Desalojo violento de mineros en Zamora

Introduccin

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa el debate sobre la extraccin de recursos

minerales metlicos nuevamente se posicion en todo nivel poltico, econmico,

tcnico, y legal- y ha generado, a partir de esto, un nuevo social.

Entre marzo y abril de este ao, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables

realiz un censo minero en el que se determin que se realizan 1439 actividades mineras

artesanales, de las cuales, 249 estn ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe.

A mediados de septiembre, en el poblado de Congime ubicado en la parroquia Nuevo

Quito, cantn Paquisha de esta provincia; se desaloj a personas que se dedicaban a

actividades mineras sin autorizacin legal. Este hecho provoc un enfrentamiento entre

trabajadores mineros y la fuerza pblica, en el que varias personas resultaron heridas.

El conflicto

La presin de varias comunidades que se resisten al inicio de proyectos mineros a gran

escala hizo que la Asamblea Constituyente emita el Mandato Constituyente No. 6

denominado Minero, por el cual se resolvi cancelar varias concesiones mineras con

el fin de prevenir impactos en el sistema nacional de reas protegidas, bosques

protectores y sus zonas de amortiguamiento, fuentes y nacimientos de agua; evitar el

acaparamiento de concesiones por una sola persona o empresa; y sancionar a quienes no

hayan invertido o pagado las patentes correspondientes.

Sin embargo, el mandato nunca fue ejecutado en su totalidad, e inmediatamente

aprobada la Constitucin del Ecuador de 2008, la Asamblea Nacional dio prioridad a la

discusin de la Ley de Minera, en la que principalmente se promueve el desarrollo de la

minera metlica a gran escala. Durante el trmite en la Asamblea, en todo el pas, hubo

nuevas acciones de movilizacin y resistencia que exigan una discusin con todos los

sectores antes de que la ley fuese aprobada.

A pesar que la CONAIE y los Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui

y Victoria del Portete, de la provincia del Azuay, presentaron algunas demandas, esta

ley fue declarada constitucional por el Pleno de la Corte Constitucional.

Desalojo en la provincia de Zamora

El pasado 14 de septiembre, el gobierno nacional moviliz 1200 policas, 400 militares

y 28 fiscales con el fin de suspender las actividades mineras que se llevaban a cabo, de

manera ilegal, en Congime, cantn Paquisha. El enfrentamiento entre pobladores de la

zona y la fuerza pblica dej siete heridos, dos de ellos policas, segn cifras oficiales.

Posiciones frente al desalojo

Mineros y organizaciones sociales se oponen a la Minera

El mismo da en que inici el desalojo, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas

(CONAIE) y su brazo poltico, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik,

durante una rueda de prensa, respaldaron las acciones de protesta y resistencia, y

rechazaron la represin del gobierno a pequeos mineros y artesanales. Adems

exigieron que se promueva el desarrollo de la minera a gran escala en el pas,

recordando que sus bases se opusieron a dicha actividad desde el inicio del debate

previo a la aprobacin de la Ley de Minera en la Asamblea Nacional.

El prefecto provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, tambin expres su

rechazo a la accin represiva del gobierno, declar que la regularizacin de la minera a

gran escala debi ocurrir hace un ao, y que de repente el gobierno central decide

intervenir con la fuerza pblica para frenar tal situacin, en vez de recurrir al dilogo.

Finalmente, quienes respaldaron las acciones de resistencia en Zamora denunciaron que

el gobierno, durante todo el tiempo que est vigente la Ley de Minera, no ha iniciado la

regularizacin de las actividades mineras informales en el pas, y que lo nico que ha

provocado, con la intervencin de la fuerza pblica es quienes se dedican a actividades

mineras se sientan amenazados ante la intervencin de empresas trasnacionales para el

desarrollo de minera a gran escala.

Posicin del gobierno nacional

El gobierno por su parte, insistentemente en medios de comunicacin y a travs de una

cadena nacional, inform que el despliegue de fuerza pblica se hallaba fundamentado

en la necesidad de detener impactos ambientales provocados por un grupo de mineros

que operaban al margen de la ley, que por los montos invertidos no pueden ser

considerados artesanales, que evaden tributos al Estado y explotan laboralmente a varios

obreros.

Directamente responsabiliz al Prefecto Provincial de Zamora Chinchipe por promover

las acciones de resistencia, acusndolo de tener doble moral puesto que, meses antes,

promova la declaracin de Zamora como pulmn de la madre tierra, fuente de agua y

de vida, y que en la actualidad estara apoyando a los mineros ilegales de la zona.

Acciones posteriores al desalojo

Inmediatamente despus del desalojo efectuado por la fuerza pblica en Zamora, el

Ministerio de Recursos No Renovables inici un proceso de regularizacin de

actividades mineras en provincias como Azuay y Zamora Chinchipe.

En ningn otro lado se efectuaron desalojos, y ms bien el gobierno convoc a los

mineros que ejercan actividades ilegales, a que acudan para iniciar el proceso de

regularizacin, que implica obtener permisos provisionales, para luego finalmente

otorgar a su favor ttulos mineros con duracin de 10 aos.

Adems se inform que aquellas actividades mineras que se efecten dentro de

concesiones otorgados formalmente, los pequeos mineros y artesanales debern llegar

a acuerdos con los titulares de dichos derechos, sean personas naturales o jurdicas,

para poder operar.

Conclusiones

Es importante tomar en cuenta que, pese al lgido proceso de movilizacin y resistencia

social en contra de la minera, el gobierno nacional ha tomado la decisin poltica de

iniciar en Ecuador la explotacin de minerales metlicos a gran escala, como uno de los

sectores estratgicos del rgimen de desarrollo y cuya ejecucin est amparada en el

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, la Ley de Minera y la Ley de Seguridad

Pblica y del Estado.

La planificacin territorial del Plan Nacional del Buen Vivir, identifica a Zamora

Chinchipe con distrito minero y en ella se procura arranquen los primeros proyectos de

minera a gran escala para la extraccin de oro, cobre y otros minerales, a cargo de

empresas chinas y canadienses, asentadas en la zona.

Esto ha provocado un grave conflicto social, en el que varios sectores han tomado

posturas diferentes sobre el inicio de la minera a gran escala. Por un lado estn quienes

se oponen a dicha actividad en funcin de proteger sus actividades diarias (agricultura,

ganadera, turismo) y los ecosistemas en que habitan; otro sector lo conforman mineros

artesanales y de pequea escala que defienden sus actividades; y otro grupo de la

sociedad que est de acuerdo con el inicio de dichos proyectos, con la esperanza de

mejorar su calidad de vida u obtener fuentes de trabajo.

El desalojo ocurrido en septiembre sucede en este contexto, y en una zona donde existen

diversos intereses y posiciones alrededor de la extraccin de minerales, lo que puede

explicar por qu varias personas decidieron oponerse al desalojo ordenado por el

Gobierno.

El gobierno argumenta y justifica el desalojo en los impactos ambientales y la alta

contaminacin que generan las actividades de minera artesanal y de pequea escala, al

contrario de la minera a gran escala, que segn el gobierno y las empresas titulares de

derechos mineros, es responsable, sustentable y con tecnologa de punta que minimiza

sus impactos.

Por otra parte, la necesidad de extraer recursos naturales para financiar el Presupuesto

General del Estado, en especial la inversin social se mantiene en el centro del debate,

sin que se haya resuelto sobre: 1) impactos econmicos, sociales y ambientales en las

comunidades donde dichos proyectos se van a realizar, 2) Impactos en los ecosistemas,

3) Si es representativa la ampliacin de fuentes de trabajo directas e indirectas, y 4) Un

anlisis sobre las condiciones en las que trabajadores mineros deben realizar tal

actividad.

Pero ms all de los hechos ocurridos en Zamora, llama mucho la atencin que das

despus del desalojo, en otras provincias, el gobierno proceda a regularizar a ciertas

actividades mineras pequeas y artesanales, consideradas como ilegales.

En Zamora, el gobierno central dio un mensaje claro: usar incluso la fuerza pblica,

incluso si eso supone represin, para conseguir que la minera en el Ecuador inicie en

funcin de lo que se ha planificado tanto en polticas pblicas como en legislacin e

institucionalidad creada. Ms all de si existen fundamentos legales o no para el

desalojo de actividades mineras en la zona de Congime, expresamos que ste gobierno

considera a la fuerza pblica como el primer mecanismo para poder resolver conflictos

sociales, sin que la posibilidad de dilogo previo sea tomada en cuenta en un primer

momento. Este criterio adems ha sido habitualmente usado en todos los casos en que

movimientos y organizaciones sociales han emprendido procesos de resistencia para la

proteccin de sus derechos humanos y de la naturaleza reconocidos.

Recordemos que, despus de la amnista otorgada por la Asamblea Nacional

Constituyente a defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y

hasta antes del desalojo ocurrido en Zamora; este gobierno, a travs de la Polica

Nacional, Fiscala, Jueces y Tribunales y con el respaldo de las empresas mineras,

nuevamente ha perseguido judicialmente a muchos de los representantes y

coordinadores de las acciones de movilizacin y resistencia que se han producido

durante el perodo de gobierno de Rafael Correa y que tienen que ver con exigir el

cumplimiento del mandato minero, la aprobacin de la Ley de Minera y la discusin

del proyecto de Ley de recursos hdricos, y los impactos locales que generaran.

En consecuencia, los hechos de Zamora se suman a las acciones de control social y

criminalizacin que este gobierno lleva a cabo a fin de contener procesos de resistencia

que se han producido en varias provincias del Ecuador en contra de proyectos de

minera a gran escala.

As, se vuelve necesario que el gobierno reconozca: Por un lado que, para el caso de

actividades extractivas, y en el presente caso de minerales metlicos, la Constitucin e

Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador, establecen una serie de

derechos para las comunidades impactadas, que no se pueden dejar de ejercer: derechos

de pueblos indgenas a la consulta previa, a conservar sus tierras y territorios, a

mantener sus modos de vida y procesos culturales; el derecho de todas las personas a la

consulta ambiental, al trabajo digno, la vivienda y el hbitat, a vivir en un ambiente

sano y libre de contaminacin, a la salud; as como los derechos de la naturaleza, los

cules deben ser protegidos irrestrictamente.

Y por otro lado que el uso de la fuerza pblica no puede ser el medio por el que se

canalicen los conflictos y diferencias existentes entre determinados grupos sociales con

el gobierno, tomando en cuenta que uno de sus efectos ms perniciosos es la

responsabilidad objetiva del Estado por personas heridas o muertas durante los

enfrentamientos, afectando directamente al derecho a la vida y a la integridad personal.

Al respecto, el uso de Ejrcito Nacional como apoyo de la Polica Nacional, para este

tipo de actividades no tiene justificacin alguna, ni puede hallar fundamento en la

Constitucin Nacional, pues no es mandato de las Fuerzas Armadas el mantenimiento

del orden interno. Por otra parte es desproporcionado el nmero de miembros de fuerza

pblica que fue desplegado para detener la actividad minera que el gobierno considera

ilegal en Zamora.

Finalmente, cabe decir que ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni la Ley de Minera o la

Ley de Seguridad Pblica y del Estado fueron consultadas a comunidades indgenas,

tampoco se dispuso de voluntad poltica para abrir un dilogo sobre la extraccin de

minerales a gran escala con todos los sectores de la sociedad involucrados, desde esta

lgica la poltica pblica relacionada con la extraccin de minerales metlicos, desde un

inicio vulnera derechos colectivos toda vez que se han delimitado zonas de prospeccin,

exploracin y explotacin minera, sin tomar en cuenta los territorios ancestrales

indgenas, y los planes de desarrollo que ellos han previsto tener en dichas zonas. Por

lo tanto, esto permite suponer que ms adelante, en varios sectores del Pas, se

generaran nuevas acciones de resistencia y se profundizarn otras, mientras la poltica

minera siga avanzando.