Human Rights Watch | May0 2012

Resumen y recomendaciones clave

Obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en Perú

“Yo quiero ser una ciudadanacomo cualquier otra”

Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con discapacidada tomar sus propias decisiones. Ante la ausencia de un mecanismo deesa naturaleza, los familiares de personas con discapacidad como Vanya(segunda desde la derecha) procuran obtener la interdicción, ya queperciben que es el único medio contemplado por el derecho peruano paraproteger sus bienes o intereses jurídicos.

Perú ha acogido la protección de los derechos de personascon discapacidad en un amplio espectro de leyes internas ypolíticas públicas. La Ley General de la Persona conDiscapacidad de Perú, sancionada en 1999, crea un ConsejoNacional para la Integración de la Persona con Discapacidadencargado de formular políticas públicas sobre este tema. Laley de 1999 también exige a la Defensoría del Pueblo designara un defensor especializado en la promoción de los derechosde las personas con discapacidad, y establece que losgobiernos municipales y regionales deberán crear oficinaspara apoyar la inclusión de personas con discapacidad en lasdecisiones que se adoptan en el ámbito local. El Congreso,

los organismos gubernamentales y la sociedad civil hanparticipado en reformas legales y de políticas que procuranasegurar la adecuación de las leyes nacionales a las disposi-ciones de la CDPD, incluidas aquellas sobre el derecho a laparticipación política de personas con discapacidad, asícomo la asignación de presupuestos específicos paraimpulsar tales reformas. No obstante, pese a haber ratificado la CDPD y adoptado

numerosas disposiciones legales progresivas sobre derechosde personas con discapacidad, aún se encuentran vigentesen Perú otras leyes y políticas que podrían impedir quepersonas con discapacidad, especialmente de tipo

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Perú fue uno de los primeros países del mundo enconvertirse en parte de la Convención sobre losDerechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)en 2008. Este paso reflejó su compromiso deasegurar igualdad de derechos para todas laspersonas con discapacidad, incluido el derecho a laparticipación política, que comprende a su vez elderecho a votar, a postularse a cargos públicos y aparticipar en decisiones sobre asuntos públicos.

La Convención [sobre los Derechos de las Personas conDiscapacidad] dice que tenemos igual reconocimientocomo persona antes la ley. Tengo el derecho a votar. Tengoel derecho a trabajar. No es decisión de otra persona.María Alejandra Villanueva, joven con síndrome de Down, Sociedad Peruana de Síndrome Down, enero de 2012

intelectual o psicosocial, ejerzan derechos fundamentalescomo el derecho a voto. El informe documenta los obstáculos legales, físicos, de

comunicación y de actitud que se interponen a la posibilidadde que personas con distintas discapacidades ejerzan suderecho a la participación política igual que cualquier otromiembro de la sociedad. También analiza el modo en que lasrestricciones a la capacidad jurídica afectan particularmentea las personas con discapacidades intelectuales o psicoso-ciales en el ejercicio de una amplia gama de derechos,incluido el derecho a poseer o heredar bienes, gozar de unempleo o representar legalmente a sus hijos.

Entre julio y noviembre de 2011, Human Rights Watchentrevistó a 65 personas con discapacidad o familiares deestas, así como a más de 35 representantes de organiza-ciones de personas con discapacidad, especialistas enderecho, legisladores y funcionarios gubernamentales en tresregiones de Perú (Lima, Cusco y Puno). Estas regiones fueron

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Imagen de un documento nacional de identidad, el cual es necesario paravotar y realizar distintas transacciones financieras, como abrir una cuentabancaria. Human Rights Watch entrevistó a personas con discapacidad que nohabían podido obtener esta identificación o que habían recibido una con laindicación “discapacidad mental” y sin designación de mesa de sufragio.

elegidas en función de su diversidad geográfica ydemográfica (que incluye a personas de comunidades ruraleso indígenas) y debido a que en ellas existen organizacionesactivas que trabajan con personas con discapacidad que seofrecieron a realizar gestiones para facilitar las entrevistas.Human Rights Watch dialogó con varias personas con

discapacidad que ya habían sido declaradas interdictas o queestaban en riesgo de quedar sujetas a interdicción, unprocedimiento legal establecido en el Código Civil de Perú pormedio del cual la autoridad judicial declara la incapacidadabsoluta o relativa de una persona para hacerse cargo de supersona y patrimonio, y designa para actuar en surepresentación a un tercero curador, lo cual supone en lapráctica la suspensión de los derechos civiles.Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con

discapacidad a tomar sus propias decisiones. Ante la

ausencia de un mecanismo de esa naturaleza, los familiaresde personas con discapacidad procuran obtener lainterdicción, ya que perciben que es el único medio legalcontemplado por el derecho peruano para proteger susbienes o intereses patrimoniales, incluido el derecho apercibir una pensión o los beneficios de seguridad social. El proceso de interdicción establecido en el Código Civil

peruano es incompatible con las obligaciones asumidas porel gobierno en la CDPD, que dispone que las personas condiscapacidad “tienen capacidad jurídica en igualdad decondiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.El Comité para la Eliminación de todas las Formas deDiscriminación contra las Personas con Discapacidad de laOrganización de los Estados Americanos (OEA) ha instado atodos los Estados miembros a asegurar el reconocimiento dela capacidad legal de todas las personas, incluidas aquellas

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María S., madre de Javier, un joven de 22 años con unadiscapacidad intelectual leve, nos contó la experiencia de su hijo enel banco, donde le pidieron su documento de identidad. “Verificanel número de votación y el holograma. Si no hay holograma, escomo si los ignoraran... su capacidad como adulto, como persona”.

Marcelino, padre de tres jóvenes con discapacidad intelectual,muestra los documentos de identidad de sus hijos, todosmarcados con la indicación “discapacidad mental”.

con discapacidad, adoptando medidas tales comoreemplazar la interdicción y otras prácticas similares por unsistema de asistencia para la toma de decisiones. El Comitéde la CDPD, que se encarga de supervisar la implementacióndel tratado, además ha exhortado al gobierno peruano a“derogar la práctica de la interdicción judicial”.1

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(arriba) Miembros de FEDEPRODDIS se reúnen en el centro de la ciudadde Cusco luego de una manifestación sobre los derechos de personascon discapacidad.

(derecha) Aquiles Delagado Cosio, presidente de la FEDEPRODDIS, hatrabajado con organizaciones locales de personas con discapacidad entoda la región para lograr que se sumen a los procesos participativos deelaboración de presupuestos.

1 Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,“Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo alartículo 35 de la Convención, Observaciones finales del Comité sobre losDerechos de las Personas con Discapacidad, Perú”, CRPD/C/PER/CO/1, 20de abril de 2012, párr. 25

Claudia (izquierda), una joven de 24 años con síndrome de Down, junto asu madre Gina. Claudia votó en las elecciones municipales y presiden-ciales de 2010 y 2011. Según la ley peruana, si se declara su interdicciónjudicial, un proceso por el cual se determinaría su incapacidad jurídica yse le designaría un tutor legal, perdería su derecho a votar.

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Susana Stiglich, defensora de la comunidad de personas sordas, dijoa Human Rights Watch que los obstáculos a la comunicaciónlimitaban las posibilidades de estas personas de postularse aelecciones: “Creo que son pocas las personas sordas que quieren sercandidatas a cargos públicos, ya que existen muchas limitaciones”.

Javier Diez Canseco es uno de cinco legisladores con discapacidadque ocupan una banca en el Congreso de la República.

Wilfredo Guzmán, presidente del Consejo Nacional para laIntegración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), sepostuló a las elecciones legislativas de 2011.

Las personas con discapacidad en Perú también enfrentanobstáculos en la obtención del documento nacional deidentidad, un medio de identificación importante para todoslos ciudadanos de Perú. La tenencia de un documentonacional de identidad (DNI) donde conste el cumplimiento dela obligación electoral o bien la eximición del deber de votoresulta indispensable para llevar a cabo trámites civiles,comerciales, administrativos y judiciales. Sin estedocumento, los peruanos enfrentan escollos en prácti-camente todos los ámbitos de la vida, como viajar, trabajar,poseer o heredar bienes, abrir cuentas bancarias, acceder alsistema de atención de la salud, contraer matrimonio orepresentar legalmente a sus hijos. También se les dificultaacceder a los beneficios de seguridad social brindados por elgobierno.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil(RENIEC), una de las tres instituciones independientes conmandato constitucional para coordinar y llevar a caboelecciones, y la Defensoría del Pueblo han iniciado campañasnacionales desde 2004 destinadas a proteger los derechos ala identidad y la ciudadanía de personas con discapacidad(entre otros sectores marginados de la población), queincluyeron la provisión de documentos de identidad en formagratuita. A pesar de estas campañas, algunas personas condiscapacidad, especialmente aquellas que viven en zonasrurales o que han estado internadas en instituciones porlargos periodos, aún no tienen documentos de identidad, locual les niega visibilidad como ciudadanos. De hecho,algunas personas con discapacidad que fueron admitidas enestas instituciones cuando no contaban con documentos deidentidad han sido durante años identificadas como “N.N.”(ningún nombre), y recae en el personal de los hospitales ladecisión de asignarles un nombre. En noviembre de 2011, elRENIEC creó un grupo de trabajo gubernamental para analizarla privación de derechos que resulta de la condición deindocumentado, y lanzó una campaña para entregar a

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En octubre de 2011, miembros de SENSE International Perú, una ONGque trabaja con personas sordociegas, organizó una marcha hasta lasede del gobierno municipal de San Borja, Perú, en reclamo por susderechos. Esta fue la primera vez que miembros de la comunidad desordociegos participaron en una acción de incidencia política.

María Alessandra (izquierda), una joven de 21 años condiscapacidad intelectual leve, y su madre Lourdes. MaríaAlessandra fue una de las más de 23,000 personas condiscapacidad de Perú que fueron excluidas del padrón electoraldurante las elecciones municipales y presidenciales de 2010 y2011 como resultado de una política anterior del gobierno.

personas que viven en instituciones documentos deidentidad donde se indica el respectivo grupo de votación.Quienes tengan un documento de identidad donde conste elgrupo de votación podrán participar en los sufragios. La ley dispone que las personas con discapacidad pueden

optar por incluir información sobre su discapacidad en sudocumento de identidad. Muchas personas con discapacidaddijeron a Human Rights Watch que preferían no incluir estosdatos, ya que eso podría exponerlas a la posibilidad dediscriminación en función de su discapacidad. Sin embargo,su decisión no siempre ha sido respetada. Nuestra investi-gación documentó varios casos en que empleados del RENIECincorporaron información sobre la discapacidad de unapersona sin su autorización, a veces incluso contra lavoluntad expresa de la persona o sus familiares. El registro civil mantenido por el RENIEC incluye información

sobre discapacidad, con independencia de si tales datosconstan en el documento de identidad, así como informaciónrelativa al voto (restricciones sobre voto y cumplimiento de laobligación de sufragio). Si bien existen razones legítimas pararecabar información sobre discapacidad, resulta particu-

larmente preocupante que el registro civil a cargo del RENIECesté disponible tanto para instituciones privadas comogubernamentales, y que la información se use paradeterminar la capacidad de una persona de adoptardecisiones legales y financieras, como abrir una cuentabancaria o contraer matrimonio.Las personas con discapacidades intelectuales o psicoso-

ciales entrevistadas por Human Rights Watch comentaron queno podían cobrar cheques o tomar decisiones básicas comorepartir bienes entre sus hijos debido a que su documento deidentidad indicaba que no habían votado o que no podíanhacerlo. También dijeron que la frase “discapacidad mental”en su documento de identidad los convertía en objeto deburlas por parte de amigos y personas de la comunidad.Hasta octubre de 2011, las autoridades peruanas

excluyeron sistemáticamente a más de 23,000 personas condiscapacidad intelectual o psicosocial de los padroneselectorales. Debido a una política del RENIEC que se mantuvovigente desde 2001 hasta octubre de 2011, numerosaspersonas con discapacidad intelectual o psicosocial nopudieron conseguir el documento nacional de identidad que

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Irma Quispe Meseco, fundadora de la Asociación de Personas conDiscapacidad en el distrito de Chinchero, Cusco, afirmó que en zonasrurales como la suya algunas personas con discapacidad no podíanvotar porque no tenían documentos de identidad, pese a los esfuerzosdel gobierno por resolver el problema de la indocumentación depersonas con discapacidad.

Fotografía de Juan Manuel, quien tras residir en una institucióndurante 17 años actualmente vive en la comunidad con el apoyo deuna organización llamada HANOPREM. Mientras permaneció en lainstitución no pudo ejercer su derecho a voto.

se requiere para votar, o bien recibieron documentos que lascalificaban como personas sin derecho a votar o adoptar otrasdecisiones legales, financieras e incluso personales. Por ejemplo, en 2009, María Ramos se acercó al RENIEC en

Lima para renovar su documento de identidad. Por ser unapersona con discapacidad, Ramos tenía derecho por ley arecibir un documento de identidad sin cargo alguno(habitualmente el costo es de 20 soles, o aproximadamenteUS$ 8), y para ello presentó un certificado donde se indicabaque padecía esquizofrenia paranoide. Cuando su DNI estuvolisto, un empleado del RENIEC le informó que no se laconsideraba capaz de recoger el documento y que, según laley, solamente podía hacerlo un tutor u otro tercero. “Nuncatuve un tutor ni un curador. He sido independiente toda mivida”, dijo a Human Rights Watch.Un año después, Ramos descubrió que haber dado a

conocer su discapacidad al RENIEC había tenido otrasconsecuencias. Durante las elecciones municipales de 2010,su nombre ya no figuraba en el padrón electoral. En la mesade sufragio “me dijeron que los esquizofrénicos no tienenderecho a votar”. Luego de la elección, se presentó en laoficina del RENIEC para ser incluida en el registro electoral,

pero le dijeron que su nombre había sido excluido debido asu discapacidad. “[El empleado del RENIEC] me dijo, ‘Los detu tipo no pueden votar’”. En noviembre de 2010, tras años de presiones por parte de

organizaciones que trabajan en temas de discapacidad eintervenciones de la Defensoría del Pueblo, el RENIECreconoció que la política de excluir del padrón electoral apersonas con determinadas discapacidades era un error einvitó apresuradamente a personas con discapacidad aempadronarse nuevamente. No obstante, debido a la pocaantelación para registrarse y la escasa divulgación, menos de60 personas con discapacidad fueron incluidas de nuevo enel padrón antes de las elecciones presidenciales de 2011.Como resultado, miles de personas con discapacidad nopudieron votar en las elecciones nacionales de abril y junio de2011. En octubre de 2011, el RENIEC dictó una resolución quedejaba sin efecto su política y se comprometió a trabajar conlos organismos gubernamentales pertinentes para abordaresta situación sin demora. Si bien las actuales políticas e iniciativas del RENIEC han

avanzado notablemente para subsanar la privación de losderechos electorales de personas con discapacidad que nohan sido declaradas interdictas, aún subsisten diversosobstáculos a la participación política que deben serabordados para garantizar este derecho a personas con todotipo de discapacidad. Por ejemplo, la ley electoral de Perú exige que las mesas de

sufragio sean accesibles para facilitar la votación de todas las

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La FEDDIP, una ONG que trabaja con personas con discapacidadmarginadas de la región de Puno, procura generar mayorconciencia y reforzar la implementación de la Convención sobrelos Derechos de las Personas con Discapacidad.

personas con discapacidad. Sin embargo, no se han diseñadomedidas específicas para personas con discapacidadpsicosocial o intelectual. Como resultado, los funcionariosgubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG)y ciudadanos que administran o supervisan eleccionesreciben escasos lineamientos sobre el derecho de estosvotantes a que se tengan en cuenta sus necesidades nitampoco tienen experiencia sobre cómo responder a talesrequerimientos.Para las personas con discapacidades físicas y sensoriales,

subsisten problemas como la inaccesibilidad de las mesas desufragio, la disponibilidad limitada de medidas deadecuación como boletas en braille y la falta de materialesaccesibles sobre el proceso electoral.En las elecciones de abril de 2011, 13 personas con

discapacidad —incluidas tres mujeres— de 7 (de los 13)partidos políticos, se postularon a las elecciones parlamen-tarias. Cinco de estos candidatos alcanzaron escaños — todosellos hombres con discapacidad física— y tres fueronreelegidos. Sin embargo, las personas con discapacidad aúnse enfrentan a obstáculos cuando intentan afiliarse a partidospolíticos y participar en estas organizaciones en igualdad decondiciones con otros. El acceso a los medios masivos decomunicación —televisión, radio y periódicos— y el accesofísico a eventos son cruciales para llevar a cabo su campañaelectoral. Según defensores locales de derechos de personascon discapacidad, muchas de las estructuras destinadas auso de la comunidad no son accesibles y los candidatos condiscapacidades, por ejemplo, no siempre tuvieron accesoigualitario a los medios de comunicación en los eventospúblicos celebrados durante el período de campaña de 2010y 2011. La ley sobre personas con discapacidad de Perú exige a

gobiernos locales y regionales fomentar la participaciónpolítica de personas con discapacidad a través de medidascomo la creación de organismos regionales y municipalespara canalizar cuestiones sobre discapacidad y promover yfacilitar la participación de personas con discapacidad en laconducción de los asuntos públicos. No obstante, numerososmunicipios y regiones no han establecido este tipo deorganismos o no les han asignado recursos financieros o deotra índole. Si bien diversas ONG internacionales, donantes y

organismos de Naciones Unidas (ONU) tienen un rol activo entemas como gobernabilidad efectiva, compromiso cívico yconsolidación democrática en Perú, aún no han enfocado sutrabajo en las personas con discapacidad ni las han incluidoen su análisis. En 2011, Perú presentó una serie de proyectos de reforma

legislativa destinados a alinear sus leyes y políticas internascon la CDPD, incluida su obligación de asegurar que laspersonas con discapacidad participen en la vida política enigualdad de condiciones con otros ciudadanos.

Sin embargo, la determinación de formas efectivas paraque las personas con discapacidad puedan ejercerplenamente su derecho a la participación política sin discrim-inación continúa representando un desafío. El gobierno, juntocon organizaciones de personas con discapacidad (OPD),debe desarrollar e implementar un sistema de asistencia parala toma de decisiones. En un sentido más amplio, losministerios y organismos gubernamentales relevantesdeberían procurar sistemáticamente la participación depersonas con discapacidad y organizaciones que representana estas personas en los procesos de adopción de decisionesy reforma legislativa. El Congreso peruano debería reformar el Código Civil para

reflejar los estándares legales internacionales que disponenque todas las personas con discapacidad deben tener igualcapacidad jurídica que otros ciudadanos, a fin de cumplir susobligaciones en virtud de la CDPD y observar la directiva de laOEA y las recomendaciones del Comité de la CDPD. El Gobierno de Perú también debe asegurar que la

infraestructura y los procesos electorales sean accesiblespara personas con distintas discapacidades, y que todosaquellos que participen en la administración y gestión decomicios cuenten con capacitación adecuada para facilitar elderecho a la participación política de tales personas enigualdad de condiciones. De lo contrario, se negaría apersonas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y suciudadanía. Tal como señaló a Human Rights Watch una jovencon síndrome de Down que había sido excluida del padrónelectoral: “Quiero ser un ciudadano como cualquier otro”.

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Un número desconocido de personas con discapacidad aún no tienendocumentos de identidad, y en la práctica no tienen visibilidad comociudadanos. Esto afecta particularmente a las personas que, como la mujerque se ve en esta fotografía tomada en la guardia del Hospital HermilioValdizán, viven en hospitales psiquiátricos y en varios casos fueronsimplemente identificadas con las iniciales “N.N.” (ningún nombre) hastaque el personal del hospital les asignó un nombre.

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• Revisar exhaustivamente todas las leyes internase implementar reformas para cumplir plenamentecon la CDPD, incluidas las siguientes:

— Revisar la definición de discapacidadcontenida en la Ley General de la Personacon Discapacidad N.° 27050.

— Reformar de manera sustancial la ley sobrecapacidad jurídica para crear un sistema enel cual todas las personas con discapacidadreciban asistencia para la toma dedecisiones en vez de ser privadas de laposibilidad de ejercer sus derechos, incluidala modificación de los artículos 43 y 44 delCódigo Civil, de modo que la interdicciónjudicial que redunda en la privación de lacapacidad legal de las personas no puedaser dictada con base en una discapacidad.

• Adoptar medidas urgentes para garantizar que elsistema jurídico no permita la aprobación denuevos casos de interdicción con base endiscapacidad.

• Adoptar medidas para garantizar que todos losedificios abiertos al público y utilizados comocentros de votación o espacios públicos dereunión sean accesibles para todos.

• Asegurar que la capacitación de funcionarios yadministradores electorales, policías, jueces,abogados y líderes de partidos políticos incluyainformación y educación sobre los derechos y lasnecesidades de las personas con discapacidad.

• Procurar la participación activa de personas condiscapacidad en la capacitación de funcionarios yadministradores electorales, policías y líderes departidos políticos sobre los derechos de partici-pación política de las personas con discapacidad.

• Difundir información accesible sobre elecciones,plataformas de partidos políticos y participaciónen la vida política (incluida información enbraille, lenguaje de señas y formatos de fácillectura).

• Llevar a cabo campañas de sensibilizaciónpública sobre los derechos de las personas condiscapacidad y asegurar que las personas condiscapacidad y sus familiares conozcan susderechos, incluido el derecho a un documentonacional de identidad donde no consten restric-ciones.

• Consultar a personas con discapacidad, a organi-zaciones que las representan y a sus familiarespara comprender y apoyar de manera másefectiva sus necesidades relativas al derecho departicipación política.

RECOMENDACIONES CLAVE

AL GOBIERNO DE PERÚ