Desmantelar Los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia
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DESMANTELAR LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
EN COLOMBIA:
LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO
Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012
Traducido del Inglés
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES ......................................................... i
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1
II. PONER FIN A LOS NGAI: LA OFERTA DEL GOBIERNO .................................... 1
A. LA POSTURA DEL GOBIERNO ......................................................................................................... 1
B. IMPLICACIONES PARA LOS MIEMBROS .......................................................................................... 3
C. IMPLICACIONES PARA LAS VÍCTIMAS ............................................................................................ 4
III. EL PERFIL DEL ERPAC ................................................................................................ 5
A. CONTROL SOCIAL Y TERRITORIAL ................................................................................................ 5
B. INTERESES ECONÓMICOS .............................................................................................................. 8
C. IMPACTO HUMANITARIO............................................................................................................... 8
IV. EL SOMETIMIENTO ...................................................................................................... 9
A. LA FASE PREVIA ......................................................................................................................... 10
B. LÍMITES DEL ENFOQUE ACTUAL.................................................................................................. 11
C. EL ESCENARIO POST-SOMETIMIENTO .......................................................................................... 13
V. HACIA UNA POLÍTICA DE SOMETIMIENTO ....................................................... 14
A. MANEJAR LAS ZONAS GRISES ..................................................................................................... 15
B. CORREGIR LOS INCENTIVOS ....................................................................................................... 16
C. MÁS ALLÁ DEL PROCESAMIENTO PENAL ..................................................................................... 17
VI. CONCLUSIÓN ................................................................................................................ 18
ANEXOS
A. MAPA DE COLOMBIA ....................................................................................................................... 19
B. MAPA DE LOS LLANOS ORIENTALES ................................................................................................ 20
C. GLOSARIODE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES .................................................................................. 21
D. QUIÉNES SON LOS PARAMILITARES EN LOS LLANOS ORIENTALES ..................................................... 22
E. ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP .................................................................................... 24
F. INFORMES Y BOLETINES DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2009 ....... 25
G. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CRISIS GROUP ............................................................................ 26
Informe sobre América Latina N°41 8 de junio de 2012
DESMANTELAR LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
EN COLOMBIA: LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO
RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES
El sometimiento del Ejército Revolucionario Popular An-
titerrorista de Colombia (ERPAC), en diciembre de 2011,
corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso. So-
lo una parte del grupo participó en el proceso y además es
posible que los líderes sean condenados a penas de pri-
sión cortas y que las estructuras criminales y de corrup-
ción subyacentes permanezcan intactas. El impacto en las
dinámicas del conflicto en los Llanos Orientales, bastión
del grupo, ha sido limitado. Igual de preocupante, ade-
más, es la falta de transparencia y de observación interna-
cional, hechos que minaron la credibilidad del proceso y
dejaron la impresión de que un grupo armado ilegal en-
gañó nuevamente a las instituciones estatales en detri-
mento del público y, en particular, de las víctimas. Las
autoridades deben sacar las conclusiones correctas de es-
tos hechos, de lo contrario, la falta de instrumentos apro-
piados para responder a sometimientos colectivos seguirá
obstaculizando los esfuerzos para combatir grupos como
el ERPAC, los cuales se han convertido en uno de los
principales desafíos para la seguridad del país.
La rendición de 272 miembros, poco más de un tercio de
la fuerza armada total del ERPAC, representa la primera
vez que un Nuevo Grupo Armado Ilegal (NGAI), con raí-
ces en los paramilitares desmovilizados, decide renunciar
a sus armas. Desde que la Policía acabó con la vida de su
fundador, alias “Cuchillo”, en diciembre de 2010, la pre-
sión externa para el sometimiento del grupo había creci-
do, así como las demandas al interior del mismo. El ex
líder paramilitar había convertido al ERPAC en el grupo
armado ilegal dominante en parte de los departamentos
del Meta, Guaviare y Vichada, y jugaba un rol clave en el
tráfico de drogas y en actividades relacionadas con el
crimen organizado. Sin embargo, dados sus vínculos sus-
tanciales con la elite política local y regional, al igual que
con algunos miembros de la fuerza pública, el ERPAC
era más que una organización criminal común. Ejerció un
fuerte control social en las regiones en las que hacía pre-
sencia a través de asesinatos selectivos de líderes comuni-
tarios, entre otros, y fue responsable de desplazamientos
forzados, reclutamientos de niños y violencia sexual.
Los miembros del ERPAC enfrentan actualmente proce-
sos penales ante tribunales ordinarios y podrían reclamar
los beneficios proporcionados por el sistema de justicia
criminal, como la reducción de penas a cambio de la acep-
tación de los cargos. Sin embargo, no son elegibles para
recibir los beneficios del programa gubernamental de
Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Esto
se debe a que el Gobierno considera que los grupos como
el ERPAC son bandas criminales (o BACRIM) y, por lo
tanto, no hacen parte del conflicto armado interno. De la
misma forma, los miembros de los NGAI tampoco pue-
den ser considerados bajo algún procedimiento de justicia
transicional, tal como la Ley de Justicia y Paz (LJP) de 2005.
Una extensión generalizada de los mecanismos de DDR y
de justicia transicional hacia los NGAI no tendría justifi-
cación, pero la aplicación exclusiva del derecho penal or-
dinario tampoco está exenta de problemas. Primero, la ley
penal ordinaria deja a las víctimas sin los beneficios y las
garantías legales que se extienden a las víctimas de las
guerrillas y de los paramilitares; sin embargo, es posible
que un fallo de la Corte Constitucional conocido en mar-
zo de 2012 permita que algunas de las víctimas de los
NGAI sean cubiertas por la Ley de Víctimas de 2011. Se-
gundo, deja a los excombatientes sin una perspectiva cla-
ra sobre la reintegración civil, aumentando así el riesgo
de rearme. Los crímenes graves cometidos por los NGAI
deben ser completamente investigados y juzgados, pero
también es necesaria una aproximación más amplia al
desmantelamiento de estos grupos en aquellos casos en
los que hay una relación clara con el conflicto armado.
De forma contraria a lo esperado por el Gobierno, el pro-
ceso del ERPAC reveló los límites de la estrategia de so-
metimiento, en lugar de reivindicarla. La Fiscalía General
de la Nación, con pocas opciones, tuvo que liberar a la
mayoría de los combatientes de forma casi inmediata, ya
que al inicio sólo se emitieron órdenes de captura contra
diecinueve líderes. Esto obligó a los fiscales y a la Policía
a recapturar a los miembros del ERPAC uno por uno en
una tarea ardua y aún incompleta. La indignación pública
que siguió fue comprensible. Sin embargo, lo más perju-
dicial es que el proceso probablemente fracasará en el in-
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tento por castigar a los responsables de crímenes graves,
en lograr un impacto estructural en los negocios del ER-
PAC y en desarticular sus vínculos con políticos y miem-
bros de la fuerza pública. Por otro lado, no se habría apro-
vechado suficientemente la información proveniente de
los miembros rasos sobre las operaciones del ERPAC y,
en consecuencia, los líderes no se enfrentan a una amenaza
creíble de cargos criminales serios. De esta manera tienen
pocos incentivos para colaborar seriamente con el sistema
judicial.
Pero el problema trasciende dichas deficiencias. La tajan-
te distinción conceptual del Gobierno entre las partes del
conflicto y los grupos criminales organizados, sobre la
cual se construyó la lógica del sometimiento, no refleja
adecuadamente las complejidades existentes en el terreno.
Los grupos como ERPAC no son una réplica exacta de
los paramilitares, pero no pueden ni deben considerarse
de forma aislada al contexto más amplio del conflicto ar-
mado interno. Esto significa que desmantelar los NGAI
supone más que la investigación y el castigo de los críme-
nes individualmente considerados. También implica el des-
mantelamiento de redes corruptas, garantizar los derechos
de las víctimas y evitar el rearme. Debido a sus actuales
debilidades, la reconciliación de intereses tan dispares so-
brepasa la capacidad del sistema judicial. El gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos entregó el proceso, de for-
ma deliberada, a la Fiscalía, pero las deficiencias reveladas
en la experiencia del ERPAC solo han resaltado la nece-
sidad de una política de sometimiento explícita, que vaya
más allá del procesamiento judicial individual y donde el
Gobierno asuma un liderazgo activo.
Después de que el gobierno del ahora ex Presidente Álvaro
Uribe Vélez minimizara la amenaza de los NGAI, el Pre-
sidente Santos asumió una postura más fuerte, aunque los
resultados son todavía limitados. Combatir a los NGAI es
un desafío complejo que involucra a múltiples agencias
gubernamentales y a varias políticas. Pero sin una política
de sometimiento explícita, la estrategia del Gobierno con-
tra los NGAI continuará quedándose corta. Además, esta
política podría traer beneficios más allá de sometimientos
futuros de estos grupos. Un enfoque más integral y creí-
ble para enfrentar a los NGAI puede constituir un ele-
mento central de las garantías necesarias para posibles
conversaciones de paz con las guerrillas, para las cuales
el Gobierno está lentamente preparando el terreno.
RECOMENDACIONES
Para facilitar el sometimiento colectivo de los NGAI de
una forma que asegure su desmantelamiento completo,
incluidas sus estructuras y las redes corruptas, garantice
la protección de los derechos de las víctimas, impida el
rearme y, al mismo tiempo, evite la impunidad.
Al Gobierno, la Fiscalía General de la Nación y
otras autoridades del Sistema Judicial de Colombia:
1. Asegurar que las instituciones judiciales y policiales
tengan recursos, capacidad e incentivos profesionales
para investigar y procesar todo el espectro de críme-
nes de los NGAI, incluidos crímenes serios equiva-
lentes a violaciones graves de derechos humanos y
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la
red corrupta detrás de los grupos.
2. Fortalecer los incentivos para que los miembros ra-
sos de los NGAI se sometan a la justicia y cooperen
con información sobre operaciones, superiores y re-
des criminales, al clarificar bajo qué condiciones y
cómo se aplicaría el “principio de oportunidad” que
permite a la Fiscalía suspender o desistir de la acusa-
ción en un caso que no involucre violaciones graves
de los derechos humanos y del DIH.
3. Mejorar la perspectiva de la vida civil para los ex
miembros de los NGAI con la introducción de bene-
ficios básicos de reintegración sujetos a criterios es-
trictos de elegibilidad, antecedentes judiciales y com-
portamiento.
4. Aclarar el tratamiento de los niños y adolescentes
que son parte de los NGAI, quienes deberían ser ele-
gibles para ingresar al programa para niños soldados
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
independientemente de la clasificación del Gobierno
respecto a los NGAI como organizaciones criminales
y no como parte del conflicto armado.
5. Mejorar las garantías institucionales para las vícti-
mas de los NGAI mediante una interpretación exten-
siva de la Ley 1448 (2011) a favor de la víctima y, si
esto demuestra ser poco efectivo, considerar la intro-
ducción de legislación específica a fin de asegurar
que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de
condiciones.
6. Fortalecer los derechos de las víctimas a la verdad
mediante la introducción de un programa administra-
tivo de diseño similar a la Ley 1424 (2010), bajo el
cual los miembros rasos de los NGAI recibirían bene-
ficios legales a cambio de contribuir en el estableci-
miento de la verdad extrajudicial y la memoria histó-
rica. Los individuos responsables de crímenes graves
no deberían ser elegibles para dicho programa.
7. Aumentar la credibilidad y la transparencia de los
procesos de sometimiento mediante la invitación co-
mo observadores a organizaciones internacionales,
en particular, a la Misión de Apoyo al Proceso de
Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP-OEA).
Bogotá/Bruselas, 8 de junio de 2012
Informe sobre América Latina N°41 8 de junio de 2012
DESMANTELAR LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
EN COLOMBIA: LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO
I. INTRODUCCIÓN
Con la participación de poco más de un tercio de los com-
batientes, el sometimiento del Ejército Revolucionario
Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), en diciem-
bre de 2011, fue un acontecimiento que no tuvo las di-
mensiones esperadas. Sin embargo, permitió examinar,
por primera vez, uno de los elementos centrales de la es-
trategia del Gobierno contra los Nuevos Grupos Armados
Ilegales (NGAI) y sucesores de los paramilitares. Al ca-
racterizar a los NGAI como organizaciones criminales, el
Gobierno insiste en que no negociará con éstos y en que
la única vía posible para los miembros de los NGAI es
someterse a la justicia y que enfrenten un proceso penal.
Un sometimiento exitoso habría fortalecido los incentivos
para que otros NGAI siguieran el ejemplo del ERPAC, pero
la experiencia con este último, puso al desnudo las limita-
ciones que tiene el actual enfoque tanto a nivel institucional
como procesal. Las instituciones judiciales son demasia-
do débiles para poder investigar y procesar a los miem-
bros del ERPAC por todos los delitos cometidos, lo cual
aumenta drásticamente el riesgo de la impunidad. Por lo
tanto, es probable que, tras el sometimiento, las estructu-
ras integradas por testaferros permanezcan. En la prácti-
ca, el sometimiento no ha causado mayores efectos aparte
de desatar la lucha territorial entre los grupos que compi-
ten por controlar la herencia del ERPAC. En razón de lo
anterior, los derechos de las víctimas a la verdad, la justi-
cia y la reparación se han visto negativamente afectados
Combatir los NGAI es una tarea compleja que, de acuerdo
a la estrategia actual, implica operaciones de inteligencia,
represión de las actividades criminales, la prevención del
reclutamiento y el procesamiento penal de los miembros
que los integran. Este informe no pretende hacer una eva-
luación del enfoque general del Gobierno. En lugar de
eso, se concentra en el sometimiento del ERPAC, con la
intención de contribuir al debate sobre la forma en la que
se podrían mejorar posibles procesos de sometimientos
colectivos de los NGAI en un futuro. Según la distinción
del Gobierno entre “desmovilización” y “sometimiento”,
el primer término se aplica solamente a los grupos elegi-
bles para participar en el programa de Desmovilización,
Desarme y Reintegración (DDR), es decir, a las guerrillas
y a los paramilitares.
II. PONER FIN A LOS NGAI:
LA OFERTA DEL GOBIERNO
Colombia cuenta con una amplia variedad de instrumen-
tos legales para desmovilizar y desarmar organizaciones
armadas ilegales, así como para reintegrar a los comba-
tientes a la vida civil. Estos instrumentos proceden de las
negociaciones con diferentes grupos guerrilleros, las des-
movilizaciones individuales y la entrega colectiva del gru-
po paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Pero ninguno de esos instrumentos se aplicó al ERPAC.
En lugar de eso, el Gobierno insistió en que la única ma-
nera para que sus miembros pudieran normalizar su situa-
ción era sometiéndose a la justicia y enfrentando un pro-
ceso penal conforme a la justicia ordinaria. Esta postura,
que tiene sus raíces en la caracterización de este grupo, y
de otros similares, como organizaciones criminales y no
como grupos armados al margen de la ley, tiene amplias
consecuencias, no sólo respecto al tipo de beneficios le-
gales que pueden exigir los excombatientes desarmados,
sino también respecto al acceso que tienen sus víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación.
A. LA POSTURA DEL GOBIERNO
El ERPAC es uno de los cinco grupos armados ilegales
que emergieron tras el fin de la desmovilización paramili-
tar en 2006 y que el Gobierno describe como bandas cri-
minales (BACRIM)1. De acuerdo con los cálculos de la
Policía, estos grupos cuentan con más de 4.800 miembros
1 Para un análisis de la dinámica posterior a la desmovilización,
véanse los informes sobre América Latina de International Cri-
sis Group N°20, Los nuevos grupos armados de Colombia, 10
de mayo de 2007; N°34, Colombia: La oportunidad del presi-
dente Santos de poner fin al conflicto, 13 de octubre de 2011; y
N°37, Romper los nexos entre crimen y política local: Las elec-
ciones de 2011 en Colombia, 25 de julio de 2011. Además del
ERPAC, el Gobierno reconoce a los Urabeños, Rastrojos, Ma-
chos y Renacer. Nuevo Grupo Armado Ilegal es el término que
utiliza Crisis Group para estas estructuras y no debe confundir-
se con la definición legal de grupo armado del Gobierno, “al
margen de la ley”, como parte del conflicto armado interno
(véase más abajo).
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Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 2
en 167 municipios; según otros cálculos, sus miembros as-
cenderían a 8.000 y podrían tener presencia en 406 muni-
cipios2. Entre el 2008 y el 2010, los NGAI llevaron a cabo
más actos unilaterales de violencia que las guerrillas. En
el 2010, fueron responsables de más del 15 por ciento del
total de desplazamientos forzados internos, una cifra que
superó el 40 por ciento en algunos departamentos altamen-
te afectados como Magdalena o Córdoba3. Si bien el go-
bierno del Presidente Álvaro Uribe (2002 - 2010) minimi-
zó la relevancia de éstos, el de Juan Manuel Santos ha
admitido que actualmente los NGAI constituyen la mayor
amenaza para la seguridad de los ciudadanos 4 y los ha
enfrentado con más firmeza, pero los resultados siguen
siendo limitados. Aunque las fuerzas de seguridad captu-
raron o dieron de baja a líderes importantes, existe poca
evidencia de que se haya logrado debilitarlos a nivel es-
tructural. Las operaciones importantes parecen haberse
llevado a cabo en respuesta a acontecimientos individua-
les y no como parte de la aplicación de una iniciativa legal
integral. La estrategia actual del Gobierno se estableció
en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en fe-
brero de 20115. El resultado más importante fue la defini-
ción que se proporcionó de los NGAI como grupos cri-
minales organizados. Ésta seguía los lineamientos básicos
del gobierno de Uribe, que había caracterizado los NGAI
como un fenómeno de criminalidad común6. Sin embargo,
2 Entrevista de Crisis Group, Policía, Bogotá, 7 de mayo de
2012; “Presencia de los Narcoparamilitares en el 2011”, Unidad
de Investigaciones, en Punto de Encuentro nº 58, Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), marzo de 2012,
p. 37. Indepaz calcula que al menos 271 municipios han tenido
una presencia continua de NGAI desde el 2008. En su mayoría,
éstos están en Montes de María, Guajira, Bajo Cauca de Antio-
quia, Urabá, la Costa Pacífica, Catatumbo y los Llanos Orienta-
les. Los nombres de los grupos a menudo se usan de forma am-
bigua, lo cual hace que las categorizaciones y los cálculos de
los miembros pierdan credibilidad. Adicionalmente, existen
distintos niveles de membresía, incluidas redes sociales exten-
sas que en general no se tienen en cuenta en los cálculos de los
miembros. 3 Véase Jorge A. Restrepo, Juan David González y Alonso To-
bón, “Paramilitarismo: la amenaza sigue viva”, Razón Pública ,
7 de marzo de 2011, y Angélica Arias Ortiz, “Las Bacrim retan
a Santos”, Arcanos17 (2012), p. 12. 4 Véanse las declaraciones del exdirector de la Policía Nacional,
General Óscar Naranjo en “Bacrim, una amenaza y hay que con-
tenerlas, dice Naranjo”, El Colombiano, Medellín, 26 de enero
de 2011. 5 Entrevista de Crisis Group, Gobierno de Colombia, Bogotá, 2
de mayo de 2012. Santos estableció el consejo como plataforma
para analizar los principales problemas de seguridad y para
coordinar una respuesta estatal integral. “Presidente Santos pu-
so en marcha el Consejo Nacional de Seguridad”, Sistema In-
formativo del Gobierno, 7 de febrero de 2011. 6 Los definió como “organizaciones de carácter multidelictivo,
independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideo-
logía, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de
la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alian-
Santos ha reconocido en estos grupos su creciente y com-
pleja naturaleza, su fuerza y su impacto humanitario. En
este sentido, se describen a los NGAI como “estructuras
delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto
poder corruptor, intimidador y armado que han combinado
la producción y comercialización de drogas con la afecta-
ción violenta de los derechos y las libertades de los ciuda-
danos en ciertas zonas rurales y en la periferia de algunos
centros urbanos del país”7.
Si bien hay consenso en cuanto a la importancia que tie-
nen las actividades de crimen organizado para los NGAI,
su caracterización como BACRIM tiene dos implicaciones
controversiales. En primer lugar, como lo han argumentado
de forma extensa algunos grupos de la sociedad civil, de-
finir los NGAI sólo como un fenómeno de criminalidad
minimiza deliberadamente la importancia que tuvieron los
grupos paramilitares desmovilizados en su surgimiento.
La terminología alternativa como “neoparamilitares” o
“narcoparamilitares” acentúa el fuerte vínculo con los ex
paramilitares, vínculo sobre el cual las pruebas abundan.
Los NGAI surgieron en regiones donde previamente exis-
tió presencia paramilitar y continuaron las prácticas de
control social, incluida la violencia contra líderes comuni-
tarios y otros grupos vulnerables8. Al consolidarse en cinco
grupos principales a partir de los 33 que había en el 2006,
los NGAI lograron adquirir estructuras organizacionales
cada vez más robustas. Sin embargo, a pesar del vínculo
con los paramilitares, los NGAI dependen menos de la re-
tórica política y sus relaciones con las guerrillas han sido
ambivalentes, abarcando desde la colaboración en el tráfico
de drogas hasta la confrontación.
En segundo lugar, la insistencia en que la naturaleza de los
NGAI es el crimen organizado, los desvincula del conflicto
armado interno. No obstante, su capacidad de combate, su
consolidación organizacional y el creciente impacto nega-
tivo de sus operaciones a nivel humanitario han alimenta-
do el debate sobre si éstos deberían ser reconocidos como
parte del conflicto. Según afirma Human Rights Watch,
algunos, incluido el ERPAC, podrían tener las condiciones
que exige el Derecho Internacional Humanitario (DIH)
zas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones
delincuenciales con propósitos criminales”. “Decreto número
2374 de 2010”, Ministerio del Interior y de Justicia, 1 de julio de
2010. 7 “Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”,
Ministerio de Defensa Nacional, mayo de 2011, p. 17. 8 Véase Soledad Granada, Jorge A. Restrepo, Alonso Tobón
García, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta
conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del
conflicto armado colombiano”, en Jorge A. Restrepo y David
Aponte (eds.), Guerra y violencias en Colombia. Herramientas
e interpretaciones (Bogotá, 2009), pp. 467-499, y Angélica
Arias Ortiz, “Las Bacrim retan a Santos”, op. cit.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 3
para ser considerados un grupo armado9. Esta valoración
es compartida por algunas organizaciones humanitarias y,
contrariamente a su anterior postura, por el ex Presidente
Uribe10. Admitir que los NGAI forman parte del conflicto
interno tendría consecuencias estratégicas de gran alcan-
ce, entre las cuales está la preparación del camino para
que los militares tengan un papel más activo en la lucha
contra éstos, tarea que en la actualidad es, en gran medida,
responsabilidad de la Policía. Sin embargo, establecer qué
grupos podrían responder a los criterios del DIH resulta
controversial y el Gobierno descarta ese reconocimiento
categóricamente. De hecho, los define como bandas crimi-
nales organizadas y utiliza el término BACRIM precisa-
mente para contrastarlos con los grupos armados al margen
de la ley11.
B. IMPLICACIONES PARA LOS MIEMBROS
En razón de la larga historia de acuerdos parciales de paz
con grupos armados ilegales, en Colombia no falta expe-
riencia en justicia transicional y DDR12. Por ejemplo, las
Leyes 35 (1982) y 77 (1989) ofrecían a las guerrillas, res-
pectivamente, amnistías e indultos presidenciales con res-
pecto a delitos políticos, a la vez que excluían determinados
delitos graves y exigían la reintegración y el desmantela-
miento de la organización ilegal en cuestión. A principios
de la década de los noventa, se desmovilizaron las guerri-
llas Movimiento 19 de abril (M19) y Ejército Popular de
Liberación (EPL) después de negociaciones en las que se
concedieron indultos. Sin embargo, los beneficios legales
no se limitaban a los procesos de paz con grupos guerrille-
ros. Por ejemplo, aunque carecían de un carácter político
claramente definido, las autoridades desmovilizaron gru-
9 “Herederos de los Paramilitares”, Human Rights Watch, fe-
brero de 2010, p. 11. 10
Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 2011 y 2012; “Uribe
propone que las Bacrim sean reconocidas dentro del conflicto
armado”, RCN Radio , 17 de mayo de 2012. El argumento de
Uribe para que se reconozca a los grupos como parte del con-
flicto es que los militares necesitan más garantías para combatir
a los NGAI. 11
“Bandas criminales que son eso: bandas criminales… Que
eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales”. “Decla-
ración del Presidente Juan Manuel Santos al concluir el Conse-
jo Nacional de Seguridad en la Casa de Nariño”, Sistema In-
formativo del Gobierno, 7 de febrero de 2011. 12
Entrevista de Crisis Group, especialista en DDR, Bogotá, 9
de marzo de 2012. Véase también Gonzalo Sánchez G., “Raíces
históricas de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia”,
en Gonzalo Sánchez G., Ensayos de historia social y política
del siglo XX (Bogotá, 1984), pp. 217-275; Gabriel Turriago Pi-
ñeros y José Bustamante Mora, Estudio de los procesos de re-
inserción en Colombia (Bogotá, 2003); y Álvaro Villarraga
Sarmiento (ed.), La reinserción en Colombia (Bogotá, 2006).
pos armados en Medellín en 1994 e intentaron reintegrar-
los como una cooperativa de seguridad privada13.
En el 2005 el Congreso sancionó la Ley de Justicia y Paz
(LJP), el marco legal más completo hasta la fecha para
desmovilizar, desarmar y reintegrar grupos armados ile-
gales. De manera particular, éste sirvió como el principal
marco de desmovilización de paramilitares de derecha. Lo
anterior se llevó a cabo mediante el uso de mecanismos
de justicia transicional, rompiendo así con la tradición de
indultos directos. La introducción de un esquema de sen-
tencias alternativas permitió a los responsables de delitos
graves beneficiarse de sentencias reducidas a cambio de
su cooperación en el esclarecimiento de la verdad y de su
contribución en la reparación de las víctimas14. De acuer-
do con la Ley 1424 (2010), los miembros rasos que no se
incluyen en la LJP son elegibles para la suspensión de ór-
denes de arresto o de ejecución de sentencias, siempre y
cuando contribuyan a la verdad, a las reparaciones y a la
construcción de la memoria histórica y no hayan cometido
delitos graves15. De conformidad con un programa refor-
mado de DDR que dirige la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR), creado en 2006, los combatientes
desmovilizados pueden reclamar una serie de beneficios
de reintegración. Entre los anteriores se incluyen un esti-
pendio mensual, seguro médico, educación, capacitación
laboral, atención psicosocial y apoyo para desarrollar un
proyecto productivo16. Estos beneficios se aplican por igual
a los combatientes que se hayan desmovilizado de forma
colectiva como resultado de una negociación de paz con
el Gobierno o de manera individual. La mayoría de aque-
llos que se desmovilizan de forma individual son comba-
tientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN),
los dos principales grupos guerrilleros.
13 La iniciativa local terminó siendo un fracaso y, tres años más
tarde, el alcalde de Medellín exigió que se disolviera. Clara
Isabel Vélez Rincón, “La voluntad de paz no se pierde, pero los
procesos no arrancan”, El Colombiano, Medellín, 16 de mayo
de 2002. 14
El Gobierno ha postulado aproximadamente a 4.000 personas
para ser incluidas en el programa de sentencias alternativas. Pa-
ra una evaluación reciente, véase “Diagnóstico de Justicia y Paz
en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”, MAPP-
OEA, octubre de 2011. 15
La aplicación de esta ley acaba de comenzar. Los excomba-
tientes de las AUC tuvieron hasta el 28 de diciembre de 2011
para demostrar su interés en ésta. Hasta esa fecha, la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR) había recibido alre-
dedor de 24.800 solicitudes, mucho más de lo esperado. Entre-
vista de Crisis Group, ACR, Bogotá, 11 de enero de 2012.
Véase también “Comienzan indagatorias de postulados a la Ley
1424”, comunicado de prensa de la ACR, 25 de enero de 2012. 16
Paula Torres, Yaneth Giha, Sergio Jaramillo, “Transitional
Justice and DDR: The Case of Colombia” (Justicia transicional
y DDR: el caso de Colombia), International Center forTransi-
tional Justice, junio de 2009, p. 14.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 4
Sin embargo, ni el apoyo para la reintegración ni las me-
didas de justicia transicional están disponibles para los
miembros de los NGAI. Conforme a la Ley 782 (2002), el
Gobierno está autorizado para negociar con los miembros
de grupos armados y para otorgarles beneficios legales.
Dichos grupos se definen de acuerdo con los criterios que
establece el Derecho Internacional Humanitario (DIH)17.
Al eliminar el requisito anteriormente existente respecto
al reconocimiento del carácter “político” de un grupo, la
ley abrió la puerta a las negociaciones con paramilitares18.
El Gobierno considera que ni los paramilitares ni los
NGAI responden a motivaciones de índole político, pero,
al contrario de lo que se hizo con los paramilitares, está
determinado a no reconocer a los NGAI como grupos ar-
mados ilegales en el sentido dispuesto por la Ley 782. Por
lo tanto, estos grupos no son elegibles para la aplicación
ni de la reintegración ni de otros beneficios. En lugar de
ser una consecuencia inevitable del marco legal existente,
esto es el reflejo de una decisión política según la cual el
capítulo del paramilitarismo quedó definitivamente cerrado
tras la desmovilización que concluyó en el 2006.
El sometimiento no implica ninguna consideración legal
especial. Si desean dejar las armas, los miembros de los
NGAI deben enfrentar investigaciones y procesos penales
ante la justicia ordinaria. En términos institucionales, los
procesos de sometimiento son dirigidos por la Fiscalía Ge-
neral de la Nación y no por el Gobierno. Los únicos bene-
ficios que pueden reclamar quienes se someten son los
previstos en el Código Penal y el Código de Procedimiento
Penal19. Prácticamente, quienes se entregan de forma vo-
luntaria, no reciben mayores beneficios legales que una
persona sospechosa de cualquier delito que colabora con
la justicia después de ser capturada20.
Los beneficios distan de ser pocos. Aceptar los cargos pue-
de reducir posibles sentencias hasta en un 50 por ciento.
17 Para calificar como grupo “al margen de la ley”, la Ley 782
establece que es aquel que, bajo la dirección de un mando res-
ponsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que
le permita realizar operaciones militares sostenidas y concerta-
das. Este concepto se extrajo del Protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra de1977. 18
“Política nacional de reintegración social y económica para
personas y grupos armados ilegales”, Documento Conpes 3554,
1de diciembre de 2008, p. 5. 19
Las normas legales relevantes al proceso de sometimiento
incluyen el Artículo 250 de la Constitución, el Código Penal
(Ley 599) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906). Se-
gún la Fiscalía General de la Nación, es posible que algunos
miembros del ERPAC necesiten ser juzgados conforme al Có-
digo de Procedimiento Penal anterior (Ley 600). “Inicia judi-
cialización de integrantes del Erpac”, Caracol, 22 de diciembre
de 2011. 20
Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 6 de marzo
de 2012; Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 12 de marzo de
2012.
Las condenas, además, pueden disminuirse a cambio de
colaborar activamente con el sistema judicial. Los miem-
bros de los NGAI podrían también ser elegibles para el
“principio de oportunidad”, el cual permite a la Fiscalía,
en determinadas circunstancias, suspender o desistir de un
proceso. En la Ley 1312 (2009) se establece que un acu-
sado que suministre “información eficaz” para desmante-
lar un grupo de crimen organizado puede beneficiarse de
ello. Sin embargo, esto no puede aplicarse a los líderes de
los grupos o a los casos que involucren violaciones al DIH,
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violacio-
nes graves de los derechos humanos, entre otros21. Aún es
incierto si esta ley puede aplicarse o no a los miembros de
los NGAI. Este debate se remonta a una decisión de la
Corte Constitucional en el 2010 por medio de la cual se
impide la aplicación del principio de oportunidad para pa-
ramilitares rasos desmovilizados, en parte, dado que esto
llevaría a la violación de los derechos de las víctimas22.
Más allá de la dimensión legal, la aplicación del principio
se complica aún más pues su introducción en el derecho
penal es relativamente reciente, razón por la cual los fis-
cales aún se muestran vacilantes respecto a su aplicación.
C. IMPLICACIONES PARA LAS VÍCTIMAS
Desde la adopción de la LJP se ha prestado atención, de
manera específica, a los derechos de las víctimas en el
marco legal colombiano. En la mencionada ley se estable-
cen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
rehabilitación, la compensación, la restitución y la satisfac-
ción, así como a las garantías de no repetición23. La Corte
Constitucional afirmó que el principal objetivo de la LJP
es preservar los derechos de las víctimas24. Estos últimos
fueron fortalecidos en el 2011 a través de la Ley 1448, co-
nocida como Ley de Víctimas, bajo la cual el Estado esta-
blece una serie de medidas para las víctimas del conflicto
armado sin establecer ningún tipo de discriminación entre
éstas.
21 Ley 1312 (2009), Artículo 2, párrafos 1 y 3, Diario Oficial, no.
47 405, 9 de julio de 2009. 22
“Sentencia C-936/10”, Corte Constitucional, 23 de noviembre
de 2010. En reacción a esta sentencia, el Gobierno sancionó la
Ley 1424 (2010). 23
Torres, Giha y Jaramillo, “Transitional Justice and DDR”,
op. cit., p. 40. Las “garantías de no repetición” comprenden to-
dos los actos del Estado destinados a prevenir la repetición de
las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye, entre
otros aspectos, la desmovilización de los combatientes, el des-
mantelamiento total de la estructura armada ilegal implicada y
el castigo de las personas involucradas en las violaciones de los
derechos humanos. Véase “Justicia transicional. Aportes para
construir un lenguaje unificado de transición en Colombia”,
Ministerio del Interior y de Justicia, mayo de 2011, pp. 34-35. 24
Véase “Sentencia C-370/10”, Corte Constitucional, 18 de
mayo de 2006.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 5
Aún no es claro si esta ley cubre a las víctimas de los
NGAI. El texto indica que sólo se aplica a violaciones del
DIH o a violaciones graves de los derechos humanos in-
ternacionales que se produzcan en el contexto del conflic-
to armado interno. Descarta, además, que se reconozcan
como víctimas a las personas cuyos derechos hayan sido
violados como resultado de “actos de delincuencia co-
mún”25. Dada la caracterización que hace el Gobierno de
los NGAI como bandas criminales, sus víctimas quedan,
aparentemente, excluidas de los beneficios de la Ley 1448.
Acción Social, la agencia anteriormente responsable de
dirigir el programa administrativo de reparación, no ha
mostrado un modo de actuar claro al respecto pues ha ad-
mitido los reclamos de algunas víctimas de los NGAI y ha
rechazado otros26.
Este asunto ha resultado controversial dentro del Gobierno
por varias razones, en particular por las dificultades prácti-
cas para diferenciar entre las víctimas de los paramilitares
y de los NGAI27. En marzo de 2012, la Corte Constitucio-
nal abrió la puerta para el reconocimiento de los derechos
de las víctimas de los NGAI bajo la Ley 1448. La Corte
sostuvo que es razonable imponer restricciones a la deno-
minación de posibles víctimas pero que las violaciones de
los derechos humanos internacionales y del DIH, causadas
por actores armados con estructura militar o control terri-
torial, que “tienen una relación cercana o suficiente” con
el desarrollo del conflicto armado, están cubiertas bajo la
ley28. Esto implica que las víctimas de los NGAI podrían
tener acceso a los beneficios que establece la Ley 1448 si
se lograra demostrar que existe un vínculo entre el con-
flicto armado y el actor armado que cometió la violación.
25 Ley 1448 (2011), Artículo 3, Gaceta del Congreso 479/2011,
1de julio de 2011. 26
Juanita León, “¿Y ahora quién responde por las víctimas de
las Bandas Criminales?”, La Silla Vacía, Bogotá, 8 de febrero
de 2011. 27
Entrevista de Crisis Group, oficial del Gobierno, Bogotá, 29
de febrero de 2012. Véanse también las opiniones citadas en
“¿Se deben incluir las víctimas de las Bacrim en la Ley de Víc-
timas?”, La Silla Vacía, 22 de marzo de 2011. 28
“Sentencia C-253/12”, comunicado de prensa de la Corte
Constitucional, 29 de marzo de 2012. El texto completo del fa-
llo aún no se ha publicado.
III. EL PERFIL DEL ERPAC
Hasta su parcial desmantelamiento en el 2011, el ERPAC
ejerció un control social y territorial prácticamente indis-
cutible en diferentes áreas de los vastos pero poco pobla-
dos Llanos Orientales y tuvo una presencia, al menos de
manera intermitente, mucho más allá de esta región29. Tan-
to los miembros como el modus operandi hicieron evidente
el alto nivel de continuidad del ERPAC con los predeceso-
res paramilitares en la región: el Bloque Centauros de las
AUC. Para consolidar su posición, el ERPAC se valió de
un gran conocimiento de la región, una base social estable
y vínculos con la fuerza pública y los gobiernos locales.
Participó en diversas actividades delictivas, incluyendo su
actuación como intermediario y contratista de seguridad
para traficantes de droga importantes. Pero el ERPAC
siempre fue mucho más que una banda criminal común. Al
reflejar su legado paramilitar, ejerció un estricto control
social en sus áreas de influencia y fue responsable de reclu-
tamientos forzados, desplazamientos forzosos, asesinatos
selectivos y otros delitos graves.
A. CONTROL SOCIAL Y TERRITORIAL
El surgimiento del ERPAC está relacionado con las falen-
cias que se produjeron en el proceso de desmantelamiento
de las AUC. Su fundador, Pedro Oliveiro Guerrero Castillo
(alias “Cuchillo”), tenía un reconocido pasado paramilitar
como uno de los líderes del Bloque Centauros de las AUC.
Este último, ejercía una amplia presencia en los departa-
mentos de Meta, Guaviare y Casanare, pero se dividió en
2004 después de que Cuchillo asesinara a su líder, Miguel
Arroyave (alias “Arcángel”), supuestamente para ganar
dominio sobre las rutas regionales del tráfico de drogas.
En abril de 2006, Cuchillo se desmovilizó con 1.765 miem-
bros de su subgrupo, los Héroes del Guaviare, y otra facción
disidente del Bloque Centauros, los Héroes del Llano, pero
rehusó ser detenido30.
Apenas dos meses más tarde, comenzó a surgir informa-
ción sobre la organización y el rearme de exparamilitares
en la región. Cuchillo había establecido una compañía de
29 La Policía calcula que en 2011 el grupo estaba presente en
diez municipios de los departamentos de Meta, Vichada y Gua-
viare, mientras que Indepaz informa que existían operaciones
en 45 municipios de catorce departamentos. “Bandas criminales
narcotraficantes 2011”, Policía Nacional, Dirección de Carabi-
neros y Seguridad Rural, presentación no publicada, 7 de febre-
ro de 2011; y “Cartografía del conflicto”, op. cit., p. 18. Gene-
ralmente, los miembros del ERPAC capturados fuera de los
Llanos pertenecían a los rangos más bajos. Entrevista telefónica
de Crisis Group, analista, 9 de marzo de 2012. 30
“Monografía – Región Llanos Orientales”, III Informe Na-
cional, Área DDR de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, diciembre de 2011, p. 6.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 6
seguridad privada que, según se informa, reunía a algunos
de sus antiguos socios. Cuando la compañía se cerró por
presuntas operaciones criminales, Cuchillo llevó el grupo
a la clandestinidad31. Para el 2007, el incipiente ERPAC
había crecido, aproximadamente, de 150 combatientes a
750, en parte reclutados a la fuerza32. Este se caracteriza-
ba por una participación particularmente elevada de expa-
ramilitares, posiblemente hasta la mitad de los miembros,
quienes se habían rearmado o nunca se habían desmovili-
zado33. El legado se reflejaba en sus bastiones, Mapiripán
y Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Gua-
viare), donde operaba como un grupo identificable que
usaba uniformes y llevaba fusiles de asalto AK-4734.
El primer acto militar significativo del grupo tuvo lugar
en septiembre de 2006 en Guamal (Meta), donde atacaron
una finca y asesinaron a cuatro personas cercanas al líder
paramilitar Ever Veloza García (alias “H.H.”)35. La capa-
cidad militar de rápido crecimiento del ERPAC le permi-
tió resistir los intentos que hizo, en el 2006 y el 2007, la
Cooperativa de Seguridad Meta y Vichada, su rival, por
penetrar en su región. Esta última estaba liderada por lu-
gartenientes de Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”),
el líder desmovilizado del Bloque Central Bolívar que
había estado activo en esa región a través del Frente Vi-
chada. Después de la Operación Ocaso, liderada por la Po-
licía y las fuerzas armadas, que llevó al desmantelamiento
de su rival, el ERPAC salió victorioso de la lucha entre
los “Cuchillos” y los “Macacos” (como se les conoce en
la región). Esto le permitió a Cuchillo expandir el control
hacia los corredores de drogas estratégicos entre Meta y
Vichada. En esos enfrentamientos es posible que el nú-
mero de bajas haya llegado hasta 80036. El éxito del ER-
31 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo
de 2012. 32
Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 33
Entrevistas de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de
marzo de 2012; periodista, Villavicencio, 6 de marzo de 2012.
Sin embargo, la participación de exparamilitares en el someti-
miento fue comparativamente baja. Participaron quince ex-
miembros de las AUC, alrededor del 6 por ciento de esa catego-
ría. “Director de Fiscalías explicó por qué miembros del Erpac
están libres”, El Tiempo, 26 de diciembre de 2011. Este porcen-
taje es inferior al de exmiembros de las AUC arrestados por la
Policía: aproximadamente 15 por ciento (1.772 de 12.162
miembros de los NGAI detenidos entre 2006 y 2012). Entrevis-
ta de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. 34
“Monografía”, op. cit., p. 23. 35
El hermano de Cuchillo, Dumar de Jesús Guerrero Castillo
(alias “Carecuchillo”), está siendo investigado por su vincula-
ción en el ataque. “‘Carecuchillo’ atendió en Villavicencio au-
diencia por asesinato de 4 personas”, Noticias de Villavicencio,
14 de enero de 2011. Véase también Kyle Johnson, “FARC,
ERPAC, Cuchillo y Caracho: un mundo de amenazas cruza-
das”, Razón Pública, 20 de noviembre de 2011. 36
“Policía desarticuló banda criminal al servicio de Alias ‘Ma-
caco’, Secretaria de Prensa, Presidencia de la República, 17 de
PAC hizo que se quedara prácticamente sin oposición, con
posibilidad de consolidar su mando y con menor necesi-
dad de mantener, temporalmente, un ala armada extensa,
la cual disminuyó aproximadamente a 53037.
Las relaciones con las FARC han sido complejas. El ER-
PAC se expandió en el sur del Meta (Puerto Lleras, Puerto
Rico y Vistahermosa) y aprovechó así las intensas ofensi-
vas del Gobierno que debilitaron los Frentes 27 y 43 de
las FARC38. Después de que el Gobierno diera de baja en
el 2007 al comandante del Frente 16 de las FARC, alias
“El Negro Acacio”, el ERPAC obtuvo y consolidó el con-
trol sobre las rutas del tráfico de drogas en el Vichada39.
Si bien, desde entonces, la confrontación directa entre las
FARC y el ERPAC ha sido relativamente limitada, esto no
se debe a un pacto explícito. En lugar de eso, los grupos
han intentado evitar disputas para poder eludir la atención
del Gobierno y reducir el daño mutuo. La competencia
territorial no ha impedido que algunos frentes de las
FARC colaboren con el ERPAC en actividades de tráfico
de drogas40.
Los vínculos con la fuerza pública fueron fundamentales
para mantener la posición de Cuchillo. Aparentemente, éste
sobornaba a miembros de la Policía, militares y funciona-
rios del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad,
agencia de inteligencia estatal actualmente disuelta) para
llevar a cabo sus actividades y eludir la captura una y otra
vez41. En el 2008, el Presidente Uribe reprendió pública-
mente a los militares por no haber perseguido al ERPAC
y relevó a tres generales de la cuarta división del Ejército,
incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, General
septiembre de 2007. Entrevista de Crisis Group, organización
internacional, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 37
Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 38
“Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al De-
recho Internacional Humanitario: Análisis de dieciocho Muni-
cipios del Departamento del Meta, entre los años 2006 y 2009”,
Observatorio del Territorio, Universidad de los Llanos, marzo de
2011, p. 16. 39
“Monografía”, op. cit., p. 9. 40 Incluso se ha informado que una facción aprovechó su cola-
boración con las FARC en el tráfico de drogas para pasarse al
grupo guerrillero después de la muerte de Cuchillo; entrevista
telefónica de Crisis Group, analista, 9 de marzo de 2012. Se
dice que los Frentes 1, 7, 22, 31, 9, 51 y 53 han colaborado con
el ERPAC, mientras que los Frentes 16, 27, 40, 43 y 44 se han
enfrentado al grupo.“Monografía”, op. cit., p. 26. 41
“Cayó ‘Cuchillo’, ¿ahora qué?”, Semana, 8 de enero de 2011.
El 27 de octubre de 2008, Cuchillo logró escapar de un ataque
que se había preparado durante seis meses. Después del comba-
te, según se informó gracias a la interceptación de una llamada
satelital, se escuchó a Cuchillo gritar: “Ya estoy seguro, pero
¿cómo hijueputas entraron los Black Hawk y no me lo reporta-
ron?”. Véase “Operación fallida contra ‘Cuchillo’ encendió du-
das sobre la IV División del Ejército”, El Tiempo, 1° de no-
viembre de 2008.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 7
Guillermo Quiñónez Quiroz42. En una declaración ante la
Fiscalía, un soldado profesional denunció la presunta co-
laboración de miembros del batallón 43 con el ERPAC43.
El ERPAC también tenía vínculos con las elites políticas
locales y regionales. En sus zonas de influencia, según se
informó, ha seleccionado a candidatos para ocupar cargos
a nivel local, garantizando así que sus intereses perma-
nezcan intactos44. El vínculo político más importante que
salió a la luz fue el que mantenía con el exgobernador del
Guaviare, Óscar López, quien fue condenado por la Corte
Suprema en el 2011 por sus vínculos con los paramilita-
res45. El hecho de que se desconozca el alcance total del
apoyo político al ERPAC podría reflejar, de manera par-
cial, la continuidad del poder que tienen los políticos,
presuntamente vinculados con criminales, para obstaculi-
zar las investigaciones46. Aunque los vínculos políticos
del ERPAC pueden haber sido menores que los del Bloque
Centauros de las AUC, ha operado en una región donde,
históricamente, los niveles de infiltración de la criminali-
dad en la política son bastante altos. Esto puede deducirse
a partir de una memoria USB incautada recientemente a
un presunto socio clave de Daniel Barrera Barrera (alias
“Loco Barrera”), capo del tráfico de drogas y cercano co-
laborador de Cuchillo. Según se informó, la memoria USB
contenía una nómina mensual detallada de más de 1,5 mi-
llones de dólares para 890 políticos, militares, informan-
tes y oficiales de la justicia47. Los negocios del narcotráfi-
co del ERPAC le confirieron una base social estable48, pe-
ro también se sacó provecho del carisma y la capacidad
de Cuchillo para intimidar. Aparentemente Cuchillo in-
cluso manipuló a la población a través del miedo de ésta
hacia la magia negra49. Algunas áreas rurales de Mapiri-
pán (Meta) prácticamente dependían económicamente de
Cuchillo. Esto le permitió proyectarse como un benefac-
tor social en un área donde tradicionalmente escasean tan-
42 La 4
a División tiene jurisdicción en los departamentos de Me-
ta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.
“Llaman a calificar servicios al general del Ejército Guillermo
Quiñónez Quiroz”, El Espectador, 20 de diciembre de 2008. 43
“¿Quién era alias ‘Cuchillo’?”, Semana, 29 de diciembre de
2010. 44
Entrevistas de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011. 45
“Proceso n° 33260”, Corte Suprema de la Justicia, Sala de
Casación Penal, 19 de enero de 2011. 46
Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012. 47
Aparentemente, algunos de los que figuraban en la supuesta
nómina se habían entregado como parte del ERPAC; véase
“Los pagos de alias ‘el loco Barrera’ y alias ‘cuchillo’ a fun-
cionarios públicos”, La FM, 19 de enero de 2012. 48
Véase Kyle Johnson, “FARC, ERPAC, Cuchillo y Caracho”,
op. cit. 49
Entrevista de Crisis Group, organización internacional, Vi-
llavicencio, 2 de marzo de 2012.
to los empleos en la economía legal, como instituciones
estatales civiles que funcionen50.
Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a partir del
2009, cuando las operaciones de la Policía empezaron a
afectar tanto a la estructura del ERPAC como a sus líderes.
El segundo al mando, Martín Farfán (alias “Pijarbey”),
fue detenido en diciembre de 2009 y José Covey Romero
Zárate (alias “Covey”), el líder militar de la región limí-
trofe con Venezuela, en mayo de 2010. La competencia
de otros grupos también parece haber aumentado, lo cual
generó una campaña de reclutamiento que posiblemente
multiplicó la cantidad de combatientes hasta alcanzar en-
tre 1.100 y 1.200 personas. Al parecer, Héctor Germán
Buitrago (alias “Martín Llanos”), líder del grupo parami-
litar Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y viejo
rival de Cuchillo, formó una alianza con las Águilas Ne-
gras y dirigió la confrontación con el ERPAC con el fin
de controlar las rutas del tráfico de drogas51.
El acontecimiento decisivo fue la muerte de Cuchillo el 25
de diciembre de 2010 en la Operación Diamante, dirigida
por unidades policiales del comando Jungla y del Coman-
do de Operaciones Especiales (COPES)52. En esta opera-
ción también se capturó a otros miembros clave del ER-
PAC, incluido el segundo al mando y jefe militar de la
organización, Harold Humberto Rojas (alias “El Loco Ha-
rold”), otro exparamilitar del Bloque Centauros53. El nue-
vo líder, Eberto López Montero (alias “Caracho”), también
contaba con trayectoria en el Bloque Centauros pero ca-
recía de las aptitudes militares de Cuchillo y del capital
social necesario para garantizar la cohesión del grupo.
50 La acción social de Cuchillo incluía la entrega de comestibles
y la suscripción al servicio de televisión por cable para muchas
familias de Mapiripán, y el financiamiento de viviendas en la
vereda El Águila. Entrevista de Crisis Group, analista, Villavi-
cencio, 2 de marzo de 2012. 51
“Quién era alias ‘Cuchillo’?”, Semana, 29 de diciembre de
2010. “Cuchillo ya tiene más de 1.100 paramilitares y ‘Martín
Llanos’ reorganizó sus autodefensas”, El Tiempo, 19 de sep-
tiembre de 2009, y “Monografía”,op. cit., p. 9. Cuchillo partici-
pó en la confrontación entre 2002 y 2004 entre Llanos y Miguel
Arroyave, que se desató porque este último supuestamente ha-
bría intentado invadir el territorio del primero. Llanos fue cap-
turado por las autoridades venezolanas en febrero de 2012 y
extraditado a Colombia. El status de las Águilas Negras no es
claro: mientras que la Policía no los reconoce como un NGAI
en sí mismo, con frecuencia se hace referencia a ellos, como si
fuesen un NGAI, en artículos de prensa y en entrevistas de
campo. 52
“Policía revela detalles de Operación Diamante, en la que
cayó alias ‘Cuchillo’”, Sistema Informativo del Gobierno, 29
de diciembre de 2010. 53
“Ebrio y enredado entre la maraña de un caño murió ‘Cuchi-
llo’”, El Tiempo, 29 de diciembre de 2010.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 8
B. INTERESES ECONÓMICOS
El ERPAC ha sido un actor principal en una región central
para el tráfico y la producción de drogas. Más que contro-
lar directamente el cultivo de coca o el tráfico internacio-
nal, ha actuado como contratista de seguridad y propieta-
rio o protector de laboratorios de cocaína54. Para manejar
las comunicaciones en un extenso terreno escasamente
poblado, estableció una cadena de informantes (“puntos”)
en ubicaciones estratégicas. Esto también le garantizó su
integración en la comunidad, reduciendo la necesidad de
intimidar mediante la acción armada55.
En cuanto al tráfico de drogas, Cuchillo trabajó de cerca
con el Loco Barrera, quien le facilitó sus contactos con
quienes de otra manera pudieron ser los adversarios de
Cuchillo, como alias “John 40” y otros líderes de las FARC
que tenían control sobre cultivos de coca56. El ERPAC
supervisaba el traslado de la pasta de coca refinada a Ve-
nezuela y Brasil por ríos o en aviones pequeños. En el
2009, oficiales estimaron que el Loco Barrera y Cuchillo
fueron los responsables de la exportación mensual de dos
a tres toneladas de cocaína57. Después de la muerte de
Cuchillo, aparentemente, las compras de pasta de coca se
estancaron por un tiempo, lo que causó problemas econó-
micos a los cultivadores de algunas áreas rurales de Mapi-
ripán. Según se informa, las compras se retomaron en el
2011 por parte de una organización criminal no identifi-
cada que supuestamente se ha negado a pagar en efectivo
y la cual se sospecha que asesina a los campesinos después
de adquirir el producto58.
Las fuentes de ingresos adicionales del ERPAC han inclui-
do secuestro, extorsión y contrabando, pero sus intereses
54 Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de fe-
brero de 2012; analista, entrevista telefónica, 9 de marzo de
2012. En los primeros seis meses del 2012 las Fuerzas Armadas
identificaron 20 laboratorios, supuestamente pertenecientes al
ERPAC en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán y San
Martín. “Veinte laboratorios de la banda de ‘Caracho’ estaban
en Puerto Gaitán, Mapiripán y San Martín”, Llano Siete Días,
14 de julio de 2011. 55
Entrevista de Crisis Group, organización internacional, Bo-
gotá, 27 de febrero de 2012. 56
Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo
de 2012; “Cayó ‘Cuchillo’, ¿ahora qué?”, Semana, 8 de enero
de 2011. Géner García Molina (alias “John 40”) era el líder de
los Frentes 39 y 43 de las FARC y un importante traficante de
drogas. Debido a percibidos excesos en su estilo de vida “nar-
co” y a la mala administración, fue relevado y detenido por
tiempo indefinido por las FARC desde 2008. “‘John 40’, pasó
de ser un capo de las Farc a ser prisionero de la guerrilla”, El
Tiempo, Bogotá, 11 de septiembre de 2010. 57
“Colombia: Cuchillo y el Loco Barrera sacan al mes de 2 a 3
toneladas de coca”, El Nuevo Siglo, 21 de abril de 2009. 58
Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo
de 2012.
económicos se expandieron más allá de lo criminal. Su
consolidación coincidió temporalmente con el boom de
una serie de intereses entre los cuales se encuentran la ex-
ploración petrolera y el cultivo de palma africana, activi-
dades cuya realización estaba limitada debido a condicio-
nes de inseguridad59. En este sentido, el ERPAC continuó
el rol de Centauros como facilitador de ciertas actividades
económicas60. En particular, participó en la apropiación
de tierras con el fin de extender el cultivo agroindustrial
de palma61. Cuchillo, además, fue accionista, por un corto
periodo de tiempo, de una compañía de explotación mine-
ra de la cual el exobernador Óscar López también fue so-
cio. Este acuerdo resaltó el beneplácito hacia Cuchillo por
parte de miembros clave de la elite local, así como el im-
pacto de los NGAI en la economía formal de la región62.
Las investigaciones sobre los intereses económicos de Cu-
chillo avanzan lentamente, pero se sospecha que adquirió
extensas áreas de tierra con el apoyo de testaferros y fun-
cionarios públicos corruptos63.
C. IMPACTO HUMANITARIO
En general, los crímenes atroces como masacres y despla-
zamientos masivos a manos de los NGAI han disminuido
en relación con los niveles que se experimentaban durante
el período de sus predecesores paramilitares64. Sin em-
bargo, el ERPAC ha participado en una serie de acciones
que equivalen a violaciones graves de los derechos hu-
manos y del DIH. Entre éstas se incluye el reclutamiento
de niños, el desplazamiento forzado, los asesinatos de lí-
deres comunitarios y la violencia sexual. Hay poca eviden-
cia respecto a una disminución del impacto humanitario
después del sometimiento.
Niños y niñas de tan sólo trece años fueron reclutados para
su explotación sexual, actividades criminales, entrenamien-
59 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 60
Véase José Jairo González, “Los paramilitares y el colapso
estatal en Meta y Casanare”, Mauricio Romero (ed.), Parapolí-
tica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políti-
cos (Bogotá, segunda edición 2007), pp. 309-339. 61
Fundación Social, Los retos de la justicia transicional en Co-
lombia (Bogotá, 2009), p. 68. Véase también “‘Don Mario’ di-
ce que 4 mil hectáreas de palma están en poder de ‘paras’”,
Verdad Abierta, 14 de febrero de 2012. 62
Cuchillo y Diego Fernando Rendón Laverde (alias “Pipe”),
otro líder paramilitar, se unió a la compañía en mayo de 2006,
poco después de su desmovilización. Entre agosto y septiembre
de 2006 transfirieron sus cuotas a personas de su confianza.
Véase “Proceso n° 33260”, Corte Suprema de la Justicia, Sala
de Casación Penal, 19 de enero de 2011, párrafos 5, 6, 99-111. 63
Véase “Así le titulaban los terrenos a ‘Cuchillo’”, Llano Siete
Días, 25 de mayo de 2011. 64
“Cartografía del conflicto”, op. cit., p. 38.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 9
to u operaciones militares65. Las niñas fueron aparentemen-
te atraídas con obsequios y promesas de viajes, y luego
llevadas a la dependencia de las drogas para facilitar su
control y su explotación sexual66. A finales de 2010, una
de ellas fue asesinada a puñaladas en Puerto Rico (Meta),
una semana después otra fue asesinada de manera similar
en Vistahermosa (Meta)67. También se reclutan niños para
llevar a cabo actividades de inteligencia, traficar drogas y
realizar otras actividades criminales de bajo nivel en es-
cuelas y vecindarios empobrecidos68.
El reclutamiento militar de niños tiene lugar a través de
falsas promesas de trabajo en las plantaciones de palma u
ofrecimientos explícitos para unirse al ERPAC con sala-
rios mensuales que oscilan entre el equivalente a los 250
y los 350 dólares69. Al parecer, si los niños rechazan la
oferta, tienen un desempeño deficiente en el entrenamien-
to o intentan escapar son asesinados70. La mayoría de los
casos que son informados provienen de las áreas empo-
brecidas de ciudades como Villavicencio y Granada, aun-
que las ONG sospechan que hay muchos casos en la zona
rural que no son reportados71. En el 2011, se halló bru-
talmente asesinado a un adolescente de dieciséis años de
edad que denunció su propio reclutamiento a las autori-
dades y afirmó que otros diez menores habían sido reclu-
tados de la misma manera en San Martín (Meta). Recien-
temente, el 14 de febrero de 2012, se hallaron muertos cua-
tro de ocho niños de Granada que presuntamente habían
sido reclutados por una parte del ERPAC para ser entrena-
dos militarmente en Vichada72.
65 Se cree que más del 60 por ciento de los desplazamientos de
la región son consecuencias del miedo o de las amenazas de
reclutamiento forzado. Entrevista de Crisis Group, centro de
investigación, Villavicencio, 7 de marzo de 2012. 66
Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 67
Las niñas fueron presuntamente asesinadas porque se les per-
cibió como una carga, tal vez porque se habían vuelto adictas o
porque ofrecían servicios sexuales a miembros externos al gru-
po. Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 68
Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 69
“Las Siete Plagas”, Semana, 11 de diciembre de 2010. 70
“Desertores de las filas de alias ‘Cuchillo’ narraron las masa-
cres cometidas por el narcotraficante”, Cambio, 4 de febrero de
2009. 71
Dada la falta considerable de denuncias, en especial en las
áreas rurales, no hay una cifra fiable respecto al número de ni-
ños reclutados por el ERPAC, pero las ONG estiman que la
cantidad total sería al menos tres veces la cantidad de casos in-
formados. Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, 7 de mar-
zo de 2012. 72
“Aterrador relato de niño que escapó de las escuelas de sica-
rios de ‘Cuchillo’. Aceptan o los degüellan. Las autoridades
reciben sus testimonios”, Noticiero del Llano, 21 de noviembre
de 2011. Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 7 de
marzo de 2012.
El ERPAC ha justificado sus crímenes con retórica con-
trainsurgente, de manera similar a los paramilitares. A fi-
nales de 2007, la Defensoría del Pueblo advirtió que las
comunidades de los municipios de Vistahermosa y Puerto
Rico estaban en riesgo debido a que habían sido acusadas
por el ERPAC de estar colaborando con la guerrilla de las
FARC73. De manera similar a las AUC, el ERPAC ha par-
ticipado repetidamente en desplazamientos masivos de
campesinos y comunidades indígenas con el fin de exten-
der su control territorial. El 10 de agosto de 2007, por
ejemplo, 112 miembros de la comunidad indígena Sikuani
fueron desplazados forzosamente de la reserva de Punta
Bandera en Cumaribo (Vichada) como consecuencia de la
violencia de Cuchillos y Macacos. En febrero del 2008, el
ERPAC desplazó a al menos 196 personas de Puerto Alvi-
ra (Mapiripán, Meta), después de una incursión armada74.
Se dice que los desplazamientos selectivos en Mapiripán
se han utilizado para adquirir tierras por apenas 0,1 por
ciento del valor real75.
Otros legados paramilitares son el asesinato o el despla-
zamiento de líderes comunitarios sospechosos de haber
ayudado a las guerrillas o de imponer obstáculos para la
consolidación del grupo. También lo son las “limpiezas
sociales”, es decir, el asesinato de personas sospechosas
de prostitución, drogadicción y delitos menores76. El tér-
mino “limpieza” se puede comprender mejor como purgas
internas, ya que los asesinados son presuntos miembros
del grupo, potenciales rivales o personas afectadas por las
actividades criminales del ERPAC77. Asesinatos de presi-
dentes de Juntas de Acción Comunal por parte del ERPAC
han sido informados en los municipios de La Uribe y La
Macarena, en el departamento de Meta78.
73 “Plan de Consolidación Integral en la Macarena”, Ideas para
la Paz, septiembre de 2011, p. 7. 74
“Territorios en Confrontación: Impacto del conflicto armado
sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colom-
biana”, CODHES, 2011, p. 74. “V Informe de Seguimiento a la
aplicación en Colombia de las Recomendaciones del Represen-
tante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos de las personas internamente des-
plazadas”, Comisión Colombiana de Juristas, marzo de 2009,
párrafo xi. 75
“Las plagas que le han caído a Mapiripán”, El Tiempo, 27 de
febrero de 2011. 76
Entrevista de Crisis Group, centro de investigación, Villavi-
cencio, 7 de febrero de 2012. 77
Esto incluye a personas que se presume que son, o se presen-
tan, como drogadictas y prostitutas que podrían haber estado
involucradas con el ERPAC y podrían haberse considerado una
amenaza para la reputación local o la seguridad del grupo. En-
trevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de marzo
de 2012. 78
Entrevista de Crisis Group, analista, 7 de febrero de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 10
IV. EL SOMETIMIENTO
El sometimiento del ERPAC pareció darse de manera
inesperada. La intención del grupo de entregarse pasó prác-
ticamente inadvertida. Cuando finalmente sucedió, antes
de la navidad del 2011, dejó mal paradas a las institucio-
nes estatales, en especial a la Fiscalía, a la cual se le había
atribuido prácticamente toda la responsabilidad después
de que el Gobierno, con el fin de separar claramente el so-
metimiento de un proceso de DDR negociado, se negó a
cumplir un papel principal. Esto contrastó marcadamente
con las preparaciones meticulosas del ERPAC, el cual to-
mó varias medidas que redujeron su exposición a los pro-
cesos judiciales y que ayudaron a que la mayoría de los
miembros se marcharan libremente, aunque de manera
temporal. Como resultado, el proceso careció de traspa-
rencia, se generaron preguntas respecto a la impunidad
que no fueron resueltas y dudas frente a su impacto sobre
la dinámica del conflicto a largo plazo.
A. LA FASE PREVIA
Aparentemente, la decisión de entregarse a la justicia se
tomó al interior del grupo poco después de la muerte de
Cuchillo, quien, según se informó, había resistido la pre-
sión interna de dejar las armas y buscar un acuerdo con
las autoridades79. Los primeros contactos se llevaron a
cabo a principio de 2011, pero la intención del grupo se
conoció en octubre cuando se publicó, en el periódico na-
cional El Tiempo, una carta de Caracho a un fiscal en Vi-
llavicencio en la cual el nuevo líder del ERPAC solicitaba
los beneficios de la desmovilización80. El mes siguiente,
Caracho dio su primera entrevista a la revista semanal
Semana, donde declaró que él, junto con 500 miembros,
se sometería conforme al proceso penal común. Según
Caracho, tras escenas, hubo conversaciones con la Iglesia
Católica, la ONU, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo
y las oficinas de la Fiscalía General de la Nación81.
No está claro por qué Caracho eligió someterse ni las ra-
zones del momento escogido, aunque él mismo afirmó:
“estaba cansado de la guerra y me di cuenta de que este es
un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos”82. Sin
79 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de mar-
zo de 2012. En una ocasión, Cuchillo si señaló la intención de
entregar las armas y someterse a la LJP, supuestamente debido
a amenazas de muerte. Lo hizo a través de una carta dirigida al
entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo
“Inminente sometimiento a la justicia de narcoparamilitar ‘Cu-
chillo’; dice que lo quieren matar”, El Tiempo, 29 de julio de
2008. 80
“Una ‘bacrim’ quiere beneficios para dejar las armas”, El
Tiempo, 20 de octubre de 2011. 81
“Nos vamos a someter”, Semana, 19 de noviembre de 2011. 82
Ibid.
embargo, la mayoría de los observadores no están de
acuerdo y consideran que éste se encontraba en aprietos.
La muerte de Cuchillo había generado inestabilidad den-
tro del grupo y Caracho carecía del poder necesario para
mantenerlo unido83. Caracho, tras fracasar en la protección
de un gran laboratorio de cocaína en Puerto Gaitán, des-
truido por la Policía en octubre del 2011, también perdió
rápidamente el apoyo del Loco Barrera84. En esta situación,
cada vez más precaria, el sometimiento pudo haberle pa-
recido una opción atractiva. Una explicación alternativa,
aparentemente respaldada por una fuente cercana a Cara-
cho pero negada por la Policía, consiste en un acuerdo
con las autoridades según el cual Caracho habría colabo-
rado con las tareas de inteligencia en contra de Cuchillo y
habría prometido desmantelar la organización en el lapso
de un año85.
Caracho aseguró que sólo aceptaría la responsabilidad de
lo sucedido durante su liderazgo y, en preparación para el
sometimiento, el ERPAC intentó “limpiar” su situación al
reducir los abusos y los crímenes86. Para evitar cargos por
reclutamiento de niños, un delito que conlleva una larga
sentencia, todos los menores fueron liberados antes del
sometimiento pero, aparentemente, se les dijo que serian
llamados de nuevo87. El Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF), se enteró de tres de estos casos en
marzo de 2012. La verdadera cantidad de niños soldados
del ERPAC se desconoce, en particular porque las fami-
lias tienen temor de denunciar el delito debido a los ries-
gos de seguridad que eso implica88. Por lo tanto, los niños
son altamente vulnerables a un nuevo reclutamiento y a la
violencia por parte de miembros de grupos activos y de
milicias de las FARC89.
Después de algunas demoras, aparentemente causadas por
la desconfianza mutua, los debates sobre las condiciones
83 Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de febre-
ro de 2012. En los informes de la prensa local se sugiere que
muchas de las muertes de los miembros del ERPAC pueden
atribuirse a una lucha interna por el poder luego de la muerte de
Cuchillo. Véase por ejemplo “La disputa en el Erpac deja otros
tres muertos”, Llano Siete Días, 16 de junio de 2011. 84
Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012; policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. Véase también
“Cayó megalaboratorio de cocaína más grande de los últimos
años”, RCN, 14 de octubre de 2011. 85
Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2012. 86
“Nos vamos a someter”, Semana, 19 de noviembre de 2011;
entrevista de Crisis Group, ONG, Bogotá, 23 de marzo de 2012. 87
Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 6 de marzo
de 2012. 88
Entrevista de Crisis Group, ICBF, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 89
Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 11
del sometimiento se intensificaron en noviembre90
. No obs-
tante, al no haber acordado una fecha, la decisión de some-
terse justo antes de navidad tomó por sorpresa a las auto-
ridades, quienes se vieron obligadas a preparar en ocho días
un lugar para mantener a aquellos que se entregaran, así
como prever el transporte y la comida para los miembros
del grupo y los oficiales. A pesar de los días festivos, la
Fiscalía movilizó a 250 funcionarios del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI), cantidad que, aparentemente, se
redujo a 150 a último momento, además de quince fisca-
les con experiencia en el manejo de los NGAI enviados a
Villavicencio91
. Se nombraron jueces de garantías adicio-
nales para manejar el gran volumen esperado de órdenes
de arresto y se preparó la prisión de Acacías (Meta) para
recibir a los presos. La oficina del Alto Consejero para
Seguridad Nacional proporcionó ayuda logística, pero
ministros y funcionarios han insistido en que el Gobierno
no intervino en el proceso más allá de este aspecto92.
B. LÍMITES DEL ENFOQUE ACTUAL
El sometimiento comenzó con la firma, por parte de cada
uno de los miembros del ERPAC, de un certificado donde
admitían su membresía y afirmaban que abandonaban el
grupo de manera voluntaria para entregarse a la Fiscalía
General de la Nación. A fin de garantizar los derechos in-
dividuales, los funcionarios del CTI fueron acompañados
por miembros de la Procuraduría General de la Nación93.
Luego, los integrantes del ERPAC fueron llevados al co-
liseo de ferias de Las Malocas, un parque temático en Vi-
llavicencio que el Gobierno departamental preparó para
alojarlos durante máximo diez días. Entre el 22 y el 23 de
diciembre llegaron al parque 272 personas, menos de las
500 que había anunciado Caracho y una cantidad muy ba-
ja comparada con la fuerza armada total del ERPAC, que
90 “‘Caracho’ también se entregará”, Llano Siete Días, 19 de
diciembre de 2011; “Así fue el engaño del sometimiento a la
justicia del Erpac”, Caracol, 29 de diciembre de 2011. Como
medida para crear confianza, Caracho, aparentemente, entregó
a Cristian Camilo Rodríguez (alias “Junior”), un sobrino de
Cuchillo y el jefe de finanzas del ERPAC, al Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI). Además, aparentemente, reveló a la Po-
licía la ubicación de una caleta de armas, pero se enfadó cuando
las autoridades describieron la incautación como una operación
de inteligencia. Se afirmó que la Fiscalía General de la Nación
había estado esperando la entrega de Óscar Fabián Guerrero
(alias “Caribe”) desde junio de 2011, quien se entregó en di-
ciembre de 2011 junto con los demás líderes del grupo. “‘Cara-
cho’ quiere colgar el fusil y entregar al Erpac’”, Llano Siete
Días, 21 de octubre de 2011 91
Entrevista de Crisis Group, Fiscalía General de la Nación,
Bogotá, 12 de marzo de 2012. 92
Entrevista de Crisis Group, Gobierno de Colombia, Bogotá, 2
de mayo de 2012; “Gobierno no participó en sometimiento de
ERPAC: Vargas Lleras”, Semana, 26 de diciembre de 2011. 93
Correspondencia de Crisis Group por correo electrónico, Fis-
calía General de la Nación, Bogotá, 30 de abril de 2012.
para agosto del 2011 contaba con más de 700 integrantes.
Estas personas provenían de áreas rurales de los munici-
pios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Cumaribo.94 El Ejérci-
to estaba a cargo del transporte y, a pedido de Caracho, la
Policía no se involucró dado que ésta había encabezado la
campaña contra el ERPAC95. Caracho, quien se entregó
en Pueblo Seco (Mapiripán) el 23 de diciembre, fue man-
tenido aislado del resto del grupo en las instalaciones del
CTI en Villavicencio junto a otros cuatro líderes, inclui-
dos Germán Ramírez Devia (alias “Vacafiada”) y Caribe96.
Cuando llegaron a Villavicencio, los miembros del ER-
PAC firmaron una segunda declaración individual donde
confirmaban su membresía en el ERPAC y su decisión vo-
luntaria de entregarse. También se incluía el tiempo que
los miembros habían estado en el grupo y sus rangos. Este
proceso fue nuevamente acompañado por funcionarios de
la Policía Judicial, de la Procuraduría General de la Nación
y por un abogado defensor97. Luego, la Fiscalía General
de la Nación verificó las identidades, individualizó los
cargos penales de cada uno y sus antecedentes. Solo die-
cinueve tenían órdenes de arresto pendientes, los demás
no presentaban ningún historial delictivo.
El proceso se descarriló en la mañana del 24 de diciembre,
cuando la Fiscalía no hizo nada para evitar que los miem-
bros del ERPAC sin orden de arresto pendiente se fueran
a casa con la sola condición de que se mantuvieran dispo-
nibles. Los abogados defensores habían insistido en esto,
ya que técnicamente no se habían realizado arrestos98. Es-
to frustró los planes de la Fiscalía, que esperaba realizar
audiencias colectivas para posteriormente poder hacer acu-
saciones y arrestar al grupo entero. El hecho de que mu-
chas personas que habían confesado ser miembros de un
grupo criminal pudieran marcharse, al parecer libremente,
desencadenó duras críticas. Sin embargo, en apariencia,
esto era legalmente defendible, ya que estas personas no
presentaban antecedentes penales y no se consideraba que
habían sido detenidas en flagrancia, ni cumplían con los
94 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de
2012. Existe cierta confusión en cuanto a los números. Una
fuente de Crisis Group confirmó que se presentaron 272 perso-
nas; la Fiscalía General de la Nación afirma que se sometieron
268 (diecinueve líderes y 249 miembros); con frecuencia la
prensa informó 267, 269 o 284. Para consultar las cantidades de
la Fiscalía, véase “Informe de Gestión 2011”, Fiscalía General
de la Nación, febrero de 2012, p. 54. 95
Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 96
“Cinco jefes de la banda criminal Erpac se sometieron a la
justicia”, El Tiempo, 23 de diciembre de 2011. 97
Correspondencia de Crisis Group por correo electrónico, Fis-
calía General de la Nación, Bogotá, 30 de abril de 2012. 98
Entrevistas de Crisis Group, Fiscalía General de la Nación,
Bogotá, 12 de marzo de 2012, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 12
requisitos de detención preventiva, incluido el peligro de
fuga99.
Las tácticas del ERPAC complicaron aun más la situación
para la Fiscalía. Debido al asesoramiento legal, los miem-
bros llegaron sin uniformes ni armas, y esto redujo el ries-
go de que se considerara que fueron detenidos in flagranti.
El ERPAC tampoco cumplió con el requisito establecido
por la Fiscalía de entregar una lista de nombres, por lo cual
la identificación fue más complicada. Se informó que 41
miembros no poseían documentos de identidad y otros
trece más figuraban como desaparecidos100. Asimismo, los
miembros del ERPAC llegaron con declaraciones prepara-
das y afirmaron de manera colectiva que habían sido re-
clutados a la fuerza, que esperaban ser liberados de inme-
diato como parte del proceso de desmovilización y que
eran ciudadanos que no habían participado anteriormente
en actividades criminales, excepto por su membresía en
un grupo armado ilegal101.
De hecho, no es claro qué es lo que realmente esperaban
los miembros rasos. Algunas fuentes que participaron en
el proceso confirman que varios de éstos intentaron pedir
ayuda para recibir ropa y vivienda, beneficios típicos que
se brindan durante un proceso de desmovilización pero
que no tienen lugar en un proceso penal común. Cuando
se les explicaron los cargos estándar y las sentencias mí-
nimas por concierto para delinquir, aumentó la tensión y,
según se informó, muchos se sorprendieron, algunos de
manera violenta, y dijeron que no se someterían102. Es muy
posible que los líderes convencieran a dichos miembros
de que estaban participando en un proceso de desmovili-
zación que les brindaría acceso a beneficios legales y
ayuda para reintegrarse. Esto es difícil de demostrar, pero
abre interrogantes sobre si estas personas entendieron ple-
namente el proceso y si se entregaron mediante un con-
sentimiento informado. No obstante, la Fiscalía sostiene
que todas las personas comprendían el proceso.
La decisión de no detener a los combatientes tras el some-
timiento no invalidó todo el proceso. Para el momento en
el cual los miembros del ERPAC se fueron a casa, el pro-
99 Código de Procedimiento Penal, Artículo 308. Entrevistas de
Crisis Group, ONG, Bogotá, 28 de febrero de 2012; Fiscalía
General de la Nación, Bogotá, 12 de marzo de 2012. Algunos
expertos en el tema legal afirman que había suficientes motivos
para considerar que habían sido encontrados in flagranti, lo que
hubiera originado su detención e impuesto la necesidad de lega-
lizar el arresto dentro de 36 horas. Entrevista de Crisis Group,
experto en derecho penal, Bogotá, 2 de mayo de 2012. 100
“Fiscalía explicó normatividad jurídica y consolidado de
sometimiento a la justicia de miembros de la Erpac”, Fiscalía
General de la Nación, 28 de diciembre de 2011; “Director de
Fiscalías explicó por qué miembros del Erpac están libres”, El
Tiempo, 26 de diciembre de 2011. 101
Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011. 102
Ibid.
ceso de identificación e individualización de los cargos
estaba casi completo, lo que permitió la rápida expedición
de muchas órdenes de arresto. Para finales de abril, 177
de los 253 miembros liberados habían sido detenidos
nuevamente, ya sea porque regresaron voluntariamente o
porque fueron arrestados por la Policía. De éstos, 155 han
aceptado los cargos. No obstante, la Policía se vio obliga-
da a capturar a los miembros uno por uno, utilizando re-
cursos que podrían haber tenido un mejor uso. El hecho
de que, en un primer momento, la mayoría de los miem-
bros del ERPAC pudieran marcharse también tuvo un alto
costo político: provocó un daño irreparable a la legitimi-
dad del sometimiento, el cual los expertos, en privado,
llaman un “desastre”, una “catástrofe” o una “estafa”103.
Los riesgos más grandes son menos visibles. Todos los
miembros del ERPAC enfrentan cargos por concierto para
delinquir agravado y, posiblemente, por posesión ilegal
de armas y uso de uniformes del Ejército. Es posible que
los líderes con antecedentes penales más extensos, enfren-
ten cargos adicionales. Esto significa que muchos miem-
bros pasarán algún tiempo en prisión. Para finales de abril,
trece de los diecinueve líderes detenidos ya habían sido
condenados, aunque podrían recibir sentencias rebajadas
por un conjunto reducido de delitos. Aceptar cargos por
concierto para delinquir agravado reduce a la mitad sen-
tencias que pueden variar entre ocho y dieciocho años.
Éstas se pueden rebajar aun más mediante el trabajo, la
educación y un buen comportamiento en prisión. Si bien
la Fiscalía afirma que está investigando todos los tipos de
delitos y que podría imputar cargos adicionales, la proba-
bilidad de que esto ocurra es baja104. Todas las opciones
son posibles, pero existe el riesgo de que los líderes no
sean procesados por delitos graves, que las estructuras
económicas subyacentes y las redes de corrupción no sean
desmanteladas, y que los derechos de las víctimas a la ver-
dad y a la no repetición no sean cumplidos.
Estas inquietudes se justifican por la historia de los débi-
les procesos judiciales contra los NGAI, incluido el ER-
PAC. Un claro ejemplo es el caso de Pijarbey, cuyo arresto
en el 2009 marcó el comienzo de la decadencia del grupo.
Pijarbey fue liberado en enero del 2012, después de cum-
plir sólo una parte de la sentencia de cuatro años que había
recibido por concierto para delinquir. Desde ese entonces,
103 Entrevistas de Crisis Group, Bogotá y Villavicencio, febrero
y marzo de 2012. 104
Entrevista de Crisis Group, especialista en derecho penal,
Bogotá, 2 de mayo de 2012. En 2011, la Fiscalía General de la
Nación presentó 908 cargos contra los miembros de los NGAI
por concierto para delinquir agravado, en cambio, solo hubo
cinco cargos por desaparición forzada y 30 por desplazamiento
forzado. Por supuesto, es posible que no todos los miembros de
los NGAI sean culpables de estos dos graves crímenes pero, al
parecer, las cifras sugieren una negligencia sistemática de los
delitos más graves. “Informe de Gestión 2011”, Fiscalía Gene-
ral de la Nación, febrero de 2012, pp. 52-53.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 13
regresó a los Llanos Orientales para encabezar un grupo
armado ilegal105. En términos generales, la creciente capa-
cidad para detener a los miembros de los NGAI no ha con-
llevado a la disminución de la impunidad. Para el 2011,
sólo el 12 por ciento de los miembros de los NGAI captu-
rados habían sido sentenciados, la mayoría por posesión
ilegal de armas, no por ser miembros de los NGAI106.
También quedaron preguntas acerca del componente de
desarme en el proceso. De acuerdo con la Fiscalía General
de la Nación, la información que dieron los miembros del
ERPAC llevó a la incautación de 27 ametralladoras, 432
pistolas adicionales, 278.000 cartuchos y 1.716 granadas,
entre otras armas107. Estas cifras son mucho más altas que
las publicadas inmediatamente después del sometimiento,
cuando se dijo que se habían incautado sólo 123 rifles, dos
morteros, dos ametralladoras M60, 404 granadas y unos
53.000 cartuchos108. Aún no está claro si las armas adicio-
nales se hallaron gracias a la cooperación de los comba-
tientes sometidos, pero, al parecer, los miembros del ER-
PAC, deliberadamente, no dieron información respecto a
todas las armas que tenían. La Policía incautó una canti-
dad sustancial de armas como resultado de tareas de inte-
ligencia en curso y no por la colaboración de aquellos que
se entregaron109. Una fuente cercana al proceso también
afirmó que los líderes del ERPAC intercambiaron sus ar-
mas nuevas y de mejor calidad por armas viejas durante
la fase previa al sometimiento110.
C. EL ESCENARIO POST-SOMETIMIENTO
A cinco meses del sometimiento, es aún pronto para eva-
luar los efectos de éste en la práctica y en el terreno. No
obstante, la evidencia preliminar sugiere que no ha habi-
do una mejora sostenible en la seguridad. Por el contrario,
la violencia podría haber aumentado ya que grupos arma-
dos ilegales compiten por llenar el vacío dejado por el
ERPAC. Hay tres inquietudes principales: las operaciones
105 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de
2012: Véase también “‘Pijarvey’ ya está en libertad”, Llano Siete
Días, 21 de marzo de 2012; y “Misión humanitaria salvó a tres
‘exparas’”, Llano Siete Días, 17 de abril de 2012. Entre los car-
gos en contra de Pijarbey también se había incluido, en un prin-
cipio, la posesión ilegal de armas. 106
“Declaración del Presidente Juan Manuel Santos”, op. cit. 107
“Informe de Gestión 2011”, Fiscalía General de la Nación,
febrero de 2012, p. 55. 108
“Con entrega de dos cabecillas, finaliza sometimiento de la
banda Erpac”, El Tiempo, 23 de diciembre de 2011. 109
Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de
2012; “Policía frustra rearme del ‘ERPAC’”, El Espectador, 28
de enero de 2012. Se han realizado otras incautaciones de ar-
mas gracias a la información que aportaron los combatientes
del ERPAC sometidos; véase “Con información del Erpac CTI
se incautó de armamento”, Fiscalía General de la Nación, co-
municado de prensa, 30 de abril de 2012. 110
Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011.
de los restantes miembros del ERPAC, las reacciones de
los otros NGAI y los esfuerzos de las FARC por recuperar
el territorio.
Los miembros del ERPAC que no participaron en el some-
timiento se organizaron en dos grupos en competición y
para febrero de 2012 habían reunido unos 560 combatien-
tes111. El Bloque Meta está dirigido por Rubber Antonio
Navarro Caicedo (alias “Flaco Fredy”) y opera princi-
palmente en la región del Ariari en el departamento de
Meta112. En marzo, la Policía identificó un laboratorio en
San Martín (Meta) que, según se informó, era controlado
por Flaco Fredy y tenía capacidad para procesar más de
dos toneladas de clorhidrato de cocaína por mes113. El otro
grupo, Libertadores del Vichada, se encuentra en Cuma-
ribo (Vichada) y en partes del norte del Meta a lo largo de
la frontera con el Casanare. Éste fue primero dirigido por
Albert Narváez Mejía (alias “Careto”) pero, después de
salir de prisión, Pijarbey se apoderó del mismo. Se cree
que éste está absorbiendo a un grupo disidente de 150
hombres en Vichada dirigido por alias “El Tigre”, un ex
comandante del ERPAC de nivel intermedio que no está
totalmente identificado114. Los grupos luchan tanto por el
territorio como por las zonas de cultivo de drogas y de
tráfico en los departamentos de Meta y Vichada. En este
último departamento ya se registraron incidentes en San
Martín, Puerto Gaitán y Primavera. Mientras que las fac-
ciones del ERPAC buscan consolidarse, hay rumores per-
sistentes de que otros NGAI, en particular los Urabeños y
los Rastrojos, podrían estar ingresando a la región en un
intento por llenar cualquier posible vacío de poder115. A
pesar de que falta evidencia concreta, esto podría estar
vinculado a la venta, antes del sometimiento, del negocio
de Caracho a uno o más rivales116. En ese caso, el panora-
ma más probable sería una división, que otorgaría acceso
a los Urabeños en Meta y a los Rastrojos en Vichada117.
111 Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012; policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. 112
Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012; policía, Villavicencio, 7 de marzo de 2012. 113
“Hallan gigantesco laboratorio de ‘coca’ avaluado en $800
millones”, El Espectador, 27 de marzo de 2012. 114
Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de
2012. Véase también “Narco del Vichada es el nuevo jefe de la
banda Erpac”, El Tiempo, Bogotá, 27 de enero de 2012. 115
Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 116
Entrevistas de Crisis Group, ONG, Bogotá, 27 de enero de
2012; periodista, Villavicencio, 6 de marzo de 2012; analista,
entrevista telefónica, 9 de marzo de 2012; también “‘Caracho’
negocia el Erpac con ‘Rastrojos’”, Llano Siete Días, 10 de no-
viembre de 2011. La venta en 2001 del Bloque Centauros por
$5 millones, que realizó el líder principal de las AUC, Vicente
Castaño, a Miguel Arroyave, estableció un fuerte precedente
para tal especulación. 117
Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 14
Esto estaría en línea con una presunta negociación más
amplia entre esos dos grupos para dividirse el control en
todo el país, a fin de detener una cruenta confrontación118.
Sin embargo, si estos NGAI entran en la disputa, podrían
encontrar complicaciones para establecerse en una región
que por mucho tiempo ha mostrado hostilidad hacia los
grupos armados ilegales ajenos a la zona, un factor que
Cuchillo, siendo nativo, explotó con habilidad119.
Estos movimientos también podrían ser parte de una ma-
yor reconfiguración paramilitar en los Llanos Orientales,
ya que los remanentes del Bloque Centauros tratan de ex-
pandir su control sobre la región. En este sentido, una
fuente dijo: “nuestro problema viene de las prisiones”.
Aunque aún no se ha probado, se presume que los Liber-
tadores del Vichada reciben el respaldo de varios líderes
paramilitares encarcelados que tienen un fuerte interés
económico en la región, incluido Carecuchillo, el her-
mano de Cuchillo, y Daniel Rendón Herrera (alias “Don
Mario”), el fundador de los Urabeños y la antigua mano
derecha de Arroyave en el Bloque Centauros120. Actual-
mente, Don Mario está en disputa con Manuel de Jesús
Pirabán (alias “Pirata”), el líder encarcelado del Bloque
Héroes del Llano de las AUC, quien, según rumores, está
vinculado con el respaldo del Bloque Meta del ERPAC121.
Ubicado en San Martín, Pirata se está expandiendo, pre-
suntamente, a Mapiripán y Puerto Gaitán, anteriormente
enclaves de Cuchillo122. Las autoridades sospechan que
cuatro cuerpos encontrados en Puerto Gaitán (Meta) fue-
ron el resultado de esta lucha123.
Siendo el grupo más antiguo en la región, las FARC han
sido contundentes a la hora de recuperar nuevamente su
lugar. Esta guerrilla está vigilando poblaciones en áreas
clave y, presuntamente, está exigiendo extorsiones retro-
activas por los años que estuvo ausente124. Así mismo, es-
tá desplegando varios frentes para cubrir un territorio más
118 “‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ se repartieron las narcozonas de
Colombia”, El Tiempo, 15 de febrero de 2012. 119
Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. 120
Entrevista de Crisis Group, Bogotá, mayo de 2012. Véase
también “‘Don Mario’, Daniel Rendón Herrera”, Verdad Abierta,
y “Te ordeno desde la prisión”, Semana, 21 de enero de 2012. 121
Entrevista de Crisis Group, Bogotá, mayo de 2012; también
“¿Quién miente entre ‘Don Mario’ y ‘Pirata’?”, Verdad Abierta,
8 de marzo de 2012. 122
Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 7 de marzo
de 2012. Según afirmaciones generalizadas, Pirata estuvo invo-
lucrado en la elección de 2011 del nuevo alcalde de San Martín,
Meta, entre otros. Entrevistas de Crisis Group, Villavicencio,
marzo de 2012. 123
Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de mar-
zo de 2012; organización de derechos humanos, 2 de marzo de
2012. 124
Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo
de 2012.
extenso, centrándose en los municipios de Cumaribo, Puer-
to Concordia y Mapiripán, y está nuevamente presente
cerca del casco urbano de este último125. Además, las FARC
están ejerciendo control social al restringir el movimiento
de personas, el cultivo de coca o la pesca en algunas co-
munidades; de la misma forma que presionan a otros, por
ejemplo, a los que se encuentran en Vistahermosa (Meta),
para cultivar variedades de coca de mayor rentabilidad126.
La actividad creciente de las FARC no se debe exclusiva-
mente a la desaparición parcial y a las divisiones del ER-
PAC, sino que han estado en marcha desde el 2010, cuan-
do el asesinato del líder militar de los insurgentes, alias
Mono Jojoy, en manos de las fuerzas de seguridad, liberó
a los combatientes que se habían dedicado a protegerlo127.
125 Entrevistas de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de
marzo de 2012; analista, 7 de marzo de 2012. 126
Las restricciones de movilización perjudican especialmente
a las comunidades indígenas nómadas, que, tradicionalmente,
recorren áreas distanciadas para conseguir alimentos. Entrevista
de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 127
Ibid.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 15
V. HACIA UNA POLÍTICA DE
SOMETIMIENTO
A mediados de 2011, el ex obispo de Montería, Monseñor
Julio César Vidal, afirmó que varios grupos habían comu-
nicado su deseo de entregar las armas. Aunque lo anterior
parecía no ir a ningún lado luego de su traslado a la Dió-
cesis de Cúcuta, el sometimiento en mayo de 2012 del lí-
der principal de los Rastrojos, Javier Antonio Calle Serna
(alias “Comba”), a las autoridades de los Estados Unidos
y la información sobre los planes de entregarse de otros
líderes narcotraficantes principales, sugieren que el ER-
PAC podría no ser el último de los NGAI en buscar un
acuerdo128. Sin embargo, los problemas del proceso del
ERPAC muestran que el país no está suficientemente pre-
parado para sometimientos posiblemente más grandes y
logísticamente más complejos. Corregir estos problemas
es importante y no lo es sólo para el proceso de entrega.
Mientras el Gobierno lentamente prepara el terreno para
nuevas conversaciones con las guerrillas, una estrategia
creíble sobre cómo desmantelar a los NGAI sería parte
fundamental a la hora de establecer garantías más amplias
para fortalecer la confianza en futuros procesos de paz.
Por lo tanto, el Gobierno debería adoptar una política ex-
plícita de sometimiento colectivo para los NGAI. Esto de-
be llevarse a cabo de manera tal que se evite fomentar la
impunidad, en particular en el caso de delitos graves, a la
vez que se aumenten las posibilidades del desmantela-
miento completo de las redes criminales. Dicha política
no sería una solución milagrosa. Si el Gobierno va a hacer
avances significativos en el combate de los NGAI, tam-
bién necesitará aclarar los roles respectivos de la Policía y
los militares, reforzar la lucha contra la corrupción dentro
de la fuerza pública y actuar con mayor decisión contra
las microredes emergentes de tráfico de drogas locales.
A. MANEJAR LAS ZONAS GRISES
El hecho de que el primer experimento de Colombia en el
sometimiento de uno de los NGAI corra el riesgo de fraca-
sar se debe, en parte, a debilidades institucionales. Además,
también refleja los problemas inherentes a la distinción
entre crimen organizado y conflicto armado. Contrario a
lo que el Gobierno sugiere, es notoriamente difícil distin-
128 Véase Jeremy McDermott, “‘Comba’ cuts a deal and the
Rastrojos lose ground” (“Comba” llega a un acuerdo y los Ras-
trojos pierden terreno), Insight Crime , 8 de mayo de 2012.
Aparentemente, el líder militar de los Rastrojos, Diego Pérez
(alias “Diego Rastrojo”), el Loco Barrera y Henry de Jesús Ló-
pez (alias “Mi Sangre”), otro exlíder paramilitar de los NGAI,
también considerarían entregarse a los EE. UU.; véase “En tres
meses, cuatro capos colombianos estarían en EE. UU.”, El
Tiempo, 18 de abril de 2012.
guir entre los grupos puramente criminales y aquellos que
forman parte de los enfrentamientos. Los grupos como el
ERPAC, pero también los Rastrojos y los Urabeños, no son
simples reencarnaciones de las AUC, pero tampoco se los
puede considerar completamente independientes de los
antiguos paramilitares. Tienen fuertes intereses económi-
cos, pero también mantienen estructuras ilícitas con poder
suficiente para controlar, parcialmente, áreas específicas
y tienen un sustancial impacto humanitario adverso. Entre
la actividad de crimen organizado y el conflicto armado
existen grandes zonas grises y justamente los grupos que
operan en esas zonas son los que representan los desafíos
más importantes.
Esto significa que poner fin a los NGAI no es sólo cuestión
de castigar delitos. También implica proteger los derechos
de las víctimas y desmantelar con eficacia las redes crimi-
nales de corrupción que los mantienen. En el manejo de
estos grupos se involucran intereses múltiples y parcial-
mente contrapuestos, incluidos los de los miembros de los
NGAI, los de las víctimas y los de la sociedad en general.
El sometimiento del ERPAC sugiere, de forma contun-
dente, que el sistema judicial es un agente débil para
equilibrar y reconciliar dichos intereses dispares de mane-
ra satisfactoria. Más que externalizar la responsabilidad
de un proceso complejo a un sistema judicial abrumado,
la respuesta del Estado tiene que ser, en todas sus dimen-
siones, proporcional a la amenaza, tal y como lo admiten
en privado los altos funcionarios del Gobierno129. Al darle
respaldo logístico al proceso del ERPAC, el Gobierno, de
hecho, ya cruzó la línea entre las esferas judiciales y polí-
ticas, pero necesita dar un paso más y diseñar una política
de sometimiento explícita.
Dentro del Gobierno preocupa el hecho de que una parti-
cipación más fuerte y más visible del Poder Ejecutivo haría
que el proceso se viera como una negociación y no como
un sometimiento a la justicia. Lo anterior dejaría al Esta-
do en situación de vulnerabilidad frente a extorsiones y
los grupos criminales tendrían un incentivo para aumentar
la violencia a fin de obtener términos más favorables en
la negociación130. Esta trampa se puede evitar. Los NGAI
no son homogéneos. De hecho, algunos grupos (y en par-
ticular algunos de sus colaboradores urbanos) podrían es-
tar más cerca a las bandas criminales comunes. Según la
lógica propuesta por la Corte Constitucional, en su fallo
sobre la aplicabilidad de la Ley de Víctimas a las víctimas
de los NGAI, sólo se deberían aplicar instrumentos admi-
129 Entrevista de Crisis Group, funcionario del Gobierno de Co-
lombia, Bogotá, 2 de mayo de 2012. 130
Ibid. Una de las tantas hipótesis para explicar el atentado
con bomba, en mayo de 2012 al exministro del Interior y de
Justicia, Fernando Londoño, consiste en que los Urabeños co-
metieron la agresión en un intento por presionar al Gobierno
hacia una negociación. Véase Ariel Ávila, “Las hipótesis sobre
lo ocurrido en Bogotá”, El Espectador , 15 de mayo de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 16
nistrativos y legales especiales para fortalecer el proceso
de sometimiento si hubiera un vínculo suficiente con el
conflicto armado.
B. CORREGIR LOS INCENTIVOS
El sometimiento del ERPAC dependió de un conjunto de
incentivos perversos que permitió a los líderes entregarse
y esperar sentencias reducidas por un número limitado de
delitos. Esto podría crear incentivos para sometimientos
futuros, pero a un alto costo. La relativa certeza de recu-
perar la libertad más o menos rápido menoscaba las con-
diciones para el sometimiento al reducir los incentivos
para cooperar con las autoridades fiscales que no tienen
poder de negociación. Esto aumenta los riesgos de que las
estructuras económicas complejas de testaferros y los
vínculos políticos queden intactos y de que la verdad
quede sumamente limitada. Las sentencias reducidas para
los líderes de los NGAI son aceptables sólo si están basa-
das en la colaboración eficaz con el sistema judicial para
el desmantelamiento de los grupos y si éstas no reflejan
impunidad, no violan los derechos de las víctimas ni me-
noscaban la legitimidad social del proceso.
La estructura de incentivos refleja problemas más pro-
fundos. Tanto el área de inteligencia de la Policía como la
Fiscalía General de la Nación han incrementado su capa-
cidad para lidiar con los NGAI a lo largo de los años. Las
tareas de inteligencia se coordinan a través del Centro In-
tegrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2
BACRIM), el cual es dirigido por la Policía y opera desde
2006. Así mismo, desde el 2010, la Fiscalía tiene una uni-
dad que se especializa en el procesamiento de los NGAI,
la cual ya cuenta con más de 70 fiscales131. Pero la expe-
riencia del sometimiento del ERPAC sugiere que todavía
hay espacio para mejorar. Esto se hace evidente por el
hecho de que sólo diecinueve de los 272 miembros del
ERPAC, alrededor del 7 por ciento, tenían antecedentes
penales anteriores al sometimiento.
Por lo tanto, fortalecer la capacidad de disuasión y crear
una amenaza creíble de que los miembros de los NGAI se-
rán investigados de manera exhaustiva, deben ser elemen-
tos centrales de una política de sometimiento. Los poderes
Ejecutivo y Legislativo también necesitan garantizar que
la Policía y el sistema judicial tengan los recursos y la ca-
pacidad para investigar y procesar todos los tipos de deli-
tos de los NGAI, incluidas las violaciones graves de los
derechos humanos y del DIH. También es importante fo-
mentar el surgimiento de una cultura de investigación en
la que los fiscales tengan incentivos profesionales para
centrarse en investigaciones a largo plazo que lleven al
desmantelamiento de los NGAI y de las estructuras de sus
131 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012.
frentes, y no simplemente resolver la cantidad máxima de
casos individuales.
Si la Fiscalía tuviera una capacidad de negociación más
fuerte se evitaría o, al menos, se mitigaría una variedad de
problemas que afectaron el proceso del ERPAC. En el fu-
turo, debe existir una identificación previa y completa de
aquellos que estén considerando entregarse, y las autori-
dades deberían tener en cuenta la posibilidad de posponer
el proceso si el requisito de la identificación no se ha
cumplido. También se debería asumir un mayor control
sobre el tiempo, de modo que se pueda garantizar una
adecuada preparación, no sólo en términos de recursos
humanos y materiales, sino también de cargos judiciales.
A fin de preparar cargos más comprensivos, la Fiscalía
debería hacer uso extensivo de la información detallada
recolectada dentro de la LJP respecto de las operaciones y
el impacto humanitario de los paramilitares en áreas don-
de están presentes los NGAI132. Esto es muy importante
en el caso de sometimientos a gran escala.
Finalmente, se necesita más compromiso por parte de los
líderes de los grupos para que los miembros de los NGAI
no abandonen el proceso a mitad de camino. También es
necesario reconsiderar el tema de los incentivos para los
miembros rasos pues la aparente falta de claridad en torno
a las consecuencias legales del sometimiento podría causar
un impacto negativo en la disposición de estos a participar.
En particular, debe aclararse si se puede aplicar el “prin-
cipio de oportunidad” y bajo qué condiciones, a cambio de
que los miembros de los NGAI proporcionen a las autori-
dades fiscales información relevante respecto de las redes
y las operaciones criminales. Las condiciones para aplicar
este principio deberían ser lo suficientemente amplias pa-
ra garantizar que los miembros rasos tengan un incentivo
para comunicar información relevante, pero también lo
suficientemente estrictas para impedir la impunidad de
delitos graves.
También se debería analizar la introducción de algunos
beneficios básicos de reintegración. Dado el índice alto de
crímenes en las prisiones de Colombia, es poco probable
que haya una reducción sostenida del crimen y de la vio-
lencia al encerrar a los miembros de los NGAI, quienes a
menudo han pasado mucho tiempo en estructuras arma-
das ilegales. Por lo tanto, sería justificado proveer apoyos
a los ex miembros de los NGAI que promueven su reinte-
gración a la vida civil con el fin de evitar el rearme. Dichos
beneficios podrían estar inspirados en el programa de la
ACR para combatientes desmovilizados y deben estar es-
trictamente condicionados a la situación judicial y al efec-
tivo sometimiento de éstos, así como a sus contribuciones
a la verdad y a la reparación de víctimas.
132 Entrevista telefónica de Crisis Group, especialista en derecho
penal, 16 de mayo de 2012.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 17
C. MÁS ALLÁ DEL PROCESAMIENTO PENAL
El proceso del ERPAC ha marcado claramente los límites
de un enfoque que traslada toda la responsabilidad a la
Fiscalía y a los jueces. Para garantizar que los intereses
contrapuestos estén adecuadamente equilibrados, el Go-
bierno necesita asumir más responsabilidad, así como ocu-
par un papel activo en el manejo del proceso, el cual debe
ir mucho más allá de la logística. En particular, el compo-
nente judicial de la entrega necesita ser complementado
con un programa administrativo basado en decisiones po-
líticas claras. Junto con beneficios de reintegración adap-
tados para los miembros de los NGAI elegibles, éste de-
bería ofrecer garantías más sólidas para llegar a la verdad
y disposiciones más claras sobre los niños soldados, así
como una mayor supervisión internacional.
Dada la continuidad entre los grupos paramilitares y los
NGAI, además de su claro y negativo impacto humanita-
rio, se necesitan garantías más sólidas para proteger a las
víctimas. El fallo de la Corte Constitucional en marzo de
2012 allanó el camino para que las víctimas de los NGAI
puedan ser elegibles para recibir beneficios conforme a la
Ley de Víctimas. Según el objetivo general de la ley, este
fallo debería interpretarse a favor de las víctimas, a fin de
minimizar la responsabilidad que éstas tienen en probar la
conexión con el conflicto armado. El Gobierno debe su-
pervisar la aplicación de la ley y, si se prueba que ampliar
el acceso por medio de la interpretación no es práctico o
no es eficaz para promover los intereses de las víctimas,
debería considerarse la introducción de medidas específi-
cas para garantizar que las víctimas de los NGAI sean tra-
tadas en condiciones de igualdad con respecto a aquellas
que los son de paramilitares o guerrillas.
Para reforzar aún más las garantías de las víctimas, se po-
dría diseñar un procedimiento administrativo similar al
establecido para los paramilitares rasos en la Ley 1424
(2010). Esto permitiría que los miembros de los NGAI que
no son responsables de violaciones graves de derechos hu-
manos ni del DIH tengan acceso a beneficios adicionales
a cambio de su contribución al proceso de establecimien-
to de la verdad extrajudicial y a la reparación de víctimas.
Debe haber más claridad con respecto al tratamiento de
los niños soldados, asunto que salió a la luz en el proceso
del ERPAC. Debido a que los NGAI han sido clasificados
como grupos criminales, se debe aclarar que los niños sol-
dados pueden ingresar al programa para excombatientes
de grupos armados ilegales dirigido por el ICBF. También
debería reconsiderarse el manejo legal de los miembros
de los NGAI que han sido reclutados a la fuerza, pero que
al momento del sometimiento han alcanzado la edad de
plena responsabilidad legal. La práctica actual implica el
riesgo de convertir a las víctimas en perpetradores.
También es necesario hacer un mayor esfuerzo para ga-
rantizar la transparencia y la rendición de cuentas del
proceso. Tal y como lo hicieron los fiscales de la LJP, la
Fiscalía debería publicar, en línea, información actuali-
zada acerca del progreso de los juicios penales de los
miembros de los NGAI, incluida toda la información so-
bre cargos y sentencias.
Finalmente, existe la necesidad de introducir observado-
res internacionales para fomentar la credibilidad. La Mi-
sión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Orga-
nización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), la cual
ha estado estrechamente vinculada con el monitoreo de los
NGAI en todo el país, pero que sólo puede ofrecer apoyo
si se lo solicita oficialmente, debe ser invitada a los futu-
ros sometimientos133. Su mandato debería incluir la super-
visión de los preparativos y de la entrega de las armas, así
como debería informar sobre el progreso de los juicios.
133 La MAPP-OEA se estableció en 2004 mediante un acuerdo
entre el Gobierno de Colombia y el secretario general de la OEA.
Tiene un amplio mandato para contribuir a la construcción de la
paz en el país. Éste incluye verificar y monitorear la tregua con
los paramilitares, la suspensión de las hostilidades, las iniciati-
vas de DDR, y el acompañamiento a las víctimas de la violencia.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 18
VI. CONCLUSIÓN
La justicia transicional y el programa de DDR pueden ser
instrumentos clave para desmantelar grupos armados ilega-
les y reducir el crimen y la violencia, así como para pro-
teger los intereses de las víctimas. Sin embargo, los bene-
ficios de dichos procesos parecen estar disminuyendo. A
pesar de todas las contribuciones para reducir la intensi-
dad del conflicto, la desmovilización paramilitar, que
terminó en el 2006, estuvo plagada de problemas, inclui-
do un número deficiente de sentencias contra los líderes y
el surgimiento de los grupos sucesores. Sin embargo, el
sometimiento del ERPAC, la primera entrega masiva de
un NGAI, enfrenta problemas potencialmente incluso más
graves, aunque a una escala mucho menor que la desmo-
vilización de las AUC. Hay pocos indicios respecto a un
impacto positivo del sometimiento sobre la dinámica del
conflicto. Además, la exclusiva dependencia en los proce-
dimientos penales de tribunales ordinarios ha aumentado,
paradójicamente, los riesgos tanto de la impunidad como
de la supervivencia de las estructuras económicas y de los
vínculos políticos detrás del ERPAC.
Es necesario que el Gobierno corrija estos defectos. De lo
contrario, después de un proceso que al parecer benefició
a los líderes del ERPAC más que a cualquier otra persona,
los incentivos para que los miembros rasos participen en
sometimientos futuros van a ser, probablemente, muy po-
cos. Dada la polémica alimentada por las liberaciones tem-
porales y la falta de transparencia, incluida la falta de un
monitoreo independiente, los procesos futuros que se aten-
gan a las mismas reglas probablemente tendrán un nivel
bajo de legitimidad y credibilidad, similar al del ERPAC.
Al mismo tiempo, la ausencia de instrumentos legales
adecuados y de respaldo institucional para evitar el rearme,
posiblemente, significará la exposición de las comunidades
a nuevos ciclos de violencia, en la medida en que los gru-
pos armados ilegales compiten por llenar vacíos de poder.
Teniendo esto en claro, el Gobierno debería considerar la
implementación de una política de sometimiento explícita
para los NGAI. Dicha política necesita basarse en el reco-
nocimiento de que es difícil separar claramente los grupos
de crimen organizado de las partes de un conflicto armado
interno. También debe reconocer que el sistema judicial en
general, actualmente no tiene la capacidad para asumir un
proceso que satisfaga los derechos de las víctimas a la jus-
ticia, la verdad y la no repetición. Para proteger estos dere-
chos se necesita fortalecer el componente judicial, el cual
debe ser complementado con procedimientos administra-
tivos o con una nueva legislación que ofrezca garantías
adicionales para las víctimas y que mejore los incentivos
para que los miembros de los NGAI dejen sus armas y a la
vez se evite la impunidad. Sin duda, será materia de contro-
versia el adecuado balance de objetivos que son poten-
cialmente contradictorios, pero las deficiencias del some-
timiento del ERPAC sugieren que el país no debe posponer
por más tiempo este debate.
Bogotá/Bruselas, 8 de junio de 2012
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 19
ANEXO A
MAPA DE COLOMBIA
Cortesía de la Biblioteca General, The University of Texas at Austin
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 20
ANEXO B
MAPA DE LOS LLANOS ORIENTALES
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 21
ANEXO C
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES
ACC
Autodefensas Campesinas del
Casanare, grupo paramilitar en el
departamento de Casanare que no se
unió a las AUC
ACR
Agencia Colombiana para la
Reintegración, oficina a cargo de la
implementación del programa de
reintegración del Gobierno para
guerrillas y paramilitares
desmovilizados; conocida como Alta
Consejería para la Reintegración hasta
el 2011
AUC
Autodefensas Unidas de Colombia,
entidad que cobijó a los grupos
paramilitares. Su desmovilización
comenzó en 2003 y terminó
oficialmente en 2006
BACRIM
Bandas Criminales, término genérico
utilizado por el Gobierno para
referirse a los grupos armados ilegales
que surgieron después de la
finalización de la desmovilización
paramilitar; Crisis Group las
denomina NGAI
CTI
Cuerpo Técnico de Investigación,
organismo vinculado a la Fiscalía
General de la Nación que ejerce la
función de policía judicial
DAS
Departamento Administrativo de
Seguridad, agencia de inteligencia
estatal que se disolvió en el 2011
DDR
Desmovilización, Desarme y
Reintegración
ELN
Ejército de Liberación Nacional, el
segundo grupo guerrillero más grande
de Colombia
EPL
Ejército de Liberación Popular, el
grupo guerrillero más pequeño de
Colombia, la mayoría de sus
combatientes se desmovilizaron en
1991
ERPAC
Ejército Revolucionario Popular
Antiterrorista de Colombia, uno de los
NGAI que opera en los Llanos
Orientales y que se sometió a la
justicia, de manera parcial, en
diciembre de 2011
FARC
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, el grupo guerrillero más
grande de Colombia
ICBF
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, agencia gubernamental que
tiene la misión de promover la
protección de los niños, los jóvenes y
las familias
DIH
Derecho Internacional Humanitario
LJP
Ley de Justicia y Paz, uno de los
marcos legales para la justicia
transicional en Colombia
MAPP-OEA
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia de la Organización de los
Estados Americanos
M19
Movimiento 19 de abril, grupo
guerrillero de Colombia que se
desmovilizó en 1991 y formó un
partido político
NGAI
Nuevos Grupos Armados Ilegales;
término genérico utilizado por Crisis
Group para describir grupos armados
ilegales que han surgido desde la
finalización de la desmovilización de
paramilitares en 2006 y que son los
sucesores de ese fenómeno; el
Gobierno los llama BACRIM
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 22
ANEXO D
QUIENES SON LOS PARAMILITARES DE LOS LLANOS ORIENTALES
Miguel Arroyave,
alias “Arcángel”
Líder del Bloque Centauros de las AUC; fue asesinado en 2004 por Cuchillo. Des-
pués de su muerte, el Bloque Centauros se dividió en dos estructuras disidentes y
una leal, esta última dirigida por alias “Mauricio”. Arroyave había comprado la
franquicia del bloque al líder principal de las AUC, Vicente Castaño, en 2001. Al
igual que Castaño, era originario de Amalfi, Antioquia.
Héctor Germán Buitrago,
alias “Martín Llanos”
Líder de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Fue detenido en el
2012 en Venezuela y extraditado a Colombia. Entre el 2002 y el 2004, peleó una
cruenta guerra contra Miguel Arroyave, aparentemente debido a que este último
quería invadir el territorio de las ACC. Arroyave finalmente salió victorioso, supues-
tamente gracias al apoyo tácito del Ejército.
Martín Farfán,
alias “Pirjarbey” o “Pija Arbey”
Supuesto líder de los Libertadores del Vichada, una fracción disidente del ERPAC
que no participó en el sometimiento. Anteriormente, el ex soldado profesional era
el segundo al mando del ERPAC. Fue capturado en el 2009 y liberado en el 2012,
después de cumplir gran parte de su sentencia de cuatro años en prisión.
Eberto López Montero,
alias “Caracho”
Asumió el liderazgo del ERPAC después de la muerte de Cuchillo en el 2010 y di-
rigió al grupo al proceso de sometimiento en 2011. Al igual que Cuchillo, era un ex
paramilitar y ex soldado profesional, pero carecía de las cualidades de liderazgo
de éste.
Pedro Oliveiro Guerrero Castillo,
alias “Cuchillo” o “Didier”
Fundador y líder del ERPAC hasta que las fuerzas especiales de la Policía le die-
ron de baja en el 2010. Anteriormente, Cuchillo fue el comandante de los Héroes
del Guaviare, una subestructura disidente del Bloque Centauros de las AUC. Se
desmovilizó en abril de 2006, pero meses después se rearmó. Era originario de
San Martín, Meta.
Daniel Rendón Herrera,
alias “Don Mario”
Jefe de Finanzas del Bloque Centauros bajo el control de Miguel Arroyave. Se
desmovilizó en el 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, dirigido por su
hermano. Se rearmó como jefe de los Urabeños y fue capturado en el 2009. Actual-
mente es procesado conforme a la LJP. Es originario de Amalfi, Antioquia.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 23
Carlos Mario Jiménez,
alias “Macaco”
Jefe del Bloque Central Bolívar, el cual ha operado a través del Frente Vichada en
los Llanos Orientales. Se desmovilizó en el 2006, pero fue extraditado a los EE.UU.
en el 2008 bajo cargos por tráfico de drogas. Del 2006 al 2007, sus lugartenientes
pelearon y perdieron una cruenta lucha territorial con el incipiente ERPAC.
Manuel de Jesús Pirabán,
alias “Pirata”
Líder de los Héroes del Llano, una fracción disidente del Bloque Centauros. Se
desmovilizó en abril del 2006 y actualmente es procesado conforme a la LJP. Su-
puestamente continúa ejerciendo influencia en Meta desde la prisión. Es originario
de San Cayetano, Cundinamarca.
Dumar de Jesús Guerrero Castillo,
alias “Carecuchillo”
Hermano de Cuchillo y ex miembro de los Héroes del Guaviare. Se desmovilizó en
el 2006, pero luego desapareció antes de someterse en el 2008. Escapó de prisión
en el 2010, pero poco después fue capturado.
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 24
ANEXO E
ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP
El International Crisis Group (Crisis Group) es una organiza-
ción no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con
cerca de 130 funcionarios en cinco continentes, que combina el
análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más
alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos
graves.
El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas
sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con
su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o
recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información
y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos
con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman deci-
siones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group
también publica CrisisWatch, un boletín mensual de 12 pági-
nas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en
las situaciones de conflicto o conflicto potencial más sensibles
del mundo.
Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son
distribuidos por correo electrónico y también se publican simul-
táneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.
org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobier-
nos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar
la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus
recomendaciones en materia de políticas.
El Consejo de Administración de Crisis Group – cuyos miem-
bros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política,
la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación –
participa de forma directa en la promoción de los informes y
recomendaciones de la organización, buscando su considera-
ción por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis
Group es presidido por Thomas Pickering, ex embajador de Es-
tados Unidos. Su presidenta y directora ejecutiva desde julio de
2009 es Louise Arbour, ex alta comisionada de las Naciones
Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tri-
bunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.
La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas,
y la organización cuenta con oficinas o representación en 34
localidades: Abuja, Bangkok, Beijing, Beirut, Biskek, Bogotá,
Buyumbura, Cairo, Ciudad de Guatemala, Dakar, Damasco,
Dubái, Estambul, Gaza, Islamabad, Jerusalén, Johannesburgo,
Kabul, Katmandú, Londres, Moscú, Nairobi, Nueva York,
Puerto Príncipe, Pristina, Rabat, Saná, Sarajevo, Seúl, Tiflis,
Trípoli, Túnez y Yakarta, Washington DC. Crisis Group cubre
en la actualidad cerca de 70 zonas de conflicto actual o poten-
cial en cuatro continentes. En África, estos países incluyen
Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eri-
trea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Madagas-
car, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática
del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur,
Uganda y Zimbabue; en Asia, Afganistán, Birmania/Myanmar,
Cachemira, Corea del Norte, Estrecho de Taiwán, Filipinas, In-
donesia, Kazajstán, Kirguizistán, Malasia, Nepal, Pakistán, Sri
Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Leste, Turkmenistán y
Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herze-
govina, Cáucaso Norte, Chipre, Georgia, Kosovo, Macedonia,
Serbia y Turquía; en el Oriente Medio y África septentrional,
Argelia, Bahréin, Egipto, Irán, Iraq, Israel-Palestina, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Sahara Occidental, Siria, Túnez y
Yemen; y en América Latina y el Caribe, Colombia, Guatema-
la, Haití y Venezuela.
Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de
gobiernos, fundaciones institucionales y fuentes privadas. En
los últimos años, ha recibido recursos de los siguientes depar-
tamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana
para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Comercio Internacional de Australia, Agencia Austria-
ca para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bélgica, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,
Centro Canadiense de Investigación y Desarrollo Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
de Canadá, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Dina-
marca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Comi-
sión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia,
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania,
Cooperación Irlandesa para el Desarrollo, Principado de Liech-
tenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo,
Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional,
Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Noruega, Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Ex-
teriores de Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores de Tur-
quía, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino
Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.
Las siguientes fundaciones institucionales y privadas han apor-
tado recursos en los ultimos años: Adessium Foundation,
Carnegie Corporation of New York, The Charitable Foundation,
The Elders Foundation, Henry Luce Foundation, William &
Flora Hewlett Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives
Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open
Society Institute, Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers
Fund y VIVA Trust.
Junio 2012
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 25
ANEXO F
INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE CRISIS GROUP SOBRE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2009
Haiti 2009: Stability at Risk, Boletín
informativo sobre América Latina y el
Caribe N°19, 3 de marzo de 2009.
Poner fin al conflicto con las FARC en
Colombia: jugar la carta correcta,
Informe sobre América Latina N°30, 26
de marzo de 2009.
Haiti:Saving the Environment, Preventing
Instability and Conflict, Boletín
informativo sobre América Latina y el
Caribe N°20, 28 de abril de 2009.
Dos pasos complementarios: proteger los
derechos humanos y mejorar la
seguridad en Colombia, Boletín
informativo sobre América Latina N°21,
25 de mayo de 2009.
Venezuela: la Revolución Bolivariana
acelerada, Boletín informativo sobre
América Latina N°22, 5 de noviembre de
2009.
Un posible tercer período de Uribe y la
resolución del conflicto en Colombia,
Informe sobre América Latina N°31, 18
de diciembre de 2009.
Haiti: Stabilisation and Reconstruction
after the Quake, Informe sobre América
Latina y el Caribe N°32, 31 de marzo de
2010.
Guatemala: asfixiada entre el crimen y la
impunidad, Informe sobre América
Latina N°33, 22 de junio de 2010.
Mejorar la política de seguridad en
Colombia, Boletín informativo sobre
América Latina N°23, 29 de junio de
2010.
Colombia: la oportunidad del presidente
Santos de poner fin al conflicto, Informe
sobre América Latina N°34, 13 de
octubre de 2010.
Haiti: The Stakes of the Post-Quake
Elections, Informe sobre América Latina
y el Caribe N°35, 27 de octubre de 2010.
Caminar sin muletas: un balance de la
Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala, Informe sobre
América Latina N°36, 31 de mayo de
2011.
Elecciones en Guatemala: voto limpio,
política sucia, Boletín informativo sobre
América Latina N°24, 16 de junio de
2011.
Post-quake Haiti: Security Depends on
Resettlement and Development, Boletín
informativo sobre América Latina N°25,
28 de junio de 2011.
Romper los nexos entre crimen y política
local: Las elecciones de 2011 en
Colombia, Informe sobre América
Latina N°37, 25 de julio de 2011.
Violencia y política en Venezuela, Informe
sobre América Latina N°38, 17 de
agosto de 2011.
Preservar la seguridad en Haití: la reforma
policial, Boletín informativo sobre
América Latina N°26, 8 de septiembre
de 2011.
Guatemala, narcotráfico y violencia,
Informe sobre América Latina N°39, 11
de octubre de 2011.
Keeping Haiti Safe: Justice Reform, Boletín
informativo sobre América Latina
N°27, 27 de octubre de 2011
Más allá de las ganancias fáciles: las
fronteras de Colombia, Informe sobre
América Latina N °40, 31 de octubre de
2011
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 26
ANEXO G
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP
DIRECTOR
Thomas R Pickering Ex embajador de los Estados Unidos ante las
Naciones Unidas, Rusia, India, Israel,
Jordania, El Salvador y Nigeria.
PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA
Louise Arbour Ex alta comisionada de las Naciones Unidas
para los derechos humanos y fiscal principal
en los Tribunales Penales Internacionales para
la ex Yugoslavia y Ruanda
CONSEJO DIRECTIVO
Morton Abramowitz Ex secretario de Estado adjunto de los
Estados Unidos y embajador en Turquía
Cheryl Carolus Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el
Reino Unido; ex secretaria general del ANC
Maria Livanos Cattaui Miembro de la junta directiva, Petroplus
Holdings, Suiza
Yoichi Funabashi Editor en jefe de The Asahi Shimbun, Japón
Frank Giustra Presidente y director ejecutivo de Fiore Capital
Ghassan Salamé Decano, Escuela de Relaciones Internacionales
de París, Ciencias Políticas
George Soros Presidente de Open Society Institute
Pär Stenbäck Ex ministro de Relaciones Exteriores de
Finlandia
OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO
Adnan Abu-Odeh
Ex consejero político del rey Abdullah II y del
rey Hussein; representante permanente de
Jordania ante las Naciones Unidas
Kenneth Adelman
Ex embajador de los Estados Unidos y director
del Organismo para el Control de Armas y
Desarme
Nahum Barnea Columnista principal de Yedioth Ahronoth,
Israel
Samuel Berger Presidente, Albright Stonebridge Group LLC;
ex consejero de seguridad nacional de los
Estados Unidos
Emma Bonino Vicepresidenta del Senado; ex ministra de
Comercio Internacional y Asuntos Europeos
de Italia y comisionada europea para Ayuda
Humanitaria
Wesley Clark Ex comandante supremo aliado de la OTAN,
Europa
Sheila Coronel Toni Stabile, profesora de prácticas de
periodismo investigativo; directora, Toni Stabile
Center for Investigative Journalism,
Columbia University, Estados Unidos.
Uffe Ellemann-Jensen Ex ministro de Relaciones Exteriores de
Dinamarca
Gareth Evans Presidente emérito de Crisis Group; ex ministro
de Relaciones Exteriores de Australia
Mark Eyskens Ex primer ministro de Bélgica
Joshua Fink Director ejecutivo & director de inversiones,
ENSO Capital Management LLC
Joschka Fischer Ex ministro de Relaciones Exteriores de
Alemania
Jean-Marie Guéhenno Profesor ArnoldSaltzman de práctica profesional
en relaciones internacionales y asuntos públi-
cos, Columbia University; ex secretario general
adjunto de operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas
Carla Hills Ex secretaria de Vivienda de los Estados
Unidos; ex representante de comercio de los
Estados Unidos
Lena Hjelm-Wallén Ex viceprimera ministra y ex ministra de
Relaciones Exteriores de Suecia
Swanee Hunt Ex embajadora de los Estados Unidos en
Austria; presidenta del Institute for Inclusive
Security; presidenta de Hunt Alternatives Fund
Mo Ibrahim Fundador y presidente de Mo Ibrahim
Foundation; fundador de Celtel International
Igor Ivanov Ex ministro de Relaciones Exteriores de la
Federación de Rusia
Asma Jahangir Relatora especial de las Naciones Unidas
sobre la libertad religiosa o de creencias;
presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de Pakistán
Wim Kok Ex primer ministro de los Países Bajos
Ricardo Lagos Ex presidente de Chile
Joanne Leedom-Ackerman Ex secretaria internacional de International
PEN; novelista y periodista, Estados Unidos
Lord (Mark) Malloch-Brown Ex administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y secretario
general adjunto de las Naciones Unidas
Lalit Mansingh Ex secretario de Relaciones Exteriores de la
India, embajador ante los Estados Unidos y
alto comisionado ante el Reino Unido
Jessica Tuchman Mathews Presidenta del Carnegie Endowment for
International Peace
Benjamin Mkapa Ex presidente de Tanzania
Moisés Naím Asociado principal, International Economics
Program, Carnegie Endowment for International
Peace; ex redactor en jefe, Foreign Policy
Ayo Obe Experto jurídico, Lagos, Nigeria
Paul Reynolds Presidente & director ejecutivo, Canaccord
Financial Inc.; vice chair, Global Head of
Canaccord Genuity
Güler Sabanci Presidente de Sabanci Holding, Turquía
Javier Solana Ex alto representante del Consejo para la
Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea, ex secretario general de la
OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores
de España
Lawrence Summers Ex director del Consejo Económico Nacional
de los Estados Unidos y ex secretario del
Tesoro de EEUU; presidente emérito de la
Universidad de Harvard
Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 27
CÍRCULO DEL PRESIDENTE
El Círculo del Presidente de Crisis Group es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan
apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.
Mala Gaonkar
Frank Holmes
Steve Killelea
George Landegger
Ford Nicholson & Lisa Wolverton
Harry Pokrandt
Ian Telfer
White & Case LLP
Neil Woodyer
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
El Consejo Asesor Internacional de Crisis Group está integrado por importantes donantes particulares y corporativos que
aportan regularmente a la organización sus consejos y experiencia.
APCO Worldwide Inc.
Ed Bachrach
Stanley Bergman & Edward Bergman
Harry Bookey & Pamela Bass-Bookey
BP
Chevron
Neil & Sandra DeFeo Family Foundation
Equinox Partners
Fares I. Fares
Neemat Frem
Seth & Jane Ginns
Rita E. Hauser
Sir Joseph Hotung
Iara Lee & George Gund III Foundation
George Kellner
Amed Khan
Faisel Khan
Zelmira Koch Polk
Elliott Kulick
Liquidnet
Jean Manas & Rebecca Haile
McKinsey & Company
Harriet Mouchly-Weiss
Näringslivets Internationella Råd (NIR) – International Council of Swedish Industry
Griff Norquist
Ana Luisa Ponti & Geoffrey R. Hoguet
Kerry Propper
Michael L. Riordan
Shell
Statoil
Belinda Stronach
Talisman Energy
Tilleke & Gibbins
Kevin Torudag
VIVA Trust
Yapı Merkezi Construction and Industry Inc.
Stelios S. Zavvos
ASESORES SENIOR
Los asesores senior de Crisis Group son ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis
Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con
cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).
Martti Ahtisaari Presidente emérito
George Mitchell Presidente emérito
HRH Prince Turki al-Faisal
Hushang Ansary
Óscar Arias
Ersin Arıoğlu
Richard Armitage
Diego Arria
Zainab Bangura
Shlomo Ben-Ami
Christoph Bertram
Alan Blinken
Lakhdar Brahimi
Zbigniew Brzezinski
Kim Campbell
Jorge Castañeda
Naresh Chandra
Eugene Chien
Joaquim Alberto Chissano
Victor Chu
Mong Joon Chung
Pat Cox
Gianfranco Dell’Alba
Jacques Delors
Alain Destexhe
Mou-Shih Ding
Gernot Erler
Marika Fahlén
Stanley Fischer
Malcolm Fraser
I.K. Gujral
Max Jakobson
James V. Kimsey
Aleksander Kwasniewski
Todung Mulya Lubis
Allan J. MacEachen
Graça Machel
Nobuo Matsunaga
Barbara McDougall
Matthew McHugh
Miklós Németh
Christine Ockrent
Timothy Ong
Olara Otunnu
Lord (Christopher) Patten
Shimon Peres
Victor Pinchuk
Surin Pitsuwan
Cyril Ramaphosa
Fidel V. Ramos
George Robertson
Michel Rocard
Volker Rühe
Mohamed Sahnoun
Salim A. Salim
Douglas Schoen
Christian Schwarz-Schilling
Michael Sohlman
Thorvald Stoltenberg
Leo Tindemans
Ed van Thijn
Simone Veil
Shirley Williams
Grigory Yavlinski
Uta Zapf
Ernesto Zedillo