del papel del estado fomenta: la descentralización, laparticipación del sector privado en las decisiones y ejecución de pro-gramas, así como una participación, alianzas y consenso social.

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3.3 Maternidad y salud reproductiva del artículo 10del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales -PIDESC-

Informe de organizaciones civilesMayo del 2005

I. El Derecho a la protección de la maternidad

La protección de la maternidad es un derecho que el Estado mexicano tiene la obligaciónde proteger y fomentar, en el marco del derecho de toda persona al disfrute del más altonivel posible de salud física y mental (PIDESC, Artículo 12-c-). Condiciones fundamentalespara la protección de la maternidad son el acceso a la asistencia médica y a serviciosmédicos de calidad así como al goce de los beneficios del progreso científico y de susaplicaciones (PIDESC, Artículo 15-e-), en este tema se traduce al acceso a la más ampliagama de métodos para la planificación familiar.

Así como el PIDESC, otros acuerdos internacionales hacen énfasis en la necesidad deasegurar una maternidad sin riesgos.69 El derecho a la protección de la maternidadprotección de la maternidadprotección de la maternidadprotección de la maternidadprotección de la maternidad estádirectamente relacionado con la situación que guardan los derechos reproductivos enMéxico, cuyo ejercicio ha sido reconocido por el Estado Mexicano en diversas Conferen-cias Internacionales, tales como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo(El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), entre otras.

Son reconocidas como condiciones fundamentales para la protección de la materni-la protección de la materni-la protección de la materni-la protección de la materni-la protección de la materni-daddaddaddaddad: el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, oportunos y de calidad; lainformación veraz y científica sobre planificación familiar; la atención prenatal, del partoy postnatal; el acceso a una amplia gama de métodos de planificación familiar; la pre-

vención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS),incluyendo el VIH-SIDA; y en los casos en que sea legal, servicios segu-ros de aborto y el tratamiento de sus complicaciones. Sólo así, lasmujeres podrán ejercer una maternidad de manera voluntaria, satis-factoria y sin riesgos al atenderse oportunamente y con calidad en losservicios.

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II. Situación del derecho

Mortalidad MaternaLa protección de la maternidad sigue siendo un derecho negado para miles de mujeresmexicanas. La mortalidad materna es reconocida por el Estado mexicano como un gra-ve problema de salud pública, identificándola como uno “de los indicadores más rele-vantes de injusticia social e inequidad de género, que afectan primordialmente a lasentidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, a las comunidades ruralesy a las poblaciones indígenas”70.

El abatimiento de la mortalidad materna se adoptó como uno de los principalesindicadores de las Metas del Milenio por los países miembros de las Naciones Unidas.No obstante, las políticas públicas dirigidas hacia el respeto, protección y promoción delos derechos reproductivos y hacia el respeto y promoción y protección de maternidad,han sido limitadas y reportan pocos avances sustantivos.

Las cifras oficiales de muertes maternas difieren entre las diversas instancias guberna-mentales. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) la tasa demortalidad materna (tasa por 10 mil N.V.R* .) ha tenido una tendencia apenas decrecienteen la última década: de una tasa de 5.40 en el año de 1990, a una de 5.06 en 1999 y de4.68 en el 200071. Según CONAPO (Consejo Nacional de Población), en México muerendiariamente alrededor de 4 mujeres por causas asociadas a la maternidad72 debido, enla mayoría de los casos, a condiciones de pobreza, marginación y mala atención.

Las propias autoridades sanitarias reconocen la existencia de un subregistro de la mor-talidad materna de entre 30 y 40%.73 Este subregistro se da sobre todo en las zonasmarginadas o con población indígena, en donde la mortalidad materna llega a triplicarla media nacional.74

Aunado a ello, por cada muerte materna, se reportan 30 mujeres máscon secuelas a su salud –física o sicológica– relacionadas tambiéncon el embarazo, aborto, parto o puerperio (Morbilidad Materna).

Algunos análisis basados en información de organismos interna-cionales75, consideran que México tiene cifras más cercanas a las

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registradas en Asia o África e incluso por debajo del promedio de América Latina.

Señalan que el riesgo de morir por razones asociadas a la maternidad en los paísesllamados desarrollados es de 1 por cada 4 mil, mientras que en México, el riesgo amorir por embarazo es de 1 por cada 220. Asimismo, el porcentaje de mujeres enMéxico que cuentan con servicio médico durante la gestación es del 71% y única-mente el 69% de las mexicanas tiene acceso a la atención especializada en el partoy después de éste.

Las propias autoridades reconocen que “las principales causas de muerte materna son:preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones delaborto, que en conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas.”76

Todas estas prevenibles, de resolución hacia la curación, si son atendidas de maneraoportuna y adecuada.

Embarazo de AdolescentesEn México cada año se embarazan alrededor de 500 mil adolescentes77, lo que equivaleal 25 por ciento del total de embarazos que registra el país. El embarazo temprano es laprincipal causa de muerte de las jóvenes entre 15 y 19 años de edad78.

Las tasas más elevadas de fecundidad de adolescentes, se dan entre población conmayor marginación, como lo demuestran las siguientes cifras del año 2000. En algunasáreas rurales, de cada mil nacimientos, 222 ocurren de madres jóvenes con baja o nulainstrucción escolar, cuando las mujeres jóvenes rebasan la educación básica, registransolamente 26 por cada mil79.

Según CONAPO80 nueve de cada diez mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexualsin protección, es decir, la utilización de los medios para regular la fecundidad en el iniciode la vida sexual es casi inexistente.

Una investigadora del Centro Regional de InvestigacionesMultidisciplinarias (CRIM) de la UNAM81 asegura que la mayoría de losembarazos tempranos terminan en aborto y muchos de ellos se llevana cabo en condiciones de inseguridad. Se ha demostrado que las ado-lescentes recurren al aborto en etapas avanzadas de gestación, lo queaumenta el riesgo de salud reproductiva para la mujer.

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Los embarazos a temprana edad son un problema de salud pública ya que la mayorparte se debe a la falta de información, de educación sexual y de acceso a servicios desalud sexual y reproductiva. Y es que alrededor del 65% de la población de entre 12 y 24años no tienen acceso a servicios de salud82.

Riesgo y muerte por abortos clandestinosEl Gobierno Federal reconoce que el aborto es la cuarta causa de muerte materna en elpaís83. La Secretaría de Salud, a través del propio Programa Arranque Parejo en la Vidaseñala que “las principales causas de muerte materna son: preeclampsia-eclampsia,hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones del aborto, que en su conjuntorepresentan el 68% del total de las defunciones maternas”.84 De igual manera, el Pro-grama Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mu-jeres –PROEQUIDAD– señala las muertes por aborto como la cuarta causa de mortalidadmaterna y como uno de los indicadores centrales de la salud de las mujeres.85

Diversos factores impiden contar con datos precisos sobre las muertes por aborto. Facto-res legales, culturales y religiosos lo obstaculizan; sin embargo, para reducir la mortali-dad materna es fundamental enfrentar estas dificultades. Algunos investigadores seña-lan que en México, “de los 4.2 millones de embarazos que ocurren al año, el 60% deéstos llega a término; es decir, que 1.7 millones de embarazos se interrumpen en etapastempranas; según cálculos conservadores, la mitad de estas pérdidas son abortosinducidos”.86 Estas cifras contrastan con las de CONAPO, que señala que anualmente sepractican alrededor de 200 mil abortos: 100 mil abortos inducidos y 100 milespontáneos.87 Sin embargo, CONAPO reconoce que “existe evidencia de un subregistrode la mortalidad materna y de una incorrecta asignación de ciertas causas de defunción,en particular del aborto”.88

Marco JurídicoDe acuerdo con el artículo 4o Constitucional, es derecho de los y las mexicanas la plani-ficación familiar: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera li-bre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento desus hijos”.

No obstante lo anterior, el aborto inducido en México está penaliza-do89. Los Códigos Penales en México establecen en conjunto, 7 causas

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en las que no se considera al aborto como un delito; pero únicamente a) cuando el em-barazo es resultado de una violación, es permitido en todos los Estados del país. Las 6causales restantes son: b) cuando el aborto es provocado accidentalmente (vigente en29 estados). c) el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer (en 27 estados). d) El fetotiene malformaciones genéticas (en 13 estados). e) de continuar con el embarazo se pro-vocaría un grave daño a la salud de la mujer (en 9 estados). f) el embarazo es productode una inseminación artificial no deseada (en 8 estados) y g) cuando la mujer tiene razo-nes económicas para interrumpir el embarazo y es madre de tres hijos (solamente enestado).

A pesar de que todas las entidades federativas del país admiten en sus Códigos Penalesque una mujer aborte legalmente cuando haya quedado embarazada por una viola-ción, no existe en la mayoría de los Código de Procedimientos Penales una reglamenta-ción clara y detallada de los procedimientos para ejercer ese derecho.

III. Incumplimiento y violaciones de derechos por parte del Estado

Política de EstadoPolítica de EstadoPolítica de EstadoPolítica de EstadoPolítica de EstadoProgramas de Gobierno

Las actuales políticas de planificación familiar del sector salud no están realizando sufi-cientes medidas para disminuir los embarazos no deseados y los abortos clandestinos.Con ello, retrasan aún más el abatimiento de la mortalidad materna y limitan el derechoconstitucional de las personas decidir el tener o no hijos, el número y espaciamiento.

A pesar del reconocimiento por parte del gobierno federal de que la mortalidad maternaes un indicador estratégico que muestra el desarrollo de un país, no existe una políticaintegral de Estado dirigida a la reducción y erradicación de la mortalidad materna por

causas previsibles diseñada desde la perspectiva de Derecho.

Mortalidad Materna.Mortalidad Materna.Mortalidad Materna.Mortalidad Materna.Mortalidad Materna. El Gobierno del presidente Fox diseñó el Progra-ma Arranque Parejo en la Vida (PAPV), que es una de las estrategiassustantivas del Programa Nacional de Salud 2000-2006 del GobiernoFederal para disminuir la mortalidad materna.

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Este Programa cuenta con severas limitaciones.90 Por un lado, la concepción de dichoprograma carece de un enfoque de Derechos. Está diseñado sin tomar en cuenta ladiversidad de aspectos socioculturales de las mujeres a las que va dirigido; con totalausencia del tema del aborto, problemática profundamente relacionada con las muer-tes maternas y con otra grave deficiencia al dejar de lado el aspecto de que cada emba-razo y cada nacimiento sean deseados, es decir, no promueve el derecho a una mater-nidad libremente decidida y atendida con calidad. Aspectos fundamentales para el ejer-cicio de los derechos reproductivos.

Por otro lado, los recursos asignados son insuficientes y prevalece un patrón de inequidaden la asignación de recursos a los estados de la república. Por ejemplo, durante el 2003:al estado de Chiapas, que cuenta con una tasa de mortalidad materna de 9.32, se ledestinaron 926 mil pesos mientras que a Nuevo León, con una tasa del 2.8, recibió cercade 24 millones, lo que representó 26 veces más que lo destinado a Chiapas.91

Muy recientemente, las autoridades sanitarias emitieron un Acuerdo92 en el que se esta-blecen estrategias comunes y permanentes en todo el país de vigilancia epidemiológicade las defunciones maternas en el marco del Programa de Acción Arranque Parejo en laVida, así como la elaboración y aplicación de medidas preventivas y correctivas.Embarazo de adolescentes.Embarazo de adolescentes.Embarazo de adolescentes.Embarazo de adolescentes.Embarazo de adolescentes. El gobierno federal no ha implementado, hasta ahora, unprograma que garantice el acceso universal de métodos anticonceptivos en los serviciosde salud dirigido a las y los jóvenes. Se sigue castigando el ejercicio de la sexualidadnegándoles información veraz y oportuna y limitando el uso de métodos de control de lafecundidad.

Acceso a serAcceso a serAcceso a serAcceso a serAcceso a servicios de aborto legal y seguro.vicios de aborto legal y seguro.vicios de aborto legal y seguro.vicios de aborto legal y seguro.vicios de aborto legal y seguro. Es responsabilidad de la Secretaría deSalud, como rectora de las políticas en la materia, promover que se cumplan las disposi-ciones legales para dar atención a los casos de aborto no penalizados. Es ampliamentesabido que para las causales permitidas, no existe en la mayoría de los estados de laRepública una definición clara de los procedimientos para acceder aeste servicio, lo que ha permitido a funcionarios y prestadores de ser-vicios la violación al derecho de las mujeres a interrumpir un embara-zo no deseado.

Casos de Mujeres VCasos de Mujeres VCasos de Mujeres VCasos de Mujeres VCasos de Mujeres Violadas que Desearon Interrumpirioladas que Desearon Interrumpirioladas que Desearon Interrumpirioladas que Desearon Interrumpirioladas que Desearon Interrumpirsu Embarazo y les fue Negado su Derechosu Embarazo y les fue Negado su Derechosu Embarazo y les fue Negado su Derechosu Embarazo y les fue Negado su Derechosu Embarazo y les fue Negado su Derecho

Paulina Lucila(13 años) (12 años, con discapacidad mental)Violada por un desconicido Violada por su padreBaja California Norte, 1999 Sinaloa, 2001

Código Penal permite aborto por: Código Penal permite aborto por:- Violación (A) - Violación- Imprudencial - Imprudencial- Peligro de muerte - Peligro de muerte- Otras causas (B)

Código de Procedimientos Penales: Código de Procedimientos Penales:- Dentro de un plazo de 3 meses a partir - No se establecen los procedimientosde la violación- Que el hecho haya sido denunciado Embarazada producto de violaciónante el ministerio público hecha por su padre.- Bastará la autorización de éste Conoce del caso la Procuraduríapara su práctica para la Defensa del Menor, y la

familia del DIF (no tiene facultades).Embarazada producto de una Acompañan a levantar denunciaviolación. ante el Ministerio Público (MP).Denuncia de los hechos ante el MP niega autorización del abortoMinisterio Público (MP) «por no ser autoridad competenete».Autorización MP para interrumpir MP dicta auto de Formal Prisiónsu embarazo. y detienen al violador.Acude al Hospital General Acuden al Hosp. Gineco del IMSScon dicha autorización. no aceptan realizarle el aborto porqueEl director del hospital se niega -dijeron- está penado. Canalizan ala practicarle el aborto, alegando Hospital General.objeción de concinecia. En el H. Gral. tienen la misma negativa.El director del hospital y personas Mutuas acusaciones entre la PGJde Pro-Vida la convencen con estatal y los directores de los hospitales.engaños de que desistiera abortar. Ley de Protección a Víctimas del Delito.

La Procuraduría General de JusticiaNo se le permitió a Paulina estatal manifiesta que efectivamenteinterrumpi su embarazo. es legal que le practiquen el aborto,Se lleva el caso a la Procuraduría que con el diagnóstico médico queDerechos Humanos del Estado avala que hubo violación, no hayla que emite una recomendación dirigida delito que perseguir, cualquier médicoal gobernador de BCN en la que pide la lo puede realizar.destitución del director del hospital y la SE REALIZA UN ABORTO A LUCILAcreación de un fideicomiso para (después de tres meses de embarazo)reparar el daño material a Paulina. EN UN HOSPITAL PÚBLICO.

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IV. RecomendacionesInforme Periódico que rinde el Gobierno Mexicano con motivo de la

Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales93

El Comité de DESC de Naciones Unidas, recomendó al Estado Mexicano, en 1999 que:“vigile estrechamente la mortalidad de la mujer y tome medidas para disminuir la morta-lidad provocada por el aborto ilegal. En particular,.. que intensifique su campaña educa-tiva con relación a la salud sexual y genésica de la mujer e incorpore estos temas en losplanes de estudio de las escuelas”.94

El Gobierno Federal reconoce en su Informe al Comité que “en relación a la mortalidadmaterna en México, la cuarta causa de muerte es por complicaciones del aborto queincluye no sólo abortos provocados sino todo tipo de aborto como los son los abortosespontáneos”.95 Y señala en el mismo, el hecho de que “no existe registro de abortosilícitos”.

A pesar de ello, las instituciones federales no han tomado medidas de fondo para darleatención a esta problemática. Prevalecen algunos de los aspectos centrales que dieronlugar a las preocupaciones del Comité DESC de N.U en 1999 en materia de protección ala maternidad. Por un lado, el proceso de privatización de la seguridad social que con-lleva la falta de acceso a servicios de salud de amplios grupos de la sociedad, en unacelerado aumento de la pobreza y pobreza extrema y de ampliación de la injusta einequitativa distribución de la riqueza. Por otro lado, es ampliamente reconocido que lamuerte materna está estrechamente relacionada con la falta de poder de decisión de lasmujeres. A pesar de ello, prevalece la ausencia de políticas para la transformación depatrones culturales que impiden a las mujeres “disfrutar plenamente de los derechosque les confiere el Pacto”96. En ese sentido, también es esencial caminar hacia el ejerci-cio de una paternidad y maternidad voluntarias y responsables.

Por otro lado, es urgente y necesario que en todas las entidadesfederativas se avance hacia la ampliación de causales de aborto legalen aras de la homologación en todo el país, ya que en la situaciónactual “el derecho y acceso al aborto legal sólo está reconocido paraalgunas mexicanas. Sólo así será una realidad la garantía constitucio-

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nal de que todas las personas somos iguales ante la ley”97. El Estado mexicano, laico ydemocrático, está en la obligación de promover una política legislativa, congruente consus características, fundamentada en los factores objetivos para atender la salud de lasmujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado, puesta en riesgo en las con-diciones de clandestinidad en que se practica actualmente el aborto.

La promoción de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como parte inte-gral del Derecho a la Salud y por ende, de los Derechos Humanos es un tema ausente enla política pública. La educación sexual en el marco de los derechos humanos es funda-mental para el ejercicio de estos derechos y para contribuir a la transformación de patro-nes culturales que reproducen condiciones de desigualdad y de discriminación hacia lasmujeres. El acceso universal a servicios médicos, a una atención oportuna y a serviciosde calidad son condiciones prioritarias a las que se debe atender para abatir la muertede mujeres por embarazo.

3.4 Montes Azules:Libre Determinación y Medio Ambiente Adecuado

en las Áreas Naturales Protegidas

Miguel Arnulfo Ruiz AcostaEnlace Comunicación y Capacitación, AC.

Comitán, Chiapas. Marzo de 2005

En este apartado se expone, mediante el caso de la Reserva de la Biosfera de MontesAzules (RIBMA), cómo la política gubernamental (agraria, ambiental y social) respecto alas Áreas Naturales Protegidas (ANPs) no ha respetado los derechos a la libre determi-nación y a un medio ambiente adecuado de los pueblos indios que en ellas habitan.

La política contemporánea de establecimiento y gestión de ANPs seremonta a la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)fundado en 1983, pero no fue sino hasta 1988 con la promulgación dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente(LGEEPA) cuando se establecieron jurídicamente las categorías decla-

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ratorias y ordenamientos de las ANPs. De entonces a la fecha, los decretos de ÁreasNaturales han ido creciendo velozmente. Actualmente existen alrededor de 150 ANPsbajo jurisdicción federal en el territorio mexicano, las cuales abarcan 17,856,227 hectá-reas98.

El caso de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA)99

Como bien señaló el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y laslibertades fundamentales de los indígenas en su Informe sobre México del 2003100, elorigen del caso Montes Azules se remonta al año de 1972, cuando un pequeño númerode familias Caribes (mejor conocidas como lacandonas) fue dotado con más de 600,000hectáreas de selva, dando lugar a la “Comunidad Lacandona”, la que en su mayoría fueconcesionada a empresas madereras paraestatales. Sin embargo, continúa el Relator,quedaron fuera de la Comunidad numerosos poblados choles, tseltales, tsotsiles ytojolabales que llegaron a colonizar la selva durante los años cincuenta; colonizaciónalentada por el propio gobierno. Al constituirse la REBIMA en 1978101, dichos pobladospasaron a ser considerados asentamientos ilegales. Tanto la política de impulso a lacolonización de las selvas, como los decretos de la Comunidad Lacandona, y posterior-mente de la Reserva, constituyeron aspectos contradictorios de los proyectos agrario yambiental de los gobiernos en turno. Tales contradicciones no han podido ser superadaspor la actual administración, la cual, lejos de buscar una solución integral al problemabasada en el respeto de los derechos de los habitantes de la REBIMA, ha agudizado losconflictos en torno a la misma.

I. La política ambiental

El proceso de elaboración del Plan de Manejo de la REBIMA es ilustrativo de las formasde operar la política ambiental referida a las ANPs. A pesar de que el Artículo 65 de laLGEEPA señala que en la formulación del plan deberán participar los habitantes, propie-tarios y poseedores de los predios en el Área de que se trate, así comoorganizaciones sociales y demás personas interesadas102, en el casodel Plan de la REBIMA sólo se incluyó la participación de algunas per-sonas de un puñado de comunidades, cuyos núcleos de población seencuentran dentro del polígono de la reserva, todas ellas de filiación aun solo partido político: el PRI; de esas seis comunidades, cinco se

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ubican en una pequeña porción de la Reserva, al sur de la laguna Mirarmar103. Si consi-deramos que las actuales autoridades reconocen la existencia de más de 80asentamientos humanos (alrededor de 40 regulares y 46 “irregulares”, es decir, sin do-cumentos agrarios) es claro que el derecho de la abrumadora mayoría de las comuni-dades a participar en el diseño del Plan de Manejo les fue negado.

Por otro lado, el Artículo 47 de la LGEEPA también consagra el derecho de los habitantes,propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas y demás organizacio-nes sociales a participar en el establecimiento, administración y manejo de las ANPs;derecho que tampoco ha sido respetado por el gobierno mexicano, pues ni en su esta-blecimiento ni en su actual administración existen espacios institucionales que den cabi-da a la participación real de sus habitantes. Lo que es más grave son las limitaciones queel Plan de Manejo impone a las comunidades para decidir sobre la producción y repro-ducción de su vida. Por ejemplo, la Regla 21 del Capítulo III (Zonificación) de las ReglasAdministrativas de la Reserva de la Biosfera divide a la REBIMA en cuatro tipos de zonas:1) de Protección; 2) de Uso Restringido; 3) de Aprovechamiento Sustentable de los Recur-sos Naturales y 4) de Uso Tradicional104. Si bien es cierto que la mayoría de las comunida-des están asentadas en la Zona de Aprovechamiento Sustentable, algunas otras se en-cuentran en las zonas de Protección y de Uso restringido desde muchos años antes deque se hiciera el Programa de Manejo y la zonificación. En la zona de Protección, porejemplo, “No se permite el cambio de uso del suelo, la cacería y recolección de especiessilvestres y subproductos forestales, la tala de árboles, la introducción de especies exóti-cas, el uso de fuego, las actividades agropecuarias, la explotación de recursos renova-bles y no renovables, los asentamientos humanos, los caminos y las líneas de conduc-ción, así como el tránsito sin previa autorización”105. Tampoco en la Zona de Uso Restrin-gido se permiten las actividades agropecuarias, pesqueras ni los asentamientos huma-nos. Es decir, mediante el Programa de Manejo se ilegalizó la vida comunitaria en esasregiones, las cuales abarcan 256, 434.24 has. de la Reserva, 77.4% del total de la mis-ma; sólo en 32.6% restante del territorio se permiten los asentamientos humanos.

Otro de los elementos a considerar respecto a la política ambientalpara las ANPs y sus zonas aledañas, ya durante el presente sexenio,es la puesta en marcha del programa llamado Corredor BiológicoMesoamericano-México (CBM-M); proyecto diseñado por GlobalEnvironment Facility (GEF)106. El CBM-M entró en operaciones en enero

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del 2002. El objetivo declarado del Proyecto es la conservación y uso sustentable de labiodiversidad de cinco corredores biológicos seleccionados en cuatro estados del sures-te de México (Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas)107. Tales corredores conecta-rán entre sí a 18 ANPs ya existentes (entre las que destaca la REBIMA), además de propo-ner 16 áreas focales para implementar el proyecto. Es significativa la proporción de po-blación indígena que habita estas zonas: de un total de 1,307,192 personas asentadas alo largo de los cinco corredores, 332,128 son indígenas. La proporción más alta se en-cuentra en el Corredor Norte del estado de Chiapas, el que incluye la REBIMA, dondealrededor de 30% de la población pertenece a alguna etnia (Tseltal, Chol, Lacandón yZoque).

Con el CBM ocurre algo similar al establecimiento y manejo de la Reserva de MontesAzules: no hubo consulta ni participación real de los pueblos en la elaboración del pro-yecto, y muy escasa y desigual participación de las comunidades en la gestión del mis-mo. Esto también constituye una violación a los derechos de los pueblos indios, ya que elConvenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece, en su Artículo7, fracción 1 que“… dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación yevaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles deafectarles directamente”108. Para el caso de su gestión, por ejemplo, el CBM contemplase constituyan Consejos Estatales (CE) como “órganos colegiados cuya función principalconsiste en participar activamente en la construcción de estrategias de corredor y en laoferta de opiniones de calidad que permitan dar dirección estratégica a las acciones delproyecto”109. En el caso de Chiapas, la constitución del CE no se pudo realizar dentro delos tiempos originalmente previstos, ya que diferentes sectores de la sociedad civil im-pugnaron los mecanismos poco democráticos e incluyentes que el proyecto había con-templado para su constitución. Con todo, después de un cabildeo realizado por la Fun-dación Rigoberta Mechú entre ciertos espacios de la sociedad civil, se constituyó un CEdefinitivo que tampoco fue representativo de la diversidad de actores sociales y comuni-dades de los corredores seleccionados: por parte de los sectores gubernamental, em-presarial y de ONGs participan 15 miembros; por parte de las comuni-dades, sólo 11110. Lo más grave es que estos últimos representantespertenecen exclusivamente a las tres áreas focales de los corredores,por lo que los cientos de comunidades que viven en las ANPs y en lasotras regiones de los corredores quedaron excluidas por completo delConsejo. Esto en nada contribuye a brindar garantías para que se cum-

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plan los derechos a la información y a la libre determinación de los pueblos indios queserán impactados por el multicitado “proyecto de desarrollo sustentable” que opera ensus territorios.

II. La política agraria

Muy ligada a la anterior, la política agraria constituye otra de las facetas de la estrategiagubernamental hacia las ANPs y sus habitantes. En el caso particular de los Montes Azu-les, se ha expresado en torno al conflicto de tenencia de la tierra de las comunidadesllamadas “irregulares”, quienes no cuentan con documentos que les garanticen su po-sesión. Prácticamente desde la constitución de la Comunidad Lacandona en 1972, todaslas comunidades que no quedaron incluidas (la abrumadora mayoría) pasaron a ser“ilegales” de la noche a la mañana, aunque tuvieran muchos años de estar asentadasen esas tierras. A partir de entonces comenzaron una difícil lucha para no ser desaloja-das y por regularizar la tenencia de sus tierras. Algunas de ellas lo lograron, pero a otras,con la misma antigüedad, nunca les fue reconocido su derecho al territorio. Es sobreestas últimas que penden las actuales amenazas de desalojo que, si bien no iniciarondurante la presente administración, se han agudizado hasta el punto de que algunas dedichas comunidades se han visto forzadas a aceptar su reubicación en terrenos fuera dela Reserva; lo que se ha llegado a calificar por parte de organizaciones civiles de la re-gión como “desalojos disfrazados” o “estrategia múltiple para los desalojos”111, la que sedescribe a continuación.

El gobierno federal creó una comisión interinstitucional con el objetivo declarado de re-solver el problema agrario-ambiental de los Montes Azules y, aunque en repetidas ocasio-nes ha manifestado que su intención no es el desalojo, su forma de proceder tanto en lasmesas de negociación con las comunidades, como fuera de ellas, evidencia que su pro-pósito central sigue siendo el vaciar de comunidades las Zonas de Protección y de Uso

Restringido de la Reserva, con o sin el consentimiento de sus habitantes.

Por lo menos durante los últimos cinco años la amenaza de desalojoha tenido como trasfondo la constante presión de organizacionesconservacionistas trasnacionales como Conservación Internacional (CI)y WWF quienes, desde el año 2000 han implementado una campaña

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publicitaria culpando a los indígenas asentados en la Reserva de la destrucción de lamisma; con este argumento exigen al gobierno que utilice todos los medios necesariospara el desalojo inmediato de las comunidades que la habitan. Por otro lado y comoelemento del contexto nacional, la reforma constitucional en materia de derechos ycultura indígenas, aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 2001, acota lospueblos indios a la categoría de entidades de interés público, constriñendo su dere-cho a la libre determinación que incluye, entre otros, su derecho a decidir qué tipo dedesarrollo desean, y al pleno uso y disfrute de los recursos naturales contenidos ensus territorios112.

Es en este marco que durante el 2001 se instaló una mesa de diálogo con las comunida-des. Una de las primeras acciones de la llamada Mesa Agrario-Ambiental fue la crea-ción de un fideicomiso de los gobiernos federal y estatal para “reubicar” a 20 de las 23comunidades “irregulares” identificadas en esos momentos113. Durante abril de 2002 fun-cionarios del gobierno de Chiapas que participan en la Mesa señalan que existen pre-siones de algunas dependencias del gobierno federal para efectuar los desalojos114. Du-rante los últimos meses del año, la Comunidad Lacandona entabló al menos 16 deman-das judiciales contra algunas de dichas comunidades, informando en todo momento ala Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre las accionesemprendidas115. Hacia diciembre el gobierno federal comienza la implementación de unoperativo para “reubicar” a 8 poblados irregulares. No obstante, la única acción realiza-da por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Policía FederalPreventiva (PFP), fue el desalojo negociado de 5 familias de la comunidad chol ArroyoSan Pablo, el 19 de diciembre de 2002, quienes fueron trasladados a un albergue deComitán con la promesa de dotarlos de 20 hectáreas de tierra laborables para cadafamilia. De acuerdo con testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos FrayBartolomé de las Casas (CDHFBC), a penas salieron las familias del poblado, miembrosde la Comunidad Lacandona aprovecharon para destruir sus casas y sus pertenencias.Después de estar algunas semanas en Comitán, las familias fueron trasladadas a uncampamento de la PROFEPA en Amatenango, en donde se les ofrece-ría empleo temporal. Sin embargo, de allí fueron nuevamente desalo-jados por presiones de la población local. Ante el no cumplimiento desu derecho a un territorio y a un medio ambiente adecuado para suvida, los pobladores decidieron regresar al lugar de donde fueron des-alojados, rebautizándolo como Lucio Cabañas.116

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Mientras tanto, La Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos denun-ció que durante abril de 2003, caribes y choles de la Comunidad Lacandona acompaña-dos por funcionarios de la PROFEPA, la SEMARNAT y de guardias de la Reserva se trasla-daron en lanchas de la Armada de México a los poblados Nuevo San Rafael y San Isidro,amenazándolos de muerte y de desalojo. Esta situación de asedio de funcionarios ylacandones alcanzó su punto más álgido en enero del presente año (2004) cuando, despuésdel desalojo negociado de Nuevo San Rafael, fueron quemadas 23 casas de ese poblado,según lo informó un boletín del CDHFBC117. El mismo Centro de Derechos Humanos repor-tó que, además del atentado a los bienes y a la seguridad de los pobladores, elementosde la Marina y de la PROFEPA impidieron el tránsito de periodistas y observadores a lacomunidad, manteniéndola incomunicada por varios días, lo cual claramente constituyeuna violación al libre tránsito. Cabe mencionar que los habitantes desalojados llegaron afundar Nuevo San Rafael porque fueron desplazados de su lugar de origen por el grupoparamilitar Paz y Justicia, el cual no ha sido desarticulado por el gobierno.

En síntesis, con la instalación de la Mesa Agrario-Ambiental, el gobierno optó por dar untratamiento especial a cada comunidad, con la intención de desarticular a su organiza-ción y evitar una negociación de conjunto. El ofrecimiento que se hizo en ese momentofue la regularización de sólo dos poblados (Nuevo San Gregorio y Salvador Allende) de laparte centro de la Reserva y la reubicación de los demás.

Ante el fracaso rotundo de la estrategia planteada con la Mesa Agrario-Ambiental, elgobierno federal modifica su estrategia y distensa la situación, iniciando un proceso denegociación directa y atención a los 46 poblados irregulares ahora reconocidos, crean-do, en el primer semestre del 2003, el Grupo Operativo para la Atención Integral en la Comu-nidad Lacandona y en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, coordinado desde laSecretaría de la Reforma Agraria. A pesar de que el Grupo Operativo se comprometiódesde su constitución a no promover desalojos en la Reserva, durante el 2003 la PROFEPAsugirió que ese podría ser uno de los caminos de solución118. De hecho miembros de

dicha Procuraduría, junto con la Armada y algunos de los comuneroslacandones participaron en el desalojo de San Rafael, arriba citado.

Sin embargo, fue en el transcurso del 2004 que el Grupo Operativologró concertar con algunas comunidades las primeras reubicacionespacíficas. La primera fue la comunidad San Francisco Caracol, en julio

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de ese año119. Algunas de las familias (no todas aceptaron ser reubicadas) fueron con-centradas en un nuevo centro de población fuera de la Reserva llamado Santa Marta enel municipio de Marqués de Comillas, lo cual constituye un claro síntoma de la divisióncomunitaria que induce la estrategia gubernamental. Unos meses después, en noviem-bre, algunas familias tsotsiles de los asentamientos San Isidro y Sol Paraíso son reubicadasen el poblado Nuevo Magdalena en el municipio Benemérito de las Américas. Hasta esemomento parecía que la estrategia gubernamental de reubicaciones concertadas mar-chaba sin mayores contratiempos. No obstante indígenas de dos poblados que nego-ciaban su reubicación, 20 de Noviembre y Nuevo México decidieron retirarse de la nego-ciación, pues aseguran que parte de las tierras donde pretenden reubicarlos, una Colo-nia Agrícola y Ganadera llamada 11 de Julio, en el municipio de Palenque, son de RogerGrajales, exsecretario de Planeación del Gobierno del Estado y Presidente del Consejo deAdministración de la citada Colonia, por lo que existe un conflicto de intereses120.

III. La política social

La otra cara de la moneda del conflicto en los Montes Azules es la forma en que se hanvenido desarrollando algunos programas sociales en la región. Por ejemplo, tenemos elPrograma Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva (PIDSS), que inició su operaciónen el 2002121. A pesar de tener en su nombre la etiqueta de “sustentable”, el programa notomó en cuenta algunas sugerencias de los propios beneficiarios, tales como la necesi-dad de capacitarse en tecnologías adecuadas, como captura de agua, proyectosagroforestales, manejo de flora y fauna silvestre. Por ejemplo, en lo que se refiere alejercicio del programa durante el 2003, las comunidades plantearon incorporar al EjeAmbiental, trabajos de conservación: reforestación, y el establecimiento de dos viverosen los ejidos Candelaria y Pichucalco, propuestas que no fueron rescatadas en el PIDSS122.Los proyectos desarrollados en la microregión, como lo indica un documento oficial, con-sisten en recursos económicos para la elaboración de abonos orgánicos123. Pero, en rea-lidad, se trató de un recurso de 768 pesos en efectivo como apoyodirecto a cada familia124. Según se lee en la evaluación externa al PIDSS,las comunidades de la microregión han rechazado la compra de ferti-lizantes, y solicitan que se entreguen directamente los recursos paraque sean aplicados en función de sus necesidades de sobrevivencia.El argumento para sostener dicha propuesta es que el manejo de fer-

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tilizantes perjudica su posición en el proceso de defensa y negociación agrario-ambien-tal con el propio gobierno, y que contradice tanto sus planteamientos sobre caminar enuna línea agroecológica, como los objetivos de conservación productiva que plantea elmismo proyecto. Los representantes entrevistados manifiestan su rechazo a esta deci-sión a la que se refieren como imposición.125

Aunado al problema de los contenidos del programa estrella para la Selva, se ubica elhecho de la falta real de espacios institucionales para que las comunidades se involucrenen su gestión. En la evaluación citada se reporta que los entrevistados de las comunida-des “beneficiadas” señalan que no hay participación alguna de la población en laimplementación de este proyecto. “De hecho, la coordinación entre los técnicos de laSEDESOL, los delegados comunitarios y miembros del Colectivo Coordinador apenas haexistido”126. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que, en un primer momento, elPrograma no contempló a las llamadas comunidades irregulares; sólo atendería a aque-llas que comprobaran más de 20 años de asentamiento, propuesta que tampoco respe-tó, pues negó los apoyos a un par de comunidades con mayor antigüedad al plazocitado. Si bien durante el 2003 dichas comunidades pudieron integrarse al PIDSS de for-ma velada mediante un esquema metainstitucional, el ejercicio del 2004 las vuelve adejar fuera por completo. Por otro lado, la asignación de recursos para la comunidadessí reconocidas estuvo desfasada de los tiempos del ciclo agrícola.

En el marco de este programa la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas(SDS) presentó a la Comisión Europea el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Soste-nible en la Selva Lacandona (PRODESIS), cuyo Convenio de Financiación fue firmado entrela Unión Europea y el Estado de Chiapas el 27 de enero de 2004 (convenio número ALA/B7-310/2003/5756). El aporte económico de la Unión Europea es de 15 millones de Euros,el del Gobierno de México, de 16 millones de Euros. Diversas organizaciones de la socie-dad civil nacional e internacional han alertado que la implementación de dicho Proyectopueda violentar algunos de los derechos de los pueblos. En especial remitimos al docu-

mento Los Acuerdos De Cooperación Entre La Unión Europea Y MéxicoEn El Marco Del Acuerdo Global Y El Respeto A Los Derechos Huma-nos127, de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos enMéxico, donde se señalan algunos de las posibles violaciones de de-rechos, en particular al Convenio 169 de la OIT:Consultando a varias contrapartes de nuestra Coordinación en Chiapas,

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se hizo evidente una generalizada falta de información transparente, actual, precisa yuna generalizada falta de información transparente, actual, precisa yuna generalizada falta de información transparente, actual, precisa yuna generalizada falta de información transparente, actual, precisa yuna generalizada falta de información transparente, actual, precisa yaccesibleaccesibleaccesibleaccesibleaccesible sobre el mismo y sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nom-sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nom-sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nom-sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nom-sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nom-bradas como “actores” en el proyecto.bradas como “actores” en el proyecto.bradas como “actores” en el proyecto.bradas como “actores” en el proyecto.bradas como “actores” en el proyecto. Nuestras contrapartes expresaron su descono-cimiento y constataron que ni ellas ni tampoco organizaciones localizadas en el lugar deimplementación como Xinich, ARIC Independiente Democrática, los Municipios Autóno-mos con las así llamadas Juntas de Buen Gobierno fueron consultadas, ni involucradasen el planeamiento del proyecto […]El artículo 6 del mismo Convenio, en su inciso a) ordena a “consultar a los pueblos intere-sados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institu-mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institu-mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institu-mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institu-mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institu-ciones representativasciones representativasciones representativasciones representativasciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrati-medidas legislativas o administrati-medidas legislativas o administrati-medidas legislativas o administrati-medidas legislativas o administrati-vasvasvasvasvas susceptibles de afectarles directamente”.Vemos a este respecto que podría estar dándose una violación a estos artículos porparte del gobierno de México:

a) al no fomentar la participación y cooperación de los pueblos interesados de unamanera coordinada y sistemática [en la planeación del PRODESIS] y

b) al no consultar a los pueblos a través de sus instituciones representativas, sino através de los delegados microregionales de la SDS.128

El documento también hace un señalamiento explícito de violación al artículo 7 del Con-venio, que estipula que se deben hacer estudios, en cooperación con los pueblos indios,de la incidencia de los programas de desarrollo en diferentes dimensiones de la vidacomunitaria, ya que en el capítulo VI del Plan Operativo Global del PRODESIS se reconoceque no se han realizado estudios específicos“...durante el desarrollo de las misiones deprefactibilidad (2002) y de formulación (2003), sobre diferentes temas de análisis econó-mico y financiero, género, socio-cultural, impacto, ambiental, mitigación de la pobreza ocualquier otro tema”129. Por lo anteriormente expresado, se vislumbra que un Proyectoque de origen no ha respetado los mecanismos establecidos de participación y acuerdocon los pueblos supuestamente beneficiarios, genera situaciones conflictivas que agra-ven las tensiones comunitarias y violenten su derecho a la libre deter-minación.

Existe otro caso aún más grave en el que la política social no sólo nocontempla, sino incluso atenta contra el otro derecho contemplado eneste caso: el derecho a un medio ambiente sano. El gobierno del Esta-

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do, por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y con recursos del Banco Mundialoperó un programa denominado Zonas Rurales Marginadas (ZORUMA), con el cual otorgóproyectos de ganadería extensiva a las comunidades de la Reserva, a sabiendas de quedicha actividad productiva es una de las mayores amenazas para la conservación y buenaprovechamiento de ecosistemas selváticos. Además de los efectos nocivos para elambiente, el proyecto provocó el enfrentamiento comunitario entre grupos conscientesde los peligros que entrañaba, y comunidades que lo aceptaron por la falta de alternati-vas sustentables apoyadas por las estructuras de gobierno, tal fue el caso de AmadorHernández.

Los tres elementos presentados (agrario, ambiental y política social) se han conjugadode tal manera que, como informó el organismo de derechos humanos Miguel AgustínPro, “La presencia militar y policíaca va a la par de planes y programas gubernamentalesque complejizan las distintas problemáticas que imperan en la región”130.

Por la situación expuesta, retomamos las siguientes propuestas que en materia agrariay ambiental se plantean en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanosen México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanosen México131:

La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos ycomunidades indígenas debe tener prioridad por encima de cualquier otrointerés en la solución de los conflictos agrarios.Se recomienda asociar a las comunidades indígenas en el manejo, administra-ción y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios y regiones,tomando en cuanta los ordenamientos ecológicos comunitarios.La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberáhacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberárespetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en

sus territorios reservas ecológicas comunitarias.Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra

su voluntad fuera de las Reserva de la Biosfera de Montes Azules.Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadasen la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes.

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3.5 Daños a la Salud por la Contaminacióndel Río Atoyac en Tlaxcala

Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés A.C.Informe especial

I. Informe Río Atoyac

El río Atoyac nace en la Sierra Nevada, es producto de los deshielos del flanco norte delIztaccíhuatl y se interna en Tlaxcala por el suroeste, en la comunidad de Villa Alta delmunicipio de Tepetitla de Lardizábal, siguiendo por el municipio de Nativitas hasta suconfluencia con el río Zahuapan, en el municipio de Xicohtzinco, en el extremo sur delEstado.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, el (índice de calidad del agua) en elAtoyac, presenta valores promedio de 46.98 puntos, que indican una calidad regulartendiente a mala, siendo en términos generales aceptable para uso en agricultura (sólopara forrajes), quedando restringido su uso en piscicultura, recreación con contacto di-recto y preservación de la vida acuática.

El proceso de urbanización e industrialización en el poniente del Estado de Tlaxcala y losmunicipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el Estado de Puebla, tiene unorigen en donde se puede marcar como un detonador de este proceso la instalación delComplejo Petroquímico Independencia y el Corredor Industrial Quetzalcóatl, sin embar-go desde la década de 1990, y particularmente a partir de la puesta en marcha del Tra-tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 la región se convirtió enuna zona de instalación de maquila para los mercados nacional e internacional,iniciándose un cambio en la especialización económica de la región con un énfasis prin-cipal en la industria de manufactura intra domiciliaria del vestido.

Los trabajadores en las maquiladoras que existen en la región, sonopresivas y de una sistemática violación a los derechos humanos la-borales básicos. Además de ello, las maquilas continuaron con el pro-ceso de destrucción iniciado por el Complejo Petroquímico Indepen-dencia de los cuerpos de agua existentes y que han sido utilizados

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como vertedero de las sustancias químicas y /o tóxicas de desecho de los procesos deproducción durante más de treinta años.

Se puede precisar así, que la contaminación del Río Atoyac se presenta principalmentepor las descargas de agua residual del parque industrial Quetzalcóatl, el ComplejoPetroquímico Independencia y un corredor industrial de 32 empresas de manufacturasde “lavanderías de mezclilla.”

“Las maquilas ubicadas en la región utilizan enormes cantidades de agua para los pro-cesos de “lavandería”. Estos procesos son los que hacen los terminados de los pantalo-nes de mezclilla. Entre estos están: el “stone washing”, que tiene como objetivo el des-gaste del pantalón mediante la piedra pómez y que da la apariencia de usados o viejosa los pantalones azules; el “stone bleach”, que comprende eliminar el teñido índigo delos jeans con enormes cantidades de cloro, o más recientemente con la enzima lacassecon el fin de producir pantalones blancos; el suavizado, que deja al pantalón con sucolor original y de textura suave mediante el uso de enzimas y el que actualmente estáde moda, conocido como “sand blast”, que consiste en someter a las prendas a bañosde arenas sílicas para darles apariencia de desgaste. Además de estos procesos, laúltima moda en mezclilla dicta que los pantalones sean sujetos a otro proceso de teñidoen las etapas finales. El polarizado y el sobreteñido son hechos con frecuencia, aplican-do manualmente distintas tinturas a partes del pantalón que han sido antes limpiados.Los pantalones son enviados después para un lavado final en los que se utilizan grandescantidades de detergentes”.132

Las lavanderías utilizan enormes cantidades de agua para los procesos de terminadosde la mezclilla. Como resultado, las descargas de agua de esas empresas tienen resi-duos de mezclilla, químicos como permanganato de potasio, cloro, sosa cáustica, ácidoacético, bisulfito, antiozeno, arenas sílicas, hexametafosfato, y residuos de piedra pómez.Además de que en estudios anteriores se descubrieron la existencia de metales pesa-

dos en estas descargas como zinc, plomo, cobre, níquel, selenio,cadmio, cromo y mercurio.

En el parque industrial Quetzalcóatl se ubica la lavandería de mezclilla“Textiles KN de Oriente”; “Oxiquímica”, “San Luis Rassini” que realizaprocesos de fundición para elaborar productos para frenos automotri-

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ces. El parque industrial Huejotzingo cuenta con las empresas de lavandería de mezclilla“Globaltex” y “Skytex”, la compañía de refrescos “Big Cola” y productos farmacéuticos“Kendall”; el corredor industrial Ixtacuixtla cuenta con la lavandería de mezclilla “TarrantAppareal”.

El Complejo Petroquímico Independencia de Pemex produce Metanol y antes de 1998acrilonitrilo; en agosto de 1998 se le efectuó una auditoria ambiental, detectándose 63deficiencias de riesgo, entre ellas 8 de agua, 14 de residuos peligrosos, 2 de suelo ysubsuelo. El complejo disponía de sus residuos de forma inadecuada ya que disponía detambores que contenían catalizadores para la producción de acrilonitrilo en depósitosno autorizados, tenía procesos de incineración de óxido de nitrógeno, cianuro de vinilo ycatalizadores sin autorización, y descarga de agua residual por el lavado de la planta deacrilonitrilo en el río Atoyac.

El agua de este río ha sido utilizada históricamente por campesinos de Ixtacuixtla, Nativitasy Tepetitla para el riego de hortalizas y cultivos de maíz; así como para el consumo deagua potable en las comunidades que se extrae de pozos. Los cultivos de maíz, la tierray arena de esas parcelas y de los ríos de estos lugares, son regados con estas descargasresiduales, lucen un tapiz de color azul metálico, actualmente como una forma de man-tener el mercado, los productores de la región agregan químicos para dar una colora-ción verde a las hortalizas y así eliminar el amarillo que presentan las hojas.

Entre 1996 y 2003, en los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas del estado deTlaxcala, San Martín Texmelucan y Huejotzingo del estado de Puebla, se han presentadocasos de personas enfermas o muertas de trombocitopenia (etapa previa a la leucemia),leucemia u otros tipos de cáncer.

A inicios del 2002 se presentan al Centro Fray Julián Garcés dos personas del comité desalud de Villa Alta, Tlaxcala, solicitando apoyo y orientación debido a que en la comuni-dad de Villa Alta, Tepetitla y San Mateo Ayecac las personas estabanenfermando de Leucemia y Púrpura Trombocitopénica. Estas perso-nas tenían la suposición que dichas enfermedades estaban siendocausadas por la contaminación del río Atoyac que atraviesa sus co-munidades, por lo que se dieron a la tarea de recolectar informaciónde personas enfermas, así como de sus expedientes médicos.

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El Centro Fray Julián Garcés desde el 2002 da seguimiento al proceso organizativo de laPastoral Social de Derechos Humanos que se reúne una vez al mes, donde acuden,personas de diversas comunidades del estado Tlaxcala para compartir las problemáti-cas que viven en su comunidad; a través de este espacio el Centro nuevamente tiene unareferencia sobre la problemática de contaminación del río Atoyac como posible causan-te de daños a la salud.

En el mes de noviembre de 2002, la Pastoral social decide que uno de sus aspectosprioritarios es la contaminación del río Atoyac y los posibles daños a la salud en donde elCentro Fray Julián Garcés interviene con el fin de poder establecer si existe una relaciónentre las sustancias tóxicas presentes y los daños a la salud en estas comunidades.

La propuesta de proyecto presentada plantea como enfoque especial la integración deun equipo de trabajo con gente de las comunidades que permitan la documentación decasos de daños a la salud por contaminación y plantear propuestas de solución alterna-tivas desde dos perspectivas complementarias:

1. Un análisis de cuadros clínicos, sustancias tóxicas presentes y daños a la saluddesde una investigación científica y las normas ambientales y

2. La perspectiva de los derechos humanos en donde se plantea el deterioro delmedio ambiente como “una amenaza contra la vida y un nivel de vida adecua-do” contenida en Tratados Internacionales y el sistema legal mexicano como LaDeclaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección alambiente y las legislaciones estatales correspondiente en materia ambiental.

Dentro de cuatro líneas estratégicas:1. Realizar la documentación de casos y recopilación de expedientes médicos

individuales con el fin de establecer un cuadro clínico comparativopresentado en los casos, una relación entre cuadro clínico y sustan-cias tóxicas encontradas, así como la relación clínica entre casos detrombocitopenia y leucemia.2.Establecer una relación comparativa entre contaminantes existentesy alteraciones a la salud que la posibiliten la toma de medidas

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ambientales precautorias para la salud humana y el medio ambiente.3. Realizar la documentación de casos de violaciones de Derechos Humanos desde

la población local organizada, que posibilite el establecimiento de medidasprecautorias ambientales, además de la exigencia y demanda jurídica para lareparación de daños de los efectos ambientales y de las personas afectadas

4. Contribuir a la formación y articulación de espacios locales regionales de investi-gación y análisis y difusión, en donde la población local incida en el desarrollo desus comunidades a través de propuestas alternativas, teniendo a los DerechosHumanos como un referente de su acción.

Una de las preocupaciones centrales de esta propuesta, se sitúa en la respuesta y laorganización social ante estas dos perspectivas y ante este tipo de problemas y violacio-nes de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para enfrentar el pro-blema de la contaminación y la salud con respecto al río Atoyac, en el mes de abril de2003 se generó un grupo específico de la Pastoral Social que intervenga en estos dosaspectos y en mayo se genera una relación de trabajo con el Instituto de Ingeniería, elInstituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el área de Ingeniería de la Univer-sidad Autónoma Metropolitana. Además de establecer un vínculo con grupos que tam-bién enfrentan esta problemática, entre ellos la Coordinadora Popular Emiliano Zapataen Moyotzingo, ejidatarios de San Lucas Atoyatenco, habitantes de Santa Ana Xalmimilulcoy el comité de salud de Villa Alta.

II. Actividades realizadas

Líneas estratégicas 1 y 3:Líneas estratégicas 1 y 3:Líneas estratégicas 1 y 3:Líneas estratégicas 1 y 3:Líneas estratégicas 1 y 3: Realizar la documentación de casos y recopilación de expe-dientes médicos individuales con el fin de establecer un cuadro clínico comparativo pre-sentado en los casos, una relación entre cuadro clínico y sustancias tóxicas encontradas,así como la relación clínica entre casos de trombocitopenia y leucemia.

Realizar la documentación de casos de violaciones de Derechos Hu-manos desde la población local organizada, que posibilite el estable-cimiento de medidas precautorias ambientales, además de la exigen-cia y demanda jurídica para la reparación de daños de los efectosambientales y de las personas afectadas.

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A partir del seguimiento que se da a la Pastoral de Derechos Humanos, se genera unaalianza entre el Centro y la Pastoral para intervenir de manera más directa ante el pro-blema, con el fin de conocer si existe la presencia de sustancias toxicas en el MedioAmbiente que provoquen dichas enfermedades; a partir de esta definición ha sido nece-saria la participación de la gente de la Pastoral Social que viven en las comunidadesafectadas (Villa Alta, Tepetitla, San Mateo Ayecac, San Rafael Tenanyecac) para posibilitarel registro y documentación individual de los casos por posibles daños a la salud. Eltrabajo de la gente de estas comunidades fue en dos sentidos:

1. Sacar una relación nombres y direcciones de personas enfermas o familiaresde personas que estuvieron enfermas y que ya fallecieron, y

2. Realizar un primer acercamiento con los enfermos y familiares, que posibilitaranuestra visita como Centro Fray Julián Garcés a su domicilio para el registrodel caso.

Con estas primeras referencias el Centro Fray Julián Garcés desde su Programa de De-sarrollo Local, el 29 de julio del 2003 realiza una seria de visitas domiciliarias a las perso-nas enfermas y familiares, para registrar los casos que se han presentado por Leucemiay Púrpura Trobocitopenica.

La difusión de manera indirecta por parte de las personas de la Pastoral Social dio pautaa que otras personas de las comunidades de: San Baltazar, Moyotzingo, San LucasAtoyatenco, Santa Ana Xalmimilulco y San Francisco Tepeyecac del municipio de SanMartín Texmelucan Puebla, manifestaran su preocupación por la misma problemáticaque viven las comunidades del estado de Tlaxcala, dándonos una visión más amplia dela problemática; por lo que a partir de Septiembre del 2003 dentro del registro de casospor posibles daños a la salud se suman estas comunidades.

Se han registrado casos de enfermedades como la leucemia; Púrpura trombocitopenica;anemias y malformaciones congénitas entre otras, así como casos dedaños a la propiedad.

De los casos que se han registrado desde el Programa de DesarrolloLocal tenemos: 36 casos registrados y documentados en su mayoríapor daños a la salud y 2 casos registrados por daños a la propiedad.

Relación de casos registrados (julio 2003 – enero 2004)

No de caso Enfermedad Comunidad Estado Tipo de casoy/o problemática

01/03 Leucemia Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud2/03 Leucemia Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud03/03 Leucemia Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud04/03 Leucemia y tumor Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud

cancerígeno enel estomago

05/03 Púrpura Tepetitla Tlaxcala Daños a la SaludTrombocitopenica

06/03 Leucemia Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud07/03 Tumor cancerígeno Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud08/03 Púrpura Tepetitla Tlaxcala Daños a la Salud

Terombocitopenica09/03 Leucemia S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud10/03 Púrpura S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud

Trombocitopénica11/03 Leucopenia S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud12/03 Púrpura S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud

Trombocitopenica13/03 Leucemia S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud14/03 Leucemia S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud15/03 Púrpura S. Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud

Trombocitopenica16/03 Anemia Aguda Villa Alta Tlaxcala Daños a la Salud17/03 Leucemia Villa Alta Tlaxcala Daños a la Salud18/03 Leucemia Villa Alta Tlaxcala Daños a la Salud19/03 Leucemia Villa Alta Tlaxcala Daños a la Salud20/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud21/03 Leucemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud22/03 Daños San Baltazar Puebla Daños a la Propiedad

Contaminaciónde suelo agrícola

23/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud24/03 Leucemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud25/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud26/03 Anemia y Púrpura San Baltazar Puebla Daños a la Salud

Trombocitopenica27/03 Leucemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud28/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud29/03 Leucemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud30/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud

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31/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud32/03 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud33/03 Anemia a infección San Mateo Ayecac Tlaxcala Daños a la Salud

en los pulmones34/03 Daños a la tierra S. Lucas Atoyatenco Puebla Daños a la propiedad

de cultivo35/04 Hemorragias S. Lucas Atoyatenco Puebla Daños a la Salud

en la nariz36/04 Hidrocefalia San Baltazar Puebla Daños a la Salud37/04 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud38/04 Anemia San Baltazar Puebla Daños a la Salud

Aplasia Medular

Es importante mencionar que 4 de los casos registrados por enfermedades han presen-tado no solo Leucemia o Púrpura, la enfermedad también ha sido acompañada poranemias, tumores cancerígenos o infecciones en los pulmones.

Del total de casos registrados por comunidad tenemos:16 casos son de San Baltazar Temaxcalac8 de Tepetitla8 de San Mateo Ayecac4 de Villa Alta

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De las enfermedades más frecuentes que se han presentado durante el registro de ca-sos tenemos: 15 personas enfermas por Leucemia, 6 personas por PúrpuraTrombocitopenica, 11 personas por Anemia, 2 casos por Daños a la Tierra de Cultivos, 1persona de Hidrocefalia, 1 persona por Hemorragia, 1 persona por Leucopenia y 1 per-sona por Tumor Cancerígeno.

Actualmente para el registro de casos por daños a la salud, faltan por registrar casos enlas comunidades de: Santa Ana Xalmimilulco, Moyotzingo e Ixtacuixtla.

Línea estratégica 2.Línea estratégica 2.Línea estratégica 2.Línea estratégica 2.Línea estratégica 2. Establecer una relación comparativa entre conta-minantes existentes y alteraciones a la salud que posibiliten la tomade medidas ambientales precautorias para la salud humana y el me-dio ambiente.

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Se realizó un muestreo preliminar en agua superficial y muestreo de suelo con los si-guientes resultados1. Emisor de Pemex 1 en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno,

tolueno, xilenos y los siguientes compuestos poli aromáticos: fenantreno,naftaleno y antraceno. Es el único punto del muestreo en donde se encontraronnaftaleno y antraceno.

2. Santa Ana Xalmimilulco, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno.3. Planta Santa Julia en Xalmimilulco, en donde se encontró cloroformo, cloruro de

metileno.4. San Rafael Tenanyecac, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno y

la concentración más alta de Tolueno. De esta última aún se desconoce cualpueda ser su origen.

5. Tierra nueva (Michac), se encontró cloroformo, cloruro de metileno y Tolueno.6. Secundaria, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno y Tolueno.7. Zanja Carrizal, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno.8. Alcantarilla de San Mateo Ayecac, se encontraron los datos más elevados de

cloroformo, se encontró también cloruro de metileno, tolueno y el compuesto poliaromático fenantreno.

9. Laguna de oxidación de Villa Alta, se encontró cloroformo, la cantidad máselevada de cloruro de metileno, también se encontró Tolueno.

10. Emisor de Pemex 2, se encontraron compuestos orgánicos volátiles: cloroformo,cloruro de metileno, etilbenceno, tetracloroeteno, tolueno y xilenos.

11. Descarga del Complejo Industrial Quetzalcóatl, en donde se encontró cloroformoy cloruro de metileno.

12. Muestreo de suelo en San Lucas Atoyatenco. En donde se encontraron clorofor-mo y cloruro de metileno.

Se realizó un muestreo de agua subterránea (pozos para riego y abastecimiento de aguapotable); así como tomas domiciliarias de agua potable, en las comunidades de: Santa

Justina Ecatepec, Tepetitla, San Mateo Ayecac, Villa Alta, San RafaelTenanyecac, Santiago Michac, San Lucas Atoyatenco, San FranciscoTepeyecac, Santa María Moyotzingo, San Baltazar Temaxcalac, SantaAna Xalmimilulco e Ixtacuixtla, que tenían como objetivo conocer cuales la calidad del agua que consumen en las comunidades. Y el pozopara riego agrícola de Tepetitla.

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San Lucas Atoyatenco 6513 0.08 33San Francisco Tepeyecac 3167 0.04 11Santa María Movotzingo 22571 0.29 82San Baltazar Temaxcalac 10112 0.13 52Santa Ana Xalmimilulco 13001 0.16 66Complejo Petroquímico 828 0.01 4

7914679146791467914679146 11111 369369369369369

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Línea estratégica 4.Línea estratégica 4.Línea estratégica 4.Línea estratégica 4.Línea estratégica 4. Contribuir a la formación y articulación de espacios locales regiona-les de investigación y análisis y difusión, en donde la población local incida en el desarro-llo de sus comunidades a través de propuestas alternativas, teniendo a los DerechosHumanos como un referente de su acción.

Conjuntamente con el grupo coordinador de seguimiento al problema del río Atoyac,conformado por integrantes de los comités de la Pastoral Social de Derechos Humanosde la Diócesis de Tlaxcala y habitantes de las comunidades de San Lucas Atoyatenco ySanta Ana Xalmimilulco, se ha generado el proceso de estimaciones de efectos ambien-tales, registro y documentación de casos médicos y el regreso de la información produc-to de la investigación a través de reuniones comunitarias y la edición del boletín mensual“El Atoyac”.

De la información con la que se cuenta hasta el momento producto del trabajo de inves-tigación surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el origen de las sustancias químicasencontradas en los cuerpos de agua y el suelo? ¿Tienen una relación con los daños a lasalud encontrados? ¿Cómo explicar que la mayor cantidad de casos registrados pordaños a la salud se ubican en la comunidad de San Baltazar? ¿Cómo inciden los aspec-tos legislativos, cuando las normas ambientales no contemplan la contaminación porcompuestos orgánicos volátiles ni color de las aguas?

III. De la conciencia a la toma de posición

Como resultado del proceso de acompañamiento al espacio de coordinación de esfuer-zos en torno al proyecto de Daños a la Salud y al Medio Ambiente por la ContaminaciónDEL Río Atoyac, se han detectado problemas importantes que requieren de establecerlas responsabilidades de cada uno de los actores sociales asentados en la región. Em-presas, gobiernos locales, dependencias estatales y agricultores, tienen responsabilida-

des parciales sobre la generación y proliferación de la contaminacióndel río y sus probables efectos en la salud de la población.

Desde ésta perspectiva, para el Centro Fray Julián Garcés es impor-tante tomar una posición clara respecto de las responsabilidades delEstado con respecto de ésta problemática:

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1. El Estado y sus instituciones, deben asumir su papel como rectoras del desarrolloregional y nacional, priorizando por encima de todas las consideraciones econó-micas y políticas, garantizar un nivel de vida adecuado a los habitantes de unaregión. En el caso de las poblaciones asentadas en los márgenes del Río Atoyacse ha priorizado el desarrollo industrial y urbano sobre la base de generación deempleos y satisfacción de intereses económicos particulares de las empresas,trasnacionales algunas de ellas, y la depredación del medio ambiente.

2. A pesar de los esfuerzos del gobierno del estado por establecer un Plan Rectorpara el rescate de los Ríos Atoyac y Zahuapan, los esfuerzos son insuficientes sisolo van acompañados de medidas que regulen las emisiones de residuostóxicos que las empresas puedan generar de forma conjunta. Es decir, no bastacon certificados individuales de empresas que cubran con índices aceptables dedescarga de residuos, si la combinación de esos residuos puede dar comoresultado la transformación de un río, en canales de aguas residuales.

3. Frente al problema de la contaminación y de los daños a la salud, es importanteque el gobierno del estado no tenga una posición defensiva y de negación de laproblemática, aislando los problemas que se presentan en estadísticas compa-radas, sino que pueda establecer medidas de prevención en el terreno de lasalud pública.

El proceso que ha acompañado, y seguirá acompañando el Centro Fray Julián Garcés,requiere de una estrategia clara en el terreno público. Para ello, el Centro Fray JuliánGarcés se compromete a hacer públicos los resultados de los estudios técnicos que sehan estado elaborando en el marco de nuestro proyecto, siempre en acuerdo con laspersonas y comunidades afectadas, hacia finales del primer semestre de 2004.

Así mismo, el Centro Fray Julián Garcés, junto con las personas y comunidades afec-tadas, establecerá una Agenda de Diálogo con las autoridades de los gobiernosestatales de Puebla y Tlaxcala para incidir en la problemática y sugerir las posiblesvías de solución.

Para ello, el Centro Fray Julián Garcés documentará los casos de lascomunidades como violaciones a los derechos Económicos, Sociales,Culturales y Ambientales, y lo denunciará en su momento ante las ins-tancias locales, nacionales e internacionales de derechos humanos.

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3.6 “Mártires del Río Santiago”Informe sobre Violaciones al Derecho a la Salud

y al Medio Ambiente, en las Poblacionesde Juanacatlán y el Salto, Jalisco

Enero de 2006Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC.

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponerde agua suficiente, salubre, aceptable, accesible

y asequible, para el uso personal y doméstico”. 1111133

I. Antecedentes y hechos

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción

El grave deterioro ecológico en los municipios de El Salto y Juanacatlán en el estado deJalisco, en particular del río Santiago (que cruza por ambos municipios), ha sido provoca-do por las grandes concentraciones de contaminantes producto tanto de la industria quecircunda a los municipios mencionados, como por las aguas residuales municipalesprovenientes de la zona metropolitana de Guadalajara. La falta de aplicación efecti-va de las leyes ambientales mexicanas por las autoridades en materia ecológica, asícomo la falta de conciencia de empresarios y ciudadanos en general, además de teneruna afectación al medio ambiente, tiene un grave impacto a la salud de los habitantesde las riveras del río.

Ubicación GeográficaLos municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, se ubican a sólo 35kilómetros de distancia de la ciudad de Guadalajara y forma parte delcomplejo de municipios que conforman la Zona Metropolitana deGuadalajara (ZMG) en conjunto con: Guadalajara, Zapopan, Tonalá yTlaquepaque, Tlajomulco.

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Los municipios de Juanacatlán y El Salto suman juntos más de 150,000 habitantes; y esen El Salto en el que se encuentra uno de los corredores industriales más importantes delestado de Jalisco. Tan sólo en las dos cabeceras hay un total de 26.579 personas, deestas 8,117 personas en la cabecera de Juanacatlán y 18,462 en la cabecera de El Sal-to134. El área de las cabeceras municipales es aproximadamente de 7.5 kilómetros.

Situación HídricaEl río Santiago forma parte de un sistema hidrológico que se considera uno de los másimportantes del país, tanto por su extensión, como por su número de habitantes. Dichorío es parte de la Región Hidrológica-Administrativa XII “Lerma-Santiago-Pacífico”. Iniciasu escurrimiento en el lago de Chapala, en su parte noreste, a unos 4 Km. al suroeste deOcotlán, y cuenta con una longitud total aproximada de 562 Km. En su tramo de allíhasta El Salto, recibe aguas residuales tanto industriales como municipales de entre lasque destacan las de la industria químico-farmacéutica, y empresas tales como Celanese,Ciba135, IBM y Nestlé, y las de la zona industrial de El Salto con 28 empresas, y Ocotlán; delparque industrial Guadalajara con 37 empresas, así como de las industrias situadas a lolargo del anillo Periférico Sur de Guadalajara. Asimismo, la de los arroyos Los Sabinos; LaCapilla; Rancho Alegre; El Ahogado; y los efluentes secundarios de las plantas de trata-miento de la cabecera municipal de El Salto, Ocotlán y Atequiza.136

Las descargas industriales son mayores en número más no en volumen a las municipa-les (aunque no por ello éstas últimas son de menor relevancia). En el tramo en que seencuentra la Presa del Ahogado, el río Santiago es recipiente de un aproximado de 815litros por segundo de aguas residuales crudas (no tratadas) provenientes de la parte surde la zona conurbada de Guadalajara (municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan,y El Salto) que llegan vía los arroyos de El Ahogado y Arroyo Seco.137 Hidrológicamente losmunicipios de Juanacatlán y el Salto, son de los más bajos de toda la región; ello implicaque las aguas residuales o desagües que provienen de los drenajes urbanos de loscinco municipios (Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque) y que sonvertidos en el río Santiago sin tratamiento alguno vía el arroyo del Aho-gado, vayan a parar finalmente a dichos municipios.

De las 280 descargas identificadas por la Comisión Nacional del Agua(CNA), 266, están en la cuenca del río Santiago. El 36.5 % de este flujo,lo aporta la industria química - farmacéutica, le siguen la industria de

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alimentos y bebidas con un 15% y la textil con 12.3%; después vienen las de celulosa(papel) y la tequilera.138

Un muestreo de la calidad del agua de las descargas de las industrias de la región,caracterizadas por cuatro empresas: Nestlé; Celanese/Industrias Ocotlán; Cydsa Crysel yla granja porcina en Tololotlán, mostró que ninguna satisface los límites máximos permi-sibles de contaminante (promedio mensual) en las descargas de aguas residuales regu-lados por la NOM-001 ECOL 1996, en los parámetros de demanda bioquímica de oxíge-no (DBO), nitrógeno total y coliformes fecales. Los sólidos suspendidos totales (SST) loincumplen 3 de las descargas salvo Nestlé; en cuanto a sólidos sedimentables (SS) loincumple con amplitud Celanese/Industrias Ocotlán, así como la granja porcícola; estaúltima también incumple los límites máximos permitidos de fósforo total. La empresaCiba, caracterizada en el mismo estudio, no satisface la concentración máxima de SST yNitrógeno total, aunque cabe precisar que el incumplimiento es menor, 4.3 % en sólidosy 1.2 % en nitrógeno.139

Se encontró que las descargas industriales, contienen elementos contaminantes de difí-cil remoción y asimilación en los sistemas de tratamiento biológico y en los ecosistemasacuáticos que causan una afectación total al medio ambiente. Estos contaminantes pre-sentan alta resistencia a la degradación al ser de tipo refractario o incluso tóxico para losmicroorganismos y otras formas de vida.140

Otra causa de contaminación del río Santiago, se refiere a los lodos de la planta detratamiento Industrial dentro del Cárcamo de bombeo del SIAPA en la colonia de laHuizachera, municipio de El Salto, en el afluente del Arroyo de El Ahogado, que trae asi-mismo los desechos sólidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En este lugarempresas particulares descargan lodos industriales, cobrándoseles $15.00 pesos me-tro3, sin que la planta procese los residuos de forma adecuada, vertiéndolos directa-mente al río.141

Todo lo anterior muestra la grave situación hídrica en la que se en-cuentra el río Santiago, especialmente a la altura de las poblacionesde Juanacatlán y El Salto, que ameritan una urgente intervención delas autoridades ambientales mexicanas, según sus respectivas com-petencias.

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Consecuencias de la contaminaciónLa pestilencia que inunda las cabeceras de ambos municipios Juanacatlán y El Salto, esel síntoma más evidente de una problemática que está generando graves daños a lasalud y al medio ambiente, donde químicos y materia orgánica se mezclan y descompo-nen en este sitio.

De la misma manera, la incorporación de los municipios de El Salto y Juanacatlán a laZona Metropolitana de Guadalajara ha facilitado la anexión de industrias que impactanla salud pública tales como la de residuos sólidos municipales (basura), variosincineradores y el riesgo que representa el Centro de Distribución regional de PEMEX.

Con un impacto directo en la salud pública, se encuentra la producción de ácidosulfhídrico, derivada de la descomposición de la materia orgánica y otros materialesen el fondo del río entre Juanacatlán y El Salto. Éste ácido, se encuentra encapsuladoen los lodos del río, mismos que al ser arrastrados por la corriente y caer en la cas-cada de aproximadamente 60 metros de altura, es producido a través del sistemaanaeróbico; su inhalación, produce enfermedades relacionadas con afeccionespulmonares.

Cercanas a esta cortina de agua, se ubican las escuelas Mártires del Río Blanco y LasOrtiz (con dos turnos), ambas al margen del río en la población de El Salto. Según elanálisis de Juan Gallardo en el 2000 había 5 629 estudiantes a nivel primaria y secunda-ria142 en las dos cabeceras municipales, representando el 21.17 % de la población total,mayormente en El Salto. Tan sólo la escuela Mártires del Río Blanco tiene 595 estudian-tes, y Las Ortiz 962 alumnos. La cercanía de estos dos planteles educativos a la caída deagua mencionada, advierte severos riesgos a la salud de sus ocupantes. Asimismo, ob-serva la gran cantidad de espacios públicos recreativos y deportivos en ambos poblados(al menos existen 7 clubes deportivos).

22222. Daños al medio ambiente. Daños al medio ambiente. Daños al medio ambiente. Daños al medio ambiente. Daños al medio ambiente

Desde la perspectiva ambiental son diferentes los estratos (aire, aguay suelos) a los que se puede impactar como consecuencia de la conta-minación química, la exposición o daño a las especies acuáticas y te-rrestres, y el deterioro de los bienes materiales.

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La exposición al ambiente de sustancias peligrosas, ocurre a partir de emisiones al aire;desechos en el agua y fugas y derrames vertidos sin tratamiento alguno, afectando aseres humanos y a organismos vivos, por lo que la problemática asunto ambiental debeverse en sus distintos niveles.

AntecedentesEl antecedente directo del grave deterioro ambiental de la zona de Juanacatlán y El Salto,surge a partir de la instalación de plantas industriales a finales de los años 70 y de laZona Industrial de El Salto, que se trasladó de la ciudad de México a ésta región, por

órdenes de Luis Echeverría. La empresa Nonatex Mezclilla fue una delas primeras en establecerse. Los vertidos al río por este desarrolloindustrial fueron cambiando su composición, y la normatividad se que-dó atrás en el remedio y control de estos impactos; hubo una multipli-cación del daño, sin que los causantes pagaran por éste, ya que lasprimeras normas se reglamentaron en 1994.

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Sociales,Culturales


Es por lo anterior, que para los pobladores, el establecimiento de las industrias en El Saltoy la zona aledaña, representa, desde los años ochentas, una acción realizada con todaalevosía y ventaja, puesto que se sabía de antemano que no existía normatividad parareglamentar la contaminación del río, de sus afluentes y de los desagües industrialesque causarían.144

Sin embargo, para muchos de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, el agravante dela contaminación del agua y el deterioro de la naturaleza se da a partir del estableci-miento de la planta Ciba-Geigy en los años setentas.

Existían en el Santiago antes de la crisis ambiental, varias especies de fauna de río talescomo bagres, pescado blanco, boquinetes, carpas, culebras de agua, víboras, sapos,ranas, patos migrantes de temporada, tlacuaches, armadillos, etcétera, devastadas ac-tualmente, así también diversas variedades de flora (plantas y árboles rivereños) que sefueron secando con el paso de los años, destacando los mangares ubicados al margendel río a la altura de la población de Juanacatlán.

Uno de los elementos a considerar en la pérdida de flora y fauna en la zona de estudio(afluentes del Río Santiago, de Ocotlán hasta su llegada a El Salto) es la calidad del aguaque rebasa los límites máximos permisibles de145:

1. Nitratos y sulfatos, así como el mínimo permisible de oxígeno disuelto.2. Grasas, aceites y sólidos disueltos en el líquido.3. Coliformes fecales, para todos los usos agrícolas, así como para el uso recreativo

con contacto directo.146

La cuenca Lerma-Santiago es hoy en día, el caso clásico de contaminación por fuentesmúltiples y diversas identificadas (no difusas), pero cuyo grado de responsabilidad esdifícil determinar. Uno de los casos más representativos de esta contaminación es laBarranca del Río Santiago y la población de Juanacatlán.147

Cabe destacar que al respecto se abrió en 2003, un acta de investiga-ción en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Desgra-ciadamente las autoridades ambientales no actúan con prontitud anteeste grave problema, no obstante las denuncias presentadas por el

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Instituto Vida AC de Juanacatlán solicitando que se le presenten evidencias de los agen-tes responsables, que implican la realización de investigaciones costosas.

33333. Daños a la salud. Daños a la salud. Daños a la salud. Daños a la salud. Daños a la salud

El derecho a la salud debe entenderse como el del disfrute de toda una gama de facili-dades, bienes, servicios, y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posiblede salud.

Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos, que promueven y conceden unacceso total sin discriminación, a condiciones en las cuales las personas pueden llevaruna vida sana, entre ellos el acceso a agua limpia, potable y a condiciones sanitariasadecuadas; condiciones de trabajo seguras y sanas; a un medio ambiente sano, y alacceso a la información y educación sobre cuestiones relacionadas con la salud.148

La afectación en la salud de la población de El Salto y Juanacatlán, se advierte en el altoíndice de personas enfermas de afecciones respiratorias, un aumento notable de casosde cáncer, afecciones renales, hepáticas y tifoidea, todas ellas ligadas al problema de lacontaminación del agua. Aún cuando las instituciones de Salud Pública en Jalisco nieganel problema, médicos particulares que habitan la zona han alertado a la población paraque se aleje lo más que pueda del río Santiago y de su cascada.

Derivado de la caída del agua, se produce ácido sulfhídrico, que es liberado y esparcidopor el viento entre ambas poblaciones. El ácido sulfhídrico (H2S) es considerado un vene-no de afectación a todo ser vivo. Sus efectos inmediatos por inhalación en el ser humanoson dolores de cabeza, conjuntivitis, irritación de garganta, etcétera. La presencia de esteácido en el ambiente de Juanacatlán y El Salto produce mal olor (huevos podridos) afectan-do la calidad del aire de sus habitantes, que a largo plazo puede producir efectosneurológicos o padecimientos crónicos.149 El asma como una de las enfermedades con

incidencia importante en la región, es exacerbada con la presencia dedicho ácido.

En el caso de los menores, éstos son más proclives a la afectación desu derecho a la salud debido a su exposición al aire libre. Los niñosrespiran más rápido que los adultos, inhalando dos veces más aire

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que éstos. Asimismo pasan casi el 50 % del tiempo al aire libre y son tres veces másactivos, practican deportes y juegos, actividades durante las cuales su ritmo respiratoriose incrementa así como su inhalación.

El presidente municipal de Juanacatlán, Raymundo Orozco, sí considera que hay un pro-blema de salud, señalando que “se nos han incrementado mucho los casos de cánce-res. Yo creo que sí nos está afectando la contaminación de los gases que emana el río.Me baso en las estadísticas. Cuando usted pregunta a los dolientes ¿de qué murió?Todos contestan de cáncer.”150

Según la Secretaría de Salud de Jalisco, en el año de 2002, las siguientes 10 enfermeda-des, fueron las principales causas de defunciones en Juanacatlán y El Salto151.

Enfermedades del corazón.Diabetes mellitus.Tumores malignos.Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.Infecciones originadas en el periodo pre-natal.Parálisis cerebral y otros síndromes.Enfermedades cerebro vasculares.Insuficiencia renal.Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas.

Asimismo, se tiene el dato del Sistema Nacional de Salud quien a través de la DirecciónNacional de Epidemiología, emite un gráfico en el que determina los casos nuevos deenfermedad de la semana 01 hasta la 53 del 2003, y en el que, en obvio de repeticionesse resume en los padecimientos con mayor índice de casos de los municipios de El Saltoy Juanacatlán.

EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades El SaltoEl SaltoEl SaltoEl SaltoEl Salto JuanacatlánJuanacatlánJuanacatlánJuanacatlánJuanacatlán-Infecciones respiratoriasagudas 16,350 805-Infecciones intestinales porotros organismos 3,196 23-Asma y estado asmático 191 4

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La proliferación de moscos por el estancamiento del agua en la cortina del puente de lacascada (producto de la contaminación de las aguas, lo que además les alimenta) cau-sa molestias en la población, dado que transmiten enfermedades epidemiológicas dediversos tipos como el dengue.

44444. Gestiones realizadas ante las autoridades. Gestiones realizadas ante las autoridades. Gestiones realizadas ante las autoridades. Gestiones realizadas ante las autoridades. Gestiones realizadas ante las autoridades

En cuanto a las autoridades estatales, el Instituto Vida envió al gobernador de Jalisco unasolicitud para que fuera atendido el grave problema de salud y medio ambiente enJuanacatlán. El despacho del gobernador a su vez remitió solicitudes a varias depen-dencias del ámbito estatal, de entre las que se encuentran la Comisión Estatal de Agua ySaneamiento (CEAS) y la Secretaría de Salud. La única respuesta fue por ésta última, conel estudio y la erradicación del mosco en la cascada en abril de 2004, dada la transmi-sión del arbovirus que provoca el dengue (enfermedad endemoepidémica).

Respecto de las autoridades federales, el ciudadano Rodrigo Saldaña envió el 10 julio de2002 una solicitud a la presidencia de la republica para atender el problema de la con-taminación. En respuesta se remitió copia del escrito a la Procuraduría Federal de Protec-ción al Ambiente (PROFEPA) en tanto que ya existía una denuncia popular presentadacon antelación por parte de otro ciudadano en 2001. Dicha denuncia se remitió a la Di-rección General de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Ésta dependencia contestó quemantiene un monitoreo permanente de la calidad del agua del río Santiago y que losparámetros evaluados muestran estar dentro de la norma. Continuó manifestando quesegún la Red Nacional de Monitoreo, si bien los cuerpos de agua se encuentran conta-minados, están dentro de la norma por el uso agrícola e industrial que guardan.

Posteriormente y a mayor solicitud de pruebas la CNA reiteró que el río se encontrabaaltamente contaminado y que la CEAS estaba realizando trabajos de saneamiento de laCuenca del Ahogado. Con esos datos, la PROFEPA dio por concluida la denuncia popular

en diciembre de 2003, dada la inexistencia de violación a lanormatividad ambiental.

En noviembre de 2003 el Instituto Vida AC vuelve a interponer otra de-nuncia popular ante PROFEPA, vía su delegación en Jalisco. Solicitó sehiciera un plan conjunto por los tres niveles de gobierno a efecto de

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erradicar la contaminación que sufría la gente de Juanacatlán. La PROFEPA aceptó ladenuncia popular y remitió nuevamente a la Gerencia Regional de la CNA el caso; asi-mismo, solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Jalisco para atender la emergen-cia sanitaria. Hasta febrero de 2006, los denunciantes no habían sido notificados deltrámite.

El 2 de abril de 2004, la entonces delegada de la PROFEPA en Jalisco, Martha Ruth delToro, realizó una inspección a la zona. No obstante el haberse percatado de la proble-mática, no tomó acciones contundentes para remediarla.

En el ámbito interamericano, el 15 de mayo de 2003, el Instituto de Derecho AmbientalAC (IDEA) y el Instituto VIDA AC, junto con otras organizaciones civiles presentaron porescrito formal denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado deLibre Comercio para América del Norte, por la falta de aplicación efectiva de diversanormatividad ecológica nacional, alusiva al manejo, gestión, protección, preservación,aprovechamiento y calidad del agua en México, en el caso de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, lo que provoca el grave deterioro ambiental y desequilibrio hídrico dela misma, así como el riesgo de que el lago de Chapala y el hábitat de aves migratoriasque llegan al mismo, desaparezcan.

El 18 de mayo de 2005, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental,resuelve que la denuncia, amerita la elaboración de un expediente de hechos, para co-nocer más a fondo el problema, procedimiento que se encuentra aún en espera de queel Consejo de la CCA emita una resolución autorizando o no la preparación de dichoexpediente.

II. Evidencias

a. Derecho a un Medio Ambiente Sanoa. Derecho a un Medio Ambiente Sanoa. Derecho a un Medio Ambiente Sanoa. Derecho a un Medio Ambiente Sanoa. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Documental pública consistente en el informe final del estudiode monitoreo y modelación de la calidad del agua de los RíosSantiago y Verde del estado de Jalisco, realizado por AYMAIngeniería y Consultoría a solicitud de la Comisión Estatal de

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Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco de octubre de 2003 y publicado por éstaen su página Web, del que se desprenden los siguientes elementos:

Extracto del Cuadro de la Calidad del agua cruda y tratada de localidades y descargascon información específica, SIAPA y CEAS (capítulo cuatro, cuadro 4-3 página-7)


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ZMG, 815.7 331 404 50 31 19 13.1el Ahogado

2. Documental pública consistente en la Norma Oficial Mexicana NOM 001 ECOL1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en lasdescargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (punto 4.3 especifi-caciones, tabla 2). Si es de su interés consultar dicha tabla visite la siguientedirección electrónica: www.convergencia.org.mx o www.cedhj.org.mx.

3. Documental pública consistente en las copias del acta de investigación 23/03/IIIde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), abierta de oficiocon motivo de las notas periodísticas del 12 y 17 de marzo de 2003 del diario “ElOccidental”, en las que se lee: Grave contaminación porque no funciona la plantade tratamiento y Mortal, el agua del río Santiago. Entre otras cosas, las notasrefieren que los habitantes de El Salto, sufren un deterioro en su salud debido a lagrave contaminación que originan las aguas negras a cielo abierto, así como la

falta de funcionamiento de una planta tratadora de aguas.

Requeridos por información, el 12 de mayo de 2003 el presidente mu-nicipal de El Salto, refirió que dicho Ayuntamiento celebró un conveniocon su homólogo de Juanacatlán y la Secretaría de Desarrollo Ruraldel estado, para desazolvar y eliminar el lirio de las aguas del río San-

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tiago. Asimismo, manifestó la necesidad de ampliar la planta de tratamiento ubicadaen dicha cabecera municipal y construir otras con el apoyo de los gobiernos federaly estatal.

El 2 de julio de 2003, el presidente municipal de Juanacatlán Jalisco, expresó: “trabajo enforma conjunta y a lo tanto con acciones tendientes a favor de mi comunidad y vecindaden el saneamiento de las aguas que también se tratan, su uso y destino”.

El ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, gerente regional de la Comisión Nacional delAgua informó el 1 de julio de 2003, que la planta de tratamiento de aguas residuales queopera en la localidad de El Salto, lo ha venido haciendo con ciertas deficiencias, y que suoperación es responsabilidad de dicho Ayuntamiento.

El ingeniero Enrique Dau Flores, director general de la Comisión Estatal de Agua y Sanea-miento del Estado de Jalisco, informa a la CEDHJ mediante Oficio DG-840/2003 del 27 deagosto de 2003, que:

[…] éste problema de contaminación y emanación de malos olores entre las poblacio-nes referidas, es causa de las descargas de aguas crudas sin previo tratamiento que sevierten en la cuenca del río Zula y Santiago por los centros de población, e industriasasentadas en la región, incluyendo granjas porcícolas y que finalmente son transporta-das y conducidas por el río, ocasionando en su paso el malestar en los habitantes de lazona.

Finalmente, responsabiliza del cuidado, uso y destino de las aguas del Santiago a laComisión Nacional del Agua (CNA).

El 29 de septiembre de 2003, la tercera visitaduría general, remite todo lo actuado alDirector de Quejas, Orientación y Seguimiento del mismo organismo, para lo que tuvieraa bien determinar, ya que advierte que de la información recabada,queda claro el compromiso y voluntad de las autoridades por dar unasolución a la problemática que implica la contaminación del agua quecorre por los ríos Santiago y Zula. Asimismo, porque se constató porpersonal de dicha visitaduría, que las plantas tratadoras de aguasresiduales ubicadas en los municipios de El Salto y Juanacatlán, se

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encontraban funcionando, por lo que dichas plantas no eran las causantes de la conta-minación ambiental en la zona. Debido a estos argumentos, se determinó archivar elcaso.

4. Documental privada consistente en el informe de resultados respecto de losestudios realizados por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología yDiseño del Estado de Jalisco, A.C. (Ciatej) el 18 de junio de 2004, con número DS36193/2004, en las que obra el resultado de los análisis de las muestras deresiduos (lodos) de la laguna negra del crucero el Verde-Castillo el Salto, resultan-do lo siguiente:

Determinación Unidad Resultado

Arsénico (mg/kg) 3,97Cadmino (mg/kg) 0,589Cromo (mg/kg) 235Cobre (mg/kg) 29,50Plomo (mg/kg) 38,1Mercurio (mg/kg) Mayor que 0,01Níquel (mg/kg) 92,1Zinc (mg/kg) 990Coliformes Fecales (NMP/g base seca) 2 400 000Detección de Salmonella (NMP/g base seca) 2 300

Referencia analítica:

NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisismicrobiológico.NOM-AA-042. Determinación del número más probable de coniformes totales y fecales.NOM-114-SSA1-1994 Métodos para la determinación de Salmonella en alimentos.Manual de métodos de análisis por espectrofotometría de absorción atómica Perkin Elmer.NOM-117-SSA1-1994 Método para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño,

cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y purificadapor espectro-fotometría de absorción atómica.

5. Documental privada consistente en los informes de resultados delestudio de aguas realizados por Microanálisis de Occidente, SC. El pri-mero de ellos solicitado en febrero de 2004 por el Instituto de Derecho

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Ambiental AC. analizó los diferentes componentes contaminantes que se pueden en-contrar en fuentes hídricas.

Para su realización se tomaron muestras en diferentes afluentes y zonas del río Santiago;del Canal del Ahogado, de la presa del mismo nombre, y de su desembocadura al ríoSantiago. Asimismo, en diversos puntos del propio río Santiago en su parte más baja, esdecir, desde El Vado (en la descarga residual de la empresa Ciba) en Miraflores, y en laCascada de El Salto de Juanacatlán.

Sus resultados fueron los siguientes:

a) Las aguas analizadas se encuentran fuera de cuando menos, uno de los límitespermitidos por la NOM- OO3-ECOL-1996, para considerarlas adecuadas a losusos de riego, contacto directo o indirecto con personas o animales. Constituyenademás un foco de exposición y riesgo químico (ácido sulfhídrico) y bacteriológico(coliformes) a personas y animales.

b) En DBO las muestras se encuentran por encima en los parámetros permisiblesen un rango de 100 a 1,000%.

c) En Grasas y Aceites las muestras se encuentran por arriba de los límites permisi-bles para el contacto directo según la en un rango del 25 al 150 %.

d) En cuanto a sólidos suspendidos (SS), el 80 % de las muestras están por arriba delos límites permisibles para el contacto directo en un rango del 1500%.

e) En coliformes fecales, las muestras analizadas se encuentran muy por encima delos límites permisibles, lo que representa un foco de infección a cielo abierto en eltrayecto de las aguas analizadas.

f) En relación con el color, las muestras se encuentran también fuera de los límitespermisibles de acuerdo a la NOM-127-SSAI-1994, en un rango del 100 al 700%.

g) El ácido sulfhídrico se detectó en concentraciones altas.

En el segundo estudio, elaborado también por Microanálisis de Occi-dente, SC. de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, solicitado por el dipu-tado Manuel Villagómez en junio de 2004, se hace el comparativo delICA (índice de calidad del agua) en el río Verde, en el Canal del Ahoga-do y en partes del Río Santiago, en período de estiaje, dando comoresultado lo siguiente:

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Índice de Calidad del AguaÍndice de Calidad del AguaÍndice de Calidad del AguaÍndice de Calidad del AguaÍndice de Calidad del Agua

Lugar Calificación

Presa de Poncitlán 50Cascada de Juanacatlán (lluvias) 47.45Puente de Matatlán 50.41El Vado 48.50Miraflores 44.45Puente del AhogadoPuente del AhogadoPuente del AhogadoPuente del AhogadoPuente del Ahogado 29.5729.5729.5729.5729.57Canal de salida de la PresaCanal de salida de la PresaCanal de salida de la PresaCanal de salida de la PresaCanal de salida de la Presadel Ahogadodel Ahogadodel Ahogadodel Ahogadodel Ahogado 31.1131.1131.1131.1131.11Fraccionamiento Los CiruelosFraccionamiento Los CiruelosFraccionamiento Los CiruelosFraccionamiento Los CiruelosFraccionamiento Los Ciruelos 39.8239.8239.8239.8239.82El MuelleEl MuelleEl MuelleEl MuelleEl Muelle 31.2931.2931.2931.2931.29Cascada de Juanacatlán (estiaje) 48.57

6. Pruebas técnicas consistentes en dos video grabaciones editadas por el InstitutoMexicano para el Desarrollo Comunitario AC, de los lugares antes descritos, asícomo material fotográfico. Asimismo, la videograbación en la que consta la visitaa la zona de la entonces delegada de la PROFEPA en Jalisco Martha Ruth delToro.

b) Derecho a la Saludb) Derecho a la Saludb) Derecho a la Saludb) Derecho a la Saludb) Derecho a la Salud

1. Documental privada, consistente en el acta circunstanciada levantada por personaldel Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. en la que se hace constar elnúmero y causas de defunciones del 2005 en el municipio de Juanacatlán Jalisco, conlos siguientes resultados:


Tipo de afecciones No de casosInfartos 4Insuficiencia renal crónica 4Diversos tipos de cánceres 10Enfermedades respiratorias 13Diabetes mellitus 1Otros 7TTTTTotalotalotalotalotal 3737373737(en dos casos se presentaron dos afecciones en la misma la misma persona)

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2. Documental privada consistente en las copias de la Tesis que para obtener el grado deMaestría en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, sustentó Juan Gallardo Valdez,titulada: “Estudio Ambiental del Ácido Sulfhídrico como contaminante del aire en las co-munidades de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 2004-2005”.Para efectos del estudio, se seleccionó un radio de 1.5 kilómetros alrededor de la casca-da de El Salto de Juanacatlán, particularmente en sitios públicos tales como: parques,deportivos y escuelas (jardín de niños, primarias y secundarias).

Del muestreo realizado se encontró que en la mayor parte de los puntos el promedio fuede 2 ppm152, aproximadamente el 10 % de los registros oscilaron entre 4 y 6 ppm; sólo enuna ocasión se detectaron 7 ppm, en la toma del puente de la cascada. Los efectosfisiológicos más significativos de la exposición prolongada al ácido sulfhídrico son:

Lesión grave ocularParálisis olfativaPeligro inmediato para la vida y salud (IPVS)Edema pulmonarColapso inmediato y parálisis respiratoria

El estudio contiene asimismo, 166 entrevistas a niños de las localidades del Salto yJuanacatlán, en 100 viviendas cuyo resultado se advierte a continuación: en promedio el50 % manifestó tener enfermedades (73 % diagnosticadas por un doctor); los padeci-mientos mayores fueron enfermedades de tipo respiratorio, 49.2%, con gripa, 44.6 %dolor de garganta, y el 4.6 % enfermedades de la piel, como salpullido. Al mismo tiempose reportaron padecimientos crónicos; el 83 % dijo tener fuertes dolores de cabeza y un7.69 % náuseas.

En sus conclusiones el académico refiere:

1. En el aire, la presencia de ácido sulfhídrico representa un riesgo por sureactividad al transformarse, favoreciendo la lluvia ácida.

2. Más de un tercio de la población de estos municipios manifies-ta el padecimiento de problemas respiratorios.

3. La generación y emisión a la atmósfera del ácido sulfhídrico,puede ser considerado como una fuente fija, lo queresponsabiliza a la autoridad federal de su control.

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3. Documental privada consistente en la propuesta de decreto formulada por la DoctoraRaquel Gutiérrez Nájera del Instituto de Derecho Ambiental AC en la que se declara:Por causa de utilidad pública e interés social, zona de acción extraordinaria en materiade salubridad general, reglamentada y de restauración ambiental la región territorialcorrespondiente al municipio de Juanacatlán, del estado de Jalisco y que se encuentraen la Región Hidrológica XII formada por los ríos Lerma-Chapala-Santiago, con el objetode recuperar la salud ambiental e hidrológica de los habitantes del municipio deJuanacatlán, Jalisco de tal manera que se garantice el derecho de la población a vivir enun medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

4. Prueba técnica consistente en la videograbación realizada por TV Azteca, respecto dela situación de salud en El Salto.

III. Justificación (motivación y fundamentación)

a) Derecho a un Medio Ambiente Sanoa) Derecho a un Medio Ambiente Sanoa) Derecho a un Medio Ambiente Sanoa) Derecho a un Medio Ambiente Sanoa) Derecho a un Medio Ambiente Sano

MotivaciónSe concibe al derecho a un medio ambiente sano como “una potestad que tenemostodos para exigir un cambio en las formas de tenencia, propiedad, aprovechamiento,destino, producción y desperdicio de los recursos naturales”153

Partiendo de la base que las afectaciones a cualquier tipo de fuente de agua154 o mantoacuífero es una afectación al medio ambiente sano, entonces podremos determinar laexistencia de violaciones a este derecho humano, además de las consecuentes afecta-ciones a la existencia de flora y fauna en su interior.

Se viola este derecho, cuando se omite realizar aquellas conductas que impidan la inci-dencia negativa o que fomenten la incidencia positiva, de los compo-nentes físicos, químicos, biológicos y sociales en los seres vivos, en lasactividades humanas y el medio ambiente, impidiendo el disfrute auna vida digna y a la salud; asimismo, al no crear y mantener la infra-estructura de servicios ambientales, o no prestarlos de manera efi-ciente y oportuna.

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En atención a ello, se comprobó la violación al derecho humano, que se refiere a gozarde un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues las condiciones de lacalidad del agua del río Santiago, a la altura de las poblaciones de Juanacatlán y El Salto,rebasan los límites permisibles según la NOM 001 ECOL 1996, que establece los límitesmáximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienesnacionales, a que hace referencia la evidencia dos de este derecho, y las autoridadesencargadas de acatarla poco o nada hacen al respecto.

Estos problemas requieren una solución pronta y definitiva antes de que su dimensiónsea incontrolable para toda la sociedad, en especial para dichas autoridades.

Descargas de agua residual municipalLa Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) es, con mucho, la más importante fuente decontaminación de tipo municipal en la zona de estudio. Los emisores por los que sevierten sus aguas residuales al río Santiago, a través del arroyo del Ahogado, hacia lapresa del mismo nombre son:1. Emisor Garabatos2. Cárcamo Las Juntas

Según los resultados del informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad delagua de los Ríos Santiago y Verde, realizado por AYMA Ingeniería y Consultoría a solici-tud de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco (evidencia uno), seobservó que las descargas de agua residual al Ahogado, se encuentran por arriba dellímite permitido por la NOM-001-ECOL-1996 (evidencia dos). Mientras que la referida nor-ma permite para ríos de uso público urbano tipo B155 (en este caso el Santiago) un pro-medio mensual y diario respectivamente de 75 y 150 miligramos por litro de DemandaBioquímica de Oxígeno (DBO), la muestra de descargas de agua que deriva de la ZonaMetropolitana de Guadalajara es de 331 mg/l. Lo mismo podemos decir del parámetrode los Sólidos Suspendidos Totales (SST), como se muestra en la siguiente tabla:

Parámetro Descarga de la ZCG Prom.mensual Prom. diario

DBO 331 mg/L 75 150SST 404 mg/L 75 125

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Por “demanda bioquímica de oxígeno” (DBO), entendemos el requerimiento de oxígenonecesario para la vida acuática. En los procesos naturales de purificación de ríos y co-rrientes, la materia orgánica se oxida debido a la acción de micro organismos utilizandoel oxígeno disuelto en agua, por lo que cuando hay una alta carga de DBO, el agua seencuentra contaminada con materia orgánica, disminuyendo el oxígeno necesario parala vida acuática normal.

En cambio, con “sólidos suspendidos totales” (SST), nos referimos a aquella materia sóli-da que al quedar suspendida en el agua, provoca la disminución de la eficiencia delproceso natural de purificación, llegando a contribuir en el fenómeno de la eutrofizacióno pérdida del oxígeno.

Descargas no domésticas (industrial)En el estudio a que se refiere la evidencia uno, se realizó un muestreo de la calidad delagua de las descargas no domésticas de industrias de la región, caracterizadas porcuatro grandes empresas. Cómo se advierte en el primer capítulo de este estudio, (ante-cedentes y hechos página 6), de los resultados se observó que ninguna de las descar-gas, satisface los límites máximos permitidos según la NOM-001 ECOL 1996 (evidenciados). Estas descargas refiere el propio informe, contienen elementos contaminantes dedifícil remoción y asimilación en los sistemas de tratamiento biológico y en los ecosistemasacuáticos que causan una afectación total al medio ambiente, razón de más para pro-bar la violación a éste derecho.

En relación a la evidencia cuatro, consistente en los resultados de los estudios realizadospor el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,AC. (Ciatej) el 18 de junio de 2004, a los lodos ubicados en la laguna negra del crucero elVerde-Castillo el Salto, se advierte que si bien es cierto que no existe en México normaoficial que regule los límites máximos permitidos de contaminantes en sedimentos (lodos),podemos afirmar por simple lógica, que las concentraciones de algunos contaminantes

son mayores que en el agua, por lo que los resultados de referenciaen cuanto a la presencia de Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo,Mercurio, Níquel, Zinc y Coliformes Fecales, en el lodo, son alarmantes.

Asimismo, se hace evidente la violación al derecho a un medio am-biente sano, en los resultados de los estudios a que se hace referencia

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en la evidencia cinco, en los que se concluye que según el ICA (índice de calidad deagua), índice en el que se otorgan categorías a los diferentes valores que aparecen,según el grado de contaminación: de 50 a 40: contaminado fuerte, dudoso para consu-mo; de 40 a 20: contaminado en exceso, inaceptable para consumo humano.

El índice de calidad del agua (ICA) es un valor de escalas de 0 a 100 para determinar si uncuerpo de agua es apto o no para determinado uso: abastecimiento público, recreación,pesca, industria y agricultura. La Comisión Nacional del Agua (CNA) establece que loscuerpos de agua que se utilicen como fuentes de suministro de agua cruda parapotabilización deben tener un valor mayor de 50 puntos. El ICA se obtiene de los índicesde calidad individual de 18 parámetros de importancia sanitaria (oxigeno disuelto,coliformes, grasas y aceites, demanda bioquímica de oxigeno, detergentes, sustanciasactivas al azul de metileno, etc.).

Un exceso en el rubro de Grasas y Aceites, disminuye la capacidad de vida acuática, yaque estos elementos, son causantes de la poca disolución de oxígeno en el agua, siendoéste indispensable en el proceso biológico de purificación natural de las aguas residuales.

Estos datos demuestran que en los diversos puntos de las tomas que se realizaron en elCanal del Ahogado los niveles de contaminación del agua son alarmantes.

En cuanto a el acta de investigación 23/03/III, de la CEDHJ, (evidencia tres), se advierte desu contenido, que las diversas autoridades requeridas se “lavan las manos” y no respon-den respecto del fondo del problema o lo hacen parcialmente, refiriendo la no compe-tencia de su dependencia para aportar a la solución del mismo. La CEDHJ, en lugar dedar seguimiento al hecho originario de la posible afectación a la salud derivada de lacontaminación del río, se desvía poniendo su atención en el correcto funcionamiento delas plantas de tratamiento de aguas residuales de ambas poblaciones, sin que éstasconstituyan parte del problema.

b) Fb) Fb) Fb) Fb) Fundamentación jurídica del derecho al medioundamentación jurídica del derecho al medioundamentación jurídica del derecho al medioundamentación jurídica del derecho al medioundamentación jurídica del derecho al medioambiente sanoambiente sanoambiente sanoambiente sanoambiente sano

Según se advierte de lo anterior, se violan los siguientes instrumentosjurídicos:

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Derecho Interno ConstitucionalLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en sus artículos 4 y 133respectivamente que: “[…] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuadopara su desarrollo y bienestar. […]”. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Uniónque emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebradosy que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán laLey Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitu-ción, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en lasConstituciones o leyes de los Estados”.

Derecho Internacional de los Derechos Humanosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) DeclarativosLa Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano adoptada el 16 de juniode 1972, proclama:1. […] Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son

esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos funda-mentales, incluso el derecho a la vida misma.

2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestiónfundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico delmundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber detodos los gobiernos.

3. […] A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado porel hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminacióndel agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equili-brio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituiblesy graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, enel medio ambiente por él creado, especialmente en aquél en el que vive ytrabaja.

4. […] En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmen-te relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico.6. […] Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensose irreparables al medio ambiente terráqueo del que dependennuestra vida y nuestro bienestar. […] Para llegar a la plenitud de sulibertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conoci-mientos para forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor.

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La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generacio-nes presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad,que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya esta-blecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y deconformidad con ellas.

7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empre-sas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que lesincumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. […]Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de susjurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas yla aplicación de medidas en gran escala sobre el medio ambiente.[…].

Principios: Expresa la convicción común de que:Principio 1El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condicio-nes de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar unavida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar elmedio ambiente para las generaciones presentes y futuras […].Principio 6Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberaciónde calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neu-tralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debeapoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada en junio de1992, proclama que:Principio 10[…] En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la informaciónsobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la infor-mación sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunida-des, así como la oportunidad de participar en los procesos de adop-ción de decisiones […].Principio 13Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a laresponsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la con-taminación y otros daños ambientales. […]

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Principio 15Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente elcriterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño graveo irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón parapostergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir ladegradación del medio ambiente.Principio 16Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costosambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de queel que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, tenien-do debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversio-nes internacionales.La Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, establece en su artículo 25. a)“La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional e internacio-nal para la protección y mejora del medio humano”;b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes internacionales apropia-dos, de los recursos existentes en regiones del medio ambiente […] con el objeto decomplementar, en todo el país, sea cual fuere su situación geográfica, los recursos natu-rales disponibles para la consecución del progreso y desarrollo en lo económico y losocial, prestándose especial consideración a los intereses y necesidades de los paísesen desarrollo.

b) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) ConvencionalesEl Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del 16 dediciembre de 1966, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981, refiere en su artículo12.1. “Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona aldisfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”

“Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurarla plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:[...] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajoy del medio ambiente”.

Asimismo, la observación general número 15 sobre el derecho al agua,del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, creado por

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el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1985 con el objeto de interpre-tar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales(PIDESC), refiere sobre derecho al agua: la higiene ambiental, como aspecto del derechoa la salud amparado por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña laadopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que re-presenta el agua insalubre y contaminada por sustancias nocivas y microbios patógenos.Análogamente, los Estados Parte deben supervisar y combatir situaciones en las que losecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para vectores de enfermedades que puedanplantear un riesgo para el entorno humano.

En los principios de Limburgo, relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Dere-chos Económicos, Sociales y Culturales, junio de 1986, cuyo propósito fue el considerar lanaturaleza y el alcance de las obligaciones de los Estados Parte del Pacto, se advierte:10. “Los Estados Partes del convenio son responsables ante la comunidad internacio-

nal y ante sus propios pueblos por el cumplimiento de las obligaciones que sederivan del Pacto”.

17. “Los Estados Parte deberán hacer uso, a nivel nacional, de todos los mediosapropiados […] con el fin de cumplir con las obligaciones por ellos aceptadasbajo el Pacto”.

21. “La obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa aplicación de losderechos exigen que los Estados Parte actúen tan rápidamente como les seaposible en esa dirección…”

70. “El fracaso de un Estado Parte del Pacto de cumplir con una obligación del Convenioserá considerado como una violación al Pacto en Derecho Internacional”.

Dada la inminente situación de urgencia ambiental y de salud pública que prevalece enla zona de estudio, se advierte que el estado mexicano, en sus respectivos ámbitos decompetencia, no ha implementado aun todos los medios apropiados para cumplir conlas obligaciones derivadas del PIDESC y otros instrumentos jurídicos, en materiamedioambiental y de salud, lo que según el principio 70 de los Princi-pios de Limburgo, implica una violación al Pacto mismo.

Sistema Interamericanoa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) DeclarativosEn la Declaración en México sobre la Preservación del Medio Ambien-

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te en América Latina y El Caribe, fruto de la Primera Conferencia Interparlamentaria sobreel Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de México, del23 al 25 de marzo de 1983, se apunta: “[...] III. La encrucijada actual reclama solidaridadactiva y participativa de la comunidad internacional y, en consecuencia, es preciso desti-nar fondos para hacer posible el desarrollo y la protección del medio ambiente en formaparalela”. La conclusión final de la conferencia refiere:

Promoveremos que nuestros gobiernos desarrollen un sistema de planeación democrá-tica relativo al medio ambiente y adopten medidas de evaluación del impacto ambientalde las obras de infraestructura para proteger los mantos acuíferos, cuidar las zonas decaptación de las presas, preservar los bosques y conservar el suelo, como condicionespara que se den normalmente procesos hidrológicos locales y regionales y como la mejorforma de asegurar el desarrollo de estos recursos naturales.

Para ello, deseamos señalar la conveniencia de ordenar los asentamientos urbanos, losestablecimientos industriales y las explotaciones agropecuarias. Nos proponemos regu-lar las descargas industriales y domésticas no controladas sobre el medio biótico y abiótico;establecer reservas en sitios de recarga de los acuíferos, e incorporar sistemas de trata-miento y reutilización del agua, que en los últimos años ha sido uno de los recursos másvulnerados.

b) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) ConvencionalesEn el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Mate-ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobadopor la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 denoviembre de 1988, se establece: artículo 11: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en unmedio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados Partespromoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

Derecho Interno Federal y LocalEste derecho se encuentra tutelado, a su vez, en el ámbito nacional, enel artículo 1� y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-ción al Ambiente (LEGEEPA) y en el estatal, en la Constitución Política delEstado de Jalisco, en su artículo 4o; y en el artículo 9o, fracción X, de laLey Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reza:

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“Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como el deber deprotegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de ésta y otras leyes, tomaránlas medidas para preservar ese derecho».

En materia de medidas de seguridad, la LEGEEPA refiere en su artículo 170:

Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro gravea los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para losecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada ymotivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de se-guridad:

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como delas instalaciones en que se manejen o almacenen especimenes, productos osubproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o sedesarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere elprimer párrafo de este artículo;

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como deespecimenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestreo su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos,utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que dalugar a la imposición de la medida de seguridad.

III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales oresiduos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de esteartículo. Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente,la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establez-can en otros ordenamientos.

Derecho a la Saluda) Motivacióna) Motivacióna) Motivacióna) Motivacióna) Motivación

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) “la salud es unestado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la au-sencia de afecciones o enfermedades” (preámbulo de la Constituciónde la OMS).

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La conjunción de evidencias, por un lado, los datos de la Secretaría de Salud Jalisco encuanto a las causas de mortandad en Juanacatlán y El Salto en 2002 (antecedentes yhechos, p. 12); el listado de enfermedades según el Sistema Nacional de Salud en el 2003presentadas en ambos municipios (antecedentes y hechos, p. 13); las causas de defun-ción en el 2005 en Juanacatlán (evidencia uno) y la tesis de maestría de Juan Gallardo(evidencia dos), muestran la relación existente entre la contaminación comprobada en lazona de estudio y las principales causas de muerte y enfermedades.

En relación con el ácido sulfhídrico (H2S) en el aire, aún cuando existen normas paraciertos gases presentes en el ambiente, no lo hay para ciertos olores como el que produ-ce el ácido sulfhídrico. En el mismo sentido la legislación ambiental en nuestro país ado-lece de parámetros para determinar los valores máximos permitidos de concentraciónpara este contaminante en particular en espacios abiertos.

En México, la ley y la normatividad en materia de olores es ambigua respecto de aque-llos que son perjudiciales a la salud. Éste es el caso del ácido sulfhídrico que puede sertóxico en concentraciones elevadas y dañino en periodos de larga exposición. De hechoel H2S en estado gaseoso se cataloga en el primer listado de actividades altamenteriesgosas, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUE) en 1990 y 1992.156 Comose advierte en la evidencia dos, el ácido sulfhídrico derivado de la caída del agua del ríoSantiago afecta de manera directa a varias escuelas ubicadas en las cercanías de lacascada. Los niveles del ácido son mayores a los que cualquier persona podría estarexpuesta sin tener una repercusión en su salud. De acuerdo al parámetro de la Agenciade Protección Ambiental (Environmental Protection Agency-EPA)157 de Estados Unidos deNorteamérica, los límites de concentración máxima promedio en 8 horas sin efecto ad-verso son de 2 pm. En la evidencia 2 se muestra que en la Cascada se detectaron 7 pm.,y entre 6 y 2 pm. en el resto de la zona de estudio.

La toxicidad del H2S es similar a la del cianuro, pues bloquea la capacidad de carga deloxigeno en la sangre, inhibe el centro respiratorio en el cerebro y blo-quea el metabolismo aerobio de las células.158 El H2S en concentracio-nes mayores puede provocar paros respiratorios y hasta la muerte encasos de exposiciones a altos niveles. Además las personas con pro-blemas cardiacos o del sistema nervioso son más susceptibles a losefectos de dicho ácido159.

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Finalmente se advierte una relación entre las afecciones que resultan de la exposiciónprolongada al H2S (evidencia 2) con las causas de defunción en Juanacatlán en 2005(evidencia uno), ya que en esta se advierte que de 37 personas, 10 muestran como causael cáncer, lo que representa el 27 %; mientras que las afecciones varias respiratorias(bronquitis, bronconeumonía, asma, fibrosis quística, virus sincicial, gripe, infeccionesrespiratorias y neumonía) representaron el 35 %.

bbbbb) F) F) F) F) Fundamentación jurídica del derecho a la saludundamentación jurídica del derecho a la saludundamentación jurídica del derecho a la saludundamentación jurídica del derecho a la saludundamentación jurídica del derecho a la salud

Derecho Interno ConstitucionalLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 4. “[…]Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y moda-lidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Fede-ración y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo quedispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución. […]”.

Derecho Internacional de los Derechos Humanosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) DeclarativosLa Declaración Universal de los Derechos Humanos; aprobada por la Asamblea Generalde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948., refiere ensu artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,así como a su familia, la salud y el bienestar...”.

b) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) ConvencionalesEl Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del 16 dediciembre de 1966, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981, refiere en su artícu-los 2 y 12 respectivamente: “Los Estados deben adoptar medidas, mediante la asistencia[…] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, portodos los medios apropiados, […] la plena efectividad de los DESC.”12. “Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho detoda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física ymental.”

“Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pac-to a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las

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necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el sanodesarrollo de los niños [...] c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidé-micas, endémicas, profesionales y de otra índole, la lucha contra ellas.[…]”

En este sentido, la observación general número 14 sobre el derecho a la salud, del Comi-té de Derechos Económicos Sociales y Culturales, creado por el Consejo Económico ySocial de las Naciones Unidas en 1985 con el objeto de interpretar el contenido del PactoInternacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), refiere en su párra-fo 1: “El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para elejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene el derecho al disfrutedel más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente“.

Sistema Interamericanoa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) Declarativosa) DeclarativosEn la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA), adoptada en México el 2 de mayo de 1948, se estableceen su artículo Xl: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medi-das sanitarias y sociales ...“;

b) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) Convencionalesb) ConvencionalesEn el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Mate-ria de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobadopor la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 denoviembre de 1988, se establece en su artículo 10:

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel debienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud losEstados Parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmentea adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: […]

d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, pro-fesionales y de otra índole. […]f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de másalto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean mas vulne-rables.

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Derecho Interno Federal y LocalLa Ley General de Salud, manifiesta en su artículo 2º las siguientes finalidades del dere-cho a la protección de la salud: “I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuiral ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y mejoramiento de la calidadde la vida humana; […] V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social quesatisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población…”

En su artículo 3, se refiere: “En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:[…] XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en lasalud del hombre”.

Finalmente el artículo 27 expresa: “Para los efectos del derecho a la protección de lasalud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: I. La educación para lasalud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sani-tarias del ambiente y II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles deatención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes […] ”.

IVIVIVIVIV. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones y Recomendaciones. Conclusiones y Recomendaciones

Existe una violación sistemática del derecho a un medio ambiente sano, provoca-da por la contaminación de las fuentes hídricas como el Río Santiago, que llevó ala afectación y en su caso desaparición de su flora y fauna.Aunado a que las descargas de aguas industriales se encuentran por encima dela norma, es importante señalar que los contaminantes de éstos vertidos se vanacumulando con el tiempo en los sedimentos y que no existe para ello normamexicana que los regule.Las autoridades en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) hanomitido enfrentar la problemática con acciones contundentes, dirigidas y siste-máticas.En la praxis, existe desconocimiento y falta de claridad en lasdiferentes instancias de gobierno, respecto de las competen-cias y responsabilidades que éstas tienen en materia ambien-tal, frente a la contaminación del río Santiago.Existe en los municipios de Juanacatlán y El Salto un estado deEmergencia Sanitaria, derivado de los casos de cáncer y

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enfermedades respiratorias graves (entre las más importantes) provocadas por elcontacto directo con las fuentes hídricas; subterráneas y superficiales que pasanpor la zona. Por ello, existe una sistemática violación al derecho humano a lasalud, garantía considerada como primordial por los mecanismos universalesmás importantes del derecho internacional de los derechos humanos.Los niveles de concentración de ácido sulfhídrico en el aire de la zona de inter-sección entre los municipios mencionados, está fuera de parámetro para suinhalación humana; hace falta asimismo, una profunda investigación por partede las autoridades sanitarias respecto de las consecuencias que produce dichoácido en la salud humana, y la forma en que se pueden revertir los daños queproduce.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

General. El Estado, en sus tres niveles de gobierno, deberá tomar medidas precautoriasurgentes e inmediatas, tendientes a la restauración sanitaria y ambiental de los munici-pios de El Salto y Juanacatlán, debido a la comprobación de daño grave e irreversible ala salud y al medio ambiente.

Específicas1. Saneamiento

Que se implemente un programa de saneamiento de todas las fuentes hídricas,en las poblaciones cercanas al río Santiago y a la cuenca del Ahogado.Que de manera coordinada: autoridades federales, estatales, municipales yempresas privadas, construyan las plantas de tratamiento necesarias para lasdescargas de las industrias que afectan a la región.Que las autoridades competentes del fuero federal y estatal, realicen de maneracoordinada el completo saneamiento de las descargas de aguas residuales que

llegan a la Cuenca del Ahogado, con el objeto de evitar que éstasdesemboquen al río Santiago en ese estado.

2. MonitoreoQue se establezca un Programa Interinstitucional de

Monitoreo Permanente de la calidad del agua y del aire en el Río

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Santiago, que verifique que las descargas de agua, los lodos y las emanacionesde H2S, sobre todo en las inmediaciones de la cascada, existente entre lascabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán, cumplan con la legislaciónambiental, y en caso contrario, se implementen los programas de control reque-ridos según el caso.Que en dicho Programa Interinstitucional de Monitoreo permanente, se incluyanlas descargas de los efluentes que aportan su caudal al cauce del río Santiago,sobre todo de las cuencas directas existentes en la región.

3. Atención al problema de saludQue las autoridades competentes del fuero federal, estatal y municipal enmateria de salud, establezcan las acciones urgentes necesarias para atender laemergencia sanitaria de El Salto y Juanacatlán.Que las autoridades de salud que corresponda, realicen los estudiosepidemiológicos necesarios para determinar si la exposición permanente de H2Sen la zona tiene relación con las afecciones causantes de la emergencia sanitaria.Que las autoridades de protección civil, establezcan un Programa tendiente adesalojar y evacuar a la población en casos de emergencia sanitaria derivada dela emanación de ácido sulfhídrico, poniendo especial atención en los niños.Que el ejecutivo federal, declare por causa de utilidad pública e interés social:zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general, reglamentada yde restauración ambiental la región territorial correspondiente al municipio deJuanacatlán, del estado de Jalisco, ubicada en la Región Hidrológica XII formadapor los ríos Lerma-Chapala-Santiago, con el objeto de recuperar la salud am-biental e hidrológica de los habitantes de dicho municipio según se refiere en laevidencia tres del apartado del derecho a la salud del presente informe.

4. Establecimiento de parámetros ambientalesQue se cree la normatividad necesaria para establecer los parámetros quepermitan verificar los límites máximos permisibles de contami-nación en lodos y de concentración de ácido sulfhídricogenerado de forma natural en espacios abiertos, que tengarepercusión en la salud de la población expuesta permanente-mente al mismo.Que las autoridades ambientales en los tres niveles de gobier-

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no, así como los poderes legislativos respectivamente, actualicen los reglamen-tos, normas y leyes, en materia ambiental y de salud, de tal manera que permi-tan a cabalidad, la preservación de la vida, el ambiente y la salud.

5. De la responsabilidad.Que las autoridades correspondientes en materia de responsabilidad penal yadministrativa en sus respectivos ámbitos de competencia, finquen la responsa-bilidad a que haya lugar a las instituciones públicas o privadas, derivada de lasacciones u omisiones en materia de salud y medio ambiente, que se han eviden-ciado en el presente informe, tomando en cuenta en cada caso, la reparacióndel daño producido en beneficio de toda la población y en particular de quienhaya resultado afectado.

ReferenciasReferenciasReferenciasReferenciasReferencias

a) BibliográfícasAmbiente y Derechos Humanos. Eduardo Morales Sierra (coordinador). Centro “Fray Julián Garcés”.

Derechos Humanos y Desarrollo Local. México, 2004.1er Taller Popular “En defensa del agua”. Carpeta Informativa. Centro de Análisis Social, Informa-

ción y Formación Popular, AC (CASIFOP). México, abril de 2005.Informe de Resultados de estudio de Aguas. Microanálisis de Occidente S.C. Junio de 2004.DFensor. Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Número especial dedi-

cado al Derecho a la Salud. México D.F. Marzo de 2005.Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal y DECA Equipo Pueblo. Septiembre de 2004.Manual de orientación jurídica para la defensa del medio ambiente. Luis Octavio Martínez Mora-

les. The John D. And Catherine T. Mac Arthur Fundation. México, 2000.Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los dere-

chos humanos. Enrique Cáceres Nieto. Comisión Nacional de los Derechos Humanos México,2005.

Derechos en relación con el medio ambiente. Carmona Lara, María del Carmen. Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001.....

Introducción al estudio del derecho ambiental. Raquel Gutiérrez Nájera. Porrúa México, 1998.

b) Telemáticaswww.cedhj.org.mx. Recomendación pública 2/1999.

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La situación de los derechos económicos,sociales y culturales en territorios específicos

Introducción

En este apartado se refieren territorios donde se han violado varios derechos como:Derecho al salario digno, a la alimentación, a la asistencia médica, a la educación, a laprotección ala infancia, a la protección a la maternidad, a la salud, ala seguridad social,ala vivienda, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, aldescanso y tiempo libre, al trabajo, al vestido, al progreso y desarrollo en lo social, a laigualdad, a la tierra, entre otros. Los territorios donde se documenta las violaciones a losDESC:

Sayula, JaliscoChipas

1. En el caso de Sayula la violación a los derechos antes mencionadosse manifiesta principalmente por la invasión de empresastrasnacionales que avasallan a los trabajadores (30,000 jornaleros)ofreciendo condiciones dignas de empleo, diversas empresasempacadoras y agro exportadoras de hortalizas (tomate, pimiento,brócoli, cebolla, jalapeños, pepino).

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Por otro lado se denuncia que han modificado notablemente el hábitat de la zona mer-mando el derecho a la salud en los habitantes de Sayula. Durante 2001 y 2002 comenza-ron a presentarse diversos casos de infecciones respiratorias y algunos de enfermeda-des graves como leucemia, la causa de esto es la fumigación aérea, la instalación decañones destructores de granizo.

Este texto también da a conocer diversas violaciones del derecho al trabajo que implicasalario, prestaciones, seguridad social, descanso, incluyendo en algunos casos el traba-jo infantil y de mujeres, algunas de ellas embarazadas o en situación de posparto.La higiene y seguridad en el trabajo se ve afectada debido a la exposición de los traba-jadores a los pesticidas.

En cuanto al Derecho a la Vivienda se investigó que cuentan con “albergues”. Se dice quedurante la temporada 1999 la empresa Chajoma albergó a cerca de 1100 trabajadoresen dos albergues en pésimas condiciones.

En el informe se señala las a las autoridades responsables funcionarios municipales yestatales así como las empresas implicadas .la comisión estatal de derechos humanosde jalisco realizó diversos señalamientos a las autoridades las cuales no han sido aten-didos, ni por dichas empresas ni por las autoridades para que presionen en su cumpli-miento.

2. En el caso de Chiapas se presenta un informe alternativo de la sociedad civil sobre losderechos económicos, sociales y culturales en México en 2006 específicamente sobre elestado de Chiapas.

Se refiere a diversos programas gubernamentales que se han basado en la asistencia yfomentan la dependencia. En cuanto a migración Chiapas desplazó al estado deZacatecas como la entidad de origen con más migrantes indocumentados que cruzan lafrontera norte, la ruptura del tejido social constituye un obstáculo parael pleno ejercicio de los DESC en Chiapas.

Desde la aparición del EZLN en 1994 el estado se ha militarizado afec-tando sustancialmente la forma de vida de la población si como suseguridad, han perdurado durante varios años estos efectos de la in-

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terferencia militar por medio del Programa de Labor Social del Ejército y la ocupaciónmilitar del Hospital de Guadalupe Tepeyac.

Finalmente vamos a encontrar en este apartado la solicitud al comité DESC de la ONUque recomiende al gobierno mexicano: Que se asegure que los programas sociales for-talezcan la participación comunitaria, no sean utilizados con fines político- electorales,que eviten la dependencia, que respeten el derecho a decidir si se inscriben a dichosprogramas, a la consulta de las comunidades, que se investiguen los casos a las viola-ciones a los derechos humanos por la intolerancia política y religiosa y que continúeobservando las regiones en conflicto.

4.1 Informe sobre Violaciones a los DESCen la Población de Sayula Jalisco160

IMDEC

I Presentación

Unos 30,000 jornaleros llegan cada año al estado de Jalisco, a municipios como Autlán,Casimiro Castillo, El Grullo, Cihuatlán o Sayula para trabajar en empresas tomateras, enlos campos de caña de azúcar y en otras hortalizas161.

En los 80, el municipio de Autlán era el principal productor de la hortaliza en el estado. Sinembargo, a finales de la década prácticamente desapareció la producción por proble-mas fitosanitarios y financieros, derivados de una deficiente planeación de la produc-ción, hecha con una visión a corto plazo.

Muchos de los empacadores que estaban en Autlán y que cayeron enbancarrota se trasladaron a Sayula con el fin de continuar con mejoresexpectativas. Empero no siempre han cambiado la forma de producir,y en algunos casos reproducen los errores cometidos anteriormente.El estado de cosas cambia sobre todo a partir del 92, con la llegada de

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las agroempresas que llegan a comprar o rentar tierras. Sobre todo se mencionan cua-tro: Bonanza 2001 (que en 1988 era “Empaques Carmelita”) es empresa exportadora;Santa Anita que inicia en 1992 y deja de trabajar temporalmente en 1999; Chajoma yPony162.

En la población de Sayula Jalisco, ubicada en el occidente de México, se establecierondiversas empresas empacadoras y agro exportadoras de hortalizas (tomate, pimiento,brócoli, cebolla, jalapeños, pepino) desde hace más de una década. La dinámica comer-cial, laboral y social que desencadenan a su alrededor ha modificado notablemente elhábitat de la zona. No solo ha generado ingresos por renta de tierras, sino que ha con-tribuido al establecimiento de una red de servicios secundarios, propiciado la migraciónde jornaleros, implementado los modelos de cultivo con semilla manipulada gené-ticamente (para obtener una mayor cosecha en menos cortes), la fumigación aérea, lainstalación de cañones destructores de granizo. La utilización de métodos de cultivo deriego ha modificado el medio ambiente, influido en el cambio climático y la degradacióndel suelo de cultivo así como el agotamiento de los mantos freáticos.

A continuación un desglose de los diversos impactos que en los derechos económicos ysociales y también civiles han sufrido tanto los jornaleros agrícolas de Sayula como loshabitantes originarios del poblado. Ahora bien, si nos referimos a un solo municipio, espor el requerimiento mínimo de concretizar situaciones y personas que este informe re-quiere, pero ello no excluye la responsabilidad de visibilizar esta situación que se repiteen cada uno de los estados del país que tienen clima, tierra fértil, mano de obra y condi-ciones político económicas favorables para el establecimiento de empresas agroexportadoras. La situación de los jornaleros migrantes agrícolas en México son un casoparadigmático de violaciones a los derechos humanos, tanto a los derechos civiles comoa los económicos, sociales y culturales; asimismo los sistemas de cultivo que implementanlas empresas atentan contra la salud y el medio ambiente de las zonas donde se instalan.

Ubicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográficaEl municipio de Sayula se encuentra ubicado en la región sur del esta-do de Jalisco, tiene una extensión territorial de unos 2,500 Km., anaaltura de 1,360 msnm. El 42% de subsuelo es plano y el 50 es semiplano.La precipitación de lluvias es de un promedio de 811 mm2 nuales y latemperatura es de alrededor de 21 grados. El suelo es salitroso. Su

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superficie de labor es de alrededor de 10,612 hectáreas, 3,156 de riego y 7,456 de tem-poral. Este entorno geográfico y climático es el ideal para la producción de hortalizas. Lapoblación, según el censo del 2000, es de 30, 995 habitantes, de los que se consideracomo población ocupada un 42% en servicios, 31% en el sector industrial y un 26% en elagropecuario163. (En el siguiente mapa la figura de color negro ubica el municipio deSayula y en el recuradro también)

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II. Acciones violatorias de derechos

Derecho a la salud en los habitantes de Sayula

Durante 2001 y 2002 comenzaron a presentarse diversos casos de infecciones respirato-rias y algunos de enfermedades graves como leucemia. El Dr. Leonardo Lamas Silas,profesionista de la salud (habitante de Sayula, ex regidor, ex vicepresidente municipal yluchador social activo) se ha dedicado a investigar a fondo esto y ha constatado que losmédicos de base, responsables de la clínica municipal perteneciente a la Secretaria deSalud Jalisco, no han levantado registro de los casos porque no quieren perder tiempoen el papeleo que esto implica, así que diagnostican simples gripes o afecciones respi-ratorias y cuando la gente empeora se traslada a Guadalajara, y es donde registran lasconsecuencias graves. Los resultados clínicos de algunos de los pacientes contactadosle indican al Dr. Lamas que la afección es provocada por el contacto constante deplaguicidas o insecticidas y esto lo corrobora al detectar la cercanía de plantíos de toma-te colindando con la zona habitacional, o a una distancia muy cercana con la viviendadel paciente. Otras afectaciones se han dado cuando se emplean fumigaciones con avio-neta, esto no solo afecta a los colindantes del plantío sino a toda la población.

Casos concretos que tiene el Dr. Lamas debidamente documentados son:El día 15 de marzo del 2002 murió la niña OLIMPIA ANGUIANO con el diagnósticode leucemia aguda. Ella vivió en la colonia del ISSSTE ubicada muy cercana a loscampos de cultivo intensivo de hortalizas. Los especialistas que la atendieron enGuadalajara dijeron a sus papás que su enfermedad con mucha posibilidadestaba relacionada con el contacto frecuente de pesticidasEl día 5 de diciembre del 2001 murió la Sra. ROSA ADRIANA CAJITA también con eldiagnóstico de leucemia aguda. Ella trabajaba para una empresa que realizacultivos intensivos de hortalizas (BONANZA 2001 SA CV). Los especialistas delCentro Médico de Occidente, clínica de especialidades del Instituto Mexicano delSeguro Social, donde se estuvo atendiendo, dijeron a susfamiliares que con mucha posibilidad su enfermedad estabarelacionada con el contacto con pesticidas.El día 15 de agosto del 2001 falleció con el diagnóstico deleucemia aguda el maestro ROBERTO PARRA SÁNCHEZ quevivía en la calle Bernabé Bobadilla 24, domicilio muy cercano a

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los campos de cultivo intensivo de hortalizas. En el hospital Valentín Gómez Faríasde Zapopan donde se estuvo atendiendo los especialistas en la materia dijeron asus familiares que la enfermedad de su hijo pudo haber estado en relación conel contacto frecuente de pesticidas aplicados en los campos de cultivo cercano asu hogar.Diversos han sido los escritos que los directores de las escuelas secundarias ytécnicas avecindadas en el lugar han enviado a la Dirección Municipal deProtección al Medio Ambiente, al regidor de Ecología y a la Presidencia de Sayulapara solicitar su intervención para investigar el uso de agroquímicos en cultivoscercanos a los centros educativos.

Derecho al trabajo que implica salario, prestaciones, seguridad social, descanso, la ca-dena de violaciones se da como sigue:

Contratación y PrestacionesContratación y PrestacionesContratación y PrestacionesContratación y PrestacionesContratación y PrestacionesCon fecha 11 de agosto del año 2001, en Santa María Tonatlapa de Comonfort Guerrero,el Ing. Luis Fernando Cárdenas Chávez, contrató a 37 trabajadores para la empresa BigProduce (que se dedica a cultivo y producción de jitomate). El Ing Cárdenas se compro-metió a darles trabajo por cuatro meses; proporcionarles lugar para vivir o en su defectopagar la renta del lugar donde vivirían; pagar el viaje redondo de Jalisco a Guerrero; elpago de tres comidas durante los 3 días de camino; les asignó un horario de labores de7:00 a 16:00 hrs. De lunes a sábado. Al llegar recibieron como salario $ 77 pesos diarios,no fueron dados de alta en el Seguro Social, y los que tuvieron necesidad de consultamédica cubrieron ellos ese gasto, sin que el encargado de la fuente de trabajo les hubie-se reembolsado el mismo. Trabajaron los domingos 2, 9 16, 23 y 30 de septiembre y losdías 4, 11, y 18 de noviembre domingos todos del año 2001 sin que les fueran cubiertoscomo lo estipula la ley federal del trabajo, a razón de tres veces el salario diario por díafestivo o de descanso laborado, Asimismo la empresa no cubrió el pago de la renta devivienda. En lo que respecta a la parte proporcional de las prestaciones de vacaciones,

prima vacacional, aguinaldo antigüedad, la empresa se negó en todotiempo a cubrirlas alegando que el trabajo es temporal y que no tie-nen derecho a estas prestaciones. El día 18 de noviembre de 2001,para concluir la relación laboral la empresa en voz del Ing. Luis Fer-nando Cárdenas Chávez, se limitó a informar a los trabajadores, quese terminó la cosecha y que no se les iba a pagar el viaje de regreso y

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la comida del mismo, amenazándolos de que si acudían ante cualquier autoridad no losrecontratarían en Sinaloa para la otra cosecha.

Así como la anterior situación se desarrollan cada año otras más. Todo inicia en TlapaGuerrero, a través de la radio comunitaria “La voz de la montaña” se anuncia que haytrabajo. Quien se anima toma en ese lugar el transporte. Son muchos los menores quemigran, un 30% de los habitantes de los albergues son menores de 9 años, un 15% estánentre 10 y 15 y un 10% entre 16 y 19 años. (Periódico Público 06/9/99) Debo hacer menciónque cuando hablo de jornaleros migrantes estoy incluyendo MUJERES y MENORES deedad, algunas de ellas embarazadas o en situación de posparto.

Cuando los enganchadores contratan a los jornaleros, se comprometen a proporcionarcasa habitación, apoyo para despensa, mínimo salario base, transporte desde su lugarde origen hasta el lugar de trabajo (viaje redondo). Sin embargo en la mayoría de loscasos las condiciones cambian al llegar, los lugares son galerones, ex-gallineros, bode-gas, o simples casas de láminas de asbesto. No existe agua potable entubada ni letri-nas, sino que son comunes. Y muchas veces son cuartos pequeños, algunos de dimensio-nes que van desde los 3 x 3 metros, compartidos entre familias de 6 o más integrantes.

SalarioSalarioSalarioSalarioSalarioPor jornada, de entre 10 y 12 horas, según la empresa, la plantación y la destreza recibenentre $45.00 y 100.00 aunque la mayoría no superan los $60.00, es decir unos $240.00semanales (Periódico Mural 1/9/99). El salario mínimo impuesto por la Comisión Nacio-nal de Salarios Mínimos señala para la zona B, a la que pertenece esta región, un míni-mo de $43.73 pesos diarios por jornada de 8 horas más prestaciones. Se han interpues-to denuncias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pero prevalece la tibieza delas autoridades y el incumplimiento de los empresarios a las multas impuestas. Se hadocumentado ampliamente la existencia de mano de obra infantil, tanto por parte delSistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)164 así como de la ComisiónEstatal de Derechos Humanos (CEDHJ)165.

JornadaJornadaJornadaJornadaJornada“Algunos investigadores que han estudiado los mercados de trabajoen este modelo de agricultura de exportación afirman que, desde 1984,se realiza una reestructuración productiva en las empresas hortícolas,

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que iba en función de bajar costos y según Hubert de Grammont166 esto se logró a partirde dos hechos fundamentalmente: el uso de semillas manipuladas genéticamente paraobtener una maduración del fruto más homogénea, que permite cosechar más tonela-das en menos cortes e incrementa el ritmo de trabajo de los cosechadores. Eso produjoque de 1984 a 1994 se obtuviera por jornada de trabajo de 85.6 a 131.2 kilos, es decir, unincremento en la productividad del 65%. Y en el mismo tiempo el costo del salario, frentea los costos totales de producción, pasaron del 27 al 16%. Según las teorías de flexibilizacióndel trabajo, se arguye que entre mayor productividad es mayor el salario, sin embargoen este caso la relación parece inversa. Para de Grammont la causa de este efecto es elllamado salario de oportunidad, es decir, los jornaleros indígenas migrantes no midensu remuneración en función de su trabajo, sino en comparación con el ingreso que ten-drían en sus lugares de origen, que sin duda sería menor y que sigue siendo una eficazestrategia de contención salarial. Esta excesiva precarización del empleo es una fuerteestrategia de reducción de costos y por lo tanto, de penetración en el mercado”.167

Higiene y seguridad en el trabajoHigiene y seguridad en el trabajoHigiene y seguridad en el trabajoHigiene y seguridad en el trabajoHigiene y seguridad en el trabajoEn este rubro es preocupante la exposición al impacto de los plaguicidas en el campo decultivo, no sólo de los adultos, jóvenes y niños jornaleros, sino también de los niñoslactantes que traen las madres colgados a sus espaldas que acuestan en el surco du-rante la jornada de trabajo. La mayoría trabajan sin equipo de protección porque no serespetan los tiempos de entrada señalados para después de la aplicación de cada unade estas sustancias. Aunado a lo anterior constatamos la cercanía de los albergues conlos campos de cultivo, por lo que el tiempo de exposición de los trabajadores a los pes-ticidas es más largo por la dirección de los vientos que las arrastran hacia las viviendas.

Derecho a la ViviendaDerecho a la ViviendaDerecho a la ViviendaDerecho a la ViviendaDerecho a la ViviendaLas empresas Bonanza 2001 y Chajoma cuentan con “albergues”. Durante la temporada1999 la empresa Chajoma albergó a cerca de 1100 trabajadores en dos albergues enpésimas condiciones. Inicialmente con sólo 8 letrinas instaladas y sin agua potable, dur-

miendo en el suelo con abundancia de insectos peligrosos (pulgas,diferentes ácaros, alacranes ratas y cucarachas), sin espacios paraaseo personal, en hacinamiento y promiscuidad, y sin suficiente com-bustible para la preparación de los alimentos. Gracias a la presiónciudadana, junto con autoridades locales, uno de los albergues fuemejorado. El resto resulta deplorable: casas de cartón, suelo de tierra,

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falta de servicios, hacinamiento.

Derecho a un medio ambiente sano

Con fecha 17 de enero de 1998 un periódico de Sayula “Horizontes”, informa a lapoblación de la quema de llantas que esa semana han estado haciendo lasempresas jitomateras para conservar el calor y evitar que la helada afecte elcultivo de sus hortalizas. La consecuencia directa es sobre la población Sayulenseal aspirar las toxinas.La empresa AEROFUMIGACIONES DEL VALLE fue autorizada por las autoridadesde la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura yGanadería, la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca pararealizar fumigación aérea durante el ciclo agrícola del 13 de julio de 1999 al 13 deseptiembre de 1999, en el aeródromo de uso agrícola denominado Usmajac enel municipio de Sayula.El 02 de mayo de 2002 se reporta un incendio de material de desechos plásticosde tipo cintillas, en terrenos del Rancho La Estación, propiedad del Sr. CarlosFernández Vázquez, produciendo una gran cantidad de tóxinas y contaminanteslos que por efectos de los vientos en sentido sur a norte contaminaban lasinstalaciones y zona habitacional del 9� batallón de Infantería destacado en lazona. El predio en donde se registró el incendio no contaba con las mínimasmedidas para el almacenaje de este tipo de desechos, lo que provocó que seafectara además del material, parte de pastizal y debido a la radiación las ramasde árboles al interior de las instalaciones del batallón.

Estos son sólo una muestra de los constantes hechos que se repiten cada año en SayulaJalisco, todos ligados de una u otra manera con la falta de aplicación y vigilancia de lasautoridades estatales y federales sobre las empresas agroexpor-tadoras que tienen suinversión en la zona. Sin incluir en este señalamiento a las autoridades municipales debi-do a que en diversas ocasiones han mostrado su preocupación y res-pondido con acciones concretas para preservar la vigencia de los DESCen el valle de Sayula; sin embargo se han visto rebasadas en su inten-to de aplicar las amonestaciones a las empresas por el poder, la grancapacidad económica y de gestión política que éstas tienen ante lasautoridades estatales y federales.

III. Derechos violados

Derechos HumanosDerechos HumanosDerechos HumanosDerechos HumanosDerechos Humanos Instrumento Internacional ratificado por el Estado MéxicanoInstrumento Internacional ratificado por el Estado MéxicanoInstrumento Internacional ratificado por el Estado MéxicanoInstrumento Internacional ratificado por el Estado MéxicanoInstrumento Internacional ratificado por el Estado MéxicanoProtegidosProtegidosProtegidosProtegidosProtegidos

Derecho a igual salariopor trabajo igualDerecho a laalimentaciónDerecho a la asistenciamédicaDerecho a laeducaciónDerecho a laprotección de lainfanciaDerechos a laprotección de lamaternidadDerecho a la saludDerecho a la seguridadsocialDerecho a la viviendaDerecho a un medioambiente sanoDerecho a un nivel devida adecuadoDerecho al descanso yal tiempo libreDerecho al trabajoDerecho de libresindicalización yasociaciónDerecho a huelgaDerecho al vestidoDerecho al progreso/desarrollo en lo socialDerecho a la igualdad

DUDHDUDHDUDHDUDHDUDH DADDHDADDHDADDHDADDHDADDH CADHCADHCADHCADHCADH PIDCPPIDCPPIDCPPIDCPPIDCP PIDESCPIDESCPIDESCPIDESCPIDESC DPDSDPDSDPDSDPDSDPDS DEMAHDEMAHDEMAHDEMAHDEMAH DUEHMDUEHMDUEHMDUEHMDUEHM

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Siglas en la siguiente página

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DUDH:DUDH:DUDH:DUDH:DUDH: Declaración Universal de los Derechos HumanosDADDH:DADDH:DADDH:DADDH:DADDH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del HombreCADH:CADH:CADH:CADH:CADH: Convención Americana sobre Derechos HumanosPIDCP:PIDCP:PIDCP:PIDCP:PIDCP: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y PolíticosPIDESC:PIDESC:PIDESC:PIDESC:PIDESC: pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDPDS:DPDS:DPDS:DPDS:DPDS: Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo SocialDEMAH:DEMAH:DEMAH:DEMAH:DEMAH: Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente HumanoDUEHM: DUEHM: DUEHM: DUEHM: DUEHM: Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición

IV. Autoridad responsable

Delegado Estatal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación

Subdelegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social

Comisión Estatal de EcologíaDirector General de Trabajo y Previsión Social del Estado

Secretario de Salud JaliscoSecretario de Desarrollo Rural JaliscoSecretario de Educación JaliscoSecretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable JaliscoSecretario General de Gobierno

Gobernador del estado de JaliscoPresidente Municipal de Sayula,Junta de Cabildo Municipal de Sayuia

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V. Empresas implicadas

Desde 1994 hasta la fechas 2004. Las siguientes empresas se han establecido en lasinmediaciones de Sayula para la producción yo empaque de tomate.

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTANTEANTEANTEANTEANTE CULCULCULCULCULTIVOSTIVOSTIVOSTIVOSTIVOS

Empaque Bonanza 2001SA CV Sr. Arturo Javier Jiménez Cárdenas Tomates y pimientosEmpaque Santa Anita Sr. Alejandro Peñuelas CotaEmpresa Ojo de Agua Sr. Carlos González GonzálezEmpaque San Francisco Sr. David Ramírez AlvaradoFrigorizados La Huerta Sr. Guillermo de la Cruz NievesEmpaque Camichin II Ing. Alfonso Aréchiga GuzmánEmpresa Chajoma Ing. Everardo Cazares MedinaProductora Agrícola San José(La Costeña) Mirna Y. Reyes G. Chile JalapeñoBig Produce Antolín Domínguez López Tomates, PimientosBerenjenaEmpresa PonyEmpresa TUSARancho La Estación Brócoli Pimientos,Jalapeños, PepinoEmpaque Rancho El CocoAgrícola Cueto Produce SA CV Pimientos, Brócoli,Cebolla, Maíz y otrosLa Urraquita SA CV Empaque Rancho Alegre Tomates y pimientosGrupo Exportador de Occidente SA CV TomatesDessert Glory

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Desde 1994 se han establecido en el municipio de Sayula y poblados circunvecinos va-rias empresas dedicadas al cultivo de hortalizas que, en su política dereducción de costos se ven beneficiadas con la aplicación del salariode oportunidad Contratando jornaleros migrantes (en su mayoría indí-genas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En la temporada baja (mayo-agosto), aproximadamente unos 6,000 y en la temporada alta (sep-tiembre-diciembre) aproximadamente unos 10,000.

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El tiempo que pasan trabajando para las empresas que los contratan viven en condicio-nes poco propicias para un ser humano.

Contratación (enganchadores). La mayoría de las empresas recurre a la contratación pormedio de "enganchadores" con el fin de organizar los procesos de migración desde loslugares de origen. Así también para asegurar la contratación de determinados perfilesde jornaleros que pueden serles más útiles al trabajo. Los jornaleros son contratados enlas comunidades. La desesperante situación económica en que viven las familiasmigrantes en sus lugares de origen, facilita la labor de enganchadores poco confiables,ya que a la mayoría de los jornaleros no les interesa constar si las promesas son since-ras: correr el riesgo representa una posibilidad de mejora quedarse significa la seguri-dad de pasarla mal.168

En 1994 Teresa a de Jesús Michel, presidenta del Frente Mexicano Pro Derechos Huma-nos en Sayula, presenta la queja 1774/94 ante la CEDHJ recibida el 10 de octubre de1994, de la cual se derivo la investigación CEDH/94/1774; en contra de las autoridadesque resultaran involucradas en violaciones de los derechos de los indígenas, jornaleros ydemás población establecida en Sayula Jalisco relacionados con la igualdad y trato dig-no, la protección de la salud, vivienda digna y decorosa, trabajo digno y socialmente útil,derecho a un medio ambiente sano, a la educación, alimentación y servicios públicos.

Sin embargo no fueron suficientes ninguno de los acuerdos y actuaciones de las autori-dades tanto municipales como algunas estatales. El 17 de mayo de 1997, mediante escri-to dirigido al C Presidente Municipal, Primitivo Curiel García, un grupo de sayulensesenvía una serie de propuestas encaminadas a plantear soluciones para el bienestar delos jornaleros migrantes. Acción derivada de una serie de oficios previamente dirigidosal C. Gobernador del Estado en los que se daba cuenta de la situación de precariedad enla que vivían los trabajadores agrícolas, éste mediante oficio 0476-02-97-MPLA solicita alos denunciantes que envíen sus propuestas directamente al presidente municipal deSayula.

El 25 de febrero de 1998 acudió anónimamente un denunciante a laComisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar su intervenciónpor las condiciones inhumanas en que vivía y laboraba un grupo dejornaleros migrantes del estado de Guerrero.

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Esta denuncia anónima motivó la queja CEDH/98/428/JAL de la cual se derivó la reco-mendación 15/98 de ésta se desprenden los siguientes señalamientos las autoridades:

Derecho a la SaludSe recomendó iniciar el procedimiento administrativo al director general de regulaciónsanitaria, Dr. Juan Alfredo Riebeling Guerrero, a los Jefes de Jurisdicción Sanitaria núme-ro 6 de Ciudad Guzmán Dra. María Estela Ramírez Nuño y Dr. Héctor Olivares Álvarez en1998 de la Secretaría de Salud visitas de verificación integral en las empresas agrícolas ysus campamentos, estudiar lo referente a la salud ocupacional, el manejo, almacena-miento y uso de plaguicidas; dictar criterios para el registro e informe de casos por intoxi-cación por plaguicidas y que se investiguen. Dictar las medidas de seguridad necesa-rias, no sólo para los jornaleros sino para la población en general.

Derecho al TrabajoSe recomendó al Secretario General de Gobierno y al Director General del Trabajo cono-cer los antecedentes y comportamiento de las empresas respecto del cumplimiento dela Ley Federal del Trabajo. Abrir un programa de vigilancia y supervisión de las empresasque emplean mano de obra de trabajadores migrantes. Verificar el cumplimiento de losddhh en vivienda, transporte y medidas de seguridad que deben ser garantizadas porlos patrones, pero vigilados y sancionados por las autoridades laborales competentes.Determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Secretaria de Trabajo y PrevisiónSocial por omisión en el cumplimiento de su deber.

Respecto al medio ambientePoner en marcha un programa de atención respecto de las zonas que requieran usointensivo de plaguicidas y pesticidas o que contaminan el medio ambiente por medio dela quema de llantas, para aplicar las sanciones o medidas de seguridad convenientes.

De la viviendaQue la junta de cabildo ordene una investigación por los permisos paraconstruir los albergues y se sancione a los responsables de autorizar-los. Enviar inspectores a los albergues de jornaleros y dictar las medi-das necesarias para garantizar la seguridad.

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VI. Recursos intentados a raíz de las violaciones detectada

1. El 30 de enero de 1998, el C. Presidente de Sayula Samuel Rivas Peña solicitamediante oficio 02, dirigido a la Dra. Luz María Cueto Sánchez Sociedad Mexica-na de Toxicología, informes sobre el posible impacto en el medio ambiente y enla salud de las personas que puedan producir la quema intensiva de llantas.

2. Con fecha 8 de febrero de 1998, el C. Presidente Municipal de Sayula, solicita laintervención del C. Director General de la Comisión de Ecología del Estado, paraobtener apoyo técnico, iniciar la reglamentación y monitorear el impacto deplaguicidas y quema de llantas por parte de empresas agroexportadoras.

3. Con fecha 17 de nov de 1999, el director de ecología municipal de Sayula dirigióescrito a la Comisión Legislativa de Protección y Mejoramiento Ambiente, en elque se solicita intervención de los diputados para solucionar el problema de laaspersión de plaguicidas y fumigación aérea que algunas empresas tomaterasestán implementando en el valle de Sayula, asimismo la cercanía que algunoscultivos tienen con los centros educativos rurales motivó constantes malestaresen la población escolar.

4. A través de la Dirección Municipal de Protección al Ambiente se solicitó al Secre-tario de Salud en el estado de Jalisco (a través del oficio 13/2002 de fecha 08 deabril de 2002) su intervención para atender el problema de las afecciones a lasalud ocasionados por los campos de cultivo que rodean al poblado de Sayula ypor la constante quema de plásticos y llantas para mantener el clima cálido paralos cultivos del tomate.

5. Con fecha 26 de abril de 2002, el Dir. Municipal de Protección al Ambiente deSayula, presenta una DENUNCIA ante la Secretaría de Medio Ambiente para elDesarrollo Sustentable Jalisco, la cual quedó registrada bajo el número 0120/02,misma que por su competencia Federal y Estatal fue turnada a la ProcuraduríaFederal de Protección al Medio Ambiente, al Delegado Estatal de la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (SAGARPA), a laSecretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Rural.

6. El 18 de junio de 2002 un grupo de profesionistas de la saludde la localidad, hicieron llegar a la Dr. Armando Pimentel,Director de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Jalisco,un diagnóstico que realizaron entre todos ellos para documen-tar la incidencia de afecciones respiratorias en la localidad.

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VII. Resultados de los recursos anteriores

1. Respuesta de la Sociedad Mexicana de Toxicología, Con oficio de fecha 02febrero de 1998, la Sociedad Mexicana de Toxicología contesta el oficio 02 del Dr.Rivas Peña, mediante el cual informa que la quema al aire libre produce unacombustión incompleta generando los siguientes productos tóxicos: PartículasSuspendidas, Negro de Humo, Monóxido de Carbono, y Óxidos de Azufre entreotros. Los efectos del monóxido de carbono, dependiendo de su concentraciónen el ambiente, son: Efectos en la conducta, efectos en el sistema nerviosocentral, cambios funcionales cardíacos y pulmonares dolores de cabeza, somno-lencia, falla respiratoria, incluso hasta la muerte. Los óxidos de azufre por suparte pueden producir: bronco constricción, irritación de la garganta, en concen-traciones altas puede ser mortal.

2. Respuesta del Congreso del Estado. Acuerdo económico 566/2000 del Congresodel estado de Jalisco con fecha 14 de enero del 2000, en el que se solicita a laSecretaría de Salud, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Promoción Económicaintegrar la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de PlaguicidasFertilizantes y Sustancias Tóxicas, su intervención será para atender el problemade contaminación y daños a la salud por la aplicación de plaguicidas yagroquímicos, así como tomar las acciones necesarias en las poblaciones deUsmajac, El Reparo y Tamaliagua del Municipio de SAYULA.

3. Acuerdos de autoridades laborales. La Dirección General de Trabajo y PrevisiónSocial y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado deJalisco, con fecha 16 de febrero del 2000, establecen un acuerdo donde estable-cen las "Acciones para el programa de Trabajo en el Campo". Tal programaestablece una serie de disposiciones mínimas como condiciones de posibilidadpara el funcionamiento de empresas:a. No deben trabajar menores de 14 años.b. Los mayores de 14 y menores 16 años; sólo podrán trabajar con la autori-

zación de la Dirección del Trabajo y bajo las condiciones de salud ehigiene que determinen las autoridades.c. Se suministre gratuitamente a los trabajadores habitacionesadecuadas e higiénicas proporcionadas al número de familiares.d. Que se mantengan por el Patrón las habitaciones en buen estado,haciéndose en su caso las reparaciones necesarias y convenientes

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Además se establece la condición de proporcionar asistencia médica, la delcumplimiento de normas laborales y la de vigilancia que compete a diversasinstituciones (Sistema Integral de la Familia, Dirección del Trabajo y la Secretaríade Salud).

4. Seguimiento a la recomendación 15/98. El seguimiento que la CEDHJ ha dado ala recomendación 15/98 arroja lo siguiente: "A lo largo de 2001 fueron visitadosdiferentes albergues y municipios donde se ubican los jornaleros migrantes enJalisco... Las visitas se efectuaron en compañía de personal de la DirecciónGeneral del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Salud. Se observó quelas condiciones en las que viven los migrantes allí aún no son totalmente acepta-bles, incluidas sus percepciones salariales. Sin embargo, se ha logrado compro-meter a las autoridades correspondientes para que le den seguimiento a lasituación y a los posibles abusos por parte de las empresas. Durante la supervi-sión de los albergues destinados a los jornaleros en Sayula, Autlán de Navarro,Casimiro Castillo y El Grullo personal de este organismo advirtió anomalías talescomo la falta de sanidad en las instalaciones o abusos laborales, que se deriva-ron a las dependencias gubernamentales correspondientes".

5. Seguimiento a la denuncia ante Secretaría de Medio Ambiente para el DesarrolloSustentable Jalisco. Bajo oficio 070326 de fecha 10 de diciembre de 2001, senotificó la resolución 2001/11/370/82, en la cual se declara INCOMPETENTE laprocuraduría y ordena TURNAR el expediente a Procuraduría Federal de Protec-ción al Medio Ambiente, al Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura,Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría deSalud y Secretaría de Desarrollo Rural las Secretarías mencionadas en el puntoanterior así como a la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso dePlaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

6. Acciones del Cabildo de Sayula. Con fecha 31 de marzo del 2001 fue publicado elreglamento Municipal para la Protección del Medio Ambiente y equilibrioEcológico. en la Gaceta Municipal de Sayula, el cual establece las normas para lapreservación y restauración del equilibrio ecológico, así comola protección y conservación del medio ambiente.

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VIII. Conclusiones

Sin embargo a pesar de los acuerdos antes mencionados, a pesar de existir una regla-mentación municipal para control de las actividades agrícolas; a pesar de los acuerdosdel Congreso Estatal y del Cabildo Local; y por sobre de los múltiples convenios, tratadosy legislación internacional que México ha firmado en materia de Desarrollo, Medio Am-biente y de DESC ha quedado la irresponsabilidad del estado en vigilar el respeto, pro-veer los mecanismos de defensa de los mismos y adoptar medidas que faciliten la efec-tividad de cada derecho humano.

Por todo lo anterior podemos determinar que no ha habido un cumplimiento cabal a larecomendación 15/98 de la CEDHJ por parte de las autoridades del estado, Que aunquese han establecido reglamentaciones municipales que pueden regular ciertos derechosde los trabajadores agrícolas, de los acuerdos del Congreso Estatal y del Cabildo Local,en la práctica, las violaciones a los derechos económicos y sociales causados por estasempresas agroexportadoras no han sido atendidos, ni por dichas empresas ni por lasautoridades para que presionen en su cumplimiento.

El gobierno federal elegido en 2000 y el actual gobernador de Jalisco, Francisco RamírezAcuña no han ayudado al cumplimiento de dicha recomendación, estas administracio-nes no aseguran la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de losmigrantes y campesinos de nuestro país, en particular de sus condiciones de salud, vi-vienda, vida y trabajo en las empresas agroexportadoras, las cuales cada día se expan-den más en nuestro país, bajo el cobijo y protección de leyes y autoridades.

Del mismo modo vemos que se siguen presentando casos de afecciones a la salud enpobladores del municipio de Sayula169, y de los campesinos que trabajan en estos cam-pos, es muy necesario que la Secretaría de Salud ponga especial atención en la docu-mentación de casos de enfermedades respiratorias y leucemia que se presenten entre

los pobladores. Del informe Alternativo que entró en vigor 1997 contie-ne elementos que descargan al gobierno de su responsabilidad en lahigiene y seguridad en los trabajos, tal y como se le obliga, tanto en laConstitución Mexicana como en el PIDESC. "Bajo la lógica de desregularpara evitar trabas a la inversión, el... reglamento elimina una serie dedisposiciones que protegían a los trabajadores"170, confiriendo a las

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empresas la verificación de las normas contenidas en el reglamento, y que no deja claroquienes y bajo que criterios se hará dicha verificación. El gobierno mexicano hizo casoomiso a los señalamientos del Comité DESC en su respuesta al Informe de 1998, respectode las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

La afectación al medio ambiente sigue causando impactos graves y deterioro del suelo,del agua y ambiental: el tratamiento de los desechos plásticos no está claramente regu-lado, la combustión de llantas para mantener la temperatura en los cultivos de jitomate yevitar las heladas provoca altos niveles de Partículas Suspendidas, Negro de Humo,Monóxido de Carbono, y Óxidos de Azufre; la salinidad del suelo de cultivo aumentaprovocando el agotamiento de las tierras y la erosión; la modificación de los ciclos natu-rales de cultivo da pie a la aparición de problemas fitosanitarios, derivados de la cons-tante humedad en el subsuelo; la deforestación que hacen los agricultores hortalicerospara extender sus campos de cultivo es una mas de las consecuencias.

Los impactos se dejan sentir también en el ámbito económico afectando a productoreslocales: la aplicación de insecticidas, fungicidas, plaguicidas y productos químicos utili-zados por las empresas hortícolas han afectado a los Apicultores de Sayula al ser afecta-dos los polinizadores naturales y causar mortandad en las abejas, debemos hacer hin-capié en que fácilmente se contaminan por agroquímicos los productos para consumohumanos derivados de esta actividad.

Es necesario que las autoridades federales y estatales tomen cartas en el asunto paraevitar la actuación impune de este tipo de empresas de exportación en deterioro de lasalud y del medio ambiente, para lo cual hacemos algunas propuestas, y solicitamos alComité DESC retomar las propuestas del Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos (2003):

1. A las autoridades federales:

Impulsar la reforma del a Ley Federal del Trabajo en losartículos 280, 280B, 282 A, 283 respectivos a la inclusión deltérmino jornalero migrante agrícola para garantizar susderechos laborales.Promover la reforma del sistema de aplicación de justicialaboral, esto implica que las Juntas de Conciliación y Arbitraje

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dependan del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo como hasta ahora.Garantizar el respeto, aplicación y acceso a los sistemas de valuación de laslegislaciones internacionales, tratados y pactos que el gobierno mexicano hafirmado en materia de Libre Comercio e Intercambio tecnológico, garantizando laequidad de condiciones para los trabajadores del estado mexicano respecto delos trabajadores de otros países.Garantizar el acceso a la justicia ambiental,Garantizar el acceso al derecho a la salud y la seguridad social de los jornalerosmigrantes agrícolas y de sus familias

2. A las autoridades estatales:

Establecer acuerdos de coordinación con el gobierno federal para aplicar lanormatividad correspondiente y evitar las trabas jurisdiccionales y de competen-cia jurídica.Promover iniciativas de regulación y control en materia de inversión en el estadopara uso de recursos naturales para producción y exportación.

3. Al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales lesolicitamos el seguimiento y vigilancia de las recomendaciones dirigidas al Estado Mexi-cano, con especial énfasis respecto de las condiciones medioambientales, laborales yde seguridad social de los trabajadores migrantes, así como de los sistemas de saluddirigidos a la población rural.

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4.2 Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre los DerechosEconómicos, Sociales y Culturales en México, 2006

Capítulo sobre ChiapasCapítulo sobre ChiapasCapítulo sobre ChiapasCapítulo sobre ChiapasCapítulo sobre Chiapas

La red de organizaciones civiles que elaboró el informe alternativo decidió nuevamenteincluir un capítulo sobre Chiapas debido al particular interés que manifestó el ComitéDESC sobre la situación en esta entidad. En este sentido, hacemos un reconocimiento alComité DESC de la ONU por la claridad y la contundencia de los puntos 25 y 44 de susrecomendaciones al Gobierno Mexicano, los cuales contribuyeron decididamente a dis-minuir uno de los mecanismos que más contribuyeron a la exclusión y a obstaculizar elgoce de los DESC de la población indígena en las regiones afectadas por el conflictoarmado en el Estado de Chiapas.

I. Reducción de la pobreza y la desnutrición

Frente a la preocupación del Comité DESC respecto a los limitados servicios de salud,educación, empleo, nutrición adecuada y vivienda entre las poblaciones indígenas delos Estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, el Gobierno de México respondeen su informe que para la atención de estas zonas se están implementando diversosprogramas sociales, entre los que destaca Oportunidades.172

En realidad los programas gubernamentales federales no han logrado mejorarsignificativamente las condiciones materiales de vida de los indígenas del país, en espe-cial los que viven en el estado de Chiapas. La información generada por el mismo Pro-grama Oportunidades reconoce que los niveles de desnutrición de los menores de cincoaños beneficiados por el programa no han sido reducidos.

A nivel nacional, oficialmente se reporta que la desnutrición crónicaafecta al 17.7% de los menores de cinco años y que el 27% padecenanemia173. Sin embargo, otros estudios recientes han reportado paraChiapas un 39%174 de menores de cinco años con déficit de talla gravey moderado. Otros indican que en las regiones afectadas por el con-

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flicto armado, una cifra de desnutrición crónica en la población indígena menor de cincoaños del 54.7%.175

Algunos programas estatales de cobertura limitada han logrado reducir la desnutricióngrave casi un 50% en localidades de extrema pobreza, mediante acciones multisec-toriales176. Sin embargo, limitaciones presupuestales han impedido que alcancen unamayor cobertura.

Los programas gubernamentales dirigidos a combatir la desnutrición están casi exclusi-vamente basados en la asistencia y no en el apoyo a la seguridad alimentaria y no con-tribuyen a garantizar el derecho a la alimentación, por lo que fomentan la dependenciay desalientan la producción local. Los alimentos de estos programas son poco adecua-dos culturalmente, los cuales son frecuentemente revendidos en los mercados o utiliza-dos para alimentar animales de traspatio. La escasa continuidad y la falta de un enfoqueambiental y culturalmente adecuado de los programas para el apoyo a la producciónagropecuaria favorecen la persistencia de la desnutrición.

El Programa Oportunidades está basado en la focalización individual, en la que una par-te –generalmente pequeña–, de la comunidad queda excluida, lo que genera con fre-cuencia, diferencias y divisiones comunitarias. Por otro lado, al carecer de criterios decalificación que consideren mejorías graduales, la población beneficiaria de Oportuni-dades tiene que demostrar que sigue viviendo en condiciones de extrema pobreza, paraseguir recibiendo el apoyo en efectivo del Programa. Es decir, la población se ve obligadaa refrendar y demostrar su nivel de extrema pobreza para seguir siendo incluida en elpadrón de beneficiarios.

Debido a esta condición, con frecuencia se observa que las mujeres y familias que reci-ben los beneficios de este programa rechazan otros programas para el mejoramientode sus condiciones materiales de vida. De este modo, el Programa Oportunidades se

convierte en un freno para alcanzar mejoras progresivas en el disfrutede los derechos, pues la necesidad impuesta de seguir siendo y apa-reciendo como pobres, constituye una fuerza opuesta a las mejorasmateriales a nivel comunitario, reproduciendo así un esquema de de-pendencia en torno a los recursos gubernamentales que, en lugar depromover derechos, otorgan subsidios.

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II. El PROCEDE vulnera los derechos de los pueblos indígenas

El derecho a la consulta establecido y aceptado por el gobierno de México al ratificar elConvenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, no ha sido reguladopara garantizar la participación y la decisión de los pueblos indígenas en México, para ladefinición y aplicación de programas de desarrollo. La consulta no ha sido establecidacomo obligatoria y en los casos en que se ha aplicado ha sido de manera arbitraria, esdecir, sin criterios ni metodologías adecuadas.

El derecho a la información y la consulta, como base elemental para la libre decisión delas comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas no es considerado suficien-temente en la gestión de los programas y proyectos gubernamentales. En este sentido,es importante referirse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación deSolares Urbanos –PROCEDE– que tiene como objetivo dar seguridad legal a los campesi-nos, entregándoles certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común desu ejido, así como títulos de los solares urbanos. El PROCEDE inicia sus acciones a princi-pios de 1993, como consecuencia directa de las reformas al Artículo 27o de la Constitu-ción Federal177.

Cabe señalar que desde antes de la existencia de la nueva Ley Agraria, la mayoría de losejidos y comunidades ya contaban con los documentos que acreditan la posesión legalde sus tierras. Hay que señalar que la aplicación del PROCEDE contempla seis etapas,que pueden ser aceptadas todas o parcialmente a partir de un proceso de información,consulta y decisión en asamblea ejidal o comunal. En la última de ellas los integrantes deun ejido o comunidad pasan al llamado régimen de "dominio pleno", que es cuandolegalmente los ejidatarios se convierten en propietarios privados individuales de su par-cela y de su terreno urbano (antes solar), con lo que se termina por destruir el sentidocomunitario de los pueblos, acabándose así el valor de la asamblea y los trabajos comu-nitarios de beneficio social, además de que, en esos casos, las tierras de uso común, alya no existir el ejido, pasan de nuevo a propiedad del gobierno, encalidad de Terrenos Nacionales.

Chiapas es una de las tres entidades que presenta menor avance enla aplicación del Programa: sólo el 43% del total de hectáreas en ma-nos de ejidos y comunidades están incorporadas de manera parcial o

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total, pues la mayoría de las comunidades indígenas no están de acuerdo en modificarsus formas tradicionales de tenencia de la tierra178. En los últimos años ha habido unafuerte presión por parte de las autoridades federales y estatales para que los campesi-nos acepten el programa, estas presiones han incluido la información parcial o tenden-ciosa acerca del PROCEDE, amenazas de cortar los subsidios gubernamentales como elPrograma de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y Oportunidades a quienes lo re-chacen y sobornos a las autoridades ejidales y comunales.

Preocupadas por esta situación, diversas organizaciones civiles y sociales del Estado deChiapas, realizaron a finales de 2005 un estudio en 35 ejidos y comunidades agrarias dediversos municipios con alta presencia indígena, para analizar las formas en que el Esta-do Mexicano, a través de sus dependencias agrarias, está instrumentando dichos pro-gramas179.

De los resultados del estudio y de otros análisis sobre el Programa se desprendieron lassiguientes conclusiones:

PROCEDE y PROCECOM están afectando profundamente las formas tradicionalesde uso del suelo, la organización social comunitaria y el acceso a los recursosnaturales que tradicionalmente se consideran de uso común. Estos programasson contrarios a los derechos de los pueblos indígenas porque están claramenteenfocados en la privatización de la propiedad ejidal y comunal, favoreciendo losintereses económicos del sector empresarial nacional y extranjero.Que con la Nueva Ley Agraria se concluye el reparto agrario y se legaliza ellatifundio. El patrimonio de las familias campesinas, indígenas y no indígenas,queda a disposición del mercado. Por tanto, es del todo contraria a diversostratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, especialmente delConvenio 169 de la OIT y de la jurisprudencia que el Sistema Interamericano haemitido a favor de los pueblos indígenas; lo cual implica una situación deregresividad en los derechos económicos, sociales y culturales de la población

más marginada.Que PROCEDE y PROCECOM, además de poner en riesgo el

patrimonio y medio de subsistencia de las familias campesinas,constituye un acto del Estado que afecta culturalmente a las comuni-dades indígenas en particular, introduciendo prácticas individualistascontrarias a las ancestrales basadas en la tenencia colectiva de la

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tierra y trabajo y convivencia comunitaria; provocando desintegración familiar,comunitaria e intercomunitaria y ha generado conflictos intergeneracionales alinterior de las comunidades; alterando de igual modo sus instituciones y siste-mas normativos tradicionales.Que PROCEDE y PROCECOM afectan el acceso a los recursos naturales quetradicionalmente han sido de uso común, convirtiéndolos ahora en propiedadindividual, afectando el acceso al agua, bosque, y otros recursos naturalesindispensables para la vida de las familias.Que PROCEDE y PROCECOM reproducen en la vía de los hechos las prácticas deexclusión a las mujeres, al no ser tomadas en cuenta en las Asambleas ni con suvoz y mucho menos con su voto, negándoles su derecho a la posesión de latierra y a decidir sobre su destino. Por otro lado, el ingreso a estos programasgubernamentales elimina la obligatoriedad ejidal o comunal de otorgar unaparcela productiva para las mujeres (Unidad Agrícola Industrial de la Mujer).Que las instancias encargadas de instrumentar el PROCEDE/PROCECOM, lohacen mediante engaños, manejo parcial o distorsionado de la información, yamenazas y condicionamiento de otros programas sociales.

III. Migración y DESC en Chiapas

Hasta hace diez años, Chiapas era una región de atracción para migraciones prove-nientes de Centroamérica y de otras regiones del país. Actualmente, a pesar de queexisten aún migraciones laborales estacionales de jornaleros guatemaltecos en la re-gión del Soconusco, Chiapas se ha convertido en una región de expulsión demográfica:una de cada tres familias de esta entidad depende económicamente de las remesasenviadas por los migrantes chiapanecos radicados en Estados Unidos, y al menos 79por ciento de quienes deciden emigrar a ese país, no regresa. De acuerdo con estudioselaborados por el Consejo Estatal de Población180, durante los últimos años, Chiapasdesplazó al estado de Zacatecas como la entidad de origen con másmigrantes indocumentados que cruzan la frontera norte.

Los indocumentados centroamericanos transmigrantes en Chiapassufren, sin embargo, incesantes extorsiones y violencias, tanto por partede los cuerpos policíacos y de migración, como de grupos criminales

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como los maras, grupos de jóvenes centroamericanos y mexicanos que han formadopandillas que roban, violan y asesinan a los migrantes provenientes de países centro-americanos. Las maras son un subproducto de las guerras en Centroamérica181 y de lafalta de políticas gubernamentales para dar opciones económicas a los jóvenes. La con-ducta delictiva de las maras ha sido aprovechada y refuncionalizada como instrumentodisuasivo de la migración, así como para el tráfico de personas, armas y estupefacien-tes. Su crecimiento fue propiciado por la impunidad y tolerancia de las autoridades poli-cíacas y migratorias. No obstante, el flujo estacional de jornaleros migratoriosguatemaltecos sigue llegando a Chiapas. Aproximadamente la mitad de ellos son docu-mentados, mientras que la otra mitad sufre de condiciones laborales injustas y riesgosaspara su salud182.

Cálculos conservadores indican que anualmente entre 80 y 150 mil trabajadores tempo-reros guatemaltecos cruzan a México para trabajar en cultivos de banano, café, soya,caña de azúcar y diversos frutales en el estado fronterizo de Chiapas. Otros 15 mil sedesplazan a otros estados mexicanos colindantes como Tabasco, Quintana Roo,Campeche y Yucatán183.

La liberalización de la importación del maíz y frijol acordada por el Tratado de Libre Co-mercio con los Estados Unidos y Canadá y calendarizada para el 2008, sin duda profun-dizará esta crisis y expulsará a un mayor número de campesinos de la región.

IV. La ruptura del tejido social y el ejercicio de los DESC

Los conflictos intra e intercomunitarios son propiciados por el uso discriminatorio y clientelarde los programas sociales del gobierno, pues potencian la intolerancia política y religio-sa, la que se han exacerbado –y fomentado– como consecuencia del conflicto armadoiniciado en 1994. La ruptura del tejido social constituye un obstáculo para el pleno ejerci-

cio de los DESC en Chiapas.

La división interna de las comunidades ha sido la expresión más tan-gible de la polarización y ha favorecido un grave fenómeno de frag-mentación y atomización demográfica. A este proceso han contribui-do el crecimiento poblacional, la presión por la tierra cultivable y el

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desmantelamiento de la economía campesina. Las poco más de 16,000 localidades queexistían en 1990 aumentaron a 19, 453 en el censo del 2000184. En la actualidad se calcu-la que existen más de 22,000. La creación de nuevos asentamientos implica casi invaria-blemente, la llegada a sitios más alejados y de difícil acceso. La cantidad de asentamientos,su enorme dispersión y difícil acceso constituyen obstáculos difíciles de flanquear para ladotación de servicios básicos de agua entubada, energía eléctrica, caminos, escuelas yclínicas, entre otros. En algunas regiones este crecimiento ha sido exponencial, ya que sehan podido observar casos en que comunidades que surgen de divisiones, vuelven asubdividirse.

Las expulsiones por motivos religiosos y políticos han sido una de las expresiones másviolentas de la intolerancia. Con frecuencia, están precedidas de otras agresiones, queincluso han llegado al asesinato, a la violación y la quema de viviendas. El conflicto ar-mado iniciado en 1994 agravó los niveles de intolerancia política y religiosa: en diferentesmomentos hubo desplazados que salieron –y siguen– fuera de sus localidades viviendoen campamentos en los que tienen que depender de la ayuda externa para susobrevivencia, además de vivir bajo una noción de transitoriedad que les impide bienes-tar mental y el ejercicio de sus derechos culturales. En diferentes momentos, la cifra dedesplazados en Chiapas ha alcanzado los 30,000. Actualmente hay alrededor de 6,000.

La situación más frecuente se encuentra, sin embargo, en comunidades que sin despla-zamientos importantes se encuentran divididas por razones políticas, religiosas o am-bas. Estas comunidades se caracterizan entre otras cosas, por el hecho de tener más deun grupo de autoridades y por existir entre éstas una tensión social no exenta de mani-festaciones violentas. Un diagnóstico de salud diferenciado entre las comunidades quese encuentran divididas y las que no, en tres regiones de Chiapas afectadas por el con-flicto (Selva, Altos y Norte) mostró a través de diferencias estadísticamente significativasque las condiciones de salud de las comunidades que se encontraban divididas erancomparativamente peores185. Los indicadores de mortalidad general, mortalidad infantil,nutrición en menores de cinco años, tuberculosis pulmonar, lesiones ymorbilidad mostraron las mismas diferencias. Cuando hay una emer-gencia gineco-obstétrica, por ejemplo, en una comunidad dividida, noexisten ya los lazos de apoyo recíproco que favorecen la llegada rápi-da a un hospital. Se encontraron diez intentos de suicidio, de los cua-les ocho terminaron en muerte, los cuales se concentraron en las co-

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munidades divididas de la región Norte. Este hallazgo da cuenta de las graves tensionesy problemas emocionales que ha traído consigo la ruptura del tejido social como conse-cuencia del conflicto.

En este estudio, todos los indicadores fueron contrastados con comunidades no dividi-das, con servicios públicos o en resistencia civil. Es importante hacer notar que no hubodiferencias significativas entre comunidades no divididas que recibían servicios públicosgubernamentales y las no divididas que por razones políticas rechazan los subsidiosgubernamentales. Las principales conclusiones que se derivan de este estudio apuntana que la capacidad de respuesta organizada y la cohesión de las comunidades son másimportantes que la presencia o no de servicios de salud para determinar las condicionesde salud de sus habitantes. La salud no es el único problema afectado por las divisionescomunitarias. Durante los años 2003 y 2004 se conocieron múltiples denuncias en losAltos de Chiapas de comunidades en las que no se permitía que los niños de un grupopolítico o religioso asistieran a la escuela187.

Las comunidades indígenas se habían caracterizado tradicionalmente por su cohesión.Esta era especialmente notoria en las localidades de la selva, que habían desarrolladofuertes estructuras organizativas que les permitieron responder colectivamente a los pro-blemas de salud y a muchas otras necesidades comunes. El panorama que se vive enmuchas regiones actualmente es el de comunidades sin fuerza y con una capacidad degestión empobrecida. Ante necesidades importantes, como el agua o la salud no haycapacidad de convocatoria ni de participación. Aunada a las tensiones políticas y religio-sas, la migración de los jóvenes hacia el norte también disminuye la capacidad de res-puesta colectiva.

V. Interferencia de las fuerzas armadasen los programas de desarrollo

La interferencia de las fuerzas armadas en los programas sociales fueuno de los factores que mayor incidencia tuvieron sobre el proceso depolarización social que ha dividido a cientos de comunidades indíge-nas que ahora sufren las consecuencias materiales y emocionales dela ruptura del tejido social.

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La interferencia de las fuerzas armadas y la aplicación condicional y clientelar de losprogramas sociales fue el signo distintivo de la política gubernamental estatal y federaldurante el periodo de 1995 a 1999.

Durante el gobierno de Pablo Salazar ha persistido, aunque de manera más sutil, elapoyo selectivo a las organizaciones y "bloques regionales" que le son políticamenteafines, en detrimento de los otros grupos.

Dos factores incidieron positivamente para disminuir la política de exclusión de la cualfue parte la interferencia militar. Estos dos factores fueron:

Las recomendaciones del Comité DESC de la ONU en noviembre de 1999 respec-to a la interferencia de las fuerzas armadas en los programas sociales. Estasrecomendaciones fueron ampliamente difundidas por organismos de la socie-dad civil y fueron el eje central de acciones de observación ciudadana Lasobservaciones y recomendaciones fueron convertidas en instrumentos deobservación ciudadana188, cuyos resultados fueron dados a conocer de maneraamplia por la prensa nacional.Los gobiernos estatal y federal coincidieron en llevar a cabo algunas accionesque incidieron positivamente en la reducción de la interferencia militar en losprogramas sociales. Uno de los rasgos sobresalientes fue el desmantelamientodel Programa de Desarrollo de la Región de Las Cañadas, el cual fue suspendidopor el gobierno de Chiapas por su carácter contrainsurgente y discriminatorio.

Sin embargo, han perdurado durante varios años los efectos de la interferencia militarpor medio del Programa de Labor Social del Ejército y la ocupación militar del Hospital deGuadalupe Tepeyac. A pesar de los rasgos positivos arriba señalados, la desconfianzaen los servicios públicos persiste.

Las divisiones intracomunitarias fueron en gran medida acentuadaspor el carácter discriminatorio y excluyente que prevaleció por variosaños con la participación de las fuerzas armadas. Efecto similar tuvie-ron los bloqueos y retenes que el ejército mantuvo en las regiones in-dígenas durante varios años.

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VI. Militarización

En el territorio de mayor presencia indígena en el estado de Chiapas, que coincide con ladenominada "zona de conflicto" existen, hasta septiembre de 2005, 84 instalacionesmilitares. Este número supera por mucho lo aceptable para una normalidad democráti-ca. Existe una contradicción entre la política militar en Chiapas y las razones fundadas enla ley para justificar su presencia. Cabe mencionar que en ningún momento del conflictose ha decretado un estado de excepción y la simple ocupación de tierras indígenaspor parte del Ejército mexicano y la Marina mexicana, contraviene lo dispuesto en laConstitución y en las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el go-bierno mexicano.

La falta de voluntad para el diálogo por parte del gobierno mexicano para atender losacuerdos suscritos entre éste y el EZLN en los llamados "Acuerdos de San Andrés" de1996, hacen que la aplicación de políticas y programas públicos de gobierno resultenecesariamente en una atención sesgada a la población y en una fuente permanente detensiones, confrontaciones y en no pocos casos de violencia.

Los grupos paramilitares que todavía operan en algunas zonas de Chiapas, siguen ten-diendo el control político de los municipios, a través de los cuales se distribuyen cuantio-sos recursos destinados a programas de desarrollo e infraestructura. Se ha documenta-do la forma en la que estos recursos han sido canalizados de manera prioritaria a lossimpatizantes de los grupos paramilitares. Incluso, existen evidencias de que algunos deestos recursos se han desviado para mantener a los propios grupos paramilitares. Estoshechos han sido ampliamente documentados en el juicio por peculado y ejercicio inde-bido de funciones públicas en contra de Carlos Torres López (proceso penal 378/2002),presidente municipal de Tila (1999-2001) y miembro del grupo paramilitar Paz y Justicia.La falta de un acuerdo entre el Gobierno federal y el EZLN sigue siendo una fuente impor-tante de tensión social y un impedimento para la instrumentación de una política social

sin exclusiones. El Gobierno federal insiste en que ha cumplido con lastres demandas establecidas por el EZLN para reanudar el proceso depaz. Estas tres condiciones se refieren a la liberación de presos, a laaprobación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos yCultura Indígenas propuesta por la Comisión de Concordia y Pacifica-ción -COCOPA-, y al desmantelamiento de puestos militares en varios

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puntos del estado. Esta última condición fue la única cumplida puntualmente durante lasprimeras semanas de la presente administración. Sin embargo, además de que existenaún varios presos zapatistas189, el punto de mayor confrontación se debe a que la leyindígena aprobada contraviene la propuesta original de la COCOPA que había sido yaaceptada e impulsada por el EZLN. Una de las principales diferencias es que la ley apro-bada limita la autonomía indígena al no considerar a los Pueblos Indígenas como "suje-tos de derecho público", sino como "sujetos de interés público" (para la aplicación priori-taria de programas de atención).

Al no haberse aprobado el proyecto de ley propuesto por la COCOPA190 se incumplió conun compromiso de Estado firmado y establecido en los Acuerdos de San Andrés. Al apro-bar una ley distinta el Estado mexicano rompió el acuerdo, cerró las puertas al diálogo ypermitió la perpetuación del conflicto armado en Chiapas.

En este contexto, el Comisionado Federal para la Paz no realiza ninguna acción efectivapara la reanudación de un proceso de diálogo o distensión. Desde su designación, noha podido establecer comunicación alguna con el EZLN y se ha limitado a hacer intentospor menoscabar la posición de resistencia civil de grupos aislados ofreciendo beneficiosde los programas sociales. Diversos medios de comunicación, organizaciones de lassociedad civil y partidos políticos han señalado que su papel ha sido más en la lógica dela contrainsurgencia que en el de la auténtica búsqueda de soluciones pacíficas y nego-ciadas al conflicto.

En este sentido es lo apuntado por algunos diputados del Partido de la Revolución De-mocrática (PRD) en junio del 2004 quienes señalaron que ante la falta de resultados parael diálogo con el EZLN se pretende "premiar" a quienes no simpatizan con el movimien-to191. Igualmente miembros de la COCOPA, como Bernardino Ramos, han comentadoque "Es penoso y preocupante que ahora el comisionado para la paz tenga como papella entrega de láminas para la construcción de viviendas, reuniones con grupos anti-zapatistas y de corte violento como Paz y Justicia"192. El motivo de estadenuncia está relacionado con el hecho de que el 1º de junio de esemismo año, el comisionado ingresó en la comunidad La Realidad (unode los centros políticos de los zapatistas) para entregar dinero y apo-yos a familias priístas de ésa y otras comunidades vecinas. A puertacerrada, el encargado gubernamental realizó reuniones con familias

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priístas para gestionar ayuda de las autoridades federales. Eventos como éste formanparte de una estrategia que el Comisionado ha repetido en diferentes puntos de la zonade conflicto193.

VII. Recomendaciones

Con base en lo anteriormente expuesto solicitamos al Comité DESC de la ONU recomen-dar al Gobierno Mexicano:1. Que asegure que los programas sociales que se llevan a cabo en las comunida-

des rurales y, en especial las indígenas, fortalezcan la universalidad de derechosy los mecanismos de participación comunitaria.

2. Que se garantice que los programas y recursos públicos no sean utilizados confines político-partidarios, sobre todo en coyunturas electorales, evitando elcondicionamiento de la prestación de servicios públicos y el acceso a programas,entre otros.

3. Que los programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones de la poblaciónindígena se orienten al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades locales yeviten la dependencia.

4. Que los programas de desarrollo social incluyan mecanismos de participación dela población en el diseño, monitoreo y evaluación de su aplicación, así comocriterios de pertinencia cultural y estacional.

5. Que se incrementen los apoyos para el desarrollo de programas integrales deimpacto positivo comprobado, permitiendo una gradual mejoría de las capaci-dades locales y la infraestructura comunitaria.

6. Que se asegure que el Estado mexicano respete el derecho de los ejidos y bienescomunales a decidir si se inscriben o no en el PROCEDE Y PROCECOM y que noestablezca condicionamiento alguno para continuar recibiendo los beneficios delos servicios y programas públicos.

7. Que sea respetado el derecho a consulta de las comunidadesindígenas establecido y aceptado por el gobierno de México alratificar el Convenio 169 de la OIT.8.Que los programas sociales promuevan y apoyen activamente lainclusión, la tolerancia y que sean diseñados y ejecutados en consultacon todos los integrantes de las comunidades, sin distinción de

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filiación política o religiosa. Una política social que coadyuve a la reconstruccióndel tejido social es la mejor contribución para crear mejores oportunidades parael goce de los DESC.

9. Que las divisiones comunitarias sean consideradas como un factor de riesgo yque los programas sociales evitan una mayor polarización, promoviendo activa-mente la no condicionalidad, la no discriminación y la tolerancia como condicio-nes para su ejecución, sobre todo en regiones de alta conflictividad social.

10. Que se investiguen y castiguen los casos de violación a los derechos humanosproducidos por intolerancia política y religiosa y que se lleven a cabo campañasintensivas de educación sobre la tolerancia, el respeto a las diferencias y laresolución pacífica de conflictos.

Finalmente, solicitamos al Comité DESC que continúe observando, particularmente en lasregiones de conflicto, el carácter civil de quienes implementan la política social.

1 Investigadora del Centro Antonio MontesinosAC, Secretaría Técnica programa DESC de laConvergencia de Organismos Civiles.

2 Académica de la Universidad Nacional Autó-noma de México en la Escuela Nacional deTrabajo Social.

3 Este apartado sobre pobreza y política socialen México fue elaborado por el Centro de Es-tudios Sociales y Culturales Antonio de Mon-tesinos (CAM), y el Programa Diplomacia Ciu-dadana de DECA Equipo Pueblo, A.C., conaportes de FUNDAR Centro de Análisis e In-vestigación.

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales. Pronunciamiento sobre la pobre-za y el Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales, párrafos 1 y 8.Adoptado por el Comité durante su 25 perío-do de sesiones en mayo de 2001. E/C.12/2001/10 (10 de mayo de 2001) El documentose encuentra en la página web del Alto Co-misionado de Naciones Unidas para los De-rechos Humanos (www.unhchr.ch).

5 Observación general Nº 3 (E/1991/23), párra-fo 10 (www.unhchr.ch).

notas

6 Secretaría de Desarrollo Social y Comité Téc-nico para la Medición de la Pobreza. Evolu-ción y características de la pobreza en Méxi-co en la última década del siglo XX. Agostode 2002, 31 pp. (www.sedesol.gob.mx).

7 Secretaría de Desarrollo Social y Comité Téc-nico para la Medición de la Pobreza. Op.cit. pp.9 y 15.

8 Ibid.9 Ibid.10 Comité Técnico para la Medición de la Pobre-

za en México. Presentación sobre Mediciónde la Pobreza 2002-2004, por los siguientesmiembros académicos: Fernando Cortes(Colmex), Rodolfo De la Torre (UIA), Luís FelipeLópez Calva (ITESM), Graciela Teruel (UIA), LuísRubalcava (CIDE), Enrique Hernández Laos(UAM), John Scott (CIDE). México, junio 14,2005. Disponible en la página web de la Se-cretaría de Desarrollo Social:www.sedesol.gob.mx.

11 Elaboración propia con base en la presenta-ción del Comité Técnico para la Medición dela Pobreza, Op. Cit.

12 Ibid.

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13 Datos de la pagina de Internet de SEDESOLwww.SEDESOL.gob.mx.

14 Periódico, La jornada. 14 de abril de 2000.pag. 32).

15 Comisión Económica para América Latina(CEPAL)/Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD)/Instituto de Pesqui-sa Económica Aplicada. Hacia el objetivo delMilenio de reducir la pobreza en América La-tina y el Caribe, 2003.

16 Gobierno de la República. Gabinete de Desa-rrollo Humano y Social. Los Objetivos de De-sarrollo del Milenio en México: Informe deAvance 2005. (Elaborado en colaboración conel Sistema de Naciones Unidas en México),citado en Informe Social Watch 2005. Rugi-dos y murmullos. Género y Pobreza: más pro-mesas que acciones, capítulo sobre México,disponible en www.socialwatch.org.

17 PNUD. Informe sobre Desarrollo HumanoMéxico 2002 e Informe sobre Desarrollo Hu-mano México 2004.

18 Como se expone en los apartados correspon-dientes al derecho a la alimentación, a la sa-lud, a la seguridad social, y a la educación,se han reducido o eliminado subsidios, se hafragmentado y desmantelado el sistema deprotección social, se han reducido recursospúblicos.

19 Secretaría de Desarrollo Social y Transpa-rencia Mexicana. Manual Ciudadano.SEDESOL a los ojos de todos. México, juniode 2002, p. 71.

20 Los derechos económicos, sociales y cultura-les. Informe del Seminario de expertos sobrelos derechos humanos y la extrema pobreza,celebrado del 7 al 9 de febrero de 2001 (E/CN.4/2001/54/Add.1, disponible en:www.unhchr,ch).

21 Ibid.22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Pronunciamiento sobre la pobre-za y el Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales. Op cit.

23 Sandoval Terán, Areli. Estudio sobre estrate-gias de reducción de la pobreza en México,DECA Equipo Pueblo, A.C.; Red Regional deSocial Watch. Pobreza y Sociedad Civil. Análi-sis y Desafíos desde la perspectiva de la So-ciedad Civil en Centro América y México. ElSalvador: Asociación Intersectorial para elDesarrollo Económico y el Progreso, 2004, pp.108-129.

24 Un ejemplo concreto puede encontrarse enel apartado especial sobre Chiapas de esteInforme Alternativo.

25 Presentación y material distribuido en el Se-minario de Consulta y Retroalimentación or-ganizado por la Coordinación Nacional delPrograma de Desarrollo Humano Oportuni-dades, 7 y 8 de noviembre de 2002. (CD titu-lado “Presentaciones”).

26 El análisis sobre presupuesto y gasto socialrecogido en este informe fue elaborado porinvestigadores de FUNDAR:(www.fundar.org.mx).

27 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003,Resultados Generales, Desarrollo Social y Hu-mano. p. 205.

28 Moreno Pedro, Ortiz Claudia, Veinticinco añosde políticas de desarrollo social en México.Mimeo, México, 2003.

29 Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales. Observaciones finales al Estadomexicano (E/C.12/1/Add.41), párrafos 16, 17,20, 24, 20, 31, 33 (disponible en:www.unhchr.ch)

30 Observación general Nº 3del Comité de DESC,párrafo 9.

31 Secretaría de Salud Jalisco, Dirección Generalde Planeación, principa-les causas de mortali-dad. Sistema Epidemio-lógico y Estadístico deDefunciones (CIE-10).

32 Parker, Susana W (2002).Evaluación de Resulta-

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dos de Impacto del Programa de DesarrolloHumano Oportunidades. Instituto Nacional deSalud Pública, CIDE.

33 ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación delos Derechos Humanos en México. Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos. México, DF.

34 SEP (2003). Sistema Educativo de los EstadosUnidos Mexicanos. Principales cifras 2002-2003. México, DF., en www.inegi.gob.mx.

35 Secretaría de Hacienda y Crédito Público(2004). Presupuesto de Egresos de la Federa-ción 2004. Análisis Administrativo Econó-mico,en www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2004/por_ramos/temas/tomos/11/r11_aae.pdf.

36 NU (2003) . Diagnóstico sobre la Situación delos Derechos Humanos en México. Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos. México, D.F.

37 INI (2002). Indicadores Socioeconómicos delos Pueblos Indígenas de México 2002. Méxi-co DF., Cuadro número 4.

38 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígenaen México. Fundación Rigoberta Menchú Tum,México DF.

39 Ibid.40 ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de

los Derechos Humanos en México. Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos. México, D.F.

41 Ibid.42 INEGI (2000a). XII Censo General de Pobla-

ción y Vivienda, 2000. Base de datos, enwww.inegi.gob.mx.

43 Ibid.44 Ibid.

45 INI (2002). IndicadoresSocioeconómicos de losPueblos Indígenas deMéxico 2002. México D.F.,Cuadro número 5.46 Ibid.47 Ibid.

48 Ibid.49 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena

en México. Fundación Rigoberta Menchú Tum,México D.F.

50 Ibid.51 Ibid.52 INEE (2003). La Educación Indígena: El Gran

Reto. Los Temas de La Evaluación. Colecciónde Folletos. Folleto número 1 en:www.capac i tac ion. i l ce .edu.mx/ inee/acerca.htm

53 Ibid.54 CONAPO (2001). Estimación del Índice de

Marginación Municipal 2000 en ProgramaNacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas 2001-2006 (INI, 2001), enwww.cdi.gob.mx.

55 INEE (2003). La Educación Indígena: El GranReto. Los Temas de La Evaluación. Colecciónde Folletos. Folleto número 1 en:www.capac i tac ion. i l ce .edu.mx/ inee/acerca.htm

56 INEGI (2000b). XII Censo General de Pobla-ción y Vivienda 2000. Tabulados Básicos, enwww.inegi.gob.mx

57 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígenaen México. Fundación Rigoberta Menchú Tum,México D.F.

58 Martínez Rizo, Felipe (2002). Nueva visita alpaís de la desigualdad. La distribución de laescolaridad en México, 1970-2000. RevistaMexicana de Investigación Educativa, sep-tiembre-diciembre 2002, vol.7, número 16.México D.F.

59 INEGI (2000a). XII Censo General de Pobla-ción y Vivienda, 2000. Base de datos, enwww.inegi.gob.mx.

60 INEGI (2000b). XII Censo General de Pobla-ción y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos, enwww.inegi.gob.mx.

61 INI (2001). Programa Nacional de Desarrollode los Pueblos Indígenas 2001-2006, enwww.cdi.gob.mx.

62 DGEI (2001) en www.sep.gob.mx.

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63 ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación delos Derechos Humanos en México. Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos. México, D.F.

64 Conafe (2004) en www.conafe.edu.mx.65 World Bank (2004). Education for All: Com-

pensating for Disadvantage in Mexico enwww1.wor ldbank.org/educat ion/pdf/edunotes_Mexico2.pdf.

66 SEDESOL (2003). Diario Oficial, Miércoles 5 deMarzo, Segunda Sección. México D.F.

67 Parker, Susana W (2002). Evaluación de Re-sultados de Impacto del Programa de Desa-rrollo Humano Oportunidades. Instituto Na-cional de Salud Pública, CIDE.

68 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígenaen México. Fundación Rigoberta Menchú Tum.México D.F.

69 Tales como la Plataforma de Acción de laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,Beijing, septiembre de 1995; en 100j, 106 (e, k,r, y), 108 (i). B). Cumbre Mundial sobre Desa-rrollo Social, Declaración de los Compromi-sos, 2(b), y 6(p), Programa de Acción, 36(d),37(e). Programa de Acción de la ConferenciaInternacional sobre la Población y el Desarro-llo, El Cairo, septiembre de 1994, 8.20(a,b),8.21, 8.22, 8.24, 8.26. Conferencia Mundialsobre los Derechos Humanos, Programa deAcción, 47. Convención sobre los Derechosdel Niño, 24.2(d). Y Convención sobre la Eli-minación de todas las formas de Discrimina-ción contra la Mujer, 12.2 y 14.2(b).

70 Programa de Acción “Arranque Parejo en laVida”. Subsecretaría de Prevención y Protec-ción a la Salud. Secretaría de Salud. México,2002. p.14.* N.V.R. Nacidos Vivos Registrados.

71 Programa de Acción “Arranque Parejo en laVida”. Subsecretaría de Prevención y Protec-ción a la Salud. Secretaría de Salud. México,2002. p.21.

72 Anexo del Tercer Informe de Gobierno. Desa-rrollo Humano y Social. Salud. P.76.

73 Presentación de la Subsecretaría de Innova-ción y Calidad. Dirección General de Informa-ción en Salud. Rafael Lozano. III ConferenciaNacional sobre Maternidad sin riesgos enMéxico. 21-23 de julio del 2003.

74 FUNDAR. La Mortalidad Materna: Un proble-ma sin resolver. México, 2002. P.2.

75 Ver CIMAC. Cristina Martín. “Tienen México yÁfrica cifras similares en muerte materna” .9-15 de septiembre del 2003.

76 Programa Arranque Parejo en la Vida. Impac-to APV. P.21.

77 Nota de CIMAC, Silvia Magalli, 8 de mayo del2002.

78 El Universal, 24 de mayo del 2002. NuevoMundo. P.2.

79 El Universal, 12 de agosto del 2000. Nación. P.12.80 Citado en nota de CIMAC, Silvia Magalli, 8 de

mayo del 2002.81 Catherine Menkes del Centro Regional de In-

vestigaciones Multidisciplinarias(CRIM) de laUNAM, citada en nota de CIMAC, por SilviaMagalli, 8 de mayo del 2002.

82 Ibídem.83 México: Informe de Ejecución del Programa

de Acción de la Conferencia Internacionalsobre la Población y el Desarrollo, 1994-2003.Comité Técnico para la revisión de avances.Secretaría de Gobernación, Secretaría de Re-laciones Exteriores, Consejo Nacional de Po-blación, Senado de la República LIX Legisla-tura y Cámara de Diputados LIX Legislatura.México, Marzo del 2004. P.225

84 Ibídem. p.2185 Instituto Nacional de las Mujeres: www.inmujeres.gob.mx/pprincipal/En “Indi-

cado-res”.86 Blanco Muñoz, Julia. “El

Aborto Inducido: ¿Unproblema legal o de sa-lud?. Centro de Salud Pú-blica Poblacional del Ins-tituto Nacional de SaludPública en:

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www.insp.mx/salvia/9712/sal9712187 Afirmó la Secretaria General de CONAPO, Ele-

na Zúñiga en nota de La Jornada, 23 de abrildel 2003.

88 En “Aborto. Las Cifras Disponibles en México”GIRE. Agosto 2003. www.gire.org.mx/aborto

89 En el debate acerca del aborto suelen utili-zarse los términos «despenalizar» y «legali-zar» como sinónimos, pero hay una diferen-cia importante. Despenalizar significa que elaborto deje de ser un delito, es decir, que laley deje de contemplar un castigo para lamujer que se lo practica y para quien colabo-re con ella. Legalizar el aborto implica modi-ficar las leyes necesarias para que el abortosea considerado parte del derecho a la pro-tección de la salud y, por lo tanto, se ofrezcaun servicio médico seguro dentro de los ser-vicios de salud públicos y privados. Para in-formación más amplia sobre el aborto ver:“Miradas sobre el aborto”, GIRE, 2000.“Los Hombres y el aborto”, Temas para el de-bate No1, GIRE, 2001.“Paulina en el nombre de la ley”, Temas parael debate No2, GIRE, 2000“Trazos de una polémica. El aborto en 1998”,Temas para el debate No3, GIRE, 2001

90 FUNDAR. La Mortalidad Materna: Un proble-ma sin resolver. México, 2002. y Foro Nacio-nal de Mujeres y Políticas de Población.Morbimortalidad Materna: Monitoreo y Ela-boración de Propuestas para Políticas Públi-cas en México. Octubre, 2002.

91 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación,A. C. “Presupuesto Público y Mortalidad Ma-terna: Seguimiento al programa Arranqueparejo en la Vida”. México, 2003.

92 Acuerdo por el que seestablece la aplicaciónobligatoria de las institucio-nes públicas y privadas delSistema Nacional de Salud,de los componentes sus-tantivos y estratégicos del

Programa de Acción de Arranque Parejo enla Vida y de vigilancia epidemiológica activade las defunciones maternas. Publicado el 1ºde noviembre de 2004 en el Diario Oficial dela Federación pp. 70-74.

93 Informe Periódico que rinde el Gobierno delos Estados Unidos Mexicanos con motivo dela aplicación del Pacto Internacional de Dere-chos Económicos, Sociales y Culturales. Se-cretaría de Relaciones Exteriores. DirecciónGeneral de Derechos Humanos y Democra-cia. 2004.

94 Observaciones finales del Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales: México.08/12/99. E/C.12/1/Add.41. (Cloncluding Ob-servations/Comments). 8 de diciembre de 1999.

95 Informe Periódico que rinde el Gobierno delos Estados Unidos Mexicanos con motivo dela aplicación del Pacto Internacional de Dere-chos Económicos, Sociales y Culturales. Se-cretaría de Relaciones Exteriores. DirecciónGeneral de Derechos Humanos y Democra-cia. 2004. P.242.

96 Observaciones finales del Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales : México.08/12/99. E/C.12/1/Add.41. (Concluding Ob-servations/Comments). En “C. Factores y difi-cultades que obstaculizan la aplicación delPacto” Nº 14.

97 Ver GIRE. “Leyes sobre el Aborto. Los avancesen la Ciudad de México” Hoja Informativa.Marzo del 2004.

98 De las 150 ANPs existentes, han sido regis-tradas en el Diario Oficial de la Federación 53:31 Reservas de la Biosfera, 13 Parques Nacio-nales, 8 Áreas de Protección de Flora y Faunay 1 Monumento Natural).

99 La REBIMA cuenta con 331,200 has. que abar-can los siguientes ecosistemas: selva altaperenifolia y mediana sudcaducifolia, bosquede pino-encino, bosque ripario de galería, tim-bales y sabana.

100 Stavenhagen, Rodolfo. Informe del RelatorEspecial sobre situación de los derechos hu-

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Sociales,Culturales


manos y las libertades fundamentales de losindígenas. Misión a México, diciembre de2003.

101 La REBIMA fue la primera Reserva de laBiosfera creada en México, incluso antes delestablecimiento del SINAP.

102 Cf. La Ley General del Equilibrio Ecológico yProtección al Ambiente, México, varias edi-ciones.

103 Cf. los “Agradecimientos” en el Programa deManejo Reserva de la Biosfera Montes Azu-les, INE, México, D.F. 2000.

104 Cf. Las “Reglas Administrativas de la Reservade la Biosfera”, en Programa de Manejo Re-serva de la Biosfera Montes Azules, Op. Cit.

105 Programa de Manejo, Op. Cit. p. 104.106 GEF es una agencia implementada conjun-

tamente por el Banco Mundial, el PNUD y elPNUMA. Cf. México. Mesoamericano Bio-logical Corridor Project, GEF-World Bank, 2000.

107 bidem.108 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indíge-

nas y Tribales en Países independientes, 1989,varias ediciones.

109 Corredor Biológico Mesoamericano-México.Informe anual de avances 2003-2004,CONABIO-Nafinsa. Fideicomiso Fondo para laBiodiversidad, México, 2004.

110 Ibid. pp. 133-134.111 Enlace, Comunicación y Capacitación, AC.

“Montes Azules, el asedio a los recursos es-tratégicos y la defensa india del territorio”, doc.de trabajo, Comitán, Chiapas, 2003.

112 A este respecto, el Relator Especial de la ONUsobre la situación de los derechos humanosde los pueblos indios “recomienda al Congre-so de la Unión reabrir el debate sobre la re-forma constitucional en materia indígena conel objeto de establecer claramente todos losderechos fundamentales de los pueblos in-dígenas de acuerdo a la legislación interna-cional vigente y con apego a los principios fir-mados en los Acuerdos de San Andrés”, enStavenhagen, Rodolfo, Op. Cit. p. 20.

113 La Jornada, 1 de diciembre de 2001.114 La Jornada, 6 de abril de 2002.115 La Jornada, 6 de enero de 2003.116 Ibidem.117 CDHFBC, Boletín de prensa. Quemadas 23

casas en Nuevo San Rafael, 23 de enero de2004.

118 La Jornada, 20 de febrero de 2003.119 SEMARNAT, Comunicado de prensa Núm.

124/04, 7 de julio de 2004.120 La Jornada, 12 de noviembre de 2004.121 Secretaría de Desarrollo Social-Gobierno del

Estado de Chiapas, Programa Integral de De-sarrollo Sustentable de la Selva, junio de 2002.

122 UAM-Xochimilco, Evaluación externa del Plande Desarrollo Microregional Amador Her-nández, abril de 2004.

123 Secretaría de Desarrollo Social-Gobierno delEstado de Chiapas, Programa Integral de De-sarrollo Sustentable de la Selva. DesarrolloLocal-Inversión 2003, 2003.

124 UAM-Xochimilco, Op cit.125 Ibidem.126 Ibidem.127 En www.mexiko-koordination.de.128 Ibidem.129 Plan Operativo Global, diciembre, 2004, p. 67.130 Centro de Derechos Humanos “Miguel

Agustín Pro”, Recomendaciones CIDH 2003,México, 2003.

131 Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-nes Unidas para los Derechos Humanos enMéxico, Diagnóstico sobre la situación de losDerechos Humanos en México, México, D.F.,2004.

132 Barrios Hernández, Martín Amarú. “El Calzónde Manta y los Levi´s: Los indios detrás de lastransnacionales”.Mimeógrafo, 2002. s/p.

133 Observación GeneralNo. 15 del Comité DESCde la ONU.

134 Datos del INEGI Censo dePoblación 2000.

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135 Las actividades de la planta de Ciba se enfo-can en la producción y distribución de colo-rantes básicos, ácidos y dispersos; produc-tos para proceso y acabado textil, así comoabrillantadores ópticos.

136 Informe del estudio de monitoreo y mode-lación de la calidad del agua de los Ríos San-tiago y Verde del estado de Jalisco, realizadopor AYMA Ingeniería y Consultoría, octubre de2003, a solicitud de la Comisión Estatal deAgua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco, Capí-tulo 1, página 8.

137 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo ymodelación de la calidad del agua de los RíosSantiago y Verde del estado de Jalisco. Capí-tulo 4, página 7.

138 Ibidem Informe del estudio de monitoreo ymodelación de la calidad del agua de los RíosSantiago y Verde del estado de Jalisco, Capí-tulo 4, página 19.

139 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo ymodelación de la calidad del agua de los RíosSantiago y Verde del estado de Jalisco, Capí-tulo 4, página 41.

140 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo ymodelación de la calidad del agua de los RíosSantiago y Verde del estado de Jalisco, Capí-tulo 4, página 25.

141 Acta de hechos no. 1, visita realizada por per-sonal del IMDEC el 24 de agosto de 2005.

142 Juan Gallardo Valdez. Estudio Ambiental delÁcido Sulfhídrico como contaminante del aireen las comunidades de Juanacatlán y El Sal-to, Jalisco, 2004-2005. Tesis de Maestría enCiencias UDG, página 35.

143 http://www.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/sustancias_amb.htlm. Instituto Nacional de

Ecología (INE).144 Entrevista realizada aRodrigo Saldaña, Presiden-te del Instituto Vida AC,Juanacatlán, 26 de octubrede 2005.145 Ibidem. Informe del es-

tudio de monitoreo y modelación de la cali-dad del agua de los Ríos Santiago y Verdedel estado de Jalisco, Capítulo 4, pagina 39.

146 Coliforme fecal::::: Bacteria común en el intesti-no de los vertebrados, entre ellos por supues-to, el hombre. Su presencia en las aguas, coníndices altos se toma como indicador de con-taminación por excremento humano. Relati-vo a la bacteria “Escherichia Coli” y otras es-pecies.

147 Denuncia presentada a la Comisión para laCooperación Ambiental del Tratado de LibreComercio para América del Norte por el Insti-tuto de Derecho Ambiental A.C e Instituto Vidarespecto de la Cuenca Lerma-Chapala-San-tiago-Pacífico. Mayo de 2003.

148 Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU, 1966.

149 Juan Gallardo Valdez. Estudio Ambiental delÁcido Sulfhídrico como contaminante del aireen las comunidades de Juanacatlán y El Sal-to, Jalisco, 2004-2005. Tesis de Maestría enCiencias UDG, pág. 25.

150 Nota del diario “El Occidental”, del 17 de mar-zo de 2003.

151 Secretaría de Salud Jalisco, Dirección Generalde Planeación, principales causas de morta-lidad. Sistema Epidemiológico y Estadístico deDefunciones (CIE-10).

152 Ppm; partículas por milímetro.153 Carmona Lara, María del Carmen. Derechos

en relación con el medio ambiente, Institutode Investigaciones Jurídicas de la UniversidadNacional Autónoma de México, México, 2001,pp.3-5.

154 La calidad del agua ha de ser salubre, esdecir, no puede suponer una amenaza a lasalud. Para proteger la calidad del abasteci-miento de agua, es de especial importanciacontar con un saneamiento adecuado, dadoque la contaminación con bacterias fecaleses la principal causa de enfermedades aso-ciadas al agua. Observación General 15 delComité DESC sobre agua, ONU.

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155 En función de sus características hidrológico-ambientales y del uso y aprovechamiento deagua, la Ley Federal de Derechos en materiade agua clasifica como cuerpo tipo “B”, losríos con uso público-urbano y estuarios, yhumedales naturales.

156 Tesis de Maestría Estudio Ambiental del Áci-do Sulfhídrico como contaminante del aire enlas comunidades de Juanacatlán y El Salto,Jalisco, 2004-2005 de Juan Gallardo Valdez,Zapopan, Jalisco, agosto de 2005. Página 28.Universidad de Guadalajara.

157 El parámetro de la Enviromental ProtectionAgency (EPA), señala el valor de 2 ppm en con-centración promedio en 8 horas, 15 ppm enexposición a corto plazo, y 300 ppm comopeligro inmediato a la vida.

158 Idem. Juan Gallardo Valdez. Página 102.159 Los investigadores Kilburn y Legator presen-

taron dos investigaciones para demostrar lanaturaleza tóxica del ácido sulfhídrico, con-firmando que la exposición permanente aconcentraciones extremadamente bajas pue-de causar daño permanente al sistema ner-vioso. Idem, página 104.

160 Referido concretamente a los efectos que laactividad productiva de las empresas agro-exportadoras y empacadoras del tomate.

161 Jornaleros, Sayula y Migración/InvestigadorJesús Michel Cuen, / Centro de Investigacióny Formación Social del Iteso, Universidad Je-suita en Guadalajara.

162 Ibid.163 Ibid.164 Reporte Evaluativo Periodo Julio de 1999 a

Enero del 200 / DIF Jalisco mimeo.pág 3.165 Recomendación 15/98, Pág. 141 / Compila-

ción de Recomendaciones 1998 de la CEDHJ.166 Dr.hubert Cartón de Grammont es Profesor

Investigador de la UNAM.167 Rocha Quintero, Jorge Enrique, ¿Y cómo está

eso de los derechos humanos..; CIFS-ITESO2004.

168 Dr. Hubert Cartón de Grammont/Perfil Socio-

económico de Jornaleros Migrantes en sayulaJal. 1999 2000 Investigación-UNAM.

169 Que de hecho, en el informa alternativo delas ONG al Comité DESC de la ONU apareceuna alusión al municipio de Sayula Jalisco, enel artículo 11, del derecho a la Alimentación,sobre algunos ejemplos de violación a estederecho, página 76, Editado por Oxfam-GranBretaña, Noviembre 1999.

170 Informe Alternativo de las ONG al Comité DESCde la ONU artículo 7: Derecho a condicionesde trabajo equitativo y satisfactorio, aparta-do sobre seguridad e higiene en el trabajo,página 48.

171 Este capítulo fue elaborado por las siguientesorganizaciones civiles: Centro de DerechosHumanos Fray Bartolomé de las Casas, EN-LACE Comunicación y Capacitación, ForoChiapas para el Desarrollo Sustentable y elCentro de Capacitación en Ecología y Saludpara Campesinos/Defensoría del Derecho ala Salud.

172 Programa federal operado por la Secretaríade Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo objetivoes “Mejorar las condiciones de educación,salud y nutrición de las familias en pobrezaextrema en zonas rurales y urbanas, otorgan-do becas educativas, suplementos alimenti-cios, servicio médico y apoyos monetarios”.SEDESOL y Transparencia Mexicana, A.C.,Manual Ciudadano 2003.Sedesol a los ojos de todos, México, DF., 2003.

173 Instituto Nacional de Salud Pública, EncuestaNacional de Nutrición, 1999.

174 Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas,Diagnóstico nutricional en niños menores de12 años de las zonas rurales del estado deChiapas. Tuxtla Gutié-rrez, Marzo 2003.

175 Sánchez, Héctor Javier;Arana, Marcos; Yamin,Alicia; y Ford, Douglas,Excluded People, ErodedCommunities: Health,

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Conflict and Citizenship in Chiapas, Ibid.176 Gobierno de Chiapas, Programa Vida Mejor

para las Mujeres, las niñas y los niños deChiapas. Programa multisectorial en 270microrregiones de muy alta marginalidad.

177 Estas reformas significaron para los campe-sinos el fin del reparto agrario, levantar la pro-hibición legal para la venta o renta de tierrasejidales o comunales, así como permitir y fo-mentar la participación en sociedades mer-cantiles de los ejidos y comunidades que po-sean valiosos recursos naturales, “asocián-dose” con empresas o con bancos, aportan-do los campesinos sus tierras o sus bosquesy montañas, los cuales ahora sí pueden serembargados o hipotecados y enajenados.Además del PROCEDE, existe también elPROCECOM, que es el Programa de Certifica-ción de Derechos Comunales, y que se apli-ca a los pueblos con figura de comunidades,los cuales se manejan por bienes comunales.

178 Maderas del Pueblo del Sureste. “12 años des-pués, el PROCEDE… ¿procede?”, Chiapas,2005.

179 Los resultados del estudio indican que en el51% de las comunidades fueron visitadas porfuncionarios del gobierno federal para pro-mover PROCEDE/PROCECOM, registrando di-versas irregularidades. Al 44.4% de las co-munidades visitadas no se les informó quese trata de un programa voluntario. Al 77.7%no les explicaron las seis etapas de imple-mentación. En el 83.3% de los casos les dije-ron que sólo con PROCEDE/PROCECOM ibana poder acreditar que son ejidatarios o co-muneros; y que todos los documentos de laCarpeta Básica quedaban sin valor jurídico.

Al 83,3% les dijeron quesólo al aceptar el progra-ma el gobierno les otorga-ría proyectos productivos yconstrucción de obras pú-blicas. Al 94.4% les dijeronque si no entraban al pro-

grama, dejarían de recibir el subsidio a la pro-ducción agrícola denominado PROCAMPO yal 50% les dijeron que si no entraban al PRO-CEDE las mujeres dejarían de recibir el pro-grama asistencial Oportunidades. En el 30%de los casos la cantidad de votos para acep-tar el programa fue menor a las 2/3 partesdel total de los ejidatarios o comuneros queexige la ley, y en el 20% el programa se apro-bó indebidamente fuera de la Asamblea, enel 50% de los casos no se respetó el derechode quienes no quisieron entrar al Programa.

180 La Jornada, 24 de diciembre de 2005.181 Grupo México Guatemala sobre Migración y

Desarrollo. Documento interno, Mimeo., 2004.182 Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos, Los derechos de los trabajadores migra-torios y sus familias. Trabajo de la RelatoríaEspecial de Trabajadores Migratorios y Miem-bros de sus Familias.

183 Relatoría Especial de Trabajadores Migratoriosy Miembros de sus Familias de la CIDH y Ju-risprudencia del Sistema Interamericano,2005 MENAMIG. 2001. Rodolfo, Martha Vicen-te Castro y Claudio González Cartes.1996.Migrantes Centroamericanos en México. UnAnálisis Global. Facultad de Ciencias Socia-les/Centro de Análisis de Políticas Públicas,Universidad de Chile, pp., 27-41.

184 INEGI, Censos Generales de Vivienda y Pobla-ción de 1990 y 2000.

185 Sánchez, Héctor Javier; Arana, Marcos;Yamin, Alicia; y Ford, Douglas, Excluded Pe-ople, Eroded Communities: Health, Conflictand Citizenship in Chiapas, Mexico. Physi-cians for Human Rights-Ecosur-CCESC, 2006(en prensa).

186 En un estudio de salud con enfoque de dere-chos humanos llevado a cabo por la Defen-soría del Derecho a la Salud y El Colegio de laFrontera Sur, en colaboración con Physiciansfor Human Rights, en tres regiones de Chiapasafectadas por el conflicto armado (Altos, Sel-va y Norte) en 2,997 hogares de 46 localida-

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des, se obtuvieron, entre muchos otros, lossiguientes resultados: Una tasa de desnutri-ción crónica (bajo peso para la talla) en me-nores de cinco años del 54.7%. En las comu-nidades divididas, la tasa encontrada fue del58.6%. Se encontró una tasa de mortalidadmaterna de 60.7 por 10,000 nacidos vivos. Las8 muertes encontradas fueron encontradasen comunidades divididas. Los esquemascompletos de vacunación en los niños en lascomunidades divididas también fueron losque tuvieron más baja cobertura.

187 Diario Milenio,27 de noviembre de 2005. ElUniversal, 18 de marzo de 2005.

188 2ª Misión Civil Nacional e Internacional deObservación para la Paz, Informe por la Pazen Chiapas. 18 a 23 de mayo y 16 al 25 deagosto de 2000.

189 Existen aún presos zapatistas en Tabasco yotras cárceles del país. La Jornada, enero 27de 2006.

190 La COCOPA es una instancia creada a travésde la Ley para el Diálogo, la Conciliación y laPaz Digna en Chiapas del 9 de marzo de 1995.De acuerdo con el artículo 8 de esta ley, laCOCOPA está “integrada por los miembros delas Comisión Legislativa del Congreso de laUnión para el Diálogo y la Conciliación parael Estado de Chiapas, así como por un repre-sentante del Poder Ejecutivo y otro del PoderLegislativo del Estado de Chiapas”.

191 La Jornada, 7 de junio de 2004.192 Citado en Ibidem.193 La Jornada, 2 de julio de 2004.194 De acuerdo al estudio “La Ocupación Militar

en el Territorio Indígena de Chiapas: EL Dile-ma de Prisionero” del Centro de Análisis Polí-tico e Investigaciones Sociales y EconómicasAC de febrero de 2004, y actualizado por elCentro de Derechos Humanos Fray Bartoloméde Las Casas AC.

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