DESEMPEÑO DE LA CNDH EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS ...

DESEMPEÑO DE LA CNDH EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS CONTRA LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Antonio López Ugalde Programa Atalaya

México, agosto de 2010

Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra la Procuraduría General de la República Autor: Antonio López Ugalde Con la colaboración de: Eva Alejandra Rodríguez Espino Revisión y sugerencias: Miguel Sarre Ciudad de México Agosto 2010 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Tel. 5628 4000 Ext. 3770 Fax: 5628 4037 [email protected] www.atalaya.itam.mx El Programa Atalaya es financiado por la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de su autor.

Desempeño de la CNDH en la atención de quejas contra la Procuraduría General de la República

Antonio López Ugalde Programa Atalaya

Equipo de Trabajo del Programa Atalaya Margarita Labarca Antonio López Ugalde Miguel Sarre Grupo de Asesor del Programa Atalaya Benjamín Temkin Carlos de la Isla Darío Ramírez Edgar Cortez Elena Azaola Helena Hofbauer Jodi Finkel Margarita Palacios Regina Tamés

Contenido

I. PARTE GENERAL

Introducción 3

Objetivo de la investigación

Representatividad de la muestra analizada por el Programa Atalaya

Método y selección aleatoria de los expedientes de queja contra la PGR

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Hechos denunciados por los quejosos atribuidos a la PGR 9

2. Derechos presuntamente afectados o amenazados por los 11

servidores públicos de la PGR

3. Omisiones de la CNDH en la atención de las quejas analizadas 13

a) Falta de contacto de la CNDH con el quejoso para suplir las deficiencias de la queja y perfeccionar sus solicitudes de información b) Omisiones de la CNDH en el acopio y valoración de evidencias y en la aclaración e investigación de los hechos c) Omisiones de la CNDH en la investigación de casos de presunta tortura d) Deficiencias en las solicitudes de información dirigidas por la CNDH a las autoridades e) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de interponer quejas y denuncias f) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de solicitar la ampliación, aclaración o enmienda de informes incompletos, obscuros o evasivos de la autoridad g) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de dar vista a los quejosos de los informes de las autoridades cuando éstos son contradictorios con los hechos planteados

en la queja

4. Desempeño de la CNDH en materia de transparencia y acceso a la información. 21

Conclusiones generales 23

II. ANÁLISIS DE LOS 48 EXPEDIENTES QUE CONFORMAN LA MUESTRA

SELECCIONADA

• Expediente Q1 - Maltrato a quejosos sometidos en taller de hojalatería. 31

Robo y daño en pertenencias por parte de agentes

• Expediente Q2 - Muerte de una persona que estuvo bajo la custodia de 34

la PGR. Extravío de documentación relativa a la investigación

• Expediente Q3 - Detención arbitraria con violencia en perjuicio del 39

agraviado. Amenazas de incriminación y extorsión

• Expediente Q4 - Cateo ilegal en tienda de abarrotes 42

• Expediente Q5 - Cateo ilegal y robo por parte de agentes 46

• Expediente Q6 - Detención arbitraria del agraviado y solicitud de dinero 50

a cambio de no consignarlo

• Expediente Q7 - Falta de devolución por parte del ministerio público 54

de un vehículo cuya propiedad acreditó la quejosa

• Expediente Q8 - Detención arbitraria, cateo ilegal y violencia en 56

contra de los agraviados

• Expediente Q9 - Detención arbitraria en un vehículo oficial sin placas. 60

Violencia verbal y solicitud de dinero a cambio de la libertad

• Expediente Q10 - Detención arbitraria y cateo ilegal. Violación de 66

derechos con fines de incriminación

• Expediente Q11 - Falta de información en el marco de la 70

averiguación previa

• Expediente Q12 - Amenazas contra el quejoso y otras personas 72

Falta de devolución de un vehículo por parte de la PGR

• Expediente Q13 - Detención arbitraria, revisiones ilegales, violación 77

al principio de igualdad y falsa acusación

• Expediente Q14 - Detención arbitraria, cateo ilegal y actos ilegales 80

dirigidos a la incriminación

• Expediente Q15 - Detención arbitraria, violencia con fines de 83

Incriminación y solicitud de dinero a cambio de la libertad

• Expediente Q16 - Decomiso de objetos y actos violatorios dirigidos 86

a la incriminación del agraviado. Falta de información en el marco de la


• Expediente Q17 - Muerte de una persona por agentes de la AFI y 89

la PFP deficiencias en la investigación el caso

• Expediente Q18 - Falsa acusación, violencia física y otras violaciones 93

con fines de incriminación Solicitud de dinero a cambio de la libertad

• Expediente Q19 - Dilación e integración indebida de la averiguación 98

previa

• Expediente Q20 - Cateo ilegal, robo, amenazas, intimidación y 101

detención arbitraria. Presiones para firmar una declaración alterada

por el ministerio público

• Expediente Q21 - Detención arbitraria y malos tratos por agentes 105

de la AFI

• Expediente Q22 - Obstáculos a los quejosos para la recuperación de

los cuerpos de familiares fallecidos en accidente 108

• Expediente Q23 - Irrupción ilegal en el domicilio y daños materiales

en perjuicio de una persona de 94 años. 111

• Expediente Q24 - Traslado de detenidos en condiciones delicadas 115

de salud y obstáculos la visita de los mismos en el establecimiento

penitenciario

• Expediente Q25 - Falsa acusación, irregularidades en el desempeño 119

del defensor, incomunicación y daño a la imagen

• Expediente Q26 - Cateo ilegal, violencia y uso indebido de armas de 122

fuego en perjuicio de un niño y una persona de avanzada edad

• Expediente Q27 - Irrupción ilegal en el domicilio, detención arbitraria, 130

violencia física, destrozos y robo de documentos

• Expediente Q28 - Detención arbitraria, violencia física con fines de 135

incriminación y dilación en el traslado del detenido al ministerio público

• Expediente Q29 - Detención arbitraria, violencia física con fines de 139

incriminación y daño a la imagen personal

• Expediente Q30 - Irrupción ilegal al domicilio, uso indebido de arma 145

de fuego, destrozos y daño a la imagen personal

• Expediente Q31 - Detención arbitraria y presunta desaparición 148

del detenido

• Expediente Q32 - Irrupción ilegal en una casa hogar, interrogatorio a 156

niños en condiciones inapropiadas, uso indebido de arma de fuego y

presiones para firmar actas de contenido desconocido

• Expediente Q33 - Irrupción ilegal ala domicilio, detención arbitraria, 165

violencia física, uso indebido de arma de fuego y amenazas

• Expediente Q34 - Irregularidades en la integración de la averiguación 168

previa y falta de información sobre el estado de la misma

• Expediente Q35 - Detención arbitraria y presunta desaparición de 171

un detenido

• Expediente Q36 - Cateo ilegal en domicilio, robo y violencia verbal 174

En presencia de niños

• Expediente Q37 - Falta de información en el marco de la averiguación 178

previa e irregularidades en los servicios periciales de la PGR

• Expediente Q38 - Detención arbitraria, irrupción ilegal en el domicilio, 183

violencia física con fines de incriminación, incomunicación y violaciones

al derecho de defensa

• Expediente Q39 - Irrupción ilegal en el domicilio, destrozos y violencia 188

física en presencia de un niño

• Expediente Q40 - Detención arbitraria, violencia física, uso indebido 193

de arma de fuego, amenazas de muerte y presunta desaparición

de un detenido

• Expediente Q41 - Irrupción ilegal en domicilio, uso indebido de arma 200

de fuego, detención arbitraria, amenazas y presunta desaparición

de detenido

• Expediente Q42 - Falta de información sobre la integración de una 203


• Expediente Q43 - Maltrato en establecimiento penitenciario 206

• Expediente Q44 - Robo de dinero y objetos por parte de policías 210

y agentes del ministerio público

• Expediente Q45 - Violencia y uso excesivo de la fuerza legal al 213

desbloquear vías de comunicación tomadas por manifestantes

• Expediente Q46 - Detención arbitraria y violenta en perjuicio 217

de la agraviada

• Expediente Q47 - Falta de información sobre la situación 221

legal de un detenido

• Expediente Q48 - Irregularidades en la integración de la averiguación 225

previa, irrupción ilegal, detención arbitraria, falta de asistencia médica

y firma de actas sin que la quejosa conociera su contenido

I. PARTE GENERAL

3

Introducción

Una de las líneas de trabajo del Programa Atalaya es el análisis de muestras de

expedientes de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos. En esta ocasión se presenta el cuarto estudio de este tipo. En el primero,

fueron analizados 106 expedientes abiertos con motivo de quejas contra la Comisión

Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Procuraduría

Federal del Consumidor y la Comisión Nacional del Agua. En el segundo, se realizó el

estudio de 45 quejas interpuestas contra el INFONAVIT y el FOVISSSTE. En el

tercero, se analizaron 52 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional. En el

presente estudio, se exponen los resultados del análisis de 48 quejas interpuestas

contra la Procuraduría General de la República (PGR).

El Programa Atalaya sostiene que el análisis sistemático de las quejas atendidas por la

CNDH resulta de suma importancia, pues permite conocer los patrones de desempeño

de dicho Organismo en la atención de las quejas ordinarias, y no sólo respecto a

aquellas que, por cualquier razón, logran atraer la atención de la opinión pública o de

los medios de comunicación. Mediante la selección aleatoria de expedientes, se

introducen al análisis casos que, si bien pudieron haber pasado inadvertidos por la

opinión pública, no necesariamente se refieren a hechos menores. El análisis de casos

escogidos al azar permite, de este modo, definir si la CNDH muestra un desempeño

diferenciado hacia las quejas, privilegiando unas y desatendiendo otras, en función de

la identidad de los actores involucrados y del grado de presión mediática, política y

social a la que es sometida en cada caso, o si, por el contrario, actúa inspirada en

estándares uniformes de calidad. La aleatoriedad en la selección de las quejas

permite, asimismo, proyectar los hallazgos de la presente investigación al conjunto de

quejas que recibe la CNDH contra la PGR, pues no se trata de quejas escogidas en

atención al mal desempeño de la Comisión, sino de quejas elegidas al azar que ponen

de manifiesto no sólo las irregularidades en su actuación, sino también las

intervenciones afortunadas del Organismo, cuando las hay.

Un fruto adicional del análisis de conjunto de las quejas es la posibilidad de

aproximarse al modo en el que operan en la práctica las instituciones públicas, así

como al tipo de arbitrariedades y abusos que usualmente les imputa la población.

Por otra parte, debe subrayarse que las versiones públicas de los expedientes

entregadas por la CNDH al Programa Atalaya contienen, en principio, toda la

4

información necesaria para valorar la actuación de este Organismo en la atención de

los casos correspondientes. De ahí que la investigación que se desarrolla en el

presente documento, parta de la base de que todo lo actuado por la CNDH, el quejoso

y las autoridades con motivo de la queja respectiva, está documentado en dichas

versiones públicas, las cuales constituyen, en tal virtud, un referente obligado para

valorar el desempeño de la Comisión en este rubro.

Objetivo de la investigación

Al igual que en las investigaciones anteriores, el Programa Atalaya se planteó como

objetivo fundamental conocer y evaluar, mediante el análisis de las fuentes

documentales, el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la

atención de las quejas contra la PGR. En general, se buscó obtener referentes para

valorar la calidad de la defensa de los derechos humanos de los quejosos y la

satisfacción de sus expectativas legítimas. Los aspectos específicos a evaluar son la

comunicación que la CNDH mantiene con los quejosos, la calidad de las solicitudes de

información dirigidas a la autoridad, la valoración de los informes rendidos por ésta, el

desarrollo de la investigación, el acopio de las evidencias y su valoración, el ejercicio

de las facultades del Organismo para interponer quejas y denuncias, la aplicación de

las normas y estándares en materia de derechos humanos y la justificación de la

conclusión de las quejas.

El desempeño de la Procuraduría General de la República no constituye un objetivo

primario de la investigación. No obstante, conforme se realiza el análisis del

desempeño de la CNDH van quedando de manifiesto ciertos patrones de actuación de

aquélla, en particular, sus procedimientos para la investigación y persecución de los

delitos. Sin embargo, debe hacerse notar que no es posible conferir un valor

estadístico a las irregularidades atribuidas a la PGR en los casos analizados, en

ocasiones sistemáticas y graves, ya que la muestra seleccionada está conformada a

partir del número de quejas que recibe la CNDH, y no en razón de la magnitud de la

actividad general de la PGR, la cual, por supuesto, trasciende por mucho el referente

mencionado. De igual manera, si bien a partir del presente estudio se pueden intuir

deficiencias en las instituciones de procuración de justicia que redundan en la

impunidad tanto de particulares como de agentes de la autoridad, ello amerita una

investigación por separado en el marco de la relación entre los derechos humanos y la

procuración de justicia.

5

Representatividad de la muestra analizada por el Programa Atalaya

Como se indicó antes, la presente investigación es la cuarta de su tipo publicada por el

Programa Atalaya. Hasta el momento han sido analizados 246 expedientes de queja

abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de presuntas

violaciones atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y

Fuerza, la PROFECO, la CONAGUA, el INFONAVIT, el FOVISSSTE, la SEDENA y la

PGR (27, 33, 32, 14, 25, 15, 52 y 48 expedientes de queja, respectivamente).

En los últimos seis ejercicios anuales de la CNDH (2004-2009), dicho Organismo ha

recibido un promedio anual de 2,083 quejas contra las ocho autoridades referidas. El

total de 246 quejas analizadas por el Programa Atalaya representa cerca del 12% del

promedio anual antes mencionado.

Quejas analizadas hasta la fecha por el Programa Atalaya en relación con el promedio anual de quejas abiertas por la CNDH contra las ocho autoridades entre 2005 y 2009

Promedio anual de quejas abiertas por la CNDH contra las ocho autoridades

entre 2005-2009:

2083 quejas

Quejas analizadas por el Programa

Atalaya: 246 quejas (11.8%)

El volumen de quejas que año con año abre la CNDH por hechos atribuibles a la PGR

ha sido constante. El promedio anual de quejas contra esta autoridad, en los últimos

seis ejercicios, es de 664. La muestra de quejas seleccionada por el Programa

Atalaya, integrada por 48 expedientes, representa el 7% del promedio anual de

expedientes abiertos por la Comisión entre 2004 y 2009 contra dicha autoridad.

6

Expedientes abiertos anualmente por la CNDH con motivo de presuntas violaciones imputables a la PGR

671 675

516

671

769

680

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio anual Quejas analizadas por el

Programa Atalaya

Porcentaje que representan las quejas analizadas

por el Programa Atalaya respecto al promedio anual

para cada autoridad

CFE 101 223 1187 198 122 138 328 27 8.2

Luz y Fuerza 30 85 98 110 103 82 85 33 39.0

PROFECO 67 113 89 98 81 66 86 32 37.4

CONAGUA 30 66 45 51 34 22 41 14 33.9

INFONAVIT 66 207 209 221 189 194 181 25 13.8

FOVISSSTE 19 57 48 45 54 70 49 15 30.7

SEDENA 143 186 182 367 1230 1791 650 52 8.0

PGR 671 675 516 671 769 680 664 48 7.2

Totales 1127 1612 2374 1761 2582 3043 2083 246 11.8

8

Método y selección aleatoria de los expedientes de queja contra la PGR

La muestra analizada comprende 48 expedientes de queja. Para su integración se

conformaron dos subconjuntos de 24 expedientes cada uno, el primero de los cuales

se integró a partir de una selección aleatoria que tomó como base información

proporcionada por la autoridad relativa a los expedientes abiertos por quejas

interpuestas ante la CNDH. El Programa Atalaya solicitó acceso a dichos expedientes

a la CNDH, la cual entregó las versiones públicas correspondientes. A fin de conformar

el segundo subconjunto de la muestra, también integrado con 24 expedientes, se

solicitó a la CNDH la entrega de los últimos 50 expedientes concluidos, tramitados con

motivo de hechos atribuibles a la Procuraduría General de la República. La CNDH

entregó 49 expedientes, los cuales se tomaron como base para seleccionar 24. Se

ordenaron por número consecutivo y se tomaron los 24 más recientes. El expediente

CNDH/2/2008/5860/Q fue sustituido por el CNDH/1/2009/3361/Q, en razón de que el

primero derivó en la recomendación 73/2009, documento que corresponde a una línea

diversa de análisis del Programa Atalaya. Este último expediente de queja fue

seleccionado también de manera aleatoria conforme al método antes descrito.

9

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 1. Hechos denunciados por los quejosos atribuidos a la PGR

El análisis de los 48 expedientes puso de relieve la naturaleza de los hechos atribuidos

por los quejosos a la PGR. En atención a su frecuencia, son los siguientes:

i. Violencia física y/o verbal: Q2, Q7, Q10, Q14, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q26,

Q27, Q28, Q29, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46, Q47 y Q48.

ii. Detención arbitraria: Q3, Q6, Q8, Q9, Q13, Q14, Q15, Q21, Q21, Q27, Q28,

Q29, Q31, Q32, Q33, Q35, Q36, Q38, Q40, Q41, Q46 y Q48.

iii. Cateos ilegales y molestias arbitrarias en el domicilio: Q1, Q4, Q5, Q8, Q10,

Q14, Q20, Q23, Q26, Q27, Q30, Q31, Q32, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41 y

Q48.

iv. Irregularidades en la averiguación previa: Q2, Q7, Q10, Q14, Q16, Q17, Q18,

Q19, Q20, Q26, Q27, Q30, Q31, Q32, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41 y Q48.

v. Daños materiales o patrimoniales al agraviado: Q1, Q4, Q5, Q12, Q16, Q23,

Q26, Q27, Q30, Q36, Q39, Q45 y Q48.

vi. Amenazas o intimidación: Q2, Q3, Q12, Q15, Q26, Q27, Q28, Q33, Q38, Q40

Q41 y Q48.

vii. Falsa acusación: Q3, Q10, Q13, Q14, Q15, Q18, Q25, Q28, Q29, Q36, Q38 y

Q48.

viii. Robo: Q1, Q3, Q5, Q20, Q23, Q26, Q28, Q36, Q40 y Q44.

ix. Uso indebido de armas de fuego: Q1, Q17, Q23, Q25, Q27, Q30, Q32, Q33,

Q40 y Q41.

x. Revisiones ilegales en personas u objetos: Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q20,

Q23, Q33, y Q40.

10

xi. Cohecho y/o extorsión: Q3, Q6, Q9, Q15 y Q18.

xii. Daño a la imagen o a la reputación: Q3, Q25, Q27 y Q30.

xiii. Incomunicación: Q24, Q25 y Q38.

xiv. Retención ilegal: Q28 y Q40.

xv. Extravío del expediente penal: Q2.

xvi. Homicidio: Q2.

xvii. Desaparición forzada: Q31.

Principales hechos violatorios atribuibles a la PGR denunciados por los quejosos

Violencia física y/o verbal 15%

Detención arbitraria 13%

Cateos ilegales 12%

Otros 43%

Daños materiales o patrimoniales 8%Irregularidades en

la averiguación previa 9%

11

2. Derechos presuntamente afectados o amenazados por los servidores públicos de la

PGR

Los hechos denunciados en las quejas analizadas constituyen amenazas o

afectaciones a los siguientes derechos fundamentales:

i. Derecho a la integridad física y/o psicológica: Q1, Q2, Q3 Q8, Q10, Q12, Q13,

Q15, Q18, Q20, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q32, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40,

Q41, Q43, Q45, Q46, Q47 y Q48.

ii. Derecho a la libertad personal: Q6, Q8, Q9, Q13, Q14, Q15, Q21, Q20, Q27,

Q28, Q29, Q31, Q32, Q33, Q35, Q36, Q38, Q40, Q41 y Q46.

iii. Derecho a la información: Q2, Q5, Q11, Q12, Q14, Q16, Q25, Q29, Q32, Q33,

Q34, Q35, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 y Q48.

iv. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: Q1, Q4, Q5, Q10, Q14, Q20, Q23,

Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40 y Q41.

v. Derechos patrimoniales: Q1, Q4, Q5, Q12, Q16, Q20, Q23, Q26, Q28, Q30,

Q36, Q39, Q40, Q44 y Q45.

vi. Derecho a un juicio justo o proceso debido: Q2, Q13, Q14, Q16, Q17, Q18,

Q20 y Q25.

vii. Derecho a nos ser acusado falsamente: Q3, Q10, Q14, Q15, Q18, Q25, Q28,

Q29, Q36 y Q38.

viii. Derecho a la legalidad y a la seguridad o certeza jurídica: Q1, Q3, Q9, Q10,

Q13, Q16, Q18, Q24 y Q47.

ix. Derecho a no ser objeto de revisiones ilegales en personas u objetos: Q10,

Q11, Q12, Q13, Q14, Q20, Q33 y Q40.

x. Derecho a no ser obligado a declarar: Q10, Q20, Q28, Q29, Q32 y Q48.

12

xi. Derecho a ser asistido por un abogado o defensor: Q12, Q14, Q18, Q25, Q32 y

Q48.

xii. Derecho a no ser objeto de extorsión o cohecho: Q6, Q9, Q11, Q15 y 1Q8.

xiii. Derecho a la justicia pronta y expedita: Q7, Q17, Q19 y Q34.

xiv. Derecho de los niños: Q32, Q38 y Q40.

xv. Derecho a la vida: Q2.

Derechos afectados o amenazados por los hechos atribuidos a la PGR

Derecho a la inviolabilidad del

domicilio 12%

Derecho a la Información 12%

Derecho a la libertad personal

12%

Derecho a la integridad 16%

Otros 39%

Derechos patrimoniales 9%

13

3. Omisiones de la CNDH en la atención de las quejas analizadas

a) Falta de contacto de la CNDH con el quejoso para suplir las deficiencias de la

queja y perfeccionar sus solicitudes de información

Luego del análisis de las 48 quejas que constituyen la muestra, el Programa Atalaya

comprobó que la CNDH persiste en su política general de no entablar contacto con los

quejosos entre el momento en el que éstos interponen la queja y el momento en el que

el Organismo emite sus solicitudes de información a las autoridades respectivas. Dicho

contacto resulta fundamental para subsanar o suplir las deficiencias de la queja, y para

que el presunto agraviado amplíe la información proporcionada inicialmente. Debe

considerarse que los quejosos, por no ser en su mayoría expertos en leyes ni en

derechos humanos, pueden omitir, en su comunicación inicial, información clave para

la investigación de los hechos. Se encontró que en los casos Q4, Q6, Q9, Q18 y Q20,

los oficios de solicitud de información dirigidos por la CNDH a las autoridades se

vieron especialmente afectados en su calidad por la omisión referida. Como

contraejemplo se encontró que en el caso Q8, la Comisión ejerció debidamente su

facultad de ampliar la queja poniéndose en contacto con la persona que la planteó.

b) Omisiones de la CNDH en el acopio y valoración de evidencias y en la

aclaración e investigación de los hechos

El Programa Atalaya pudo comprobar que, en una parte significativa de la muestra, la

CNDH omitió recabar las evidencias que le permitieran adquirir plena certeza sobre la

veracidad o falsedad de los hechos denunciados (Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q14, Q16,

Q17, Q18, Q20, Q21, Q23, Q24, Q26, Q27, Q31, Q32, Q35, Q36, Q39, Q40, Q46 y

Q48). En general, la CNDH aplicó el criterio de imponer al quejoso la carga de la

prueba, en lugar de ejercer a plenitud sus facultades de investigación para recabar las

que estaban a su alcance, condicionando en los hechos la consecución del trámite del

expediente a que el quejoso proporcionara nuevas evidencias valiéndose de sus

propios medios. Asimismo, se detectó que en diversos expedientes, la CNDH excluyó

de la investigación, deliberadamente, hechos presuntamente violatorios,

probablemente por considerarlos poco relevantes (Q18, Q25, Q26, Q31, Q40 y Q46),

lo que se traduce, a su vez, en la “invisibilización” de los derechos fundamentales

correlativos.

14

Se pudo comprobar también que la CNDH no aplicó de manera uniforme los criterios

para recabar las evidencias. En unos cuantos casos (Q15, Q20, Q26 y Q48), solicitó

expresamente a la autoridad remitir el “álbum fotográfico” de los agentes involucrados

en los hechos, aparentemente con el propósito de que los quejosos pudieran

reconocerlos y señalarlos con toda certeza. No obstante lo anterior, y según se hace

ver a lo largo del presente estudio, en una buena parte de los casos analizados se

omitió solicitar dicha información, a pesar de que resultaba pertinente. Pero en

aquellos casos en los que la CNDH sí la solicitó, no se encontraron constancias en los

expedientes que acrediten que la PGR efectivamente entregó la información, como

tampoco actas circunstanciadas u otros documentos que hagan constar que la

Comisión haya utilizado los álbumes fotográficos para que los quejosos reconocieran a

sus supuestos agresores.

Únicamente se encontró un caso (Q8) en el que la CNDH solicitó a la autoridad que

los altos mandos, responsables del operativo en cuestión, declararan sobre los hechos

en el marco de la queja abierta por la Comisión. Como se explica en el cuerpo del

presente estudio, se trata de una atribución que el Organismo está en aptitud de

ejercer en el grueso de los casos.

La Comisión tampoco siguió criterios uniformes con respecto a las autoridades a las

que les solicitó por escrito información “en colaboración”. En algunos casos, solicitó

información a la Defensoría Pública (Q16 y Q25) y a Jueces de Distrito (Q27 y Q28). El

lector podrá comprobar a lo largo del documento que estas últimas autoridades podían

ser requeridas en otros casos en términos similares, lo que hubiera resultado en el

enriquecimiento de las investigaciones realizadas por la CNDH.

Por otra parte, en diversos expedientes, la Comisión Nacional omitió despejar

incógnitas o resolver contradicciones derivadas de la información obtenida durante la

investigación (Q4, Q5, Q12, Q13, Q18, Q21, Q24, Q25, Q26, Q28, Q29, Q31, Q32,

Q33, Q37, Q38, Q40 y Q47). En algunos casos, aun teniendo evidencias a la vista, el

Organismo omitió darles el valor que les era propio o desprender de ellas sus

consecuencias lógicas (Q5, Q15, Q26, Q38, Q40 y Q47).

En los expedientes analizados, la CNDH desestimó diversas violaciones atribuibles a

la PGR, en especial detenciones arbitrarias, cateos ilegales y actos de violencia física

o psicológica, escudándose en el argumento de que, al haberse iniciado un proceso

penal, se trataba de cuestiones de carácter jurisdiccional, lo que resulta una falacia,

15

pues dichas violaciones no forman parte de la litis en los procesos penales referidos,

además de que se trata de hechos ocurridos con antelación al auto de formal prisión o

de sujeción a proceso de los agraviados (Q6, Q8, Q9, Q12, Q15, Q18, Q21 y Q46).

Esta práctica común de la CNDH refleja que, en los hechos, sus actuaciones se guían

por el equívoco criterio de que, una vez que una persona es sometida a juicio penal,

quedan justificadas, legitimadas o “lavadas” las violaciones cometidas en su contra por

la Procuraduría con el propósito de hacerla llegar a dicho punto (su detención ilegal, el

cateo arbitrario de su propiedad, su sometimiento mediante el uso excesivo de la

fuerza, las coacciones para que firme las actas de cateo o sus declaraciones

ministeriales, etc.).

Según se explica a detalle en el análisis particular de las quejas correspondientes, el

Programa Atalaya detectó que, en algunos casos, la CNDH omitió realizar diligencias

que le impidieron investigar a profundidad presuntas detenciones arbitrarias

encubiertas bajo la figura de la flagrancia (Q6 y Q33). En dichos casos, los agentes

aprehensores, respaldados por el aparato de procuración de justicia, habrían simulado

que las detenciones se realizaron en flagrancia en la vía pública, y no al interior de

casas o inmuebles. Lo anterior, probablemente con el objeto de no verse en la

necesidad de justificar la irrupción en los domicilios respectivos sin las

correspondientes órdenes de cateo o con la finalidad de revestir de legalidad las

detenciones mismas a pesar de no contar con las órdenes judiciales de aprehensión.

La CNDH ignoró más de una vez los señalamientos de los quejosos en el sentido de

que sus detenciones se efectuaron dentro del inmueble en el que se encontraban, y no

en la vía pública, pues omitió recabar las evidencias conducentes para estimar o

desestimar tales violaciones (Q26, Q29 y Q33).

El análisis de las quejas que conforman la muestra arroja que la CNDH ignoró en

general los señalamientos de los quejosos en el sentido de que las autoridades

ministeriales los habrían obligado u orillado a firmar actas ministeriales, la mayoría de

las veces sin conocer a cabalidad su contenido, o incluso conociéndolo y habiéndose

manifestado en desacuerdo con el mismo (Q10, Q14, Q16, Q18, Q20, Q32 y Q48).

En estrecha relación con lo anterior, están los señalamientos de algunos quejosos en

el sentido de que no fueron asistidos por un abogado al declarar ante el ministerio

público (Q10 y Q18). En algunos casos, esta presunta violación coincidía con el

señalamiento de que firmaron el acta ministerial sin conocer total o parcialmente su

16

contenido, lo que, de ser cierto, dejaría sin valor dichas actas también por lo que toca

a que los presuntos agraviados las firmaron de manera voluntaria en presencia del

defensor que les fue designado. En uno de los casos, la denuncia del quejoso de que

firmó las actas “a ciegas” tuvo como respuesta de la autoridad que, según consta en

dichas actas, esa persona habría rechazado la asistencia del defensor a pesar de

habérsele ofrecido, lo cual, en atención a las circunstancias de la queja, resulta un

argumento poco sólido (Q10). Cabe destacar que en 7 expedientes se encontraron

señalamientos de los quejosos en el sentido de que fueron obligados u orillados por el

ministerio público a firmar actas y documentos cuyo contenido desconocían total o

parcialmente (Q14, Q15, Q16, Q18, Q20, Q32 y Q48), hechos que, según se explica

en el cuerpo del presente estudio, no fueron investigados debidamente por la CNDH,

la cual se apoyó regulamente en tales documentos, presuntamente viciados, para dar

por concluidas sus investigaciones.

La muestra de quejas revela también que, en diversos casos, la CNDH ignoró las

denuncias de algunos quejosos en el sentido de que acudieron a las instalaciones u

oficinas de la PGR, no de manera voluntaria como sostendría ésta, sino forzados u

orillados bajo la creencia no desmentida por los agentes de que estaban detenidos. En

estos casos se supo después que se les tomó la declaración en calidad no de

“indiciados” o “inculpados”, sino de “testigos” y la PGR insistiría en que acudieron libre

y voluntariamente a sus oficinas (Q10 y Q48).

Son numerosos lo casos en los que la CNDH omitió recabar los testimonios de

personas que habrían presenciado los hechos (Q5, Q8, Q9, Q10, Q14, Q20, Q21,

Q26, Q29, Q32, Q33, Q36, Q39 y Q46). En una buena parte de estos casos, según se

expone en el análisis pormenorizado de las quejas, los propios agraviados

proporcionaron datos, en sus escritos de queja, de la persona o personas que

presenciaron los hechos violatorios denunciados. En otros casos, por las

circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos, resultaba muy probable la

existencia de testigos, los cuales no fueron buscados ni entrevistados por la CNDH.

Tal es el caso de los hechos de violencia que presuntamente ocurrieron en

condominios, en la vía pública o en lugares concurridos por naturaleza.

Por último, la muestra aleatoria integrada por 48 expedientes, reveló que la CNDH no

ha incorporado a su labor ordinaria la consulta de registros internos de las autoridades

señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos, tales como los

libros de ingreso de detenidos, la data informática, las bitácoras de servicio y los

17

partes policiales, entre otros. La CNDH se limita, en general, a pedir informes a la

autoridad, pero subejerce su facultad de verificar de manera sistemática los registros

mencionados, tarea que bien puede realizar de manera oficiosa, sin una queja de por

medio, en su carácter de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura1.

c) Omisiones de la CNDH en la investigación de casos de presunta tortura

En cuanto a la investigación realizada por la CNDH en los casos en los que fueron

denunciados presuntos actos de tortura, debe advertirse que, al menos en los casos

Q18, Q28, Q29, Q31, Q38 y Q40, el Organismo no observó los principios y directrices

que establece el Protocolo de Estambul2, el cual fue preparado, según se indica en su

Introducción, “para facilitar a los Estados el que puedan poner en práctica uno de los

aspectos más fundamentales de la protección de los individuos contra la tortura: una

documentación eficaz”. Se trata de un documento validado internacionalmente para la

investigación de casos de tortura.

La documentación de los casos de presunta tortura tiene como objetivos, según lo

indica el Anexo 1 del Protocolo3, “aclarar los hechos y establecer y reconocer la

responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias,

determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos, facilitar el

procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante sanciones disciplinarias de

las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y

demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una

indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención

médica y rehabilitación”.

1 La CNDH funge, desde 2007, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el marco de la instrumentación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por el Senado de la República el 11 de abril de 2005 y vigente desde el 22 de junio de 2006. 2 El Protocolo de Estambul o Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado a partir de 1999 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue implantado “en forma obligatoria” por la Procuraduría General de la República mediante el Acuerdo A/057/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2003, con el objeto de “instruir a los agentes del Ministerio Público de la Federación, a los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, respecto de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, en cualquier persona que alegue dichos abusos, así como establecer las directrices institucionales que rigen su implementación”. 3 El Anexo 1 del Protocolo enuncia los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

18

El Protocolo y sus anexos establecen diversos principios para la investigación y

documentación eficaz de presuntos casos de tortura, entre los que destacan los

siguientes:

1. Que la autoridad que investiga la presunta tortura detente y ejerza “poderes

para obtener toda la información necesaria para la investigación”;

2. que no quede al arbitrio de la autoridad investigar la presunta tortura, sino que

esté “obligada a hacerlo”;

3. que la autoridad que investiga la tortura tenga “facultades para obligar a los

funcionarios presuntamente implicados en tortura o malos tratos a comparecer

y prestar testimonio”;

4. que la autoridad investigadora pueda “citar testigos, e incluso funcionarios

presuntamente implicados y ordenar la presentación de pruebas”;

5. que las “presuntas víctimas de tortura o malos tratos (y) los testigos”, sean

“protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de

intimidación que pueda surgir a resultas de la investigación”;

6. que “los presuntos implicados en torturas o malos tratos (sean) apartados de

todos los puestos que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los

querellantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las

investigaciones”;

7. que “las presuntas víctimas de torturas o malos tratos y sus representantes

legales (sean) informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán

acceso, así como a toda la información pertinente a la investigación, y tendrán

derecho a presentar otras pruebas”.

En los referidos casos Q18, Q28, Q29, Q31, Q38 y Q40 se denunciaron hechos

presuntamente constitutivos de tortura y malos tratos; sin embargo, la CNDH no

observó los principios previstos en el Protocolo y sus anexos, pues como se detalla en

el análisis pormenorizado de dichas quejas, omitió ejercer a plenitud sus facultades

constitucionales y legales para investigar los hechos y allegarse de la información

necesaria para la aclaración de los hechos. En dichos casos, la Comisión incumplió su

obligación de no dar por concluidos los expedientes sino hasta dilucidar los presuntos

hechos de tortura. El Organismo se limitó en general a solicitar informes por escrito a

la autoridad, pero no observó el principio de citar a los servidores públicos a

comparecer y prestar testimonio sobre los hechos que les fueron imputados, como

tampoco acudió a los potenciales testigos señalados en las quejas ni se dio a la tarea

de buscar testigos adicionales. Fue posible corroborar que la Comisión no proporcionó

19

información clara a los quejosos ni a las presuntas víctimas de tortura sobre la

tramitación y los resultados de los procedimientos de investigación abiertos con motivo

de los presuntos actos de tortura. Por lo demás, el Programa Atalaya no encontró

constancias de que, en los casos referidos de presunta tortura, la CNDH haya

intervenido para proteger la integridad de las presuntas víctimas, como tampoco para

que los presuntos pepetradores fueran apartados de los puestos que pudieran darles

poder directo sobre las víctimas, los testigos o sus familias.

Las omisiones de la CNDH en la investigación de casos de presunta tortura ponen de

manifiesto, por lo demás, que el Organismo no ejerció a plenitud las facultades que se

derivan de su carácter de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,

especialmente la relativa a “examinar” debidamente el trato de las personas privadas

de su libertad “con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

d) Deficiencias en las solicitudes de información dirigidas por la CNDH a las

autoridades

En anteriores análisis de muestras de quejas realizados por el Programa Atalaya

(CFE, Luz y Fuerza, CONAGUA, PROFECO, INFONAVIT, FOVISSSTE y SEDENA),

se encontró que en prácticamente todos los casos la CNDH elaboraba sus solicitudes

de información a la autoridad basada en fórmulas genéricas o categorías

preestablecidas o “de machote”, utilizando rara vez enunciados específicos redactados

a la luz de los hechos concretos planteados en la queja. En las quejas que

corresponden a la PGR se encontraron diferencias al respecto, pues en las tres

cuartas partes de los expedientes la Comisión Nacional utilizó, además de fórmulas

“de cajón”, enunciados que se refieren específicamente, y de manera exhaustiva, a los

hechos presuntamente violatorios descritos por el quejoso. Se trata de una buena

práctica que la CNDH deberá extender a todas las áreas responsables de atender las

quejas. Sólo en doce expedientes se detectó que el Organismo omitió solicitar

expresamente información sobre uno o más aspectos relevantes para la investigación

(Q1, Q4, Q8, Q9, Q14, Q16, Q18, Q24, Q29, Q32, Q38 y Q39).

20

e) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de interponer quejas y

denuncias

La CNDH persistió en su política de no ejercer su facultad de interponer quejas y

denuncias ante las autoridades competentes, aun teniendo los elementos para ello. En

la generalidad de los casos, la CNDH se limitó a orientar a los quejosos para que, por

su propia cuenta y con las evidencias que por sí mismos pudieran ofrecer, acudieran a

los órganos internos de control de la PGR o de otras autoridades. Sólo en casos

aislados la Comisión dio vista a estos últimos de hechos presuntamente irregulares

atribuibles a los servidores públicos adscritos a las mismas (Q26 y Q36). Resulta obvio

que la fuerza con la que acude un presunto agraviado a presentar una queja ante la

institución a la que pertenecen sus presuntos agresores, no es la misma cuando lo

hace por sus propios medios y con las evidencias que tenga a su alcance, que cuando

acude respaldado por una queja o denuncia presentada formalmente por la Comisión y

apoyada en las evidencias recabadas por ésta en ejercicio de sus facultades de

investigación. Por lo que toca a los casos en los que la CNDH dio vista a la autoridad

de hechos presuntamente irregulares o ilegales imputables a su personal, debe

subrayarse el hecho de que la Comisión tampoco arropó sus oficios con evidencias

que tenía en su poder o que estaban a su alcance, lo que también coloca a los

presuntos agraviados en una posición débil frente a la institución a la que pertenecen

quienes lo habrían agredido.

Al menos en los casos Q5, Q6, Q13, Q20, Q21 y Q23, la CNDH tuvo en su poder

información que apuntaba en el sentido de la existencia de presuntos delitos en los

que habrían participado servidores públicos: robos, privaciones ilegales de la libertad,

alteración de hechos en las averiguaciones previas, entre otros delitos. No obstante,

en ninguno de estos casos la CNDH ejerció su facultad constitucional de interponer

denuncias penales ante la autoridad competente.

f) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de solicitar la ampliación,

aclaración o enmienda de informes incompletos, obscuros o evasivos de la

autoridad

El Programa Atalaya comprobó, luego del análisis de la muestra de quejas contra la

PGR, que la CNDH ha persistido en su práctica de no solicitar a la autoridad la

enmienda, corrección, aclaración o complementación de sus informes, aun cuando

21

éstos resultan obscuros, contradictorios, imprecisos o incompletos (Q5, Q6, Q17, Q18,

Q21, Q26, Q32 y Q37).

g) Subejercicio por parte de la CNDH de su facultad de dar vista a los quejosos de

los informes de las autoridades cuando éstos son contradictorios con los

hechos planteados en la queja

La muestra revela que en múltiples casos, a pesar de existir contradicciones en

aspectos cruciales entre las versiones del quejoso y de la autoridad, la CNDH omitió

dar vista al primero a fin de que estuviera en aptitud de refutar el informe de la

segunda y de aportar más información para el esclarecimiento de los hechos (Q20,

Q27, Q32, Q33, Q39, Q40 y Q48). En casos aislados, como el Q5 y el Q45, la

Comisión ejerció dicha facultad.

4. Desempeño de la CNDH en materia de transparencia y acceso a la información

Si bien es cierto que la CNDH entregó los expedientes solicitados por el Programa

Atalaya, es necesario señalar que luego del análisis detallado de los que conforman la

muestra, se encontró que dicho Organismo entregó versiones incompletas de dichos

expedientes. En efecto, sólo 16 de los 48 expedientes mostraban el foliado de manera

continua e ininterrumpida, mientras que los otros 32 denotan saltos en el número de

folio correspondiente con motivo de la eliminación de fojas por parte de la Comisión.

Dentro del grupo de 32 versiones públicas entregadas de forma incompleta por la

CNDH, resulta pertinente comentar por separado aquellas en las que la cantidad de

fojas eliminadas es considerable: alrededor de 1,800 fojas. Es posible que en estos

casos, la Comisión haya impedido el acceso a las fojas que contenían copias de

averiguaciones previas y, probablemente, otro tipo de documentos. Cabe hacer

mención que esto ocurrió básicamente en la primera parte de la muestra, esto es, en

las quejas menos recientes. A continuación se mencionan las quejas respectivas junto

con las fojas específicas eliminadas por la CNDH de la versión pública:

• Q4 (fojas 34 a la 180)

• Q5 (fojas 33 a la 122)

• Q6 (fojas 21 a la 85)

• Q9 (35 a la 136)

• Q10 (fojas 21 a la 190)

• Q11 (fojas 13 a la 122)

• Q12 (fojas 58 a la 214)

• Q13 (fojas 73 a la 175)

• Q14 (fojas 22 a la 34 y 40 a la 169)

• Q15 (fojas 19 a la 76 y 78 a la 244)

• Q16 (fojas 27 a la 77)

• Q18 (fojas 46 a la 170)

22

• Q20 (fojas 21 a la 156)

• Q26 (fojas 50 a la 66)

• Q27 (fojas 57 a la 315).

No menos grave resulta la eliminación selectiva de fojas por parte de la CNDH de

documentos que contienen información relevante para la valoración de los hechos y de

su propio desempeño. Lo anterior obviamente sin que la Comisión haya justificado de

forma alguna la eliminación de dichos documentos. En al menos 24 versiones públicas

el Programa Atalaya encontró que la CNDH eliminó fojas, impidiendo de manera total

o parcial el acceso a documentos tales como informes de las autoridades

involucradas, certificados médicos y partes policiales. La eliminación no parece casual

o errónea, sino deliberada, a juzgar por la selección minuciosa y sutil de los

documentos faltantes. Lo relevante en este grupo de quejas es que los documentos

eliminados por la CNDH de las versiones públicas, a juzgar por sus dimensiones (3 ó 4

fojas en la mayoría de los casos), no son averiguaciones previas, sumado a que los

saltos en el número consecutivo de las fojas coincide con la ausencia en los

expedientes de informes rendidos por las autoridades. Una explicación genérica de la

CNDH sobre estas fojas faltantes no resultaría suficiente, porque sería tanto como

aceptar que las instituciones públicas pueden actuar en materia de transparencia de

manera arbitraria suprimiendo información de las versiones públicas sin justificar en

cada caso las razones por las que la consideró confidencial.

El lector podrá apreciar en el análisis individualizado de las quejas, los documentos

que, en cada caso, se encuentran en este supuesto. Los expedientes afectados por

dicha eliminación de fojas son los siguientes:

• Q4 (fojas 26-30, 189 y 192)

• Q6 (fojas 93-99)

• Q9 (fojas 14-17, 29-33 y 138-163)

• Q12 (fojas 46-52)

• Q13 (fojas 9, 14-30, 52-59)

• Q17 (fojas 23-33)

• Q18 (fojas 36, 37 y 176)

• Q19 (fojas 5-10, 24-31, 34-38 y 42-46)

• Q23 (fojas 31-36 y 66-71)

• Q25 (fojas 49 y 50)

• Q26 (fojas 7, 8, 12 y 13)

• Q27 (fojas 12-33)

• Q28 (fojas 81-105, 109-141)

• Q29 (fojas 143-190)

• Q30 (fojas 61-69 y 77-83)

• Q31 (fojas 47, 46, 55, 59 y 60)

• Q32 (fojas 33-36)

• Q35 (fojas 71-77)

• Q36 (fojas 10, 59-72)

• Q38 (fojas 56, 57, 60-73 y 82)

• Q39 (fojas 45, 46 y 52)

• Q40 (fojas 34-43 y 48-50)

• Q45 (fojas 393-397, 403, 408 y 412,

415, 429, 433, 437, 442, 446, 451, 458,

460-493, 496-507, 513-517, 542-555,

557-562, 567 y 571)

• Q47 (fojas 27, 43 y 44)

23

CONCLUSIONES GENERALES

Los 48 expedientes de queja cuyas versiones públicas analizó el Programa Atalaya,

revelan que casi la mitad de los casos (23 quejas) se refieren a presuntas violaciones

relacionadas con actos de violencia física o psicológica contra los quejosos por parte

de agentes de la PGR —a veces en colaboración con cuerpos policiales de otras

instituciones de seguridad— (Q2, Q7, Q10, Q14, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q26, Q27,

Q28, Q29, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46, Q47 y Q48). La cuarta parte de

los casos (12 quejas) incluyó denuncias por actos de amenaza o intimidación de los

mismos agentes (Q2, Q3, Q12, Q15, Q26, Q27, Q28, Q33, Q38, Q40 Q41 y Q48),

mientras que en 10 casos se señalaron conductas vinculadas con el uso indebido de

las armas de fuego (Q1, Q17, Q23, Q25, Q27, Q30, Q32, Q33, Q40 y Q41).

Junto a dicho escenario de violencia, el análisis de la muestra reveló que la mayor

parte de las quejas contra la PGR se originaron en el marco de la captura de

personas, en la ejecución de órdenes de aprehensión o en detenciones “en flagrancia”

(Q3, Q6, Q8, Q9, Q13, Q14, Q15, Q21, Q21, Q27, Q28, Q29, Q31, Q32, Q33, Q35,

Q36, Q38, Q40, Q41, Q46 y Q48), así como de irrupciones en los domicilios y en la

ejecución de órdenes de cateo (Q1, Q4, Q5, Q8, Q10, Q14, Q20, Q23, Q26, Q27, Q30,

Q31, Q32, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41 y Q48).

Con motivo de las irrupciones de los agentes de la PGR en los domicilios o de las

aprehensiones efectuadas por los mismos, son comunes las quejas por daños

materiales en bienes propiedad de los quejosos (Q1, Q4, Q5, Q12, Q16, Q23, Q26,

Q27, Q30, Q36, Q39, Q45 y Q48), así como por el robo de objetos de diversa

naturaleza (Q1, Q3, Q5, Q20, Q23, Q26, Q28, Q36, Q40 y Q44).

La muestra pone de manifiesto que las tareas propias de la procuración de justicia,

esto es, la investigación y persecución de delitos, están afectadas de irregularidades

prácticamente en todas sus etapas. Son múltiples las quejas por el uso innecesario de

la violencia durante las detenciones; la utilización de cateos ilegales para detener

personas cuya captura se intenta justificar posteriormente argumentando que se les

capturó en flagrancia en la vía pública; la demora en poner a las personas bajo la

responsabilidad de la autoridad competente y la violencia durante los traslados; las

maniobras irregulares durante la rendición de declaraciones por parte de indiciados y

testigos y las presiones para firmar actas cuyo contenido no se conoce cabalmente.

24

En cuanto a los derechos violentados o amenazados por dichas acciones, la muestra

arrojó que son seis los principales: el derecho a la integridad (Q1, Q2, Q3 Q8, Q10,

Q12, Q13, Q15, Q18, Q20, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q32, Q33, Q36, Q38, Q39,

Q40, Q41, Q43, Q45, Q46, Q47 y Q48), el derecho a la libertad personal (Q6, Q8, Q9,

Q13, Q14, Q15, Q21, Q20, Q27, Q28, Q29, Q31, Q32, Q33, Q35, Q36, Q38, Q40, Q41

y Q46), el derecho a la inviolabilidad del domicilio (Q1, Q4, Q5, Q10, Q14, Q20, Q23,

Q26, Q27, Q29, Q30, Q31, Q33, Q36, Q38, Q39, Q40 y Q41), el derecho al debido

proceso penal (Q2, Q13, Q14, Q16, Q17, Q18, Q20 y Q25), el derecho a no ser

acusado falsamente (Q3, Q10, Q14, Q15, Q18, Q25, Q28, Q29, Q36 y Q38), el

derecho a la información (Q2, Q5, Q11, Q12, Q14, Q16, Q25, Q29, Q32, Q33, Q34,

Q35, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42 y Q48) y los derechos patrimoniales (Q1, Q4,

Q5, Q12, Q16, Q20, Q23, Q26, Q28, Q30, Q36, Q39, Q40, Q44 y Q45).

En cuanto al desempeño de la CNDH en la atención de las quejas, cabe resaltar que

la Comisión ha persistido básicamente en los mismos patrones de actuación

identificados en los tres documentos anteriores (CFE, Luz y Fuerza, PROFECO,

CONAGUA, INFONAVIT, FOVISSSTE y SEDENA). El Organismo continúa omitiendo

establecer una comunicación efectiva con los quejosos para subsanar o suplir las

deficiencias de sus quejas y para perfeccionar sus solicitudes de información. Sólo en

casos muy aislados la Comisión tomó la iniciativa de entablar contacto oportuno con

los quejosos para estos efectos.

Cabe destacar que la calidad de las solicitudes de información en el caso de las

quejas contra PGR es, en general, mejor que las solicitudes enviadas a las otras

autoridades cuyas quejas ha analizado el Programa Atalaya. Lo anterior en razón de

que son más exhaustivas e incluyen fórmulas específicas para cada caso que se

refieren a los hechos concretos planteados por los quejosos. Aun así, una cuarta parte

de las quejas mostró deficiencias en las solicitudes de información dirigidas a la

autoridad.

La CNDH mantiene en su política de no solicitar a la autoridad que corrija, enmiende,

complemente o amplíe la información rendida en su primer informe, no obstante que

éste fuera deficiente por obscuro, evasivo, incompleto o contradictorio. Aunado a lo

anterior, en la mitad de las quejas se encontró que la CNDH omitió realizar gestiones y

diligencias encaminadas a la obtención de las evidencias, de modo que en todos esos

casos la veracidad o falta de veracidad de lo relatado por los quejosos, no pudo ser

cabalmente confirmado o desmentido por las evidencias recabadas por el Organismo.

25

Se detectaron casos en los que la Comisión omitió entrevistar testigos de los hechos y

realizar inspecciones que estaban a su alcance. En los casos en que fueron

denunciados hechos presumiblemente constitutivos de tortura, la CNDH omitió

observar principios derivados del Protocolo de Estambul para la investigación eficaz de

dicha violación, en particular recabar las versiones de testigos y las declaraciones de

los presuntos involucrados en actos de tortura y malos tratos.

En diversos casos, transfirió a los quejosos la carga de la prueba habiendo omitido ella

misma ejercer plenamente sus facultades de investigación. En contraposición, sólo en

casos aislados dio vista a los quejosos para que se pronunciaran sobre los informes

de la autoridad, a pesar de las contradicciones evidentes entre las versiones de los

primeros y la segunda.

La CNDH contaba en algunos casos con evidencias que confirmaban las versiones de

los quejosos y, sin embargo, las ignoró o desvaloró en perjuicio de la investigación y

de los derechos del agraviado. También excluyó arbitrariamente de sus

investigaciones hechos planteados en la queja. La muestra reveló además que la

CNDH realizó en contados casos una visita de campo o de trabajo al lugar de los

hechos a fin de recabar testimonios y otras evidencias, no obstante que otros casos

también ameritaban dicha diligencia. Resulta obvio que por razones presupuestarias y

de disponibilidad de personal, la Comisión no está en aptitud de realizar visitas de

campo en todos los casos que lo ameritan, pero la muestra revela que en muchos

casos no realizó acciones que estaban a su alcance para suplir tales visitas, como por

ejemplo solicitar a los organismos públicos locales, en vía de colaboración, la

obtención de cierta información y de testimonios que resultaban cruciales para la

investigación.

La muestra también pone de relieve que la CNDH subejerce su facultad de interponer

quejas administrativas o denuncias penales ante las autoridades competentes aun

teniendo en su poder o a su alcance evidencias que constituyen indicios de

irregularidades o conductas ilegales de los servidores públicos. Tal es el caso de los

presuntos delitos denunciados en las quejas Q5, Q6, Q13, Q20, Q21 y Q23,

consistentes en robos, irrupciones arbitrarias en los domicilios, privaciones ilegales de

la libertad y alteraciones de hechos en las averiguaciones previas, entre otros hechos

delictivos atribuibles a servidores públicos.

26

El Programa Atalaya ha venido sosteniendo que el subejercicio por parte del

Organismo Nacional de su facultad de solicitar la enmienda o ampliación de

información a la autoridad y de dar vista a los quejosos del contenido de los informes

rendidos por ésta tiene, presumiblemente, el propósito del Organismo de concluir con

prontitud los expedientes respectivos. También se ha venido sosteniendo que dichas

prácticas resultan en investigaciones poco rigurosas y que si bien es deseable que la

CNDH actúe con prontitud, ello no debe redundar en detrimento de la calidad de las

investigaciones.

El lector encontrará en la muestra información que denota que la CNDH, a causa de

inconsistencias en su desempeño, ha resultado ineficaz para erradicar, o por lo menos

moderar, los vicios crónicos del sistema de procuración de justicia, en especial los

actos de violencia excesiva y arbitraria durante los operativos policiales y las

diligencias a cargo de la autoridad ministerial, así como las irrupciones ilegales en los

domicilios a fin de detener personas sin contar con órdenes de cateo o de

aprehensión, las cuales posteriormente se intentan revestir de legalidad bajo el

argumento de que las detenciones se realizaron en la vía pública y en flagrancia.

El desempeño de la Comisión ha resultado ineficaz, asimismo, para evitar que se

utilice como pretexto la sujeción a proceso o el auto de formal prisión dictado contra

los presuntos agraviados para hacer caso omiso de las presuntas violaciones que los

llevaron a este ese punto, a saber, las detenciones arbitrarias, los cateos ilegales y el

uso excesivo de la fuerza, entre otras. La muestra de quejas analizada pone de

manifiesto que la propia CNDH actúa bajo la errónea perspectiva de que una vez que

el asunto llega a manos del juez penal, las presuntas violaciones cometidas por la

autoridad administrativa (detenciones arbitrarias, violencia excesiva, uso indebido de

las armas de fuego, irrupciones ilegales en el domicilio, etc.), ya no son dignas de ser

investigadas por el Ombudsman porque se trata de un asunto que ha pasado a ser de

naturaleza “jurisdiccional”, lo cual excede su competencia. Resulta obvio que la CNDH

no desconoce que su competencia se mantiene vigente respecto a tales hechos

imputables a la autoridad administrativa a pesar de que un juez conozca de la causa

penal. Así lo demuestran diversas recomendaciones emitidas por el Organismo; sin

embargo lo que la presente investigación revela, es que en el grueso de los casos

ordinarios, la Comisión utiliza ese argumento inconsistente para concluir

anticipadamente los expedientes sin investigar cabalmente los hechos. El lector podrá

encontrar en el análisis individual de los casos diversos ejemplos de esta forma de

proceder de la CNDH.

27

En materia de transparencia, si bien la CNDH entregó al Programa Atalaya los

expedientes solicitados, los entregó incompletos y con cientos de fojas eliminadas de

las versiones públicas (alrededor de 2,000 fojas en todas la muestra), algunas de las

cuales se presume que corresponden a averiguaciones previas, pero otras, por su

tamaño y su contexto, corresponden a informes de la autoridad, partes policiales,

certificados médicos y otros documentos indispensables para valorar el desempeño de

la Comisión, las cuales no pueden sino haber sido eliminadas de forma deliberada y

selectiva de las versiones públicas, con el efecto de dificultar el escrutinio ciudadano

de la labor de este Organismo.

II. ANÁLISIS DE LOS 48 EXPEDIENTES QUE

CONFORMAN LA MUESTRA SELECCIONADA

31

Expediente Q1 (2007/5193/5/Q)

Maltrato a quejosos sometidos en taller de hojalatería. Robo y daño en pertenencias por parte de agentes

Síntesis de los hechos señalados por el quejoso

El quejoso manifestó que agentes de la AFI y estatales irrumpieron en un taller de

hojalatería, encañonaron a los presentes, los insultaron, los obligaron a tirarse al piso,

“los pisaban para que no se pudieran levantar” y les daban puntapiés. Agregó que en

algún momento escuchó un disparo de arma de fuego. Al retirarse los agentes dejaron

“todo revuelto”. Añadió que “después de que se incorporaron del suelo” pudieron

darse cuenta de que “se llevaron un llavero de plata, un cuchillo y dos cámaras

fotográficas”, además de que observaron los daños que causó el proyectil de arma de

fuego disparado por los agentes en objetos que se encontraban en el lugar.

Calidad de la solicitud de información a las autoridades

Las solicitudes de información enviadas por la CNDH a la PGR, así como a la

Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del

Estado de Campeche, son suficientemente detalladas y exhaustivas por lo que toca a

aspectos tales como la participación de los agentes de dichas instituciones en los

hechos denunciados por el quejoso, es omisa respecto a cuestiones relevantes

planteadas en la queja.

En efecto, la CNDH no solicitó expresamente información a las autoridades sobre los

excesos o abusos físicos cometidos contra los presuntos agraviados, quienes habrían

recibido “puntapiés”, amenazas con armas de fuego (los “encañonaron”) y otro tipo de

maltratos, entre los que destaca el señalamiento de que “les gritaban con insultos para

que se tiraran al suelo y después de hacerlo los pisaban para que no se pudieran

levantar”.

Si bien el quejoso manifestó que los “puntapiés” no dejaron “huellas de lesiones” en

razón de que “no eran muy fuertes los golpes”, ello no autoriza a la CNDH a no

investigar de manera rigurosa tal señalamiento, no sólo porque independientemente

de la intensidad de los golpes éstos representan una violación a la integridad, sino

porque al no investigarlos la CNDH envía un mensaje nocivo a las autoridades: que la

32

violencia que no deja huellas no será perseguida. Por otra parte, este tipo de maltratos

pueden ser acreditados por pruebas o evidencias distintas de los dictámenes médicos,

como por ejemplo testimonios de vecinos o terceras personas.

De igual manera, la CNDH omitió referirse de manera expresa al presunto robo en el

que incurrieron los agentes, así como al disparo de arma de fuego que,

presuntamente, realizaron dañando bienes del quejoso.

Desempeño de la CNDH en la investigación y conclusión del expediente

Dado que la PGR negó su participación en los hechos, y que la autoridad estatal que

llevó a cabo las acciones denunciadas por el quejoso no involucró a dicha autoridad

federal, la CNDH resolvió la conclusión del expediente de queja y la remisión del

mismo al organismo público de derechos humanos de Campeche por no surtirse la

competencia a favor del Organismo Nacional.

Tabla 1. Documentación contenida en el expediente Q1 (2007/5193/5/Q)

Tipo de documento ¿Existe el documento en el expediente?

Fechas de elaboración, emisión o sello de los documentos

Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 13 dic 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades (Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Victimas y Servicios a la Comunidad de la PGR y Procurador General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Campeche)

Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 dic 07

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 27 y 29 dic 07 ⇒⇒⇒⇒ 2, 3 y 11 ENE 08

Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos

No

Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera

No

Documentos que hagan constar que el quejoso manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe rendido por la autoridad

No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 ENE 08

Documentos de trámite encontrados en el expediente:

1. Cédula o Acuerdo de calificación √

2. Modificación del Acuerdo de calificación √ 3. Comunicado de admisión de instancia √

4. Acuses de recibo √

5. Acuerdo de conclusión √

6. Oficio de remisión a organismo local de DH √

34

Expediente Q2 (2007/5194/5/Q)

Muerte de una persona que estuvo bajo la custodia de la PGR. Extravío de documentación relativa a la investigación


La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California abrió una

averiguación previa con motivo de que el hijo del quejoso apareció muerto después de

haber sido detenido por la policía de un municipio (cuyo nombre se desconoce, ya que

la CNDH impidió el acceso al mismo). Esa corporación local trasladó vivo al detenido y

lo puso bajo la responsabilidad de un agente del ministerio público de la Unidad Mixta

de Atención al Narcomenudeo de la PGR. El quejoso se inconformó ante la

Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja

California, en virtud de que el ministerio público local no resolvió la averiguación previa

conforme a sus expectativas.

El organismo local de protección de los derechos humanos remitió la queja a la CNDH

argumentando que “en la Agencia Mixta de Atención al Narcomenudeo sí se registró

___ el expediente a nombre del agraviado ___; sin embargo, aseguró que no fue

posible la localización del expediente que nos ocupa en esa unidad de la PGR, en

razón de que, según informes del titular de esa representación de la Federación, el

expediente se encuentra extraviado, situación que impidió la investigación del

organismo local de protección de los derechos humanos respecto a las condiciones de

salud en las que el agraviado entró o, de ser el caso, salió de esas oficinas, o bien, si

algún funcionario o servidor público tuvo responsabilidad en el deceso del agraviado,

ya que según informes periciales ___ su último registro que tuvo en vida se dio en

esas instalaciones de la Procuraduría General de la República, perdiéndose así una

parte importante y por demás indispensable para la investigación correspondiente en

torno a su homicidio”.


La CNDH solicitó toda la información necesaria para la investigación de la queja.

35

Valoración de los informes rendidos por las autoridades

En relación con el supuesto “extravío” del expediente abierto por la Agencia Mixta con

motivo de la detención del occiso, la PGR informó a la CNDH que “todos los

expedientes archivados correspondientes a las anualidades anteriores (entre ellos el

relativo al ahora occiso) se encuentran en bodegas de la institución de las cuales la

Subdelegación Administrativa lleva el control y tiene el acceso a éstas, sin eso

implique que el expediente se encuentre extraviado”. No obstante lo anterior, y que la

información contenida en dicho expediente, en especial la relativa al estado de salud

del detenido al ingresar y al salir de dicha Agencia, resultaba trascendental para la

debida integración de la averiguación previa, y en consecuencia para dilucidar los

hechos materia de la queja, la CNDH omitió solicitar a la PGR la ampliación de su

informe a fin de contar con la copia íntegra del expediente referido. Con ello la

Comisión desaprovechó la oportunidad de contribuir a satisfacer una de las

expectativas legítimas del quejoso, a saber, que la averiguación previa se integrara de

manera exhaustiva.


El interés fundamental del quejoso, padre de la persona que apareció muerta, es que

el presunto homicidio no quede impune. La investigación del delito está a cargo de la

Procuraduría local por tratarse prima facie de un delito del fuero común. No obstante, y

tomando en consideración los señalamientos del quejoso, así como la circunstancia de

que el occiso estuvo detenido unas horas antes de su muerte en un agencia del

ministerio público federal, la investigación para deslindar las responsabilidades

penales no debió excluir a priori a los agentes federales que lo tuvieron bajo su

custodia. No debe soslayarse que conforme al artículo 50, fracción I, inciso f), de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son delitos federales “los cometidos

por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo

de ellas”. Esto por supuesto no significa prejuzgar sobre la participación de los agentes

federales en el delito, sino agotar todos los medios al alcance para la construcción de

la verdad procesal tal y como acertadamente lo exige el ofendido, padre de la víctima.

El problema radica en que el quejoso teme que las investigaciones no se lleven a cabo

de manera integral y se deslinde tácitamente a los agentes federales sin previamente

investigar de manera exhaustiva las circunstancias en las que estuvo detenido su hijo

y en las que se decretó su liberación. Resulta ilustrativo que la Procuraduría de los

Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California haya

36

informado a la CNDH que la Agencia Mixta de Atención al Narcomenudeo no le dio

acceso a la documentación relativa a la retención del occiso en dicho lugar

argumentando que el expediente había sido “extraviado”, lo cual impidió al organismo

local de derechos humanos conocer de manera directa los detalles sobre las

condiciones de salud en las que ingresó el occiso a dicha agencia y en las que fue

liberado.

El expediente proporcionado por la CNDH al Programa Atalaya no permite inferir si la

Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa también fue impedida por

la Agencia Mixta de Atención al Narcomenudeo para conocer los mencionados datos

sobre el estado de salud del detenido, información que resultaba trascendental para la

integración de la averiguación previa correspondiente, así como para determinar la

competencia ministerial federal o local. Sin embargo, debe considerarse que el

organismo local de derechos humanos tuvo acceso a la averiguación previa del fuero

común y no localizó dichos datos, de lo que se desprende que el ministerio público

local no los solicitó o no logró obtenerlos por parte de la Agencia Mixta referida.

Ante este panorama el quejoso tenía la expectativa legítima de que la CNDH

interviniera a fin de que dentro de la averiguación previa incoada en el fuero común se

tuvieran todos los elementos para esclarecer los hechos y deslindar las presuntas

responsabilidades, lo cual incluía tener a la vista la información en poder de la Agencia

Mixta federal relativa a las condiciones de salud del occiso a su paso por esta última.

Sin embargo, la CNDH omitió realizar cualquier gestión una vez que la PGR le informó

que “todos los expedientes archivados correspondientes a las anualidades anteriores

(entre ellos el relativo al ahora occiso) se encuentran en bodegas de la institución de

las cuales la Subdelegación Administrativa lleva el control y tiene el acceso a éstas,

sin eso implique que el expediente se encuentre extraviado”.

No obstante que la CNDH recabó evidencias en el sentido de que el expediente

abierto por la Agencia Mixta no estaba “extraviado”, omitió solicitar a la autoridad una

copia íntegra del mismo a fin de crearse una opinión propia sobre las condiciones de

salud en las que el occiso fue puesto bajo la responsabilidad del ministerio público y

en las que fue liberado por éste. Ello a su vez le hubiera permitido calificar como

regular o irregular el desempeño de la Procuraduría General de Justicia de Baja

California en la integración de la averiguación previa, toda vez que de encontrarse

elementos o indicios en dicha información que señalaran la probable responsabilidad

de agentes federales en la comisión de delitos contra el occiso, resultaría irregular que

37

el ministerio público local no hiciera el desglose de la averiguación previa ni tampoco

diera vista a la autoridad federal sobre tales hechos.

Tabla 2. Documentación contenida en el expediente Q2 (2007/5194/5/Q)

Tipo de documento ¿Existe el documento en el

expediente? Fechas de elaboración, emisión o

sello de los documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 abr 06 Oficio mediante el cual el órgano público local de derechos humanos turna el caso a la CNDH Sí ⇒⇒⇒⇒ 9 oct 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades girados por el órgano local de derechos humanos Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 y 6 jun, 3 y 24 ago y 9 sep. de 06

⇒⇒⇒⇒ 19 feb 07 Oficios de solicitud de información a las autoridades girados por la CNDH Sí ⇒⇒⇒⇒ 6 mar, 17 sep., 19 dic

(3 oficios) de 07 Informes rendidos por las autoridades al órgano local de derechos humanos Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 y 16 ENE y 8 feb de

08 Informes rendidos por las autoridades a la CNDH Sí ⇒⇒⇒⇒ 1 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos No Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera

No


No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 oct 07 (local)

⇒⇒⇒⇒ 26 mar 08 (CNDH) Actas circunstanciadas diversas del organismo público local de derechos humanos Is ⇒⇒⇒⇒ 21 mar 07



2. Modificación del Acuerdo de calificación √

3. Comunicado de admisión de instancia √



6. Oficio de remisión de organismo local de DH √

39

Expediente Q3 (CNDH/3/2008/13/Q)

Detención arbitraria con violencia en perjuicio del agraviado. Amenazas de incriminación y extorsión


El quejoso manifestó que una persona se acerco a su hijo y “lo tomó del cuello y le

enterró los dedos en las costillas”, luego de lo cual le dijo “soy AFI”. Posteriormente, se

acercó una camioneta de la cual descendió otro sujeto que mostró su arma de fuego;

“con lujo de violencia” subieron a su hijo a la camioneta; le quitaron la llave de su

vehículo a fin de llevarse éste con ellos. Los agentes le dijeron al detenido durante su

traslado que “cómo se iban a arreglar, por lo que se detuvieron en dos ocasiones” a fin

de que realizara llamadas telefónicas. Amenazaron con “refundirlo” en la cárcel por no

“haber cooperado”. El quejoso consideró que a su hijo se le sigue un proceso “por no

haberles dado dinero a las personas que se supone procuran justicia”. Solicitó

“medidas precautorias” a fin de salvaguardar la integridad física de su hijo.


En cuanto a la solicitud girada al Director del Centro de Readaptación Social San José

el Alto la CNDH requirió la información conducente relativa a “las medidas que se

tomaron para salvaguardar la integridad física del recluso de mérito”. Respecto a lo

solicitado por la Comisión a la PGR, el Programa Atalaya considera que el Organismo

solicitó expresamente toda la información necesaria para el estudio del caso.


Las autoridades penitenciarias rindieron su informe a la CNDH y exhibieron un “estudio

médico de ingreso practicado al recluso” el 23 de noviembre del 2007, y de cuyo

contenido se desprende que el presunto agraviado no mostraba escoriaciones,

edemas, equimosis, hematomas, fracturas o heridas. Asimismo, informaron “que la

integridad física (del quejoso) y de cualquier otro interno se encuentra debidamente

protegida sobre las supuestas amenazas que refiere” el mismo.

La PGR, al rendir su informe, exhibió copia de la averiguación previa abierta contra el

quejoso, de la que se desprende que el juez de la causa dictó auto de formal prisión al

40

mismo como probable responsable detenido en flagrancia en la comisión del delito

contra la salud en la modalidad de comercio de clorhidrato de cocaína (venta).


En el oficio de conclusión del expediente la CNDH explica al quejoso que “no cuenta

por el momento con elementos para acreditar violaciones a derechos humanos en el

asunto que nos ocupa”, en tanto quedó establecido que la persona fue detenida en

flagrancia y que se ejerció acción penal en su contra. Los hechos imputados a la

autoridad que corresponden a la competencia de la CNDH fueron desvirtuados en los

informes rendidos por las autoridades penitenciarias y la PGR, en tanto que el

detenido no presentaba lesiones según los certificados médicos.

Si bien es cierto que la autoridad penitenciaria envió a la CNDH copia del certificado

médico que acreditaba que el quejoso ingresó al reclusorio sin lesiones, y que también

es cierto que dicha autoridad informó que en el establecimiento penitenciario está

garantizada la integridad de todos los internos, llama la atención que los informes

rendidos por esta autoridad fueron recibidos por la CNDH los días 15, 18, y 20 de

febrero de 2008, es decir, más de un mes después de que la Comisión elaboró la

solicitud respectiva (10 de enero de 2008). No resulta justificable que, habiéndose

señalado en la queja que el detenido podría ser objeto de agresiones desde el

momento de su aprehensión, la CNDH no haya solicitado expresamente a la autoridad

penitenciaria, incluso por vía telefónica para evitar el retraso del correo ordinario, las

medidas cautelares o precautorias conducentes a fin de asegurar la salvaguarda de la

integridad del detenido. Pasó un mes sin que algún servidor público asumiera el

compromiso de proteger al quejoso ante cualquier eventualidad relacionada con sus

captores.

Tabla 3. Documentación contenida en el expediente Q3 (CNDH/3/2008/13/Q)

Tipo de documento ¿Existe el documento

en el expediente?

Fechas de elaboración, emisión o sello de los

documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 2 ENE 08 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 y 10 ENE (2 oficios) de 08

Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 feb 08 Informes rendidos por las autoridades y sus anexos, incluida la copia de la averiguación previa. Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 ENE 08

⇒⇒⇒⇒ 15, 18 y 20 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No


No


No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 11 mar 08 Actas circunstanciadas diversas Is ⇒⇒⇒⇒ 3 erne 08


1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Comunicado de admisión de instancia √

3. Acuses de recibo √ 4. Acuerdo de conclusión √

42


Cateo ilegal en tienda de abarrotes


La quejosa manifestó que irrumpieron en su negocio de abarrotes alrededor de cinco

elementos de la AFI en compañía de un agente del ministerio público federal y un

comandante de la policía municipal. Le presentaron una orden de cateo y refirieron

que se le acusaba de vender drogas en ese lugar. Durante la revisión desordenaron el

lugar y no encontraron nada. Consideró que todo se originó por “problemas” que su

familia ha tenido con el comandante de la policía municipal ya mencionado. El cateo le

causó perjuicios porque la imagen de su negocio fue afectada.


La CNDH omitió solicitar expresamente a la PGR copia legible de la orden de cateo

respectiva a fin de corroborar si entre los inmuebles que el personal de la AFI debía

inspeccionar se encontraba la tienda de abarrotes de la quejosa, así como los objetos

o personas específicos que la autoridad buscaba en dicho lugar.


En el expediente abierto por la CNDH no se encuentra información que acredite que el

personal del Organismo se puso en contacto con la quejosa a fin de que ésta le

proporcionara información sobre posibles testigos del presunto cateo ilegal que

pudieran confirmar el comportamiento supuestamente excesivo de los agentes de la

AFI al efectuar dicha diligencia, en particular el señalamiento de la quejosa en el

sentido de que desordenaron sin justificación sus pertenencias en el lugar cateado. La

CNDH no solicitó información a la autoridad, ni tampoco a la quejosa, sobre los

testigos que habrían firmado el acta levantada con motivo del cateo a fin de

entrevistarlos y obtener información adicional sobre los supuestos abusos durante la

diligencia.

Por otra parte, la CNDH no indagó los motivos por los que no habría sido firmada el

acta relativa al cateo. En particular, no consultó a la quejosa respecto a si los agentes

pusieron a su disposición el documento para su firma, como tampoco la consultó sobre

43

si ejerció o no su facultad de designar a los testigos a los que se refiere el articulo 16

constitucional y las razones de su decisión. Pero aun cuando haya sido la autoridad la

que designó los testigos ante la negativa del ocupante del inmueble, no se justifica que

la CNDH haya omitido entrar en contacto con los mismos a fin de recabar información

sobre los detalles de la diligencia.

Si bien los informes rendidos por la PGR y por las autoridades municipales subrayan el

hecho de que el día 27 de noviembre de 2007 sus agentes llevaron a cabo una serie

de cateos derivados de una orden judicial, la información que proporcionó la CNDH al

Programa Atalaya no permite corroborar que el domicilio de la tienda de abarrotes de

la quejosa estuviera incluido entre los inmuebles que debían ser inspeccionados.

Resulta obvio que no basta que un juez emita una orden de cateo para que la

autoridad encargada de darle cumplimiento lo realice sin importar el domicilio o

domicilios señalados expresamente en dicha orden.

En la queja cuya atención se analiza se denunció expresamente el hecho de que la

orden de cateo no contenía el domicilio de la tienda de abarrotes, de modo que

resultaba una cuestión central que la CNDH constatara, no sólo que se realizaron

cateos con base en una orden girada por juez competente, sino que dicha orden

contuviera de manera expresa el domicilio de la tienda de abarrotes ya mencionada.

En el oficio de conclusión, el Organismo explica a la quejosa que en este caso “no se

contó con elementos que acreditaran violaciones a derechos humanos”, pero no

resuelve de manera clara y fehaciente el punto controvertido: ¿la orden de cateo se

refería expresamente al domicilio de la tienda de abarrotes?

La CNDH concluyó el expediente explicando a la quejosa que la autoridad acreditó

que la diligencia impugnada “se realizó con motivo del cumplimiento de una orden de

cateo” emitida dentro de una averiguación previa, “diligencia que se realizó el 27 de

noviembre de 2007 en su presencia y en la cual se hizo constar entre otras cosas, que

en ese lugar se encontró ___ por lo que se procedió a la detención del señor ___.

Cabe precisar que al término de esa diligencia (la quejosa) no hizo manifestación

alguna con relación a la misma, aunque se negó a firmarla”.

En suma, la CNDH, al concluir el expediente, omitió aclarar no sólo si el domicilio

cateado (la tienda de abarrotes) estaba expresamente señalado en la orden de cateo

girada por el juez, sino también si durante la diligencia en la tienda de abarrotes se

cometieron abusos o excesos de los cuales los testigos que firmaron el acta de cateo

44

podrían haber dado testimonio. El hecho de que la autoridad haya justificado la

realización de cateos en diversos domicilios, y haya acreditado el hallazgo de objetos

o substancias ilegales en algunos de ellos, no prueba el hecho de que el domicilio en

el que se ubica la tienda de abarrotes haya sido incluido en la orden de cateo como

tampoco justificaría por sí mismo los supuestos excesos denunciados por la quejosa.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 nov 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 ENE 08 (2 oficios)

Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí, ⇒⇒⇒⇒ 7 feb 08 Informes de las autoridades y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 31 ENE 08

⇒⇒⇒⇒ 7 Febe 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No


No


No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 feb 08

Documentos de trámite encontrados en el expediente

1.- Cédula o Acuerdo de calificación √

2.- Modificación del Acuerdo de calificación √

3.- Comunicado de admisión de instancia √

4.- Acuses de recibo √

5.- Acuerdo de conclusión √

6.- Oficio de remisión de organismo local de DH √

46


Cateo ilegal y robo por parte de agentes


El quejoso manifestó que al llegar a su domicilio encontró la puerta abierta y la chapa

forzada, así como sus pertenencias tiradas en el suelo, incluyendo los alimentos que

guardaba en su alacena. Se percató de que había sido sustraída del lugar una llanta

nueva, así como una chamarra, herramienta y un alternador para vehículo. Al solicitar

información a la policía del lugar le indicaron que habían entrado en su domicilio

agentes de la AFI, quienes lo buscaban para llevárselo.


En este caso la CNDH solicitó expresamente toda la información para dilucidar los

hechos, en concreto copia de la orden de cateo y del acta levantada con motivo del

mismo.


Respecto al informe rendido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

municipal de Bacoachi, Sonora, cabe advertir que dicha dependencia admitió haber

participado en cateos en la fecha indicada por el quejoso y expuso que su intervención

se debió a que un agente del ministerio público federal de Cananea, Sonora, les

“informó que estaban por llegar a (Bacoachi) agentes de la AFI…y solicitó a esta

Dirección… que si podía apoyarlos acudiendo con ellos a algunas casas de las cuales

traían órdenes de cateo por el presunto delito de narcomenudeo, no pudiéndonos

negar a esta petición ya que trabajamos en coordinación con las distintas

corporaciones policíacas”. En su parte policial, los agentes municipales informaron lo

siguiente: “a las 9:40 se recibió una llamada del agente del ministerio público federal,

licenciado ___, diciéndonos que venían agentes de la AFI al pueblo, que si los

podíamos apoyar; siendo las 10:00 horas llegaron los agentes, se presentaron y nos

enseñaron la averiguación previa ___ (y) una orden de cateo expediente ___ girada

por el C. Juez ___; fuimos con ellos a varias casas…”.

47


La CNDH concluyó el expediente comunicando al quejoso que la PGR “negó haber

efectuado un cateo en el domicilio” señalado en la queja, “sin embargo, aceptó haber

realizado el 15 de noviembre de 2007 dos diligencias de cateo en el municipio de

Bacoachi, Sonora, en cumplimiento al mandamiento emitido” por un juez “en dos

inmuebles ubicados en domicilio conocido del citado municipio”.

Asimismo, comunicó al quejoso lo siguiente: “toda vez que lo informado por la

autoridad resultó contrario a lo expuesto por usted en su queja, de conformidad con lo

establecido en el artículo 107 del Reglamento Interno de la (CNDH), el 25 de febrero

de 2008 personal de esta Institución hizo de su conocimiento vía telefónica, lo

informado por la PGR; asimismo, se le requirió proporcionara las características de su

inmueble a fin de verificar si éstas coincidían con las señaladas en la orden de cateo,

de lo que se puede presumir que uno de los domicilios cateados fue el de usted; sin

embargo, del acta levantada no se advierte que aseguraran ninguno de los objetos

que señaló en su queja, lo que se corrobora con el informe que rindió a esta institución

el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bacoachi, Sonora, quien

indicó que él participó en la referida diligencia, pero que en ningún momento se

sustrajo ningún objeto de su inmueble”.

En cuanto al desempeño de la CNDH en la atención de la queja debe señalarse que

su investigación fue deficiente. Por una parte, ha de destacarse que la PGR “negó

haber efectuado un cateo en el domicilio” señalado por el quejoso, posición que se

contrapone a los hallazgos de la CNDH, cuya investigación la llevó a “presumir” que,

en efecto, uno de los domicilios materialmente cateados fue el del quejoso. La CNDH

únicamente “presumió” ese hecho, en lugar de acreditarlo plenamente, no porque

fuese de imposible comprobación, sino porque se basó exclusivamente en la

contrastación de la información proporcionada por la autoridad y el quejoso relativa a

la descripción del inmueble cateado, omitiendo emplear otros medios de prueba a su

alcance, como por ejemplo el acopio de testimonios de personas del lugar sobre los

domicilios que fueron revisados materialmente el día de los hechos. No obstante la

contradicción referida entre la “presunción” de la CNDH y la posición de la PGR, la

primera optó por no solicitar a ésta que precisara, de manera inequívoca, si cateó o no

el inmueble señalado en la queja, a fin de establecer si su informe estaba afectado de

falsedad.

48

Por otra parte, la PGR informó que realizó cateos en “en dos inmuebles” del lugar. Sin

embargo, la autoridad municipal informó que los agentes locales acompañaron a los

federales “a varias casas”. Esta expresión debió llamar la atención de la Comisión,

puesto que constituye un indicio de que, en los hechos, se habrían realizados cateos

en más de dos domicilios o inmuebles, violentando la orden judicial que dio sustento a

la intervención policial y reforzando la hipótesis de que el domicilio del quejoso pudo

ser cateado sin justificación bajo el amparo de la imprecisión de la expresión “domicilio

conocido”.

La CNDH omitió solicitar a la autoridad municipal aclarar a cuántos predios

exactamente se refiería cuando usó la expresión “varias casas”. Dicha omisión, junto

con la ya señalada falta de acopio de testimonios, impidieron a la Comisión corroborar

o desvirtuar el dicho de la autoridad sobre el número de casas en las que se llevaron a

cabo los cateos.

Antes de pronunciarse sobre si en este caso ocurrieron o no violaciones a los

derechos humanos, la Comisión debía establecer, en primer lugar, si en efecto los

agentes de la autoridad ingresaron al domicilio del quejoso; en segundo lugar, si

dichos agentes pertenecían —a juzgar por su uniforme y sus insignias— a la AFI o a

otra institución; en tercer lugar, si la ejecución de la orden de cateo se llevó a cabo en

estricto apego a lo autorizado por el juez respectivo; y, en cuarto lugar, si las personas

que firmaron como testigos el acta de cateo, así como otros testigos, presenciaron o

no conductas de los agentes que constituirían un indicio de la sustracción de objetos

del domicilio del quejoso. El robo de cosas de tamaño considerable, como lo es una

llanta, difícilmente podría pasar inadvertido por quien hubiese presenciado el cateo. La

afirmación del quejoso en el sentido de que le fueron robados diversos objetos por

parte de los agentes cobraría verosimilitud de resultar que éstos ingresaron a su

domicilio sin apoyo en la orden de cateo o aprovechando su falta de precisión; lo

mismo ocurriría de haberse acreditado que los policías materializaron la revisión, no

en dos, sino en más domicilios del lugar. Resultaría insostenible transferir la carga de

la prueba del presunto robo al quejoso cuando la Comisión no despejó, al cabo de su

investigación, las incógnitas señaladas. La fallida investigación de la CNDH en este

caso explicaría, en parte, su decisión de no ejercer su facultad de formular una

denuncia penal por el presunto delito de robo cometido por los agentes.


Tipo de documento ¿Existe el

documento en el expediente?


Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 22 nov 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 14 dic 07

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 15 ENE 08 (2

oficios) Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe

Sí, ⇒⇒⇒⇒ 13 feb 08 (2 oficios)

Informes de las autoridades y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 14 y 22 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No


Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 feb 08

Documentos que hagan constar que el quejoso manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe rendido por la autoridad (acta circunstanciada que da cuenta de señalamientos del quejoso sobre informe de autoridad)

Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 feb 08



Cédula o Acuerdo de calificación √ Modificación del Acuerdo de calificación √ Comunicado de admisión de instancia √

Acuses de recibo √ Acuerdo de conclusión √ Oficio de remisión de organismo local de DH √

50


Detención arbitraria del agraviado y solicitud de dinero a cambio de no consignarlo


Manifestó la quejosa que su hijo fue detenido injustamente por agentes federales de

investigación mientras circulaba en su vehiculo, por supuesta instrucción del ministerio

público federal. Al encontrarse en instalaciones de dicha autoridad se presentó un

primo del detenido, a quien sin mayor trámite le entregaron la camioneta que llevaba el

agraviado al momento de la detención. Cabe señalar que la quejosa refirió lo siguiente:

“el día de hoy unos supuestos abogados hablaron por teléfono a mi casa y señalaron

que deberíamos presentarnos con una fuerte cantidad de dinero para que no

consignaran a mi hijo”.


En este caso la CNDH solicitó expresamente y de manera detallada toda la

información necesaria para el estudio de la queja.


En respuesta a la CNDH, la autoridad informó todo lo relativo a las causas de la

detención y de la conclusión de la averiguación previa por el no ejercicio de la acción

penal.

El Programa Atalaya considera que una detención arbitraria o ilegal no se subsana

sólo por el hecho de que el detenido sea puesto en libertad por no haber encontrado el

ministerio público elementos suficientes para ejercer la acción penal en su contra. En

ese sentido, la labor de la CNDH debió centrarse en el análisis de la legalidad de la

detención, pues no se trata de un aspecto que sólo concierna al ministerio público o al

juez, sino que es propio de la esfera del Ombudsman. La actuación de la CNDH

cuando recibe una queja por una supuesta detención arbitraria no debe limitarse a

esperar la definición del ministerio público o del juez respecto a si existen o no

elementos para proceder contra el detenido. En este caso, la CNDH debió hacer un

análisis a profundidad de las facultades de la policía que auxilia al ministerio público

para realizar funciones preventivas, de patrullaje o vigilancia como las que se

51

encontraban realizando los agentes cuando supuestamente presenciaron la comisión

de un delito en flagrancia.

Aun cuando la ley facultará expresamente a la AFI y en general a las policías judiciales

para realizar patrullajes o funciones de vigilancia, no es propio de este tipo de cuerpos

policiales, sino de las corporaciones preventivas efectuar dichas tareas. Cuando una

persona interpone una queja por una detención arbitraria cometida por agentes

subordinados al ministerio público, y éste sostiene que la detención se realizó en

flagrancia, la CNDH debe agudizar su investigación a fin de impedir que se intente

disfrazar una detención arbitraria con la figura de la flagrancia. En principio cabe la

presunción a favor del quejoso de que dicha detención puede ser irregular al ser

efectuada por agentes del estado asignados a una función distinta de la preventiva.

En otro orden de ideas, la quejosa señaló que “del lugar” donde se encontraba

detenido su hijo le llamaron por teléfono unos “supuestos abogados” quienes le dijeron

que tenían que presentarse “con una fuerte cantidad de dinero para que no

consignaran” al detenido. Este señalamiento es a todas luces un presunto delito que la

CNDH pasó por alto no sólo por que no se refirió expresamente a tales hechos en su

solicitud de información a la PGR, sino porque omitió solicitar más detalles a la

quejosa tales como los nombres de los “supuestos abogados”, sus números de

teléfono, la hora precisa de la llamada o llamadas, si le pidieron dinero para cubrir una

fianza o para que no “consignaran” a su hijo y los demás datos que pudieran servir

para la identificación de dichas personas.

Considerando que la usuaria manifestó que le llamaron desde el lugar en el que

estaba detenido su hijo resultaba de particular importancia que la CNDH preguntara a

la quejosa si solicitó a dichos sujetos su teléfono o si éste quedó registrado en el

identificador de llamadas de la quejosa. El Organismo tampoco solicitó información

sobre estos hechos al propio detenido. Se trata de una irregularidad que no es ajena a

la competencia de la Comisión, en la inteligencia de que sólo con la participación de

un servidor público podría explicarse que particulares tengan información sobre el

agraviado, y en particular su condición de detenido y el número telefónico de la

quejosa, madre de este último. Más grave resultaría que dicha conducta procediera de

un defensor de oficio o de otro servidor público que no se identificó como tal al solicitar

dinero a la quejosa.

52

La CNDH tenía la obligación, a fin de descartar que los hechos denunciados

consistieron en la privación ilegal de la libertad con fines de lucro realizada por

servidores públicos con apoyo de particulares, así como el deber de obtener

información por parte de la quejosa, el detenido y la propia autoridad para esclarecer

la identidad de los “supuestos abogados” y su relación con el personal que tenía bajo

su resguardo al detenido. Este presunto delito, junto con las condiciones poco claras

en las que se efectuó la supuesta detención en flagrancia, exigían que la CNDH

investigara a fondo el señalamiento de la quejosa a fin de establecer si se justificaba

que el propio Organismo presentara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR y denuncia penal contra los

servidores públicos y los particulares involucrados, en lugar de desplazar dicha

responsabilidad hacia los quejosos.

Por último, la quejosa manifestó que en el momento de ser detenida su hijo conducía

“su camioneta” en compañía de su hermano. El vehículo fue retenido por los agentes

que realizaron la detención y posteriormente devuelto a un primo del detenido “sin

mayores trámites”. Esta afirmación de la quejosa revela irregularidades que no fueron

suficientemente aclaradas durante la tramitación de la queja. En efecto, en el caso de

que el vehículo haya estado asociado al delito no se justifica que se haya devuelto sin

mediar trámite; por el contrario, si no guardaba relación alguna con el delito por el que

se efectuó la detención, nada justificaba que los agentes lo retuvieran en lugar de

entregarlo al hermano que acompañaba al agraviado al momento de la detención. En

cualquier caso, la CNDH omitió exigirle a la autoridad que justificara plenamente su

proceder respecto a la retención del vehículo.





No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 15 ENE 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí, ⇒⇒⇒⇒ 5 feb 08 Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 6 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos No Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera No

Documentos que hagan constar que el quejoso manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe rendido por la autoridad No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 feb 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒⇒⇒⇒ 8 feb 08




54


Falta de devolución por parte del ministerio público de un vehículo cuya propiedad acreditó la quejosa


La quejosa manifestó que uno de sus empleados conducía un vehículo propiedad de

la primera cuando fue interceptado por agentes de la PFP, quienes lo llevaron al

ministerio público federal argumentando que el vehículo “tenía reporte de robo”, lo cual

calificó de falso, ya que, según indicó, tiene toda la documentación en orden. No se le

ha devuelto el vehículo a pesar de haber presentado los documentos originales.

Presentó una denuncia por fraude contra el vendedor y acudió a la PROFECO.


En virtud de que la presunta agraviada se desistió de la queja, la CNDH no elaboró ni

remitió oficio de solicitud de información a la PGR. Sin embargo, debe resaltarse que

la CNDH solicitó a la quejosa, mediante oficio, que aclarara o ampliara su queja,

presumiblemente con la intención de contar con más elementos para elaborar la

solicitud de información a la autoridad.


La CNDH no entró de lleno a la investigación de los hechos como resultado del

desistimiento de la quejosa. Según consta en el acta circunstanciada del 26 de febrero

de 2008, dicha persona acudió a las instalaciones de la Comisión en Tijuana a fin de

desistirse de la queja presentada el 6 de diciembre de 2007. En dicha acta no se hace

mención de los motivos o razones que tuvo la quejosa para desistirse. Sin embargo,

debe considerarse que entre las irregularidades señaladas en la queja destaca la

presunta dilación por parte del ministerio público en la investigación del delito, en la

inteligencia de que a dos meses de que la autoridad recogió el vehículo y la quejosa

entregó los papeles que acreditaban la adquisición del mismo, no había avances en la

investigación. Si bien es cierto que la quejosa no está obligada a exponer los motivos

de su desistimiento, resultaría benéfico, en aras de transparentar la tramitación de las

quejas, que la CNDH asentara en el acta que dio oportunidad a la quejosa para

referirse a dichos motivos, a fin de descartar que su desistimiento haya sido resultado

de inducción o presiones de las autoridades o de particulares.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 3 sep 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos No Oficio dirigido al quejosos por la CNDH para aclarar la queja, enviado previamente a la elaboración de la solicitud de información a la autoridad Sí ⇒⇒⇒⇒ 10 ENE 08

⇒⇒⇒⇒ 11 feb 08 Oficio de solicitud de información a las autoridades No Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos No Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No


No


Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 feb 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒⇒⇒⇒ 26 feb 08


1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Acuses de recibo √ 3. Acuerdo de conclusión √ 4. Oficio de remisión de organismo local de DH √

56


Detención arbitraria, cateo ilegal y violencia en contra de los agraviados


El quejoso refirió una irrupción ilegal a su domicilio y actos de violencia verbal y física

por parte de miembros de la AFI, así como su detención arbitraria.


En este expediente la CNDH realizó, según consta en sendas actas circunstanciadas,

dos llamadas telefónicas al quejoso a fin de que precisara diversos aspectos de la

queja. Lo anterior con anticipación al envío del oficio de solicitud de información a las

autoridades.

La CNDH omitió requerir expresamente en las solicitudes de información dirigidas al

director de Seguridad Pública de San Luís Potosí y al Subprocurador de Derechos

Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, el certificado

médico relativo al estado físico de los detenidos al ser puestos bajo la responsabilidad

del ministerio público, así como un informe sobre el auxilio prestado a la persona del

sexo femenino que supuestamente se “convulsionó” como resultado de la violencia

ejercida durante el operativo.

Por otra parte, la CNDH también omitió solicitar expresamente información sobre la

identidad de la persona a la que supuestamente fue esposado el quejoso en el

vehículo oficial en el que se le trasladó al ministerio público y quien, según el dicho del

quejoso, lo golpeaba en el rostro con el puño cerrado siguiendo órdenes de los

policías. Dicha persona no portaba uniforme, por lo que queda la duda de si se trataba

de un particular que ejercía funciones de “madrina” o si era otro detenido que fue

utilizado por los agentes, presumiblemente bajo a amenazas, para producir daño al

quejoso. En cualquier caso, se trata de una irregularidad grave que, por sus

implicaciones, debía ser investigada minuciosamente por la CNDH.

Llama la atención que en este caso la CNDH solicitó “la declaración y/o informe de los

altos mandos de la policía estatal de San Luís Potosí que dirigieron las acciones

57

perpetradas durante el citado operativo… precisando su nombre, cargo y adscripción”.

También solicitó la declaración de los mandos de la AFI. Se trata de un caso de

excepción que a diferencia de la generalidad de los expedientes analizados por el

Programa Atalaya incorpora a la investigación la responsabilidad de los superiores en

actos presumiblemente cometidos por los subordinados.


La Procuraduría General de la República informó no tener conocimiento de los hechos

narrados por el quejoso, de lo que se desprende que sus agentes no habrían

participado en el operativo referido,

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública de San Luís Potosí informó

que el operativo se originó en una riña “entre 25 personas aproximadamente, mismas

que se arrojaban diversos objetos (piedras, palos, botellas) y a su vez se escucharon

varias detonaciones al parecer de petardo o armas de fuego”. Los agentes lograron el

“aseguramiento” de cuatro personas, entre los cuales presumiblemente se encontraba

el quejoso. Asimismo, informó que una persona del sexo femenino se acercó a los

agentes durante el operativo y manifestó lo siguiente: “que durante la riña le habían

causado daños en los vidrios de su casa, así como en el medidor de luz, reconociendo

plenamente a los detenidos por lo que precedería en su contra. Los detenidos también

habrían causado daños a un vehículo “color café” y con placas “del estado de Texas”

propiedad de un policía, quien aseguró que también procedería en contra de los

mismos.


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso, mediante oficio del 28 de

marzo de 2008, el contenido de la respuesta de las autoridades y asegurando que “no

contó con elementos” que acreditaran las violaciones señaladas en la queja. Además,

manifestó al quejoso lo siguiente: “toda vez que usted y otras personas se encontraron

relacionadas como presuntas responsables de la comisión flagrante de los delitos de

___ (…), motivo por el cual quedó a disposición del agente del ministerio público del

fuero común, (…) en vía de orientación, se le sugiere que, por sí o por medio de su

representante legal (…), aporten los elementos de prueba que les permitan desvirtuar

las imputaciones efectuadas en su contra…”.

58

La investigación realizada por la Comisión muestra diversas inconsistencias a las que

a continuación se hace referencia. Como resulta obvio, la queja por presuntas

violaciones a derechos humanos no se abre con el propósito de determinar si el

quejoso incurrió o no en un delito, pues esto corresponde a la competencia del

ministerio público y del juez penal. Toca a la CNDH investigar los hechos para

establecer si las autoridades incurrieron o no en actos u omisiones al margen de la ley

en el cumplimiento de su función. Incluso en los casos en que la autoridad debe actuar

mediante el uso de la fuerza, como es el caso de una riña colectiva en la vía pública,

debe ceñirse a la ley y observar las normas de derechos humanos. Los hechos

denunciados en la queja consistentes en la violencia ejercida por los agentes contra

personas ya sometidas constituyen claras violaciones a los derechos humanos, de

modo que la labor de la CNDH debía centrarse en investigar cabalmente dichos

señalamientos, en lugar de limitarse a validar la versión de los agentes que

participaron en el operativo, la cual por cierto no se refiere en absoluto a los

señalamiento sobre las agresiones a los detenidos.

La CNDH ignoró los señalamientos graves sobre la violencia en tanto que no solicitó

expresamente los certificados médicos sobre el estado físico de los detenidos al ser

puestos bajo la responsabilidad del ministerio público, como tampoco recabó

información sobre las circunstancias en las que un particular habría agredido al

quejoso ni sobre los detalles en los que ocurrieron las detenciones, no obstante que

existían claras contradicciones entre lo sostenido por el quejoso y los agentes, ya que

mientras el quejoso sostuvo que fue detenido dentro de un inmueble, la autoridad no

se refirió a tal circunstancia, la cual resultaba fundamental para establecer si la

detención fue legal, en la inteligencia de que, aun cuando los propios agentes hubieran

visto de manera directa al detenido cometer un delito, no estarían facultados para

irrumpir violentamente en el domicilio en busca de dicha persona.

Al tratarse de una riña colectiva ocurrida en una zona de condominios, la CNDH tenía

manera de obtener diversos testimonios de testigos presenciales sobre las

circunstancias en las que ocurrieron las detenciones, así como sobre las personas que

viajaban en cada vehículo oficial a fin de identificar a quien habría golpeado al

quejoso; sin embargo, omitió dichas diligencias afectando los resultados de su

investigación.





Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 dic 07

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 15, 21 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe

Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 ene 08 ⇒⇒⇒⇒ 8 feb 08 ⇒⇒⇒⇒ 4 mar 08

Informes de las autoridades y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 11, 28 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 mar 08


1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Modificación del Acuerdo de calificación √ 3. Comunicado de admisión de instancia √

4. Acuses de recibo √ 5. Acuerdo de conclusión √ 6. Oficio de remisión de organismo local de DH √

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Detención arbitraria en un vehículo oficial sin placas. Violencia verbal y solicitud de dinero a cambio de la libertad


La quejosa refirió actos calificables como detención arbitraria en un vehículo oficial y

sin placas, violencia verbal por parte de los agentes, así como la exigencia de dinero a

cambio de poner en libertad a la persona detenida.


La quejosa señaló en su escrito de queja que “una vecina” estaba presente cuando los

presuntos miembros de la AFI se llevaron a su hija. No obstante, el personal de la

CNDH omitió entrevistarse de manera presencial o telefónica con dicha persona a fin

de que aportara más detalles sobre los hechos, como por ejemplo información sobre la

media filiación de los sujetos, el tipo de atuendo o uniforme que portaban y las

características del vehículo “rojo” o “color tinto” y “sin placas” en el que trasladaron a la

hija de la quejosa. Tampoco la consultó sobre las presuntas amenazas que habría

sufrido de manera directa por parte de los presuntos agentes: “te va a llevar la fregada

si hablas”. La CNDH no consultó a la usuaria, ni a la testigo, sobre los elementos que

las hicieron suponer que los captores pertenecían a la Agencia Federal de

Investigaciones. Estas omisiones tuvieron como consecuencia que la solicitud de

información a la PGR se planteara en términos poco específicos respecto a tales

cuestiones.

La Comisión fue omisa también en consultar a la quejosa sobre los detalles de las

supuestas llamadas que los captores de su hija, o personas ligadas a ellos, le hicieran

para solicitarles cantidades de dinero a cambio de la libertad de su hija. No le solicitó

información sobre el tipo de voz del sujeto o sujetos que realizaron dichas llamadas,

las palabras precisas que utilizaron y el lugar o modo en el que se habría que entregar

el dinero. Si bien dichas conductas constituyen presuntos delitos que deben ser

investigados por la autoridad ministerial, son también presuntas violaciones a los

derechos humanos, en tanto que habrían sido realizadas por presuntos agentes o

personas vinculadas a los mismos.

61

Ciertamente, la CNDH solicitó a la PGR “una relación de los elementos de la AFI que

estuvieron comisionados en esa fecha e intervinieron en la diligencia (en la que se

mencionen) sus nombres y cargos, así como copia a color del álbum fotográfico

respectivo” (sic), pero como ya se advirtió, no incluyó datos precisos sobre los sujetos

que intervinieron en los hechos ni sobre el vehículo que utilizaron, lo que impidió a la

PGR considerarlos en su propia indagación de los hechos aducidos por la quejosa.


En su respuesta a la CNDH, la Procuraduría General de la República informó que la

detención de la hija de la usuaria se realizó el 11 de diciembre de 2007, como

resultado de que la “guardia” de la Agencia Mixta Federal de Procedimientos Penales

“A” recibió “una llamada telefónica de una persona del sexo masculino, misma que

omitió sus generales por temor a represalias, quien señaló lo siguiente: que en el

cruce de las calles ___, en la colonia ___, del municipio de Tonalá, Jalisco, una

persona de sexo femenino a la que han escuchado mencionar únicamente como ___,

se dedica a la venta de drogas, a todas horas del día, y la cual tiene la siguiente media

filiación: ___, la cual viste ropa del tipo informal”. La CNDH impidió al Programa

Atalaya, sin mediar explicación, el acceso a los documentos remitidos por la PGR en

los que presumiblemente se exponen los detalles de la diligencia de detención de la

presunta agraviada, en concreto impidió el acceso a los siguientes oficios y sus

anexos: el oficio 203/2008, suscrito por el Subdelegado de Procedimientos Penales

“A”; el oficio 627/2008, suscrito por el agente del ministerio público Titular de la Mesa I

de la Agencia Federal Mixta; el oficio 0628/2008, suscrito por el agente federal de

investigación encargado de la Subsede de la Agencia Federal Mixta; el oficio 68/2008,

suscrito por el agente federal de investigación “encargado provisional de la Agencia

Mixta Federal, mediante el cual (según indican funcionarios de la PGR) informa de las

circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en que se llevó a cabo el evento que

se investiga, anexando diversa documentación para mejor proveer, así como copia del

álbum fotográfico del personal de esa adscripción”.

Resulta obvio que la CNDH no está en aptitud legal de negar arbitraria o

caprichosamente el acceso a información contenida en sus expedientes, sino que está

obligada a fundar y motivar su decisión, lo cual no ocurrió en este expediente.

62


La CNDH explicó a la quejosa, en su oficio de fecha 24 de 2008, que durante la

tramitación de la queja “se observó que (la) detención (de su hija) por parte de

elementos de la Agencia Federal de Investigación, se originó al dar cumplimiento al

oficio de investigación 10510/2007 del 11 de diciembre de 2007, girado por el agente

del ministerio público de la Federación, adscrito a la Mesa III de la Agencia Mixta

Federal de Procedimientos Penales “A”, con residencia en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, dentro de la averiguación previa ___, que inició con motivo de una denuncia

telefónica anónima, en la cual se expresó que en el cruce de las calles ___, una

persona de sexo femenino que sólo saben responde al nombre de ___ se dedica a la

venta de drogas. Por tal razón, en la citada fecha y con el propósito de verificar esa

denuncia, los agentes policíacos de esa corporación procedieron a realizar recorridos

de vigilancia en diferentes días y horarios, y el 13 de diciembre de 2007

aproximadamente a las 21:15 horas se percataron de la presencia de una persona del

sexo femenino (sigue un texto de aproximadamente 6 líneas tachado por la CNDH),

motivo por el cual junto con su acompañante fueron puestos bajo la responsabilidad

del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III de la Agencia

Mixta Federal de Procedimientos Penales, con sede en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, quien el 13 de diciembre de 2007, inició la referida averiguación previa, la cual

el 15 del mismo mes y año consignó ante el Juez Segundo de Distrito en Materia

Penal en el estado de Jalisco, por su probable responsabilidad en la comisión del

delito ___ y esa autoridad judicial el 20 de diciembre de 2007, dentro de la causa penal

___, dictó auto de formal prisión en su contra, por el delito de ___”.

La CNDH agregó que “arribó a la conclusión de que en el presente caso la detención

de (la) hija (de la quejosa) se efectuó por personal de la Agencia Federal de

Investigación con base en la excepción contemplada por el artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la detención, sin

previa orden de aprehensión, en los casos de comisión flagrante de delito; actuación

que el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal del estado de Jalisco, al radicar la

causa penal ___ ratificó de legal su detención por parte de sus aprehensores, y al

emitir el correspondiente auto de término constitucional, convalidó los elementos

63

acreditados en la integración de la (averiguación previa4) por parte del representante

social de la Federación competente, al momento de ejercitar acción penal”.

La Comisión concluye señalando que, en este caso, “no se surten actos de la

competencia de este Organismo Nacional por tratarse de un asunto jurisdiccional de

fondo, en el cual una autoridad judicial con plena autonomía y competencia, al

momento de emitir el correspondiente auto de término constitucional dentro de la

causa penal ___ valoró y convalidó los elementos acreditados en la integración de la

(averiguación previa) por parte del representante social de la Federación competente,

al momento de ejercitar acción penal”.

La CNDH orienta a la quejosa para que, en caso de considerarlo acorde a sus

intereses, interponga juicio de amparo contra la resolución judicial. Asimismo, la

orienta para que, en caso de considerar que servidores públicos incurrieron en

irregularidades, presente escrito de queja ante el Órgano Interno de Control de la

PGR.

Como quedó señalado líneas arriba, la CNDH omitió indagar diversos aspectos

relevantes de la queja: no indagó si los agentes que realizaron la detención acudieron

en vehículos oficiales o si, por el contrario, lo hicieron en vehículos particulares “sin

placas”, como tampoco investigó si los agentes, o personas ligadas a los mismos,

realizaron, antes de poner bajo la responsabilidad de la autoridad a la detenida,

llamadas a la quejosa a fin de que entregara una cantidad de dinero a cambio de la

libertad de su hija.

La CNDH actuó en este expediente bajo la lógica de que el hecho de que un juez

valide una detención mediante un auto de radicación y, a la postre, un auto de sujeción

a proceso, “lava”, “legitima” o “justifica” las violaciones a los derechos humanos

cometidas por la autoridad administrativa contra quien cae en dicha situación legal,

como por ejemplo el ser detenido en vehículos que no son oficiales y el recibir

llamadas de desconocidos mientras el detenido se encuentra en poder de la autoridad

ministerial para solicitar dinero a cambio de ponerla en libertad.

4 Si bien la Procuraduría General de la República y la CNDH emplean el término “indagatoria” como sinónimo de “investigación” o “averiguación previa”, en el presente estudio se ha preferido hacer uso sólo de estas dos últimas expresiones, en atención a que el término “indagatoria” es ajeno al lenguaje constitucional mexicano.

64

La Comisión podrá argumentar en su defensa que no cuenta con datos que indiquen

que la detención se llevó a cabo en un vehículo no oficial, como tampoco con

información de que la madre de la detenida haya recibido llamadas para solicitarle

dinero a cambio de la libertad de la detenida. También podrá argumentar que no

cuenta con datos en el sentido de que la testigo no recibió amenazas por parte de los

aprehensores.

Al respecto debe decirse que el Ombudsman no podrá conseguir aquella información

que no se propone obtener. En una investigación es imposible encontrar aquello que

no se busca. El personal de la CNDH tuvo la oportunidad de obtener información sobre

estas circunstancias mediante una entrevista a la quejosa y a la testigo, lo cual omitió

de forma deliberada, como también tuvo oportunidad de indagar sobre la veracidad de

las llamadas telefónicas solicitando, en vía de colaboración, datos a la empresa

telefónica sobre los números de los que provinieron dichas llamadas, a fin de dar vista

a la autoridad investigadora para que realizara las pesquisas conducentes, o

simplemente denunciando los hechos ante el ministerio público para que éste se

encargara de la obtención de dicha información. Se trata de un caso más, de entre

otros documentados por el Programa Atalaya, en el que el Organismo “acomoda” su

investigación a fin de concluirla como argumentos legalistas o formalistas apoyados en

una apreciación sesgada en la que únicamente se confiere veracidad, de manera

parcial, a la información proporcionada por la autoridad.




documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒ 14 dic 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒ 19 dic 07

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒ 15 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒ 6 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒ 24 mar 08




66


Detención arbitraria y cateo ilegal. Violación de derechos con fines de incriminación


La quejosa denuncia hechos calificables como cateo ilegal, detención arbitraria, malos

tratos e irregularidades durante su comparecencia ante el ministerio público, tales

como ausencia de abogado, representante o persona de confianza e inducción para

firmar documentos cuyo contenido era desconocido. Asimismo, denunció que los

agentes de la AFI colocaron droga en un mueble de su domicilio para acusarla de

vender dicha sustancia.


En este caso la CNDH solicitó la información necesaria para la investigación del caso.


La PGR informó a la CNDH que el cateo se efectuó con motivo de una orden girada

por un juez competente en la inteligencia de que diversas personas señalaron que el

proveedor de drogas habitaba en el domicilio de la quejosa. La autoridad sostiene que

la quejosa se negó a nombrar testigos de asistencia para el desahogo de la diligencia

de cateo, durante la cual se habrían encontrado sustancias prohibidas. Según la

autoridad, la quejosa y su madre “accedieron” a acompañar a los agentes “a sus

oficinas”.

En el informe de la PGR se afirma que la quejosa emitió su declaración ministerial

“reservándose el derecho de designar a un abogado para que la asistiera en esa

diligencia, en la que ratificó el contenido del acta circunstanciada que se elaboró con

motivo del desahogo de una diligencia de cateo”.


La Comisión concluyó el expediente sosteniendo que “no contó con elementos que le

permitieran acreditar” lo sostenido por la quejosa “ya que el agente del ministerio

público de la Federación sí contaba con orden de cateo girada” por juez competente;

67

“tampoco se tienen evidencias que permitan acreditar que como consecuencia de la

citada actuación hayan sido detenidas, sino que accedieron acompañar (sic) a la

autoridad ministerial de la Federación a sus oficinas”. La CNDH sugiere a la quejosa

que, de contar con elementos, presente queja ante el Órgano Interno de Control de la

PGR.

En este expediente, al igual que en otros analizados en este documento, queda de

manifiesto que diversas irregularidades durante la ejecución de órdenes de cateo

impiden conocer con certeza lo sucedido en las mismas. En efecto, en este caso la

autoridad respaldó su versión en el hecho de que en el acta de la declaración

ministerial rendida por la quejosa, ésta ratificó “el contenido del acta circunstanciada

que se elaboró con motivo del desahogo de una diligencia de cateo”. Esta práctica

podría estar favoreciendo la evasión por parte del ministerio público de la obligación

constitucional de levantar un acta relativa al cateo para luego “lavar” o “legalizar” su

omisión durante la declaración ministerial de la persona involucrada.

La CNDH favorece por omisión esta irregularidad al dar validez a la versión de la

autoridad sin mayores investigaciones a pesar de existir contradicciones con lo

sostenido por la quejosa. Debe considerarse que en este caso la quejosa afirmó que

no se le permitió dar lectura al acta de su declaración ministerial, maniobra que le

habría permitido a la autoridad introducir una supuesta ratificación del acta relativa al

cateo por parte de la quejosa.

Por otra parte, en este caso el Programa Atalaya advierte que, en atención a las

circunstancias, resulta poco verosímil que la quejosa haya rechazado que se le

nombrara un abogado para que la asistiera en la diligencia durante su declaración

ministerial. Este supuesto rechazo, aunado a la afirmación de la quejosa de que se le

impidió dar lectura al acta de su declaración, fortalecen la hipótesis de que fue un

elemento introducido a posteriori por el ministerio público para “lavar” la irregularidad

de no haber facilitado un abogado a dicha persona.

La quejosa sostuvo que durante la diligencia de cateo los agentes empujaron y

gritaron a quienes ahí se encontraban, además de que ella y su madre fueron

“revisadas corporalmente… haciendo tocamiento sobre la ropa en sus genitales, así

como en todo el cuerpo”. Asimismo, afirmó en su queja que uno de los agentes “le dijo

(a la quejosa) y a su hermana que una de ellas acompañara a su señora madre a

declarar y una vez concluido las regresarían a su casa, pero al ver que no se ponían

68

de acuerdo (la quejosa) y su hermana, (el agente) les dijo que si no se ponían de

acuerdo las llevaría a las dos y a las niñas (que se encontraban en el lugar) las

mandarían al DIF, por lo que (la quejosa) decidió acompañar a su mama y las tomaron

de sus brazos… y las sacaron a empujones a la calle…”.

A la CNDH le bastó con que la autoridad afirmara que dichas personas “accedieron” a

acudir a las oficinas de la Procuraduría para descartar su detención arbitraria. Nada

hizo para depurar las contradicciones entre ambas versiones, por ejemplo

entrevistando posibles testigos del momento en el que dichas personas fueron

sacadas “a empujones” de su domicilio. De esta forma la PGR habría evadido las

reglas constitucionales en materia de detención ante la indiferencia de la CNDH,

irregularidad que además produce una secuela de violaciones nuevas como el hecho

de que la autoridad ministerial niega la presencia de un abogado para asistir al

declarante argumentando que éste “accedió” a declarar en calidad de testigo y no de

indiciado.

La permisividad de la CNDH en casos como éste redunda en la falta de

profesionalización del ministerio público y los agentes de la AFI en la medida que se

favorece un sistema de integración de averiguaciones previas apoyadas no en

investigaciones sólidas y objetivas sino en diligencias realizadas “a modo” por las

autoridades.



en el expediente?



No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No







70


Falta de información en el marco de la averiguación previa


El quejoso se inconformó en virtud de que algunos objetos que envío por medio de un

servicio de paquetería fueron puestos a “disposición” del ministerio público por

tratarse de objetos de procedencia ilícita (piratería). También se denuncian

irregularidades relacionadas con falta de información sobre la averiguación previa y la

situación legal de los involucrados.


La CNDH solicitó la información necesaria para la investigación del caso.


La PGR informó a la CNDH que “debido a una denuncia anónima… el agente del

ministerio público de la Federación giró diversos oficios a los elementos de la Agencia

Federal de investigación (AFI), para que investigaran” sobre el presunto delito,

habiendo encontrado objetos de procedencia ilícita dentro del paquete enviado por el

quejoso.


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que “no contó con elementos

de prueba que permitieran acreditar” sus aseveraciones “ya que el agente del

ministerio público de la Federación actuó de acuerdo a lo establecido en los artículos

123 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al asegurar los objetos o

instrumentos del delito con la finalidad de que se alteren, destruyan o desaparezcan”.

Asimismo, lo orientó para, en su caso, interponer una queja ante el Órgano Interno de

Control de la PGR, así como para hacer frente mediante un abogado defensor a los

requerimientos de la autoridad ministerial.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 dic 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos No Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No







72


Amenazas contra el quejoso y otras personas. Falta de devolución de un vehículo por parte de la PGR


El quejoso laboraba como agente del ministerio público federal y fue detenido con

motivo de una orden de aprehensión. En dicha diligencia el personal de la PGR habría

amenazado a personas que se encontraban con el quejoso. Denunció que durante su

detención se realizó una revisión ilegal a un vehículo que usaba el quejoso, propiedad

de su padre. Subraya que se le informó durante su declaración ministerial que dicho

vehículo sería “asegurado” y que hasta el momento no le ha sido devuelto a su padre

a pesar de las múltiples ocasiones que ha tenido que acudir a las instalaciones de la

autoridad. Destaca que su padre es una persona mayor y enferma. Por último

denuncia amenazas y presiones durante su estancia en el reclusorio por parte de

desconocidos que presume pertenecen a la PGR.


En este caso la CNDH solicitó toda la información necesaria para la investigación de la

queja.


La autoridad informó a la CNDH que en efecto se llevó a cabo la ejecución de una

orden de aprehensión contra el quejoso, lo cual se encomendó a tres miembros de la

AFI. Los agentes afirman que durante la diligencia “el ahora quejoso se encontraba

muy nervioso y preocupado tanto por la orden de aprehensión como por sus

pertenencias”. Agregaron que el quejoso entregó las llaves de su vehículo a una

asistente, quien no pertenece a la Procuraduría, dándole instrucciones para que lo

siguiera en dicho vehículo y se enterara del lugar al que lo llevaban detenido. El

personal de la PGR “le solicitó su autorización para que se llevara a cabo la revisión

de su camioneta a lo cual el ahora quejoso accedió amablemente”. Por indicaciones

del quejoso una persona activó “el control remoto para abrirla y que fuera revisada”.

Según afirman los agentes, en presencia del quejoso se encontraron en el interior del

vehículo armas y “equipo de radiocomunicación, por lo que al estar en presencia de un

73

delito flagrante… (dichos objetos) fueron puestos a disposición del agente del

ministerio público de la Federación, quien dio inicio a la averiguación previa ___ en su

contra”.

La PGR informó respecto a la devolución del vehículo que se notificó al padre del

quejoso la necesidad de que “acreditara el origen del numerario con le cual adquirió el

vehículo afecto” a la averiguación previa, a demás de que se giró citatorio a la persona

que le vendió el vehículo “toda vez que el domicilio que informó el Delegado Fiscal de

Tlalnepantla… resultó ser de una persona diversa”. La autoridad informó que “no obra

constancia en autos de que se haya citado cada tercer día al (padre del quejoso),

aclarando que a la fecha se siguen realizando diversas diligencias ministeriales en

torno a los objetos y radio de comunicación con frecuencias de diversas corporaciones

policíacas que se encuentra instalado en el interior del vehículo afecto a la

(averiguación previa)”.

Entre las personas que realizaron la detención se encontraba la entonces encargada

de la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR,

quien informó a la CNDH que “son absolutamente falsas (sus manifestaciones) pues

se reitera que la camioneta se revisó con su autorización y en presencia del ahora

quejoso… de igual forma… es absolutamente falso que las suscrita haya amenazado

a ___ y ___, precisando que ésta última al parecer también era su asistente (aun

cuando tampoco trabaja en la Procuraduría General de la República)”. Informó

asimismo que “ante la actitud insistente del (quejoso) en relación con su camioneta y

pertenencias, como si ocultara algo, y tomando en consideración que ese vehículo nos

seguiría hasta el reclusorio, yo tenia la obligación de salvaguardar la seguridad de

todos los participantes en la diligencia, y no podía exponerlos a que ocurriera algún

incidente que pusiera en riesgo su integridad, aunado a que era del conocimiento

público que (el quejoso) siempre andaba armado, incluso en sus operativos, a pesar

de no contar con la licencia para ello; además que en el lugar de los hechos se me

acercaron dos elementos de la AFI que se negaron a proporcionar su nombre pero

que al parecer laboran en esa subsede, me dijeron que les constaba que en su

camioneta traía armas, por lo que ante esas circunstancias le solicité al (quejoso) su

autorización para que se llevara a cabo la revisión de su camioneta, a lo cual el ahora

quejoso accedió amablemente a mi petición”.

74


Con independencia de que el órgano jurisdiccional competente dictó auto de formal

prisión contra el quejoso con motivo de los objetos encontrados en el vehículo

propiedad de su padre durante la diligencia de aprehensión, uno de los aspectos

centrales de la queja era si la autoridad contaba o no con facultades legales para

realizar la inspección en dicho vehículo. El Programa Atalaya considera que la

Comisión pasó por alto diversas cuestiones relacionadas con dicha revisión.

Llama la atención que en el informe de la PGR se dé cuenta de que el quejoso

“siempre andaba armado”. Por un lado, resulta inexplicable que el ministerio público no

hay obtenido, junto con la orden de aprehensión, una orden de cateo que facultara a la

autoridad para buscar, tanto en su oficina como en su vehículo, las armas que

generalmente portaba dicha persona. Por otra parte, la funcionaria de la PGR

responsable de la aprehensión explicó mediante tres argumentos la revisión del

vehículo: en primer lugar, que el quejoso “se encontraba muy nervioso y preocupado”,

además de que mostraba una “actitud insistente… en relación con su camioneta y

pertenencias, como si ocultara algo”; en segundo lugar, que era del conocimiento

público que siempre estaba armado; y, por último, que en razón de que dicho vehículo

“los seguiría” al reclusorio, los agentes debían asegurarse de que no se usaran armas

en su contra.

De lo anterior se desprende que la revisión del vehículo se llevó a cabo fuera de los

supuestos constitucionales y legales y se basó exclusivamente en una lógica de

“sospecha”. Las leyes no autorizan al estado para efectuar revisiones sin orden de

cateo sólo porque el conductor se encuentre “nervioso” o “preocupado”. La

consideración de la funcionaria de que dicha actitud revelaba que el quejoso “ocultaba

algo” carece de base objetiva y no puede justificar la invasión de la propiedad privada.

Por lo que toca a que dicho sujeto “siempre estaba armado”, esta circunstancia no

justifica la revisión, sino que evidencia que la autoridad, a pesar de tener conocimiento

de lo anterior, omitió solicitar una orden de cateo a ejecutarse de forma paralela a la

de aprehensión. Por último, en cuanto a que la revisión se efectuó en razón de que

dicho vehículo seguiría al convoy policial hacia el reclusorio, ello tampoco justifica el

proceder de la autoridad, en la inteligencia de que antes que violar los supuestos

constitucionales para la revisión, los agentes pudieron optar por alternativas

razonables dentro de la ley, tales como solicitar apoyo a la corporación para el traslado

seguro del detenido mediante el envío de más agentes y patrullas.

75

La CNDH concluyó el expediente sin atender las inconsistencias ya referidas en el

informe de la autoridad y sin investigar a fondo la presunta violación de los principios

constitucionales en materia de cateos y revisiones.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 07 ene 08 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 dic 07

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 ene 08 Oficio de solicitud de colaboración dirigido a la autoridad Sí ⇒⇒⇒⇒ 11 feb 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 6 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 feb 08 Actas circunstanciadas diversas

Sí ⇒⇒⇒⇒ 8 y 12 feb 08 ⇒⇒⇒⇒ 10 mar 08




77


Detención arbitraria, revisiones ilegales, violación al principio de igualdad y falsa acusación


La quejosa refirió hechos que pueden calificarse como detención arbitraria, revisiones

corporales ilegales y violaciones al principio de igualdad en materia penal. El presunto

agraviado en este caso agregó lo siguiente: “me subieron a una unidad en la cual me

trajeron por varios lugares con los ojos tapados hasta llevarme a un sitio, el cual no

identifico porque no tenía visibilidad y ahí me golpearon dándome con toletes…

poniendo junto a mí varios sobres de droga los cuales no son míos”.


En este caso la CNDH solicitó a la autoridad toda la información necesaria para la

atención de la queja.


La autoridad informó a la CNDH que el hijo de la quejosa fue “puesto (bajo la

responsabilidad5) del agente del ministerio público de la Federación por elementos de

la Policía Federal Preventiva”. La fecha en la que, según la autoridad, se puso al

detenido bajo la responsabilidad de la autoridad ministerial fue el “8 de diciembre de

2007”. Esta fecha no coincide con la fecha de detención del presunto agraviado que,

según la quejosa, fue el 7 de diciembre del mismo año. No obstante la diferencia entre

una y otra fecha, la CNDH no solicitó una ampliación de información a la autoridad en

la que justificara la demora para poner a la persona detenida bajo la responsabilidad

de la autoridad ministerial.

5 La PGR y la CNDH utilizan regularmente la expresión “poner al detenido a disposición” del ministerio público o del juez. No obstante, en el presente texto se ha preferido utilizar la expresión “poner al detenido bajo la responsabilidad” del ministerio público o del juez, en virtud de que se considera más acorde con el modelo penal acusatorio y, en general, con los postulados del derecho penal democrático.

78


La CNDH concluyó el expediente manifestando a la quejosa que “no contó con

elementos que acreditaran violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en

virtud de que su descendiente fue detenido en la flagrante comisión de un delito”. Se

orientó a los quejosos para presentar una queja ante el Órgano Interno de Control de

la PFP y de la PGR, de considerarlo afín a sus intereses.

Como se desprende de todo lo anterior, la CNDH concluyó el expediente sin investigar

las causas por las que los agentes que realizaron la detención del presunto agraviado

lo pusieron bajo la responsabilidad de la autoridad ministerial hasta el día siguiente.

Debe considerarse que la quejosa manifestó que la detención se efectuó “entre las 17

y las 18 horas” del “día viernes 7 de diciembre del año 2007”. La autoridad informó de

manera oficial que el detenido fue puesto bajo la responsabilidad de la autoridad

ministerial hasta el día siguiente, es decir, el 8 de diciembre. No obstante esta

discrepancia, la Comisión omitió indagar de forma minuciosa los motivos por los que

se generó tal dilación por parte de los agentes.

Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),

“toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” (numeral 5 del

artículo 7). Dicha norma fue violada en este caso sin que por ello la CNDH tomara

medida alguna en el ámbito de sus facultades para que dicha violación no quedara

impune. La versión del presunto agraviado en el sentido de que sus captores “lo

trajeron por varios lugares” cobra verosimilitud con motivo de la violación de la norma

que impone su traslado inmediato al ministerio público, como también fortalece la

hipótesis de investigación de que el detenido fue golpeado, con independencia de que

mostrara o no lesiones o huellas de violencia. La CNDH estaba obligada a profundizar

en este aspecto de la investigación en lugar de conformarse con la explicación

inconexa y vaga de la autoridad.



en el expediente?



No

Oficios de solicitudes de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 21 ene 08 (2

oficios) Recordatorios a las autoridades para que rindieran su informe Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 feb 08 (2 oficios) Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 26 feb 08 (PGR) Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



No





80


Detención arbitraria, cateo ilegal y actos ilegales dirigidos a la incriminación


El quejoso denunció hechos calificables como cateo ilegal, excesos en la revisión de

los objetos durante el mismo y detención arbitraria. Asimismo, denunció que fue

obligado a firmar su declaración ministerial sin leerla.


La CNDH solicitó en general la información necesaria para la investigación del caso.

Sin embargo, omitió solicitar expresamente información sobre si las personas

detenidas contaron con la asistencia de un abogado defensor durante su declaración

ministerial. Este aspecto resultaba especialmente relevante en atención al

señalamiento del quejoso en el sentido de que los “hicieron firmar (las declaraciones)

sin leerlas”. Lo anterior con independencia de que a la postre la información remitida

por la PGR permitió a la CNDH comprobar que en el acta de la declaración ministerial

constaba que los detenidos habían contado con abogado defensor.


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que el cateo se realizó con

base en la orden de un juez, que en su inmueble se encontraron objetos ilícitos y que

la detención del propio quejoso y de su hijo se efectuó en razón de que “se

encontraban en la comisión flagrante de un delito”. El Organismo informó también al

quejoso que el acta circunstanciada elaborada con motivo del cateo hace constar que

la orden para efectuar el mismo fue mostrada y leída en voz alta al propio quejoso y a

su hijo, quienes firmaron como testigos al final del mismo.

La Comisión informó al quejoso que según la documentación que envío la autoridad,

tanto él como su hijo “estuvieron asistidos por un defensor público federal”, además de

que en las actas relativas a la declaración ministerial, manifestaron estar de acuerdo

con el contenido del acta circunstanciada del cateo. Por último, la CNDH proporcionó

81

información al quejoso para estar en aptitud de interponer una queja ante el Órgano

Interno de Control de la PGR.

Este caso ameritaba mayor agudeza y profundidad en la investigación por parte de la

CNDH. El quejoso señaló que no se le mostró la orden de cateo y que se le hizo firmar

su declaración ministerial “a ciegas”, es decir, sin una lectura previa. Estos

señalamientos son ignorados por la CNDH, la cual los excluyó de su investigación

amparada en el hecho de que la declaración ministerial, ciertamente firmada por el

quejoso, hace constar que éste manifestó su acuerdo no sólo con el contenido de la

misma sino también con el texto del acta de cateo.

El tipo de evidencias y pruebas en las que se basa la CNDH no son aptas para aclarar

si los dichos del quejoso son ciertos o falsos, ya que suponiendo que son verdaderos,

el quejoso habría firmado, sin leerlo, un documento en el que falsamente se hacía

constar que manifestó su conformidad con el acta de cateo y el acta de la declaración

ministerial, además de que en dicho documento firmado “a ciegas” aparece un

defensor de oficio asistiendo al quejoso durante su declaración. La Comisión tenía que

buscar pruebas o evidencias complementarias de orden externo para generar certeza

respecto a si el quejoso pudo o no leer dichos documentos antes de firmarlos. Pudo la

CNDH por ejemplo consultar al quejoso sobre la presencia de otros posibles testigos

durante el cateo que pudieran confirmar o desmentir la versión del quejoso de que no

se le mostró ni se le leyó la orden de cateo.

Por lo demás, a fin de obtener certeza sobre si el quejoso firmó o no “a ciegas” su

declaración ministerial, la Comisión debió solicitar a la Procuraduría una copia de los

videos tomados por las cámaras de seguridad de la agencia en los que se observe el

momento en el que le es leído el contenido del acta o por sí mismo el quejoso da

lectura a la misma. Firmar un acta ministerial sin conocer su contenido acarrea

inevitablemente la desconfianza en la averiguación y trastoca gravemente la función

de la justicia. De ahí que el organismo protector de los derechos humanos no debe

pasar inadvertidos tales señalamientos ni atenerse exclusivamente a las actuaciones

en la forma en que fueron registradas por los agentes de autoridad a quienes se les

atribuyen las violaciones. Muy probablemente la PGR negaría el acceso a dicho

material de video, pero al acumularse un número considerable de casos similares, la

CNDH estaría en aptitud de promover reformas legales para impedir prácticas viciadas

en perjuicio de la certeza de las averiguaciones y en general de los actos de la

Procuraduría.




documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒ 29 nov 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒ 23 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒ 14 feb 08 Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒ 15 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒ 29 feb 08




83


Detención arbitraria, violencia con fines de incriminación y solicitud de dinero a cambio de la libertad


El quejoso denunció hechos calificables como detención arbitraria y violencia física

encaminada a la autoincriminación por parte de agentes de la AFI. Asimismo,

denunció que éstos le solicitaron una cantidad de dinero a cambio de no “sembrarle”

droga y dejarlo en libertad.


La CNDH solicitó toda la información necesaria para investigación de la queja. Debe

resaltarse que en este caso también solicitó a la PGR “copia del álbum fotográfico de

los elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos a esa plaza”,

presumiblemente con el propósito de que el quejoso reconociera a los agentes

presuntamente involucrados en los hechos.


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que la averiguación previa en

su contra se inició con motivo de un parte informativo “elaborado por elementos de la

Dirección Estatal de Investigación”, quienes al efectuar un “recorrido de vigilancia”

observaron hechos constitutivos de delito imputables a su persona, por lo que “fue

presentado junto con otro sujeto ante el agente del ministerio público de la

Federación”. La Comisión da cuenta de que el quejoso se inconformó en su

declaración ministerial contra el oficio mediante el cual fue puesto bajo la

responsabilidad de la autoridad ministerial, “ya que en su concepto fue detenido en el

interior de su domicilio…”.

El Organismo hace ver al quejoso que se encuentra bajo la responsabilidad de un

juez, y que en tal virtud, no se surte la competencia de la CNDH por tratarse de un

asunto de carácter jurisdiccional. Por último, se le proporciona información para que,

en su caso, interponga un recurso de apelación contra la resolución del juez e incluso

84

juicio de amparo. Asimismo, se le sugiere que tome contacto con personal de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango a fin de denunciar el presunto

robo del que fue objeto y conocer el estado del procedimiento administrativo contra los

servidores públicos involucrados. También se le proporcionan los datos para iniciar

queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR.

La CNDH investigó de manera deficiente los hechos denunciados por el quejoso. En

efecto, éste denunció que fue detenido el 9 de noviembre de 2007 por presuntos

miembros de la AFI, quienes lo habrían golpeado, extorsionado y amenazado con

“sembrarle droga”. Al cabo de la investigación, la CNDH concluyó el expediente

argumentando que este caso está fuera de su competencia en virtud de que se trata

de actos jurisdiccionales. Sin embargo, como puede advertirse la Comisión se refiere a

hechos distintos de los denunciados en la queja. Mientras que el quejoso se refiere a

hechos sucedidos el 9 de noviembre de 2007, la CNDH hace alusión a hechos que

ocurrieron en vísperas del 1º de diciembre del mismo año, fecha en la que el quejoso

rindió su declaración ministerial.

Según se desprende del expediente, el quejoso habría sido detenido por presuntos

miembros de la AFI el 9 de noviembre de 2007 y liberado en esa misma fecha, sin

haber sido remitido al ministerio público. Días después, en vísperas del 1º de

diciembre, la policía estatal de Durango, al efectuar un “recorrido de vigilancia”,

observó hechos constitutivos de delito imputables al quejoso, por lo que remitió a éste

al ministerio público, remisión que derivó en un auto de sujeción a proceso en su

contra. La CNDH utilizó esta última circunstancia para concluir el expediente bajo el

argumento de que se trata de un acto jurisdiccional, y omitió investigar a profundidad

los presuntos hechos del 9 de noviembre de 2007, los cuales evidentemente

corresponden a su competencia constitucional y legal.

La deficiente investigación por parte de la CNDH es manifiesta: aun cuando solicitó el

“álbum fotográfico de los elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos a

esa plaza”, nada hizo para que el quejoso pudiera identificar a sus supuestos

agresores en los hechos del 9 de noviembre de 2007. La CNDH actuó en este caso,

como en otros documentados en el presente estudio, bajo la lógica de que el auto de

sujeción a proceso “lava” o “legitima” las violaciones a los derechos humanos

anteriores contra esa persona, aun cuando no guarden conexión con los hechos que

sustentan dicho auto.





No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 4 mar 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No







86


Decomiso de objetos y actos violatorios dirigidos a la incriminación del agraviado.

Falta de información en el marco de la averiguación previa


El quejoso refirió presuntos hechos violatorios consistentes en el decomiso de un

vehículo, electrodomésticos y dinero por parte del ministerio público de la Federación,

por supuesto contrabando. Aseguró que firmó documentos de los cuales desconoce su

contenido, los cuales “a decir del personal que lo tenía detenido, eran para obtener su

libertad”. Agregó que no le han proporcionado el número de la averiguación previa que

se inició con motivos de los objetos que transportaba “ni le dieron ninguna información

relacionada con su asunto”.


En este caso la CNDH solicitó informes no sólo a la PGR sino también al Instituto de la

Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. A este último le solicitó que

precisará la “participación” que tuvo un defensor adscrito al mismo con motivo de la

detención del quejoso. Se trata de una acción plausible de la CNDH que, como ya se

ha advertido suele omitir aun en los casos en los que dicho aspecto tiene relevancia

para la investigación de los hechos.

De la solicitud que la CNDH envió a la PGR se desprende que no se solicitó

expresamente información sobre la situación legal del vehículo en el que viajaba,

como tampoco se solicitó explícitamente que señalara las razones por las que se le

habría negado información sobre la averiguación previa abierta en su contra.


El quejoso sostuvo en su queja que al momento de su detención portaba 3,200 dólares

y 7,000 pesos mexicanos, de los cuales al momento de su liberación le fueron

devueltos únicamente 1,000 dólares y 2,000 pesos mexicanos. No obstante, la

autoridad informó a la CNDH que el quejoso pagó 5,000 pesos para obtener su

libertad bajo caución, de los cuales 3,500 pesos se utilizarían “para garantizar las

87

posibles sanciones pecuniarias” en su contra, y 1,500 pesos “para las obligaciones

procesales”.

La CNDH informó al quejoso lo siguiente: “se observó que usted compareció ante el

representante social de la Federación a fin de recoger el numerario y teléfono celular

que le fue asegurado por parte de los elementos de la Policía Federal Preventiva al

momento de su detención, recibiendo en ese acto la cantidad de 5,680 pesos, así

como 3,320 dólares; dicha constancia cuenta con su firma de conformidad”. Por lo

anterior la CNDH concluyó el expediente argumentando que “no fue posible acreditar

violaciones a sus derechos humanos toda vez que el agente del ministerio público de

la Federación de devolvió el dinero y el teléfono celular que le habían sido asegurados

por los agentes aprehensores”.

En este caso, como en otros, la acreditación de posibles violaciones a los derechos

humanos dependía de que las evidencias recabadas durante la investigación fueran

idóneas. Debe subrayarse que el quejoso sostuvo en su queja que durante su

comparecencia, luego de su aprehensión, le hicieron firmar documentos cuyo

contenido desconocía. En tal virtud, la prueba exhibida por la PGR consistente en la

constancia de entrega del numerario al quejoso con la firma del mismo no resulta ser

una evidencia idónea, en la inteligencia de que puede tratarse de uno de los

documentos que presuntamente firmó “a ciegas” el quejoso. La CNDH podía haber

solicitado a la PGR copia de los videos tomados por las cámaras de seguridad de la

agencia del ministerio público a fin de asegurarse de que el quejoso tuvo la

oportunidad de leer los documentos antes de firmarlos.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒ 7 dic 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒ 22 ene 08 Oficio de solicitud de información en colaboración Sí ⇒ 22 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒ 13 feb 08 Informes de las autoridades y sus anexos

Sí ⇒ 30 ene 08 ⇒ 13 feb 08

Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No


No


Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒ 28 feb 08




89


Muerte de una persona por agentes de la AFI y la PFP Deficiencias en la investigación del caso


El quejoso denunció que su cuñado fue victima de homicidio por un agente de la AFI y

otro de la PFP, quienes presumiblemente portaban sus armas de cargo a pesar de no

encontrarse en servicio. Manifestó que se abrió una averiguación previa en contra de

dichos servidores públicos pero, según su dicho, “no se ha hecho lo suficiente para

investigar el caso” ni se ha consignado la averiguación previa. Agregó que teme por su

seguridad y la de su familia con motivo de la denuncia penal contra los agentes.


En este caso la CNDH solicitó a la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública Federal

(SSPF)y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la información

necesaria para realizar su investigación.


La Procuraduría local informó a la CNDH que “se han practicado varias diligencias” en

la averiguación previa iniciada por el homicidio del familiar del quejoso, por lo que

“niega que hayan existido hechos posiblemente violatorios de los derechos humanos,

ya que en todo momento se ha actuado apegado a estricto derecho y sin dilación

alguna”. El Programa Atalaya advierte que la CNDH fue condescendiente con la

respuesta de la Procuraduría local en tanto que ésta omitió remitir “copia legible de la

averiguación… que contenga las declaraciones ministeriales de la denunciante y de

los inculpados___, (y) en su caso, del pliego de consignación…”. En efecto, en el

expediente integrado por la CNDH no existen constancias de que la autoridad local

haya cumplido con dicha petición, lo cual sin embargo no derivó en una solicitud de

ampliación o aclaración por parte de la Comisión.

De igual forma, el Programa Atalaya encontró que, en el expediente que le

proporcionó la CNDH, no consta el informe rendido por la Secretaría de Seguridad

90

Pública Federal. En este caso, como en otros, la Comisión proporcionó una versión

pública incompleta del expediente, pues omitió entregar copias de las fojas 23 a la 33

y 50. Es posible que el informe de SSPF se encuentre en dichas fojas, lo que

constituiría una restricción al acceso a la información en perjuicio de los particulares en

casos no justificados por la ley. Por otra parte, si el informe de dicha autoridad federal

no se encontrase entre las fojas omitidas, también sería irregular la actuación de la

Comisión Nacional pues habría concluido el caso sin haber contado con un elemento

de juicio fundamental.


La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa que “no se contó con

elementos para acreditar que en los hechos planteados… intervinieran integrantes de

la Policía Federal Preventiva, toda vez que en la base de datos del personal de la PFP

no se encontró registro alguno a nombre de ___”. Al respecto cabe reiterar que el

Programa Atalaya no estuvo en aptitud de comprobar si la SSPF rindió su informe en

los términos que refiere la CNDH, pues ésta no incluyó dicha documentación en la

versión pública correspondiente. Resultaría grave que el Organismo desprendiera

dicha conclusión de la falta de rendición del informe por parte de la autoridad federal.

La Comisión agregó que tampoco encontró elementos que acreditaran dilación por

parte de la Procuraduría mexiquense “toda vez que (la averiguación previa) se inició a

principios del mes de enero del año en curso (2008), además de que faltaban algunas

diligencias por practicarse…”. Al respecto, el Programa Atalaya considera que la

investigación de la CNDH en este tema muestra deficiencias, en la inteligencia de que

la autoridad local incumplió su obligación de enviar a la Comisión la copia íntegra de la

averiguación previa que le solicitó, lo cual impidió al Organismo valorar con detalle la

actuación del ministerio público en la integración de la misma. Ello explica que la

CNDH niegue la existencia de dilación con argumentos vagos en el sentido de que

apenas habían transcurrido tres meses desde que se inició la averiguación y que

faltaban diligencias por realizar. La obligación del Ombudsman era analizar a detalle si

las diligencias realizadas hasta el momento se hicieron con oportunidad y si se

justificaba no haber realizado las pendientes.

La Comisión informó a la quejosa que el agente de la AFI que participó en el

homicidio, efectivamente “no se encontraba en servicio” en el momento de los hechos.

Agregó que “la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia

91

Federal de Investigación de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la

Republica inició el procedimiento administrativo de investigación número de

expediente___ a fin de investigar la conducta del elemento de la AFI involucrado, al

establecer que posiblemente no ajustó su actuación a la normatividad que rige sus

funciones, el cual a la fecha… se encuentra en etapa de integración”.

La quejosa fue orientada por la CNDH para dar seguimiento a la investigación

administrativa referida, así como para, en su caso, interponer queja ante la Contraloría

de la Procuraduría mexiquense.

En conclusión, el Programa Atalaya considera que la investigación efectuada por la

CNDH muestra deficiencias que podrían influir en mayor o menor grado en el resultado

de la misma. En particular, resulta irregular que la CNDH haya consentido que la

Procuraduría mexiquense omitiera envíale copia íntegra de la averiguación previa

abierta con motivo del homicidio, de cuyo análisis se desprendería si le asistía o no

razón al quejoso en sus señalamientos relativos a la supuesta dilación e inacción del

ministerio público. Como se advirtió antes, la CNDH impidió el acceso al Programa

Atalaya de 11 fojas dentro de las cuales es poco probable que se encuentre la

averiguación previa referida, pero en caso contrario el volumen de la misma pondría

de manifiesto la escasa actuación a lo largo de tres meses de que fue iniciada. Se

trata pues de un aspecto que pone de relieve una investigación débil de la cuestión

que más interesaba a la quejosa, a saber, que el ministerio público actuaba con

dilación y negligencia. La CNDH no se allegó la información necesaria para

pronunciarse en el tema, lo cual resulta grave si considera que dicho Organismo

consintió que la autoridad local omitiera remitirle lo que le había sido solicitado.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 ene 08 (3

oficios) Recordatorios a las autoridades para que rindiera su informe

Sí ⇒⇒⇒⇒ 15 feb 08 ( 2 oficios)

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 feb 08

⇒⇒⇒⇒ 4 y 12 mar 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 mar 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒⇒⇒⇒ 13 mar 08


1.- Cédula o Acuerdo de calificación √

2.- Modificación del Acuerdo de calificación √

3.- Comunicado de admisión de instancia √

4.- Acuses de recibo √

5.- Acuerdo de conclusión √

93


Falsa acusación, violencia física y otras violaciones con fines de incriminación

Solicitud de dinero a cambio de la libertad


El quejoso manifestó hechos calificables como falsa acusación, violencia física

(golpes), irregularidades durante su declaración y extorsión para su puesta en libertad,

atribuibles a agentes de la Dirección Estatal de Investigación de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Durango y personal ministerial de la PGR. Denunció

que los agentes que lo aprehendieron junto con sus acompañantes pusieron “una

bolsa de hule en todo el rostro” a uno de ellos. Agregó que “el defensor de oficio de la

UMAN” presente durante la diligencia en la que rindieron su declaración, rechazó

asistir a dos de los declarantes con el pretexto de que ya había asistido al tercero.


La CNDH solicitó en general la información necesaria para la investigación del caso a

las tres autoridades involucradas (PGR, IFDP y DEI de Durango). Sin embargo, y no

obstante la gravedad del señalamiento, omitió referirse de manera explícita al presunto

hecho violatorio consistente en el simulacro de asfixia con una “bolsa de hule”

perpetrado por los agentes aprehensores en contra de uno de los quejosos. Se trata

de una presunta violación que de manera deliberada la CNDH excluyó de la

investigación. Al omitirla en su oficio de solicitud de información, las autoridades no se

refirieron al tema, como tampoco la propia CNDH al justificar la conclusión del

expediente en el acuerdo respectivo.


El Instituto Federal de la Defensoría Pública informó a la CNDH que, según un

acuerdo emitido por el Magistrado Director del mismo, “no es factible proporcionar la

información solicitada” en razón de que la Comisión carece de facultades para conocer

quejas atribuibles a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

La PGR envió a la CNDH copia íntegra de la averiguación previa correspondiente.

Asimismo, le envió diversos oficios internos de la PGR que hacen constar que se

94

solicitó un informe al agente del ministerio público en Durango en el que habría de

referirse a lo solicitado por la CNDH en su oficio número 02233 del 28 de enero de

2008. La Comisión impidió al Programa Atalaya el acceso al contenido de dicho

informe, pues no lo incluyó en la versión pública correspondiente.


El presunto simulacro de asfixia denunciado por los quejosos constituye un acto

calificable como tortura que, por su naturaleza, podría no dejar huellas o lesiones

detectables al elaborar un certificado médico, aunque éste se realice de inmediato. No

obstante la gravedad de este señalamiento, la CNDH omitió ponerse en contacto con

los quejosos a efecto de indagar con detalle las circunstancias específicas en las que

habría ocurrido tal violación. La deficiente investigación de la CNDH le impidió conocer

no sólo el supuesto propósito por el que los agentes habrían realizado dicha conducta

(por ejemplo, obtener información o infundir miedo para obtener alguna prebenda),

sino también la media filiación del sujeto que la perpetró. Si la Comisión hubiera

obtenido por parte de los quejosos más datos sobre el aspecto físico de los agentes

que cometieron esta presunta violación, hubiera estado en condiciones de pedir a los

quejosos que reconocieran al perpetrador previa solicitud de los álbumes fotográficos

correspondientes a la Procuraduría local. Ello a su vez le hubiera permitido interponer

una denuncia penal contra el presunto agresor. En este caso la Comisión tampoco

puede invocar como pretexto que los quejosos cometieron un delito o que el asunto

tiene un carácter jurisdiccional. Aun en el supuesto de que los quejosos fueran

culpables del delito que se les imputa, el acto atribuido a los agentes de la autoridad

es a todas luces una violación a los derechos humanos comprendida en la esfera de

atribuciones de la CNDH.

Si bien resulta muy probable que los servidores públicos involucrados nieguen hechos

como los imputados (simulacro de asfixia), ello no exime a la CNDH de su obligación

de solicitar información puntual para obtener la versión de dichos agentes sobre los

hechos que se les imputan, lo cual, como ya se indicó, la Comisión omitió en este

caso. La habitual negativa de los servidores públicos es una razón de más para que la

CNDH realice lo necesario para allegarse de información sobre el particular por otros

medios, tales como la obtención de posibles testimonios, las inspecciones, la

ampliación de la queja por parte de los presuntos agraviados ante la CNDH y el

análisis pormenorizado y comparativo de las versiones de los agentes y los quejosos.

95

El expediente proporcionado por la CNDH al Programa Atalaya no contenía la foja

176, la cual corresponde al oficio de conclusión del expediente enviado al quejoso. La

falta de dicha foja y de las otras constancias igualmente suprimidas de la versión

pública, estaría destinada a impedir al Programa Atalaya realizar un balance completo

del desempeño de la Comisión. No obstante, del Acuerdo de Conclusión emitido por la

CNDH en dicho expediente se desprende, por una parte, que la PGR remitió un

desglose de la averiguación previa a la Procuraduría duranguense a fin de que se

iniciara una investigación por “las lesiones que le causaron (al presunto agraviado)”.

También dio vista a la Contraloría Interna de dicha Procuraduría “para que iniciara el

procedimiento administrativo correspondiente” por dichas lesiones. Lo anterior da

cuenta de que los señalamientos de los quejosos en el sentido de que los agentes

profirieron golpes a uno de ellos quedaron plenamente comprobados por la PGR, pues

pudo observar huellas de lesiones. Ello agrava las omisiones en las que incurrió la

CNDH al excluir de su investigación no sólo la denuncia de golpes, sino también la del

simulacro de asfixia. Como se explicó antes el Organismo decidió no solicitar

expresamente información sobre tales hechos a la Procuraduría local.

El Acuerdo también refiere que los quejosos “se encuentran (bajo la responsabilidad)”

de un juez, lo que le da pie a la CNDH, nuevamente, para concluir el expediente

argumentando que se trata de un asunto jurisdiccional. Sus labores de investigación

en asuntos que son claramente de su competencia, fueron deficientes, en particular en

lo que atañe a los golpes y el presunto simulacro de asfixia.

Por último, en la queja se refirió lo siguiente: “cuando nos iban a tomar la declaración

se nos acercó un agente de la UMAN federal (Unidad Mixta de Atención al

Narcomenudeo) diciéndonos que nos había ido a buscar un licenciado y que si nos

absteníamos en la declaración (sic). El defensor de oficio de la UMAN nos dijo a mi

hermano y a mí que no nos podía asistir ya que ya había asistido a ___. Entonces mi

hermano ___ y yo no declaramos nada, nada más firmamos”. Por esta presunta

irregularidad, la CNDH solicitó a la Defensoría Pública un informe, institución que se

negó a proporcionarlo basada en su adscripción al Poder Judicial de la Federación.

Con independencia de que en la averiguación previa correspondiente conste que los

quejosos fueron asistidos de manera real y efectiva por miembros de la Defensoría

Pública, en este caso como en otros antes analizados, los quejosos manifestaron que

les fue negada dicha asistencia, además de que hacen suponer que firmaron “a

ciegas”, es decir, sin leer, su declaración, en cuyo caso el hecho de que aparezcan

96

firmadas sus declaraciones no alcanza a probar que estuvieron asistidos por un

abogado. La CNDH pudo solicitar a la PGR los videos de las cámaras de seguridad de

la agencia respectiva en los que se aprecie el momento en el que los quejosos dan

lectura al documento que van a firmar.

Por último, ante la negativa del Instituto Federal de la Defensoría Pública en este y

otros casos para proporcionar la información solicitada, la CNDH pudo haberle hecho

notar que aun cuando carece de competencia para conocer de actos atribuibles al

Poder Judicial de la Federación, ello no impide a dicho Instituto proporcionar

información que podría resultar valiosa para que la Comisión cumpla cabalmente con

su función constitucional respecto a servidores públicos cuyos actos u omisiones

corresponden a su ámbito de competencia.



en el expediente?



No

Oficios de solicitudes de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 y 28 ene (2 oficios)

de 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒⇒⇒⇒ 6, 7 mar 08 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 1 feb 08 (IFDP) ⇒⇒⇒⇒ 3 mar 08 (PGR)








98


Dilación e integración indebida de la averiguación previa


Los quejosos manifestaron que la PGR no ha dictaminado la averiguación previa

iniciada con motivo de presuntos delitos por ellos denunciados, no obstante que ha

transcurrido “más de un año desde la fecha en que se admitió la averiguación”. Los

quejosos agregaron lo siguiente: “hemos estado al pendiente de la mencionada

averiguación que ha pasado por diversos ministerios públicos…, hemos sido

pacientes, así como también hemos respetado las formas y los tiempos; estamos

concientes de la carga de trabajo de los servidores públicos, acatamos todas

indicaciones, aportando pruebas indubitables que demuestran la culpabilidad de los

indiciados” (sic).


La CNDH solicitó la información necesaria para la investigación del caso.


La PGR informó a la CNDH que las constancias de la averiguación previa

correspondiente estaban a su disposición en las instalaciones de la Procuraduría para

cualquier revisión que quisiera efectuar. Como en otros casos, la CNDH no permitió al

Programa Atalaya el acceso a diversas fojas en este expediente, entre las cuales está

el oficio 307/2008 mediante el cual el agente del ministerio público responsable del

caso rinde su informe. El referido obstáculo por parte de la CNDH dificulta el cabal

análisis del informe rendido por la autoridad.


Personal de la Comisión acudió a las instalaciones de la PGR a efecto de consultar las

constancias de la averiguación previa, las cuales evidenciaron que “las diligencias que

componen esa (averiguación previa) no fueron realizadas en forma periódica y

continua”. Con motivo de lo anterior la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

99

Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR “dio vista de esa

irregularidad al Órgano Interno de Control de la PGR”. De la documentación existente

en el expediente entregado por la CNDH al Programa Atalaya no es posible inferir si la

decisión de la Subprocuraduría antes mencionada de dar vista por dicha irregularidad

se originó en una gestión por parte de la CNDH o si lo hizo por iniciativa propia. Por lo

demás, la CNDH sugiere a los quejosos aportar pruebas en dicho procedimiento

administrativo, además de solicitar la intervención del Visitador General de la PGR

para, en su caso, iniciar la investigación técnico-jurídica correspondiente.

El Programa Atalaya considera que si bien al concluirse el expediente el problema de

los quejosos no había sido resuelto, a saber, la dilación e inacción del ministerio

público en la integración de la averiguación previa, las acciones de la CNDH

redundaron en la activación de los mecanismos administrativos internos de la PGR

para regularizar la situación.





No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 23 ene 08 Oficio de solicitud de colaboración Sí ⇒⇒⇒⇒ 14 feb 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒⇒⇒⇒ 8 feb 08 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 ene 08 ⇒⇒⇒⇒ 8 feb 08



No


Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 27 mar 08 Actas circunstanciadas en las que se asienta que, a petición de la CNDH, se dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR sobre presuntas irregularidades en la integración de la averiguación previa Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 mar 08

⇒⇒⇒⇒ 12 mar 08



Acuses de recibo √ Acuerdo de conclusión √

101


Cateo ilegal, robo, amenazas, intimidación y detención arbitraria. Presiones para firmar una

declaración alterada por el ministerio público


Las quejosas denunciaron hechos presuntamente violatorios calificables como cateo

ilegal, robo, revisión ilegal de un vehículo, amenazas y detención arbitraria. Los

agentes presuntamente de la AFI y del Grupo de Operaciones Especiales entraron

violentamente a su vivienda, sin identificarse ni mostrar la orden de cateo. Esto afectó

especialmente a una de las habitantes del inmueble que padece diabetes. Durante la

revisión los agentes encontraron “una pequeña cantidad de marihuana”, sustancia que

usa su hermano para consumo personal. Manifestaron también que sus aprehensores

las amedrentaron para que declararan falsamente que en el momento de los hechos

no se encontraban en el domicilio cateado. Agregaron que la declaración que les

dieron a firmar tenía fecha del 6 de diciembre del 2007, no obstante que en realidad

fue rendida el 5 de diciembre del mismo año. Por último, manifestaron que las hicieron

firmar “a la fuerza” sus declaraciones.


En este caso la CNDH solicitó la información necesaria para la investigación del caso.

Incluso pidió a la autoridad “copia a color del álbum fotográfico” y una relación del

personal de la PGR que estuvo comisionado en esa fecha y lugar.

No obstante lo anterior, el Programa Atalaya considera que la CNDH desaprovechó la

oportunidad de subsanar deficiencias de la queja, pues según se desprende del

expediente no se levantó acta circunstanciada alguna que haga constar que personal

del Organismo se haya comunicado con las quejosas a fin de solicitarles mayor

información sobre los hechos, como por ejemplo si estuvieron asistidas por un

abogado al rendir su declaración y en qué carácter se les practicó esta diligencia, si los

agentes que realizaron el cateo levantar un acta con motivo de dicha diligencia, si se

les permitió designar testigos para dar fe de los hechos y si firmaron el acta

correspondiente.

102


En este caso, la CNDH impidió al Programa Atalaya el acceso aproximadamente 135

fojas entre las cuales se encuentra no sólo la averiguación previa correspondiente sino

también el informe de la autoridad en el que responde puntualmente a la solicitud de la

CNDH. En virtud de esta práctica de opacidad por parte del Organismo resulta

imposible pronunciarse sobre la calidad de dicho informe.


La CNDH concluyó el expediente informando a las quejosas que de la información

proporcionada por la autoridad se desprende que un juez obsequió una orden de cateo

para inspeccionar su domicilio, mismo que se realizó el día 5 de diciembre de 2007.

Según informó la autoridad “al no encontrarse con persona alguna” al interior del

domicilio, “se realizó en presencia de testigos de asistencia”; en el domicilio fueron

encontrados objetos con relevancia para la averiguación previa.

La CNDH agregó en su oficio de conclusión lo siguiente: “el 6 de diciembre de 2007,

con motivo del oficio de localización y presentación que les fue girado, al emitir su

declaración ministerial, manifestaron su acuerdo con las diligencias de cateo y

expresaron su deseo de no designar a ninguna persona para que las asistiera, al no

considerarlo necesario”.

La Comisión consideró que no se acreditaron violaciones a los derechos humanos

toda vez que el cateo se efectuó conforme a la ley y su comparecencia ante el

ministerio público federal “se sustenta en el oficio de localización y presentación

8690/2007” de fecha 6 de diciembre de 2007, además de que las quejosas “al

momento de formular su declaración, no refirieron haber sido objeto de robo alguno”.

Por lo demás, la CNDH orientó a las quejosas para interponer, de considerarlo

conveniente, una queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR.

El Programa Atalaya considera que la deficiente actuación de la CNDH en este caso

podría redundar en la impunidad de conductas sancionadas por la ley por parte de

servidores públicos. En efecto, las quejosas fueron enfáticas en su escrito de queja

fechado el 6 de diciembre de 2007 en que al firmar su declaración se percataron de

que “tenía fecha del día 6 del presente mes y año (diciembre del 2007), cuando no es

verdad que se nos haya tomado el día de hoy (6 de diciembre de 2007), por que fue el

103

mismo día que sucedieron los hechos (5 de diciembre de 2007), por lo que

consideramos que se está alterando la fecha que se nos tomó dicha declaración y nos

hicieron firmar a la fuerza” (énfasis añadido).

El dicho de las quejosas se contradice frontalmente con lo informado por la autoridad,

la cual sostiene que las quejosas comparecieron y rindieron su declaración el día 6 de

diciembre de 2007 con motivo de un oficio de localización y presentación, y no el 5 de

diciembre como ellas afirman. Se trata de una contradicción que la CNDH estaba

obligada a investigar y dilucidar plenamente no sólo porque la ley la obliga, sino

porque de asistirle la razón a las quejosas se trata de una irregularidad que de ninguna

manera puede obviarse. La CNDH debió actuar para reunir testimonios de personas

que pudieron haber presenciado el momento en el que las quejosas fueron remitidas al

ministerio público, además de que debió solicitar a la propia PGR las pruebas de

registro y de video pertinentes a fin de generar plena certeza de la fecha en la que las

quejosas se constituyeron físicamente en las instalaciones de dicha autoridad a efecto

de rendir su declaración.

Muy ligada a lo anterior está la discrepancia entre la versión de las quejosas y la

autoridad respecto a si ellas se encontraban o no dentro del domicilio cateado. Las

quejosas sostienen que ellas estaban dentro del domicilio en el momento en el que

entraron los agentes, mientras que la autoridad afirma que en el inmueble no se

encontraba persona alguna, por lo que tuvo que utilizar “testigos de asistencia”. Dicha

contradicción podría haberse resuelto mediante el ejercicio de las facultades de

investigación que la ley otorga a la CNDH, en especial las que le permiten reunir

testimonios de vecinos que pudieron haber presenciado los hechos, a fin de establecer

si los agentes estuvieron en el lugar el 5 de diciembre de 2007 o, por el contrario, el

día 6 del mismo mes y año. Con la ayuda de testigos, la CNDH hubiera tenido mejores

posibilidades de definir si resultaba cierta o no la afirmación de las quejosas en el

sentido de que el día 5 de diciembre salieron de su domicilio en compañía de los

agentes con rumbo a la sede del ministerio público.

Por otra parte, el señalamiento de las quejosas en el sentido de que las “hicieron

firmar (su declaración) a la fuerza” obligaba a la CNDH a reunir mayores elementos de

convicción, en lugar de conferirle un valor de evidencia plena al contenido de dichas

declaraciones presuntamente viciadas.



en el expediente?



No

Oficio de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe Sí ⇒⇒⇒⇒ 15 feb 08 Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 feb 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No



Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 feb 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒⇒⇒⇒ 16 ene 08




105


Detención arbitraria y malos tratos por agentes de la AFI


El quejoso describió hechos presuntamente violatorios calificables como detención

arbitraria y malos tratos por parte de miembros de la PGR, quienes “subieron (al

presunto agraviado) a una de las patrullas que decían AFI”. Al efectuar la detención

“aventaron” a la esposa del quejoso.


La queja fue interpuesta ante el organismo local de derechos humanos el día 25 de

enero de 2008. La CNDH la recibió el día 28 del mismo mes y año. Al siguiente día (29

de enero), la Comisión solicitó información vía telefónica a la PGR, autoridad que se

comprometió a recabar la información y a proporcionarla a la brevedad a la CNDH. El

día 30 de enero, personal de la Procuraduría se comunicó a la Comisión para informar

“que en los registros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en

Delincuencia Organizada, ni en la Delegación Estatal en Coahuila de esa

Procuraduría, no aparecía como detenido el señor___”.

Algunos días después (13 de febrero) el quejoso se comunicó a la CNDH para

manifestar que “era su deseo no continuar con la tramitación de su queja debido a que

su hijo___ ya había sido localizado y se encontraba en libertad, y que no tenía ningún

interés en que se sancionara a ningún servidor público de la Policía Preventiva del

Estado de Coahuila, por ser la autoridad que lo detuvo por dos horas

aproximadamente, ya que lo único que le interesaba era que éste apareciera …,

indicó que su hijo estaba bien, que no presentaba ningún golpe y precisó que en

cuanto tuviera tiempo remitiría a esta Comisión Nacional su agradecimiento por el

interés que se demostró para localizar a su hijo”.

El Programa Atalaya considera que la actuación de la CNDH en este caso contribuye

al deterioro de los estándares o expectativas en materia de derechos humanos en el

país. El hecho de que el presunto agraviado haya aparecido en libertad dos horas

después de haber sido detenido, sin huellas de golpes, no desvirtúa las irregularidades

106

asociadas a su detención. La Comisión estaba obligada a establecer, en primer lugar,

si ocurrió o no la detención del sujeto en los términos expuestos por el quejoso; sin

embargo, no realizó mayores gestiones para obtener plena certeza sobre dicho

aspecto de la queja. No recabó testimonios que le permitieran determinar si

efectivamente el presunto agraviado fue introducido “a una de las patrullas que decían

AFI” o si fue llevado en un vehículo de la Procuraduría local. Este aspecto resultaba

central en la tramitación de la queja no sólo por razones de competencia, sino para la

identificación de los aprehensores. El hecho de que la PGR haya informado que en

sus registros no aparecía como detenido el presunto agraviado, únicamente podría

probar que este último no fue remitido por sus captores ante dicha autoridad, pero no

desvirtúa su presunta detención ilegal.

La CNDH afirma que el quejoso manifestó el 13 de febrero de 2008 que los

aprehensores de su hijo eran miembros de la Procuraduría Estatal de Durango. Este

señalamiento constituye una frontal contradicción con la narración original de los

hechos, según la cual el detenido fue introducido “a una de las patrullas que decían

AFI”. El personal de la Comisión no sólo soslayó tal contradicción y omitió cualquier

actuación dirigida a aclararla, sino que descartó solicitar informes a la Procuraduría

Estatal de Durango sobre si el detenido fue llevado a sus instalaciones tras su captura.

Todo lo anterior da cuenta de la existencia de una violación consentida por la CNDH

justificándose en que el detenido finalmente apareció sin lesiones. La inacción del

Organismo no se convalida por el hecho de que el quejoso manifestara no tener

“ningún interés en que se sancionara ningún servidor público” ni en su

“agradecimiento” hacia la Comisión. Los hechos puestos en evidencia en el expediente

constituyen una detención arbitraria, e incluso podrían constituir una conducta

tipificada penalmente como privación de la libertad cometido por miembros de

instituciones de seguridad pública. De ahí que la CNDH incumplió su deber

constitucional de formular denuncia penal contra los presuntos autores del ilícito

referido. Al ser omisa en casos como éste, la Comisión contribuye al clima de

inseguridad e impunidad en el país y envía un mensaje equivocado a las instituciones

de seguridad en el sentido de que pueden detener impunemente a cualquier persona

sin remitirla a las autoridades competentes, siempre que no la lesionen y la dejen en

libertad en un plazo no muy prolongado.





No

Actas circunstanciadas que hacen constar comunicación telefónica entre la CNDH y la autoridad Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 y 30 ene 08 Acta circunstanciada que asienta el desistimiento por parte del quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 13 feb 07 Oficio de solicitud de información a las autoridades No Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos No Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos No

Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera No






108


Obstáculos a los quejosos para la recuperación de los cuerpos de familiares fallecidos en accidente


Los quejosos manifestaron que el 7 de enero de 2008 familiares “habían perdido la

vida en un accidente en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, motivo por el cual se

presentaron… ante la agencia del ministerio público de esa entidad, con la finalidad de

cerciorarse si efectivamente los señores___ habían perdido la vida, solicitando a dicha

autoridad (acceso a los cuerpos de los difuntos) que habían recogido ese día”. Los

quejosos agregaron que las autoridades locales les informaron “que la averiguación

previa estaba en manos de la Procuraduría General de la Republica… (por lo que) se

trasladaron a las instalaciones de la PGR… donde solicitaron información a cerca del

cuerpo de los señores___, indicándoles el ministerio público que toda la

documentación estaba (en otro lugar) y que todavía no tenían nada”.

El 8 de enero de 2008, los quejosos se presentaron de nueva cuenta en las

instalaciones de la PGR, donde “les pidieron documentación que acreditara la

identificación de los señores (fallecidos en el accidente)”, ante lo cual exhibieron

documentos cuya copia entregaron a la CNDH al momento de interponer la queja. Al

día siguiente, el personal de la PGR les informó que la averiguación previa y “toda la

documentación” sobre el caso se enviaría a la SIEDO, “ya que no dependía de la

Delegación estatal de la PGR”.

Los quejosos pidieron la intervención de la CNDH en virtud de que “desde el 7 d enero

del año en curso (2008) y hasta el día de hoy (9 de enero del mismo año) no han

tenido una respuesta clara por parte de los servidores públicos de la Procuraduría

General de la República sobre la entrega de los cuerpos”, además de que se requiere

“una respuesta rápida por el grado de descomposición de los cuerpos”.


La CNDH entabló contacto con el personal de la PGR en Tamaulipas el 10 de enero

de 2008, es decir, un día después de interpuesta la queja. Se le informó que la

109

averiguación previa fue remitida a la SIEDO, y que ésta sería la “encargada de

autorizar” lo que solicitan los quejosos. El 11 de enero la SIEDO solicitó al personal de

la PGR en Tamaulipas satisfacer las pretensiones de los quejosos “en virtud de que

aquella institución ya realizó todas las diligencias ministeriales pertinentes”.


La CNDH concluyó el expediente como resuelto durante el trámite, informando a los

quejosos las gestiones que realizó y la decisión de la SIEDO de acceder a su petición

en virtud de que dicha institución había realizado las diligencias ministeriales

pertinentes. El Programa Atalaya considera que la CNDH actuó con oportunidad para

auxiliar a los quejosos en el logro de sus objetivos.



en el expediente?



Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 dic 07

Oficio de solicitud de información a las autoridades No Actas circunstanciadas que hacen constar comunicación telefónica entre la CNDH y la autoridad

Sí ⇒⇒⇒⇒ 10 ene 08 ⇒⇒⇒⇒ 25 ene 08

Documentación enviada por un agente del ministerio público federal a la CNDH vía fax Sí ⇒⇒⇒⇒ 11 ene 08 Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos No Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 ene 08


No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso No Acuerdo de conclusión Sí ⇒⇒⇒⇒ 31 ene 08


Cédula o Acuerdo de calificación √

111


Irrupción ilegal en el domicilio y daños materiales en perjuicio de una persona de 94 años.


El quejoso señaló que el 6 de febrero de 2008 “aproximadamente a las 4:45 horas,

unas personas, al parecer elementos del Ejército Mexicano, entraron a su domicilio sin

permiso y comenzaron a registrar cada rincón de su domicilio particular…; que las

personas que entraron a su domicilio llegaron el 5 ó 6 camionetas de color negro; que

ellos portaban uniformes negros” (sic). El quejoso agregó que dichas personas “abrían

las puertas a golpes y patadas” y que “causaron destrozos en la pared en donde se

sujeta el marco de madera de la puerta”. Por último, manifestó que dichos sujetos

“dijeron que andaban persiguiendo a unas personas que traían armas y que vieron que

se habían metido en ese domicilio”. El quejoso aseguró que mantuvo una

conversación con algunos de ellos que “no traían pasamontañas”, y que éstos le

preguntaron cuántas personas vivían en esa casa. Alcanzó a escuchar que uno de los

sujetos “dijo que era el Huachos”. El quejoso manifestó que por su avanzada edad (94

años), no podía acudir personalmente a las instalaciones del organismo local de los

derechos humanos.

Durante la visita que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán

efectuó al domicilio del quejoso, le informaron que los sujetos “que ingresaron a su

domicilio sin limitarse a buscar personas sino que registraron exhaustivamente todos

sus interiores” (sic); incluso “abrieron maletas y levantaron alfombras”. El personal de

dicho organismo local dio fe de que las puertas y cerraduras estaban forzadas, así

como de los daños en la pared referidos por el quejoso.

Personal de la CNDH acudió al domicilio del quejoso el 14 de mayo de 2008 a efecto

de entrevistarlo sobre los hechos materia de la queja. A lo ya narrado anteriormente el

quejoso agregó que no puede determinar el color del uniforme de los sujetos que

ingresaron en su domicilio: “sólo lo veíamos negro en la noche, pues, todo oscuro,

verde oscuro, algo así” (sic). Asimismo, refirió que a partir del momento de la irrupción

“nos faltó un rifle que tenía mi hijo, lo tenía prestado, de diábolos, también nos faltó

una lámpara muy bonita que tenía otro de mis hijos en este lugar, y a partir de ese día

112

desaparecieron, yo no quiero decir que ellos se la llevaron, pero quien más podría

haber sido”. Manifestó que lo que lo “molestó mucho, fue la forma muy exagerada de

gritarle a (su) señora”.


La CNDH solicitó informes a la SEDENA (25 y 28 de febrero de 2008), la SSPF (25 de

febrero de 2008) y la PGR (28 de febrero de 2008). El Programa Atalaya observó que

dichas solicitudes se refirieron expresamente a los distintos hechos manifestados por

el quejoso.


La SEDENA, SSPF y la PGR respondieron a la CNDH, mediante diversos oficios,

negando su participación en los hechos denunciados. Cabe aclarar que el Programa

Atalaya no tuvo acceso directo al informe de la SSPF, el cual presumiblemente se

encuentra entre las fojas a las cuales la CNDH le impidió el acceso (31 a la 36 y 66 a

la 71).


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que las diversas autoridades

se habían deslindado de los hechos. Asimismo, le recordó la conversación que

personal del Organismo sostuvo con él durante su visita de campo, “diligencia en la

cual entre otras cosas señaló que no fue golpeado, maltratado, ni siquiera emplearon

palabras altisonantes en su contra; que no cuenta con evidencias, testigos o algún

dato que permitiera comprobar la irrupción de elementos del Ejército Mexicano o de la

Policía Federal Preventiva en su inmueble. Por último, refirió que no quiere nada,

simplemente que no lo vuelvan a molestar”. La CNDH lo orientó para, en su caso,

interponer una queja ante el Órgano Interno de Control de las fuerzas armadas y de la

PFP, e incluso, una denuncia ante el ministerio público.

El Programa Atalaya considera que la CNDH omitió realizar diligencias para esclarecer

los hechos materia de la queja. Como ya se mencionó, personal del Organismo acudió

al domicilio del quejoso el 14 de mayo de 2008 (más de tres meses después de

ocurridos los hechos). Durante la entrevista, el quejoso manifestó que resulta poco

probable que algún vecino pueda dar un testimonio sobre la llegada e irrupción de los

113

hombres uniformados, en virtud de que su domicilio no está rodeado de viviendas. A la

pregunta formulada por el personal de la CNDH sobre si algún vecino pudo observar

los hechos, el quejosos responde: “nadie, nadie, ¿no se da cuenta de los vecinos que

tengo? Ahí está un templo que casi nunca asiste gente; acá es escuela; allá la tercera

edad y allí la carretera”.

No cabe duda que el personal de la Comisión pudo acudir, aprovechando su visita de

campo, a los lugares mencionados por el quejoso (el templo, la escuela y las

instalaciones “de la tercera edad”), a fin de indagar si en dichos lugares labora un

vigilante, un velador o un sacristán que pudieran dar testimonio de los hechos. No

debe perderse de vista que según el quejoso llegaron al lugar 5 ó 6 camionetas y que

los sujetos se comportaron con violencia pateando puertas, gritando y causando

destrozos. Se trata de una evidencia que no puede desecharse a priori; la CNDH debió

cerciorarse de modo directo de que no hubo más testigos que pudieran dar referencias

sobre la corporación a la que pertenecían los presuntos agresores. Con su omisión, la

CNDH envía un mensaje negativo en el sentido de que este tipo de hechos (el robo,

entre otros) no serán investigados con rigor, sobre todo si ocurren en en lugares o

parajes solitarios, lo que podría alentar su práctica sistemática por parte de servidores

públicos.



en el expediente? Fechas de elaboración, emisión o

sello de los documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 6 feb 08 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio mediante el cual se comunica la quejoso la acumulación de expedientes Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 mar 08 Oficios de solicitudes de información a las autoridades

Sí ⇒⇒⇒⇒ 25 feb 08 (2 oficios) y 28 feb 08 (2 oficios)

Informe de la autoridad y sus anexos Sí

⇒⇒⇒⇒ 10 mar 08

⇒⇒⇒⇒ 4 abr 08 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio o versiones estenográficas, por visita de campo) Sí ⇒⇒⇒⇒ 14 may 08


No


No

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 ago 08 Actas circunstanciadas que hacen constar diligencias practicadas por visitadores de la CNDH en visita de campo Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 jun 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 sep 08



2. Modificación del Acuerdo de calificación √




6. Oficio de remisión de organismo local de DH √

7. Acuerdo de acumulación de expedientes √

115


Traslado de detenidos en condiciones delicadas de salud y obstáculos la visita de los mismos en el establecimiento penitenciario


El quejoso señaló que el 29 de febrero del año 2008 “(los agraviados) fueron detenidos

por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, con quienes

sostuvieron un enfrentamiento a balazos, resultando heridos de gravedad…”. Agregó

que dichas personas fueron enviadas para su atención a un hospital de la ciudad de

Durango y unos días después (4 de marzo de 2008) “fueron trasladados vía aérea

para ser internados en el CEFERESO número 2 con sede en Puente Grande Jalisco”.

El quejoso advirtió que teme por sus vidas “pues no se encuentran en condiciones

médicas factibles para que los hubieran trasladado… y mucho menos (para ser)

recluirlos en un centro de máxima seguridad”.

El día 7 de marzo de 2008 el quejoso manifestó telefónicamente a la CNDH que “no ha

podido ver a los agraviados a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones”. Se le

orientó a fin de que “efectuara los trámites respectivos para que se le permitiera entrar

al CEFERESO…, y de ser procedente se le permitiera verlos y entrevistarse con ello;

en caso contrario, y de persistir en su consideración de que servidores públicos de ese

Centro Federal se excedieron en el desempeño de sus funciones…, presente queja

ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública Federal”.


El Programa Atalaya no encontró en el expediente proporcionado por la CNDH oficio

alguno dirigido a las autoridades solicitando información sobre los hechos imputables a

la AFI, como tampoco por las violaciones atribuibles al CEFERESO. Tampoco se

encontraron constancias de actas circunstanciadas por conversaciones telefónicas o

presénciales entre la CNDH y dichas autoridades.

116


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que el 5 de marzo de 2008

personal de ese Organismo se entrevistó con una funcionaría de la PGR, “la cual

refirió que a las 21 hrs. del 4 de (marzo de 2008) los agraviados fueron trasladados al

CEFERESO de Puente Grande…, derivado de que un perito médico de la PGR

certificó que sí se encontraban en condiciones físicas de ser trasladados y que las

alteraciones que presentaban no ponían en peligro la vida de los afectados, aunado a

que el facultativo los acompañó previendo alguna complicación”. El Programa Atalaya

hace notar que no existe en el expediente acta circunstanciada alguna u otro

documento que haga constar dicha entrevista con la funcionaría de la PGR, no

obstante que la versión pública del expediente, en este caso, no muestra

interrupciones en la secuencia de las fojas.

La Comisión concluyó afirmando que “no contó con elementos de prueba que

permitieran acreditar las aseveraciones que efectuó en su escrito inicial”, puesto que

los heridos estaban en condiciones físicas de ser trasladados.

La CNDH agregó que “por cuanto hace a su manifestación en el sentido de que en el

aludido Centro Federal no se le ha permitido ver a los agraviados, se le indica que

(una alta funcionaria) de la PGR comunicó a este Organismo Nacional que el traslado

de los agraviados se efectuó a las 21 horas del 4 de marzo de 2008, lo que se

corroboró con lo manifestado por usted al referir en su escrito inicial que esperaba que

éstos llegaran al CEFERESO a las 00:30 horas del 5 del citado mes y año”.

Al respecto, debe recordarse que el quejoso manifestó a las 17:45 horas del 7 de

marzo de 2008, es decir, dos días después de que los presuntos agraviados

ingresaron al Centro Federal, que las autoridades de éste no le había permitido

visitarlos a pesar de solicitarlo “en varias ocasiones”. Ese mismo día (7 de marzo), el

quejoso hizo notar telefónicamente a la CNDH que “no ha podido ver a los agraviados

a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones”. El Organismo lo orientó a fin de

que “efectuara los trámites respectivos para que se le permitiera entrar al

CEFERESO…, y de ser procedente se le permitiera verlos y entrevistarse con ellos; en

caso contrario, y de persistir en su consideración de que servidores públicos de ese

Centro Federal se excedieron en el desempeño de sus funciones…, presente queja

ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública Federal”.

117

No existen constancias en el expediente que acrediten que la CNDH haya dado

seguimiento a este aspecto de la queja. No entabló nuevas comunicaciones con el

quejoso ni con las autoridades del CEFERESO a fin de corroborar o descartar la

subsistencia de obstáculos injustificados para el ingreso al penal del representante de

los presuntos agraviados. El expediente pone de manifiesto que la CNDH no realizó

acción alguna con respecto a esa presunta irregularidad entre el 7 de marzo de 2008 y

el 28 del mismo mes, fecha en la que comunica al quejoso la conclusión del

expediente y le “sugiere” que “presente (en el CEFERESO) la documentación que se

le requiera para su acreditación y registro en términos de lo establecido en los

artículos 87 y 88 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social”.

La presunta negativa del CEFERESO para el ingreso del representante de los

agraviados, era una cuestión que requería acciones inmediatas y eficaces por parte de

la CNDH, sobre todo si se considera que los internos mostraban “alteraciones” en su

salud; en ese sentido, la orientación al quejoso por parte de la Comisión para

interponer una queja ante el Órgano Interno de Control de la SSPF resulta una medida

poco congruente con la situación planteada por el quejoso el 7 de marzo y la urgencia

del caso. No debe soslayarse que conforme a los Principios 18 y 19 del Conjunto de

Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de

detención o prisión de la ONU6, las restricciones para la comunicación de los internos

con el mundo exterior deben ser “razonables” y acordes a las leyes aplicables. Es

justamente la razonabilidad y la legalidad de las restricciones impuestas en este caso

por el CEFERESO lo que la CNDH omitió verificar al dar por concluido el expediente.

6 Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.



en el expediente?


documentos Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒ 4 mar 08 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Contactos telefónicos documentados en actas circunstanciadas realizados entre personal de la CNDH y el quejoso Sí ⇒ 6 mar 08

⇒ 7 mar 08 (2 actas) Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficio de solicitud de información a las autoridades No Recordatorios a la autoridad para que rindiera su informe No Informe de la autoridad y sus anexos No Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo) No


No


Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒ 28 mar 08 Actas circunstanciadas diversas Sí ⇒ 5 mar 08


1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Modificación del Acuerdo de calificación √ 3. Acuses de recibo √ 4. Acuerdo de conclusión √ 5. Oficio de remisión de organismo local de DH √

119


Falsa acusación, irregularidades en el desempeño del defensor, incomunicación y daño a la imagen


El quejoso manifestó que su hermano fue detenido por policías preventivos en virtud

de que una persona lo señaló como quien le vendió un pan elaborado con

“marihuana”. Cabe señalar que el detenido es adicto a dicha droga. Según el quejoso,

luego de la detención los policías convocaron a los medios de comunicación y

exhibieron a su hermano junto con una cantidad de supuestos panes elaborados con

dicha sustancia que no le pertenecían, sino que le fueron “sembrados” como prueba.

Posteriormente, lo remitieron a una agencia del ministerio público federal en donde

estaba presente un defensor de oficio que no le habría dado la asesoría necesaria

para rendir su declaración. Por último, el quejoso refirió que mientras su hermano

estuvo detenido en los separos se le incomunicó y se le impidió recibir visitas.


La CNDH solicitó la información necesaria para la investigación de la queja a la

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la PGR y al Instituto Federal de

Defensoría Pública.


La CNDH concluyó el expediente informando a los quejosos que no contó con

elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos en la inteligencia de que

el detenido fue asistido por un defensor público durante su declaración y que durante

su estancia en la agencia del ministerio público fue visitado por un conocido.

No obstante, y a pesar de haber solicitado información sobre el particular a la SSPDF,

la Comisión excluyó de la investigación lo relativo a la exhibición del detenido ante los

medios de comunicación y la presunta violación de sus derechos a la presunción de

inocencia y a la protección de la imagen. Los quejosos plantearon esta cuestión desde

120

el inicio del procedimiento, pero la CNDH concluyó el expediente sin pronunciarse

sobre si la autoridad policial respetó o no los derechos humanos al convocar a los

medios y exhibir a una persona no condenada judicialmente. Debe considerarse, por

una parte, que las imágenes difundidas por los medios ―de fácil verificación por parte

de la CNDH― no fueron captadas en flagrante delito, sino en un escenario montado

para tal efecto por las autoridades, y por otra, que la exhibición de personas no

sentenciadas, que a la postre resultan absueltas, puede dañar de manera irremediable

su imagen y su reputación. En ningún caso la Comisión puede actuar anticipando las

resultas del juicio sin comprometer ella misma el principio de presunción de inocencia.

En este, como en otros casos documentados en el presente estudio, la CNDH optó

deliberadamente por no incorporar a su investigación un aspecto significativo de la

queja, lo que se traduce en la “invisibilización” de ciertos derechos fundamentales ―en

este caso el derecho a la reputación― y conduce a preguntarse si la Comisión no los

considera derechos susceptibles de protección en el ámbito de sus atribuciones.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 jun 09

Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 2 jul 09 Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 2 jul 09

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí

⇒⇒⇒⇒ 2, 7 y 10 jul 09 ⇒⇒⇒⇒ 7, 9, 10 y 11 sep 09


⇒⇒⇒⇒ 16 y 21 jul 09 ⇒⇒⇒⇒ 11, 18 y 20 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 8 oct 09


No




Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 oct 09




122


Cateo ilegal, violencia y uso indebido de armas de fuego en perjuicio de un niño y una persona de avanzada edad


Los quejosos refirieron que agentes de la AFI irrumpieron en su domicilio, ejercieron

violencia física y verbal y realizaron amenazas con arma de fuego. Uno de los

agredidos era una persona de avanzada edad (84 años) y otro era un niño. Los

agentes sustrajeron “discos” apócrifos del domicilio de los afectados e intentaron

llevarse un equipo de sonido y una televisión, argumentado que “eran la prueba del

delito”. Agregaron que existe evidencia visual de lo sucedido, ya que personas del

lugar “grabaron” los hechos.


La CNDH solicitó la información necesaria para la investigación de la queja. Entre lo

que solicitó a la PGR, destaca lo siguiente: precisar “si dentro del parque vehicular con

el que se encuentra en esa localidad existen las patrullas con los números de placas

___; de ser el caso, indicar el nombre y cargo de las personas que tuvieron bajo su

resguardo las patrullas de referencia, agregando copia a color del álbum fotográfico de

los elementos que se encontraban de guardia el 13 de junio de 2009”.

Valoración de las respuestas de la autoridad

La PGR informó a la CNDH que, “por lo que hace a la copia del álbum fotográfico de

los elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos a la Delegación de

esta institución en el Estado de Yucatán, esta Subprocuraduría se encuentra

imposibilitada para su cumplimiento, en virtud de lo establecido en el párrafo quinto del

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”.

El Encargado de la Jefatura Regional de la AFI en el estado de Yucatán informó que

“no ha realizado alguna investigación en el domicilio ___; que no se ha llegado a cabo

alguna orden de cateo en dicho domicilio y que tampoco se tiene conocimiento de que

elementos de esta Jefatura Regional hayan golpeado a las personas de nombre ___”.

123

Agregó que “no hay alguna acta circunstanciada, averiguación previa o alguna puesta

a disposición (sic) con respecto a la queja interpuesta por el directamente quejoso,

pero que sí se cuenta con investigaciones con aseguramiento de piratería del día 13

de junio del año en curso (2009), mediante oficios ___ suscritos por ___, Agente del

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa III Especializada en Delitos de

Derechos de Autor y Propiedad Industrial, en donde se solicita investigación de la

existencia de venta de discos piratas, por lo que mediante oficio ___ se da

cumplimiento a dichas investigaciones con el aseguramiento de piratería” (sic).

Dicho funcionario informó, asimismo, que “en esta Jefatura Regional de la Agencia

Federal de Investigación en el Estado, en el parque vehicular sólo coinciden las placas

del vehículo con el número ___, que pertenecen a ___, y que dicho resguardo está a

nombre del encargado de la Jefatura Regional; con lo que respecta al álbum

fotográfico de los elementos que se encontraban de guardia el día 13 de junio del año

en curso, es el (nombre del agente); se anexa a la presente fotografía de dicho

elemento del día 13 de junio del año en curso que se encontraba de guardia” (sic).

Por su parte, los agentes del ministerio público encargados de la investigación relativa

a la mercancía ilegal, informaron lo siguiente: que “con la finalidad de darle

cumplimiento a lo ordenado” se constituyeron en diversos domicilios. En el primero,

encontraron “un local sobre la banqueta pública, donde se encontraban a la venta

discos y películas apócrifos de los denominados piratas, sin encontrarse en dicho lugar

ninguna persona en esos momentos, motivo por lo cual nos entrevistamos con

diferentes vecinos, no sin antes identificarnos plenamente como agentes federales de

investigación; al hacerles saber el motivo de nuestra presencia, omitieron sus

generales por creerlo así conveniente a sus intereses; coincidieron cada uno en

manifestar no conocer el nombre de la persona quien atiende dicho negocio, así como

también desconocer a una persona de origen poblano, quien posee una camioneta

Chevrolet Colorado, siendo todo lo manifestado, motivo por el cual se procedió a

asegurar todos los discos y películas apócrifas de las denominadas piratas” (sic).

Respecto al segundo domicilio, los agentes sostienen haber obtenido “resultados

negativos”; en el tercero no lograron identificar a las personas que se dedican a la

venta de la mercancía referida, pero sí aseguraron “todos los discos y películas de las

denominadas piratas”. En el cuarto domicilio observaron que “se encontraba a la vista

la venta de discos y películas apócrifas de las denominadas piratas sobre la banqueta

pública, sin encontrar ninguna persona atendiendo dicho negocio, por lo que se

124

procedió a asegurar todos los discos y películas apócrifas” (sic). En el quinto y último

domicilio, implementaron “vigilancia mixta” con la finalidad de “ubicar a una persona de

complexión robusta, alto y moreno, quien al parecer se dedica a la venta de discos y

películas apócrifas de las denominadas piratas, no obteniendo resultados de la

persona antes descrita, ya que dicho lugar se encontraba solo, pero sí había discos y

películas apócrifas sobre la banqueta pública, motivo por el cual se procedió a

asegurar dichos discos y películas” (sic).


La CNDH concluyó el expediente informando a los quejosos que de la información

proporcionada por la PGR se desprende que el operativo realizado el 13 de junio de

2009 se realizó “en cumplimiento a la investigación solicitada dentro del acta

circunstanciada ___ por la venta y reproducción de discos con material apócrifo de los

denominados piratas, lo cual se acredita con el oficio 2473 del 13 de junio de 2009, por

el que la Policía Federal Ministerial dio cumplimiento a lo solicitado un día anterior

mediante los oficios 1609/09, 1602/09, 1604/09, 1608/09 y 1596/09; asimismo, se

informó que respecto al parque vehicular sólo coinciden las placas ___”.

La Comisión manifestó al quejoso que “se advirtieron evidentes contradicciones entre

lo expresado por el (propio quejoso) y lo informado por la autoridad…, motivo por el

cual el 28 de septiembre de 2009 personal de esta Comisión Nacional, vía telefónica,

le dio vista del informe rendido por la PGR…, a fin de que manifestara lo que a su

derecho conviniera, obteniendo como respuesta que la autoridad siempre negará sus

acciones y nunca aceptará sus errores, que la queja la presentó por las lesiones que le

ocasionaron y no por la mercancía que le decomisaron”. El acta circunstanciada que

hace constar dicha llamada asienta expresamente que el quejoso manifestó “su

inconformidad con ese informe y que solicitó nuevamente “se investigue y se sancione

a los agentes federales que golpearon a su familia”.

La CNDH informó a los quejosos que solicitó un informe a la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Yucatán respecto de la averiguación previa abierta con motivo

de la denuncia presentada por los quejosos por las agresiones de que fueron objeto.

En respuesta, dicha autoridad local le informó que, con motivo de la denuncia, “se

solicitó a los médicos forenses de esa Procuraduría practicaran un examen médico de

integridad física y psicofisiológica (a los agraviados); asimismo, se requirió al Director

de la Policía Judicial del Estado la investigación de los hechos…; se practicó una

125

inspección ocular en su domicilio….; (el informe de la Policía Judicial destaca que) se

solicitó información al padrón vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública de las

siguientes placas de circulación del Estado… arrojando como resultado que los tres

primeros corresponden a vehículos oficiales asignados a la Procuraduría General de la

República, Delegación Regional Yucatán, y que del último número no se obtuvo

registro alguno; y que posteriormente, al solicitar mayor información en las

instalaciones de esa Procuraduría General de la República, le indicaron que

únicamente se puede dar información a través de un oficio emitido por el agente del

ministerio público, por lo que se encuentra pendiente de enviar ese oficio al Delegado

de la Procuraduría General de la República en el Estado”.

La Comisión informó también a los quejosos que “las lesiones a las que hacen

referencia están siendo investigadas por la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Yucatán, actos por los que este Organismo Nacional dio intervención al

Órgano Interno de Control en la (PGR) por ser la autoridad facultada para investigar

las irregularidades en las que pudieron haber incurrido los servidores públicos

involucrados en los hechos…”. En consecuencia, la CNDH sugirió a los quejosos, en

vía de orientación, “entrar en comunicación con el … titular del Área de Quejas y

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la PGR… Asimismo, de convenir

a sus intereses y de contar con los elementos de prueba que acrediten su dicho, las

aporte al agente del ministerio público responsable de la integración de la averiguación

previa ___, quien en su momento determinará lo que conforme a derecho proceda, por

ser la autoridad facultada para la investigación y persecución de los delitos…”.

La Comisión dio vista de los hechos al Órgano Interno de Control de la PGR en los

siguientes términos: “del análisis de la queja y de las constancias recabadas por esta

Comisión Nacional se advirtió que el trato inadecuado y las lesiones que el quejoso

atribuye a servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría General de la

Republica en Tabasco (sic) al momento de llevar a cabo un operativo el 13 de junio de

2009, pudieran ser objeto de investigación; le envío copia de la queja y de los informes

rendidos por la Procuraduría General de la República y de Justicia del Estado de

Yucatán, para que en el ámbito de sus atribuciones determine sobre el inicio de la

investigación administrativa correspondiente en contra del personal que resultó

involucrado en los hechos (…). Seguro del apoyo que brindará al quejoso, y de no

existir inconveniente alguno, amablemente le solicito se tomen las medidas que

considere necesarias y oportunamente informe a este Organismo Nacional sobre el

avance y resultado de sus gestiones”.

126

Con base en la información arriba plasmada, el Programa Atalaya considera que el

desempeño de la CNDH en este caso muestra diversas deficiencias. Los quejosos

fueron enfáticos en que los agentes irrumpieron o ingresaron a su domicilio; agregaron

que “al entrar a su domicilio (los agentes) fueron directamente sobre la compareciente

(la quejosa)”. La PGR negó tácitamente dicha irrupción, pues se limitó a sostener que

“la investigación” por venta de mercancía apócrifa se realizó en la vía pública. La

autoridad también negó haber tenido contacto con cualquier persona asociada con la

venta de dicha mercancía, argumentando que en los lugares donde encontró material

apócrifo no había personas presentes. Estos dos aspectos no fueron investigados con

rigor por la CNDH, no obstante que entrañan presuntas violaciones a los derechos

humanos.

Por una parte, el Organismo no realizó diligencias ― entrevistas con los vecinos, por

ejemplo ― destinadas a establecer si los agentes irrumpieron o no al domicilio de los

quejosos. Tampoco realizó acciones para obtener acceso al material de video en

poder de los vecinos relativo a los hechos materia de la queja. Al no existir orden de

cateo, resultaba poco probable que la autoridad reconociera, aunque fuera cierto, que

sus agentes ingresaron al domicilio. De ahí que la CNDH estaba obligada a ejercer a

plenitud sus facultades de investigación, resolviendo las contradicciones entre las

versiones del quejoso y de la autoridad. A pesar de tratarse de un hecho

presuntamente violatorio denunciado expresamente en la queja, la Comisión decidió

motu proprio no investigar el presunto allanamiento o cateo ilegal y excluirlo de su

investigación. Tan es así, que no se consideró con el deber de explicar a los quejosos,

en el oficio de conclusión del expediente, el resultado de su investigación con respecto

a la irrupción domiciliaria ilegal. Se trata de otro caso de “invisibilización” de derechos

por parte de la CNDH.

Por otra parte, al no recabar testimonios de los vecinos ni analizar el video realizado

por éstos, la CNDH quedó imposibilitada para hacerse de una opinión propia sobre si

los agentes tuvieron o no un contacto físico directo con los presuntos agraviados. Este

aspecto resultaba crucial para pronunciarse sobre si los agentes cometieron excesos

en el uso de la fuerza en perjuicio de los agraviados. La CNDH no realizó diligencias

destinadas a documentar o dar fe de las lesiones sufridas por los agraviados a causa

de la acción policial, sino que se limitó a hacer constar que “las lesiones están siendo

investigadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán” y que los

peritos de la misma las documentaron en la averiguación previa correspondiente.

127

No obstante lo anterior, la CNDH decidió no investigar las relaciones de causalidad

entre los hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos denunciados por

los quejosos y las lesiones también acusadas por éstos y documentadas por los

peritos de la Procuraduría local. Con ello, eludió dar una respuesta efectiva y un

respaldo satisfactorio a los quejosos y se limitó a sugerirles dar seguimiento a la

averiguación previa ante la autoridad local integrada a iniciativa de los propios

quejosos y ponerse en contacto con el titular del Órgano Interno de Control de la PGR,

instancia a la que, según se mencionó antes, la CNDH le dio vista de los hechos.

La CNDH obtuvo datos fehacientes en el sentido de que la PGR había falseado los

hechos al rendir su informe. En efecto, esta última negó que los números de placas

referidos por los quejosos correspondieran a vehículos de la institución, lo cual fue

desvirtuada por las investigaciones de la Procuraduría local, la cual recabó información

en el sentido de que “los tres primeros números (de placas) corresponden a vehículos

oficiales asignados a la Procuraduría General de la República, Delegación Regional

Yucatán”. La PGR también habría falseado información por lo que hace a que durante

los “operativos” del 13 de junio de 2009 encontró los puestos de mercancía apócrifa

“abandonados”, esto es, sin la presencia de las personas que los atienden. De no

haber existido contacto con los quejosos, la producción de lesiones en su perjuicio

hubiese sido imposible. La PGR habría falseado también la información que se refiere

a que los “operativos” se limitaron a acciones en la vía pública. La CNDH tuvo a su

alcance material de video que desvirtuaba el informe de la PGR y daba cuenta de las

circunstancias en las que ocurrieron los hechos, incluyendo la irrupción ilegal de los

agentes en el domicilio de los quejosos, aunque finalmente el Organismo optó por no

revisar dicho material. No obstante estos antecedentes, la CNDH decidió colocar a los

agraviados nuevamente frente a la institución cuyos miembros perpetraron las

agresiones y falsearon los hechos.

Ciertamente, el Órgano Interno de Control de la PGR tiene facultades para investigar

presuntas conductas irregulares de los miembros de la institución, pero no se trata de

una competencia que exima a la CNDH de la obligación de realizar una investigación

exhaustiva por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo cual decidió no

hacer, abdicando de sus responsabilidades. Así lo demuestra el hecho de que, al dar

vista a dicha instancia de la PGR, la Comisión no asume ninguna responsabilidad en

la investigación y obtención de las evidencias, sino que se limita a sostener que “el

quejoso atribuye” lesiones y trato inadecuado a servidores públicos de la PGR. Con

128

ello, deja en el desamparo a los quejosos frente a sus agresores, pues no se

compromete con los hallazgos de su propia investigación ni le confiere valor de

evidencia a ninguna de los datos fehacientes surgidos durante la tramitación de la

queja. Para cerrar el círculo, la CNDH omitió dar seguimiento a la investigación interna

que habría emprendido la PGR; al menos no existen documentos al respecto en el

expediente de queja. Por lo que respecta a la averiguación previa iniciada con motivo

de las lesiones en la Procuraduría de Justicia de Yucatán contra los agentes de la AFI,

resulta difícil suponer que la CNDH, con sus años de experiencia, otorgue crédito a la

posibilidad de que dicha instancia local estará en condiciones de llevar a buen puerto,

por sí sola, una denuncia contra servidores públicos federales por hechos de esta

naturaleza. Dado que en la producción de las lesiones estuvieron involucrados

presumiblemente servidores públicos federales, la CNDH debió insistir en la necesidad

de que fuese la PGR la responsable de integrar la averiguación previa

correspondiente, y no la Procuraduría local.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 16 jun 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 sep 09 Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 13 ago y 12 oct 09

Informe de la autoridad y sus anexos

No

⇒⇒⇒⇒ 13 jun 09 ⇒⇒⇒⇒ 22 y 27 ago 09 ⇒⇒⇒⇒ 8 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 23 y 28 oct 09


No


No

Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera Sí ⇒⇒⇒⇒ 28 sep 09






130


Irrupción ilegal en el domicilio, detención arbitraria, violencia física, destrozos y robo de documentos


Los quejosos manifestaron que agentes de la AFI irrumpieron en su domicilio y

detuvieron a miembros de su familia por su presunta participación en el homicidio “de

dos elementos de la Policía Judicial Federal”. Durante la referida acción policial, los

agentes “causaron destrozos, se llevaron documentos de identificación personales

(sic) de ___, además de que no todos (los agentes) llevaban uniformes”. Agregaron

que los agentes “no se identificaron como elementos policíacos con documentos

fehacientes, utilizaron palabras altisonantes”; los amenazaron con armas de fuego,

colocándoselas “en el cuerpo, en actitud de disparar”, además de que los

“amenazaron continuamente”. Por último, manifestaron que les fue imposible tomar las

placas de los vehículos de los agentes, pero pudieron percatarse de que “no portaban

logotipos ni siglas”. Solicitaron la intervención de la CNDH para que se investiguen los

hechos referidos, así como para que los detenidos puedan ser visitados y reciban

atención médica, ya que “al momento de la detención, los policías utilizaron violencia

en su contra”.

Entrevista de los presuntos agraviados por parte de la CNDH

El día 17 de julio de 2009, miembros del personal de la Comisión entrevistaron a los

presuntos agraviados en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza-Bordo,

además de que les practicaron una “revisión física y médica”. Uno de los entrevistados

manifestó que el día de los hechos (13 de julio de 2009) fue detenido junto con otra

persona fuera de su casa, que durante su detención los agentes “les dieron un golpe

en el estómago y los subieron a una camioneta…, donde los vuelven a patear y

golpear en la cabeza y costillas”. El entrevistado agregó lo siguiente: “cuando el

agente del ministerio público (ante el que rindió su declaración) le preguntó si había

sido golpeado al observarle un raspón, por consejo de su abogado dijo que no”.

Otro presunto agraviado manifestó lo siguiente al personal de la CNDH: “que el 13 de

julio de 2009 como a las 10 ó 10:30 PM se encontraba en su recámara… (que)

131

elementos armados lo sacaron de inmediato violentamente a la calle, en donde se

encontraban los señores ___ tirados en la banqueta, y a él lo aventaron sobre ellos,

para después, a golpes, subirlo a una camioneta en la que se le preguntaba por el

lugar en donde se encontraba el jefe apodado ___, y como él decía no saber de qué le

hablaban, le pegaban en todas partes del cuerpo…”.

El último entrevistado manifestó que “se encontraba fuera de su domicilio… cuando

vio… la presencia de varias camionetas… de repente, un agente por detrás le dobló la

mano y le puso un arma ordenándole que se tirara al suelo y lo comenzó a revisar y

posteriormente lo aventaron al interior de una camioneta en la que le pegaron cocos y

zapes (sic) en la cabeza mientras el preguntaban por el jefe ___ y él sólo decía no

saber nada al respecto… un elemento le pagaba en las costillas insistiendo en

preguntarle por el jefe; posteriormente se le llevó agua en una cubeta y se le ordenó

lavarse la cara y después de que se le fotografió se le puso bajo la responsabilidad del

ministerio público a las 2:00 ó 3:00 horas y le permitieron llamar a sus familiares”.


La CNDH solicitó información a la PGR y al Juez de Distrito que conoce de la causa.

A este último le solicitó copia de los certificados médicos realizados a los agraviados,

de su declaración ministerial y del pliego de consignación de la averiguación previa

que dio origen a la causa penal, así como de la declaración preparatoria de dichas

personas. La información solicitada a la PGR se refirió de manera expresa a todos los

aspectos planteados en la queja, con excepción del señalamiento en el sentido de que

los vehículos que conducían los agentes no llevaban logotipos ni siglas.

Informes rendidos por las autoridades

La PGR informó a la CNDH que se encontraba “imposibilitada” para acceder a su

solicitud en el sentido de realizar la consulta o inspección de la averiguación previa

correspondiente; lo anterior con fundamento en el párrafo sexto del artículo 16 del

Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, informó que “entre las cuatro y

cinco de la mañana en el kilómetro 61+800 de la autopista Puebla- México hubo un

enfrentamiento por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y 5 probables

asaltantes…”. En tales hechos resultaron heridos algunos de los involucrados,

mientras que otros fallecieron. Durante la investigación de los hechos algunos de los

“vecinos de los poblados cercanos” señalaron a los miembros de una “banda” que ha

132

estado involucrada en diversos asaltos en la zona y proporcionaron sus seudónimos.

Los testigos solicitaron el anonimato por temor a represalias.

En tal virtud, el 14 de julio de 2009 se dio cumplimiento a un mandato ministerial.

Durante un recorrido por el poblado los agentes “se percataron que… en la acera norte

había cuatro sujetos del sexo masculino que platicaban, pero al momento de estar a

escasos metros… observaron que uno de esos, quien ahora se sabe responde al

apodo de ___, entrega un arma de fuego a otra persona”, por lo que se procedió a su

revisión y a la de sus acompañantes y se aseguraron diversas armas de fuego así

como bolsas de plástico que aparentemente contenían marihuana y cocaína. Los

detenidos abrían reconocido su participación en el asalto fallido en el que perdieron la

vida diversas personas. Cabe hacer notar que la CNDH impidió el acceso al Programa

Atalaya a documentos cuya naturaleza se ignora y que podrían formar parte del

informe rendido por las autoridades (fojas 12 a 33 y 57 a 315). Es posible que entre

dichas fojas eliminadas por la CNDH se encuentren las copias de la averiguación

previa correspondiente.


La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa el contenido del informe de

la PGR. Le aclaró que los presuntos agraviados “no formularon querella alguna por las

lesiones que presentaron, (además de que) en la declaración preparatoria

manifestaron que la forma en que se narró se realizó su detención (sic) no

correspondía con la realidad, ya que lo cierto era que a golpes habían sido detenidos y

sometidos, y que uno de ellos fue sacado de su domicilio, al cual los elementos

aprehensores entraron sin contar con la respectiva orden judicial…, causando

destrozos y sustrayendo indebidamente diversos objetos”. La Comisión agregó que

“las lesiones que presentaban… son similares a las producidas accidentalmente, no

ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos de quince días”.

La Comisión resolvió dar vista de los hechos al Órgano Interno de Control en la PGR,

“por ser la instancia competente para investigar y sancionar las conductas de los

funcionarios de esa dependencia”: Le sugirió a la quejosa establecer contacto con el

titular de dicha instancia.

El Programa Atalaya considera que en este caso la CNDH incurrió en omisiones

durante su investigación que afectaron el resultado de la misma. Debe subrayarse que

133

existe contradicción entre lo afirmado por los agraviados y la autoridad. Los primeros

manifestaron que los agentes irrumpieron en el domicilio sin orden de cateo y que

incluso causaron destrozos en el lugar. Por su parte, la autoridad informó que la

detención de dichos sujetos se llevó a cabo en la vía pública luego de que durante un

“recorrido” advirtieron que portaban armas de fuego. Tal contradicción evidente no

bastó para que la CNDH diera vista a los agraviados del contenido del informe de la

autoridad a fin de que pudieran hacer observaciones y aportar información adicional.

La CNDH no realizó gestión alguna para desentrañar tal contradicción. Estaba a su

alcance entrevistar a vecinos de la zona quienes podrían haber confirmado o

desmentido el supuesto ingreso de los agentes al inmueble mencionado. Si la

Comisión quería evitarse el traslado de su personal al lugar, podía pedir el apoyo del

organismo local de derechos humanos para practicar la diligencia como lo ha hecho en

otros casos. De confirmarse que los agentes ingresaron al domicilio no sólo se

comprobaría la violación de la norma que les impone contar con una orden de cateo,

sino que toda la versión de dichos agentes sobre los hechos, incluyendo la supuesta

confesión de los detenidos de haber participado en el asalto fallido, quedaría en

entredicho.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 23 jul 07 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 21, 24 y 26 ago 09


No

⇒⇒⇒⇒ 28 sep 09 oficio y anexos de autoridad lo cal)

⇒⇒⇒⇒ 7 sep 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

Sí

⇒⇒⇒⇒ 17 jul 09 (visita de campo al quejoso en el CPRSN)








135


Detención arbitraria, violencia física con fines de incriminación y dilación en el traslado del detenido al ministerio público


La quejosa denunció que agentes federales interceptaron a su esposo, quien viajaba

en una camioneta con placas de California, EUA, en compañía de otras personas. Los

agentes los acusaron de ser “polleros”, bajaron a su esposo de la camioneta y lo

subieron a una patrulla. Mantuvieron por espacio de tres horas dando vueltas al

detenido por la ciudad de Tecate, Baja California, “lo que contraviene la inmediatez

con que debió ser puesto (bajo la responsabilidad) del ministerio público”.

Posteriormente los detenidos fueron trasladados a un hotel donde se hospedaban los

agentes federales, “lugar en el que al igual que sus acompañantes fue golpeado al

grado de causarle lesiones, lo que se puede corroborar con el dictamen que obra en la

(averiguación previa) que se le instruyó y en el certificado médico de ingreso al Centro

de Readaptación Social de Tijuana, Baja California”. El ministerio público ejercitó

acción penal en su contra, por lo que se le sigue proceso ante un Juez de Distrito con

residencia en la ciudad de Tijuana.

Según refirió la quejosa, su esposo se encuentra en el hospital “debido a las lesiones

que le causaron los agentes de la Policía Federal”. Solicitó a la CNDH su intervención

“para que se investigue la actuación de los agentes de la Policía Federal que

detuvieron a (su) marido, así como la del personal de la PGR que intervino en su

interrogatorio y consignación, pues no dable que se conceda valor a los testimonios

de quienes deponen en contra de (su) esposo, ni la de él mismo, habida cuenta que se

obtuvo mediante golpes, coacciones y amenazas”. Asimismo, solicitó “se investigue

que a la fecha se desconoce el paradero de la camioneta de (su) marido, la cual fue

manejada por los agentes de la Policía Federal el día en que ocurrieron los hechos”.


La CNDH solicitó información al Centro de Readaptación Social de Tijuana, Baja

California, al Hospital General de Tijuana, al Juez Quinto de Distrito en el Estado de

Baja California, a la SSPF y a la PGR. En general, solicitó la información necesaria

136

para esclarecer los hechos pero omitió requerir los álbumes fotográficos oficiales en

los que aparecen los agentes involucrados.


La PGR informó a la CNDH que con respecto a su solicitud para que personal de esta

última consulte las diligencias realizadas en la averiguación previa correspondiente,

“se encuentra imposibilitada para su cumplimiento, toda vez que ya fue consignada; lo

anterior en virtud de lo establecido en el párrafo sexto del artículo 16 del Código

Federal de Procedimientos Penales”

La Procuraduría informó también que el detenido fue puesto bajo la responsabilidad

“del ministerio público el 4 de julio (de 2009), siendo las dos horas con cuarenta y

cinco minutos…, en virtud de que fue detenido a las veinte horas con treinta minutos

del día tres de julio (del mimo año), cuando circulaba por un camino de terracería… a

bordo de un vehiculo marca___, con ocho personas, las cuales al entrevistarlos

manifestaron a los agentes de la Policía Federal que el de nombre___ sería quien los

cruzaría de manera ilegal a los Estados Unidos”, motivo por el cual se inició un

procedimiento penal. Al ser consignado se practicó un examen médico al detenido a

las tres horas con diez minutos del 4 de julio y se certificó que “no presenta huellas de

lesiones recientes al momento de su examen médico legal”.

El Programa Atalaya debe advertir que la CNDH, conculcando el derecho de acceso a

la información pública y transparencia, omitió incluir diversas fojas en la versión

pública del expediente respectivo (81-105, 109-141 y 143-190). Entre los faltantes

destacan documentos relativos a los informes rendidos por la SSPF, el Hospital de

Tijuana, el Juzgado Quinto de Distrito y el Centro de Readaptación Social de Tijuana.

La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que luego del análisis de la

queja llegó a la conclusión de que no cuenta con elementos que acrediten violaciones

a derechos humanos. No obstante, el Programa Atalaya considera que la investigación

realizada por la CNDH fue irregular en tanto que no investigó de manera rigurosa y

detallada si se justificaba o no la tardanza de los agentes policiales para poner al

detenido bajo la responsabilidad del ministerio público. Según se desprende del

informe de la PGR el presunto agraviado fue detenido a las 20:30 horas del 3 de julio

de 2009 y puesto bajo la responsabilidad del ministerio público a las 2:45 del 4 de julio

del mismo año, es decir, más de seis horas después de la detención. La CNDH omitió

137

investigar si existía alguna razón que justificara dicha tardanza, pues las normas

aplicables en esta materia establecen que los agentes aprehensores deben poner bajo

la responsabilidad de la autoridad ministerial al detenido “sin demora”.

Si bien el sujeto fue aprehendido en un camino de “terracería”, ello no justifica por si

mismo la tardanza, por lo que la Comisión, en ejercicio de sus facultades de

investigación debió indagar el tiempo que normalmente se hace desde el punto de la

detención hasta el local donde se encuentra la agencia del ministerio público. La

CNDH no tomó en cuenta la importancia de desentrañar este aspecto de la queja, y

decidió no investigar los señalamientos en el sentido de que el detenido fue “paseado”

durante horas y llevado a un hotel en el que habría sido golpeado.

Si bien es cierto que al ser puesto bajo la responsabilidad de la autoridad ministerial se

practicó un examen médico al detenido, el cual arrojó que éste no presentaba

lesiones, ello no demerita por sí mismo la versión del quejoso en el sentido de que fue

golpeado durante las horas que se le retuvo ilegalmente. Por otra parte, la CNDH

habrá de explicar las razones por las que impidió al Programa Atalaya el acceso a la

totalidad del expediente clínico del quejoso enviado por el Hospital General de Tijuana.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 ago 09 (5 oficios, 2

son en colaboración) Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 9, 11, 25 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 6 y 20 oct 09


No


No







139


Detención arbitraria, violencia física con fines de incriminación y daño a la imagen personal


El quejoso manifestó que el 19 de julio de 2009 “se presentaron diez camionetas de la

Policía Federal en el domicilio del señor___ (…) los cuales actuaron con excesiva

violencia y lo golpearon, para después detenerlo arbitrariamente… sin proporcionar

información alguna a sus familiares” sobre el motivo de su detención y el lugar al que

fue llevado. Agregó que el agraviado “fue golpeado, torturado y obligado a confesar su

participación en la comisión del delito de secuestro en agravio de una persona de la

cual ignora por completo (sic), y posteriormente trasladado de manera inmediata a las

oficinas de la (SIEDO)… en donde rindió su declaración inicial manifestando que fue

participe en el ilícito antes mencionado. Por último, refirió que “se han publicado

fotografías y retratos personales” del agraviado “en diversos medios de comunicación”,

lo que consideró violatorios de sus derechos. La CNDH verificó que el agraviado se

encontraba en el Centro de Investigaciones Federales de la PGR bajo arraigo por el

delito de secuestro.


La CNDH solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como

la PGR. Cabe advertir que la información adicional proporcionada por el presunto

agraviado el día 30 de julio de 2009 durante la visita realizada al lugar de su arraigo

por personal de la CNDH, no fue considerada para la elaboración de las solicitudes

escritas de información a las autoridades referidas, las cuales fueron redactadas con

posterioridad a dicha visita (18 de agosto de 2009). En efecto en dichas solicitudes no

se hace mención expresa a los graves hechos referidos por el detenido tales como

que fue colgado de un árbol, que fue obligado a cavar con una pala y que los agentes

le echaban agua en la nariz mientras lo interrogaban. Por lo demás, las solicitudes se

refirieron a los aspectos necesarios para la investigación del caso.

140


El Programa Atalaya debe advertir que en este caso, como en otros analizados en la

presente investigación, la versión pública del expediente entregada por la CNDH no

existen constancias del informe rendido por la Secretaría de Seguridad Pública

Federal. Dicho informe presumiblemente se encuentra entre las fojas eliminadas por la

CNDH de la versión pública (35 a 55 y 71 a 81).

La PGR informó a la CNDH que se encuentra “imposibilitada” para autorizar la

consulta o inspección de la averiguación previa correspondiente; lo anterior con

fundamento en el párrafo sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos

Penales. Asimismo, informó que ejerció acción penal contra la persona referida por los

delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de

secuestro. Aclaró que el 20 de julio de 2009 elementos policiales de la PFP

presentaron ante el ministerio público de la Federación a dicha persona.


La CNDH solicitó a la PGR autorización para que un perito médico de la Comisión

visitara al presunto agraviado en el lugar en el que permanecía arraigado e introdujera

instrumental médico y una cámara fotográfica. La autoridad respondió afirmativamente

a dicha petición.

El personal médico de la CNDH se constituyó en el lugar del arraigo el 30 de julio de

2009, es decir, 11 días después de su detención. El agraviado amplió la queja

manifestando que su detención se llevó a cabo aproximadamente a la 1:00 del 19 de

julio de 2009; que los agentes causaron destrozos en el interior de su domicilio; que lo

golpearon frente a su familia; que un agente “lo agarro con una arma y comenzó a

golpearlo en el estómago; que lo tiraron al suelo, lo patearon en la espalda y lo

arrastraron de los brazos; que lo esposaron, lo armaron de los pies y lo subieron a una

camioneta; que lo llevaron a un terreno donde “lo desnudaron y lo colgaron de las

manos con mecates a un árbol con los pies suspendidos en un tiempo aproximado de

una hora en el que le pusieron un trapo mojado alrededor del abdomen con la finalidad

de golpearlo (probablemente) con un palo; que un policía le detuvo la cabeza “y con el

trapo le echaba agua por la nariz y boca preguntándole por las personas que mató”;

que lo llevaron a una barranca donde estaba “un muchacho escarbando la tierra y lo

pusieron a ayudarlo, momento en el que le tomaron algunas fotografías y cuestionaron

141

sobre las personas que mataron y enterraron, escarbando con una pala por un lapso

de veinte minutos, pero no encontraron nada”; lo llevaron a otro lote baldío donde

nuevamente lo pusieron a escarbar con otras personas, incluida una mujer.

El presunto agraviado manifestó que fue trasladado a la Ciudad de México al día

siguiente de su detención y que en la instalaciones de la SIEDO “no fue obligado a

declarar y fue tratado de manera adecuada, lo revisó un médico, manifestando que los

elementos aprehensores lo golpearon, que leyó y firmó de conformidad su declaración

y le fue permitido efectuar llamada telefónica”.

El personal de la CNDH practicó un “reconocimiento físico” del detenido, mediante al

cual el perito médico “valoró su estado de salud”. No obstante, llama poderosamente

la atención que la Comisión haya impedido al Programa Atalaya el acceso a dicha

valoración. Probablemente ese documento se encuentra entre las fojas que la CNDH

eliminó de la versión pública (35 a 55 y 71 a 81).

La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que de los informes rendidos

por la autoridad “se advirtió que el agraviado fue detenido en vía pública… en

cumplimiento a la orden de investigación, localización y presentación en su contra”. El

Organismo añadió que personal pericial “valoró el estado de salud del señor ___ sin

que se encontrara huella de lesión al exterior; sin embargo por cuanto hace a las

lesiones que presentó y que fueron certificadas mediante dictamen médico… por los

peritos de la (PGR), éstas tardan en sanar menos de 15 días; no obstante ello, el

agraviado manifestó en ese momento que ignoraba el mecanismo de producción”.

La Comisión indicó al quejoso que “no contó con evidencias para acreditar” su dicho

en el sentido de que los policías “ingresaron de manera ilegal y sin orden judicial al

domicilio” del agraviado, “por lo que el 15 de octubre de 2009 esta Comisión Nacional

hizo saber a ___ tal situación, en virtud de que usted no se encontró en ese momento,

con la finalidad de que aportara las evidencias con que contara, sin obtener respuesta

alguna”.

La CNDH sugirió al quejoso aportar pruebas dentro de la causa penal, así como

utilizar los recursos de impugnación que la ley prevé. Asimismo, le sugirió, de contar

con las evidencias, presentar denuncia ante el ministerio público por los presuntos

malos tratos de los que el agraviado fue objeto. Lo orientó para acudir en queja ante

los Órganos Internos de Control de la SSPF y de la PGR.

142

El Programa Atalaya considera que la CNDH fue omisa en la investigación de un

aspecto central de la queja, a saber, si la detención del agraviado se llevó a cabo

dentro o fuera del domicilio de éste. Es notoria la contradicción entre las versiones

planteadas en la queja y las de la autoridad. Tanto el quejoso como el agraviado

fueron enfáticos en que la detención se llevó a cabo dentro del domicilio del segundo,

mientras que la autoridad subrayó que la detención se llevó a cabo en “la vía pública”.

Si bien la CNDH intentó sin éxito comunicarse telefónicamente con el quejoso a fin de

abordar esta cuestión, ello no justifica que haya omitido enviar oficio por correo

ordinario al quejoso y al agraviado a fin de darles vista para que manifestaran lo

conducente ante tal contradicción, como tampoco justifica que la CNDH haya omitido

ejercer sus facultades de investigación para allegarse datos que le permitieran obtener

certeza sobre el tema, por ejemplo por medio de testimonios de vecinos que podrían

confirmar o desvirtuar que los agentes irrumpieron en el domicilio. En este, como en

otros casos, de haberse comprobado que ingresaron sin la orden de cateo, habría

perdido confiabilidad la versión de la autoridad y ganado verosimilitud la del quejoso y

el agraviado, ya que la alteración de la realidad en un aspecto tan relevante vicia

integralmente la versión de la autoridad. En especial, los señalamientos del agraviado

sobre los presuntos actos de tortura de los que fue objeto adquirirían el carácter de

indicio si se comprobara que su detención estuvo afectada por acciones ilegales.

En otro orden de ideas, algunos tratos recibidos por el agraviado, que según su

descripción encuadran en la categoría de tortura, son de tal naturaleza que no dejan

huellas de tortura, tales como el aplicar en la nariz o golpear el abdomen a través de

un trapo húmedo, pero otros pueden dejar huellas que tardan en desaparecer un

tiempo variable, como las marcas de la soga con la que supuestamente se “colgó” de

los brazos al agraviado. Como ya se advirtió, por razones que la CNDH no ha

justificado censuró al Programa Atalaya el certificado médico elaborado por sus peritos

y se limitó a señalar en el oficio de conclusión que luego de la valoración el personal

médico del Organismo no encontró “huella de lesión al exterior”. No se refiere

expresamente, por ejemplo, a si existían o no huellas de lesiones en las muñecas o

brazos del agraviado provocadas por la soga con la que supuestamente fue colgado.

En este tipo de asuntos relacionados con la presunta tortura, la CNDH no debe utilizar

un lenguaje tácito sino que está obligada, en consonancia con lo previsto en el

Protocolo de Estambul, a asentar expresamente si encontró o no huellas de lesiones

143

en atención a lo referido por la queja. Por lo demás, a su ingreso a la SIEDO el

agraviado mostró lesiones “que fueron certificadas mediante dictamen médico… por

los peritos de la (PGR)”, las cuales “tardan en sanar menos de 15 días”.

Supuestamente, el agraviado manifestó en ese momento “que ignoraba el mecanismo

de producción”. Esta última circunstancia no justifica que la CNDH haya omitido

realizar una investigación detallada en la que, de manera razonada, constatara o

descartara la relación entre los hechos narrados, tanto por el agraviado como por el

quejoso, con las huellas de lesiones certificadas por la PGR.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades

Sí

⇒⇒⇒⇒ 22, 23 y 30 jul 09 (actas circunstanciadas de llamadas telefónicas)

⇒⇒⇒⇒ 18 y 21 ago 09 Informe de la autoridad y sus anexos No ⇒⇒⇒⇒ 14, 15 y 24 sep 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

Sí

⇒⇒⇒⇒ 30 jul 09 (visita)


Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera Sí ⇒⇒⇒⇒ 15 oct 09 (intento)






145


Irrupción ilegal al domicilio, uso indebido de arma de fuego, destrozos y daño a la imagen personal


El quejoso señaló que alrededor de 15 a 20 personas armadas se presentaron en su

domicilio; que ingresaron al mismo; que le apuntaron con un arma larga; que

señalaron que su presencia se debía a que “había hombres armados en la parte de

arriba” de la casa; que dichos agentes salieron de la casa atrás recibir un llamado en

el que les decían “ya los agarramos” y que tales hechos afectaron su salud emocional

y causaron un “desprestigio” de su buen nombre. El quejoso agregó que tiene otro

domicilio cerca de su casa y que se dio cuenta que los agentes habían causado

“destrozos” tanto en el inmueble como en sus vehículos, motivo por el cual levantó una

denuncia ante el ministerio público. Su esposa manifestó respecto a los mismos

hechos que los agentes “cortaron cartucho encañonando a (su) esposo”. Agregó que

los agentes les entregaron en ese momento $500 por los daños ocasionados a su

zaguán.


La CNDH solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de

México, a la Secretaría de seguridad Pública Federal y a la PGR. En general, dichas

solicitudes se refirieron a los aspectos relevantes planteados en la queja. Sin embargo,

no se solicitó expresamente información sobre los presuntos destrozos en los

inmuebles y vehículos del quejoso.


En la versión pública entregada por la CNDH al Programa Atalaya se encuentran los

informes de la PGR y de la Procuraduría local, pero no así el de la SSPF, el cual fue

eliminado por la CNDH como en otros casos analizados en el presente estudio, por

razones que el propio Organismo habrá de explicar. Presumiblemente, dicho informe

se encuentra en las fojas 77 a 83, eliminadas por la CNDH de la versión pública.

146

El informe rendido por la Procuraduría de Justicia del Estado de México tampoco fue

entregado de manera completa por la CNDH en la versión pública, pues aparecen

eliminadas las fojas 61 a 69, que presumiblemente corresponden al mismo.

Por su parte, el informe de la PGR se rindió en el sentido de que dicha autoridad

carece de antecedentes sobre los hechos referidos por el quejoso.


La CNDH concluyó el expediente informando a los quejosos que no se encontraron

antecedentes de que elementos de la Policía Federal hayan participado en los hechos

descritos, de lo cual se dio vista “a la señora ___... con la finalidad de que

manifestaran lo que a su derecho conviniera y en su caso proporcionaran evidencias

para demostrarlo”, ante lo cual los quejosos habrían manifestado “que no tenían

mayores elementos para acreditar la realización del cateo a su vivienda y los vecinos

que pudieron haber visto algo, era difícil que pudieran identificar a los participantes por

que iban encapuchados”. La Comisión los orientó sobre el avance de la averiguación

iniciada por ellos ante el ministerio público local, así como para que aporten pruebas

ante tal autoridad. Le sugirió presentar, en su caso, una queja ante el Órgano Interno

de Control de la PFP.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 24 ago 09 (3 oficios)

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 3, 4, 7, 8 y 9 sep 09

⇒⇒⇒⇒ 13 oct 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No








148


Detención arbitraria y presunta desaparición del detenido


El quejoso se desempeñaba al momento de presentar su queja como “Agente Federal

de Investigación”. Manifestó que se enteró por “un vecino” que el 27 de julio de 2009,

aproximadamente a las 10 horas, hombres “vestidos de militares habían cateado” su

domicilio. Al llegar al lugar comprobó que la puerta había sido violada, que sus

pertenencias estaban “revueltas” y que su “arma de cargo” no se encontraba donde la

dejó, lo mismo que sus credenciales. Vecinos del lugar le explicaron que

“aproximadamente a las 9 horas del mismo día, arribaron al lugar elementos militares y

personas de civil, todos ellos encapuchados, llegando a bordo de un camión Dina de

los que usa la SEDENA, una camioneta pick up blanca doble cabina y un chevy azul”.

El quejoso agregó que los vecinos se percataron que dichas personas entraron a su

casa “amagando” a su “compañero” y a otro sujeto con el rostro cubierto y que luego

de 20 minutos, “sacaron” a su “compañero… encintado de los ojos, boca y manos y a

la otra persona que habían metido”. Señaló que es probable que en los hechos hayan

intervenido, además de militares, “elementos de la SIEDO”.

El quejoso aclaró que comparte casa con la persona a la que denomina su

“compañero”, a quien conoce desde hace cinco años y que también se desempeña

como “Agente Federal de Investigación”. Teme por la seguridad de éste, ya que, al

momento de interponer la queja ante la CNDH (1º de agosto de 2009), desconocía su

paradero. Añadió que sus compañeros de trabajo le “han comentado que no se está

realizando ninguna investigación sobre su búsqueda, (además de que) en las

novedades diarias se le está reportando faltando y no como desaparecido” (sic).

Manifestó que ya denunció los hechos ante el ministerio público de la Federación, y

que le consta que su compañero no fue puesto bajo la responsabilidad de la autoridad

ministerial local o federal. Por último, refirió que ha recibido llamadas “de compañeros”,

uno de los cuales le dijo “que ya sabía cómo se las gastaban los soldados, que si no

han matado (al presunto agraviado), lo más seguro es que le estén fabricando delitos”.

El día 4 de septiembre de 2009, la CNDH recibió un escrito de quien dijo ser la madre

del presunto agraviado, mismo que ejercía el cargo de “Comandante de la Policía

149

Ministerial Federal, como encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo

de la PGR en el municipio de Comalcalco”. Dicha persona manifestó que el día 27 de

agosto del mismo año su hijo “no se comunicó”, por lo que la familia comenzó a

“preocuparse”. Agregó que “una conocida” de su hijo le comentó que éste “había sido

levantado por gente armada y encapuchada mientras se encontraba en su domicilio”.

La quejosa explicó que durante tres semanas había solicitado información sobre el

paradero de su hijo a diversas dependencias, entre ellas la SIEDO, sin tener éxito. No

obstante, la familia de quejosa obtuvo información por internet en el sentido de que su

hijo había sido detenido la mañana del 27 de julio de 2009 por “elementos de la SIEDO

y del Ejército Mexicano”. Según una nota periodística citada por la quejosa, su hijo

“había sido puesto en libertad” y confirmado que el “allanamiento” de su vivienda fue

realizado por “el Ejército… por una llamada anónima denunciando una casa de

seguridad de la delincuencia organizada”.

La madre del presunto agraviado manifestó, asimismo, que el 27 de agosto de 2009

recibió una llamada de un “seudo amigo” (sic) de su hijo, quien le indicó que éste

había sido localizado, “que estaba en la casa de arraigo de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Tabasco, localizada en la Ranchería de Buena Vista del

municipio de Centro”. Acudieron a las oficinas de dicha Procuraduría el 1º de

septiembre del mismo año, donde fue atendida por el “titular de la Fiscalía

Especializada para el Combate al Secuestro, el cual, no (les) permitió ver a (su) hijo,

sino hasta el día siguiente”. Su hijo se encontraba “desmejorado” y le pidió que

acudiera a la CNDH para avisar de su caso. La quejosa pidió la intervención de este

Organismo “por la incomunicación que vivió (su) hijo, pues fueron casi dos meses sin

saber de él, así como (por) los actos que le hubiesen profesado los elementos tanto

aprehensores, como los que lo tienen arraigado”.

El 4 de septiembre de 2009 la madre del presunto agraviado comunicó a la CNDH que

visitó a su hijo ese mismo día y que “pudo notar que tenía golpeada su nariz, sus

muñecas y piernas” y que “ella pensaba que tal vez lo habían maltratado… los

elementos aprehensores o los que lo custodiaban”. Insistió en su petición de que

personal de la Comisión Nacional acudiera a visitar a su hijo.

150


La CNDH solicitó información a la SEDENA y a la PGR. En ambos casos, solicitó

expresamente toda la información necesaria para el estudio de la queja.

El 12 de octubre de 2009, un mes después de que la CNDH tuvo conocimiento de la

autoridad que tenía bajo su custodia al presunto agraviado (4 de septiembre del mismo

año), envió un oficio solicitando información al Procurador de Justicia del Estado de

Tabasco. Le solicitó expresamente, entre otras cosas, informar las causas por las que

la familia del agraviado no habían sido informadas del paradero de éste ni sobre su

situación jurídica.


La CNDH se comunicó el 1º de agosto de 2009 con personal de la PGR a fin de

enterarlos de los hechos motivo de la queja y, en especial, la presunta detención del

agraviado el día 27 de julio del mismo año. Dicha autoridad informó que “el día de hoy

(1º de agosto de 2009) se efectuó un operativo en el estado de Tabasco; sin

embargo, según el reporte de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia

Organizada, no se encuentra persona alguna detenida con el nombre del (presunto

agraviado)”. Esta información fue comunicada por la CNDH al quejoso el día 3 de

agosto de 2009, al tiempo que “se le sugirió acudir ante el agente del ministerio público

de la Federación a efecto de presentar la denuncia correspondiente”.

En respuesta a la solicitud de información de la CNDH, la SEDENA informó que

“después de haber llevado a cabo una exhaustiva revisión de los archivos de este

Cuartel General, Unidades y Dependencias Jurisdiccionadas (sic) a este Mando

Territorial, no se cuenta con información o documentación alguna sobre el particular”.

Dicha autoridad solicitó a la CNDH “el archivo de la queja planteada, por no existir

violación a los derechos humanos del (presunto agraviado), ya que personal militar no

participó en los hechos materia de la queja”.

Por su parte, la PGR respondió a la CNDH que quedan a su disposición las

constancias que integran la averiguación previa correspondiente a fin de que “realice

las consultas necesarias”, lo anterior con fundamento en lo establecido en el “artículo

16 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el Punto Octavo del Primer

Acuerdo entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de Derechos

151

Humanos, de abril de 1996”. Cabe destacar que la CNDH presumiblemente impidió el

acceso al Programa Atalaya de la versión completa del informe rendido por la PGR,

pues eliminó, sin justificación, las fojas 47 y 48 de la versión pública del expediente,

fijas que siguen en número consecutivo a las que constituyen el informe de dicha

autoridad (45 y 46).

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco informó a la CNDH que el

9 de mayo de 2009 “se dio inicio al acta de averiguación previa número ___ a

consecuencia de la denuncia presentada por el C. ___, quien denunció la posible

comisión de los delitos de extorsión y amenazas”. Luego de una investigación, se tomó

una declaración ministerial al presunto agraviado, quien firmó el acta de la diligencia y

recibió la asistencia de defensor de oficio. Cabe subrayar que el informe de la

Procuraduría local no se refiere a la fecha en la que se tomó dicha declaración

ministerial.

Por otra parte, la Procuraduría de Tabasco negó que se haya impedido a la familiar del

presunto agraviado efectuar una visita a éste, “toda vez que con fecha 2 del mes de

septiembre del presente año, compareció ante esta autoridad a solicitar se le

permitiera visitar a ___, persona que se encontraba arraigada en cumplimiento de la

medida cautelar número ___, emitida por el Juzgado Quinto Penal de Primera

Instancia del Estado de Tabasco; esto en la casa de arraigo ubicada sobre la carretera

principal de la Ranchería Buena Vista… municipio de Centro, acordando favorable su

petición en la misma fecha…”. Dicha autoridad agregó lo siguiente: que “el día 24 del

mes de septiembre del año 2009, esta autoridad determinó ejercitar la acción penal

persecutoria y reparadora de daños en contra de ___ por la probable responsabilidad

de los delitos de extorsión agravada y asociación delictuosa agravada, remitiendo los

autos de la (averiguación previa) ___ (…) y dejando físicamente a los probables

inculpados en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco”.


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que “no se contó con

elementos que permitieran acreditar la participación de servidores públicos de la

(SEDENA) y de la (PGR) en los hechos planteados en su escrito de queja, en virtud de

que el señor ___ fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del

estado de Tabasco, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra emitida

por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en esa entidad federativa dentro

152

de la averiguación previa número ___”. La Comisión agregó que “el Juez Quinto Penal

de Primera Instancia del Estado de Tabasco, decretó la medida cautelar del arraigo en

su contra dentro del expediente ___, la cual se efectuó en la casa de arraigo, ubicada

sobre la carretera principal de la Ranchería Buena Vista…”.

La Comisión Nacional informó al quejoso que “observó que el 24 de septiembre de

2009, el agente del ministerio público del fuero común, de conformidad con las

atribuciones que le confiere (la Constitución), ejercitó acción penal en (contra del

presunto agraviado), al considerarlo responsable de los delitos de extorsión agravada

y asociación delictuosa agravada”. Agregó que la “cónyuge” del presunto agraviado,

presentó una denuncia ante la PGR por los supuestos actos ilegales de servidores

públicos federales, razón por la que la Comisión sugirió al quejoso “dar seguimiento a

las diligencias de esa (averiguación previa)” y aportar “las pruebas con las que

cuente”. Por último, lo orientó para, de convenir a sus intereses, presentar queja ante

el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, “por ser la autoridad

facultada para investigar y detectar alguna irregularidad administrativa o conducta que

sea causa de responsabilidad” por parte de servidores públicos locales.

El Programa Atalaya considera que el desempeño de la CNDH en la atención de esta

queja muestra diversas deficiencias. En un primer plano, llama la atención que al

concluir el expediente, el Organismo únicamente se haya dirigido al “compañero” del

presunto agraviado que interpuso la queja por escrito el 1º de agosto de 2009 y no a la

propia madre del agraviado, quien directamente presentó un escrito a la CNDH el 4 de

septiembre de 2009 denunciando los hechos y entabló contacto telefónico con

personal de la CNDH ese mismo día. ¿Por qué razón la CNDH no le reconoció la

calidad de quejosa? Todo indica que el Organismo adoptó un criterio formalista o

legalista, y sólo le reconoció el carácter de quejoso al “compañero” del agraviado por

ser quien interpuso primero la queja, circunstancia que, naturalmente, no justifica que

la CNDH le haya negado el carácter de quejosa a la madre del agraviado, como lo

demuestra el hecho de que no le comunicó, al momento de concluir el expediente, los

resultados de la investigación ni las causas de la conclusión de la queja.

Más grave aún resulta el hecho de que la CNDH haya consentido que las autoridades

evadieran referirse a los aspectos centrales de la queja. En efecto, según manifestaron

los quejosos, el presunto agraviado fue detenido el 27 de julio de 2009. Este hecho

estaba en aptitud de ser corroborado no sólo por las afirmaciones de los quejosos,

sino por los testimonios de los vecinos que presenciaron los hechos e, incluso, por las

153

notas periodísticas que se hicieron públicas sobre los hechos, según hizo notar la

madre del agraviado, quien comunicó a la CNDH lo siguiente: “una de mis nietas

ingresó a la red de internet donde pudo ubicar la noticia del diario Tabasco Hoy, de

fecha martes 28 de julio de 2009, denominada Detienen a federales; levantan a tres

jóvenes, y en la que se narró, precisamente, que elementos de la SIEDO y del Ejército

Mexicano, detuvieron la mañana del lunes 27 de julio, a mi hijo, quien fungía como

comandante de la Policía Ministerial Federal, como encargado de la Unidad Mixta de

Atención al Narcomenudeo (UMAN) de la PGR en el municipio de Comalcalco. Según

dicho diario, el operativo de la detención se llevó a cabo en punto de las 8:15 horas en

la vivienda de mi hijo…”.

Pues bien, de manera reiterada, los quejosos manifestaron que la detención se llevó a

cabo el 27 de julio de 2009, e incluso ofrecieron dicha evidencia periodística. No

obstante, y con la anuencia de la CNDH, la Procuraduría General de Justicia de

Tabasco no informó la fecha en la que el presunto agraviado fue detenido, como

tampoco la fecha en la que éste rindió su declaración ministerial ni en la que se dictó la

medida cautelar consistente en el arraigo. Únicamente informó que la averiguación

previa se inició el 9 de mayo de 2009 y que el 24 de septiembre del mismo año se

determinó ejercer acción penal en su contra.

Debe entenderse que la CNDH no tuvo dudas sobre el momento preciso en el que el

agraviado fue detenido (27 de julio de 2009), puesto que no realizó investigación

específica alguna encaminada a probar su exactitud o inexactitud. Del mismo modo, la

Comisión omitió investigar los motivos específicos por los que la familia del agraviado

no fue informada de la detención del mismo, a pesar de haber transcurrido más de un

mes entre el momento de su detención y el momento en el que la familia informó que

no tenía noticias de su paradero (4 de septiembre de 2009).

La CNDH omitió también hacer un estudio detallado de la legalidad de la duración del

arraigo al que fue sometido el agraviado. Al concluir la queja, la Comisión no

estableció si estaba justificado, conforme a la ley, el haber mantenido en arraigo al

agraviado del 27 de julio al 24 de septiembre de 2009, fecha en la que se ejerció

acción penal en su contra.

Por lo demás, la CNDH omitió investigar los señalamientos hechos por la madre del

agraviado, quien afirmó que el 4 de septiembre de 2009 “pudo notar que (su hijo) tenía

golpeada su nariz, sus muñecas y piernas” y que “ella pensaba que tal vez lo habían

154

maltratado… los elementos aprehensores o los que lo custodiaban”. Estas presuntas

violaciones a los derechos humanos fueron ignoradas por la CNDH durante su

investigación. Al respecto cabe mencionar que la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Tabasco envió, el 3 de septiembre de 2009, a personal médico al lugar

de arraigo del agraviado; dicho organismo local informó a la CNDH que dicho detenido

fue revisado por el personal médico y “que no (se) ha expedido el certificado del

(agraviado) toda vez que se encuentra pendiente su elaboración, no obstante (el)

Organismo Nacional podrá solicitarlo por escrito a ese organismo estatal”.

Debe subrayarse el hecho de que la visita del personal médico al agraviado por parte

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (3 de septiembre de 2009)

se realizó más de un mes después de su detención (27 de julio del mismo año), lo cual

de entrada restaría valor a dicho dictamen, pues transcurrió suficiente tiempo para la

desaparición de posibles huellas y lesiones por maltrato o tortura. No obstante lo

anterior, y a pesar de que el organismo local ofreció a la CNDH el acceso al dictamen

médico, esta última decidió, por razones desconocidas, no solicitárselo, o bien, no

agregarlo a la versión pública entregada al Programa Atalaya. Se trata pues de una

omisión de la CNDH en la investigación de los hechos presuntamente violatorios de

los derechos humanos que, como resulta obvio, no estaba facultada para ignorar, pues

claramente corresponde al ámbito de su competencia.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 1 ago 09

⇒⇒⇒⇒ 4 sep09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 4 sep 09 Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 3 ago 09

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 1, 24 ago 09

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 1, 21 y 28 sep 09

⇒⇒⇒⇒ 12,17, 20 y 21 oct 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

Sí

⇒⇒⇒⇒ 4 sep 09








156


Irrupción ilegal en una casa hogar, interrogatorio a niños en condiciones inapropiadas, uso indebido de arma de fuego y presiones para firmar actas de

contenido desconocido


La quejosa manifestó al organismo de derechos humanos de San Luis Potosí, lo

siguiente: “el motivo de mi comparecencia… es para presentar queja en contra de

ministerio público, fiscal, peritos, psicólogas, todos ellos agentes de la Agencia Federal

de Investigaciones AFI y de la Unidad de Tráfico de Personas Menores

Indocumentados, por presunta violación a la legalidad y seguridad jurídica”. Expuso

que “el jueves 25 de junio (de 2009)” se encontraba en su domicilio cuando se

presentaron alrededor de 12 personas, una de las cuales se identificó como agentes

del ministerio público federal y le “mostró una orden de cateo”. Agregó que dio lectura

a dicho documento y permitió el ingreso a su domicilio a los agentes, uno de los cuales

portaba “un arma larga”. Refirió que mientras se realizaba el cateo recibió una llamada

de la “encargada de una de las casas hogar” que dirige la quejosa, quien le informó

que “en las tres casas hogar (que representa), un comando armado de AFI estaba

presente, y (que) los menores estaban muy asustados, ya que en una de las casas, y

debido a que la puerta principal estaba abierta, irrumpió uno de los agentes que

portaba un arma larga”. La quejosa pidió a su interlocutora que “se tranquilizara” y que

dejara a los agentes “hacer su trabajo”.

Posteriormente, se trasladó a la casa hogar, donde las encargadas le “platicaron todo

lo que había sucedido; (le) dijeron que el agente que ingresó a la casa sin ningún

permiso asustó a los menores, pues portaba un arma larga; que cuando la licenciada

de la AFI elaboraba el acta, (sus) compañeras le hacían correcciones referentes a que

estaba apuntando cosas que no decían, y estas observaciones causaban molestia a la

licenciada; incluso repitió el acta en dos ocasiones; también (le) hicieron saber (a la

quejosa) que la PGR contaba con tres psicólogas que se suponía debieron haber

llegado antes de que entraran los agentes; sin embargo, no fue posible, porque las

psicólogas llegaron tarde, pues al llegar, los agentes ya habían entrado al domicilio”.

157

Las encargadas de la casa hogar que estaban presentes en el momento de realizarse

el cateo ampliaron la queja ante el organismo público de derechos humanos de San

Luis Potosí. Señalaron que los agentes ingresaron al inmueble sin tocar,

aproximadamente a las 19:30 horas; que uno de los agentes portaba “un arma larga”

con la cual apuntó a uno de los niños; que algunas personas vestidas de civil

interrogaron a los niños sobre cómo los trataban en ese lugar, si los golpeaban, si

querían regresar con sus papás y el motivo por el que estaban ahí; les mostraron

fotografías de otros niños y les preguntaban si los conocían, a lo que respondieron que

no; los niños de la casa hogar se alteraron por estos hechos, por lo que algunos de

ellos no pudieron dormir sino hasta después de las 23:30 horas.

En la ampliación de la queja las encargadas de la casa hogar señalaron lo siguiente:

“una señorita (civil) nos dijo que la teníamos que acompañar a sus oficinas, pero

querían dejar solos a los niños, entonces entramos en un intercambio de palabras;

incluso querían que le pidiéramos a un vecino que los cuidara”. Finalmente, llegó al

lugar una persona conocida que se quedó a cargo de los niños.

En las oficinas de la PGR les dieron a leer las actas que firmarían; sin embargo, las

encargadas de la casa hogar hicieron diversas “observaciones respecto a que había

circunstancias que no eran correctas; esto les molestaba (a los servidores públicos), e

imprimieron hasta por cuatro ocasiones”. Al respecto, agregaron lo siguiente: “aun así,

nunca estuvimos de acuerdo con el contenido del acta; sin embargo, de manera

prepotente la licenciada nos gritó y golpeó en su escritorio su mano (diciendo) ¿me

van a firmar o no?; queríamos leer las supuestas correcciones pero ya no lo permitió

(dicha servidora pública); le comenté que quería dejar asentada la manera en que

entraron, pero me dijo que eso no lo podía asentar; finalmente nos vimos obligadas a

firmar las actas; y fue hasta las 2:00 horas del 26 de junio que terminamos ahí. (…) A

partir de estos hechos hemos observado que los niños tienen secuelas de estrés

postraumático, pues unos ya no se orinaban en la cama y ahora nuevamente tienen

ese problema; tienen temor ante cualquier ruido de carro que se estaciona frente al

domicilio (de la casa hogar)”.

Otra de las encargadas de la casa hogar manifestó lo siguiente: “una señorita que

vestía de civil… me realizó un interrogatorio… todo lo que yo contestaba ella no lo

aceptaba; me mostró fotografías de varios niños, y como no reconocía a ninguno, le

molestaba; me puso a ver las fotos en varias ocasiones y a fuerza quería que

reconociera a unos; me puse muy nerviosa y eso lo aprovechó para acosarme con

158

cuestiones muy rápidas; incluso ella escribía en su computadora… sentí que lo hacía a

su manera y no como yo lo mencionaba…; nunca se identificaron ni me explicaron el

motivo del por qué me interrogaban…; por momentos me hizo sentir como si yo

realmente tenía alguna responsabilidad; a momento que nos trasladaron a la PGR y al

momento que me dieron a firmar mi supuesta comparecencia me percaté que estaba

manipulada y firmé, como ya lo mencionó mi compañera, sin conocer (su) contenido”.


La CNDH solicitó por escrito información a la PGR. Cabe hacer mención de que el

Organismo fue totalmente omiso en requerir a la autoridad información sobre las

medidas específicas que adoptó para llevar a cabo la diligencia considerando que se

el inmueble cateado estaba destinado a “casa hogar” y que en él, naturalmente, se

encontraban niños. Omitió pedir expresamente a la autoridad información sobre la

razón por la que, a pesar de esta circunstancia, la diligencia comenzó a las 19:30 y

terminó después de las 23:30 horas, así como la causa por la que los agentes

portaban “armas largas” y apuntaron a uno de los niños. Tampoco solicitó

expresamente información sobre la razón por la que durante el cateo se realizó un

interrogatorio a los niños en presencia de agentes armados y sin garantizar

previamente las condiciones idóneas en función de su edad.

Informes rendidos por la autoridad

En su respuesta a la CNDH, la PGR manifestó que se encontraba “imposibilitada” para

acceder a la solicitud de la CNDH en el sentido de realizar la consulta o inspección de

la averiguación previa correspondiente; lo anterior con fundamento en el párrafo sexto

del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. En este, como en otros

expedientes analizados en el presente documento, la CNDH impidió sin justificación el

acceso al Programa Atalaya de la versión completa del informe de la PGR, en la

inteligencia de que eliminó de la versión pública del expediente las fojas 33 a 36, las

cuales aparentemente forman parte del informe de dicha autoridad, contenido en las

fojas 31 y 32. En efecto, en estas últimas, la autoridad no se refiere a los hechos

materia de la queja.

159


El 30 de octubre de 2009, la visitadora adjunta de la CNDH responsable de la

integración del expediente de queja, elaboró un acta circunstanciada en la que hizo

constar que, después de varios intentos, no fue posible comunicarse con la quejosa,

“ya que el teléfono que proporcionó en su escrito de inconformidad, no existe”.

Mediante oficio de fecha 12 de noviembre de 2009, la Comisión comunicó a la quejosa

la conclusión del expediente. Le informó el contenido del informe rendido por la PGR

en los siguientes términos: “el 25 de junio de 2009, la Magistrada del Quinto Tribunal

Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ___, actuando dentro del toca ___,

obsequió (una) orden de cateo solicitada por el Fiscal adscrito a la Unidad

Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de

la SIEDO, a efecto de que se llevara a cabo la búsqueda y localización de varios

menores de edad, así como la búsqueda y sustracción de cualquier otro menor que se

advierta que son víctimas de algún delito, o bien que se encuentren en situación de

riesgo, daño o peligro; en dicha orden se especificó que la diligencia de cateo se

realizaría únicamente en los inmuebles ubicados en ___. También se especificó que,

en caso de que se encontrara a los menores de edad mencionados… y a cualquier

otro que sea víctima de un delito o que se encuentre en situación de riesgo, daño o

peligro, deberán de remitirse de inmediato al DIF de San Luis Potosí”.

La CNDH agregó que “la orden fue obsequiada para que, en los domicilios ya

mencionados, se recabara la documentación oficial de los menores de edad, los

documentos oficiales relativos al Registro Civil, recetas médicas, documentos

manuscritos, fotografías, cámaras fotográficas, cámaras de video, teléfonos celulares,

accesorios de cómputo de almacenamiento de datos electrónicos, memorias, USB y

de cualquier tipo, videocasetes, recibos telefónicos del domicilio y telefonía celular,

cajones de escritorios, cajas fuertes, archiveros, bodegas y todo aquello que sea

susceptible o idóneo para guardar artículos, objetos, instrumentos y productos de los

delitos que nos ocupa; así como libros, papeles, documentos o cualquier otro objeto

que pudiera relacionarse con la (averiguación previa) que se instrumenta y que

acrediten la entrega del menor, y aseguramiento de los instrumentos, objetos o

productos de los delitos en investigación”.

160

La Comisión Nacional añadió lo siguiente: “en virtud de lo anterior, el 25 de junio de

2009, la ___ agente del ministerio público adscrita a la Unidad Especializada en

Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la SIEDO, se

constituyó físicamente en ___, en compañía de los peritos ___, en las materias de

fotografía, psicología y medicina, respectivamente, así como del agente federal de

investigación ___, quien iba acompañado de más elementos policíacos. En ese

domicilio, a la señora ___ se le hizo del conocimiento el motivo de la visita y el alcance

de la diligencia. Dicha señora nombró como testigos para el desahogo de la misma a

su vecino ____ (y a) ___; esta última se encontraba en el domicilio y su participación

fue voluntaria, sin coerción de esta autoridad. Por otro lado, en el interior del inmueble

se encontraban cuatro menores de edad, quienes durante todo el tiempo de la

diligencia permanecieron en una habitación contigua, donde había un televisor, en

compañía de la perito psicóloga. Por otra parte, con respecto a usted y las señoras

___, se aclaró que ninguna guarda el carácter de indiciada dentro de la (averiguación

previa), sino que el motivo de la diligencia de cateo fue únicamente para la búsqueda

de varios menores de edad, motivo por el cual se registró el inmueble y les fue

cuestionando a los ocupantes si los habían visto, incluso con auxilio de material

fotográfico”.

Prosiguió la CNDH comunicando lo siguiente a la quejosa: “Por lo que hace al traslado

a la Delegación de la PGR en San Luis Potosí, fue voluntaria, con la finalidad de llevar

a cabo la impresión del acta de cateo, en virtud de haber fallado el suministro de

energía eléctrica en el momento de la diligencia, y como bien señalan, el acta se

imprimió cuatro veces, en razón de las correcciones que a petición particular se

realizaron, lo que arroja que ___ sí tuvieron conocimiento del contenido de la misma.

En cuanto a las quejosas___, no han vertido declaración ministerial alguna, tampoco

ha sido ordenada su localización, aprehensión, detención o presentación ya que ___

no guardan carácter de inculpadas y, por lo que hace (a la quejosa), se informó que al

enterarse del motivo de la investigación… a efecto de deslindar cualquier

responsabilidad de la casa hogar que usted preside, insistió en que le fuera recabado

su testimonio, lo que así sucedió en presencia de su abogado. Finalmente, aclararon

que ninguna actuación de (la PGR) ha provocado agravio, daño o menoscabo de

ninguno de (los) derechos políticos, civiles o humanos de las agraviadas”.

Por último, la CNDH le da conocer a la quejosa que se hizo el intento de comunicarse

telefónicamente con ella en diversas ocasiones, lo que no pudo concretarse en virtud

de que “el teléfono que proporcionó en su escrito de inconformidad no existe”. La

161

Comisión le sugirió, de así convenir a sus intereses, interponer queja ante el Órgano

Interno de Control de la PGR, “por ser la instancia encargada de investigar y sancionar

las conductas de los servidores públicos de esa dependencia, cuando no se ciñen a la

normatividad que los regula”.

El Programa Atalaya detectó diversas omisiones atribuibles a la CNDH que afectaron

el resultado de la investigación de los hechos. En primer lugar, la Comisión no exigió a

la autoridad acreditar el “plan operativo” que desarrolló al momento de realizar el

cateo, en el que se explicaran las medidas específicas adoptadas por los agentes para

garantizar la seguridad de los niños que se encontraban en la casa hogar. Cabe

recordar que, en otros casos similares (por ejemplo, el Q45), la CNDH ha solicitado a

las autoridades presentar dicho “plan operativo”, lo que revela falta de uniformidad en

sus criterios de investigación.

En principio, no resulta aceptable que los agentes portaran “armas largas” dentro de la

casa hogar y que las ostentaran ante los niños; menos aún resulta justificable que un

agente apuntara hacia uno de ellos. La PGR debió, en su caso, justificar con

información concreta su determinación de hacer ingresar al inmueble agentes dotados

de armas de fuego. La CNDH no fue capaz de obtener certeza sobre la veracidad de

tales hechos por la sencilla razón de que no los investigó. No puede ponerse en duda

que la Comisión tenía la alternativa de recabar el testimonio de los niños sobre tales

hechos con el apoyo de personal especializado, ya que no le otorgó credibilidad al

testimonio de las encargadas de la casa hogar. No sobra decir que la PGR omitió

referirse específicamente en su informe a estos señalamientos, y que la CNDH

consintió dicha omisión, pues no le solicitó enmendar su informe.

La PGR aseguró que en la diligencia en la casa hogar participó personal pericial

especializado en psicología. No obstante, la CNDH no investigó si dicho personal

estuvo efectivamente presente durante toda la diligencia o si, como lo señalaron las

quejosas, “las psicólogas llegaron tarde”, lo que se habría traducido en la falta de

apoyo especializado para los niños desde el momento mismo en que irrumpió personal

armado al inmueble.

Resulta paradójico que la autoridad ministerial haya realizado el cateo en el marco de

una investigación por delitos contra menores sin antes generar condiciones para no

causar un impacto emocional y psicológico en los niños de la casa hogar. En efecto, el

personal de la PGR inició la diligencia a las 19:30 horas sin considerar los horarios que

162

más convenían a los niños para llevarla a cabo; ingresó al lugar sin previo aviso y con

personal armado, sin importarle que los niños observaran las armas y que uno de los

agentes apuntara hacia un menor; interrogó a los niños sin antes generar un ambiente

propicio para ello; e incluso, intentó llevarse a las encargadas de la guardería a las

oficinas de la PGR sin reparar en que los niños se quedarían solos. La CNDH, por su

parte, omitió llevar a cabo diligencias de investigación que confirmaran o desmintieran

dichos aspectos de la queja.

Las versiones de la PGR y de las quejosas coinciden en que las actas en las que se

asentaron sus declaraciones tuvieron que imprimirse hasta cuatro veces. Pero son

opuestas en cuestiones fundamentales. Las quejosas manifestaron lo siguiente: aun

después de las múltiples correcciones, “nunca estuvimos de acuerdo con el contenido

del acta”; accedieron a firmarla por la presión a la que fueron sometidas (gritos y

golpes en el escritorio), además de que las mantuvieron en el lugar hasta las 2:00

horas del día siguiente. Añadieron que la servidora pública que les hizo firmar el acta

ya no les permitió “leer las supuestas correcciones” al documento y que se negó a que

se asentara en el acta “la manera en que entraron” los agentes a la casa hogar.

Estos señalamientos son opuestos a lo sostenido por la PGR en el sentido de que las

diversas correcciones al acta “arroja que (las presuntas agraviadas) sí tuvieron

conocimiento del contenido de la misma”. Los señalamientos de las quejosas relativos

a que firmaron “a ciegas” el acta, resultan graves, y en tal virtud, ameritaban que la

CNDH les diera vista del informe de la autoridad a fin de que estuvieran en aptitud de

pronunciarse sobre su veracidad y proporcionar más información al respecto. La

denuncia de las quejosas no resulta exótica o inverosímil, a juzgar por la cantidad de

quejas que llegan a la CNDH que señalan prácticas similares por parte del ministerio

público de la Federación, algunas de las cuales son examinadas a lo largo del

presente documento (por ejemplo, Q14, Q15, Q16, Q18, Q20 y Q48).

Otro elemento que pasó por alto la CNDH es el señalamiento de las quejosas en los

siguientes términos: “una señorita (civil) nos dijo que la teníamos que acompañar a sus

oficinas, pero querían dejar solos a los niños, entonces entramos en un intercambio de

palabras; incluso querían que le pidiéramos a un vecino que los cuidara”. Este aspecto

de la queja pone de manifiesto que las encargadas de la casa hogar no acudieron de

manera voluntaria a las oficinas de la PGR, sino que se vieron forzadas a ello. La

PGR, por su parte, fue enfática en que el “traslado (de las quejosas) a la Delegación

de la PGR en San Luis Potosí, fue voluntaria, con la finalidad de llevar a cabo la

163

impresión del acta de cateo, en virtud de haber fallado el suministro de energía

eléctrica en el momento de la diligencia”. Esta explicación, cuya solidez podrá juzgar

fácilmente el lector, es totalmente opuesta a lo manifestado por las quejosas, lo cual

no bastó para que la CNDH sometiera a la vista de éstas el informe rendido por la

autoridad.

En este caso, como en otros expuestos a lo largo de este documento, la CNDH tenía a

su alcance diversos medios para adquirir plena certeza sobre el carácter voluntario o

involuntario de la visita de las quejosas a las instalaciones de la PGR, como por

ejemplo, la obtención de testimonios de los vecinos y terceras personas que habrían

presenciado la diligencia de cateo o ciertos aspectos de la misma. En particular, la

CNDH no realizó acciones dirigidas a obtener información por parte de los testigos de

la diligencia (un “vecino” y una persona que se encontraba en la casa hogar); lo

anterior a fin de obtener certeza sobre los supuestos excesos durante el cateo y sobre

el carácter voluntario o forzado del traslado de las quejosas a las oficinas de la PGR.

La Comisión dejó asentado al concluir la queja, que el número de teléfono

proporcionado por la quejosa “no existe”. Al respecto cabe subrayar que la Comisión, a

pesar de tener diversas alternativas para restablecer contacto telefónico con la

quejosa, tales como la obtención del número por medio del organismo local de

derechos humanos de San Luis Potosí, no realizó ninguna acción encaminada a

restablecer el contacto con la quejosa. Pudo, por ejemplo, solicitar apoyo al organismo

local de derechos humanos para que acudiera al domicilio de la demanda y le

solicitara que se comunicara a la CNDH o proporcionara otro número telefónico. Pero

aun suponiendo que resultara imposible la comunicación telefónica con dicha persona,

no se justifica que la CNDH haya omitido darle vista del informe de la PGR mediante

correo ordinario, lo cual hubiera permitido restablecer el contacto con ella.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 jun 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 ago 09


⇒⇒⇒⇒ 4, 24 y 29 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 6 y 9 oct 09


No


Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 oct 09


Documentos que hagan constar que el quejoso manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe rendido por la autoridad Sí ⇒⇒⇒⇒ 30 oct 09 (intento)

Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 12 nov 09




165


Irrupción ilegal ala domicilio, detención arbitraria, violencia física, uso indebido de arma de fuego y amenazas


Manifestó la quejosa que el 6 de agosto de 2009 se introdujeron a su domicilio agentes

federales quienes “procedieron a revisar toda la casa al mismo tiempo que tiraban a su

esposo al piso”, tomaron de los brazos a la quejosa y la subieron a una camioneta

para trasladarla a las instalaciones de la PGR. Otra persona agraviada por los mismos

hechos manifestó que los agentes lo golpearon en la cara cuando irrumpieron en el

domicilio; en las instalaciones de la PGR fue revisado por el médico y se le ofreció

medicamento en caso de que tuviera dolor. Se inconformó por la detención ya que los

agentes “no traían ninguna orden”. Otro presunto agraviado señaló que los agentes le

apuntaron con un arma de fuego y que no le mostraron ninguna orden de aprehensión

o cateo; añadió que no lo trataron mal ni lo golpearon. Una última persona

presuntamente agraviada señaló que no sabe el motivo de su detención pero que no

recibió malos tratos.

Un familiar de los detenidos manifestó que agentes de la PGR lo han “amenazado en

reiteradas ocasiones” cuando acude a las instalaciones de dicha autoridad a fin de

solicitar información sobre la situación jurídica de sus familiares. Añadió que agentes

de la Procuraduría Realizaron una revisión sin justificación a su vehículo cuando se

presentó a pedir informes sobre la situación de sus familiares.


La CNDH solicitó a la PGR de manera expresa toda la información necesaria para la

investigación de la queja, con excepción del álbum fotográfico de los agentes activos

el día de los hechos.


En respuesta a la solicitud de información, la PGR rechazó la solicitud de la CNDH

para realizar la consulta o inspección de la averiguación previa correspondiente,

166

basada en el párrafo sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos

Penales. Asimismo, proporcionó información sobre las circunstancias de la detención e

incriminación de las personas señalas en la queja.

La Comisión informó a los quejosos al momento de concluir la queja que “en atención

a los actos que atribuye al personal de la Procuraduría General de la República en el

sentido de que se introdujeron ilegalmente a su domicilio y les profirieron malos tratos,

se estimó conveniente dar vista de dicha queja al Órgano Interno de Control (de la

PGR), en virtud de que dicha instancia es competente para realizar la investigación

correspondiente”. La CNDH sugirió a los quejosos mantenerse en contacto con el

titular de dicho Órgano.

El Programa Atalaya considera que, en este como en otros casos, con independencia

de que el Órgano Interno de Control de la PGR deba investigar los hechos, relativos a

la presunta irrupción ilegal en el domicilio de los quejosos y los malos tratos que estos

habrían recibido, la CNDH estaba obligada a proseguir con su investigación en aras de

dilucidar si existieron violaciones a los derechos humanos. En el presente caso son

notorias las contradicciones entre lo sostenido por los quejosos y la PGR; los primeros

señalan que su detención se llevó a cabo en el interior de su domicilio tras la irrupción

ilegal de los agentes; por su parte, la PGR informó que la detención se llevó a cabo en

la vía pública “en flagrancia”, ya que los detenidos intercambiaban droga y portaban

envoltorios de dicha sustancia. La Comisión no sólo omitió dar vista a los quejosos

ante tales contradicciones, sino que decidió no ejercer sus facultades de investigación

a fin de determinar un aspecto clave de la queja, a saber, si las personas fueron

detenidas dentro o fuera de su domicilio. Resulta obvio que de haber reunido

evidencias la CNDH —por ejemplo, mediante testigos—, en el sentido de que la

detención se realizó dentro del inmueble, se trataría de una detención ilegal por cuanto

los agentes no contaban con una orden de cateo ni de aprehensión, en cuyo caso los

señalamientos de los quejosos sobre los presuntos maltratos adquirirían credibilidad.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 9 ago 09 (desistimiento) Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No


Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 5, 7, 23 sep 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No



No




1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Modificación del Acuerdo de calificación √



168


Irregularidades en la integración de la averiguación previa y falta de información sobre el estado de la misma


Los quejosos hicieron del conocimiento del ministerio público de la Federación que

fueron víctimas de un delito con “bomba molotov”. Solicitaron la intervención de la

CNDH en virtud de que no se les ha dado información sobre el estado de la

averiguación previa.


La CNDH solicitó a la PGR acceso para consultar de manera directa la averiguación

previa correspondiente, con lo que se abarcó toda la información necesaria para el

estudio de la queja.

Informe rendido por la autoridad

La PGR informó a la CNDH que se inició la averiguación previa correspondiente con

motivo del delito referido por el quejoso, dentro de la cual se practicó una inspección

ocular en el lugar de los hechos, se recabó la comparecencia del denunciante y se

declinó la competencia del ministerio público de la Federación por tratarse de un delito

propio del fuero común.

Asimismo, la PGR informó que el quejoso no se presentó a pedir datos sobre el estado

de la averiguación previa, por lo que es falso que se haya negado información al

respecto. Fue hasta el 14 de septiembre de 2009, un mes después de presentada la

queja ante la CNDH, que el quejoso acudió ante el ministerio público de la Federación,

fecha en la que declaró que ha sido atendido debidamente por esta última autoridad.

169


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso las actuaciones realizadas

dentro del expediente. Explicó que no encontró elementos para acreditar violaciones a

los derechos humanos, además de que la PGR declinó la competencia por tratarse de

un delito del fuero común. Le sugirió presentar escrito de queja ante el Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de México de considerar que existen actos

irregulares por parte de servidores públicos de dicho poder.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 14 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 sep 09 Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 4 sep 09

⇒⇒⇒⇒ 27 oct 09 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 14, 17, 22 y 23 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 20 oct 09


No


No







171


Detención arbitraria y presunta desaparición de un detenido


El quejoso manifestó que el día 6 de junio de 2009 su hermano acudió a hacer un

cobro al domicilio de una persona ubicado en Huacana, Michoacán, y “vio que en la

casa del señor ___ había gente que la tenía sitiada o rodeada”, ante lo cual su

hermano decidió regresarse a su casa; sin embargo, más tarde volvió a la casa sitiada

donde “lo detuvieron”. El quejoso manifestó que no sabe nada del paradero de su

hermano a pesar de haber transcurrido aproximadamente 2 meses desde su

detención. Agregó que desconoce la autoridad que lo detuvo, así como si sus

aprehensores estaban uniformados o no. También ignora el tipo de armas que

portaban. Sólo tiene conocimiento de que los agresores viajaban en dos camionetas.


La CNDH solicitó informes a Secretaría de Marina, la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Michoacán, la SEDENA, la SSPF y la PGR.

La Comisión entabló contacto con personal de la PGR de manera inmediata a fin de

saber si dicha autoridad lo tenía detenido, a lo cual la Procuraduría respondió que “el

agraviado no se encuentra ni en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría

General de la República en Michoacán, ni en las oficinas de la Subprocuraduría de

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada”.


La SEDENA, la Secretaría de Marina, la PGR y la Procuraduría de Michoacán

informaron a la CNDH que desconocen los hechos, que sus agentes no participaron

en los mismos y que no existen antecedentes sobre la detención del agraviado. Cabe

mencionar que el Programa Atalaya no encontró en el expediente que le proporcionó

la CNDH el informe rendido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el cual

presumiblemente se encontraba entre las fojas 71 a la 77, las cuales fueron

suprimidas por la Comisión en la versión pública entregada al Programa Atalaya.

172


La CNDH informó al quejoso que las distintas autoridades, incluida la SSPF, negaron

su participación en los hechos, así como la existencia de antecedentes sobre la

detención del agraviado. En tal virtud le sugirió “entrar en contacto personalmente o

por teléfono con personal de la Dirección General de Presuntos Desaparecidos” de la

Comisión, “a fin de que personal de esa Dirección General le informe respecto de la

tramitación de su caso”.

El Programa Atalaya valorará la posibilidad de solicitar a la CNDH acceso al

expediente tramitado por la Dirección General de Presuntos Desaparecidos de la

propia Comisión a fin de valorar integralmente su desempeño en este caso. Sin

embargo, debe señalarse que durante el tiempo que el asunto fue atendido en la

Primera Visitaduría del Organismo se omitieron diversas diligencias que dilataron la

investigación e incluso que pudieron perjudicar el resultado de la misma.

En efecto, durante los más de dos meses que la Primera Visitaduría tramitó el

expediente (12 de agosto al 30 de octubre de 2009) omitió realizar una visita de campo

a fin de entrevistar a los vecinos del lugar y obtener información sobre las

características de los vehículos en los que viajaban los aprehensores (marca, color,

placas, signos distintivos y logotipos), la media filiación de éstos, los detalles sobre su

vestimenta o uniforme, el tipo de armas que portaban, los sonidos, voces o ruidos que

escucharon durante los hechos referidos por el quejoso, el nombre de las personas

que habitan el inmueble “sitiado”, el domicilio exacto de dicho inmueble y el nombre de

las personas que además del agraviado fueron detenidas. Esta información resultaba

fundamental para establecer, de manera presuncional, si se trataba de un ataque

atribuible a particulares o a servidores públicos, así como para determinar si se abrió

una averiguación previa en el fuero común o en el federal contra algún habitante de la

casa “sitiada”, lo cual hubiera permitido a su vez encontrar la relación entre dicha

averiguación previa y los hechos denunciados en la queja. Si la Comisión no estaba en

aptitud de realizar dicha visita de campo por falta de recursos o por cualquier otro

motivo, pudo solicitar, en vía de colaboración, el apoyo del organismo local de

derechos humanos para tal efecto.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 12 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No


⇒⇒⇒⇒ 4 sep 09 (5 oficios) Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 9, 10, 11, 17, 21 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 7, 8 y 14 oct 09


No








174


Cateo ilegal en domicilio, robo y violencia verbal en presencia de niños


Los quejosos acudieron a la CNDH a denunciar que agentes de la PFP y de la AFI,

así como militares, irrumpieron en su domicilio. Según manifestaron los agentes

“recibieron una llamada anónima” mediante la cual se denunció que en ese lugar

“venden droga”. Durante la revisión, los agentes profirieron “insultos”, “revolvieron” la

ropa y revisaron los cuartos, los roperos, los cajones y la despensa y “toda la casa

quedó desordenada”, al igual que el comercio ubicado en la parte frontal del inmueble.

Los quejosos denunciaron que durante el cateo fueron sustraídos del lugar diversos

objetos, entre los que destacan “alhajas de plata” con un valor de 11 mil pesos y

dinero en efectivo por un monto de 8 mil pesos.

En la queja se señala que los agentes presionaron a los quejosos para que les

mostraran droga que presuntamente tenían en su domicilio, pero ellos niegan

categóricamente dicha acusación. Los agentes tomaron una piedra de cuarzo que

había en el lugar afirmando que era droga; incluso la pusieron en una cuchara y la

calentaron con un encendedor. En la queja se refiere que presenciaron los hechos tres

menores de edad (de 3, 8 y 12 años, respectivamente), quienes al ver lo ocurrido “se

van de la casa corriendo a casa de la vecina”.

La quejosa fue “trasladada al estacionamiento de la Policía Federal Preventiva… en

donde estuvo veinte minutos dentro del vehículo; después la bajan del vehículo y la

conducen al interior de las oficinas en donde le tomaron fotos con otros tres

detenidos, los cuales no conoce; la sacan y vuelven a subir al vehículo y la trasladan a

las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en donde nuevamente le

toman fotografías y sus huellas digitales”. Al día siguiente fue liberada “sin una

disculpa”. La dueña de la casa acudió a interponer una denuncia ante la PGR por el

robo de los objetos antes mencionados, “pero le dijeron que no le podían recibir su

denuncia” y que “la iban a citar para que ella declare y dé su versión de los hechos”.

175


La CNDH solicitó toda la información necesaria para el estudio de la queja a la SSPF,

la SEDENA y la PGR. A esta última le solicitó acceso para realizar una inspección de

la averiguación previa correspondiente.


En el expediente de queja entregado por la CNDH al Programa Atalaya se encontró un

informe rendido por la SEDENA (fojas 51-53), así como un informe rendido por la PGR

(foja 54-58). Sin embargo, la Comisión impidió el acceso a las fojas 59-72, dentro de

las cuales presumiblemente se encuentra el informe rendido por la SSPF, en virtud de

que no fue encontrado en ninguna otra parte del expediente.

La SEDENA informó que sus efectivos no participaron en los hechos denunciados por

los quejosos. Por su parte, la PGR informó que las constancias relativas a la

averiguación previa estaban a disposición de la CNDH para su inspección. Asimismo,

informó que el día 1º de agosto de 2009 se inició una averiguación previa contra la

presunta agraviada “por la probable comisión de un delito contra la salud, lo anterior

en virtud de haberse recibido el oficio número ___, suscrito por los policías federales

___, mediante el cual pusieron (bajo la responsabilidad) de esta Representación

Social… en calidad de detenida a ___ juntamente con una bolsita de plástico

transparente conteniendo en su interior varias sustancias granuladas de color

cristalino…, quien al momento de emitir su declaración ministerial… lo hizo asistida por

su defensor particular, y que de acuerdo al dictamen en materia de química forense…

la sustancia cristalina… no contiene ni corresponde a ninguno de los psicotrópicos o

estupefacientes de los considerados como tales por la Ley General de Salud”. La

autoridad agregó que la quejosa “en ningún momento refirió o solicitó al (ministerio

público federal) el deseo o ánimo de interponer queja alguna en contra de sus

aprehensores; de igual forma (se informa) que únicamente participaron en la detención

de la ciudadana ____ elementos de la policía federal… en cumplimiento a una

denuncia ciudadana”.


La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa el contenido de los informes

de las autoridades. Le explicó que, según se desprende de dichos informes, no

176

manifestó, durante su declaración ministerial, “deseo o ánimo de interponer queja

alguna en contra de los elementos aprehensores”. Le informó también que la SSPF en

respuesta a la CNDH manifestó lo siguiente: “que el 31 de julio de 2009 personal

adscrito a la Coordinación de Seguridad Regional de la Policía Federal, derivado de la

denuncia ciudadana ___ del 28 de julio (del mismo año) en la que se describieron

hechos de una denuncia referentes a la venta de droga que lleva a cabo una mujer,

realizaron labores de investigación de las cuales resultó la detención de ___, la cual

fue puesta (bajo la responsabilidad)” del ministerio público federal.

La CNDH informó lo siguiente a la quejosa: “en atención a su queja en el sentido de

que policías federales se introdujeron ilegalmente a su domicilio… se estimó

conveniente dar vista de tales circunstancias al Órgano Interno de Control en la Policía

Federal, en virtud de que dicha instancia es competente para realizar la investigación

correspondiente…”

El Programa Atalaya considera que la actuación de la CNDH fue deficiente en la

defensa de los derechos de las personas agraviadas por los hechos denunciados en

esta queja. Si bien dio vista a la instancia correspondiente de la Policía Federal por lo

que a todas luces fue una irrupción ilegal de los agentes policiales al domicilio de los

quejosos, no realizó diligencia alguna en el ámbito de su competencia para allegarse

de evidencias que corroboraran o desmintieran la versión de los quejosos respecto a

dicha irrupción ilegal. La CNDH no realizó una visita de campo ni entrevistó posibles

testigos a fin de obtener certeza sobre si los agentes ingresaron o no al domicilio sin

contar con una orden de cateo ni tampoco solicitó la colaboración del organismo local

de derechos humanos para realizar dichas diligencias. Dicha omisión redundó en que

los quejosos fueron reenviados a la institución a la que pertenecen sus presuntos

agresores para investigar si se cometió un acto ilegal, pero sin contar con evidencias

obtenidas por la Comisión y expresamente avaladas por ella.

Por lo demás, en la queja se señala que tres niños, de 3, 8 y 12 años, se encontraban

en el lugar y que, al presenciar los hechos, se trasladaron corriendo a la casa de una

vecina. Dicho señalamiento fue ignorado por la CNDH, puesto que no solicitó

expresamente información a las autoridades sobre las medidas que tomaron los

agentes para asegurarse de que dichos menores quedaran a buen resguardo tras la

detención efectuada al concluir el “operativo”.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 4 sep 09 (3 oficios)

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 11, 15, 22, 30 sep 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No








178


Falta de información en el marco de la averiguación previa e irregularidades en los servicios periciales de la PGR


La quejosa manifestó que existe una averiguación previa por un delito de falsificación

de documentos que se le atribuye y que el ministerio público le ha negado el acceso a

la misma, lo que le ha impedido conocer el estado del procedimiento. En particular,

señala que la PGR ha negado la existencia de la averiguación previa, además de que

no la han informado de los hechos que se le imputan, lo que le impide ejercer su

derecho a la defensa. Agregó que a los abogados de la parte denunciante se les

permite el acceso a las diligencias a las que la propia quejosa ha comparecido.

Por otra parte, la quejosa señaló lo siguiente: “un perito en materia de grafoscopía de

la (PGR) emitió un dictamen pericial señalando que la firma que calza una prevención

desahogada ante el Juzgado Octavo de Distrito en materia civil en el Distrito Federal,

no corresponde a la firma que utilizo de puño y letra, lo que ha ocasionado que se

sobreseyera el juicio de amparo ____, lo que desde luego me causa perjuicio,

afectando mis derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por lo que en

esta tesitura solicitó que esta Comisión Nacional investigue el actuar de dicho perito

oficial de la PGR”.

Solicitud de medida cautelar por parte de la CNDH

El mismo día que recibió la queja, la CNDH envío a la PGR una “solicitud de medidas

cautelares” en la que expresa lo siguiente: “sin prejuzgar sobre el fondo del caso… es

pertinente que como medida cautelar se dé intervención inmediata a la Visitaduría

General de esa Procuraduría, con el fin de que emita un dictamen técnico-jurídico

sobre la integración de la (averiguación previa) ____ para determinar si se

garantizaron los derechos de la quejosa a la legalidad y seguridad jurídica, y en caso

contrario, se implementen los mecanismos procedentes para evitar actos que no se

encuentren debidamente fundados y motivados, que puedan afectar los derechos

humanos de la quejosa a la seguridad jurídica, al debido proceso y procuración de

justicia”. La CNDH otorgó un plazo de tres días a la PGR para “la aceptación de las

medidas requeridas”, a lo cual esta última respondió que “realizará la visita especial

correspondiente para llevara a cabo la evaluación técnico-jurídica a la averiguación

179

previa antes mencionada, y una vez que se cuente con el resultado de la misma, se le

informará”.


La CNDH solicitó, además de las medidas cautelares, información sobre los diversos

aspectos que comprende la queja. Dicha solicitud es exhaustiva y se refiere a las

distintas cuestiones planteadas por la quejosa.


La PGR informó a la CNDH “que se realizó una evaluación técnico-jurídica a la

averiguación previa mencionada, en la que el agente del ministerio público de la

Federación Visitador comisionado, concluyó que no se desprenden conductas

irregulares a cargo de la licenciada___ responsable de su integración, en virtud de que

se aprecia que ninguno de los señalamientos vertidos por la quejosa… resulta ser

cierto”.

Por otra parte, la PGR remitió a la CNDH el informe que rindió la agente del ministerio

público de la Federación sobre los hechos planteados por la quejosa. De dicho informe

se desprende lo siguiente:

• Que la quejosa cometió desacato al no cumplir una sentencia emitida por un

juez civil que le ordenaba “retirar y bajar las paginas de la publicación de las

revistas de las ediciones de los meses de ___”, razón por la cual se “ordenó

el arresto” de dicha persona;

• Con motivo de la orden de arresto, la quejosa “promovió (el 19 de enero de

2009) juicio de garantías… ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil

en la ciudad de México”; al primer escrito “del juicio constitucional en

comento recayó una prevención por medio de acuerdo”.

• La quejosa “sin justificación jurídica… pretendió engañar al Juez Octavo de

Distrito en Materia Civil, materializando dicho engaño en la forma del todo

antijurídica en que cumplió con la prevención comentada…; dicho acto

delictivo consistió en que el día 26 de enero del 2009 se presentó ante la

oficialía de partes del juzgado en comento un escrito sin que del escrito en

mención se acredite que la firma plasmada en el escrito sea de ella, es

decir, no corresponde grafológicamente a la de la propia (quejosa), por lo

180

que el documento es falso. Ahora bien, cabe destacar que el producto del

engaño ha beneficiado a la (quejosa) en virtud de haberse detenido en

tiempo y forma cumpliendo con dicha prevención y por ende dándosele

entrada a su juicio de garantías.

• La agente del ministerio público informó que ella misma presentó promoción

ante el citado Juzgado de Distrito objetando “la firma falsa de la ahora

denunciada” objetando la firma con fecha 9 de febrero de 2009.

• El 1º de junio de 2009 compareció ante el ministerio público de la

Federación “el representante legal de la empresa (tercero perjudicado y por

ende contraparte de la quejosa en el juicio civil), quien ratifica su escrito de

denuncia de hechos”, motivo por el cual se giró oficio a la AFI para que

investigara al respecto. La probable responsable compareció también, se

reservó su derecho a declarar y posteriormente presentó su declaración por

escrito

• El tercero perjudicado exhibió como pruebas en la averiguación previa

copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio de amparo y de los

dictámenes periciales rendidos por su perito y por el perito de la institución

(PGR).

• Por lo que hace a la petición de la CNDH para que le sean remitidas copias

de la averiguación previa, la PGR fundamenta su negativa en el artículo 16

del Código Federal de Procedimientos Penales.


La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa el contenido del informe

rendido por la PGR. En particular le comunica lo siguiente: “de la información recabada

por esta Comisión Nacional se advierte que la Visitaduría General de la (PGR) emitió

un dictamen técnico-jurídico respecto de la integración de la averiguación previa___;

asimismo, del informe rendido por la agente del ministerio público de la Federación,

Titular de la Mesa XVI, se advierten las diligencias practicadas por esa autoridad

ministerial para integrar la citada (averiguación previa). En atención a las

consideraciones aquí expuestas, considerando que corresponde a la Visitaduría

General de la (PGR) realizar el análisis técnico-jurídico de la integración de las

averiguaciones previas, así como al agente del ministerio público de la Federación la

investigación de los delitos, con fundamento en lo previsto en los artículos 113, último

párrafo, y 125, fracción II, del Reglamento Interno de la (CNDH), este Organismo

Nacional determinó concluir su expediente”. Por lo demás, la Comisión orientó a la

181

quejosa para ofrecer los medios de prueba que demuestran su inocencia y, en su

caso, denunciar la actuación indebida del ministerio público ante el Órgano Interno de

Control en la PGR.

El Programa Atalaya considera que el motivo fundamental que tuvo la quejosa para

acudir a la CNDH no fue investigado adecuadamente ni resuelto por ésta. En efecto,

en el escrito de queja se señaló que el ministerio público le ha negado a la presunta

agraviada el acceso a la averiguación previa, lo que le ha impedido conocer el estado

del procedimiento. Si bien es cierto que la Visitaduría General de la PGR realizó una

valoración del desempeño de la agente del ministerio público responsable de la

integración y llegó a la conclusión de que “ninguno de los señalamientos vertidos por

la quejosa… resulta ser cierto”, no aporta ninguna prueba o evidencia concreta que

acredite que la quejosa tuvo en efecto acceso a la averiguación previa como le

corresponde en su calidad de probable responsable del delito. En el informe de fecha

14 d e septiembre de 2009 elaborado por la agente del ministerio público no se señala

el modo en el que la quejosa pudo inspeccionar la averiguación ni las fechas en las

que ejercitó ese derecho.

Como se desprende del oficio de conclusión enviado a la quejosa, la CNDH sólo le

informa que en virtud del resultado del análisis realizado por la Visitaduría General de

la PGR ha decidido dar por concluido el expediente, pero no le explica de qué manera

específica el informe rendido por la autoridad desvirtúa los hechos denunciados en la

queja. La CNDH abdica de su responsabilidad de verificar que la autoridad justifique

su actuación con el argumento de que “corresponde a la Visitaduría General de la

(PGR) realizar el análisis técnico-jurídico respecto de la integración de las

averiguaciones previas”, cuando en realidad dicha atribución de la instancia referida es

paralela o coincidente a la conferida por la ley a la propia CNDH, la cual estaba

obligada a asegurarse de que la información rendida por la PGR fuera suficiente para

demostrar que la quejosa pudo ejercer su derecho a estar permanente e

ininterrumpidamente informada sobre el estado de la averiguación previa iniciada en

su contra, lo cual a todas luces corresponde al ámbito de competencia de la CNDH.





No


⇒⇒⇒⇒ 3 sep 09 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 26 ago 09 (4 oficios) ⇒⇒⇒⇒ 8 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 1 oct 09


No








183


Detención arbitraria, irrupción ilegal en el domicilio, violencia física con fines de incriminación, incomunicación y violaciones al derecho de defensa


La quejosa manifestó que su esposo fue detenido por miembros de la “Policía Federal

Preventiva” y trasladado a “la UMAN (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo)”.

Agregó que en dicho lugar “fue golpeado por varios elementos” de dicha corporación.

El presunto agraviado “es adicto a la droga, y adquiere su consumo diario, pero estos

elementos después de los golpes le cuestionaron si tenía más droga, a lo que contestó

que sí, por lo que le pidieron… que acudiera a (su) domicilio por su consumo, llegando

(los agentes) a nuestro inmueble… donde ingresaron tres elementos sin que les fuera

autorizado” (sic). Luego de lo anterior el detenido fue trasladado nuevamente a las

instalaciones de la UMAN.

La quejosa manifestó que al día siguiente ella y su cuñado acudieron a las

instalaciones de la UMAN, donde “estuvo incomunicado, ya que no se le había tomado

su declaración”. La primera persona que tuvo contacto con el detenido fue el cuñado

de la quejosa quien alertó a ésta “sobre los golpes que tenía… así como de las

lesiones que tenía en las muñecas a consecuencia de la presión de las esposas y la

inflamación en este mismo lugar de su cuerpo”. La quejosa agregó que al preguntar a

uno de los servidores públicos el motivo de la detención le respondió que ella ya

conocía el motivo, a lo cual ella contestó que su esposo “era adicto más no vendedor”;

el servidor público la “amenazó” diciéndole “que si seguía así (la) detendrían también”,

a lo cual la quejosa respondió que su molestia se debía a la forma “cómo habían

ingresado a (su) domicilio”.


La CNDH solicitó información al Centro de Readaptación Social en el que fue

ingresado el detenido, a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, a la

Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la PGR. En general, se solicitó la

información necesaria para el estudio de todos los aspectos planteados por la quejosa.

Sin embargo, la Comisión omitió solicitar de manera expresa a la PGR información

relativa a la supuesta “incomunicación” del detenido en las instalaciones de la UMAN,

como por ejemplo un informe en el que se detallaran las razones por la que la esposa

184

del detenido no pudo tener contacto con este el día 8 de julio de 2009 a pesar de

haber estado en las instalaciones referidas, pues según dijo, “ahí (le) entregaron las

pertenencias de (su esposo)”.


La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que “no se encontró

registro alguno” contra el presunto agraviado. Por su parte, el Centro de Readaptación

Social remitió el certificado médico practicado al detenido al momento de su ingreso a

dicho establecimiento.

La PGR rechazó la solicitud de la CNDH para realizar la consulta o inspección de la

investigación ministerial correspondiente, con fundamento en el párrafo sexto del

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, remitió

“copias certificadas de la averiguación previa… en contra (del presunto agraviado), por

la probable responsabilidad de la comisión de un delito contra la salud en la modalidad

de posesión de marihuana con fines de venta y … en la modalidad de comercio de

marihuana en su connotación de venta…”.

Cabe señalar que la CNDH impidió el acceso al Programa Atalaya del informe rendido

por la SSPF, el cual presumiblemente se encuentra en las fojas inexistentes en la

versión pública entregada por la Comisión (fojas 56, 57, 60-73 y 82).


La CNDH sometió el certificado médico remitido por el Centro de Readaptación Social

a la opinión de uno de sus peritos en medicina, el cual señalo lo siguiente: “toda vez

que la descripción del las escoriaciones son incompletas al no describir características

de la costra, se carece que elementos técnico-científicos para elaborar una mecánica

de lesiones”.

Al concluir el expediente, la Comisión informó a la quejosa que solicitó informes a las

autoridades antes referidas, en una de cuyas respuestas “se advirtió que su cónyuge

fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Michoacán, adscritos a la UMAN, cuando se encontraba consumiendo estupefacientes

en la vía pública precisando que cuando llegaron los elementos policiales trató de

correr y resistirse al arresto, lo que ocasionó que se tropezara y se cayera al piso,

185

provocándose algunas escoriaciones en la muñeca de la mano derecha. Asimismo,

indicaron los policías ministeriales que después de realizarle una revisión corporal al

agraviado se le encontró en posesión de marihuana, situación por la cual fue puesto

(bajo la responsabilidad) del agente del ministerio público de la Federación… De igual

forma, señalaron esos elementos policiales que el agraviado no mencionó ningún tipo

de irregularidad cuando rindió se declaración ministerial, ya que las lesiones que

presentó fueron a causa de se detención y de la caída que sufrió al momento de

querer evadir la acción de la justicia”.

La Comisión informó a la quejosa su decisión de “dar vista a la Coordinación de la

Contraloría del Estado de Michoacán con el propósito de que se inicie el

correspondiente procedimiento administrativo de investigación por ser esa la instancia

competente para conocer de actos u omisiones cometidos por servidores públicos de

esa dependencia”. En tal virtud, le sugirió, “de contar con mayores elementos de

convicción que contribuyan en acreditar su dicho, los aporte ante la autoridad

administrativa de referencia. Por último, orientó a la quejosa para que el agraviado o

su defensor “aporten los medios de pruebas idóneos para desvirtuar el delito que se le

imputa”.

El oficio mediante el cual la CNDH da vista a la Coordinadora de la Contraloría del

Estado de Michoacán refiere lo siguiente: “del análisis realizado al escrito de queja, así

como al de los informes rendidos por las autoridades involucradas, se advirtió que el

agraviado fue lesionado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Michoacán al momento de que fue detenido, siendo actos que deben ser

conocidos por esa Coordinación de la Contraloría”.

El Programa Atalaya considera que la CNDH incurrió en omisiones que impidieron

aproximarse a una versión más acabada de los hechos denunciados por la quejosa.

Ciertamente, los hechos fueron denunciados ante el organismo protector de los

derechos humanos de Michoacán aproximadamente un mes después de que

ocurrieron. En efecto, la detención se produjo el 7 de julio de 2009, mientras que la

queja fue presentada el 13 de agosto del mismo año. La CNDH tuvo conocimiento de

los hechos un día después, es decir, el 14 de agosto. Lo anterior significa que ambos

organismos estuvieron materialmente imposibilitados para realizar por sí mismos un

examen médico del detenido, puesto que las lesiones tenían más de un mes de haber

sido producidas.

186

La circunstancia antes referida obligaba a la CNDH a basarse en la documentación

existente a fin de corroborar la versión de la quejosa y constatar una posible liga entre

las lesiones certificadas por los médicos que tuvieron a su cargo la revisión del

detenido y la actuación de los agentes aprehensores. Una de las posibilidades era

realizar un análisis técnico por parte de médicos del certificado levantado con motivo

del ingreso del detenido al Centro de Readaptación Social, lo cual en efecto fue

realizado por la CNDH, cuyo perito llegó a la conclusión de que era imposible “elaborar

una mecánica de lesiones” en virtud de las deficiencias en la descripción de las

escoriaciones propias del certificado médico referido.

La otra alternativa de la CNDH era realizar un análisis pericial del certificado médico

levantado con motivo del ingreso del detenido a las instalaciones de la UMAN, el cual

evidentemente forma parte de la averiguación previa seguida contra el presunto

agraviado. Como se señaló líneas arriba la PGR negó a la CNDH la inspección de la

investigación ministerial, pero le remitió “copias certificadas de la averiguación

previa… en contra (del presunto agraviado), por la probable responsabilidad de la

comisión” de diversos delitos contra la salud. Esto significa que la CNDH tuvo a la vista

el certificado médico elaborado al momento de que el detenido fue puesto bajo la

responsabilidad del ministerio público de la Federación y omitió someterlo a la opinión

de un perito de la propia Comisión, con lo cual perdió la oportunidad de que éste

contara con un referente que le permitiera aproximarse a “una mecánica de lesiones”.

Ello a su vez redundó en el hecho de que la Comisión dio vista a la Contraloría de

Michoacán afirmando que personal de la Procuraduría de ese estado lesionó al

detenido, pero sin apoyar su señalamiento en valoraciones técnicas de sus peritos.

Por otra parte, al dar vista a la Contraloría de Michoacán, la CNDH le solicitó

informarle “sobre el avance y resultados de la investigación que en su caso inicie”.

Cabe advertir que la queja fue concluida el 30 de octubre de 2009 y que al momento

de entregarse la versión pública del expediente de queja al Programa Atalaya (febrero

de 2010), no se había incorporado al mismo ningún oficio o comunicación entre dicha

Contraloría y la CNDH que diera cuenta de acciones realizadas en atención a la “vista”

que se le dio a la primera. Lo anterior significa que la Comisión no dio seguimiento a

su propia petición, al grado que casi tres meses después desconocía si se abrió o no

la investigación y los avances en la integración de la misma.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 13 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No

Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 2 (3 0ficios), 4 sep 09

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 10, 17 y 21 sep 09

⇒⇒⇒⇒ 2, 5, 22, 28 y 29 oct 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No







4. Acuses de recibo √ 5. Acuerdo de conclusión √ 6. Oficio de remisión a organismo local de DH

188


Irrupción ilegal en el domicilio, destrozos y violencia física en presencia de un niño


La quejosa manifestó que el día 7 de agosto de 2009 se encontraba en la casa de su

padre cuando miembros de la policía ministerial del Estado de Guerrero ingresaron al

inmueble golpeando puertas y ventanas; efectuaron una revisión de la casa “tirando

cada una de las pertenencias” del padre de la quejosa y rompiendo chapas de puertas

y muebles. La quejosa explicó que los agentes le pidieron que abriera el ropero y le

permitieron sacar el dinero que ahí guardaba su padre. Por la forma en que

irrumpieron, los agentes causaron lesiones a la quejosa en la mano, el brazo

izquierdo y el pómulo como resultado de que patearon la puerta cuando ella se

disponía a abrirla. El hijo de la quejosa, de 5 años de edad, presenció los hechos

anteriores. Los policías mantuvieron a la quejosa “de espaldas sobre la pared afuera

de la casa”. Una persona que llegó al lugar buscando al padre de la quejosa, como

quiso defender a ésta, fue empujada e insultada por los agentes. Los agentes no

dieron información a la quejosa sobre si contaban con una orden de aprehensión o

documento que les permitiera actuar de esa forma, pero se justificaron diciendo que

mediante una denuncia anónima tenían conocimiento de que “ahí se vendía droga”.

Los quejosos refirieron que inmediatamente acudieron a la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerrero a denunciar las lesiones y los abusos de la autoridad,

lugar donde le practicaron un “examen médico” a la afectada.


La CNDH solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría

General de Justicia, ambas del Estado de Guerrero, así como a la PGR. En general, la

Comisión solicitó expresamente toda la información necesaria para la aclaración de los

hechos narrados en la queja; sin embargo, omitió solicitar expresamente a la

Procuraduría local copia íntegra de la averiguación previa abierta con motivo de los

hechos denunciados por los propios quejosos y, en especial, de los certificados

médicos elaborados con motivo de las lesiones causadas a la quejosa durante el cateo

realizado en el domicilio de su padre.

189


La PGR informó a la CNDH que el 3 de agosto de 2009 se recibió una llamada de una

persona del sexo masculino quien proporcionó el nombre de personas que

presuntamente “se dedican a la venta de droga y armas de fuego a toda hora del día y

de la noche”, además de que describió el inmueble en el que realizan dichas

actividades. Por tal motivo, el ministerio público inició una averiguación previa y solicitó

a la Policía Federal Ministerial “una minuciosa y exhaustiva investigación relacionada

con los hechos denunciados”. Una vez realizada dicha investigación los agentes

“ponen a (bajo la responsabilidad de la autoridad ministerial)… a las personas que

dijeron llamarse____ a los cuales se les aseguró a cada uno de ellos un envoltorio de

papel periódico conteniendo marihuana, personas que manifestaron que dicho

estupefaciente lo compraron a un apersona del sexo femenino a la cual sólo conocen

como ___ y señalando el domicilio descrito en la denuncia anónima, como el mismo

lugar donde habían comprado dicha droga”.

Se solicitó una orden de cateo, la cual fue obsequiada y, posteriormente,

cumplimentada el día 7 de agosto de 2009. La PGR informó que la momento de

ejecutar la orden de cateo se encontraba en el lugar la quejosa, “persona a la cual se

le hizo del conocimiento sobre la diligencia de cateo, mostrándole la respectiva orden

de cateo” (sic). La PGR negó que se hayan producido lesiones a la quejosa durante la

diligencia y señaló que en el lugar fueron aseguradas una pistola calibre 22, un rifle

calibre 22, un cargador para arma de fuego calibre 22 y seis cartuchos para arma de

fuego calibre 22. Por lo que toca a la ruptura de chapas, la PGR sostuvo que dicha

acción estaba autorizada en la orden de cateo en los siguientes términos: “se autoriza

el uso de los medios lícitos necesarios para que se permita al personal que lleve a

cabo la diligencia, el acceso al inmueble de referencia, así como para abrir cerraduras

y/o chapas de puertas, escritorios, archiveros, gavetas, cajas fuertes o cualquier otro

mueble propio para guardar los objetos relacionados única y exclusivamente con los

hechos investigados…”.


La CNDH concluyó el expediente informando a los quejosos que el 3 de agosto de

2009 el ministerio público de la federación inició un a averiguación previa por delitos

contra la salud y ordenó una investigación “la cual fue cumplida el 4 de agosto de 2009

por elementos de la Policía Federal Ministerial, logrando la detención de dos personas,

190

asegurándoles a cada uno de ellos un envoltorio, conteniendo en su interior una

sustancia con características propias de la marihuana, mencionando que el

estupefaciente lo adquirieron en el domicilio ubicado en ___, por lo que el 5 de agosto

(de 2009)… el representante social de la Federación solicitó la orden de cateo en el

domicilio descrito”. La Comisión informó también a los quejosos que la autoridad

judicial autorizó la orden de cateo el 6 de agosto del mismo año, misma que se llevó a

cabo el 7 del mismo mes y año por agentes de la policía federal ministerial con apoyo

de elementos de la policía estatal preventiva y la policía ministerial del Estado de

Guerrero, lugar en el que se encontraba la señora (quejosa), a quien se le mostró la

orden respectiva, precisando que en el inmueble objeto del cateo se aseguraron armas

de fuego y cartuchos útiles”.

La Comisión explicó a los quejosos que “en cuanto al rompimiento de chapas se

advierte que dicha práctica fue autorizada en la orden de cateo expedida por la

autoridad judicial correspondiente, especificando que en la diligencia no se llevó a

cabo la detención de ninguna persona”. Por último, la CNDH orientó a los quejosos

para, en su caso, interponer queja ante el Órgano Interno de Control en la PGR y ante

la Contraloría General del Estado de Guerrero.

El Programa Atalaya considera que la CNDH omitió investigar a profundidad diversos

aspectos de la queja. Como se señaló antes, la Comisión no solicitó a la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Guerrero copia de las constancias que integran la

averiguación previa y, en especial, los certificados médicos en los que se hicieron

constar las lesiones sufridas por la quejosa con motivo de la diligencia de cateo. El

resultado de dicha omisión de la CNDH fue que la Procuraduría local no incluyó en su

informe dichos certificados ni referencia alguna sobre las características de las

lesiones y la mecánica de producción de las mismas.

La omisión antes aludida atribuible a la CNDH impidió a ésta contar con un referente

idóneo para valorar debidamente el informe de la PGR, ya que como se indicó antes,

el agente del ministerio público de la Federación, titular de la Unidad Mixta de Atención

al Narcomenudeo, negó categóricamente que durante el cateo los agentes hayan

causado lesiones a la quejosa: “en relación a las lesiones que refiere la quejosa___,

que fueron provocadas por elementos policíacos de la Unidad Mixta de Atención al

Narcomenudeo, es totalmente falso, ya que el suscrito en todo momento estuvo

presente en la diligencia de cateo y no se le ocasionó lesión alguna”.

191

La mejor vía al alcance de la CNDH para resolver la contradicción entre lo afirmado

por la quejosa y la PGR con respecto a las lesiones, era la de recabar la información

pericial producida dentro de la averiguación previa del fuero común relativa a las

lesiones causadas a la quejosa presumiblemente durante el cateo. Mediante el análisis

de dicha información por parte de sus propios peritos médicos, la Comisión habría

contado con elementos para determinar si la mecánica de producción de las lesiones

correspondía o no con lo narrado por la quejosa en el escrito inicial, lo cual a su vez

hubiera producido certeza sobre si la negación de los hechos por parte de la PGR

estaba debidamente sustentada.

Adicionalmente, la CNDH decidió no dar vista a los quejosos del informe de la PGR,

no obstante que éste era contradictorio con la versión de aquéllos por lo que toca a la

producción de lesiones a la agraviada durante el cateo, impidiéndoles aportar mayores

elementos de convicción sobre el particular. La CNDH desaprovechó también la

existencia de un testigo de los hechos (la persona que llegó al lugar en el momento del

cateo buscando al padre de la quejosa), quien además habría sido empujado e

insultado por los agentes, pues no lo consultó sobre los hechos ni sobre las lesiones

que le fueron producidas a la quejosa, algunas de las cuales por su naturaleza eran

visibles, como la que sufrió en el pómulo izquierdo. Resulta obvio que la ejecución de

una orden de cateo debe estar sujeta a los criterios que regulan el uso de la fuerza

pública o el uso legal de la fuerza, destacadamente el de proporcionalidad, pero

también los de legalidad, racionalidad, oportunidad y gradualidad. El respeto a dichos

criterios debe, invariablemente, someterse a comprobación por parte de la CNDH

cuando se trata de denuncias de uso excesivo o arbitrario de la fuerza en las

diligencias de cateo.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 (2 oficios), 10sep 09

Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 y 25 sep 09

⇒⇒⇒⇒ 5 oct 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No








193


Detención arbitraria, violencia física, uso indebido de arma de fuego, amenazas de muerte y presunta desaparición de un detenido


La quejosa manifestó que el 16 de agosto de 2009 su marido fue detenido “por

elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (y) de la PGR” y que desconoce

su paradero. Según refirió la quejosa, ella, su cónyuge y su hija de tres meses,

viajaban en su camioneta cuando fueron interceptados por los agentes quienes

amenazaron a su marido mediante insultos con disparar si no detenían el vehículo.

Una vez que su marido descendió de la camioneta, los agentes “comenzaron a

golpearlo”; uno de ellos lo golpeó en la costilla derecha con su arma de fuego;

posteriormente, “lo aventaron a la camioneta ya esposado y luego lo bajaron a patadas

y se lo subieron adelante”. La quejosa manifestó que los agentes revisaron su

camioneta y que uno de ellos amenazó con matar a su hija de tres meses si la

quejosa no obedecía sus órdenes. Desde el momento en el que sucedieron los hechos

referidos (15:00 horas del 16 de agosto de 2009), hasta la fecha de la presentación por

escrito de la queja ante la CNDH (18:30 horas del 20 de agosto del mismo año), la

quejosa no recibió información sobre el paradero de su esposo.

En la queja se señala, asimismo, que los agentes preguntaron a la quejosa la

ubicación de su domicilio; una vez que se los proporcionó acudieron al mismo junto

con ella y su hija de tres meses de edad. Los agentes ingresaron y revisaron la casa,

tiraron diversos objetos y “dejaron en mala condición (las) cosas tiradas”, además de

que “robaron una esclava de oro” y quinientos pesos. En ese lugar volvió a ser

amenazada en el sentido de que matarían a su hija si no obedecía sus indicaciones,

específicamente que no se moviera hasta que los agentes se hubieran ido del lugar.

Por último, la quejosa manifestó su preocupación por desconocer el paradero de su

marido y expuso que “corren muchos rumores que en el Hotel ___ , ubicado en

Arteaga, (Michoacán), escuchan gritos, quejidos de hombres que imploran no los

golpeen”.

194


El mismo día que la CNDH tuvo conocimiento de los hechos (20 de agosto de 2009)

solicitó telefónicamente información a la PGR sobre el paradero del detenido. Dicha

autoridad “informó telefónicamente que después de realizar la investigación

correspondiente, se advirtió que ni en la Delegación Estatal de la PGR en Michoacán,

ni en las oficinas de la SIEDO en la ciudad de México, se tiene registro alguno de la

detención (del presunto agraviado)”.

Por otra parte, la CNDH solicitó por escrito información sobre el caso a la SSPF, la

PGR, el Presidente Municipal de Arteaga, la Procuraduría General de Justicia y la

Secretaría de Seguridad Pública, ambas de Michoacán. En general, dichas solicitudes

se refieren de forma expresa y detallada a todos los aspectos necesarios para la

investigación de los hechos denunciados en la queja.


El Programa Atalaya debe subrayar el hecho de que la versión pública del expediente

entregada por la CNDH no contiene el informe rendido por la SSPF, como tampoco el

rendido por el Presidente Municipal de Arteaga, Michoacán. Es posible que dichos

informes correspondan a las fojas cuyo acceso fue impedido por parte de la CNDH al

Programa Atalaya (fojas 34 a 43 y 48 a 50), como también es posible que en dichas

fojas se encuentre información relativa a los informes rendido por las demás

autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y la Procuraduría

General de Justicia de dicha entidad, negaron su participación en los hechos. Por su

parte, la PGR fijó una fecha para que personal de la CNDH realizara una inspección

de la averiguación previa correspondiente y informó que “en fecha 26 de agosto de

2009 (el) representante social de la Federación dio inicio a la averiguación previa

número___ con motivo de la puesta a disposición (sic) de esta misma fecha de la

persona de nombre___ por encontrársele en flagrancia de la comisión de los delitos de

delincuencia organizada y contra la salud. (El detenido) se encuentra cumpliendo la

medida cautelar de arraigo número___” dictada por la autoridad judicial.

195


Entre las acciones que realizó la CNDH está la llamada telefónica a la quejosa con

fecha 3 de septiembre de 2009, la cual se hizo constar en una acta circunstanciada en

cuyo texto se establece lo siguiente: “(la quejosa) refirió que a finales del mes pasado,

sin recordar exactamente la fecha, personal de la SIEDO en la Procuraduría General

de la República, le informó telefónicamente que su esposo el señor ___ se encuentra

en el Centro Federal de Arraigo de la PGR, en la ciudad de México, por estar

relacionado con la comisión de un ilícito, y que el día 2 de septiembre del año en

curso, habló por teléfono con su consorte, quien le indicó que se encuentra bien”.

Una de las preocupaciones de la quejosa tras la detención de su marido por parte de

agentes de la autoridad fue expresada textualmente como sigue: “corren muchos

rumores que en el Hotel ___, ubicado en Arteaga, (Michoacán), escuchan gritos,

quejidos de hombres que imploran no los golpeen”. No obstante lo anterior, la CNDH

decidió ignorar dicho señalamiento, como lo demuestra el hecho de que no solicitó

expresamente información al respecto a ninguna autoridad, ni pidió a la quejosa que

ampliara los detalles al respecto. Dada la gravedad del señalamiento, la Comisión

debió realizar gestiones destinadas a obtener certeza sobre el particular, tales como

recabar diversos testimonios de vecinos de dicho inmueble, enviando para tal efecto

personal o solicitando el apoyo del organismo público local de derechos humanos.

Dependiendo del resultado de dicha investigación, la CNDH debía dar por falsos los

hechos, o bien, dar parte a las autoridades correspondientes para que tales

violaciones fueran investigadas y sancionadas. Resulta obvio que la CNDH no cuenta

con facultades que le permitan decidir de forma arbitraria o caprichosa si investiga o

no esta clase de denuncias.

La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa lo informado por las

autoridades requeridas. Le comunicó que la SSPF informó que no cuenta con

antecedente alguno sobre el caso. Asimismo, le informó que de la consulta de la

averiguación previa correspondiente efectuada por personal de la CNDH se desprende

que el presunto agraviado fue detenido “el 25 de agosto de 2009 (por) elementos de la

Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública… toda vez que al observarlo y

acercarse a el, procedieron a identificarse como policías federales, accediendo a ser

revisado, advirtiendo que el agraviado tenía en la mano derecha una bolsa de plástico

color negro y dentro de la misma una bolsa más pequeña, que contenía un material

blanco de apariencia cristalina con las características similares a la droga conocida

196

como ICE, además de manifestar no traer consigo identificación alguna y que

perteneció al Ejército Mexicano, procediendo después a ponerlo bajo la

responsabilidad de la autoridad ministerial de la Federación. Asimismo, se señaló que

de acuerdo con los trabajos de inteligencia se tiene conocimiento de que el agraviado

responde al alias ___ y que la persona con ese alias fue uno de los participantes en el

levantón de los 12 policías federal ejecutados en el mes de julio (de 2009).

La CNDH también informó a la quejosa que en su declaración ministerial, que “el 26 de

agosto de 2009 (el presunto agraviado) compareció ante la autoridad ministerial de la

Federación en presencia de defensor de oficio, haciéndole saber sus derechos

constitucionales, el cual señaló que en cuanto a las imputaciones que existen en su

contra se le dio lectura íntegra de éstas, manifestando que sí era su derecho declara

en virtud de que las mismas son verdaderas; que fue detenido el 25 de mayo de 2009

en el ___ y que en 2003 desertó del Ejército Mexicano para el cual trabajaba,

aceptando que al momento de su detención traía consigo la droga que se mencionó,

indicando que no presenta ninguna lesión; que ha sido tratado bien, sin manifestar su

deseo de manifestar denuncia o querella en contra los elementos aprehensores;

agregó que no fue obligado, presionado, coaccionado o maltratado para rendir su

declaración en los términos que lo hizo. (…) En la misma fecha, un perito de la

Procuraduría General de la República emitió dictamen médico, en el que se estableció

que las lesiones que presentó no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos

de 15 días, mismas que el agraviado manifestó habérselas ocasionado en días

pasados”.

Por otra parte, la Comisión informó a la quejosa lo siguiente: “no pasa desapercibido

para este Organismo Nacional que aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública

(Federal) informó que ningún elemento de la Policía Federal participó en los hechos

materia de la queja, de la información proporcionada por la PGR advirtió que

elementos policiales de dicha Secretaría tomaron parte en los sucesos de que usted

se duele, motivo por el cual este Organismo Nacional consideró oportuno dar vista al

Titular del Órgano de Control en la Policía Federal, por ser la instancia competente

para investigar y sancionar las conductas de los funcionarios de esa dependencia

cuando no se ciñen a la normatividad que los rige. (…) en vía de orientación se le

sugiere establecer comunicación personal o por escrito con personal del Órgano de

Control de la Policía Federal… a fin de que se le indique el trámite en el que se

encuentra la investigación administrativa que al respecto se haya iniciado, además de

197

aportar los elementos que le permitan acreditar sus afirmaciones y se resuelva lo que

en derecho proceda”.

El Programa Atalaya pone de relieve la grave omisión en la que incurrió la CNDH al

soslayar o ignorar la notoria discrepancia entre la fecha en la que, según la quejosa,

fue detenido el presunto agraviado y la fecha en la que ocurrió dicha detención según

el informe rendido por la PGR. En efecto, según la quejosa su marido fue detenido el

día 16 de agosto de 2009, circunstancia que denunció por vía telefónica ante la CNDH

el 18 de agosto del mismo año, según consta en el acta circunstanciada de esta

misma fecha levantada por el Organismo. No obstante lo anterior, en la averiguación

previa abierta contra el presunto agraviado, consultada de manera directa por personal

de la CNDH, se establece que dicha persona fue detenida “el 26 de agosto de 2009

(por) elementos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública”, es decir,

10 días después de que fue detenido según la versión de la quejosa.

La diferencia entre ambas fechas no es un asunto menor ni parece haber una causa

justificada para que la CNDH decidiera no investigar el origen de semejante

discrepancia. En última instancia, lo dicho por la quejosa significaría que el presunto

agraviado estuvo diez días en poder de sus captores de manera ilegal y en un lugar

desconocido. Resulta obvio que no está entre las atribuciones de la Comisión

desechar o descartar la investigación de aspectos como el señalado que pueden

entrañar graves violaciones a los derechos humanos, pues la retención de una

persona por un periodo tan largo en condiciones ilegales coloca a la autoridad en la

posición de cometer abusos de diversa índole, entre los que destacan la tortura física

y/o psicológica con fines de autoincriminación, la incomunicación, la desaparición

forzada y la “fabricación” de pruebas en su contra. Sería una nueva forma de

victimización exigir a una persona que ha estado retenida ilegalmente por 10 días que

asuma la carga de la prueba de los abusos de los que fue objeto durante dicho

periodo. Por otra parte, una irregularidad de tal magnitud, vicia y desacredita

gravemente la labor de las instituciones de procuración e impartición de justicia y, por

ende, afecta de manera irremediable la confiabilidad de la causa seguida contra el

presunto agraviado. Todo ello ante la mirada indiferente de la Comisión.

Esta omisión atribuible a la CNDH constituye una forma de cubrir o tapar violaciones a

los derechos humanos contra el agraviado por parte de las autoridades involucradas.

La Comisión tendría que explicar las razones por las que no realizó gestión alguna

para desentrañar la contradicción entre el parte policial que dio origen a la

198

averiguación previa y la versión de la quejosa. No realizó diligencias destinadas a

recabar testimonios de posibles testigos u otras evidencias que pudieran contribuir a

generar certeza sobre la fecha en la que fue efectivamente detenido el presunto

agraviado. Tampoco realizó acciones encaminadas a explicar como es que la quejosa

llamó a las oficinas de la CNDH el 18 de agosto de 2009 para denunciar la detención

de su esposo si es que éste fue detenido, según consta en la averiguación previa, el

26 de agosto del mismo año.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 20 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 20 ago 09 ⇒⇒⇒⇒ 3 sep 09

Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 18 sep 09 (6 oficios)

⇒⇒⇒⇒ 5 y 7 oct 09 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 29 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 1, 2 , 14 y 15 oct 09


No








200


Irrupción ilegal en domicilio, uso indebido de arma de fuego, detención arbitraria, amenazas y presunta desaparición de detenido


El quejoso manifestó que el día 20 de agosto de 2009 a las 7:00 de la mañana

irrumpieron agentes de la AFI en el domicilio de su mamá. Los agentes no explicaron

el motivo de la irrupción, además de que efectuaron “disparos al aire” y detuvieron al

hermano del quejoso, no sin antes amenazar a quienes se encontraban presentes. Los

agentes subieron al detenido “cual si fuera un animal a la camioneta blanca de la AFI”.

Al momento de acudir a la CNDH el quejoso desconocía el paradero de su hermano.


El día 26 de agosto de 2009, es decir, 6 días después de que la CNDH tuvo

conocimiento de los hechos, personal de la misma solicitó telefónicamente información

a la PGR sobre la situación del detenido, a lo cual esta última manifestó que “no se

tiene registro de la detención del señor ___”.

La CNDH solicitó por escrito un informe a la PGR, refiriéndose a todos los aspectos

necesarios para el estudio de la queja.


La PGR informó a la CNDH que en sus archivos y registros no cuenta con

antecedentes sobre la detención del presunto agraviado.


La CNDH dio vista al quejoso del informe de la PGR, ante lo cual manifestó “que ya

localizó a su hermano…, que se encuentra interno en el Centro de Readaptación

Social de Tabasco, (bajo la responsabilidad) del Juzgado Cuarto de Distrito en ese

estado, persona que esta siendo procesada por delitos contra la salud y delincuencia

organizada”.

201

Por otra parte, la Comisión se comunicó con el área jurídica del Centro de

Readaptación Social de Tabasco, donde le informaron que el presunto agraviado fue

detenido el 20 de agosto de 2009 “por elementos de la Policía Ministerial de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, en cumplimiento a una orden

de aprehensión otorgada por parte del Juez Cuarto de Distrito en Villahermosa

Tabasco”.

La CNDH concluyó el expediente informando todo lo anterior al quejoso y remitiendo el

caso al organismo público local de derechos humanos por tratarse de una cuestión de

su competencia.





No


⇒⇒⇒⇒ 29 oct 09 (vía telefónica) Informe de la autoridad y sus anexos

Sí ⇒⇒⇒⇒ 24, 25 y 29 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 12 oct 09


No


Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera Sí ⇒⇒⇒⇒ 26 oct 09






203


Falta de información sobre la integración de una averiguación previa


La quejosa manifestó que el 2 de junio de 2008, estando ausente, miembros del

Ejército Mexicano se introdujeron a su casa, de donde sustrajeron diversos objetos.

Agregó que al solicitar información sobre los hechos a la propia institución castrense

se le indicó que “no encontraron antecedentes al respecto”. Por tal motivo presentó

una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Señaló que desconoce el

trámite que se ha dado a la misma. La SEDENA le informó que se ordenó una

investigación sobre los hechos, pero también desconoce su resultado.


La CNDH solicitó expresamente toda la información necesaria para el estudio de la

queja.


La SEDENA informó a la CNDH que en sus archivos no existe registro alguno de los

hechos referidos en la queja. Por su parte, la PGR informó que con motivo de la

denuncia presentada por la quejosa “ha llevado a cabo diversas diligencias para

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona o personas

que llevaron a cabo la conducta delictiva”. La Procuraduría enuncia una por una las

distintas diligencias practicadas dentro de la averiguación previa, entre las cuales

destacan los citatorios girados a guardias de seguridad del fraccionamiento donde se

ubica la casa de la quejosa y a vecinos del lugar, ninguno de los cuales ha

comparecido ante la autoridad ministerial. La PGR informó, por último, que la

averiguación previa “se encuentra en etapa de integración”, a demás de que “se

encuentran pendientes de llevar a cabo diversas diligencias trascendentes para en su

momento ejercitar la acción penal correspondiente contra de quien o quienes resulten

responsables”.

204


La CNDH concluyó el expediente de queja informando a la presunta agraviada el

contenido de los informes de las autoridades. Por otra parte, le comunicó que, en

atención a que el personal de seguridad del fraccionamiento “se percató de la

presencia de personal militar en las circunstancias” referidas en la queja, ese

Organismo estimó pertinente dar vista de los hechos a la Dirección General de

Derechos Humanos de la SEDENA “para que por su conducto los haga del

conocimiento de la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza

Aérea Mexicana, a efecto de que dicha instancia… atienda y resuelva lo que conforme

a derecho proceda…”. Por lo demás, la CNDH informó a la quejosa que “el agente del

ministerio público de la Federación se encuentra integrando una averiguación previa

con motivo de los hechos manifestados” en la queja.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 8, 10 sep 09


⇒⇒⇒⇒ 21 sep 09 ⇒⇒⇒⇒ 1, 27 oct 09


No


No







206


Maltrato en establecimiento penitenciario


La quejosa se comunicó el 1º de septiembre de 2009 a la CNDH y expuso que su

esposo se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria,

Tamaulipas, lugar en el que habría sido objeto de maltrato. Agregó que, según “le

dijeron”, existía la posibilidad de que, aun pagando la fianza, su esposo no saliera

libre.


El personal de la CNDH realizó, el 2 de septiembre de 2009, una visita de campo al

establecimiento referido a fin de entrevistarse con el presunto agraviado, quien

manifestó que, luego de su detención y reclusión, “el viernes (28 de agosto de 2009),

por la noche, en el interior del CERESO, se presentaron en su celda unas personas a

las que no pudo ver porque lo cubrieron con una cobija; lo voltearon contra la pared y

lo amenazaron, indicándole que tenía que pagar la deuda, autoinculparse y renunciar

al beneficio de la libertad bajo fianza, y enseguida lo obligaron a firmar unos

documentos que redactaron y estampar sus huellas digitales; que al día siguiente lo

llevaron al juzgado para que declarara, donde manifestó que él no era culpable…; que

el veintinueve de agosto de la presente anualidad, por la tarde, los aludidos individuos

fueron a verlo, lo taparon de nueva cuenta y lo golpearon con la mano en diferentes

partes de cuerpo, a saber, atrás de la cabeza y en el pecho, y con una tabla le

pegaron en las nalgas, volviéndolo a amenazar al decirle ‘te vamos a quebrar’, ‘no vas

a salir vivo’; que el domingo permaneció en el módulo asignado sin problemas; que el

lunes acudió al juzgado y le comunicaron la formal prisión, pasándolo posteriormente a

las oficinas del Director del citado Centro de Ejecución de Sanciones; que estando en

ese lugar acudió una persona que al hablar reconoció como la que había ido

anteriormente a la celda del módulo tres y que lo había amenazado, quien sin

golpearlo le volvió a decir que iba a visitarlo en donde estuviera, por lo que sólo le dio

el nombre de su abogada para que platicara con ella, acotando que al parecer burló la

vigilancia; que con los custodios no tiene problema alguno… (que) está bien de salud;

que toma medicamentos para los triglicéridos, para colesterol y aspirinas que le

proporcionó su esposa, quien la visitó el 1º de septiembre (de 2009); que el médico del

207

Centro sólo lo revisó cuando ingresó a ese lugar, momento en que estaba bien, y que

su abogado hizo del conocimiento del Juzgado los hechos descritos”.

El presunto agraviado fue revisado durante la visita por personal de la CNDH, el cual

encontró “dos equimosis, una de forma ovoidea, bordes irregulares, situada en región

glútea derecha, y otra de forma circular, bordes irregulares, situada en región glútea

izquierda; certificación que al igual que catorce impresiones fotográficas del recluso de

mérito y un audio cassette que contiene la grabación de la entrevista en comento, se

anexa (al acta circunstanciada correspondiente)”.

El director del establecimiento penitenciario manifestó al personal de la CNDH “que, el

día 31 de octubre de 2009, recibió una llamada telefónica del Director General de

Ejecución de Sanciones del referido estado, quien le pidió que por medidas de

seguridad tuviera en un lugar seguro al señor ___ hasta que cubriera su fianza, por lo

que decidió mantenerlo en su oficina; y en relación a las lesiones que éste presentó,

manifestó que no tenía conocimiento, y que daría vista a las autoridades

correspondientes”.

Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

realizó una exploración física del presunto agraviado el día 3 de septiembre de 2009,

luego de la cual concluyó que dicha persona mostraba lesiones “que no ponen en

peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días; (que) estas lesiones no son auto-

infligidas; (que) tienen una evolución de cinco días aproximadamente, conforme a la

coloración que presentan las lesiones; y (que) tienen una mecánica de ser producidas

con las manos, además de que aquellas que se advierten en las regiones glúteas por

sus características de forma y dimensiones, son compatibles a las producidas por

objeto contuso similar al de una tabla”.

El 9 de noviembre de 2009, personal de la CNDH entabló comunicación telefónica con

el Subdirector Jurídico del establecimiento penitenciario de Ciudad Victoria, “a efecto

de solicitar informes en relación a las lesiones que presentó el (presunto agraviado)”.

El funcionario le indicó “que se había dado vista a la Agencia Primera Investigadora

del mencionado estado de la República, quien radicó la averiguación previa ___ y que

por lo que respecta a la vista realizada al Órgano Interno de Control, una vez que se

remitieran copias de la (averiguación previa) mencionada se iniciaría el expediente

administrativo respectivo”.

208

La CNDH concluyó el expediente informando a la quejosa que su cónyuge fue puesto

en libertad el 8 de septiembre de 2009 al dictarse auto de sobreseimiento por perdón

del ofendido y que, “a fin de indagar sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir

servidores públicos por las lesiones que presentó su esposo, el titular del citado Centro

(penitenciario) dio vista al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad

Pública de Tamaulipas y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad,

destacando que por tal motivo en esta última se radicó la averiguación previa ___”.

El Programa Atalaya considera que la actuación de la CNDH favoreció la oportuna

certificación de las lesiones sufridas por el presunto agraviado, así como la

intervención de las autoridades administrativas y ministeriales responsables de

investigar los hechos. Es necesario hacer notar, por otra parte, que el expediente

analizado fue entregado por la CNDH al Programa Atalaya en el paquete de

expedientes solicitado por éste relativo a actos atribuibles a la PGR, no obstante que

ésta no fue señalada por los quejosos, ni involucrada de ningún otro modo en los

hechos. Lo anterior denota fallas de la Comisión en su sistema de clasificación de los

expedientes para fines de acceso a la información y transparencia. En tal virtud, y para

no desvirtuar los resultados de la presente investigación, este caso no se tomó en

cuenta en el análisis de conjunto de las quejas.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 1 sep 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No


⇒⇒⇒⇒ 2 sep 09 (solicitud de apoyo)

⇒⇒⇒⇒ 9 nov 09 (vía telefónica) Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 2, 3 y 8 sep 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

Sí

⇒⇒⇒⇒ 21 sep 09 ( 2 actas de visita al quejoso en DGES, se obtuvo información y fotografías)








210


Robo de dinero y objetos por parte de policías y agentes del ministerio público


El quejoso manifestó que circulaba en su vehículo con 157 mil pesos y 650 dólares

cuando fue detenido en un retén por miembros de la Policía Estatal Preventiva de

Chiapas quienes al presentarlo ante la PGR “pusieron a disposición únicamente la

cantidad de 111 mil pesos y 445 dólares”. Posteriormente, cuando fue liberado por el

ministerio público “sólo (le) entrega la cantidad de 55 mil pesos y 445 dólares”. Agregó

que algunos objetos que llevaba en su vehículo no le fueron devueltos.


La CNDH no solicitó por escrito información a autoridad alguna, pero entabló

comunicación telefónica con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Chiapas, organismo que recibió la queja correspondiente, con la finalidad de obtener

información para aclarar la queja, ante lo cual el organismo local le informó que el

agraviado “no proporcionó más información que la que contiene su escrito de queja y

que (el quejoso) le comentó (a la visitadora adjunta) que algunos datos, como son

fechas exactas, ya no las recordaba”. El organismo local informó a la CNDH que el

quejoso refirió “que la única forma de comunicarse con él era a través de su teléfono

celular pero se lo robaron (según denunció en la propia queja)”.


La CNDH concluyó el expediente solicitando al presunto agraviado la aclaración de su

queja, en especial la fecha, lugar y motivo por el que fue detenido, el tiempo que

permaneció en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, la fecha en la que fue

puesto bajo la responsabilidad del ministerio público, el delito por el que fue acusado y

la fecha en que fue puesto en libertad.

La recepción de la queja por parte del personal del organismo público local de

derechos humanos fue deficiente, lo cual redundó en la falta de datos para solicitar

información a la PGR sobre los hechos denunciados. La queja no fue escrita de puño y

211

letra por el quejoso, sino que fue elaborada por el personal del organismo local en

presencia del quejoso, y sin embargo, la visitadora adjunta no le solicitó información

precisa sobre el lugar exacto de su detención, el tiempo que permaneció detenido, el

momento en el que fue puesto bajo la responsabilidad de la autoridad, el delito por el

que fue acusado y la fecha de su puesta en libertad. De ahí que la CNDH se haya

visto orillada a solicitar la aclaración de la queja al agraviado. Sin embargo, el

Organismo Nacional no dio vista al órgano de control o la contraloría de la comisión

local con motivo de la falta de aplicación del principio de suplencia o subsidiariedad de

la queja por parte de la visitadora adjunta, la cual se tradujo en una deficiente

integración del expediente de queja.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 24 ago 09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: Sí ⇒⇒⇒⇒ 6 oct 09 Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

No


Informe de la autoridad y sus anexos No Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No




Oficio de conclusión de expediente enviado al quejoso Sí ⇒⇒⇒⇒ 7 sep 09


1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Modificación del Acuerdo de calificación X 3. Comunicado de admisión de instancia X


213


Violencia y uso excesivo de la fuerza legal al desbloquear vías de comunicación tomadas por manifestantes


El quejoso manifestó que “el lunes 19 de enero de 2009, aproximadamente a las 9 de

la mañana” se realizó una concentración de campesinos que solicitaban una audiencia

con la presidenta municipal a fin de solicitarle que “arregle el camino que conduce” a

los ejidos de los manifestantes. Al no recibir respuesta, aproximadamente mil

campesinos, decidieron bloquear a las 3:00 de la tarde del día mencionado, la

carretera que conduce de Minatitlán a Cosoleacaque. A las 9:00 de la mañana del día

siguiente agentes de la Policía Federal que viajaban en tres camionetas intentaron

obligar a los manifestantes a retirarse “para lo cual utilizaron toletes y escudos” sin

conseguirlo. Nuevamente, a las 10:30 horas del mismo día, se llevó a cabo un

“operativo” de desalojo en el que participaron policías municipales y estatales, así

como agentes de la Policía Federal.

Según refirió el quejoso, los “desalojaron del lugar a golpes con toletes y gas

lacrimógeno, pero los que (los) golpearon fueron elementos de la policía intermunicipal

y conforme (los) golpeaban, (los) iban deteniendo y subiendo a las patrullas para

posteriormente (encerrarlos) en las celdas de la Inspección de la Subcoordinación de

la Intermunicipal que se ubica junto al rastro de este municipio”. El quejoso agregó que

durante su detención fue golpeado con toletes, rociado con gas lacrimógeno en los

ojos y esposado. Señaló que los agentes ocasionaron daños a su vehículo. En al

celdas mencionadas pudo darse cuenta que fueron detenidos un total de 37

manifestantes, algunos de los cuales “presentaban lesiones en la cabeza y espalda”

por lo cual fueron “atendidos por paramédicos de la Cruz Roja”. Su liberación se

produjo a las 00:00 horas del jueves 22 de enero de 2009. Solicitaron a la CNDH

medidas precautorias por su temor a sufrir nuevas agresiones, así como la reparación

del daño y atención psicológica a los agraviados.


La CNDH solicito información a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la

Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del

214

Estado de Veracruz, el municipio de Minatitlán y la Procuraduría General de la

Republica.

La solicitud de información a dichas autoridades por parte de la CNDH comprende

todos los aspectos relevantes de la queja.


La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó a la CNDH que su

intervención se debió al perjuicio que el bloqueo realizado por los manifestantes

causaba a los usuarios de la carretera. Agregó que en diversas ocasiones conminaron

a los inconformes al desalojo voluntario de la vía de comunicación sin tener éxito.

Señalaron que los agentes policiales fueron agredidos verbal y físicamente por los

presuntos agraviados, lo mismo que transportistas y personas que se encontraban en

el lugar. Todo lo anterior consta, según dicha autoridad, en un video en poder de

CAPUFE. Entre los objetos que portaban los manifestantes destacan palos, piedras,

tubos, palas, armas blancas y un arma de fuego. La autoridad informó que en tales

circunstancias “se procedió a interceptar a las personas que en total fueron 37”, acción

que no se originó en una orden de aprehensión sino en la figura de la flagrancia.

Según se desprende del informe mencionado, cinco agentes resultaron lesionados y

algunos de ellos fueron atendidos en el IMSS. Por otra parte, la referida autoridad

reconoció que “no hubo plan operativo” que guiara la actuación de los agentes. El

informe contiene la versión individual de dieciséis agentes policiales que tuvieron

intervención en los hechos.

El Presidente Municipal Interino de Minatitlán, Veracruz, negó participación en los

hechos de servidores públicos adscritos a dicho orden de gobierno.

La Procuraduría General de la República rindió su informe el 24 de marzo de 2009. Sin

embargo, la CNDH impidió el acceso de su contenido al Programa Atalaya extrayendo

de la versión pública del expediente las fojas 565 y 567-571. Resulta evidente que

dichas fojas no corresponden con la extensión de una averiguación previa, por lo que

se trataría de una afectación al derecho de acceso a la información pública y

transparencia. Por otra parte, la PGR negó a la CNDH copias de la averiguación previa

correspondiente, sin embargo, manifestó su disposición para que personal de ésta

última pueda consultar directamente dicha documentación en las instalaciones de la

Procuraduría.

215


La CNDH habilitó diversas brigadas de trabajo al lugar a fin de entrevistar a los

presuntos agraviados, levantar fe de hechos y elaborar certificados periciales de

lesiones a los involucrados en los sucesos del 20 de enero de 2009. Según la

información contenida en el expediente, fueron revisadas por los peritos 35 personas,

la mayor parte de las cuales mostraba “lesiones contemporáneas al día de los

hechos… con características de abuso de fuerza innecesaria lo que asemeja a

maniobras de malos tratos”. Las lesiones, en general, “fueron ocasionadas en una

mecánica de producción de tipo intencional, provocadas por terceras personas en una

actitud pasiva por parte del agraviado”. En algunos casos las lesiones son del tipo que

tardan en sanar menos de 15 días y en otros exceden dicho periodo. Los peritos

concluyeron que las lesiones “fueron infligidas por autoridades policíacas durante el

desalojo de las carreteras del 20 de enero de 2009”.

La CNDH dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad mediante oficio de fecha

18 de junio de 2009, en el cual le comunicó que las diversas autoridades señaladas en

su queja negaron su participación en los hechos, con excepción de la Secretaría de

Seguridad Pública del Estado de Veracruz. En virtud de la contradicción entre lo

señalado por el quejoso y las autoridades federales y municipal se solicitó al quejoso

manifestar lo que a su derecho conviniera. La vista no fue desahogada por el quejoso,

quien además no pudo ser localizado por la CNDH en el domicilio ni en los números

telefónicos de los que se disponía. Por tal motivo, el expediente fue remitido al

organismo local de derechos humanos por no haberse acreditado elementos que

surtieran la competencia a favor de la Comisión Nacional.




Escrito de queja, acta circunstanciada de recepción de hechos o formulario de atención: Sí ⇒⇒⇒⇒ 23 ene09 Escrito(s) o acta(s) circunstanciada(s) de ampliación de hechos: No Acta(s) circunstanciada(s) que hagan constar entrevistas o conversaciones, telefónicas o presénciales, entre el personal de la CNDH y el quejoso, entre el momento que se planteó la queja y la fecha de la solicitud de información a la autoridad:

Sí ⇒⇒⇒⇒ 17 feb 09 (5 actas

circunstanciadas)

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 16 feb 09 (5 oficios)

⇒⇒⇒⇒ 2 y 13 abril 09 Informe de la autoridad y sus anexos

Sí

⇒⇒⇒⇒ 20 y 25 26 feb 09 ⇒⇒⇒⇒ 2 , 11 y 19 mar ⇒⇒⇒⇒ 12 jun 09 ⇒⇒⇒⇒ 27 jul 09


Sí

⇒⇒⇒⇒ 23 ene 09


Ampliaciones de informes remitidas por la autoridad No Oficios o actas circunstanciadas que den cuenta de que se dio vista al quejoso de lo informado por la autoridad, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera Sí ⇒⇒⇒⇒ 16 y 18 jun 09

⇒⇒⇒⇒ 4 ago 09 Documentos que hagan constar que el quejoso manifestó lo que a su derecho convino respecto al informe rendido por la autoridad No





217


Detención arbitraria y violenta en perjuicio de la agraviada


El quejoso manifestó que agentes de la AFI “detuvieron de manera violenta a su

hijastra… sin que en algún momento le hayan presentando orden de aprehensión o de

presentación alguna, así como tampoco le fue informado el motivo por el cual le

detuvieron”. Durante la detención la presunta agraviada se encontraba acompañada

de “sus hermanas”.


La CNDH tuvo conocimiento de los hechos el día 10 de septiembre de 2009, es decir,

8 días después de ocurridos los hechos. El día 14 del mismo mes y año solicitó

telefónicamente información a la PGR “para localizara a la agraviada (y) conocer si se

encuentra detenida en instalaciones” de dicha autoridad.

La Comisión solicitó por escrito a la PGR, de manera expresa, toda la información

necesaria para el estudio de la queja.


El 15 de septiembre de 2009, personal de la Procuraduría informó a la CNDH que la

presunta agraviada “se encuentra arraigada en el Centro de Investigación Federal de

la PGR, por estar vinculada con el delito de secuestro, por lo que se le tramita la

(averiguación previa) ___”.

En su informe por escrito, la PGR comunica a la CNDH que “se encuentra

imposibilitada” para permitir al personal de esta última consultar las constancias que

integran la averiguación previa correspondiente, según lo previsto en el artículo 16 del

Código Federal de Procedimientos Penales.

218


La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que, en virtud de que el

ministerio público de la Federación ejerció acción penal contra la presunta agraviada el

31 de agosto del 2009 por el delito de delincuencia organizada, un juez de Distrito

instruye una causa penal en su contra. La Comisión calificó el asunto como “de

naturaleza jurisdiccional” y, en tal virtud, negó tener competencia para su tramitación.

Orientó al quejoso para, en su caso, interponer recurso de apelación o amparo contra

las resoluciones judiciales, así como para acudir al Órgano Interno de Control de la

PGR a fin de denunciar las irregularidades en las que pudieran haber incurrido

servidores públicos adscritos a la misma.

El Programa Atalaya considera que la CNDH omitió investigar aspectos relevantes de

la queja, en particular los señalamientos del quejoso en el sentido de que la presunta

agraviada fue detenida “de manera violenta” y sin ser informada del motivo de su

detención, además de que presuntamente no se le mostró la orden de aprehensión

respectiva. Estos hechos no fueron abordados por la PGR en su informe a pesar de

que se le solicitaron expresamente los datos conducentes. Amparada en una

interpretación restrictiva de la ley, la Procuraduría negó el acceso a la averiguación

previa al personal de la CNDH, sin que ello de forma alguna justifique que en su

informe rendido a dicho Organismo haya sido omisa respecto a los detalles de la

ejecución de la orden de aprehensión respectiva y el estado físico de la detenida al

momento de ser ingresada al Centro de Investigación Federal de la PGR.

La secrecía de las investigaciones ministeriales no autoriza a la PGR a negar

información sobre las condiciones médicas en las que fue presentada la detenida por

los agentes aprehensores a fin de descartar actos ilegales de violencia y otros excesos

en el uso de la fuerza durante la diligencia. So pretexto de que se trata de un asunto

de carácter jurisdiccional, la CNDH concluyó el expediente sin investigar ni reunir

evidencias para confirmar o descartar los señalamientos del quejoso sobre la presunta

violencia ejercida contra su familiar. En este, como en otros casos, la Comisión

pretende justificar omisiones en su desempeño con el argumento de que la agraviada

esta sujeta a proceso ante la autoridad judicial, sin considerar que, con independencia

de ello, en la queja fueron expuestos hechos que claramente corresponden al ámbito

de competencia de la CNDH, como lo son los presuntos actos ilegales de violencia

ejercida por sus aprehensores. En otras palabras, la Comisión estaría sosteniendo

que, una vez que una persona es sometida a proceso mediante un auto de formal

219

prisión, los actos ilegales cometidos durante su detención son “convalidados” o

legitimados retroactivamente.

Adicionalmente, la CNDH omitió recabar evidencias por otros medios sobre la

presunta violencia sufrida por la agraviada, tales como los testimonios que pudieran

haber rendido, además de las hermanas de la detenida, otras personas que se

encontraban en el lugar durante la intervención policial.





No


⇒⇒⇒⇒ 14 sep 09 ( 2 solicitudes telefónicas)

⇒⇒⇒⇒ 30 sep 09 Informe de la autoridad y sus anexos Sí ⇒⇒⇒⇒ 19, 20, 23 oct 09 Peritajes, fotografías u otros medios de prueba ofrecidos por la autoridad, u obtenidos por la CNDH por otros medios (constancias de material de prensa, video y audio, por visita de campo)

No


No







221


Falta de información sobre la situación legal de un detenido


La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo solicitó a la CNDH

intervenir con motivo de la detención de una persona por parte de miembros del

Ejército y de la SIEDO. Se solicitó a la CNDH ejercer sus facultades a fin de conocer

la situación del detenido “respecto al proceso que se le instruye” y “las condiciones en

que se encuentra” en las instalaciones del establecimiento penitenciario en el que fue

recluido.


La CNDH solicitó información por escrito a la SEDENA, así como a la PGR y a la

autoridad penitenciaria federal. La información solicitada abarca los aspectos

relevantes de la queja.


La SEDENA respondió el requerimiento de la CNDH señalando lo siguiente: “con

objeto de estar en aptitud de atender sus solicitud, agradeceré a usted gire sus

apreciables instrucciones a quien corresponde a efecto de que se ratifique o rectifique

el contenido del oficio (…), por medio del cual se requiere información relacionada con

el señor ___; lo anterior en razón de que el escrito presentado por el señor ___ no

especifica el lugar, fecha y hora, donde fue detenido el quejoso ___; asimismo, no se

anexa el escrito que menciona en el oficio de solicitud de información”.

Por su parte, la PGR informó a la CNDH lo siguiente: se “hace constar que hasta las

11:30 horas del (19 de octubre de 2009), no se encontró en la Base de Identificación

de Personas de (la SIEDO), algún registro que permita suponer que (el agraviado) se

encuentra relacionado con alguna (averiguación previa) iniciada en las Unidades

Investigadoras que la conforman. En ese sentido, le solicito su amable intervención

para que, en ele caso de tener mayores elementos que permitan establecer la

participación de la SIEDO en los hechos motivos de la queja que nos ocupa, nos lo

222

haga saber a la brevedad. Lo anterior para estar en posibilidad de brindar el

seguimiento conducente”


La Comisión dispuso una visita de campo al establecimiento penitenciario por parte de

dos miembros de su personal a fin de recabar información diversa sobre la situación

física y legal del presunto agraviado, así como una visita al juez de la causa para

“consultar diversas constancias que integran” el expediente judicial, misma que se

realizó el 1º de octubre de 2009.

La visita al establecimiento penitenciario por parte del personal de la CHDH se realizó

los días 1º y 2 de octubre de 2009. En dicha diligencia se entrevistó al presunto

agraviado, quien “refirió que se encuentra sano física y mentalmente, ya que durante

su traslado y estancia en ese lugar se han respetado sus derechos humanos,

permitiéndole realizar llamadas telefónicas, platicar con sus abogados y recibir

atención médica adecuada para sus padecimientos, por lo que no tiene queja alguna”.

La CNDH concluyó el expediente informando al quejoso que de la investigación

realizada se desprende que su detención se originó en una orden de aprehensión

girada por juez competente y que, desde su ingreso al establecimiento penitenciario,

se le ha proporcionado la atención médica necesaria.

El Programa Atalaya hace notar que la petición del organismo local de derechos

humanos a la PGR para intervenir en este caso se originó principalmente en la

preocupación por el estado de salud del presunto agraviado tras su detención. Con

independencia de que el detenido sufría de padecimientos tales como hipertensión

arterial sistémica y obesidad grado II, la intervención de la CNDH debía obviamente

ser encaminada a comprobar que la aprehensión y traslado de dicha persona no le

haya producido lesiones u otras afectaciones en su salud. El medio de prueba idóneo

para conocer si un detenido sufrió o no lesiones durante su aprehensión es el

certificado médico elaborado con motivo de su ingreso al establecimiento penitenciario

o al inmueble destinado a su arraigo. Cuando se trata de presuntas lesiones, la

Comisión debe valorar dicho certificado aun cuando el propio agraviado manifieste no

haber sido objeto de agresiones, pues esto último bien puede derivar de presiones o

intimidaciones por parte de quienes lo tienen bajo su custodia.

223

Según consta en el acta circunstanciada de fecha 5 de octubre de 2009, el personal de

la CNDH tuvo a la vista el certificado médico de ingreso del detenido al CEFERESO

durante la visita que realizó los días 1º y 2 de octubre de 2009 a dicho establecimiento.

No obstante, en la versión pública del expediente entregada por la CNDH por el

Programa Atalaya, no existe constancia alguna que acredite que la Comisión analizó

dicho documento a fin de establecer si de dicho documento se desprende o no la

existencia de lesiones al momento su ingreso al CEFERESO.

Llama la atención que en el oficio mediante el cual se le comunica al quejoso la

conclusión del expediente, la Comisión no se refiera a la existencia o inexistencia de

lesiones originadas en la detención o traslado, sino que se limita a señalar que el día 2

de octubre de 2009 — es decir, varias semanas después de que el organismo local de

derechos humanos redactó el comunicado para dar cuenta de los hechos a la CNDH—

el detenido se encontraba sano física y mentalmente. El perito médico de la Comisión

que emitió su opinión sobre “la integridad física y emocional” del agraviado tampoco se

refirió al certificado médico de ingreso antes referido, ni estableció de manera clara si

durante la detención y traslado del agraviado le fueron producidas lesiones. En suma,

la CNDH visitó al detenido varias semanas después de su aprehensión y, a pesar de

haber tenido a la vista el certificado médico de ingreso, no realizó un estudio

minucioso del mismo a fin de descartar la existencia de lesiones originadas en su

detención o traslado, o bien, no documentó los resultados de sus investigaciones al

respecto.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades

Sí

⇒⇒⇒⇒ 28 sep 09 (3 oficios y 1 solicitando autorice trabajo de campo)


Sí ⇒⇒⇒⇒ 19 y 23 oct 09 ⇒⇒⇒⇒ 5 nov 09


Sí ⇒⇒⇒⇒ 5 oct 09 (2 actas de

visita para la obtención de información)

Solicitudes de ampliación de informes a la autoridad, por ser éstos incompletos, obscuros o evasivos No ⇒⇒⇒⇒ 5 oct 09


No




1. Cédula o Acuerdo de calificación √ 2. Modificación del Acuerdo de calificación X 3. Comunicado de admisión de instancia √


225


Irregularidades en la integración de la averiguación previa, irrupción ilegal, detención arbitraria, falta de asistencia médica y firma de actas sin que la

quejosa conociera su contenido


El quejoso interpuso queja en contra de la agente del ministerio público de la

Federación adscrita a la SIEDO en los siguientes términos: “además de cometer

diversas irregularidades durante (la) integración (de la averiguación previa) como la de

solicitar que se acreditara la propiedad de un bien inmueble que desconocemos a qué

persona pertenezca, le atribuye indebidamente hechos que nunca realizó, además de

que se ha negado de manera prepotente a recibir al abogado que como defensor

particular deseamos designar para su defensa durante el avance en las

investigaciones que se están realizando por parte de dicha servidora pública,

argumentado que existen otros abogados designados sin tomar en cuenta que fueron

revocados, negándonos durante todo el tiempo que ha estado arraigado, cualquier

información relativa a los hechos que se le atribuyen y por los que es sujeto a una

investigación ministerial, limitándose a señalarnos que ya tiene designado al ___

defensor público de oficio y que estuviéramos en contacto con él para solicitarle

información, el cual nunca nos ha brindado la debida asistencia jurídica, ya que

siempre que podemos localizarlo nos dice que está cansado, que no tiene tiempo, que

no tenía caso que acudiéramos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

porque repercutiría en las investigación, por lo que tuvimos la necesidad de designar

durante los primero días a unos abogados que ya fueron revocados desde el día 26 de

junio (del 2009), fecha desde la cual mi esposo se encuentra sin asistencia jurídica

alguna para su defensa, y que la citada agente del ministerio público no ha tomado en

consideración”.

Añadió que durante la diligencia que llevó a cabo la AFI a las 3:00 horas del día 28 de

mayo del 2009 para su detención y la de su esposo se introdujeron “con violencia” en

su domicilio “sin mostrar orden alguna”, sin indicar el motivo de su presencia, además

de que revolvieron los objetos de su casa y sustrajeron documentos personales,

“agregando fotografías y documentos” que no les pertenecen. Señaló que una vez que

fue trasladada a las instalaciones de la SIEDO no se le proporcionó “la debida

asistencia médica al estado de gravidez” que presentaba, no obstante que les

226

manifestó su malestar; por el contrario, “utilizaron ese hecho” para intimidarla y

apresurarla “para que firmara una declaración” sin darle tiempo de leerla una vez

impresa. Refirió que le permitieron retirarse a las 17:00 horas del día antes

mencionado, por lo que tuvo que acudir al hospital “debido a los graves síntomas” que

presentó en esos momentos.


La CNDH solicitó toda la información necesaria a la PGR para el estudio de la queja.

Cabe resaltar que, en este caso, la Comisión solicitó expresamente “copia del álbum

fotográfico de los elementos adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación

de la Procuraduría General de la República el día señalado (28 de mayo de 2009)”.


La PGR informó que se encontraba “imposibilitada” para permitir la consulta de la

averiguación previa respectiva al personal de la CNDH. Lo anterior con fundamento en

el párrafo sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo que toca a los hechos denunciados en la queja, la PGR informó que un juez

obsequió una orden de cateo que incluía el domicilio de la quejosa, diligencia que se

llevo a cabo el 28 de mayo de 2009, en presencia de sus ocupantes, quienes

nombraron los testigos exigidos por la ley. Aseguró que “es falso que esta autoridad

no haya contado con orden judicial alguna y más falso es que se haya introducido de

manera ilegal a dicho inmueble, pues como puede apreciarse… la ejecución de la

orden de cateo de mérito se llevó a cabo respetando el marco normativo que lo rige,

habiéndole mostrado previamente al ocupante de dicho inmueble la orden de cateo”.

La PGR sostuvo que “aseguró de manera provisional diversa documentación por

encontrarse relacionada con los hechos en investigación, por lo que se niega de

manera categórica que se haya sustraído de manera ilegal documentos personales…

situación que quedó asentada en al acta de cateo”. La Procuraduría defendió su

facultad de agotar todos los medios de prueba permitidos por la ley, así como su

atribución de informar a los inculpados las imputaciones que obran en su contra.

Aseguró que en este caso el inculpado ha ejercido libremente su derecho de nombrar

y revocar a sus defensores. Negó que se haya impedido el acceso a la información

sobre la averiguación previa a la quejosa durante el tiempo que su esposo permaneció

227

arraigado, como lo demuestra el hecho de que la quejosa tiene conocimiento del

desarrollo de la averiguación previa.

La PGR explicó que “la declaración recabada (a la quejosa) en su calidad de testigo…

fue hecha sin coacción alguna y de manera voluntaría, a quien se le hizo de su

conocimiento el contenido íntegro del artículo 243 del Código Federal de

Procedimientos Penales… y enterada del contenido de dicho artículo decidió de

manera voluntaria llevar a cabo su deposición… Atendiendo al estado de gravidez

visible que presentaba en ese momento, esta autoridad…le brindó las facilidades para

poderse comunicar con diversas personas a través de la línea oficial para informarles

de su estado de salud… antes de recabar su deposado ministerial, tocando en

consideración el estado de gravidez de dicha persona se solicitó a la Dirección de

Servicios Periciales fuera valorada por un médico con la finalidad de tener la certeza

de su posibilidad de rendir declaración, médico que en todo momento estuvo

pendiente de cualquier eventualidad que pudiera suscitarse respecto de dicha

declarante” (sic).


La CNDH concluyó el expediente el 30 de octubre de 2009 informando a la quejosa el

contenido del informe de la PGR y manifestándole que no encontró elementos que

permitieran acreditar violaciones a los derechos humanos toda vez que el cateo se

realizó con base en una orden judicial, además de que su declaración ministerial la

rindió en calidad de testigo y se le dio a conocer el contenido del articulo 243 del

Código Federal de Procedimientos Penales, bajo la supervisión de personal médico.

La Comisión explicó a la quejosa que en virtud de que su esposo “se encuentra sujeto

a proceso… no se surten actos de competencia” de ese Organismo Nacional. En vía

de orientación le sugirió aportar elementos de convicción dentro del proceso penal e

interponer los recursos que marca la ley. Asimismo, la orientó para, en su caso, acudir

en queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR.

El Programa Atalaya considera que la investigación realizada por la CNDH en este

caso fue deficiente por diversos motivos. Es evidente la contradicción entre lo

manifestado por la quejosa y la PGR en lo relativo al carácter voluntario o forzado con

el que rindió su declaración ministerial. En efecto, la quejosa manifestó expresamente

que a ella y a su esposo los trasladaron a la SIEDO “en calidad de detenidos”. Tal

228

afirmación no deja lugar a dudas de que no acudió de manera voluntaria como

sostiene la PGR, sino forzada. A mayor abundamiento, la quejosa manifestó que su

detención se llevó a cabo a las “tres horas” (3:00 hrs.) del día 28 de mayo de 2009, lo

que hace aún más inverosímil que haya acudido de manera voluntaria en calidad de

testigo, máxime que en su condición de gravidez resultaría riesgoso permanecer en el

lugar hasta las diecisiete horas (17:00 hrs.) para rendir su declaración (momento en el

que la dejaron retirarse), es decir, aproximadamente trece horas. Por si fuera poco, la

quejosa manifestó expresamente que la autoridad utilizó su estado de gravidez para

intimidarla y apresurarla “para que firmara una declaración” sin darle tiempo “de leerla

una vez impresa”. En este tenor, la presencia del médico de ningún modo justificaría la

permanencia forzada de la quejosa ante la autoridad ministerial.

En este, como en otros casos analizados en este documento, la CNDH incumplió su

obligación de dar vista a la quejosa del informe de la PGR para manifestar lo que a su

derecho conviniere, no obstante las notorias contradicciones entre las versiones de

ambos. En este caso no bastaba que la autoridad afirmara el carácter voluntario de la

comparecencia de la quejosa ni que asegurara que se dio a conocer el artículo antes

mencionado, ya que el señalamiento de la quejosa en el sentido de que firmó “a

ciegas”, es decir, sin una lectura previa, su declaración, obligaba a la CNDH a

profundizar en la investigación, en primer lugar, dando vista a la quejosa permitiéndole

manifestarse sobre lo informado por la PGR; en segundo lugar, tomando contacto con

las personas que firmaron como testigos el acta relativa al cateo a fin de obtener su

versión sobre si la quejosa fue detenida o acudió de manera voluntaria; y, en tercer

lugar, solicitando a la propia PGR los videos de las instalaciones en las que

permaneció la quejosa por aproximadamente trece horas a efecto de obtener certeza

sobre si pudo leer su declaración antes de firmarla.

Por otra parte, la CNDH omitió investigar si efectivamente la agente del ministerio

público correspondiente “se ha negado de manera prepotente a recibir al abogado que

como defensor particular” desean la quejosa y su esposo. La PGR se limitó al respecto

a informar que “es un derecho del inculpado nombrar un defensor, por lo que en uso

de la facultad o del derecho que le confiere (la ley), el entonces probable responsable,

a través de la oficialía de partes común presentó tres escritos en los que nombró y

revocó libremente a sus defensores”. Como puede advertirse, dicha respuesta de la

PGR no aclara de forma directa si el abogado al que se refiere la quejosa fue recibido

o no por la agente del ministerio público, las fechas precisas en las que lo recibió y, en

su caso, los motivos por los que se había negado “de manera prepotente” a recibirlo,

229

todo lo cual constituiría un obstáculo a los derechos de defensa e información en el

procedimiento penal.





No

Oficios de solicitud de información a las autoridades Sí ⇒⇒⇒⇒ 4 sept 09

Informe de la autoridad y sus anexos SI

⇒⇒⇒⇒ 18 sept 09 ⇒⇒⇒⇒ 19 oct 09


No


No







DESEMPEÑO DE LA CNDH EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS ...

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